«QUEREMOS UNA PATRIA LIBRE DE LA COYUNDA IMPERIALISTA»

(extractos)

De Jorge Regueros Peralta

Qué extraordinario espectáculo éste del teatro Jorge Eliécer Gaitán que congrega a los movimientos revolucionarios colombianos y le anuncia al país que la conciencia revolucionaria está despierta y en marcha. Y cómo contrasta con el espectáculo que presenta el sistema social imperante encarnado en el gobierno de Alfonso López Michelsen. ¿Cómo podemos derrotar este gobierno de explotación, hambre y miseria?.

Uniéndonos todos los que queremos una transformación social, los que queremos una patria liberada de la coyunda imperialista y de la explotación nacional. La izquierda colombiana tiene, pues, una responsabilidad histórica extraordinaria: la responsabilidad de hacer la revolución. Pero para hacer esta revolución no hay otro camino en Colombia que la unidad popular. Esto es, el proyecto de una unidad popular verdadera, leal, generosa, amplia, sin estirpes, sin celadas, una unidad en que todos contribuyamos con nuestro propio esfuerzo a la inmensa tarea de hacer la revolución colombiana, una unidad verdadera que no se mueva por propósitos subalternos. Nuestro movimiento ha declarado, y vamos a declararlo de nuevo esta noche, que no hay en Colombia un movimiento por respetable y poderoso que sea, ni una tribuna que pueda él solo o ella sola realizar las tareas de la revolución.

Francisco Mosquera tenía razón al decir que este proceso de la unidad no ha nacido hoy. Yo creo también que es un proceso muy largo que se va incubando a través de toda la historia de Colombia; que los revolucionarios contemporáneos tenemos que reivindicar esa historia, tenemos que lanzar nuestros valores nacionales; tenemos que decir que los partidos revolucionarios sí somos los partidos históricos porque estamos afincados en la historia nacional; porque el socialismo tiene antecedentes desde los albores de las luchas coloniales; porque el lema de Galán de los oprimidos contra los opresores tiene vigencia actual; porque nosotros podemos levantar y reclamar para nosotros las luchas de Antonio Nariño y José María Carbonel y de su partido popular de los “patiadores”, podemos decir que nos pertenecen las figuras de Victoriano y Diego Paredes en la lucha del Congreso contra los que se oponían a la libertad de los esclavos; porque debemos decir que prohijamos el llamado de Rafael Uribe Uribe al pueblo colombiano a nutrirse en las fuentes del socialismo; porque reivindicamos la lucha popular de Gaitán y decimos como él que la miseria no es liberal ni conservadora sino simplemente miseria, porque hacemos nuestra la figura de Camilo Torres Restrepo.

El porvenir, compañeros y compañeras, nos pertenece. Pero nos pertenece si somos capaces de conquistarlo, si no olvidamos la advertencia de Marx de que la historia trabaja para nosotros a condición de que nosotros trabajemos para la historia. ¡El ejército de la revolución colombiana se ha puesto en marcha! ¡En este lugar, en este día y en esta hora se ha iniciado una nueva página en la historia de Colombia!

EL MANDATO DE REPRESIÓN: VIOLENCIA TERRATENIENTE EN PLATO, MAGDALENA

Los campesinos de las veredas del corregimiento de los Andes, cercano a Plato, Magdalena, se están organizando para enfrentar la violencia terrateniente como producto de la cual 25 familias fueron desalojadas de sus tierras.

La colonización de esta región se inició a finales de los años sesenta. Familias provenientes de todo el país se radicaron en los montes de los alrededores, los adecuaron para la producción agrícola y establecieron varias veredas. Hace dos años, después de innumerables trámites, los campesinos lograron por fin que el INCORA les titulara las tierras.

Los latifundistas de la zona llevaron entonces un bulldozer para desmontar algunos terrenos y desvirtuar el argumento de su no explotación y, de paso, arrasar con viviendas y cultivos. «Nos echaron encima la máquina y trajeron carabineros a cuidarla, pero nosotros protegimos nuestras casas parándonos delante», relata un campesino.

La persecución contra los campesinos se intensificó. La policía irrumpió en tres viviendas para apresar a sus moradores. Al no encontrar a uno de los hombres buscados, golpearon a su mujer y la violaron.

Entre diciembre y enero pasados, matones a sueldo de los terratenientes quemaron seis casas, tumbaron otras tres, derribaron las cercas e introdujeron 400 reses que acabaron con los cultivos. En febrero incendiaron otras 17 viviendas. La noche del 7, descerrajaron un disparo entre las cejas del agricultor José Hernández, quien se encuentra en el Hospital Universitario de Cartagena con la bala alojada en la base del cráneo. El 28, después de atropellos y crímenes sin nombre, las últimas tres familias que permanecían en El Socorro vieron arder sus ranchos.

Los campesinos desalojados han encontrado en las veredas vecinas la solidaridad de los demás trabajadores, que los han recibido en sus viviendas y comparten con ellos el agua y la comida. Por esta razón saben, como lo expresó uno de ellos, que «la unidad del pueblo es la única vía que tenemos para enfrentar esta humillante situación y algún día poder terminar con ella definitivamente».

«CONTRA LA UNIDAD SÓLO ATENTAN LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO»

(extractos)

De Luis Avelino Niño

Hoy, cuando con irresistible fuerza, superando múltiples dificultades, se abre paso una importante corriente unitaria antiimperialista y antioligárquica, fruto de los últimos años de luchas populares y también de la mayor comprensión y madurez alcanzada en los últimos años por el movimiento revolucionario, es una importante victoria que este sector revolucionario constituido en la Comisión Permanente por la Unidad del Pueblo haya logrado un acuerdo sobre un programa antiimperialista y democrático, poderosa arma en la lucha de nuestro pueblo por conquistar la democracia, la independencia, la libertad y la tierra.

Sólo un programa así recoge las aspiraciones más sentidas de nuestro heroico pueblo en la larga lucha por la liberación nacional. Su conformación no es sino el fruto de la incansable lucha de las masas campesinas por pan, libertad y tierra; de los obreros, trabajadores, maestros y empleados por sus reivindicaciones y derechos; de pequeños y medianos comerciantes e industriales y vendedores ambulantes contra el gran monopolio; de poblaciones enteras por mejores condiciones de existencia; y de miles de estudiantes e intelectuales contra la penetración cultural imperialista. Y por ello sólo pertenece a la nación y al pueblo colombiano. Y no es ni puede ser convertido en patrimonio exclusivo de grupo, partido o movimiento alguno.

Este importante logro tiene otra significativa característica y es la de haber alcanzado una unidad que supera la mera unidad de acción pasajera y momentánea que impide la lucha contra el gobierno de López en una clara perspectiva revolucionaria. Estamos convencidos de que toda lucha o combate popular, por grande que sea, no tendrá fruto si no está orientado precisamente por esa perspectiva clara hacia la toma revolucionaria del Poder para las amplias masas populares.

Contra la unidad atentan solamente los enemigos del pueblo. La peor calamidad para los países oprimidos por el yugo extranjero es la falta de unidad. Como contrapartida, su más preciada arma está en saber unirse para conquistar la victoria. En nuestro país las masas populares luchan a diario, pero su avance será muy tortuoso si no se unen todas sus fuerzas en torno a un programa revolucionario, democrático y nacional.

Compañeros de la ANAPO, del MOIR, del MAC y demás compañeros: esforcémonos todavía más por construir una unidad profunda y significante de incidencia histórica. Resolvamos correctamente nuestras contradicciones que esto será de beneficio mutuo. Hagamos todos los esfuerzos posibles para atraer a otras fuerzas y ganar a cualquier hombre del pueblo que ose levantarse contra el imperialismo y quiera construir una patria nueva. Apliquemos consecuentemente los acuerdos. ¡Que la lucha revolucionaria se convierta en la tónica de nuestros días. Si nos unimos, un brillante futuro nos espera!

ASESINADO DIRIGENTE DEL MOIR EN MAICAO

Los gamonales de la Guajira han agregado un nuevo eslabón a la larga cadena de crímenes de la minoría oligárquica contra el pueblo colombiano. Después de que participó en la organización de la invasión “Los Comuneros” llevaba a cabo el 4 de febrero en Maicao, el compañero Eugenio Pimienta, militante del MOIR y dirigente popular del departamento, cayó acribillado por una cuadrilla de homicidas a sueldo, en las afueras del nuevo barrio. Desde 1974 Pimienta había formado parte del Comando de la UNO-MOIR y durante las elecciones de 1976 jugó un papel vital en la propagación y agitación de las tesis revolucionarias de nuestro Partido, por lo que gozaba de un merecido prestigio.

Desafiando las prohibiciones gubernamentales, miles de personas se hicieron presentes en el entierro, que se convirtió en una de las más grandes manifestaciones políticas que haya conocido Maicao. Durante el sepelio llevaron la palabra dirigentes de la ANAPO y el MOIR, quienes resaltaron el ejemplo revolucionario del compañero Pimienta como defensor incansable de los intereses del pueblo guajiro.

Rindiéndole un homenaje póstumo a su dirigente, los invasores acordaron camibar el nombre de “Los Comuneros” por el de Eugenio Pimienta”.

«UNÁMONOS CON QUIENES ESTÉN CONTRA EL SISTEMA»

(extractos)

De Carlos Toledo Plata

Desde el 5 de enero de 1976, cuando decidimos crear la Anapo Socialista, hemos venido desarrollando dentro de nuestras propias filas una labor de profundización de todo nuestro proceso político. A él han contribuido, fundamentalmente, las diferentes luchas que hemos librado con los compañeros del MOIR, del Partido Comunista, de la Liga y otras organizaciones de izquierda, en defensa de los intereses populares en distintos lugares del país. Estuvimos en el paro cívico de Barranca; luchamos, hombro a hombro, con las demás fuerzas revolucionarias en el paro cívico de Bucaramanga, y aquí están presentes algunos delegados de Piedecuesta que en una gran movilización, en una gran lucha demostraron de lo que es capaz el poder popular.

En este proceso hemos comprendido la necesidad de luchar por la unidad de las fuerzas revolucionarias. Por eso podemos decir aquí que nosotros estamos comprometidos con la unidad de las fuerzas revolucionarias, con la política de la unidad.

Pero entendemos también, compañeros, que no se trata solamente de una unidad a secas. Creemos que la simple unidad para las movilizaciones, la simple unidad para las declaraciones públicas, la simple unidad para un proceso electoral, no son suficientes. Este paso dado es muy importante, pero no podemos olvidar que estamos comprometidos en un proceso revolucionario. Nuestra unidad en ningún momento podrá ser una unidad para la conciliación. Tendrá que ser una unidad para la revolución. Por eso dentro de nuestro programa estratégico hemos analizado y discutido la conformación del gran Frente de Liberación Nacional. Creemos que este frente tendrá que estar conformado por las organizaciones políticas, por los organismos gremiales, por todas las fuerzas que estén en contra del sistema, por las personalidades democráticas que se comprometan en la lucha por la liberación nacional.

En el momento actual, ahora que se avecina una contienda electoral, la Anapo Socialista está dispuesta a respaldar un candidato presidencial único de la oposición. Y haremos todos los esfuerzos necesarios para que se concrete esta aspiración, para que se consolide la unidad. Un candidato único de la oposición nos daría una gran movilidad y nos permitiría una mejor política de entendimiento.

ABALEADOS ESTUDIANTES DE 11 A 17 AÑOS

Hasta qué punto ha llegado el régimen represivo del mandato lopista, lo revela el hecho de que el pasado 10 de marzo fueron heridos a bala ocho estudiantes de 11 a 17 años, cuando salían pacíficamente del Colegio Académico de Buga. Las unidades del Ejército que tenían rodeado el centro de enseñanza, anunciaron que los menores podían abandonar el recinto; así lo estaban haciendo, cuando la tropa comenzó a disparar. Como resultado de este criminal atentado, los colegiales José A. Losada, Carlos Naranjo, Jorge H. Núñez, José Arquímedes Quintero, William de Jesús Fernández, Jaime González, Carlos Barbetty y Carlos Bejarano, quedaron gravemente heridos y se encuentran en el Hospital San José.

EDITORIAL: EL FORO DEL 18 DE FEBRERO

Varios oradores del Foro del Teatro Jorge Eliécer Gaitán coincidieron en señalar que el 18 de febrero era una fecha con sabor histórico; en esa forma destacaban la importancia del acto y sobre todo el presentimiento arraigado de que los acuerdos de ese día están llamados a influenciar el acontecer revolucionario del futuro inmediato de Colombia. El 18 de febrero, además certifica la madurez y el avance ideológico y político de un buen número de organizaciones partidistas contrarias al sistema y al gobierno que lo representa. Lo podríamos comparar al arribo de una estación en el itinerario de un largo y penoso viaje. Por que no se vaya a pensar que a las conclusiones del Foro de la Oposición Popular y Revolucionaria llegamos sin dura brega.

Fue necesario hacer prevalecer en el campo de la revolución la teoría acertada de que las tareas de la emancipación del pueblo colombiano y de la prosperidad de Colombia fructificaran solo con la liberación nacional del dominio imperialista y la instauración de un Estado de las clases y fuerzas revolucionarias sustentado en la alianza obrero-campesina; y de que tales conquistas solo podrán alcanzarse mediante un frente único en torno de un programa nacional y democrático y bajo una dirección compartida democráticamente por las clases, sectores, organizaciones, partidos y personalidades antiimperialistas y antioligárquicas. Fue necesario igualmente vencer las tendencias sectarias y vacilantes y desbaratar todas y cada una de las intrigas de los saboteadores solapados de la unidad.

Pero estos triunfos no hubieran sido posibles sin la honda crisis de la sociedad colombiana y el descrédito y las contradicciones insuperables del régimen lopista; sin la experiencia acumulada por las fuerzas revolucionarias en agudas luchas de muchos años; sin la rebeldía interna de la izquierda anapista contra la línea claudicante de su vieja dirección; sin el desarrollo del marxismo-leninismo y la comprensión progresiva por parte de éste de la realidad nacional y, en fin, sin los aportes, el desprendimiento y la sincera actitud de los múltiples coautores del foro del 18 de febrero. Al MOIR le corresponde un grano de arena en esta empresa; sin embargo, lo que vale la pena de tenerse en cuenta por la militancia de nuestro Partido es que nos hallamos apenas al pie de la cuesta de la unidad del pueblo. Que contra ella conspiran diversas contracorrientes, a las que debemos cerrarles el paso blandiendo tenazmente la lucha ideológica, como aconsejara el compañero Francisco Mosquera en su discurso del 18 de febrero. Y que nuestra meta es la de estructurar un solo frente de todos los oprimidos y opositores a la cuadrilla liberal-conservadora que usurpa el Poder y traiciona a Colombia, única medida que nos permitirá realmente sacar provecho de las enormes dificultades por las que atraviesa el enemigo. Habremos de redoblar nuestros esfuerzos para consolidar los logros del 18 de febrero, profundizando el acercamiento con nuestros aliados, manteniendo la guardia entre los brotes sectarios, contrarrestando a tiempo las pretensiones de desfigurar los acuerdos obtenidos y creando un ambiente que facilite extender la unidad con otras fuerzas y partidos reacios aunque susceptibles a entenderse con nosotros.

¿Cuáles son los frutos principales del 18 de febrero? En primer lugar la identidad conseguida por la Anapo, el MAC, los CDPR y el MOIR alrededor de los dos documentos fundamentales del Foro: el programa revolucionario nacional y democrático y las normas democráticas organizativas de la unidad.

Son dos piedras angulares para la futura construcción del frente unido. Las cuatro organizaciones partidarias mencionadas integraron como máximo organismo de dirección y coordinación la Comisión Permanente por la Unidad del Pueblo que garantizará en la lucha la realización del programa acordado y la aproximación con otros partidos y sectores dispuestos a impulsar el más vasto frente unitario antiimperialista y antioligárquico. Hubo consenso también acerca de la situación política del país, de las irreversibles contradicciones que arrinconan a la coalición dominante y de las condiciones favorables que actualmente se presentan para impulsar la unidad de las fuerzas revolucionarias. Asimismo se sindicó al gobierno continuista de López Michelsen de mayor entrega de la nación a los monopolios imperialistas, causa determinante del hambre del pueblo, el estancamiento de la producción nacional, el enriquecimiento de las minorías antipatrióticas intermediarias, la corruptela administrativa, la negación en la práctica de las libertades públicas y la represión violenta contra las masas populares. Estas consideraciones quedaron consignadas en la declaración política del Foro, que compendia toda una línea de acción revolucionaria, con la cual se ha comprometido, junto con las cuatro organizaciones nombradas, la Anapo Socialista. De otra parte, se aprobó un plan de movilizaciones y de luchas en pro de los derechos democráticos del pueblo, en contra de los atentados represivos del despotismo oficial, en defensa de las demandas de la clase obrera y del resto de fuerzas revolucionarias y en solidaridad con los pueblos del mundo que luchan por su independencia, soberanía y bienestar. Dicho plan recibió el respaldo de todos los partidos participantes del Foro, incluyendo al Bloque Socialista y a la Organización Comunista Ruptura. De las movilizaciones convenidas, ya se llevó a cabo la jornada del 4 de marzo, en apoyo de los obreros petroleros, del magisterio y demás trabajadores en conflicto con la reacción patronal y gubernamental, que sacó a la calle a decenas de miles de manifestantes en todo el país y que en Bogotá produjo la más combativa, grandiosa e impresionante demostración popular contra el “mandato de hambre, demagogia y represión”, con la concurrencia beligerante de aproximadamente treinta mil personas, entre obreros, campesinos, vendedores ambulantes, estudiantes, empleados, artesanos, pequeños y medianos productores y comerciantes.

El Foro de la Oposición Popular y Revolucionaria culminó pues en un éxito rotundo. Las voces que últimamente han salido con el caballito de batalla de que la unidad no surgirá de reuniones ni de las firmas estampadas en el papel, buscando demeritar los avances obtenidos el 18 de febrero, no hace más que destilar su propia desazón. El foro refleja el auge en que se encuentra el proceso unitario del pueblo colombiano y los acuerdos concretados sintetizan los progresos ideológicos y políticos de las fuerzas revolucionarias del país. Así como todo partido tiene su programa que expresa los motivos por los cuales lucha en procura del Poder, o en el Poder mismo. Sin querer decir esto que el partido brota milagrosamente del programa, la unidad sellada ha precisado de unos compromisos programáticos y organizativos mínimos que orientan el rumbo de la alianza revolucionaria y hacen eficaz la cooperación en las diversas contiendas, sin significar esto que la unión del 90% y más de la población colombiana en un frente de lucha despejada definitivamente en virtud de la victoria que hemos obtenido. Los documentos aprobados en el Foro, especialmente el programa y las normas de funcionamiento, indican la voluntad de las agrupaciones que los suscribieron no sólo de dotar la unidad de una orientación revolucionaria exacta en pos de las reivindicaciones económicas y políticas primordiales del pueblo colombiano, y de obstaculizar la labor de quienes pretendan entorpecer o traicionar las aspiraciones populares, sino que con ello se está proclamando la disposión a contribuir con una alianza a largo plazo, en la que hay que hacer concesiones recíprocas, y admitir una determinada disciplina que a la vez que facilite la concentración de recursos y medios y multiplique la fuerza de la revolución, se compagine con el postulado de la autonomía ideológica y orgánica de los respectivos partidos. Ahora corresponde propugnar la leal aplicación de los compromisos contraídos, llevarlos a las masas para que éstas los conozcan, asimilen y hagan suyos como un arma poderosa en el combate secular por sus derechos e intereses.

El Foro dejó las puertas abiertas para discutir y encontrar soluciones satisfactorias con otras organizaciones que no obstante haber manifestado su interés en una alianza antiimperialista y antioligárquica y haber sido invitadas al evento, estuvieron ausentes de sus deliberaciones. Debido a esto no concertó formalmente un frente, dando un plazo prudencial para ensanchar el radio unitario con aquellos sectores políticos. Dentro de ese tenor se hace un llamamiento público al Partido Comunista y a otras organizaciones distintas a la coalición gobernante, con las que nos separan grandes o pequeñas diferencias, para que agotemos los procedimientos tendientes a configurar un solo frente unido. En relación a la exigencia reiterada que ha venido formulando este partido de que la unidad ha de ubicarse internacionalmente en el bando de la Unión Soviética, mediante el mecanismo de respaldar al gobierno de Cuba, y que resulta inadmisible para varias fuerzas, entre ellas el MOIR, el Foro dio una definición concluyente y positiva al asunto, y es la de que el frente en su lucha por la liberación y soberanía nacionales se identifica con todos los pueblos sometidos que contienden por los mismos fines de independencia y autodeterminación, y apoya al proletariado mundial, a los países socialistas y a los movimientos revolucionarios del globo entero, pero no se alinea a ningún bloque de Estados en el terreno internacional. De esa manera se le ha dado una salida programática correcta a una cuestión de discordia que, sin escabullir los deberes internacionalistas de la revolución colombiana, permite la participación en un solo frente de todas las fuerzas contrapuestas a la actual dominación del imperialismo norteamericano sobre Colombia y al gobierno que la encarna.

El MOIR está plenamente convencido de tener la razón en cuanto a la interpretación de la polémica planteada por el movimiento comunista internacional sobre la situación mundial; sin embargo, no pretende que sus aliados adopten sus puntos de vista al respecto. Somos conscientes de que empecinarnos en una solicitud de esta naturaleza levantaría de hecho un impedimento demasiado grande para alcanzar en la coyuntura prevaleciente la más extensa unidad revolucionaria en Colombia, indispensable a los propósitos de favorecer la liberación de la nación e impulsar la revolución.

Ante tan tremenda alternativa hacemos una concesión que estimamos de monta y optamos por una salida acertada como la propuesta. Por el contrario, el Partido Comunista insiste contumazmente en matricular el frente en la política soviética, buscando vetar a los destacamentos que no comparten su criterio y poniendo en peligro la unidad del pueblo. Cuando el MOIR y el Partido Comunista pactaron la alianza y fueron conjuntamente a las elecciones de 1974, el programa unitario que entonces se elaboró tampoco situó a la UNO en ningún bloque de Estados, mantuvo en este sentido una posición invariablemente neutral, sin que ello fuera óbice para enfatizar la simpatía y fraternidad hacia los pueblos que pelean contra la opresión extranjera y en bien de la revolución y el socialismo, y para abogar por las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países en pie de igualdad, respeto mutuo y beneficio reciproco. A quien desee comprobar esto le bastará leer o repasar los llamados nueve puntos de la Unión Nacional de Oposición, promulgados por la II Convención, el 22 de septiembre de 1973.

Las posteriores acusaciones del Partido Comunista de que pretendemos enfilar el frente unido contra Cuba, haciendo interpretación acomodaticia de las divergencias de fondo que tenemos concernientes a estos problemas, no son más que maniobras desesperadas dirigidas a echar una cortina de humo sobre una proposición unitaria amplia, democrática y consecuente que desde hace mucho tiempo pusimos en la mesa de discusiones: la política de unidad y combate. No ocultamos que con el gobierno cubano tenemos discrepancias que se originaron principalmente en la colaboración que éste le presta al expansionismo soviético, pero no estamos reclamando que se monte en Colombia una alianza revolucionaria para poner de blanco de ataque a Cuba y a sus dirigentes. Ello sería insensato y carecería de piso político.

Reconocemos los grandes aportes de la revolución cubana a la causa antiimperialista de Latinoamérica y su repercusión mundial, preferencialmente las épicas hazañas del movimiento 26 de julio y de su joven y heroica comandancia, hoy página incuestionable de la historia de nuestros pueblos, pero nos sobra justeza al defender el derecho a la libre determinación del pueblo colombiano, cuya política revolucionaria no puede atarse a los intereses y vaivenes del hegemonismo de las grandes potencias, y esto no contradice en nada nuestro internacionalismo proletario que se fundamenta precisamente en el principio del respeto a la soberanía de las naciones y a la autodecisión de los pueblos.

El frente único por el cual propendemos debe combatir tanto al sistema neocolonial y semifeudal que oprime al país y al pueblo como al régimen gubernamental que lo sustenta; debe conquistar la independencia nacional del yugo del imperialismo norteamericano y preservar después celosamente la soberanía nacional de cualquier intervención extranjera; debe respaldar las luchas de los movimientos de liberación nacional, del proletariado internacional, de los países socialistas y de los revolucionarios del mundo entero; debe erigir un Estado democrático y popular basado en la alianza obrero campesina y que prepare el advenimiento del socialismo, y debe permitir la participación de todas las clases y fuerzas revolucionarias colombianas, según unas claras normas democráticas de relación y funcionamiento.
Conforme a las características de la situación mundial y nacional este frente único de la revolución colombiana tendrá que ser no alineado en el ámbito internacional.

Al margen de las vicisitudes del movimiento revolucionario ésta fue, es y será nuestra posición unitaria que coincide con la orientación del Foro del 18 de febrero de fundar en Colombia uno solo y el más dilatado frente de lucha de liberación nacional.

«ESTAMOS INTERESADOS EN UNA GRAN UNIDAD DE LUCHA»

(extractos)

Camilo González

A la convocatoria de los compañeros del Comando Nacional de la Alianza Nacional Popular para realizar este Foro, nuestro partido respondió afirmativamente. Entendemos que este Foro es una ocasión sin igual para unificar los esfuerzos de todos los combatientes revolucionarios, de las fuerzas de oposición, de las organizaciones de masas. Nos invitaron a acordar tareas, a discutir acerca de un frente revolucionario y sobre el problema de las candidaturas en las elecciones de 1978.

Ya lo hemos manifestado públicamente a través de nuestra prensa, venimos al Foro porque estamos interesados en una gran unidad de lucha con los compañeros de la ANAPO, del MOIR, de la Anapo Socialista, del MAC, de Ruptura, de todos los compañeros presentes, contra el plan reaccionario que el régimen monta hoy contra las masas trabajadoras de Colombia.

Nos hemos comprometido a que de aquí saldremos a explicarles a las masas, a todos los trabajadores, que el estatuto de partidos pretende perpetuar el bipartidismo, que la ley electoral quiere restringir todas las posibilidades a la oposición, que la reforma administrativa, que la reforma educativa, que la reforma laboral, atentan contra las masas.

Y una gran unidad para apoyar a los trabajadores en lucha. Es distinto que los sindicatos se reúnan aquí, en Barranca o en cualquier otro lugar, para sacar una declaración de apoyo a los compañeros petroleros. Es distinto eso a que las fuerzas del movimiento obrero, a que los partidos de oposición que se reclamen abiertamente que van a estar al lado de las peleas de los trabajadores. Y esto para nosotros no es de pequeña monta.

Nosotros no hemos firmado el acuerdo de la Comisión Permanente para la Unidad Popular, como lo han hecho, en cuanto al programa se refiere, otros sectores que también participan, como los compañeros de Ruptura, o, en lo relativo al programa, los compañeros de ANAPO Socialista, por diversas consideraciones. Pero esto no es obstáculo para decirles a los compañeros de la Comisión que estamos dispuestos a abrir un diálogo con ellos sobre los problemas del país y en particular sobre el problema de las elecciones del 78.

ATROPELLADOS COLONOS DEL CASANARE

Los Llanos Orientales, y en especial los del Casanare, han sido acaparados tradicionalmente por un puñado de terratenientes que persiguen y explotan a su antojo a las masas de campesinos de colonos. Según lo denunció en febrero la Organización Campesina Intersindical del Casanare (OCIDEC), en estos territorios el 90% de las familias carece de tierra o posee muy poca, mientras los grandes fundos abarcan decenas de miles de hectáreas inexplotadas. Lo que antes era considerado como baldío o sabana comunal y usufructuado libremente por los agricultores, hoy es declarado propiedad privada por el INCORA a favor de los terratenientes y, al contrario, pequeñas y mediana fincas son calificadas como baldíos o tierras de la nación. Los campesinos ya no hayan un rincón donde establecerse y trabajar la tierra en paz. Con la ayuda de las autoridades civiles y militares, el DAS rural y matones a sueldo, los propietarios de latifundios como “San Felipe” ( 35 mil hectáreas), “Rancho Grande” (20 mil hectáreas) y “La Libertad” (40 mil hectáreas) han desalojado violentamente a más de mil familias en los últimos meses.

El abigeato, excusa para matar

Con el pretexto de combatir los robos de ganado, se reprime con saña a los habitantes de la región desde hace años. Veamos algunos ejemplos: a comienzos de febrero los matones del “Hato San Felipe” organizaron una verdadera cacería humana en el sitio de Guafitas, ametrallando desde una avioneta a numerosos jornaleros. En los alrededores de Yopal, Nunchía y Puerto Tocaría han sido destruidos e incendiados cultivos y viviendas con la anuencia y en ocasiones con la participación de las autoridades. A fines de enero, en Orocué, fue baleado el campesino José Yezid Díaz, al tiempo que eran desalojadas por la policía varias familias de colonos.

Movilizaciones populares

Los campesinos del Casanare se aprestan a defender sus más elementales derechos y a enfrentar la escalada de la violencia terrateniente. Centenares de agricultores han realizado combativas manifestaciones en Yopal, La Chaparrera, Caño de Aceite y otros lugares, en las que han rechazado los atropellos en su contra.

Crímenes y persecución en Nocaima

En una campaña abierta de violencia e intimidación contra nuestro Partido, una banda de gamonales de Nocaima, Cundinamarca, asesinó a quemarropa el 5 de marzo al compañero Ramiro Bernal, militante del MOIR, El compañero Bernal era pequeño comerciante y tenia estrechos vínculos con el campesinado de la región.

Este execrable crimen fue la culminación de una andanada represiva promovida por los mandamases del pueblo contra los militantes, simpatizantes y amigos del MOIR. A finales del febrero, el compañero Gentil Benavides, también militante de nuestra organización, fue abaleado y herido de gravedad en plena plaza principal por una pandilla de gamonales que además golpeó brutalmente al compañero Nicolás Bernal, hermano del militante asesinado.

Un comunicado suscrito por el concejal del MOIR en Nocaima, compañero José F. Flórez, denunció que “resguardadas bajo el manto de la impunidad, bandas de gamonales y terratenientes han convertido la región en zona de violencia reaccionaria.

Libres religiosos de Cartagena

Los tres sacerdotes y la monja detenidos injustamente y acusados de rebelión desde el 30 de octubre en Cartagena, fueron puestos en libertad el 12 de marzo.

Los religiosos han declarado que no piensan abandonar sus lugares de trabajo y que no se dejarán amedrentar por la persecución oficial.

CASO «LA LIBERTAD»: LÓPEZ MIENTE SEIS VECES

El caso de la hacienda “La Libertad” ha conmovido a la nación entera. Dentro del cúmulo de inmoralidades y corruptelas, propias de la decadente sociedad oligárquica y que convulsionan el ambiente político de los últimos tiempos, el negocio del latifundio de los Llanos de los hijos del presidente López, es típico del afán de enriquecimiento de un puñado de familias poderosas, merced a las altas influencias y a la utilización del poder público en beneficio privado. Todo esto confirma una tesis reiterada del MOIR: que en Colombia las multimillonarias fortunas sólo se amasan a la sombra de los favores del Estado o mediante el soborno de los encumbrados funcionarios.

El gobierno y la coalición liberal-conservadora dominante hacen esfuerzos supremos por desvirtuar las acusaciones sobre los turbios sucesos del fundo “La Libertad”, y pretenden imponer un fallo absolutorio en el Congreso, prevalidos de la mayoría parlamentaria. Sin embargo, el propio López, al tratar de justificar la conducta del gobierno en este bochornoso escándalo, ha tenido que mentirle al país, y lo ha hecho seis veces, como lo demuestra la crónica de TRIBUNA ROJA. En todo caso el veredicto popular ya puso en la picota a los grandes negociantes, con la familia presidencial a la cabeza.

1. La vía alterna no toca la finca.
2. Los propietarios son más de cien.
3. La compra se hizo cuando era candidato.
4. No se hicieron préstamos oficiales a sus hijos.
5. No hubo decretos que favorecieran las transacciones.
6. Los colonos no han sido desalojados.

El país entero ha seguido con especial atención el escándalo que se ha suscitado en torno a la adquisición hecha por la familia presidencial de una hacienda en los Llanos del Casanare, llamada pomposamente “Hato la Libertad”.

Y mientras concejales y representantes de la oposición denuncian que la transacción se hizo con dinero obtenido en bancos oficiales, que la vía alterna al Llano, construida bajo el actual gobierno, beneficia a estas tierras debido a su trazado, y columnistas y comentarios editoriales de varios periódicos se preguntan cómo se logra que lo comprado tres años antes en 5 millones valga hora 400, el presidente López se rasga las vestiduras y solicita una investigación, creyéndose protegido por un fallo de la Procuraduría dado hace más de quince meses, a tiempo que altera la realidad con toda la desfachatez de que puede ser capaz sólo quien ya pasó por estos mismos escabrosos pero gananciosos tejemanejes treinta y tantos años atrás. Porque no fue cosa distinta lo que hizo el Presidente en su discurso del 1° de marzo de este año ante el Congreso.

En esa oportunidad, y con relación a la hacienda de sus hijos, López le mintió seis veces al país. Primero, al aseverar que la vía alterna al Llano no toca la finca, cuando esta colinda con el latifundio en algunos tramos. Segundo, al sostener que la sociedad compradora del fundo está compuesta por más de cien personas, cuando en verdad son sólo diez y su familia posee el 61% de las acciones. Tercero, al decir que el inmueble fue comprado siendo él candidato, cuando lo cierto es que ya estaba elegido. Cuarto, al asegurar que su hijo, Juan Manuel López Caballero, no ha obtenido préstamos de bancos oficiales, a pesar de que se le concedieron tres. Quinto, al sustentar que no existe decreto alguno que favorezca los intereses de su prole en los Llanos, cuando fue él mismo, en uso de la “emergencia económica”, quien dictó uno prorrogando los créditos otorgados a inversionistas en esa región. Sexto, al afirmar que no existe problema alguno de colonos en el “Hato la Libertad”, cuando cerca de 150 familias se enfrentaron hoy en día a la sociedad de la cual su hijo Juan Manuel es el mayor accionista. El 1° de marzo el país obtuvo de labios del Presidente más que una versión amañada y acomodaticia del problema, encaminada a encubrir las “supuestas indelicadezas de uno de mis hijos”.

En medio de la descomposición del Estado colombiano y de quienes detentan el Poder, en medio de los chanchullos y el contrabando de los cuales es depositaria la oligarquía burgués-terrateniente proimperialista, la familia presidencial no podía quedarse atrás y se convierte, con alarde de impudicia, en ejemplo acabado de esta corruptela.

Haciendo un repaso cronológico de los acontecimientos, se podrá desenredar la madeja y aflorarán los hechos incontrovertibles.
Analicemos una a una las falsas afirmaciones del presidente López.

Quebradablanca y la vía alterna
Días antes del desastre de Quebradablanca y siendo ya presidente electo Alfonso López Michelsen, Juan Manuel López Caballero, a nombre propio y de otros, firmaba la promesa de compra de la hacienda “Hato la Libertad”. Este latifundio de aproximadamente 40.000 hectáreas se encuentra ubicado en los municipios de Sabanalarga y Orocué, en la Intendencia del Casanare, rica zona petrolífera que ya se encuentra concedida a varias compañías extranjeras.

A raíz de la tragedia y la declaratoria del Llano como zona en emergencia, a mediados de 1974 y poco antes de la posesión de López, volvió a ponerse a la orden del día la necesidad de una carretera alterna al Llano. En su informe ante el Senado el ex ministro Argelino Durán Quintero enumeró, en ese entonces, las distintas opciones: “Estoy convencido de que el Llano necesita vías alternas…. por eso desde el año pasado,… contraté los estudios de vías alternas al Llano y estudiaron la vía que aprovecha lo que se llama el Valle de Tenza….La otra posibilidad estudiada es la que va por la región de Medina; otra solución es pasando por la región de Chingaza y otra solución pasando por la población de Gutiérrez….”

El gobierno que se iniciaba se decidió, días más tarde y ya formalizada la compra del predio, por la vía que hoy bordea parte del “Hato la Libertad” en el trayecto comprendido entre Barranca de Upía y Villanueva. Esto último puede comprobarlo cualquiera que recorra la vía alterna, aunque muchos funcionarios estén empeñados en desvirtuar este hecho y confundir las cosas. En la relación efectuada a partir de la inspección ocular que realizaron el 2 de octubre de 1975 el Procurador Jaime Serrano Rueda, el viceministro de Obras Públicas Javier Restrepo Toro y el vicealmirante Eduardo Meléndez, se señala que “el único contacto entre la hacienda y la carretera es en el punto de Barranca de Upía”.

Posteriormente, en el informe del Procurador del 30 de noviembre de 1975, dado a conocer el 2 de marzo de 1977, se dice que “la carretera ni siquiera toca con aquella”.

Además, Rodrigo Rueda, administrador del hato, se empeña últimamente en disminuir el asunto, vendiendo a los colonos, que llevan años de estar allí trabajando la tierra, parcelas que limitan con la carretera. Se pretende de esta manera desvirtuar las denuncias afirmando que la vía no toca la finca propiamente dicha. El desespero por urdir esta patraña ha llevado al administrador a decirles a los campesinos que “si no tienen plata, pues que nos paguen aunque sea con canciones”. Así lo afirmó ante los periodistas que acompañaron el 17 y 18 de marzo de este año a la Comisión de Acusaciones de la Cámara en su visita ocular. Pero una vez se haya disipado el humo del incendio, todos se preguntan ¿a cómo serán estas canciones?

El problema no puede reducirse, sin embargo, a si existe o no algún punto de contacto entre el latifundio y la carretera como pretende el Procurador. Lo irrebatible es que ahí se encuentra, bordeando parcialmente la hacienda, la famosa vía alterna al Llano que costó más de 161 millones de pesos con sus 93 kilómetros de longitud y cuyos solos dos puentes en Barranca de Upía y El Secreto costaron cerca de 100 millones. No se necesita saber más para comprender porqué hectáreas compradas hace tres años a 126 pesos, hoy estén valiendo más de 10.000.

No puede sorprendernos, tampoco, el gran desparpajo con el que López Michelsen afirmó el 31 de enero de 1976 en Villavicencio, luego de inaugurar las obras de Quebradablanca y la vía alterna: “256 millones para medio Colombia. Y hay enemigos del gobierno que creen utilizar en esta cifra un arma, preguntando de dónde viene esa preferencia por los Llanos”. (El Tiempo; feb. 1°, 76) ¡Qué elocuente demostración ésta la que nos hace el Presidente de la República de cómo utilizar el Poder para el enriquecimiento personal y el de sus familiares!

En su mensaje al Congreso del 20 de julio de 1976, López decía: “El 31 de enero, tuve la satisfacción de entregar al país las obras que en forma permanente, mantendrán conectados los Llanos Orientales con el centro de la República. En solo 16 meses, tiempo sin precedentes en la historia de la ingeniería nacional”. Lo que en realidad constituyó una obra sin precedentes fue la carretera interna del “Hato la Libertad”, construida también en tiempo record con la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y cuya existencia niega el Procurador.

Como lo señalara a El Bogotano el concejal del MOIR, Carlos Bula Camacho, el 11 de septiembre de 1975: “Mientras para el pueblo llanero lo de Quebradablanca fue una tragedia, para otros, entre ellos para la familia presidencial, fue le camino de un enriquecimiento personal de magnitud aún desconocida”.

Lulú Ltda. y Cía., una trinca familiar

El 4 de septiembre de 1974, en la Notaría Sexta de Bogotá, se firmó la escritura pública por medio de la cual se constituía la “Sociedad Hato Lulú Ltda., y Cía. S.C.A.” (Sociedad Comandita por Acciones), cuyo objetivo social es, según consta en dicho documento, “el de la industria agrícola y ganadera en general”. Fue esta la que compró, el 22 de noviembre de 1974, las 39.600 hectáreas del “Hato la Libertad” en cinco millones de pesos, según escritura pública 8136 de la misma Notaría, y de acuerdo a la promesa firmada el 2 de julio de este año por Juan Manuel López Caballero.

Y es precisamente en aquella sociedad, compuesta tan sólo por 9 personas y un socio colectivo llamado “Hato Lulú Ltda.” (conformado este a su vez por dos personas; Juan Manuel López y señora.), en donde la familia del ejecutivo cuenta con el 61% de las acciones, distribuidas así: Felipe López Caballero, secretario privado de la Presidencia de la República, el 5%; Martha Carrizosa de Urraza, cuñada de Alfonso López Caballero, el 5%; “Hato Lulú Ltda.”, el 2% y Juan Manuel López Caballero, el 49%. Pero el último de estos no es solamente el mayor accionista; también es el representante de la sociedad y su gerente. ¡Y el Presidente afirma en su discurso que el latifundio fue comprado siendo él candidato y que la sociedad compradora está compuesta por más de cien personas!

Los préstamos oficiales

López Michelsen también asegura que no han existido préstamos para sus hijos por parte de bancos oficiales. Sin embargo, lo cierto es que sí existen préstamos comprobados, todos ellos otorgados después de la firma de la promesa de compra de la finca y de estar López posesionado de la Presidencia. Por ejemplo, el Banco Cafetero ha concedido tres préstamos a Juan Manuel López por un total de un millón cincuenta mil pesos ($1.050.000) en un lapso de tiempo comprendido entre el 28 de agosto de 1974 y el 14 de febrero de 1975. Esto en cuanto tiene que ver con los préstamos cuya existencia se ha podido certificar.
Pero ahí no termina el asunto. Cuatro días después de constituida la “Sociedad Hato Lulú Ltda.. y Cía. S.C.A.”, el Hijo del Ejecutivo compra al anterior dueño de la hacienda 13.000 cabezas de ganado vacuno y caballar por un valor de 30 millones de pesos y hace entrega de la mitad de dicha suma. Por otra parte, tres días después de firmada la escritura de compra de “La Libertad”, y después de cancelar 2 millones de pesos, la sociedad pagó la deuda de 3 millones que en la escritura figuraba como hipoteca en segundo grado a favor del vendedor. Realmente sorprende, no es para menos, la solvencia de la familia López que maneja un millón 250 mil pesos diarios.

La prórroga de los créditos
y las exenciones de impuestos

Pero como si todo lo anterior fuera poco, las cosas le resultaron mejor a Juan Manuel gracias a las medidas adoptadas por el gobierno de su papá. A pocos días de iniciado, el “Mandato de claro” optaba por la construcción de la vía alterna a la cual ya nos hemos referido.

Amparándose en el desastre de Quebradablanca, López, en uso de los poderes que le confería la “emergencia económica”, expidió el decreto legislativo 2364 del 31 de octubre de 1974, por medio del “cual quedan prorrogados, por un año y en las mismas condiciones en que fueron otorgados, los créditos a corto y mediano plazo concedidos por los bancos para desarrollar actividades en el departamento del Meta, las intendencias de Arauca y Casanare y la comisaría del Vichada”.

Días antes, el 21 de octubre, Alfonso López firmó el decreto 2247 cuyo artículo 81 determina: “Estarán exentas de impuesto de renta y patrimonio las nuevas explotaciones agropecuarias que se realicen en zonas de colonización de la Orinoquia, la Amazonia”. Poco después de inaugurados los puentes de la vía alterna, el gobierno reglamentó la delimitación dela Orinoquia por medio del decreto 236 del 17 de febrero de 1977. Coincidencialmente, los límites de esta zona llegan justo hasta el río Upía, lindero del costado occidental de “La Libertad”. No obstante, el Presidente, apoyándose esta vez en quien sabe qué, garantiza ante el Congreso que no existe decreto alguno que beneficie con exenciones o prórrogas a sus hijos.

El concejal del MOIR, Carlos Bula Camacho, denunció en repetidas ocasiones en 1975 que el desastre de Quebradablanca había sido tomado como pretexto para declarar a los terratenientes de los Llanos exentos del pago de la renta presuntiva y que la moratoria de sus deudas era un “premio” otorgado por el gobierno.

Pero López Michelsen se empecina en que dichas disposiciones no existen, a tiempo que el Procurador acolita esta mendacidad. A esto ha quedado reducida la tan cacareada “palabra de oro” del Presidente.

Se destapa el leonino negocio
Mucho antes de que los columnistas de los diarios capitalinos empezaran a hablar de “La Libertad”, el concejal del MOIR, Carlos Bula Camacho, denunció el tráfico de influencias y los negocios de la familia López. El 16 de abril de 1975 dijo en el Concejo de Bogotá: “Hay otras maneras de caminar por los espacios en blanco del Código Penal, como lo hizo el hijo del presidente de la República que se consiguió 34 millones de pesos en dos bancos oficiales para financiar la compra de un inmenso latifundio en los Llanos Orientales y después, con el pretexto de la catástrofe de Quebradablanca, se declararon los terratenientes del Llano exentos del pago de rente presuntiva”. (Acta de la Comisión General).

Unos meses más tarde varios periódicos denunciaban el hecho de que mientras el pueblo pasaba hambre y dificultades, la familia presidencial se enriquecía en forma insospechada y se daba a entender que los procedimientos no eran muy claros. El 5 de septiembre el diario La República hablaba de “la compra de una gran hacienda en un momento oportuno al cambio de gobierno, de cientos de hectáreas y a base de una deuda”. Seis días después, Bula volvía a desenmascarar las trapisondas presidenciales: “..la llamada campaña moralizadora que dice adelantar el presidente López no deja de causar risa… nosotros fuimos los primeros en denunciar la compra que ha hecho la familia del presidente López de inmensos latifundios en los Llanos, que serán valorizados con la construcción de una carretera, adquiridos con préstamos de instituciones oficiales y premiados con la declaración de moratoria de la deuda para los terratenientes de esa región del país”. Por esa misma época, el diario mexicano Excelsior hacía eco a las denuncias formuladas.

López, entre tanto, haciendo esfuerzos por cubrirse las espaldas, solicitó a fines de 1975 al Procurador General realizar una investigación para determinar la culpabilidad o la inocencia del propio Presidente con respecto a los negociados de sus hijos. Como reza el adagio popular, “aclaración no pedida, acusación manifiesta”. Esto no fue más que una torpe maniobra de López, que pretendía antes de solicitar la investigación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, aparecer limpio de toda culpa ante la opinión pública, lo que le permitiría esgrimir su amenazadora autoridad contra la supuesta libertad de prensa y acusar de calumniadores a numerosos periodistas.

Definitivamente, como lo anotara Carlos Bula el 11 de septiembre de ese año, López con su campaña moralizadora es “el diablo haciendo hostias”.

Desalojo de colonos
“….no existe en el ‘Hato La Libertad’ problema alguno de colonos distinto a una controversia con un invasor…”, afirmó el Presidente en su discurso del 1° de marzo.

La verdad es muy distinta a como quiere presentarla el mandatario. Lo cierto es que el clima que se vive en los Llanos del Casanare niega los más elementales principios de la libertad y el derecho al trabajo; lo cierto es que la atmósfera que se respira allí de represión y zozobra por los atropellos de que son víctimas los “campesinos, lo cierto es que alrededor de 150 familias de colonos se enfrentan actualmente a la voracidad de los socios de “Hato Lulú Ltda. y Cía. S.C.A.”.

Desde hace más de treinta años, las tierras ubicadas entre los ríos Upía, Túa y Meta y la Mesa de San Pedro han sido usufructuados por colonos en forma individual (pancoger) y en sabanas comunales (pastoreo) y algunos de ellos cuentan con escrituras registradas desde 1967.

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y varios habitantes de la zona han venido denunciando los despojos de que hacen víctimas a los colonos los propietarios de “La Libertad”.

En los últimos cinco meses, de octubre del año pasado a hoy, agentes de la policía, el DAS rural y la Defensa Civil, acompañados algunas veces por el corregidor de Villanueva o representantes del latifundio, se han dedicado a destruir las cercas tendidas por los agricultores, a derrumbar los corrales, a quemar humildes viviendas y a intimidar a todo el mundo, empezando por las mujeres y los niños.

El 27 y 28 de octubre agentes del DAS y varios civiles derrumbaron las cercas de la propiedad de Juan Francisco Becerra, en la vereda Puerto Miryam, y les decomisaron 11 quintales de alambre.

El 31 de diciembre, agentes de la policía y el DAS y el mencionado corregidor destruyeron las viviendas y los corrales de más de cinco familias y detuvieron a Horminso Reyes, diciendo que cumplían “órdenes de Juan Manuel López”, que ellos salvaban toda responsabilidad.

El 8 de enero, otros agentes uniformados, borrachos, destruyeron las casas de Donaldo Sandoval y Carlos Beltrán y les confiscaron todas las herramientas de trabajo.

El 1° de febrero, le fue destruida por cuarta vez la casa a Isabel Bohórquez y fueron detenidos los campesinos que en esos momentos le ayudaban en la reconstrucción. (estas denuncias están consignadas en la carta enviada el 3 de marzo de 1977 por el Comité Ejecutivo de ANUC el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y en el memorial publicado por El Espectador, el 16 de febrero del mismo año).

Edilberto López cuenta que el 31 de diciembre, cuando le destruyeron su rancho, no contentos con este atropello, se alzaron con todo: “Se llevaron las drogas de los niños, los teteros, la ropa, las herramientas, todos los enseres. Se llevaron hasta mis ahorros, que estaban en un baulito pequeño. Eran 2.000 pesos”. Y su mujer concluye: “Hubiera visto eso, se llevaron todo, hasta las ollas que teníamos puestas en el fogón”. (Declaraciones dadas a Tribuna Roja).

El 14 de febrero El Espectador dio a conocer una información, confirmada por el comandante de la Policía, División Llanos Orientales, según la cual “el doctor Juan Manuel López personalmente le solicitó vigilancia y protección para evitar que la posesión de los colonos de la tierra continue, colaboración que se le ha brindado…” Ante estas acusaciones, López solicitó en el discurso del 1° de marzo ante el Congreso que se investigaran los “cargos que, a la ligera, se me formularon en su tiempo, por supuestas indelicadezas de uno de mis hijos”.

A su vez, unos días antes en Villavicencio, sostenía que “el título de propiedad en los Llanos lo da el trabajo”. Su frágil memoria de carcamal le hizo olvidar que el 17 de septiembre de 1975, en reportaje concedido al New York Times, decía: “La idea de que la felicidad de los campesinos es obtenida por la distribución de la tierra es completamente infundada en todo el mundo”. (Tomado de El Tiempo, septiembre 24 de 1976)

Cortina de humo sobre el escándalo

“Yo no diría que se va abrir una investigación sino que se trata de verificar el informe del Procurador General de la Nación sobre el hecho al que se refirió el Presidente”, afirmó el representante Jorge Sedano, miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que comenzó a sesionar a partir del 3 de marzo último. Este organismo está compuesto por diez parlamentarios, seis liberales, tres conservadores y un anapista, el compañero Álvaro Bernal Segura. En declaraciones para Tribuna Roja, el dirigente de ANAPO dijo: “La Comisión no puede atenerse al fallo del Procurador porque su investigación de carácter administrativo fue superficial, tocando apenas tangencialmente las pruebas y los hechos”.

Así mismo, se advirtió “el peligro de que todo llegue a convertirse en una farsa por medio de la cual los paniaguados liberales y conservadores, amigos del doctor López, terminarán absolviéndolo de toda implicación en el asunto. Téngase en cuenta, además, que en la Comisión hay nueve defensores del Presidente y sólo un enemigo del régimen”.

Con el criterio expresado por varios de sus miembros, de verificar simplemente el fallo de la Procuraduría, la Comisión viajó a la finca “La Libertad” el 17 de marzo para practicar una inspección ocular.

A pesar de las múltiples maniobras preparadas de antemano por las autoridades locales y el administrador de la hacienda; a pesar de los testigos amañados y de las presiones ejercidas sobre campesinos y colonos para que desvirtuasen las acusaciones formuladas por la ANUC, la mayoría de las personas interrogadas por la Comisión confirmaron los encarcelamientos, la destrucción de viviendas y de cercas, los desalojos y otros atropellos. Las familias víctimas de la persecución terrateniente se ratificaron en las denuncias, no obstante que varios de los matones a sueldo mantenidos por López Caballero en la finca estuvieron presentes en las reuniones, metralleta en mano.

Álvaro Bernal Segura sintetizó la situación de la región así: “Se palpa un ambiente de intimidación por parte de los latifundistas, la policía, el DAS, el corregidor de Villanueva y el alcalde de Sabanalarga contra los colonos, la ANUC y los partidos de oposición. Lo que han hecho las autoridades es crear un cerco de hierro contra los campesinos para dejarles la vía libre a los terratenientes”.

Según testimonio de algunos dirigentes de la ANUC de Villanueva, el propósito manifestado públicamente por el administrador, Rodrigo Rueda, es desterrar la organización campesina a como dé lugar. Para esto cuenta con la ayuda de la policía que, como ya se vio, recibe órdenes directas del Hijo del Ejecutivo.

Con respecto a la vía alterna, la evidencia de los hechos es tan grande que el representante Jattin dijo que “es obvio que la carretera esté beneficiando a los hijos del presidente”.

Pero contra lo constatado por la Comisión, contra las denuncias sostenidas por los campesinos y los desmanes comprobados de los funcionarios locales, la policía y el DAS, los representantes de la coalición liberal-conservadora terminarán por eximir de toda culpa al Presidente, porque, como lo señalara Álvaro Bernal Segura, “la pretendida ‘humildad republicana’ y el ‘valor civil’ que tanto le alaban al mandatario por pedir la investigación, radica en su absoluta seguridad de que será absuelto por sus incondicionales. Se trata de armar una alharaca para tender una cortina de humo sobre el negociador”.

El desarrollo de los acontecimientos ha comprobado plenamente la aseveración del compañero Bernal Segura. Los comisionados liberales y conservadores, apenas concluida la visita al Casanare, se apresuraron a garantizar un “fallo absolutorio”. Sobre la carretera dijeron que “no puede emitirse un juicio sobre la valorización del ‘Hato La Libertad’ puesto que las demás propiedades han sido también favorecidas con la obra” y que el predio en cuestión “es uno de los más alejados de esa vía”. (Tomado de El Tiempo, marzo 9 de 1977):

Una historia que se repite

El 16 de marzo pasado, mientras el presidente López iniciaba su visita a Costa Rica, la junta de parlamentarios liberales escuchaba embelesada el mensaje que el primer magistrado le dejara advirtiéndole según expresa el segundo párrafo, que su partido no ‘puede atarse ciegamente a cualquier causa’, pero señalando, a su vez, que el propósito de la junta no es otro distinto que darle a él un respaldo, el de brindarle un “apoyo a los dos programas del Gobierno Nacional”.

Pero además de esta exigencia táctica, Alfonso López dedica la casi totalidad del mensaje a reafirmarse en sus versiones sosteniendo que, ante toda esa cantidad de información calumniosa de la prensa, él no tiene otra alternativa distinta a exclamar: “… ¡qué sé yo!”, y a escudarse como lo viene haciendo en el informe del Procurador, su única tabla de salvación, por considerar que a éste lo asisten “razones de hecho y derecho… para desestimar la acusación en mi contra”.

“Atacar a los presidentes a través de sus hijos es una práctica tradicional en la política colombiana..”, anota en uno de sus apartes, retomando casi las mismas palabras con que defendiera en 1969 a Carlos Lleras cuando su hijo, Lleras de La Fuente, salió a bailar a la arena pública por una serie de irregularidades: “He esperado 25 años para tener la oportunidad de referirme a esta clase de ataques e insidias. Esta cobardía consiste en no atacar de frente a los presidentes…”. Lo que ninguna de las dos apreciaciones puede ocultar es que López está sangrando por su propia herida, a tiempo que dejan entrever la manía aberrante de que cada mandatario colombiano hace de las suyas, para su bien y el de su familia, desde el Palacio de San Carlos.

Como lo dijo el compañero Ricardo Samper, en la Cámara: “Uno se siente en el año de 1945. Ahora, 32 años después, estamos en las mismas: la utilización del Poder político para el enriquecimiento personal”.

Hemos terminado el recuento de los hechos y ha quedado al descubierto que Colombia tiene una familia presidencial latifundista. No bastaron los grandes negocios de otros tiempos; era necesario también traficar con la renta de la tierra. Pero las heroicas luchas de los desposeídos se han encargado de demostrar que a las corruptas clases dominantes colombianas el futuro les tiene reservado su lugar en el basurero de la historia.