Las quiebras, los concordatos, los fraudes, las medidas intervencionistas del Estado, las fugas y los aprestamientos de banqueros, así como la pugna por la detentación del Banco de Bogotá, la toma de Colseguros por parte de los Santodomingo, la compra de Fabricato por Félix Correa, la estafa a los ahorradores de los fondos Grancolombiano y Bolivariano, y el rescate que pagó el “sindicato antioqueño” a Jaime Michelsen por la Compañía Nacional de Chocolates, hacen parte del turbión financiero que estremeció al país en los últimos años.
Un puñado de familias, asociadas al capital extranjero y favorecidas por altos estratos gubernamentales, constituyó los llamados “grupos”. Estos están compuestos por una amalgama infinita de empresas que captan el ahorro privado, reciben depósitos de particulares y de fondos oficiales, manejan el comercio exterior, sirven de intermediarios al capital extranjero y especulan con los valores bursátiles y con la propiedad raíz. El control de esos conglomerados les permite a sus dueños manipular enormes masas de dinero. En 1981, los activos de las entidades financieras superaron el billón de pesos. Con tal poder y convertidos en verdaderos buitres de la extorsión, estos Midas modernos terminaron por poner de rodillas a la economía colombiana.
El régimen de Belisario Betancur, heredero de la borrasca financiera que le dejara Turbay, adoptó abundantes medidas que, lejos de significar un freno a los desmanes de los grandes usureros y agiosistas, han servido más bien para avivar esta Babilonia del capital parasitario.
Las tentativas por moralizar el proceso de monopolización del capitalismo o restringir las actividades del capital bancario sólo han dejado en claro la hipocresía y la inutilidad de tales intentos. Únicamente la confiscación de los expropiadores decidirá la prosperidad de Colombia y de su pueblo.
El cuatrienio de Turbay se despidió en medio de la borrasca de la crisis financiera que legó cual nefasto inventario a sus sucesores.
Las quiebras, los concordatos, los fraudes, las medidas intervencionistas del Estado, las fugas y los aprestamientos de banqueros son, por así decirlo, el anverso del dramático cuadro; su reverso lo constituyen los cientos de miles de ahorradores, que ven, impotentes, como se esfuman sus pequeños o grandes capitales.
Atónito, el país viene presenciando desde mucho atrás la disputa endemoniada que sostienen los “grupos” en su afán por asegurarse el dominio de las grandes empresas colombianas. Tras este propósito los conglomerados pasan por encima de la ley, violan las normas de los organismos de vigilancia creados por el gobierno, estafan a los rentistas y reciben cuantiosos préstamos de fondos oficiales para efectuar sus negocios o cubrir sus desfalcos.
La pugna por la detentación del Banco de Bogotá; la toma de la Compañía Colombiana de Seguros –Colseguros- y del Banco Comercial Antioqueño por parte de los Santodomingo, la venta de ese banco a Jaime Mosquera Castro y luego su intempestivo retorno a los dueños anteriores; la compra de Fabricato por Félix Correa, y la recuperación de la Compañía Nacional de Chocolates por el llamado “Sindicato Antioqueño” de manos de Jaime Michelsen Uribe, pusieron de fraudulento los manifiestos manejos que estremecieron las altas esferas de la nación. El gobierno de Betancur, para conjurarlos, decretó la emergencia económica, nacionalizó el Banco del Estado y emitió más de 13.000 millones de pesos con que subsidió los desmanes de la oligarquía.
Los fabulosos negociados entre los oligopolios contrastan con la recesión en que están sumidos los productores. En tanto los bancos y corporaciones obtienen ganancias inimaginadas, las cifras del crecimiento económico de Colombia en los dos últimos años son las más bajas desde 1960. La inflación y el desempleo continúan degradando la ya precaria situación de los desposeídos de la producción nacional se arruina como consecuencia de la pérdida de su mercado frente a los géneros foráneos y ahogada por un crédito caro.
Desarrollo del capital usurario
La concentración de grandes capitales se ha venido dando en Colombia a través del control, en unas pocas manos, de una serie de entre financieros. La formación de los “grupos” puede situarse al comienzo de la década del sesenta con la aparición de las corporaciones financieras y de las sociedades administradoras de inversión. Si bien la banca data del siglo pasado, a principios de la presente centuria todavía era débil, carecía de estructura legal y prestaba servicios reducidos. Algunos establecimientos hasta emitían su propia moneda.
Sólo en 1923, por recomendación de la Misión Kemmerer, se expidieron la Ley 25 Orgánica del Banco de la República y la Ley 45 que delimitó la actividad bancaria y creó la Superintendencia como organismo de control y vigilancia. A 1927 se remonta la Ley 105 que trata sobre as compañías de seguros y, en 1947, aparecieron las sociedades de capitalización.
Las corporaciones financieras fueron reglamentadas por el Decreto 2369 de 1960. Además de conceder crédito a mediano y largo plazo, pueden invertir en cualquier sociedad comercial, agropecuaria, industrial, de servicios, etc., lo cual les está vedado a los bancos. Los fondos de inversión, manejados por sus respectivas sociedades administradoras, captan recursos de la comunidad, a través de la venta de “unidades de inversión”, para negociar con acciones y otros valores bursátiles.
Los bancos, las compañías de seguros y sus filiales, las sociedades de capitalización, crearon entonces corporaciones financieras y sociedades administradoras. Ya hacia 1970 la oligarquía había completado los instrumentos jurídicos necesarios para captar ahorro y canalizar los dineros del erario, las inversiones directas y los préstamos extranjeros. Con dichas sumas los grandes financistas, además de monopolizar el comercio exterior, estrangulan la producción mediante el crédito oneroso y se adueñan de toda clase de empresas.
La entronización del agio
Faltaba una sola cosa; que los intereses subieran y aún sobre pasaran el ritmo de la inflación. En 1972 se instaura el sistema de ahorro conocido como Upac – unidad de poder adquisitivo constante – y surgen las corporaciones de ahorro y vivienda.
En 1976 López Michelsen no sólo consolida las Upacs, despejando toda duda sobre su legalidad, y da rienda suelta a los créditos usurarios y a la especulación con la propiedad raíz, sino que en términos generales “upaquiza” toda la economía. A las corporaciones las autoriza para fijas los intereses a su arbitrio y les amplia sus atribuciones a fin de que compitan con los bancos en la obtención de recursos, y a éstos les facilita dadivosamente las operaciones de exportación e importación. Al estatuir la “colombianización” de la banca extranjera, estrecha aún más los lazos entre la oligarquía criolla y los banqueros imperialistas, a los cuales permite revalorizar por diez y más veces sus activos en el momento de convertirse en socios del capital interno, otorgándoles súbitas y pingues ganancias. Abre la “ventanilla siniestra” en el Banco de la República, por donde se legaliza gran parte de los dólares del narcotráfico. Y para colmo, su gobierno se mostró generoso hasta la frescura con las sociedades de parientes y allegados, como en el ruidoso caso de los cientos de millones del Fondo Nacional del Ahorro, que terminaron siendo depositados en las Cajas del Bancos de Colombia, de su primo Jaime Michelsen, contra claras y precisas disposiciones que prohíben la colocación de estás cuentas oficiales en entidades bancarias privadas.
Prosiguiendo la labor de fortalecimiento del dinero parasitario, el gobierno continuista de Turbay Ayala liberó las importaciones, incrementó la financiación del comercio exterior, duplico los ya duplicados intereses y les echo más leña a la hoguera del costo de la vida. Con el Decreto 1970 de 1979 reglamentó las compañías de financiamiento comercial y, con el 148 de ese mismo año y el 2059 de 1981, dio vida a las sociedades que arriendan activos fijos (leasing) y a las que compran cartera (factoring).
La rebatiña de los buitres
Fue así como un puñado de familias, asociadas al capital extranjero, favorecidas por los altos estratos gubernamentales y convertidos en verdaderos buitres de la extorsión, terminó poniendo de rodillas a la economía colombiana.
Un conglomerado está compuesto por compañías de seguros, sociedades de capitalización, administradoras de inversión, urbanizadoras, inmobiliarias, bancos, almacenes generales de depósito, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, corporaciones de ahorro y vivienda, firmas de comercio exterior y otra gama infinita de empresas adicionales.
El control del grupo les permite a sus dueños manejar enormes masas de dinero representadas en las consignaciones oficiales y particulares, tales como cuentas corrientes, ahorros y depósitos a término; importes de miles de pequeños rentistas captados por las cedulas de capitalización y las unidades de inversión; reservas técnicas, producto de la venta de pólizas de seguros; redescuentos del Banco de la República, provenientes en parte del endeudamiento externo, sumas de los inversionistas extranjeros asociados a la banca colombiana, y líneas de crédito especiales del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo o de la Corporación Financiera Internacional. Asimismo, por sus arcas pasan las astronómicas cifras provenientes del narcotráfico, que estas instituciones “lavan”, de una u otra forma, e introducen a la corriente monetaria. A lo anterior hay que agregar las jugosas ganancias que año tras año reciben de sus actividades especulativas en la bolsa, el comercio, la construcción, etc.
Y como si esto no bastara, disfrutan además de franquicias para burlar las obligaciones referentes a la suscripción de acciones, las normas que prohíben la adquisición de sociedades con los ahorros del público y las medidas que regulan los préstamos del Estado, con los que atienden sus tejemanejes bursátiles.
Con tan considerable poder y ante una economía señalada por la bancarrota, el atraso, la pequeñez del mercado y la relativa dificultad para acumular capitales, estos esquilmadores de la producción nacional se apoderan de las viejas factorías, sin intentar siquiera instalar otras nuevas, aprovechándose y agravando la crisis de un país en el que las inversiones productivas rentan muy poco, o ya no rentan, y en el que el agio, la usura y la especulación son los negocios lucrativos por excelencia..
Es así como los Santodomingo caen sobre Imusa, Cervecería Unión, Avianca, Colseguros, Banco Comercial Antioqueño, etc. Michelsen lo hace con Cine Colombia, Simesa, Nacional de Chocolates, Cementos Argos, Coltabaco, entre otras; Félix Correa, en Seguros Colombia, Banco Nacional, Fabricato, Vicuña; Luis Carlos Sarmientos Angulo, el de la Corporación las Villas y el Banco de Occidente, sobre el Banco de Bogotá, Lux, RCN; Jaime Mosquera Castro forja el “Grupo del Estado”, y Germán de la Roche, el “Central”, que abarca Seguros Atlas, Banco de Caldas y Tejidos Única. En esta danza de los millones participa incluso la comunidad de los jesuitas, propietaria de la Caja Social de Ahorros, Colmena y Cenpro Televisión, y que compró recientemente la Corporación Financiera de Occidente.
Banqueros ¡a la cárcel!
Ofreciendo altos intereses a las sumas depositadas en sus empresas, Félix Correa reunió una gran masa de dinero. Se hizo autopréstamos que excedieron los 14.000 millones de pesos contando con la complicidad de la Superintendencia Bancaria, la cual, pese a conocerlas turbias maquinaciones desde años atrás, las dejaba en la impunidad. Así fue como el señor Correa extendió su dominio sobre Seguros Colombia, Banco Nacional, Vicuña y Fabricato, logrando aglutinar en su grupo alrededor de 70 sociedades. La intervención que hiciera el superintendente Morris Ordóñez en Financiera Furatema, en junio pasado, repercutió en el Banco Nacional. Sin embargo, la avidez de don Félix llegó hasta el extremo de utilizar para sí un sobregiro de 2.000 millones de pesos que concedió el Emisor para que su banco respondiera a los retiros masivos del público.
Esta estafa y muchos más delitos suyos que han ido surgiendo a la luz pública, los indebidos autopréstamos, el fraude al Banco de la República con cheques sin respaldo y contra bancos de Estados Unidos y Alemania, etc., determinaron que el juez 30 penal del circuito de Bogotá dictara auto de detención contra el financista y otros directivos de sus empresas.
La acción de la superintendencia en el Grupo Colombia (Financiera Furatema, Banco Nacional, Corporación, Financiera Antioqueña, Financiera Colombia y otras), así como la liquidación de las sociedades familiares “Correa y Correa” y “Correa Acevedo”, pusieron al descubierto infinidad de violaciones a la ley y la práctica generalizada de los autopréstamos sin respaldo de ninguna clase, que tenían por objeto engullirse otras compañías.
Sin terminar el escándalo sobre el emporio de Félix Correa, surge el de su sobrino, Darío Correa, cabeza del denominado “Grupo Oro” (Inversiones Oro, Seguros Antioquia, etc.), quien posteriormente huye al Brasil con su familia y cientos de millones de pesos.
En agosto viene la estampada. Varios intermediaros financieros, entre ellos Darío Sanín Vergara, Juan Evangelista Olarte y los propietarios de “Giraldo Franco y Cia”, abandonan Colombia, las valijas repletas con el fruto de los ahorros de sus victimas.
La “respetable y centenaria” firma bogotana “Camacho Roldán”, que también había exhibido el señuelo de los altos intereses para captar dinero, ante la imposibilidad de atender sus compromisos, se declaró en concordato y dejó en la estacada a miles de depositantes.
A fines del mismo mes las autoridades tienen que intervenir al “Grupo Santa Fe”. Lo formó un antiguo socio de Félix Correa, Octavio Martínez, quien en 1980 compró la Corporación Financiera de las Américas y la Compañía de Financiamiento Comercial, Financol. Un año más tarde adquirió la Financiera Gercol, que estaba en quiebra. El conglomerado de Octavio Martínez lo constituían 41 empresas, la mayoría de sus depósitos provenía de cuentas oficiales, prioritariamente del Distrito Especial, y, conforme a la usanza, se concedía auto créditos sin garantía real.
Entre el 17 de junio y el 30 de agosto del año pasado de cerraron por suspensión de pagos treinta y cuatro entidades financieras.
En septiembre comienza la recogida, Jaime Mosquera Castro, que había adquirido un buen paquete de acciones del Banco del Estado, mediante préstamos hechos por esta misma entidad que ya estaba bajo su control, y para lo cual suplantó personas, falsificó firmas y alteró documentos públicos, terminó acompañando a don Félix en los calabozos del DAS. Igual suerte corrieron Eduardo Uribe Uribe (vicepresidente del Banco Nacional y ex vicepresidente del Banco del Estado), Jorge Castro, Iván Amaya Villegas (presidente del Banco Nacional), Gabriel y Fernando Camacho, Eduardo Uribe de Narváez (presidente de Central Leasing), Jaime Uribe Carriazo (gerente de Inmobiliaria la Roche), Gustavo Mendoza Vargas (vicepresidente del Banco Nacional), Carlos Zambrano Ulloa (ex viceministro de Minas y Energía, accionista del Banco del Estado), José Muñoz Turbay y Fabio hurtado (del Grupo Colombia) y otros más.
Pese a que Mosquera Castro estuvo envuelto en la liquidación fraudulenta del Unibank de Panamá, vinculado a la mafia norteamericana, Morris Ordoñez no sólo levantó el veto de la Superintendencia que sobre aquel pesaba, a fin de posesionarlo como presidente del Banco del Estado, sino que años más tarde dio el visto bueno para que adquiera el Banco de Kalb, en Georgia, Estados Unidos.
Las denuncias de la prensa sobre esos episodios bochornosos motivaron el retiro masivo de depósitos del Banco del Estado, que se fue a pique a pesar de los 4.000 millones de pesos que le entregara Betancur a fines de agosto para mantenerlo a flote. A la postre la emisión sobrepasó los 13.000 millones, que tampoco bastaron, y el régimen no tuvo más remedio que decretar la emergencia económica, nacionalizar la institución y asumir sus multimillonarios compromisos. Una de las más trapaceras y costosas nacionalizaciones en los anales de Colombia.
Los fraudes, propiciados y estimulados por los regímenes de López y Turbay, continúan aflorando. A mediados de noviembre Germán de la Roche, que había montado su emporio con Central Financiera, Seguros Atlas, Banco de Caldas, Inmobiliaria la Roche, Tejidos Única, etc., solicita a las autoridades intervengan la primera de las sociedades mencionadas y pongan en concordato preventivo a varias de sus empresas. Un día antes de que se le expidiera la correspondiente orden de captura, de la Roche huyó del país.
Los corruptos antecedentes
El capital financiero, que no es más que la centralización de los recursos monetarios por parte de contadísimas entidades, supone no sólo la prerrogativa de conocer la situación real y las verdaderas posibilidades de los diversos capitalistas; sino la omnímoda atribución de supervisarlos y decidir plenamente sobre sus planes y transacciones. Quien regenta el crédito sin cortapisas de ninguna índole, determina la suerte de los deudores, hasta el extremo de fijarles el campo de acción, los límites de ésta y el tope de la ganancia; concede o niega la opción de sobrevivir en el mundo de los negocios. A la industria no le queda otra que someterse a los designios soberanos de una cuadrilla de grandes financistas. Es frecuente que la banca, por intermedio del entramado de sus instituciones subsidiarias, acapare paquetes considerables de acciones de una firma, con el objeto de coaccionar a los antiguos propietarios, obligándolos a rescatar los papeles a un valor ficticio mayor, o a sufrir la contingencia de perder el dominio sobre la empresa en cuestión.
También es de uso común el llevar al borde de la quiebra a los productores, para luego exigirles como pago de los préstamos usurarios la propiedad de sus factorías. Quince compañías que en 1981 tramitaban concordatos por más de 2.000 millones de pesos, debían a los bancos 1009 millones, a las corporaciones financieras 700 y 200 a las compañías de financiamiento comercial.
Los casos de los banqueros privados de la libertad o de los que se fugan no son los únicos en la orgía de los financistas. En los debates que se presentaron en el Congreso, el año pasado, surgieron de nuevo los ilegales manipuleos de los fondos Grancolombiano y Bolivariano.
Varias empresas de Jaime Michelsen se apoderaron a principios de 1980 de 14 millones de acciones de la Nacional de Chocolates. Violando las normas sobre la materia y haciendo uso ilícito del juego de la bolsa para fijar los precios que se acomodaron a sus deseos, lograron timar en cientos de millones de pesos a numerosos incautos, quienes depositaron sus ahorros en los mencionados fondos.
La venta de valores que provocara el retiro masivo de dineros del Grancolombiano y del Bolivariano, también fue mañosamente aprovechada por Michelsen, con la necesaria complicidad de sus allegados en el Poder. La Junta Monetaria, transgrediendo disposiciones legales, le concedió al Banco de Colombia un rédito extraordinario por 900 millones pesos. Con dicho crédito se financiaron las empresas del pulpo expoliador para adquirir de los fondos los títulos que éstos poseían, a precios de realización.
Pero el tráfico de los papeles de la Nacional de Chocolates no sirvió únicamente para despojar a miles de pequeños ahorradores. Poseedor de una considerable parte del capital social de esa compañía, el conglomerado se convirtió en un peligro para los intereses de los industriales antioqueños. Como contaba además con derechos en Coltabaco. Noel, Argos y Suramericana, amenazó con dominar el emporio financiero que gira alrededor de Suramericana de Seguros, la Corporación Financiera Nacional y el Banco Industrial Colombiano.
Los empresarios antioqueños constituyeron lo que ellos mismos denominaron el “sindicato”, a fin de recuperar el terreno perdido.
Reunieron sus haberes y, como rescate por sus industrias, le entregaron al “Grupo Grancolombiano” fincas, lotes, compañías y efectivo, todo por un valor de 2.600 millones de pesos. Tan turbio y vertiginoso le reporto, a quien había estafado con los fondos, una utilidad de 1.300 millones.
La lucha por el dominio de las empresas se generalizó. El “Sindicato” no había logrado reponerse de las cuantiosas erogaciones hechas para recuperar el control de algunas de sus industrias y del complejo financiero de Suramericana, cuando recibió el zarpazo de Santodomingo. Este le arrebato Colseguros, la más grande de las aseguradoras del país y, con ella, la Corporación Financiera Colon, Inversiones y Créditos Colseguros, Banco Comercial Antioqueño, Almagran y otras filiales. Luego le vendió el Banco a Jaime Mosquera Castro, negocio que tuvo que revertirse ya que el comprador fue cogido in fraganti en las delictuosas anormalidades atrás descritas.
Posteriormente vinieron los intentos de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo por apoderarse del Banco de Bogotá, institución insignia del grupo de Seguros Bolívar y Cementos Samper. En las bolsas de Bogotá y Medellín se realizaron transferencias de papeles de ese banco por más de 5.000 millones de pesos.
Aquí tampoco faltaron las denuncias sobre infracciones a las normas que regulan el mercado bursátil y la vana y consabida manifestación de las autoridades de abrir exhaustivas investigaciones para averiguar la procedencia de las enormes cantidades de dinero que entraron en juego. Lo que si quedo claro fue la actualización de las divisas provenientes del crédito externo, concedido a Cementos Samper para ensanchar la fábrica, en la compra de 6 millones de acciones. De todas maneras los primitivos dueños conservaron, por un estrecho margen, el dominio del banco.
La artificiosa vigilancia oficial
La Comisión Nacional de Valores, creada hace apenas tres años, tiene como función la de vigilar la compra y venta de acciones de las sociedades, en un pretendido intento por evitar la concentración del capital. En febrero de 1981, su entonces presidente Hernán Echevarria, pidió que se adelantará una pesquisa de índole penal contra los fondos Grancolombiano y Bolivariano, aduciendo que se manipuló, en el caso arriba referido, el mercado de la Bolsa de Bogotá para variar engañosamente los precios de los títulos de la Nacional de Chocolates. Como el principal sindicato ha sido un poder real detrás del otro, la denuncia causo gran revuelo, hasta llegar a un estruendoso debate en el Congreso. El gobierno anterior movilizó sus fichas y el ex ministro de Desarrollo, Andrés Restrepo, no sólo no apoyo al presidente de la Comisión de Valores, sino que, incluso, lo acuso de “haber roto la reserva bancaria” por publicar la resolución que pedía la investigación.
Aunque Michelsen y el gerente de Graninversion fueron absueltos por la justicia ordinaria en septiembre de 1981, dos meses más tarde la subcomisión senatorial insistió en la denuncia penal contra ellos. Un año después, el mismo Senado a firmó que la Superbancaria “fue negligente” en el mencionado caso. En octubre pasado el Tribunal Superior de Bogotá reabrió el proceso por la presunta comisión de los delitos de estafa y pánico económico.
La inanidad de la Comisión de Valores se puso de manifiesto oficialmente cuando en declaraciones a “El Tiempo”, en octubre 20 de 1981, su presidente, consultado sobre las acciones que emprendería en relación con la puja que se daba por el Banco de Bogotá, manifestó: “Yo contra eso no puedo pelear. Yo no puedo hacer nada contra los monopolios”.
En noviembre pasado el superintendente bancario de la nueva administración. Germán Botero de los Ríos, ante la imposibilidad de responder satisfactoriamente el cuestionario del Senado sobre el Grupo Grancolombiano, concluyó cínicamente su intervención diciendo: “Me fue mal en el examen”.
Con sus copiosas medidas adoptadas en el corto plazo de cinco meses, el régimen de Belisario Betancur, lejos de significar un freno a los desmanes de los grandes usureros y agiotistas, ha terminado por avivar esta Babilonia del capital parasitario en que se ha convertido Colombia.
Su primera incursión en el tenebroso mundo de las finanzas consistió en hacerse cargo de las deudas de los defraudadores del ahorro, para lo cual puso a funcionar, día y noche, la maquinita de emisión del Banco de la República. En vista de los retiros masivos ocasionados por la pérdida de confianza entre el público, creó un fondo con los dineros de los establecimientos nacionales y entidades descentralizadas para solventar la falta de captaciones del sector privado. A éste le rebajó, además, los intereses que tiene que pagar sobre los créditos ordinarios y extraordinarios concedidos por el Emisor. Estableció una línea de recursos especiales con la cual los bancos redescuentan las obligaciones que con ellos contraen las compañías de financiamiento comercial. A las corporaciones les aumentó también el cupo de redescuento hasta el ciento por ciento de su capital pagado y reserva legal ya de otra parte, las autorizó para que adjudicaran préstamos a las compañías de arrendamiento financiero. Incrementó los rendimientos de las corporaciones de ahorro y vivienda, al elevar el tope de la corrección monetaria, y anunció que les prestaría a las entidades financieras para que puedan adquirir acciones de las sociedades anónimas.
No contento con lo anterior, el 23 de diciembre decretó por segunda vez la emergencia económica. Con base en ella rebajo los impuestos, tanto a las sociedades anónimas como a los accionistas, y eliminó en la practica la tributación de las ganancias ocasionales, concesiones ambas que favorecen al sector financiero. Como una de las principales fuentes de las utilidades de los “grupos” radica en especular con la revalorización de sus activos, y como les resulta embarazoso justificar la procedencia de las astronómicas cantidades que mueven en sus transacciones, o sea de la plata que facilita la llamada “economía subterránea” del narcotráfico y el contrabando otorga la amnistía patrimonial.
La confiscación decide
En resumen, todo este enmarañado tráfico fiduciario, seguido de denuncias penales, abdicaciones de los supervisores del gobierno, promesas sobre “investigaciones exhaustivas” y bloqueos económicos contra los periódicos impertinentes, deja en claro la hipocresía de pretender moralizar el proceso de monopolización del capitalismo, o de restringir el acaparamiento de las riquezas, en lugar de expropiar a los expropiadores.
Las empresas agrícolas e industriales, los pequeños rentistas y los usuarios de vivienda costeada con Upacs, que luchan por no perecer triturados entre los piñones del engranaje financiero, palpan cada día mejor algo que ha sido axiomático para las capas más esclarecidas del movimiento obrero: que no existen, ni existirán, dentro del sistema neocolonial y semifeudal prevalecidote, normas legales ni preceptos éticos capaces de contener o siquiera atemperar, la desbocada carrera de los expoliadores criollos y sus amos imperialistas por adueñarse del país. Los proyectos de reformas tendientes a morigerar el atesoramiento o a proscribir de las operaciones bancarias la trapacería que las caracteriza, no dejarán de ser fútiles intentos por darle categoría social a la rebatiña y a la podredumbre.
La constante centralización de los capitales en unas pocas manos, canon infalible de la sociedad burguesa, que llega a su máxima expresión en la época del imperialismo, continuará imponiéndose ciegamente en Colombia, hasta cuando el saqueo de los consorcios extranjeros y sus intermediarios con el consiguiente receso de la producción nacional y demás calamitosos efectos, concluya inclinando a las inmensas mayorías del pueblo a favor de los postulados de la revolución. Entonces se verá nítidamente que a los monopolios, para ponerlos al servicio de la prosperidad colombiana, hay que confiscarlos; y que los reformistas, empeñados en maquillar la voracidad de los magnates de la banca y de los truts, no son más que unos lobos con piel de oveja, acaso más traidores y peligrosos que los defensores de oficio del régimen.
