EN EL CENTENARIO DE LA MUERTE DE MARX

El 14 de marzo se cumplen cien años de la muerte en Londres de Carlos Marx, a quien sólo le correspondió sacar la lucha del proletariado de entre las marañas del socialismo utópico, asentándola sobre su base material y demostrando la inevitabilidad de la victoria, sino que lego a la posteridad una inmensa fortuna de conocimientos, durante décadas de concienzudas investigaciones y tenaces trabajos, como los exponentes de la especie le han aportado al género humano. Al abandonar la existencia corpórea sometió su obra, a semejanza de cualquier mortal, a la acción oxidante del tiempo, sin que desde entonces pueda ya quitarle una coma o agregarle frase, y cuya perpetuación depende a hora, además de la calidad y la cantidad de sus defensores, del peso especifico de su propia influencia. Y un siglo es lapso más que prudencial para medir un hito histórico.
Marx bautiza con su nombre la ideología de que los obreros alumbran la senda de su emancipación de clase. Casi todas las revoluciones sociales que se han llevado a cabo desde la desaparición de aquel, nacido en Treveris el 5 de mayo de 1818, se han realizado en su honra, o la han exaltado. Hombres de dimensiones tan grandes como Lenin, Stalin y Mao dedicaron sus vidas y sus triunfos a probar la calidez de sus enseñanzas de Marx y de su amigo Engels. Por ello nuestro partido al proponerse celebrar la efemérides más que del deceso del genial maestro, conmemora el alumbramiento de una era. Junto al epinicio de Marx festejamos la trascendencia del marxismo.

Para orientar y garantizar las actividades concernientes al centenario, el Comité Ejecutivo Central del MOIR constituyo una numerosa comisión, presidida por el Camarada Diego Betancur, fuera de los actos, movilizaciones y conferencias que se están programando en todo el país, la ocasión ha de aprovecharse para ahondar en el estudio del marxismo y capacitarnos mejor para las duras batallas que contra los revisionistas les habremos de ganar si queremos coronar la revolución colombiana.

Latinoamérica: EL FIASCO DE LOS «MILAGROS ECONÓMICOS»

El actual colapso ha tenido virtualmente el crecimiento económico del orbe. Si durante la década del sesenta la producción mundial aumentaba a ritmos superiores al 5%. Y a principios de los años setentas se mantenía al 4%, en 1981 se presenta abrupta caída a niveles inferiores al 2% y, según los últimos estimativos, en 1982 el incrementó prácticamente se estancó. La economía norteamericana ha sido una de las más afectadas; su producción industrial decayó en un 2% más del 30% de su capacidad instalada permanece inactiva.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calificado esta situación como “la peor desde la década de 1930”, fenómeno que se refleja en todos los planos de la actividad económica.

Dentro de este marco contemplamos la bancarrota de la mayoría de los países latinoamericanos, pero de manera especial la de México, Brasil y Argentina, reputados por algunos como verdaderos “milagros económicos”, y que hoy, al quedar hechos añicos, solo comprueban las imposibilidades de desarrollo de las naciones sometidas a la explotación imperialista. Para ellas se cierran los mercados y declinan los precios de materias primas y productos agrícolas, fracasan los planes de industrialización y exportación de manufacturas, y el nivel de importaciones se hace insostenible. Los déficit crónicos en sus balanzas de pagos se cubren con deudas suplementarias de corto plazo, a altísimos intereses, hasta que sobreviene el colapso, inflación desbocada, crisis financiera, cesación de pagos.

El programa económico mundial, que desde la posguerra venía en un ciclo de ascenso, muestra síntomas de evidentes perturbaciones en los últimos lustros.

Después de 20 años de “Pax Americana”, el sistema imperialista comienza a erosionarse por todas partes. A sí lo indican la crisis monetaria internacional” de 1971, que llevó al rompimiento unilateral por parte de los Estados Unidos del ordenamiento financiero pactado en 1944 en Breton Woods, lo que significó una creciente inestabilidad de los mercados cambiarios; la “crisis alimentaria” de 1972-1973 que, especulando con el hambre del Tercer Mundo, triplicó los precios de los alimentos básicos y se revirtió en inflación mundial: la “gran crisis industrial” de 1975, en la que la producción de los países capitalistas avanzados sufrió un descalabro sin paralelo desde la Gran Depresión, y la “crisis petrolera” que se dejó del voraz apetito de los consorcios del amo y de las correlativas medidas de defensa de los miembros de la OPEP. Y no obstante los augurios de los ideólogos de turno que creían ver en estos fenómenos desbarajustes excepcionales, en 1981 aparecen de nuevo en escena las manifestaciones de una prolongada recesión que ha adquirido características alarmantes en los últimos dos años.

El actual colapso ha tenido virtualmente el crecimiento económico del orbe. Si durante la década del sesenta la producción mundial aumentaba a ritmos superiores al 5%, y a principios de los años setentas se mantenía al 4%, en 1981 se presenta una corrupta caída a niveles inferiores al 2% y, según los últimos estimativos, en 1982 el incremento prácticamente se estanco. La economía norteamericana ha sido una de las más afectadas; su producción industrial decayó en un 2% y más del 30% de su capacidad instalada permanece inactiva.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calificado esta situación como “la peor desde la década de 1930”, fenómeno que se refleja en todos los planos de la actividad económica. El valor del comercio mundial se ha contraído en términos absolutos como resultado del progresivo proteccionismo de los países avanzados, de la caída de volúmenes y precios de las exportaciones del Tercer Mundo, y en particular, por l actual saturaron del mercado petrolero.

La depresión ha traído consigo la quiebra de miles de empresas, el desempleo de millones de trabajadores y el deterioro del ingreso real para miles de millones de personas en el mundo. Las cifras de paro forzosos han aumentado notablemente en las zonas desarrolladas, cuya tasa promedio de desempleo pasó de 5.9% en 1979 a más de 10% en 1982, con cerca de 35 millones de trabajadores cesantes, de los cuales 12 millones pertenecen a la fuerza laboral norteamericana.

La recurrencia de los fenómenos recesivos en lapsos muy corto, como los ocurridos entre 1970 y 1971, o la crisis industrial ya mencionada de 1974-1975, o la recaída actual, indican que, a pesar de parciales recuperaciones, nos encontramos ante una tendencia al estancamiento generalizado.

Si bien éste se presenta de manera desigual, según las condiciones de cada país, va extendiendo sus efectos letales en la medida en que la crisis se profundiza. A manera de ejemplo, la recesión de 1970-1971 golpea fundamentalmente a la economía norteamericana, la cual registró entonces una producción industrial de menos 3.8%, mientras que Alemania, Japón y Francia mantuvieron tasas positivas. El colapso se propaga en 1975, cuando el descenso de la producción no sólo es mayor sino que cubre a todos estos países. En Estados Unidos menos 9%, en Japón menos 10.5%, en Alemania menos 7.2%, en Inglaterra menos 5% y en Francia menos 9.5%. Las proyecciones de la actual parálisis industrial indican que ésta prolongará por más tiempo, cobijará más países y por tanto se vislumbra como de mayor envergadura.

Tales movimientos intermitentes desembocan en crisis generales que se originan, pese a las particularidades de cada país y cada época histórica, en la ley de la superproducción capitalista. De un lado, los capitales no encuentran salida y el comercio que se satura y de otro lado, aparecen las quiebras, el estancamiento y el desempleo masivo, que deprimen el consumo. La competencia entre monopolios se exacerba, aguizándose la rebatiña por los mercados, la puja de precios y la disputa por el control de economías más atrasadas. Si de hecho este proceso conduce a la guerra, la ofensiva de la Unión Soviética, que por su cuenta se apodera militarmente de regiones estratégicas del globo, desestabiliza aún más la situación internacional.

En el período comprendido entre 1967 y 1975, gracias principalmente a la exportación de capitales desde la metrópolis y a un mayor aherrojamiento de las noecolonias, hubo todavía efectivas aunque pasajeras recuperaciones de los negocios mundiales. Por ejemplo, las transacciones norteamericanas con los países del Tercer Mundo se elevan significativamente; el montaje y los ensanches de plantas industriales se multiplican por 5, los empréstitos comerciales por 4, la inversión en cartera por 7, el crédito por 15 y la financiación del gasto público por 3.

Los organismos financieros internacionales y los grandes banqueros promueven la carrera del endeudamiento externo, imponiendo las reglas del saqueo sin tasa ni medida; prestar para poder pagar y seguir prestando. La deuda de los países atrasados se aproxima, en 1982, a la astronómica cifra de 600 mil millones de dólares, el 30% de la cual, o sea más de 200 millones, se concentra tan sólo entres naciones latinoamericana; México, Brasil y Argentina.

Sin embargo, bien pronto aparecen los limites de esta desorbitada carrera. A tiempo que se expande el estancamiento en los países industrializados, que se contrae el comercio exterior y que las finanzas mundiales tambalean, las imposibilidades de las neocolonias para cumplir los compromisos de la deuda se convierten en impulsoras de la crisis. Para ellas se cierran los mercados y declinan los precios de materias primas y productos agrícolas, fracasan los planes de industrialización y exportación de manufacturas, y el nivel de importaciones se hace insostenible. Los déficits crónicos en sus balanzas de pagos se cubren con deudas suplementarias de corto plazo, a altísimos intereses, hasta que sobreviene el colapso; inflación desbocada, crisis financiera, cesación de pagos. En una palabra, la bancarrota.

El mundo queda perplejo ante el derrumbe de los llamados “milagros económicos”. Los diversos paradigmas del “nuevo desarrollismo latinoamericano”, caen una a uno: Brasil Argentina, México. ¡Todo ha sido un fiasco!

Se abre así, por primera vez desde la posguerra, la posibilidad real de una quiebra en cadena del sistema financiero internacional. Por la incertidumbre del futuro inmediato cunde el pánico entre los grandes banqueros, quienes se escudan en el Fondo Monetario Internacional, instancia desde la cual imponen a sus morosos clientes onerosísimas condiciones para reestructurar sus deudas. Conceden con cuentagotas estrictamente aquellos préstamos que requiere cada situación de emergencia convencidos, como señalaría un editorialista de “The New York Times”, de que “o los rescatamos del naufragio o también nosotros nos iremos al agua”.

DIEZ MIL DESTECHADOS INVADEN EN FLORENCIA

La invasión urbana que tal vez repercutió con mayor fuerza en las noticias de 1982 tuvo lugar en Florencia, la capital del Caquetá, donde cerca de dos mil familias sin techo se apoderaron de un terreno de engorde, aproximadamente de 12 hectáreas, localizado en el propio corazón de la ciudad.

Los invasores levantaron sus primeras casuchas de lata y de madera durante el mes de agosto, recién inaugurado el nuevo gobierno, cuando aún estaba fresca toda la demagogia de la campaña electoral, y si los hechos protagonizados por ellos trascendieron públicamente fue porque marcaron los inicios de una serie de paros y protestas populares en varios departamentos, y porque afectaron a los dueños de uno de los latifundios más extensos que se haya conocido jamás en la historia de América del Sur: Larandia.

Las dos mil familias invasoras de Florencia pusieron al desnudo el carácter semifeudal de la sociedad colombiana, con todas sus secuelas de atraso y de miseria, y en cierta forma reflejaron el drama de 28 millones de compatriotas que viven sometidos a la dominación de las clases intermediarias del imperialismo. En la capital de Caquetá se enfrentaron dos sectores sociales que, considerados a escala nacional, tarde o temprano habrán de definir la suerte del país. De un lado se encontraba una dinastía de grandes terratenientes dedicados a la ganadería extensiva, a la importación de maquinaria agrícola y de vehículos norteamericanos, al acaparamiento de todo tipo de inmuebles valorizables y al manipuleo de los puestos burocráticos que les ofrece el aparato del Estado a manos llenas. Del otro había una multitud de hombre, mujeres y niños de extracción mayoritariamente campesina, provenientes de distintas regiones del departamento, obligados a huir de sus lugares de origen por el continuo hostigamiento del ejército, que los acusa de cómplices de la guerrilla, y condenados a medio subsistir en la indigencia o a desempeñar oficios degradantes, sin trabajo, sin techo y sin educación. Este enfrentamiento produjo los primeros nubarrones que ensombrecieron la denominada “luna de miel” entre el gobierno y la opinión pública, y demostró que en Colombia todavía existen combatientes del pueblo que desprecian el promeserismo de los mandatarios de turno y que están dispuestos a luchar por la conquista de sus derechos más elementales.

Cómo se construye un imperio
Después de haber incursionado con notorio éxito en diferentes negocios, desde el transporte fluvial hasta la compraventa de ganado, pasando por el comercio de café, sal y otros productos, don Leonidas Lara fundó, con sus hijos una sociedad que en 1935, durante la primera administración de Alfonso López Pumarejo, adquirió más de 1.000 hectáreas de las mejores tierras del municipio de Algeciras, en el departamento del Huila. Tres años más tarde el patriarca y sus herederos compraron numerosas propiedades urbanas en el centro de Neiva, donde posteriormente edificaron el Hotel Plaza, y en 1941 se hicieron a un lote en la calle principal de Florencia, que ampliaron luego para dar cabida a otro hotel y a un conjunto de almacenes y depósitos.

Al comenzar la década de 1940 los Lara pusieron sus ojos en las áreas rurales del Caquetá, y al cabo de veinte años la sociedad había logrado construir en la región una especie de feudo territorial de miles de kilómetros cuadrados. Una de las primeras quince fincas que cayeron bajo su dominio, aprovechando condiciones especiales que le permitieron comprar barato, fue un latifundio de 1.794 hectáreas con grandes planicies de selva virgen, y que al pasar el tiempo se convertiría en el núcleo de los que hoy se conoce como Larandia.

A orillas de los ríos Orteguaza, San Pedro y bodoquero, la hacienda creció desde el principio con una pujanza inusitada. Ya para 1950, en pleno apogeo de la violencia gubernista contra las masas campesinas, abarcaba una extensión de 7.625 hectáreas; cinco años después había superado las diez mil, y en 1965, una vez instaurado el Frente Nacional, llegó a la cifra nada despreciable de 33 mil hectáreas. En sus fértiles potreros sin cercar pastaban apaciblemente alrededor de 36 mil reses en noviembre de 1966.
En ese mismo año la compañía vendió 3.500 cabezas de ganado en el mercado nacional y exportó al Perú 768. Además de contar con aeropuerto propio y disponer de una represa que inunda un valle de más de un centenar de fanegadas, en está y otras propiedades vecinas de los Lara nacían 9 mil semovientes cada doce meses, lo que significaba el parto de un ternero cada sesenta minutos, y sus linderos eran ensanchados sin descanso a costa del esfuerzo de innumerables colonos obligados a derribar la manigua para luego vender las mejoras a sus amos, y a buscar alguna forma de existencia en calidad de arrendatarios o aparceros, cuando no de simples peones, vaqueros y sirvientes de la gran hacienda. A los campesinos de la zona se les cobraba el tránsito por los caminos de Larandia, como en la alta Edad Media, y hasta hace pocos años todavía pagaban impuestos por el pago de sus animales y cosechas.

La prosperidad de don Leonidas Lara y de sus familiares, naturalmente, también fue producto de sus influencias políticas y de su entronque con las diversas ramas de la administración pública. A mediados de los años cuarentas Oliverio Lara, uno de los vástagos más sobresalientes del clan, ya había sido concejal, diputado, alcalde de Neiva y gobernador del Huila, y el 25 de mayo de 1948 consiguió que el Ministerio de Agricultura le adjudicara 1.837 hectáreas adicionales en el municipio de Algeciras, formando así una finca inmensa que prácticamente colindaba con Larandia, en el Caquetá, y en la que engordaban manadas de vacuno de raza normanda, Charolaise y Red Poll, todas bajo el régimen de ganadería extensiva. Las sociedades de la familia se integraron oligárquicas de Antioquia y Caldas vinculados a la exportación de café, y acumularon tanta riqueza que luego participaron como intermediarios del capital norteamericano en la importación de automóviles Internacional y Willys. Después conformaron la Compañía Colombiana Automotriz, distribuidora de piezas de maquinaria y de vehículos, lo que aumentó su influencia en la vida política de la nación y les permitió beneficiarse de cuantiosas palancas y gabelas del Estado. Don Oliverio Lara fue tutor, fiador y padrino de casi todos los gobiernos del Frente Nacional. Su muerte tuvo lugar en circunstancias trágicas, a finales de los años sesentas, cuando fuera secuestrado y asesinado por un grupo de plagiarios que le exigió fallidamente a su familia un millonario rescate.

Un ejemplo aleccionador
Las dos mil familias invasoras que en agosto del año pasado resolvieron instalarse en un pequeñísima porción del emporio de los Lara, en una de las varias extensiones que mantienen en el perímetro urbano de Florencia, demostraron con su ejemplo que en Colombia aún hay formas revolucionarias de combatir en beneficio de los intereses del pueblo sin postrarse ante la demagogia del gobierno o ante el reformismo de todos los matices que ha pululado, con especial frenesí, a partir del arribo de Belisario Betancur al Palacio de Nariño. Sin dejarse embaucar por la charlatanería del nuevo presidente acerca de la vivienda sin cuota inicial y otras baratijas del mismo corte, los invasores de Florencia se organizaron de manera independiente y conquistaron en la lucha el derecho a disponer de un techo propio para albergar a sus mujeres y a sus hijos.
En el transcurso de la contienda tuvieron que enfrentarse con la policía, con los abogados, jueces y tinterillos al servicio de los Lara, con los gamonales políticos que trataban de pescar en río revuelto y con los funcionarios del gobierno que pretendían dividirlos y desmovilizarlos. Durante octubre y noviembre se presentaron epidemias y enfermedades gastrointestinales en los niños, debidas a que la alcaldía de la ciudad se negó a prestar a tiempo servicios de agua y de salud. Numerosos invasores fueron encarcelados y algunos heridos por la fuerza pública. Nada, sin embargo, logró hacerlos desistir. Por experiencia propia comprobaron que el gobierno de Belisario Betancur, al igual que todos los demás regimenes de la oligarquía liberal – conservadora, no es sino una dependencia de las clases dominantes para defender sus mezquinos intereses, y con sus actos le enseñaron al resto de los colombianos que sólo el combate independiente y revolucionario de las masas es capaz de derrotar a los enemigos del pueblo.

LA RUINOSA BONANZA DE MÉXICO

Para desgracia de la mayoría y regocijo de unos pocos, México comparte una frontera de 3.181 kilómetros con los Estados Unidos; se coloca en el tercer lugar, después de Japón y Canadá, en la escala de los mayores “socios”, comerciales del imperio; uno de los principales deudores de los prestamistas yanquis, y se reputa como uno de los países “privilegiados” en lo que a inversión directa se refiere.

El comercio total entre las dos naciones ascendía en 1981 a 31.600 millones de dólares. El 30% de la deuda externa global, o a, cerca de 25 millones de dolares, ha sido contratado con bancos norteamericanos. La inversión extranjera controla sectores claves de la economía mexicana, entre ellos importantes ramas de la producción de bienes de capital y de consumo, además de grandes cadenas comerciales. La franja norte, que constituye la segunda región económica del país está prácticamente integrada a la economía de los Estados Unidos y alberga cerca de 500 empresas de ensamblaje, llamadas maquiladoras, las cuales emplean a más de 100.000 trabajadores, pagan salarios 4 a 5 veces menores que al toro lado de la frontera y hállanse de hecho al margen de la legislación laboral.
No es de extrañar el pánico que causa el hundimiento económico de México entre las altas esferas de las finanzas, la industria y el comercio de la superpotencia vecina.

Como lo afirmara un banquero estadinense “, México y los Estados Unidos se hallan tan integrado que tenemos que considerarlo financieramente como parte de nuestro país”.

En el año en que López Portillo llega al poder (1976) la economía presenta serios signos de estancamiento. El crecimiento industrial está paralizado, la inflación bordea el 30% de la deuda externa asciende a 20.000 millones de dólares. El descubrimiento de grandes yacimientos de hidrocarburos en los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas, coloca en tres o cuatro años a México como el segundo país en potencia petrolero, después de Arabia Saudita, y como el cuarto productor en el mundo. La austeridad es cosa del pasado. El petróleo se convierte en el motor del crecimiento; el producto interno bruto, de 1978 a 1980, crece a una tasa promedio anual de 8% y se crean 2.8 millones de empleos, mientras el resto de Latinoamérica se debate en la recesión. Se habla entonces del “milagro” mexicano.

Sin embargo, para financiar la explotación del petróleo y el desarrollo de otras industrias básicas; corregir importantes desequilibrios de la economía, en particular la crisis agraria que supone grandes inversiones en el campo y masivas importaciones de alientos; contrarrestar el acelerado deterioro de los precios de las exportaciones tradicionales (café, algodón, plomo y plata, que representan más del 50% de las exportaciones no petroleras), y para atender las creciente importaciones, el gobierno recurrió al endeudamiento sistemático.

Los financistas norteamericanos, europeos y japoneses no solamente estuvieron dispuestos a conceder los préstamos, sino a estimularlos para hacerse participes de la bonanza petrolera. La deuda total, pública y privada, se disparó, en escasos seis años, de 20 millones a más de 80 mil millones de dólares.

La economía se “petroliza” aceleradamente. La burocracia estatal crece de manera desmesurada en medio de la corrupción general; peculados, sobrefacturaciones, tráfico de contratos, nóminas falsas, sobornos de monopolios foráneos, etc. En las postrimerías del gobierno del gobierno de López Portillo, el monto estimado de apenas 150 desfalcos de importantes funcionarios públicos asciende a más de 3.000 millones de dólares. Las compañías extranjeras calculan de antemano “comisiones” que equivalen en promedio, al 8% del valor de los millonarios contratos. Los grandes consorcios privados del país participaron también de la mordida. Al grupo Alfa, que aglutina más de300 empresas, lo salva de su reciente quiebra un crédito de 680 millones de dólares, concedido por un banco estatal.
El sector financiero se desarrolla y se concentra vertiginosamente. Seis grandes bancos usufructúan el 60% de las captaciones, otorgan el 90.5% de los prestamos y absorben el 83.4% de las utilidades globales del ramo.

Hacia mediados de 1981 son ya visibles los primeros síntomas de agotamiento, debidita la saturación del mercado crudo y al descenso de las cotizaciones del mismo, lo que significó para México la pérdida de compradores y drásticas reducciones en los ingresos de divisas. Por otra parte, las altas tasas de interés en los Estados Unidos contribuyeron aún más a extenuar al país. Ante la libertad de cambios, la banca local sirvió de puente para masivas fugas de capital. En los últimos años más de 14 mil millones de dólares fueron depositados en bancos extranjeros, principalmente norteamericanos, y la inversión mexicana en bienes raíces dentro de Estados Unidos ascendió a 30 mil millones.

Los dólares escasean y los ingresos por hidrocarburos apenas cubren los intereses de la inmensa deuda. Los servicios de ésta pasan de 2.800 millones en 1982 a 12.000 millones para 1983, forzando acerca de un millar de instituciones crediticias de Occidente a conceder una moratoria al país.
Son tales las proporciones del saqueo que, durante 1982, afloran intempestivamente las señales inconfundibles de la mayor depresión en medio siglo. El peso mexicano se derrumba de $22.50 a $150 por dólar en menos de un año; el crecimiento del producto interno bruto es casi nulo; la quiebra de la producción industrial no tiene antecedentes y se calcula, según cifras del gremio, que son 20.000 las empresas en dicha situación o al borde de ella; cerca de un millón de trabajadores han quedado cesantes, aumentándose al 55.7% la población en edad laboral que se halla desempleada o subempleada y, aunado a lo anterior, la espiral inflacionaria sobrepasa el limite del 100%.

El primero de septiembre de 1982, en su sexto y último informe de gobierno, el presidente se vió obligado a aceptar la bancarrota y a tomar medidas de emergencia.
Decreta entonces el control generalizado de cambios y la nacionalización de la banca que, si bien levantan gran revuelo en el país e internacionalmente, no logran revertir el estado de abatimiento de la nación. Con la expropiación, el régimen, además de echarse a cuestas enormes indemnizaciones, hereda un sistema financiero altamente endeudado en dólares y se hace garante-frente al imperialismo de los onerosos compromisos de los banqueros. Es comprensible el alborozo con que recibieron la medida las agencias internacionales del crédito que veían peligrar día a día sus acreencias.

Las perspectivas para este año no parecen más halagüeñas. Con el mercado mundial en franco deterioro, la exportación de crudos más difícil que nunca y a una enorme deuda a corto plazo que equivale al 126% del ingreso potencial de sus divisas para 1983, las veleidades independentistas de la cúpula gobernante se esfuman. El nuevo gabinete de Miguel de la Madrid, arrodillado, se somete a las gravosas condiciones del Fondo Monetario Internacional, a fin de gozar de un empréstito de emergencia por 3.900 millones de dólares y obtener el avalúo necesario para renegociar sus obligaciones con los prestamistas extranjeros.

El plan del FMI exige la reducción del déficit presupuestal en más del 50% para el presente año, lo que implicará un aumento importante en el desempleo, la eliminación de subsidios al consumo popular y la elevación de los impuestos indirectos.

La propaganda oficial pregona a los cuatro vientos la “austeridad” y la “moralización” de la República como las palancas mágicas de la recuperación económica, lo que un buen romance se traduce en mayores garantías para la expoliación imperialista y un amargo futuro para el pueblo de México.

TOMA DE TIERRAS EN URABÁ

El 8 de noviembre pasado, cuando estaba a punto de iniciarse la sesión de apertura del Concejo Municipal de Apartadó, en la zona bananera de Urabá, se presentó un hecho que no se suele ser frecuente en un país como Colombia. Agitando rudimentarias pancartas pintadas a brochazos y gritando consignas de protesta, centenares de personas del pueblo se tomaron las instalaciones del cabildo y las calles aledañas para exigir una solución concreta a un problema concreto; la semana anterior cerca de millar y medio de familias sin techo habían invadido unos terrenos urbanos del Sena y de entidades privadas.

Los destechados ya se habían organizado por su cuenta en un Comité de Invasores, desde algunos meses antes, y después de haberse instalado en sus respectivos lotes realizaron nutridas manifestaciones públicas para denunciar los allanamientos continuos, el garrote, la cárcel y la persecución oficial de que eran victimas. Su lucha se ganó la simpatía de vastos sectores de la población y la solidaridad de numerosos sindicatos, y dentro del cabildo recibió el apoyo irrestricto del compañero Enrique Molinares, concejal del Frente por la Unidad del Pueblo en Apartadó. El mismo día de la inauguración de las sesiones Molinares presentó un proyecto de acuerdo que ordenaba adjudicar los terrenos en cuestión entre los invasores, condenar los atropellos cometidos por la policía y exigir la libertad inmediata de los detenidos, y presionando por la presencia multitudinaria de las barras el órgano municipal que integran además tres liberales, dos miembros del Partido Comunista, uno del Partido Conservador y uno del Nuevo Liberalísimo, se vio obligado a votar unánimemente la proposición.

Lejos de ajar la guardia, el Comité dio la orden de que nadie se moviera de los lotes ocupados hasta cuando la alcaldía expidiera las nuevas adjudicaciones dispuestas por el concejo. En la reunión del 12 de noviembre Enrique Molinares presento un proyecto adicional por el cual se crea el barrio Policarpa Salavarrieta, se autoriza al alcalde para comprar las tierras y cederlas a los invasores, se conforma una Comisión Especial de Adjudicaciones integrada por cinco concejales, y cinco miembros del comité, y se estipula que el municipio debe proveer gratuitamente los servicios y las obras de infraestructura necesarias.

Durante el tercero y último debate del proyecto, programado para el domingo 14 de noviembre, los concejales liberales y del Partido Comunista se dedicaron a interponer todo tipo de trabas de carácter legal con el objeto de impedir la victoria de los destechados y a base de maniobras curuleras lograron expulsar de la Comisión de Adjudicaciones a los miembros del comité, sustituyéndolos por personas de confianza nombradas, por el cabildo. Sin embargo, a pesar de este pequeño traspiés, los invasores persistieron en la lucha y la alcaldía tuvo que expedir los documentos que obligan al gobierno municipal a entregar las tierras en un plazo de 60 días, a más tardar.

BRASIL, EL PAÍS MÁS ENDEUDADO DEL MUNDO

El “milagro” brasileño se redujo en realidad a un periodo de siete años de desarrollo económico sostenido que, entre 1967 y 1974, favoreció principalmente a los consorcios extranjeros y a un puñado de capitalista criollos, a costa de la penuria y el sufrimiento de la gran mayoría de la población. Los acontecimientos posteriores demostraron que el experimento desarrollista fracasó en toda la línea y que la profunda crisis económica y social del Brasil ha sido y continúa siendo el resultado directo de sus relaciones neocoloniales con los Estados Unidos, que lo mantiene subyugado e impiden su desenvolvimiento autónomo. Desde entonces, con el pretexto de disminuir la inflación, evitar las quiebras industriales, reducir los permanente déficists de la balanza de pagos y “reajustar la economía”, se le ha vuelto imponiendo a la nación una serie de correctivos que a la postre no ha resulto ninguno de estros traumas sino que, por el contrario, los ha agravado.

La inversión extranjero, con el pago de las jugosas utilidades y regalías que ella implica, ha sido un desangre permanente del país. En 1978 el 99% de la industria automotriz estaba en manos del capital foráneo, y la participación de éste en la rama farmacéutica era del 84%, en la de bebidas embotelladas y tabaco del 76% y en la textil del 68%. Tres monopolios imperialista controlaban en 1981 y el 81% de las diez mayores industrias de productos de caucho, siete el de equipo eléctrico y materiales de comunicación y dos el 93.7% de las diez más grandes compañías tabacaleras. Un estudio reciente del Centro de Tecnología Mineral de Río de Janeiro dice que de los cincuenta grupos financieros que controlan el 70% de la producción minera, aproximadamente la mitad pertenece a corporaciones foráneas.

Los drásticos recortes en el gasto público, la restricción del crédito, la congelación de salarios y, en fin, todas las diferentes modalidades y variantes de la política económica aplicadas desde mediados del pasado decenio hasta el presente, no han logrado revertir la tendencia al estancamiento. En los nueve primeros meses de 1981 la producción industrial en el área de Sao Paulo (que comprende las cuatro quintas partes del total nacional) cayo en un 11.3% en comparación con el mismo período de 1980. Si bien es cierto que en 1981 la producción agrícola se incrementó en 6.8%, los sectores fabril, minero y de la construcción tuvieron índices negativos, de manera que el incremento general de la economía fue de menos 1.9%. Según datos oficiales, el desempleo en Río de Janeiro durante los primeros siete meses del mismo año se elevó de 6.5% a 9.1%, y sólo en las ensambladoras de automóviles fueron despedidos 140.000 trabajadores de la Volkswagen, la General Motors, la Mercedes Benz y la Fiat, entre otras. En los últimos tres años inflación llegó a cifras que giraron alrededor del 100%. En 1982 la balanza de pagos arrojo un déficit de 14.500 millones de dólares y la expansión de la economía fue igual a cero.
El desmoronamiento de la moneda ha sido incontrolable; en 1981 se devaluó treinta y siete veces, en el año siguiente treinta y nueve y el 5 de enero de 1983 el Banco Central anunció la primera mini-devaluación del año. Estas pérdidas continuas del valor del cruzeiro hacen relativamente más gravosos los pagos de los ingentes préstamos contraídos en dólares y de la importación indispensable de maquinaria, insumos y otros productos básicos.

También ha contribuido a la avería económica la constante depreciación de las exportaciones. Un caso ilustrativo es el de la carne, cuyo volumen vendido en 1982 aumentó en un 79% y, sin embargo, el ingreso por dicho concepto disminuyó en un 24%. A este se le ha añadido la superproducción misma de los países imperialistas y el insuficiente mercado de las naciones del Tercer Mundo.

De un lado, la tendencia deficitaria de la balanza comercial acicateada por los altos costos de las importaciones, especialmente del petrolero, y los subsidios a la exportaciones y la merma de estas, y del otro, los desequilibrios presupuéstales, la remesa de las utilidades, las regalías de la inversión extranjera y el giro por amortizaciones de intereses vencidos de los empréstitos, han dado origen a un progresivo abultamiento de la deuda que, en la última década, pasa de 9.500 millones de dólares a 87.000 millones. El servicio de ésta le implicó al Brasil, el país más hipotecad del mundo un desembolso el año pasado de cerca de 16.900millones de dólares que correspondían al 80% de las divisas obtenidas por sus importaciones. Para 1983 la proporción puede llegar al 117%. He ahí, pues, el cuadro resumido de la caótica situación de este gigante postrado.

COLOMBIA, UNA BABILONIA DEL CAPITAL FINANCIERO

Las quiebras, los concordatos, los fraudes, las medidas intervencionistas del Estado, las fugas y los aprestamientos de banqueros, así como la pugna por la detentación del Banco de Bogotá, la toma de Colseguros por parte de los Santodomingo, la compra de Fabricato por Félix Correa, la estafa a los ahorradores de los fondos Grancolombiano y Bolivariano, y el rescate que pagó el “sindicato antioqueño” a Jaime Michelsen por la Compañía Nacional de Chocolates, hacen parte del turbión financiero que estremeció al país en los últimos años.

Un puñado de familias, asociadas al capital extranjero y favorecidas por altos estratos gubernamentales, constituyó los llamados “grupos”. Estos están compuestos por una amalgama infinita de empresas que captan el ahorro privado, reciben depósitos de particulares y de fondos oficiales, manejan el comercio exterior, sirven de intermediarios al capital extranjero y especulan con los valores bursátiles y con la propiedad raíz. El control de esos conglomerados les permite a sus dueños manipular enormes masas de dinero. En 1981, los activos de las entidades financieras superaron el billón de pesos. Con tal poder y convertidos en verdaderos buitres de la extorsión, estos Midas modernos terminaron por poner de rodillas a la economía colombiana.

El régimen de Belisario Betancur, heredero de la borrasca financiera que le dejara Turbay, adoptó abundantes medidas que, lejos de significar un freno a los desmanes de los grandes usureros y agiosistas, han servido más bien para avivar esta Babilonia del capital parasitario.
Las tentativas por moralizar el proceso de monopolización del capitalismo o restringir las actividades del capital bancario sólo han dejado en claro la hipocresía y la inutilidad de tales intentos. Únicamente la confiscación de los expropiadores decidirá la prosperidad de Colombia y de su pueblo.

El cuatrienio de Turbay se despidió en medio de la borrasca de la crisis financiera que legó cual nefasto inventario a sus sucesores.
Las quiebras, los concordatos, los fraudes, las medidas intervencionistas del Estado, las fugas y los aprestamientos de banqueros son, por así decirlo, el anverso del dramático cuadro; su reverso lo constituyen los cientos de miles de ahorradores, que ven, impotentes, como se esfuman sus pequeños o grandes capitales.

Atónito, el país viene presenciando desde mucho atrás la disputa endemoniada que sostienen los “grupos” en su afán por asegurarse el dominio de las grandes empresas colombianas. Tras este propósito los conglomerados pasan por encima de la ley, violan las normas de los organismos de vigilancia creados por el gobierno, estafan a los rentistas y reciben cuantiosos préstamos de fondos oficiales para efectuar sus negocios o cubrir sus desfalcos.

La pugna por la detentación del Banco de Bogotá; la toma de la Compañía Colombiana de Seguros –Colseguros- y del Banco Comercial Antioqueño por parte de los Santodomingo, la venta de ese banco a Jaime Mosquera Castro y luego su intempestivo retorno a los dueños anteriores; la compra de Fabricato por Félix Correa, y la recuperación de la Compañía Nacional de Chocolates por el llamado “Sindicato Antioqueño” de manos de Jaime Michelsen Uribe, pusieron de fraudulento los manifiestos manejos que estremecieron las altas esferas de la nación. El gobierno de Betancur, para conjurarlos, decretó la emergencia económica, nacionalizó el Banco del Estado y emitió más de 13.000 millones de pesos con que subsidió los desmanes de la oligarquía.

Los fabulosos negociados entre los oligopolios contrastan con la recesión en que están sumidos los productores. En tanto los bancos y corporaciones obtienen ganancias inimaginadas, las cifras del crecimiento económico de Colombia en los dos últimos años son las más bajas desde 1960. La inflación y el desempleo continúan degradando la ya precaria situación de los desposeídos de la producción nacional se arruina como consecuencia de la pérdida de su mercado frente a los géneros foráneos y ahogada por un crédito caro.

Desarrollo del capital usurario
La concentración de grandes capitales se ha venido dando en Colombia a través del control, en unas pocas manos, de una serie de entre financieros. La formación de los “grupos” puede situarse al comienzo de la década del sesenta con la aparición de las corporaciones financieras y de las sociedades administradoras de inversión. Si bien la banca data del siglo pasado, a principios de la presente centuria todavía era débil, carecía de estructura legal y prestaba servicios reducidos. Algunos establecimientos hasta emitían su propia moneda.

Sólo en 1923, por recomendación de la Misión Kemmerer, se expidieron la Ley 25 Orgánica del Banco de la República y la Ley 45 que delimitó la actividad bancaria y creó la Superintendencia como organismo de control y vigilancia. A 1927 se remonta la Ley 105 que trata sobre as compañías de seguros y, en 1947, aparecieron las sociedades de capitalización.

Las corporaciones financieras fueron reglamentadas por el Decreto 2369 de 1960. Además de conceder crédito a mediano y largo plazo, pueden invertir en cualquier sociedad comercial, agropecuaria, industrial, de servicios, etc., lo cual les está vedado a los bancos. Los fondos de inversión, manejados por sus respectivas sociedades administradoras, captan recursos de la comunidad, a través de la venta de “unidades de inversión”, para negociar con acciones y otros valores bursátiles.
Los bancos, las compañías de seguros y sus filiales, las sociedades de capitalización, crearon entonces corporaciones financieras y sociedades administradoras. Ya hacia 1970 la oligarquía había completado los instrumentos jurídicos necesarios para captar ahorro y canalizar los dineros del erario, las inversiones directas y los préstamos extranjeros. Con dichas sumas los grandes financistas, además de monopolizar el comercio exterior, estrangulan la producción mediante el crédito oneroso y se adueñan de toda clase de empresas.

La entronización del agio
Faltaba una sola cosa; que los intereses subieran y aún sobre pasaran el ritmo de la inflación. En 1972 se instaura el sistema de ahorro conocido como Upac – unidad de poder adquisitivo constante – y surgen las corporaciones de ahorro y vivienda.

En 1976 López Michelsen no sólo consolida las Upacs, despejando toda duda sobre su legalidad, y da rienda suelta a los créditos usurarios y a la especulación con la propiedad raíz, sino que en términos generales “upaquiza” toda la economía. A las corporaciones las autoriza para fijas los intereses a su arbitrio y les amplia sus atribuciones a fin de que compitan con los bancos en la obtención de recursos, y a éstos les facilita dadivosamente las operaciones de exportación e importación. Al estatuir la “colombianización” de la banca extranjera, estrecha aún más los lazos entre la oligarquía criolla y los banqueros imperialistas, a los cuales permite revalorizar por diez y más veces sus activos en el momento de convertirse en socios del capital interno, otorgándoles súbitas y pingues ganancias. Abre la “ventanilla siniestra” en el Banco de la República, por donde se legaliza gran parte de los dólares del narcotráfico. Y para colmo, su gobierno se mostró generoso hasta la frescura con las sociedades de parientes y allegados, como en el ruidoso caso de los cientos de millones del Fondo Nacional del Ahorro, que terminaron siendo depositados en las Cajas del Bancos de Colombia, de su primo Jaime Michelsen, contra claras y precisas disposiciones que prohíben la colocación de estás cuentas oficiales en entidades bancarias privadas.

Prosiguiendo la labor de fortalecimiento del dinero parasitario, el gobierno continuista de Turbay Ayala liberó las importaciones, incrementó la financiación del comercio exterior, duplico los ya duplicados intereses y les echo más leña a la hoguera del costo de la vida. Con el Decreto 1970 de 1979 reglamentó las compañías de financiamiento comercial y, con el 148 de ese mismo año y el 2059 de 1981, dio vida a las sociedades que arriendan activos fijos (leasing) y a las que compran cartera (factoring).

La rebatiña de los buitres
Fue así como un puñado de familias, asociadas al capital extranjero, favorecidas por los altos estratos gubernamentales y convertidos en verdaderos buitres de la extorsión, terminó poniendo de rodillas a la economía colombiana.
Un conglomerado está compuesto por compañías de seguros, sociedades de capitalización, administradoras de inversión, urbanizadoras, inmobiliarias, bancos, almacenes generales de depósito, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, corporaciones de ahorro y vivienda, firmas de comercio exterior y otra gama infinita de empresas adicionales.

El control del grupo les permite a sus dueños manejar enormes masas de dinero representadas en las consignaciones oficiales y particulares, tales como cuentas corrientes, ahorros y depósitos a término; importes de miles de pequeños rentistas captados por las cedulas de capitalización y las unidades de inversión; reservas técnicas, producto de la venta de pólizas de seguros; redescuentos del Banco de la República, provenientes en parte del endeudamiento externo, sumas de los inversionistas extranjeros asociados a la banca colombiana, y líneas de crédito especiales del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo o de la Corporación Financiera Internacional. Asimismo, por sus arcas pasan las astronómicas cifras provenientes del narcotráfico, que estas instituciones “lavan”, de una u otra forma, e introducen a la corriente monetaria. A lo anterior hay que agregar las jugosas ganancias que año tras año reciben de sus actividades especulativas en la bolsa, el comercio, la construcción, etc.

Y como si esto no bastara, disfrutan además de franquicias para burlar las obligaciones referentes a la suscripción de acciones, las normas que prohíben la adquisición de sociedades con los ahorros del público y las medidas que regulan los préstamos del Estado, con los que atienden sus tejemanejes bursátiles.

Con tan considerable poder y ante una economía señalada por la bancarrota, el atraso, la pequeñez del mercado y la relativa dificultad para acumular capitales, estos esquilmadores de la producción nacional se apoderan de las viejas factorías, sin intentar siquiera instalar otras nuevas, aprovechándose y agravando la crisis de un país en el que las inversiones productivas rentan muy poco, o ya no rentan, y en el que el agio, la usura y la especulación son los negocios lucrativos por excelencia..
Es así como los Santodomingo caen sobre Imusa, Cervecería Unión, Avianca, Colseguros, Banco Comercial Antioqueño, etc. Michelsen lo hace con Cine Colombia, Simesa, Nacional de Chocolates, Cementos Argos, Coltabaco, entre otras; Félix Correa, en Seguros Colombia, Banco Nacional, Fabricato, Vicuña; Luis Carlos Sarmientos Angulo, el de la Corporación las Villas y el Banco de Occidente, sobre el Banco de Bogotá, Lux, RCN; Jaime Mosquera Castro forja el “Grupo del Estado”, y Germán de la Roche, el “Central”, que abarca Seguros Atlas, Banco de Caldas y Tejidos Única. En esta danza de los millones participa incluso la comunidad de los jesuitas, propietaria de la Caja Social de Ahorros, Colmena y Cenpro Televisión, y que compró recientemente la Corporación Financiera de Occidente.

Banqueros ¡a la cárcel!
Ofreciendo altos intereses a las sumas depositadas en sus empresas, Félix Correa reunió una gran masa de dinero. Se hizo autopréstamos que excedieron los 14.000 millones de pesos contando con la complicidad de la Superintendencia Bancaria, la cual, pese a conocerlas turbias maquinaciones desde años atrás, las dejaba en la impunidad. Así fue como el señor Correa extendió su dominio sobre Seguros Colombia, Banco Nacional, Vicuña y Fabricato, logrando aglutinar en su grupo alrededor de 70 sociedades. La intervención que hiciera el superintendente Morris Ordóñez en Financiera Furatema, en junio pasado, repercutió en el Banco Nacional. Sin embargo, la avidez de don Félix llegó hasta el extremo de utilizar para sí un sobregiro de 2.000 millones de pesos que concedió el Emisor para que su banco respondiera a los retiros masivos del público.

Esta estafa y muchos más delitos suyos que han ido surgiendo a la luz pública, los indebidos autopréstamos, el fraude al Banco de la República con cheques sin respaldo y contra bancos de Estados Unidos y Alemania, etc., determinaron que el juez 30 penal del circuito de Bogotá dictara auto de detención contra el financista y otros directivos de sus empresas.

La acción de la superintendencia en el Grupo Colombia (Financiera Furatema, Banco Nacional, Corporación, Financiera Antioqueña, Financiera Colombia y otras), así como la liquidación de las sociedades familiares “Correa y Correa” y “Correa Acevedo”, pusieron al descubierto infinidad de violaciones a la ley y la práctica generalizada de los autopréstamos sin respaldo de ninguna clase, que tenían por objeto engullirse otras compañías.

Sin terminar el escándalo sobre el emporio de Félix Correa, surge el de su sobrino, Darío Correa, cabeza del denominado “Grupo Oro” (Inversiones Oro, Seguros Antioquia, etc.), quien posteriormente huye al Brasil con su familia y cientos de millones de pesos.

En agosto viene la estampada. Varios intermediaros financieros, entre ellos Darío Sanín Vergara, Juan Evangelista Olarte y los propietarios de “Giraldo Franco y Cia”, abandonan Colombia, las valijas repletas con el fruto de los ahorros de sus victimas.

La “respetable y centenaria” firma bogotana “Camacho Roldán”, que también había exhibido el señuelo de los altos intereses para captar dinero, ante la imposibilidad de atender sus compromisos, se declaró en concordato y dejó en la estacada a miles de depositantes.

A fines del mismo mes las autoridades tienen que intervenir al “Grupo Santa Fe”. Lo formó un antiguo socio de Félix Correa, Octavio Martínez, quien en 1980 compró la Corporación Financiera de las Américas y la Compañía de Financiamiento Comercial, Financol. Un año más tarde adquirió la Financiera Gercol, que estaba en quiebra. El conglomerado de Octavio Martínez lo constituían 41 empresas, la mayoría de sus depósitos provenía de cuentas oficiales, prioritariamente del Distrito Especial, y, conforme a la usanza, se concedía auto créditos sin garantía real.

Entre el 17 de junio y el 30 de agosto del año pasado de cerraron por suspensión de pagos treinta y cuatro entidades financieras.

En septiembre comienza la recogida, Jaime Mosquera Castro, que había adquirido un buen paquete de acciones del Banco del Estado, mediante préstamos hechos por esta misma entidad que ya estaba bajo su control, y para lo cual suplantó personas, falsificó firmas y alteró documentos públicos, terminó acompañando a don Félix en los calabozos del DAS. Igual suerte corrieron Eduardo Uribe Uribe (vicepresidente del Banco Nacional y ex vicepresidente del Banco del Estado), Jorge Castro, Iván Amaya Villegas (presidente del Banco Nacional), Gabriel y Fernando Camacho, Eduardo Uribe de Narváez (presidente de Central Leasing), Jaime Uribe Carriazo (gerente de Inmobiliaria la Roche), Gustavo Mendoza Vargas (vicepresidente del Banco Nacional), Carlos Zambrano Ulloa (ex viceministro de Minas y Energía, accionista del Banco del Estado), José Muñoz Turbay y Fabio hurtado (del Grupo Colombia) y otros más.

Pese a que Mosquera Castro estuvo envuelto en la liquidación fraudulenta del Unibank de Panamá, vinculado a la mafia norteamericana, Morris Ordoñez no sólo levantó el veto de la Superintendencia que sobre aquel pesaba, a fin de posesionarlo como presidente del Banco del Estado, sino que años más tarde dio el visto bueno para que adquiera el Banco de Kalb, en Georgia, Estados Unidos.

Las denuncias de la prensa sobre esos episodios bochornosos motivaron el retiro masivo de depósitos del Banco del Estado, que se fue a pique a pesar de los 4.000 millones de pesos que le entregara Betancur a fines de agosto para mantenerlo a flote. A la postre la emisión sobrepasó los 13.000 millones, que tampoco bastaron, y el régimen no tuvo más remedio que decretar la emergencia económica, nacionalizar la institución y asumir sus multimillonarios compromisos. Una de las más trapaceras y costosas nacionalizaciones en los anales de Colombia.

Los fraudes, propiciados y estimulados por los regímenes de López y Turbay, continúan aflorando. A mediados de noviembre Germán de la Roche, que había montado su emporio con Central Financiera, Seguros Atlas, Banco de Caldas, Inmobiliaria la Roche, Tejidos Única, etc., solicita a las autoridades intervengan la primera de las sociedades mencionadas y pongan en concordato preventivo a varias de sus empresas. Un día antes de que se le expidiera la correspondiente orden de captura, de la Roche huyó del país.

Los corruptos antecedentes
El capital financiero, que no es más que la centralización de los recursos monetarios por parte de contadísimas entidades, supone no sólo la prerrogativa de conocer la situación real y las verdaderas posibilidades de los diversos capitalistas; sino la omnímoda atribución de supervisarlos y decidir plenamente sobre sus planes y transacciones. Quien regenta el crédito sin cortapisas de ninguna índole, determina la suerte de los deudores, hasta el extremo de fijarles el campo de acción, los límites de ésta y el tope de la ganancia; concede o niega la opción de sobrevivir en el mundo de los negocios. A la industria no le queda otra que someterse a los designios soberanos de una cuadrilla de grandes financistas. Es frecuente que la banca, por intermedio del entramado de sus instituciones subsidiarias, acapare paquetes considerables de acciones de una firma, con el objeto de coaccionar a los antiguos propietarios, obligándolos a rescatar los papeles a un valor ficticio mayor, o a sufrir la contingencia de perder el dominio sobre la empresa en cuestión.

También es de uso común el llevar al borde de la quiebra a los productores, para luego exigirles como pago de los préstamos usurarios la propiedad de sus factorías. Quince compañías que en 1981 tramitaban concordatos por más de 2.000 millones de pesos, debían a los bancos 1009 millones, a las corporaciones financieras 700 y 200 a las compañías de financiamiento comercial.

Los casos de los banqueros privados de la libertad o de los que se fugan no son los únicos en la orgía de los financistas. En los debates que se presentaron en el Congreso, el año pasado, surgieron de nuevo los ilegales manipuleos de los fondos Grancolombiano y Bolivariano.

Varias empresas de Jaime Michelsen se apoderaron a principios de 1980 de 14 millones de acciones de la Nacional de Chocolates. Violando las normas sobre la materia y haciendo uso ilícito del juego de la bolsa para fijar los precios que se acomodaron a sus deseos, lograron timar en cientos de millones de pesos a numerosos incautos, quienes depositaron sus ahorros en los mencionados fondos.

La venta de valores que provocara el retiro masivo de dineros del Grancolombiano y del Bolivariano, también fue mañosamente aprovechada por Michelsen, con la necesaria complicidad de sus allegados en el Poder. La Junta Monetaria, transgrediendo disposiciones legales, le concedió al Banco de Colombia un rédito extraordinario por 900 millones pesos. Con dicho crédito se financiaron las empresas del pulpo expoliador para adquirir de los fondos los títulos que éstos poseían, a precios de realización.

Pero el tráfico de los papeles de la Nacional de Chocolates no sirvió únicamente para despojar a miles de pequeños ahorradores. Poseedor de una considerable parte del capital social de esa compañía, el conglomerado se convirtió en un peligro para los intereses de los industriales antioqueños. Como contaba además con derechos en Coltabaco. Noel, Argos y Suramericana, amenazó con dominar el emporio financiero que gira alrededor de Suramericana de Seguros, la Corporación Financiera Nacional y el Banco Industrial Colombiano.
Los empresarios antioqueños constituyeron lo que ellos mismos denominaron el “sindicato”, a fin de recuperar el terreno perdido.

Reunieron sus haberes y, como rescate por sus industrias, le entregaron al “Grupo Grancolombiano” fincas, lotes, compañías y efectivo, todo por un valor de 2.600 millones de pesos. Tan turbio y vertiginoso le reporto, a quien había estafado con los fondos, una utilidad de 1.300 millones.

La lucha por el dominio de las empresas se generalizó. El “Sindicato” no había logrado reponerse de las cuantiosas erogaciones hechas para recuperar el control de algunas de sus industrias y del complejo financiero de Suramericana, cuando recibió el zarpazo de Santodomingo. Este le arrebato Colseguros, la más grande de las aseguradoras del país y, con ella, la Corporación Financiera Colon, Inversiones y Créditos Colseguros, Banco Comercial Antioqueño, Almagran y otras filiales. Luego le vendió el Banco a Jaime Mosquera Castro, negocio que tuvo que revertirse ya que el comprador fue cogido in fraganti en las delictuosas anormalidades atrás descritas.

Posteriormente vinieron los intentos de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo por apoderarse del Banco de Bogotá, institución insignia del grupo de Seguros Bolívar y Cementos Samper. En las bolsas de Bogotá y Medellín se realizaron transferencias de papeles de ese banco por más de 5.000 millones de pesos.
Aquí tampoco faltaron las denuncias sobre infracciones a las normas que regulan el mercado bursátil y la vana y consabida manifestación de las autoridades de abrir exhaustivas investigaciones para averiguar la procedencia de las enormes cantidades de dinero que entraron en juego. Lo que si quedo claro fue la actualización de las divisas provenientes del crédito externo, concedido a Cementos Samper para ensanchar la fábrica, en la compra de 6 millones de acciones. De todas maneras los primitivos dueños conservaron, por un estrecho margen, el dominio del banco.

La artificiosa vigilancia oficial
La Comisión Nacional de Valores, creada hace apenas tres años, tiene como función la de vigilar la compra y venta de acciones de las sociedades, en un pretendido intento por evitar la concentración del capital. En febrero de 1981, su entonces presidente Hernán Echevarria, pidió que se adelantará una pesquisa de índole penal contra los fondos Grancolombiano y Bolivariano, aduciendo que se manipuló, en el caso arriba referido, el mercado de la Bolsa de Bogotá para variar engañosamente los precios de los títulos de la Nacional de Chocolates. Como el principal sindicato ha sido un poder real detrás del otro, la denuncia causo gran revuelo, hasta llegar a un estruendoso debate en el Congreso. El gobierno anterior movilizó sus fichas y el ex ministro de Desarrollo, Andrés Restrepo, no sólo no apoyo al presidente de la Comisión de Valores, sino que, incluso, lo acuso de “haber roto la reserva bancaria” por publicar la resolución que pedía la investigación.
Aunque Michelsen y el gerente de Graninversion fueron absueltos por la justicia ordinaria en septiembre de 1981, dos meses más tarde la subcomisión senatorial insistió en la denuncia penal contra ellos. Un año después, el mismo Senado a firmó que la Superbancaria “fue negligente” en el mencionado caso. En octubre pasado el Tribunal Superior de Bogotá reabrió el proceso por la presunta comisión de los delitos de estafa y pánico económico.

La inanidad de la Comisión de Valores se puso de manifiesto oficialmente cuando en declaraciones a “El Tiempo”, en octubre 20 de 1981, su presidente, consultado sobre las acciones que emprendería en relación con la puja que se daba por el Banco de Bogotá, manifestó: “Yo contra eso no puedo pelear. Yo no puedo hacer nada contra los monopolios”.

En noviembre pasado el superintendente bancario de la nueva administración. Germán Botero de los Ríos, ante la imposibilidad de responder satisfactoriamente el cuestionario del Senado sobre el Grupo Grancolombiano, concluyó cínicamente su intervención diciendo: “Me fue mal en el examen”.

Con sus copiosas medidas adoptadas en el corto plazo de cinco meses, el régimen de Belisario Betancur, lejos de significar un freno a los desmanes de los grandes usureros y agiotistas, ha terminado por avivar esta Babilonia del capital parasitario en que se ha convertido Colombia.

Su primera incursión en el tenebroso mundo de las finanzas consistió en hacerse cargo de las deudas de los defraudadores del ahorro, para lo cual puso a funcionar, día y noche, la maquinita de emisión del Banco de la República. En vista de los retiros masivos ocasionados por la pérdida de confianza entre el público, creó un fondo con los dineros de los establecimientos nacionales y entidades descentralizadas para solventar la falta de captaciones del sector privado. A éste le rebajó, además, los intereses que tiene que pagar sobre los créditos ordinarios y extraordinarios concedidos por el Emisor. Estableció una línea de recursos especiales con la cual los bancos redescuentan las obligaciones que con ellos contraen las compañías de financiamiento comercial. A las corporaciones les aumentó también el cupo de redescuento hasta el ciento por ciento de su capital pagado y reserva legal ya de otra parte, las autorizó para que adjudicaran préstamos a las compañías de arrendamiento financiero. Incrementó los rendimientos de las corporaciones de ahorro y vivienda, al elevar el tope de la corrección monetaria, y anunció que les prestaría a las entidades financieras para que puedan adquirir acciones de las sociedades anónimas.

No contento con lo anterior, el 23 de diciembre decretó por segunda vez la emergencia económica. Con base en ella rebajo los impuestos, tanto a las sociedades anónimas como a los accionistas, y eliminó en la practica la tributación de las ganancias ocasionales, concesiones ambas que favorecen al sector financiero. Como una de las principales fuentes de las utilidades de los “grupos” radica en especular con la revalorización de sus activos, y como les resulta embarazoso justificar la procedencia de las astronómicas cantidades que mueven en sus transacciones, o sea de la plata que facilita la llamada “economía subterránea” del narcotráfico y el contrabando otorga la amnistía patrimonial.

La confiscación decide
En resumen, todo este enmarañado tráfico fiduciario, seguido de denuncias penales, abdicaciones de los supervisores del gobierno, promesas sobre “investigaciones exhaustivas” y bloqueos económicos contra los periódicos impertinentes, deja en claro la hipocresía de pretender moralizar el proceso de monopolización del capitalismo, o de restringir el acaparamiento de las riquezas, en lugar de expropiar a los expropiadores.

Las empresas agrícolas e industriales, los pequeños rentistas y los usuarios de vivienda costeada con Upacs, que luchan por no perecer triturados entre los piñones del engranaje financiero, palpan cada día mejor algo que ha sido axiomático para las capas más esclarecidas del movimiento obrero: que no existen, ni existirán, dentro del sistema neocolonial y semifeudal prevalecidote, normas legales ni preceptos éticos capaces de contener o siquiera atemperar, la desbocada carrera de los expoliadores criollos y sus amos imperialistas por adueñarse del país. Los proyectos de reformas tendientes a morigerar el atesoramiento o a proscribir de las operaciones bancarias la trapacería que las caracteriza, no dejarán de ser fútiles intentos por darle categoría social a la rebatiña y a la podredumbre.

La constante centralización de los capitales en unas pocas manos, canon infalible de la sociedad burguesa, que llega a su máxima expresión en la época del imperialismo, continuará imponiéndose ciegamente en Colombia, hasta cuando el saqueo de los consorcios extranjeros y sus intermediarios con el consiguiente receso de la producción nacional y demás calamitosos efectos, concluya inclinando a las inmensas mayorías del pueblo a favor de los postulados de la revolución. Entonces se verá nítidamente que a los monopolios, para ponerlos al servicio de la prosperidad colombiana, hay que confiscarlos; y que los reformistas, empeñados en maquillar la voracidad de los magnates de la banca y de los truts, no son más que unos lobos con piel de oveja, acaso más traidores y peligrosos que los defensores de oficio del régimen.

EL FMI TAMBIÉN ESTRANGULA A LA ARGENTINA

A pesar de su tradicional desarrollo en el contexto del hemisferio. Argentina también se tambalea y su economía corre vertiginosamente hacia el fondo del abismo. El estancamiento y la quiebra del sector industrial, la bancarrota financiera, el déficit de l la balanza de pagos, la devaluación galopante, el desempleo, la insolvencia en las finanzas públicas y la cuantiosa deuda externa, son signos inequívocos del abatimiento del país.

Distintos modelos, ninguno de ellos exitoso, ha ensayado la dictadura militar desde cuando asumiera el poder el 24 de mayo de 1976. Estos van desde los de corte neoliberal, hasta los que tratan de devolverle al Estado la función de intervención en el proceso económico.

Obviamente, una de las primeras fórmulas consistió en la apertura del mercado interno a la competencia extranjera. Se decretó la libertad de precios y de las tasas de interés, se eliminó los subsidios, se suprimió el control de cambios, y se abrió, aún más, las compuertas a las inversiones de los monopolios imperialistas. Argentina se convierte así en un campo de experimentación de una de las tantas versiones latinoamericanas de la llamada Escuela de Chicago. Los resultados no se hicieron esperar. La producción de bienes y servicios ha ido en un constante desmedro, hasta llegar en 1981 a una tasa negativa de crecimiento del 6.1%. De enero a septiembre del mismo año quebraron 1.886 empresas y actualmente se calcula que las fábricas funcionan al 50% de su capacidad instalada. Se resintieron fuertemente los renglones de diesel y fuel oil, confecciones, energía eléctrica, ácido sulfúrico, cemento, hierro primario, acero crudo, laminados, vino, azúcar, televisores, automotores, tractores, pastas celulositas, papel y cartón. La agricultura también tuvo su retroceso. Descendió la producción de trigo, girasol, lino, uvas, algodón, tabaco, té, naranjas, manzanas, peras y carne vacuna. Las tierra ganaderas abandonadas no se han utilizado para la siembras como ocurría años atrás. En la agroindustria las quiebras son igualmente frecuentes y, por el alto costo de los insumos y del dinero, el futuro de los cereales es bastante incierto.

Los otros sectores económicos tampoco escapan a las dificultades, puesto que, entre 1980 y 1981, la construcción, el comercio, los transportes y los establecimientos financieros disminuyeron sus operaciones en 69, 279, 121 y 64 millones de dólares, respectivamente.

Lo que sí ha crecido en Argentina es la deuda externa, la remisión de utilidades de las empresas extranjeras, las tasas de interés, la devaluación, los precios, el desempleo, el déficit fiscal, en una palabra, el saqueo y la explotación imperialistas.

El pueblo está encadenado a la banca internacional con cuarenta y tres mil millones de dólares. Argentina necesitaría un equivalente al 153% de sus exportaciones para cancelar la amortización y los intereses de la deuda externa que vencen en 1983. El año pasado el país incumplió el pago de 2.300 millones de dólares que debía girar por los mismos conceptos. Y todo esto, mientras la balanza de pagos registró en 1981 un saldo rojo de 3.500 millones de dólares, y por consiguiente, las reservas internacionales sufrían una baja ostensible.

En marzo de 1980 les llegó el turno a los intermediarios financieros con la bancarrota del Banco de Intercambio Regional. Era apenas el comienzo, ya que un breve lapso sucumbieron unas tras otras 118 corporaciones, arrastrando consigo innumerables empresas y traumatizando toda la economía nacional. Las altas tasas de interés, que fluctuaban entre l6% y el 10% mensual, no sólo permitieron fabulosas captaciones con las que los banqueros alimentaron sus auto-prestamos, sino que los ahorros privados terminaron canalizados hacia actividades especulativas o de alto riesgo. Las cuantiosas pérdidas ocasionadas por las falencias y los manejos fraudulentos las asumió el Estado a través de la banca central, tal como viene sucediendo en Colombia y en gran parte de América Latina.

El 6 de julio de 1982 el ministro de economía, José Maria Dagnino Pastore, promulga la nueva estrategia de la junta militar, implantando una reforma financiera que limita los márgenes de las tasas de interés, establece el cambio múltiple de la divisa autoriza el endeudamiento de las empresas con garantía del Estado y, finalmente, determina un control laxo de las importaciones.

Seis meses después el cambio de rumbo de la economía vuelve a ser noticia. El generalato a de aceptar todos y cada uno de los dictados del FMI, para poder gozar del visto bueno de dicha institución, con el objeto de obtener un préstamo de emergencia de 2.200 millones de dólares por parte de 263 bancos extranjeros, a la cabeza de cuya negociación estaba el City Bank de Nueva York. El nuevo zar de la economía argentina, Jorge Wehbe, dispuso la cancelación de la reforma financiera y determinó la elevación de las tasas de interés al 11.5% mensual para los créditos de más de treinta días, con el argumento de “atraer nuevamente a las entidades financieras los fondos líquidos que salieron del sistema en los últimos meses”. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, importante organización gremial que agrupa a 180 bancos y cooperativas de crédito, declaró que “el conjunto de medidas recrea un mecanismo cuyos nefastos resultados son conocidos, elevadas tasas de interés con la intención de alentar la especulación bancaria, imponer una política monetaria restrictiva que persigue mejorar la situación del sector externo, cumpliendo los términos del Fondo Monetario Internacional”.

A pesar de estos virajes y de las distintas prescripciones, y precisamente por ello, la economía no se recupera. La devaluación entre diciembre de 1981 y noviembre de 1982 alcanzó la cifra del 455% y la inflación llegó el año inmediatamente anterior al tope de 220%, la más elevada en los últimos seis años. El peso de la crisis se ha descargado básicamente sobre los trabajadores, pues el salario real decrece día a día y cerca de un millón cuatrocientos mil desempleados padecen la más angustiosa miseria.

La mejor enseñanza para extraer de la catástrofe de estos tres países es que la solución sus problemas no puede depender de las formulas cocinadas por las diversas escuelas económicas apologistas del imperialismo. Sólo liberándose de la coyunda neocolonial y manteniendo plenamente la independencia y la autodeterminación nacionales, florecerá el desarrollo social y económico sobre bases sólidas y en beneficio de las grandes masas explotadas y oprimidas de hoy.

RESULTADO DEL CONCURSO DE POESÍA

En febrero de 1981, TRIBUNA ROJA convocó un concurso de poseía en conmemoración del bicentenario de la Revolución Comunera.
El jurado, constituido por Alfredo Iriarte, Conrado Zuluaga y Jairo Aníbal Niño, emitió su veredicto declarando desierto el premio, sin embargo, la Comisión de Redacción de TRIBUNA ROJA escogió, como un reconocimiento al esfuerzo de los concursantes, las mejores muestras seleccionadas entre más de cuarenta colaboraciones, con el objeto de publicarlas.

Los poemas fueron escritos por Alcira Nassar Bechara, publicista, y Carlos Julio Gutiérrez Roa, estudiante universitario.

Acta del jurado del Concurso de Poesía
“Bicentenario de los Comuneros”

A los 24 días del mes de febrero de 1982, el jurado, después de haber leído detenidamente los poemas participantes en el concurso convocado por TRIBUNA ROJA decidió declararlo desierto, por la deficiente calidad literaria de las obras presentadas.
El jurado, a su vez, recomienda que el premio se acumule para un nuevo concurso, cuyas bases dará el periódico a conocer en caso de aceptar la recomendación del jurado.

Firmado

ALFREDO IRIARTE
CONRADO ZULUAGA
JAIRO ANIBAL NIÑO

Galán

Todos te conocen
tu nombre se pronuncia
en todo lugar,
todo sitio
toda hora
eres inmortal.

Charalá, Socorro y San Gil
te llaman. Sigue el dominio,
tu obra no ha sido culminada.

Tu cabeza – en las Guaduas –
sigue guiando la rebelión.
Tus manos – en Socorro y San Gil –
tienen empuñadas las armas.
Tus pies – en Charalá y Mogotes –
van rumbo a la batalla.
No han retrocedido.

No has muerto.
Tu nombre se proclama
y vivirá en la historia.
Tu obra sigue erguida
y tus pensamientos
van de mente en mente.
Tu fuerza, tu valentía
corre por las venas,
por los brazos,
y los más débiles
caminan contigo.
Eres inmortal.
Eres José Antonio Galán.

Carlos Julio Gutiérrez Roa

Por si los nuevos Berbeos

Los motivos del odio
del pobre y del paria;

De iracundos labriegos
la yesca incendiaria;

Los anhelos airados
del hombre en la mina;

El hambre, la sangre,
la pena y la ruina

Restituirán del caudillo la vida,
la magna humanidad esparcida.

Librarán la cabeza clavada del gancho,
clamaran por su boca, lejos, a lo ancho;

Y dirán a la patria
y al mundo doliente,

Que otros viles Berbeos
y los zares de Oriente,

Antenores, Caínes,
Iscariotes, ¡verdugos!

Mercadean sus cadenas
por menores mendrugos.

Alcira Nassar Bechara

MÁS PAROS CÍVICOS: LÍBANO Y TUNJA

No había terminado aun el primer mes de 1983, cuando los problemas ocasionados por las deficiencias en los servicios públicos y los abusos en sus tarifas desencadenaron nuevos paros cívicos en dos municipios del país.

Cada vez más la respuesta gubernamental combinó las promesas con el garrote, soluciones que, día a día, convencen y atemorizan menos.

En la capital de Boyacá
Desde hace varios años, Tunja ha padecido por la escasez de agua para las necesidades vitales de su población. Boyacá ha sido testigo de encendidas protestas de la ciudadanía, justamente enfurecido por la decidía oficial al respecto.

Cada vez que las gentes se movilizan, gobernadores, alcaldes y enviados del gobierno central acuden a calmarlas con ofrecimientos de solución al problema, pero sistemáticamente incumplen estos compromisos. De tal manera que al pueblo no le queda otro recurso distinto de la lucha masiva para exigir su derecho a disfrutar del servicio de acueducto.

Tal situación se presentó de nuevo durante los días 30 y 31 de enero, cuando los habitantes del barrio Los Muiscas decidieron bloquear la Carretera Central del Norte, para protestar por la crónica carencia de agua que soportan, en una urbanización que fue construida por el Instituto de Crédito Territorial pero que, junto con los barrios Asís y Santa Ana, donde residen unas quince mil personas, se ve permanentemente amenazada por epidemias y todo tipo de problemas sanitarios debidos a la irregularidad en el suministro de agua. Últimamente hubo graves brotes de gastroenteritis.

Los voceros de las juntas de acción comunal anunciaron que mantendrán su movimiento “hasta tanto un representante del gobierno anuncie una solución definitiva al problema, ante la inoperancia de Empotunja.

Por otra parte, las amas de casa organizaron una marcha con ollas vacías y respaldaron, con decisión y valor, el paro y se hicieron presentes en el bloqueo, junto con sus pequeños hijos.

Heridos y desaparecidos
En el municipio de Líbano, Tolima, sus 60 mil habitantes se levantaron también, durante tres días, en contra de las abusivas alzas en las tarifas del acueducto, puestas recientemente en vigencia por la Empresa Empolíbano.

El movimiento se inicio el día 29 de enero, y ya desde ese momento la policía pretendió impedirlo con detenciones y golpizas. Pero lejos de amilanarse, las gentes se volcaron a las calles y dieron plazo a las autoridades hasta el 31 a las tres de la tarde para pronunciarse al respecto. La alcaldesa municipal dijo, por toda respuesta, que se verá obligada a “imponer el toque de queda”. No obstante que al día siguiente la población amaneció militarizada, miles de manifestantes se tomaron las calles para continuar su protesta.

La respuesta oficial fue brutal; más de cien personas fueron detenidas; el saldo de heridos llegó a 30, y entre ellos se hallaba un anciano de 70 años que fue brutalmente golpeado con bolillo; se informó de varias desapariciones y el propio presidente del comité cívico del Líbano, Jaime Ávila, denunció que uno de los directivos del paro fue detenido por el ejército delante de testigos, pero que no había noticias sobre su paradero. Sin embargo, la población estaba decidida a continuar la protesta hasta lograr una solución satisfactoria.