El concejal de Bogotá Francisco Pareja: MI VOTO CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA ETB

(Constancia ante la Corporación Distrital el pasado 12 de mayo)

Ha llegado la hora de las definiciones. Espero que este Concejo tome la mejor decisión para bien de la patria y de la ciudad. Quiero explicar mi voto.

Políticamente considero, como muchas de las personas que han participado en las discusiones estos días, que las telecomunicaciones y la energía eléctrica son servicios estratégicos, en los cuales se concentra el esfuerzo de varias generaciones por construir una infraestructura que los convierta en verdaderas palancas del progreso nacional. En tal sentido, su control es un problema de soberanía.

El proceso de internacionalización debería obligarnos a tener en cuenta las tendencias mundiales tras la culminación de la guerra fría y el surgimiento del hegemonismo norteamericano. Sabemos por experiencia que la tendencia no es hacia la libre competencia, como se conoció en los albores del capitalismo, en los días en que Adam Smith escribiera La riqueza de las naciones, sino hacia el monopolio de gigantescas trasnacionales cuyas fusiones y alianzas plantean una concentración de capitales sin precedentes, frente a la cual la soberanía económica de los países en desarrollo y una verdadera integración que obedezca a sus intereses es la única posibilidad de defensa.

Hace unos días los medios informaban que durante las pasadas negociaciones en las que los Estados Unidos le impusieron al Japón importaciones millonarias de autopartes, los primeros espiaron las conversaciones de los segundos. ¿Qué les esperaría a los productores colombianos de flores, banano o café, entre otros, contra quienes los norteamericanos ávidos de ventajas acuden al chantaje, si entregamos a las multinacionales de ese país nuestras telecomunicaciones? En un mundo en el que la información se ha convertido en arma vital para cualquier actividad, ¿podemos dejar en manos ajenas el medio principal para su control? Ante los insistentes rumores del interés norteamericano por la zona de Urabá, y sobre una posible intervención militar en nuestro territorio, ¿no es menester asegurar celosamente el dominio sobre nuestras telecomunicaciones? ¿No debe llamar la atención el que organismos de seguridad como la CIA y la DEA hayan espiado telefónicamente la pasada campaña liberal?

El otro aspecto de carácter político que nos preocupa tiene que ver con la prestación del servicio allí donde no es rentable. Cuando en 1990 Gaviria planteó por primera vez la privatización de Telecom, el presidente de la empresa, Emilio Saravia Bravo, rechazó patrióticamente las medidas señalando que aquello sería “desaprovechar una infraestructura montada por el Estado durante cuarenta años”, y puntualizó: “Lloverán propuestas para prestar los servicios rentables, pero se dejarán de lado las comunidades que no disponen siquiera de un teléfono y a las que se llega con pérdidas”. La Ley 142 habla de la universalización, pero no brinda las herramientas para lograrla, por lo que el ex gerente de la ETB. Antonio Galán, afirmó en el foro de la semana pasada que se trataba de mera “retórica”. Desde que Telecom puso al mando el criterio de la rentabilidad en sus operaciones, se han desconectado cerca de 400 oficinas rurales y de pequeñas localidades. Bien sabemos, por ejemplo, que no basta con la formulación constitucional del derecho al trabajo para que desaparezca el desempleo.

La Ley 142 es una camisa de fuerza para obligar a que se privaticen los servicios públicos. Su artículo 17 define la naturaleza de las empresas como “sociedades por acciones”. y sólo excepcionalmente podrán “adoptar la forma de empresas industriales y comerciales del Estado”. La competencia que supuestamente conducirá a la “eficiencia” está concebida para que se dé entre empresas privadas. Las comisiones reguladoras y la superintendencia son, entre otras, para empujar la privatización. He aquí uno de los puntos fuertes de quienes se empeñan en subastar a toda costa el patrimonio público.
El documento Conpes 2760, de enero de 1995, trazó el Plan de Desarrollo para el sector de telecomunicaciones, en el que la estrategia es fortalecer a Telecom en detrimento de las telefónicas locales, no con miras a crear una empresa única y poderosa al servicio del interés nacional, sino para facilitar la toma del sector por los grandes consorcios, pues la política de privatizar a Telecom jamás ha sido abandonada. Para lograr tal cometido, la Comisión Reguladora ha expedido resoluciones como la 028 de 1995 y la 033 de 1996 que, so pretexto de “impedir abusos de posición dominante y proteger al usuario”, obliga a las empresas municipales a entregar parte de su mercado. Uno de los principales argumentos del alcalde y del gerente de la ETB en el debate que se ha venido adelantando es precisamente el plan de Telecom para instalar 550 mil líneas en Bogotá. Sin caer en regionalismos, y más bien con ánimo patriótico, son completamente justas las exigencias que 43 concejales de Cali; Medellín y Bogotá formularon en una carta fechada el 11 de abril al presidente Samper, para que se revisen las resoluciones mencionadas, y “con carácter urgente modificar la estructura, la composición y la forma de operar de las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios”.

La Ley 142 pone demasiado énfasis en quebrar los monopolios. Es un absurdo que se busque eliminar monopolios donde no existen, pues no merecen el calificativo de tales sino aquellos del orden nacional o los que han alcanzado el ámbito planetario. Las empresas locales no lo son v únicamente Telecom ostenta el monopolio de la larga distancia nacional e internacional. El Tiempo, el 11 de mayo nos muestra que después de haberse producido la privatización en 1987, se llegó a que una empresa, la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, controle 95% del tráfico local. Además, la eliminación de los subsidios ha encarecido el servicio, pues el solo cargo fijo equivale a $ 14 mil pesos colombianos.

El alcalde Mockus y el doctor Regueros, gerente de la ETB, junto con todos los defensores de la privatización, han utilizado como artillería pesada el argumento de que la empresa se desvaloriza con cada día que pasa, mientras auguran que no podrá sobrevivir a la competencia. Nunca pudimos saber por qué se propuso primero que el producto de la venta de la ETB se les entregara a los acreedores de la Empresa de Energía, y luego que éste tuviera una destinación social en escuelas de salud y vías: algo así como cambiar el “rigor científico” del profesor Mockus por el populismo de un Salinas de Gortari. En el debate, el sindicato y voces autorizadas como la del ex gerente Antonio Galán, lograron demostrar que la ETB sí puede ser eficiente, como lo son las Empresas Públicas de Medellín. En la actualidad la empresa posee el mercado más grande del país, el mayor índice de líneas instaladas por cada 100 habitantes y el personal mejor calificado: se están incorporando tecnologías de punta como la generalización de la conmutación digitalizada, la utilización de troncales de fibra óptica y el Simra (sistema automatizado para detectar fallas), que entrará a operar en el segundo semestre de 1996.

No nos dejemos arrastrar por las modas que se nos imponen desde afuera. Jorge Castañeda, que comenzó pregonando una izquierda que se amoldase al neoliberalismo, escribió recientemente en El Nacional de Venezuela: “Las modas son pésimas consejeras: hoy que el afán privatizador se desvanece, es tiempo de sacar cuentas, evitar empecinamientos y recordar que hasta las modas parisinas cambian con el tiempo”.

Sindicato de la ETB contra la privatización: “HABRÁ PARO SI NOS IMPONEN PLAN DE RETIROS”

Ante mil trescientos trabajadores reunidos en asamblea el pasado 25 de junio, el presidente del sindicato de la ETB, Rafael Galvis, anunció que habría paro en las telecomunicaciones de Bogotá si llegan a imponerse la privatización y el chantajista plan de retiros voluntarios ofrecido por el gerente, Sergio Regueros.

“¿Cuánto ha costado construir a la ETB, a Telecom, a Ecopetrol, para que vengan unos yupis, adoctrinados en la subasta del patrimonio público, a feriarlas todas a precio de huevo?”, preguntó Galvis al hacer el recuento de las peleas que han librado los cinco mil trabajadores desde cuando, en agosto de 1995, el alcalde Mockus le propuso al concejo vender la ETB. Señaló que tras diez meses de luchar en las calles, en el Concejo Distrital también “derrotamos a Mockus en su propio terreno, pues fueron 22 concejales los que votaron finalmente porque la ETB se convirtiera en empresa industrial y comercial del Estado”.

Denunció que Mockus ha objetado el Acuerdo, desconociendo a las mayorías e intrigando bajo cuerda para imponer la privatización por la vía del despotismo. Al mismo tiempo puso en marcha un descarado plan de retiros voluntarios, cuyo propósito no es otro que aplastar mediante el soborno la bravía resistencia de los obreros sindicalizados.

“Ésta no es la empresa de Mockus ni de Sergio Regueros. Ésta es nuestra empresa. y como tal ¡vamos a defenderla!”, concluyó Rafael Galvis.

CUNDINAMARCA, DEPARTAMENTO PILOTO PARA LA PRIVATIZACIÓN IMPUESTA POR EL BANCO MUNDIAL

Miles de asalariados vienen siendo lanzados a la calle por la gobernadora Leonor Serrano de Camargo, cuya reestructuración administrativa no es otra cosa que el turbión privatizador impuesto por el Banco Mundial, pieza clave del obsecuente plan puesto en vigencia por Gaviria, continuado por Ernesto Samper y resumido en la Ley 142.

La nefasta labor se halla bastante adelantada en Cundinamarca. Ya se inició la venta indiscriminada de las Granjas Agrícolas. Se propone feriar la Fábrica de Licores, con cuyos fondos se ha estado financiando la educación v la salud. Serán transferidos a particulares los Centros de Atención Mental de Sibaté, adscritos a la Beneficencia, que durante decenios han albergado enfermos provenientes de todas las veredas y poblaciones. Cerró sus puertas, suprimida por la Ley 100, la Caja de Previsión Social, Caprecundi, que estaba a cargo del fondo de pensiones y cesantías.

Las vías y demás obras públicas no volverán a ser construidas por el ente territorial, tras haber sido convertidas en jugoso negocio en beneficio de unas cuantas firmas privadas. Nuevos peajes están siendo implantados en varias carreteras, impuesto que se aúna a los muchos que ya gravitan sobre la población.

La implacable ofensiva tiene en vilo a los doce mil trabajadores oficiales y empleados públicos del departamento. Como lo ha señalado Armando Rondón, presidente de Sintragobernaciones -filial de la CGTD y con socios en cinco departamentos-, “no es únicamente doña Leonor la que está cortando cabezas, sino la mayoría de mandatarios seccionales, pues la llamada reestructuración fue acordada en abril por una Cumbre de Gobernadores, a instancias de Planeación Nacional, agencia del Banco Mundial en Colombia”.

Lo que pasa es que en Cundinamarca el plan se está aplicando de manera más drástica y veloz. El instrumento para ello es la llamada Comisión Nacional del Servicio Civil y la Función Pública, de la cual hace parte la gobernadora, y a la que se ha confiado el definir de manera autocrática quién es apto para el puesto que ocupa. “Persona que no llene los requisitos, ¡se va!”, ha cacareado con arrogancia la señora Serrano de Camargo. Aprovechando que el empleado público de esta sección del país no ha estado inscrito en carrera administrativa, la mandataria lo somete a la más descarada arbitrariedad.

De la Secretaría de Hacienda fueron recientemente destituidos ciento cuatro empleados, entre ellos diez dirigentes sindicales, a quienes no se les respetó el fuero. Todas las dependencias se han visto lesionadas y los despidos son numerosos: cien inspectores de policía. 96 trabajadores de la Beneficencia “y faltan por lo menos otros quinientos-, han advertido altos funcionarios-, 225 de Caprecundi y otro tanto de la Pagaduría y Obras Públicas. Cabe señalar que a estos últimos se los forzó a aceptar un “plan de retiro voluntario”.

A las personas que acumulan quince años o más de labores, sencillamente se las declara “en interinidad”. Regresarán en propiedad al cargo sólo si aciertan a ganar un difícil concurso que tiene al mando un calificador sumario, inapelable: la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Función Pública, es decir, doña Leonor. Los que no alcancen a aprobarlo serán echados a la calle: nada vale que el empleado venga siendo atendido por el servicio médico y ni siquiera que esté recién salido de una operación.

Mediante foros regionales, Sintragobernaciones se ha propuesto comprometer a la población a defender el carácter estatal de los servicios. Está además dispuesto a tomar parte en las tareas que convoquen los demás sindicatos con el objeto de plasmar un movimiento que logre derrotar tan lesiva conjura contra el pueblo y contra la nación.

NO TRANSIJAMOS CON NINGUNA DE LAS DISPOSICIONES LESIVAS A LA SOBERANÍA DE COLOMBIA

“La encrucijada en que el imperialismo yanqui ha colocado a la nación hace aparecer una línea divisoria entre quienes secundan, alcahuetean o consienten su continuado intervencionismo y quienes le oponen resistencia, lo condenan o rechazan. Esa línea debe resaltarse, puesto que define los dos bandos cuyo enfrentamiento antagónico le da una forma particular a la lucha de clases en la hora actual. Asumiendo la posición de los trabajadores, el MOIR pondrá todos sus cuadros y militantes al lado de las clases o sus sectores, organizaciones políticas y sociales, y personas civiles, militares o religiosas que repudien y resistan la injerencia imperialista, y emprenderá con ellos la formidable e histórica brega por la soberanía en todos los órdenes de la vida nacional”.

(“Poner fin al intervencionismo yanqui en Colombia”, Editorial de Tribuna Roja, N° 61, septiembre 2 de 1995)

Poca cosa le importan, salvo para enmascarar sus funestos propósitos, la soberanía y la autodeterminación de las naciones, ni su desarrollo económico y social, y mucho menos la democracia, la moral y el respeto a las leyes o a los llamados derechos humanos. Aún más, no sólo no le importan, sino que de su permanente desprecio y violación depende la supervivencia de su imperialismo, como lo demuestra su historial a lo largo del siglo XX. Ha invadido y asolado naciones, complotado para poner y deponer mandatarios y ha perseguido o se ha aliado con las más diversas organizaciones criminales, todo según sus conveniencias que, por su naturaleza, excluyen consideraciones democráticas o éticas. (Ibíd.)

“Cada una de estas intimaciones tiene por fin hacer que el gobierno se pliegue a las exigencias norteamericanas y, como hemos dicho, no tanto y no sólo para que se cumpla su voluntad en la represión del narcotráfico, sino para asegurarse de que el gobierno samperista observe rigurosamente sus decisiones para la apertura y allane el camino a un intervencionismo político y militar mayor del que hoy existe.

Si bien la brutal coacción de Washington ya de por sí implica un grave peligro, Colombia se encuentra en una situación doblemente comprometida cuando, como lo ha observado atónita la nación, el gobierno se pliega”. (“¡Resistencia contra la intervención norteamericana!”, Editorial de Tribuna Roja N° 59, 18 de mayo de 1995)

50 DÍAS CUMPLE HUELGA EN CROYDON

La importación legal e ilegal de tenis a costos irrisorios ha puesto a Croydon al borde del cierre, situación que aprovechan los dueños de la empresa para descargar la crisis sobre los ochocientos trabajadores, los cuales tuvieron que declararse en huelga desde el pasado 23 de mayo.

El arma con la que cuentan los obreros es su firmeza, además de la solidaridad del movimiento obrero y la población.

LA CRISIS SE EXACERBA Y PROFUNDIZA

Luego del fallo que sobre la conducta del presidente Samper emitiera la Cámara de Representantes sobrevino una nueva andanada gringa sobre Colombia, por lo que la crisis política, lejos de amainar se exacerba y profundiza.

Las recientes actividades intervencionistas de Estados Unidos aupan a la panda de dirigentes políticos y sociales, propietarios de medios de comunicación v magnates que, comprometidos en una política de traición nacional, y con el fiscal Valdivieso como punta de lanza, buscan el derrocamiento del actual gobierno. Esto no excluye que, entre tanto, la administración Samper, en repudiables actos colaboracionistas, se doblegue aún más ante la recolonización yanqui.

Simultáneamente, desde Washington se intimida al país con inminentes represalias comerciales y se promueven entre la comunidad internacional intensas campañas de descrédito contra Colombia, todo ello dentro del siniestro plan de crear condiciones para una eventual intervención estadounidense.

Ya no cabe duda de que la nación enfrenta el mayor embate norteamericano de toda nuestra historia, dirigido a reducirnos del todo a la condición de tina colonia. Hoy no existe decisión del Estado o de cualquier órgano institucional, ni hay ley ni norma, ni actuación de los funcionarios de Colombia sobre los cuales Estados Unidos no pretenda imponer de inmediato sus dictados imperialistas.

Aplicar la política neoliberal, en especial la privatización de las empresas estatales, prometer la adopción de medidas y leyes penales de corte fascista, aceptar remociones de funcionarios obedeciendo el ultimátum gringo, como ocurrió con el director del DAS, y admitir que en las actuales condiciones la extradición es conveniente y que puede pensarse en una reforma constitucional para reestablecerla, implica, pura y simplemente, tina mayor sumisión, tan indignante como inaceptable, ante las pretensiones del imperio norteamericano.

Nuestra suerte como nación depende de la más amplia unidad y lucha contra la intervención yanqui. Todo pabellón nacional izado en las próximas festividades patrias será símbolo real de lo que nuestro pueblo exclama de pie: ¡Fuera gringos de Colombia!

ASOCIACIÓN DE LIGAS DE USUARIOS DE CALDAS, MODELO PARA EL PAÍS

En el auditorio de las Empresas Públicas de Manizales se creó el pasado 10 de mayo la Asociación de Ligas, Comités y Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios de Caldas. Al evento asistieron setenta delegados de Manizales, La Dorada, Chinchiná, Riosucio, Anserma, Risaralda, Palestina, Aranzazu y Neira. También tomaron parte los sindicatos de las empresas locales de servicios y el Comité Departamental de Defensa de las Empresas Públicas de Medellín.

La nueva Asociación, que se erige en modelo organizativo para todo el país, aprobó un programa de lucha de trece puntos y denunció las gravísimas implicaciones que para el pueblo tiene la Ley 142, cuya derogatoria se exigió de manera inmediata. Fue unánime el rechazo a las imposiciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El encuentro eligió al comité ejecutivo de la nueva organización, integrado por Beatriz Helena López, de Chinchiná, como presidente: Orlando Gallego, de Manizales, como tesorero: Álvaro Dávila, de Manizales, como secretario: Germán Ocampo, de Risaralda, como fiscal: Gilberto Alzate, de Neira. Gustavo Adolfo Villada, de Riosucio, Álvaro Bedoya, de La Dorada, y Nelson Castaño, del Sindicato de Empresas Públicas, como vocales.

Oscar Gutiérrez, de Chinchiná, y Jorge Enrique Robledo Castillo, fueron nombrados coordinador departamental y asesor de la Asociación.

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Asociación de Ligas y Comités de Usuarios

Programa de lucha

1. Por la defensa de la propiedad y el carácter estatal de las empresas de servicios públicos y contra la privatización parcial o total de las mismas. Porque cese de manera inmediata el proceso de desmembración de las empresas de servicios públicos.

2. Contra las altas tarifas de los servicios públicos y por el mantenimiento y desarrollo de fuertes subsidios oficiales para su sostenimiento, ampliación y mejoramiento.

3. Contra la estratificación aprobada por el Departamento Nacional de Planeación para los sectores residenciales urbanos y rurales, y por la elaboración de una política tarifaria acorde con la realidad socio-económica de las gentes.

4. Por un sistema tarifario que proteja a los usuarios comerciales, industriales y agropecuarios, diferenciando entre pequeños, medianos y grandes.

5. Por tarifas que protejan a las instituciones sin ánimo de lucro, tales como escuelas, hospitales, acción comunal, sindicatos, restaurantes comunitarios, ancianatos, etcétera.

6. Por la eliminación del Consumo Básico Obligatorio y del Cargo Fijo para todos los usuarios, limitando los cobros a lo estrictamente consumido.

7. Porque el gobierno nacional asuma la prestación del servicio de alumbrado público, sin costo para los pobladores y los municipios.

8. Por el mantenimiento del monopolio estatal en las telecomunicaciones de larga distancia nacional e internacional que hoy presta Telecom.

9. Porque no se utilice la estratificación como un pretexto para elevar los cobros en salud, educación e impuesto predial.

10. Porque los comercios e industrias que funcionan en las viviendas paguen tarifas de sector residencial, según el estrato en que se encuentren.

11. Porque no se haga ninguna nueva estratificación en el sector rural.

12. Por la eliminación de los pagos mínimos en los beneficiaderos de café, trapiches paneleros y demás actitivades agroindustriales, limitando el cobro a lo estrictamente consumido.

13. Por la derogatoria de la Ley 142 de 1994 y porque la política estatal de servicios públicos se defina de manera soberana, libre de las imposiciones del FMI.

QUEMADA BANDERA YANQUI FRENTE A LA NUEVA EMBAJADA

Frente a la nueva sede diplomática de Estados Unidos tuvo lugar en Bogotá, el 19 de junio, una exitosa jornada antiimperialista contra la recolonización y el intervencionismo. En el acto participaron el MOIR, el PCC, el PST, la CUT -encabezada por su presidente, Luis Eduardo Garzón-, Fecode, Festrac y otras organizaciones sindicales y sociales.

EL PUEBLO Y EL CONCEJO DERROTARON LA PRIVATIZACIÓN

(Por 17 votos contra 5 en el concejo, las Empresas Públicas de Medellín siguen teniendo al municipio como único dueño)

Por Jorge Aristizábal

Empresas Públicas de Medellín, EPM, la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios más eficiente del país, permanece como propiedad de la capital de Antioquia. Después de que la inmensa mayoría de los habitantes de la región hicieran toda clase de pronunciamientos y movilizaciones contra la privatización promovida por el alcalde Sergio Naranjo, el Concejo votó 17 contra 5 negando su venta y la convirtió en una empresa industrial y comercial del Estado, con el municipio de Medellín como único dueño.

Comenzarían con la “privatización parcial”
El alcalde, obsecuente con los designios imperialistas, había solicitado al Concejo la autorización legal para dividir las EPM y venderlas “parcialmente”. Para ello contó con el apoyo del nefasto Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia, y de los representantes de los pulpos financieros.

Según la fórmula de la Alcaldía, los servicios de acueducto, alcantarillado, gas, y generación y distribución de energía se atenderían por una empresa de la cual se vendería inicialmente el 11 por un monto aproximado de 300 mil millones de pesos. La segunda empresa sería la encargada de los servicios de telecomunicaciones en larga distancia nacional e internacional, fija conmutada, rural móvil y todos los servicios derivados, y 49% de ella se vendería a monopolios nacionales y extranjeros por una suma aproximada a los 700 mil millones de pesos.

Esa propuesta retomaba lo sugerido por el Grupo de Definición Empresarial, GDE, asesor de la gerencia de la empresa, en el sentido de enajenar totalmente las
EPM: “La consideración más amplia del problema de la propiedad pública indica que es conveniente que el municipio convierta su empresa en una sociedad de economía mixta, bajo su control mayoritario, cotizo paso inicial para avanzar gradualmente hacia su enajenación total, sujeta a la condición de que el nuevo esquema institucional de los servicios públicos se consolide y funcione adecuadamente” (Pág. 25 estudio GDE). Más adelante agrega:-Bajo las anteriores consideraciones, el municipio debería colocar como objetivo, en una estrategia de largo plazo, la enajenación total de sus activos vinculados a la prestación de servicios públicos, en la medida en que ésta pueda ser asumida en condiciones de eficiencia por agentes privados. Naturalmente los pasos en este sentido deberán darse con prudencia y de manera gradual, permitiendo que el nuevo marco institucional se consolide, manejando las resistencias de la opinión pública y buscando lograr que la enajenación total se dé sin otorgar concesiones a los compradores y por el mayor precio posible. El primer paso en esta dirección sería la transformación de EPM en sociedad de economía mixta, con una participación privada inicialmente limitada” (Pág. 119, estudio GDE)

¿Qué está en juego en las EPM?
En servicios públicos domiciliarios las EPM brindan los de acueducto, alcantarillado, generación y distribución de energía, telefonía local y, próximamente, el de gas. Atienden los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado. Sabaneta, La Estrella y Copacabana, con un cubrimiento de 98.2% en acueducto y 94.2% en alcantarillado, para un gran total de 2 millones 270 mil habitantes, casi la mitad del departamento. El sistema suministra 780 mil metros cúbicos diarios de agua. En generación y distribución de energía, las EPM alcanzan cobertura departamental, atendiendo más de 98% de las necesidades regionales, y tienen la propiedad de las siguientes hidroeléctricas: Guadalupe III y IV, Río Grande II. Guatapé, Piedras Blancas, Ayurá, Tasajera, Niquía y Porce II. En total generan 1.709 megavatios, correspondientes a cerca de la quinta parte de la capacidad de generación del país. Además, se aprestan a incursionar en la generación térmica con la central de La Sierra, en Puerto Nare.

En telecomunicaciones prestan el servicio a diez municipios del Valle de Aburrá y el oriente antioqueño. Con 795 mil líneas instaladas, y proyectos de expansión de 319 mil líneas digitalizadas a partir de 1995, además de la proyección a participar en el Satélite Simón Bolívar, las EPM asumen -junto con Telecom y la ETB- el liderazgo de las telecomunicaciones en Colombia. Las líneas instaladas representan una densidad de 26.36 por cada 100 habitantes, la más alta del país. En el inmediato futuro se tiene programado incursionaren Internet, TV Cable, servicio de buscapersonas, canales privados de televisión y comunicaciones satelitales.

Empresas Públicas Municipales es la entidad que más ganancias genera para el Estado, el departamento y el municipio en el renglón de los servicios públicos. En 1995 tuvo un resultado de $249.034 millones. Aportó al municipio de Medellín $60.543 millones, obteniendo un excedente financiero de $188.491 millones. El presupuesto para 1996 es de un billón 27 mil millones de pesos, distribuidos 21 para acueducto y alcantarillado, 60% para energía y el 19% restante para telecomunicaciones. Lo que muestra que se encuentra en juego un botín bastante codiciable.
La añagaza del fondo de desarrollo social
Intentando vencer la resistencia popular, el alcalde argumentó que el producto de la venta sería destinado a crear un “fondo de desarrollo social”, con la mira de obtener recursos para inversión social del municipio. Pero buena parte del problema es que sus valores se colocarían en la especulación financiera y quedarían, entre otras cosas, a merced de una devaluación que de la noche a la mañana los podría convertir en cenizas, como bien lo señalara la CGTD de Antioquia en el Foro por la Defensa de las EPM. Por si fuera poco, se constituiría en un medio para que la Alcaldía distribuyera favores entre sus amigos. Según los cálculos del concejal Luis Carlos Díaz, el Fondo alcanzaría a rentar máximo 52 mil millones de pesos, cuando sin la privatización se podrían recibir 58 mil millones al colocar a interés los 300 mil millones que hoy producen de utilidades las EPM. En los cálculos del burgomaestre no se incluyen los rendimientos que habría que pagara los accionistas, de ser legal la constitución del fondo. Sería muy poco el servicio social que pudiera proporcionar a los habitantes de la región.

Más y más alzas
La estrategia de privatización hace parte de los designios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, concretados durante el mandato de Gaviria con la expedición de la Ley 142 de 1994, que ordena privatizar las empresas de servicios públicos domiciliarios y elimina los subsidios, principalmente en la energía eléctrica, con lo que vendrá un alza desmedida en las tarifas. Defender el patrimonio estatal y oponernos a la privatización equivale entonces a oponernos al aumento en las tarifas que atenta contra la capacidad económica, ya menguada, de los sectores populares.

Las EPM, por su eficiencia y por el origen hídrico de su energía, tienen las tarifas más baratas del país y sirven de referencia clave para fijarlas a nivel nacional. Con costos promedios de generación hídrica de $ 35 por kilovatio, frente al térmico a gas, o carbón, de $ 55 a 60, o de $ 70 a 80 con fuel oil. Las EPM gozan de una renta diferencial energética tras la que van los monopolios.

Igual ocurre con las telecomunicaciones, dado que 70% son digitalizadas. Privatizándolas, todo el país recibiría el impacto de las altas tarifas.

El pueblo se moviliza
Entendiendo la gravedad de lo que estaba en juego, el Comité Intergremial de la Universidad de Antioquia unió esfuerzos con el sindicato de las Empresas Públicas, la seccional de la CGTD. Futran v el MOIR, y programaron numerosos encuentros con la comunidad, que llevaron a la creación del Comité pro Defensa de las EPM, que logró reunir a 734 organizaciones.

El Comité se opuso a la privatización de las EPM y ahogó por su transformación en una empresa industrial y comercial del Estado, con el municipio como único dueño. Se abrigaba la convicción de que luchar era la única salida. Las peleas del magisterio. Ecopetrol, la Caja Agraria, el SENA, los profesores universitarios y los cafeteros, así lo comprobaban.

El Comité realizó el 14 de junio una multitudinaria manifestación por las calles de la capital antioqueña, hasta llegar a la zona administrativa de La Alpujarra. Intervinieron el sindicato de las EPM, un vocero del MOI R en nombre de los partidos políticos y Luis Carlos Díaz, por los concejales patriotas. El alcalde y el gobernador recibieron el repudio de los asistentes, y el acto terminó con la quema de la bandera gringa, a los gritos de ¡Por la soberanía de Colombia, fuera gringos!

La decisión tomada por los 17 concejales el 25 de junio merece el respaldo de los colombianos. Pero la lucha continúa, tanto contra el alza desmedida en las tarifas como contra los repetidos intentos de privatización que no cesarán de hacer la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la de Telecomunicaciones

Es otro peldaño en la gran marcha por la defensa del patrimonio nacional y la soberanía.

EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y LA PATRIA AMENAZADAS

El asedio colonialista norteamericano contra Colombia no da tregua alguna. Diariamente Frechette, Gelbard y otros altos funcionarios gringos profieren nuevos insultos y amenazas y traman chantajes: vilipendian al Congreso; exigen la aplicación inmediata de la extradición: intiman el cambio perentorio de la legislación penal: advierten al sector bancario; anuncian la guerra aérea: fuerzan el retiro del acuerdo bananero; ordenan mayor celeridad en las políticas de apertura y en la venta de las empresas estatales; vetan a funcionarios e instituciones colombianos, y despliegan operaciones militares que lesionan nuestra independencia.

A la vez azuzan a sus correveidiles apátridas para que, bajo el pretexto de la cruzada contra la corrupción, faciliten el avasallamiento del país.
De ahí la urgencia de llamar a la unidad a todos los patriotas para rechazar la ofensiva imperialista y salvar a la patria amenazada, tal como lo proclama el siguiente comunicado, con el cual se convocó la jornada nacional del 19 de junio.

“Durante la actual crisis política nacional, la intervención norteamericana en nuestro país ha sido intensa, continua y descarada. De modo directo e indirecto, la inadmisible intromisión viene desplegándose mediante un amplio espectro de presiones, espionaje, chantaje y amenazas. En lo inmediato, Washington persigue imponer sus definiciones en lo que concierne al tipo de Estado, concesiones más gravosas en materia de justicia y lucha antinarcóticos, y reforzar aún más su estrategia económica en el país.

“En el mismo contexto, las operaciones militares norteamericanas en aumento en nuestra frontera con Panamá constituyen fuertes indicios de una eventual invasión de nuestro suelo. Está claro que Estados Unidos pretende aprovecharse del dramático derramamiento de sangre en Urabá para hacerse al control de toda o parte de la estratégica región, a costa de la integridad territorial de Colombia. Quienes abogan por la presencia de Cascos Azules quieren ignorar que las intervenciones multilaterales de la ONU favorecieron los intereses imperiales norteamericanos en la Guerra del Golfo, Somalia, Haití e incluso en los Balcanes. Ni el pueblo de Antioquia ni el de Colombia en su conjunto permitirán que en Urabá se repita la historia de la secesión panameña.

“Los problemas generados por el tráfico de estupefacientes en Colombia, la crisis política nacional y el resto de nuestras dificultades, constituyen asuntos internos del país que deben resolverse por el pueblo de nuestra nación, autónomamente, sin ninguna intromisión foránea. Es cierto que la lucha contra el narcotráfico debe adelantarse sin dilación y coordinarse las naciones entre sí para impedir la impunidad internacional y derrotar el flagelo. Mas esta cooperación debe adelantarse dentro del respeto a la libre autodeterminación y soberanía, a las constituciones y las leves nacionales de los distintos países.

“El más grave y acuciante problema que padece nuestra república en la hora actual es la escalada intervencionista norteamericana. El primer deber de los colombianos es repudiar esta injerencia y exigir su cese completo y definitivo, exigencia que debe plantear el propio Estado, para que el país pueda alcanzar sus propias soluciones. El gobierno colombiano debe asumir una actitud clara y sostenida de dignidad en defensa de la soberanía nacional ante los desafueros norteamericanos, que ponga fin al intervencionismo de los Estados Unidos en los asuntos de la nación. Quienes firmamos esta convocatoria, integrantes tanto de sectores contrarios al actual gobierno como de partidarios del mismo, nos identificamos plenamente en que todos los colombianos debemos unirnos para rechazar la intrusión norteamericana y en que es urgente la movilización masiva para enfrentarla y derrotarla. Compartimos, asimismo, el rechazo de los países de América Latina a la Ley Helms-Burton. En consecuencia, convocamos a los patriotas de todas las clases sociales, partidos políticos, sindicatos de trabajadores, agrupaciones campesinas e indígenas, sectores y organizaciones sociales, comunidades religiosas, maestros, estudiantes, amas de casa, personalidades y demás fuerzas de la nación, a marchar contra la intromisión extranjera, el próximo 19 de junio, en defensa de la soberanía y la patria amenazadas.

(Declaración aprobada por los senadores Jorge Santos Núñez, Hernán Motta Motta, Jaime Dussán Calderón, el Partido Comunista Colombiano, PCC: el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, el Movimiento Educación. Trabajo y Cambio Social, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, la Federación Sindical de Trabajadores de Cundinamarca, Festrac, la Federación Nacional de Trabajadores Estatales, Fenaltrase, la Federación Nacional de Trabajadores de la Alimentación, Fentraalimentación, la Federación Nacional de Empleados Bancarios, Fenasibancol, la Federación Nacional de Empleados del Sena, Sindesena, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social, Sindess).