EL CONCEJO DE BOGOTÁ CONDENA A ESTADOS UNIDOS

La certificación: un proceso indignante
Con el anterior título, el Concejo Distrital aprobó por unanimidad, en su sesión del 9 de marzo, la proposición presentada por el concejal Francisco Pareja. En ella se señala que Estados Unidos es “el mayor productor de marihuana y el más grande consumidor de cocaína en el mundo y a pesar de ello no ha rendido cuentas ante la comunidad internacional acerca del fracaso en la lucha contra el consumo y sobre su propia mafia interna que se queda con 40.000 dólares de los 60.000 que vale cada kilo del alcaloide puesto en las calles de las ciudades norteamericanas”.

La proposición aprobada resolvió asimismo:

Declarar nuestra voluntad de defender la Dignidad Nacional y condenar la utilización por los Estados Unidos de mecanismos como la certificación para intervenir en nuestros asuntos internos.

Reclamar de las autoridades nacionales una posición altiva, y no de sumisión, frente a este tipo de procesos.

Proponer al gobierno nacional el rechazo a la “ayuda” de las autoridades norteamericanas.

JORGE SANTOS VOCERO DE LA RESISTENCIA CIVIL EN EL SENADO

En su batallar en medio de un Congreso abrumadoramente oficialista, Jorge Santos ha tenido que enfrentarse muchas veces al régimen como único contendor. En todo momento ha respaldado las luchas populares y difundido los planteamientos democráticos y patrióticos del MOIR.

Se une a las protestas populares

El expresidente de la USO ha continuado en permanente contacto con el pueblo. Participó en las dos manifestaciones en la Plaza de Bolívar de Bogotá contra el autoavalúo. Visitó a los huelguistas de Paz del Río, en Sogamoso, y del astillero Conastil, en Cartagena. Respaldó el paro de los pilotos y el de los profesores universitarios, y se reunió con los trabajadores de Avianca, en pliego. Estuvo en los mítines convocados por el comité prodefensa del SENA, en las movilizaciones efectuadas por Sindess en el sector de la salud, por los empleados bancarios y por los vendedores ambulantes, y apoyó a Asonal Judicial y a los trabajadores de las contralorías y personerías.

Asistió al Encuentro de Organizaciones Sindicales, a la asamblea de Sittelecom y al Foro de las Telecomunicaciones, al Congreso Pedagógico de Fecode -cuyos ceses en pro del salario profesional acompañó- y a los foros de la USO, donde exigió el fortalecimiento de Ecopetrol, adhirió a la ley de petróleos propugnada por esta organización y exigió la reversión de los concesiones de Hocol-Shell en Neiva y de Río Zulia. Ha secundado la exigencia de las asociaciones de pensionados de Ecopetrol por la mesada adicional de junio.

Se reunió con los directivos de la CGTD, y en Barranquilla con la Utral. Tomó parte en las asambleas de los trabajadores del metro de Medellín, de Sintraquímicos y de Sintraempaques. Compartió experiencias con los obreros de la caña en La Paila, con los operarios de Filtros Parma y Bienestar Familiar en Bucaramanga, y en Buenaventura con los portuarios y con los industriales de la pesca golpeados por el incremento en los combustibles. Acompañó a la Unidad Cafetera en la histórica marcha de Pereira, encabezó en San Gil la nutrida protesta de los tabacaleros y se reunió con los agricultores damnificados del Ariari.

Ha apoyado a los estamentos de la Universidad del Atlántico por presupuesto adecuado. En la de Risaralda dictó una conferencia sobre política petrolera y se hizo presente en el Encuentro Nacional Estudiantil.

En Barrancabermeja, su actividad ha cubierto distintas áreas, desde marchas al lado de los vendedores ambulantes y los trabajadores del municipio, hasta asambleas de la USO. Demandó ante el ministro de Salud solución para los problemas del Hospital San Rafael y denunció ante el ministro de Hacienda que a Barranca se la ha sacado del presupuesto nacional. En diciembre encabezó una protesta que bloqueó el primer intento de la alcaldía para aprobar la sobretasa a la gasolina.

Santos, que en las pasadas campañas alcanzó a recorrer 20 departamentos, inició en febrero una gira en que visitó a Cúcuta y Arauca, donde presidió nutridos actos.

Ha precisado el senador moirista: “Mi actividad en el Congreso es sólo un punto de apoyo para fortalecer las movilizaciones del pueblo, que crecerán hasta lograr las transformaciones que requiere Colombia”.
Apartes de constancias y declaraciones
Sobre el gobierno de Samper: “Hoy la cuestión de fondo reside en que el nuevo mandatario ha anunciado la continuación de la apertura económica. Es una pésima noticia. Ello no puede favorecer sino a las grandes multinacionales y a los pulpos financieros criollos. (…) El continuismo del gobierno de Samper provocará sin duda grandes movilizaciones y protestas de todos los sectores populares. Nosotros respaldaremos estas luchas y nos pondremos a la cabeza de ellas” (17 de agosto de 1994).

No al pacto de hambre de Samper: “En el mundo entero los ‘pactos sociales’ forman parte de la arremetida universal contra los trabajadores, tanto de los países industrializados como de los atrasados. El que se pretenda aplicar en Colombia, lejos de constituir original innovación de Samper, se inspira en la creencia neoliberal, en boga a nivel mundial, que cifra ilusoriamente las posibilidades de progreso de las naciones atrasadas en su capacidad de atraer las inversiones de las multinacionales mediante la apertura comercial, la libertad financiera, la desregulación estatal y los salarios de hambre. Tales pactos buscan no sólo garantizar la aplicación de la política de abaratar al máximo la mano de obra, con el consentimiento de los propios trabajadores, sino que principalmente persigue de éstos, en aras de una imposible conciliación de clases, el compromiso de renunciar a la lucha económica y política para resistir las medidas de apertura económica o aquellas con las que los gobiernos buscan mitigar la recesión o la crisis” (6 de diciembre de 1994)
Voto negativo al presupuesto nacional: “el proyecto para 1995, modificado por el gobierno de Samper, presenta una acusada característica regresiva respecto del origen de los ingresos. (…) Los impuestos indirectos, entre los cuales figura el detestado IVA, ocupan un aplastante 57.3% de los ingresos tributarios.

“La adición del gobierno al proyecto de presupuesto para 1995 elaborado por la administración Gaviria se origina en un financiamiento altamente oneroso y regresivo para la nación y los colombianos rasos. En un significativo 45%, casi la mitad, los ingresos adicionales provendrán de un aumento en el endeudamiento externo y de las rentas parafiscales, que se traducirán en mayores gravámenes para la mayoría del pueblo.

“La naturaleza neoliberal del concepto de ‘equilibrio fiscal’, impuesto por el FMI y el Banco Mundial, continúa como principal criterio orientador. La médula de tal concepción estriba en la drástica reducción de los incrementos del gasto productivo y de bienestar social al tiempo que se garantiza el flujo cumplido de pagos del país a sus acreedores extranjeros.

“El plan de inversión social, no contiene más que demagogia, si nos atenemos a las cifras. Entre lo destinado al gasto social en el proyecto de presupuesto para 1995, elaborado por el gobierno de Gaviria y el del gobierno de Samper, media una insignificante diferencia del 5.1%. El gran salto social se redujo a un brinquito” (18 de octubre de 1994).
No más endeudamiento externo: “Año tras año, la deuda externa ha constituido un enorme desangre de riqueza nacional hacia las arcas de la banca extranjera y el principal lazo económico por medio del cual los países industrializados, y en especial los Estados Unidos, condicionan y subordinan a sus intereses la política económica del conjunto del país.

“Resulta inaudito el proyecto de continuar endeudando al país precisamente cuando se inicia la obtención de recursos extraordinarios para la nación procedentes de la explotación de los yacimientos petrolíferos de Cusiana y Cupiagua que, según todos los cálculos, ascenderán a muchos miles de millones de dólares. En vez de invertir dichos recursos en la creación de nuevas industrias y estímulos a la producción agropecuaria, como indica el más elemental sentido común, para generar la riqueza nacional y el empleo que tanto necesitan los colombianos, el gobierno actual prefiere congelar los mencionados fondos en el extranjero y condenar a Colombia a seguir desembolsando los onerosos tributos anuales que ahora pagará aumentados a los grandes magnates de la banca mundial.” (Constancia presentada por los senadores Gabriel Muyuy, Hernán Motta y Jorge Santos, 14 de diciembre de 1994).”
En defensa de la soberanía nacional: “La invasión de Haití se constituye en una nueva y cercana amenaza contra la soberanía y la integridad territorial de Colombia y de todos los pueblos de América Latina. Los patriotas de toda la nación debemos unirnos, levantarnos y luchar contra la amenaza gringa y el avasallamiento de la nación hermana” (“Fuera gringos de Haití”, Constancia de los senadores Jorge Santos, Jaime Dussán y Lorenzo Muelas, 11 de octubre de 1994).

“Grave es la situación, ya vieja de años, ante la cual el nuevo gobierno no ha dicho esta boca es mía, consistente en la inaudita presencia militar norteamericana en diversos puntos de la geografía colombiana y la actuación de las agencias policiales estadinenses, caso de la DEA, como Pedro por su casa. La necesaria represión al delito y la normal cooperación internacional para ello no puede convertirse, como lo hace la Casa Blanca y lo acepta el gobierno de Colombia, en injerencia descarada en los asuntos internos del país y en instrumento para afianzar su dominio económico sobre la nación” (16 de diciembre de 1994).

“Como senador del BDR-MOIR y como simple patriota exijo del gobierno que actúe de inmediato y ordene retirar de Colombia la ilegal presencia de tropas y agencias regresivas norteamericanas. (…) Llamo a la unidad de todos los partidos y fuerzas sociales en defensa de la independencia y la soberanía de la nación” (20 de julio de 1994).
Defensa de la producción nacional: “La actual crisis de la producción textilera es resultado de la apertura. Las cifras indican que la caída se produjo entre 1991 y 1994, precisamente los años de mayor aplicación de la apertura en el gobierno de Gaviria. (3 de noviembre de 1994).

“Acabar con la producción tabacalera, tal como lo plantea el minagricultura, es ni más ni menos la esencia de la política aperturista: arruinar a los productores nacionales, porque en otros países existen subsidios en el mismo sector y el gobierno colombiano no aplica la necesaria defensa de la producción nacional” (7 de septiembre de 1994).

“El plan de desarrollo carece de una genuina estrategia de industrialización. No será con comités y programas sobre el papel como habrá de desarrollarse la industria colombiana; ni cruzándose de brazos a esperar la inversión de las multinacionales foráneas en nuestra desvencijada infraestructura. Se requerirá sin falta defender la producción y el mercado nacional, protección frente a la competencia extranjera, inversiones públicas en industrias estratégicas y adquisición y desarrollo, con fuerte apoyo estatal, de alta tecnología.

“Es indispensable desmontar la apertura, suspender las importaciones de alimentos subsidiados, establecer aranceles adecuados, crédito abundante y barato, estímulo a las exportaciones, apoyo tecnológico y asistencia técnica, fortalecer la Caja Agraria inyectándole los recursos necesarios y restituyendo los verdaderos créditos de fomento.

“Deben condonarse las deudas a los cafeteros, fortalecer las instituciones del sector, dar una decidida lucha oficial contra la roya y aumentar el precio interno del café a un nivel realmente representativo para las cultivadores” (Debate al ministro de Agricultura, 31 de agosto de 1994)

EL PUEBLO COLOMBIANO RECHAZA INJERENCIA NORTEAMERICANA

Como culminación de una campaña infamante, el 1° de marzo pasado el gobierno de Bill Clinton propuso al Congreso norteamericano “certificar a Colombia por motivos de interés nacional”. El altanero imperio, el mayor productor de marihuana y el que consume más cocaína en el mundo, se arroga el derecho de “calificar” el comportamiento de otros Estados en la lucha contra la producción y el tráfico de narcóticos.

La argucia busca justificar incluso una invasión militar a nuestro territorio. Entre las diferentes alternativas, extender certificación plena, negarla o expedirla por razones de interés nacional, a nuestro país se le escogió esta última, la más humillante, ya que lo señala como una nación criminal y, a la vez, le arroja un puñado de dólares para mantener el chantaje. El país entero ha manifestado su indignación, mientras Samper se muestra en un todo obsecuente.
El boletín del consumidor
En el libelo, Clinton se entromete en cuestiones judiciales, de reformas de las leyes y los códigos, operaciones de policía, fumigación de cultivos, en fin, dicta órdenes a las diversas ramas del poder público colombiano.

Sostiene que su propuesta les permitirá seguir imponiendo las políticas antinarcóticos, la protección de los “derechos humanos”, promover el libre comercio y la cooperación en foros internacionales. No aconseja la llamada descertificación pues provocaría estridentes llamados nacionalistas. Como se puede ver, se trata de un plan de avasallamiento.

A lo largo del texto se culpa a Colombia por el desaforado apetito de buena parte de los gringos por toda clase de narcóticos, aunque las verdaderas causas de la creciente drogadicción no hay que buscarlas en Colombia ni en Perú, sino en la profunda descomposición de la sociedad norteamericana. Prueba clara de que el coloso está corroído en sus entrañas: unos 30 millones de habitantes consumen regularmente sustancias sicotrópicas. Aumenta la delincuencia juvenil, y en sólo una ciudad, Los Angeles, opera más de un centenar de organizaciones de traficantes. Para la gran masa de inmigrantes el sueño americano se convirtió en pesadilla. Los ingresos de la mayoría de las familias decrecen, mientras que la superexplotación del trabajo aumenta. Las profundas contradicciones sociales asedian el ínfimo grupo de potentados. En la cima, el hartazgo lleva también a la búsqueda de nuevos y Según los jefes republicanos, en la misma Casa Blanca se deleitan a porrillo con los alucinógenos. Tienen en ciudades norteamericanas sus “narcodemocracias” y el cultivo de la marihuana, que hace evocar presidente Clinton sus años juveniles ha alcanzado tal importancia, que el valor de su producción anual duplica el del maíz. La marihuana prácticamente es un emblema nacional.
So pretexto de la persecución al comercio de estupefacientes, los gringos vienen interviniendo abiertamente en los asuntos internos de los demás, fanfarronean de campeones de la lucha contra este delito y calumnian ante la comunidad internacional a repúblicas completas. Ya en diciembre de 1989 las tropas gringas asaltaron bárbaramente a Panamá y secuestraron a Manuel Antonio Noriega. La Corte Suprema de Estados Unidos dio el visto bueno al plagio de ciudadanos en territorio extranjero para ser “juzgados” por tribunales gringos y, por esos mismos días amenazaron con enviar el portaviones John F. Kennedy a requisar todas las embarcaciones que arrimaran a nuestras costas.
Al mando la estrategia gringa
Desde las administraciones de Belisario Betancur y Virgilio Barco han presionado al país para que dé prioridad a la cacería de los barones de la droga. La zozobra padecida y las pérdidas de vidas y bienes son enormes. En el período de Gaviria, una vez impuestas las medidas de apertura económica, la nueva disposición consistió en poner en marcha la llamada política de sometimiento a la justicia que contemplaban la reducción de penas a quienes confesaran sus fechorías, esto es, la versión colombiana de los acuerdos judiciales estadounidense. Tales pasos fueron respaldados incluso financieramente por Estados Unidos. Dicen que la justicia colombiana es una vergüenza. Sin embargo ha sido determinada por ellos.

Las reformas Jurídicas que se nos imponen niegan cada vez más el debido proceso. Con razón el anterior fiscal, Gustavo de Greiff, dijo que se nos exige condenar sin pruebas.

El Tío Sam ha elaborado una suerte de frangolla teórica que consiste en decir que Colombia no puede reclamar soberanía, pues, según sostienen, ya la perdió a manos de las organizaciones de los capos. Dicen que la exportación de alucinógenos, así sea por particulares, es una agresión a su territorio y que, por lo tanto, tienen derecho a invadir. El propio general Barry R. McCaffrey, jefe del Comando Sur en Panamá, afirmó que los narcóticos son un problema de seguridad nacional; por ello son las fuerzas militares gringas las que deben actuar. Y agrega que en jurisdicción del Comando hay 19 países cuyas fronteras “nosotros reconocemos, pero los narcotraficantes no. Si todos juntos no los agarramos van a derrotarnos individualmente”. El documento de Clinton al Congreso deja abierta la puerta para una invasión a San Andrés cuando plantea que “continúa existiendo un problema con el control de territorios soberanos por parte de los sindicatos de la droga, como en la isla de San Andrés”.
Samper se arrodilla aún más
La tiranía de la superpotencia se hace intolerable. Tiene bases militares y equipos de radar instalados en nuestro suelo. La DEA actúa permanentemente y hasta sus agentes se toman el derecho de descalificar de manera pública a las autoridades y las instituciones nacionales.

Ante la reprobación yanqui, Samper ha respondido con una actitud desvergonzada y sumisa. Ha aceptado todas las imposiciones, cumplido todas las órdenes, soportado todos los atropellos, para lo cual ha contado con el beneplácito de la dirigencia de los partidos tradicionales.

En carta dirigida a varios senadores gringos, mendigando la certificación, alega que ha impulsado la fumigación con glifosato, que la policía y el DAS fueron reformados acatando las instrucciones del Norte y que los directores de esas instituciones y el fiscal se escogieron a gusto de la potencia. Promete erradicar los cultivos de narcóticos en un plazo de dos años y diariamente envía ministros y altos funcionarios a suplicar a la DEA, al Departamento de Estado, a la Casa Blanca y a cada uno de los senadores.
Repudio nacional
Una encuesta publicada recientemente destaca cómo más de 80% de los colombianos exige que se rechace la “ayuda” y se defienda la dignidad nacional. García Márquez señaló que es indigno que Colombia, por 16 millones de dólares, tenga que someterse a una humillante certificación y llama a tomar conciencia de que se trata de un instrumento de intervención de Estados Unidos. Fabio Echeverri señaló que estamos arrodillados ante el consumidor mayor. En el mismo sentido se han pronunciado los prelados de la Iglesia, la CGTD y el Partido Comunista. Hasta personajes caracterizados por su defensa de los intereses norteamericanos, que han negado la existencia del imperialismo y que han ridiculizado a los marxistas y en general a los patriotas, han tenido que reconocer que estamos ante una ofensiva imperialista.

Sólo un grupito de inverecundos neoliberales dice que no importa la afrenta al honor nacional, que lo fundamental es que no se afectaron los intereses económicos. Es decir, que van a seguir recibiendo unos cuantos millones de dólares a cambio del pisoteo de la nación. Y algunos dirigentes políticos y periodistas han servido de altavoces de la campaña difamatoria contra el país. De sujetos así Oscar Wilde decía que conocen el precio de todo, pero ignoran todos los valores.

La experiencia muestra claramente que a cada acto de sumisión sigue una nueva afrenta. Se impone la unidad de todos los patriotas para enfrentar el atropello y desenmascarar a los genuflexos, y para rescatar la soberanía y la altivez nacionales.

EL MOIR, CON DIECIOCHO CONCEJALES Y TRES DIPUTADOS

El MOIR cuenta con dieciocho concejales y tres diputados, además de buen número de aliados en los distintos departamentos. Los diputados son Aurelio Suárez, secretario regional de Risaralda; Raúl Arroyave, dirigente de Fecode, en Cesar, y Omar Barón, en Caquetá. Raúl Horacio Mecías, segundo renglón en una lista efectiva a la asamblea del Magdalena, compartirá el período con el aliado liberal.

Los concejales son Diógenes Orjuela, en Villavicencio; Rodolfo Gutiérrez, en Barranca, quien sustituye al actual senador Jorge Santos; Oscar Gutiérrez, en Chinchiná; César Almendrales, en San Alberto, Cesar Rubén Valdés, en Girardot; Hernando Muñetón, en Puerto Boyacá; Carlos Peñalosa, en Codazzi; Carlos Benavides, en Túquerres; Fidel Rondón, en Lérida, Tolima; Alonso Osorio, en Fresno, Tolima; Alfonso Gómez, en Roldanillo, Valle; Luis Escobar, en Puerto López, Meta; Alberto Cano, en Guática, y Harry Fúneme, en Chaparral. Varios moiristas fueron elegidos en segundo renglón, con el compromiso de compartir período. Entre ellos, Francisco Mosquera, en El Bagre; Rubiel Arana, en Andalucía, Valle; Antenógenes Mejía y Osvaldo Aguilar, en Curumaní y La Jagua, Cesar. En Risaralda, el Frente de Acción Cafetera y Gremial, al que se integró nuestro Partido, sacó un diputado y once concejales.

En Bogotá fue elegido concejal con nuestro apoyo el compañero Francisco Pareja, del Movimiento Renovación en Marcha. El compañero Pareja acaba de realizar un resonante debate en defensa de los trabajadores del Distrito y de su pliego de peticiones.

MÉXICO CON LA SOGA AL CUELLO

Raúl Fernández

Salinas no pudo gozar a plenitud de la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC, debido a los sucesos en Chiapas, a su continuador también le aguaron la fiesta, pues faltando pocos días para el primer aniversario del Tratado, se le estalló la bomba de la devaluación. Como en piñata de cumpleaños, la estabilidad financiera del país saltó hecha mil pedazos, creando el pánico y socavando la cultivada imagen internacional de los Salinas y los Zedillos. Más que paraíso de los inversionistas, el país azteca luce hoy como un maltrecho limosnero, convertido en apéndice de Estados Unidos.

Los tecnócratas gobernantes, amaestrados en universidades elitistas del Norte, donde absorbieron la doctrina de Harvard, utilizan un lenguaje seudocientífico tratando de justificar los azarosos vaivenes de un mercado financiero internacional más voraz que nunca y dispuesto a toda clase de maniobras para intensificar el saqueo de los pueblos.
Recolonización: México hacia el abismo
La catástrofe mexicana es el resultado más tangible de las políticas aperturistas cuyo punto culminante fue el TLC. La idea de conformarlo parte de los grandes conglomerados estadounidenses, inquietos ante la competencia aguerrida que les vienen haciendo Europa y Japón, país éste con el que Estados Unidos mantiene un enorme déficit comercial. El TLC busca entonces garantizar la libre operación en tierras aztecas de las empresas norteamericanas, aprovechar la mano de obra barata y convertir el país en una plataforma exportadora tanto a los mismos Estados Unidos como al resto del mundo. El caso de la industria automotriz resulta bien diciente. Muchos comentaristas se refieren al TLC como el tratado de las compañías de automóviles. El segundo objetivo consiste en negarles esas mismas ventajas a Europa Occidental y Japón, que enfrentan grandes dificultades para producir y exportar desde México.

Los pulpos gringos contaron con la complicidad del presidente de turno, Salinas de Gortari, quien aplicó una política empeñada en atraer flujos millonarios. Para apuntalarse ante Wall Street, además, los lacayos en el poder comenzaron a desmantelar numerosas empresas estatales y a flexibilizar el mercado laboral. Sindicatos patronalistas, dominados por el PRI, renunciaron a viejas e importantes conquistas proletarias. Como consecuencia inmediata de estas medidas se produjo una gran oleada de capitales hacia México, que alcanzó en 1993 la suma de 33 mil millones de dólares. Más de 85 por ciento de los dineros invertidos en acciones de las empresas privatizadas y en bonos de la tesorería nacional eran simples transacciones especulativas. También como secuela de las nuevas políticas se multiplicaron el desempleo y el subempleo, la economía informal y la migración ilegal a Estados Unidos.

Las enormes reservas de divisas con que contaba el país azteca le permitieron a Salinas impulsar el otro aspecto de la estrategia colonizadora: las tarifas previamente impuestas a productos de origen norteamericano fueron eliminadas a paso acelerado. No resulta así extraño que en 1992, 1993 y 1994, Estados Unidos haya obtenido un inmenso superávit en su comercio con México. Tan rápido incremento de las exportaciones a la nación vecina fue utilizado por Clinton en los debates del Congreso para convencer a los más recalcitrantes opositores al Tratado de que nuevos y numerosos empleos se estaban creando en las diversas ramas de la industria. Al otro lado de la frontera, mientras tanto, el déficit creciente se creía cubierto con el constante flujo de moneda extranjera.

Al ser levantadas las barreras a las importaciones, la industria mexicana no tarda en resentirse. Los pequeños y medianos productores sucumben en masa. Las manufacturas domésticas son desplazadas. Desaparece 50% de las empresas textileras y 30% de las del cuero. Los importadores se apropian ávidamente de los dólares, mientras que el déficit comercial, agravado por la fuerte presión del servicio de la deuda externa, prosigue en aumento. A mediados de 1994 el desequilibrio en la balanza asciende a la cifra de treinta mil millones de dólares.

México, paraíso de los especuladores
Desde sus escritorios, los ideólogos del libre comercio pregonaban que los inversionistas extranjeros compensarían tan riesgosa tendencia construyendo fábricas en las ciudades mexicanas. Pero los trust siempre prefieren especular en bonos y en acciones. Y no hay que ser un perito en finanzas internacionales para saber que estos dineros entran ciertamente con rapidez, pero se fugan con idéntica prontitud.

No era desconocido en los círculos del gran capital que el régimen priísta, al querer sufragar su déficit con los dólares de la especulación, patinaba alegremente sobre una fina capa de hielo. Voces cautelosas sugirieron que México debía devaluar cuanto antes su moneda. En ese momento, sin embargo, el ensordecedor alboroto neoliberal no permitió que sus prédicas fueran escuchadas. No era la hora de crear pánico vaticinando futuras hecatombes, y aun menos echando a andar una devaluación que pusiera en peligro el asombroso superávit de las exportaciones gringas a México.

Desde mediados de 1994, ante las ostensibles señales de alarma, la devaluación se tornaba imperiosa. Pero las presiones en contra eran todavía mayores. La más tiránica provenía de quienes manejaban las inversiones extranjeras en la bolsa de valores de la capital mexicana, manipulados a su vez por los banqueros estadinenses, en una oscura cadena de chantajes y sobornos.

Los desajustes comerciales, los estímulos del gobierno a la clase media para que consumiera productos importados, la confianza en el portafolio de bonos y acciones, y la consiguiente sobrevaluación relativa de la moneda, fueron los factores que incubaron la crisis.

El país continuaba su ciega marcha hacia el desfiladero. Apenas asentado el polvo del conflicto con la guerrilla chiapaneca, el asesinato de Colossio, candidato a la Presidencia, puso a tambalear la bolsa de valores. Estados Unidos salió entonces presto a ofrecer un crédito de siete mil millones de dólares, buscando evitar una estampida de divisas. Pero la fuga de capitales nacionales y extranjeros había tomado vuelo. Y se aceleró aún más con el asesinato del secretario del PRI, Ruiz Massieu, y con el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, que atrajo a los capitales golondrina que anidaban en México. Se estima que en octubre y noviembre de 1994 salieron más de diez mil millones de dólares, hecho extremadamente grave, puesto que podía producir la quiebra de la economía al declararse el régimen incapaz de cumplir con sus deudas externas.

Se hacía imprescindible tomar medidas drásticas. Empero, como dirían los manitos, “ni modo”: se aproximaba diciembre con la cumbre de Miami liderada por Clinton y respaldada por sus títeres, Samper incluido. No era el momento de arriesgar la vitrina del modelo económico proyanqui.

México sí se raja
La crisis explotó finalmente el 20 de diciembre. Así como el humo del volcán Popocatépetl provocó no hace mucho la huida de la población residente en las cercanías, la decisión del presidente Zedillo de devaluar en 15% el peso hizo cundir el pánico. De inmediato se alzaron las recriminaciones. Primero le cargaron la culpa a la guerrilla zapatista. Pretendieron después que fuera el presidente Salinas quien se echara el finado a cuestas. El argumento tiene sus bemoles, ya que Zedillo, quien formó parte del equipo de Salinas, nunca dijo ni pío. En esencia, Clinton no les permitió devaluar, comprometido como estaba ante el Congreso en lograr la ratificación del TLC. Dejar que el peso mexicano se derrumbara habría sido visto como una traición del presidente norteamericano a los partidarios del Tratado.
Tres días después el régimen deja flotar libremente la moneda en un vano intento de parar la hemorragia. Es inútil: todo el que puede deshacerse de sus pesos para convertirlos en dólares no demora en hacerlo. En diez días el peso pierde más de un tercio de su valor. El mercado de valores se desploma. Como una reacción en cadena, las compañías financieras de Nueva York y Londres empiezan a vender febrilmente sus acciones mexicanas, carrera que provoca el descenso en picada del peso. Tan sólo en diez días, 12% de todas las inversiones extranjeras, unos ocho mil millones de dólares, emprenden la huida.

Por toda América Latina el llamado “efecto tequila” sacudió las bolsas de valores. La Nación, de Buenos Aires, refiriéndose a un documento gubernamental, informaba de pérdidas en Argentina que sumaban casi siete mil millones de dólares y de una fuga de divisas estimada en mil seiscientos millones.

En México la devaluación tuvo como inmediata secuela el alza en el precio de numerosos artículos: el mismo día de Navidad, el arroz, los frijoles, el pollo y los cigarrillos habían subido 40%. Diversas empresas, desde Televisa hasta la Nissan y la Volkswagen, dieron en despedir a miles de empleados. En Estados Unidos, algunas empresas exportadoras que se habían lucrado con las maquilas fronterizas vieron descender sus pedidos hasta en 80%.

Los piratas al rescate del galeón hundido
Como los monopolios de Wall Street enfrentaban el riesgo de pérdidas millonarias no sólo en México sino en las demás capitales de América Latina, Clinton puso manos a la obra. Una quiebra completa de la economía mexicana habría equivalido a una catástrofe. “México es como nuestro estado número 51 -declaró Barton Biggs, jefe de la Morgan Stanley Asset Management-. Si no garantizamos la deuda, los tres más grandes bancos mexicanos se hundirían.” Otro vocero de la banca, David Shulman, de la Salomon Brothers, respaldó la propuesta de Clinton de ayuda con garantías, explicando la alternativa de esta manera: “Si un país soberano es incapaz de pagar deudas me parece que habría que invadirlo.”

Además, fugas masivas de capital, que podrían ocurrir en otros países de América Latina, tendrían abrumadoras consecuencias sobre las exportaciones norteamericanas, tan necesarias hoy en día, en momentos en que se quiere hacer de Estados Unidos, según frase de Bush, una “superpotencia exportadora”.

La quiebra total de la economía mexicana bien podría hacer trizas su estabilidad política. Así que resolver el problema de liquidez de los aztecas se convirtió para los cerebros de Wall Street en tarea impostergable. Dicho y hecho. Mientras el Congreso titubeaba, Clinton esgrimió sus poderes ejecutivos y anunció un plan gubernamental, combinado con créditos de emergencia del FMI y la banca internacional, por cerca de 50 mil millones de dólares.

Claro, hay defensas que matan. Y también hay remedios peores que la enfermedad. Las garantías de México tienen su precio, muy gravoso por cierto. Para empezar, las cláusulas del plan no son del todo conocidas. Por ejemplo, con respecto al FMI, The Wall Street Journal reveló que el acuerdo contempla “condiciones no divulgadas públicamente y mucho más duras” que las exigidas hasta ahora, y que “tendrá que satisfacer” para acceder a futuras entregas de fondos. “En todo acuerdo existen cláusulas que no se reconocen públicamente por razones de sensibilidad política en los países prestatarios”, confirmó una fuente de un organismo monetario en Nueva York en declaraciones publicadas por el diario mexicano La Jornada.

De lo poco que ha salido a la luz se sabe que México tendrá que depositar en el banco de la reserva federal de Nueva York los recursos provenientes del petróleo y que Estados Unidos supervisará el programa de austeridad y privatizaciones.

Zedillo deberá modificar la tradicional oposición mexicana al pacto de no proliferación nuclear, y se comprometió igualmente a impedir la migración de mexicanos indocumentados, a reforzar la guerra contra el narcotráfico y a evitar toda acción de respaldo a Cuba.

En materia salarial, mientras que el poder de compra de los trabajadores ha bajado hasta 40% en los últimos dos meses, el plan de ajuste garantiza apenas el mismo 7% de incremento prometido antes de la devaluación. En el presente año se espera que la tasa de inflación llegue a más de 30%, lo que causará una pérdida de la capacidad adquisitiva de no menos de 25%. De igual manera, el gasto social tendrá que reducirse en virtud de las condiciones impuestas por la banca internacional.

La deuda externa mexicana alcanza los 170 mil millones de dólares y, con la receta de Clinton, crecerá aún más. Antes de la crisis, ya el gobierno azteca venía usando sus ventas de petróleo para sufragar el servicio de la deuda. Este problema es por lo demás generalizado en América Latina, que en 1990 contabilizaba empréstitos por más de 500 mil millones de dólares. Los pagos de servicio aumentaron de 46 mil millones en 1990 a 57 mil millones en 1993. En Argentina los solos desembolsos por servicio de la deuda ascenderán en 1995 a 5 mil millones de dólares, lo que explica la desaforada carrera privatizadora en que se halla empeñado Carlos Ménem. Los títeres primero empeñan sus países y después los venden para pagar algo y seguir cada vez más empeñados.

Con el paquete financiero, México no podrá resolver la creciente insolvencia interna. Miles de agricultores, comerciantes y consumidores han quebrado y son incapaces de pagar sus deudas e hipotecas. Importantes bancos encaran idéntica situación. El riesgo de que los sucesos recientes arrastren consigo incluso a las instituciones financieras gringas no ha desaparecido.

El peso de la deuda externa hará cada vez más oneroso el crédito, cuyas tasas de interés ascendían en diciembre a 40%. Si ayer la usura mantenía asfixiados a los empresarios nacionales, ahora impondrá condiciones aún más leoninas. Tal como lo pregona la tozuda realidad, el verdadero resultado de la apertura en México es la implacable destrucción de su industria.

Podría pensarse que frente a tan graves descalabros la solución no puede ser otra que desterrar el modelo neoliberal. Sin embargo, el imperialismo y sus acólitos aprovecharán la situación para profundizar el saqueo. Se están apropiando de las más importantes empresas, comprando sus acciones desvalorizadas, y explotarán más intensamente la abaratada mano de obra.

La crisis mexicana desenmascara sin tapujos la forma en que el modelo neoliberal hace que los sectores populares y la producción interna paguen los platos rotos que dejan a su paso las especulaciones de los grandes consorcios financieros. En la actualidad la economía del hermano país se encuentra más endeble que después de la crisis de 1982. De vitrina dorada de la flamante Iniciativa para las Américas, México ha pasado a convertirse en un patético protectorado de la superpotencia del Norte.

DIÁLOGOS HACIA UN FRENTE DE OPOSICIÓN AL GOBIERNO DE SAMPER PIZANO

Al final del año 1994 y en lo que va corrido del actual, se han venido realizando una serie de reuniones entre distintas fuerzas políticas diferentes a los partidos tradicionales, con el objetivo de coordinar esfuerzos y buscar puntos coincidentes para una mejor defensa de los intereses populares y nacionales.

Con el Partido Comunista, la Corriente de Renovación Socialista, el Partido Socialista de los Trabajadores, la Acción Social Indígena, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y, a título personal, algunos dirigentes de la AD-M19, ha tenido el MOIR ocasión de intercambiar ideas y fijar criterios sobre la situación nacional.

Se ha ratificado persistentemente la decisión de superar obstáculos y realizar toda clase de conversaciones y eventos que conduzcan a que las fuerzas populares adelanten en forma unitaria y eficaz la lucha contra los programas oficiales, que siguen imponiendo la política de apertura imperialista que tantos males le ha traído a Colombia y que tiene a México en la postración total.

Nuestra posición la hemos resumido en que hoy la nación y el pueblo necesitan más que nunca la unidad de todos los partidos, organizaciones y personas que se expresen políticamente:
1. Por la defensa de la producción y la soberanía nacional y contra la ofensiva que Estados Unidos despliega para lograr la plena colonización económica de América Latina y extender sus garras de pulpo explotador en todos los rincones del mundo, amenazando ahora a Colombia con utilizar sus fuerzas militares de intervención.
2. Contra el gobierno de Samper y sus programas de continuación y profundización de la apertura aplicada por Gaviria, los programas antiobreros del “pacto social” y su demagógico “salto social”.

3. Por la defensa de los más caros intereses de la clase obrera y el pueblos, el respeto a sus organizaciones políticas y sindicales y el mejoramiento en sus condiciones de vida y de trabajo.

El MOIR ha señalado también que debe lograrse la salida negociada al conflicto armado que enfrenta al Estado con las fuerzas guerrilleras, ya que el país requiere la civilización de la contienda política.
En cuanto a las negociaciones entre el gobierno y las agrupaciones alzadas en armas, el MOIR ha reiterado que no le compete intervenir, entre otras cosas, porque no ha declarado la guerra.
En palabras de su fallecido dirigente, Francisco Mosquera, se señala que de ese proceso de negociaciones “simplemente esperamos, primero, que a la postre salgan favorecidos unos métodos y una táctica revolucionarios y correctos, y, segundo, que en ningún momento dicha gestión sirva para ocultar aún más la índole antinacional y antipopular de los nuevos administradores de la vetusta república”.

EN SUS MISMAS PALABRAS

“Los esfuerzos para estabilizar la economía mexicana parecen estar dando resultado. La llegada en masa de capitales extranjeros, la disminución del déficit fiscal y del nivel de inflación, pueden convertirse en la mejor tarjeta de presentación de este país ante la OCDE. Al parecer las intenciones de México son con los de arriba y no con los de abajo” (Revista Estrategia Económica y Financiera, 18 de marzo de 1994).

“Habrá condiciones económicas fuertes, firmes, para apoyar la integridad de los préstamos” (Warren Christopher, secretario de Estado de EU).

“El FMI, la Reserva Federal y el Tesoro supervisarán el cumplimiento de las condiciones. (…) Estados Unidos tiene el derecho unilateral de terminación si consideramos que las condiciones no son satisfactorias. (…) Los fondos se harán disponibles en segmentos, cada uno accesible sólo después de una evaluación sobre el cumplimiento de las condiciones económicas estipuladas” (Robert Rubin, secretario del Tesoro).

“Altos funcionarios del Departamento del Tesoro informaron en conferencia de prensa que a México se le cobraría por anticipos casi el 20% de los fondos prestados o garantizados”.

“¿Por qué los contribuyentes estadounidenses tienen que salvar a especuladores que buscaron abultadas ganancias en inversiones mexicanas de alto riesgo?” (Alfonso D’Amato, presidente del comité de Banca del Senado norteamericano).

“El presidente [Clinton] asumió el costo político y quitó la carga del Congreso porque pensó exactamente que era lo que tenía que hacer porque los intereses vitales de Estados Unidos estaban en juego” (Michael McCurry, portavoz de la Casa Blanca).

“El presidente Clinton telefoneó a su homólogo mexicano, Ernesto Zedillo – desde el avión que lo conducía a Boston- para informarle los detalles del plan. ‘También enfatizó la importancia de que México continúe su programa hacia la reforma económica y la privatización’, explicó a la prensa un alto funcionario de la administración”.

“México acepta que, ante un eventual incumplimiento de los pagos, Estados Unidos podrá embargar todos los ingresos de Pemex provenientes de sus ventas al exterior para garantizar el pago al Departamento del Tesoro. Un alto funcionario de esa dependencia señaló que antes de abrir el acceso a este fondo de estabilización, Pemex tendrá que dar instrucciones con carácter irrevocable a sus clientes extranjeros para que, en caso de una falta de pago de obligaciones de su gobierno, los pagos por productos petroleros de esos clientes se canalicen a una cuenta en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York”.

“El comité ejecutivo nacional del Partido de la Revolución Democrática afirmó que si las nuevas líneas de crédito son otorgadas a México, los compromisos de la deuda externa equivaldrían a casi el 90% del producto interno bruto, lo que llevaría al país al colapso”.

“Jorge Calderón, secretario de relaciones internacionales del PRD, consideró que el crédito cercano a los 60 mil millones de dólares ‘servirá para financiar la fuga de capitales: es en realidad el medio para que los tenedores de 26.500 millones de dólares en Tesobonos, los que tienen inversión en la Bolsa o interés en sacar sus capitales de México, porque nada de estos recursos va destinado al financiamiento de proyectos productivos. Se trata lisa y llanamente de un financiamiento para la fuga de capitales, porque una de las condiciones del FMI es la irrestricta libertad cambiaria’. Calificó de ‘grave emergencia’ que casi el 100% de lo producido por los mexicanos sea necesario para respaldar la deuda externa. ‘Es como si no tuviéramos país’ “.

“Quiero expresar nuestro más sincero reconocimiento al señor William Clinton, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, por la solidaridad y por el absoluto respeto que ha mostrado por el pueblo y el gobierno de México” (Ernesto Zedillo, 31 de enero de 1995).

20 AÑOS DEL PEQUEÑO TEATRO DE MEDELLÍN

El Pequeño Teatro de Medellín cumplió en enero veinte años de labores e inauguró su nueva sala. Con el último montaje -La tempestad, de Shakespeare, dirigida por Rodrigo Saldarriaga-, el grupo ajusta un total de cuarenta obras puestas en escena.

Surgido en el decenio del setenta como una de las expresiones de esa “revolución cultural” que fue el movimiento estudiantil en las grandes universidades, el Pequeño Teatro ha tenido que sortear múltiples y enormes dificultades. Una de ellas, la de haber conseguido salir avante sin respaldo económico en un país carente de cultura teatral. “En Medellín -dice Saldarriaga- no se había visto nunca un Shakespeare, ni un Moliére, ni un Chéjov, ni un Bretch.” Una sociedad sin teatro, como decía Goethe, no tiene medida de su cultura.

“Se trata entonces -observa Saldarriaga- de una tarea a largo plazo. En grupos como el nuestro recae la obligación de lograr que el arte sea una manifestación cultural.”

Subraya finalmente que “los grandes movimientos teatrales han estado siempre en contra del régimen establecido. La naturaleza del teatro es ser irreverente.”

El proletariado marca el camino: OFENSIVA SAMPERISTA PARA LIQUIDAR LA CAJA AGRARIA

Agobiada por la ruina del agro que ha generado la política aperturista; asfixiada por la falta de recapitalizaciones del Estado que, según el propio minagricultura, Antonio Hernández, desde 1958 se han quedado en el papel; disminuida con el recorte de 50% de su nómina; desangrada por el financiamiento a los damnificados por desastres naturales y obligada a cuantiosos gastos por los acuerdos de paz, y por la proliferación de asesores con jugosos sueldos; restringidos los créditos y elevados los intereses; despojada del manejo de los seguros; acabada la asistencia técnica y clausurados los Agropuntos y Cresemillas, a la Caja Agraria, banco rural por antonomasia, pretenden darle el puntillazo final.

En el proceso de su destrucción, el Banco Mundial impone las condiciones y el régimen hace su oficio entregándolo al capital privado. Según proyecto de ley a presentarse, se propone fragmentarla en varios bancos regionales con 49% de capital privado (que hoy tiene 1%). A la única presencia estatal en zonas apartadas de la República se le cerrarán más de cuatrocientas oficinas, indican estimativos del ministerio y del presidente de la entidad, Gustavo Castro Guerrero.

Más que nunca los trabajadores están vigilantes, con su sindicato a la cabeza. En Cumaca, Cundinamarca, y Salónica, Valle, los trabajadores se aprestan a defender lo suyo. El Sintracreditario, unido con los usuarios, los campesinos, los gremios agrícolas y la población en general, aplicará consecuentemente la línea de resistencia civil en procura de la soberanía económica. La aleccionadora experiencia de Apulo es una prueba al canto.

CONTRA LA CORRIENTE

Contra la corriente es el nombre del último libro y asimismo de la columna periodística que Jorge Enrique Robledo, secretario del MOIR en Caldas, ha escrito semanalmente en los diarios La Patria, de Manizales, y El Nuevo Día, de Ibagué. La política de apertura económica y los problemas cafeteros son dos de los temas que a lo largo de los últimos años han merecido su atención y que ocupan en este libro lugar preeminente, por ser Robledo el coordinador de la Unidad Cafetera Nacional. Entre los 68 artículos que integran la presente publicación, dedicada a Francisco Mosquera, vale también la pena destacar las denuncias políticas y los temas de historia, sobre todo en el campo de la arquitectura, disciplina de la que es profesor en la Universidad Nacional, seccional de Manizales.

Robledo, Jorge. Contra la corriente, Manizales, Ediciones Ars, 1994. 189 págs.