La política agraria de Santos: Fase superior del “modelo malayo” colonialista

La política agropecuaria de Juan Manuel Santos es la continuación del neoliberalismo aplicado en el agro en la última década del siglo XX y del programa de “empresarización del campo” promovido en los dos gobiernos de Álvaro Uribe.

La apertura en el campo conllevó cuatro grandes secuelas. L Continuar leyendo “La política agraria de Santos: Fase superior del “modelo malayo” colonialista”

Las astucias del santismo: Formalizar empresas no es formalizar empleo

El problema del empleo, uno de los más graves de la sociedad colombiana, fue materia de discusión pública en la pasada contienda electoral. Todos a una, los candidatos explayaron sus fórmulas y, por ende, el ungido del uribismo no podía ser la excepción. Sobre este crucial asunto y superando a los demás en demagogia y desvergüenza, y en claro gesto continuista, Juan Manuel Santos consignó en “Hacia la prosperidad democrática”, su programa de 110 puntos, Continuar leyendo “Las astucias del santismo: Formalizar empresas no es formalizar empleo”

Entrevista al senador Jorge Enrique Robledo: El polo acierta al oponerse a Santos

Tribuna Roja: Transcurridos cinco meses de presidencia de Juan Manuel Santos, ¿cuál es su balance?

Jorge Enrique Robledo: Que en lo fundamental, en lo que determina el juicio sobre un gobierno, Santos es el continuismo de Álvaro Uribe, lo que no debe sorprendernos. Porque fue ministro de Gaviria, de Pastrana y de Uribe, se ganó los votos del uribismo por ser quien mejor podía continuar con su obra, gobierna con los mismos sectores políticos y sociales y sus decisiones tienen los mismos objetivos fundamentales.

TR: Hay quienes dicen, inclusive en nombre de la izquierda, que se está ante un mandatario “progresista”…

JER: ¡Cuántas cosas erradas se han dicho y hecho en nombre de la izquierda! Pero si se analiza con cuidado se verá que, en lo principal, Santos I es Uribe III.

TR: ¿Son iguales?

JER: Nadie es idéntico a nadie. Cuando se habla de igualdades en política es con respecto a los aspectos principales, lo que no debe entenderse como que las formas también tengan que coincidir. Hay varias maneras de cazar pulgas. Nadie informado puede negar que Santos está defendiendo los llamados “tres huevitos” de Álvaro Uribe: confianza inversionista, seguridad democrática y cohesión social, en los que se resumen todas las políticas retardatarias del Consenso de Washington y el FMI. Santos y Uribe tienen maneras que en parte difieren, pero no para lograr fines diferentes sino los mismos. Santos sabe que para proteger su capacidad de engaño, de la que depende el éxito de sus propósitos retardatarios, en los que coincide con Uribe, debe marcar distancias cosméticas dado el descrédito nacional e internacional del ex presidente.

TR: En las encuestas, Santos aparece con importante respaldo

JER: Ello solo probaría la confusión nacional, que no sería nueva. Si tantos fueron uribistas, si tantos eligieron a Santos… Muchos piensan con el deseo y concluyen, sin pruebas, que el nuevo gobernante sí va a resolver los problemas del país. En este caso la confusión aumenta porque el Partido Liberal se le sometió a Santos con más pena que gloria, cambio que aumenta los llamados ¨formadores de opinión” santistas. Papel parecido juegan los dirigentes verdes, que dicen que Santos gobierna con el programa de Mockus, cosa que es cierta, porque este también fue a la Casa de Nariño a prometerle a Uribe que le cuidaría sus “huevitos”. Le tocó al Polo la honrosa tarea de mostrar la verdadera naturaleza de Santos.

TR: Pero hay roces entre uribistas y santistas

JER: Diferencias entre compadres. Inevitables, por lo demás, cuando se trata de repartir el botín burocrático, y más cuando vienen elecciones departamentales y municipales, en las que resulta clave hacer chocar las banderas de “los gloriosos partidos” para movilizar incautos. Pero pregunto: ¿Cuál es la diferencia de fondo? Ninguna. Gobierna el uribo-santismo o el santo-uribismo, que es lo mismo. La gran manguala en el Congreso, el nuevo Frente Nacional que llaman “Unidad Nacional”, aprobó todos los engendros que le llevó Santos. Ingenuos y vivos agrandan las diferencias menores y son gobiernistas y de oposición al mismo tiempo, es decir, santistas y antiuribistas. El mejor de los mundos para algunos, porque ahítos con los frutos del árbol en pie critican el árbol caído, aun cuando sean árboles de la misma especie.

TR: ¿Qué decir de las relaciones con Chávez?

JER: Que ha habido un cambio acertado. Yo redacté la constancia que la bancada del Polo dejó en el Senado saludando que se terminara con la diplomacia del micrófono, un estilo inconducente para tramitar las contradicciones que solo daños les hacía a los dos países. Pero no hay una modificación de fondo en la política exterior de Colombia. ¿Dejó de ser determinada por Estados Unidos? ¿Se abandonaron los TLC, el Plan Colombia y el respaldo a las guerras imperialistas norteamericanas? ¿En qué se diferenciaron Santos y Uribe ante las desvergüenzas destapadas por Wikyleaks, en las que, ellos dos y sus compadres, aparecieron como súbditos de la Casa Blanca? Para eliminar cualquier duda al respecto, ya Washington hizo saber que comparte el estilo diplomático de Santos.

TR: Se pondera el gabinete de Santos

JER: Como dijo Aurelio Suárez, ese gabinete parece la selección Colombia del neoliberalismo. Los ministros son tan dogmáticamente neoliberales que parecen salidos de una caricatura. La confusión nace de quienes tienen capacidad para montar la falacia de que los estudios y la experiencia son suficientes para resolver los problemas nacionales. Pero tapan al servicio de qué y de quiénes actúan estos expertos ilustrados, es decir, del libre comercio, el neoliberalismo, las privatizaciones y todas las políticas que concentran la riqueza en monopolios y trasnacionales, destruyen el aparato productivo nacional y desemplean y empobrecen al pueblo.

TR: En cuanto a las garantías a la oposición

JER: Consideramos un triunfo de la resistencia de las fuerzas democráticas que desde la Presidencia no se nos grite que somos “terroristas vestidos de civil”. El derecho de los polistas a expresarnos en el Congreso nunca nos lo dejamos arrebatar. No puede haber garantías, por ejemplo, si hay continuismo en el DAS, donde Santos mantuvo al director y al subdirector que nombró Uribe, y allí, dice la Fiscalía, se montó una “empresa criminal” para agredir a la Corte Suprema de Justicia y al Polo, entre otros. En nuestro caso, con el objetivo de dividirnos y de inocular entre los colombianos que somos de las Farc y que la Alcaldía de Bogotá es corrupta. Nada ha cambiado en cuanto a la hostilidad oficial en contra de los derechos del pueblo; en los últimos meses son muchos los muertos entre los luchadores sociales y los polistas. Juan Manuel Santos y sus segundos –solapados, porque es su estilo– no dejan de deslizar infamias calculadas para meter en el mismo saco a los que hacen resistencia civil y a los guerrilleros. En el caso de las centrales obreras…

TR: ¿Angelino Garzón de vicepresidente no es una garantía?

JER: Al contrario. Primero, porque el Angelino Garzón sindicalista se entregó hace años, cuando aceptó ser ministro de Pastrana. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Luego viajó a Washington con Uribe a defender el TLC y como cuadro del uribismo se fue a la OIT a que le quitaran la sanción al gobierno de Colombia por los horrores en contra de los trabajadores. Utiliza su pasado en contravía de las concepciones democráticas, pero lo hace “a la Santos”, como podría decirse. Por ejemplo, Uribe fracasó en su tentativa de dividir el sindicalismo mediante la creación de una central obrera de bolsillo. Santos, en semanas, tuvo éxito en lo que Uribe fracasó. Mediante Garzón, salió y cooptó, entre las existentes, una central sindical. Un ejemplo clásico de cómo lograr los mismos fines con estilos distintos. Y ahí siguen las alzas insignificantes del salario mínimo, las cooperativas de trabajo asociado, el día que va hasta las 10 de la noche y todo lo demás que dejó el uribismo. ¿Puede mostrarse un solo cambio favorable en las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados colombianos? ¿No continúa la desvergüenza de ganar el respaldo de los paupérrimos tirándoles migajas con la plata del presupuesto?

TR: ¿Qué nos dice de la seguridad democrática con Santos?

JER: No creo que sea mucho cambio pasar a una retórica meliflua, y que lo demás siga igual.

TR: ¿Y sobre el trato a las Cortes?

JER: Hay cambios. ¿Pero para no someterlas o para intentarlo de otra manera? Por qué creer que quien como ministro respaldó cuanta atrocidad se le ocurrió a Uribe en contra de la separación de los poderes, ahora respete ese principio. Santos pretende lograr con zanahoria lo que Uribe no pudo con garrote.

TR: Miremos las decisiones de gobierno y luego las leyes

JER: Debemos recordar que Santos llegó a la Presidencia tras dos décadas de neoliberalismo y Consenso de Washington. El solo mantenimiento del statu quo, y es evidente que lo mantiene, ya resulta retardatario. Nada ha cambiado en lo económico y lo social. Sigue la confianza inversionista, con TLC por todas partes y el capital financiero parasitándolo todo. Para acabar de estrangular la industria, les dio a los productores extranjeros otra rebaja en los aranceles a las importaciones. En cuanto a las privatizaciones, ya anunció que continuarán la de Ecopetrol, la joya de la corona, y las de las vías, el agua, los acueductos y toda la infraestructura, más el desmonte de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. La gran minería considera que con Santos “se nos volvió a aparecer la virgen” y en medio ambiente las cosas continuarán iguales o empeorarán. Se mantiene y profundiza el debilitamiento de la educación pública y la conversión del sector en un negocio. Y así hasta la náusea. ¡Que alguien muestre un cambio democrático, una ruptura en la lógica plutocrática de Uribe!

TR: ¿Y qué opina sobre las leyes aprobadas?

JER: Peor. La ley de la sostenibilidad fiscal, bien llamada del entierro de los derechos sociales de la Constitución, puede ser la reforma más retardataria en veinte años. Con la ley de regalías, el gobierno nacional se quedará con la plata que tanta falta les hace a los pobres de municipios y departamentos. Para fiesta de los corruptos, tiraron a acabar con las acciones populares; en salud, Santos logró lo que Uribe no pudo con la emergencia social; la ley del primer empleo se burla de los jóvenes y los desempleados y presiona que el fisco persiga a los microempresarios; se aprobó una norma que trata a los niños que delinquen no como víctimas sino como victimarios; va otra que les rebaja las tarifas de electricidad en 600 mil millones de pesos a la gran industria y les pasa esa factura a los estratos 1, 2 y 3. Y todo esto lo aprobaron los uribo-santistas o los santo-uribistas como hermanitos. No mencioné la ley de víctimas porque creo que requiere de una mirada aparte.

TR: ¿Qué opina sobre ella y sobre la restitución de tierras que va con ella?

JER: La presidenta del Polo, Clara López, y los voceros en el Congreso le enviamos una carta a Santos recordándole que hemos sido más partidarios que nadie en reparar a las víctimas, pero no con cualquier ley. Recordamos que el liberalismo y el Polo en el Congreso no le respaldamos una ley de víctimas a Uribe porque era para engañarlas a ellas y al país. Advertimos que el proyecto del gobierno tenía fallas graves que el Polo no podía pasar. Y la cosa va mal. El gobierno tiene decidido no establecer en la ley el monto de las indemnizaciones y dejarlo en sus manos, con esa suma supeditada a la sostenibilidad fiscal, lo que le da el poder de burlarse de los agraviados. Sostiene que solo serán reconocidas víctimas por hechos ocurridos después de 1991, otra pretensión inaudita. La restitución de tierras apenas operará en las zonas que escoja el gobierno y en la ley no hay nada que facilite que los despojados puedan regresar a sus fincas y sostenerse en ellas, cuando, según el propio gobierno, el 80 por ciento no quiere regresar a ellas, entre otras razones, por su debilidad económica y porque la violencia no ha desaparecido. Además, si la ley resultara perfecta, tampoco tiene los alcances que la propaganda santista le otorga.

TR: ¿Cómo así?

JER: Supongamos que la ley resultara perfecta y que todos los desplazados volvieran a sus fincas, cosa que no va a pasar. Pero supongámoslo. El mundo rural colombiano, en cuanto a la tierra, quedaría como en 1991, más la concentración de la propiedad generada por las quiebras causadas por el neoliberalismo y las compraventas legales. Nada de qué enorgullecerse, porque el mundo rural de ese entonces era un desastre. Y todavía queda el debate de fondo: ¿Cuál es la política agraria de Santos? ¿Qué quiere él que pase con todas las tierras y toda la producción agraria, sea que la restitución salga bien, regular o mal y termine en que los desplazados se queden con las tierras o ahí mismo las vendan o las arrienden?

TR: ¿Cuál es la política agraria de Santos?

JER: Primero, y esto es lo determinante, más libre comercio, que aumentará las importaciones que reemplazan el trabajo nacional por el extranjero y arruinan y les quitan sus fincas a muchos. Un indígena que aún sobrevivía en su parcela, en la miseria por los productos importados, decía: “Los indios no somos lombrices. No comemos tierra. Esta la necesitamos para producir alimentos y la política oficial no nos deja hacerlo. Casi todo lo importan”. Segundo, según los puntos 63 y 69 del programa de gobierno de Santos, el objetivo es “el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias”, que incluyen que el Estado entregue sus tierras para montar haciendas de 35, 40 mil hectáreas, ideas heredadas de Uribe y de Arias –recuerden Carimagua–, y que incluso pueden ser para los monopolios extranjeros. El ministro de Agricultura ha dicho que la guía es la gran plantación brasileña y él y Santos han explicado que los pobres del campo serán peones o neoaparceros en los grandes proyectos. Podemos estar ante la política de mayor concentración de la tierra rural de la historia de Colombia, con algo relativamente nuevo y muy grave: el apalancamiento del capital financiero y las trasnacionales, todo según los lineamientos del Banco Mundial, que ordena sanear los títulos de propiedad –lo que también pasará con las fincas de la restitución– y pasarles las tierras a los productores “más eficientes”.

TR: De todos modos, se dice que aquí hay una profunda ruptura de Santos con Uribe y que se desvertebra a los victimarios y todo su poder en el campo

JER: Cuentos. Esas son afirmaciones que no tienen asidero en la realidad y que los santistas, calculadores o ingenuos, no pueden demostrar. Uribe también presentó una ley de víctimas. ¿Si la restitución de las tierras resultara perfecta, habría en el país un cambio de la profundidad como el que insinúan? ¿Cuáles son las diferencias de Santos y Uribe sobre los TLC y la política de tierras del Banco Mundial? ¿Controvierten sobre entregarles las tierras públicas de la Orinoquia al monopolio y a los extranjeros o sobre llenar a Colombia de carimaguas y aplastar las aspiraciones campesinas con la neoaparcería y el peonaje? ¿Lo único que determina la naturaleza de Santos es reparar unas víctimas de la violencia? La demagogia “agrarista” de Santos no da para presentarlo como progresista. Eso es una desproporción que no resiste análisis y una viveza que en Colombia tiene tradición. Aquí ha sido común presentarse como avanzado hablando de los pobres del campo y tirándoles unos mendrugos. Pero la realidad es que va casi un siglo de hacer demagogia con el campesinado mientras logran dos fines: mantenerlo sin tierra e impulsar todas las orientaciones retardatarias de Washington.

TR: ¿Petro se fue del Polo porque la mayoría del Partido no lo apoyó en sus acuerdos con Santos?

JER: La idea de los acuerdos con Santos, que embellecía a este y le facilitaba su engaño, fue una decisión que Petro tomó sin consultarle a nadie en el Polo y sin duda contó en su retiro. Pero realmente salió porque, estando en minoría dentro del Polo, intentó imponerle sus puntos de vista, lo cual, para peor, quiso hacerlo mediante ataques bárbaros al proyecto histórico de unidad de la izquierda democrática.

TR: ¿Qué le pasará al Polo?

JER: Que seguirá adelante por tres razones. La base del Partido se ha templado y cada vez entiende mejor que nos atacan no por nuestros errores sino por la corrección de nuestras posiciones programáticas y nuestros aciertos políticos, cosa que la lleva a mantenerse firme en la defensa de este proyecto político. Un partido de izquierda democrática solo puede promover la unidad y crecer hasta convertirse en mayoritario si es capaz de derrotar las pretensiones antidemocráticas internas. El Polo no se doblegará ante quienes hay que vencer para poder transformar a Colombia. Con estas enseñanzas, el Polo tiene futuro y adelantará, unido, una excelente campaña para las elecciones de octubre próximo.

TR: Concluyamos…

JER: El principal acierto del Polo en este momento fue declararse en oposición a Santos y llamar a los colombianos a movilizarse en contra de su gobierno. El Polo acertó porque, con sus principios en la mano, que representan los intereses de los colombianos, decidió rechazar el engaño santista. Al decir de Carlos Gaviria, los polistas no somos como los que no saben para donde van y, por tanto, cualquier bus les sirve. Que los polistas y los colombianos cuenten con que este partido será capaz de encabezar las profundas transformaciones democráticas que requiere el país, las cuales se concretarán cuando las mayorías nacionales se decidan a cambiar y, a partir de ese cambio, cambiemos a Colombia.

En la crisis aumenta el saqueo de los recursos naturales

La política minera colombiana se desarrolla en medio de una disputa global de las viejas y nuevas potencias por el control de los mercados y los recursos naturales, y por la posesión física del suelo y el subsuelo para sostener su aparato productivo y financiero. Contienda que les impone a los países dominados reformas regresivas en sus constituciones, códigos mineros y la firma de tratados de libre comercio.

En este contexto, durante los últimos veinte años, como en ningún otro periodo en la historia de la República, una parte importante del territorio colombiano, de sus recursos y de su capacidad de producción agraria, minera e industrial cayeron bajo el control de los monopolios y del capital financiero, especialmente de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Se valieron de sustanciales reformas, entre ellas al régimen de inversiones, que les brindaron enormes beneficios y gabelas.

Entre 1994 y 2009 ingresaron a Colombia 90 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Hoy más de la mitad de las cien principales empresas son extranjeras o con fuerte presencia de capital foráneo, cuyas utilidades no se quedan en Colombia, sino que retornan a sus accionistas extranjeros. En ese mismo periodo, la renta de los factores, que mide la entrada y salida de ganancias del capital invertido en Colombia, fue negativa en 68 mil millones de dólares. En el año 2009, como caso puntual, ingresaron 7.201 millones de dólares por concepto de inversión, pero salieron 7.719 millones por giros de dividendos. Por cada 0,93 dólares que entraron, salió un dólar, lo que convierte al país en un exportador neto de capitales.

Durante la primera década del siglo XXI la actividad minera ha experimentando un crecimiento significativo. Entre 2000 y 2008 creció al 7,5% promedio anual, mientras que la economía sólo lo hizo al 4,6%. En el segundo trimestre de 2010 fue peor: la economía creció al 4,5% y la minería al 15%. En el gobierno de Uribe (2002-2009) la participación minera en las exportaciones totales pasó de 13% a 25% y sus ventas se multiplicaron por cinco, con un crecimiento promedio anual de 28%, el más alto de todos los productos colombianos. El petróleo y la minería representaron 56% de las exportaciones totales en el año 2009.

La inversión extranjera y el negocio especulativo

Tras la debacle de 2008, la minería se ha convertido en uno de los mayores negocios de especulación financiera en el mundo, y cuanto más se profundiza la crisis más se incrementa el auge minero. Ante la devaluación del dólar y los embates contra su permanencia como patrón de cambio mundial, esa rama y en especial los metales precios, terminó siendo refugio de los especuladores. El precio del oro hoy registra sus niveles más altos en la historia, superando la barrera de los 1.400 dólares por onza.

Colombia no escapa a este fenómeno: al país llegan los dólares del capital financiero que necesitan colocarse a tasas de interés superiores a las que encuentra en las potencias. La incontenible oferta de dólares, emitidos sin ningún control desde la Reserva Federal estadounidense, a la postre genera que a cambio de nuestros recursos naturales nos están dando papel, ¡ni siquiera espejitos! En 1996 la inversión extranjera en minería era del 2,2% del total y para el año 2009 subió al 41%. Dicha inversión proviene de reconocidos paraísos fiscales, usados por las trasnacionales para evadir impuestos.

A partir de la obtención de títulos mineros se realizan múltiples formas de especulación financiera en las distintas fases del proyecto, desde la exploración hasta la explotación. Greystar Resources tiene 36 mil hectáreas en el páramo de Santurbán, cuyas reservas se estiman en 9 millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata. Esa empresa lleva 15 años en Colombia y ha invertido 140 millones de dólares sin haber extraído un solo gramo de oro. Pero entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 2010 sus acciones tenían ganancias en la bolsa valoradas en 266 millones de dólares, que para colmo no pagan regalías ni impuestos. Greystar no está en el negocio de la explotación minera sino en el de la especulación financiera.

Para atraer al capital, el uribismo elaboró la “Política de promoción del país minero”, en la que afirma que en el contexto de la globalización y de los tratados de libre comercio “es quizás el sector que mejores posibilidades puede tener en el mercado internacional” y para ello la estrategia es incrementar la participación de reconocidas compañías mineras globales.

En respuesta al frenesí de Uribe Vélez por entregar el país, se desató un banquete de las trasnacionales por hacerse al control del territorio y con él a la soberanía colombiana. Hoy tienen en concesión más de siete millones de hectáreas de nuestro territorio y las solicitudes abarcan más de 40% del país.

El saqueo de los recursos naturales

Bajo la actual política minera, nuestros recursos naturales no renovables se han convertido en una maldición. Existe una relación directa entre los proyectos de las multinacionales y la miseria de los pobladores vecinos a la explotación. Tal es el caso de La Guajira y Cesar, los mayores productores de carbón y los primeros en necesidades básicas insatisfechas, enclaves coloniales que agravan las oprobiosas condiciones de comunidades, trabajadores y productores nacionales, que se ven irremediablemente desplazados de sus tierras.

La causa principal del desastre que sufre la nación en materia minera, es la política que la rige, diseñada para satisfacer intereses foráneos. El Estado fue llevado a abandonar la participación directa en la actividad y en la renta minera y se le relegó al papel de regulador y fiscalizador. Función que tampoco cumple, como lo expresa la misma Contraloría General; en un informe de 2009 advierte que “la información proveniente de los titulares mineros en el tema de regalías es en un alto porcentaje de buena fe, por cuanto [Ingeominas] no cuenta con elementos suficientes desde el punto de vista técnico y legal para controvertir o rechazar las liquidaciones de producción y cálculo de regalías que reportan los titulares mineros”. En estas condiciones, se revivió el colonialista contrato de concesión y se vendieron a menos precio las empresas mineras estatales.

La renta minera, migajas que dejan las trasnacionales

En el negocio minero, las compañías extranjeras siempre han tenido mayor participación que el Estado, dueño del recurso. Las regalías que deben pagar los privados por los recursos no renovables del subsuelo nacional son ridículas si se comparan con las que se pagan en otros países: en Bolivia son del 18% más un impuesto del 32%. En Chile la renta minera es del 50%. En Perú del 25%. En Colombia las regalías del carbón están entre 5 y 10%, las del níquel son de 12% y las efectivas en el caso del oro son de 3,2%.

El régimen de inversión extranjera especial con que cuenta la minería, otorga exenciones en materia tributaria tan altas que hacen de Colombia el país en América Latina con los costos de operación más bajos, y lo sitúan como el quinto país que mejor protege al inversionista a nivel global, según el Banco Mundial. Todo el poder del Estado está dirigido a proteger la inversión, con el artificio de que su mera llegada al país se traduce en beneficio y prosperidad para los colombianos. Asunto que ratifica el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, cuando dice que la inversión extranjera “a menudo sólo florece merced a privilegios especiales arrancados a los Estados. (…) Privilegios que con frecuencia son el resultado de la corrupción, del soborno a funcionarios del gobierno. La inversión extranjera directa solo llega al precio de socavar los procesos democráticos”.

Santos aumentará el asalto a las riquezas nacionales

La minería es una de las cinco “locomotoras” que, según Juan Manuel Santos, “van a dinamizar el crecimiento económico y jalonar el resto de la economía”. En concordancia con lo establecido por su antecesor, la orientación de la política minera consiste en allanar el camino a los monopolios, al tiempo que se vale de ejército y policía para criminalizar a los pequeños y medianos mineros y despojar comunidades.

Informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional destacan cómo las exportaciones de materias primas desde Latinoamérica se han convertido en la salvación del desempeño económico mundial y la razón por la cual la crisis de las potencias no ha sido peor: “El desafío a largo plazo es administrar bien esa bonanza y destinar esos beneficios en invertir en capital humano, construir infraestructura mejor y promover la innovación, elementos fundamentales del crecimiento sostenido”. Afirmación coincidente con las “locomotoras” de Santos y evidencia de que la salvación para las economías del Norte depende del mayor esfuerzo de las economías empobrecidas del Sur, con la profundización de las políticas neoliberales que son justamente la causa de la crisis.

Unidad de los colombianos para detener esta política

Las imposiciones económicas y militares de las potencias envilecen aún más las condiciones sociales y económicas de los colombianos. El cacareado crecimiento no es otra cosa que la despiadada extracción de la riqueza nacional.

El gobierno de Santos ahonda la “confianza inversionista”, lo que tiene de plácemes a las trasnacionales. León Teicher, presidente de El Cerrejón afirmó: “Así como el país fue afortunado de tener al presidente Uribe durante tantos años, también lo somos de tener al presidente Santos como gobernante (…) Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen”.

Esas empresas sustraen los beneficios económicos, destruyen las comunidades, arruinan los sectores productivos y causan una grave afectación ambiental. La minería a cielo abierto es aún más rentable y más lesiva: En el entorno no puede existir una actividad diferente: donde hay minería a cielo abierto sólo puede haber minería a cielo abierto. No puede haber agricultura, ganadería o pesca, ni oportunidad para distinta los obreros. Una vez culminan los proyectos, se van del país sin responder por los inmensos daños que causan.

Las implicaciones de la minería a cielo abierto y las actuaciones de las trasnacionales vienen despertando cada vez más protestas de amplios sectores de la población colombiana; tanto en las regiones que ya sufren su presencia y como donde amenazan con llegar. Es urgente avanzar en la unidad de trabajadores, comunidades afectadas, pequeños y medianos mineros, comités ambientales, estudiantes e intelectuales, para incrementar la resistencia y la movilización que frene el avance de esta nefasta política minera y recupere el control soberano de las riquezas y del territorio para beneficio de las mayorías de los colombianos.

En educación superior: Santos I, peor que Uribe II

El rasgo fundamental de la política educativa de Uribe Vélez fue que degradó la calidad de la educación como consecuencia de ajustar el país a la globalización. Uribe tomó como guía el Plan Visión Colombia 2019: “La visión 2019 concibe una economía cimentada en la producción, difusión y uso del conocimiento como base de la productividad y la competitividad internacional, lo que impone retos adicionales al sistema educativo, que debe formar egresados en la cantidad y con la calidad suficiente para responder a las necesidades de una economía en crecimiento. Estos desarrollos hacen necesaria (…) la preparación de profesionales, técnicos, tecnólogos y personal calificado que demandará el sector productivo como resultado de la dinamización de los sectores de la economía conectados con mercados externos”. Esto significa que la educación debe servir a un sistema económico sometido a las necesidades del capital financiero internacional, en sectores como el minero-energético, la producción de bienes tropicales en lo agrícola y la maquila en lo industrial, bajo condiciones de superexplotación laboral.

Las transferencias por estudiante decrecieron 40% en términos reales de 2002 a 2006, y la deuda del gobierno con las universidades estatales llegó a $500 mil millones. Uribe contrajo dos préstamos con el Banco Mundial por 500 millones de dólares para financiar la línea de crédito del Icetex y profundizar el sistema de financiación a la demanda; como consecuencia de ello, uno de cada cinco estudiantes de pregrado tiene créditos de esta institución. Por otro lado, las matrículas de las universidades privadas siguieron al alza, sin el control de las autoridades competentes.

El impacto propagandístico con el incremento de la cobertura omite que esta sí se dio, pero principalmente en la educación de tipo técnico y tecnológico y, en especial, en el SENA. Según Planeación Nacional, “a 2009, en la formación superior (técnico profesional, tecnológico, profesional universitario) y tomando como población de referencia a los jóvenes de 17 a 21 años, la cobertura bruta alcanzó el 35,5%; entre 2003 y 2009 la matrícula en pregrado aumentó en 496.837 alcanzando 1.493.525 estudiantes en el último año, de los cuales 482.505 cupos (32,3%) correspondieron a niveles de formación técnica y tecnológica, incluido el SENA, que contribuyó con el 53% de la misma”. A pesar de lo anterior, la deserción llegó a 45.3% en el sector público y a 50% en el privado.

El aumento de los cupos no fue consecuencia del incremento de los recursos públicos para los establecimientos educativos. Se hizo en desmedro de la exigencia académica, con hacinamiento, y orientando la producción científica a beneficiar a multinacionales y monopolios; reduciendo la profundidad de los currículos y la duración de las carreras; aumentando, en lugar de profesores de tiempo completo y dedicación exclusiva, el porcentaje de profesores de hora cátedra y ocasionales; haciendo obligatoria la presentación del examen Ecaes (ahora Saberpro), con lo cual se controla la incorporación de competencias ciudadanas, académicas y laborales a los programas de las carreras, violentado la autonomía universitaria, la democracia y la libertad de cátedra. Según Sindesena, 60% de los programas del SENA son de tipo virtual; hasta se certifican torneos de fútbol y personas que no tomaron los cursos. El mandato de Uribe fue aciago para la educación superior en Colombia, pues degradó la calidad por adecuar el país al rol que juega en la globalización económica.

¿Para dónde van Santos y su “Calidad: camino a la prosperidad”?

La política educativa de Santos está, en lo fundamental, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, tanto en educación superior como en preescolar, básica y media. El principio de dicho Plan, y no sólo en materia educativa, es: “El Estado es quien despeja el camino -fija las reglas de juego y dirime los conflictos-, pero el sector privado es quien lo construye y lo recorre”. No es cierto que en el neoliberalismo el Estado no intervenga en la economía. Sí interviene, pero en beneficio de las multinacionales y del capital financiero. Carlos Marx lo definía: “El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”.

Este criterio también orienta la educación superior en Colombia: adecuarla a las necesidades de la globalización. Santos, como su vocero, ha insistido en que sus “locomotoras del desarrollo” son el sector agropecuario con el modelo de gran plantación y de producción de agrocombustibles; el minero-energético, convertido en el principal destino de la inversión extranjera directa en Colombia; la infraestructura de transporte y comunicaciones, indispensables para la extracción y saqueo de nuestros recursos y la importación de mercancías; la vivienda, como fuente clave de enriquecimiento para el capital financiero, y los llamados sectores de innovación.

El Plan Nacional de Desarrollo explica la educación que requieren tales “locomotoras”: el Ministerio de Educación, Colciencias y el SENA “desarrollarán pilotos en los sectores locomotoras para que el país cuente con las metodologías, procesos, estándares y el desarrollo institucional requerido; así como en el sistema educativo, como parte de la estrategia de formación en competencias laborales del personal docente en todos los niveles”. Los Ministerios “publicarán lineamientos y guías que permitan conocer los requerimientos mínimos de cualquier agente privado o público para la construcción de normas de competencias laborales y currículos académicos basados en competencias, y ser incluidos en el MNC (Marco Nacional de Cualificaciones). Y fomentarán el diseño de normas de competencia laboral en todos los sectores productivos y niveles de ocupación, vinculando al SENA y a otros agentes”.

Además se implementará un “plan de choque” formativo en competencias laborales para desarrollar las “locomotoras”, que consiste en que estos le definan al MEN cuáles son sus necesidades de “recurso humano”, de tal forma que el Ministerio “genere los incentivos a las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, para priorizar la formación y el desarrollo de competencias laborales específicas de acuerdo con las necesidades definidas por estos sectores”. La cobertura en capacitación del SENA también deberá ser ajustada de acuerdo con las necesidades de los “sectores locomotora”. En definitiva, los contenidos de las carreras no serán definidos por estudiantes y profesores, de acuerdo con lo más elevado del conocimiento y de la ciencia, sino por las multinacionales y los monopolios criollos.

El capital financiero es la base de la financiación en este gobierno, tanto en la universidad pública como en la privada, en cuatro formas: “Buscarán nuevas fuentes de recursos” vinculando a la nación, los entes territoriales y al sector “productivo”; se incrementarán los recursos para nuevos créditos “fortaleciendo de esta manera al Icetex”; fomentarán “la participación del sector privado, cajas de compensación y cooperativas en proyectos que consoliden la oferta de educación superior” y constituirán un “portafolio de posibilidades para que a través de la banca de fomento, la banca comercial, la banca multilateral y el sector privado se provean recursos (…), para que se adelanten proyectos de infraestructura física y tecnológica”.

Ya se está aplicando. Un ejemplo es el préstamo que está gestionando la Universidad Nacional. La representación estudiantil ante el Consejo Académico indicó: “El préstamo (…) está estimado hasta por 169.000 millones de pesos. La sede Bogotá, en Consejo de Sede realizado el 14 de octubre de 2010, aprobó un endeudamiento por 86.267 millones de pesos. El préstamo de la UN -de Wasserman- será soportado por la producción docente, es decir, por el aumento de la extensión remunerada -no solidaria- y los programas de extensión, así como por la `optimización´ de la planta docente o, lo que es lo mismo, su reducción significativa y posterior reemplazo por docentes ocasionales”.

Si el presupuesto de la Universidad Nacional es cercano al billón de pesos, de los cuales casi la mitad son recursos generados por la Universidad, se tiene que el préstamo está alrededor del 20% del total del presupuesto que el Estado destina anualmente a este centro educativo. Es un golpe severo a sus finanzas y un condicionamiento de su actividad académica e investigativa. En octubre de 2010, el Congreso aprobó por iniciativa del gobierno de Santos, a pesar de la movilización estudiantil, un recorte por $200 mil millones al sistema de universidades estatales, que las pone a merced del capital financiero para cubrir sus faltantes.

Santos y su ministra han insistido en la “internacionalización de la educación superior”. La aprobación de los TLC supone el ingreso al país de las multinacionales de la educación superior y de las universidades corporativas como las de Motorola, Disney, Marlboro, Coca Cola, General Motors, Lufthansa, Shell, American Express, Microsoft, entre otras. Ya tenemos dos casos: la de Sanitas en el campo de la Salud y la Chevrolet para taxistas. Lenin alcanzó a señalar de manera precisa: “El monopolio, una vez que está constituido y maneja miles de millones, penetra de un modo absolutamente inevitable en todos los aspectos de la vida social, independientemente del régimen político y de otras `particularidades´”.

La solución es la lucha democrática de masas

Estudiantes, profesores y trabajadores tienen suficientes motivos de protesta: la reforma integral que empeora la Ley 30 de 1992, reglamentaria de la educación superior; el incremento de las matrículas; la imposición de competencias académicas, ciudadanas y laborales como criterio único en la definición de los contenidos de la educación; las reformas laborales para profesores y trabajadores; la crisis financiera de las universidades; los empréstitos crecientes como solución financiera, y, por supuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, conforman las iniciativas con que Santos mantiene la ruta privatizadora y antinacional de los últimos tiempos.

Esto sólo podrá ser derrotado con un vigoroso movimiento de masas de los tres estamentos universitarios, con el apoyo de la población, que reivindiquen el papel de una educación de nuevo tipo: científica, que instruya en los más altos contenidos de la ciencia y del conocimiento; nacional, orientada a beneficiar a la población y a la nación colombiana, y democrática porque implica el respeto de las libertades y los derechos. Al igual que en el gobierno de Uribe Vélez, la resistencia la liderará el estudiantado, que con su ímpetu fijará el rumbo de lucha a los demás estamentos universitarios. La derrota de la política educativa de Juan Manuel Santos es la tarea.

La reforma de Santos a la salud: ¡Larga vida a las EPS!

Don Pablo fue un trabajador de la industria metalmecánica, desmantelada antes de que alcanzara a darle una pensión. Cuando hicieron el censo del Sisben en su barrio, no alcanzaron los cupos. Sin condiciones para pagar una EPS, esperaba ser beneficiario de una hija, cuando un severo dolor de cabeza lo llevó a un “nuevo” hospital “público” (liquidado y rebautizado). Tres días después de su ingreso le encontraron una hemorragia cerebral por hipertensión. Esto le quitó su capacidad para hablar y caminar bien. Ahora depende de su familia.

El 23% de los adultos en Colombia tiene hipertensión arterial. Esta condición dobla o triplica el riesgo de trombosis o hemorragias cerebrales y de infartos cardiacos, que son la primera causa de muerte en Colombia. Las crisis hipertensivas son hoy claramente prevenibles. El régimen de salud iniciado por la ley 100 de 1993 previó que al menos 5% de los recursos de la salud fueran a programas de promoción y prevención. Estos recursos, seis veces más que los que había antes, no alcanzaron para Pablo. En nuestro país, sin mucha prevención en salud o en desastres, el pueblo paga más caro.

La herencia de la ley 100

El sistema previo a la ley 100, con todo y precario, incluía un sistema nacional de salud, cuyo nivel primario desarrollaba programas estatales de prevención de cobertura nacional: vacunación infantil; control de enfermedades transmitidas por insectos, como la malaria; control a la embarazada para prevenir complicaciones del parto; detección y tratamiento de tuberculosis o lepra. En la última década la mayoría de estos indicadores se han deteriorado. Es parte del patrimonio que hemos perdido los colombianos.

Los últimos cinco gobiernos, incluido el de Santos, amparados en la Constitución del 1991 –en la que la salud pasó de ser un derecho ligado al de la vida a convertirse en un servicio que pueden prestar agentes públicos o privados–, introdujeron, desarrollaron y ahora mantienen el aseguramiento privado en el régimen de salud. La hicieron objeto de mercado y dieron vida a las EPS, agentes que tercian innecesariamente en la relación entre pacientes y prestadores de salud, no haciendo regulación, sino intermediación financiera. ¡Y qué buen negocio ha sido! En 2009, las seis principales EPS se ubicaron entre las cien empresas más grandes de Colombia. En 10 años hicieron ventas por $143.9 billones, y su patrimonio creció 176 veces desde 1993. Mientras esto pasa aquí, muchos países industrializados de orientación capitalista protegen su salud de convertirla en objeto de mercado.

Además de la hipertensión, muchas enfermedades no prevenidas terminan demandando tratamientos costosos en nuestros hospitales. Hace dos años, 841 de los 987 hospitales públicos tenían déficit. Miles de personas con infección por VIH, insuficiencia renal, diversas formas de cáncer o traumatismos severos por accidentes de tránsito, entre otros, terminan siendo víctimas obligadas del déficit y deben esperar con paciencia su turno o morir en el intento. El gobierno de Uribe, atribuyendo la quiebra hospitalaria a la carga laboral, redujo las plantas de personal, vinculando luego a los trabajadores despedidos bajo la figura de “socios” de cooperativas de trabajo. Y por su parte las EPS, obligadas hasta hoy a contratar con la red pública, especulan y la estrangulan con una deuda de unos 2.5 billones. Es la dimensión del enriquecimiento privado a expensas de la salud pública.

Si Pablo hubiera alcanzado a pensionarse, estaría en el régimen contributivo y le hubiera ido teóricamente mejor, pues los derechos asegurados (en el llamado POS) son más amplios para el contributivo que para el subsidiado. Si el evento hubiese sido en los años 80, Pablo probablemente habría sido atendido en el Instituto de Seguros Sociales. Allí no había POS, sino una red de atención solidaria que llegó a ser la más avanzada científicamente en el país, cubriendo a 30% de la población. Pero hoy los usuarios que disfrutan de “aseguramiento completo” en el régimen contributivo terminan buscando “planes complementarios” o la tutela para recibir atención apropiada. El 70% de las tutelas en salud no son buscando beneficios adicionales, sino para reclamar los servicios incluidos en el POS, que los “aseguradores” no cumplen. Las tutelas por el derecho a la salud, el más reclamado, fueron 142 mil en el año 2008. Y por este concepto las EPS están debiendo $7.5 billones al fondo de solidaridad que las sostiene.

Se precipita la crisis pero se mantienen las fórmulas

Al final del gobierno de Uribe, quien fue por ironía el ponente de la ley 100 de 1993, el sistema de salud se tornó insostenible por la dimensión y el crecimiento del déficit. A estas dificultades se agregó la justa y necesaria sentencia T-760 de la Corte Constitucional, ordenando un POS unificado. Ante la doble presión, Uribe respondió con decretos sustentados en una emergencia social. Se buscaba reducir el impacto de la tutela y refinanciar el fondo de solidaridad. Se hizo énfasis en la inconveniencia de dejar en los jueces la aprobación de conductas médicas y en la corrupción de la política de precios de productores, distribuidores e intermediarios, pero no en la intermediación financiera de las EPS. Y tampoco se obligaba a estas a ponerse al día con la maltrecha red pública hospitalaria.

La protesta popular, el concepto del procurador y otra sentencia de la Corte hundieron los decretos de Uribe. Santos respondió al creciente problema presentando un proyecto de ley que hizo aprobar en tres días. Y como buen heredero, mantuvo los principios básicos de la ley 100: el aseguramiento privado (la salud como negocio de intermediarios) y un plan obligatorio de beneficios (un techo, no un piso de derechos) con el cual el gobierno “garantiza” el derecho a la salud. Mantiene que un derecho sea asegurado, y por tanto comprado o vendido, todo un contrasentido. Se siguen desconociendo los sistemas de salud de países desarrollados como Gran Bretaña o Canadá que, sin aseguramiento ni regímenes contributivos o subsidiados, tienen mejores resultados gastando la mitad de otros, como Estados Unidos, donde campea el aseguramiento privado.

Santos estimula la vida de las EPS

Con la reforma Santos, los usuarios del régimen subsidiado tendrán que esperar hasta el año 2015 los resultados de un “proceso gradual” en la nivelación del POS. Y se prevé que este se actualice cada dos años, lo que permitiría nivelar por la vía del recorte de los derechos. Como fórmula para atender reclamaciones fuera del POS establecen unos comités técnicos médicos que estudien las solicitudes. Pero estos dependerán de las EPS, limitando su autonomía, pues cuantas más aprobaciones, más gastos para quien sostiene cada comité.

La reforma Santos pone en manos del Estado la promoción de la salud, descargando a las EPS de esta responsabilidad. Prevé también “estímulos financieros” para quienes tengan autocuidado de salud (en borradores previos ponían multas a quienes no lo tuvieran), ignorando que la adopción de conductas saludables tiene más determinantes sociales que individuales. Tal concepción abre el camino a la negación de servicios en virtud de las conductas previas (como no autorizar el tratamiento de la bronquitis crónica a un fumador).

En lo financiero, la reforma está sujeta al principio de la “sostenibilidad”, que pondrá un techo al sistema y servirá para negar solicitudes que excedan ese nivel. Se mantiene y expande la “contratación vertical” (prestación de servicios por hospitales y personal de la propia EPS), eludiendo el grosero conflicto de interés de la doble condición de asegurador y prestador. Más que buscar proteger y refinanciar la red de hospitales públicos, se soslayan los deberes de contratación de los aseguradores para con estos, condenándolos definitivamente. Y de ñapa, con la nueva ley de regalías las regiones dispondrán de menos recursos para sus hospitales públicos. Todo a nombre de combatir la corrupción y mantener viable el sistema.

La rápida maniobra de Santos le dará a su gobierno la tranquilidad del control del gasto en salud, poniendo las reclamaciones en manos de las EPS. El principio de sostenibilidad fiscal le ayudará a poner techo y, como es costumbre, por la prevención no van a preocuparse. Además de la contención de los gastos de atención, queda el argumento de la falta de autocuidado para pedir la cofinanciación o limitar los servicios al paciente. Y para las EPS, cuanto más saludable la población asegurada, mayor cotización de los individuos más costosos y mayores posibilidades para negar servicios. Así el escenario para sus negocios será mucho mejor. Todo se los brinda la “Unidad Nacional”.

Lo que se avizora

Bajo este marco, la red pública está forzada a perecer o seguir el camino de la privatización, contratando como las EPS quieran e ignorando más los derechos laborales de sus trabajadores profesionales, administrativos y de servicio. El otrora patrimonio público de los hospitales universitarios y centros de salud seguirá el camino de la red del Instituto de Seguros Sociales: la concesión, la cesión o la venta a menos precio de sus activos a los mercaderes de la salud. Los profesionales quedarán mucho más sujetos a las EPS, como sus trabajadores directos, o como contratistas en clínicas, consultorios u hospitales quebrados, con sus condiciones laborales más exprimidas y su autonomía más cercenada. La educación médica colombiana, antes motivo de orgullo, seguirá afrontando el desmantelamiento de los hospitales universitarios, la sujeción progresiva a las EPS y la mayor explotación del trabajo de estudiantes de pregrado y posgrado.

Los más perjudicados serán los usuarios del sistema, la inmensa mayoría de los colombianos, que en medio de engañifas promovidas por las clases dominantes han convivido con un sistema que vale cada vez más y entrega cada vez menos. Coloquialmente, Santos encontró la salud en guatemala y la conduce atropelladamente a guatepeor, sin ningún sonrojo y desoyendo las voces de los expertos. En esta, como en otras materias, Santos cambia el lenguaje, pero no el modelo de Uribe. Sus medidas fueron aprobadas por la “Unidad Nacional” y el Partido Verde (que por unas concesiones para la salud de los niños, permitió el atropello a la salud de padres y abuelos), pero con la solitaria y digna oposición del Polo Democrático Alternativo.

Por la identificación de intereses, resultados, ganadores y perdedores, poniéndose al lado de la cantidad y la calidad de vida de las grandes masas populares, el POLO ha cumplido su deber como partido. Pero este debe completarse persuadiendo al pueblo colombiano de la necesidad de cambiar el modelo por un sistema único de salud con rectoría y financiación públicas, desterrando el aseguramiento privado y atendiendo la experiencia de los países más avanzados en esta materia. El deber que les asiste a los trabajadores de la salud es el de reconquistar sus derechos, defender su autonomía, la dignidad de sus principios profesionales y la de sus sitios de trabajo. Junto a esto, les cabe el derecho y el deber de conducir a los millones de usuarios en la batalla por la defensa del derecho a la salud, que es la defensa de su vida misma.

Sostenibilidad fiscal y regalías: Menos derechos sociales, más plutocracia

Recientemente, la Oficina Nacional de Investigación Económica, NBER, decretó el fin de la recesión en Estados Unidos, la más larga desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Obama señala que “muchas personas aún sienten la realidad de la recesión”; la Reserva Federal habla de desaceleración generalizada; el FMI expone cómo el déficit comercial norteamericano sigue siendo cuantioso, el fiscal no cesa de crecer –ambos valen US $1,9 billones– y la deuda pública bordea el 100% del PIB y tambien que la recuperación “no es ni sólida ni equilibrada” y “corre el riesgo de no ser sostenida”. La crisis norteamericana, extendida a Europa y el resto del mundo, tiene a los gobiernos de las potencias aplicando ajustes económicos que favorecen los intereses del capital financiero y recortan los derechos de sus pueblos. Por nuestros lares, el gobierno colombiano renuncia a programas que cimienten las bases del progreso de la nación y, siguiendo la tónica del Norte, profundiza la lógica plutocrática.

El uribo-santismo entierra los derechos sociales

Los afeites con los que Santos se “embellece” no ocultan su naturaleza continuista. “Libre comercio” y sumisión ante poderes extranjeros son el camino. Sostenibilidad fiscal, regla fiscal, primer empleo, profundización de la lógica de la Ley 100, reforma tributaria, reforma arancelaria y el “nuevo peso”, son las medidas que propone el gobierno. Santos busca restringir más el gasto social, concentrar los dineros de la regalía en el gobierno central y consignar recursos en fondos en el exterior –que hoy rentan menos del 1%– para garantizarles a los dueños de la deuda pública que sus amortizaciones e intereses serán servidos oportunamente. El desbarajuste de las finanzas públicas y las distorsiones monetarias, muy propios de la apertura económica, buscan suavizarse con medidas que más que contrarrestarlos, los agravarán. Ante la libertad de capitales y de comercio, el caos se convierte en regla.

El gobierno expone que la sostenibilidad y la regla fiscal fortalecen “el proceso de ajuste realizado a lo largo de la última década”. “Prometo sudor y lágrimas”, fue la frase con la que el entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, explicó los efectos del programa de ajuste “pactado” con el FMI en 1999. De este y los posteriores acuerdos emanaron reglas fiscales (la dos reformas a las transferencias, la Ley 617 de 2000, de ajuste a los entes territoriales) que recortaron las transferencias para educación, salud y agua potable en más de 70 billones de pesos, y que a departamentos y municipios les impusieron restricciones que los llevaron a tener superávit presupuestarios por $13 billones entre 2001 y 2009, “balanceando”, junto a otras entidades descentralizadas, el déficit del gobierno nacional. Los menores recursos transferidos y los superávit impuestos desmejoraron la calidad de la educación, sirvieron de base para la crisis territorial de la salud y empeoraron la cobertura real en el servicio público de agua. Contrario sensu, se abonó el campo para que la deuda pública entre 2000 y 2009 pasara de $64 a $177 billones, a pesar de que su servicio costó $263 billones y los nuevos préstamos $266 billones.

Elevar a principio constitucional la sostenibilidad fiscal subordina el gasto social a la camisa de fuerza de las metas numéricas de la regla fiscal, que no resuelven las dificultades macroeconómicas, pero que sí harán que la Corte Constitucional mesure “las consecuencias fiscales de sus fallos”. A futuro, sentencias que reconocen derechos fundamentales como la que establece la reparación integral de las víctimas, la que en 2001 obligó al gobierno a mantener el poder adquisitivo del salario de los funcionarios, las que indican que la calidad de los servicios de salud debe elevarse, entre otras, no se repetirán y dejarán de ser un precedente para las decisiones judiciales.

Para Santos es imperativo poner coto a los fallos constitucionales, pues “la fijación de verdaderas políticas públicas en materia de aplicación de los derechos sociales, a través de sentencias (…) puede generar graves riesgos en el manejo de la economía”. Si los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial reconocen la violación de los derechos sociales o quieren ampliar su alcance, la sostenibilidad fiscal lo prohibirá. Se podrán incluso desmontar garantías establecidas legalmente, como el régimen de prima media. El ancla de la sostenibilidad fiscal, junto con la política del Banco de la República, creará “mejores condiciones” para que los intereses del capital financiero estén por encima de los derechos a la vivienda digna, a la educación y salud universales, oportunas y de alta calidad, etc. La tutela perderá los dientes. Es el entierro de la parte garantista de la Constitución de 1991.

Santos quiere expropiarles las regalías a los entes territoriales

El paquete santista lo integra también la reforma a las regalías. Se habla de una bonanza petrolera, que hasta ahora no aparece. Los Ministerios de Hacienda y de Minas, a pesar de que las reservas actuales llegan a 1.988 millones de barriles de petróleo, proyectan que entre 2010 y 2020 produciremos 4.981 millones. El historial en perforación de pozos, la baja probabilidad de hallazgos y la suma de reservas por revaluación de campos existentes, no alcanzarán para lograr las metas proyectadas. La mayor producción de crudos pesados, por los que se paga un menor precio internacional y gozan de un descuento de 25% en la regalía, tampoco da base a las alegres cifras gubernamentales.

Las bonanzas petroleras se sustentan en dos pilares: descubrimientos de reservas superiores a 500 millones de barriles y la participación estatal en la renta petrolera. Esta última, como consecuencia de las reformas de Pastrana y Uribe al contrato petrolero, cayó de 80 a 42%. La regalía, que antes de 2002 era del 20%, hoy en promedio es del 11%, siete puntos por debajo del promedio internacional. ¡El peor contrato petrolero del mundo!, en menoscabo del interés nacional. Eso sí, con grandes beneficio para las trasnacionales.

El efímero incremento en la producción petrolera, que en tres o cuatro años declinará, tiene además un propósito oculto. Se extrae más crudo porque así lo necesita Estados Unidos, no porque las demandas nacionales lo ameriten. La mayor extracción de hidrocarburos, combinada con la obligación de consumir agrocombustibles, genera mayores exportaciones –que desde 2005 han crecido 130%– al país del Norte, contribuyendo a solventar su abultado déficit energético.

A raíz del descubrimiento de Cusiana, se propuso en 1995 ahorrar recursos en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. Argumentos como el de la equidad intergeneracional, la revolución científica y evitar la Enfermedad Holandesa, también afloraron en aquellas calendas. Ninguna de las promesas se cumplió. La Enfermedad Holandesa, fenómeno causado por una entrada masiva de divisas que revalúa la moneda y causa estragos en el agro y la industria y un proceso de especulación inmobiliaria, no se contrarrestó. Luego el fondo de ahorro de regalías que se creará, donde pararán entre 30 y 50% de los dineros que ingresen, quedarán guardados en el exterior sin poder ser tocados, a pesar de las crecientes necesidades de la población. Además, el mecanismo del ahorro, sin modificar el libre flujo de capitales, no evitará desbarajustes macroeconómicos.

El quid de la reforma es, entonces, quitarles a los entes territoriales el derecho constitucional a decidir sobre el gasto con las regalías. Crecerán las carencias presupuestales de los departamentos donde se ubican los yacimientos de hidrocarburos y minerales, y con la reforma el gobierno definirá los gastos. En adelante, la plata de las regalías será invertida en macroproyectos que vendrán acompañados de macrocontratistas, desplazando a los medianos y pequeños empresarios nacionales. Más plutocracia, menos democracia.

El imperialismo crea las condiciones para su derrota

Reformas como la de las regalías, dice el gobierno, combatirán “la malversación y la corrupción” de los recursos públicos. En repetidas ocasiones los neoliberales han empleado falsos moralismos. Ocultan, con acusaciones acomodaticias, que la peor corrupción es la que ellos ejercen: con sus actos, al igual que los antenorenses del noveno círculo del Dante, condenados por traición a su patria, propician el saqueo de nuestros recursos y subyugan nuestra nación ante el imperialismo.

Las reformas aún no son aprobadas. Y contra ellas crece el rechazo. En La Guajira, Cesar, Santander, Arauca, Meta y otros departamentos productores de hidrocarburos y minerales se conformaron comités en defensa de las regalías y se integró por dirigentes de todos los colores políticos el comité nacional para coordinar las protestas. Aunque el tiempo apremia, los meses venideros son propicios para continuar desenmascarado la demagogia gubernamental y mediante la lucha civil y democrática impedir estos proyectos, contrarios a los intereses de las mayorías nacionales. El Polo Democrático Alternativo apoya esa justa lucha

“Una mirada histórica –escribió Héctor Valencia– revela que lo que la humanidad ha vivido durante más de un siglo es una lid entre los pueblos y el imperialismo, lid que en esencia corresponde al implacable antagonismo, sin conciliación posible, entre polos contrapuestos, el proletariado y los linces financieros”. Y agregaba: “Los grandes señores del capitalismo imperialista siguen condenados a crear las propias condiciones de su derrota”.

Brasil, contrapeso a Estados Unidos

Ya en 1971 Richard Nixon había afirmado que “hacia donde vaya Brasil, irá América Latina”. No se trata de un país cualquiera: su territorio abarca la mitad de Sudamérica, 8.514.877 km2 y tiene 193 millones de habitantes. Es el 5º en población y extensión en el planeta. Tiene la más grande economía latinoamericana, la segunda en América y la octava en el mundo. En 2009 su PIB era 1.572 billones de dólares y según el Banco Central carioca crecerá 7,3% en 2010. En los últimos tres años las inversiones extranjeras sumaron US $93.488 millones. Es líder en América Latina en diversos sectores económicos como industria, agro y exportaciones. En marzo de 2008 sus exportaciones ascendieron a US $219.336 millones y se encuentran entre las veinte mayores del globo. Es el mayor productor mundial de café, rico en minería (diamantes, oro, hierro, magnesio, níquel, fósforo, plata y uranio) y produce 80% del petróleo que consume. Tiene reservas de US $273 mil millones, las octavas mundiales. Integra el grupo BRIC –Brasil, Rusia, India, China–, que congrega 45% de la población mundial y en conjunto ocupa un territorio 2,75 veces mayor que el de Estados Unidos y la Unión Europea (en noviembre de 2010 Sudáfrica fue aceptado en el grupo).

Una política externa de potencia económica

Es apenas justo, entonces, que Brasil quiera jugar en primera división, reclamando, por ejemplo, un escaño en el Consejo de Seguridad de la ONU y promoviendo el G-20.

Durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil mostró su deseo de desarrollarse independientemente frente al poder estadounidense. Ello lo llevó en 2005 a decir “no” al proyecto imperial del ALCA, y a no renovar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vigente desde 2002, aunque el 31 de diciembre de 2009 tenía una deuda externa de US $216.100 millones (10,68% del PIB).

Es un país determinante en la integración económica latinoamericana. El Mercosur –que desde 1991 lo une con Argentina, Paraguay, Uruguay y ahora Venezuela– es el tercer mercado integrado del mundo después de la Unión Europea y el TLCAN. En busca de la multipolaridad y la ampliación de su espacio geopolítico, Lula rechazó la injerencia de las grandes potencias del Norte en los asuntos del Sur, se opuso al tratado de nuevas bases militares estadounidenses en Colombia y condenó el golpe contra el presidente Zelaya en Honduras. Se ha apoyado en los gobiernos de izquierda o centro-izquierda de la región, y ha conformado un fuerte grupo político con Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Lugo, José Mujica y Daniel Ortega, y mantiene buenas relaciones con Cuba.

Apuesta por desarrollar la Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur, proyecto que prevé instaurar una moneda, un parlamento y una política de defensa comunes, aunque debe superar numerosos obstáculos, dadas la competencia económica intrarregional y las tensiones existentes entre los sectores empresariales de los distintos Estados.

En lo militar, Brasil tampoco se queda atrás: construirá seis submarinos nucleares y 15 convencionales, reforzándose para defender su plataforma marina de 350 millas, donde concentra su principal riqueza petrolera. La producción de uranio enriquecido a escala industrial, en Iperó, se iniciará a fines de 2010 y el primer modelo atómico será recibido en 2021. Ello lo convertirá en la primera nación latinoamericana con un submarino nuclear y le permitirá compartir el dominio del Atlántico sur. Además le compró a Francia 36 cazabombarderos Rafale con transferencia de tecnología, cuatro submarinos convencionales y 50 helicópteros militares, todo por 9.000 millones de euros.

Las relaciones del Palacio do Planalto con los países latinoamericanos sugieren una voluntad hegemónica. Varias empresas brasileñas son multinacionales que practican una agresiva política económica hacia sus vecinos: Petrobras con el petróleo y Odebrecht en la construcción y petroquímica, han provocado conflictos con Bolivia y Ecuador. Y Paraguay ha sido privado de su soberanía en la gestión de recursos hidroeléctricos comunes en Itaipú. La burguesía financiera e industrial carioca defiende sin distingos sus prerrogativas en el mercado mundial, lo que explica los acuerdos estratégicos entre Brasil y Estados Unidos en lo que respecta, por ejemplo, a los agrocombustibles, que en 2009 acapararon el 56% de las exportaciones del país, una tercera parte de las cuales van hacia países en desarrollo y dos terceras a países desarrollados.

Aspectos contradictorios de la diplomacia brasileña son también el haber firmado la orden contra Irán de cumplir la resolución de sanciones de la ONU por su programa nuclear y la colaboración con el golpe imperialista en Haití, conduciendo las fuerzas militares latinoamericanas que ocuparon este país para “estabilizarlo”. Busca, igualmente, la culminación exitosa de la Ronda de Doha, aduciendo que es mejor un mundo con reglas malas que sin reglas, en contravía de lo que innumerables movimientos sociales plantean contra las políticas neoliberales de la OMC.

Una política interna dual

En lo económico Brasil sigue una orientación neoliberal en muchos aspectos. Los principales asesores económicos de Lula salieron de las escuelas estadounidenses de pensamiento neoliberal y la contrarreforma del sistema de pensiones para los funcionarios públicos (que aumentó la edad mínima de jubilación y redujo en 30% las pensiones para viudas y huérfanos, entre otras) fue una de las medidas iniciales que tomó su gobierno. Esta revisión condujo a las primeras diferencias en el seno del Partido de los Trabajadores (PT) y llevó a la creación del PSOL (Partido Socialismo y Libertad).

El Banco Central, ceñido al dogma neoliberal de independencia frente al resto del gobierno y a preceptos monetaristas antiinflacionarios, defiende abiertamente los intereses financieros, también promovidos por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el mayor banco de desarrollo del mundo, que ha financiado las principales fusiones apoyadas por el gobierno para globalizar empresas. Merced a dicha política, Brasil posee varias de las compañías más poderosas del mundo: Petrobras es la tercera empresa por valor en bolsa, sólo superada por Exxon y Microsoft; Vale Do Rio Doce es la segunda empresa minera más grande del globo; las constructoras brasileñas fueron las primeras en el país que se globalizaron y aprovecharon la expansión en América, África y otras regiones; la bolsa de São Paulo tiene un valor de mercado de US $17.800 millones, formando parte de las grandes ligas bursátiles; el fabricante de aviones Embraer es el tercero a escala mundial en su rubro y el primero en aeronaves de menos de 150 asientos; Electrobras es la mayor empresa de energía eléctrica latinoamericana, con inversiones en 17 países y quiere adquirir participación en el sector energético estadounidense; y el sector bancario aprovechó las dificultades de la crisis financiera internacional para hacer fusiones y compras tanto dentro del país como en América Latina.

La política oficial beneficia las megaempresas productoras y procesadoras de carnes y soya, y los cultivos intensivos de agrocombustibles, para regocijo de compañías como Monsanto, acogidas allí con los brazos abiertos. Las secuelas ambientales que ello ha traído llevaron a dimitir a la ministra de Ecología, Marina Silva.

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, integrado por 350 mil familias –casi dos millones de personas– que llevan varias décadas luchando por una reforma agraria, identifica entre sus principales enemigos a las trasnacionales de agronegocios y al latifundio. La dirigente nacional del MST, Itelvina Masioli, no vacila en criticar aspectos de la actual política, denunciando que “en estos ocho años no hemos avanzado ni en reforma agraria ni en distribución de tierras… Durante la presidencia de Lula avanzó el modelo de agronegocios, incluso con financiamiento público… Y aumentó la concentración de tierras”. En efecto, veinte mil familias controlan 46% de la riqueza nacional y 1% de ellas posee el 44% de las tierras. Sin embargo, la agricultura campesina produce el 70% de los alimentos.

Brasil continúa siendo uno de los tres países con mayor desigualdad en el continente, junto a Haití y Bolivia: las personas con más de mil millones de dólares en activos financieros crecieron por encima del 19% entre 2006 y 2007. Esto se ha encarado aplicando programas asistencialistas para paliar el descontento y las protestas, mientras se continúan aplicando medidas neoliberales.

No obstante, se han logrado avances sociales. En 2004-2008, pese a la crisis económica mundial, la pobreza cayó de 36,2% a 23,9% y el salario mínimo ha aumentado 53% desde 2003. Aunque persiste la desigualdad, ha descendido desde 2002 y el índice Gini se ubica hoy en 0,493. El gobierno lulista aumentó el consumo familiar, creó 14 millones de empleos –cerró el año 2010 con un desempleo de 7,3%– y 40 millones de pobres recibieron atención, todo lo cual se inscribe en el empeño de ampliar el mercado interno.

Unas elecciones que mantienen el rumbo

En los comicios presidenciales del 31 de octubre triunfó Dilma Rousseff, con 56% de la votación. Ex ministra de Energía y jefa del gabinete de Lula, es hija de un comunista búlgaro, militó en la guerrilla brasileña y purgó tres años en prisión. Su administración, se anuncia, dará continuidad a las principales realizaciones de Lula en lo interno y a su liderazgo internacional. Económicamente estará signada por políticas tendientes a fortalecer el mercado interno, favorecer el crecimiento de sus empresas multinacionales y copar importantes segmentos del mercado mundial. Socialmente proseguirá un asistencialismo incapaz de materializar las transformaciones estructurales que su país necesita, quedando por ver si logra erradicar la pobreza y universalizar la salud pública, “compromiso fundamental” proclamado por ella durante su campaña electoral. Políticamente, tendrá que enfrentar los avatares de que su Partido de los Trabajadores sea minoría en el Parlamento y tener únicamente la mayoría en tres Estados y la Gobernación de Brasilia.
Si Dilma Rouseff mantiene las políticas aplicadas por Lula, seguramente Brasil será una piedra cada vez más grande en el zapato gringo y América Latina jugará cada vez más fuerte en la política mundial.

La batalla por Venezuela

De todos los países de América Latina que se han salido de la obediencia irrestricta a las órdenes de Estados Unidos, Venezuela es la espina más dolorosa clavada en su costado. No solamente porque participó junto a Brasil y Argentina en el hundimiento de su plan más perfecto de recolonización imperialista de toda la América, el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, con lo cual se vio obligado a seguir el camino más largo y tortuoso de los tratados de libre comercio bilaterales, sino porque Venezuela es la joya de lo que la gran potencia considera su patio trasero, con 211.173 millones de barriles de reservas certificadas por la OPEP, que pueden llegar a 314 mil millones con la actividad exploratoria en desarrollo, convirtiéndolo en el primer país del mundo en reservas petroleras. Mientras adelantan guerras de agresión por el control de este recurso natural en Oriente Medio y amenazan a Irán, e incluso provocan a Rusia en Georgia, todo por el petróleo, los mandamases de Washington no pueden aceptar que Chávez haya adoptado una política de defensa de la soberanía nacional y que progresivamente esté diversificando su mercado petrolero, tanto en insumos como en la exportación, librándose de la dependencia norteamericana, hasta el punto de que ya hoy esté vendiendo 500 mil barriles diarios a China, la mitad de lo que exporta a Estados Unidos, y que esté en proceso de establecer convenios con India, otra potencia emergente sedienta de energía.

Pero además, porque allí está Chávez retándolo, controvirtiéndolo, atacando su política de libre mercado y de recolonización, y adelantando en toda la región una actividad geopolítica de acuerdos y convenios que saca a los países que los aceptan de la órbita inmediata del imperialismo. De ahí la saña con la que Estados Unidos ha adelantado la batalla por Venezuela desde que en 1999 Chávez ganó por primera vez la presidencia. Los agentes norteamericanos han instigado a la oposición venezolana para adelantar la lucha por la recuperación del control del país con formas nuevas de violencia. El golpe de Estado de 2002, el paro petrolero y el paro patronal que adelantaron a continuación, y la toma violenta de las calles fueron episodios de la confrontación en los que fracasaron la oposición y el imperialismo norteamericano. Ante esta realidad, y debido a la dispersión y fragmentación de los distintos grupos opositores, Washington optó por el camino largo de la injerencia política directa en Venezuela, a través de sus agentes diplomáticos y de las agencias norteamericanas que para estos menesteres ha creado.

La abogada y periodista Eva Golinger ha venido denunciando, basada en documentos de estas mismas agencias, cómo ha sido su intromisión en los asuntos internos de Venezuela. A través de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, Usaid, la National Endowment for Democracy, NED, la Oficina de Iniciativas de Transición, OTI, el Instituto Demócrata, NDI, el Instituto Republicano Internacional, IRI, y el Centro de Solidaridad Laboral, el gobierno estadounidense viene financiando, formando e influyendo en la oposición venezolana: “En una nota confidencial de fecha 22 de enero de 2002, el jefe de la Oficina principal de Iniciativas de Transición (OTI) de la USAID, Russell Porter, revela cómo y por qué llegó la USAID a Venezuela. `El 4 de enero la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado le pidió a la OTI establecer un programa en Venezuela… Era claro que había una preocupación creciente sobre la salud política del país. Solicitaron a la OTI ofrecer programas y asistencia para fortalecer los elementos democráticos que estaban bajo fuego del gobierno de Chávez´”. Esta descarada intervención en los asuntos internos de Venezuela se multiplicó en el año 2010. En un informe publicado en mayo pasado, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, Fride, otra agencia gringa, se revela que en 2010 se invirtieron alrededor de 50 millones de dólares, otros calculan que fueron 80, en los doce partidos que conforman la llamada Mesa de Unidad, MUD, con el fin de enfrentar a Chávez en las elecciones del 26 de septiembre.

Con esta desmesurada financiación externa de los opositores al gobierno chavista, equivalente a 100 mil millones de pesos colombianos, en un caso, o 160 mil millones, con el otro dato, se hizo la campaña mediática interna y externa más pugnaz y descarada. Los medios de comunicación de Venezuela, 80% de los cuales se encuentran en manos privadas, se dedicaron a magnificar cuanto problema coyuntural se daba, desde la crisis del suministro de energía eléctrica, pasando por la pudrición de los contenedores de alimentos importados por el gobierno, hasta las campañas internacionales orquestadas desde España por ese par de mellizos de la política neoliberal, Felipe González y Aznar, que señalaban a Chávez de connivencia con el grupo terrorista ETA. Y qué decir del sainete montado por Uribe en la OEA, ya en los últimos días de su mandato, sobre los campamentos de las Farc en territorio venezolano. Sainete descartado por Santos de un plumazo para poder normalizar las relaciones diplomáticas con el hermano país. Todos los grupos de negocios que poseen diarios en América Latina y que están agrupados en la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, se unieron a una sola voz en la magnificación de los tropiezos de la revolución bolivariana y en la ridiculización de la figura de Chávez, deseosos de que la oposición venezolana lograra derrotarlo, sin importar los medios utilizados para ello.

Grandes avances políticos, sociales y económicos

Es a la luz de estos factores como se deben analizar los resultados de las elecciones del 26 de septiembre pasado. Los analistas de la derecha, y hasta los seudoizquierdistas, se concentran en resaltar los aspectos secundarios, que son los problemas lógicos que tiene un proceso revolucionario con apenas once años de ejecución y que ha tenido que enfrentar 15 procesos electorales para poder adelantar las reformas revolucionarias. Pero la clave del resultado que le permitió a Chávez y a su partido elegir 98 diputados contra 65 de la Mesa de Unidad, MUD, dos del Partido Patria para Todos, PPT y tres indígenas, a pesar del embate coordinado por Estados Unidos, se encuentra en los avances reales de una política orientada a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano dejando a un lado el recetario neoliberal imperialista y rescatando la soberanía nacional.

De hecho, por encima de los problemas de inflación y recesión que sufre Venezuela como consecuencia del coletazo de la crisis mundial, los resultados del mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos se reflejan en el cumplimiento por adelantado de las Metas del Milenio aprobadas para 2015 por la Asamblea General de la ONU, que los países orientados por las mafias neoliberales no han logrado. Desde 1999 hasta 2010 la pobreza se redujo en Venezuela de 60% a 24,2%, y la pobreza extrema de 29,8% a 7,2%; la mortalidad infantil pasó de 21,4% a 13,9%; la escolaridad infantil pasó de 44,7% a 65% y se erradicó el analfabetismo. Se ha acabado en gran parte con los tugurios construyendo planes de vivienda digna. Se ha atacado la propagación de enfermedades catastróficas como el sida y el paludismo; el acceso a agua potable pasó de 65% a 85%; se han implementado políticas de protección del medio ambiente; y, por último, Venezuela es el país que más ha disminuido la desigualdad, lo cual se refleja en el Coeficiente de Gini, que ha bajado de 0,48 a 0,39, ubicando el hermano país en el primer lugar de toda la América. Desde luego estos resultados son ocultados o aminorados, tanto dentro de Venezuela como en el exterior, por el cártel de las comunicaciones que funciona en alianza con los programas de propaganda política del ejército norteamericano.

Más amplios poderes para Chávez

Ahora Chávez y sus aliados viven una nueva situación. Todo lo que hagan por preservar las conquistas del pueblo venezolano será bienvenido por los pueblos americanos. Por eso son apenas lógicas la aprobación de la ley habilitante y las demás reformas de control al capital financiero, la delegación de poder a los consejos comunales y el control a los diputados para que no hagan transfuguismo. Los resultados electorales obligan a Chávez a hacer más política para poder continuar adelante, pero, y esto es lo importante, no le permiten a la oposición desmontar ninguno de los logros de la revolución.

El apoyo general al proceso de la revolución bolivariana en Venezuela debe ayudar también a promover el conocimiento de sus logros. Frente a la campaña generalizada por desacreditarla, debemos manifestar nuestro apoyo militante. Las andanzas de Estados Unidos por recuperar Venezuela continúan y tenemos que estar alerta para rechazar las nuevas formas que adoptará el imperialismo para alcanzar su cometido.

Cuarenta años del Pleno de Cachipay: Rumbo y estrategia de la revolución colombiana

Francisco Mosquera comentó de sí mismo alguna vez: “Si yo tengo algún mérito, es el de haber construido a puro pulso este Partido”. Eran los años de desbroce, tal como él mismo los llamara, años de dura brega cifrados en tres hitos, todos fundacionales, pues el MOIR, paradójicamente, no celebra una fecha de nacimiento sino tres.

Octubre de 1965

La efeméride vista por Mosquera como la “verdadera fecha de nacimiento” del Partido es el 1° de octubre de 1965, día en que se reunió en Bogotá el histórico V Pleno del Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, MOEC. Romper del todo con el oportunismo de izquierda predominante en la organización, vincularse a las masas y en especial al movimiento obrero, desechar el criterio mercenario que infestaba las filas de la izquierda y construir un auténtico partido marxista-leninista basándose en los propios esfuerzos, fueron las principales tesis argumentadas por el sector encabezado por Mosquera. Tras un áspero enfrentamiento, que terminó en ruptura, y fieles a las posiciones ideológicas y políticas defendidas en el V Pleno, Mosquera y sus compañeros dieron en iniciar un trabajo organizativo entre los sindicatos independientes de Antioquia, Valle y Santander.

Desde 1959 en adelante proliferaron infinidad de siglas, casi todas extintas hoy, que aplicaron en forma mecánica la experiencia de la Revolución Cubana. Se creía que bastaba formar un foco guerrillero para que el pueblo despertara. El V Pleno hizo un corte de cuentas con estas desviaciones, que desconocen “el principio marxista de que son las masas las que pelean y vencen al enemigo y de que el papel de los dirigentes es pelear (…), no solos, sino al frente de las masas, como su vanguardia consciente que las guía y orienta en la lucha”.

La escogencia del 1° de octubre, fecha en que Mao proclama en Tienanmen la República Popular China, no fue casualidad. Como lo resumió Mosquera, “tuvimos la fortuna de ensayar los primeros pasos cuando Mao sacaba a luz, en la polémica con Bréznev, las tesis olvidadas del marxismo”.

La segunda efeméride es el 14 de septiembre de 1969, cuando se funda en Medellín el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, concebido al principio como una confederación sindical. Al encuentro asistieron el abogado petrolero Diego Montaña Cuéllar, el líder de la USO, Eliécer Benavides, los directivos de los bloques sindicales independientes y el presidente de Fenaltracar, Rafael Torres, designado por aclamación primer presidente del MOIR. El movimiento, en lo político, fue una alianza del MOEC de Mosquera con grupos camilistas, fracciones M-L, vertientes del trotskismo y algunos curas de Golconda, un laborioso compromiso que estalló en mil pedazos en los primeros meses de 1970, cuando el grueso de estas tendencias se obstinó en que el MOIR hiciera un compromiso con el abstencionismo, a lo cual se negaron Mosquera, Montaña y Rafael Torres. Se dieron así las condiciones para que la central sindical, primera idea con la que se creó el MOIR, fuera transformándose en partido político.

Estructura partidaria

La tercera efeméride es la del Pleno de Cachipay, celebrado entre el 18 y el 23 de octubre de 1970, del que conmemoramos 40 años. Fue allí donde el MOIR resolvió darse una estructura partidaria, con un programa y unos estatutos que le imprimieron su sello peculiar como “un partido de la clase obrera”.

Colombia atravesaba por una de sus crisis más profundas. El domingo 19 de abril, el general Rojas Pinilla había derrotado al candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana. La misma noche, la Casa de Nariño tramó un inmenso fraude para desconocer el veredicto, pero la estafa al pueblo provocó un hervidero. “Estamos listos para lo que sea”, desafiaban enfurecidas las masas anapistas que desde el mediodía del 20 desbordaron las calles y las plazas en pueblos y ciudades. A la postre, el común se quedó esperando a que alguien se atreviera a dar la orden.

Lo que siguió fue un oscuro período de enervamiento y confusión, en el que se mezclaron la impotencia del triunfo convertido en derrota y, en el ámbito de la izquierda, el predominio de las ideas extremistas. Lo genial de Mosquera consistió en comprender, en medio del marasmo general, que lo que se imponía en el momento era dotar a la clase obrera de su destacamento de vanguardia. Encabezó entonces una selecta comisión, que durante seis meses laboró definiendo el rumbo, la estrategia y los principios organizativos.

El Pleno en el que se aprobaron los pilares organizativos sesionó en la finca “San José”, de Cachipay, municipio cundinamarqués situado en zona cafetera. A él asistieron diecisiete dirigentes, entre ellos Francisco Mosquera, Héctor Valencia, Carlos Naranjo, Felipe Mora, Álvaro Rodríguez y Gildardo Jiménez. Tras cinco días de debate, de ocho de la mañana a doce de la noche, los diecisiete hombres aprobaron programa y estatutos y, el 23 de octubre por la tarde, eligieron el Buró Político y el Comité Ejecutivo Central, integrado por cinco miembros. Mosquera fue ratificado por unanimidad en la secretaría general de la organización.

Programa mínimo

El Pleno de Cachipay trazó el carácter de la sociedad en cuatro frases breves pero no menos sustanciosas, calificadas por Mosquera, en el informe previo ante la reunión, como “las más difíciles del programa”. Rezan así: “Colombia es un país neocolonial y semifeudal bajo la explotación y dominación del imperialismo yanqui. Esta dominación la ejerce el imperialismo a través de la gran burguesía y los grandes terratenientes. El desarrollo capitalista nacional se halla entorpecido por el dominio imperialista en todas las ramas de la economía y por el régimen de explotación terrateniente en el campo. De las clases que sufren la explotación del imperialismo, de la burguesía y de los terratenientes, es el proletariado la clase más explotada y revolucionaria de la sociedad colombiana”.

Consecuente con lo anterior, el plenario acordó un programa mínimo de nueva democracia, imprescindible para dar salida a la unidad de la nación contra el imperialismo norteamericano.

¿Qué tareas apunta a resolver la nueva democracia? En primer término, la de la independencia nacional. Mosquera la resume: “La conquista de la soberanía es requisito indispensable sin el cual no podrá ser realidad ni uno solo de los demás derechos democráticos”. Busca también estimular las fuerzas productivas y cimentar el bienestar de la población aboliendo las trabas que impiden el progreso. Bajo determinadas condiciones, la nueva democracia elimina las barreras que coartan el desarrollo del capitalismo nacional, propiciando un poderoso mercado interno y respetando la propiedad privada no monopolista. La forma de gobierno a la que aspira es la república popular y soberana, en marcha al socialismo. Para impulsarla se torna necesario crear un frente único que agrupe, en palabras de Mosquera, a “la aplastante mayoría de la nación”.

Se han hecho intentos por forjarlo. Lo atestiguan el Frente Popular (1972), la Unión Nacional de Oposición, UNO (1973), el Frente por la Unidad del Pueblo, FUP (1978), el Bloque Democrático Regional (1994), la Unidad Cívica y Agraria (2002), Alternativa Democrática (2004) y, hoy, el Polo Democrático Alternativo. La meta, como lo remarcó Mosquera muchas veces, “moldear el más amplio frente de lucha antimperialista, el único capaz de conquistar la independencia nacional”, una unidad que logre convocar al 90 por ciento y más de la población, al campesinado, “a la pequeña burguesía urbana, a los estudiantes e intelectuales en general, a las personalidades democráticas e inclusive al sector progresista de la burguesía colombiana, la burguesía nacional”.