NO TRANSIJAMOS CON NINGUNA DE LAS DISPOSICIONES LESIVAS A LA SOBERANÍA DE COLOMBIA

“La encrucijada en que el imperialismo yanqui ha colocado a la nación hace aparecer una línea divisoria entre quienes secundan, alcahuetean o consienten su continuado intervencionismo y quienes le oponen resistencia, lo condenan o rechazan. Esa línea debe resaltarse, puesto que define los dos bandos cuyo enfrentamiento antagónico le da una forma particular a la lucha de clases en la hora actual. Asumiendo la posición de los trabajadores, el MOIR pondrá todos sus cuadros y militantes al lado de las clases o sus sectores, organizaciones políticas y sociales, y personas civiles, militares o religiosas que repudien y resistan la injerencia imperialista, y emprenderá con ellos la formidable e histórica brega por la soberanía en todos los órdenes de la vida nacional”.

(“Poner fin al intervencionismo yanqui en Colombia”, Editorial de Tribuna Roja, N° 61, septiembre 2 de 1995)

Poca cosa le importan, salvo para enmascarar sus funestos propósitos, la soberanía y la autodeterminación de las naciones, ni su desarrollo económico y social, y mucho menos la democracia, la moral y el respeto a las leyes o a los llamados derechos humanos. Aún más, no sólo no le importan, sino que de su permanente desprecio y violación depende la supervivencia de su imperialismo, como lo demuestra su historial a lo largo del siglo XX. Ha invadido y asolado naciones, complotado para poner y deponer mandatarios y ha perseguido o se ha aliado con las más diversas organizaciones criminales, todo según sus conveniencias que, por su naturaleza, excluyen consideraciones democráticas o éticas. (Ibíd.)

«Cada una de estas intimaciones tiene por fin hacer que el gobierno se pliegue a las exigencias norteamericanas y, como hemos dicho, no tanto y no sólo para que se cumpla su voluntad en la represión del narcotráfico, sino para asegurarse de que el gobierno samperista observe rigurosamente sus decisiones para la apertura y allane el camino a un intervencionismo político y militar mayor del que hoy existe.

Si bien la brutal coacción de Washington ya de por sí implica un grave peligro, Colombia se encuentra en una situación doblemente comprometida cuando, como lo ha observado atónita la nación, el gobierno se pliega». (“¡Resistencia contra la intervención norteamericana!”, Editorial de Tribuna Roja N° 59, 18 de mayo de 1995)

50 DÍAS CUMPLE HUELGA EN CROYDON

La importación legal e ilegal de tenis a costos irrisorios ha puesto a Croydon al borde del cierre, situación que aprovechan los dueños de la empresa para descargar la crisis sobre los ochocientos trabajadores, los cuales tuvieron que declararse en huelga desde el pasado 23 de mayo.

El arma con la que cuentan los obreros es su firmeza, además de la solidaridad del movimiento obrero y la población.

LA CRISIS SE EXACERBA Y PROFUNDIZA

Luego del fallo que sobre la conducta del presidente Samper emitiera la Cámara de Representantes sobrevino una nueva andanada gringa sobre Colombia, por lo que la crisis política, lejos de amainar se exacerba y profundiza.

Las recientes actividades intervencionistas de Estados Unidos aupan a la panda de dirigentes políticos y sociales, propietarios de medios de comunicación v magnates que, comprometidos en una política de traición nacional, y con el fiscal Valdivieso como punta de lanza, buscan el derrocamiento del actual gobierno. Esto no excluye que, entre tanto, la administración Samper, en repudiables actos colaboracionistas, se doblegue aún más ante la recolonización yanqui.

Simultáneamente, desde Washington se intimida al país con inminentes represalias comerciales y se promueven entre la comunidad internacional intensas campañas de descrédito contra Colombia, todo ello dentro del siniestro plan de crear condiciones para una eventual intervención estadounidense.

Ya no cabe duda de que la nación enfrenta el mayor embate norteamericano de toda nuestra historia, dirigido a reducirnos del todo a la condición de tina colonia. Hoy no existe decisión del Estado o de cualquier órgano institucional, ni hay ley ni norma, ni actuación de los funcionarios de Colombia sobre los cuales Estados Unidos no pretenda imponer de inmediato sus dictados imperialistas.

Aplicar la política neoliberal, en especial la privatización de las empresas estatales, prometer la adopción de medidas y leyes penales de corte fascista, aceptar remociones de funcionarios obedeciendo el ultimátum gringo, como ocurrió con el director del DAS, y admitir que en las actuales condiciones la extradición es conveniente y que puede pensarse en una reforma constitucional para reestablecerla, implica, pura y simplemente, tina mayor sumisión, tan indignante como inaceptable, ante las pretensiones del imperio norteamericano.

Nuestra suerte como nación depende de la más amplia unidad y lucha contra la intervención yanqui. Todo pabellón nacional izado en las próximas festividades patrias será símbolo real de lo que nuestro pueblo exclama de pie: ¡Fuera gringos de Colombia!

ASOCIACIÓN DE LIGAS DE USUARIOS DE CALDAS, MODELO PARA EL PAÍS

En el auditorio de las Empresas Públicas de Manizales se creó el pasado 10 de mayo la Asociación de Ligas, Comités y Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios de Caldas. Al evento asistieron setenta delegados de Manizales, La Dorada, Chinchiná, Riosucio, Anserma, Risaralda, Palestina, Aranzazu y Neira. También tomaron parte los sindicatos de las empresas locales de servicios y el Comité Departamental de Defensa de las Empresas Públicas de Medellín.

La nueva Asociación, que se erige en modelo organizativo para todo el país, aprobó un programa de lucha de trece puntos y denunció las gravísimas implicaciones que para el pueblo tiene la Ley 142, cuya derogatoria se exigió de manera inmediata. Fue unánime el rechazo a las imposiciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El encuentro eligió al comité ejecutivo de la nueva organización, integrado por Beatriz Helena López, de Chinchiná, como presidente: Orlando Gallego, de Manizales, como tesorero: Álvaro Dávila, de Manizales, como secretario: Germán Ocampo, de Risaralda, como fiscal: Gilberto Alzate, de Neira. Gustavo Adolfo Villada, de Riosucio, Álvaro Bedoya, de La Dorada, y Nelson Castaño, del Sindicato de Empresas Públicas, como vocales.

Oscar Gutiérrez, de Chinchiná, y Jorge Enrique Robledo Castillo, fueron nombrados coordinador departamental y asesor de la Asociación.

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Asociación de Ligas y Comités de Usuarios

Programa de lucha

1. Por la defensa de la propiedad y el carácter estatal de las empresas de servicios públicos y contra la privatización parcial o total de las mismas. Porque cese de manera inmediata el proceso de desmembración de las empresas de servicios públicos.

2. Contra las altas tarifas de los servicios públicos y por el mantenimiento y desarrollo de fuertes subsidios oficiales para su sostenimiento, ampliación y mejoramiento.

3. Contra la estratificación aprobada por el Departamento Nacional de Planeación para los sectores residenciales urbanos y rurales, y por la elaboración de una política tarifaria acorde con la realidad socio-económica de las gentes.

4. Por un sistema tarifario que proteja a los usuarios comerciales, industriales y agropecuarios, diferenciando entre pequeños, medianos y grandes.

5. Por tarifas que protejan a las instituciones sin ánimo de lucro, tales como escuelas, hospitales, acción comunal, sindicatos, restaurantes comunitarios, ancianatos, etcétera.

6. Por la eliminación del Consumo Básico Obligatorio y del Cargo Fijo para todos los usuarios, limitando los cobros a lo estrictamente consumido.

7. Porque el gobierno nacional asuma la prestación del servicio de alumbrado público, sin costo para los pobladores y los municipios.

8. Por el mantenimiento del monopolio estatal en las telecomunicaciones de larga distancia nacional e internacional que hoy presta Telecom.

9. Porque no se utilice la estratificación como un pretexto para elevar los cobros en salud, educación e impuesto predial.

10. Porque los comercios e industrias que funcionan en las viviendas paguen tarifas de sector residencial, según el estrato en que se encuentren.

11. Porque no se haga ninguna nueva estratificación en el sector rural.

12. Por la eliminación de los pagos mínimos en los beneficiaderos de café, trapiches paneleros y demás actitivades agroindustriales, limitando el cobro a lo estrictamente consumido.

13. Por la derogatoria de la Ley 142 de 1994 y porque la política estatal de servicios públicos se defina de manera soberana, libre de las imposiciones del FMI.

QUEMADA BANDERA YANQUI FRENTE A LA NUEVA EMBAJADA

Frente a la nueva sede diplomática de Estados Unidos tuvo lugar en Bogotá, el 19 de junio, una exitosa jornada antiimperialista contra la recolonización y el intervencionismo. En el acto participaron el MOIR, el PCC, el PST, la CUT -encabezada por su presidente, Luis Eduardo Garzón-, Fecode, Festrac y otras organizaciones sindicales y sociales.

EL PUEBLO Y EL CONCEJO DERROTARON LA PRIVATIZACIÓN

(Por 17 votos contra 5 en el concejo, las Empresas Públicas de Medellín siguen teniendo al municipio como único dueño)

Por Jorge Aristizábal

Empresas Públicas de Medellín, EPM, la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios más eficiente del país, permanece como propiedad de la capital de Antioquia. Después de que la inmensa mayoría de los habitantes de la región hicieran toda clase de pronunciamientos y movilizaciones contra la privatización promovida por el alcalde Sergio Naranjo, el Concejo votó 17 contra 5 negando su venta y la convirtió en una empresa industrial y comercial del Estado, con el municipio de Medellín como único dueño.

Comenzarían con la «privatización parcial»
El alcalde, obsecuente con los designios imperialistas, había solicitado al Concejo la autorización legal para dividir las EPM y venderlas «parcialmente». Para ello contó con el apoyo del nefasto Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia, y de los representantes de los pulpos financieros.

Según la fórmula de la Alcaldía, los servicios de acueducto, alcantarillado, gas, y generación y distribución de energía se atenderían por una empresa de la cual se vendería inicialmente el 11 por un monto aproximado de 300 mil millones de pesos. La segunda empresa sería la encargada de los servicios de telecomunicaciones en larga distancia nacional e internacional, fija conmutada, rural móvil y todos los servicios derivados, y 49% de ella se vendería a monopolios nacionales y extranjeros por una suma aproximada a los 700 mil millones de pesos.

Esa propuesta retomaba lo sugerido por el Grupo de Definición Empresarial, GDE, asesor de la gerencia de la empresa, en el sentido de enajenar totalmente las
EPM: «La consideración más amplia del problema de la propiedad pública indica que es conveniente que el municipio convierta su empresa en una sociedad de economía mixta, bajo su control mayoritario, cotizo paso inicial para avanzar gradualmente hacia su enajenación total, sujeta a la condición de que el nuevo esquema institucional de los servicios públicos se consolide y funcione adecuadamente» (Pág. 25 estudio GDE). Más adelante agrega:-Bajo las anteriores consideraciones, el municipio debería colocar como objetivo, en una estrategia de largo plazo, la enajenación total de sus activos vinculados a la prestación de servicios públicos, en la medida en que ésta pueda ser asumida en condiciones de eficiencia por agentes privados. Naturalmente los pasos en este sentido deberán darse con prudencia y de manera gradual, permitiendo que el nuevo marco institucional se consolide, manejando las resistencias de la opinión pública y buscando lograr que la enajenación total se dé sin otorgar concesiones a los compradores y por el mayor precio posible. El primer paso en esta dirección sería la transformación de EPM en sociedad de economía mixta, con una participación privada inicialmente limitada» (Pág. 119, estudio GDE)

¿Qué está en juego en las EPM?
En servicios públicos domiciliarios las EPM brindan los de acueducto, alcantarillado, generación y distribución de energía, telefonía local y, próximamente, el de gas. Atienden los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado. Sabaneta, La Estrella y Copacabana, con un cubrimiento de 98.2% en acueducto y 94.2% en alcantarillado, para un gran total de 2 millones 270 mil habitantes, casi la mitad del departamento. El sistema suministra 780 mil metros cúbicos diarios de agua. En generación y distribución de energía, las EPM alcanzan cobertura departamental, atendiendo más de 98% de las necesidades regionales, y tienen la propiedad de las siguientes hidroeléctricas: Guadalupe III y IV, Río Grande II. Guatapé, Piedras Blancas, Ayurá, Tasajera, Niquía y Porce II. En total generan 1.709 megavatios, correspondientes a cerca de la quinta parte de la capacidad de generación del país. Además, se aprestan a incursionar en la generación térmica con la central de La Sierra, en Puerto Nare.

En telecomunicaciones prestan el servicio a diez municipios del Valle de Aburrá y el oriente antioqueño. Con 795 mil líneas instaladas, y proyectos de expansión de 319 mil líneas digitalizadas a partir de 1995, además de la proyección a participar en el Satélite Simón Bolívar, las EPM asumen -junto con Telecom y la ETB- el liderazgo de las telecomunicaciones en Colombia. Las líneas instaladas representan una densidad de 26.36 por cada 100 habitantes, la más alta del país. En el inmediato futuro se tiene programado incursionaren Internet, TV Cable, servicio de buscapersonas, canales privados de televisión y comunicaciones satelitales.

Empresas Públicas Municipales es la entidad que más ganancias genera para el Estado, el departamento y el municipio en el renglón de los servicios públicos. En 1995 tuvo un resultado de $249.034 millones. Aportó al municipio de Medellín $60.543 millones, obteniendo un excedente financiero de $188.491 millones. El presupuesto para 1996 es de un billón 27 mil millones de pesos, distribuidos 21 para acueducto y alcantarillado, 60% para energía y el 19% restante para telecomunicaciones. Lo que muestra que se encuentra en juego un botín bastante codiciable.
La añagaza del fondo de desarrollo social
Intentando vencer la resistencia popular, el alcalde argumentó que el producto de la venta sería destinado a crear un «fondo de desarrollo social», con la mira de obtener recursos para inversión social del municipio. Pero buena parte del problema es que sus valores se colocarían en la especulación financiera y quedarían, entre otras cosas, a merced de una devaluación que de la noche a la mañana los podría convertir en cenizas, como bien lo señalara la CGTD de Antioquia en el Foro por la Defensa de las EPM. Por si fuera poco, se constituiría en un medio para que la Alcaldía distribuyera favores entre sus amigos. Según los cálculos del concejal Luis Carlos Díaz, el Fondo alcanzaría a rentar máximo 52 mil millones de pesos, cuando sin la privatización se podrían recibir 58 mil millones al colocar a interés los 300 mil millones que hoy producen de utilidades las EPM. En los cálculos del burgomaestre no se incluyen los rendimientos que habría que pagara los accionistas, de ser legal la constitución del fondo. Sería muy poco el servicio social que pudiera proporcionar a los habitantes de la región.

Más y más alzas
La estrategia de privatización hace parte de los designios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, concretados durante el mandato de Gaviria con la expedición de la Ley 142 de 1994, que ordena privatizar las empresas de servicios públicos domiciliarios y elimina los subsidios, principalmente en la energía eléctrica, con lo que vendrá un alza desmedida en las tarifas. Defender el patrimonio estatal y oponernos a la privatización equivale entonces a oponernos al aumento en las tarifas que atenta contra la capacidad económica, ya menguada, de los sectores populares.

Las EPM, por su eficiencia y por el origen hídrico de su energía, tienen las tarifas más baratas del país y sirven de referencia clave para fijarlas a nivel nacional. Con costos promedios de generación hídrica de $ 35 por kilovatio, frente al térmico a gas, o carbón, de $ 55 a 60, o de $ 70 a 80 con fuel oil. Las EPM gozan de una renta diferencial energética tras la que van los monopolios.

Igual ocurre con las telecomunicaciones, dado que 70% son digitalizadas. Privatizándolas, todo el país recibiría el impacto de las altas tarifas.

El pueblo se moviliza
Entendiendo la gravedad de lo que estaba en juego, el Comité Intergremial de la Universidad de Antioquia unió esfuerzos con el sindicato de las Empresas Públicas, la seccional de la CGTD. Futran v el MOIR, y programaron numerosos encuentros con la comunidad, que llevaron a la creación del Comité pro Defensa de las EPM, que logró reunir a 734 organizaciones.

El Comité se opuso a la privatización de las EPM y ahogó por su transformación en una empresa industrial y comercial del Estado, con el municipio como único dueño. Se abrigaba la convicción de que luchar era la única salida. Las peleas del magisterio. Ecopetrol, la Caja Agraria, el SENA, los profesores universitarios y los cafeteros, así lo comprobaban.

El Comité realizó el 14 de junio una multitudinaria manifestación por las calles de la capital antioqueña, hasta llegar a la zona administrativa de La Alpujarra. Intervinieron el sindicato de las EPM, un vocero del MOI R en nombre de los partidos políticos y Luis Carlos Díaz, por los concejales patriotas. El alcalde y el gobernador recibieron el repudio de los asistentes, y el acto terminó con la quema de la bandera gringa, a los gritos de ¡Por la soberanía de Colombia, fuera gringos!

La decisión tomada por los 17 concejales el 25 de junio merece el respaldo de los colombianos. Pero la lucha continúa, tanto contra el alza desmedida en las tarifas como contra los repetidos intentos de privatización que no cesarán de hacer la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la de Telecomunicaciones

Es otro peldaño en la gran marcha por la defensa del patrimonio nacional y la soberanía.

EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y LA PATRIA AMENAZADAS

El asedio colonialista norteamericano contra Colombia no da tregua alguna. Diariamente Frechette, Gelbard y otros altos funcionarios gringos profieren nuevos insultos y amenazas y traman chantajes: vilipendian al Congreso; exigen la aplicación inmediata de la extradición: intiman el cambio perentorio de la legislación penal: advierten al sector bancario; anuncian la guerra aérea: fuerzan el retiro del acuerdo bananero; ordenan mayor celeridad en las políticas de apertura y en la venta de las empresas estatales; vetan a funcionarios e instituciones colombianos, y despliegan operaciones militares que lesionan nuestra independencia.

A la vez azuzan a sus correveidiles apátridas para que, bajo el pretexto de la cruzada contra la corrupción, faciliten el avasallamiento del país.
De ahí la urgencia de llamar a la unidad a todos los patriotas para rechazar la ofensiva imperialista y salvar a la patria amenazada, tal como lo proclama el siguiente comunicado, con el cual se convocó la jornada nacional del 19 de junio.

«Durante la actual crisis política nacional, la intervención norteamericana en nuestro país ha sido intensa, continua y descarada. De modo directo e indirecto, la inadmisible intromisión viene desplegándose mediante un amplio espectro de presiones, espionaje, chantaje y amenazas. En lo inmediato, Washington persigue imponer sus definiciones en lo que concierne al tipo de Estado, concesiones más gravosas en materia de justicia y lucha antinarcóticos, y reforzar aún más su estrategia económica en el país.

«En el mismo contexto, las operaciones militares norteamericanas en aumento en nuestra frontera con Panamá constituyen fuertes indicios de una eventual invasión de nuestro suelo. Está claro que Estados Unidos pretende aprovecharse del dramático derramamiento de sangre en Urabá para hacerse al control de toda o parte de la estratégica región, a costa de la integridad territorial de Colombia. Quienes abogan por la presencia de Cascos Azules quieren ignorar que las intervenciones multilaterales de la ONU favorecieron los intereses imperiales norteamericanos en la Guerra del Golfo, Somalia, Haití e incluso en los Balcanes. Ni el pueblo de Antioquia ni el de Colombia en su conjunto permitirán que en Urabá se repita la historia de la secesión panameña.

«Los problemas generados por el tráfico de estupefacientes en Colombia, la crisis política nacional y el resto de nuestras dificultades, constituyen asuntos internos del país que deben resolverse por el pueblo de nuestra nación, autónomamente, sin ninguna intromisión foránea. Es cierto que la lucha contra el narcotráfico debe adelantarse sin dilación y coordinarse las naciones entre sí para impedir la impunidad internacional y derrotar el flagelo. Mas esta cooperación debe adelantarse dentro del respeto a la libre autodeterminación y soberanía, a las constituciones y las leves nacionales de los distintos países.

«El más grave y acuciante problema que padece nuestra república en la hora actual es la escalada intervencionista norteamericana. El primer deber de los colombianos es repudiar esta injerencia y exigir su cese completo y definitivo, exigencia que debe plantear el propio Estado, para que el país pueda alcanzar sus propias soluciones. El gobierno colombiano debe asumir una actitud clara y sostenida de dignidad en defensa de la soberanía nacional ante los desafueros norteamericanos, que ponga fin al intervencionismo de los Estados Unidos en los asuntos de la nación. Quienes firmamos esta convocatoria, integrantes tanto de sectores contrarios al actual gobierno como de partidarios del mismo, nos identificamos plenamente en que todos los colombianos debemos unirnos para rechazar la intrusión norteamericana y en que es urgente la movilización masiva para enfrentarla y derrotarla. Compartimos, asimismo, el rechazo de los países de América Latina a la Ley Helms-Burton. En consecuencia, convocamos a los patriotas de todas las clases sociales, partidos políticos, sindicatos de trabajadores, agrupaciones campesinas e indígenas, sectores y organizaciones sociales, comunidades religiosas, maestros, estudiantes, amas de casa, personalidades y demás fuerzas de la nación, a marchar contra la intromisión extranjera, el próximo 19 de junio, en defensa de la soberanía y la patria amenazadas.

(Declaración aprobada por los senadores Jorge Santos Núñez, Hernán Motta Motta, Jaime Dussán Calderón, el Partido Comunista Colombiano, PCC: el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, el Movimiento Educación. Trabajo y Cambio Social, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, la Federación Sindical de Trabajadores de Cundinamarca, Festrac, la Federación Nacional de Trabajadores Estatales, Fenaltrase, la Federación Nacional de Trabajadores de la Alimentación, Fentraalimentación, la Federación Nacional de Empleados Bancarios, Fenasibancol, la Federación Nacional de Empleados del Sena, Sindesena, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social, Sindess).

YELTSIN, LLEVADO EN ANDAS POR ESTADOS UNIDOS

Por Edgar Piñeros

La reelección de Boris Yeltsin a la presidencia de Rusia, el pasado 3 de julio, terminará por ahondar aún más el sometimiento del viejo imperio al capital financiero internacional. Los mensajes durante la campaña mostraban su obsecuencia con la voluntad de Washington: «No puede haber una vuelta al pasado. La preservación de los principios democráticos esenciales acabará con las interrupciones abruptas en la historia de Rusia; acabará con las revoluciones, temblores y discordias». Y con las falacias neoliberales justificaba el saqueo: «Las inversiones de Occidente serán esenciales para el desarrollo de una economía de mercado en Rusia y la modernización de ciertas áreas de producción. Las condiciones para las inversiones mejoran cada año».

Privatizar para especular
Su permanencia como jefe de Estado no es obra del azar, Yeltsin encarna el interés de la burguesía proimperialista para hacer de Rusia una neocolonia. Desde antes de su ascenso alentó resueltamente la disolución de la URSS y apoyó a Gorbachov, en 1989, en el arrendamiento de las empresas estatales. Luego, a partir de junio de 1991, año en que fue elegido presidente, desató una franca privatización. Pronto aceptó las condiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, conforme a las cuales la propiedad estatal y municipal de las más importantes empresas tendría que estar en manos de particulares para 1995: el déficit fiscal se corregiría pagando menores salarios a los trabajadores, cuando se pagan pues ya es costumbre en Rusia reconocerlos con varios meses de retardo. Los precios al consumidor continuaron disparándose, de modo que tuvieron un alza de 92% en 1991. 1.353% en 1992 y 896% en 1993, con una economía dolarizada y donde la mitad de los productos son importados. Los subsidios, que reconocía el gobierno para mantener bajos los precios de los productos básicos, fueron eliminados y se destinaron a la especulación financiera o a programas meramente asistenciales. Se establecieron el IVA y otros gravámenes como el impuesto de renta. La propiedad colectiva sobre la tierra fue liquidada para dar paso a dueños cada vez más ambiciosos. El FMI ha «propuesto» suprimir la gratuidad en los servicios de salud y educación con la finalidad de someterlos a la ley de la ganancia.

El presidente ha venido haciendo más pesadas las obligaciones de la nación rusa con el crédito internacional y espera hacerse a los US$ 60 mil millones que le han ofrecido el Banco Mundial, el FMI y la banca comercial, sin contar los US$ 3 mil millones que le han desembolsado los Estados Unidos para agilizar la apertura. Todo lo anterior explica la hambruna del pueblo ruso v que la producción industrial trabaje a media máquina.

En la vieja patria de Lenin, la política neoliberal hizo proliferar, como ha sucedido en todos los lugares donde se ha aplicado, la clase de los capos de la bolsa, de los rufianes especuladores con los bienes que se subastan, y todas las formas de vida criminales y perniciosas, connaturales al capitalismo. «Somos el Estado mafioso», tuvo que reconocer Yeltsin, el autor de las reformas.

El absolutismo del señor presidente
El actual mandatario dispuso a su arbitrio de los medios de comunicación v de los millones que le giró Occidente, no obstante lo cual, sólo alcanzó el 34% de votos en la primera vuelta, y en la elección final obtuvo apenas 40% del total de electores inscritos. Buscando salvar la reducida diferencia que mostraron los resultados electorales del 16 de junio, Yeltsin negoció con Alexander Lebed, el tercero en discordia, nombrándolo secretario del Consejo de Seguridad y asesor de Seguridad Nacional. Al general Lebed se le conoce por haber estado al mando de las tropas rusas que invadieron a Moldavia en junio de 1992 y declararse admirador de Augusto Pinochet, a quien considera su héroe.

En la vieja patria de Lenin, la política neoliberal hizo proliferar la clase de los rufianes especuladores con los bienes que se subastan, y todas las formas de vida criminales -y perniciosas, connaturales al capitalismo.

Para acallar a la oposición, Yeltsin, proclamado por Clinton como campeón de la democracia, ordenó el cierre del Parlamento en septiembre de 1993, y luego lo sitió hasta convertirlo en un río de sangre. Así logró imponer una carta constitucional que instaura la autocracia del presidente, con salvoconducto para disolver la Duma del Estado cuando le plazca y que permite someter por la fuerza las repúblicas de la Federación. Como dijo un diario moscovita. «tiene más poderes que el zar Nicolás II en 1906».

En su desespero electoral, no tuvo empacho en llegar a acuerdos apresurados y frágiles con los rebeldes chechenos. Tampoco tuvo recato en ordenar al ejército que votara por él, su comandante en jefe, y en recordarles a los oficiales que su carrera dependía del resultado de los comicios en su unidad.

Cada uno de los pasos del tirano fue convenido con Washington, pues Estados Unidos teme que el sentimiento de indignación patrio provocado por la miseria y el desplome de la producción se conviertan en un movimiento nacionalista. El designio del gran capital financiero mundiales hacer de Rusia un país del Tercer Mundo.

Pero los obreros rusos, que han respondido con huelgas y protestas a lo largo y ancho del territorio, saben que su lucha se enlazará con el levantamiento de sus hermanos de clase en todo el mundo. Yeltsin no tendrá paz.

Mario de J. Valderrama en el 7° Congreso de la CGTD: «LA INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA, SOMBRÍO NUBARRÓN SOBRE COLOMBIA»

«Lo que hace cuatro años, en el 6o. Congreso, era apenas un sueño, es hoy una realidad incuestionable», dijo Mario de J. Valderrama, reelegido por unanimidad presidente de la CGTD, al intervenir ante los casi dos mil delegados que colmaban el auditorio de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá, el 27 de abril, durante el acto multitudinario que dio inicio al 7° Congreso Nacional de la confederación democrática. «En estos cuatro años -agregó Valderrama-, sobre Colombia se ha cernido la más sombría amenaza, la de la intervención norteamericana, frente a la cual la CGTD ha llamado a la clase obrera a dar la lucha unificada. Tengo la plena convicción de que es éste el mejor momento para que los trabajadores tomen las riendas del país».

En el evento, presidido por el compañero Jorge Espinosa, del comité ejecutivo, se hallaban representadas diez federaciones regionales, seis federaciones sectoriales, 21 comités seccionales. 21 sindicatos nacionales de industria y más de 600 organizaciones.

Ocuparon la mesa directiva los compañeros Carlos Cúster, presidente de la Confederación Mundial del Trabajo, CMT; Emilio Máspero, presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, CLAT; Mario de J. Valderrama, presidente de la CGTD; Julio Roberto Gómez, secretario general; Jorge Espinosa, presidente del 7o. Congreso; Jesús Bernal y Bertina Calderón, del comité ejecutivo de la CUT; Gustavo Serpa, del comité ejecutivo de la CTC: el senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, y Jorge Palacio, asesor de la CGTD.

Al grito resonante de «¡Fuera yanquis de Haití!», los dos mil dirigentes rindieron fraternal homenaje al compañero Kesner Chadid, quien traía el mensaje solidario de los trabajadores haitianos, en primera línea de resistencia contra la criminal invasión de los marines. De la delegación internacional hacían parte asimismo dirigentes venidos de Argentina, Nicaragua, Cuba, Panamá Bélgica, Perú, Brasil, Uruguay, República Dominicana, España, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Venezuela y Paraguay.

La víspera, en el Capitolio, se había realizado la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Trabajadores y el Pueblo Colombianos, en la que intervinieron Carlos Cúster, Emilio Máspero y el secretario del Ministerio de Trabajo de Colombia, como también voceros del movimiento sindical mundial y de los organismos de derechos humanos.

Congreso de unidad
En una nueva muestra de unidad, el Congreso ratificó en sus cargos a Mario de J. Valderrama, Julio Roberto Gómez, Yezid García y demás integrantes de la mesa ejecutiva, condenó el intervencionismo gringo, rechazó la apertura, fustigó los dos Pactos Sociales samperistas y dio pleno respaldo al Sindicato de Telecom, listo a lanzarse a un combate nacional contra la privatización.

El 7° Congreso definió la apertura como «una estrategia de carácter global para los países pobres del mundo, incluida toda América Latina, que abarca la economía, la política, lo social, lo cultural y lo ideológico. Estrategia impuesta a través de los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo; contraria a los intereses de las naciones, los pueblos y los trabajadores de los países a los cuales se aplica y, en el caso de Colombia y América Latina, para beneficio de los intereses estratégicos de Estados Unidos». Los asistentes examinaron en detalle cada uno de los aspectos de este siniestro plan aplicado por Barco, Gaviria y Samper, y repudiaron la «creciente intervención extranjera en todos los asuntos internos del país, que presiona más y mayores concesiones en lo económico, lo político y lo social».

Defender empresas del Estado y producción
Tomando como ejemplo la industria textil, la CGTD exigió poner en práctica una política de protección al capital nacional, profundamente golpeado por la apertura, y rechazó el G-3, que «lleva solamente a beneficiar a la potencia del Norte», con «las graves repercusiones que viene ocasionando por las recientes crisis en México y Venezuela». Añade: «El panorama es desolador y hoy se encuentran cuatro empresas del sector textil en concordato, dos en proceso de liquidación y los trabajadores de la fibra del fique al borde del despido, porque ésta ha sido sustituida por fibra sintética que llega al país a precios insostenibles para la producción nacional». Y denuncia: «Los trabajadores textileros nos hemos pronunciado de mil maneras por la defensa de nuestro sector y hemos llamado a los empresarios a conformar el gran frente de defensa que propone la CGTD, pero su respuesta ha sido en extremo vacilante y nos deja entrever que aun a pesar de estar tan golpeados siguen soñando con las prebendas otorgadas por el gobierno, tales como la Ley 50 de 1990».

Sobre salud .y seguridad social, el Congreso destacó: «La Ley 100 de 1993 es la aplicación en nuestro país por los diferentes gobiernos, desde Belisario Betancur hasta Samper, de la política neoliberal de apertura trazada por Estados Unidos». Dicha norma constituye «un atentado contra la población, implica la privatización de la salud, desmejora sustancialmente el aspecto pensional de los trabajadores, aumentándoles cotizaciones, semanas cotizadas y edad para adquirir la pensión, y recortándoles los beneficios. Y por lo tanto, la lucha por su derogación no puede ser obra exclusiva del sector salud, sino que debe ser de todo el pueblo colombiano, encabezada por la CGTD».

Sobre las privatizaciones, se hizo hincapié en que «los gobiernos de turno, en actitud servil y antinacional, han dado paso a los procesos de enajenación y venta de .las entidades del Estado a los monopolios nacionales y extranjeros, a la privatización del patrimonio estatal representado en empresas como Ecopetrol, Cerromatoso, las telecomunicaciones, el sector agrario y financiero, los servicios públicos domiciliarios de energía, acueducto, alcantarillado y aseo, educación, vivienda y salud, los ferrocarriles, los puentes, la red vial y las zonas portuarias». La CGTD llamó a dar «una efectiva respuesta de masas y de lucha que frene la andanada privatizadora y confronte a fondo el modelo de apertura económica».

El Congreso puso atención muy especial a los proyectos que el gobierno de Samper ha puesto en marcha contra Telecom, sometiéndose a las imposiciones del imperialismo: «En el transcurso de los últimos veinte años se han posesionado de las comunicaciones y de la más alta tecnología en ese campo cinco consorcios mundiales: la Nipon, Alcatel, MCY, Nortel y AT&T. No en vano la ley 142 y las resoluciones 025, 026, 028, 033 y 034 apuntan principalmente a la entrega de estos servicios a las compañías trasnacionales. La política oficial no busca ya a la venta o privatización de Telecom, porque ello fue impedido por sus trabajadores en el año 1992, sino que la pretende someter a la llamada competencia, al permitir el ingreso de nuevos operadores y arruinarla con el estrangulamiento económico y jurídico. En este marco la pelea por la defensa de Telecom y demás estamentos afines se convierte definitivamente en la defensa de la soberanía nacional y de la independencia económica, cultural y política».

El 7o. Congreso Nacional de la Confederación General de Trabajadores Democráticos ratificó que seguirá la lucha contra el neoliberalismo, por los derechos de los trabajadores y por la independencia de los pueblos.

Miércoles 10 de julio: PARO CONTRA LAS PRIVATIZACIONES IMPUESTAS POR EL IMPERIALISMO

Para mañana miércoles está previsto un paro de 24 horas contra la política privatizadora y antinacional de Ernesto Samper, quien además de doblar sumiso la cabeza frente a la intervención política norteamericana en los asuntos internos de Colombia, corre presuroso a obedecer las órdenes de poner en subasta las más importantes y rentables empresas estatales del país.

Las aves de rapiña están lanzadas sobre Telecom. Ecopetrol, las Empresas Públicas de Medellín, Cali y Bucaramanga, la Empresa de Teléfonos de Bogotá, el Banco Popular y las empresas del sector eléctrico y de servicios.

Quieren apropiarse de Telecom pues produjo utilidades por 241; millones de dólares en 1995, y según el presidente de la empresa, Julio Molano, en corto tiempo cuadruplicará sus ganancias.

Cuando ya el negocio está montado con el esfuerzo de los colombianos por más de medio siglo, entonces los piratas del mundo actual llegan por el botín y el gobierno lo entrega obsecuente. Otro tanto se quiere hacer con Ecopetrol, los 250 millones de dólares de ganancias anuales v sus transferencias al Estado por un billón 629 millones de pesos: con las Empresas Públicas de Medellín v sus excedentes financieros de 249 mil millones de pesos en 1995. y con las otras empresas mencionadas.

Frente a este saqueo arrasador los gobernantes se doblegan, el sector financiero nacional sólo discute sus comisiones v la burguesía apenas suplica que le dejen algunas migajas en las bolsas de repartición de las acciones.

Es a la clase obrera y a los sectores populares a quienes les corresponde entonces darlas grandes batallas por la defensa del patrimonio nacional, movilizando cada vez mayores contingentes.

Dentro de estos criterios se convoca el paro de 24 horas en Telecom, Ecopetrol y la Empresa de Teléfonos de Bogotá.

Esta acción ha sido citada por la USO, Sittelecom. ATT, Sintrateléfonos y Sintramunicipio de Yumbo, y está apoyada por Fedepetrol, Sintracueducto, Acotv, Fenaltrase, UNEB, Sintraelecol, ADE y Sindess, además de los Estudiantes de la Universidad Distrital, el Movimiento Cívico Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Tintal Central, Patiobonito, Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe, Movimiento Campesino, Sintracroydon, Sintracade, Sinucom, ACEB Seccional Bogotá, Sindicato Secretaría de Obras Públicas del Distrito, y las centrales obreras CUT y CGTD.

El MOIR respalda fervorosamente este llamamiento.