Jornada Nacional de Protesta del 16 de marzo: «RESISTIR LA FEROZ ARREMETIDA GRINGA Y SALVAR LA PATRIA»

Comunicado del MOIR

Héctor Valencia, Secretario general; Bogotá, marzo 15 de 2000

Colombia vive hoy el mayor grado de dominación imperialista en toda su historia. Llegando a extremos intolerables de vasallaje, el gobierno de Pastrana calca al pie de la letra los programas y recetas que Estados Unidos y sus organismos de colonización disponen a su arbitrio para consolidar su hegemonía en todo el mundo. Los demócratas y patriotas demandan al unísono del Comando Nacional Unitario una convocatoria amplia y combativa a fin de resistir la feroz arremetida y salvar la patria.

El acuerdo reciente con el Fondo Monetario Internacional, cuyos aspectos principales han quedado incluidos en el Plan Colombia, socava aún más nuestra soberanía económica y nos coloca totalmente bajo la férula del Banco Mundial, el FMI, el Departamento de Estado y otras agencias del intervencionismo norteamericano.

Tales dictados imperiales obligan al gobierno a tramitar en el Congreso varios proyectos de ley: la reforma de la seguridad social, la reforma tributaria y el reordenamiento territorial, la reforma a la justicia y la penalización de menores, entre otros, conducentes a cercenar aún más la función social del Estado, amortiguar el déficit fiscal y satisfacer las obligaciones con la banca extranjera. Estas reformas y el proyecto sobre el Código Sustantivo del Trabajo nos volverán a los albores del siglo XX en materia de legislación laboral y seguridad social, pues buscan arrancarle a la clase obrera, de un solo tajo, lo conquistado en cerca de cien años de luchas valerosas.

Paralelamente, el gobierno de Pastrana adelanta un agresivo proceso de reestructuración en los sectores de la salud y la educación, como también en las entidades estatales de orden territorial, lo cual dejará en la calle a más de cien mil trabajadores y privará a los colombianos de sus derechos más elementales. Cientos de municipios, incluidas importantes ciudades, han caído en la bancarrota por causa de las políticas oficiales, situación cuyas nefastas consecuencias recaen sobre los trabajadores y la población más pobre. En los últimos tres años las entidades territoriales han despedido a más de 60 mil asalariados. Ante la inminencia del cierre se encuentran más de 40 hospitales públicos y clínicas del Seguro Social, lo que hará aún más grave el ya deprimente cuadro de abandono y pauperización, con pacientes falleciendo a diario en las aceras de los centros asistenciales. Toda esta calamitosa e intolerable situación ha llenado de coraje a decenas de millares de colombianos, que reclaman a gritos que el movimiento sindical y los sectores populares acometan acciones firmes y perseverantes en defensa de sus más elementales y sentidos derechos.

En varias regiones la población ya está librando ejemplares batallas. El azote al menguado presupuesto del pueblo, fruto de la extorsión y el robo a que lo someten las multinacionales que se apropiaron de las empresas de servicios públicos, ha provocado fuertes estallidos en Cartagena, Codazzi, Tulúa y en la zona de Ciudad Bolívar en Bogotá, entre otros muchos sitios, en protesta contra Codensa, Aguas de Barcelona y los demás consorcios foráneos. El desmonte de los subsidios y la privatización de las empresas han encarecido escandalosamente las tarifas de los servicios que pagan las gentes y, además, han mermado la cobertura y congelado los proyectos de expansión.

Los trabajadores del sector financiero también son blanco de la embestida pastranista. Buscando aniquilar la banca pública, el gobierno ya liquidó la Caja Agraria y el BCH y se apresta a feriar el Bancafe. Al mismo tiempo, los banqueros han desatado una ofensiva que, con la expresa intención de bajar los costos laborales, recarga las funciones de los empleados y elimina puestos de trabajo. Más de diez mil trabajadores han sido despedidos en esas entidades, y miles más están amenazados en los bancos de la República, Bogotá y Cafetero, así como en las corporaciones y la banca cooperativa. La hora demanda con urgencia la unidad de todos los sindicatos del sector en procura de poner freno a los atropellos del capital financiero nacional e internacional.

Los efectos de la crisis agraria, que cada día se agrava más, hacen sentir sus drásticas secuelas. La producción nacional se halla en la ruina. Estamos importando 50% de la alimentación del país, a tal punto que se están aprobando importaciones de nuestro producto insignia, el café.

El gobierno les ha facilitado a las trasnacionales el acentuamiento de la explotación de recursos tan estratégicos como el carbón, el gas, el níquel y el petróleo, entre otros, así como el asalto a las empresas generadoras de energía y la monopolización de las telecomunicaciones.

En síntesis, el imperialismo continúa afianzando a pasos agigantados la toma económica, política y militar de Colombia. El acuerdo con el FMI, el Plan Colombia y las demás disposiciones del gobierno sirven sin excepción a tan torvo propósito. El futuro de la nación está comprometido, mientras nos sumimos aceleradamente en el atraso material y social.

La hora demanda una postura de resistencia patriótica. Con las centrales obreras a la cabeza, los diversos sectores sociales y de la producción deben aunar sus esfuerzos y disponerse a detener, sin temores ni vacilaciones, tan destructivo ataque contra la nación. El Paro Cívico Nacional debe comenzar a prepararse ya mismo de manera amplia y vigorosa con miras a su realización pronta y eficaz. Las peleas sectoriales deben contar con la solidaridad y el acompañamiento del Comando Nacional Unitario, pues todo pleito de las masas contra la dominación imperialista debe ser estimulado. El momento exige de nosotros la mayor consecuencia si no queremos ver que la política del imperialismo norteamericano, como la contenida en el Plan Colombia, siga hundiendo a la nación en la subyugación política , el estancamiento económico y el retraso cultural propios de las colonias.

El MOIR persiste en este llamamiento a la unidad contra la dominación imperialista y, junto a todos los patriotas y demócratas, dedicará sus mayores y más tenaces esfuerzos a la tarea de concretarla.

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR.

Comité Ejecutivo Central.

24 BARRIOS DE MEDELLÍN REALIZAN PARO CÍVICO CONTRA VALORIZACIÓN

Javier Garcia

Con la exigencia de que no se recurra al sistema de valorización para ampliar la Carrera 76, al occidente de Medellín, 24 barrios de los sectores de Belén y Laureles que abarcan una población de 300 mil personas saldrán al paro cívico el 6 de abril desde las seis de la mañana. El movimiento fue aprobado en multitudinaria asamblea por el Comité Coordinador Central, alrededor de esta consigna: “Todos al paro cívico por la suspensión inmediata de la facturación y por la devolución de los dineros recaudados por el Inval”.

En numerosos foros, conferencias y publicaciones, los organizadores han denunciado que el gobierno municipal ha decidido descargar sobre la ciudadanía el pesado gravamen de valorización, pese a que es clamoroso y unánime el rechazo en todas las comunidades afectadas. El verdadero origen del impuesto, señalan, tiene que ver con la reforma tributaria territorial, enmarcada en el nuevo Plan de Ordenamiento, y con la sustancial reducción de las transferencias a los municipios. Con ambas medidas, impuestas por la banca internacional, Pastrana les garantiza a los mandamases de las finanzas que cumplirá obedientemente con el servicio de la deuda externa.

Aunque el Tribunal Administrativo de Antioquia falló recientemente en favor de la comunidad, ordenándole al Inval no cobrar valorización en casi la mitad de la obra, la administración municipal acaba de apelar ante el Consejo de Estado.

Dando prioridad a la acción de masas y conscientes de que nada les será regalado, los diversos comités realizaron una resonante marcha de antorchas y otra de cacerolas, la primera de este género en el Valle de Aburrá, con participación de miles de ciudadanos.

El 6 de abril, el paro cívico será una vital expresión de los anhelos democráticos del pueblo medellinense y se suma al torrente de protestas contra la política antinacional de Pastrana.

REPRESIÓN EN WASHINGTON

Las manifestaciones y disturbios de los días 16 y 17 de abril en la capital de Estados Unidos fueron la continuación de las que se presentaron a finales del año pasado en Seattle. En las más recientes, los ataques se orientaron contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y en las de diciembre el objetivo fue la Organización Mundial del Comercio. Tres nombres distintos al servicio del imperio de las transnacionales. “Cucarachas del mismo calabazo”, diría un campesino costeño.

Es que los dos organismos multilaterales de crédito, el FMI y el BM, y el ente que rige los destinos del comercio mundial, la OMC, son desenmascarados cada vez más por los pueblos del mundo como instrumentos fundamentales para aplicar la política imperialista de globalización que arrasa con la economía de decenas de países y aumenta el desempleo y la miseria de las masas al barrer con las fronteras nacionales e imponer la libertad de mercados. Tal es la situación que incluso Paul Krugman, quien hasta hace poco tiempo fuera uno de los más importantes teóricos y defensores de esa política, aparece ahora haciendo declaraciones contra esos organismos. En su libro Hacia una gran recesión (página ) dice: “ Si a alguien le gusta el Fondo Monetario Internacional es una mala señal porque este es un prestamista de última instancia, a donde se va en busca de dinero cuando los gobiernos tienen problemas. Y los prestamistas de última instancia practican un amor doloroso”.

Contra ese “amor doloroso” se vienen ampliando las luchas populares en distintas regiones del planeta. En América Latina es difícil encontrar un país donde no se hayan dado masivas expresiones de rechazo contra las políticas agenciadas por las tres instituciones. Ecuador y Bolivia, Brasil y Costa Rica son ejemplos claros de la ira popular contra las políticas imperialistas. Y entre esas protestas crecientes, las ocurridas en la capital del imperio son de especial importancia “porque contribuyeron a aumentar la conciencia en el público sobre el papel del FMI y el BM”, porque “los acontecimientos demostraron que el periodo de dulce indiferencia de la opinión pública hacia las actividades del FMI y del Banco Mundial terminó”, y porque la mayor represión en Washington muestra claramente que “el país más democrático del mundo” no vacila en utilizar la violencia, así sea en sus mismas calles, si sus intereses son amenazados.

El primer Congreso Nacional Panelero: CREADA UNIDAD PANELERA NACIONAL

Pedro Nel Camargo Acevedo

El Congreso Panelero Nacional celebrado en Moniquirá, Boyacá, el pasado 25 de marzo constituyó la primera gran victoria de los productores de este importante sector del agro Colombiano. A la espléndida reunión concurrieron mil delegados de 74 municipios pertenecientes a diez departamentos y un sinnúmero de organizaciones y personalidades solidarias con sus propósitos.(1)

El evento fue instalado por el Alcalde de Moniquirá, LUIS ALBETO SAENZ LEGUIZAMON, y presidido por ANGEL MARIA CABALLERO y JORGE ROBLEDO, presidente y secretario respectivamente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, la organización convocante del Congreso. En sus deliberaciones, el Congreso tuvo como sus ponentes centrales a los dos dirigentes mencionados. Ángel María Caballero abrió su intervención explicando el carácter independiente de Salvación Agropecuaria, reseñando su corta pero brillante historia de luchas a favor de la producción agraria nacional y continuó invitando a los labriegos y empresarios agrícolas esquilmados por la apertura económica a unirse y conformar un poderoso frente por salvaguardar nuestras tierras y haberes productivos e invocando al economista Eduardo Sarmiento, dijo que la consigna a imponer para lograrlo debe ser la de: «colombiano compra colombiano». Denunció los convenios internacionales de libre comercio firmados por el gobierno, expresando su naturaleza lesiva al interés nacional por que parten del criterio de «vender a Colombia en el exterior y por ese camino no va a salir adelante la población colombiana». Así mismo, fustigó con vehemencia las medidas neoliberales de privatización de las empresas estatales y los despidos de trabajadores que profundizan la miseria de las masas y acrecientan la recesión económica causada por la aplicación a rajatabla de diez funestos años de apertura.

Caballero instó a los paneleros a organizarse y resistir siguiendo la senda abierta por los cafeteros y arroceros, con la seguridad de que sólo su firme unidad y su disposición a luchar sin vacilaciones podrá impedir su desaparición del escenario productivo nacional. Remató explicando el programa de los siente puntos de Salvación Agropecuaria y convocando a los cañicultores del país a «hacer la marcha de la panela, de las mieles, que embadurne toda la carrera séptima de melaza», como el primer paso para conquistar un lugar bajo el cielo de Colombia.(2)

Jorge Robledo puntualizó en su ponencia que la importancia de la producción panelera no se compadece con la poca respetabilidad que tiene en la política agraria oficial y atribuyó este fenómeno a la dispersión y falta de unidad organizativa de los productores del ramo. Dado que en el país se cultivan 200.000 hectáreas en caña panelera en 236 municipios y la elaboración de panela se hace en 27 mil trapiches artesanales, generando 350.000 empleos directos y un millón de empleos indirectos, lo cual lo ubica como el segundo producto agrícola, después del café, en ocupación laboral agraria del país.(3)

Si se tiene en cuenta, señaló Robledo, que de las 70.000 unidades agrícolas dedicadas al laboreo de la panela, muy contadas sobrepasan el promedio nacional para el sector de 10 hectáreas con la excepción de algunos productores empresariales de la Hoya del Río Suárez, el Norte del Valle y Risaralda; sumado a la ausencia de capital, créditos, transferencia de tecnología y sólidas redes de comercialización; la competencia con los monopolios azucareros estrechamente vinculados al capital financiero nacional e internacional, dedicados al cultivo de caña de azúcar en tierras planas, mecanizadas y con uso intensivo de capital y tecnología en sus ingenios, reviste una desventaja insuperable para los pequeños y medianos productores de panela. Por lo tanto, concluyó, creemos que si hay un producto seriamente amenazado en su existencia en Colombia, es la panela. Esta es la razón por la cual Salvación Agropecuaria asumió la tarea urgente de estimular la organización de sus cultivadores y fabricantes artesanales. La panela debe su permanencia en la vida productiva nacional, afirmó el dirigente agrario, a una razón sencilla: desde la década del 40 el Presidente Eduardo Santos ante el intento de los azucareros de tomarse el mercado de la panela fabricándola en sus ingenios tomó una decisión correcta: prohibió su elaboración a escala industrial, sentenciando que los ricos a la azúcar y los pobres a la panela. Medida refrendada por Virgilio Barco, después de que en 1987 los magnates azucareros hicieron otra intentona por adueñarse del mercado, dictando la Ley 40 de 1990, la cual en su artículo primero mantiene la prohibición de elaborar panela industrializada y en el quinto prescribe que no puede fabricarse a partir del azúcar y las mieles de ingenio. Es decir, si la panela debe su existencia a una norma legal, los paneleros deben convertir en el eje de su lucha el principio que la fundamenta: la producción de panela en Colombia debe continuar reservada para la caña panelera y los trapiches artesanales, reiteró Robledo.

Para salvar el negocio panelero, afirmó el expositor, es necesario exigir a Pastrana el cumplimiento de la Ley, burlada por los ingenios con el expediente truculento de vender el azúcar y las mieles a sus calanchines para derretir panela, inundando el mercado nacional del género con un producto fraudulento, dañino para la salud de los consumidores, sin las características alimenticias y nutricionales de la panela, que por ser más barata que la auténtica la desaloja del mercado. Apenas el año pasado derritieron 250 mil toneladas de mieles y azúcar, ganándose los falsificadores de panela, con la abierta complicidad del gobierno, el 20.8% del mercado y deprimiendo los precios de compra al productor en 50% en todo el país.

La nueva arremetida contra la panela, continuó Robledo, proviene de la nefasta aplicación de la apertura, pues con ella empezó a entrar panela mas barata de los paupérrimos campesinos ecuatorianos, y las industrias licoreras empezaron a hacer sus alcoholes con mieles importadas, privando a los productores nacionales de este recurso de comercialización y abaratando más el precio de su producto, pues ingresa mas panela al mercado. Para completar la arremetida está a la espera de la licencia ambiental un ingenio panelero de 30 mil millones de pesos que se montó en el departamento del Cauca bajo las exenciones tributarias de la Ley Páez – de las desgracias de los pobres se sirven los señorones – el cual de entrada acapararía 10% de las ventas debido a sus menores costos de producción y a que utilizaría los 55 mil puntos de distribución que posee la Casa Luker S.A, en flagrante violación a la Ley 40 de 1990. Esta tercera arremetida de los pulpos financieros y azucareros, tienen origen en el aumento de sus siembras de caña de 125 mil a 200 mil hectáreas de 1992 a 1999, en las pérdidas que la crisis nacional les ha provocado en los últimos años y en que así se preparan para cuando el gobierno decida levantar, por presiones de la Organización Mundial del Comercio, el arancel de 105 % que protege el azúcar colombiano con lo que se daría una avalancha de importaciones de ese producto. Y también porque su posición obedece a la idea de que consideran más provechoso unirse con los patrones del neoliberalismo que unirse con la nación contra éstos, concluyó el dirigente de la Asociación por la Salvación Agropecuaria.

Para defender el cultivo y el laboreo de la panela, un producto consustancial a la nacionalidad, comoquiera que está presente en la historia nacional desde los tiempos coloniales y hace parte de la cultura ancestral de nuestro pueblo, además de ser un producto básico en la dieta alimenticia de la población más pobre del país, es necesario que sus sufridos protagonistas, los paneleros, asuman la tarea de crear su propia organización para batallar al lado del resto de los agricultores en procura de impedir que los conjurados neoliberales en el poder logren barrerlos de la faz de Colombia y, en todo caso, si lo hacen no sea como fruto de su resignación, sino en franca lid, pues no está muerto quien pelea sentenció, para finalizar, Jorge Robledo. En su parte resolutiva, el I Congreso Panelero Nacional aprobó exigirle al gobierno nacional que se mantenga la panela como un producto reservado para los cultivadores de caña panelera y los trapiches artesanales. Emitió un rotundo rechazo a las políticas neoliberales de apertura a las importaciones que permiten que Colombia se inunde de panela, mieles y alcoholes producidos en otros países y, en consecuencia, exigió al gobierno de Andrés Pastrana el cierre de dichas importaciones y el cumplimiento de la Ley 40 de 1990, prohibiendo la elaboración industrial de panela y los derretideros de azúcar y mieles de ingenio.

El Congreso rechazó unánimemente la puesta en funcionamiento del ingenio panelero de Padilla, Cauca, por la firma Desarrollos Empresariales Caucanos S. A y la concesión de la licencia ambiental a dicho proyecto por ser ruinoso para el interés de 350 mil familias paneleras y por que así lo determinó en dos instancias la corporación regional del Cauca, y es manifiestamente violatorio de la Ley 40 de 1990. Así mismo, aprobó con alborozo la constitución de la Unidad Panelera Nacional, la cual en adelante será la organización que aglutine a los cultivadores de caña y los productores de panela en trapiches artesanales en todo el territorio de Colombia. La novel agremiación se guiará por el principio de mantener una celosa independencia respecto frente al Estado colombiano y a los gobiernos que lo representen y defenderá sin vacilaciones oportunistas todos y cada uno de los intereses de los paneleros relativos a precios, créditos, deudas, costos de producción, tecnificación, respaldo estatal a su actividad y fiscalizará la utilización de los recursos del Fondo Nacional Panelero.

Unidad panelera defenderá a los paneleros sin distingos de ningún tipo, sin importar su condición económica, extracción política o creencia religiosa y hará esfuerzos por la unificación de los reclamos de todos los paneleros, y no reconoce adversarios en ninguna organización del sector que exista en Colombia y promoverá su unidad para fortalecer las reivindicaciones de los productores ante el gobierno nacional.

En cuanto a sus métodos de lucha, Unidad Panelera sólo empleará como mecanismos de presión aquellos que autoricen las formas civilizadas y democráticas de reclamo y, bajo ninguna consideración o motivo, empleará la violencia para la defensa de los intereses de sus agremiados o la consecución de sus fines.

Conformó una Junta Directiva Nacional integrada por 30 miembros representativos de las regiones productoras de panela y la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria nombró como su Coordinador a Pedro Nel Camargo. A su vez, refrendó la afiliación a ésta, acogió su programa y respaldó sus procedimientos de acción.

El Congreso repudió las importaciones de todos los productos del agro que puedan producirse en Colombia y exigió al gobierno nacional el cese de las políticas neoliberales que las estimulan y autorizan. En particular, rechazó la pretensión de desproteger la industria azucarera y cualquier importación de azúcar al país. Respaldo la lucha de los arroceros por este motivo y apoyó las jornadas de Unidad Cafetera Nacional en contra de la política antinacional de importar café a Colombia.

Acordó condenar cualquier proceso judicial, embargo o remate contra los endeudados productores de panela, a causa de la crisis de los precios de esta y las onerosas tasas de interés de sus créditos y se solidarizó con la Asociación por la Salvación Agropecuaria en su exigencia de condonación total de las deudas del sector agropecuario y reclamó lo propio para las deudas de los paneleros.

Finalmente, el Congreso aprobó autorizar a la Junta Directiva Nacional de Unidad Panelera para gestionar una reunión con el Presidente de la República a fin de solicitarle soluciones a la grave crisis panelera centradas en la suspensión inmediata de las importaciones de panela, mieles y alcoholes; la efectiva eliminación de la producción de panela de los «derretideros» de azúcar y la negación de plano de la licencia ambiental al ingenio industrial de panela en Padilla, Cauca. En caso de que el gobierno no atienda estas justas peticiones los paneleros harán una Gran Marcha Nacional el 30 de Mayo a la ciudad de Bogotá, para respaldar sus reclamos ante Andrés Pastrana y hacer sentir su voz en toda Colombia.

Estoy convencido de que la arremetida por “cortarle de noche el corazón a la caña”, como en la canción de nuestro juglar José A Morales, encontrará una poderosa resistencia entre los duros labradores y empresarios de la panela que habrá de confirmarse en esta primera demostración de dignidad y valor, que será la marcha panelera anunciada, y que la nación recibirá gozosa la noticia de que un nuevo bastión de compatriotas se ha sumado a la batalla para detener la oscura conspiración neoliberal que ha puesto en almoneda su economía, su trabajo, su alimento, sus valores, sus tradiciones y su cultura. Para entonces el maestro Morales descansará en paz, porque ya no tendrá que lamentar que “un funeral de luceros, cubre la piel de la patria”. (4)

NOTAS

(1) Al Congreso asistieron delegados de 26 municipios de Santander, 9 de Boyacá, 4 del Tolima, 4 de Cundinamarca, 8 de Antioquia, 8 de caldas, 5 de Risaralda, 8 del Cauca, 1 del Cesar y 1 del Meta.

Entre otras, asistieron las siguientes organizaciones agrarias: Agropemca, Agameta, Fundagro, representantes de Fedepanela y Asopanela, ACIA, Coopanelas Santander y Anuc. Las organizaciones obreras USO, Fecode, Uneb, Sindimaestros Boyacá, Anthoc, y Adida.

Los parlamentarios Ciro Ramírez, Aristides Andrade y Juan de Dios Alfonso; diputados de Boyacá y Antioquia, concejales de Cundinamarca, Santander y Boyacá, 10 alcaldes de Boyacá y Santander y los candidatos a la gobernación por estos dos departamentos, Gustavo Suárez y Jorge Gómez Villamizar. Así mismo, cinco párrocos de la zona sede del Congreso.

(2) Intervención de Angel María Caballero en el Congreso Panelero Nacional. Grabación magnetofónica. Moniquirá (Boy) marzo 25 del año 2000

(3) Intervención de Jorge Robledo en el Congreso Panelero Nacional. Grabación Magnetofónica. Moniquira, marzo 25 de 2000.

(4) José A Morales. Bambuco El corazón de la caña.

NO A LA PRIVATIZACIÓN Y AL CIERRE DE OFICINAS EN BANCAFE

(Rechazamos cierre de oficinas en Banrepública y la liquidación del BCH y el Banestado)

Por Ólger David Forero

El antiguo Banco Cafetero, hoy Bancafe, cerrará cien oficinas y despedirá a dos mil trabajadores.

La abultada deuda externa pública y privada, la desindustrialización, la ruina en el campo, el desempleo y el abaratamiento de la mano de obra, las altas tasas de interés, afectaron la capacidad de compra de los colombianos. En consecuencia, en los diez años de la apertura el ahorro nacional disminuyó drásticamente y los sectores productivos se quebraron, de modo que, por reflejo, la banca pública entró en crisis y, por tanto, también el Bancafe. Además, la administración del Banco, acatando las orientaciones del BM, del FMI y del gobierno de Pastrana, no le presta al caficultor; únicamente 4% de su cartera está ubicada en el fomento del sector cafetero y 96% se concentra en sectores diferentes.

A esto se suma la campaña de prensa orientada a buscar el retiro de sus clientes con el cínico pretexto de combatir la corrupción, con el cual se busca justificar el cierre de la banca pública o su privatización. Ya fueron liquidados otros dos bancos oficiales, el BCH y el Banestado. Y ahora, como las muchas oficinas de Bancafe son un obstáculo para la expansión de la banca privada, nacional y extranjera, se van a cerrar cien de ellas. Todo esto configura un plan siniestro del gobierno que apunta a eliminar la rentabilidad e incluso la existencia de Bancafe.

Dado que en la negociación del último pliego los trabajadores de la institución dieron con su huelga un ejemplo de altivez, nos compete incrementar este espíritu de descontento. Si casi la mitad de los trabajadores están a las puertas del despido, y rechacemos cualquier plan de retiro “voluntario” o expresiones de resignación o acomodo ante los atropellos.

El gobierno, por intermedio de Fogafin, tomó posesión del banco para privatizarlo. Este rumbo se vio facilitado al pactarse en la última convención colectiva la pérdida para los nuevos trabajadores de una serie de conquistas. Las direcciones sindicales deben cambiar posturas inconsecuentes, como las asumidas en los resultados finales de las negociaciones de los pliegos.

UNEB, Astraban, Anebre, ACEB y Sintrabancol debemos hacer una sola causa para defender Bancafe; para denunciar el despido de 3.700 compañeros del BCH y del Banco del Estado, que fueron arrojados de las oficinas, como antes en la Caja Agraria; para rechazar el despojo de $ 600 mil millones que hacían parte del Fondo Pensional del ISS, dueño del BCH; y para repudiar el cierre que se hizo de la oficina del Banrepública en Buenaventura, y de otras cuatro que ya se han programado. En la banca privada se anuncian casi cinco mil despidos, de tal manera que alrededor de veinte mil trabajadores van al asfalto, casi la tercera parte de la fuerza laboral bancaria.

Ante la gravedad de la situación, consideramos que es urgente convocar un encuentro nacional bancario que programe tareas de fondo encaminadas a impedir todos estos desafueros. El evento debe ser seguido de encuentros regionales que promuevan y ejecuten estas tareas y que jalonen subsiguientes movilizaciones y batallas en todos los municipios. Esta lucha habrá de contar con la solidaridad inmediata de todos los bancarios y sus sindicatos, especialmente de la CUT y del Comando Nacional Unitario de Paro. El paro de medio día del 16 de marzo en Bancafe fue un buen comienzo, pero no basta.

El MOIR propone que el movimiento sindical bancario: a) Señale el papel del imperialismo en la banca como contrario a los intereses de la nación y combata la política de más entrega de la nación al imperialismo por el gobierno de Pastrana; b) Pugne por una línea de masas y declare el rechazo a toda acción que se haga aislada de los trabajadores; c) Se comprometa a una irrestricta defensa de los derechos de los trabajadores; d) Practique la democracia interna en la vida de las organizaciones sindicales y combata el sectarismo; e) Impulse el sindicalismo de industria y la unidad del movimiento obrero colombiano.

SE CREA EN MEDELLIN COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO

Por Eduardo Benavides Legarda

Por convocatoria de las centrales obreras CUT y CGTD, de la USO, la Asociación de Educadores de Antioquia –Adida-, el sindicato de ISA, Sintraemdes, Sintraelecol y Cedetrabajo, se realizó en Medellín, el 14 y 15 de marzo, la Jornada por la Defensa del Patrimonio Público, para fijar tareas de lucha contra la privatización de Isagen.

Intervinieron en el foro los dirigentes del sindicato de ISA e Isagen; Jorge Enrique Robledo Castillo, en representación de Cedetrabajo y las ligas de usuarios; Álvaro Villegas Moreno, por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros; los concejales de Medellín, Carlos Alberto Zuluaga y Jorge Mejía; Gonzalo Álvarez, ex concejal de la ciudad; Carlos Julio Díaz, de la CUT, y Carlos Bustamante, de la CGTD. Todos ellos fueron enfáticos en rechazar la privatización del patrimonio público y, en especial, la del sistema eléctrico.

Al final se aprobó la declaración “Llegó la hora de defender el patrimonio público”, y se creó un comité permanente, con carácter amplio y democrático. En la declaración se convoca a los antioqueños a unificar acciones para “impedir que se entregue al capital privado internacional el patrimonio público, que es fruto del esfuerzo de varias generaciones de colombianos”.

En defensa de Empresas Públicas de Medellín, el documento señala que al privatizar el sistema eléctrico nacional se le estaría oponiendo a aquélla una competencia desventajosa que “crearía las condiciones necesarias para su debilitamiento y posterior venta”.

Afirma también: “Todos los colombianos debemos rechazar la pretensión del gobierno de privatizar ISA e Isagen, que además son bienes estratégicos, porque si un operador privado controla la producción y la distribución de energía eléctrica, eventualmente podría ocasionar un colapso económico del país. La soberanía económica y la seguridad nacional estarían en grave riesgo”.

A esta declaración se sumaron, además de las personalidades y organizaciones que intervinieron en la Jornada, asociaciones y sindicatos como Asmedas, Anusif, Ademi, Asdem, Sindecol, Sintrashellmar y otros. Del comité se invitó a hacer parte a todos los partidos políticos, a las organizaciones sindicales, sociales y cívicas, a la Iglesia, a las autoridades regionales y locales, a los congresistas, diputados y concejales, a los intelectuales y a las personalides patrióticas y democráticas.

El Comité Permanente se ha trazado como meta el lograr la suspensión definitiva de todos los procesos de privatización que hoy adelanta el gobierno de Andrés Pastrana.

FALLECÍO GLIBERTO VIEIRA

El pasado 25 de febrero murió en Bogotá Gilberto Vieira, veterano dirigente del Partido Comunista y destacada personalidad de la política colombiana del siglo XX.

Vieira abrazó la causa del Partido Comunista desde su fundación, en julio de 1930, y a partir de entonces, estuvo orientando luchas obreras y campesinas en distintas regiones del país. Perseverante en esta brega fue elegido secretario de esa colectividad en 1947, responsabilidad que ejerció hasta 1991. En este empeño se le vio trabajar febrilmente en la tribuna parlamentaria, en la plaza pública y en el periodismo político.

Cuando en 1954 la tiranía gobernante declaró “prohibida la actividad política del comunismo internacional”, Gilberto Vieira debió arrostrar este fatídico período que, obedeciendo los intereses de Estados Unidos en la «guerra fría», laceró la vida nacional y tuvo graves secuelas antidemocráticas.

A comienzos de los años setentas, el MOIR se avino con el Partido Comunista para forjar un frente antimperialista, concebido como simiente de una república soberana, democrática y gobernada por las clases laboriosas. Así nació en 1973 la Unión Nacional de Oposición, UNO, que pudo acuñar un programa revolucionario contra la dominación norteamericana y permitió que la izquierda concurriera con listas unitarias a los comicios de 1974. En ese mismo periodo logramos acuerdos con dicho partido con el propósito de desbrozar caminos hacia la unidad del sindicalismo independiente.

Debemos decir que en razón de las profundas diferencias entre el MOIR y el Partido Comunista en torno a sustanciales problemas de la revolución colombiana y de la emancipación de los pueblos, nuestras relaciones con Viera estuvieron signadas por la divergencia y la polémica. Mas nada de esto fue obstáculo para que consecuentemente condenáramos las tropelías y crímenes aleves contra el partido y los correligionarios del dirigente desaparecido.

El MOIR respeta la memoria del compañero Gilberto Vieira y hoy quiere dar el testimonio de condolencia a la dirección y a toda la militancia del Partido Comunista, así como a su familia, por la lamentable pérdida del ilustre colombiano.

Triunfo de la USO y del pueblo llanero: ÁREA PETROLERA DE CUBARRAL REVIERTE A LA NACIÓN

El pasado 30 de enero venció el primer contrato de asociación para la explotación de hidrocarburos firmado en el país, y suscrito en 1973 entre Ecopetrol y la multinacional Chevron, de Estados Unidos. El área, llamada Cubarral, de 19.202 hectáreas, situada al nororiente del Meta, comprende los ricos campos de Chichimene y Castilla y cuenta con reservas de 175 millones de barriles de petróleo crudo, que a partir de ahora beneficiarán a la nación. Actualmente se extraen 30 mil barriles diarios, a un costo de producción por unidad de 1.68 dólares, lo cual representa una rentabilidad excelente.

En el contrato inicial estaba estipulado que en el año 2000 Cubarral revertiría a la nación sin costo alguno. Sin embargo, después de aprovecharse del rico yacimiento durante casi 27 años, la Chevron se dio a urdir toda una serie de intrigas y maquinaciones ante el gobierno de Pastrana, buscando prorrogar sus privilegios por lo menos diez años más.

Poniéndose otra vez a la altura de su misión histórica como defensora de los recursos petroleros de la nación, la USO consiguió que en la última convención colectiva se conformara un comité en defensa del interés patrio. Se hizo una intensa propaganda y se formaron comisiones pro reversión, con los demás sectores del movimiento obrero con la comunidad, en las veredas y pueblos aledaños a Cubarral. Finalmente, como resultado de esta valerosa movilización y de la lucha del pueblo llanero, prevaleció el derecho de Colombia sobre el de la Chevron, pese a que ésta tenía poderosos padrinos en los altos círculos del poder. A partir del 30 de enero, bajo el lema “Si a Ecopetrol le va bien, al país también”, la empresa estatal viene operando y administrando directamente ambos campos.

La reversión de Cubarral a Ecopetrol sienta bases muy firmes para que pueda plantearse como tarea próxima y factible la terminación de otros 104 contratos con multinacionales foráneas, brillante perspectiva para el futuro de la estatal petrolera.

EL EJE CAFETERO, UN AÑO DESPUÉS

Por Fernando Ruiz

Transcurrido un año largo desde el terremoto del 25 de enero de 1999, la llamada reconstrucción oficial de los municipios afectados presenta un balance tan desastroso como el sismo. De las 450 mil personas damnificadas, más de cien mil permanecen hacinadas en los destruidos barrios populares, en tugurios y cambuches, sometidos a condiciones infrahumanas en espacios de nueve a doce metros cuadrados por familia. Los poseedores de más de 11 mil viviendas situadas en zonas de alto riesgo, que deberán desalojar, no han sido reubicados todavía. Los dueños de unas 70 mil viviendas que requieren reparación urgente y de las 14 mil que deben ser reconstruidas en su totalidad esperan desde agosto un primer desembolso del subsidio, y es tal su tardanza que muchos han tenido que paralizar los trabajos.

Ni comerciantes ni industriales han tenido acceso a los anunciados “créditos baratos” para rehacer sus establecimientos, cinco mil de los cuales colapsaron sólo en el departamento del Quindío. Miles de estudiantes recibirán nuevamente clases este año en improvisados caidizos de tablas porque los principales centros de enseñanza continúan derruidos. Y a la par que mueren los hospitales, el hambre ronda los campamentos y el desempleo cunde.

Ya desde febrero del año pasado se conocía que el valor de los daños superaba los dos billones y medio de pesos y, para marzo, la comisión de la Comisión Económica para América Latina, Cepal, contratada por el gobierno, tasaba en tres billones el avalúo de las pérdidas, incluido el lucro cesante del aparato productivo. El gobierno anunció el aporte de únicamente 200 mil millones, menos del 7% del total requerido, alegando el déficit fiscal y la destinación forzosa del 36% del presupuesto nacional al servicio de la deuda externa. Aun agregando 15 mil millones recibidos por donaciones, el faltante era de 90% de los recursos necesarios. Entonces, por arte de birlibirloque, se redujo de un tajo a un billón 700 mil millones el presupuesto para la reconstrucción, se afirmó que 250 mil millones serían reconocidos por las aseguradoras y se prorrogó el oneroso impuesto del dos por mil con la supuesta finalidad de atender la tragedia. Pero así era necesario encontrar una fuente de recursos para el billón doscientos mil millones restantes y el gobierno recurrió a la única alternativa propia de su naturaleza vendepatria: el endeudamiento con la banca imperialista. “Había un grave evento de financiación –ha reconocido Luis Carlos Villegas, presidente del Fondo para la reconstrucción del Eje Cafetero, Forec, y de la Andi—y teníamos que poner en manos de la banca multilateral esquemas novedosos que le generaran confianza”.

Que fue la banca multilateral la que determinó los “novedosos esquemas” lo muestra con creces el flujo de recursos aprobados: de los 800 mil millones ejecutados en 1999 por el Forec, 600 mil millones, es decir, 75%, provinieron de créditos del Banco Mundial y del BID, lo que determina el rumbo y el modelo de la reconstrucción del Eje Cafetero, un modelo típicamente imperialista que comenzó a ser puesto en práctica desde el momento mismo del terremoto.

Cuatro son sus componentes principales:

Un Fondo, creado como “entidad de naturaleza especial”, adscrito a la Presidencia de la República, dotado de autonomía financiera y expresamente “sometido a las normas y procedimientos del Banco Mundial y del BID en todas las actividades y contratos financiados con recursos de crédito externo”.

Un Consejo Directivo, integrado por siete representantes de los principales grupos económicos del país, nombrados por Pastrana, más el alcalde de Armenia y el gobernador de Risaralda, consejo que “podrá sesionar y adoptar decisiones con la asistencia de tres de sus miembros” (¡de nueve!). Tal organismo quedó investido de plenos poderes para disponer de los recursos del Fondo, sin otra limitación que el visto bueno de los bancos prestamistas.

Unas gerencias zonales, supuestamente encargadas de reemplazar el “corrupto aparato estatal” en la planeación y contratación de actividades para cada una de las 31 zonas en que fuera desintegrado el Eje Cafetero. Esos cargos fueron contratados por el Consejo Directivo con ONG ligadas a los grupos económicos, suplantando a los alcaldes y concejos de los municipios. Los profesionales y las debilitadas empresas de la zona fueron descalificados para la contratación.

Un monitoreo permanente del Banco Mundial y del BID “por intermedio de auditores aceptables a los bancos”. Éstos aprobarán los proyectos, licitaciones y contratos para cada Plan Zonal y a su examen serán sometidos los “términos y condiciones bajo los cuales se llevará a cabo el programa de reconstrucción”, condensados en el Manual Operativo, también impuesto desde afuera.

El resultado es un nuevo aparato burocrático para la intervención, aún más expedita, del capital imperialista. Sus funcionarios son retribuidos con largueza: en 1999, sólo por nómina, las cúpulas del Forec y de las gerencias zonales percibieron 31.805 millones de pesos del Fondo de los damnificados, a pesar de que tan altruistas filántropos todo lo hacen “sin ánimo de lucro”.

Millonarios contratos han sido firmados sin sujeción a las leyes sobre contratación en el sector público. Aquéllas incluyen la obligatoria licitación internacional para las obras de monto superior a cinco millones de dólares o la licitación nacional para las inferiores a tal suma. Pero “si hay empresas extranjeras que deseen participar en la licitación nacional se les deberá permitir que lo hagan” y la oferta ganadora será aquella que, además del precio, acredite la experiencia y solidez financiera exigidas por los bancos. Con ello se garantiza una reconstrucción privatizada, se excluye a las empresas regionales y se transfieren cuantiosas sumas a las firmas ligadas a los monopolios nacionales y extranjeros. No es de extrañar entonces que, como lo confiesa Luis Carlos Villegas, director del Forec, “esta reconstrucción física tenía que ser usada como la gran excusa para la modernización de la infraestructura”, aunque en realidad fueron incluidas como inversiones prioritarias los proyectos represados de la apertura económica. So pretexto de atender la emergencia, se han puesto en primer plano la construcción del túnel de La Línea, la doble calzada La Paila-Calarcá y la consolidación de la Zona Franca en La Tebaida para el establecimiento de maquilas, mientras se aplican las políticas de reducción del gasto público contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Entre éstas, la nueva sisbenización tendiente a reducir el número de familias con derecho a subsidio de salud, la disminución de planteles educativos y del número de docentes mediante la fusión de escuelas y colegios, o la eliminación de centros de salud y hogares comunitarios.

Especulación con la vivienda

Mención especial merece el gravísimo problema de la vivienda. El avalúo de los daños para la mayoría de los propietarios, tras soportar meses de tramitología, ha resultado muy inferior al valor real de las reparaciones, con lo cual se ven obligados a recurrir al crédito bancario. Para los arrendatarios, sector mayoritario de los damnificados, el Forec construyó primero cambuches en tabla forrada y piso de tierra, a razón de 500 mil pesos en promedio. Las constructoras ofrecen ahora 25 m2 en obra negra por cinco millones novecientos mil pesos. Al pie de la letra se cumplen los dictados del Banco Mundial: “Las adquisiciones de bienes por parte de los beneficiarios del componente de vivienda se efectuarán de conformidad con las prácticas comerciales del sector privado”. Tan imperiosa orden significó el año pasado la transferencia de 381 mil millones de pesos a las grandes firmas y al sector bancario. Especulación y usura, sobre las ruinas del Eje Cafetero.

Este modelo de reconstrucción fue ensayado por el Banco Mundial en Centroamérica, con motivo del huracán Mitch, afinado en la zona cafetera colombiana y después aplicado en Venezuela y Turquía, a raíz de las recientes catástrofes ocurridas en esos países. Pero las pretensiones del imperialismo van más allá: “El modelo de la reconstrucción del Eje Cafetero –ha señalado Jaime Ruiz, consejero presidencial—le servirá al Plan Colombia para poner en marcha la ayuda extranjera orientada a la inversión social en el país”. Aclara: “Los dineros que se ejecuten a través del Plan Colombia deben ser entregados a organizaciones no gubernamentales” y “dado que los recursos para el Plan Colombia son aportes del gobierno norteamericano y créditos de la banca multilateral, es indispensable brindar todas las garantías”.

Damnificados se movilizan

Donde se aplique esa política ocurrirá que las masas populares arreciarán la resistencia. En el Quindío, la zona de mayor devastación, el pueblo se puso en pie desde el día mismo de la tragedia, empezando por arrancarles a los burócratas oficiales la masiva solidaridad llegada de otras zonas del país y del extranjero, que aquellos pretendían acaparar para su beneficio mientras las masas desesperaban de hambre y necesidad. Por centenares y miles surgieron hombres y mujeres encabezando organizaciones para atender las más elementales exigencias de alimentación, seguridad y albergue. Ya en marzo de 1999 los múltiples y dispersos comités se unificaron en Asociaciones Municipales de Damnificados, y, el 8 de mayo, se dio nacimiento a la Federación de Damnificados del Quindío. Ésta eligió de una dirección consecuente y presentó al gobierno el Pliego de Exigencias aprobado en centenares de reuniones.

Esgrimiendo el criterio general de lucha por una reconstrucción no privatizada, democrática e inmediata, en los meses siguientes se propagaron consignas unitarias de combate en barrios, alojamientos y veredas, se desenmascararon los planes oficiales en las “mesas de trabajo” y se brindó respaldo a los gremios damnificados. El 20 de agosto se realizó la primera marcha multitudinaria y se conquistó la negociación directa, que obligó al Consejo Directivo del Forec a suspender el cobro de servicios públicos en todos los albergues, entre otras reivindicaciones. El 3 de diciembre, el pueblo se hizo la Segunda Marcha Departamental, también organizada por la Federación. En ella la multitud coreó lemas contra la intervención imperialista y denunció al gobierno vendepatria de Pastrana y al Forec, su aparato de bolsillo. En los siguientes días se conquistó un subsidio de 25 salarios mínimos para los arrendatarios alojados en albergues temporales. Y el 25 de enero, al cumplirse un año del terremoto, desafiando la más siniestra campaña de amenazas y chantajes, la manipulación de la fe religiosa y la abierta represión del aparato militar, miles de damnificados participaron en la exitosa jornada de bloqueos de vías y avenidas en que tomó forma el primer paro cívico convocado por la Federación.

El posterior levantamiento del pueblo de Caicedonia contra el plan oficial, y las continuas manifestaciones de protesta ante el Forec y las ONG son signos de que también el año 2000 será de unidad y combate en todo el Eje Cafetero.

En Cartagena de Indias: MEDIO MILLÓN DE HABITANTES TOMARON PARTE EN EL PARO CIVICO

MEDIO MILLON DE HABITANTES TOMARON PARTE EN EL PARO CIVICO
Por Arlex Arias Arias
Los cartageneros son pacíficos, dicharacheros, tienen más paciencia que el santo Job, están acostumbrados a mamar gallo en los corrillos y todo lo resuelven con una frase que hizo carrera: “Aquí no pasa nada”. Pero este espíritu pasivo y despreocupado empezó a cambiar desde cuando el gobierno de Pastrana escogió al Corralito de Piedra como uno de sus laboratorios predilectos para experimentar el capitalismo salvaje, la apertura y las privatizaciones. A tal punto que hoy podemos decir, como se demostró en el Paro Cívico, que la paciencia de La Heroica está colmada.

Las primeras liquidaciones y privatizaciones de empresas estatales se iniciaron por Cartagena. Fueron destruidas Puertos de Colombia, Álcalis y Conastil, y el ex alcalde Guillermo Paniza, hoy sub judice, ferió las Empresas Públicas al consorcio Aguas de Barcelona y las principales plazas de mercado a los consorcios hoteleros, que, además, vienen encerrando las playas. Posteriormente, sin atender las protestas de la ciudadanía, se vendieron las acciones del Distrito en Telecartagena. Se subastaron a inversionistas foráneos Termocartagena y Electrocosta. El recaudo de impuestos se entregó por más de tres años a una empresa española y va a quedar ahora en manos de fiduciarias. La obra del corredor de carga será financiada mediante un gravamen de valorización contra veinte mil predios. Se ha anunciado la instalación de cinco peajes dentro del perímetro urbano. Y, para cerrar este capítulo de infamias contra el hasta ahora desvalido pueblo de Cartagena, el gobierno municipal dio a conocer que se propone suscribir convenios de desempeño para privatizar hospitales, escuelas y colegios.

Una vez privatizados los servicios, las tarifas se han visto incrementadas en más de ciento por ciento, los barrios reestratificados, los medidores alterados sin control y los rangos de consumo comprimidos. Y así ¡a quién no se le agota la paciencia! Los reclamos de la ciudadanía comenzaron a proliferar. La respuesta espontánea fueron los Comités Anticortes de los servicios públicos, que al principio surgieron en los barrios más afectados, pero que no tardaron en generalizarse a instancias de la dirigencia cívica y sindical. Hasta hoy se han logrado ya constituir 150 Comités Anticortes, una novedosa y combativa forma de organización que sin duda será emulada por el resto de colombianos.

A mediados de 1999 el Comité Coordinador presentó un pliego unificado ante las diferentes empresas de servicios y convocó una movilización para la segunda semana de agosto, preparatoria a su vez del gran Paro Cívico Nacional. En todas estas protestas los cartageneros se lucieron, demostrando que estaban dispuestos a dar la batalla contra los atropellos oficiales.

Como en ningún momento el gobierno se mostró dispuesto a dar rápida y justa solución a los reclamos populares, el Comité Coordinador citó decenas de asambleas zonales en las cuales participaron las federaciones sindicales y sociales, comités cívicos, gremios de transportadores, comuneros y ediles, veedurías ciudadanas y candidatos a las corporaciones. En dichas asambleas, por mayoría abrumadora, se definió el 24 de febrero de 2000 como fecha para el Primer Gran Paro Cívico Cartagenero. Se aprobaron como consignas las siguientes: “Contra los caros y pésimos servicios”, “Por la defensa de la salud y educación públicas”, “Por la no privatización de las playas” y “Por el derecho al trabajo de los vendedores de la economía informal”. Además, el Comandó de Paro designó los responsables de los principales bloqueos y concentraciones, que taponarían la Avenida Pedro de Heredia, la salida a Barranquilla, la carretera de Olaya Herrera, la vía del Bosque y la entrada a Mamonal, el puente Bazurto, el Castillo San Felipe y la zona de los Cuatro Vientos.

El día señalado, la protesta tomó fuerza desde horas muy tempranas. Ya hacia las seis había en las barriadas 35 bloqueos, con quema de llantas y pedreas a los buses que no habían acatado la orden de parar. Al mediodía Cartagena estaba totalmente inmovilizada, las calles y avenidas por entero inundadas de ciudadanos que, entre pancartas y banderas, exteriorizaban su rechazo a la dominación imperialista y al gobierno de Andrés Pastrana.

A las seis de la tarde se suscribió un acuerdo entre el Comando de Paro y la Alcaldía, para iniciar negociaciones en torno de ocho temas: Electrocosta, Acuacar, Telecartagena, aseo-medio ambiente, educación, salud, playas-economía informal, transporte-peajes-valorización.

Carlos Carrascal, coordinador del Comando de Paro y dirigente del MOIR, señaló que el movimiento de La Heroica “es un primer paso conducente a un gran paro regional de la Costa Atlántica. Con su protesta enérgica, el pueblo va a hacer temblar a las multinacionales que pretenden adueñarse de la riqueza nacional explotando el trabajo y expoliando a los habitantes. Así quedó demostrado con el bloqueo que realizaron durante 48 horas los municipios de Turbaco y Arjona, que se sumaron a nuestro Paro Cívico”.

A los cartageneros ya se les agotó la paciencia. Así como son de buenos para bailar, jugar béisbol, boxear y parrandear, acaban de probar que también son inmejorables para la lucha y que están listos a responder al gran llamado del Comando Unitario para el otro, necesario, Paro Cívico Nacional.