El proletariado marca el camino: SINDESS, A LA VANGUARDIA EN EL PARO DE LA SALUD

Aldo Cadena

No obstante que el «Salto Social» plantea como uno de sus objetivos prioritarios atender la salud de los colombianos, lo que para ellos en realidad importa es «la eficacia en función de las ganancias en términos de salud por cada dólar que se invierte», según palabras textuales del Banco Mundial.

Los nuevos sistemas de salud impulsados por el Banco Mundial y por la OPS y la Cepal parten de que el Estado debe reducir su acción a financiar los servicios clínicos esenciales, mediante la contratación con terceros. El resto de la asistencia todos han de pagarla por anticipado al ISS o, preferencialmente, a particulares.

De esta teoría, de rancia estirpe neoliberal, surge la nueva jeringonza con que los ideólogos del samperismo se llenan la boca, dejando en evidencia su claro continuismo.

El modelo de salud -el mismo ensayado en Chile bajo la dictadura de Pinochet- contempla tres aspectos: descentralización, participación comunitaria y privatización.

La primera apunta a que el gobierno central se deshaga de las cargas financieras traspasándolas a los municipios.

El complemento es la «participación comunitaria», cuyo objetivo es organizar a la población para que asuma los faltantes y se eche al hombro los problemas abandonados por la nación.
La privatización consiste en desmontar la salud pública para facilitar «la expansión de la oferta privada». Lo que en plata blanca se persigue es convertir la salud en un negocio sometido a las leyes del lucro y la máxima ganancia.
La ley 100, que hace dos años empezó a entregar la asistencia social a la empresa privada, liquidará el Sistema Nacional de Salud, y en adelante todo colombiano que necesite atención médica, tendrá que prepagarla, afiliándose a cualquiera de las Empresas Promotoras de Salud, EPS. El nuevo esquema traerá como consecuencia la extinción del ISS y el consiguiente monopolio de los grupos económicos.
Además, la transformación de los hospitales públicos en empresas sociales del Estado, con autonomía jurídica, administrativa y financiera, coloca la estabilidad laboral en la cuerda floja, lo que viene a sumarse a los bajísimos salarios que reciben los trabajadores.

En respuesta a la ofensiva del gobierno, Sindess acordó citar a un paro nacional de protesta los días 14 y 15 de marzo.

El movimiento se propone defender la salud pública, impedir el desmonte del ISS, echar atrás los decretos privatizadores y sacar adelante la nivelación salarial y las mejoras prestacionales.

El proletariado marca el camino: EL 18 DE MARZO: ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES

La CGTD, la USO, Festrac, Fenaltrase, Fenasibancol, Sindess, Anthoc, ACEB, UNEB, el Sindicato de la Caja Agraria, Sittelecom, Utradec, Sintrasena, Sintrametal y otros importantes sectores convocaron, en los salones de Hocar en Bogotá, el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales, con el fin de precisar criterios frente a:

«1. La política económica, laboral y social del gobierno de Samper, que se refleja en el recorte a los derechos de los trabajadores, la negativa a resolver los pliegos de peticiones como en Ecopetrol, el sector de la salud, financiero, entre otros, con paupérrimos ofrecimientos salariales por debajo de la inflación; impulsar políticas de privatización y liquidación de empresas estatales como Ecopetrol, Telecom, Caja Agraria, sector eléctrico, y seguir destruyendo el agro, la industria nacional y la no solución a las necesidades básicas del pueblo colombiano.

«2. La solidaridad efectiva con todos los sectores que sufren la ofensiva gubernamental; en este sentido, definir un plan de acción que nos permita unificar tareas tendientes a impedir que se pisoteen nuestros derechos democráticos y los de la nación. Desde ya, respaldamos el paro nacional de la salud programado para el próximo 14 y 15 de marzo. Asimismo expresamos nuestro respaldo a las luchas que libran las organizaciones sindicales como USO, UEN, Anthoc, Sindess, Sintracade, Sindicato de Trabajadores del Departamento de Cundinamarca, Sindicato de Trabajadores de la Licorera de Cundinamarca, Sindecajanal y demás organizaciones que se encuentran en huelga o negociando pliegos de peticiones. Igualmente a Sittelecom y Sintracreditario, que enfrentan una política de liquidación por parte del gobierno.

«3. La lucha contra la penalización de la acción social, por los derechos humanos y por que se impulse un proceso de paz que permita una solución política al conflicto armado.».

EN FECODE: LA LUCHA CONTINÚA

José Fernando Ocampo

El magisterio se vio obligado a salir a paro nacional el 6 de febrero hasta alcanzar que el gobierno entrara a negociar con Fecode sobre las dos reivindicaciones fundamentales por las cuales llevan años luchando: la defensa de la reforma educativa y el salario profesional.

Mostrando la verdadera catadura de la «concertación samperista», el ministro Saravia Better se negó sistemáticamente durante seis meses a discutir con la federación los decretos reglamentarios, y por el contrario, expidió algunos en que se revivía la municipalización y se desvirtuaba la ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. El ministro había condicionado cualquier conversación al desmonte del Estatuto Docente y al despido masivo de maestros.

El movimiento magisterial de febrero fue rápido, general y contundente. La protesta consiguió los objetivos que se había propuesto: abrir la negociación sobre el salario profesional y detener la reglamentación contra la reforma educativa. El magisterio y sus directivos entienden, sin embargo, que la conquista definitiva de estas reivindicaciones exige mayor preparación y una férrea unidad. Fecode ha preservado sus fuerzas para las batallas venideras. El haber obligado al gobierno a negociar es ya un primer paso. Pero la lucha continúa.

El profesorado universitario volvió al combate
Los profesores de las universidades estatales salieron de un reflujo de casi dos décadas para levantar las banderas reivindicativas y enfrentar la política de autofinanciamiento plasmada en la ley 30 de 1993 y la reforma privatizadora aplicada en la Universidad Nacional por Antanas Mockus.

Tras soportar las maniobras oficiales tendientes a impedir que se ponga en práctica la ley 4 de 1992, la cual ordena la nivelación salarial por lo alto, doce mil docentes optaron por no iniciar clases en el primer semestre de 1995.

No obstante las dificultades organizativas, lograron comprometer al gobierno en la creación de una comisión encargada de desarrollar un amplio temario, cuyas conclusiones serán de obligatorio trámite para el ministro.

El neoliberalismo también tocó a las puertas de la educación superior y los profesores decidieron levantarse contra él.

CUSIANA: LA RAPIÑA DEL PETRÓLEO

Alfonso Hernández

El río de las «aguas negras» en lengua indígena, el Casanare, da el nombre al departamento cuya economía se ha basado en las faenas del hato ganadero y la agricultura, y que hoy vive una profunda conmoción ocasionada por el auge de la actividad petrolera. El descubrimiento de dos mil millones de barriles de crudo en Cusiana y Cupiagua, de más de cinco mil gigapiés cúbicos de gas en Volcanera y la probabilidad de dar con otros ricos yacimientos en el piedemonte llanero, provocaron la codicia de las multinacionales que exploran su suelo palmo a palmo. El olvidado Territorio Nacional de ayer es actualmente objeto de jugosas transacciones en las más importantes bolsas de valores del mundo.

Un nuevo Dorado
El de Cusiana consiste en el mayor hallazgo en el Hemisferio Occidental después de Prudoe Bay, en Alaska, en 1968. Cierto que se necesitó perforar a 16.000 pies, pero por cada pie perforado se obtienen 93.750 barriles, es decir, 187 veces el promedio mundial, que llega a 500.

Estos campos harán posible que el petróleo aporte más del 40% de las ventas externas del país y el doce por ciento de los ingresos fiscales del sector central. Encontrados por Ecopetrol entre 1972 y 1976, los pozos Unete 1, Tauramena 1 y Tauramena 2, fueron cedidos primero a la Triton, mediante el contrato de asociación denominado Santiago de las Atalayas, Cusiana. Triton, tras una serie de maniobras especulativas, vendió en 1987 el 80% de sus intereses a la British Petroleum y a la Total. Luego, toda la cuenca, que era reserva de Ecopetrol, fue entregada a las multinacionales para su prospección.

Además del contrato de Cusiana, hay otros. Támara, Pauto, Sámaca, con la British; Recetor y Tierra Negra, con Maxus; Río Chitamena y Monterralo, con Total; Araguaney, con Oxy; Samoré, con Copeco, y Río Blanco con Chevron. El 12 de septiembre pasado la British anunció la firma de un nuevo contrato de asociación denominado Piedemonte Occidental. Al jugoso botín se agrega ahora Coporo 1, con una reserva estimada en el doble de Cusiana.

Al brotar el petróleo, distintas fuerzas sociales se ponen en tensión. Miles de personas provenientes de todo el país arriban a Yopal y otros municipios. El comercio se multiplica y exige que las petroleras se abastezcan de artículos de consumo en Casanare; otro tanto ocurre con el transporte.

La población urbana se incrementa aceleradamente. Pueblos y veredas reclaman solución a las necesidades apremiantes de salud, educación y vías. Los mozos de las ganaderías ya no quieren someterse al viejo régimen de servidumbre, y los obreros comenzaron pronto a movilizarse por alcanzar elementales derechos.

Hasta sectores del gobierno local se quejan de las políticas del poder central relacionadas con los hidrocarburos y la distribución de sus beneficios.

La lucha por las regalías
Una vez satisfechas las gravosas exigencias de los consorcios foráneos, el gobierno se dispuso a arrebatarle a Casanare una parte sustancial de sus derechos, mediante el proyecto de Ley No. 126, hoy Ley de Regalías. La respuesta fue inmediata. La Asamblea denunció la política antipatriótica del ejecutivo, propuso la defensa de Ecopetrol y exigió cumplimiento con los porcentajes anteriormente asignados a departamentos y municipios productores.

El Bloque Sindical Democrático de la región hizo suyas las denuncias de la Asamblea e impulsó la constitución del comité Unidos por Casanare, que pronto aglutinó en torno suyo a los alcaldes, concejales, diputados, Cámara de Comercio, comités gremiales del sector agropecuario y a las organizaciones sindicales.

Después de diversas movilizaciones, el 17 de noviembre de 1993, los 19 municipios del departamento paralizan sus actividades y realizan marchas y concentraciones. «Este paro cívico fue el comienzo de la participación del Casanare en la lucha nacional por la defensa de los hidrocarburos y un ejemplo que permite que diversos sectores se movilicen a exigir sus derechos», puntualizó José Daniel Rodríguez, secretario regional del MOIR. Unidos por Casanare hizo presencia en el Congreso Petrolero convocado por la USO, y en los distintos foros en que se ha denunciado la política oficial.

Millares de migrantes
Tauramena, situado en el piedemonte de la Cordillera Oriental, con una población cercana a las nueve mil almas, es el casco urbano más próximo al campo petrolero de Cusiana. Este debe su nombre al río que nace en la cordillera y desemboca en el Meta. En las jurisdicciones de Tauramena y Aguazul se encuentran Cusiana y Cupiagua, en donde la British Petroleum, que opera ambos campos, perfora los pozos de las mismas denominaciones y los de Buenos Aires y Chitamena. A escasos ocho kilómetros de aquel municipio, en la Meseta del Aceite Alto, funcionan las Instalaciones Centrales de Producción, en el cual se acopia todo el petróleo del sector. Allí se separan las aguas asociadas y el gas y se bombea el crudo al oleoducto. Actualmente producción alcanza los 64 mil barriles diarios.

En Tauramena se concentra una gran cantidad de inmigrantes, por lo cual el costo de vida se disparó. Los obreros de las empresas contratistas deben pagar más de ochenta mil pesos por una pieza. Las familias dejan sus casas o se reducen a un cuarto para arrendar los demás. El hacinamiento ha llegado a extremos intolerables servicios públicos no dan abasto. En la mayoría de los casos, el alquiler de un dormitorio no incluye el derecho a utilizar el lavadero, y no es extraño ver a obreros y malleros -hombres que esperan ser enganchados por alguna compañía- lavando ropas en los ríos. Es imposible alimentarse con menos de 5.000 pesos diarios.

Las huelgas
La British realiza sus trabajos a través de una tupida red de empresas contratistas. Así se pueden burlar mejor los derechos de los trabajadores. En la actividad petrolera en Casanare la inmensa mayoría de la fuerza de trabajo está bajo contrato a término fijo. Predomina la vinculación por 28 días, el veintiochazo, al que la British, con humor negro, considera una forma de «democratizar» el empleo. En 1992 miles de hombres sin elementos de protección, con remuneraciones misérrimas, transportados en volquetas y casi totalmente desprovistos de seguridad social, taladran la tierra, edifican las instalaciones de producción, abren trochas y empalman la tubería del oleoducto.

En una palabra, contribuyen a hacer brotar el combustible por excelencia de la industria moderna. Pero la tenacidad desplegada en el trabajo se manifiesta también en la decisión de lucha.

En septiembre de 1993, los habitantes Tauramena y los obreros bloquearon la entrada al CPF de la British durante varios días. El 16 de diciembre del mismo año, los 600 trabajadores de Distral, empresa trabaja en la construcción del Centro de Facilidades, paralizan labores. A mediados de marzo de 1994, 700 obreros que construían el oleoducto se lanzaron huelga. Y en junio, de nuevo los obreros de Distral suspenden la producción.

En todas estas lides, los proletarios tienen que enfrentar al patronalismo del Ministerio de Trabajo, la ofensiva de las empresas y la negación de los derechos a organizarse y hacer peticiones que implica el contrato a término fijo. Nada de eso logra impedir que alcancen aumentos salariales, como también mejoras en la seguridad industrial y social. Pero el principal avance es que se han iniciado en la escuela de la lucha obrera.

Acaban las carreteras, contaminan las aguas
Otro motivo de permanente conflicto entre la población y los monopolios es l daño que ocasiona a las carreteras el transporte masivo de equipo pesado. En los paros de Tauramena, en 1993, y del Morro corregimiento de Yopal, en enero del 94, se demostró que la British, causante del problema, se niega a resarcir los daños. El gobierno, con su política de descentralización, obliga a las regiones a pavimentar las carreteras, con los ya menguados ingresos que les corresponden por regalías.

La contaminación de ríos y quebradas y el deterioro general del ambiente son otra causa de enfrentamiento. El propio Ministerio del Medio Ambiente se vio obligado a sancionar a la British por los vertimientos de petróleo, cemento y sustancias cancerígenas en importantes fuentes de agua, a raíz de los trabajos en los pozos Támara, Buenos Aires 1 y Cusiana 3. Las excavaciones en Pauto 1 y 2 amenazaban envenenar los ríos Cravo Sur y Pauto, lo que puso en peligro el acueducto de Yopal.

Dichas obras se adelantaron violando la legislación sobre el uso de las aguas y sin contar con las autorizaciones requeridas. Las tropelías enumeradas no fueron obstáculo para que la casa matriz de la British se concediera a sí misma en Colombia el premio mundial de Educación Ambiental por la campaña «El Cusiana Vive», que se reduce a coloridos carteles con los que se pretende tapar los destrozos producidos a nuestros ríos y bosques.

El ingeniero Gundisalvo Vega, actual alcalde de Tauramena, dice que las compañías petroleras prefieren echar a perder los recursos hídricos antes que detener los trabajos y menoscabar sus cuantiosas utilidades. Se trata de sacar el petróleo lo más rápido posible y con los menores costos. Vega manifiesta su preocupación por el posible degradamiento de las aguas subterráneas, ya que el trabajo que se hace para impermeabilizar las piscinas de oxidación no representa garantía. El anterior secretario de salud de Casanare, Eduardo Lucio, explicó a Tribuna Roja que el agua asociada al petróleo de Cusiana, que contiene metales tóxicos y una altísima salinidad, es derramada en los ríos y sabanas sin un tratamiento adecuado. Señaló que su antecesor cerró algunas estaciones petroleras, pues no cumplían con normas mínimas.

Por ejemplo, en las estaciones Liria 1 y Morichal era evidente la contaminación: «Todo lo verde alrededor se acabó». Eduardo Lucio se vio en la necesidad de cerrar la estación Barquereña en el municipio de San Luis de Palenque, por envenenamiento de aguas superficiales y porque no tenían ningún programa para evitarlo.
Casanare no cuenta con laboratorios adecuados. Dice: «Se toman las muestras, se llevan a un laboratorio en Bogotá y la compañía petrolera paga el examen. No hay garantía, es tonto lo que se está haciendo».

El gobierno adelanta pomposas campañas ecologistas y crea un ministerio, pero no toma las medidas elementales para impedir que las multinacionales devasten los recursos del país. En cambio sí, a través del Fondo Nacional de Regalías, obliga a las regiones a restaurar el medio deteriorado.

Coto de caza
«Las petroleras se mueven en el departamento como Pedro por su casa, muchas veces el último en enterarse es el municipio. Todo el mundo paga impuestos. ¿Por qué las multinacionales no? No tienen ningún respeto por las autoridades locales», dijeron a Tribuna Roja los concejales de Yopal Irene González de Mendieta, Luis Camargo y Segundo Gabriel Rivera. Cabe señalar que la ley de regalías prohíbe a las entidades territoriales establecer gravámenes a la explotación de los recursos naturales.

El presidente del anterior concejo de Aguazul, Héctor González, dijo: «La British está comprando miles de hectáreas en Aguazul, entre los ríos Cusiana y Charte. Es un enclave británico en Colombia. Si seguimos así, en unos años, para ir a Sogamoso, vamos a tener que solicitar visa al gobierno inglés».

Lo que sucede en Casanare muestra de manera dramática los efectos de la política impuesta al país por el FMI y el Banco Mundial, dados a la tarea de sacar adelante los voraces intereses de los imperialistas. Hay otro aspecto: la erguida resistencia de sus habitantes ante el saqueo de nuestros recursos. Todos han protestado y ninguna treta logra engañar ni desmovilizar a este pueblo, orgulloso de su bravía participación en la lucha que nos dio la independencia.

LEY 141: ADIÓS A LAS REGALÍAS

El 28 de junio de 1994, poco antes de terminar su mandato, Gaviria sancionó la Ley 141, que crea el Fondo Nacional de Regalías, cuyo manejo quedó a discreción del gobierno central, arrebatándoles a departamentos y municipios productores la mayor parte de sus derechos.

La Ley 76 de 1975 había establecido que las compañías explotadoras de petróleo debían pagar una regalía del 20%, la cual se repartía así: 47.5% para el departamento, 12.5% para el municipio y 40% para la nación. Por el contrario, la Ley 141 despoja a los departamentos del 90% de su participación la producción que sobrepase los 180.000 barriles diarios, y a los municipios a partir de los 100.000. Los excedentes pasan al Fondo. Esto se urdió con el pretexto de que las regalías debían irrigar sus beneficios a toda Colombia. En el caso de Cusiana, se quiso hacer aparecer el interés del Casanare como opuesto al del país en su conjunto. Cuando se conoce que el monto de las regalías de esos pozos ascenderá a unos seis mil millones de dólares, se comprende a cabalidad el codicioso interés oficial.

Antecedentes de la trapisonda
El zarpazo se venía preparando desde hacía varios años. El Informe de la Misión Wiesner para la descentralización destaca el rápido crecimiento de los ingresos por este concepto, señala la necesidad de «desterritorializar» las regalías y utilizarlas en armonía con las políticas de inversión extranjera. Por tal motivo se incluyó en la Constitución de 1991 el artículo 361, que ordena crear el Fondo, para lo cual se aprueba la ley.

Para imponerla, el gobierno tuvo que enfrentar un paro cívico en todo el Casanare y las expresiones de inconformidad de varios miembros del legislativo. Ya sancionada la ley, algunas voces denunciaron que no es idéntica a la aprobada. ¡Delicadezas de la democracia participativa!

Ventajas para las multinacionales
Es evidente que la medida hace una celosa defensa de los intereses de las multinacionales que poseen inversiones en el sector minero. El artículo 16 autoriza al presidente de la República a disminuirles hasta en una cuarta parte los pagos de regalías. El artículo 27 prohibe a los departamentos y municipios establecer nuevos gravámenes a la extracción de los recursos naturales no renovables. Las peticiones de que a mayor explotación, mayor regalía, fueron desatendidas. Igualmente, ésta se mantiene en tasas del 11% y menos para los contratos de concesión vigentes. ¡Y todavía los Gaviria, los López, los Samper, los Cock, claman por mayores ventajas para el capital extranjero, no sea que se vaya y no lleve consigo el botín!

La nueva ley distribuye los recursos del Fondo de la siguiente manera: durante 15 años, el 15% para planes de energía. De lo restante, el 20% para el fomento de la minería, el 20% para la preservación del medio ambiente, y el 59% para la financiación de proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo. Las entidades territoriales deben someterlos al visto bueno de Planeación, organismo que a su vez tiene que sujetarse a los planes cuatrienales del Banco Mundial.

Un dirigente cívico del Casanare señaló que entregar 15% de los recursos generados por la explotación de las riquezas del subsuelo para energía, equivale a sufragar los déficit producidos por negociados como los del Guavio y las «barcazas».

El 20% que se asignará a fomentar la minería, seguramente terminará beneficiando al capital extranjero, como sucedió con el propio Cusiana que, después de haber sido descubierto por Ecopetrol, terminó en manos de la British. O con el gas de Volcanera, en manos de la misma, donde una vez confirmado el tamaño del yacimiento, las distribuidoras estatales como Gas Natural y Promigás fueron puestas en venta. Además se trata de garantizar el abastecimiento de recursos energéticos para los monopolios particulares que se van a apoderar de la electrificación en el país, como Tebsa S.A., constituida recientemente por Corelca y ABB Distral.

Con respecto al 20% reservado para el medio ambiente es necesario recordar que muchos medicamentos mejorados, el desarrollo de más productivas especies vegetales y animales y los progresos investigativos, tienen su base en la rica diversidad biológica de nuestras selvas. Poderosos consorcios del mundo, mientras incrementan sus inversiones en biotecnología, se apoderan de los bosques, roban el germoplasma y prohiben que se desarrollen las actividades productivas a su alrededor.
La biodiversidad es patrimonio de todo el género humano, dicen, para no pagar la riqueza que se llevan, mientras imponen patentes y derechos intelectuales por los productos que de ella derivan. Basta para probarlo el acuerdo GEF Biopacífico y las imposiciones de cambiar deuda externa por bosques. Agréguense las colosales inversiones de capital extranjero en los programas de «turismo verde», como el que se adelanta en Barú. He aquí el porqué de emplear buena parte de los ingresos generados por la minería en políticas ambientales, en desmedro de otras prioritarias.

Por último, del 59% destinado a los planes regionales de inversión, una gran parte se dedicará a financiar el llamado plan vial de la apertura. El artículo 66 de la ley dice que con los recursos propios de los entes territoriales se «cofinanciará» la construcción de carreteras como La Cabuya-Sácama-Socha;Sogamoso-Aguazul-Maní; La Cabuya-Hato- Corozal-Puerto Colombia-Corralito; Bogotá-Guateque-Sabanalarga-Tauramena-Yopal-Hato Corozal-Tame-Arauca, y otras obras más, como el puerto de Tribugá, en el Chocó.

O sea, con las regalías se van a pavimentar las vías y se adelantarán las obras de infraestructura que necesitan las multinacionales, obligando además a las regiones a establecer una cascada de impuestos para complementar su financiamiento. Es parte esencial de la llamada «descentralización». Por ello Gaviria habló de «la necesidad de mantener la presión tributaria existente hoy», en respuesta a los anhelos de los colombianos que veían en Cusiana la posibilidad de un alivio para sus agobios.

Los dineros de Cusiana serán utilizados, también, en la llamada Red de Solidaridad Social, que no es otra cosa que el reparto de limosnas para que los famélicos no asalten a los alegres convidados al banquete de la riqueza nacional.

Ni un peso para el desarrollo
En Tauramena ya se están produciendo 90.000 barriles diarios de petróleo. El próximo semestre se llegará a 186.000, para alcanzar el tope de 600.000 en 1997. Se trata de extraer lo más pronto la mayor cantidad de oro negro. El que sean necesarias inversiones de alrededor de 6.000 millones de dólares para lograr semejantes niveles de producción, no importa. Pero cuidado, advierten los tutores del Banco Mundial: a Colombia la pueden «enfermar» los ingresos que generarán explotaciones de tal magnitud. Es necesario «ahorrar» en bancos y fondos en el extranjero una parte sustancial de estos recursos, con los que se constituirá el denominado Fondo de Estabilización Petrolera. Los dineros se congelan en el exterior, mientras se abren las puertas al endeudamiento y la inversión extranjera. Otra parte se dedicará al pago anticipado de la deuda externa. ¡Ni un peso para el desarrollo de la producción nacional!

«Donde haya queso, no mandéis gatos»
El manejo del Fondo queda en manos de la Comisión de Regalías, dirigida por los ministros de Minas, Desarrollo, Medio Ambiente, y el jefe de Planeación. Hay injerencia adicional del presidente, a través del Comité Técnico. Los poderes de esta Comisión son omnímodos: controla, vigila, aprueba, contrata y hasta reprueba.

¡Qué de chanchullerías las que hará esta burocracia ávida de riquezas y perita en dolos! Así las cosas, al terminar la explotación de Cusiana las bolsas de algunas transnacionales estarán repletas, unos pocos colombianos, ahitos, y el país, exangüe. Salvo que la clase obrera y los demás colombianos laboriosos decidan otra cosa.

Editorial: «ASALTO SOCIAL» DE SAMPER Y EL IMPERIALISMO

Editorial
“ASALTO SOCIAL” DE SAMPER Y EL IMPERIALISMO
Luego de desplegar a lo largo del siglo XX un pandillaje sin fronteras y a rajatabla con miras a conquistar la hegemonía mundial, el imperialismo norteamericano llega a los umbrales del tercer milenio con sus connaturales contradicciones más vivas y potenciadas que nunca. Apuradamente trata de salir de ellas y, como el viejo pistolero que sueña con escapar a su fatal destino recurriendo sin pausa al asalto y al abaleo, cabalga adelante por el mundo en el siniestro plan de una nueva y plena colonización económica. Aunque en esa empresa aparezca con un poder abrumador, por los ingentes medios materiales a su disposición, el asolador armamento que blande, los sucios métodos que utiliza y hasta por la degenerante ideología y cultura que disemina por doquier, su verdadera realidad es la de un poder abrumado.

Los pies de barro del coloso y la índole de papel que tiene el tigre, como describieron respectivamente Lenin y Mao la característica estratégica del imperialismo, es algo que los hechos revelan cada día con mayor fuerza. No otra cosa es la fisonomía que adquiere Estados Unidos cuando se presencian bajones en su productividad y declives del sector manufacturero, la enorme deuda presupuestal, el gran déficit de su balanza cambiaria, la pérdida del valor del dólar frente a otras monedas, la disminución en la calidad de su fuerza de trabajo, la poca inversión industrial y el creciente deterioro de sus niveles de educación, todos rasgos prominentes de su economía que se dan acompañados de la corrupción política, la descomposición social y la decadencia cultural. Para mayores males, a esto se agrega la implacable competencia con las demás potencias económicas. Pero lo que mina su poderío es la resistencia que incesantemente, en las más variadas formas, le oponen los pueblos a su campaña de dominación global.

El creciente predominio del capital financiero, con su ineludible carácter parasitario, hace más vulnerable al imperialismo norteamericano. Si bien tal condición es algo que le es peculiar desde la cuna, los ciclópeos volúmenes alcanzados, fruto del acaparamiento del trabajo y el ahorro sociales no sólo de los Estados Unidos sino de otros países, desarrollados o no, y su concentración sin precedentes, revelan que estamos ante un refinado y decisivo poder tras todos los poderes que extiende su sistema de especulación y de fraude por el planeta para apoderarse de cada vez más grandes montos de las riquezas de las naciones. La redoblada práctica expansionista, que tiene como núcleo y principal beneficiario a semejante bandada de modernos rentistas, precisa de teorías y dogmas que «fundamenten y justifiquen» su parasitismo. Se ha desatado entonces, bajo las más diversas metáforas imperiales -internacionalización, reajuste estructural, globalización, integración, nuevo orden internacional, modernización, apertura e inversión abierta, etc.- una oleada de sofismas económicos que sirven de premisa a los análisis y modelos de desarrollo que brotan proliferantes de las grandes entidades financieras, las instituciones gubernamentales y las agencias de estudios de las universidades, y se difunden a diario en su forma ordinaria por prensa, radio y televisión. La teoría sigue, y aquí encubre la realidad. Exponer y denunciar el real sentido de esas teorizaciones, señalando los intereses económicos que sirven, los de los «grandes linces bursátiles», implica para los trabajadores una tenaz lucha en el terreno ideológico. A ello apuntaba el camarada Mosquera cuando expresaba que «el duelo económico se decide en la arena ideológica».
Parasitismo y recolonización económica
A pesar de que a este capital financiero imperialista se le conoce más por ser herramienta eficaz para la sujeción y expoliación de otras naciones, sus peores rasgos también los ejerce domésticamente. Dedicado principalmente al juego en el mercado mundial de capitales que le proporcione alta rentabilidad y no a la inversión productiva, y enfrentado a la feroz competencia de ultramar, somete a su sistema de especulación la propia producción capitalista interna, presionando al máximo su resorte principal: la explotación de la fuerza de trabajo. Los resultados desnudan la naturaleza del imperialismo y son un contundente mentís a lo que las estadísticas y la propaganda amañadas pregonan sobre las condiciones sociales en los países desarrollados.

Como lo percibe desde hace tiempos el pueblo norteamericano, los analistas que aún conservan independencia en su capacidad de discernimiento reconocen que la sociedad en los Estados Unidos se está polarizando entre un proletariado agobiado y una élite opulenta, la nueva clase de parásitos, ese 0.5% de los norteamericanos en la cúspide que durante la década de los ochenta incrementaron su ganancia de la riqueza y el ingreso de los Estados Unidos. No es de extrañar entonces que en 1993, cuando la economía registra un crecimiento de 3% el ingreso medio de las familias decrece 1%; que en ese mismo año un millón más de personas caiga en la pobreza, la cual suma más de 40 millones (15.1% de la población); que los salarios permanezcan estancados, se produzcan oleadas de despidos masivos, los trabajadores de tiempo completo sean sustituidos por los contratados por tiempo parcial o temporal, y que las compañías recurran al tiempo suplementario para exprimir al máximo la fuerza laboral norteamericana, dejando a los trabajadores demasiado exhaustos como para disfrutar el dinero extra que han ganado. Esta realidad evidente y acusadora es la que no revela «el sentido abstracto de las estadísticas» y la que se trata de ocultar en toda la maraña de índices sobre productividad, empleo, inflación, rentabilidad, etc., que la oligarquía financiera y sus gobiernos difunden desde sus instituciones públicas y privadas a través de sus medios de comunicación: la más intensa explotación de la fuerza de trabajo.

Pero por más que se exprima domésticamente a la población, los monopolios imperialistas no logran sustraerse a una disminución de su tajada de ganancias y salen a buscar allende las fronteras fuerza de trabajo más barata, materias primas a precio regalado y mercados en donde realizar la superproducción de mercancías y servicios. Es en el exterior donde pueden obtener los mayores lucros. Todo este proceso lo preside, insaciable, el capital financiero merced a la posesión, control o manipulación de las grandes corporaciones industriales y de servicios. La concentración de voluminosos capitales le permite que su exportación, esa clave en toda colonización económica, adopte múltiples formas: préstamos bancarios, participaciones directas en empresas y agencias estatales e inversiones en compra de acciones o bonos de empresas y negocios de los diversos países. Para operar sobre las economías nacionales y, por supuesto, para su consiguiente toma, precisa que allí se establezcan mercados de capital (bolsas de valores, inversiones con manejo bancario, empresas comerciales y joint ventures con inversionistas extranjeros, etc.) que sean eficientes y que se liguen «orgánicamente» a los grandes mercados de capital, ese pool de ahorros mundial, hueco negro que succiona la mayor parte de la plusvalía que se le arranca al trabajo humano en todo el planeta.
Para acuñar la recolonización económica se dictamina otro requisito primordial: la implantación de reformas que conduzcan al establecimiento de «instituciones políticas y sociales receptivas» y sistemas legales y de crédito «modernos», a una moneda local estable, a bancos centrales independientes de los gobiernos en el manejo monetario, a índices mínimos de crecimiento económico y a la estabilidad y el orden. Se presentan entonces nuevos ordenamientos constitucionales y legales, nuevas disposiciones económicas, nuevas medidas de orden público y nuevas formas de organización del Estado. El imperialismo vela porque estas reformas faciliten al máximo sus flujos de capital financiero, tanto público como privado, que les rindan alta rentabilidad, pues precisamente de ésta, fruto de la libre exacción de lo que brinda la tierra y producen los hombres en los países pobres, dependen los países ricos para tener en lo económico «tasas de crecimiento ‘razonables’ » y «niveles adecuados de empleo» y, en lo político, no estar “en grandes dificultades” y darles capacidad a los gobiernos «para afrontar sus acuciantes problemas sociales». Es decir, para evitar el fin de su historia de intensa «explotación por un país privilegiado, financieramente rico, de todos los demás», la misma del puñado de países ricos que obtiene «no centenares, sino miles de millones de superganancias», y «vive sobre las espaldas» de centenares y centenares de millones de hombres, «entre luchas intestinas por el reparto de un botín de lo más suntuoso, de lo más pingüe, de lo más fácil», como lo señalara Lenin. La tendencia inevitable de las masas a sacudirse ese yugo determinará el fin de esa historia.
Gaviria: nefasto y mercenario
Es dentro del plan general del nuevo colonialismo, y específicamente dentro del plan particular dispuesto por Estados Unidos para América Latina, consignado en su Iniciativa para las Américas, que sucesivamente Barco, Gaviria y Samper han venido incrustando a nuestra nación. No existe disposición gubernamental de importancia en los últimos años que no haya estado dirigida a adecuar el país a los designios voraces del gran capital. Al respecto, la labor más nefasta corrió por cuenta de César Gaviria. Durante su cuatrienio se dio rienda suelta a lo que constituye una cruzada reaccionaria contra la producción nacional. Entre sus efectos desastrosos hoy presenciamos la disminución del promedio anual de productividad, la caída de las exportaciones, la baja en los niveles corrientes del ahorro y el aumento de la deuda externa. La producción agropecuaria fue arrojada a la más dramática crisis por Gaviria, con enormes daños que se siguen proyectando en el campo colombiano, y la industria nacional, sometida al desgaste de la competencia foránea y el contrabando, fue sumida en una situación igualmente sombría.

Los desmanes de lesa patria cometidos por Gaviria serán más evidentes para un mayor número de colombianos cuando comprendan cómo la farsa, que para ellos es tragedia, de este hombrecillo, pudo birlar sus haberes y burlar sus valores, dejando a Colombia acondicionada para una continuada violación de su soberanía económica por parte del imperialismo. La bohemia provinciana y estrepitosa con que se hizo esa encomienda es un remedo de la bohemia ávida de saqueo propia de la aristocracia financiera, la cual, como lo señalara Marx, «lo mismo en sus métodos de adquisición, que en sus placeres, no es más que el renacimiento del lumpenproletariado en la cumbre de la sociedad burguesa». En relación con los métodos tahurescos que vienen con ese renacer, no puede decirse que Gaviria fuese ambiguo. No sólo se dejaron márgenes en la ley para hacer las trampas que faltaban, en una sofisticada reafirmación de que «hecha la ley, hecha la trampa», sino que con actos de gobierno se hacía primero la trampa y luego la ley, como sucedió con la Constitución de 1991.

Gaviria hizo el trabajo sucio de poner las bases de la apertura. En detrimento de las masas laboriosas reformó códigos y leyes, y en detrimento del país despreció y atentó contra la soberanía nacional. La traición económica de los intereses nacionales la acompañó con traición política. “Célebre por su fama”, sus amos imperialistas lo patrocinaron para que sirviera como cónsul general en la OEA y desde allí, con la calurosa compañía de su expatriada panda de los Andes, coadyuvara en la planeada conquista del continente, como se reafirmó en la Cumbre de Miami realizada en diciembre de 1994. Si a esto se agregan los frecuentes traslados de funcionarios gubernamentales desde y hacia las agencias estatales y financieras al mando de Washington, entre los cuales el del ex ministro de Hacienda Hommes al Banco Mundial es apenas una muestra, aquí lo que se presenta es una directa y continuada socavación de nuestra soberanía en donde abundan los Quisling y los Petain. La denuncia radical de este doblez abominable debe encabezarla sin pausas y sin atenuantes la clase obrera.

Similarmente, a nivel nacional el recorrido de doble vía que hacen los funcionarios entre el gobierno y las empresas privadas se ha convertido en una cínica y corrupta costumbre. Los monopolios reclutan en la burocracia o en las nóminas empresariales elementos de la burguesía y la pequeña burguesía que posean algún aprendizaje y sepan mañas, y los convierten en ejecutivos y asesores de su orden capitalista para que se desenvuelvan alternativamente en cargos privados y públicos. En buena proporción el servicio público es hoy una forma del servicio privado, principalmente en los más altos puestos oficiales. Esta modalidad mercenaria facilita al capital financiero internacional, y en Colombia a los cuatro o cinco grandes grupos, como se revela en su financiamiento de las campañas electorales, poner al Estado y mediante él toda la riqueza y producción nacionales a su entero beneficio. También, ante esta abyección política, frente a la cual los «moralistas» de moda son brujas en cacería menor, el proletariado debe asumir mayores iniciativas de denuncia y condena que, de hecho, constituirán una verdadera educación superior sobre la naturaleza del Estado.
La guía popular y la guía imperialista
Samper se declara entusiasta continuador de la apertura y reclama orgulloso el título de coautor en la instauración de dicha política, dejando así en claro que será un atento y seguro servidor de los mismos intereses servidos por Gaviria, sin que las variantes en el reparto económico y político establezcan ninguna diferencia sustancial. Sabiendo esto, el imperialismo norteamericano puede permitirse que Samper, quien llegó a la presidencia luego de trepar por entre las directivas financieras y la alta burocracia estatal practicando un populismo craso, recurra a juegos de palabras con aquello del capitalismo salvaje y de ponerle rostro humano y corazón a la apertura. No obstante, optó por darle un trato que garantice que estos retozos no se conviertan en juegos nocivos para la aplicación rigurosa de su política. Procedió entonces a hacer explicito que Samper no era un ciudadano libre de toda sospecha respecto al narcotráfico, condición que ha hecho extensiva a todo su gobierno, y, al mejor estilo de los procedimientos judiciales antidemocráticos, le dejó la carga de la prueba al acusado. Durante siete meses hemos visto cómo Samper y su equipo responden bien al tratamiento. Repetidos viajes a Washington -desde el que realizó antes de posesionarse hasta el más reciente desfile de ministros y funcionarios, incluidos los que gozan allá de toda confianza, como el fiscal y el jefe de la policía-, si bien tienen como tema el narcotráfico, en su doble fondo aparecen los dictámenes gringos para un más pleno quebrantamiento de la soberanía nacional, en primer lugar de la económica, pero también e ineludiblemente, de la política y la territorial. No bastan las satisfacciones que en actitud genuflexa dio Samper en su discurso de posesión el 7 de agosto y en su alocución del pasado 7 de febrero, donde se plegó una tras otra a todas las exigencias que se le hacían respecto al tráfico de narcóticos, pues el imperialismo necesita blandir el arma de la «certificación de buena conducta», no tanto y no sólo para que se cumpla su voluntad en la represión del narcotráfico, sino para asegurarse de que el gobierno samperista observe rigurosamente sus decisiones para la apertura y allane el camino a un intervencionismo político y militar mayor del que hoy existe. Para pasar de allí a una intervención militar abierta y masiva sólo restan unos cuantos pasos y no es en vano que se esté hablando ahora de esto respecto a la isla de San Andrés. La clase dirigente colombiana tendrá que responder ante el pueblo, tanto por las concesiones ya hechas al imperialismo como por las tropelías que con base en ellas éste pueda cometer en el futuro contra la nación. Ese mismo pueblo que ya en una de las ocasionales encuestas en donde pudo expresar su posición rechazó la ayuda que en forma de chantaje utiliza el gobierno norteamericano, no ha perdido el arraigo nacional y llegado el momento cavará trincheras. Si a Estados Unidos se le ocurre guiarse por sus experiencias en Panamá y Haití, Colombia se guiará por las experiencias de los pueblos de Corea y Vietnam.
«Salto social», nuevo nombre de la apertura
Para la continuidad de la apertura, Samper hace énfasis en lo social, convirtiendo este término en la marca de fábrica de su política gubernamental. No constituye esto ninguna innovación, pues como consta en los documentos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, este aspecto es parte integral de sus ucases económicos, y Samper, aperturista impenitente, simplemente procede a darles curso. En un pueril intento de establecer una diferencia, lo que establece es una identidad: la invitación al «salto social» hacia la Colombia del próximo siglo es equivalente al «bienvenidos al futuro», la invitación falaz de Gaviria. Con una particularidad: sentadas las bases de la apertura, Samper tiene encomendada la fina tarea de desarrollarla y consolidarla en sus rasgos más funestos. Para ello, presenta el vademécum de planes enmarañados con múltiples promesas, con cifras sospechosamente amañadas y proyecciones ladinamente ajustables, y monta para su puesta en ejecución una pila de rimbombantes agencias burocráticas.
Siguiendo la agenda del nuevo colonialismo, Samper empieza por engrosar al máximo las arcas del gobierno central recurriendo a disposiciones que le permiten hacer una recogida general de los ahorros y los recursos de Colombia. Ya les quitó a los empleados públicos una tajada de sus salarios, al aumentarles sólo 18%. Ahora procederá a la exacción mediante toda suerte de impuestos directos e indirectos. Echará mano de la rentabilidad del producto de la venta total o parcial de empresas estatales como bancos, electrificadoras, minas, Telecom, Ecopetrol, el IFI, el Fondo Nacional del Café y la Corporación Nacional de Turismo; de préstamos que endeudarán más la nación, pues un tercio del presupuesto se financiará con recursos de crédito y de capital. Además, le da cabida al capital nacional e internacional en la realización de obras de infraestructura y en servicios como salud y educación, con lo cual complace a los pulpos financieros y se exime de un costo que corresponde al Estado.
Con parte de lo recaudado se fomentarán las microempresas, esas entidades económicas exprimidas por los monopolios y la banca y exprimidoras de la mano de obra, que están destinadas a ser, con el resto de la economía informal, parte sustancial del plan de recolonización imperial y de la fachada de la generación de empleo que se promete como una panacea. Asignará la mayor parte de los recursos a gastos de funcionamiento, con lo que gozará de discrecionalidad para un reparto económico que acrecentará la burocracia enquistada en el aparato estatal y le facilitará ejercer un clientelismo en gran escala. Luego de asignar buena parte de lo acaparado al pago de la deuda externa, con el resto se daría asistencia a algunas gentes y comunidades con necesidades apremiantes, obras de beneficencia vejatorias de la población en donde el populismo se manifiesta en todo su tétrico esplendor y que, sin ser lo que se conoce como inversión directa, es un componente de la actual política económica.
Escuetamente, el «salto social» es un plan de gastos del gobierno conducente a desarrollar y complementar los ejes principales de la apertura y del cual se dice demagógicamente que busca elevar los niveles económicos y de vida de la sociedad. Es lo que podría denominarse «social-aperturismo», social de palabra y aperturista de hecho. Pretende además prevenir o aplacar las protestas, paros y levantamientos de las masas, pero éstas, en una demostración de lo que en su espíritu alienta, han emprendido acciones de resistencia civil a lo largo del país. Se establece así una tendencia, la patriótica y democrática, que combatirá la tendencia del imperialismo manifiesta hoy en el salto social samperista. Estas luchas se convertirán en una constante de la vida política nacional.
La clase obrera levanta bandera
«No existe neoliberalismo sin mano de obra barata», de ahí que la llave maestra del «salto social» sea el «pacto social». Tan inmemorial como la misma lucha de clases han sido los intentos de los dueños del poder para lograr que los desposeídos, a los que se llama a hacer ostentación de virtuosidad ya sea de esclavos, súbditos o ciudadanos, se sometan voluntariamente a las condiciones de vida y de trabajo que se les imponen, y renuncien así a la resistencia. Contumaces, las clases explotadoras y sus gobiernos, andan siempre en plan de promover y aprovechar entre las «teorías económicas más modernas» que los surtan de argucias para enmascarar el propósito que les es común: obtener más plusvalía, rebajándoles el salario a los trabajadores. Para su «pacto social», Samper adicionó su propio «rebusque» entre los desperdicios arrojados por los teóricos clásicos burgueses y extrajo una basura que tiene la propiedad de ser a la vez antiliberal y neoliberal. En efecto, esos teóricos del liberalismo económico burgués reconocieron irremediablemente hace más de 200 años la contradicción entre el capital y el trabajo y la lucha de clases a ella correspondiente, pero nuestro novedosa mandatario, como si esti fuera un simple y prolongado equívoco, afirma que “capital y trabajo ya no pueden ser vistos como orillas opuestas: son dos ingredientes claves de una misma receta”.
Mas aquí lo que importa no es tanto el sucio origen sino el sucio objetivo, pues con tal argumentación logró pactar con la mitad de los dirigentes nacionales de la CUT, y dos o tres desvencijadas y fletadas organizaciones sindicales, un límite de 18% en el alza salarial, recortando aún más la capacidad adquisitiva de los obreros, sobre quienes hizo recaer la pesada carga de una supuesta lucha contra la inflación. Para este garlito reaccionario se adujo que en México se había realizado un pacto similar, pero la comparación escondía el presupuesto de que allí gobierna hegemónicamente el PRI, en lo que se ha denominado una «dictadura perfecta», y que este partido tiene una central de bolsillo también hegemónica en lo sindical, por lo que el mencionado pacto, y los aún más aberrantes realizados a raíz de la crisis mexicana, son una vulgar confabulación entre compadres contra las masas laboriosas. Si bien la similitud puede extenderse al hecho de que cada vez más los partidos liberal y conservador se identifican y gobiernan como un solo partido al estilo del PRI, es necesario resaltar una diferencia sustancial: en Colombia sólo una parte de la dirigencia sindical se asemeja a la gavilla de vendeobreros del país azteca. Por el contrario, la tendencia predominante en el movimiento obrero está encarnada en los dirigentes que de manera digna y combativa rechazaron sin ambages la firma de «pacto social», como fue el caso de los pertenecientes a la CGTD, con lo que alzaron bandera contra la política samperista.

Los trabajadores deben ser memoriosos respecto a la historia de su lucha de clases. Les cabe entonces señalar que no obstante que los pactos sociales son hoy una receta específica de aplicación universal formulada por el imperialismo, no es extraño, si se tiene que éste es una fase del capitalismo en cuya época vivimos, que los pactos que les proponen hoy tengan la misma naturaleza de lo denunciado en Europa por Marx y Engels hace más de un siglo y por Lenin hace un poco menos. Basta escuchar los criterios vivos con que estos «muertos que les salen por todos los caminos» a la burguesía y al imperialismo, calificaban a quienes se amangualaban con los patrones como «gente a la que se perdona su pertenencia a la clase obrera porque ellos mismos están dispuestos a ahogar esta cualidad suya en el océano del liberalismo». Denunciaban también cómo «las instituciones políticas del capitalismo moderno -prensa, parlamento, sindicatos, congresos, etc.- han creado privilegios y dádivas políticos, correspondientes a los económicos, para los empleados y obreros respetuosos, mansos, reformistas y patrioteros».

Es evidente que en el contenido del «pacto social», máxime en el contexto imperialista en que se produce, viene implicado un problema político de no poca monta para la clase obrera. Lo que señalaba Lenin en su tiempo se ha reproducido hoy y aquí: «Desde el punto de vista económico, ha madurado y se ha consumado el paso de una capa de aristocracia obrera a la burguesía, este desplazamiento en las relaciones entre las clases, encontrará sin gran ‘dificultad’ una u otra forma política». No se puede reducir entonces el asunto de los Obregón y compañía, que firmaron y bendijeron el «pacto social», a una cuestión circunstancial, ni a meras discrepancias organizativas dentro del movimiento sindical. Lo que realmente ocurre es que el imperialismo y la burguesía se han ganado o han comprado a una capa de los directivos sindicales para sacar avante sus intereses financieros y esto constituye un hecho económico que sirve de base al ejercicio desvergonzado de una política burguesa y proimperialista dentro del movimiento obrero. En consecuencia, el proletariado ya no ha de considerar esa capa como un lastre que debe cargar en su marcha sino como un refuerzo adquirido por sus enemigos. Contra ella es necesario librar a fonda una lucha en el terreno económico y sindical, pero principalmente en la arena política e ideológica, la arena donde se decidirá la lid contra lo que ya el pueblo ha bautizado como “asalto social” de Samper.

Como México sí hay muchos
La crisis que atraviesa México es el resultado del fatídico éxito de la política de apertura norteamericana. Todo allí ha estado regido por los apetitos de los dux del capital financiero que anida en Wall Street y la actual situación comprueba una de las enrevesadas condiciones generadas por su voracidad especulativa estrujamiento de la nación dependiente tiene límites traspasados, la sumen en el caos económico, lo cual revierte sobre los modernos patronos trastornando sus finanzas

Luego de ser sometido a una intensa expoliación de su economía, los monopolios financieros decidieron que México debía dársele un estrujón que lo ajustara para nuevas formas de saqueo. Para ello contaron gobernantes como Salinas de Gortari que, en su carácter de enviados que los Estados Unidos preparan en sus universidades, le aplicaron al país con rigor y pomposidad el recetario de disposiciones económicas y políticas del imperio. Efectuaron las privatizaciones de las empresas estatales, fortalecieron el sector privado, acordaron un pacto con sus dirigentes obreros, bajaron aranceles establecieron el mercado de capitales exigido para la más plena integración con su poderoso vecino, ofrecieron los mejores incentivos para la inversión extranjera, impulsaron las microempresas y las maquiladoras, dieron rienda suelta a las importaciones y mejoraron la competitividad de las exportaciones explotando al máximo su fuerza de trababajo, en fin, todo un baile zapateado del capital financiero internacional y doméstico.

El proceso llegó a un punto en el que la economía mejicana dependía por entero del continuo flujo de capitales extranjeros, mientras proseguían desaforadas las importaciones con el consiguiente agotamiento de las reservas en moneda extranjera. Simultáneamente surgieron enconadas luchas intestinas y la oposición brotó en Chiapas. Estos sucesos económicos y políticos perturbaron el sueño dorado que se les cumplía en México a los especuladores financieros: obtener altas rentabilidades, corriendo mínimos riesgos. Excitados, primero dejaron de insuflarle capital y luego retiraron grandes sumas, como quien le saca aire a una pelota.

Tras la operación, México quedó sin con qué pagar ni siquiera los intereses de su voluminosa deuda, el peso se ha devaluado en más de 40%, las tasas de interés se han disparado anunciando una fuerte recesión económica, crece su déficit en la cuenta cambiaria y, con una inflación esperada de más de 20% y un tope salarial “pactado” de 7%, ha arrojado a millones de trabajadores a una pobreza aún más insoportable.

No obstante la actual postración económica, los capitales financieros no cejarán en exprimir a la nación mejicana. Cuestión que se trasluce, en los comentarios de algunos funcionarios y ejecutivos que se pueden resumir así: con los salarios mejicanos más baratos, firmas de Estados Unidos encuentran atractivo trasladar sus empleos al sur; por haberse producido la crisis, ahora se creará más empleo en México y sus productos serán más competitivos; la actual devaluación combatirá el déficit comercia elevar el costo de las importaciones y hacer que los productos mejicanos se coloquen más baratos en mercados mundiales; la devaluación del peso ayuda a atraer compradores extranjeros para las últimas ofertas de privatización, pues los costos laborales mejicanos cayeron en 40%. Corroborando lo anterior, el subsecretario para el Comercio Internacional del Departamento de Comercio de Estados Unidos dio la voz de orden: «La recomendación prioritaria es que se continúe la privatización de las empresas estatales.»

Y Washington no sólo no cejará en su subyugación de México, sino que aprovechará al máximo la crisis para hacerla más férrea y oprobiosa, como se deduce de la; decisiones tomadas por Clinton. Expresando que «esta entre los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos que México salga adelante», arregló como pudo un paquete de 50.000 millones de dólares para respaldas el pago de las deudas mejicanas y para otorgarlo exigió que México aceptara, además de la pignoración en Nueva York de las rentas provenientes del petróleo -recurso natural inenajenable por pertenecer al pueblo, según el artículo 27 de la Constitución-, sus dictámenes para el manejo de la economía e informarle regularmente al gobierno norteamericano sobre su acatamiento. No es que México esté siendo tratado como el Estado número 51 de la Unión Americana, sino como su neocolonia número uno.

Hoy el pueblo mejicano, y con él todos los pueblos de América Latina, sabe dónde está el detalle: en la aplicación de la política de apertura imperialista. Por lo tanto, no le bastarán los gritos de «abajo el mal gobierno» si no los acompaña con un sonoro «abajo él imperialismo yanqui». Sólo así podrá recoger sus mejores tradiciones revolucionarias e iniciar una resistencia que lo saque de su actual encrucijada. En vez del efecto «tequila» que tanto temen en los centros financieros, esta actitud suscitaría un efecto revolucionario a lo largo y ancho de América Latina.

Algunos economistas, empresarios y políticos burgueses en Colombia, que aceptaban la política del imperialismo cuando éste, como lo expresaba el camarada Mosquera, «chupaba el néctar con cierta delicadeza», y que luego criticaron correctamente aspectos de la chupada grosera que inició sirviéndose de Gaviria, ahora, cuando ésta adquiere bajo Samper mayor avidez, reducen la experiencia que deja México a errores en la aplicación de la apertura, principalmente en el manejo monetario. Esto presupone su aceptación de los lineamientos básicos de esa estrategia de avasallamiento, lo que indica que ya le vendieron el alma al diablo o están en tratos con él. De allí que su «crítica» a las autoridades mejicanas, y aquí a la gente de Gaviria, no rebase una mezquina y mediocre condescendencia con el imperialismo, condescendencia que Samper traduce en hechos de gobierno. Para los trabajadores, por su parte, lo que México enseña es que la crítica a la apertura, y la consecuente resistencia contra ella tienen que ser integrales y radicales. Igual carácter debe revestir la oposición a quien la aplica, el gobierno de Samper.

La extensión y agudización que ha adquirido la lucha de clases en todo el mundo indica que en el paso de un siglo a otro los pueblos vivirán los «tiempos interesantes a los que se refería Mao Tsetung. Consciente de esto, e MOIR asirá firmemente las posiciones políticas y lo principios ideológicos de clase que dejó establecidos su desaparecido líder, el camarada Francisco Mosquera, pues sabe que sólo con base en ellos podrá conservar su rumbo revolucionario y realizar avances en la tarea de «entrelaza las querellas de los gremios productivos, de los sindicatos obreros, de las masas campesinas, de las comunidades indígenas, de las agrupaciones de intelectuales, estudiantes y artistas, sin excluir el clero consecuente ni los estamentos patrióticos de las Fuerzas Armadas, de manera que, gracia a la unión, los pleitos desarticulados converjan en un gran pleito nacional», según su perdurable orientación, para que así se desate la tormenta tropical con la que se debe responder a la granizada del imperialismo norteamericano.

Nuestro papel y destino histórico están señalados. Precavidos contra “timidez a destiempo” y contra la “extemporánea temeridad” daremos todos los pasos tácticos a fin de cumplir a cabalidad con la lucha revolucionaria de resistencia a la política instaurada por el imperialismo y el gobierno de Ernesto Samper Pizano.

EL PACTO SOCIAL, UNA EMBOSCADA

«Ningún ‘pacto social’ podrá resolver los graves trastornos del país»

Francisco Mosquera
Por enésima vez en la historia reciente se les propuso a los asalariados la búsqueda de un entendimiento entre los diversos estamentos de la sociedad. Argumentando como objetivo principal el de reducir la inflación, lo que se busca es rebajar el salario y aumentar la esclavitud del trabajo con el rebenque de la productividad. El montaje de esta tramoya requiere establecer un clima de santa paz con el concurso de la dirigencia obrera, lo que permitiría continuar sin traumas la obra del «revolcón».

Lo «social», la nueva cantinela
El Banco Mundial, temeroso de que sus empobrecedoras medidas provoquen la insurgencia en América Latina, ha decidido añadirles el llamado componente social, un programa de limosnas para los sectores más deprimidos. A los asalariados, por el contrario, se les reservan los mayores sacrificios mediante el «pacto social».

La cantinela de ponerle corazón a la apertura arranca con el discurso estrenado por los obsecuentes gobernantes latinoamericanos en la Cumbre celebrada en Salvador de Bahía, Brasil, cuando aún reinaba Gaviria.

Los funestos resultados de la aplicación del modelo neoliberal están a la vista. Los procesos privatizadores y el crecimiento desbordado de las importaciones de América Latina, frente al lánguido resultado de las exportaciones, han dejado en el asfalto a millones de obreros y empleados. El abandono del Estado de sus responsabilidades sociales coloca en el desamparo a la mayoría de la población. Los agricultores y los campesinos desechan sus labores ante el apabullante ingreso de alimentos subsidiados por los países ricos. Los salarios se envilecen en virtud de las regresivas reformas de la legislación laboral y la seguridad social. Los cinturones de miseria asfixian las ciudades. Y todo ese desolador panorama pretende ser disimulado por medio de la Red de Solidaridad Social, una copia del plan desarrollado en México, país piloto del proceso de recolonización norteamericano, cuyos desastrosos efectos se sienten en la debacle que soporta esa nación.

Utilizados como caja menor de la presidencia para garantizar la centinela de los comicios venideros, los recursos asignados a este proyecto son ridículos en comparación con las necesidades del pueblo colombiano. Algo más de 800 mil millones de pesos anuales para ser repartidos entre el 30% más pobre, o sea, 7 mil pesos por persona al mes para atender los problemas de empleo, asistencia alimentaria, ancianos indigentes, vivienda y recreación, entre otros.

Puesto que el desempleo es uno de los agudos males que se derivan de la entrega del mercado a los productos extranjeros y del desmonte o debilitamiento de los organismos estatales, la solución promovida por la banca internacional y añeja bandera samperista es el fomento de la microempresa. Esta forma de producción genera, según datos oficiales, 46% del empleo nacional. De acuerdo con lo planteado en el Programa de Apoyo a la Microempresa, responsable de crear los empleos prometidos en el carnaval electoral. Los 5.7 millones de personas agrupadas en 1.700.000 unidades productivas percibirán 600 mil millones de pesos en créditos, algo así como 350 mil para cada una. Este ingrediente de la palabrería del actual gobierno implica una baja productividad, por la escasa tecnología incorporada y, además, una porción importante de estas microempresas se convertirán en eslabón de la cadena maquiladora de las multinacionales. La otra consecuencia es el menoscabo salarial de quienes laboran extenuantes jornadas, incluso con su familia, para lograr subsistir sin prestaciones ni seguridad social.

México, el ruinoso modelo que nos quieren imponer
En medio de tan precarias circunstancias se convidó al proletariado a suscribir un «pacto social» inspirado en el modelo mexicano. En ese país, desde hace siete años, la claudicante Confederación Mexicana de Trabajadores, CMT, que lidera desde tiempos inmemoriales Fidel Velásquez, la momia azteca del sindicalismo, viene acogiéndose a ese procedimiento. A partir de 1987, el salario mínimo, que era de 5.987 pesos, ha venido decreciendo en pesos constantes hasta llegar a menos de 4 mil, antes de la crisis de diciembre pasado. Una disminución de más de la tercera parte, que al sumarse a la registrada en el decenio precedente, alcanza a las dos terceras partes -64%- en los últimos diecisiete años. Esta es la consecuencia de aceptar incrementos sujetos a un supuesto del costo de vida para el siguiente año, que nunca se cumple.

En septiembre último la entrega se plasmó en el alza de 4% en el ingreso mínimo, porcentaje que se extendió a la negociación colectiva y sólo podría superarse con base en la productividad. Las proyecciones estadísticas que sustentaban el acuerdo saltaron en mil pedazos el pasado 20 de diciembre, cuando el altísimo déficit comercial, producto de la apertura, llevó al conjunto de la economía a la bancarrota. La devaluación, calculada para 1995 en 4%, ha sido desde esa fecha diez veces superior y los más optimistas predicen que la inflación puede ser del orden de 30%, o sea, que los obreros perderán 25 o más puntos porcentuales. El 27 del mismo mes el gobierno convocó al sindicalismo mexicano a revisar la leonina negociación, otorgándoles «generosamente» tres puntos adicionales sin condicionarlos a la productividad, lo cual fue aprobado sin discusión. No se puede esperar más de una dirigencia que ha aceptado no adelantar ningún trabajo de organización en la zona maquiladora de la frontera, donde los monopolios han sentado sus reales y alcanzar pingües ganancias a costa de la sangre y el sudor de los descendientes de Cuauhtémoc.

Qué se esconde tras el «pacto»
El gran descubrimiento de la época es la productividad, cuyo fundamento consiste en involucrara los operarios en la estrategia de producir más con menos, con el sofisma de que esa mayor eficiencia beneficiará a todos en forma equitativa. La condición para que el engaño funcione radica en un lavado de cerebro, la llamada por Samper «cultura de la concertación», que persigue crear una «actitud mental que motive la participación y el compromiso de todos los trabajadores». El fin último de los modernos esclavistas es incrementar la capacidad competitiva de los monopolios norteamericanos, con base en la superexplotación del trabajo asalariado y en la miseria de los desposeídos.
Mueven a risa las proclamas acerca de la productividad y la competitividad en medio de las oprobiosas condiciones en que laboran los obreros colombiano cuya remuneración ha pasado de representar 41.8% del PNB en 1980, a 39.8% en 1991, según el DANE. Similares circunstancias se presentan en materia de seguridad social y salud ocupacional sobre las que no existe ninguna preocupación entre los empresarios y el gobierno. Muy difícil va a ser mejorar nuestra competitividad mientras sigamos desaprovechando más de 50% de la fuerza laboral, sumida en el desempleo y el subempleo, hijos legítimos de la apertura, que Samper ha mantenido y reforzado.

El segundo elemento de esta propuesta es el control de precios, otro embeleco trillado, hoy todavía más lejano dadas las dificultades expresadas por los comerciantes para avenirse a tal propósito. En cuanto al gobierno, su promesa se limita a un supuesto control de los importes de los servicios públicos, que va en contravía de la ley 142, la cual privatiza el área e implanta la libertad de tarifas. Pero hay otra dificultad no menos significativa. El manejo del precio de los combustibles se hará para que se mueva en concordancia con las cotizaciones internacionales del petróleo, es decir, se dejará en manos de las multinacionales, que las manipulan a su antojo. Rubros como los arrendamientos y los servicios de educación, que se encuentran bajo vigilancia oficial, crecieron 27.6 y 32.1 por ciento, respectivamente, en el curso del año pasado. ¿De cuáles controles nos hablan? De lo único controlable: los salarios de los trabajadores. Claro que aquéllos no operan para los altos directivos de las empresas cuyos emolumentos subieron más de 25.5%, según informes de la firma Top Management.

El otro aspecto es la fijación de salarios teniendo como referencia una inflación calculada en 18%. Sin necesidad de acogerse a tan absurda proposición los trabajadores del sector privado perdieron cerca de 7% del poder de compra en los últimos cuatro años, en la estadística oficial. Los servidores del Estado han sido todavía más perjudicados y su balance muestra 25.7% de decrecimiento salarial en el último decenio. De manera que ni los unos ni los otros están dispuestos a aportar la «dosis de sacrificio» que pide el presidente más demagogo desde las alharacas belisaristas.

La propuesta oficial recibió el vergonzoso aval de un sector de la CUT, encabezado por Orlando Obregón, y de la CTC, presidida por Apécides Alvis, abanderados del sindicalismo «moderno», que reivindican como un logro del Pacto la falsa voluntad del gobierno para fortalecer el movimiento sindical y reconocen sin ruborizarse que los dirigentes obreros serán educados en cursos financiados por el BID, una agencia del Banco Mundial. En contraste, la CGTD refutó los planteamientos oficiales, abandonó la mesa de negociación y se negó a suscribir semejante atropello.

De hecho los tropiezos del «pacto social» comenzaron antes de lo esperado. El Índice de Precios al Consumidor subió en los dos primeros meses del año 5.3%, casi la tercera parte de lo anunciado para el año entero.

Ante el anuncio hecho en la Casa de Nariño de que «el que se mueva del Pacto no sale en la foto de la buena conducta», reiteramos que esa fotografía sólo registra a quienes doblen la cerviz frente a imperialismo. Preferimos seguir pensando, con Francisco Mosquera, que «ni la independencia, ni 1a prosperidad, ni las libertades serán adquiridas, respetadas o donada en el régimen vigente, por muchos diálogos, convenios y propósitos que se hagan».

¡EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS REAFIRMA SOBERANÍA COLOMBIANA!

Jorge Santos Núñez, senador del MOIR, preside manifestación antiyanqui en la isla, con organizaciones políticas y sociales

Con creciente alarma e indignación los colombianos venimos registrando cómo el gobierno norteamericano se prepara para intervenir militarmente en nuestra nación y ocupar el archipiélago de San Andrés y Providencia. Tales preparativos se adelantan con ocasión de la llamada ‘certificación’ condicionada de Estados Unidos sobre Colombia. Una cadena de hechos, públicos y secretos, confluye en la infame campaña de desprestigio mundial que busca presentarnos como país de pandilleros y narcotraficantes. Se persigue así lograr la aceptación internacional de una eventual intervención militar yanqui, arguyendo que el actual gobierno es incapaz de reprimir el comercio de estupefacientes tanto en la isla de San Andrés como en nuestro territorio continental.

¿En qué basa Estados Unidos su derecho a calificar el desempeño y a tomar represalias contra los países flagelados por la producción y el tráfico de narcóticos? En su poderío económico y, en últimas, en sus fuerzas militares y expedicionarias que amedrentan, ocupan y arrasan naciones atrasadas y débiles. Tamaña práctica imperialista se ejerce bajo el camuflaje de la lucha contra el narcotráfico. El ‘argumento’ funcionó en la invasión en regla contra Panamá, y en los secuestros de nacionales acusados de tráfico ilegal de drogas en México y Honduras. ¿Qué significa la ‘certificación’ gringa a los países subdesarrollados? Nada menos que la indignante situación neocolonial de las naciones del Tercer Mundo en el nuevo «orden mundial» del superpolicía del planeta. El gobierno de Ernesto Samper no repudió ni cuestionó siquiera, como debía hacerlo, la humillante ‘certificación’. Desesperado por obtenerla, movilizó hacia la capital del imperio, en vano, una plañidera romería de funcionarios. Tampoco sirvió que sus ministros rindieran cuentas y esmerados informes, como a un incontestable superior, al embajador Frechette. (…)

Desde el oscuro episodio de los narcocasetes, del que aún no se han descartado manos gringas, dijimos y lo reiteramos ahora: la necesaria represión al delito y la cooperación internacional que ello demanda no pueden convertirse en instrumento de intervención y de sujeción económica foránea, como viene ocurriendo con la anuencia del gobierno. Por ello es inadmisible la presencia -consentida por la anterior y la actual administración -de bases militares norteamericanas regadas por nuestra geografía, así como de tránsito y los operativos de tropas, naves y aeronaves, de la DEA y otras agencias estadinenses en nuestro suelo. El periódico El Nuevo Siglo consignó, con razón: «La embajada norteamericana tiene infiltrada en las dependencias del gobierno colombiano una cantidad de agentes, unos oficiales y otros secretos, que reportan directamente a las oficinas de Washington». (…)

Si el gobierno de Clinton se decide por la invasión militar sobre Colombia desencadenaría una explosiva situación, una verdadera crisis de alcances revolucionarios. Los patriotas de todas las clases, sectores, fuerzas y partidos, incluyendo los de las Fuerzas Armadas, nos uniremos y lucharemos sin cuartel contra el invasor en defensa de la soberanía y la independencia de la nación.

POR QUÉ LUCHAN LOS CAFETEROS

Carta al Presidente de la República

Luego de padecer los peores cuatro años que recuerde la historia de la caficultura, la situación de los productores es gravísima, como lo ilustra de manera incontrovertible que la cosecha se haya reducido en seis y medio millones de sacos en los últimos tres años, lesionando en materia grave a 300 mil familias de agricultores, 280 mil de las cuales -no debe olvidarse- poseen cafetales menores de diez hectáreas. También han sido goleados con dureza 170 mil jornaleros y todas las actividades económicas de seiscientos municipios del país, en los que vienen creciendo las diversas formas de descomposición social y sus lamentables secuelas.

Lo nuevo es el notable aumento de la cotización internacional del grano. El ministro de Agricultura informó que el Fondo Nacional del Café pagará en cortísimo plazo todas sus deudas y hará ahorros por 900 millones de dólares en los próximos dos años. Es tanta la plata por la llamada «bonanza», que se ha anunciado que parte de ella se depositará en bancos en el exterior, a pesar de la considerable pérdida que ello les genera a los cafeteros.

Sobre el precio interno
No obstante el incremento real que ha sufrido el precio interno en los últimos meses, lo cierto es que sigue siendo insuficiente para colocar este negocio en niveles remunerativos y para resarcirlo de varios años de trabajo a pérdida. De acuerdo con análisis de la Federación de Cafeteros, la carga de café de primera calidad debería pagarse en 218.659 pesos para apenas igualar el precio real de junio de 1989. Lo anterior se complica porque el precio oficial se volvió un espejismo para casi todos los caficultores, quienes, por la broca y la disminución de la calidad de las plantaciones, tienen que vender su grano con descuentos considerables.

Y la tabla definida para fijar el precio interno no sólo lo han fijado muy bajo frente a las necesidades de los cafeteros y a lo que podría financiar sin descuadernarse el Fondo Nacional del Café, aunque no aumentaran las cotizaciones externas. También ha generado una inconveniente inestabilidad en el mercado interno, porque trasladó al país los vaivenes especulativos que rigen en el exterior.

Sobre la broca
En este momento la broca afecta a la mitad de los cafetales del país y se sabe que los cubrirá a todos en el futuro próximo. Según los cálculos oficiales, su control asciende al bastante alto 15% de producción, pero es mayor en muchas circunstancias. La broca genera un círculo vicioso: como su ataque disminuye el volumen y el precio de venta del grano, reduce la capacidad para pagar los costos de control del insecto, lo que, a su vez, afecta nuevamente la cantidad y calidad del producto y el ingreso del cafetero. Si se analiza el papel de este bicho en la reducción de la cosecha y en el bajo precio al que se está vendiendo el café, no resulta exagerado pensar que de su control depende la viabilidad de una porción considerable de la caficultura.

Sobre las deudas
Las refinanciaciones de las deudas apenas sirvieron para mantener vivos a los deudores, acrecentar los intereses corridos y aplazar el remate de sus propiedades. Es apenas obvio que retornar una caficultura deteriorada y envejecida a los niveles de producción y productividad deseables exige enormes inversiones de capital, y es notorio que la casi totalidad de los productores carece de recursos para acometer tan magna empresa. Ella requiere de créditos frescos, oportunos y baratos.

Muchísimos caficultores tienen copada su capacidad de endeudamiento con los bancos, bien sea porque se encuentran refinanciados o porque tienen copada su capacidad crediticia, lo cual los ha colocado en las «listas negras» del Banco Cafetero y de la Caja Agraria. Un problema tan dramático como éste requiere de soluciones de fondo, si se quiere que los cafeteros dejen de estar excluidos del sistema financiero, como ocurre en la actualidad, e impedir la quiebra de muchos de ellos.

La decisión de condonar 30% de las deudas de capital, con recursos del Fondo del Café y mediante el mecanismo de los TAC, apenas atiende en parte los requerimientos de los caficultores menos arruinados, pues esa condonación debe ser pagada con el aporte en efectivo del 70% restante, suma de la que carecen casi todos. El aspecto positivo de la condonación con los TAC es que dirimió una discusión de meses: quedó establecido que sí se pueden definir mecanismos para condonar las deudas, una vez aparece la voluntad política para avanzar en esa dirección.

Las instituciones cafeteras
Si algo ha demostrado esta crisis de la caficultura, es el papel de las instituciones cafeteras. Sin ellas, el desastre hubiera sido mayor. De ahí que tengan escaso respaldo las voces que piden desmontar esas instituciones que protegen a los productores, lo que los dejaría en la misma indefensión en que se debaten los demás agricultores colombianos.

Sin embargo, debemos precisar que no compartimos buena parte del rumbo que las directivas de la Federación de Cafeteros le han dado a esa agremiación, razón por la cual cada vez son más los caficultores que también se organizan de manera independiente, buscando con ello defender sus intereses.

Peticiones

1. Alza del precio interno a niveles que hagan esta actividad rentable y que la resarzan de las enormes pérdidas ocurridas en los años anteriores. A los mejores precios debe acompañarlos el pago de todo el café en dinero efectivo y la eliminación de la inestabilidad introducida en el precio y en el mercadeo interno.

2. Declaratoria de la emergencia fitosanitaria en todas las zonas cafeteras del país, de forma que recursos oficiales económicos, tecnológicos, educativos y de toda índole, se coloquen al servicio de la lucha contra el insecto.

3. Condonación de las deudas bancarias, mediante mecanismos expeditos que aseguren que a esa medida pueda accederse con todas las facilidades. Es obvio que la condonación debe permitir que los caficultores se conviertan en sujetos de nuevos créditos, oportunos, suficientes, adecuados y con tasas de interés inferiores a las comerciales.

4. Eliminación de los reavalúos catastrales sobre las propiedades cafeteras y disminución de las tasas que definen los impuestos prediales.

5. Mantenimiento de las instituciones cafeteras en sus labores financieras, comerciales, administrativas, de manejo de inventarios, de investigación y de todas aquellas que aseguren que éste siga siendo un cultivo protegido. Esto no debe ser obstáculo para que esas instituciones corrijan sus desaciertos, mejorándolas en sus funciones elementales. Dentro de la defensa de la institucionalidad cafetera cabe la petición de que el manejo de las variables macroeconómicas se haga sin lesionar a los caficultores, en aspectos como el control de la inflación, las tasas de cambio y la rentabilidad con los que se colocan los recursos del Fondo del Café. Hay que recordar que no toda esta catástrofe se debió a las maniobras de las trasnacionales. A las medidas oficiales les cabe no poca responsabilidad, como lo muestran los US 460 millones que perdió el Fondo Nacional del Café entre 1990 y 1994, por efecto de la revaluación del peso.

Por último, señor Presidente, no sobra otra consideración. Los anteriores reclamos fueron básicamente los mismos que se le hicieron al gobierno anterior. Lo novedoso reside en que en esa oportunidad ellos debían financiarse con dineros del erario, mediante el pago por parte del Estado de una porción de las enormes sumas que los cafeteros les han aportado a todos los gobiernos. Ahora, esas peticiones pueden atenderse con los propios ahorros de los caficultores y sin que por ello el Fondo Nacional del Café quede imposibilitado para jugar el papel que le corresponde en la actualidad y en el futuro.

Lo que esperamos es que en este gobierno sí exista la voluntad política para resolver unos reclamos justísimos que, además, hay con qué pagar.

FRANCISCO MOSQUERA

Resistencia civil

A finales de 1993 el camarada Francisco Mosquera planteó la tarea de resumir en un volumen los editoriales publicados en Tribuna Roja y los diferentes escritos aparecidos en diarios capitalinos durante los últimos dieciocho años. Se proponía dotar a la militancia de un arma teórica que le sirviera de orientación y guía en la difícil situación por la que atravesaba nuestro Partido.

El mismo sugirió el formato, el titulo, el temario y la carátula. Le había llamado la atención una hermosa y combativa copla de «El día le sigue a la noche», de nuestro compositor Carlos Riaño, unos versos que salían muy a propósito para salirle al paso al derrotismo.

Dio comienzo entonces a un periodo en el que, sin descuidar su papel dirigente ni su labor al frente del periódico, dedicó sus mejores horas a hacer realidad el proyecto, con su peculiar estilo de trabajo, minucioso e implacable. Infortunadamente, la muerte lo sorprendió en el mejor momento de su producción teórica.

Los continuadores de su obra y de su pensamiento, no podíamos ser inferiores al desafío. Todo lo había dejado él listo. Faltaba sólo el último esfuerzo, el de la publicación del libro, que finalmente salió a la luz el pasado mes de enero.

El Comité Ejecutivo Central del MOIR declaró abierta, a partir del 1° de febrero y hasta el 31 de mayo, una intensa campaña de educación sobre el pensamiento de Mosquera. Resistencia civil se constituye en el material básico de estudio.