SOLITA VÉLEZ DE JARAMILLO

El día 25 de abril falleció en Bogotá Solita Vélez de Jaramillo, entrañable amiga del MOIR, esposa de José Jaramillo Giraldo, connotado dirigente político con quien a partir de 1976 libramos numerosas batallas revolucionarias, hasta su desaparición.

Solita fue una mujer de avanzada y desde su juventud mostró su temple. Junto con José, recorrió la geografía patria y conoció de cerca los problemas que aquejan a las gentes sencillas, a las cuales brindó permanente solidaridad. Se caracterizó también por defender la dignidad y los derechos de las mujeres colombianas, y estuvo siempre al lado de la causa de los desposeídos.

Su muerte nos deja un hondo vacío. Hemos perdido a una compañera y amiga que día a día se preocupó por la suerte de nuestro Partido. Su recuerdo nos acompañará en las futuras luchas que debe dar la nación para lograr su plena independencia.

A sus hijos y familiares les expresamos que su dolor es el nuestro y que no olvidaremos nunca los caminos recorridos brazo a brazo con tan especiales compañeros.

FRUCO CIERRA SU FÁBRICA DE SALSA DE TOMATE EN CALI

Sólo catorce millones de pesos – cinco salarios mínimos mensuales- deberá pagar Frutera Colombiana S. A., más conocida como Fruco, por la sanción que posiblemente le aplique la Regional del Trabajo al no haber llenado los requisitos para el cierre de su fábrica de salsa de tomate, mayonesa y vinagre que desde 1954 operaba en la Sultana del Valle.

Con esa irrisoria suma los empresarios responderán ante el Ministerio, pero no por las graves dificultades en que pondrán a los trescientos obreros y empleados que llevaban tres semanas custodiando los equipos para que no fueran retirados por la empresa de su planta de la calle 47 con carrera primera.

Mientras los trabajadores y la policía vigilaban la parte externa de la fábrica, las máquinas empezaron a ser trasteadas por el aire con helicópteros, desde las primeras horas de la mañana del día 2 de junio. Por la tarde, los trabajadores trataron de impedir el desmantelamiento pero la policía los atacó con gases lacrimógenos y chorros de agua y en el enfrentamiento quedaron trece personas lesionadas, entre ellas cinco agentes y dos sindicalistas.

Fruco quiere llevarse para Barranquilla la línea de salsa de tomate, para Maizena la de mayonesa y acabará con la producción de vinagre.

La empresa no ha aclarado la situación laboral, aunque públicamente sí anunció el cierre.

Es éste uno más de los centenares de cierres o de concordatos que se vienen presentando en el país como consecuencia de la apertura económica y las masivas importaciones de productos agrícolas e industriales que golpean inmisericordemente la producción nacional.

Paro en las telecomunicaciones: LOS TRABAJADORES SALEN DE NUEVO EN DEFENSA DE TELECOM

(No se les exige inversión en infraestructura, pues la red nacional y sus equipos suplementarios se ponen a su disposición. A los nuevos operadores sólo les tocará abrir la oficina y cobrar)

Por Oscar Parra

En materia de telecomunicaciones, Colombia se ha convertido en -uno de los mercados más apetecidos. Cuenta con recursos humanos, infraestructura y tecnología creados en casi 50 años de incansable trabajo. Sus redes y servicios se mantienen dentro de parámetros avanzados, incluida la fibra óptica, la digitalización y la transmisión satelital. Su estratégica posición geográfica la convierte en el principal corredor del continente. Todo ello, resumido en un nombre: Telecom.

Telecom es una de las empresas bandera del Estado. Tiene en marcha proyectos de valor casi incalculable, como la Red Nacional de Fibra óptica -a través de los cables submarinos del Pacífico y el Atlántico-, que en los primeros meses de 1997 unirá a más de cien ciudades colombianas, entre sí y con el resto del continente. Continúa desarrollando el proyecto del satélite latinoamericano Simón Bolívar y acaba de aprobar un plan de inversiones que compromete más de 3.5 billones de pesos durante los próximos cuatro años.

Con un gobierno digno y consecuente, las anteriores estrategias servirían de base para el pleno ejercicio de la soberanía en aras del progreso. Con Gaviria y Samper, en cambio, tan ingentes esfuerzos hechos por la nación se entregan en bandeja a un puñado de consorcios, principalmente norteamericanos.

La apertura
Para nadie es un secreto que el objetivo primordial de la apertura en tan vital sector consiste en traspasar a Estados Unidos y a sus socios el lucrativo mercado colombiano. En el país, según las proyecciones, en el año 2005 los ingresos por concepto de larga distancia nacional e internacional ascenderán a 3.500 millones de dólares.

En pos de ese objetivo, la potencia del Norte presiona a los gobiernos para que barran con las empresas del Estado y les abran a los consorcios de par en par las puertas. Si hablan de competencia y libre empresa es entonces buscando para ellos el monopolio y la concentración de la propiedad.

Actuando en consonancia con el designio imperialista, en 1991 Gaviria expidió el decreto 1794, con el cual se inició en firme la ofensiva: redefinió a su amaño los servicios básicos, permitiendo que fueran manejados como servicios de valor agregado, sometidos desde esa época al régimen de libre competencia, e hizo posible así que la telefonía pública conmutada internacional fuera prestada por múltiples operadores no habilitados para ello. Telecom, a partir de ese año, dejó de percibir importantes ingresos, víctima además del caos tarifario y la piratería del Call Back (llamadas sin retorno). Merced a este fraudulento sistema, hay monopolios extranjeros que utilizan la red de Telecom pero no pagan por hacerlo sino sumas ridículas. El objetivo final no es otro que arrebatarle a Telecom el mercado de larga distancia, que le representa 95% de las entradas totales.

Normas lesivas al interés nacional
Tres años después, la Ley 142 de 1994 impuso como norma la privatización y la competencia en los servicios públicos domiciliarios. La concesión de licencias a los nuevos operadores de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional le fue asignada a la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones. CRT. También debe señalar las tarifas que se cobren por dichas concesiones.

Son los grandes conglomerados los que llevan del cabestro a la CRT. Esta, protegida por el gobierno, configura en la práctica una tropilla de avanzada contra los intereses de la nación. Su criterio inflexible es uno solo: las ventajas son para los nuevos operadores, las restricciones, para Telecom. Según sus reglas, las tarifas de larga distancia nacional de Telecom serán manejadas por el sistema de libertad regulada. Para las de los operadores, en cambio, se establece la libertad plena.

Las normas en vigor garantizan que únicamente sean los monopolios mundiales los que se queden con la partija en Colombia, al exigirse en la licitación requerimientos técnicos que sólo aquéllos pueden cumplir. El gobierno les crea además las condiciones favorables para que en corto tiempo se apoderen del tráfico más rentable. Y no les exige inversión en infraestructura, pues la red nacional y sus equipos suplementarios se ponen a su disposición. A los nuevos operadores sólo les tocará abrir oficina y cobrar.

Bajo esta reglamentación antinacional, continuada por Samper, lo primero que se va a perder es la crema del mercado, constituida por el tráfico de Bogotá. Medellín. Cali v Barranquilla -48.35% de los ingresos de Telecom en 1995, equivalentes a 4.711 mil millones de pesos-, que a los nuevos operadores, con una mínima inversión real, les generará una fabulosa ganancia. Samper les redujo además el pago por la concesión, permitiéndoles cancelarla en tres años, a sabiendas de que los dos últimos los podrán pagar con las ganancias del primero.

Telecom se verá aún más debilitada cuando se la divida en dos empresas diferentes, separando la infraestructura técnica y operativa de los servicios de larga distancia nacional.

La Comisión de Regulación liquidó la telefonía rural y social, pues nada les impone en este campo a los nuevos operadores. Telecom no podrá seguir fomentándola, ya que se la despoja de los recursos adecuados. Sólo con los subsidios que ha venido otorgándoles la empresa estatal es como han podido existir las telecomunicaciones en las regiones más atrasadas y aisladas, que en nuestro país son la mayor parte. Telecom atiende en la actualidad más de cinco mil localidades.

En síntesis, con la llamada reestructuración, el presidente de Telecom, Julio Molano, lo que está haciendo es en realidad liquidar a la empresa por pedazos, dejando por aparte los segmentos rentables, precisamente los que van a feriarse a las trasnacionales.

La lógica vendepatria es simple: con la competencia se liquida a Telecom, y liquidada Telecom la mesa queda servida para las multinacionales.

El pliego de peticiones
El pasado 3 de mayo, en una multitudinaria jornada nacional de protesta, los trabajadores de Telecom, dirigidos por sus organizaciones sindicales, Sittelecom y la ATT, apoyadas por las centrales obreras CGTD y CUT, por otras organizaciones populares, por personalidades democráticas v partidos políticos, entre ellos el MOIR. anunciaron al país su indeclinable compromiso con la batalla que busca preservar a la empresa como patrimonio nacional. Calles y plazas han sido testigos del rechazo a la política proimperialista del gobierno.

El pliego de peticiones presentado días antes fijó claramente el actual objetivo de la lucha: la exclusividad para Telecom en la prestación de los servicios básicos de larga distancia nacional e internacional. Desde el gobierno de Gaviria se quiso liquidar a Telecom por la vía de la competencia impuesta por los consorcios internacionales. Sin embargo. el histórico paro de abril de 1992 hizo polvo aquella intentona aperturista, aun cuando el gobierno de Samper se ha encargado de continuar y refinar tamaño atentado. Atentado que consiste, ni más ni menos, que en subastar una de las más importantes fuentes de riqueza con que cuenta el país.

Desde la instalación formal, en abril, de la mesa de negociaciones, la empresa y el gobierno han respondido negativamente a la justa exigencia de los trabajadores, que es la de la nación entera, de preservarla como empresa estatal y única en el servicio de telecomunicaciones de larga distancia. A la vez que arremeten contra los derechos de los trabajadores, blanden un contrapliego que apuntala la liquidación de Telecom.

En decenas de asambleas y mítines, los líderes de los dos sindicatos, encabezados por Eberto López, presidente de Sittelecom, y Carlos Cely, presidente de ATT, reiteraron que ante la feroz embestida norteamericana, la competencia sólo va a significa ceder la soberanía y someter al país a los caprichos de las trasnacionales. Y se comprometieron a no firmar con el gobierno o la administración acuerdo alguno que no contenga el punto de la exclusividad de los servicios de larga distancia nacional e internacional para Telecom. Como en abril de 1992, el paro nacional indefinido constituye la mejor arma de los trabajadores en procura de tan patriótico objetivo.

De nuevo sobre los hombros de los proletarios descansa el peso de esta decisiva batalla.

Se toman las calles contra Mockus, el especulador financiero y filosófico: PARO EN EL TINTAL Y PATIO BONITO

Por Guillermo Alberto Arévalo

A media noche del 19 de junio, en los parlantes de más de cincuenta juntas de acción comunal sonó el himno de Colombia; en el cielo relumbraron y se dejaron escuchar los estallidos de cientos de voladores. Era la señal esperada para iniciar el paro que durante meses se venía preparando como protesta contra la administración distrital, encabezada por el alcalde Antanas Mockus. De todas las casas brotaba la gente, llenando las calles. Según un participante, aquello parecía un «volcán plano».

Desde las riberas del río Bogotá aparecieron los caminantes, las zorras de los recicladores repletas de vituallas y de manifestantes, amas de casa, comerciantes, obreros recién llegados del trabajo, jóvenes y niños, formando columnas estrechamente alineadas. Venían de los muchos barrios de Tintal Central, de Patiobonito y de distintos sectores de Kennedy. En pocos minutos se organizaron disciplinadamente por grupos, montando barricadas en los lugares establecidos por los dirigentes y bloqueando todo el suroccidente bogotano.

Historia de alcaldadas
En 1992, con Jaime Castro al mando del Distrito, se hizo público que proyectos como el de Tintal y la Zona Franca eran producto de una concertación con el sector empresarial. El decreto pertinente habla de «constructores privados», de «particulares» y de «concertantes», refiriéndose a los grandes urbanizadores y a los dueños de tierra urbanizable. En cambio, a los actuales habitantes de la zona, quienes después de ingentes esfuerzos y sacrificios han logrado edificar sus viviendas y establecer sus pequeñas tiendas y talleres, se les conmina a desalojar el sector a cambio de bicocas.

La administración Mockus ha desarrollado la idea de Jaime Castro. y las tímidas modificaciones introducidas por algunos concejales no lograron alterar el fondo del megaproyecto presentado por Mockus, denominado «Desarrollo del borde occidental de la ciudad», el cual establece: «En la gestión de vivienda intervienen tres niveles de decisión: la nación, el distrito y los constructores privados. Corresponde a la nación propiciar desarrollos legislativos y proporcionar el apoyo técnico y financiero a través del Inurbe: al distrito, la reglamentación del uso del suelo y las obras de infraestructura vial y de servicios públicos, y a los particulares, aportar la tierra y desarrollar la construcción». En efecto, esto es lo que ha venido aplicando Antanas: beneficiar a los pulpos urbanizadores. Y mientras guarda la plata de sus alcabalas para favorecer al sector financiero de la economía, los barrios populares se debaten en medio de penurias y necesidades.

Comisión del Plan, plan de la Comisión
El ambiente comenzó a agitarse cuando el ejecutivo distrital presentó ante el Concejo los proyectos de acuerdo sobre los bordes de la ciudad v el Plan Vial.
El pasado 16 de mayo, el Concejo convocó a un foro sobre dichos proyectos en el curso del cual tuvieron la palabra los concejales y los funcionarios del gobierno, sin darles participación a los representantes de los barrios afectados. El Comité Ejecutivo de Tintal Central envió entonces, el 30 del mismo mes, una carta a la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, comunicación firmada por el presidente, Jairo Maldonado, y por el secretario general, Roque Echeverría, en la cual se consignaron los reclamos y peticiones de la comunidad. Se trata de cinco mil doscientos cuarenta predios amenazados de desalojo para dar paso a la construcción de la Avenida Cundinamarca, a otras obras del Plan Vial y a los programas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

Uno de los conflictos más importantes es el originado por la llamada ronda de río Bogotá, franja donde el gobierno prohíbe la construcción de vivienda y que ha sido establecida en 300 metros. Este problema afecta no sólo a la localidad de Kennedy, sino también a la de Bosa, Fontibón, Engativá y Suba. El principal ejecutor del desalojo a lo largo del río Bogotá es Alejandro Deeb, actual gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, quien fuera consultor del Banco Mundial y es hoy el negociador de los empréstitos internacionales para estos proyectos y de la «concertación» con los monopolios urbanizadores.

Cincuenta y cinco juntas de acción comunal de Tintal Central y Patiobonito elaboraron conjuntamente un pliego de demandas que básicamente consigna: la derogatoria de la ley que pretende privatizar los servicios públicos: legalizar, titular y normalizar los llamados barrios subnormales; poner en condiciones de tránsito las vías de la zona; atender las urgentes necesidades que en materia de salud y educación tienen los habitantes del sector, y garantizar la libertad de trabajo de los vendedores ambulantes.

Éxito del paro
A la convocatoria de los dirigentes populares acudieron los habitantes de Tintal Central, Patiobonito y algunos barrios de Bosa. Fontibón y Engativá, organizados en Abasubri, la Asociación de Barrios Subnormales Ribereños. Se unieron también el Sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones y Sinucom.

Desde las 12 de la noche, el acceso a Corabastos fue impedido por los manifestates. Quedaron cerradas la Avenida 86, la Primero de Mayo, la Ciudad de Villavicencio, la Avenida de las Américas, la Ciudad de Cali, la Avenida Boyacá y el sitio de Banderas. La Trece fue bloqueada a la altura del puente sobre el río Bogotá por los pobladores de Chircales, Casandra. Prados de la Alameda y Floresta. La 86 permaneció interrumpida algunas horas por los vecinos de Engativá. Durante 24 horas no entró un solo vehículo a la Central de Abastos.

Ante la contundencia del movimiento. Mockus envió negociadores de menor rango, quienes fueron rechazados por el pueblo, viéndose obligado el soberbio burgomaestre a darle la cara a una población llena de mística, de unidad, de ánimo de combate. Ni los generales de la policía lograron contener el vigor de la protesta. Y las argumentaciones del alcalde filósofo-circense quedaron en ridículo. Antanas Mockus se desenmascaró como prototipo del modelo neoliberal, frío, tecnicista, pretendidamente racional, de cifras, pero que no cuenta con el pueblo, con sus demandas ni necesidades.

El levantamiento del paro fue temporal, mientras duran las negociaciones. La población se mantiene alerta, en disposición de lucha hasta donde sea necesario para defender sus derechos.

Se toman las calles contra Mockus, el especulador financiero y filosófico: LO QUE VIENE ES DE MAYOR ENVERGADURA

Por Francisco Cabrera

«Desde un principio Mockus dijo que no conocía la palabra negociación, que prefería la concertación, que él entiende de forma muy curiosa. El gobierno decide y las organizaciones de la comunidad participan sirviendo de mandaderos.

«Llama la atención el manejo que el alcalde hace del sofisma de la equidad. Planteó que las soluciones serían «en condiciones de equidad con el resto de la ciudad», como si el paro no hubiera sido el fruto de las aberrantes condiciones de inequidad en las que su gobierno subsidia a manos llenas a las multinacionales y a los monopolios de la construcción mientras despoja a los pobres.

«Lo que viene es un movimiento de mayor envergadura, en el que se entrelazarán más profundamente las luchas de los barrios con las de los sindicatos obreros contra la privatización y la de los vendedores ambulantes por el derecho al trabajo.

«Ya comenzó el proceso de unidad de los barrios ribereños para obligar a disminuir la ronda a cincuenta metros, como lo piensan hacer para los constructores de Engativá, según el director de Planeación, Alberto Villate. Igualmente vamos a defender la integridad de los barrios contra los desalojos que plantean los megaproyectos de la Administración Mockus.

Se toman las calles contra Mockus, el especulador financiero y filosófico: LA VOZ DEL PUEBLO

Villa Alexandra

Roque Echeverría, presidente de la acción comunal de Villa Alexandra y secretario general del Comité Ejecutivo del Tintal Central.

«El paro fue todo un éxito. Tanto, que a las dos de la madrugada Mockus estaba diciendo que por nada del mundo lo obligarían a venir. Pero nosotros le bajamos el orgullo. Ahora vamos por la revocatoria del mandato.

«Claro, se presentaron algunas fallas. La primera, faltó comunicación. La segunda, no previmos que nos íbamos a enfrentar con una bestia que no escucha razones. Mockus llega y nos dice que él no es negociador sino matemático. Y en seguida nos suelta media hora de clase antes de oír a qué veníamos. ‘Ustedes deben entender que hay personas más necesitadas’, fue todo su argumento. Pero con semejante pretexto nunca va a resolver nuestros problemas, porque siempre habrá gente más llevada.

«También salió con un sofisma: ‘Yo sé que este paro no es iniciativa de ustedes sino de fuerzas extrañas. ¡Falso! Nosotros estábamos ahí para exponer nuestras necesidades, no para nada más.

«No se nos dieron soluciones. Por ejemplo, Villa Alexandra todavía no está legalizada. Lo que sí legalizó Mockus fueron los cobros y las tarifas.

«A mí me tocó colaborar, junto con trescientos vecinos de este barrio, en el taponamiento de la Avenida Primero de Mayo con 86, donde aguantamos hasta el final.

«La gente sigue en pie. Si no hay acuerdo, vuelve a haber paro, esta vez con nuevos contingentes. Ya la gente se está dando cuenta de la clase de alcalde que tenemos».

Villa Elvira

Beatriz de Rayo, bogotana, con cinco hijos v siete nietos, es presidenta de la acción comunal del barrio Villa Elvira.

«A Mockus le hemos preguntado qué es lo que va a pasar con nosotros.’Se tienen que ir-nos ha contestado-, así me toque mandarles máquinas.
«Él nos ha visto resistiendo, y por eso nos declaró la guerra psicológica, negándonos el agua, retirándonos la asistencia para instalar los transformadores y sindicándonos de ser dizque guerrilleros.

¿Qué es lo que ellos pretenden’? Nos ofrecen si mucho dos millones de pesos por la casa y el lote, prometiendo mandarnos para Santa Rita, unos despeñaderos en la ruta a Villavicencio.

¡A Mockus por las venas le tiene que correr sangre de Hitler para ser tan miserable! ¿Será que uno ya no tiene derecho a vivir en ninguna parte? Según me he dado cuenta, en los puentes de la 26 se acabaron los cupos.

Si ellos quieren nuestros terrenos para construir grandes avenidas y zonas francas, que vengan a negociar con las comunidades. Pero ¿sacarnos de aquí a la brava» ¡Jamás!

«Por eso hicimos un paro como Dios manda. Fue todo un éxito, porque le dijimos a Mockus que primero nos quita la vida que expulsarnos de aquí.

«Lo que Mockus llama comisión de concertación es en realidad la comisión del atropello. Máquina que llegue al sector a demoler, máquina que quitamos a como dé lugar.

No vamos a ceder más, porque durante meses hemos tratado de resolver los problemas por las buenas. Cuantas veces tengamos i que parar, lo haremos».

Firmes y unidos
Por el Padre Adolfo Duarte

La misa de las diez, celebrada en la cancha de micro fútbol por el párroco Adolfo Duarte, se inició con la lectura dedos salmos bíblicos -«Mis enemigos se avergonzarán de su fracaso» y «Bendito sea Dios que libró al pobre de la mano de los impíos «- y con el Evangelio de San Mateo que comienza con estas palabras: «No tengáis miedo».

Después, ante los trescientos feligreses congregados para la ceremonia, el padre Duarte pronunció una sentida homilía, de la que publicamos apartes.

«No es justo vivir en condiciones infrahumanas, pero todo depende de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que resolver nuestros propios problemas. Yo soy ser humano y no tengo por qué estar siempre con la cabeza baja. Si queremos salir de esta situación, debe haber la convicción profunda de que merecemos vivir mejor. ¡Animo. Dios confía en nuestras capacidades!

«Lo que se necesita ahora es no aflojar. Y mantenernos férreamente unidos.

¡Qué más desearía el enemigo que vernos divididos!

«Lo que siguen son las negociaciones. No se me vayan a desesperar».

Ciudad Granada

Luz Janeth Suárez, bogotana, ama de casa v con cuatro hijos, es presidenta de la acción comunal del barrio Ciudad Granada.

«El día fue espectacular y yo se lo agradezco a los vecinos. Por la noche hubo gente que se acercó a decirme: ‘Señora Janeth, la felicito. Usted dijo la misa y estuvo en la procesión’.

«A veces se gana y a veces se pierde. Pero en esta pelea nosotros no perdimos. El movimiento resultó incluso mejor de lo esperado, y el mayor logro fue haber parado a Corabastos. Además, le bajamos los humos al alcalde.

«En las conversaciones Mockus demostró habilidad para envolver a la gente, para salirse por las ramas sin concretar nada. El tipo exhibe para todo un tono burlesco, como si no tomara nada en serio o como si creyera que nosotros también somos payasos. Pero aquí tenemos conciencia de cuáles son los problemas del sector y hay unos puntos de los que no podemos bajarnos. Contamos con el apoyo de la comunidad y eso es lo importante.

Barrio Sumapaz
Natural de Garagoa, madre de nueve hijos, Ana Isabel Suárez es presidenta de la acción comunal del barrio Sumapaz. Adquirió su lote hace seis años, cuando no había en el sector más que potreros. Sólo el año pasado le instalaron el agua. Muchos de los vecinos deben todavía sacarla del tubo colectivo.

«Él ha estado anunciando que nos saca de aquí a como dé lugar. Ya hizo aprobar un plan vial con avenidas que pasan por el barrio. Lo que nosotros estamos exigiendo es que a la gente se le respeten sus derechos. Si por eso hay que hacer más paros, los hacemos.

«Eso fue un espectáculo muy bello. ¡Cuándo ve usted a la medianoche a miles de personas cantando el himno nacional y desfilando por las calles con la bandera tricolor!

«Nos iremos a un segundo paro cívico si Mockus se empecina en desconocernos».

Barrio La Ribera
Jorge E. Torres,Presidente de la acción comunal de la Ribera, es natural de Pitalito, Huila. Reside hace diez, años en Bogotá y tiene cinco hijos.

«Contamos con servicios provisionales, porque el barrio no está legalizado, aunque los recibos sí nos llegan con toda regularidad. Llevamos muchos meses planteando estas peticiones a las autoridades distritales. No se nos escuchó y dijimos no más. Las 25 juntas decidimos irnos al paro cívico. Ahí sí se acercaron a oírnos. No estamos exigiendo nada que no sea completamente justo: que se nos legalicen las viviendas; que el trazado de la Avenida Cundinamarca se defina de común acuerdo con las comunidades afectadas: que se respete a las familias que viven en la ronda del río, pues les ofrecen 1.800.000 pesos en total, cuando el solo lote les costó más de dos millones.

«En La Rivera estamos dispuestos a salir otra vez al paro».

Barranquillita
Benjamín Gutiérrez, presidente de la acción comunal, expresó:

«Mockus no es una persona sino un computador, con un solo programa del que nadie lo saca.
“Taponamos seis puntos estratégicos con siete mil personas salidas del Tintal Central. Ahora estamos en tregua. Pero la gente no se ha desmovilizado. Por eso Yo afirmo lo mismo que decía un compañero, cuando le preguntaba qué era para él lo mejor del paro: ‘Lo mejor del paro es que quedamos listos para el otro’.”

Barrio Altamar
Genaro Gaviria, presidente de la acción comunal, nos dijo:

«Hay infinidad de problemas. El más grave en este momento es el alcantarillado. Permanentemente se nos inundan las casas con las aguas negras. Llevamos dos años en la misma situación y sin soluciones.

«Por todo esto esperamos salir al segundo paro con muchos más barrios y más fuerza».

El concejal de Bogotá Francisco Pareja: MI VOTO CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA ETB

(Constancia ante la Corporación Distrital el pasado 12 de mayo)

Ha llegado la hora de las definiciones. Espero que este Concejo tome la mejor decisión para bien de la patria y de la ciudad. Quiero explicar mi voto.

Políticamente considero, como muchas de las personas que han participado en las discusiones estos días, que las telecomunicaciones y la energía eléctrica son servicios estratégicos, en los cuales se concentra el esfuerzo de varias generaciones por construir una infraestructura que los convierta en verdaderas palancas del progreso nacional. En tal sentido, su control es un problema de soberanía.

El proceso de internacionalización debería obligarnos a tener en cuenta las tendencias mundiales tras la culminación de la guerra fría y el surgimiento del hegemonismo norteamericano. Sabemos por experiencia que la tendencia no es hacia la libre competencia, como se conoció en los albores del capitalismo, en los días en que Adam Smith escribiera La riqueza de las naciones, sino hacia el monopolio de gigantescas trasnacionales cuyas fusiones y alianzas plantean una concentración de capitales sin precedentes, frente a la cual la soberanía económica de los países en desarrollo y una verdadera integración que obedezca a sus intereses es la única posibilidad de defensa.

Hace unos días los medios informaban que durante las pasadas negociaciones en las que los Estados Unidos le impusieron al Japón importaciones millonarias de autopartes, los primeros espiaron las conversaciones de los segundos. ¿Qué les esperaría a los productores colombianos de flores, banano o café, entre otros, contra quienes los norteamericanos ávidos de ventajas acuden al chantaje, si entregamos a las multinacionales de ese país nuestras telecomunicaciones? En un mundo en el que la información se ha convertido en arma vital para cualquier actividad, ¿podemos dejar en manos ajenas el medio principal para su control? Ante los insistentes rumores del interés norteamericano por la zona de Urabá, y sobre una posible intervención militar en nuestro territorio, ¿no es menester asegurar celosamente el dominio sobre nuestras telecomunicaciones? ¿No debe llamar la atención el que organismos de seguridad como la CIA y la DEA hayan espiado telefónicamente la pasada campaña liberal?

El otro aspecto de carácter político que nos preocupa tiene que ver con la prestación del servicio allí donde no es rentable. Cuando en 1990 Gaviria planteó por primera vez la privatización de Telecom, el presidente de la empresa, Emilio Saravia Bravo, rechazó patrióticamente las medidas señalando que aquello sería «desaprovechar una infraestructura montada por el Estado durante cuarenta años», y puntualizó: «Lloverán propuestas para prestar los servicios rentables, pero se dejarán de lado las comunidades que no disponen siquiera de un teléfono y a las que se llega con pérdidas». La Ley 142 habla de la universalización, pero no brinda las herramientas para lograrla, por lo que el ex gerente de la ETB. Antonio Galán, afirmó en el foro de la semana pasada que se trataba de mera «retórica». Desde que Telecom puso al mando el criterio de la rentabilidad en sus operaciones, se han desconectado cerca de 400 oficinas rurales y de pequeñas localidades. Bien sabemos, por ejemplo, que no basta con la formulación constitucional del derecho al trabajo para que desaparezca el desempleo.

La Ley 142 es una camisa de fuerza para obligar a que se privaticen los servicios públicos. Su artículo 17 define la naturaleza de las empresas como «sociedades por acciones». y sólo excepcionalmente podrán «adoptar la forma de empresas industriales y comerciales del Estado». La competencia que supuestamente conducirá a la «eficiencia» está concebida para que se dé entre empresas privadas. Las comisiones reguladoras y la superintendencia son, entre otras, para empujar la privatización. He aquí uno de los puntos fuertes de quienes se empeñan en subastar a toda costa el patrimonio público.
El documento Conpes 2760, de enero de 1995, trazó el Plan de Desarrollo para el sector de telecomunicaciones, en el que la estrategia es fortalecer a Telecom en detrimento de las telefónicas locales, no con miras a crear una empresa única y poderosa al servicio del interés nacional, sino para facilitar la toma del sector por los grandes consorcios, pues la política de privatizar a Telecom jamás ha sido abandonada. Para lograr tal cometido, la Comisión Reguladora ha expedido resoluciones como la 028 de 1995 y la 033 de 1996 que, so pretexto de «impedir abusos de posición dominante y proteger al usuario», obliga a las empresas municipales a entregar parte de su mercado. Uno de los principales argumentos del alcalde y del gerente de la ETB en el debate que se ha venido adelantando es precisamente el plan de Telecom para instalar 550 mil líneas en Bogotá. Sin caer en regionalismos, y más bien con ánimo patriótico, son completamente justas las exigencias que 43 concejales de Cali; Medellín y Bogotá formularon en una carta fechada el 11 de abril al presidente Samper, para que se revisen las resoluciones mencionadas, y «con carácter urgente modificar la estructura, la composición y la forma de operar de las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios».

La Ley 142 pone demasiado énfasis en quebrar los monopolios. Es un absurdo que se busque eliminar monopolios donde no existen, pues no merecen el calificativo de tales sino aquellos del orden nacional o los que han alcanzado el ámbito planetario. Las empresas locales no lo son v únicamente Telecom ostenta el monopolio de la larga distancia nacional e internacional. El Tiempo, el 11 de mayo nos muestra que después de haberse producido la privatización en 1987, se llegó a que una empresa, la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, controle 95% del tráfico local. Además, la eliminación de los subsidios ha encarecido el servicio, pues el solo cargo fijo equivale a $ 14 mil pesos colombianos.

El alcalde Mockus y el doctor Regueros, gerente de la ETB, junto con todos los defensores de la privatización, han utilizado como artillería pesada el argumento de que la empresa se desvaloriza con cada día que pasa, mientras auguran que no podrá sobrevivir a la competencia. Nunca pudimos saber por qué se propuso primero que el producto de la venta de la ETB se les entregara a los acreedores de la Empresa de Energía, y luego que éste tuviera una destinación social en escuelas de salud y vías: algo así como cambiar el «rigor científico» del profesor Mockus por el populismo de un Salinas de Gortari. En el debate, el sindicato y voces autorizadas como la del ex gerente Antonio Galán, lograron demostrar que la ETB sí puede ser eficiente, como lo son las Empresas Públicas de Medellín. En la actualidad la empresa posee el mercado más grande del país, el mayor índice de líneas instaladas por cada 100 habitantes y el personal mejor calificado: se están incorporando tecnologías de punta como la generalización de la conmutación digitalizada, la utilización de troncales de fibra óptica y el Simra (sistema automatizado para detectar fallas), que entrará a operar en el segundo semestre de 1996.

No nos dejemos arrastrar por las modas que se nos imponen desde afuera. Jorge Castañeda, que comenzó pregonando una izquierda que se amoldase al neoliberalismo, escribió recientemente en El Nacional de Venezuela: “Las modas son pésimas consejeras: hoy que el afán privatizador se desvanece, es tiempo de sacar cuentas, evitar empecinamientos y recordar que hasta las modas parisinas cambian con el tiempo”.

Sindicato de la ETB contra la privatización: «HABRÁ PARO SI NOS IMPONEN PLAN DE RETIROS»

Ante mil trescientos trabajadores reunidos en asamblea el pasado 25 de junio, el presidente del sindicato de la ETB, Rafael Galvis, anunció que habría paro en las telecomunicaciones de Bogotá si llegan a imponerse la privatización y el chantajista plan de retiros voluntarios ofrecido por el gerente, Sergio Regueros.

«¿Cuánto ha costado construir a la ETB, a Telecom, a Ecopetrol, para que vengan unos yupis, adoctrinados en la subasta del patrimonio público, a feriarlas todas a precio de huevo?», preguntó Galvis al hacer el recuento de las peleas que han librado los cinco mil trabajadores desde cuando, en agosto de 1995, el alcalde Mockus le propuso al concejo vender la ETB. Señaló que tras diez meses de luchar en las calles, en el Concejo Distrital también «derrotamos a Mockus en su propio terreno, pues fueron 22 concejales los que votaron finalmente porque la ETB se convirtiera en empresa industrial y comercial del Estado».

Denunció que Mockus ha objetado el Acuerdo, desconociendo a las mayorías e intrigando bajo cuerda para imponer la privatización por la vía del despotismo. Al mismo tiempo puso en marcha un descarado plan de retiros voluntarios, cuyo propósito no es otro que aplastar mediante el soborno la bravía resistencia de los obreros sindicalizados.

«Ésta no es la empresa de Mockus ni de Sergio Regueros. Ésta es nuestra empresa. y como tal ¡vamos a defenderla!», concluyó Rafael Galvis.

CUNDINAMARCA, DEPARTAMENTO PILOTO PARA LA PRIVATIZACIÓN IMPUESTA POR EL BANCO MUNDIAL

Miles de asalariados vienen siendo lanzados a la calle por la gobernadora Leonor Serrano de Camargo, cuya reestructuración administrativa no es otra cosa que el turbión privatizador impuesto por el Banco Mundial, pieza clave del obsecuente plan puesto en vigencia por Gaviria, continuado por Ernesto Samper y resumido en la Ley 142.

La nefasta labor se halla bastante adelantada en Cundinamarca. Ya se inició la venta indiscriminada de las Granjas Agrícolas. Se propone feriar la Fábrica de Licores, con cuyos fondos se ha estado financiando la educación v la salud. Serán transferidos a particulares los Centros de Atención Mental de Sibaté, adscritos a la Beneficencia, que durante decenios han albergado enfermos provenientes de todas las veredas y poblaciones. Cerró sus puertas, suprimida por la Ley 100, la Caja de Previsión Social, Caprecundi, que estaba a cargo del fondo de pensiones y cesantías.

Las vías y demás obras públicas no volverán a ser construidas por el ente territorial, tras haber sido convertidas en jugoso negocio en beneficio de unas cuantas firmas privadas. Nuevos peajes están siendo implantados en varias carreteras, impuesto que se aúna a los muchos que ya gravitan sobre la población.

La implacable ofensiva tiene en vilo a los doce mil trabajadores oficiales y empleados públicos del departamento. Como lo ha señalado Armando Rondón, presidente de Sintragobernaciones -filial de la CGTD y con socios en cinco departamentos-, «no es únicamente doña Leonor la que está cortando cabezas, sino la mayoría de mandatarios seccionales, pues la llamada reestructuración fue acordada en abril por una Cumbre de Gobernadores, a instancias de Planeación Nacional, agencia del Banco Mundial en Colombia».

Lo que pasa es que en Cundinamarca el plan se está aplicando de manera más drástica y veloz. El instrumento para ello es la llamada Comisión Nacional del Servicio Civil y la Función Pública, de la cual hace parte la gobernadora, y a la que se ha confiado el definir de manera autocrática quién es apto para el puesto que ocupa. «Persona que no llene los requisitos, ¡se va!», ha cacareado con arrogancia la señora Serrano de Camargo. Aprovechando que el empleado público de esta sección del país no ha estado inscrito en carrera administrativa, la mandataria lo somete a la más descarada arbitrariedad.

De la Secretaría de Hacienda fueron recientemente destituidos ciento cuatro empleados, entre ellos diez dirigentes sindicales, a quienes no se les respetó el fuero. Todas las dependencias se han visto lesionadas y los despidos son numerosos: cien inspectores de policía. 96 trabajadores de la Beneficencia «y faltan por lo menos otros quinientos-, han advertido altos funcionarios-, 225 de Caprecundi y otro tanto de la Pagaduría y Obras Públicas. Cabe señalar que a estos últimos se los forzó a aceptar un «plan de retiro voluntario».

A las personas que acumulan quince años o más de labores, sencillamente se las declara «en interinidad». Regresarán en propiedad al cargo sólo si aciertan a ganar un difícil concurso que tiene al mando un calificador sumario, inapelable: la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Función Pública, es decir, doña Leonor. Los que no alcancen a aprobarlo serán echados a la calle: nada vale que el empleado venga siendo atendido por el servicio médico y ni siquiera que esté recién salido de una operación.

Mediante foros regionales, Sintragobernaciones se ha propuesto comprometer a la población a defender el carácter estatal de los servicios. Está además dispuesto a tomar parte en las tareas que convoquen los demás sindicatos con el objeto de plasmar un movimiento que logre derrotar tan lesiva conjura contra el pueblo y contra la nación.

NO TRANSIJAMOS CON NINGUNA DE LAS DISPOSICIONES LESIVAS A LA SOBERANÍA DE COLOMBIA

“La encrucijada en que el imperialismo yanqui ha colocado a la nación hace aparecer una línea divisoria entre quienes secundan, alcahuetean o consienten su continuado intervencionismo y quienes le oponen resistencia, lo condenan o rechazan. Esa línea debe resaltarse, puesto que define los dos bandos cuyo enfrentamiento antagónico le da una forma particular a la lucha de clases en la hora actual. Asumiendo la posición de los trabajadores, el MOIR pondrá todos sus cuadros y militantes al lado de las clases o sus sectores, organizaciones políticas y sociales, y personas civiles, militares o religiosas que repudien y resistan la injerencia imperialista, y emprenderá con ellos la formidable e histórica brega por la soberanía en todos los órdenes de la vida nacional”.

(“Poner fin al intervencionismo yanqui en Colombia”, Editorial de Tribuna Roja, N° 61, septiembre 2 de 1995)

Poca cosa le importan, salvo para enmascarar sus funestos propósitos, la soberanía y la autodeterminación de las naciones, ni su desarrollo económico y social, y mucho menos la democracia, la moral y el respeto a las leyes o a los llamados derechos humanos. Aún más, no sólo no le importan, sino que de su permanente desprecio y violación depende la supervivencia de su imperialismo, como lo demuestra su historial a lo largo del siglo XX. Ha invadido y asolado naciones, complotado para poner y deponer mandatarios y ha perseguido o se ha aliado con las más diversas organizaciones criminales, todo según sus conveniencias que, por su naturaleza, excluyen consideraciones democráticas o éticas. (Ibíd.)

«Cada una de estas intimaciones tiene por fin hacer que el gobierno se pliegue a las exigencias norteamericanas y, como hemos dicho, no tanto y no sólo para que se cumpla su voluntad en la represión del narcotráfico, sino para asegurarse de que el gobierno samperista observe rigurosamente sus decisiones para la apertura y allane el camino a un intervencionismo político y militar mayor del que hoy existe.

Si bien la brutal coacción de Washington ya de por sí implica un grave peligro, Colombia se encuentra en una situación doblemente comprometida cuando, como lo ha observado atónita la nación, el gobierno se pliega». (“¡Resistencia contra la intervención norteamericana!”, Editorial de Tribuna Roja N° 59, 18 de mayo de 1995)