MONSEÑOR JOSÉ LUIS SERNA, LA VOZ DE LA IGLESIA

Monseñor José Luis Serna, obispo de la diócesis Honda-Líbano, y quien ha venido brindando a los caficultores del norte del Tolima una valiosa solidaridad, concedió en días pasados una entrevista al diario El Espectador, en la cual respaldó el paro cívico cafetero nacional.

Al referirse a la situación de los pequeños y medianos productores, el prelado manifestó:
“Cuántas lágrimas están vertiendo estos cafeteros, unas veces en silencio, otras en mi oficina y otras en reuniones, mientras el gobierno es completamente insensible a esta situación dramática.

“Las promesas del gobierno se han convertido en un caramelo o caramelito que les dieron a los campesinos. La situación sigue siendo igual o más crítica que antes de la huelga en cuanto a respuestas del gobierno. A mí lo que me preocupa es que no quieren entender que esta situación es grave”.

“Hace un mes nos reunimos con el doctor Cárdenas y él mismo coincidió en afirmar que el problema es grave, que se trata de una situación de convulsión social y reconoció que es necesario afrontarlo con decisión, pero hasta ahora no se ha dado ninguna respuesta favorable”.

Monseñor Serna presentó además una cruda estadística de los efectos de la crisis cafetera en su diócesis, con un inventario de las fincas abandonadas o rematadas, como también de los estudiantes que han tenido que abandonar sus estudios y de la recesión económica.

“Vamos a hablar sinceramente del hambre que está cundiendo por nuestra región. Yo no soy un técnico, pero quiero presentar el aspecto humano de esta situación dramática para nuestros campesinos”.

DEFENDAMOS LA CAJA AGRARIA Y EL CAMPO COLOMBIANO

En medio de la ira producida por la situación de pobreza que viven los campesinos bolivarenses, se realizó el pasado 17 de junio, en el Centro de Convenciones de Cartagena, el Primer Foro por la Defensa de la Caja Agraria y el Campo Colombiano.

A la cita, propuesta por Sintracreditario, asistieron delegaciones de doce municipios y cuarenta corregimientos, organizaciones campesinas, sindicatos, diputados, alcaldes, concejales y el gerente de la Caja Agraria, seccional Bolívar.
Los seiscientos asistentes expresaron su airada protesta ante la decisión del gobierno de privatizar a la Caja y así asestarle un golpe más a los cultivadores. Después de instalado el foro por Arlex Arias, presidente de Sintracreditario en Bolívar, intervinieron Orlando Osorio, miembro del comité ejecutivo, y Diego Espinosa, gerente regional.
“No permitiremos que privaticen a la Caja. La defenderemos cueste lo que cueste”, afirmó Pío Urrutia, de Achí. “Estamos en contra de las altas tasas de interés. Son impagables y nos volvemos morosos”, dijo Gabriel Barrios, de San Juan Nepomuceno. “Con la crisis del campo, el gobierno está creando un inconformismo que se puede tornar irreversible. Cuando el campesinado se levante, nadie lo detendrá. El escaso crédito es caro y a destiempo. Los insumos son muy caros -aseveró Nelson Rangel, rector del colegio de Pinillos-. Si la Caja se va, ¿Ardila Lulle va a invertir en Pinillos?” Máximo Ariza, de Marialabaja, dijo: “La política de apertura implantada por Estados Unidos es en contra del pueblo. Sudamos el campo y se nos tiene marginados. Tenemos que armar el incendio. El campesino está en pie de lucha”.

Cornelia Paredes, de Carmen de Bolívar: “La Caja, poquito o bastante es la entidad que nos ayuda y hoy nos la quieren quitar. A Samper nosotros le hicimos campaña. Proclamó que sus ojos eran para el campo y hoy está tranquilo en el puesto dándonos con la vara. Tenemos que hacer como los campesinos de Santander del Norte, que hoy están en la calle protestando”. Benjamín Londeros, de San Jacinto: “La política del gobierno es acabar con las entidades que han dado asistencia al campo. Quizá los que manden no saben que nosotros sí sabemos para dónde van. No nos enterraremos vivos. Propongo un paro cívico nacional. Salimos unidos de este foro para luchar”.

David Luna, campesino de Hato Nuevo: “Es la primera vez que vengo a estas reuniones. Para pagar los intereses de un préstamo me tocó vender la cosecha, luego las tres vaquitas. Hoy mis hijos no beben leche. Sigo debiendo, pero no estoy dispuesto a perder mi tierra”. Víctor Gómez, del comité de Chicagua: “No veo al ministro y a los vendepatrias que no vinieron. En Pinillos hay tres empleados de la Caja que ya no ven a sus hijos por el exceso de trabajo”. Ángel Bolel, de Santa Catalina: “Nótese el abismo entre la ponencia de los trabajadores y la de la gerencia. Cada rato dicen que refinancian la Caja con millones y uno va a la oficina y no hay plata. Lo que se avecina no es cosa fácil, pero toca luchar a brazo partido con todas las organizaciones que arranquen. Propongo una marcha campesina a Bogotá”. Manuel Torres, de Arjona: “No vamos a ser tolerantes. El campesino no aguanta más”.

Antonio Cantillo, presidente de Utradebol, filial de la CGTD: “A lo menos a que pueden aspirar los pueblos es a tener una escuela pública, un puesto de salud, una oficina de la Caja Agraria y una de Telecom. Llamo, en nombre de mi Confederación, a la unidad obrero-campesina, que empieza a concretarse en estos foros”.

Luis Carlos Fuentes, presidente del Sindicato de Educadores de Bolívar, Sudeb: “La privatización es un mandato de la banca mundial para desarticular aún más el Estado. Rechazo la acción del gobierno contra la Caja Agraria y denuncio la truculenta liquidación de las Empresas Públicas de Cartagena ante la imposición del Banco Mundial para otorgar un crédito. Propongo la realización de una jornada de protesta el 19 de julio en todo el departamento de Bolívar para rechazar la crisis del campo, las privatizaciones y para solidarizarnos con los cafeteros de Colombia, que ese día tienen su paro nacional”.

El senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, hizo el discurso de clausura y expresó: “Me opongo desde mi curul y en la calle a la privatización de la Caja Agraria. Esta privatización no es una sospecha; el mismo ministro de Hacienda lo dijo la semana pasada en el Congreso, cuando asistió a un debate sobre el tema. El plan cobija además a Ecopetrol, Telecom y el SENA, entre otras empresas. Samper le mintió al país cuando en la campaña electoral prometió lo contrario. Apoyo la decisión de un paro cívico nacional propuesto por los campesinos y los caficultores colombianos”.

CONGRESO DE CONCEJALES EXIGE CESE INMEDIATO DE APERTURA ECONÓMICA

La comisión de asuntos agrarios del II Congreso Nacional de Concejales, reunido en Manizales, después de analizar la situación agraria nacional, propuso las siguientes conclusiones:

1. Cese inmediato de la apertura económica.

2. Condonación de la deuda del sector rural, en las regiones que por su situación socio-económica lo ameriten.

3. Reglamentación e implementación de la ley agraria sobre la base de entrega gratuita de tierra a los campesinos, generando recursos suficientes de cofinanciación para los municipios y autonomía en el desarrollo de la compra y distribución de tierras.

4. Reglamentación inmediata de los fondos de estabilización, a fin de garantizar precios de sustentación rentables para los productos agrarios, en especial los del trigo, cebada y oleaginosas.

5. Fijación de certificados de reembolso tributario suficientes y elevación de aranceles que hagan no competitivo el ingreso de productos agrícolas del extranjero.

6. Fortalecimiento de los organismos e instituciones del sector agropecuario, rediseñándolos a fin de que puedan cumplirle al campo, caso Idema con los puestos de compra de cosechas.

7. Una amplia política de crédito de fomento ágil, oportuno y barato.

8. Fortalecimiento y ejecución de políticas que le permitan a la Caja Agraria ser el banco de servicio al campo.

9. Una efectiva política de reforma agraria que entregue la tierra gratuitamente a los campesinos y resuelva el secular atraso del campo.

10. La obligatoriedad del Estado de generar asistencia técnica y empleo bien remunerado para los profesionales y técnicos del sector rural, a fin de recuperar la productividad agropecuaria.

11. Cese de la fumigación aérea en las zonas de cultivos ilícitos y solución al problema social que originan éstos.

12. Destinación de recursos para la construcción de macrodistritos de riego y adecuación de tierras.

13. Creación de un fondo para investigación y desarrollo de control y agricultura biológica.

14. Creación de un fondo en el Ministerio del Medio Ambiente, a fin de que los municipios puedan cuidar sus recursos naturales.

15. Revisión por parte del Ministerio del Medio Ambiente de la política desarrollada en las zonas madereras del país.

16. Que el Ministerio de Minas y Energía desarrolle políticas especiales de electrificación rural y masificación del consumo de gas.

17. Formulación de una política nacional de independencia en el manejo del problema de la droga, teniendo en cuenta la idiosincrasia de las regiones afectadas.

18. Que la Caja Agraria desarrolle los programas de vivienda rural sin participación de la red de solidaridad social.

19. Que sea obligatorio para el Instituto Nacional de Vías adelantar un plan de vías secundarias, que les den cobertura a las áreas veredales.

20. Que Dancoop suministre asistencia técnica para la conformación y fortalecimiento de cooperativas de productores agrícolas.

21. Congelamiento de los precios de los insumos agrícolas y apertura de almacenes por parte del Estado, para la distribución de implementos agrarios de labor.

22. Solicitar la financiación de programas de fomento pecuario y de especies menores para los pequeños agricultores colombianos.

23. La plenaria de la comisión rechaza el decomiso por parte de las autoridades militares de la producción cafetera de los pequeños productores de Mariño y solicita el libre comercio de este producto en todo el departamento.

Es del espíritu de la comisión que las urgentes medidas que solicitamos para la reactivación del campo vayan acompañadas del respaldo de este evento al Paro Cívico Cafetero y Agrario Nacional que han propuesto muchísimas organizaciones de productores para el próximo 19 de julio de 1995. Dentro de este llamamiento pedimos a los cerealeros, algodoneros, paperos, fiqueros y demás sectores, respaldo decidido al paro y a las medidas propuestas por los concejales que hacen parte de Unidad Cafetera Nacional en proposición aparte que se adjunta a este documento.
Que en el problema de vivienda de interés social, el gobierno nacional destine las partidas necesarias para evacuar en su totalidad los programas declarados elegibles por el Inurbe en las diversas regionales y que conforman la famosa “cola”, donde están consignados los programas asociativos e individuales de lotes con servicios, construcción de vivienda nueva y de mejoramiento de vivienda, que ascienden a 85 mil postulantes.

Comisión redactora: Oscar Eduardo Gutiérrez Reyes, concejal de Chinchiná; José Humberto Mesa Pérez, concejal de Yopal; Jaime Escobar Herrera, concejal de Manizales.

LEGISLACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DICTADA POR MONOPOLIOS

Por Edgar Piñeros

La electricidad, el agua, las telecomunicaciones y demás servicios públicos domiciliarios desempeñan papel decisivo en el progreso de un país. Aunque algunas de las empresas recibieron el aliento inicial de la industria privada, fue la intervención estatal lo que permitió crear una infraestructura que hoy constituye patrimonio nacional inestimable. Después de muchas décadas de nacionalización, las leyes 142 y 143 de 1994, que regulan los servicios públicos domiciliarios, allanan el asalto de las trasnacionales a estos bienes.

Apoyada en la Carta de 1991, que abolió la centralización de los servicios públicos e implantó el endeudamiento directo de los municipios con la banca internacional, la camarilla gobernante les ofrece a las grandes empresas bases expeditas para su obra expoliadora: libertad sin límites a la inversión privada, que abre las puertas al monopolio en estas ramas de la economía; obligación del municipio de prestar los servicios locales por medio de entidades propias, de particulares o de economía mixta, y, lo que representa el aspecto central, un sistema de tarifas que permite el enriquecimiento ilimitado de los dueños del gran capital.

Puesta en marcha desde mediados de los años ochentas, la política privatizadora llevó a la extinción de Insfopal, los Acuas y Empos, EDIS y otras, para dar paso a consorcios amparados en contratos de concesión. Suerte parecida amenaza a las empresas de Telecomunicaciones y de Energía de Bogotá, y en ciudades del país el servicio de aseo ya está confiado a particulares. La ley traza el camino para feriar los activos de generación de energía que posee el país en ICEL e ISA, como también las redes de transmisión. Para ello están buscando clientes a quienes venderles Betania y otros embalses. A su vez, se ordenó fragmentar a ISA, que tenía centralizada la generación, interconexión y distribución del fluido, para ceder estas ramas al capital privado y reducir la entidad al mantenimiento y operación.

En Telecom ya se dio comienzo al despojo. A partir de enero de 1996 larga distancia será prestada también por concesionarios, quienes tendrán acceso, además, a las redes básicas de la empresa estatal y de las empresas municipales, las cuales deberán seguir costeando el mantenimiento y los impuestos. Sin olvidar que los consorcios particulares ya han empezado a incursionar en la telefonía local y controlan la móvil celular. Su próximo intento será apropiarse de la larga distancia internacional, que deja aún mayores ganancias.

El asunto pone al descubierto la siniestra finalidad que implican la descentralización y la “autonomía” de las entidades territoriales, aprobadas por la Carta gavirista. El Banco Mundial y demás organismos financieros, como premisa para el otorgamiento de préstamos, exigen la no injerencia del Ejecutivo en las tasas de los servicios y la total independencia tarifaria, financiera y presupuestal de las empresas encargadas de prestarlos. Semejante atropello a la soberanía se consumó con el artículo 364 de la Carta Política y con la ley 60 de 1993. El primero autoriza el endeudamiento de los municipios y la segunda aprueba la destinación de los ingresos corrientes de la nación al pago de la deuda adquirida por aquéllos para financiar inversiones en el sector.

De este modo la banca imperialista tiene libre el camino, por encima de la nación, para cobrarles a las localidades por la vía coactiva. Findeter, intermediaria de los prestamistas, canaliza los créditos pero aplicando las restricciones impuestas por la banca mundial al gobierno. A modo de ejemplo, la financiación a los acueductos se concede siempre que éstos no contraten más de cinco trabajadores por cada mil conexiones y se comprometan a limitar el consumo a veinte metros cúbicos mensuales por suscriptor, cualquiera que sea el estrato. De colofón, la parte del servicio de la deuda no cubierta por el propio rendimiento de las empresas será amortizada con recursos propios como el IVA y el situado fiscal, los cuales se pignoran. En buen romance, esto significa que la banca se sustraerá hasta el último centavo del ahorro nacional.

La “regulación” y la “vigilancia” de los servicios pregonadas por el gobierno lo que hacen es legitimar la libertad de tarifas, ya que la compañía, además de imponer la tasa, está facultada para recuperar no sólo los costos de la prestación sino los gastos de de operación, expansión y mantenimiento. Y como la infraestructura la pone la nación o el municipio, el negocio no tiene riesgo alguno, todo lo paga el consumidor. Cual ocurre con el acueducto y el alcantarillado, donde los costos de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos corren a cargo del usuario.

La trayectoria histórica de las tarifas refleja las exacciones del capital financiero, pues los grandes proyectos se realizaron bajo la condición de aumentar su precio para el pago de los créditos. Por esta razón en los años ochentas se upaquizaron, pero aún tenían en cuenta el avalúo catastral de la vivienda. Con la ley 142 se da patente de corso a las multinacionales en su objetivo de como sacar la máxima ganancia. El anuncio de los “subsidios” para las personas de bajos ingresos es apenas un señuelo, pues sólo cubren el consumo de subsistencia, y el excedente queda a cargo del usuario. Pero hay más. Para satisfacer a los inversionistas la ley ordena que en un plazo de dos años las tarifas se lleven a los costos de prestación del servicio y se apliquen los nuevos mecanismos para los subsidios. El plazo se vence en julio de 1996, y los municipios no han podido cumplir, pues esto significaría un alza en promedio de 300% a los estratos 1, 2 y 3, y rebajas a los estratos 5, 6, industrial y comercial. Los alcaldes se han resistido a tales medidas y han planteado la reforma de la ley. Recientemente, el ministro Cock anunció que el gobierno se desmontaría del compromiso en el “pacto social” y que las tarifas tendrán que elevarse.

Los Comités de Desarrollo y Control de los Servicios Públicos Domiciliarios, a los que se les ha privado del poder decisorio en aspectos como el de las tarifas, no pasan de ser una caricatura de democracia. Más grave aún es que las actividades de las empresas han sido clasificadas como servicios públicos esenciales, denominación que también recibió el Sistema de Seguridad Social, con la finalidad de escamotear el derecho de huelga a sus trabajadores. El lado oculto de estas normas es la táctica imperialista de dispersar las luchas del pueblo, reducirlas al ámbito local y dividir a la comunidad.

Será tan calamitosos, la cobertura y calidad de los servicios, que el propio Ministerio de Desarrollo acepta que la mitad de los colombianos consume agua no potable, en un país que ocupa el quinto puesto mundial en el mundo en recursos hídricos. La venta de “agua pura” quedó reservada a los monopolios de gaseosas.

Al avizorar el nefasto papel de la privatización, Francisco Mosquera adelantó estas palabras: “De ahí que al Estado moderno le corresponda un creciente papel en la conducción económica, que con toda certeza no habrá de desaparecer por la apertura. Las mismas trasnacionales necesitan de la capacidad económica de los gobiernos, sin la cual no habrá quien atienda los frentes no rentables, que en materia de servicios de infraestructura, por ejemplo, son imprescindibles en el desarrollo productivo” (Omnia consumata sunt).

La entrega de los servicios públicos a los monopolios nacionales e internacionales es, pues, un reto para la mayoría de los colombianos, y sus adversas consecuencias son ya palpables. Concentra en pocas manos bienes de valor estratégico para el progreso y la seguridad de Colombia; regiones enteras se verán cada vez más atrasadas; la infraestructura y los recursos naturales serán saqueados hasta su agotamiento, dejando anquilosadas las fuerzas productivas, y la misma unidad nacional enfrentará duras pruebas ante el abordaje bárbaro por destrozarla. Todo lo anterior prueba que el objetivo de la planeación está supeditado al interés norteamericano, lo cual ha despertado la protesta popular en varios rincones del país y el nacimiento de asociaciones independientes por la defensa de os usuarios. La resistencia apenas comienza.

LA LIQUIDACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CARTAGENA, EL PRIMER ASALTO

La privatización del acueducto de Cartagena empezó a cocinarse desde pasadas administraciones. El anterior alcalde empeñó las finanzas del distrito por un crédito del Banco Mundial, cuya condición era liquidar a las Empresas Públicas Distritales, EPD.

Como se levantó alguna oposición desde distintos sectores, el alcalde Gabriel García y su combo manifestaron que había que “interactuar con personas que de pronto piensen diferente”. Sin embargo, en los momentos decisivos, incluso quienes habían denunciado “el descomunal desgaste en que había caído la administración distrital enredada en una intrincada maraña de desaciertos e irregularidades”, terminaron dándole el apoyo al proyecto privatizador. Fue la intervención directa del Banco Mundial, expresada por Menahem Libhaher, oficial de proyectos para América Latina, la que vino a imponer la pauta: “La idea es buscar un ente suficientemente fuerte que garantice en un futuro que las inversiones tengan una correcta operación y mantenimiento”. Escuchada la voz del amo, Findeter y Planeación Nacional se apresuraron a dar su aval. Sólo el MOIR continuó firme en su rechazo a este engendro, calificándolo como “otro sitio de los piratas a la ciudad amurallada”.

La descentralización y la autonomía regional tomaron cuerpo en la administración servil del alcalde García. El operador, por lo tanto, será privado, aunque jurídicamente la empresa sea mixta.

La llegada de Paniza a la alcaldía en las últimas elecciones aceleró el proceso. Se escogió socio español, se sumaron algunos criollos, y dos días antes de la posesión del nuevo burgomaestre, se reunieron todos en una asamblea espuria y diseñaron un cronograma acelerado para adueñarse del acueducto de Cartagena.

¿Será que Paniza no conocía la legislación vigente cuando en la campaña prometió no liquidar a la EPD? ¿Será que no sabía que Cartagena fue escogida por el Ministerio de Desarrollo, ya desde octubre de 1993, como modelo para aplicar la privatización del acueducto? ¿Será que no tiene claro que el Puente Heredia caído hace parte del programa de saneamiento de Cartagena y fue la otra gran obra de la llave BM-Findeter García? Lo que sí parece haber entendido es que su papel como alcalde es proteger a toda costa la inversión del capital imperialista, así sea con la fuerza pública y en contra de la ciudad entera, sus bienes y su gente.

Los cartageneros sabemos que está en juego no sólo la EPD y la suerte de los cuatrocientos trabajadores que se han lanzado a una erguida defensa de la empresa. La apropiación del acueducto se traducirá en un encarecimiento excesivo del servicio y en el saqueo del bolsillo de los 600 mil habitantes. Lo que está en juego, aquí también, es la soberanía nacional.

Editorial: “LA LÍNEA DE MASAS, VITAL PARA LA REVOLUCIÓN”

Más de trescientos camaradas y amigos rindieron el 1° de julio, en Barrancabermeja, un tributo emocionado al camarada Luis Eduardo Rolón al cumplirse diez años de su trágica muerte.

El acto estuvo presidido por el Comité Ejecutivo del MOIR, y por los compañeros Jorge Santos, Gildardo Jiménez, secretario regional de Santander; Gustavo Triana, secretario local en Barrancabermeja; Roberto Schmalbach, dirigente de la USO y Pedro Rolón, hermano de nuestro compañero asesinado. Entre los secretarios regionales estaban también Francisco Valderrama, de Cundinamarca; Mario Hernández, de Antioquia; Julio Henríquez, de Tolima; José Daniel Rodríguez, de Boyacá y Casanare; Rafael Espinel, de Norte de Santander y Eduardo Muñetón, del Magdalena Medio. Destacadas personalidades, entre ellas Eliécer Benavides, ex presidente de la USO y Chelo Cuéllar, dirigente cívico de Cantagallo, testimoniaron con su presencia los lazos de amistad con el camarada Rolón. Al final, el compositor Carlos Riaño presentó un recital de sus canciones.


Discurso pronunciado por el camarada Héctor Valencia, secretario general del MOIR, en el auditorio del Hotel Bachué de Barrancabermeja, el 1° de julio de 1995, en el acto de homenaje a la memoria del camarada Luis Eduardo Rolón, con motivo de los diez años de su desaparición.

Camaradas:
Cuando conmemoramos a los militantes cuyas existencias fueron desalmadamente segadas mientras cumplían con las tareas del Partido, nosotros los moiristas, venciendo la especial y superior tristeza que suscita ver truncado su potencial revolucionario, los enaltecemos con alegría al testimoniar que le imprimieron perdurabilidad a sus vidas, destinando lo mejor de su condición humana a la más grande de las causas: la revolución proletaria.

Para la cabal comprensión de que ese calibre humano lo alcanzó el cuadro que hoy recordamos, Luis Eduardo Rolón, es necesario situarlo históricamente, es decir, dentro del proceso de desarrollo político del Partido. Intentemos una aproximación a esta necesidad.

La lucha que en los albores de nuestra organización se libró contra la tendencia a plantear y practicar la política de manera exorbitante, es decir, más allá de los límites que imponen las condiciones materiales que caracterizan la sociedad colombiana, generó saltos cualitativos respecto a la estrategia y la táctica de la revolución en razón de que lo debatido, aunque por su forma era interno, por su contenido estaba inscrito en la contienda general de las diferentes clases. Hacía parte del combate contra las concepciones y métodos descabellados que agrupaciones de la pequeña burguesía incubaban y esparcían en oleadas, causando una infestación que alcanzaba a los sectores obreros y sus organizaciones. El fenómeno no se limitaba a las fronteras nacionales. Cubría toda América Latina y contaba con el impulso que desde La Habana le daban los encumbrados dirigentes de la triunfante gesta del pueblo cubano, quienes, con el comodín de superar a los decrépitos partidos comunistas, se engallaron contra los principios ideológicos, políticos y de organización de la clase obrera. Aún más, sus raíces se encontraban allende los confines hemisféricos: desde Moscú, una capa burocrática burguesa que desalojó del Poder a los trabajadores había emprendido desde antes un ataque cerrado contra esos mismos principios, ataque que ahora incluía el impulso a la política del Estado cubano. Confluyeron así la revisión del marxismo y las elucubraciones y prácticas extremistas, lo cual no podía menos que desembocar en que un contenido político donde tenía primacía el reformismo y la conciliación de clases se tratara de imponer recurriendo a formas de la lucha armada. Tal conjunción, que durante décadas asumiría las más variadas y enrevesadas modalidades, incluidas las de su propia perversión, y embelesaría a agrupaciones de pequeños burgueses con su arrastre de intelectuales de mediocre y alto coturno, acabó por constituirse en la principal traba para el avance de la revolución.
Precisamente previendo tan nefasto daño y comprendiendo tempranamente la sentencia marxista-leninista de que el desenlace de la revolución depende del papel que desempeñe en ella la clase obrera, puesto que la pequeña burguesía sólo teniendo delante de sí al proletariado puede afirmar una posición revolucionaria, el camarada Francisco Mosquera emprendió su crítica implacable y alrededor de ella se experimentó un proceso de condensación de las ideas y de los militantes: menos camaradas que tenían más verdad conformaron un núcleo proletario. Su misión principal era trazarle una estrategia y una táctica acertadas a la revolución y construir el destacamento obrero capaz de sacarlas avante, lo cual requirió años de rigurosa asimilación de la teoría marxista en ligazón con una perseverante práctica política junto a los obreros y sus organizaciones gremiales. Peculiares y de enorme trascendencia fueron los resultados: se creó el MOIR como partido político de la clase obrera; se formuló como línea política que el proletariado, en una primera etapa, deberá dirigir y realizar, mediante la formación de un frente único de las fuerzas antiimperialistas, la revolución de nueva democracia, y se determinó que toda la actividad revolucionaria debería efectuarse siguiendo una línea de masas.

Establecida la premisa de que la línea política es el factor fundamental y decisivo y que sin su organización partidaria el proletariado no alcanzará el Poder, es necesario resaltar hoy la importancia que reviste la línea de masas. Su aplicación misma fue imprescindible para lograr los resultados que se han mencionado. El núcleo de camaradas tuvo como orientación ir hacia los sectores obreros, permanecer allí, participar en sus luchas sindicales, convivir con ellos en sus condiciones de explotados, aprender de su solidaridad, amplitud de miras y flexibilidad para sumar fuerzas, antes de poder ser sus maestros. Y cuando años más tarde el MOIR, con sus filas relativamente acrecentadas, se planteó como necesidad impostergable la tarea de extenderse a nivel nacional, de nuevo fue la línea de masas, ese básico “ir a las masas”, lo que se aplicó. La Dirección Nacional seleccionó un puñado de cuadros que tenían intrepidez revolucionaria y los envió a construir partido a lo largo y ancho del país, y una vez que el desarrollo del trabajo de estos cuadros pioneros exigió más brazos políticos, en especial para atender sectores del campesinado, se puso en marcha una verdadera campaña de migración de los militantes desde nuestros emplazamientos urbanos. Esta campaña, que fue clave en el crecimiento del Partido, recibió un nombre: política de pies descalzos, y quienes la desarrollaron fueron nombrados descalzos. (1)
En nuestro lenguaje, entonces, descalzarse es ir a las masas. No es un mero traslado geográfico, aunque tomó esa forma debido a la necesidad de cubrir diversos frentes de trabajo regionales. Sustancialmente, es un desplazamiento vertical, hacia abajo, en busca de la “masa inferior” a la que pedía recurrir Engels distinguiéndola de la minoría privilegiada y burocrática de los sindicatos rancios; en busca de las masas ignorantes, trabajadoras y explotadas, señaladas por Lenin para predicarles y demostrarles la necesidad e inevitabilidad de la revolución, explicarles su utilidad y prepararlas para ella.

Con este significado, la política de pies descalzos es el quid de nuestra táctica, sin que ninguno de los logros obtenidos los podamos desligar de su práctica consecuente. La llevó a cabo el camarada Mosquera, nuestro primer y principal descalzo, en los sindicatos en Medellín y Amagá, en Barrancabermeja y Cali, en Bogotá, en la Serranía de San Lucas y las cooperativas campesinas, en fin, en todas sus actividades como dirigente preocupado siempre por las necesidades y el destino de los explotados y desposeídos. La realizaron quienes lo acompañaron en esa brega desde sus inicios y hasta su final, y aún siguen en ella. La efectuaron las decenas de cuadros y militantes que emprendieron la marcha -ligeros de equipaje y plenos de espíritu combativo, luego de que rompieran los lazos sociales extraños o inferiores a los de la revolución- para fundar organizaciones regionales del Partido, apuntalarlas y desarrollar tareas políticas y organizativas entre los sectores populares.

La han aplicado quienes en el movimiento obrero asumen el papel de dirigentes ideológicos al impartir a las bases sindicales una permanente educación sobre la lucha de clases, resguardándolas de que en el combate contra el imperialismo y la reacción se limiten a las reivindicaciones salariales y laborales, pues esto abre campo para que en la dirección de los sindicatos prevalezcan encogidos artesanos y no adalides revolucionarios.

La ponen en práctica los camaradas que utilizan las campañas electorales y las curules alcanzadas para denunciar ante las masas la dominación e intervención imperialistas y todas las tropelías que desde el Estado se perpetran contra el pueblo. Para instruir a la población sobre la necesidad de la revolución de nueva democracia, demostrando con múltiples ejemplos vivos cómo la democracia que impera en Colombia equivale a la dictadura de la gran burguesía o, en términos leninistas que hoy bien le calzan a la “democracia participativa”, a “impotente reformismo de la pequeña burguesía que se somete a esa dictadura”.

Ni que decir tiene que este eje de nuestra táctica -que similarmente ha informado las tareas de los militantes en los frentes campesino y estudiantil, entre los intelectuales y en sectores femeninos- demanda actuantes “hechos de una trama especial y con un temple especial”. Pero éstos no se conciben aparte de la política: contando con una actitud revolucionaria y con la orientación que inculca el Partido, su real forja se produce en la misma práctica de ella. Tal es el proceso de formación de los cuadros que precisa la lucha de clases del proletariado, moiristas que para seguir siéndolo deben siempre “ir más abajo y más a lo hondo, a las verdaderas masas”, como les advertía Lenin a sus correligionarios. Advertencia que para nosotros hoy asume un carácter perentorio. Si abandonamos o aflojamos la aplicación de la táctica de los descalzos, el Partido tomará un rumbo revisionista y lo construido bajo el liderazgo del camarada Mosquera sufrirá una involución hacia las posiciones viciadas de la pequeña burguesía.

Lo que aquí está en cuestión, camaradas, es algo que trasciende el ámbito partidario y nacional, y guarda íntima relación con el destino de la causa revolucionaria. A finales del siglo XX la clase obrera tiene ante sí, iluminados con tétrico esplendor, toda una galería de ejemplos negativos sobre lo que ocurre, tanto antes como luego de su toma del Poder, si los oportunistas logran impedir la aplicación de la táctica de masas, o se la desecha. La constante en todos ellos fue el corte en la relación de los miembros del partido con las bases obreras y populares, lo cual no sólo obstruía la aplicación de la línea política proletaria sino que a ésta, despojada de su imprescindible fuente popular, se la disecaba y desvirtuaba. Paulatina y simultáneamente era remplazada por la línea burguesa que facilitaba la ascendencia y consolidación de una capa burocrática en los organismos de dirección partidarios y estatales. ¿Acaso no fue precisamente esto lo sucedido con el partido de Lenin y con el Estado socialista en la URSS? ¿Y no fue precisamente en lucha contra este fenómeno precursor de la restauración del capitalismo que Mao lanzó en China la Gran Revolución Cultural Proletaria, dejando así una lección imperecedera para la prosecución de la revolución luego de que los trabajadores han tomado el Poder, como imperecedera fue la lección de la Comuna de París para las revoluciones proletarias del siglo XX? Y si esto les sucedió a destacamentos obreros que habían conquistado luego de gloriosas luchas el poder estatal, es apenas natural que partidos aquejados por el mismo mal y con luchas no tan gloriosas hayan sido presa del revisionismo. A este respecto, y teniendo en cuenta que ésta es una lección histórica de carácter universal y como tal tiene plena validez para nuestro Partido, no podemos menos que mantener una alta vigilancia sobre la aplicación de la línea de masas, pues es evidente que la lucha contra la burocratización en los organismos partidarios y populares es una cuestión vital para la revolución.

De allí que sea aleccionador recordar hoy al camarada Rolón apreciando la magnitud ideológica y política de su empeño en desarrollar la política del MOIR abriendo y transitando ese insustituible y anchuroso sendero táctico involucrado en la orientación de los pies descalzos, de la cual fue símbolo y señal. Y es más significativa esta recordación si se entiende que la alta valoración que adquirió su existencia sólo se explica en ligazón con la historia de quienes, antes o simultáneamente, aplicaron la misma política que él asumió, en particular los compañeros que en su época se atrevieron a despojarse de todos los hábitos extraños a la revolución y las compañeras que, semejantes a las descritas por Mao en poesía con ritmo ancestral, despreciaron las sedas y amaron su ropa de combate político.

Es indudable que Luis Eduardo Rolón, al practicar de manera integral la política como un descalzo, y hacerlo hasta el final de sus días entregando su sangre generosa, adquirió la contextura espiritual de los hombres realmente nuevos. Hombres que poseen la verdadera y única moral que puede ser reconocida como tal durante el período histórico de las sociedades divididas en clases, aquella que en concepto de Marx “representa en el presente la subversión del presente, el porvenir, es decir, la moral proletaria”. Por tanto, hombres que son contrarios antagónicos de los personajes mediocres y vulgares que los imperialistas y los oligarcas encumbran y ensalzan por ser los prototipos de su propia condición degenerativa.

La talla revolucionaria del camarada Rolón se revela con mayor nitidez si se contrapone su vocación militante con la actitud de quienes se acercan a las organizaciones revolucionarias tratando de introducir en ellas el diletantismo político, quienes en las filas partidarias extraen de su carencia de investigación y conocimiento un espurio derecho democrático a expresar sus necedades políticas, quienes observan los sucesos e incidencias de la lucha de clases con prismáticos y sin embargo intentan ejercer un frívolo arbitraje sobre lo correcto e incorrecto, a quienes los progresos y éxitos revolucionarios apenas les producen una forzada y lánguida sonrisa, pero sus reveses y pérdidas los sumen en un sombrío escepticismo que también se manifiesta en un truculento y obsesivo iluminismo, quienes en las confrontaciones teóricas recurren a la no muy inteligente maña de poner en boca de sus adversarios patentes majaderías para luego pasar al estéril regocijo de refutarlas o se dedican a lanzar improperios tratando de suplir la falta de vigor en su mente con la furia de su lengua, en fin, quienes estuvieron de paso por la revolución y ese paso, quizá lo único positivo que se puede rescatar de sus vidas, lo desprecian como devaneos propios de la juventud mientras exaltan grotescamente sus posteriores devaneos con lo decrépito y reaccionario.

Hace diez años, luego de que al camarada Rolón lo sacrificaran a mansalva y sobre seguro, señalamos públicamente a los responsables. Esta es la hora en que no hemos recibido explicación alguna de parte de los mandos políticos que esos responsables tienen, ni de los funcionarios judiciales encargados de las indagaciones legales pertinentes. No nos hacemos muchas ilusiones al respecto, pero seguimos esperando, y exigiendo, que se conozca quiénes fueron sus autores para que, como lo dijimos entonces, sobre sus nombres caiga por lo menos la sanción del repudio del pueblo.

Este homenaje que hoy le rendimos a Luis Eduardo Rolón y que hacemos extensivo a Raúl Ramírez y Aydée Osorio, camaradas que en circunstancias similares y por esa misma época fueron asesinados por quienes recurren a la barbarie como principal argumento político contra nosotros, es la reafirmación de que el MOIR mantendrá viva su memoria persistiendo en los principios ideológicos que los guiaron, en la política de clase que asumieron y en la línea de masas que practicaron. Una perseverancia que prolongará su lucha y garantizará que nunca seremos doblegados ni con la violencia ni con las astutas mañas de la conciliación de clases.
Este compromiso revolucionario encuentra su concreción en la actual lucha contra la dominación que el imperialismo norteamericano ejerce sobre la nación y contra el gobierno de Samper que le sirve de soporte. Continuaremos haciendo esfuerzos porque todos los sectores sociales que sufren los estragos de esa dominación y de esa política se aglutinen en torno a una posición patriótica y democrática para conformar un gran movimiento de resistencia. Tal llamado general es consecuente con el análisis de las clases, o los sectores de ellas, que objetivamente tienen contradicciones con el imperialismo y el “salto social” samperista y, por tanto, son potenciales y necesarios sujetos de esa resistencia. Ante el hecho de que en los estratos básicos de esas clases residen los millones que en últimas decidirán la fortaleza y la suerte de la política antiimperialista, hemos venido poniendo énfasis, como lo hacemos una vez más hoy, en la orientación de “ir a las masas”. Y dado que ellas cuentan con personas, movimientos y organizaciones que, en mayor o medida, son sus representantes políticos, es de esperar que, consecuentes con la descrita situación objetiva de sus representados, asuman una posición de rechazo real e integral a las directrices imperiales y samperistas. Esa posición, que permitirá definir qué es de izquierda en la actual situación de compleja lucha de clases que se desenvuelve en Colombia, hará que rinda mayores frutos nuestra determinación de buscar aliados en la izquierda.

Para progresar sobre bases firmes en esta dirección táctica, y ante los eventuales acuerdos, unidades de acción o alianzas, no basta con tener en cuenta la situación objetiva general de las clases y sus organizaciones, ya que la política es concreta y exige el examen de los hechos precisos de la realidad, incluidas las conductas de las diversas agrupaciones. Para que una táctica sea correcta se debe tener presente, como siempre lo ha hecho el Partido al evaluar políticamente a las personas y las organizaciones, que “así como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo y lo que realmente es y hace, en las luchas históricas hay que distinguir más todavía entre las frases y las figuraciones de los partidos y su organismo real y sus intereses reales, entre lo que se imaginan ser y lo que en realidad son”. A partir de esa distinción sintetizada por Marx debemos adoptar uno u otro curso de acción en cuanto a los posibles acuerdos y alianzas, cuidándonos de no separar de antemano, como complementa Lenin, a los que “merecen que se llegue a un acuerdo con ellos, etc., y los que no lo merecen”, puesto que eso “conduce a una ‘fórmula’ que el desarrollo de los acontecimientos lanza en seguida por la borda y que lleva la confusión a la conciencia de clase del proletariado”.

Sólo la aplicación de una táctica así concebida, que corresponde primordialmente a los intereses de clase del proletariado, nos permite expresar con certeza hoy junto a los camaradas descalzos que conservan su fidelidad al Partido y la revolución: Camarada Rolón y demás camaradas caídos en la lucha: lo que su pensamiento y acción sembró, fructificará, cualquiera sea el tiempo que medie antes de la gran cosecha.
(1) Lo realmente importante de esta política es su contenido, pero la denominación que recibió, aunque pertenece a la categoría de lo formal, tiene un origen que alumbra su esencia y relatarlo contribuye a la comprensión de su significado. Se comentaba en China, en tiempos de la revolución y construcción socialistas, que Mao Tse- Tung le había aconsejado a un amigo revolucionario procedente de América Latina, tomar de la experiencia revolucionaria china sólo los principios universales del marxismo-leninismo que la guiaron y, con ellos empuñados, irse al campo de su país, quitarse los zapatos y, así, descalzo, buscar a los campesinos, convivir entre ellos y luego iniciar el trabajo político. Esa respuesta, independientemente del grado de exactitud respecto a lo expresado por Mao, apunta a dos cuestiones fundamentales para el rumbo revolucionario: la guía teórica marxista-leninista y la línea de masas.

¡MOCKUS TOMA TODO!

El alcalde Antanas Mockus decidió por fin destapar sus verdaderas intenciones. Frente a enmiendas menores introducidas por el Cabildo distrital al Plan de Desarrollo, decidió adoptar su propio Plan por decreto. Para justificar tan arbitrario proceder, alega su compromiso de luchar contra “las viejas prácticas de la política” y, con este subterfugio, concentra en él y en la camarilla de sus íntimos el manejo de una fabulosa suma superior a los 5 billones de pesos, que son los recursos financieros del Distrito para los próximos tres años. De remate, amenaza con su renuncia si el fallo de los tribunales le es adverso. Todas estas trapisondas son de común ocurrencia al amparo de la Constitución de 1991, el Estatuto Orgánico para Bogotá y su maraña de normas reglamentarias.

La tendencia de Mockus a traducir su arrogancia “científica” en medidas dictatoriales se reveló desde los primeros días de su mandato, cuando objetó un acuerdo del Concejo que restringía el tránsito vehicular. El-alcalde acudió a una espuria consulta telefónica para lanzar a la opinión pública contra la Corporación. Luego tomó sin ningún escrúpulo medidas de fuerza para el brutal desalojo de los vendedores ambulantes del Siete de Agosto y de los habitantes de los chircales de Usaquén.

Aunque para validar la decisión de expedir el Plan por decreto Mockus ha señalado que debió aprobarse el 30 y no el 31 de mayo, lo cierto es que en su alegato tuvieron más importancia las supuestas “bombas” colocadas por el Concejo contra su administración. Hasta el diario El Tiempo, en su editorial del 4 de junio, dice que “no hemos encontrado las ‘bombas’ de que habla el Alcalde, y tampoco comprendemos a cabalidad su ira por posibles conciliaciones; su actitud representa más un golpe de opinión que el manejo serio de un proceso normal y lógico en el sistema democrático”. Y el grupo “Ciudadanos en formación”, su lista oficial al Concejo, calificó su conducta como “despotismo ilustrado” y le increpó: “Usted se debe a Bogotá ¿pero realmente a quién le sirve?”

Se trató en efecto de un “golpe de opinión” orientado a desacreditar al Concejo a pesar de que allí una mayoría conciliadora aprobó el antipopular soporte financiero con sobretasa, privatizaciones y mayor endeudamiento. El fondo del asunto estriba en que las agencias imperialistas de crédito, para poner las instituciones a tono con la apertura, vienen presionando la mayor concentración del poder en el Ejecutivo, golpeando la democracia representativa y enfilando sus baterías contra los partidos. En su reemplazo, desde los preparativos de la Asamblea Nacional Constituyente, vivimos el impulso de las candidaturas “cívicas” y “comunitarias” y el fortalecimiento de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales, ONG. Mockus en Bogotá, el cura Hoyos en Barranquilla, Navarro en Pasto y otros personajes similares son presentados como el fenómeno de la “antipolítica”, llamado a barrer la “partidocracia”, como ha venido sucediendo en el Perú bajo la dictadura de Fujimori. La nueva tendencia se alienta desde el norte imperial; es por eso que recientemente el diario The Washington Post destaca a Mockus como un verdadero ejemplo de los nuevos liderazgos.

Dichos personajes, por novedosos y folclóricos que aparezcan, representan el continuismo en la aplicación de las orientaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario, esencia de sus posturas antipolíticas. La privatización de las empresas de servicios de Barranquilla se muestra como modelo por la banca internacional y por los aperturistas. Navarro le pide al Congreso que incluya en la reforma tributaria la sobretasa a la gasolina como una obligación para todos los municipios. Mockus profundiza la regresiva política iniciada por la administración Castro bajo la presión del Banco y el Fondo, y desarrolla la tendencia fiscalista establecida en el Estatuto Orgánico. La sobretasa no es lo único que se anuncia: también la valorización por beneficio general, la valorización por beneficio local, los peajes urbanos y la privatización de las empresas de energía y teléfonos, patrimonio de los capitalinos.

Pero lo más grave es la dimensión que adquiere el endeudamiento de la administración central. Pese a que conceptos especializados como los de Eduardo Sarmiento y los de algunos concejales advirtieron sobre las ominosas perspectivas de la deuda, la administración Mockus continúa por el camino de hipotecar la ciudad y de someterla a un desangre creciente, representado en que en los últimos dos años la diferencia entre lo que se recibe anualmente por créditos y lo que se paga por servicio de la deuda fue del orden de 233 mil millones de pesos. Para poder tomar toda esta serie de medidas antipopulares, se requiere de dictadorzuelos como el ex rector de la Universidad Nacional.

Al separar la almendra de la cáscara, nos encontramos con que en Formar Ciudad, el plan de Antanas, los lineamientos generales guardan una gran similitud con el Salto Socialsamperista. La razón es muy simple: su paternidad está en la banca imperialista, cuyo recetario recomienda grandes inversiones en infraestructura, que se deben realizar con la plata que nos prestan y que el pueblo tiene que pagar en impuestos, para así atraer el capital extranjero. Lo que Samper llama infraestructura, a secas, el profesor Mockus lo denomina “productividad urbana”. Las limosnas del gobierno nacional para contener la inconformidad, en el Distrito son el “progreso social”. Las reformas institucionales con el embeleco de la “democracia participativa” para el Salto Social, en Formar Ciudad se llaman “legitimidad institucional”. Así, con diferencia de nombre, encontramos en el fondo las mismas políticas antinacionales y antipopulares.

La fuerza de la cultura, o la cultura de la fuerza
Desde el momento en que Mockus inició su administración, uno de los aspectos más polémicos ha sido la cultura ciudadana, que este “campeón de la Urbanidad” convirtió en columna vertebral del Plan de Desarrollo. En el Concejo esta prioridad fue objeto de muchas críticas. Jorge Child, presidente de la Comisión del Plan, la calificó de “voluntarista” y advirtió que “puede ser la antesala de un neofascismo en el momento crítico de su fracaso”. Los concejales Francisco Pareja, Omar Mejía, Yolanda Cañón, Francisco Noguera y Héctor Salcedo, conformados en comisión accidental para discutir la cultura ciudadana, dicen en su ponencia que el fracaso de aconductar a la ciudad “por la fuerza de la cultura” conducirá al empleo de la “cultura de la fuerza” y critican el “ejercicio experimental” que le costará al fisco la bicoca de 170 millones de pesos. Concluyen que “no es recomendable aprobarla”. En resumen, con esta estratagema, Mockus y su corte de académicos arribistas han iniciado una ofensiva ideológica sobre Bogotá para llevarla a “cumplir las normas” sin atender sus necesidades.

Dentro de las campañas del alcalde se destacan las relacionadas con lograr una “cultura tributaria”. Que todos pongan para que Mockus tome todo y la ciudad continúe sumida en el pandemónium del transporte; en la inseguridad acrecentada por la lumpenización, fruto de la miseria que la apertura esparce sobre nuestras ciudades; con la ruina del agro y de importantes ramas de la industria; en el deterioro físico, y, en fin, en el sinnúmero de agobiantes problemas que tornan en calvario la vida cotidiana de los bogotanos.

Un porcentaje de los recursos se dilapidará en los “juegos ciudadanos” (el circo de los mimos, las tarjetas, etc.). El mayor irá a parar a la bolsa de los grandes medios de comunicación, a los que Mockus debe el puesto. Así, sutilmente, pagará sus campañas electorales: la pasada, y por qué no la futura. Es la forma “científica” como los “antipolíticos” hacen política y entienden la “ética” y la “moral”.

El Concejo no se atrevió a votar negativamente el artículo sobre la cultura ciudadana, pero sí le introdujo un parágrafo en el que obligaba al Alcalde a presentarle los proyectos que para ésta aparecen en el Plan, y agregó un numeral sobre la construcción de los colegios para poder cumplir con la jornada única ordenada por la Ley de Educación.

El MOIR considera pertinente aglutinar en un solo frente de lucha a los concejales, fuerzas políticas y organizaciones sindicales y populares, dispuestos a defenderla producción nacional y a impedir la privatización de las empresas de los servicios, la hipoteca de la ciudad, la andanada alcabalera y el avasallamiento del Cabildo por el Fujimori bogotano.

19 DE JULIO: GRANDIOSO PARO CÍVICO NACIONAL CAFETERO

(Convocado por Unidad Cafetera Nacional, y con la participación de la Iglesia, asambleas y concejos, cooperativas y comités municipales de cafeteros, comunales, comerciantes y sindicatos.)

Primero fue la Marcha a Bogotá, el 30 de marzo de 1993. Después, la Marcha a Pereira, el 27 de abril de 1994. Luego la histórica Marcha a Manizales, el 29 de marzo de 1995.

Ahora, con entera justicia, y después de varios años de solicitar solución a los problemas sin obtener respuesta, la Unidad Cafetera ha planteado el paro cívico nacional, en torno a los siguientes cuatro puntos:

• Condonación de las deudas.
• Precio interno no menor de 250 mil pesos por carga.
• Emergencia sanitaria para el control de la broca.
• Respeto a las instituciones cafeteras.

Nunca había sido tan dramática la situación de los caficultores colombianos. Muchos tienen en venta sus fincas o están embargados, y cunde el desempleo.

En Barranquilla: FORO CONTRA EL ALZA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El Frente Amplio Cívico y Popular del Atlántico informa a la nación del éxito del primer foro contra el alto costo y la mala calidad de los servicios públicos domiciliarios y su privatización, realizado el 10 de junio en las instalaciones de Comfamiliar, contando con la presencia de doscientos delegados, el presidente nacional de Sittelecom, Eberto López, el personero distrital, Álvaro Andrade, delegaciones de Baranda, Galapa y un centenar de asistentes de diferentes barrios de Barranquilla.

El evento fue convocado por el Frente Amplio Cívico y Popular del Atlántico, integrado por la Unión de Trabajadores del Atlántico, Utral-CGTD, la CUT, la Asociación de Educadores del Atlántico. ADEA, Fetracosta, la Asociación de Juntas Comunales del Distrito, el Sindicato de la Electrificadora del Atlántico, Sintracreditario, los Consejos Comunitarios, Sittelecom, el Sindicato de la Telefónica, la Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos, Sinucom y la Asociación Cívica Cultural del Barrio La Victoria.

Un total de nueve ponencias fueron debatidas en el foro. Tuvieron como denominador común el rechazo a la toma de la ciudad como modelo piloto nacional de privatización de los servicios, obedeciendo a los mandatos del Banco Mundial. Se protestó contra la estratificación socioeconómica, el aumento del impuesto predial y el exagerado incremento en las tarifas de los servicios públicos.

Se aprobaron las siguientes conclusiones:

1. Propuesta de paro cívico departamental como preámbulo a uno de carácter nacional.

2. Creación de un comando departamental de paro, que coordine las tareas preparatorias,

3. Creación de comités de barrios y cuadras, que organicen la movilización de los vecinos para los reclamos respectivos, con miras a la realización de una gran marcha de protesta.

4. Apoyar e impulsar la creación de un Frente de Resistencia Civil contra la política neoliberal del gobierno de Samper.

SAN ANDRESITOS EN PIE DE LUCHA

En multitudinarias manifestaciones, los comerciantes de los Sanandresitos han defendido el derecho al trabajo. Es su respuesta a la política samperista que los persigue so pretexto de combatir el contrabando mientras fomenta masivas importaciones y aprueba normas que profundizan la crisis de los productores patrios.

Los Sanandresitos han formulado sensatas propuestas al gobierno para transitar gradualmente hacia una mayor formalización de su actividad, sin la amenaza de la represión y la ruina. Pero el gobierno, en actitud abiertamente intransigente, ha anunciado en los últimos días que arreciará su plan persecutorio contra ellos. Desde el 16 de mayo la DIAN, apoyada en nutridos destacamentos militares, se tomó varios Sanandresitos de Medellín, y el pasado lunes 10 de julio allanó tres bodegas en Bogotá. Por tal razón la Federación de Sanandresitos de Colombia ha intensificado su lucha y para ello ha contado con la solidaridad de la CGTD y sus sindicatos filiales, de múltiples sectores de la sociedad y de nuestro Partido, a través de su senador Jorge Santos.