COLOMBIA, UNA BABILONIA DEL CAPITAL FINANCIERO

Las quiebras, los concordatos, los fraudes, las medidas intervencionistas del Estado, las fugas y los aprestamientos de banqueros, así como la pugna por la detentación del Banco de Bogotá, la toma de Colseguros por parte de los Santodomingo, la compra de Fabricato por Félix Correa, la estafa a los ahorradores de los fondos Grancolombiano y Bolivariano, y el rescate que pagó el “sindicato antioqueño” a Jaime Michelsen por la Compañía Nacional de Chocolates, hacen parte del turbión financiero que estremeció al país en los últimos años.

Un puñado de familias, asociadas al capital extranjero y favorecidas por altos estratos gubernamentales, constituyó los llamados “grupos”. Estos están compuestos por una amalgama infinita de empresas que captan el ahorro privado, reciben depósitos de particulares y de fondos oficiales, manejan el comercio exterior, sirven de intermediarios al capital extranjero y especulan con los valores bursátiles y con la propiedad raíz. El control de esos conglomerados les permite a sus dueños manipular enormes masas de dinero. En 1981, los activos de las entidades financieras superaron el billón de pesos. Con tal poder y convertidos en verdaderos buitres de la extorsión, estos Midas modernos terminaron por poner de rodillas a la economía colombiana.

El régimen de Belisario Betancur, heredero de la borrasca financiera que le dejara Turbay, adoptó abundantes medidas que, lejos de significar un freno a los desmanes de los grandes usureros y agiosistas, han servido más bien para avivar esta Babilonia del capital parasitario.
Las tentativas por moralizar el proceso de monopolización del capitalismo o restringir las actividades del capital bancario sólo han dejado en claro la hipocresía y la inutilidad de tales intentos. Únicamente la confiscación de los expropiadores decidirá la prosperidad de Colombia y de su pueblo.

El cuatrienio de Turbay se despidió en medio de la borrasca de la crisis financiera que legó cual nefasto inventario a sus sucesores.
Las quiebras, los concordatos, los fraudes, las medidas intervencionistas del Estado, las fugas y los aprestamientos de banqueros son, por así decirlo, el anverso del dramático cuadro; su reverso lo constituyen los cientos de miles de ahorradores, que ven, impotentes, como se esfuman sus pequeños o grandes capitales.

Atónito, el país viene presenciando desde mucho atrás la disputa endemoniada que sostienen los “grupos” en su afán por asegurarse el dominio de las grandes empresas colombianas. Tras este propósito los conglomerados pasan por encima de la ley, violan las normas de los organismos de vigilancia creados por el gobierno, estafan a los rentistas y reciben cuantiosos préstamos de fondos oficiales para efectuar sus negocios o cubrir sus desfalcos.

La pugna por la detentación del Banco de Bogotá; la toma de la Compañía Colombiana de Seguros –Colseguros- y del Banco Comercial Antioqueño por parte de los Santodomingo, la venta de ese banco a Jaime Mosquera Castro y luego su intempestivo retorno a los dueños anteriores; la compra de Fabricato por Félix Correa, y la recuperación de la Compañía Nacional de Chocolates por el llamado “Sindicato Antioqueño” de manos de Jaime Michelsen Uribe, pusieron de fraudulento los manifiestos manejos que estremecieron las altas esferas de la nación. El gobierno de Betancur, para conjurarlos, decretó la emergencia económica, nacionalizó el Banco del Estado y emitió más de 13.000 millones de pesos con que subsidió los desmanes de la oligarquía.

Los fabulosos negociados entre los oligopolios contrastan con la recesión en que están sumidos los productores. En tanto los bancos y corporaciones obtienen ganancias inimaginadas, las cifras del crecimiento económico de Colombia en los dos últimos años son las más bajas desde 1960. La inflación y el desempleo continúan degradando la ya precaria situación de los desposeídos de la producción nacional se arruina como consecuencia de la pérdida de su mercado frente a los géneros foráneos y ahogada por un crédito caro.

Desarrollo del capital usurario
La concentración de grandes capitales se ha venido dando en Colombia a través del control, en unas pocas manos, de una serie de entre financieros. La formación de los “grupos” puede situarse al comienzo de la década del sesenta con la aparición de las corporaciones financieras y de las sociedades administradoras de inversión. Si bien la banca data del siglo pasado, a principios de la presente centuria todavía era débil, carecía de estructura legal y prestaba servicios reducidos. Algunos establecimientos hasta emitían su propia moneda.

Sólo en 1923, por recomendación de la Misión Kemmerer, se expidieron la Ley 25 Orgánica del Banco de la República y la Ley 45 que delimitó la actividad bancaria y creó la Superintendencia como organismo de control y vigilancia. A 1927 se remonta la Ley 105 que trata sobre as compañías de seguros y, en 1947, aparecieron las sociedades de capitalización.

Las corporaciones financieras fueron reglamentadas por el Decreto 2369 de 1960. Además de conceder crédito a mediano y largo plazo, pueden invertir en cualquier sociedad comercial, agropecuaria, industrial, de servicios, etc., lo cual les está vedado a los bancos. Los fondos de inversión, manejados por sus respectivas sociedades administradoras, captan recursos de la comunidad, a través de la venta de “unidades de inversión”, para negociar con acciones y otros valores bursátiles.
Los bancos, las compañías de seguros y sus filiales, las sociedades de capitalización, crearon entonces corporaciones financieras y sociedades administradoras. Ya hacia 1970 la oligarquía había completado los instrumentos jurídicos necesarios para captar ahorro y canalizar los dineros del erario, las inversiones directas y los préstamos extranjeros. Con dichas sumas los grandes financistas, además de monopolizar el comercio exterior, estrangulan la producción mediante el crédito oneroso y se adueñan de toda clase de empresas.

La entronización del agio
Faltaba una sola cosa; que los intereses subieran y aún sobre pasaran el ritmo de la inflación. En 1972 se instaura el sistema de ahorro conocido como Upac – unidad de poder adquisitivo constante – y surgen las corporaciones de ahorro y vivienda.

En 1976 López Michelsen no sólo consolida las Upacs, despejando toda duda sobre su legalidad, y da rienda suelta a los créditos usurarios y a la especulación con la propiedad raíz, sino que en términos generales “upaquiza” toda la economía. A las corporaciones las autoriza para fijas los intereses a su arbitrio y les amplia sus atribuciones a fin de que compitan con los bancos en la obtención de recursos, y a éstos les facilita dadivosamente las operaciones de exportación e importación. Al estatuir la “colombianización” de la banca extranjera, estrecha aún más los lazos entre la oligarquía criolla y los banqueros imperialistas, a los cuales permite revalorizar por diez y más veces sus activos en el momento de convertirse en socios del capital interno, otorgándoles súbitas y pingues ganancias. Abre la “ventanilla siniestra” en el Banco de la República, por donde se legaliza gran parte de los dólares del narcotráfico. Y para colmo, su gobierno se mostró generoso hasta la frescura con las sociedades de parientes y allegados, como en el ruidoso caso de los cientos de millones del Fondo Nacional del Ahorro, que terminaron siendo depositados en las Cajas del Bancos de Colombia, de su primo Jaime Michelsen, contra claras y precisas disposiciones que prohíben la colocación de estás cuentas oficiales en entidades bancarias privadas.

Prosiguiendo la labor de fortalecimiento del dinero parasitario, el gobierno continuista de Turbay Ayala liberó las importaciones, incrementó la financiación del comercio exterior, duplico los ya duplicados intereses y les echo más leña a la hoguera del costo de la vida. Con el Decreto 1970 de 1979 reglamentó las compañías de financiamiento comercial y, con el 148 de ese mismo año y el 2059 de 1981, dio vida a las sociedades que arriendan activos fijos (leasing) y a las que compran cartera (factoring).

La rebatiña de los buitres
Fue así como un puñado de familias, asociadas al capital extranjero, favorecidas por los altos estratos gubernamentales y convertidos en verdaderos buitres de la extorsión, terminó poniendo de rodillas a la economía colombiana.
Un conglomerado está compuesto por compañías de seguros, sociedades de capitalización, administradoras de inversión, urbanizadoras, inmobiliarias, bancos, almacenes generales de depósito, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, corporaciones de ahorro y vivienda, firmas de comercio exterior y otra gama infinita de empresas adicionales.

El control del grupo les permite a sus dueños manejar enormes masas de dinero representadas en las consignaciones oficiales y particulares, tales como cuentas corrientes, ahorros y depósitos a término; importes de miles de pequeños rentistas captados por las cedulas de capitalización y las unidades de inversión; reservas técnicas, producto de la venta de pólizas de seguros; redescuentos del Banco de la República, provenientes en parte del endeudamiento externo, sumas de los inversionistas extranjeros asociados a la banca colombiana, y líneas de crédito especiales del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo o de la Corporación Financiera Internacional. Asimismo, por sus arcas pasan las astronómicas cifras provenientes del narcotráfico, que estas instituciones “lavan”, de una u otra forma, e introducen a la corriente monetaria. A lo anterior hay que agregar las jugosas ganancias que año tras año reciben de sus actividades especulativas en la bolsa, el comercio, la construcción, etc.

Y como si esto no bastara, disfrutan además de franquicias para burlar las obligaciones referentes a la suscripción de acciones, las normas que prohíben la adquisición de sociedades con los ahorros del público y las medidas que regulan los préstamos del Estado, con los que atienden sus tejemanejes bursátiles.

Con tan considerable poder y ante una economía señalada por la bancarrota, el atraso, la pequeñez del mercado y la relativa dificultad para acumular capitales, estos esquilmadores de la producción nacional se apoderan de las viejas factorías, sin intentar siquiera instalar otras nuevas, aprovechándose y agravando la crisis de un país en el que las inversiones productivas rentan muy poco, o ya no rentan, y en el que el agio, la usura y la especulación son los negocios lucrativos por excelencia..
Es así como los Santodomingo caen sobre Imusa, Cervecería Unión, Avianca, Colseguros, Banco Comercial Antioqueño, etc. Michelsen lo hace con Cine Colombia, Simesa, Nacional de Chocolates, Cementos Argos, Coltabaco, entre otras; Félix Correa, en Seguros Colombia, Banco Nacional, Fabricato, Vicuña; Luis Carlos Sarmientos Angulo, el de la Corporación las Villas y el Banco de Occidente, sobre el Banco de Bogotá, Lux, RCN; Jaime Mosquera Castro forja el “Grupo del Estado”, y Germán de la Roche, el “Central”, que abarca Seguros Atlas, Banco de Caldas y Tejidos Única. En esta danza de los millones participa incluso la comunidad de los jesuitas, propietaria de la Caja Social de Ahorros, Colmena y Cenpro Televisión, y que compró recientemente la Corporación Financiera de Occidente.

Banqueros ¡a la cárcel!
Ofreciendo altos intereses a las sumas depositadas en sus empresas, Félix Correa reunió una gran masa de dinero. Se hizo autopréstamos que excedieron los 14.000 millones de pesos contando con la complicidad de la Superintendencia Bancaria, la cual, pese a conocerlas turbias maquinaciones desde años atrás, las dejaba en la impunidad. Así fue como el señor Correa extendió su dominio sobre Seguros Colombia, Banco Nacional, Vicuña y Fabricato, logrando aglutinar en su grupo alrededor de 70 sociedades. La intervención que hiciera el superintendente Morris Ordóñez en Financiera Furatema, en junio pasado, repercutió en el Banco Nacional. Sin embargo, la avidez de don Félix llegó hasta el extremo de utilizar para sí un sobregiro de 2.000 millones de pesos que concedió el Emisor para que su banco respondiera a los retiros masivos del público.

Esta estafa y muchos más delitos suyos que han ido surgiendo a la luz pública, los indebidos autopréstamos, el fraude al Banco de la República con cheques sin respaldo y contra bancos de Estados Unidos y Alemania, etc., determinaron que el juez 30 penal del circuito de Bogotá dictara auto de detención contra el financista y otros directivos de sus empresas.

La acción de la superintendencia en el Grupo Colombia (Financiera Furatema, Banco Nacional, Corporación, Financiera Antioqueña, Financiera Colombia y otras), así como la liquidación de las sociedades familiares “Correa y Correa” y “Correa Acevedo”, pusieron al descubierto infinidad de violaciones a la ley y la práctica generalizada de los autopréstamos sin respaldo de ninguna clase, que tenían por objeto engullirse otras compañías.

Sin terminar el escándalo sobre el emporio de Félix Correa, surge el de su sobrino, Darío Correa, cabeza del denominado “Grupo Oro” (Inversiones Oro, Seguros Antioquia, etc.), quien posteriormente huye al Brasil con su familia y cientos de millones de pesos.

En agosto viene la estampada. Varios intermediaros financieros, entre ellos Darío Sanín Vergara, Juan Evangelista Olarte y los propietarios de “Giraldo Franco y Cia”, abandonan Colombia, las valijas repletas con el fruto de los ahorros de sus victimas.

La “respetable y centenaria” firma bogotana “Camacho Roldán”, que también había exhibido el señuelo de los altos intereses para captar dinero, ante la imposibilidad de atender sus compromisos, se declaró en concordato y dejó en la estacada a miles de depositantes.

A fines del mismo mes las autoridades tienen que intervenir al “Grupo Santa Fe”. Lo formó un antiguo socio de Félix Correa, Octavio Martínez, quien en 1980 compró la Corporación Financiera de las Américas y la Compañía de Financiamiento Comercial, Financol. Un año más tarde adquirió la Financiera Gercol, que estaba en quiebra. El conglomerado de Octavio Martínez lo constituían 41 empresas, la mayoría de sus depósitos provenía de cuentas oficiales, prioritariamente del Distrito Especial, y, conforme a la usanza, se concedía auto créditos sin garantía real.

Entre el 17 de junio y el 30 de agosto del año pasado de cerraron por suspensión de pagos treinta y cuatro entidades financieras.

En septiembre comienza la recogida, Jaime Mosquera Castro, que había adquirido un buen paquete de acciones del Banco del Estado, mediante préstamos hechos por esta misma entidad que ya estaba bajo su control, y para lo cual suplantó personas, falsificó firmas y alteró documentos públicos, terminó acompañando a don Félix en los calabozos del DAS. Igual suerte corrieron Eduardo Uribe Uribe (vicepresidente del Banco Nacional y ex vicepresidente del Banco del Estado), Jorge Castro, Iván Amaya Villegas (presidente del Banco Nacional), Gabriel y Fernando Camacho, Eduardo Uribe de Narváez (presidente de Central Leasing), Jaime Uribe Carriazo (gerente de Inmobiliaria la Roche), Gustavo Mendoza Vargas (vicepresidente del Banco Nacional), Carlos Zambrano Ulloa (ex viceministro de Minas y Energía, accionista del Banco del Estado), José Muñoz Turbay y Fabio hurtado (del Grupo Colombia) y otros más.

Pese a que Mosquera Castro estuvo envuelto en la liquidación fraudulenta del Unibank de Panamá, vinculado a la mafia norteamericana, Morris Ordoñez no sólo levantó el veto de la Superintendencia que sobre aquel pesaba, a fin de posesionarlo como presidente del Banco del Estado, sino que años más tarde dio el visto bueno para que adquiera el Banco de Kalb, en Georgia, Estados Unidos.

Las denuncias de la prensa sobre esos episodios bochornosos motivaron el retiro masivo de depósitos del Banco del Estado, que se fue a pique a pesar de los 4.000 millones de pesos que le entregara Betancur a fines de agosto para mantenerlo a flote. A la postre la emisión sobrepasó los 13.000 millones, que tampoco bastaron, y el régimen no tuvo más remedio que decretar la emergencia económica, nacionalizar la institución y asumir sus multimillonarios compromisos. Una de las más trapaceras y costosas nacionalizaciones en los anales de Colombia.

Los fraudes, propiciados y estimulados por los regímenes de López y Turbay, continúan aflorando. A mediados de noviembre Germán de la Roche, que había montado su emporio con Central Financiera, Seguros Atlas, Banco de Caldas, Inmobiliaria la Roche, Tejidos Única, etc., solicita a las autoridades intervengan la primera de las sociedades mencionadas y pongan en concordato preventivo a varias de sus empresas. Un día antes de que se le expidiera la correspondiente orden de captura, de la Roche huyó del país.

Los corruptos antecedentes
El capital financiero, que no es más que la centralización de los recursos monetarios por parte de contadísimas entidades, supone no sólo la prerrogativa de conocer la situación real y las verdaderas posibilidades de los diversos capitalistas; sino la omnímoda atribución de supervisarlos y decidir plenamente sobre sus planes y transacciones. Quien regenta el crédito sin cortapisas de ninguna índole, determina la suerte de los deudores, hasta el extremo de fijarles el campo de acción, los límites de ésta y el tope de la ganancia; concede o niega la opción de sobrevivir en el mundo de los negocios. A la industria no le queda otra que someterse a los designios soberanos de una cuadrilla de grandes financistas. Es frecuente que la banca, por intermedio del entramado de sus instituciones subsidiarias, acapare paquetes considerables de acciones de una firma, con el objeto de coaccionar a los antiguos propietarios, obligándolos a rescatar los papeles a un valor ficticio mayor, o a sufrir la contingencia de perder el dominio sobre la empresa en cuestión.

También es de uso común el llevar al borde de la quiebra a los productores, para luego exigirles como pago de los préstamos usurarios la propiedad de sus factorías. Quince compañías que en 1981 tramitaban concordatos por más de 2.000 millones de pesos, debían a los bancos 1009 millones, a las corporaciones financieras 700 y 200 a las compañías de financiamiento comercial.

Los casos de los banqueros privados de la libertad o de los que se fugan no son los únicos en la orgía de los financistas. En los debates que se presentaron en el Congreso, el año pasado, surgieron de nuevo los ilegales manipuleos de los fondos Grancolombiano y Bolivariano.

Varias empresas de Jaime Michelsen se apoderaron a principios de 1980 de 14 millones de acciones de la Nacional de Chocolates. Violando las normas sobre la materia y haciendo uso ilícito del juego de la bolsa para fijar los precios que se acomodaron a sus deseos, lograron timar en cientos de millones de pesos a numerosos incautos, quienes depositaron sus ahorros en los mencionados fondos.

La venta de valores que provocara el retiro masivo de dineros del Grancolombiano y del Bolivariano, también fue mañosamente aprovechada por Michelsen, con la necesaria complicidad de sus allegados en el Poder. La Junta Monetaria, transgrediendo disposiciones legales, le concedió al Banco de Colombia un rédito extraordinario por 900 millones pesos. Con dicho crédito se financiaron las empresas del pulpo expoliador para adquirir de los fondos los títulos que éstos poseían, a precios de realización.

Pero el tráfico de los papeles de la Nacional de Chocolates no sirvió únicamente para despojar a miles de pequeños ahorradores. Poseedor de una considerable parte del capital social de esa compañía, el conglomerado se convirtió en un peligro para los intereses de los industriales antioqueños. Como contaba además con derechos en Coltabaco. Noel, Argos y Suramericana, amenazó con dominar el emporio financiero que gira alrededor de Suramericana de Seguros, la Corporación Financiera Nacional y el Banco Industrial Colombiano.
Los empresarios antioqueños constituyeron lo que ellos mismos denominaron el “sindicato”, a fin de recuperar el terreno perdido.

Reunieron sus haberes y, como rescate por sus industrias, le entregaron al “Grupo Grancolombiano” fincas, lotes, compañías y efectivo, todo por un valor de 2.600 millones de pesos. Tan turbio y vertiginoso le reporto, a quien había estafado con los fondos, una utilidad de 1.300 millones.

La lucha por el dominio de las empresas se generalizó. El “Sindicato” no había logrado reponerse de las cuantiosas erogaciones hechas para recuperar el control de algunas de sus industrias y del complejo financiero de Suramericana, cuando recibió el zarpazo de Santodomingo. Este le arrebato Colseguros, la más grande de las aseguradoras del país y, con ella, la Corporación Financiera Colon, Inversiones y Créditos Colseguros, Banco Comercial Antioqueño, Almagran y otras filiales. Luego le vendió el Banco a Jaime Mosquera Castro, negocio que tuvo que revertirse ya que el comprador fue cogido in fraganti en las delictuosas anormalidades atrás descritas.

Posteriormente vinieron los intentos de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo por apoderarse del Banco de Bogotá, institución insignia del grupo de Seguros Bolívar y Cementos Samper. En las bolsas de Bogotá y Medellín se realizaron transferencias de papeles de ese banco por más de 5.000 millones de pesos.
Aquí tampoco faltaron las denuncias sobre infracciones a las normas que regulan el mercado bursátil y la vana y consabida manifestación de las autoridades de abrir exhaustivas investigaciones para averiguar la procedencia de las enormes cantidades de dinero que entraron en juego. Lo que si quedo claro fue la actualización de las divisas provenientes del crédito externo, concedido a Cementos Samper para ensanchar la fábrica, en la compra de 6 millones de acciones. De todas maneras los primitivos dueños conservaron, por un estrecho margen, el dominio del banco.

La artificiosa vigilancia oficial
La Comisión Nacional de Valores, creada hace apenas tres años, tiene como función la de vigilar la compra y venta de acciones de las sociedades, en un pretendido intento por evitar la concentración del capital. En febrero de 1981, su entonces presidente Hernán Echevarria, pidió que se adelantará una pesquisa de índole penal contra los fondos Grancolombiano y Bolivariano, aduciendo que se manipuló, en el caso arriba referido, el mercado de la Bolsa de Bogotá para variar engañosamente los precios de los títulos de la Nacional de Chocolates. Como el principal sindicato ha sido un poder real detrás del otro, la denuncia causo gran revuelo, hasta llegar a un estruendoso debate en el Congreso. El gobierno anterior movilizó sus fichas y el ex ministro de Desarrollo, Andrés Restrepo, no sólo no apoyo al presidente de la Comisión de Valores, sino que, incluso, lo acuso de “haber roto la reserva bancaria” por publicar la resolución que pedía la investigación.
Aunque Michelsen y el gerente de Graninversion fueron absueltos por la justicia ordinaria en septiembre de 1981, dos meses más tarde la subcomisión senatorial insistió en la denuncia penal contra ellos. Un año después, el mismo Senado a firmó que la Superbancaria “fue negligente” en el mencionado caso. En octubre pasado el Tribunal Superior de Bogotá reabrió el proceso por la presunta comisión de los delitos de estafa y pánico económico.

La inanidad de la Comisión de Valores se puso de manifiesto oficialmente cuando en declaraciones a “El Tiempo”, en octubre 20 de 1981, su presidente, consultado sobre las acciones que emprendería en relación con la puja que se daba por el Banco de Bogotá, manifestó: “Yo contra eso no puedo pelear. Yo no puedo hacer nada contra los monopolios”.

En noviembre pasado el superintendente bancario de la nueva administración. Germán Botero de los Ríos, ante la imposibilidad de responder satisfactoriamente el cuestionario del Senado sobre el Grupo Grancolombiano, concluyó cínicamente su intervención diciendo: “Me fue mal en el examen”.

Con sus copiosas medidas adoptadas en el corto plazo de cinco meses, el régimen de Belisario Betancur, lejos de significar un freno a los desmanes de los grandes usureros y agiotistas, ha terminado por avivar esta Babilonia del capital parasitario en que se ha convertido Colombia.

Su primera incursión en el tenebroso mundo de las finanzas consistió en hacerse cargo de las deudas de los defraudadores del ahorro, para lo cual puso a funcionar, día y noche, la maquinita de emisión del Banco de la República. En vista de los retiros masivos ocasionados por la pérdida de confianza entre el público, creó un fondo con los dineros de los establecimientos nacionales y entidades descentralizadas para solventar la falta de captaciones del sector privado. A éste le rebajó, además, los intereses que tiene que pagar sobre los créditos ordinarios y extraordinarios concedidos por el Emisor. Estableció una línea de recursos especiales con la cual los bancos redescuentan las obligaciones que con ellos contraen las compañías de financiamiento comercial. A las corporaciones les aumentó también el cupo de redescuento hasta el ciento por ciento de su capital pagado y reserva legal ya de otra parte, las autorizó para que adjudicaran préstamos a las compañías de arrendamiento financiero. Incrementó los rendimientos de las corporaciones de ahorro y vivienda, al elevar el tope de la corrección monetaria, y anunció que les prestaría a las entidades financieras para que puedan adquirir acciones de las sociedades anónimas.

No contento con lo anterior, el 23 de diciembre decretó por segunda vez la emergencia económica. Con base en ella rebajo los impuestos, tanto a las sociedades anónimas como a los accionistas, y eliminó en la practica la tributación de las ganancias ocasionales, concesiones ambas que favorecen al sector financiero. Como una de las principales fuentes de las utilidades de los “grupos” radica en especular con la revalorización de sus activos, y como les resulta embarazoso justificar la procedencia de las astronómicas cantidades que mueven en sus transacciones, o sea de la plata que facilita la llamada “economía subterránea” del narcotráfico y el contrabando otorga la amnistía patrimonial.

La confiscación decide
En resumen, todo este enmarañado tráfico fiduciario, seguido de denuncias penales, abdicaciones de los supervisores del gobierno, promesas sobre “investigaciones exhaustivas” y bloqueos económicos contra los periódicos impertinentes, deja en claro la hipocresía de pretender moralizar el proceso de monopolización del capitalismo, o de restringir el acaparamiento de las riquezas, en lugar de expropiar a los expropiadores.

Las empresas agrícolas e industriales, los pequeños rentistas y los usuarios de vivienda costeada con Upacs, que luchan por no perecer triturados entre los piñones del engranaje financiero, palpan cada día mejor algo que ha sido axiomático para las capas más esclarecidas del movimiento obrero: que no existen, ni existirán, dentro del sistema neocolonial y semifeudal prevalecidote, normas legales ni preceptos éticos capaces de contener o siquiera atemperar, la desbocada carrera de los expoliadores criollos y sus amos imperialistas por adueñarse del país. Los proyectos de reformas tendientes a morigerar el atesoramiento o a proscribir de las operaciones bancarias la trapacería que las caracteriza, no dejarán de ser fútiles intentos por darle categoría social a la rebatiña y a la podredumbre.

La constante centralización de los capitales en unas pocas manos, canon infalible de la sociedad burguesa, que llega a su máxima expresión en la época del imperialismo, continuará imponiéndose ciegamente en Colombia, hasta cuando el saqueo de los consorcios extranjeros y sus intermediarios con el consiguiente receso de la producción nacional y demás calamitosos efectos, concluya inclinando a las inmensas mayorías del pueblo a favor de los postulados de la revolución. Entonces se verá nítidamente que a los monopolios, para ponerlos al servicio de la prosperidad colombiana, hay que confiscarlos; y que los reformistas, empeñados en maquillar la voracidad de los magnates de la banca y de los truts, no son más que unos lobos con piel de oveja, acaso más traidores y peligrosos que los defensores de oficio del régimen.

EL FMI TAMBIÉN ESTRANGULA A LA ARGENTINA

A pesar de su tradicional desarrollo en el contexto del hemisferio. Argentina también se tambalea y su economía corre vertiginosamente hacia el fondo del abismo. El estancamiento y la quiebra del sector industrial, la bancarrota financiera, el déficit de l la balanza de pagos, la devaluación galopante, el desempleo, la insolvencia en las finanzas públicas y la cuantiosa deuda externa, son signos inequívocos del abatimiento del país.

Distintos modelos, ninguno de ellos exitoso, ha ensayado la dictadura militar desde cuando asumiera el poder el 24 de mayo de 1976. Estos van desde los de corte neoliberal, hasta los que tratan de devolverle al Estado la función de intervención en el proceso económico.

Obviamente, una de las primeras fórmulas consistió en la apertura del mercado interno a la competencia extranjera. Se decretó la libertad de precios y de las tasas de interés, se eliminó los subsidios, se suprimió el control de cambios, y se abrió, aún más, las compuertas a las inversiones de los monopolios imperialistas. Argentina se convierte así en un campo de experimentación de una de las tantas versiones latinoamericanas de la llamada Escuela de Chicago. Los resultados no se hicieron esperar. La producción de bienes y servicios ha ido en un constante desmedro, hasta llegar en 1981 a una tasa negativa de crecimiento del 6.1%. De enero a septiembre del mismo año quebraron 1.886 empresas y actualmente se calcula que las fábricas funcionan al 50% de su capacidad instalada. Se resintieron fuertemente los renglones de diesel y fuel oil, confecciones, energía eléctrica, ácido sulfúrico, cemento, hierro primario, acero crudo, laminados, vino, azúcar, televisores, automotores, tractores, pastas celulositas, papel y cartón. La agricultura también tuvo su retroceso. Descendió la producción de trigo, girasol, lino, uvas, algodón, tabaco, té, naranjas, manzanas, peras y carne vacuna. Las tierra ganaderas abandonadas no se han utilizado para la siembras como ocurría años atrás. En la agroindustria las quiebras son igualmente frecuentes y, por el alto costo de los insumos y del dinero, el futuro de los cereales es bastante incierto.

Los otros sectores económicos tampoco escapan a las dificultades, puesto que, entre 1980 y 1981, la construcción, el comercio, los transportes y los establecimientos financieros disminuyeron sus operaciones en 69, 279, 121 y 64 millones de dólares, respectivamente.

Lo que sí ha crecido en Argentina es la deuda externa, la remisión de utilidades de las empresas extranjeras, las tasas de interés, la devaluación, los precios, el desempleo, el déficit fiscal, en una palabra, el saqueo y la explotación imperialistas.

El pueblo está encadenado a la banca internacional con cuarenta y tres mil millones de dólares. Argentina necesitaría un equivalente al 153% de sus exportaciones para cancelar la amortización y los intereses de la deuda externa que vencen en 1983. El año pasado el país incumplió el pago de 2.300 millones de dólares que debía girar por los mismos conceptos. Y todo esto, mientras la balanza de pagos registró en 1981 un saldo rojo de 3.500 millones de dólares, y por consiguiente, las reservas internacionales sufrían una baja ostensible.

En marzo de 1980 les llegó el turno a los intermediarios financieros con la bancarrota del Banco de Intercambio Regional. Era apenas el comienzo, ya que un breve lapso sucumbieron unas tras otras 118 corporaciones, arrastrando consigo innumerables empresas y traumatizando toda la economía nacional. Las altas tasas de interés, que fluctuaban entre l6% y el 10% mensual, no sólo permitieron fabulosas captaciones con las que los banqueros alimentaron sus auto-prestamos, sino que los ahorros privados terminaron canalizados hacia actividades especulativas o de alto riesgo. Las cuantiosas pérdidas ocasionadas por las falencias y los manejos fraudulentos las asumió el Estado a través de la banca central, tal como viene sucediendo en Colombia y en gran parte de América Latina.

El 6 de julio de 1982 el ministro de economía, José Maria Dagnino Pastore, promulga la nueva estrategia de la junta militar, implantando una reforma financiera que limita los márgenes de las tasas de interés, establece el cambio múltiple de la divisa autoriza el endeudamiento de las empresas con garantía del Estado y, finalmente, determina un control laxo de las importaciones.

Seis meses después el cambio de rumbo de la economía vuelve a ser noticia. El generalato a de aceptar todos y cada uno de los dictados del FMI, para poder gozar del visto bueno de dicha institución, con el objeto de obtener un préstamo de emergencia de 2.200 millones de dólares por parte de 263 bancos extranjeros, a la cabeza de cuya negociación estaba el City Bank de Nueva York. El nuevo zar de la economía argentina, Jorge Wehbe, dispuso la cancelación de la reforma financiera y determinó la elevación de las tasas de interés al 11.5% mensual para los créditos de más de treinta días, con el argumento de “atraer nuevamente a las entidades financieras los fondos líquidos que salieron del sistema en los últimos meses”. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, importante organización gremial que agrupa a 180 bancos y cooperativas de crédito, declaró que “el conjunto de medidas recrea un mecanismo cuyos nefastos resultados son conocidos, elevadas tasas de interés con la intención de alentar la especulación bancaria, imponer una política monetaria restrictiva que persigue mejorar la situación del sector externo, cumpliendo los términos del Fondo Monetario Internacional”.

A pesar de estos virajes y de las distintas prescripciones, y precisamente por ello, la economía no se recupera. La devaluación entre diciembre de 1981 y noviembre de 1982 alcanzó la cifra del 455% y la inflación llegó el año inmediatamente anterior al tope de 220%, la más elevada en los últimos seis años. El peso de la crisis se ha descargado básicamente sobre los trabajadores, pues el salario real decrece día a día y cerca de un millón cuatrocientos mil desempleados padecen la más angustiosa miseria.

La mejor enseñanza para extraer de la catástrofe de estos tres países es que la solución sus problemas no puede depender de las formulas cocinadas por las diversas escuelas económicas apologistas del imperialismo. Sólo liberándose de la coyunda neocolonial y manteniendo plenamente la independencia y la autodeterminación nacionales, florecerá el desarrollo social y económico sobre bases sólidas y en beneficio de las grandes masas explotadas y oprimidas de hoy.

RESULTADO DEL CONCURSO DE POESÍA

En febrero de 1981, TRIBUNA ROJA convocó un concurso de poseía en conmemoración del bicentenario de la Revolución Comunera.
El jurado, constituido por Alfredo Iriarte, Conrado Zuluaga y Jairo Aníbal Niño, emitió su veredicto declarando desierto el premio, sin embargo, la Comisión de Redacción de TRIBUNA ROJA escogió, como un reconocimiento al esfuerzo de los concursantes, las mejores muestras seleccionadas entre más de cuarenta colaboraciones, con el objeto de publicarlas.

Los poemas fueron escritos por Alcira Nassar Bechara, publicista, y Carlos Julio Gutiérrez Roa, estudiante universitario.

Acta del jurado del Concurso de Poesía
“Bicentenario de los Comuneros”

A los 24 días del mes de febrero de 1982, el jurado, después de haber leído detenidamente los poemas participantes en el concurso convocado por TRIBUNA ROJA decidió declararlo desierto, por la deficiente calidad literaria de las obras presentadas.
El jurado, a su vez, recomienda que el premio se acumule para un nuevo concurso, cuyas bases dará el periódico a conocer en caso de aceptar la recomendación del jurado.

Firmado

ALFREDO IRIARTE
CONRADO ZULUAGA
JAIRO ANIBAL NIÑO

Galán

Todos te conocen
tu nombre se pronuncia
en todo lugar,
todo sitio
toda hora
eres inmortal.

Charalá, Socorro y San Gil
te llaman. Sigue el dominio,
tu obra no ha sido culminada.

Tu cabeza – en las Guaduas –
sigue guiando la rebelión.
Tus manos – en Socorro y San Gil –
tienen empuñadas las armas.
Tus pies – en Charalá y Mogotes –
van rumbo a la batalla.
No han retrocedido.

No has muerto.
Tu nombre se proclama
y vivirá en la historia.
Tu obra sigue erguida
y tus pensamientos
van de mente en mente.
Tu fuerza, tu valentía
corre por las venas,
por los brazos,
y los más débiles
caminan contigo.
Eres inmortal.
Eres José Antonio Galán.

Carlos Julio Gutiérrez Roa

Por si los nuevos Berbeos

Los motivos del odio
del pobre y del paria;

De iracundos labriegos
la yesca incendiaria;

Los anhelos airados
del hombre en la mina;

El hambre, la sangre,
la pena y la ruina

Restituirán del caudillo la vida,
la magna humanidad esparcida.

Librarán la cabeza clavada del gancho,
clamaran por su boca, lejos, a lo ancho;

Y dirán a la patria
y al mundo doliente,

Que otros viles Berbeos
y los zares de Oriente,

Antenores, Caínes,
Iscariotes, ¡verdugos!

Mercadean sus cadenas
por menores mendrugos.

Alcira Nassar Bechara

MÁS PAROS CÍVICOS: LÍBANO Y TUNJA

No había terminado aun el primer mes de 1983, cuando los problemas ocasionados por las deficiencias en los servicios públicos y los abusos en sus tarifas desencadenaron nuevos paros cívicos en dos municipios del país.

Cada vez más la respuesta gubernamental combinó las promesas con el garrote, soluciones que, día a día, convencen y atemorizan menos.

En la capital de Boyacá
Desde hace varios años, Tunja ha padecido por la escasez de agua para las necesidades vitales de su población. Boyacá ha sido testigo de encendidas protestas de la ciudadanía, justamente enfurecido por la decidía oficial al respecto.

Cada vez que las gentes se movilizan, gobernadores, alcaldes y enviados del gobierno central acuden a calmarlas con ofrecimientos de solución al problema, pero sistemáticamente incumplen estos compromisos. De tal manera que al pueblo no le queda otro recurso distinto de la lucha masiva para exigir su derecho a disfrutar del servicio de acueducto.

Tal situación se presentó de nuevo durante los días 30 y 31 de enero, cuando los habitantes del barrio Los Muiscas decidieron bloquear la Carretera Central del Norte, para protestar por la crónica carencia de agua que soportan, en una urbanización que fue construida por el Instituto de Crédito Territorial pero que, junto con los barrios Asís y Santa Ana, donde residen unas quince mil personas, se ve permanentemente amenazada por epidemias y todo tipo de problemas sanitarios debidos a la irregularidad en el suministro de agua. Últimamente hubo graves brotes de gastroenteritis.

Los voceros de las juntas de acción comunal anunciaron que mantendrán su movimiento “hasta tanto un representante del gobierno anuncie una solución definitiva al problema, ante la inoperancia de Empotunja.

Por otra parte, las amas de casa organizaron una marcha con ollas vacías y respaldaron, con decisión y valor, el paro y se hicieron presentes en el bloqueo, junto con sus pequeños hijos.

Heridos y desaparecidos
En el municipio de Líbano, Tolima, sus 60 mil habitantes se levantaron también, durante tres días, en contra de las abusivas alzas en las tarifas del acueducto, puestas recientemente en vigencia por la Empresa Empolíbano.

El movimiento se inicio el día 29 de enero, y ya desde ese momento la policía pretendió impedirlo con detenciones y golpizas. Pero lejos de amilanarse, las gentes se volcaron a las calles y dieron plazo a las autoridades hasta el 31 a las tres de la tarde para pronunciarse al respecto. La alcaldesa municipal dijo, por toda respuesta, que se verá obligada a “imponer el toque de queda”. No obstante que al día siguiente la población amaneció militarizada, miles de manifestantes se tomaron las calles para continuar su protesta.

La respuesta oficial fue brutal; más de cien personas fueron detenidas; el saldo de heridos llegó a 30, y entre ellos se hallaba un anciano de 70 años que fue brutalmente golpeado con bolillo; se informó de varias desapariciones y el propio presidente del comité cívico del Líbano, Jaime Ávila, denunció que uno de los directivos del paro fue detenido por el ejército delante de testigos, pero que no había noticias sobre su paradero. Sin embargo, la población estaba decidida a continuar la protesta hasta lograr una solución satisfactoria.

ALARMANTE LA INSEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL PAÍS

En julio de 1977 el gas grisú de los socavones, convertido a 300 metros bajo tierra en un turbión de llamadas, puso fin trágico a la vida de ochenta y seis mineros del carbón en Amagá, Antioquia y un alud sepultó a cinco más el 7 de noviembre de 1981, casi en el mismo corredor de la mina “Villadiana” donde ocurrió el siniestro anterior. Otros trece compañeros, 38 días después, quedaron atrapados por un deslizamiento de rocas en un profundo manto de la mina “La Aurora”, también de Amagá; consiguieron salvarse porque el derrumbe no echó a perder la tubería utilizada para extraer el agua, ni interrumpió por consiguiente el paso del aire. Y el 25 de mayo de 1982, en la localidad de Neira, Caldas, una avalancha de lodo y piedras aplastó a 23 obreros de “La Concha”, una cantera de caliza perteneciente a Cementos Caldas, sorprendiéndolos en momentos en que se guarecían de la lluvia. En Colombia, los gases inflamables y los desprendimientos de rocas siguen constituyendo, como en la Europa del siglo XVIII, las principales causas de mortalidad en las minas, junto con las enfermedades pulmonares. Y tal es el atraso del país en este campo que, según lo ha reconocido el mismo Ministerio de Salud, el 66% de la explotación carbonífera en galerías subterráneas se realiza con iluminación de llama abierta, sin aireamiento de ninguna clase y empleando la pica, la pala y la tracción humana.

En febrero de 1982 hicieron explosión 3 mil barriles de productos químicos en las bodegas del Terminal Marítimo, en Barranquilla. Cinco personas murieron y otras cuarenta, en su mayoría trabajadores, resultaron con heridas de gravedad. Y en las postrimerías del año la zona industrial de Bogotá estuvo a punto de saltar en pedazos al incendiarse un inmenso tanque de gasolina en Puente Aranda, una barriada obrera donde se hallan acumulados, como a la espera de un detonante, millones y millones de litros de combustible.

En minas, puertos, centrales, hidroeléctricas, ferrocarriles, ingenios azucareros, fundiciones canteras, plantaciones y fábricas, hombres, mujeres y niños arriesgan diariamente su integridad por una salario exiguo sin que el Estado se haya mostrado nunca dispuesto a garantizarles un ambiente de trabajo seguro. De hecho el Ministerio de Salud invirtió en 1982 únicamente 10 millones de pesos en programas de salud ocupacional y, de contera, los organismos oficiales encargados no cuentan con personal suficiente para atender la prevención de los riesgos, ni mucho menos con los equipos de medición y detección indispensables.

Los sindicatos advierten
En 1977, el sindicato de Abonos Colombianos, Abocol, informó a la opinión cartagenera que un reactor de úrea de 42 toneladas, dado de baja en 1970 por fatiga del recubrimiento metálico, representaba un serio peligro. El tanque, puesto en servicio sin mayores reformas, estalló el 8 de diciembre, causando a 22 trabajadores la muerte y a otros 169 considerables lesiones. La empresa, situada en Mamonal, pertenece en buena parte a la Internacional Petroleum Company.

También los trabajadores barranquilleros protestaron cuando la firma Zeizel & Cia, decidió levantar una torre de siete pisos junto al Hotel del Prado, cuya estructura estaba diseñada sólo para cuatro. La construcción se vino a bajo el 6 de noviembre de 1978, con un saldo de 21 obreros muertos y esta es la hora en que los responsables no han sido castigados. También la indolencia de los constructores, estimulada por el afán del lucro, motivó la caída de un edificio de seis plantas en Medellín, el 9 de junio de 1982, hecho en el que once trabajadores perdieron la vida.

El 1° de febrero de 1980 pereció el trabajador Supertino Florido, de 28 años, al desprenderse de una altura de 20 metro en las instalaciones del ICT en Bogotá. El sindicato había notificado que un andamio en el que laboraba la cuadrilla de pintores presentaba fallas en las poleas. El día del accidente, los obreros que debían subir a pintar se negaron a hacerlo, presagiando la tragedia, y la empresa ordenó entonces a Florido y a José A. Ropero, auxiliares de pintura, que reemplazaran a sus compañeros. Sólo Ropero consiguió asirse a tiempo de una ventana, de la que fue más tarde rescatado. Y si bien se trata de una desgracia individual, casos como este son de común ocurrencia en el país.

Fatal desprotección
La construcción de hidroeléctricas se adelante en condiciones de peligrosidad que escapan a cualquier descripción. En Chivor II, obra dirigida por la firma Impregilo de Italia, la tarea de perforación de acomete con una fresadora gigantesca de 800 toneladas de empuje, que pulveriza de un envión la roca. Allí, en lo más profundo de la Cordillera Oriental, los obreros laboran a 40 grados de temperatura y bajo una humedad de hasta el 90% que no permite al cuerpo sudar, con ruidos cuyas escalas alcanzan los 125 decibeles – cuando es de 85 el máximo por reglamentación de la OIT, y absorbiendo continuamente nubes de polvo. La jornada laboral es de doce horas. En la hechura de esta represa, que el 3 de enero pasado cobró otras trece victimas, han sucumbido decenas de trabajadores.

Se afirma que el cloruro de polivinilo, sustancia empleada por Colcalburos de Zipaquirá y otras empresas, puede producir cáncer en el hígado. Los obreros son forzados a entrar en tanques reactores enormes, saturados de vapores letales, para hacer la limpieza con manguera y cepillo. Y aun cuando llevan una mascarilla, es tan grande la concentración de las emanaciones que aquella acaba taponándose y los hombres han de terminar la faena prácticamente sin protección.

En el proletariado de las flores son frecuentes los mareos, los dolores de cabeza, las alergias y la sinusitis. Según algunos estudios si el 65% de los 35 mil asalariados de esta industria, en su gran mayoría mujeres, sufren problemas de salud ocupacional, ello se debe en parte a que muchas de las empresas que funcionan en la sabana de Bogotá continúan aplicando pesticidas proscritos en EE.UU., y otros países, debido a su alto grado de toxicidad. Entre ellos, los órganos-clorados, como el Thiodan, el Aldrín y el Lindane, que provocan aborto; los órgano-fosforados, como el Malation y el Diazinon, y los carbonados, como el Temik y el Manzate, que afectan el sistema nervioso.

Se ha comenzado a llamar la atención, de otra parte, sobre las amenazas del asbesto, otro probable cancerígeno, que se aprovecha en la producción de láminas y tejas. Organismos internacionales han llegado incluso a recomendar que se proteja la manipulación de dicho mineral y que, aún más, sea sustituido por elementos menos riesgosos. Dirigentes sindicales de la empresa Eternit, han señalado también los peligros que entraña esta materia prima “Cuando se contrae la asbestosis resulta poco menos que inútil la pensión del Seguro – declaró un directivo -. En los casos que hemos tenido aquí en los últimos diez años; los pagos por invalidez y la defunción del trabajador suelen llegar unidos, por lo que la indemnización viene a ser algo así como un sufragio para la viuda”.

¿Ficción o realidad?
Para los proletarios colombianos puede llegar a ser funesto hasta calmar la sed. La filtración de las inmundicias del río Fucha en la tubería del acueducto que provee a la empresa textilera Maniatan, de Bogotá, resultó fatal en noviembre de 1980 y de nuevo en agosto de 1981, cuando perdieron la vida cinco asalariados y miles más hubieron de ser recluidos en hospitales con severos ataques de hepatitis amebiana. Desde hacia algún tiempo los obreros venían acudiendo a la consulta médica del ISS, aquejados de cólicos y dolencias estomacales, más la entidad se cruzó de brazos y permitió que la epidemia fuera cobrando magnitud.

También el consumir alimentos en los casinos de las empresas conlleva insospechados peligros. Son frecuentes los casos de intoxicación colectiva como el que aconteció en Croydon en 1979, cuando ochocientos hombres fueron internados de urgencia, varios hasta por mes y medio, tras ingerir comidas contaminadas.
Y los ejemplos reseñados constituyen apenas una pequeña ilustración del terrible problema que a diario causa incontables victimas en las filas del proletariado, compelidas por los capitalistas a enfrentar, inertes, vapores venenosos maquinarias en mal estado y demás contingencias. Esto, sin pormenorizar las secuelas que la contaminación del ambiente trae para la población en general.
Recordemos sólo algunos hechos bastante conocidos; el envenenamiento con restos de mercurio que la compañía Álcalis de Colombia origina en la bahía de Cartagena; el uso incontrolado de plaguicidas altamente tóxicos, como el clordimeform, sobre todo al sur del Tolima, y la solución de los ríos Bogotá, Cali y Medellín, ocasionada por los desechos industriales.
El problema de las corrientes fluviales se ha convertido en un flagelo para los colombianos, a despecho de la publicitada “revolución del agua potable”.

De otro lado, y aunque parezca cosa de ficción, los médicos, enfermeras y auxiliares de la salud están expuestos a gravísimos riesgos por el imperdonable abandono en que se encuentran hospitales y centros de asistencia. Expuestos, por ejemplo, a contraer, cuando no hay un estricto control, las llamadas infecciones inhospitalarias o a sufrir los efectos de las radiaciones que emiten los equipos de rayos X. El Sindicato de Empleados de la Salud, Sindes, ha denunciado por su parte que a los trabajadores de Malaria no se les suministra la dotación requerida para resguardarlos de productos que, como el DDT, deben aplicar cotidianamente.

Cifras reveladoras
El ISS, que posee datos sobre los accidentes y enfermedades profesionales que se presentan entre sus aproximadamente dos millones de usuarios, sólo cobija del 4% de las instalaciones fabriles del país y tampoco agrupa a vendedoras ambulantes, artesanos, albañiles, jornaleros agropecuarios, trabajadores temporales, empleadas del servicio domestico. Quedan por fuera también los niños de menos de 14 años, vinculados a diversas faenas y cuyo número se calcula en tres millones por la Oficina del Menor Trabajador, adscrita al Ministerio del ramo. Toda esta inmensa masa labora sin ninguna protección en Colombia.

De acuerdo con las cifras presentadas al Primer Ministro Latinoamericano sobre la Salud de los Trabajadores, que se realizó en Bogotá a comienzos de junio de 1982 en Colombia se registran anualmente dos millones de accidentes laborales, con incapacidad en el 57% de los casos, a un costo de 65 mil millones de pesos. Situación causada, según las conclusiones del Seminario, por “la falta de protección de los obreros en los centros fabriles” y por “la carencia de una política estatal definida en materia de salud ocupacional”. El documento agrega: “La prevención de los riesgos seria muchísimo menos costosa”.

Conforme a lo expresado por la OIT, en los países latinoamericanos los peligros ocasionados por las pésimas condiciones en las actividades productivas son equiparables a los de una guerra no declarada: “Cada año 100 mil trabajadores pierden la vida y un millón y medio quedan inválidos como resultado de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales”.
Las investigaciones revelan que en Colombia el 65% de los mineros del Carbón sufre algún tipo de fibrosis pulmonar; el 28% de los operarios de la industria textil y el 23% de los que manipulan el asbesto padecen enfermedades pulmonares, y el 74% de quienes cumplen tareas de fumigación es victima de las nocivas sustancias. Según otros estudios, las causas más frecuentes de morbilidad profesional son, en su orden; las distintas clases de neumoconiosis, la sordera, de gran ocurrencia en las ramas textil y metalmecánica, las dermatosis, frecuentemente las industrias química y de la construcción; y las lumbalgias o enfermedades de la columna vertebral.
Cabe agregar que en las encuestas, muy parciales por cierto, que pública la entidad empresarial conocida como Consejo Colombiano de Seguridad, el renglón que ostenta el mayor índice de accidentalidad es el de los alimentos principalmente en los ingenios azucareros.

La engañifa legal
Desde la promulgación del Código Sustantivo del Trabajo, en 1951, transcurrieron casi 30 años sin que se expidiera una sola norma de significación en materia de seguridad industrial. Y la más importante, que se dicto en 1979, la Ley 9ª o Código Sanitario, fuera de ser discutible, espera por reglamentación para entrar en vigencia.

A instancias de la OIT, el Ministerio del Trabajo dio a conocer el 22 de mayo de 1979 la resolución 2400, bautizada como Estatuto de Seguridad Industrial, cuyo articulado exigía a los empresarios determinadas reformas en los sitios de trabajo. De aquel formaban parte las resoluciones 2406 y 2413 de 1979 y la 1405 de 1980, que estipulaban el reglamento de Seguridad Minera y los llamados Comités Paritarios de Higiene y Seguridad Social. El Estatuto entró en vigencia en mayo de 1981, es decir, dos años después de su publicación en el Diario Oficial.
Pronto los gremios patronales empezaron a reclamar su derogatoria, alegando los “altos costos” que entrañaba. Y, en cosa de meses, el gobierno de Turbay halló el ardid para echar pie atrás; existiendo la ley 9ª. – adujo la ministra Mari Stella Sanín de Aldana, está de más el Estatuto. Así, en septiembre de 1981, la resolución 4358 mandó al limbo, por un año, a la 2400 y complementarias.

En la actualidad, con el Estatuto de nuevo en vigor, el gobierno de Betancur viene otorgando a las empresas que no cumplen los requisitos de seguridad industrial una especie de moratoria, negociando con cada una de ellas, a paso de buey, las condiciones de trabajo que deben imponer a sus obreros. Esto, mientras se adopta el Código Sanitario, tal es, al menos, la explicación que le ofrecen al público los altos funcionarios del Ministerio.

Según directivos de Sindes, hasta ahora el sindicalismo se ha limitado a reclamar primas de ruido, fatiga, calor, etc., pero está en mora de impulsar un gran movimiento nacional que arranque a los explotadores un régimen de seguridad industrial acorde con la dramática situación del país.

El pueblo, que ha derramado su sangre por el progreso de Colombia, no la escatimará para derrocar a la minoría parasitaria que lo ha sojuzgado. Enterrará la vieja sociedad y convertirá en pieza de museo sus condiciones de trabajo, que alguien reflejara cáusticamente en esta conocida expresión: “En la senectud acabó su dinero buscando salud. Y hoy, sin dinero y sin salud, ahí va un obrero en un ataúd”.

CON ELOCUENTES PAROS CÍVICOS FUE RECIBIDO GOBIERNO DE BETANCUR

En lo que va corrido del mandato de Belisario Betancur, el pueblo colombiano ha demostrado que la única manera de obtener sus reivindicaciones, por tanto tiempo escamoteadas, es la lucha masiva y organizada. Por lo menos 47 municipios del país, en efecto, han sido escenario de combativos paros cívicos, en los cuales sus moradores pusieron de presente los agudos e incontable problemas que padecen por falta de servicios públicos, exageración de los aumentos en sus tarifas, deterioro o inexistencia de vías de comunicación, precarias condiciones sanitarias y abandono en los campos de la salud y la educación.

Pese a los esfuerzos del Presidente y de sus gobernadores y emisarios especiales por ocultar las verdaderas causas de las alzas en el costo de la energía eléctrica, de los consumos de agua y alcantarillado, de las telecomunicaciones y demás servicios, cada día resulta más claro que aquellas se deben a la dominación de los monopolios imperialistas sobre la economía nacional y a los altísimos intereses que cobran por los prestamos. En este sentido, la política del actual mandatario es exactamente, igual a la de los gobiernos anteriores. Su aspecto novedoso estriba en la demagogia persistente, en las constantes promesas, en las posturas patéticas. Sin embargo los hechos van demostrando que cada vez menos gente cree en tales artimañas.

Saravena abrió el camino
En vísperas de la posesión de Betancur, la población de Saravena, Arauca, dio rienda suelta a su rebeldía. La totalidad de sus habitantes desoyó los cantos de sirena que llamaban a esperar, a dar una tregua, a observar que iba a hacer el nuevo gobierno; los sarareños sabían que solo cuando hicieron un paro, en 1972, consiguieron alguna atención a sus necesidades más urgentes. Desde entonces les sobraban ya promesas y se decidieron a recibir con un nuevo paro cívico al presidente de turno. Porque nadie atendía sus carreteras destruidas; porque no tienen agua ni electricidad; porque su hospital es insuficiente; porque la educación de sus hijos se ve menguada cuando no les pagan a los maestros.

En el paro, iniciado el 5 de agosto, tomaron parte las demás poblaciones del Sarare y acudieron campesinos de las más remotas veredas; colaboraron los comerciantes, los sindicalistas, y hasta los religiosos de siete diferentes credos. El pueblo eligió un Comité Cívico, y nombró una guardia que coordinó la toma de la Caja Agraria, la Alcaldía, Telecom, los establecimientos comerciales, las instalaciones del Incora, las de las compañías petroleras y la pista aérea, donde retuvieron un avión de Satena. Bloquearon las carreteras e interrumpieron el tráfico de camiones hasta el 17 de agosto, cuando se logró un compromiso del gobierno para atender sus reclamos.

Inútiles resultaron las medidas represivas; el ejército tuvo que dejar libres a los campesinos que detuvo a lo largo del paro, y cuando intentó rescatar el avión de la FAC o abrirles el paso a los automotores, se encontró con la decidida resistencia del pueblo, permanentemente movilizado. Ni siquiera los 95 paracaidistas que cayeron sobre Saravena el 7 de agosto, e momentos en que Belisario Betancur se posesionaba en el Capitolio, intimidaron a las gentes, Hombre, mujeres, niños, ancianos, pelearon hasta cuando alcanzaron su meta. Y desde entonces han permanecido alerta. Ante el incumplimiento de lo estrictamente pactado. Saravena cerró 1982 con otras dos jornadas de protesta masiva, el 29 y 30 de diciembre.

Como un reguero de pólvora
Durante el paro del Sarare, el recién instalado presidente dijo que este tipo de movimientos constituía una “presión indebida” sobre su gobierno. No obstante, el 10 de septiembre, el Oriente antioqueño se sumó a la ola de protestas cívicas, para repudiar los abusos de la Electrificadora de Antioquia. Durante 48 horas, las gantes de el Carmen de Viboral. El santuario, Concepción, San Carlos, Guarne, Marinilla, Río Negro, El Retiro, La Ceja, Alejandría, San Vicente, La Unión, Granada y Cisneros, se irguieron para exigir “soluciones y no promesas” frente a sus demandas. Una vez más, ni el toque de queda, ni las 450 detenciones llevadas a cabo por los uniformados, ni las golpizas intimidaron a las masas. Y un mes más tarde, durante los días 11 y 12 de octubre, los 14 municipios volvieron a parar, y obtuvieron el apoyo de otras localidades del departamento, como Cocorná, San Luis, San Rafael, Guatape y El Peñol, de la misma zona, aparte de Montebello, Andes, Urrao, Bolívar y Amalfi, del suroeste, y Santa Bárbara, del noroeste.

Los paros cívicos se extendieron por Colombia como un reguero de pólvora. Entre el 4 y e 18 de octubre estuvo paralizado el Putumayo; en Mocoa, Puerto Asís, Orito, Villagarzón, Puerto Caicedo, La Hormiga y El Tigre, los pobladores declararon un cese total de actividades, y manifestaron que esa región del país “siempre ha permanecido en el más absoluto abandono por parte del gobierno nacional, que sólo se preocupa por entregar a los monopolios extranjeros la exportación de los recursos que posee la comarca”. Precisamente en Puerto Asís cayó muerta, durante enfrentamientos con el ejército la primera victima de la represión contra esta serie de paros.

A tiempo que ocurría el segundo estallido cívico en Antioquia, también en Caldas y Risaralda se daban múltiples paralizaciones. El 11 de octubre, en Riosucio, la policía baleó y mató a Henry Estrada, de 23 años, al minero Desiderio Bañol Morales y al empleado Julián Alberto Trejos, quienes participaban en la lucha contra las alzas de hasta un 200% en las tarifas de la Central Hidroeléctrica de Caldas, cuya congelación se logró finalmente. En ese movimiento participaron igualmente los municipios de Chinchiná, Aranzau, Aguadas, Supia, Palestina y Marmato. Dos semanas después, frente al incumplimiento de lo acordado, varias de estas localidades anunciaron nuevos paros, y el 2 de noviembre los llevaron a cabo.

Promesas pero no ilusiones
Un somero recuento de otras protestas ciudadanas en demanda de mejores servicios y de tarifas equitativas, nos señala que el 12 de octubre las amas de casa de Villavicencio bloquearon la carretera a Bogotá, pocos días después, hubo marchas en Apulo y Tocaima, Cundinamarca; el 28 se comenzó a preparar un paro en el occidente de Boyacá; el 30, otro en Vichada; el 2 de noviembre se paralizó Itagui, Antioquia, durante 48 horas; ese mismo día protestaron Sogamoso, Boyacá y San Bernardo del Viento, Córdoba, donde la población bloqueó las carreteras, el 7 de noviembre los habitantes del barrio El Verbenal de Bogotá, taponaron la autopista del Norte, al día siguiente, los barrios del nororiente de Barrancabermeja lograron mediante un paro la suspensión de un sobrecargo tarifarío; el 11 de noviembre, finalmente, se registraron manifestaciones en Tumaco, Nariño.

Entre tanto, el presidente se dirigió al país culpando por las alzas a unos cuantos funcionarios; y mientras pedía “extrema prudencia en el manejo de las tarifas de los servicios públicos, advertía al pueblo que debía “apretarse el cinturón”. Como quien dice que además de las alzas en el transporte, los combustibles, los víveres, los servicios, además del desempleo y la miseria generalizados, se exigen mayores sacrificios a nombre de una “buena voluntad” que no va más allá de las promesas.

Muestra palpable de ello fue la declaración de Otto Morales Benítez, enviado personal de Betancur a Risaralda y Caldas durante los conflictos, quien escuchó las demandas de las juntas cívicas para sólo responder, como lo declaró el 25 de octubre, que 2les explique que no poseía las facultades que querían que yo ejerciera”.

Es evidente que darle largas a los problemas no es una solución, sino un engaño. Pero las lecciones aprendidas por el pueblo colombiano durante los cinco últimos meses de 1982 fructificarán, sin duda, en nuevos y más combativos paros cívicos.

A LOS 20 AÑOS LA MATANZA DE SANTA BÁRBARA

Un 23 de enero, de esto hace ya 20 años, cerca de 200 operarios en huelga paralizaron la factoría de cementos El Cairo, situada a orillas del río……. y a escasos kilómetros de Santa Bárbara. El Cairo, eje de la producción Cementera de Antioquia, suministraba un poco más de 600 toneladas diarias (el 40% del total en el departamento) y proveía de materia prima clinquer, a Cementos Argos de Medellín. El conflicto, originado en la frustrada negociación de un pliego de peticiones, entrañaba así un desafío a los monopolios de la construcción y el cemento, en particular al constituido por Argos, Nare y Cairo, que controlaba por entonces la cuarta parte del mercado nacional.

La presión ejercida por las empresas cementeras sobre el gobernador Fernando Gómez Martínez rindió pronto sus frutos. Como se trataba de impedir que Cementos Argos quedara también paralizada por carencia de materia prima y, además de asegurar el abastecimiento del mercado, fueron puestos por el gobierno a la disposición de aquellos 42 vagones de los Ferrocarriles Nacionales, para movilizar el mineral entre Puerto Inmarco, cerca de Nare, y Medellín.

Con el fin de quebrar el paro, el gobierno intervino asimismo para forzar a los transportadores particulares que en épocas normales se encargan de conducir el clinquer hasta cementos Argos. Pero el 16 de febrero, los dueños de 45 volquetas se negaron a servir de esquiroles. Ya a estas alturas, el régimen de Guillermo León Valencia, cuyo ministro de Trabajo era precisamente Belisario Betancur, se hallaba decidió a recurrir al argumento de la fuerza bruta. Súbitamente se reforzó la soldadesca acantonada en Santa Bárbara; era el preludio de lo que sobrevendría.

En la mañana del 23 de febrero, una caravana de 40 volquetas prestadas por el Municipio de Medellín y protegidas por destacamentos armados logró llegar a las canteras que poseía El Cairo en Montebello, donde un grupo de rompehuelgas se prestó para las tareas de cargue.

Horas después, los camiones repletos de caliza emprendieron el camino de ascenso a Santa Bárbara. Ya se sabía, y de seguro se comunicó a Bogotá, que a lo largo de los barrancos que dominan la carretera se apostaban centenares de obreros y gentes del común resueltos a impedir, con palos y piedras, que la maniobra patronal se consumara. La orden del gobierno fue flexible; tirar a matar.

Bajo instrucciones de las altas esferas, el ejército abrió a las 5 de la tarde nutrido fuego de fusil contra los grupos de ciudadanos, asesinando a trece personas, incluida una niña. La provocación había sido maquinada a conciencia y premeditadamente.
Aun cuando algunos han pretendido echar toda la culpa sobre el gobernador de Antioquia, la solidaridad cómplice que recibió del Ejecutivo demuestra que no obró por su cuenta. Y fue Belisario Betancur, el hoy benemérito, amigo de los pobres y guardián de la paz, quien primero puso las manos en el fuego en defensa de su subalterno: “En Gómez Martínez tiene el parlamento, que lo cuenta entre los más insignes miembros del Senado, y tienen la sociedad y el periodismo, a uno de los más serenos y severos dirigentes, y le han dado pleno respaldo por sus condiciones de hombre público y de gobernante”.
(El Colombiano”, 26 de febrero de 1963).

ENCUENTRO CAMPESINO EN MAGANGUE

El pasado 24 de octubre se celebró en Magangue un exitoso encuentro de trabajadores del agro convocado por la Junta Departamental de la UCIB – Unión Campesina Independiente de Bolívar, al que asistieron más de 70 delegados de 11 corregimientos del puerto y de la zona de El Chicagua, Córdoba y La Peña. Al acto concurrieron también representantes de varios sindicatos y organizaciones del pueblo, así como invitados especiales de San Martín de Loba y de Barranco de Loba, frente a la isla de Mompós.

En la reunión se analizó de manera pormenorizada la situación del campo colombiano a escala nacional y local, y se tomaron importantes decisiones para el trabajo futuro de la UCIB. Entre ellas se destacan la de consolidar y fortalecer la unidad de los labriegos pobres y medios del departamento, la de elevar el nivel cultural y político de los campesinos de la región mediante cursillos y conferencias, y la de apoyar incondicionalmente los combates grandes y pequeños que libran a diario los agricultores de la zona.

En el encuentro, así mismo, nombró una nueva Junta Directiva para el municipio de Magangue, Juan Álvarez, del corregimiento de Cascajal, fue elegido presidente; Manuel González, de Sabaneta, vicepresidente; Walberto Acosta, de La Pascuala, secretario, y Faustino Barragán, de Madrid, fiscal.

COLPUERTOS: CAMPAÑA TENDENCIOSA

El gobierno de Betancur declaró ilegal un paro que llevaron a cabo los siete mil quinientos trabajadores de Colpuertos en Buenaventura Barranquilla, Cartagena y Santa Marta el pasado 18 de enero, militarizo los terminales marítimos y autorizó a la empresa para que despidiera al día siguiente a 18 activistas del sindicato. La discusión del pliego se reanudo sin embargo a fines de enero, no sin que al mismo tiempo el periodismo de la reacción montara una mendaz campaña para mostrar a los trabajadores como lo responsables de la quiebra a que perece esta abocada Colpuertos. La gerencia ha esgrimido como argumento los salarios relativamente altos que devengan unas cuantas personas, buscando hacer creer a la opinión pública que todos los obreros portuarios perciben sueldos multimillonarios. Estos han demostrado, por el contrario, que la crisis de Colpuertos se origina en la corrupción administrativa y en la política entreguista de los sucesivos regimenes, que no han vacilado en poner a la entidad estatal bajo el dominio de los monopolios privados.

Sittelecom adhiere al decreto del gobierno
Con la única salvedad del compañero Rafael Baldovino, la comisión negociadora de Sittelecom adhirió a fines de enero el aumento salarial decretado por el gobierno, actitud que mereció el cerrado aplauso de Betancur y de la prensa oficialista pero que ha despertado grande inconformidad entre las bases sindicales. El arreglo no solo va en perjuicio del resto de organizaciones obreras en conflicto, a la vez que el régimen quiere imponer el mismo tope salarial aceptado por Sittelecom, sino que implica también una renuncia al derecho de contratación colectiva.

Supresión de casinos en Indupalma
Al anunciar en plena etapa de arreglo directo que serán suprimidos 13 de los 14 casinos actualmente en servicio, la empresa Indupalma de San Alberto, Cesar, ha provocado en forma deliberada el empantanamiento de las negociaciones. La amenaza comenzó a ser puesta en práctica el 3 de enero con el cierre de dos restaurantes.

Los 2.600 obreros, de los cuales el 30% labora al servicio de contratistas particulares, exigen mejoras sustanciales en el servicio médico y, de nuevo, la total asimilación del personal de contratistas.

Conflictos en gestación
Sin solución continúan las negociaciones en el magisterio, Ferrocarriles Nacionales, Acerías Paz del Río y Ecopetrol. La Federación colombiana de Educadores, FECODE, reclama la total nacionalización de la instrucción pública, asistencia médica, aumento de salarios y, en especial, pago de cesantías, jubilación y primas de servicios, ya que, en materia de prestaciones, los maestros se encuentran muy por debajo del resto de trabajadores. En la Empresa Colombiana de Petróleos, una asamblea conjunta de la USO que se cumplió en Barranca el 29 de enero rechazo como calumniosas las acusaciones de sabotaje propaladas por la empresa, las cuales sólo pretenden “justificar la militarización de los campos”.

Declarada huelga en Amagá
Los 400 obreros de Industrial Hullera votaron la huelga en una asamblea realizada en Amagá el 31 de enero, después de resultar infructuosa la negociación del petitorio. El principal obstáculo que impidió llegar a un acuerdo fue el contrapliego presentado por la empresa.

FRUCTÍFERA VISITA DE CAMARADAS NORUEGOS

Entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre último visitó nuestro país una delegación del Partido Comunista Obrero Marxista-Leninista de Noruega, encabezada por el camarada Tron Ogrim, miembro de la dirección nacional de dicho partido, y de la cual formaban parte también los camaradas Olaf Svorstol y Jon Michelet.

Luego de haber realizado una gira por Bolivia y Perú, en donde se entrevistaron con representantes del Partido Comunista del Perú (Patria Roja) y de otras organizaciones revolucionarias, los compañeros noruegos llegaron a Bogotá con el fin de establecer por primera vez vínculos internacionalistas con el MOIR y tomar contacto con la situación política y social de Colombia.

El 29 de noviembre la delegación Noruega sostuvo una prolongada conversación con Enrique Daza, del Comité Ejecutivo Central, durante la cual se intercambiaron puntos de vista acerca de las diversas contradicciones que se ven en el mundo y la amenaza que para los pueblos europeos y de todas las latitudes significa el expansionismo soviético. Ese mismo día los camaradas Ogrim, Svorstol y Michelet asistieron en Ciudad Kennedy a una representación callejera de la obra “Episodios Comuneros”. El 30 se reunieron con cuadros de varios frentes de masas de nuestro Partido, con quienes confrontaron experiencias del combate revolucionario en Noruega y Colombia.

El 1° de diciembre se llevó a cano en la sede del Teatro Libre de Bogotá un nutrido acto de homenaje, presidido por los dirigentes del MOIR, Oscar Parra, Marcelo Torres, Carlos Valverde, Héctor Valencia, Enrique Daza, Carlos Naranjo y Gonzalo España. Después de las palabras de bienvenida pronunciadas por Carlos Valverde, algunas organizaciones de nuestro Partido entregaron a los visitantes sencillos presentes. El compañero Tron Ogrim dio enseguida una conferencia en la que presentó un sucinto pero a la vez profundo análisis de las condiciones económicas, políticas y sociales de la Noruega contemporánea, así como de las principales luchas llevadas a cabo por el Partido Comunista Obrero (M.L.) de dicha nación.

Por último los delgados sostuvieron, el 2 de diciembre, una cordial entrevista con el Secretario General del MOIR, Francisco Mosquera, en la que se acordó mantener y ampliar las relaciones entre las dos organizaciones en la lid contra el socialimperialismo ruso y el imperialismo norteamericano.