Jornada Nacional de Protesta del 16 de marzo: “RESISTIR LA FEROZ ARREMETIDA GRINGA Y SALVAR LA PATRIA”

Comunicado del MOIR

Héctor Valencia, Secretario general; Bogotá, marzo 15 de 2000

Colombia vive hoy el mayor grado de dominación imperialista en toda su historia. Llegando a extremos intolerables de vasallaje, el gobierno de Pastrana calca al pie de la letra los programas y recetas que Estados Unidos y sus organismos de colonización disponen a su arbitrio para consolidar su hegemonía en todo el mundo. Los demócratas y patriotas demandan al unísono del Comando Nacional Unitario una convocatoria amplia y combativa a fin de resistir la feroz arremetida y salvar la patria.

El acuerdo reciente con el Fondo Monetario Internacional, cuyos aspectos principales han quedado incluidos en el Plan Colombia, socava aún más nuestra soberanía económica y nos coloca totalmente bajo la férula del Banco Mundial, el FMI, el Departamento de Estado y otras agencias del intervencionismo norteamericano.

Tales dictados imperiales obligan al gobierno a tramitar en el Congreso varios proyectos de ley: la reforma de la seguridad social, la reforma tributaria y el reordenamiento territorial, la reforma a la justicia y la penalización de menores, entre otros, conducentes a cercenar aún más la función social del Estado, amortiguar el déficit fiscal y satisfacer las obligaciones con la banca extranjera. Estas reformas y el proyecto sobre el Código Sustantivo del Trabajo nos volverán a los albores del siglo XX en materia de legislación laboral y seguridad social, pues buscan arrancarle a la clase obrera, de un solo tajo, lo conquistado en cerca de cien años de luchas valerosas.

Paralelamente, el gobierno de Pastrana adelanta un agresivo proceso de reestructuración en los sectores de la salud y la educación, como también en las entidades estatales de orden territorial, lo cual dejará en la calle a más de cien mil trabajadores y privará a los colombianos de sus derechos más elementales. Cientos de municipios, incluidas importantes ciudades, han caído en la bancarrota por causa de las políticas oficiales, situación cuyas nefastas consecuencias recaen sobre los trabajadores y la población más pobre. En los últimos tres años las entidades territoriales han despedido a más de 60 mil asalariados. Ante la inminencia del cierre se encuentran más de 40 hospitales públicos y clínicas del Seguro Social, lo que hará aún más grave el ya deprimente cuadro de abandono y pauperización, con pacientes falleciendo a diario en las aceras de los centros asistenciales. Toda esta calamitosa e intolerable situación ha llenado de coraje a decenas de millares de colombianos, que reclaman a gritos que el movimiento sindical y los sectores populares acometan acciones firmes y perseverantes en defensa de sus más elementales y sentidos derechos.

En varias regiones la población ya está librando ejemplares batallas. El azote al menguado presupuesto del pueblo, fruto de la extorsión y el robo a que lo someten las multinacionales que se apropiaron de las empresas de servicios públicos, ha provocado fuertes estallidos en Cartagena, Codazzi, Tulúa y en la zona de Ciudad Bolívar en Bogotá, entre otros muchos sitios, en protesta contra Codensa, Aguas de Barcelona y los demás consorcios foráneos. El desmonte de los subsidios y la privatización de las empresas han encarecido escandalosamente las tarifas de los servicios que pagan las gentes y, además, han mermado la cobertura y congelado los proyectos de expansión.

Los trabajadores del sector financiero también son blanco de la embestida pastranista. Buscando aniquilar la banca pública, el gobierno ya liquidó la Caja Agraria y el BCH y se apresta a feriar el Bancafe. Al mismo tiempo, los banqueros han desatado una ofensiva que, con la expresa intención de bajar los costos laborales, recarga las funciones de los empleados y elimina puestos de trabajo. Más de diez mil trabajadores han sido despedidos en esas entidades, y miles más están amenazados en los bancos de la República, Bogotá y Cafetero, así como en las corporaciones y la banca cooperativa. La hora demanda con urgencia la unidad de todos los sindicatos del sector en procura de poner freno a los atropellos del capital financiero nacional e internacional.

Los efectos de la crisis agraria, que cada día se agrava más, hacen sentir sus drásticas secuelas. La producción nacional se halla en la ruina. Estamos importando 50% de la alimentación del país, a tal punto que se están aprobando importaciones de nuestro producto insignia, el café.

El gobierno les ha facilitado a las trasnacionales el acentuamiento de la explotación de recursos tan estratégicos como el carbón, el gas, el níquel y el petróleo, entre otros, así como el asalto a las empresas generadoras de energía y la monopolización de las telecomunicaciones.

En síntesis, el imperialismo continúa afianzando a pasos agigantados la toma económica, política y militar de Colombia. El acuerdo con el FMI, el Plan Colombia y las demás disposiciones del gobierno sirven sin excepción a tan torvo propósito. El futuro de la nación está comprometido, mientras nos sumimos aceleradamente en el atraso material y social.

La hora demanda una postura de resistencia patriótica. Con las centrales obreras a la cabeza, los diversos sectores sociales y de la producción deben aunar sus esfuerzos y disponerse a detener, sin temores ni vacilaciones, tan destructivo ataque contra la nación. El Paro Cívico Nacional debe comenzar a prepararse ya mismo de manera amplia y vigorosa con miras a su realización pronta y eficaz. Las peleas sectoriales deben contar con la solidaridad y el acompañamiento del Comando Nacional Unitario, pues todo pleito de las masas contra la dominación imperialista debe ser estimulado. El momento exige de nosotros la mayor consecuencia si no queremos ver que la política del imperialismo norteamericano, como la contenida en el Plan Colombia, siga hundiendo a la nación en la subyugación política , el estancamiento económico y el retraso cultural propios de las colonias.

El MOIR persiste en este llamamiento a la unidad contra la dominación imperialista y, junto a todos los patriotas y demócratas, dedicará sus mayores y más tenaces esfuerzos a la tarea de concretarla.

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR.

Comité Ejecutivo Central.

24 BARRIOS DE MEDELLÍN REALIZAN PARO CÍVICO CONTRA VALORIZACIÓN

Javier Garcia

Con la exigencia de que no se recurra al sistema de valorización para ampliar la Carrera 76, al occidente de Medellín, 24 barrios de los sectores de Belén y Laureles que abarcan una población de 300 mil personas saldrán al paro cívico el 6 de abril desde las seis de la mañana. El movimiento fue aprobado en multitudinaria asamblea por el Comité Coordinador Central, alrededor de esta consigna: “Todos al paro cívico por la suspensión inmediata de la facturación y por la devolución de los dineros recaudados por el Inval”.

En numerosos foros, conferencias y publicaciones, los organizadores han denunciado que el gobierno municipal ha decidido descargar sobre la ciudadanía el pesado gravamen de valorización, pese a que es clamoroso y unánime el rechazo en todas las comunidades afectadas. El verdadero origen del impuesto, señalan, tiene que ver con la reforma tributaria territorial, enmarcada en el nuevo Plan de Ordenamiento, y con la sustancial reducción de las transferencias a los municipios. Con ambas medidas, impuestas por la banca internacional, Pastrana les garantiza a los mandamases de las finanzas que cumplirá obedientemente con el servicio de la deuda externa.

Aunque el Tribunal Administrativo de Antioquia falló recientemente en favor de la comunidad, ordenándole al Inval no cobrar valorización en casi la mitad de la obra, la administración municipal acaba de apelar ante el Consejo de Estado.

Dando prioridad a la acción de masas y conscientes de que nada les será regalado, los diversos comités realizaron una resonante marcha de antorchas y otra de cacerolas, la primera de este género en el Valle de Aburrá, con participación de miles de ciudadanos.

El 6 de abril, el paro cívico será una vital expresión de los anhelos democráticos del pueblo medellinense y se suma al torrente de protestas contra la política antinacional de Pastrana.

SE CREA EN MEDELLIN COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO

Por Eduardo Benavides Legarda

Por convocatoria de las centrales obreras CUT y CGTD, de la USO, la Asociación de Educadores de Antioquia –Adida-, el sindicato de ISA, Sintraemdes, Sintraelecol y Cedetrabajo, se realizó en Medellín, el 14 y 15 de marzo, la Jornada por la Defensa del Patrimonio Público, para fijar tareas de lucha contra la privatización de Isagen.

Intervinieron en el foro los dirigentes del sindicato de ISA e Isagen; Jorge Enrique Robledo Castillo, en representación de Cedetrabajo y las ligas de usuarios; Álvaro Villegas Moreno, por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros; los concejales de Medellín, Carlos Alberto Zuluaga y Jorge Mejía; Gonzalo Álvarez, ex concejal de la ciudad; Carlos Julio Díaz, de la CUT, y Carlos Bustamante, de la CGTD. Todos ellos fueron enfáticos en rechazar la privatización del patrimonio público y, en especial, la del sistema eléctrico.

Al final se aprobó la declaración “Llegó la hora de defender el patrimonio público”, y se creó un comité permanente, con carácter amplio y democrático. En la declaración se convoca a los antioqueños a unificar acciones para “impedir que se entregue al capital privado internacional el patrimonio público, que es fruto del esfuerzo de varias generaciones de colombianos”.

En defensa de Empresas Públicas de Medellín, el documento señala que al privatizar el sistema eléctrico nacional se le estaría oponiendo a aquélla una competencia desventajosa que “crearía las condiciones necesarias para su debilitamiento y posterior venta”.

Afirma también: “Todos los colombianos debemos rechazar la pretensión del gobierno de privatizar ISA e Isagen, que además son bienes estratégicos, porque si un operador privado controla la producción y la distribución de energía eléctrica, eventualmente podría ocasionar un colapso económico del país. La soberanía económica y la seguridad nacional estarían en grave riesgo”.

A esta declaración se sumaron, además de las personalidades y organizaciones que intervinieron en la Jornada, asociaciones y sindicatos como Asmedas, Anusif, Ademi, Asdem, Sindecol, Sintrashellmar y otros. Del comité se invitó a hacer parte a todos los partidos políticos, a las organizaciones sindicales, sociales y cívicas, a la Iglesia, a las autoridades regionales y locales, a los congresistas, diputados y concejales, a los intelectuales y a las personalides patrióticas y democráticas.

El Comité Permanente se ha trazado como meta el lograr la suspensión definitiva de todos los procesos de privatización que hoy adelanta el gobierno de Andrés Pastrana.

FALLECÍO GLIBERTO VIEIRA

El pasado 25 de febrero murió en Bogotá Gilberto Vieira, veterano dirigente del Partido Comunista y destacada personalidad de la política colombiana del siglo XX.

Vieira abrazó la causa del Partido Comunista desde su fundación, en julio de 1930, y a partir de entonces, estuvo orientando luchas obreras y campesinas en distintas regiones del país. Perseverante en esta brega fue elegido secretario de esa colectividad en 1947, responsabilidad que ejerció hasta 1991. En este empeño se le vio trabajar febrilmente en la tribuna parlamentaria, en la plaza pública y en el periodismo político.

Cuando en 1954 la tiranía gobernante declaró “prohibida la actividad política del comunismo internacional”, Gilberto Vieira debió arrostrar este fatídico período que, obedeciendo los intereses de Estados Unidos en la “guerra fría”, laceró la vida nacional y tuvo graves secuelas antidemocráticas.

A comienzos de los años setentas, el MOIR se avino con el Partido Comunista para forjar un frente antimperialista, concebido como simiente de una república soberana, democrática y gobernada por las clases laboriosas. Así nació en 1973 la Unión Nacional de Oposición, UNO, que pudo acuñar un programa revolucionario contra la dominación norteamericana y permitió que la izquierda concurriera con listas unitarias a los comicios de 1974. En ese mismo periodo logramos acuerdos con dicho partido con el propósito de desbrozar caminos hacia la unidad del sindicalismo independiente.

Debemos decir que en razón de las profundas diferencias entre el MOIR y el Partido Comunista en torno a sustanciales problemas de la revolución colombiana y de la emancipación de los pueblos, nuestras relaciones con Viera estuvieron signadas por la divergencia y la polémica. Mas nada de esto fue obstáculo para que consecuentemente condenáramos las tropelías y crímenes aleves contra el partido y los correligionarios del dirigente desaparecido.

El MOIR respeta la memoria del compañero Gilberto Vieira y hoy quiere dar el testimonio de condolencia a la dirección y a toda la militancia del Partido Comunista, así como a su familia, por la lamentable pérdida del ilustre colombiano.

Triunfo de la USO y del pueblo llanero: ÁREA PETROLERA DE CUBARRAL REVIERTE A LA NACIÓN

El pasado 30 de enero venció el primer contrato de asociación para la explotación de hidrocarburos firmado en el país, y suscrito en 1973 entre Ecopetrol y la multinacional Chevron, de Estados Unidos. El área, llamada Cubarral, de 19.202 hectáreas, situada al nororiente del Meta, comprende los ricos campos de Chichimene y Castilla y cuenta con reservas de 175 millones de barriles de petróleo crudo, que a partir de ahora beneficiarán a la nación. Actualmente se extraen 30 mil barriles diarios, a un costo de producción por unidad de 1.68 dólares, lo cual representa una rentabilidad excelente.

En el contrato inicial estaba estipulado que en el año 2000 Cubarral revertiría a la nación sin costo alguno. Sin embargo, después de aprovecharse del rico yacimiento durante casi 27 años, la Chevron se dio a urdir toda una serie de intrigas y maquinaciones ante el gobierno de Pastrana, buscando prorrogar sus privilegios por lo menos diez años más.

Poniéndose otra vez a la altura de su misión histórica como defensora de los recursos petroleros de la nación, la USO consiguió que en la última convención colectiva se conformara un comité en defensa del interés patrio. Se hizo una intensa propaganda y se formaron comisiones pro reversión, con los demás sectores del movimiento obrero con la comunidad, en las veredas y pueblos aledaños a Cubarral. Finalmente, como resultado de esta valerosa movilización y de la lucha del pueblo llanero, prevaleció el derecho de Colombia sobre el de la Chevron, pese a que ésta tenía poderosos padrinos en los altos círculos del poder. A partir del 30 de enero, bajo el lema “Si a Ecopetrol le va bien, al país también”, la empresa estatal viene operando y administrando directamente ambos campos.

La reversión de Cubarral a Ecopetrol sienta bases muy firmes para que pueda plantearse como tarea próxima y factible la terminación de otros 104 contratos con multinacionales foráneas, brillante perspectiva para el futuro de la estatal petrolera.

EL EJE CAFETERO, UN AÑO DESPUÉS

Por Fernando Ruiz

Transcurrido un año largo desde el terremoto del 25 de enero de 1999, la llamada reconstrucción oficial de los municipios afectados presenta un balance tan desastroso como el sismo. De las 450 mil personas damnificadas, más de cien mil permanecen hacinadas en los destruidos barrios populares, en tugurios y cambuches, sometidos a condiciones infrahumanas en espacios de nueve a doce metros cuadrados por familia. Los poseedores de más de 11 mil viviendas situadas en zonas de alto riesgo, que deberán desalojar, no han sido reubicados todavía. Los dueños de unas 70 mil viviendas que requieren reparación urgente y de las 14 mil que deben ser reconstruidas en su totalidad esperan desde agosto un primer desembolso del subsidio, y es tal su tardanza que muchos han tenido que paralizar los trabajos.

Ni comerciantes ni industriales han tenido acceso a los anunciados “créditos baratos” para rehacer sus establecimientos, cinco mil de los cuales colapsaron sólo en el departamento del Quindío. Miles de estudiantes recibirán nuevamente clases este año en improvisados caidizos de tablas porque los principales centros de enseñanza continúan derruidos. Y a la par que mueren los hospitales, el hambre ronda los campamentos y el desempleo cunde.

Ya desde febrero del año pasado se conocía que el valor de los daños superaba los dos billones y medio de pesos y, para marzo, la comisión de la Comisión Económica para América Latina, Cepal, contratada por el gobierno, tasaba en tres billones el avalúo de las pérdidas, incluido el lucro cesante del aparato productivo. El gobierno anunció el aporte de únicamente 200 mil millones, menos del 7% del total requerido, alegando el déficit fiscal y la destinación forzosa del 36% del presupuesto nacional al servicio de la deuda externa. Aun agregando 15 mil millones recibidos por donaciones, el faltante era de 90% de los recursos necesarios. Entonces, por arte de birlibirloque, se redujo de un tajo a un billón 700 mil millones el presupuesto para la reconstrucción, se afirmó que 250 mil millones serían reconocidos por las aseguradoras y se prorrogó el oneroso impuesto del dos por mil con la supuesta finalidad de atender la tragedia. Pero así era necesario encontrar una fuente de recursos para el billón doscientos mil millones restantes y el gobierno recurrió a la única alternativa propia de su naturaleza vendepatria: el endeudamiento con la banca imperialista. “Había un grave evento de financiación –ha reconocido Luis Carlos Villegas, presidente del Fondo para la reconstrucción del Eje Cafetero, Forec, y de la Andi—y teníamos que poner en manos de la banca multilateral esquemas novedosos que le generaran confianza”.

Que fue la banca multilateral la que determinó los “novedosos esquemas” lo muestra con creces el flujo de recursos aprobados: de los 800 mil millones ejecutados en 1999 por el Forec, 600 mil millones, es decir, 75%, provinieron de créditos del Banco Mundial y del BID, lo que determina el rumbo y el modelo de la reconstrucción del Eje Cafetero, un modelo típicamente imperialista que comenzó a ser puesto en práctica desde el momento mismo del terremoto.

Cuatro son sus componentes principales:

Un Fondo, creado como “entidad de naturaleza especial”, adscrito a la Presidencia de la República, dotado de autonomía financiera y expresamente “sometido a las normas y procedimientos del Banco Mundial y del BID en todas las actividades y contratos financiados con recursos de crédito externo”.

Un Consejo Directivo, integrado por siete representantes de los principales grupos económicos del país, nombrados por Pastrana, más el alcalde de Armenia y el gobernador de Risaralda, consejo que “podrá sesionar y adoptar decisiones con la asistencia de tres de sus miembros” (¡de nueve!). Tal organismo quedó investido de plenos poderes para disponer de los recursos del Fondo, sin otra limitación que el visto bueno de los bancos prestamistas.

Unas gerencias zonales, supuestamente encargadas de reemplazar el “corrupto aparato estatal” en la planeación y contratación de actividades para cada una de las 31 zonas en que fuera desintegrado el Eje Cafetero. Esos cargos fueron contratados por el Consejo Directivo con ONG ligadas a los grupos económicos, suplantando a los alcaldes y concejos de los municipios. Los profesionales y las debilitadas empresas de la zona fueron descalificados para la contratación.

Un monitoreo permanente del Banco Mundial y del BID “por intermedio de auditores aceptables a los bancos”. Éstos aprobarán los proyectos, licitaciones y contratos para cada Plan Zonal y a su examen serán sometidos los “términos y condiciones bajo los cuales se llevará a cabo el programa de reconstrucción”, condensados en el Manual Operativo, también impuesto desde afuera.

El resultado es un nuevo aparato burocrático para la intervención, aún más expedita, del capital imperialista. Sus funcionarios son retribuidos con largueza: en 1999, sólo por nómina, las cúpulas del Forec y de las gerencias zonales percibieron 31.805 millones de pesos del Fondo de los damnificados, a pesar de que tan altruistas filántropos todo lo hacen “sin ánimo de lucro”.

Millonarios contratos han sido firmados sin sujeción a las leyes sobre contratación en el sector público. Aquéllas incluyen la obligatoria licitación internacional para las obras de monto superior a cinco millones de dólares o la licitación nacional para las inferiores a tal suma. Pero “si hay empresas extranjeras que deseen participar en la licitación nacional se les deberá permitir que lo hagan” y la oferta ganadora será aquella que, además del precio, acredite la experiencia y solidez financiera exigidas por los bancos. Con ello se garantiza una reconstrucción privatizada, se excluye a las empresas regionales y se transfieren cuantiosas sumas a las firmas ligadas a los monopolios nacionales y extranjeros. No es de extrañar entonces que, como lo confiesa Luis Carlos Villegas, director del Forec, “esta reconstrucción física tenía que ser usada como la gran excusa para la modernización de la infraestructura”, aunque en realidad fueron incluidas como inversiones prioritarias los proyectos represados de la apertura económica. So pretexto de atender la emergencia, se han puesto en primer plano la construcción del túnel de La Línea, la doble calzada La Paila-Calarcá y la consolidación de la Zona Franca en La Tebaida para el establecimiento de maquilas, mientras se aplican las políticas de reducción del gasto público contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Entre éstas, la nueva sisbenización tendiente a reducir el número de familias con derecho a subsidio de salud, la disminución de planteles educativos y del número de docentes mediante la fusión de escuelas y colegios, o la eliminación de centros de salud y hogares comunitarios.

Especulación con la vivienda

Mención especial merece el gravísimo problema de la vivienda. El avalúo de los daños para la mayoría de los propietarios, tras soportar meses de tramitología, ha resultado muy inferior al valor real de las reparaciones, con lo cual se ven obligados a recurrir al crédito bancario. Para los arrendatarios, sector mayoritario de los damnificados, el Forec construyó primero cambuches en tabla forrada y piso de tierra, a razón de 500 mil pesos en promedio. Las constructoras ofrecen ahora 25 m2 en obra negra por cinco millones novecientos mil pesos. Al pie de la letra se cumplen los dictados del Banco Mundial: “Las adquisiciones de bienes por parte de los beneficiarios del componente de vivienda se efectuarán de conformidad con las prácticas comerciales del sector privado”. Tan imperiosa orden significó el año pasado la transferencia de 381 mil millones de pesos a las grandes firmas y al sector bancario. Especulación y usura, sobre las ruinas del Eje Cafetero.

Este modelo de reconstrucción fue ensayado por el Banco Mundial en Centroamérica, con motivo del huracán Mitch, afinado en la zona cafetera colombiana y después aplicado en Venezuela y Turquía, a raíz de las recientes catástrofes ocurridas en esos países. Pero las pretensiones del imperialismo van más allá: “El modelo de la reconstrucción del Eje Cafetero –ha señalado Jaime Ruiz, consejero presidencial—le servirá al Plan Colombia para poner en marcha la ayuda extranjera orientada a la inversión social en el país”. Aclara: “Los dineros que se ejecuten a través del Plan Colombia deben ser entregados a organizaciones no gubernamentales” y “dado que los recursos para el Plan Colombia son aportes del gobierno norteamericano y créditos de la banca multilateral, es indispensable brindar todas las garantías”.

Damnificados se movilizan

Donde se aplique esa política ocurrirá que las masas populares arreciarán la resistencia. En el Quindío, la zona de mayor devastación, el pueblo se puso en pie desde el día mismo de la tragedia, empezando por arrancarles a los burócratas oficiales la masiva solidaridad llegada de otras zonas del país y del extranjero, que aquellos pretendían acaparar para su beneficio mientras las masas desesperaban de hambre y necesidad. Por centenares y miles surgieron hombres y mujeres encabezando organizaciones para atender las más elementales exigencias de alimentación, seguridad y albergue. Ya en marzo de 1999 los múltiples y dispersos comités se unificaron en Asociaciones Municipales de Damnificados, y, el 8 de mayo, se dio nacimiento a la Federación de Damnificados del Quindío. Ésta eligió de una dirección consecuente y presentó al gobierno el Pliego de Exigencias aprobado en centenares de reuniones.

Esgrimiendo el criterio general de lucha por una reconstrucción no privatizada, democrática e inmediata, en los meses siguientes se propagaron consignas unitarias de combate en barrios, alojamientos y veredas, se desenmascararon los planes oficiales en las “mesas de trabajo” y se brindó respaldo a los gremios damnificados. El 20 de agosto se realizó la primera marcha multitudinaria y se conquistó la negociación directa, que obligó al Consejo Directivo del Forec a suspender el cobro de servicios públicos en todos los albergues, entre otras reivindicaciones. El 3 de diciembre, el pueblo se hizo la Segunda Marcha Departamental, también organizada por la Federación. En ella la multitud coreó lemas contra la intervención imperialista y denunció al gobierno vendepatria de Pastrana y al Forec, su aparato de bolsillo. En los siguientes días se conquistó un subsidio de 25 salarios mínimos para los arrendatarios alojados en albergues temporales. Y el 25 de enero, al cumplirse un año del terremoto, desafiando la más siniestra campaña de amenazas y chantajes, la manipulación de la fe religiosa y la abierta represión del aparato militar, miles de damnificados participaron en la exitosa jornada de bloqueos de vías y avenidas en que tomó forma el primer paro cívico convocado por la Federación.

El posterior levantamiento del pueblo de Caicedonia contra el plan oficial, y las continuas manifestaciones de protesta ante el Forec y las ONG son signos de que también el año 2000 será de unidad y combate en todo el Eje Cafetero.

En Cartagena de Indias: MEDIO MILLÓN DE HABITANTES TOMARON PARTE EN EL PARO CIVICO

MEDIO MILLON DE HABITANTES TOMARON PARTE EN EL PARO CIVICO
Por Arlex Arias Arias
Los cartageneros son pacíficos, dicharacheros, tienen más paciencia que el santo Job, están acostumbrados a mamar gallo en los corrillos y todo lo resuelven con una frase que hizo carrera: “Aquí no pasa nada”. Pero este espíritu pasivo y despreocupado empezó a cambiar desde cuando el gobierno de Pastrana escogió al Corralito de Piedra como uno de sus laboratorios predilectos para experimentar el capitalismo salvaje, la apertura y las privatizaciones. A tal punto que hoy podemos decir, como se demostró en el Paro Cívico, que la paciencia de La Heroica está colmada.

Las primeras liquidaciones y privatizaciones de empresas estatales se iniciaron por Cartagena. Fueron destruidas Puertos de Colombia, Álcalis y Conastil, y el ex alcalde Guillermo Paniza, hoy sub judice, ferió las Empresas Públicas al consorcio Aguas de Barcelona y las principales plazas de mercado a los consorcios hoteleros, que, además, vienen encerrando las playas. Posteriormente, sin atender las protestas de la ciudadanía, se vendieron las acciones del Distrito en Telecartagena. Se subastaron a inversionistas foráneos Termocartagena y Electrocosta. El recaudo de impuestos se entregó por más de tres años a una empresa española y va a quedar ahora en manos de fiduciarias. La obra del corredor de carga será financiada mediante un gravamen de valorización contra veinte mil predios. Se ha anunciado la instalación de cinco peajes dentro del perímetro urbano. Y, para cerrar este capítulo de infamias contra el hasta ahora desvalido pueblo de Cartagena, el gobierno municipal dio a conocer que se propone suscribir convenios de desempeño para privatizar hospitales, escuelas y colegios.

Una vez privatizados los servicios, las tarifas se han visto incrementadas en más de ciento por ciento, los barrios reestratificados, los medidores alterados sin control y los rangos de consumo comprimidos. Y así ¡a quién no se le agota la paciencia! Los reclamos de la ciudadanía comenzaron a proliferar. La respuesta espontánea fueron los Comités Anticortes de los servicios públicos, que al principio surgieron en los barrios más afectados, pero que no tardaron en generalizarse a instancias de la dirigencia cívica y sindical. Hasta hoy se han logrado ya constituir 150 Comités Anticortes, una novedosa y combativa forma de organización que sin duda será emulada por el resto de colombianos.

A mediados de 1999 el Comité Coordinador presentó un pliego unificado ante las diferentes empresas de servicios y convocó una movilización para la segunda semana de agosto, preparatoria a su vez del gran Paro Cívico Nacional. En todas estas protestas los cartageneros se lucieron, demostrando que estaban dispuestos a dar la batalla contra los atropellos oficiales.

Como en ningún momento el gobierno se mostró dispuesto a dar rápida y justa solución a los reclamos populares, el Comité Coordinador citó decenas de asambleas zonales en las cuales participaron las federaciones sindicales y sociales, comités cívicos, gremios de transportadores, comuneros y ediles, veedurías ciudadanas y candidatos a las corporaciones. En dichas asambleas, por mayoría abrumadora, se definió el 24 de febrero de 2000 como fecha para el Primer Gran Paro Cívico Cartagenero. Se aprobaron como consignas las siguientes: “Contra los caros y pésimos servicios”, “Por la defensa de la salud y educación públicas”, “Por la no privatización de las playas” y “Por el derecho al trabajo de los vendedores de la economía informal”. Además, el Comandó de Paro designó los responsables de los principales bloqueos y concentraciones, que taponarían la Avenida Pedro de Heredia, la salida a Barranquilla, la carretera de Olaya Herrera, la vía del Bosque y la entrada a Mamonal, el puente Bazurto, el Castillo San Felipe y la zona de los Cuatro Vientos.

El día señalado, la protesta tomó fuerza desde horas muy tempranas. Ya hacia las seis había en las barriadas 35 bloqueos, con quema de llantas y pedreas a los buses que no habían acatado la orden de parar. Al mediodía Cartagena estaba totalmente inmovilizada, las calles y avenidas por entero inundadas de ciudadanos que, entre pancartas y banderas, exteriorizaban su rechazo a la dominación imperialista y al gobierno de Andrés Pastrana.

A las seis de la tarde se suscribió un acuerdo entre el Comando de Paro y la Alcaldía, para iniciar negociaciones en torno de ocho temas: Electrocosta, Acuacar, Telecartagena, aseo-medio ambiente, educación, salud, playas-economía informal, transporte-peajes-valorización.

Carlos Carrascal, coordinador del Comando de Paro y dirigente del MOIR, señaló que el movimiento de La Heroica “es un primer paso conducente a un gran paro regional de la Costa Atlántica. Con su protesta enérgica, el pueblo va a hacer temblar a las multinacionales que pretenden adueñarse de la riqueza nacional explotando el trabajo y expoliando a los habitantes. Así quedó demostrado con el bloqueo que realizaron durante 48 horas los municipios de Turbaco y Arjona, que se sumaron a nuestro Paro Cívico”.

A los cartageneros ya se les agotó la paciencia. Así como son de buenos para bailar, jugar béisbol, boxear y parrandear, acaban de probar que también son inmejorables para la lucha y que están listos a responder al gran llamado del Comando Unitario para el otro, necesario, Paro Cívico Nacional.

INMINENTE BATALLA EN TELECOM EN DEFENSA DEL PLIEGO, LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y LA EXISTENCIA DE LA EMPRESA

Por Ramón Barrios Iriarte

Nuevamente los trabajadores de Telecom se ven abocados a utilizar las herramientas de la movilización y la lucha para enfrentar la inminente liquidación de la Empresa y el desconocimiento de sus derechos adquiridos, dentro de la política de arrasamiento de las instituciones estatales y conquistas laborales, impuesta por el imperialismo, materializada en el acuerdo de Pastrana con el FMI y aplicada en Telecom por su agente, Eduardo Pizano de Narváez.

En 1992 fueron los primeros en levantarse contra el modelo neoliberal en el sector de las comunicaciones, con el glorioso Paro Nacional de las Telecomunicaciones, que evitó que el régimen gavirista entregara a las multinacionales esta Empresa, patrimonio de todos los colombianos. También libraron importantes peleas contra la privatización del sector, cuando fue impuesta la mal llamada competencia en contra de la permanente resistencia de los trabajadores y violando todas las normas vigentes.

En este sector tan estratégico para la soberanía nacional, hoy la nación debe enfrentar una “competencia” que se desarrolla y enriquece aprovechando la infraestructura de Telecom, como producto de las antinacionales medidas de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, quien para completar sus actos de traición contra el país, tiene lista una nueva resolución donde termina de entregar las redes de Telecom para que la exploten la competencia privada a nivel de un mismo departamento . Los perjudicados han sido todos los estratos de la población, y muy especialmente las clases populares, con el aumento desmedido y permanente de las tarifas de la telefonía local, aumento con el cual se esta subsidiando la reducción de las tarifas de la telefonía de larga distancia internacional, servicio que utiliza una porción muy baja de la población. A esta Empresa estatal se la castiga con la pérdida progresiva del mercado. Además, el manejo con criterio privado que vienen haciendo las últimas administraciones ha desmontado la función social que les prestaba Telecom a los colombianos.

El MOIR reconoce la actitud y la capacidad combativa de los trabajadores de Telecom, y apoya irrestrictamente la decisión unánime de las organizaciones sindicales SITTELECOM, ATT y ASITEL de enfrentar la política antinacional de Pastrana con la preparación y ejecución del Paro Nacional Indefinido de las Telecomunicaciones. El movimiento será inevitable si el gobierno y la administración de Pizano persisten en su posición de violar la Convención Colectiva en la liquidación de las pensiones e intenta imponer en la negociación del pliego de peticiones las concepciones neoliberales de reestructurar la Empresa creando cargos estrategicos y no estrategicos, permitiendo con esos la division de la misma y la entrega de los servicios a las agencias temporales de empleos, asimismo ,con esta propuesta de encamina a desestabilizar a los trabajadores con traslados, reubicaciones y modificaciones de la planta de personal unilateralmente. y como fiel representante de la politica imperialista de Pastrana, se encamina a imponer el cero aumento salarial , ofreciendo en su reemplazo una gaseosa y subjetiva bonificaciòn por alcance de resultados, que no sera ni factor salarial, ni prestacional y cuyo reconocimiento dependerá de una calificación que harà la direcciòn de la Empresa y como remate propone que el mejoramiento en cuestiones de bienestar social, vivienda, vehiculos y auxilios educativos, seran sometidos a la politica general del gobierno y a las limitaciones presupuestales de Telecom.

Ante el inevitable desenlace de un conflicto de envergadura en Telecom, por el intento de definir la negociaciòn del pliego de peticiones con el tribunal de arbitramento por parte del gobierno nacional, los Trabajadores deben prestarse a fortalecer la unidad de las tres organizaciones sindicales; denunciar ante la opiniòn publica de la imposiciòn del conflicto por parte de Pizano; Asegurar la participaciòn de la inmensa mayoria de los trabajadores a nivel nacional y exigir de las organizaciones sindicales hermanas la solidaridad y el respaldo en esta trascendental lucha.

También hacemos un llamado a todos los trabajadores de Telecom a preparar el Paro Cívico Nacional, que desarrollaremos conjuntamente con las organizaciones políticas, sociales y populares dentro del proceso de resistencia civil contra la intromisión sin precedentes de Estados Unidos, en su empeño de recolonizar al país económica, política y militarmente. También los llamamos a preparar nuestra participación el 1º de Mayo, en la gran jornada nacional de los trabajadores contra todos los proyectos de ley presentados al Congreso por el régimen pastranista y que afectan los intereses de los trabajadores y la población.

Décimo aniversario de la muerte de Agustín González

Al cumplirse diez años de la muerte del compañero Agustín González, destacamos su capacidad de lucha, su honestidad, su persistencia en la defensa de los intereses de los trabajadores de Telecom, del pueblo y de la nación colombiana, su disciplina y su ejemplar vida de militante en nuestro Partido. Llamamos a seguir su ejemplo y de nuestra parte seguiremos leales a la corriente revolucionaria de la cual él hizo parte.

Editorial: ¡RECHACEMOS EL REFERENDO!

Al iniciar su administración, Andrés Pastrana olfateó la necesidad de montar con miembros de la casta política pertenecientes a la Alianza para el Cambio – conservadores y decenas de liberales lentejos- un bloque mayoritario en el Congreso. Tal sociedad política tenía como basamento un vulgar trueque de prebendas y gangas otorgadas por el gobierno a cambio de votos aprobatorios de sus proyectos e iniciativas. Se reeditaba así por enésima vez la consuetudinaria práctica de toda democracia burguesa que se respete, consistente en que el Ejecutivo ofrece cargos, dineros y favores a cambio de que miembros del Legislativo le proporcionen los instrumentos legales que precisa para sacar avante su gestión administrativa y política. Un verdadero maridaje, consentido y ya admitido. Este chalaneo que se realiza soportado en dineros y bienes del Estado no es un fenómeno extraño en la historia de las relaciones entre gobernantes y legisladores en Colombia. Y, aunque no sirve de disculpa alguna a políticos y funcionarios, es sabido que esta práctica es connatural a democracias tan rancias como la francesa y tan refinadas como la norteamericana, países en donde aparece en mayores proporciones aunque bajo formas más sofisticadas, incluida su legalización y exaltación.

Durante más de veinte meses Pastrana estuvo cebando en esa forma tradicional sus mayorías parlamentarias, siempre con la mira puesta en la aplicación de las políticas de naturaleza colonialista que le dicta el gobierno de Estados Unidos, en particular las medidas económicas neoliberales. Entre las que se ha comprometido a implantar se destacan las que entrañan reformas y ajustes económicos, jurídicos e institucionales, como son las contempladas en el Plan Colombia y en el Acuerdo Extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional. Pero dos aspectos de la situación nacional anunciaban grandes dificultades para ese designio servil. Primero, la continuidad de la recesión económica, con su correlativo aumento del desempleo (hoy por encima del 20.1%, que es la cifra del DANE), la intensificación de la violencia y el terrorismo, y el incremento de la pobreza y la miseria, estaban produciendo un gran desasosiego social y generando recias manifestaciones de rechazo al conjunto de la gestión gubernamental por parte de sectores de la población cada vez más amplios. Segundo, los tratos chalanescos entre funcionarios del gobierno, principalmente los pertenecientes a los ministerios del Interior y de Hacienda, y sus socios políticos incrustados en las mesas directivas del parlamento, denotaban tanta avaricia que rebosaron los despachos ministeriales y los recintos del Congreso, hasta adquirir dimensiones de escándalo público. Como reconoció el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, sacar las leyes económicas del Congreso “habría implicado un manejo de congresistas tan grande, que habría sido muy difícil no terminar enredado en un nuevo escándalo como el de la Cámara tratando de conseguir los votos para esas leyes”.

Ante esta situación, Pastrana, con previa asesoría gringa, recurre a la astucia, esa virtud tan entrañable a los políticos neoliberales, para erigirse ante la nación como el gran moralizador que quiere erradicar unas manifestaciones de corrupción cuya matriz generadora es precisamente el propio poder ejecutivo que él preside. Y procede a echar mano de un instrumento político ordinario que le calza bien, el referendo, ese expediente que los caudillos autoritarios y gobernantes fascistas siempre utilizan cuidándose de revestirlo de “necedades doctrinarias” como la “democracia participativa” y las elucubraciones sobre “el constituyente primario”.

A ningún colombiano le quedará difícil captar el origen y los fines del referendo, si tiene en cuenta que, en momentos en que el equipo de gobierno estaba tramando su propuesta, Pastrana recibió un espaldarazo clave, el de Bill Clinton, con cartilla neoliberal incluida: “Me mandó su discurso en Davos, Suiza, de hace algunos días, con anotaciones al margen y un subrayado en las menciones al Plan Colombia”, revelaría, exultante, el llamado presidente de los colombianos. Y días después, cuando éste, en visita a los Estados Unidos a la cabeza de sus más notables burócratas, conformó una singular “corte de mendigos” en correría por lo recintos donde se determina la globalización, recibió el respaldo expreso y oficial del gobierno norteamericano al referendo- “iniciativa importante y necesaria para hacer de Colombia un país democrático”, diría la secretaria de Estado, Albright – y el “apoyo básico” y la actitud “positiva” del Fondo Monetario Internacional al “paquete de reformas estructurales” en ciernes.

Hace una década, una panda de neoliberales, especie de patanes ilustrados que encabezó Cesar Gaviria, escenificaron desde el poder -con sus criterios y acciones contra todo lo que tenía raigambre nacional y teniendo ya la Constitución del 1991 como telón de fondo- el drama de la instauración de la apertura económica y el acondicionamiento del país para la recolonización norteamericana. Drama cargado de entregas de la soberanía, quebrantamientos constitucionales y procederes antidemocráticos. En la actualidad, como si esa componenda vendepatria no hubiese bastado, los episodios que rodean el referendo pastranista obedecen a un nuevo montaje de la obra, de semejantes o superiores consecuencias nefastas, pero esta vez en forma de tragicomedia. Otra vez aparecen los moralistas, como redivivos: los estudiantes de universidades aristocráticas y confesionales queriendo inventarse otra séptima papeleta, los colaboracionistas disfrazados de independientes, los medios de comunicación en su cacería de brujas en aras de la anticorrupción. Vuelven a proliferar lo infundios pseudo jurídicos de Cepedas y cepedines predicando recortes democráticos a la restringida democracia que se institucionalizó en 1991. De nuevo se dispone el cierre del Congreso, en un acto de alevosía con quienes lo eligieron hace dos años, y llevándose por delante tanto a los parlamentarios que “votaron a favor del presidente y éste los botó” como a quienes no votaron por él pero ahora, queriendo no enmendarle sino mejorarle la plana, están dispuestos a botarse ellos mismos.

Pero la identidad esencial que toda esta pantomima de la democracia tiene con los sucesos políticos de hace diez años, radica en que se dan en el marco de la nueva colonización imperialista. Esta es la razón para que los conceptos que expresó Francisco Mosquera hace casi una década revelen plena vigencia, pues tanto en esa época como ahora estamos ante un paso del gobierno dirigido a remover “cuanto obstáculo se interponga a sus objetivos estratégicos, los cuales no son otros que las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en la actualidad circunscritas a la liberalización de las economías de los países débiles y aceptadas por las clases dominantes de éstos para mayor gloria de los monopolios imperialistas, primordialmente los de Estados Unidos.”

Mediante el referendo, al igual que con instrumentos de carácter similar, como la asamblea constituyente que proponen otros sectores políticos, se tienden cortinas de humo con la pretensión de distraer al pueblo de su lucha principal y auténtica, la resistencia antiimperialista, y se entrampa a vastos sectores de la población para que apruebe reformas que por su misma naturaleza van en contra de sus más caros intereses. ¡ Llenemos los ámbitos de la geografía patria con sonoras voces de alerta y llamados a que la población rechace el referendo y repudie las políticas que el gobierno de Andrés Pastrana y su corte de cipayos políticos desarrollan con aviesas intenciones antidemocráticas y de traición nacional!

POR LA RECUPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

(Declaración del MOIR en el Atlántico, firmada por su secretario regional)

Ante la grave situación por la que atraviesa la Universidad del Atlántico, y por algunas aseveraciones infundadas, queremos hacer las siguientes precisiones:

1. El señor Ubaldo Enrique Meza Ricardo desde hace más de un año dejó de pertenecer al Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR. Por tanto, ni representa nuestra política ni está autorizado para hablar en nombre de nuestro Partido, como tampoco en nombre de la Juventud Patriótica, organización juvenil del MOIR.

2. Al MOIR no le cabe ninguna responsabilidad en el manejo de la Universidad del Atlántico, puesto que no tiene representación en el Consejo Superior ni en el Consejo Académico ni en los Consejos de Facultades. Las vicerrectorías, las decanaturas, las escuelas, los departamentos y los centros de investigación están ocupados por personas ajenas a nuestra organización política.

3. La crisis de la Universidad del Atlántico se debe a la aplicación en ella de la nefasta política educativa del gobierno, de asfixia económica, impuesta al país por Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y que ha encontrado en el rector a su más connotado aliado y ejecutor.

4. A la comunidad universitaria le reiteramos el llamamiento realizado a través de nuestro órgano de expresión, Avance Profesoral, para desplegar la más combativa lucha por la recuperación de la universidad pública, incluida la Universidad del Atlántico, fundamentada en los siguientes puntos:

¨ Financiación estatal adecuada para profesorado de tiempo completo, dotación, inversión, investigación y ampliación de cobertura.

¨ Aumento del profesorado de tiempo completo, por lo menos hasta un 80%, y garantías de programas de capacitación de posgrados.

¨ Congelamiento de matrículas y rebaja progresiva de ellas hasta la gratuidad completa.

¨ Programa de bienestar estudiantil en residencias, restaurantes, deportes y actividades culturales.

¨ Dirección colegiada democrática con participación mayoritaria de profesores y estudiantes, elegidos popularmente.

¨ Fortalecimiento de la docencia, de los pregrados y programas gratuitos de posgrados.

¨ Investigación científica independiente de condicionamientos y vinculada a la docencia.

5. La lucha por la defensa de la Universidad del Atlántico debe estar inmersa en la resistencia contra el imperialismo norteamericano. La recuperación de una universidad del más alto nivel científico, democrática, al servicio de la nación, será fruto de la lucha antiimperialista que libran los sectores populares, demócratas y patriotas. El proceso de recolonización que viene sufriendo Colombia no deja ningún campo al margen de la dominación imperialista, menos el de la educación. El peligro de una completa recolonización del país, sin descartar su balcanización territorial, obliga hoy más que nunca a los sectores universitarios a comprometerse con la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial de la patria. Resulta ineludible en cualquier circunstancia, pero más en la que vive hoy Colombia, la responsabilidad histórica de defensa de la soberanía nacional en el campo económico, político, cultural y educativo.