Categoría: Tribuna Roja Nº 27, primera quincena de agosto de 1977

El presidente López en su discurso de instalación del Congreso, el 20 de julio, se preguntaba si era necesario “recurrir a la piedra”, al cierre de las carreteras, a los “cocteles molotov” para obtener que se atiendan las demandas populares. La respuesta a este interrogante ya la dieron los colombianos en las incontables explosiones de ira contenida y de solicitudes insatisfechas.

Desde los más apartados rincones, como Mingueo en la Guajira y Tame en Arauca, hasta los centros más poblados como Bucaramanga y Sincelejo, han estallado los paros cívicos contra este gobierno hambreador, demagogo y asesino.

Hombres y mujeres, jóvenes y viejos se insubordinan y se enfrentan desafiantes a la policía y al ejército. Taponan las vías de acceso a sus municipios, se toman aeropuertos y apedrean instalaciones oficiales, ya para exigir la prestación adecuada de los servicios de luz, agua y alcantarillado, ya para combatir las descaradas alzas en sus tarifas. Se levantan también en solidaridad con obreros en huelga, y con luchas estudiantiles, con invasiones de tierra o en reclamo de la dotación de una escuela, un hospital o, en general, como respuesta a los crímenes del gobierno y a las promesas oficiales en las que ya nadie cree. Un buen día, cualquiera de estas chispas incendiará toda la pradera.

Diego Montaña Cuéllar, Bogotá, de julio 15 de 1977

Compañeros:

José Jaramillo Giraldo, Jaime Piedrahita y Francisco Mosquera:

La circunstancia de estar sometido a las limitaciones de un tratamiento médico, me impide hacer acto de presencia en el II Foro que, como continuación del Foro del 18 de febrero anterior, se reunirá en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de esta ciudad de Bogotá.

Al reiterar mi adhesión al programa común y a las decisiones adoptadas el 18 de febrero que seguramente serán ratificadas, debo sintetizar lo que hubiera expresado al hallarme presente en el gran acto que hoy se realiza.

Sin menosprecio de los arduos esfuerzos realizados por la dirección de la ANAPO para obtener la participación de otras fuerzas, concretamente del Partido Comunista que dirige Gilberto Vieira, en la proyectada Unión Popular Revolucionaria, considero que la única alianza posible y realista hoy en el campo de la izquierda colombiana, es la de la ANAPO y el MOIR, dos de las más importantes organizaciones de masas que tienen un mismo itinerario histórico y hablan el mismo lenguaje unitario, basado en el mutuo respeto, la igualdad de participación y la práctica leal de la democracia interna.

La alianza Nacional popular, posiblemente disminuida con relación al volumen cuantitativo que tuvo antes, como movimiento espontáneo de grandes sectores populares contra las oligarquías, de protesta y repudio al engaño de los partidos tradicionales, se presenta hoy cualificada y depurada por el grupo de sus actuales capitanes que le han dotado de una dirección conciente, en el proceso de elevar ese movimiento espontáneo a un plano superior e insertarlo en una política auténticamente revolucionaria.

Esa gran tarea de trasformación de la espontaneidad es conciencia revolucionaria, es el aporte de José Jaramillo Giraldo, Jaime Piedrahita Cardona y los demás compañeros de la dirección ejecutiva de la ANAPO.

El MOIR es una organización de masas nueva, plena de energías, de una juventud sin mácula, que ha llegado a la escena de la lucha revolucionaria cuando ya estaba ocupada por organizaciones más antiguas, colmadas de medallas ganadas en pretéritas batallas campesinas y obreras y con la fuerza que les da el apoyo de un poderoso partido extranjero.

El MOIR, como los aztecas que llegaron en último término a Tenochtitlán, ha tenido que construir su organización sobre los juncales de un lago, asediado y bajo el tabú de la serpiente emplumada. Se ha descalzado, sin embargo, para peregrinar por los campos, las calcinadas playas y los pantanos, en la empresa de liberar las masas proletarias del cautiverio en que las tiene la ideología burguesa. Si se ha de considerar que no hay cosa más difícil de emprender, ni resultado más dudoso, ni de más arriesgado manejo que asumir el papel de innovadores en la conciencia de los pueblos, para desalojar de ella las pasiones, los vicios y errores impresos por sus opresores, los empeños del MOIR para morar dentro de las masas trabajadoras y mostrarles con su virtud y abnegación que la causa de la revolución es la única justa y valedera, constituyen un valioso aporte. Máxime cuando este partido se presenta siguiendo la ruta abierta a los pueblos neocoloniales, como el nuestro, para encontrar la meta de su liberación, por esa gran luminaria del proletariado universal, el nunca suficientemente glorificado camarada Mao Tsetung. Si seguimos consecuentemente ese norte, debemos aceptar y practicar la ley que el planteó, al expresar que la revolución china, no era la revolución soviética, ni la revolución europea, sino la china, o sea, que cada pueblo tiene que encontrar su propio camino hacia el socialismo, partiendo de su propia topografía histórica y social y de la estructura y la superestructura de la sociedad que debe transformar. Este principio es esencial a todo movimiento revolucionario, particularmente en épocas como la presente, en que los movimientos revolucionarios del mundo entero se enfrentan al problema de sí la revolución debe estar sometida a los dictados de potencias supranacionales, o si como nosotros seguimos creyendo, la revolución no se exporta ni se importa y debe ser realizada por cada pueblo, o no se realiza.

Esta alianza del MOIR y la ANAPO, si se desarrollan los programas adoptados en el Foro del 18 de febrero, podrá convertirse en el elemento cohesivo que habrá de aglutinar las fuerzas dispersas de la izquierda colombiana y que en la campaña política que hoy se inicia, si bien no conquistará la emancipación del proletariado, conquistará seguramente el terreno propicio para alcanzarla, como una tarea de las generaciones presentes y no de las generaciones futuras, en el que la iniciativa sea tomada por las clases explotadas sin consideración a los parámetros de “consensos” y “abanicos” que señala la burguesía decadente.

Desde la base y participando en el equipo docente que habrá de preceder la larga marcha que hoy emprendemos pueden contar, queridos compañero, con mi colaboración y solidaridad.

Fraternalmente,

Diego Montaña Cuéllar

Mil doscientos trabajadores fueron despedidos del Ingenio Bengala en lo que constituye la primera etapa del plan escalonado mediante el cual la Asociación Nacional de Cultivadores de Caña, Asocaña, pretende descargar sobre los hogares proletarios las consecuencias de la crisis que, como una secuela más de la dominación imperialista sobre nuestro país, afecta a la industria azucarera.

La familia Caicedo, punta de lanza de los explotadores del Valle del Cauca, aportó su cuota arrojando a la calle a 1.300 de los combatientes de la heroica huelga de noviembre de 1975 en Riopaila. Y los magnates del dulce anuncian que su intención es marginar del trabajo a un total de 12.000 obreros en el plazo de unos pocos meses, obligando así a la masa desarrapada del cañal a quitar el pan de la boca de sus hijos para que las manos blandas de ocio de unas pocas familias sigan amasando fortunas. ¡Esta es la lógica de los bandidos del gran capital!

Sin embargo, la resistencia de la clase obrera ya se ha hecho sentir a lo largo y ancho de 127.000 hectáreas sembradas de caña y en todos y cada uno de los ingenios azucareros. El pasado 1º. de mayo, cada pueblo del departamento fue escenario de una manifestación de rechazo a los despidos masivos escalonados y de repudio al mandato lopista, que ha sumido al pueblo en una miseria aún mayor, condenándolo al hambre y a la indigencia.

Frente a la voracidad del gobierno y los patronos, los cañales del Valle se convertirán en escenario del combate de los trabajadores azucareros. Como lo destaca un comunicado del MOIR en Palmira, “el pueblo entero, hastiado de explotación, sorteará las enormes dificultades de la hora presente y hará germinar entre los desechos del viejo orden la patria gloriosa de iguazos y peones, de campesinos y de gentes sencillas”.

* Más de 100 muertos en la peor tragedia laboral del país
* Numerosas delegaciones sindicales en el sepelio
* Francisco Mosquera y Jaime Piedrahita Cardona acompañaron a los mineros

“Para Industrial Hullera y el gobierno la vida de un minero vale menos que un bulto de carbón. Durante no sé cuantos años exigimos mejoras en las condiciones de trabajo y buen mantenimiento para carrileras y malacates. Permanentemente hemos demandado de las autoridades laborales que hicieran cumplir las disposiciones sobre salud ocupacional, que inspeccionaran los socavones y comprobaran su pésima ventilación. Jamás nos escucharon. Hoy nos matan a más de 100 compañeros y encima nos echan la responsabilidad; aquí los únicos culpables son ustedes”, exclamó enfurecido Hernán Taborda, presidente del Sindicato de la Industria Minera de Antioquia, cuando el administrador de la mina Villa Diana pretendió señalar a los trabajadores como causantes de la explosión de gas grisú, acaecida el pasado 14 de julio, en la que perecieron calcinados y asfixiados más de 100 mineros de Amagá.

Una mina cementerio

Industrial Hullera, propiedad de los más grandes consorcios industriales de Antioquia como Coltejer, Fabricato, Pilsen, Cementos El Cairo, Cementos Argos, Tejicóndor y Vicuña, es una de las principales productoras de carbón en Colombia y extrae cerca del 40% del tonelaje total del departamento. No obstante que sus dueños la catalogan como el yacimiento más tecnificado y moderno del país, Industrial Hullera carece de equipos de salvamento, tiene un flujo de aire cinco veces inferior al necesario, su elevada temperatura interior sobrepasa los límites máximos exigidos por las normas internacionales de seguridad.

Pero las “garantías” brindadas por los amos del carbón a sus esclavos asalariados son todavía más aterradoras. Laborando en jornadas de ocho, diez, doce horas, los mineros escarban las entrañas de la tierra acosados por el calor, semidesnudos, hambrientos, privados de la luz solar durante meses, hostilizados por los caporales y perseguidos por los empresarios cuando claman justicia. Este arriesgado trajinar lo adelantan los obreros en insalubres y deficientes condiciones de trabajo: túneles que no poseen instrumentos de detección de gases, ni sistemas de escape en caso de incendio o derrumbe, ni controles de humedad y de aire enrarecido.

Por otra parte, sin asistencia médica, sometidos al infame sistema de contratistas que los despoja de sus prestaciones sociales, los mineros de Amagá viven y luchan su existencia de zapadores insomnes condenados a la miseria por una reducida mafia de capitalistas. Con razón, los trabajadores llaman a Industrial Hullera la mina cementerio.

Mitin en la madrugada

En los días previos a la tragedia, los mineros venían denunciando en mítines y reuniones la falta de seguridad y las reiteradas violaciones empresariales a la convención pactada, al término de una victoriosa huelga de 53 días, en marzo del presente año.
El 26 de junio aprobaron lanzarse a un paro indefinido si el monopolio hullero rechazaba las reclamaciones formuladas por la organización sindical, en el sentido de dar estricto cumplimiento a lo firmado por las partes.

Precisamente, en la madrugada del fatídico 14 de julio, la junta directiva del sindicato, cuya entrada a las instalaciones estaba proscrita por la gerencia, presidió una reunión de protesta junto a la boca mina de Villa Diana, en lo cual los trabajadores acordaron no laborar horas extras, ni el domingo 16 ni el miércoles 20, feriado nacional, con el fin de repudiar la política antiobrera de la compañía. Acudieron ante el administrador y le advirtieron sobre los notables aumentos de temperatura registrados en la mina. Este, indiferente a las quejas de los explotados, respondió amenazante: “Trabajen, a mí lo único que me interesa es la producción”.

A regañadientes, los hombres penetraron en la insegura mina para relevar a sus compañeros del primer turno de la madrugada, de tal forma que, cuando se encontraban dentro de ella los trabajadores de las dos jornadas, ocurrió la brutal explosión en los socavones del manto uno.

El amargo amanecer de Amagá

A eso de las cinco de la mañana, una incandescencia letal restalló en los pasillos de la excavación, sembrando desolación y ruina a lo largo de las galerías principales. Una llamarada recorrió en un santiamén todos los vericuetos de la mina. Las vías de acceso quedaron taponadas, los cápices de los techos se derrumbaron y las rocas sepultaron a los desguarnecidos mineros. La banda transportadora, repleta de cisco, se paralizó por el corte instantáneo de la energía eléctrica y el gas se propagó como una mortaja por pozos y salones de Villa Diana y el Silencio. Para los habitantes de Amagá el más amargo día había despuntado.

Inválidos y menores laborando

Entre los cadáveres ennegrecidos que alcanzaron a ser extraídos de la mina antes que la empresa suspendiera definitivamente el rescate, se contaba el de Hernando Acevedo, sordomudo, de apenas 16 años, hijo del viejo minero Tocayo Acevedo.

El inválido era uno de los menores de edad que Industrial Hullera, en su avara crueldad, engancha sin control ninguno para el arduo laboreo de la minería, con paga muy inferior a los salarios vigentes, directamente o a través de arrendatarios. Desde tiempo atrás el sindicato ha denunciado esta política, sin que hayan valido sus protestas para que los rapaces dueños de la mina la suspendan.

Negligencia criminal

El grisú es fundamentalmente una mezcla de metano y oxígeno, de gran poder detonante.
Hay dos métodos conocidos en Colombia para detectar su presencia. La lámpara Davis, que funciona mediante el reavivamiento de su llama ante el gas. Y el metanómetro, instrumento de medición más avanzada. Pues bien, en Industrial Hullera no emplean ninguno de los dos. Hasta una crónica de El Tiempo, julio 24 de 1977, revela esta gravísima situación: “Se afirma que hasta hace aproximadamente cinco años existían en la mina ocho o diez lámparas, que servían para que un capataz y dos ayudantes bajaran a los socavones a inspeccionar y detectar el grisú. Si las lámparas Davis se hubieran utilizado la noche del 14 de julio, no habrían muerto 86 mineros”. Y para completar se cita al minero William Zapata: “Las lámparas de seguridad Davis se están enmoheciendo en las bodegas de la compañía porque solo las sacan cuando llegan las inspecciones del Ministerio del Trabajo”. Es comprensible, entonces, cómo sobrevino la catástrofe que hoy enluta a una población entera y a la clase obrera colombiana.

Lágrimas de cocodrilo

Conocidas las primeras informaciones acerca de la hecatombe, familiares y compañeros de los trabajadores emprendieron la dolorosa tarea de rescatar los cadáveres. A la cabeza de estas labores estuvieron los miembros de la junta directiva del sindicato que, paradójicamente, salvaron sus vidas debido a las medidas persecutorias de la empresa que los había suspendido durante varios días.

Horas después aparecieron en Amagá las primeras brigadas de socorristas, bomberos, policías y soldados, pertrechados de inadecuados y obsoletos equipos de salvamento. Y detrás arrimó la caravana de la hipocresía.

El gobernador y sus secretarios prometieron ayudar a los damnificados, construir un barrio para las viudas y los huérfanos, abrir una “exhaustiva” investigación y, sobre todo, poner a funcionar prontamente la mina. Pero por experiencia los trabajadores saben que a la hora de la verdad los patronos remueven la tierra y cielo, compran funcionarios venales, para brindarles a las viudas y a los huérfanos las indemnizaciones a que tienen derecho. Un buen número de compañeros muertos fue empleado a través de contratistas, quienes ya están pregonando que no tienen dinero para atender las obligaciones originadas en la tragedia. Por ello, las gentes de Amagá han recibido indignadas las lágrimas de cocodrilo de sus explotadores.

En cada puerta un soldado

El mismo día de la catástrofe, sin importarle la enorme pena de Amagá, el Ministro del Trabajo sólo se preocupó de que la industria antioqueña tuviera garantizado el suministro del carbón y en tal sentido dirigió un mensaje al gobierno seccional, urgiendo la inmediata militarización del municipio para asegurar la producción del mineral. En esa afrentosa comunicación el alto funcionario no tuvo siquiera una palabra sobre la pérdida de tantas vidas útiles y honradas.

Un joven minero recriminó en varias oportunidades a la Defensa Civil la presencia de personal armado en las galerías. El coronel al que me quejé por semejante procedimiento me impidió entrar a la mina. Joven, me dijo, de turismo no se necesita a nadie. Le contesté, “ustedes son los que van de turismo hacia el núcleo de la tierra. Deje entrar a mis compañeros que ellos si se rayan la piel y usted no”.

Las calles de la población fueron patrulladas por piquetes militares y las instalaciones de la mina encomendadas a la tropa. En cada cuadra de Amagá hubo un velorio y en cada puerta un soldado.

Heroicas acciones proletarias

El coraje y la congoja producidos en los mineros por la desaparición de sus compañeros, indujo a muchos de ellos a efectuar actos de extrema intrepidez. Francisco Madrid, antiguo militante del MOIR, se adentró al tajo con la esperanza de encontrar vivo a alguno de sus camaradas. Provisto de una pequeña botella de oxígeno, apenas suficiente para 15 minutos, descendió seguido por el entibador Arnoldo García, quien explica lo acontecido: “Ya estábamos de regreso cuando vi a Pacho Madrid que caía. Perdió la mascarilla y la botella se le rompió. Comenzó a gesticular desesperadamente. Con ese calor, con ese humo, bajitico, azul, ¿quién podía salvarse? Caminé anestesiado casi por completo. Un compañero me echó a sus espaldas y me sacó. Al otro día, estando nosotros en el entierro común, supimos que habían recuperado el cadáver de Pacho. Había entregado su vida heroicamente.

En el horroroso desastre fallecieron también los recordados militantes y activistas del MOIR Roberto Quintero, Javier Trujillo, Gustavo Vélez, Ramiro Ángel. Francisco Valencia, Libardo Florez Macías, Luis Posada, Orlando Marín, Luis Eduardo Restrepo, Fabio Álvarez, Juan Castaño, José García, Emilio García Castañeda, Pedro Pablo Marín y otros.

Multitudinario y emocionado sepelio

Más de 20.000 personas entre familiares, amigos, allegados y gentes del pueblo de Amagá se concentraron desde el medio día del viernes 15 de julio frente al atrio de la iglesia, para testimoniar sus sentimientos de dolor, indignación y solidaridad. Decenas de ataúdes fueron alineados en una impresionante ceremonia en un costado de la plaza. Pancartas rojas y negras en las que se leía: “Compañeros caídos, “Vuestro silencio es grito de combate” y “La sangre y sudor mineros son riqueza para Hullera”, “Gloria eterna a los compañeros caídos”, fueron extendidas al frente de los féretros. Coronas de flores, entre las que se destacaba la enviada por el camarada Francisco Mosquera a nombre de la dirección y la militancia del MOIR, cubrían los catafalcos. Delegaciones del Frente Sindical Autónomo de Antioquia (FSA), organización a la cual está afiliado el sindicato minero, de Fecode, Sittelecom, Fedeta, Utran-UTC y el Bloque Sindical Independiente de Antioquia, presidían el acto, en medio del adolorido silencio de la multitud.

Francisco Mosquera en Amagá

El viernes 15 de julio en las horas de la mañana el secretario general del MOIR, camarada Francisco Mosquera, ligado por las batallas de muchos años a los mineros, se presentó en Amagá junto con el compañero José Roberto Vélez, dirigente nacional de ANAPO, para expresar a los trabajadores las condolencias del Frente por la Unidad del Pueblo. Concurrieron también Carlos Virgen, secretario regional de ANAPO, y el escritor Jairo Aníbal Niño.

Dos días después el candidato presidencial del Frente por la Unidad del Pueblo, Jaime Piedrahita Cardona, y su esposa Amparo Echavarría de Piedrahita, visitaron a los obreros y los acompañaron en su pesar. Con ellos estuvo de nuevo Francisco Mosquera. Asimismo, Jaime Jaramillo Panesso, Carlos Virgen y dirigentes regionales de la ANAPO y el MOIR.

El gobernador no pudo hablar

Culminados los oficios religiosos le correspondió intervenir a Hernán Taborda, en representación de los trabajadores. Las autoridades, temerosas de que el pueblo amagacita escuchara de boca del líder obrero la verdad, intentaron boicotear sus palabras y apagaron el equipo de sonido en el preciso momento en que denunciaba la absoluta y exclusiva responsabilidad de la empresa y el gobierno. Las cadenas radiales interrumpieron también sus transmisiones. A los gritos de “Dejen hablar a Taborda” y “los asesinos lo quieren acallar”, la iracunda muchedumbre respaldó al dirigente.

Cuando Taborda terminó su alocución, el gobernador de Antioquia pretendió dirigirse a los presentes. El gentío, ofendido por la desfachatez del representante oficial, inició la marcha fúnebre con sus muertos, sin escucharlo. Banderas enlutadas y ramos de flores de numerosos sindicatos y partidos de izquierda secundaron a los dirigentes mineros hacia el cementerio.

Ya en la cripta central, un cabo del ejército quiso desplazar al compañero Taborda del sitio que le correspondía. Entonces, la incontenible masa obligó a los esbirros a retirarse. “Aquí manda el compañero Taborda”. “Este es nuestro dolor, fuera los asesinos” y “Tóquenlo y verán como se daña esto”, grito la multitud. Enseguida, con altivas y conmovedoras frases el presidente del sindicato brindó un postrer adiós a sus hermanos de clase y solicitó un minuto de silencio en honor a los caídos. Consignas antigubernamentales y antipatronales retumbaron por todo el cementerio.

Un homenaje nacional a la memoria de los mineros muertos en Villa Diana, programado por el sindicato para el domingo 24 de julio, fue arbitrariamente suspendido por el gobierno.

Este desastre, uno de los más grandes ocurridos en veta alguna del mundo y el peor que recuerde la historia de la producción en Colombia, es una muestra fehaciente de los feroces excesos de los explotadores y de su voraz afán de enriquecimiento a costa del sudor, la salud y la propia vida de los hijos del proletariado, únicos verdaderos forjadores de toda la riqueza social. Por ello en todo el país se ha levantado un clamor que condena a los responsables del crimen de Amagá y que exige que esta deuda de sangre sea cancelada.

Reciban el más fraternal y combativo saludo de los pobres del campo. Hemos estado atentos al desarrollo de la iniciativa sobre la unidad de las fuerzas democráticas revolucionarias antihegemónicas, que indudablemente significa un avance para el desarrollo de la conciencia y del mismo proceso revolucionario del pueblo colombiano.

La decisión tomada por ustedes de marchar consecuentemente con un programa definido sin dejarse intimidar por posiciones políticas incorrectas y lesivas a la unidad del pueblo y para el mismo proceso revolucionario constituye una alternativa que vemos positivamente. Estamos convencidos de que el movimiento campesino y el pueblo en general se beneficiarán de un fortalecimiento de estas fuerzas políticas democráticas revolucionarias antihegemónicas.

Como ustedes han propuesto la participación de la ANUC en esta comisión y la consideramos de suma importancia, hemos iniciado al interior de nuestra organización un examen de la situación política y sobre esa base tomaremos una decisión a fin de lograr mejores resultados en el cumplimiento de nuestras tareas, entre las cuales la unidad de los sectores populares nos preocupa grandemente.

Esperamos que nuestras relaciones sean cada vez más estrechas y fructíferas y deseamos que esta iniciativa coseche muchos éxitos en la tarea de lograr para el 90% del pueblo colombiano, la democracia, la paz y la independencia de toda intromisión extranjera en nuestra nación.

Comité Ejecutivo ANUC
Hernán Monsalve B.
Presidente
Bogotá. Julio 11 de 1977

Combatientes populares vilmente asesinados

Transcurridos tres años de su nefasto mandato. López Michelsen presenta un elocuente balance de su política educativa: el déficit de la universidad pública pasó la barrera de los 2.000 mil millones de pesos; la construcción de escuelas disminuyó en un 54%; hay siete universidades cerradas: la Nacional de Bogotá, la de Nariño, la de Caldas, la de Santiago de Cali, la Tecnológica de Pereira y la Nacional de Antioquia; alrededor de 35.000 universitarios no pudieron terminar el semestre académico; más de cien estudiantes han sido condenados en consejos de guerra, y decenas asesinados en la vía pública.

Cerrada la Nacional

Nunca antes, en su medio siglo de existencia, había afrontado el principal claustro del país un desbarajuste como el que vive el régimen vigente. Desde el 13 de mayo, sus 17 facultades están cerradas indefinidamente. Es la tercera vez que López recurre a esta solución, después de fracasar en su intento por imponer las reformas y planes trazados por el imperialismo norteamericano. La Nacional es uno de los terrenos escogidos para aplicar el “Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo” (PNUD), que se caracteriza por su antipopular proyecto de “autofinanciación”, consistente en el recorte gradual del presupuesto que el Estado destina para la educación superior, hasta su eliminación total, impulsando el alza arrolladora de matrículas y alimentación, y suprimiendo el Bienestar Estudiantil.

Sobre las universidades del Valle, Antioquia y Santander se cierne la amenaza del cierre. En el caso del Tolima, el mismo rector se vio obligado a clausurarla durante 20 días por un déficit de 54 millones de pesos.

Contra la reforma imperialista

Así como hace seis años los estudiantes repudiaban el Informe Atcon y el Plan Básico y levantaban la bandera antiimperialista del Programa mismo, hoy, los universitarios, con el apoyo decidido del pueblo, se revelan y desenmascaran la reestructuración de las universidades y la Reforma Educativa, con la cual de nuevo la administración actual intenta convertir los planteles de estudio en costosos centros de carreras intermedias, de cupo limitado, que satisfagan sólo la demanda de mano de obra para los monopolios extranjeros, incrementando a la vez la privatización de la educación superior en un grave atentado contra las masas populares.

Apoyo a la intranquilidad prevaleciente

En los últimos meses han caído, víctimas de la satrapía imperante, Hernando Castaño, antiguo dirigente de la Juventud Patriótica y miembro del MOIR en Puerto Leguízamo (Putumayo), Carlos Arturo Rodríguez Escobar, activista revolucionario de Líbano (Tolima); Carlos E. Bravo, alumno de la Universidad Nacional de Medellín y Juan Carlos Guatavita, de la Tecnológica de los Llanos Orientales.

Por otra parte, Edilberto Lagos, profesor de la Universidad Pedagógica de Tunja y dirigente del MOIR en Boyacá, estuvo arbitrariamente encarcelado más de dos meses. De igual manera, Orlando Patiño, dirigente juvenil de nuestro Partido en Nariño, permaneció privado de la libertad durante cuatro meses en Pasto.

En las jornadas de 1977 estudiantes, profesores y trabajadores colmaron las calles de las principales ciudades y de las poblaciones apartadas, para repudiar las iniquidades de los verdugos de turno, exigir la reapertura de las universidades cerradas y demandar la libertad de los detenidos y la derogación del policivo Estatuto Docente. A través de enconados enfrentamientos y rompiendo las disposiciones de excepción del estado de sitio, millares de jóvenes de ambos sexos hicieron resonar por los ámbitos del territorio patrio sus proclamas de una Colombia libre y avanzada.

Los miembros de la Juventud Patriótica, en declaración dada a conocer en mayo, manifiestan su decisión indeclinable de pelea y como buenos fogoneros de la revolución, apoyan la intranquilidad prevaleciente en las universidades, mientras en ellas campeen las más leves manifestaciones de agresión cultural del imperialismo norteamericano.

El más reciente paro cívico se llevó a cabo en Florencia, Caquetá, durante el 18 y 19 de julio. “Ante la actitud dilatoria, las promesas incumplidas desde hace más de tres años, la parálisis de las actividades industriales, comerciales y domésticas por carencia de fluido eléctrico”, el Comité Pro-Electrificación fijó la hora cero.

A las 10 de la mañana del lunes se inició un nutrido desfile hacia el parque de Santander integrado por obreros, amas de casa, religiosos, estudiantes, artesanos, niños y ancianos que echaban abajos al “mandato de hambre” y gritaban “¡Queremos luz, fusiles no!”. A culata y bolillo cargó la fuerza pública contra esta concentración popular que esperaba los resultados de la negociación entre el Comité y las autoridades intendenciales.

En la madrugada del martes, los miembros turbayistas del Comité levantaron el paro a espaldas del pueblo. De nada sirvió el toque de queda para contener la indignación popular. En la periferia de la ciudad se libraron enconados combates entre la población y los uniformados, que como en campo de guerra abrieron fuego contra la multitud. En el barrio Juan XXIII se vio caer mortalmente heridas a varias personas, pero la tropa no permitió que sus cuerpos fueran recogidos. Se dice que Héctor Ramírez Polanco, mecánico y padre de seis hijos, y Ricardo Sánchez Torres, mecánico y estudiante del nocturno, murieron.

Por otra parte, grupos de florencianos iracundos atacaron la fábrica de licores y apedrearon los edificios de Telecom, la Cooperativa Agropecuaria del Caquetá, el Insfopal, el Fondo Ganadero y los Bancos de Bogotá, Colombia y Popular.

El Círculo de Periodistas del Caquetá denunció de manera enfática “los atropellos de que fue objeto el pueblo de Florencia y la prensa regional por parte de autoridades de la fuerza pública al cegar en forma inexplicable, por lo menos la vida d e cinco personas, con ocasión del paro cívico decretado por el pueblo caqueteño en señal de protesta por el abandono permanente en que lo ha mantenido el gobierno nacional.

Compañeros:
II Foro Nacional de la Oposición popular y Revolucionaria

Quiero manifestarles mi agradecimiento por la invitación a asistir a ese acto político. Aprovecho la ocasión para manifestarles mi solidaridad con la lucha frontal contra la oligarquía colombiana, el imperialismo norteamericano y a favor de la unidad de todas las fuerzas de la izquierda colombiana.

Fraternalmente,

Gabriel García Márquez

El MOIR confirma con este comunicado la expulsión de sus filas de Ricardo Samper. La resolución fue adoptada el 31 de mayo de 1977 por el Comité Ejecutivo Central, máximo organismo de dirección de nuestro Partido, el que hoy la hace pública, luego de exhaustivo estudio y discusión interna de la misma, a todo nivel. Determinados órganos de expresión, especialmente la prensa semioficial, ya se han ocupado del asunto, dando diversas interpretaciones acomodaticias, tendientes a objetar la drasticidad de la medida y a mover los resortes de la conmiseración a favor del sancionado. Situación apenas obvia en un país en el cual la reacción y el oportunismo vienen propendiendo durante décadas porque las corrientes políticas, de uno u otro bando, se caractericen no por posiciones claramente demarcadas, sino por las componendas, las contemporizaciones y los híbridos de intereses contrapuestos que son, dentro de la confusión reinante, las actitudes que más contribuyen a mantener todavía en pie el edificio cuarteado y tambaleante de la oligarquía liberal-conservadora vendepatria.

Corresponde a la revolución impartir las lecciones de verticalismo y arrojar el chorro de luz allí donde, tras bambalinas, se trafica con los sagrados anhelos del pueblo colombiano.

Se ha dicho, por ejemplo, que el MOIR al expulsar a Samper, a raíz del casamiento de éste con Consuelo Lleras, lo hizo por sucesos que corresponden a la órbita privada y no constituyen de por sí razones suficientes para semejante determinación. El MOIR, ciertamente, aunque persevera en una sólida educación proletaria en los todos los órdenes, tiene por norma general no interferir en la vida privada de las personas, siempre y cuando esta no interfiera protuberantemente en la actividad revolucionaria. Pero es que el matrimonio de Samper es una de esas uniones que de manera ineludible tienen prosecución política, y mucho más en Colombia, donde las influencias y el poder se traspasan casi hereditariamente entre los miembros de unas cuantas familias encopetadas, por los conductos dinásticos de los partidos tradicionales. Se trataba del enlace de uno de los principales dirigentes del MOIR con la hija de Alberto Lleras, renombrada activista del turbayismo. Por lo tanto, lo que debía quedar nítido ante la faz del país en este caso, era que el supuesto dirigente revolucionario no actuaba de manera arribista, no conciliaba con los intereses que venía representando su cónyuge. Lo que sucedió fue, previsiblemente, todo lo contrario. En forma por demás oportunista Samper llegó hasta el extremo de concurrir el 27 de octubre de 1976 a un banquete que le prepararon en el Hotel Hilton de Bogotá a Julio César Turbay Ayala, para presentar al precandidato liberal- ¡qué ironía! _ como abanderado de la campaña moralizadora y de las buenas costumbres. Del acto político, y de la asistencia de Samper, informó el periódico El Tiempo al día siguiente. En esta ocasión el personaje de que nos ocupamos estuvo por primera vez al borde de la expulsión. Entonces prometió que estos hechos no se repetirían y que Consuelo Lleras se retiraría del turbayismo. El Comité Ejecutivo Central aceptó sus palabras como una posible solución al delicado problema. Sin embargo, fue duramente criticado y sancionado.

Los acontecimientos posteriores comprobaron que no había tal propósito de la enmienda y que a Samper le importaba una higa colocar al MOIR de rey de burlas. Pero nuestro Partido, destacamento de combate de la clase obrera y del pueblo, por ninguna consideración podía tolerar tan garrafal equívoco, y procedió a desbaratar la inadmisible ambigüedad de que uno de sus más conocidos dirigentes posaba de feroz contrincante del régimen, mientras su esposa, desde las toldas turbayistas, trabajaba en apuntalarlo. Y lo hizo por el único y mejor medio a su alcance; la expulsión. Con la medida no sólo sanciona un comportamiento incompatible con los principios proletarios, condenado además, con una u otra interpretación, por la casi totalidad de organizaciones y militantes revolucionarios y personas honradas, sino la violación por parte de Samper de decisiones orgánicas, de cuya disciplinada observancia depende en último termino el cumplimiento de la política correcta del Partido.

El gobierno le hizo a Ricardo Samper el nombramiento para que representara en el tinglado de la llamada Comisión de Vigilancia electoral, primero al MOIR, y luego, cuando se supo tanto de su expulsión como del rechazo de nuestro Partido a esa vulgar comedia demagógica, para que concurriera en condición de _auténtico intérprete de la izquierda_, según expresión del propio ministro de Gobierno. Esta designación y su correspondiente acatamiento nos proporcionan un indicio de cuáles son las verdaderas intenciones de Samper y el fondo de clase de su reprobable proceder. La dictadura oligárquica ha encontrado, de pronto, en este arribista que le reclama a la revolución el reconocimiento de dieciséis años de servicios prestados, el tramoyista que faltaba para arreglar el espectáculo de la mentirosa imparcialidad oficial en los próximos comicios.

La expulsión de Ricardo Samper no es más que la culminación de las agudas y constantes contradicciones internas de éste con la línea del Partido. A pesar de que gozó de plana democracia y disfrutó de innumerables distinciones como cuadro público de la organización, dentro de la militancia nadie ha querido servir de abogado de su causa perdida. En la actualidad una comisión especial, ordenadas por el Comité Ejecutivo Central, labora en la sistematización de las múltiples batallas ideológicas y políticas que significó el paso de Samper por el MOIR., las cuales se publicarán oportunamente, como valiosas experiencias que coadyuven a comprender la tarea de construir una vanguardia obrera de la revolución colombiana. Por ahora destacamos que en el MOIR han existido y continuarán existiendo luchas internas que son el reflejo de las contiendas de clase que se libran en la sociedad. Este fenómeno es inevitable y necesario. A través de él el partido preserva su carácter proletario, impone su política acertada y mantiene su indispensable unidad. Ningún partido revolucionario puede asegurar que en sus huestes no surgirán posiciones oportunistas o no harán carrera elementos inescrupulosos. Lo que el MOIR si garantiza al pueblo colombiano es que cada vez que tales anomalías se presenten, las combatirá con denuedo y sin claudicaciones, hasta obtener la victoria completa.

Una asamblea popular de Puerto Berrío determinó la realización de un paro cívico de 24 horas para el 31 de mayo, como rechazo a la negligencia del gobierno en el nombramiento de profesores para el Liceo Idem, a las continuas alzas en las tarifas de los pésimos servicios públicos y en solidaridad con los trabajadores del Hospital de la Cruz, a quienes el gobierno no ha solucionado el pliego de peticiones presentado hace más de un año.

La carretera a Medellín quedó totalmente bloqueada y los estudiantes se tomaron las instalaciones del Liceo. Durante todo el miércoles, la población entera se enfrentó al ejército que de manera provocadora había hecho descargas de fusil contra la muchedumbre y bombardeó a piedra las instalaciones de la alcaldía, la tesorería, la personería, los juzgados de menores, Telecom, el Inderena, el cuartel de policía y por algunos minutos se tomó la radioemisora local, desafiando el toque de queda.

En el lugar llamado Pasonivel, ferroviarios y porteños obstruyeron la carrilera levantando rieles y polines y reforzaron la barricada con láminas de hojalata y piedras, suspendiendo el tráfico entre la costa atlántica y el interior.

El jueves, el ejército allanó el barrio obrero Milla Uno y efectuó más de cien detenciones, incluyendo al corresponsal de Tribuna Roja. Aunque 18 personas fueron condenadas a pagar entre 30 y 60 días de cárcel, la solidaridad popular con los detenidos obligó a las autoridades a ponerlos en libertad antes de cumplir sus arbitrarias condenas.