LA POLITICA DE LA ÉTICA

Por Alfonso Hernández

El pasado 21 de abril, en medio de un bosque de cámaras y micrófonos, el Fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso, anunció órdenes de captura contra algunos capos, un dirigente político y un periodista, y el traslado a la Corte Suprema de Justicia de los expedientes de ocho congresistas y del Contralor General de la República, entre otras medidas igualmente severas. Posteriormente las acusaciones abarcarían al Procurador y a muchos otros personajes de la vida nacional.

Los diarios hablaron de un hecho trascendental, de un bombazo de la Fiscalía. El Presidente ofreció su respaldo inmediato y el embajador Frechette felicitó a los señores Samper y Valdivieso. Este último, considerado el funcionario colombiano con mayor respaldo en Estados Unidos, ocupó el cargo después de la remoción ilegal de Gustavo de Greiff, quien se había manifestado en contra de la intervención gringa en los asuntos judiciales de Colombia.

Así comenzó un nuevo episodio en la ya larga cruzada que bajo la enseña de moralizar la política, está politizando turbiamente la moral.

Al otro día de las declaraciones de Valdivieso, el Consejo Ético del Partido Liberal, aplicando el Código de Ética que había sido divulgado por los cuatro miembros de la dirección nacional, suspendió la militancia a los ocho congresistas.

Ante la queja de los sancionados porque no se les oyó, los consejeros respondieron que no estaban obligados a eso. Para la ética neoliberal es de «dinosaurios» perder el tiempo escuchando acusados. Los organismos conformados por hombres «incorruptibles», «fuera de toda sospecha», por quienes ejercen «el poder moral», pueden despojar a cualquiera de sus derechos en menos de 24 horas y, con la aviesa y atropellada ayuda de los medios de comunicación, ponerlo en la picota pública ¡antes de que algún tribunal pueda siquiera hojear los expedientes!

El apresurado debate y las revelaciones sobre el pago de camisetas y pizzas, habitaciones de hotel y cuentas de bar, crearon el ambiente para imponer una nueva reforma de las instituciones. En el foro en Cartagena sobre «poder político y poder de la prensa», organizado por Juan Manuel –el precandidato de la Casa Santos-, por la presidencia del Senado y el BID, Ernesto Samper propuso una nueva reforma del Congreso y la financiación estatal de las campañas. Recalcó que hoy la actividad pública se adelanta no sólo por fuera, sino incluso en contra de los partidos. Después de tanto barullo, es fácil concluir que el remedio no guarda relación alguna con la enfermedad.

Quizá la notificación del Fiscal sobre la posibilidad de reabrir el caso de los narcocasetes ahondó las cavilaciones del primer mandatario sobre la modernización institucional y, sin más rodeos, nombró una comisión de quince reconocidos neoliberales, la miniconstituyente, con el encargo de estructurar las propuestas en un plazo de sesenta días. Si el Congreso no aprueba las reformas, se abriría la puerta de otro plebiscito.

Dicha comisión cumple el recado de elaborar fórmulas orientadas a lograr que el Parlamento sea más ágil, es decir, más obediente; a establecer la financiación estatal de los partidos, o sea, que sólo quienes controlen o gocen de los favores de los medios de comunicación puedan hacer campaña; a consagrar la «respetuosa oposición de su majestad» y a erigir fiscales y consejeros éticos en todas las organizaciones políticas.

Salta a la vista que las propuestas no tienen origen en el caletre del actual mandatario, sino en el de los sumos sacerdotes de Washington. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano aprobó recientemente que para certificar a Colombia es necesario investigar los partidos y reformar la justicia.

Los potentados gringos, quienes aúnan poderes económicos y políticos, han resuelto monopolizar también la fabricación y el mercado del nuevo credo moral y los pueblos han de atenerse a su mandato: apertura de los mercados, remate de los bienes públicos, subasta de los recursos naturales y adecuación de las instituciones políticas y de la ideología al Decátologo imperial. En éste no tienen cabida los «obsoletos» criterios de soberanía o cultura nacionales.

El poder ejecutivo debe ser fortalecido para que cumpla prestamente los dictados yanquis. Prueba fehaciente de lo aquí afirmado es el caso de reciente ocurrencia en el que Samper recibió órdenes del presidente de un cartel petrolero, la Texas, interesada en explotar por tiempo indefinido el gas de la Guajira. Los afanes de la superpotencia exigen que no se pierda tiempo en los enojosos requisitos de la democracia representativa. Ésta es suplantada por el engendro de la «democracia participativa» que permite la dictadura del Ejecutivo, reduciendo las Cámaras a una simple decoración.

Por ello el Congreso será reformado, apaleado y aun revocado cuantas veces sea necesario.
La vieja «clase política», los «barones electorales», los «partidos históricos», ya no garantizan eficiencia para los planes de avasallamiento. De acuerdo con el principio de costo-beneficio, el clientelismo disperso de los jefes regionales debe ser reemplazado por un clientelismo centralizado por el Presidente desde redes de solidaridad, colfuturos, etc. Los criados envejecidos son desplazados por los yuppies, adoctrinados en universidades gringas, vástagos ideológicos de la metrópoli, sin sombras de las «anquilosadas» nociones de patria.

Si es necesario desbaratar los partidos, ahí están las organizaciones no gubernamentales, las ong, que hacen una política más adecuada al mercado, por contrato.

A los denostados congresistas se les pide, eso si, que aprueben pronto las leyes que el gobierno presenta tarde y que aporten los votos necesarios en la campaña presidencial. ¡Los astutos barones electorales elevan cándidamente a quienes los aniquilan!

Cuando el canciller Pardo se atrevió a pedir al señor Gelbart información sobre cuántos agentes de la DEA operan en Colombia y qué hacen, éste respondió: «Así no se le habla al gobierno de los Estados Unidos».

La reprensión no deja lugar a duda: cualquier «insolencia» será castigada. Para eso existe, entre otras mortíferas armas, el chantaje ético, en el cual han exhibido gran maestría los norteamericanos. La nueva ética, bastante flexible, como todo en el neoliberalismo, les permite lanzar con regularidad campañas y acusaciones, que finalmente ni comprueban ni desmienten. Las afirmaciones del agente de la DEA, Joe Toft, el famoso escándalo de los narcocasetes que la agencia antinarcóticos norteamericana mando con el candidato perdedor y el de de Jesse Helms que anunciaba la presentación de pruebas irrefutables a través de su testigo, María que nunca apareció, permiten esclarecer que a la superpotencia le interesa es otra cosa. Por eso un rato elogian los esfuerzos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y, en seguida la vituperan… Nada de esto les impide engullirse y lavar 80% de los dineros que se originan en ese negocio, como lo reconoció The Wall Street Journal. Es el papel mimético que juega lo ético en el imperio. Ética mefítica.

¿Serán los adoradores del dólar y del principio de la máxima ganancia los que garanticen el respeto a los recursos estatales y rechazo a las fortunas ilícitas? ¿Arruinando la industria y agricultura nacionales, como lo hace la apertura, se podrá acabar con el narcotráfico, o por el contrario se fortalecerá?

Los hechos demuestran que los fieles de los dogmas neoliberales no necesitan pasar a la otra vida para recibir las recompensas; con sólo ir al otro hemisferio son retribuidos con posiciones en el Banco Mundial y en la OEA, en todo caso, los poderes absolutos les permiten disfrutar a su antojo del erario, como lo demuestran los ejemplos de Gaviria, Collor de Melo, Fujimori, Menem, Salinas de Gortari y Carlos Andrés Pérez.

Colombia debe juzgar a toda clase de delincuentes y erradicar el comercio de narcóticos pero no puede permitir que bajo esos pretextos se huellé la soberanía nacional, se devasten sus renglones productivos, se desconozcan elementales preceptos democráticos y se imponga una camarilla, la más inescrupulosa de todas.

LA CGTD RESPALDA EL PARO CAFETERO

«La Unidad Cafetera Nacional ha convocado para el 19 de julio un paro nacional como protesta por la aguda crisis que vive la producción del grano, como consecuencia de los bajos precios, el gigantesco endeudamiento, los estragos de la roya y la broca, y la amenaza de privatización o liquidación de las instituciones cafeteras.

Las causas de la crisis se originan principalmente en el rompimiento del Pacto Mundial del Café y en las maniobras especulativas de las trasnacionales, principalmente norteamericanas, para envilecer los precios en el mercado mundial. A la ruina de los caficultores han contribuido tanto las políticas oficiales como los especuladores foráneos.
El Fondo Nacional del Café, la institución que se nutre de los ahorros de los productores y cuya misión es protegerlos en los tiempos de bajos precios, ha sufrido un permanente saqueo de sus recursos por parte del gobierno. Estas transferencias suman 3.600 millones de dólares en los últimos 25 años.
La política neoliberal eliminó los subsidios a la producción, especialmente en el aporte al control de plagas y enfermedades del café; los cafeteros tienen deudas bancarias por más de 270 mil millones de pesos, a interese, comerciales, porque los créditos de fomento los acabó el «revolcón». Ahora la fiebre privatizadora de Samper y Perry los hace soñar con entregar las instituciones cafeteras al control del capital financiero.

La CGTD expresa su respaldo y solidaridad con este justo movimiento de protesta que realizarán 300 mil familias de colombianos que dependen del cultivo y la producción cafetera; convoca a todo el movimiento sindical a que contribuya a su preparación en los 200 municipios donde ésta es la principal actividad económica; destaca la posición patriótica de la Iglesia Católica, de los concejos y asambleas de los departamentos cafeteros, de centenares de dirigentes y personalidades de la política, la economía y la cultura, que han dado su respaldo al movimiento, y exhorta al gobierno nacional a que, en un plano de seriedad ante la gravedad de la crisis, adopte las medidas que exigen los caficultores de Colombia».

Mario de J. Valderrama, presidente. Julio Roberto Gómez Esguerra, secretario general. Yezid García Abello, secretario general adjunto.

RESOLUCIÓN DE UNIDAD CAFETERA

La 5a. Reunión Nacional de Dirigentes realizada en Pereira el 24 de mayo, teniendo en cuenta:

1. Que toda la sociedad colombiana terminó por aceptar los argumentos de Unidad Cafetera con respecto a la gravedad de la crisis que padecen los caficultores. Y que también quedaron demostrados los efectos positivos de los masivos y democráticos reclamos de los productores de café.

2. Que las medidas tomadas por el Comité Nacional de Cafeteros luego de la Marcha a Manizales no son suficientes para sacar a millares de cafeteros de la bancarrotá en que se debaten.

3. Que a pesar del tremendo daño causado por las medidas oficiales a la caficultura, la administración Samper sólo ha aportado una ínfima suma para atender la crisis, en tanto impuso continuar con la liquidación del patrimonio de los cafeteros.

Resuelve

1. Realizar el próximo 19 de julio un Paro Cívico Cafetero Nacional de 24 horas en procura de alza del precio interno, condonación de deudas, declaratoria de la emergencia fitosanitaria nacional contra la broca, defensa de las instituciones que protegen a los cafeteros y cese de los reavalúos catastrales de sus fincas. Como todas las protestas organizadas por Unidad Cafetera, ésta también se realizará dentro de los criterios pacíficos y democráticos de las anteriores.

2. Invitar a los caficultores de todas las agremiaciones y, especialmente, a los dirigentes de las cooperativas y de los comités de cafeteros para que se vinculen a la organización de la protesta. Así mismo, acordar con agricultores, comerciantes, industriales, transportadores, Iglesia Católica, acciones comunales, alcaldes populares, concejos municipales, asambleas departamentales, líderes políticos, asociaciones gremiales y sindicales, educadores, estudiantes y con toda la población su vinculación a este primer Paro Cívico Cafetero Nacional en defensa de la producción de café y de toda la economía de las zonas cafeteras.

3. Autorizar a la dirección nacional de Unidad Cafetera para que suspenda el paro de 24 horas en caso de que las autoridades cafeteras les den solución a las peticiones señaladas. Igualmente, autorizarla para que fije la hora cero de un paro cívico cafetero nacional indefinido si las autoridades no responden positivamente al paro de 24 horas.

Aprobada unánimemente por 500 delegados, en representación de ocho departamentos.

CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES APOYA EL PARO CÍVICO DE LOS PRODUCTORES

El II Congreso Nacional de Concejales, reunido en Manizales los días 16,17 y 18 de junio, aprobó por unanimidad apoyar el paro convocado por Unidad Cafetera Nacional.

El Congreso resolvió:

1. Respaldar el Paro Cívico Nacional Cafetero del próximo 19 de julio.
2. Invitar a todos los concejales del país para que se vinculen activamente en la organización y realización de este reclamo democrático y pacífico.
3. Solicitar al gobierno y a la Federación el empleo de recursos oficiales y del Fondo Nacional del Café para darles cabal solución a las peticiones de los caficultores: alza del precio, condonación de deudas, respaldo contra la broca y defensa de las instituciones que protegen a los caficultores, incluida la Caja Agraria.

CRECE RESISTENCIA CAFETERA

Por Juan Ahumada Farietta

Convocar un Paro Cívico Cafetero Nacional fue una decisión difícil de tomar, sobre todo porque no hay antecedentes de una protesta agraria de esa magnitud en la historia reciente de Colombia y menos en el gremio cafetero. Pero en el recinto de la Asamblea de Risaralda, 500 delegados procedentes de ocho departamentos se pusieron de pie, sin ninguna vacilación, para respaldar la propuesta.

No era para menos. Desde hace un quinquenio, la economía cafetera padece la peor crisis de su historia debido a que los costos de producción se han incrementado con desmesura y a ellos se han sumado las onerosas exigencias que impone el control de la broca. En contraste, el precio interno se ha reducido en términos reales; la calidad del grano se ha deteriorado por la plaga y por la imposibilidad que tienen los cafeteros de mantener adecuadamente los cultivos y renovarlos; y todo esto ha redundado en la disminución drástica de la producción.

El resultado de estas tragedias se resume en que miles de cafeteros se encuentran a punto de perder sus tierras ante la imposibilidad de cancelar las deudas bancarias. En tanto, las autoridades cafeteras, y el gobierno es la principal de ellas, no sólo ignoran la gravedad de la crisis, sino que mantienen las orientaciones neoliberales que la han generado.

El apoyo unánime al movimiento se ha manifestado en la entusiasta labor de preparación. La creación de Comités de Paro avanza, superando las expectativas. En cada municipio, a los dirigentes de Unidad Cafetera se han unido representantes de los transportadores, el comercio, el clero, la dirigencia comunal, el movimiento sindical, los partidos políticos y numerosas personalidades. No hay que olvidar que el cultivo del grano es la principal actividad económica de trescientos municipios.
Según las posibilidades de cada sitio, se tiene previsto que los millares de participantes se concentren en las plazas principales o en las vías cercanas. Pancartas alusivas al pliego cafetero, almuerzos para los campesinos, transporte para las miles de personas, desfiles y marchas, troveros y otras muchas actividades se vienen preparando en forma acelerada.

La solidaridad no se ha hecho esperar. Monseñor José Luis Serna, obispo de Honda-Líbano, autorizó hacer pública su voz de aliento con el paro. El presidente del Senado, Juan Guillermo Ángel, manifestó también su apoyo a las peticiones y a la jornada. Las Asambleas de Antioquia, Tolima y Quindío aprobaron resoluciones de respaldo, y otro tanto hicieron veinte concejos del Viejo Caldas. Numerosos miembros de comités municipales de cafeteros han comunicado que se vincularán. Los comités de Palestina y Santa Rosa de Cabal decidieron sumarse en bloque al movimiento. El Sindicato de Trabajadores de la Caja Agraria y el magisterio de Caldas, Risaralda y Antioquia anunciaron que también pararán el 19 de julio.

Los cafeteros son cada vez más conscientes de que las penas que los abruman tienen como causa de fondo las políticas neoliberales impuestas por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Desde el rompimiento del Pacto Mundial del Café, merced a las intrigas de los Frechette, hasta las medidas anticafeteras que han aplicado los gobiernos de Gaviria y Samper, tales como la revaluación del peso, la privatización de las instituciones cafeteras, el saqueo del Fondo Nacional del Café, la sujeción del precio interno a los vaivenes del mercado internacional y el diluvio de impuestos, son hechos que demuestran a los productores que no pueden confiar sus intereses a gobernantes que, antes que en el futuro de la nación, piensan en los mandatos de Norteamérica y de los monopolios especuladores. El progresivo crecimiento de Unidad Cafetera Nacional, la respuesta masiva de los cultivadores a las convocatorias de la joven organización y la radicalización paulatina de las protestas realizadas, indican que los cafeteros empiezan a decidir por cuenta propia su destino.

MONSEÑOR JOSÉ LUIS SERNA, LA VOZ DE LA IGLESIA

Monseñor José Luis Serna, obispo de la diócesis Honda-Líbano, y quien ha venido brindando a los caficultores del norte del Tolima una valiosa solidaridad, concedió en días pasados una entrevista al diario El Espectador, en la cual respaldó el paro cívico cafetero nacional.

Al referirse a la situación de los pequeños y medianos productores, el prelado manifestó:
«Cuántas lágrimas están vertiendo estos cafeteros, unas veces en silencio, otras en mi oficina y otras en reuniones, mientras el gobierno es completamente insensible a esta situación dramática.

«Las promesas del gobierno se han convertido en un caramelo o caramelito que les dieron a los campesinos. La situación sigue siendo igual o más crítica que antes de la huelga en cuanto a respuestas del gobierno. A mí lo que me preocupa es que no quieren entender que esta situación es grave”.

«Hace un mes nos reunimos con el doctor Cárdenas y él mismo coincidió en afirmar que el problema es grave, que se trata de una situación de convulsión social y reconoció que es necesario afrontarlo con decisión, pero hasta ahora no se ha dado ninguna respuesta favorable».

Monseñor Serna presentó además una cruda estadística de los efectos de la crisis cafetera en su diócesis, con un inventario de las fincas abandonadas o rematadas, como también de los estudiantes que han tenido que abandonar sus estudios y de la recesión económica.

«Vamos a hablar sinceramente del hambre que está cundiendo por nuestra región. Yo no soy un técnico, pero quiero presentar el aspecto humano de esta situación dramática para nuestros campesinos».

DEFENDAMOS LA CAJA AGRARIA Y EL CAMPO COLOMBIANO

En medio de la ira producida por la situación de pobreza que viven los campesinos bolivarenses, se realizó el pasado 17 de junio, en el Centro de Convenciones de Cartagena, el Primer Foro por la Defensa de la Caja Agraria y el Campo Colombiano.

A la cita, propuesta por Sintracreditario, asistieron delegaciones de doce municipios y cuarenta corregimientos, organizaciones campesinas, sindicatos, diputados, alcaldes, concejales y el gerente de la Caja Agraria, seccional Bolívar.
Los seiscientos asistentes expresaron su airada protesta ante la decisión del gobierno de privatizar a la Caja y así asestarle un golpe más a los cultivadores. Después de instalado el foro por Arlex Arias, presidente de Sintracreditario en Bolívar, intervinieron Orlando Osorio, miembro del comité ejecutivo, y Diego Espinosa, gerente regional.
«No permitiremos que privaticen a la Caja. La defenderemos cueste lo que cueste», afirmó Pío Urrutia, de Achí. «Estamos en contra de las altas tasas de interés. Son impagables y nos volvemos morosos», dijo Gabriel Barrios, de San Juan Nepomuceno. «Con la crisis del campo, el gobierno está creando un inconformismo que se puede tornar irreversible. Cuando el campesinado se levante, nadie lo detendrá. El escaso crédito es caro y a destiempo. Los insumos son muy caros -aseveró Nelson Rangel, rector del colegio de Pinillos-. Si la Caja se va, ¿Ardila Lulle va a invertir en Pinillos?» Máximo Ariza, de Marialabaja, dijo: «La política de apertura implantada por Estados Unidos es en contra del pueblo. Sudamos el campo y se nos tiene marginados. Tenemos que armar el incendio. El campesino está en pie de lucha».

Cornelia Paredes, de Carmen de Bolívar: «La Caja, poquito o bastante es la entidad que nos ayuda y hoy nos la quieren quitar. A Samper nosotros le hicimos campaña. Proclamó que sus ojos eran para el campo y hoy está tranquilo en el puesto dándonos con la vara. Tenemos que hacer como los campesinos de Santander del Norte, que hoy están en la calle protestando». Benjamín Londeros, de San Jacinto: «La política del gobierno es acabar con las entidades que han dado asistencia al campo. Quizá los que manden no saben que nosotros sí sabemos para dónde van. No nos enterraremos vivos. Propongo un paro cívico nacional. Salimos unidos de este foro para luchar».

David Luna, campesino de Hato Nuevo: «Es la primera vez que vengo a estas reuniones. Para pagar los intereses de un préstamo me tocó vender la cosecha, luego las tres vaquitas. Hoy mis hijos no beben leche. Sigo debiendo, pero no estoy dispuesto a perder mi tierra». Víctor Gómez, del comité de Chicagua: «No veo al ministro y a los vendepatrias que no vinieron. En Pinillos hay tres empleados de la Caja que ya no ven a sus hijos por el exceso de trabajo». Ángel Bolel, de Santa Catalina: «Nótese el abismo entre la ponencia de los trabajadores y la de la gerencia. Cada rato dicen que refinancian la Caja con millones y uno va a la oficina y no hay plata. Lo que se avecina no es cosa fácil, pero toca luchar a brazo partido con todas las organizaciones que arranquen. Propongo una marcha campesina a Bogotá». Manuel Torres, de Arjona: «No vamos a ser tolerantes. El campesino no aguanta más».

Antonio Cantillo, presidente de Utradebol, filial de la CGTD: «A lo menos a que pueden aspirar los pueblos es a tener una escuela pública, un puesto de salud, una oficina de la Caja Agraria y una de Telecom. Llamo, en nombre de mi Confederación, a la unidad obrero-campesina, que empieza a concretarse en estos foros».

Luis Carlos Fuentes, presidente del Sindicato de Educadores de Bolívar, Sudeb: «La privatización es un mandato de la banca mundial para desarticular aún más el Estado. Rechazo la acción del gobierno contra la Caja Agraria y denuncio la truculenta liquidación de las Empresas Públicas de Cartagena ante la imposición del Banco Mundial para otorgar un crédito. Propongo la realización de una jornada de protesta el 19 de julio en todo el departamento de Bolívar para rechazar la crisis del campo, las privatizaciones y para solidarizarnos con los cafeteros de Colombia, que ese día tienen su paro nacional».

El senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, hizo el discurso de clausura y expresó: «Me opongo desde mi curul y en la calle a la privatización de la Caja Agraria. Esta privatización no es una sospecha; el mismo ministro de Hacienda lo dijo la semana pasada en el Congreso, cuando asistió a un debate sobre el tema. El plan cobija además a Ecopetrol, Telecom y el SENA, entre otras empresas. Samper le mintió al país cuando en la campaña electoral prometió lo contrario. Apoyo la decisión de un paro cívico nacional propuesto por los campesinos y los caficultores colombianos».

CONGRESO DE CONCEJALES EXIGE CESE INMEDIATO DE APERTURA ECONÓMICA

La comisión de asuntos agrarios del II Congreso Nacional de Concejales, reunido en Manizales, después de analizar la situación agraria nacional, propuso las siguientes conclusiones:

1. Cese inmediato de la apertura económica.

2. Condonación de la deuda del sector rural, en las regiones que por su situación socio-económica lo ameriten.

3. Reglamentación e implementación de la ley agraria sobre la base de entrega gratuita de tierra a los campesinos, generando recursos suficientes de cofinanciación para los municipios y autonomía en el desarrollo de la compra y distribución de tierras.

4. Reglamentación inmediata de los fondos de estabilización, a fin de garantizar precios de sustentación rentables para los productos agrarios, en especial los del trigo, cebada y oleaginosas.

5. Fijación de certificados de reembolso tributario suficientes y elevación de aranceles que hagan no competitivo el ingreso de productos agrícolas del extranjero.

6. Fortalecimiento de los organismos e instituciones del sector agropecuario, rediseñándolos a fin de que puedan cumplirle al campo, caso Idema con los puestos de compra de cosechas.

7. Una amplia política de crédito de fomento ágil, oportuno y barato.

8. Fortalecimiento y ejecución de políticas que le permitan a la Caja Agraria ser el banco de servicio al campo.

9. Una efectiva política de reforma agraria que entregue la tierra gratuitamente a los campesinos y resuelva el secular atraso del campo.

10. La obligatoriedad del Estado de generar asistencia técnica y empleo bien remunerado para los profesionales y técnicos del sector rural, a fin de recuperar la productividad agropecuaria.

11. Cese de la fumigación aérea en las zonas de cultivos ilícitos y solución al problema social que originan éstos.

12. Destinación de recursos para la construcción de macrodistritos de riego y adecuación de tierras.

13. Creación de un fondo para investigación y desarrollo de control y agricultura biológica.

14. Creación de un fondo en el Ministerio del Medio Ambiente, a fin de que los municipios puedan cuidar sus recursos naturales.

15. Revisión por parte del Ministerio del Medio Ambiente de la política desarrollada en las zonas madereras del país.

16. Que el Ministerio de Minas y Energía desarrolle políticas especiales de electrificación rural y masificación del consumo de gas.

17. Formulación de una política nacional de independencia en el manejo del problema de la droga, teniendo en cuenta la idiosincrasia de las regiones afectadas.

18. Que la Caja Agraria desarrolle los programas de vivienda rural sin participación de la red de solidaridad social.

19. Que sea obligatorio para el Instituto Nacional de Vías adelantar un plan de vías secundarias, que les den cobertura a las áreas veredales.

20. Que Dancoop suministre asistencia técnica para la conformación y fortalecimiento de cooperativas de productores agrícolas.

21. Congelamiento de los precios de los insumos agrícolas y apertura de almacenes por parte del Estado, para la distribución de implementos agrarios de labor.

22. Solicitar la financiación de programas de fomento pecuario y de especies menores para los pequeños agricultores colombianos.

23. La plenaria de la comisión rechaza el decomiso por parte de las autoridades militares de la producción cafetera de los pequeños productores de Mariño y solicita el libre comercio de este producto en todo el departamento.

Es del espíritu de la comisión que las urgentes medidas que solicitamos para la reactivación del campo vayan acompañadas del respaldo de este evento al Paro Cívico Cafetero y Agrario Nacional que han propuesto muchísimas organizaciones de productores para el próximo 19 de julio de 1995. Dentro de este llamamiento pedimos a los cerealeros, algodoneros, paperos, fiqueros y demás sectores, respaldo decidido al paro y a las medidas propuestas por los concejales que hacen parte de Unidad Cafetera Nacional en proposición aparte que se adjunta a este documento.
Que en el problema de vivienda de interés social, el gobierno nacional destine las partidas necesarias para evacuar en su totalidad los programas declarados elegibles por el Inurbe en las diversas regionales y que conforman la famosa «cola», donde están consignados los programas asociativos e individuales de lotes con servicios, construcción de vivienda nueva y de mejoramiento de vivienda, que ascienden a 85 mil postulantes.

Comisión redactora: Oscar Eduardo Gutiérrez Reyes, concejal de Chinchiná; José Humberto Mesa Pérez, concejal de Yopal; Jaime Escobar Herrera, concejal de Manizales.

LEGISLACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DICTADA POR MONOPOLIOS

Por Edgar Piñeros

La electricidad, el agua, las telecomunicaciones y demás servicios públicos domiciliarios desempeñan papel decisivo en el progreso de un país. Aunque algunas de las empresas recibieron el aliento inicial de la industria privada, fue la intervención estatal lo que permitió crear una infraestructura que hoy constituye patrimonio nacional inestimable. Después de muchas décadas de nacionalización, las leyes 142 y 143 de 1994, que regulan los servicios públicos domiciliarios, allanan el asalto de las trasnacionales a estos bienes.

Apoyada en la Carta de 1991, que abolió la centralización de los servicios públicos e implantó el endeudamiento directo de los municipios con la banca internacional, la camarilla gobernante les ofrece a las grandes empresas bases expeditas para su obra expoliadora: libertad sin límites a la inversión privada, que abre las puertas al monopolio en estas ramas de la economía; obligación del municipio de prestar los servicios locales por medio de entidades propias, de particulares o de economía mixta, y, lo que representa el aspecto central, un sistema de tarifas que permite el enriquecimiento ilimitado de los dueños del gran capital.

Puesta en marcha desde mediados de los años ochentas, la política privatizadora llevó a la extinción de Insfopal, los Acuas y Empos, EDIS y otras, para dar paso a consorcios amparados en contratos de concesión. Suerte parecida amenaza a las empresas de Telecomunicaciones y de Energía de Bogotá, y en ciudades del país el servicio de aseo ya está confiado a particulares. La ley traza el camino para feriar los activos de generación de energía que posee el país en ICEL e ISA, como también las redes de transmisión. Para ello están buscando clientes a quienes venderles Betania y otros embalses. A su vez, se ordenó fragmentar a ISA, que tenía centralizada la generación, interconexión y distribución del fluido, para ceder estas ramas al capital privado y reducir la entidad al mantenimiento y operación.

En Telecom ya se dio comienzo al despojo. A partir de enero de 1996 larga distancia será prestada también por concesionarios, quienes tendrán acceso, además, a las redes básicas de la empresa estatal y de las empresas municipales, las cuales deberán seguir costeando el mantenimiento y los impuestos. Sin olvidar que los consorcios particulares ya han empezado a incursionar en la telefonía local y controlan la móvil celular. Su próximo intento será apropiarse de la larga distancia internacional, que deja aún mayores ganancias.

El asunto pone al descubierto la siniestra finalidad que implican la descentralización y la «autonomía» de las entidades territoriales, aprobadas por la Carta gavirista. El Banco Mundial y demás organismos financieros, como premisa para el otorgamiento de préstamos, exigen la no injerencia del Ejecutivo en las tasas de los servicios y la total independencia tarifaria, financiera y presupuestal de las empresas encargadas de prestarlos. Semejante atropello a la soberanía se consumó con el artículo 364 de la Carta Política y con la ley 60 de 1993. El primero autoriza el endeudamiento de los municipios y la segunda aprueba la destinación de los ingresos corrientes de la nación al pago de la deuda adquirida por aquéllos para financiar inversiones en el sector.

De este modo la banca imperialista tiene libre el camino, por encima de la nación, para cobrarles a las localidades por la vía coactiva. Findeter, intermediaria de los prestamistas, canaliza los créditos pero aplicando las restricciones impuestas por la banca mundial al gobierno. A modo de ejemplo, la financiación a los acueductos se concede siempre que éstos no contraten más de cinco trabajadores por cada mil conexiones y se comprometan a limitar el consumo a veinte metros cúbicos mensuales por suscriptor, cualquiera que sea el estrato. De colofón, la parte del servicio de la deuda no cubierta por el propio rendimiento de las empresas será amortizada con recursos propios como el IVA y el situado fiscal, los cuales se pignoran. En buen romance, esto significa que la banca se sustraerá hasta el último centavo del ahorro nacional.

La «regulación» y la «vigilancia» de los servicios pregonadas por el gobierno lo que hacen es legitimar la libertad de tarifas, ya que la compañía, además de imponer la tasa, está facultada para recuperar no sólo los costos de la prestación sino los gastos de de operación, expansión y mantenimiento. Y como la infraestructura la pone la nación o el municipio, el negocio no tiene riesgo alguno, todo lo paga el consumidor. Cual ocurre con el acueducto y el alcantarillado, donde los costos de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos corren a cargo del usuario.

La trayectoria histórica de las tarifas refleja las exacciones del capital financiero, pues los grandes proyectos se realizaron bajo la condición de aumentar su precio para el pago de los créditos. Por esta razón en los años ochentas se upaquizaron, pero aún tenían en cuenta el avalúo catastral de la vivienda. Con la ley 142 se da patente de corso a las multinacionales en su objetivo de como sacar la máxima ganancia. El anuncio de los «subsidios» para las personas de bajos ingresos es apenas un señuelo, pues sólo cubren el consumo de subsistencia, y el excedente queda a cargo del usuario. Pero hay más. Para satisfacer a los inversionistas la ley ordena que en un plazo de dos años las tarifas se lleven a los costos de prestación del servicio y se apliquen los nuevos mecanismos para los subsidios. El plazo se vence en julio de 1996, y los municipios no han podido cumplir, pues esto significaría un alza en promedio de 300% a los estratos 1, 2 y 3, y rebajas a los estratos 5, 6, industrial y comercial. Los alcaldes se han resistido a tales medidas y han planteado la reforma de la ley. Recientemente, el ministro Cock anunció que el gobierno se desmontaría del compromiso en el «pacto social» y que las tarifas tendrán que elevarse.

Los Comités de Desarrollo y Control de los Servicios Públicos Domiciliarios, a los que se les ha privado del poder decisorio en aspectos como el de las tarifas, no pasan de ser una caricatura de democracia. Más grave aún es que las actividades de las empresas han sido clasificadas como servicios públicos esenciales, denominación que también recibió el Sistema de Seguridad Social, con la finalidad de escamotear el derecho de huelga a sus trabajadores. El lado oculto de estas normas es la táctica imperialista de dispersar las luchas del pueblo, reducirlas al ámbito local y dividir a la comunidad.

Será tan calamitosos, la cobertura y calidad de los servicios, que el propio Ministerio de Desarrollo acepta que la mitad de los colombianos consume agua no potable, en un país que ocupa el quinto puesto mundial en el mundo en recursos hídricos. La venta de «agua pura» quedó reservada a los monopolios de gaseosas.

Al avizorar el nefasto papel de la privatización, Francisco Mosquera adelantó estas palabras: «De ahí que al Estado moderno le corresponda un creciente papel en la conducción económica, que con toda certeza no habrá de desaparecer por la apertura. Las mismas trasnacionales necesitan de la capacidad económica de los gobiernos, sin la cual no habrá quien atienda los frentes no rentables, que en materia de servicios de infraestructura, por ejemplo, son imprescindibles en el desarrollo productivo» (Omnia consumata sunt).

La entrega de los servicios públicos a los monopolios nacionales e internacionales es, pues, un reto para la mayoría de los colombianos, y sus adversas consecuencias son ya palpables. Concentra en pocas manos bienes de valor estratégico para el progreso y la seguridad de Colombia; regiones enteras se verán cada vez más atrasadas; la infraestructura y los recursos naturales serán saqueados hasta su agotamiento, dejando anquilosadas las fuerzas productivas, y la misma unidad nacional enfrentará duras pruebas ante el abordaje bárbaro por destrozarla. Todo lo anterior prueba que el objetivo de la planeación está supeditado al interés norteamericano, lo cual ha despertado la protesta popular en varios rincones del país y el nacimiento de asociaciones independientes por la defensa de os usuarios. La resistencia apenas comienza.

LA LIQUIDACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CARTAGENA, EL PRIMER ASALTO

La privatización del acueducto de Cartagena empezó a cocinarse desde pasadas administraciones. El anterior alcalde empeñó las finanzas del distrito por un crédito del Banco Mundial, cuya condición era liquidar a las Empresas Públicas Distritales, EPD.

Como se levantó alguna oposición desde distintos sectores, el alcalde Gabriel García y su combo manifestaron que había que «interactuar con personas que de pronto piensen diferente». Sin embargo, en los momentos decisivos, incluso quienes habían denunciado «el descomunal desgaste en que había caído la administración distrital enredada en una intrincada maraña de desaciertos e irregularidades», terminaron dándole el apoyo al proyecto privatizador. Fue la intervención directa del Banco Mundial, expresada por Menahem Libhaher, oficial de proyectos para América Latina, la que vino a imponer la pauta: «La idea es buscar un ente suficientemente fuerte que garantice en un futuro que las inversiones tengan una correcta operación y mantenimiento». Escuchada la voz del amo, Findeter y Planeación Nacional se apresuraron a dar su aval. Sólo el MOIR continuó firme en su rechazo a este engendro, calificándolo como «otro sitio de los piratas a la ciudad amurallada».

La descentralización y la autonomía regional tomaron cuerpo en la administración servil del alcalde García. El operador, por lo tanto, será privado, aunque jurídicamente la empresa sea mixta.

La llegada de Paniza a la alcaldía en las últimas elecciones aceleró el proceso. Se escogió socio español, se sumaron algunos criollos, y dos días antes de la posesión del nuevo burgomaestre, se reunieron todos en una asamblea espuria y diseñaron un cronograma acelerado para adueñarse del acueducto de Cartagena.

¿Será que Paniza no conocía la legislación vigente cuando en la campaña prometió no liquidar a la EPD? ¿Será que no sabía que Cartagena fue escogida por el Ministerio de Desarrollo, ya desde octubre de 1993, como modelo para aplicar la privatización del acueducto? ¿Será que no tiene claro que el Puente Heredia caído hace parte del programa de saneamiento de Cartagena y fue la otra gran obra de la llave BM-Findeter García? Lo que sí parece haber entendido es que su papel como alcalde es proteger a toda costa la inversión del capital imperialista, así sea con la fuerza pública y en contra de la ciudad entera, sus bienes y su gente.

Los cartageneros sabemos que está en juego no sólo la EPD y la suerte de los cuatrocientos trabajadores que se han lanzado a una erguida defensa de la empresa. La apropiación del acueducto se traducirá en un encarecimiento excesivo del servicio y en el saqueo del bolsillo de los 600 mil habitantes. Lo que está en juego, aquí también, es la soberanía nacional.