POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO: IDEARIO DE UNIDAD

Por una Colombia digna y democrática

Un ideario de unidad

Polo Democrático Independiente – Alternativa Democrática

Conscientes de la profunda crisis nacional y convencidos de que la vía para la transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas de Colombia sólo la encontraremos con la ampliación y profundización de la democracia, hoy cada vez más restringida, y con el ejercicio pleno de la soberanía nacional, el Polo Democrático Independiente y las fuerzas que componen la coalición Alternativa Democrática (Frente Social y Político, MOIR, Unidad Democrática, Movimiento Ciudadano y Opción Siete) nos comprometemos a avanzar en el proceso de unidad de nuestras fuerzas sobre la base de este Ideario de Unidad que les presentamos a los colombianos y colombianas.

1. Soberanía nacional y unidad latinoamericana

Defenderemos la soberanía y la independencia de nuestra nación frente a cualquier centro de poder extranjero. Rechazamos la globalización neoliberal y su expresión actual en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC, o en el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, lo mismo que las imposiciones del gran capital financiero y sus instituciones internacionales de control, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio.

Apoyaremos los procesos de solidaridad e integración de los pueblos hermanos latinoamericanos, con miras a constituir un bloque de naciones capaz de defender nuestra economía, nuestras riquezas naturales y nuestra identidad étnica, histórica y cultural. Mantendremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo, en pie de igualdad, sobre la base de la autodeterminación, el respeto mutuo y el beneficio recíproco. Por ende, rechazamos el unilateralismo de la política del gobierno del presidente George W. Bush y su estrategia de Guerra Preventiva, como nueva forma de intervencionismo en los asuntos de otras naciones.

Nos pronunciamos en favor de la construcción de un nuevo orden mundial basado en auténticos valores democráticos y la protección y respeto de los derechos de los pueblos. Estamos por el multilateralismo en el tratamiento y la búsqueda de solución justa a los antagonismos que en múltiples aspectos surgen entre las naciones. Defenderemos los derechos humanos y apoyaremos los pactos internacionales sobre medio ambiente, derechos laborales y protección de las mujeres y la niñez. Combatiremos toda forma de racismo, xenofobia, exclusión social, agresión internacional, hegemonismos y explotación depredadora de los recursos naturales y los seres humanos. Respaldamos las gestiones que se adelantan en la ONU por definirle una normatividad que exprese de manera genuina los intereses de todas las naciones de la Tierra, y nos comprometemos con las acciones que conduzcan a convertirla en una organización que regule de manera democrática las relaciones entre los países, promueva la convivencia pacífica y aliente y respalde el desarrollo político, económico y social para el progresivo bienestar de los pueblos.

Trabajaremos por el mejoramiento económico y legal y por la unidad y la dignificación de los colombianos que viven en el exterior.

El mecanismo de la extradición como herramienta útil, sólo será excepcional para la persecución de los delitos comunes, siempre y cuando sea aplicado a los nacionales por conductas cometidas materialmente fuera del territorio nacional y sin que sean sancionados con penas más gravosas a las previstas en el ordenamiento jurídico colombiano.

Se suspenderán las fumigaciones de los cultivos de uso ilícito y se exigirá el desmonte de las bases militares de Estados Unidos y el retiro de tropas, mercenarios y asesores militares extranjeros en Colombia. Actuaremos de común acuerdo con otros países, y en los diversos organismos multilaterales, para buscar soluciones conjuntas y de fondo al problema del narcotráfico, contra el consumo y la distribución de drogas ilícitas y el lavado de activos en los países ricos, y la creación de alternativas de desarrollo económico sostenible y reconstrucción del tejido social y de los valores culturales en los países más pobres afectados por ese problema.

Señalamos que la deuda pública (externa e interna) es la causa principal y determinante de la crisis fiscal crónica que ha padecido el Estado colombiano, y que el FMI y el gobierno buscan siempre resolver mediante planes estructurales de ajuste y reformas tributarias cada vez más onerosas para el pueblo. Además, la deuda es utilizada por las instituciones internacionales como instrumento de saqueo y chantaje contra el país. Daremos solución a este problema…

2. Estado y régimen político

Abogamos por un régimen político que haga realidad el Estado Social de Derecho, entendido como un estado soberano y pluralista, que respete y haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población, y los de protesta, organización y huelga de los trabajadores, tanto privados como estatales, así como las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución de 1991, vigentes para todos y en todo el territorio nacional.

Abogamos por una profunda reforma a la justicia para garantizar una administración imparcial, independiente, gratuita y eficaz, al servicio de todos los habitantes del territorio nacional y dirigida en especial a reivindicar los derechos de los menos favorecidos. Defendemos mecanismos como la acción de tutela, y su fortalecimiento para ampliar su cobertura y mantener su carácter preferente y sumario.

Impulsaremos una reforma política democrática que asegure el voto libre y soberano y elecciones ajenas a la corrupción, el clientelismo y el saqueo de los dineros públicos. Y pugnaremos por la completa financiación estatal de las campañas en condiciones de igualdad, por los derechos de la oposición y su participación real en el Consejo Nacional Electoral, y el acceso democrático de las diversas corrientes políticas a los medios de comunicación.

Trabajaremos por un nuevo ordenamiento territorial del país, que consulte las realidades económicas, sociales y culturales de las poblaciones, particularmente de las comunidades indígenas y afro colombianas, salvaguardando la unidad y la integridad territorial de la nación.

Asumimos con decisión la defensa de las libertades sindicales, del derecho a la resistencia civil y la protesta social. Nos emplearemos a fondo para que todos los partidos, movimientos y organizaciones sociales y políticas puedan participar con plenas garantías en todos los espacios de la vida pública.

3. Democracia económica

Impulsaremos un modelo de desarrollo que garantice un crecimiento económico próspero y soberano, dentro de la sostenibilidad ambiental y cultural, para beneficio de todos los colombianos y dirigido a eliminar las desigualdades. Estamos por la generación de riqueza con inclusión social.

Defenderemos el patrimonio público, fortaleceremos el aparato productivo nacional y el mercado interno e impulsaremos una adecuada inserción del país en la economía mundial. Las importaciones que lesionen la producción del país serán suspendidas.

El Estado intervendrá para fortalecer la producción interna industrial, manufacturera, artesanal, agropecuaria y acuícola y la prestación de servicios por parte de los colombianos, mediante políticas estatales crediticias de fomento, investigación científica, desarrollo tecnológico e inversión en infraestructura vial.

El Estado jugará un papel de regulación y no renunciará a la propiedad y gestión directa de los servicios públicos básicos y de los sectores estratégicos. Serán suspendidas las privatizaciones y promoveremos la propiedad estatal sobre las empresas estratégicas para el desarrollo económico nacional.

Llevaremos a cabo una política agraria que garantice nuestra seguridad alimentaria, y eliminaremos la actual concentración de las tierras y los latifundios improductivos. Se protegerá la producción rural con la disminución de las rentas financieras e inmobiliarias, la transferencia tecnológica y la lucha por la eliminación de los subsidios agrícolas en los países desarrollados así como las barreras que utilizan para proteger su mercado mientras exigen la apertura total del nuestro. Se garantizará el acceso individual o colectivo de los campesinos a la tierra, y se les prestará el apoyo estatal necesario para una vida familiar digna. Serán respetados los derechos históricos y las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

El desplazamiento forzado será drás¬ticamente penalizado y se propiciará el retorno de los desplazados a sus territorios, con plenas garantías de tierra, seguridad y respaldo para su desarrollo económico y social. En los proyectos productivos rurales se acabarán las exigencias abusivas, como las de obligar a los agricultores a utilizar semillas transgénicas e insumos predeterminados, que los supeditan a las cadenas productivas al servicio de las transnacionales.

Se hará una reforma financiera que garantice que el ahorro del público se transfiera realmente a la producción y que el crédito se entregue cada vez a un mayor número de colombianos.

Se reconocerán las múltiples formas de producir, distribuir y consumir en Colombia, pero no se permitirán las prácticas monopolistas ni la usurpación de los derechos de los trabajadores, ni el abuso contra los pequeños y medianos productores. Se trabajará para construir lo público más allá de lo estatal. Se exigirá el cumplimiento de la función social de la propiedad.

Se recuperará la soberanía en el manejo del endeudamiento público, la banca central, la hacienda pública, el control de cambios y la fijación de aranceles.

Se establecerá un sistema fiscal basado en impuestos directos y progresivos. Lucharemos contra los impuestos injustos que afectan el consumo y la canasta familiar y contra los privilegios tributarios de los grandes monopolios nacionales y extranjeros. Se castigará a los evasores, los contrabandistas, los especuladores y los defraudadores de los recursos y bienes del Estado.

4. Derechos sociales, económicos, culturales y ambientales

La verdadera razón de ser del Estado es buscar la universalización de los derechos sociales, económicos y culturales en pro del bienestar para la población, preconizados desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, dedicando los mayores esfuerzos a sentar las bases materiales, sociales, culturales y políticas para construir una Colombia socialmente justa.

El Estado reconocerá y protegerá la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y pondremos en marcha una ambiciosa política contra el racismo y la discriminación, en desarrollo del principio de la igualdad sustancial, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Nacional.

El gasto público social tendrá prioridad sobre el pago de la deuda externa y el presupuesto militar. Se hará una reforma laboral democrática que restituya los derechos conculcados a los trabajadores Lucharemos por mejores condiciones de vida y de trabajo; estableceremos un sistema de control real de precios de los artículos de primera necesidad, así como de las tarifas del transporte y de los servicios públicos. Serán aumentados los sueldos y los salarios, de tal manera que se eleve la capacidad adquisitiva de la población.

Haremos una reforma integral al régimen de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con los principios de equidad social, redistri¬bución del ingreso, solidaridad, defensa y fortalecimiento del patrimonio público en el marco de la función social del Estado.

Concebimos la salud como un derecho fundamental y no una mercancía. Por ende, derogaremos la ley 100 de 1993 y haremos una profunda reforma al sistema de salud pública sobre la base de garantizar la cobertura total a la población. Será respetada la autonomía médica en el diagnóstico y el tratamiento. Será defendida y fortalecida la red pública hospitalaria y se rechazará la privatización de hospitales y centros de salud. Se recuperará la capacidad operativa del ISS. Será eliminada la intermediación del capital financiero en la prestación de los servicios de salud. Serán garantizadas condiciones dignas de trabajo para los profesionales y trabajadores del sector. Los fondos privados de pensiones serán eliminados y se restituirán los derechos de los pensionados, conculcados por los gobiernos neoliberales. Estableceremos programas especiales de atención en salud, capacitación, recreación y deportes para los pensionados del país.

La educación pública será universal, de calidad, gratuita y obligatoria en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, así como en formación técnica laboral y en educación superior. Restableceremos los derechos laborales, salariales y profesionales conculcados al magisterio. Fomentaremos la investigación científica y el desarrollo tecnológico, lo mismo que el deporte masivo y la recreación gratuita.

Impulsaremos la cultura como forma de vida en sus diferentes manifestaciones sociales, ciudadanas y comunitarias y promoveremos el desarrollo del arte, los territorios y la vida de los pueblos. El Estado Social de Derecho, a través de la cultura, protegerá y promoverá la identidad nacional, y la memoria y el patrimonio histórico nacionales.

Se eliminará la intermediación financiera en la vivienda de interés social, y se aumentarán los recursos públicos para adelantar planes que faciliten a las personas la adquisición de vivienda digna. Adoptaremos medidas que acaben con la especulación en el suelo urbano y que resuelvan a favor de los deudores los procesos judiciales y las acciones encaminadas a despojarlos de sus viviendas por parte de las instituciones financieras. Modificaremos el actual sistema UVR (UPAC), impidiendo que el costo de la vivienda se multiplique usurariamente.

Garantizaremos la igualdad de derechos para la mujer. Aseguraremos las mismas oportunidades en el acceso a los cargos públicos y al mundo del trabajo, y defenderemos el precepto de “A igual trabajo, igual salario”. Defendemos los derechos reproductivos de la mujer, y su derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo. Rechazaremos las expresiones sexistas, la violencia pública y privada contra las mujeres. Nos opondremos a la utilización del cuerpo como botín de guerra.

Sancionaremos la bárbara explotación laboral de los niños. Daremos atención especial a los menores y atención integral a los ancianos. Habrá respeto, protección y programas especiales de ocupación laboral, capacitación, recreación y deportes para hombres y mujeres cabeza de familia, adultos mayores, discapacitados, multiimpedidos, indigentes y adictos.

Se reconocerá el libre desarrollo de la personalidad. Impulsaremos políticas que promuevan derechos plenos de los homosexuales, bisexuales y transgeneristas. Combatiremos la discriminación a la que son sometidos.

En el marco de políticas de desarrollo sostenible y de protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad, se permitirá la explotación del subsuelo y de los recursos naturales renovables y no renovables del país, protegiéndolos de la voracidad de las multinacionales y sus megaproyectos. Esa explotación se hará según las necesidades internas de la nación, y se estimulará la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones al respecto. Impediremos la privatización de la naturaleza y el saqueo de nuestra biodiversidad con la utilización y apropiación transnacional del genoma de plantas y animales a través de las patentes y las normas de propiedad intelectual. La biodiversidad será considerada un bien público.

5. Paz, justicia y seguridad

La solución del conflicto armado interno en Colombia debe ser política y no militar. Por ello, en lugar de la guerra y la violencia las partes en conflicto deben acudir a diálogos y negociaciones en busca de acuerdos de paz.

Nuestra principal política de paz serán las profundas reformas democráticas de las estructuras de exclusión social, política y económica anteriormente descritas. Construiremos una política permanente de Estado, que garantice condiciones pacíficas de vida social a la población. En esta perspectiva y recurriendo a la búsqueda de una solución negociada con la insurgencia, se emprenderá la concreción de un acuerdo nacional con base en el respeto a la soberanía y la vigencia de los principios democráticos, acuerdo en el que deben tener activa y decisoria participación todos los sectores de la sociedad.

Mientras persista el conflicto, se buscarán acuerdos humanitarios entre el Estado y la insurgencia para proteger a la población de los efectos de la guerra y poner fin a la agobiante e indigna situación de las personas que a causa de dicha contienda están secuestradas o se les ha privado arbitraria o injustamente de su libertad. Consideramos que el cese del fuego y de las hostilidades puede ayudar a propiciar condiciones para reestablecerle credibilidad al diálogo tras las frustraciones del pasado.
Pondremos en práctica una política de superación y desmonte total y definitivo del paramilitarismo, tanto de sus estructuras armadas como de sus redes de apoyo económico, actividades criminales, presiones y chantajes políticos y sociales, y control ilícito de territorios. Se definirá un marco legal de verdad y justicia que recupere la verdad histórica, reivindique la memoria, supere la impunidad, garantice una reparación económica, política, cultural y moral a las víctimas y reconozca la responsabilidad estatal cuando fuere pertinente.

Repudiamos todas las formas de terror y de terrorismo de Estado en particular el atentado personal, el secuestro, la extorsión, las acciones armadas contra la población civil que en modo alguno son formas legítimas de la lucha de los pueblos, por lo que condenamos todo acto de esta naturaleza. En el contexto de la dominación imperial, nos oponemos a la concepción de “lucha antiterrorista” que los gobiernos norteamericano y colombiano utilizan como pretexto para recurrir a métodos absolutistas y perseguir las expresiones de lucha popular que se oponen a la política imperante.

La prevención y el control de la delincuencia y la conservación del orden público se harán en el marco del respeto a los derechos fundamentales de las personas. Desmontaremos los elementos represivos y antidemocráticos de la mal llamada “seguridad democrática”, particularmente los que en contravía del derecho internacional humanitario involucran a la población en la guerra.

Promoveremos una cultura de paz y tolerancia para la búsqueda de la dignidad, la igualdad y la solidaridad humanas y para lograr el ambiente de convivencia social requerido para que los ciudadanos puedan adelantar el ejercicio público y privado de sus actividades, con las libertades previstas en el orden constitucional.

6. Política nacional de drogas

De manera responsable, soberana y autónoma, desarrollaremos una política contra los estupefacientes y su tráfico, acorde con los intereses de la nación y de sus gentes.

Con respecto a la producción, suspenderemos las fumigaciones, impulsaremos alternativas de desarrollo concertadas con las comunidades implicadas, a través de un proceso gradual de sustitución de cultivos ilícitos y sin criminalizar a los pequeños productores. Sobre el tráfico y el procesamiento se buscarán acuerdos en los que la comunidad internacional se fije tareas de cumplimiento de metas específicas. Frente al consumo se le dará prioridad a las políticas de salud pública, y no a la represión.

Colombia convocará una conferencia internacional para evaluar la efectividad de las políticas de drogas en el mundo en los últimos veinte años, y explorar alternativas al respecto.

7. Lucha de masas democrática

En el marco general de las anteriores consideraciones, apoyamos e impulsamos las protestas de la ciudadanía, las movilizaciones populares, las luchas cívicas y las distintas expresiones de resistencia y descontento contra las políticas impuestas por el capitalismo internacional y, en la actualidad, contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su intento de reelección.

Propugnamos, en consecuencia, un proceso de convergencia y unidad de todos los sectores populares para construir una alternativa de poder que saque a Colombia de la profunda y larga crisis en que se encuentra y la oriente por senderos de progreso y justicia que nos devuelva el orgullo de sentirnos colombianos.

EL CONGRESO NECESITA LA VOZ LÚCIDA DE ROBLEDO

Carlos Gaviria Díaz

Un saludo muy fraterno a todos los compañeros presentes. Es realmente reconfortante asistir, en una coyuntura como la que enfrenta el país, a un acto masivo de esta naturaleza. Porque no está presente sólo la militancia del MOIR, que desde luego hace presencia masiva en esta sala, sino muchas otras fuerzas políticas: el Frente Social y Político, el Polo Democrático Independiente, Opción Siete, el Movimiento Ciudadano y tantas organizaciones sociales que claman en el país por un cambio significativo en el sentido de la democracia.

Uno asiste a muchos actos motivado por diferentes razones: por cortesía, por solidaridad. Pero cómo es de amable, cómo es de agradable hacerlo por un imperativo ético. Lo que quiero decirles es que desde mi más íntima convicción me siento compelido a dar testimonio de mi profunda admiración por Jorge Enrique Robledo.

Cuando uno llega tardíamente a la vida política, como es mí caso, se encuentra con muchas circunstancias nuevas, unas no muy amables, pero otras muy gratas. Debo contarles que cuando llegué al Senado de la República y empezamos a reunirnos quienes entonces nos llamábamos congresistas independientes, yo no conocía a Jorge Enrique Robledo y, de pronto, me encontré con una figura menuda, de ceño más bien adusto, con una dialéctica contundente y una información desmesurada sobre su país; con claridad en el análisis y con una oratoria brillante y moderna. Muchas veces cuando uno dice ‘éste es el mejor’, incurre en alguna exageración, porque el juicio está muy cargado de subjetividad. Pero desde mi percepción no existe hoy en el país un orador como Robledo. Y lo digo desde el pun-to de vista de lo que es una oratoria moderna. Porque hay que confrontar su estilo y elocuencia con los de algunos de sus casi coterráneos, los llamados Leopardos, como Ramírez Moreno y Silvio Villegas, que hicieron época en Colombia, pero cuya oratoria era huera, retórica y nada más que retórica. La que lleva un mensaje, un contenido, que invita al diálogo, que no tiende a abrumar al auditorio sino que lo estimula para la reflexión, para el debate; eso es lo que yo llamo oratoria moderna, conceptual y cargada de contenido. Y les digo que no conozco un orador igual a Jorge Enrique. Una persona que no sólo tiene una gran destreza en el uso del lenguaje, sino que está lleno de ideas y de propuestas. Ellas rebosan en su discurso, junto a las audacias y las invitaciones a la controversia.

Me he honrado con la amistad y con el apoyo político que me ha brindado Jorge Enrique Robledo. Pero además de su amistad, su proximidad en el Senado me ha enriquecido profundamente. Los aquí presentes y toda una inmensa masa de personas que lo han escuchado y han asimilado su discurso tienen en él a un candidato de lujo a la Senaduría.

La admiración que desde distintos sectores de la opinión, diversos a su Partido, le expresan al senador Robledo son bien ganados, son bien merecidos. Y si a sus planteamientos claros, carentes de equivocidad y ambigüedad, se suma ahora la autoridad que tiene para hacer un llamado a la unidad de las fuerzas de izquierda democrática, creo que su candidatura no tiene par. Estamos empeñados en derrotar la propuesta perversa que el gobierno le hace al país en este momento. Y sabemos que eso no se logra sino con una unidad sólida en torno a tesis claras, en torno a un propósito constructivo de una democracia que el país no ha conocido, de una reivindicación de la dignidad nacional, que es lo que políticamente se llama soberanía. Los que estamos empeñados en esas reivindicaciones tenemos que unirnos.

Les agradezco esos aplausos y vivas tan afectuosos, pero debo decirles que si nosotros ganamos la Presidencia de la República, eso es bien poco; necesitamos un Congreso que respalde ese gobierno democrático. Y en un Congreso de esa naturaleza, no puede faltar la voz lúcida de Jorge Enrique Robledo.

EL GOBIERNO DE URIBE EN LA RONDA DEL TLC EN WASHINGTON: ¿CON EL PECADO Y SIN EL GÉNERO?

Aurelio Suárez Montoya

El proceso de negociación del TLC parece haber llegado a la fase final. En casi diecinueve meses, los negociadores de Estados Unidos consiguieron de los de Colombia todas las pretensiones plasmadas de antemano en sus respectivas leyes comerciales, incluyendo la más reciente, la Trade Promotion Authority (TPA) de 2002.

Como en todo alumbramiento forzoso las últimas horas se tornan más dramáticas y dolorosas, así el gobierno de Uribe está en medio de hondas contradicciones pues amplias capas de la sociedad rechazan el TLC, ya que no pudo contar con la munificencia de Estados Unidos, no sólo debido a que éste por su naturaleza imperialista impone a rajatabla sus dictados sino porque el gobierno de Bush, con su prestigio en picada, cuenta con poca capacidad de maniobra ante el Congreso de su país, que es donde se hace la verdadera negociación, para acceder a mínimos paliativos que le sirvan a su “amigo” Uribe en la felonía. Es de prever que todo se resuelva como ha sido la constante en Colombia desde hace ya más de un siglo: menoscabando los altos intereses de la nación con el engaño y la represión.

El fracaso

Aun desde la gran prensa nacional se ha calificado como un fracaso del gobierno el que, tal como lo había proyectado, no hubiera podido concretar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos el 22 de noviembre en Washington. El Tiempo, en su edición de noviembre 28 de 2005, editorializó: «Mientras Estados Unidos no ceda algo en el tema agrícola y en la propiedad intelectual, la negociación seguirá empantanada» y El Espectador del domingo 27 de noviembre también indicó: «El tropiezo transitorio (que bien podría convertirse en fracaso definitivo) de las negociaciones del TLC tiene varias explicaciones y consecuencias». En la misma dirección, las organizaciones sociales que han encabezado la oposición a este acuerdo de recolonización del país, como Recalca (www.recalca.org.co, «La última ronda»), han destacado que «Fracasaron todos los pronósticos del gobierno, calcularon que Estados Unidos tendría al final algunas flexibilidades con Colombia, pero los estadounidenses se mantuvieron en las propuestas que hicieron desde el primer día». No hubo concesión alguna de Estados Unidos para quien se tiene como socio principal en la «lucha contra el terrorismo» en el Continente y con el único país del sur de América que respaldó la invasión a Irak. Toda la estrategia negociadora de Uribe estaba basada en que el Imperio condescendiera con algunas aquiescencias especiales en aras de la «importancia estratégica» de Colombia.

Por el contrario, el jefe negociador, Hernando José Gómez recibió señales en otro sentido, como las de Charles Grassley, republicano presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos. En comunicación del 16 de noviembre, advirtió que «Los productores de EEUU deberían recibir al menos las mismas oportunidades de acceso al mercado que los agricultores de otros países que tienen Tratado de Comercio con Colombia», refiriéndose al acuerdo CAN-Mercosur, y agregó que “Tal como nosotros ya discutimos, el acceso al mercado provisto a los agricultores de EEUU en el TLC entre Colombia y Estados Unidos debe ser, al menos, tan bueno como el provisto en el Tratado de Libre Comercio con Centro América (CAFTA) y, en algunos productos, Estados Unidos está esperando que sea mayor”. Sobre el tema sanitario finalmente acotó que “la propuesta colombiana en medidas sanitarias y fitosanitarias va innecesariamente más allá del texto de Cafta”. En otras palabras, el mensaje norteamericano fue claro: “business is only business” (“negocios son sólo negocios”).

La pantomima de las negociaciones fue tajantemente denunciada por Luis Guillermo Restrepo, negociador en propiedad intelectual hasta la ronda de Cartagena, cuando en su carta de renuncia del 2 de diciembre señala que “durante la ronda llevada a cabo en Washington, el coordinador de la mesa de propiedad intelectual por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, abandonó la propuesta de negociación concertada con los andinos y, de manera unilateral, presentó una propuesta de protección de datos de prueba basada en el texto estadounidense, que contiene disposiciones con niveles de protección mayores que los acordados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (Cafta), donde se ignoran todos los compromisos con el sector salud”, y añade: “En cuanto a la forma como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha conducido el proceso, sería mucho más transparente decirle al país que el trabajo de 18 meses en las cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y salud fracasó, que realmente nunca existió negociación y que para poder firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es necesario abandonar la estrategia de “negociación por intereses”, traspasar las “líneas rojas” y aceptar unas disposiciones que eleven la protección a niveles similares o superiores a los de los tratados firmados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (Cafta)”.

Comedia de las equivocaciones

El gobierno de Uribe ha hecho lo máximo para firmar el TLC. Hernando José Gómez ha divulgado que “en los demás temas hemos avanzado hacia acuerdos satisfactorios”. Y entre esos “avances”, que en la lógica que este proceso de negociación ha tenido desde su inicio, siempre significan “entregas” o aceptaciones de la agenda norteamericana, merecen destacarse, por ejemplo, los ocurridos en el capítulo laboral, donde Colombia renunció a exigir a Estados Unidos ponerse a tono con los convenios internacionales al respecto, sobre los que hay consenso en la comunidad internacional, pero que la superpotencia nunca ha suscrito. Se acordó un capítulo idéntico al del Cafta, donde no hay mecanismos de sanción para los incumplimientos de las normas laborales; es decir, plena licencia para la superexplotación del trabajo, y Colombia accedió a no tocar el tema de los migrantes y abandonó su pretensión inicial de que se condenara la discriminación.

De igual modo aconteció con el capítulo ambiental, donde, en un tema básico como el de la biodiversidad, terminó aplicándose la fórmula propuesta desde septiembre por una subcomisión del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que visitó a Colombia, Ecuador y Perú: “Las protecciones que los países andinos buscan en el TLC no están establecidas en el régimen de Propiedad Intelectual de Estados Unidos. No obstante, la biodiversidad podría ser protegida a través de hacer cumplir contratos”. En efecto, “el avance” consistió en avalar el acceso de las multinacionales interesadas en los recursos de biodiversidad y en los conocimientos ancestrales vinculados a ellos, mediante “contratos de acceso” sin preservar en este caso, ahí sí no, la propiedad intelectual que deberían tener las comunidades. Se legalizó la “biopiratería”: ahora podrán cargar con especies y material genético. La típica “ley del embudo”. Los Estados Unidos no se comprometen a acatar los convenios internacionales en materia ambiental y Colombia se conformó con un acuerdo anexo de cooperación.

En el capítulo de Inversiones se concluyó el anexo de endeudamiento, que extiende a la deuda pública la “seguridad jurídica” que se contempla para casos como operaciones de mercado abierto, contratos de riesgo compartido y otras formas de ingreso de capitales, las cuales gozarán de verdaderas gangas jurídicas hoy inexistentes en el país. En la mesa Textil – Confecciones, pese a que no se han concretado urgentes peticiones colombianas, se acordó, para ser tenido como insumo componente de los géneros finales, el ingreso de algodón norteamericano con arancel cero desde el primer año de inicio del TLC y sin límite alguno en los volúmenes importados. En contra de la propaganda del gobierno, se han endurecido las condiciones que se fijaron para el sistema de preferencias Aptdea.

Como consecuencia de lo anterior, en Washington en el capítulo de Agricultura, Colombia llevó el algodón al mismo sacrificio que el trigo, la cebada, las frutas, las hortalizas y los aceites finos de soya; bienes en los que se liberaron las importaciones de Estados Unidos a precios por debajo del costo de producción, dentro del ilegal esquema de “dumping”. Las ganancias que estas concesiones traen para la superpotencia, incluidas las que se derivan de la supremacía que logra sobre otros países competidores y sobre nuestros propios agricultores, superan los 600 millones de dólares a partir del primer año de vigencia, en tanto las que Colombia ha recibido, mil toneladas de tabaco, algunos quesos y 70 toneladas de yogurt, no alcanzan al millón. ¡Una desproporción descomunal!

En el Capítulo de Servicios, en lo correspondiente al tema de Agencia Comercial, se convino que, cuando se inicie el TLC, la figura de la cesantía comercial en las transacciones de bienes desaparecerá, alterando ilegítimamente el Código de Comercio vigente. Y, sobre la conservación de la “cuota de pantalla” en televisión, el gobierno concedió la rebaja en los fines de semana de los límites permitidos para los productos estadounidenses y, así mismo, aumentó el porcentaje de inversión norteamericana en los canales privados colombianos.

Conceder, conceder, conceder

Aunque se desconocen detalles sobre derechos de autor o los intríngulis de las importaciones de bienes remanufacturados o de vehículos no vendidos de modelos de años anteriores, casos que con muchos otros se sumarían a este recuento de dádivas sin contraprestación, hay evidencia de que en Washington durante casi 10 días la táctica colombiana fue “conceder, conceder y conceder” con el intento de ablandar el corazón de Tío Sam en los temas más sensibles (¡Que son para el régimen uribista los temas políticamente sensibles!), pese a lo cual no recibió al respecto ni siquiera la hoja de parra que le permitiera, al menos, cubrir tantas vergüenzas.

Al llegar el 22 de noviembre, el desconcierto oficial fue total. Uribe, que dijo exultante que “firmaría el TLC aunque cayeran rayos y centellas”, “rapidito”, y que horas antes de la cita en Washington planteó su dilema sobre “firmar un mal tratado o no firmarlo”, como entre Escila y Caribdis, con la fe del carbonero ordenó a sus oficiales “permanecer atornillados a sus sillas”, ilusionado en que “contactos de alto nivel” lo salvarían del fiasco. Cuando la fuerza de las circunstancias por fin lo hicieron claudicar en su empeño colaboracionista, exclamó a las carreras: “No firmaré un Tratado que no sea equitativo”.º Sin embargo, las negociaciones siguen, todavía en medio del mayor secreto y con más concesiones

Economía política del TLC

Los errores de cálculo del gobierno pueden compendiarse en las frases lacónicas del editorial de El Espectador ya citado: “Las causas próximas del empantanamiento pueden tener mucho que ver con la política. La actual coyuntura obliga a los gobernantes de uno y otro país a no tomar riesgos, a no contrariar intereses poderosos y a no ir en contravía de la opinión… no son los rayos ni las centellas, para usar la expresión coloquial del Presidente, los que pueden echar al traste la voluntad de seguir adelante, sino los precarios equilibrios políticos de ambos países”.

En efecto, desde hace varios meses en Estados Unidos la opinión ha venido pronunciándose en contra de las políticas de Bush. Una encuesta publicada en el diario Usa Today del 15 de noviembre, registró que sólo 35% de los ciudadanos respalda la gestión presidencial tanto con relación con la guerra en Irak como con el desempeño en la economía. Y, peor todavía, en la intención de voto para las elecciones del Congreso, menos de 10% de los electores están dispuestos a votar por candidatos que no tengan discrepancias en ningún tema con Bush. En esas circunstancias, la agenda parlamentaria en Estados Unidos con dificultad pondría en discusión el TLC con Colombia, Ecuador y Perú y menos si se presenta con uno solo o dos de los países andinos. Temas como los relativos a la composición de la Corte Suprema de Justicia, a las leyes de inmigración o al grave problema energético serán suficientes para suscitar la polémica entre los republicanos y demócratas en 2006.

Los temores del gobierno republicano de sufrir una eventual derrota en la aprobación del TLC andino, con los antecedentes del Cafta, al que logró imponer solamente por dos votos en la Cámara de Representantes, no son del todo infundados. En los prolegómenos de la XIII ronda de negociación en Washington, y en el transcurso de la misma, salieron a luz varias cartas de congresistas demócratas al representante comercial de Estados Unidos, Robert Portman, en las cuales le anuncian su rechazo al tratado que se está negociando, por tener capítulos y cláusulas que lesionan a las naciones y pueblos andinos en áreas estructurales para su progreso y bienestar. Como el de la agricultura, donde la ruina total de los sectores rurales puede conducir a un incremento de la siembra de cultivos ilícitos; en las relaciones laborales, donde se consagra un verdadero “dejar hacer, dejar pasar”; y en el acceso a medicamentos baratos y la salud pública, que se ven comprometidos con la ambiciosa requisitoria en Propiedad Intelectual, donde las multinacionales farmacéuticas y las industrias estadounidenses de las áreas de la salud vienen por el santo y la limosna. También voceros políticos de los cultivadores de flores de California han formulado objeciones a lo que catalogan como protecciones ilegales al sector floricultor colombiano y que, acorde con ellos, ameritan hasta demandas ante la OMC.

En Colombia el panorama no es muy diferente. La resistencia civil al TLC cada día cobra mayores respaldos. Los mismos sondeos, donde se fabrican las “opiniones favorables” hacia el régimen uribista, revelan un desacuerdo mayoritario en torno al Tratado. Uribe y sus negociadores, presionados por estas expresiones, pero especialmente por las marchas ciudadanas multitudinarias, las consultas de indígenas, productores agropecuarios y sectores sindicales, populares y ciudadanos que han rechazado el TLC y la forma como se ha negociado, se han visto con las manos amarradas para suscribir el pacto de adhesión en que se ha convertido el acuerdo y, peor aún, sin que Estados Unidos les conceda alguna zanahoria que justifique tanto garrote. Desde luego que también cuentan las insaciables apetencias de Uribe a la reelección presidencial, que están en aprietos por los negativos impactos políticos que le pueda acarrear la firma de un TLC que se ha ido configurando, tal como estaba previsto, en un Documento de Protectorado. Su ex asesor palaciego y consultor de multinacionales en adquisiciones y fusiones, Rudolf Hommes, ya lo increpó: “Pudo haber pensado (Uribe), como lo dijo inexplicablemente el angustiado ministro de Comercio, que el TLC no le conviene a la reelección”.

Aunque en esta sentencia hay mucho de cierto, no puede omitirse que, pese a todo, Uribe sigue adelantando la llamada Agenda Interna que aclimata el TLC y que arraiga en nuestras normas e instituciones el neoliberalismo, con o sin Tratado. Se bate por reformar al tenor del capítulo de Compras Estatales, la Ley 80 de Contratación Pública; aligera la creación de la Superintendencia Financiera para formar una institución a tono con las estipulaciones del capítulo de Inversiones; propone la rebaja de impuestos de renta a las firmas y de remesas a empresas extranjeras, para consolidar los halagos a los amos del capital foráneo en quienes deposita la redención de Colombia; y, en el marco de la misma negociación, ya ha suscrito y puesto en marcha convenios de Cooperación en aduanas, medio ambiente, laboral y régimen sanitario y fitosanitario. Para acometer estas y otras tareas se han contraído créditos con el Banco Mundial por 300 millones de dólares en la modalidad de “Fortalecimiento de Capacidades” y se espera que el nuevo presidente del BID, el colombo-americano Luis Alberto Moreno, entregue aportes superiores con iguales objetivos.

En busca de la equidad

Sin que se hubieran todavía encogido las caras largas que marcaron el regreso de los funcionarios de la negociación, Uribe, ante la impasibilidad de Estados Unidos frente a sus petitorias, se inclinó por el camino de la demagogia y el engaño al pueblo colombiano. Arrancó con bríos diciendo que sólo firmaría “un tratado equitativo”, aunque su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, simultáneamente terciara con arrogancia y crudeza diciendo que el alza no podía superar la inflación porque “se le restaba a Colombia competitividad en el TLC”.

Uribe, con perversidad, pretende sugerir que tal equidad es posible, pretermitiendo no sólo las reconocidas diferencias estructurales entre el Imperio y la colonia, las que algunos con mesura mojigata llaman “asimetrías”, sino encubriendo además que éstas aumentaron en la negociación de rodillas que se ha dado. Reunió la Comisión Nacional de Relaciones Exteriores, con ex presidentes incluidos, e hizo firmar un cheque en blanco en la búsqueda de tal equidad, la cual se ha enfocado en el asunto de medicamentos y patentes y en lo que han bautizado como “el acceso real” de los productos agrícolas. Con la astucia del politiquero redomado, en tanto se rinde en todos los temas cruciales, Uribe emprende una histriónica cruzada “por la justicia en el TLC”. Mientras tanto, el equipo negociador a sus órdenes, en contactos informales, continúa borrando corchetes en los textos según lo ordenan los gringos y mantiene sus valijas sin desempacar para emprender en cualquier momento el viaje rápido que les permita, como lo han anunciado, finiquitar la humillación antes de Navidad y cumplir el cronograma ideal, uno que llevaría el TLC a discusión en el Congreso en las sesiones de marzo a junio de 2006, con los mismos políticos que han cargado al gobierno en andas a cambio de prebendas y cuyos paradigmas son Yidis y Teodolindo.

La campaña “por la equidad del TLC”, que Uribe muestra como auténtica, se inspira en recomendaciones de Hommes hechas en el regaño de marras: “Deberíamos evaluar si vale la pena sacrificar el TLC por orgullo y por defender a un par de gremios que podemos compensar de otra manera menos costosa para el resto de la sociedad”. Y también en las palabras pronunciadas por Milton Drucker, consejero de la embajada de Estados Unidos en Colombia, quien en un foro con empresarios antioqueños en Medellín los exhortó a “hablar fuerte para que el arroz, el maíz y el azúcar no maten el TLC”. En consecuencia, en congresos de organizaciones agropecuarias prometió “compensaciones” con recursos fiscales a los sectores que salgan afectados. Algo así como “sacar un ojo” y luego indemnizar. La fementida equidad, pasará por entregarle a los perjudicados limosnas temporales con los dineros de los mismos contribuyentes nacionales, financiando así las ganancias de Estados Unidos, también correrá por cuenta de Colombia. Del presupuesto deficitario se prometen dineros para enjugar las pérdidas y la elaboración de una ley que los incluya.

Las tareas por delante

El TLC se manifiesta cada vez más como una imposición imperialista. Aunque sus defensores a ultranza digan lo contrario, como la ex ministra y ahora empresaria en logística, Martha Lucía Ramírez, hay evidencia de que los aparatos productivos de Estados Unidos y Colombia no son complementarios. Mientras Colombia consume todo lo que Norteamérica produce, allí no sucede lo mismo con nuestros productos que carecen de demanda. Mientras Colombia ofrece mercados masivos a los géneros estadounidenses, la oferta para el país son expectativas de “nichos” con crecimientos decrecientes, que en el tiempo se expanden menos. Este hecho, sumado a toda la carga de prerrogativas y privilegios que se confieren a los capitales, mercancías e inversionistas norteamericanos, incluso en detrimento de derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, lleva a que en el TLC los beneficios estén en un lado de la mesa, el del más fuerte, y los costos en el otro, el del más débil.

El senador Jorge Enrique Robledo, cabeza visible de la contienda contra el TLC, ha opinado en reiteradas oportunidades que “el gobierno está dispuesto a firmar donde digan los gringos”, y todo indica que así será. La resistencia deberá redoblarse para impedir que el gobierno firme, y si lo hace, para exigirle al Congreso de Colombia que no apruebe semejante iniquidad. No solamente deberán adelantarse nuevas y mayores movilizaciones que aglutinen a todos los patriotas y demócratas que se opongan a este proyecto de recolonización, sino que la próxima campaña política, tanto para la Presidencia como para el Congreso, deberá convertir el Tratado en tema principal y en medio para elevar los niveles de organización y conciencia del pueblo con el propósito de enfrentar las decisivas batallas que para derrotarlo tendremos que dar los colombianos en el año 2006.

TERCERA CUMBRE SOCIAL Y POLÍTICA: POR LIBERTADES CIUDADANAS, CONTRA LA REELECCIÓN Y EL TLC

Esta III Cumbre Política y Social promovida por la Gran Coalición Democrática, que reúne lo más representativo de los movimientos políticos, organizaciones sociales, ONG, académicos, artistas e intelectuales comprometidos en la búsqueda de una salida civilista y democrática distinta a la sumisión frente a las políticas de Estados Unidos, al inhumano modelo de desarrollo neoliberal y a la tramposa reelección del presidente-candidato Álvaro Uribe Vélez, CONVOCA a todos los colombianos a la acción y movilización ciudadana en defensa de las libertades democráticas, en contra de la injerencia paramilitar en el debate electoral, por plenas garantías para todos los dirigentes y movimientos políticos, en apoyo a las luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, por la autonomía universitaria y la suficiencia presupuestal de la universidad pública y a la resistencia civil contra el TLC, defendiendo la soberanía y la producción nacional.

La reelección presidencial es una maniobra destinada a burlar la democracia y aprovechar el poder del Ejecutivo para consolidar un proyecto de régimen político que precipita al país a mayor violencia y a la postergación de las salidas a la crisis social que agobia al pueblo colombiano, profundizando el modelo neoliberal y eliminando el Estado Social de Derecho. En el camino reeleccionista no existen plenas y verdaderas garantías para la oposición.

En el contexto de la coyuntura electoral, esta III Cumbre recomienda a todos los interesados en propiciar una gran unidad del pueblo y, por ende, en hacer fracasar el proyecto de la reelección uribista, a que hagamos todos los esfuerzos necesarios para llevar la mayor cantidad de senadores y representantes a la Cámara, como amigos de la solución política negociada, defensores de la paz, la justicia social y el Estado Social de Derecho.

Rcabamos el compromiso de trabajar por una ALIANZA POLÍTICA de carácter democrático, en las elecciones presidenciales de mayo de 2006. Recordemos que ya el pueblo colombiano derrotó el proyecto autoritario del Referendo uribista en octubre de 2003 y ahora nuevamente lo haremos en las urnas, eligiendo un gobernante demócrata que saque al país del pantano de la guerra, que rescate la soberanía nacional, que promueva la reconciliación entre los colombianos y ejecute un programa orientado a combatir la pobreza, a generar empleo, ingresos y riquezas, a propiciar oportunidades para las nuevas generaciones y pueda inscribir a Colombia en las nuevas realidades de la política latinoamericana

(Bogotá, diciembre 6 de 2005).

Declaración del MOIR: EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE JOHN DURLEY CASTAÑO

Desde el pasado 30 de octubre, permanece arbitriamente detenido en la cárcel Villanueva, de Cali, el militante del MOIR Jhon Durley Castaño. La Fiscalía 30 Seccional de Cali le ha dictado medida de aseguramiento por el presunto delito de rebelión, apoyándose para ello en falaces acusaciones de agentes del DAS y personal de seguridad del ingenio María Luisa, y falsos señalamientos de supuestos desmovilizados que lo vinculan con las FARC. Con toda esta patraña se pretende desvirtuar las actividades de nuestro compañero como negociador de los trabajadores en la huelga de los corteros de caña del ingenio María Luisa, su compromiso solidario con el movimiento similar desarrollado por los obreros del Ingenio Cauca, así como las diversas actividades que ha adelantado como dirigente de nuestro Partido en el municipio de Florida.

La fiscal, Dra. Elizabeth Díaz Ordóñez, lo mantiene privado de la libertad, a pesar de la esclarecedora declaración rendida por Jhon Durley y de los testimonios de importantes personalidades del municipio de Florida, como el señor Alcalde, el personero municipal y el presidente del Concejo, en los que dan cuenta de su intachable conducta y su total dedicación como dirigente de la Liga de los Usuarios de Servicios Públicos y Vocal de Control y miembro de la Junta Directiva de la Empresa Municipal de Aseo.

Es evidente que Jhon Durley, quien integró la lista del MOIR al concejo municipal en los pasados comicios electorales, es objeto del más burdo montaje por parte de sectores retardatarios opuestos a que los trabajadores de la caña de azúcar se organicen para reconquistar los derechos de sindicalización y negociación. Estos derechos democráticos han sido brutalmente conculcados por gobiernos y patronos, sometiendo a los trabajadores a condiciones oprobiosas de trabajo, lo cual generó los mencionados paros laborales que redundaron en el reconocimiento de mejoras sustanciales en sus remuneraciones y el cubrimiento de su seguridad social. Es evidente que se trata de hacer escarmiento con nuestro compañero, con la aviesa intención de impedir el despertar del proletariado azucarero.

La Dirección Nacional del MOIR reclama que el Estado cese en sus políticas represivas y exige la libertad inmediata del compañero Jhon Durley Castaño.

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR)

Comité Ejecutivo Central
Héctor Valencia, secretario general

Bogotá, 29 de noviembre de 2005

PATRIÓTICA RESISTENCIA CONTRA LA REFORMA URIBISTA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Elías Fonseca

Los estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Nacional adelantan una resuelta resistencia a la implantación de la reforma que aprobó Marco Palacio y que pretende aplicar Ramón Fayad, actual rector encargado. Los estudiantes adelantaron la toma pacífica del campus de la sede Bogotá, y se declararon en asamblea permanente multiestamentaria a partir del 9 de noviembre, en la cual aprobaron el pliego general de exigencias. Entre ellas destacamos:

Autonomía y democracia

Conquistar la autonomía y la democracia en la Universidad, perdidas totalmente con el asalto que Uribe Vélez cometió en 2003 al imponer a Marco Palacio como rector, contra la voluntad mayoritaria de estudiantes y profesores. Palacio impuso su escudero para reformar la Universidad Nacional en el camino de adecuarla a las necesidades del TLC con Estados Unidos.

Es crucial la reconquista de escenarios para definir, con la participación de estudiantes y profesores, los asuntos medulares de la vida universitaria tales como el contenido de las reformas académicas y administrativas y las políticas de bienestar estudiantil, entre otros.

Reforma académica

Derogar los actos administrativos expedidos por el binomio Palacio-Fayad, en especial los referidos a:

1. El recorte en la duración de las carreras, que significa la imposición del limite de 160 créditos a todos los programas curriculares, los cuales quedarían inamovibles, imposibilitando cambios sustanciales a los mismos por parte de la comunidad educativa, y estropeando la calidad de la educación impartida. La formación profesional se orienta hacia el «desarrollo de destrezas esenciales generales», que le permitan desempeñarse en cualquier ocupación –”saber leer, analizar, sintetizar, argumentar, por un lado, y, por otro, la capacidad de escuchar y trabajar en equipo”–. Los contenidos se reducen al mínimo y son generalistas.

2. La supresión de las líneas de profundización de las carreras, lo cual traería un profesional no apto para el ejercicio. La reforma suprime un conjunto de asignaturas que le dan un énfasis específico al estudiante, en alguno de los campos de aplicación de la profesión.

3. Disminución del tiempo de permanencia de los estudiantes en la universidad, rebaja de la intensidad horaria en las materias y fijación de estándares mínimos de conocimiento que apuntan a la promoción automática en la educación superior, ya desastrosa en la básica y media.

4. La fijación del sistema de créditos académicos y de acreditación de las carreras inciden en el deterioro de la calidad y rebajan la rigurosidad académica, al recortar contenido de las asignaturas para ajustarlas a los tiempos implícitos en el concepto del crédito, al igual que se disminuye el número de materias para que no superen el total fijado.

5. La fusión de carreras y facultades, desvertebrando unidades académicas que en la historia de la nacional han hecho valiosos aportes a la investigación, la ciencia y el conocimiento.

6. La supresión de espacios de discusión de los asuntos académicos, extendiendo al campus universitario el estilo autoritario del presidente Uribe, todo con el fin de imponer sin discusión alguna con los estamentos básicos de la universidad la política que les dictan a nuestros gobernantes los agentes imperiales.

Profesores de planta y pensionados

Mantener al profesorado de planta como la principal forma de vinculación y disminuir a lo estrictamente necesario la contratación de profesores por horas cátedra, condición para que cualquier universidad pueda garantizar el desarrollo profesional de la docencia. Es práctica de las mejores universidades del mundo retener al profesorado que ha acumulado experiencia en la obtención y enseñanza del conocimiento; en tanto la actual reforma pretende prescindir de los docentes que han reunido los requisitos de pensión, con el mero afán de bajar los costos laborales con profesores catedráticos, desechando el valor que los pensionados representan y contribuyendo de manera deliberada al deterioro de la calidad de la educación.

Pasivo pensional

Exigir al gobierno que cubra el pasivo pensional. En carta enviada por el ministro de Hacienda al rector de la Nacional el 21 de septiembre, Uribe Vélez muestra su intención clara y rampante de liquidarla por esta vía, al señalar que el Estado no es responsable financiera y presupuestalmente de las pensiones reconocidas por la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional, y que por tanto las debe asumir esa institución. El pasivo pensional asciende a 3.5 billones de pesos.

Bienestar estudiantil

Establecer un verdadero bienestar universitario que brinde acceso real y gratuito a planes de salud, servicios de cafetería, residencias estudiantiles, trabajos de campo y otros beneficios.

Plan de regulación y manejo

Un plan de regulación y manejo que permita destinar el presupuesto y el patrimonio de la universidad a las necesidades académicas de la comunidad estudiantil tales como bibliotecas, salas de informática, cursos de extensión e investigación y, en especial, defender la permanencia del hato y los invernaderos en los predios de la universidad, ya que facilitan que estudiantes y profesores realicen prácticas, investigaciones y proyectos en las áreas de ciencias naturales. La administración pretende cederlas para obras de remodelación como alamedas, calles internas y áreas decorativas; millonarias inversiones (60 mil millones de pesos) que saldrían del rubro de matrículas destinado a respaldar el préstamo ante el Banco Mundial.

En suma, lo que pretenden los reformadores es conducir a la Universidad Nacional al descalabro total, sumirla, como lo han hecho con otras, en la mediocridad y la incapaciad, negando su papel de aportar lo mejor de la ciencia y el conocimiento para la construcción de un país próspero y soberano. Acertadamente el senador Jorge Robledo señala en su documento contra la reforma Palacio: «Los graduados en las carreras más cortas de la Nacional comprobarán que las famosas competencias en las que los adiestraron, y con las que les sustituyeron una formación con mayores fundamentos, no les permitirán competir con otros profesionales que serán tan diestros como ellos en algunas prácticas, pero que además tendrán una mayor formación en los conocimientos básicos de las carreras. Y es obvio que al final, en los promedios que resultarán, habrá caído el aporte de la Universidad Nacional a la sociedad colombiana».

Represión y autoritarismo

La respuesta del gobierno de Uribe a las peticiones de los universitarios ha sido el cierre de la universidad y el desalojo de los estudiantes, profesores y trabajadores por la fuerza pública, con el pretexto de preservar la integridad de personas e instalaciones en contra del «vandalismo rampante de los participantes en la asamblea permanente». Tan temeraria acusación ha sido desmentida por la contundencia de las multitudinarias movilizaciones, que de manera pacifica y civilizada, han hecho los universitarios, y que han suscitado la simpatía y el apoyo de la población.

Ante la actitud del gobierno, los estamentos universitarios han reafirmado su decisión de asamblea permanente hasta tanto se establezcan por parte del gobierno y las directivas mecanismos para la discusión del pliego general de exigencias y la satisfacción de las justas demandas de estudiantes, profesores, trabajadores y pensionados.

La Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios, CNEU, aprobó el 26 de noviembre el apoyo incondicional a esta lucha, lo mismo que la difusión por todos los rincones del país de la problemática educativa de la Universidad Nacional, la misma que atraviesa toda la educación pública universitaria. Se orientó para comenzar el próximo año con la preparación de jornadas que emulen la actitud asumida por estudiantes, profesores y trabajadores de la Nacional, para confluir en un gran levantamiento en todo el país contra la política uribista en la educación superior.

Jorge Enrique Robledo, senador del MOIR y el Polo Democrático Alternativo, reiteró su respaldo a la lucha estudiantil: «Lo que se pone al orden del día, entonces, es la oposición, civilizada y democrática por supuesto, a los aspectos nodulares de la reforma, lucha que debe darse mediante la unidad y la movilización de estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad, en el marco de la defensa de toda la educación pública y en comunidad con ella y procurando el respaldo del conjunto de la sociedad colombiana».

EL RETROCESO AMBIENTAL BAJO EL GOBIERNO DE URIBE

Elizabeth Beaufort

Neoliberalismo y medio ambiente

Cada día es más ostensible la ligazón entre el grave deterioro del medio ambiente que se registra en el mundo y las políticas neoliberales que en el contexto de la globalización impulsa Estados Unidos. Lo cual no es de extrañar, pues al dejar sin mayor control las fuerzas del mercado, ellas fomentan el consumo desenfrenado de los recursos naturales y prácticas de producción altamente contaminantes. A eso precisamente se entregan las multinacionales en los poderosos países donde tienen su asiento y, al extender sus tentáculos económicos y financieros, en los países menos desarrollados. Se generan entonces crisis ambientales regionales que acrecientan la de carácter global.

Desde cuando fue adoptado por las Naciones Unidas en la Cumbre de Río de 1992, el desarrollo sostenible se ha convertido en una consigna de todos aquellos que han querido defender unas mejores relaciones entre economía y ecología. No obstante, contra este anhelo conspiran las políticas de ajuste estructural que no cesan de impulsar el Banco Mundial y el FMI. El neoliberalismo que las sustenta lleva a que poco o nada importe el medio ambiente o que se cambie el desigual consumo de recursos naturales y a que las instituciones estatales y financieras que lo abanderan conviertan los tres componentes básicos del desarrollo sostenible –sostenibilidad económica, social y ambiental – en una falacia. Por ejemplo, los tratados de libre comercio consideran las normas ambientales como barreras no arancelarias para el intercambio comercial, socavan el cumplimiento de los convenios internacionales del medio ambiente, exigen que se extiendan patentes de plantas y animales a favor de los monopolios de la biotecnología y promueven el saqueo desaforado de los recursos naturales y la mercantilización de bienes que por su naturaleza deben ser públicos. Se explica así que las laboriosas gentes del campo, principales perdedores de estos tratados, no encuentren salida distinta a colonizar y extraerles lo que puedan a más tierras y bosques para poder sobrevivir, cuando no a emprender su forzado desplazamiento hacia las ciudades creando mayores presiones ambientales y sociales.

Ante tales desastres y en contraposición con las políticas neoliberales, es incontrastable que la protección del medio ambiente, con criterios de sostenibilidad para las generaciones presentes y futuras, requiere de una activa intervención estatal y del establecimiento de relaciones internacionales y acuerdos económicos y comerciales en pie de igualdad entre las diferentes naciones. El agotamiento de los recursos naturales y la generación de contaminación constituyen factores negativos de la producción que el mercado libre en boga intensifica, por lo que se impone la adopción de políticas públicas, implementadas sobre bases científicas y democráticas y desarrolladas con plena soberanía.

Las reformas antiambientalistas de Uribe Vélez

La ofensiva antiecológica internacional se traduce en Colombia en un retroceso legislativo y financiero en la cuestión ambiental, ilustrado por el papel secundario que a ella se le asigna al tratarla como un apéndice del Ministerio de Desarrollo y Vivienda y disminuir las partidas presupuestales necesarias para atender sus múltiples aspectos. El gobierno de Uribe está impulsando aberrantes proyectos de ley destinados a facilitar la mercantilización y privatización de recursos vitales como el agua y los bosques, la venta de servicios ambientales, la expansión de los cultivos transgénicos y la adecuación de la normatividad a las exigencias del TLC Andino con Estados Unidos. Enunciemos algunos:

a) En Colombia, a pesar de tener abundantes fuentes hídricas, su población afronta cada vez más dificultades para acceder al agua potable, al punto que se calcula que para el año 2025, el 69% de la población podría enfrentar desabastecimiento del líquido. El proyecto de ley de aguas constituye una verdadera amenaza al consolidar y ampliar el sistema de concesiones que rige en el país desde hace más de 30 años y que en el contexto actual de la globalización equivale a privatizar este precioso recurso. El proyecto contempla concesiones de las fuentes de agua hasta por cincuenta años para el caso de los servicios públicos y la generación de energía, abre las puertas a las concesiones marítimas y de fuentes subterráneas y considera la cesión de los derechos a terceros.

El Banco Mundial argumenta que para aumentar su disponibilidad, el agua debe tratarse como un producto más del suelo y del subsuelo que– al igual que el cobre, el oro y el petróleo– debe ser explotado por capitales privados que tengan la ganancia como aliciente para animarse a invertir. En contraposición con tal aseveración, los desastrosos resultados de la entrega del agua al sector privado están bien ilustrados: la privatización siempre concentra, no democratiza; favorece el monopolio de los servicios de energía y acueducto; desalienta la inversión para ampliar el servicio, y los usuarios experimentan el alza de las tarifas y hasta la suspensión del servicio cuando hay mora en los pagos.

b) Bajo el mismo subterfugio de que concesionar no es lo mismo que privatizar –arguyendo que se refiere a los derechos de uso y no de propiedad- Uribe empezó el proceso de otorgar en concesión parques nacionales como Isla Gorgona, Amacayacu, Los Nevados y Tayrona. Frente a este designio, es imperativo reafirmar que los parques nacionales son el patrimonio de nuestra biodiversidad– 50 en total y 10 millones de hectáreas– y que constituyen el banco genético de Colombia. Y, junto a rechazar su privatización, denunciar que someterlos a las fumigaciones aéreas que asuelan otras regiones bajo los dictados del Plan Colombia, es otro atentado propio de la barbarie que difunde Uribe.

c) El proyecto de ley forestal coloca todo su énfasis en la explotación maderera y en los incentivos de todo tipo para atraer la inversión privada y extranjera. Así, elimina la autorización y el salvoconducto para el establecimiento de plantaciones y el permiso para la movilización del producto maderable; otorga créditos especiales y exenciones tributarias; introduce la figura del “vuelo forestal como un derecho real autónomo con respecto del suelo” para facilitar los contratos para la tala de bosques, y abre las puertas a la privatización de los recursos genéticos y los contratos de bioprospección. A pesar de que alrededor del 60% de los bosques naturales (entre 25 y 28 millones de hectáreas) son de propiedad colectiva de las comunidades indígenas y negras, la reforma desconoce sus derechos de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios (Ley 70 de 1993 y Ley 21 de 1991, que ratifica el convenio 169 de la OIT).

d) Otra iniciativa del gobierno pretende eliminar la licencia ambiental para la utilización y comercialización de organismos genéticamente modificados, contraviniendo lo estipulado por el Consejo de Estado, la Ley 99/93 y la misma Ley 740/2002, aprobatoria del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. No nos oponemos a los avances de la ciencia y la tecnología, pero en el caso de los transgénicos hay necesidad de tomar precauciones y evaluar, en cada caso, los riesgos para el ambiente y la salud.

Para echar atrás todas estas medidas y pretensiones de Uribe, como ya se logró con el proyecto de ley de páramos que pretendía expulsar a miles de campesinos de su hábitat, es preciso alentar con pleno vigor las luchas de resistencia que se vienen dando.

Jornada Nacional contra la Ley 142: PROTESTAN USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Oscar Gutiérrez Reyes

El 30 de noviembre, se cumplió en el país la Jornada Nacional por la derogatoria de la Ley 142 de 1994 o de servicios públicos domiciliarios. En las capitales, miles de usuarios de servicios públicos, coordinados por las organizaciones que integran la Unión Nacional, expresaron su descontento frente a las empresas prestadoras de servicios. Los usuarios recibieron el respaldo de la Gran Coalición Democrática, las organizaciones sindicales, los partidos políticos integrantes de Alternativa Democrática e importantes destacamentos del PDI y del Partido Liberal de significativos grupos de ciudadanos que, con su apoyo, hicieron posible la Jornada.

Quienes nos movilizamos el 30 de noviembre, también lo hicimos para protestar contra la Resolución 1250 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -CRT- que las empresas de telefonía fija vienen aplicando en todo el país y que significará que los colombianos, a partir del 1º de enero de 2006, tengamos que pagar más pesos por menos minutos.

Y este mayor pago se dará porque la resolución contempla que tras la “eliminación” del cargo fijo, se cree un cargo básico que incluye los anteriores valores del cargo fijo más una cantidad de minutos que las empresas venderán en la modalidad de planes o paquetes de minutos.

Hechas las cuentas, lo que se concluye es que, proporcionalmente y dependiendo del estrato y del plan de consumo, las tarifas de los servicios públicos domiciliarios podrían incrementarse hasta en 200%, según se deduce del estudio hecho por las organizaciones de usuarios y expertos en el tema. Y, a quienes más mal les ira, será a los usuarios de los estratos 1 y 2, quienes además verán reducido el consumo básico subsidiable de 600 a 200 minutos.

Por culpa de la Resolución 1250 muchos colombianos tendrán que dejar de hablar, pero si quieren que los servicios públicos se conviertan en derechos fundamentales, se verán obligados a gritar.

DIFICULTADES Y TROPIEZOS DE LA RECOLONIZACIÓN NORTEAMERICANA

Francisco Valderrama Mutis

Después de su discurso de posesión donde anunció su cruzada religiosa para imponerle al mundo la democracia y el libre comercio, Bush está pasando los tiempos más turbulentos de su mandato, asediado por contradicciones internas y retado por la resistencia de pueblos y países a su política de recolonización imperialista. La guerra preventiva unilateral, que adoptó los métodos más aberrantes contra los derechos democráticos de ciudadanos y pueblos, la tortura, como en Abu Graib, y la utilización de bombas de fósforo blanco en la toma de Faluja, y la guerra de Irak, le han destapado una verdadera Caja de Pandora.

Apoyado en cifras macroeconómicas de recuperación del empleo, aumento moderado de ventas al detal y de los pedidos a las empresas, además de las ganancias monumentales de las corporaciones, especialmente de las petroleras con el alto precio del petróleo, el gobierno gringo habla de una economía sólida, pero lo que subyace es un deterioro de la situación real del país. Hay pobreza creciente en vastos sectores de la población; los salarios reales están congelados y las declaraciones de quiebra personales están creciendo aceleradamente; cada vez más millones de norteamericanos, especialmente niños, carecen de cobertura en salud; el sistema público de educación está degradándose; el bienestar de los trabajadores y empleados medios está afectado por el alto costo de la gasolina, las matrículas, los seguros médicos y la vivienda, para mencionar solamente algunos aspectos; el presupuesto federal perdió definitivamente su equilibrio y está sumergido en una hemorragia de cifras en rojo de millones de millones de dólares, aumentada por el sostenimiento de la guerra en Irak y el más gigantesco presupuesto militar de la historia, financiado con las inversiones de los bancos centrales asiáticos, que ya deben estar preguntándose si algún día podrán recuperarlas. Frente a esta situación, la administración Bush persiste en su promesa de recortarles los impuestos a los más ricos, creando una situación explosiva, pues en el entretanto se ve incapaz de atender los reclamos de los damnificados por los huracanes.

Refugiado en los sectores ultraconservadores, Bush es asediado por múltiples problemas políticos en Estados Unidos. El estancamiento de la guerra de Irak y la abultada cifra de bajas norteamericanas, la resistencia declarada a su continuación que hacen diversas organizaciones sociales y padres de soldados sacrificados, como Cindy Sheehan, a los que se han unido tardíamente sectores demócratas que hablan cada vez más duro contra la urdimbre de mentiras que sirvieron de base para la agresión colonialista, y frente a la tortura sistemática empleada contra la insurgencia e inocentes ciudadanos iraquíes. Es tal la confusión que el Congreso norteamericano aprobó una ley para restringir la utilización de la tortura en los interrogatorios y el gobierno de Bush, ¡en cruzada por la democracia y los derechos humanos!, ha amenazado con vetarla, mientras el vicepresidente Cheney cabildea para que la CIA sea exceptuada.

En Irak no ha podido solucionar el problema de equipar unas fuerzas de seguridad nacionales, que le permitan ‘iraquizar’ la guerra; tampoco ha solucionado la reconstrucción de la infraestructura básica de servicios y mucho menos la petrolera, aunque ya presionó al gobierno títere para que le entregue su explotación a las multinacionales británicas y estadounidenses, que se van a quedar con una ganancia calculada en 120.000 millones de dólares; tampoco ha podido domeñar a una insurgencia cada vez más agresiva, cuyo derecho a la resistencia contra los invasores fue avalado recientemente por una Conferencia de Reconciliación de dirigentes chiítas, sunitas y kurdos, con el apoyo de la Liga Árabe, que además exigió un cronograma para el retiro de las fuerzas extranjeras de su territorio. Y a pesar de que el pasado 30 de septiembre presentó un plan consignado en un documento pretenciosamente titulado “Estrategia nacional para la victoria en Irak”, en que habla de los tres problemas antes mencionados, en Estados Unidos cunde el escepticismo porque hasta ahora Bush ha sido incapaz de solucionarlos.

La decisión de nominar a su consejera legal, Harriet Miers, como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, fue derrotada con la colaboración activa de los republicanos más retardatarios, que le exigen la nominación de un verdadero fundamentalista para poder cumplir con el objetivo de controlar las tres ramas del poder estatal. Finalmente nominó a Samuel A. Alito Jr., con lo cual desató una fuerte contienda ideológica con los demócratas.

La credibilidad de Bush baja cada vez más en las encuestas. A esto se suma la reciente derrota en las elecciones de los gobernadores de Virginia y New Jersey, donde incluso los republicanos expresaron que tal vez se debió a que Bush participó a última hora en la promoción de sus candidatos. Muchos de sus partidarios y funcionarios más duros enfrentan acusaciones de la fiscalía norteamericana. Como los casos de Libby, mano derecha de Cheney, acusado de perjurio y de obstruir la justicia en el caso de la filtración sobre Valerie Plame como agente de la CIA, que presagia el compromiso de otros altos funcionarios; y de Tom Delay, líder de la mayoría republicana en el Congreso, acusado de malversación de fondos y financiamiento político ilegal. Las elecciones parlamentarias del próximo año han despertado temores en las filas republicanas, que a duras penas lograron aprobar por dos votos el Tratado de Libre Comercio con América Central.

En el frente internacional, la tormenta arrecia. La Cumbre Iberoamericana de Salamanca, del 14 y 15 de octubre, criticó la ambigüedad de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo al proteger a Posada Capriles y condenó el bloqueo contra Cuba, lo que fue ratificado en una votación aplastante en la plenaria de la ONU. La IV Cumbre de Países de América, en Mar del Plata, se convirtió en un escenario donde se confrontaron dos posiciones frente al ALCA: Panamá y México introdujeron la discusión a pedido de Washington, que no podía permitir que su política central de libre comercio no fuera mencionada en la declaración final. La opuesta, el rechazo de los países del Mercosur y Venezuela a esta inclusión, estuvo en consonancia con las protestas simultáneas de la III Cumbre de los Pueblos. A la postre ambas cumbres fueron tribunas antiimperialistas donde la oposición a la política de recolonización ganó fuerza en toda la región.

Luego de su viaje por América Latina, Bush inició otro por Asia, visitando Japón, Corea del Sur, China y Mongolia. Este viaje no mereció encabezado de primera página en ningún medio. Bush no logró avances ni en acuerdos comerciales, ni en protección de los derechos de propiedad intelectual, ni en derechos humanos y democracia, ni en libertad religiosa. Su prédica, dirigida a China, fue hecha desde Japón y Mongolia. China simplemente lo ignoró y sólo se comprometió vagamente a tomar medidas hacia el futuro para solucionar el déficit en el comercio bilateral con Estados Unidos, que ya llega a 200.000 millones de dólares anuales. Tampoco obtuvo avances en los litigios con Corea del Norte e Irán.

La política norteamericana de expansión mundial de sus bases militares, especialmente sobre el Mar Negro y Asia Central, en países como Rumania, Bulgaria y Georgia, que acompaña su agresiva exigencia de libre comercio y democracia, cada vez tropieza con escollos más duros de vencer, en la medida en que sus verdaderas intenciones de “abrir los mercados internacionales a las empresas estadounidenses para crear empleos y crear unos Estados Unidos más fuertes”, no incluyen a los demás países, condenados a ver sus economías desangradas y a sus pueblos sumidos en la pobreza. Frente a esta agresión no queda otro camino que la unificación de la lucha de los trabajadores, pueblos y países del mundo, que por uno u otro motivo se ven amenazados por la política de recolonización imperialista.

Editorial: POR LA SOBERANÍA Y LA DEMOCRACIA, COMBATIR A FONDO LA POLÍTICA URIBISTA

Héctor Valencia Henao, Secretario General del MOIR

Discurso pronunciado por Héctor Valencia, secretario general del MOIR, en el acto de homenaje al senador Jorge Enrique Robledo celebrado en el Hotel Orquídea Real, de Bogotá, el 17 de noviembre de 2005.

Ante todo, permítanme expresarles que al MOIR lo honra la asistencia de todos ustedes a este acto de reconocimiento a la labor de nuestro principal vocero público, el compañero y senador Jorge Robledo; y agradecerles la oportunidad que nos dan de comunicarles, con la claridad que merecen los amigos, nuestros enfoques y criterios políticos.

Desde hace tres lustros hemos afirmado que las políticas neoliberales y de globalización obedecen a un plan de recolonización emprendido por Estados Unidos. Los tozudos hechos, que hoy se quieren llevar a su clímax con el Tratado de Libre Comercio, han venido corroborando con creces y a diario esta aseveración. Contra tal designio hemos predicado que la lucha por la soberanía nacional debe tener primacía, pues sin ésta el país no tiene más futuro que la subyugación.

Se trata simplemente de lograr que los colombianos agrupados como nación en este lugar del planeta, posean independencia para resolver sus propios asuntos y autonomía para labrarse su propio destino. Al servicio de este objetivo primordial debe estar la conquista de los distintos derechos y espacios democráticos. Ellos constituyen medios indispensables en la batalla por alcanzarlo, siendo precisamente este carácter el que les proporciona significativo valor.

Dos son los escenarios posibles en Colombia: el actual, una nación sometida a los intereses imperiales de Estados Unidos y bajo la dominación de una elite oligárquica, y el por conquistar, una nación con auténtica democracia y plena soberanía. En su mismo enunciado aparece explícito que el antagonismo de ambos escenarios no admite coexistencia alguna. Ni puede pretenderse tener una mezcolanza de ambos, pues entre ellos existe una nítida línea divisoria. Línea que permite determinar el carácter y las tendencias de los distintos partidos y movimientos políticos. Línea que igualmente le traza las fronteras a la izquierda y sirve de herramienta para señalar las inconsecuencias que en su seno suelen presentarse.

Por supuesto, estos escenarios les exigen a los demócratas y patriotas una paladina toma de posición. Razones tendría Dante Alighieri cuando, ante disyuntivas semejantes en momentos de crisis, les asignaba a los neutrales los más tenebrosos lugares del infierno. No cabe imaginarse los que habría reservado para quienes, durante crisis como la que hoy atraviesa nuestro país, ensayan condescendencias respecto a sus causas y caen en conciliaciones con sus causantes.

Dentro del mencionado contexto político, el MOIR, un partido afecto esencialmente a la ideología y los intereses de la clase trabajadora, tiene como criterio fundamental unirse con todas las fuerzas, organizaciones y personas que por su consecuencia progresista y su arraigo nacional tiendan a situarse en el escenario de la soberanía y la democracia.

Amigos y compañeros: somos los espectadores contemporáneos de una crisis sin precedentes a la que se ha llevado a la nación. Sus agentes tienen nombre propio: en lo interno, las políticas impuestas por las clases dominantes que han gobernado el país y, en lo externo, la ya más que centenaria política imperialista implantada por el gobierno de los Estados Unidos. La dimensión económica, social y cultural que ha alcanzado tal crisis es inefable. Según el Informe de Naciones Unidas de 2005, vivimos en uno de los diez países más pobres del mundo. Millones de colombianos viven, o mejor, agonizan, en la miseria, mientras muchos millones más padecen insoportable pobreza. Dos millones y medio de niños trabajan y cerca de 250 mil más buscan un empleo. La mitad de todos ellos trabaja jornadas de 16 horas diarias para familias opulentas o acomodadas por 3.000 pesos (US$1.25). Esta situación trágica para cualquier conglomerado humano y que cubre de ignominia a los sucesivos gobiernos de la oligarquía, se presenta en una sociedad en la que, según Uribe Vélez, rige «una democracia profunda». Pues bien, una democracia de esta índole, elogiada por los imperios y la reacción como el menos malo de los sistemas políticos, tiene que ser desechada por los colombianos de bien, que son las mayorías, y reemplazada entera y definitivamente por una democracia de nuevo tipo.

La instauración de esa nueva democracia y la conquista de la soberanía nacional definen la actual estrategia del MOIR. Ella preside la acción política de nuestra aún modesta fuerza y explica nuestros empeños en busca de la unidad con otras organizaciones y contingentes políticos y sociales. Cada una de nuestras tareas está enmarcada en las diversas campañas políticas que emprendemos en defensa de los intereses y reivindicaciones de diversos sectores de la población. Y ahora, en desarrollo de nuestro constante batallar contra la política neoliberal y absolutista del gobierno de Uribe Vélez, nos aprestamos a librar una campaña política electoral.

Es necesario precisar que nuestra lucha contra Uribe Vélez no se reduce a rechazar las modalidades grotescas y las manías dictatoriales con que ejerce su gobierno. Nuestro combate se dirige contra el contenido antinacional y antidemocrático de su política, principalmente su sumisión ante el gobierno de Washington, su rampante aplicación del neoliberalismo, y sus embestidas contra la producción y el trabajo nacionales mientras llena de privilegios al gran capital financiero. La alternativa no puede ser una versión matizada de la política uribista, sin Uribe.

Con tal precisión, nuestra campaña electoral tiene como objetivo impulsar la candidatura a la Presidencia de la República que a nombre de Alternativa Democrática adelanta Carlos Gaviria, y apuntalar la permanencia en el Senado del compañero Jorge Robledo.

Doctor Carlos Gaviria: tomándonos la libertad de traducir a términos políticos el pensamiento de Rafael Gutiérrez Girardot, el respetado y ya desaparecido intelectual que respaldó su candidatura, hoy afirmamos con él que ante «la sangrienta hipocresía provinciana que celebra su autoritarismo sin querer percatarse de que hunde al país en un canto del cisne», usted encarna en Colombia una auténtica alternativa democrática.

Compañero Jorge Robledo: a través de la historia, los pueblos que se han liberado de muchos de sus males, y el nuestro no es una excepción, han contado en sus gestas con seres ejemplares: hombres y mujeres indomeñables, subversivos de las ideas dominantes, perturbadores de la paz impuesta por déspotas mesiánicos. Son los seres que las generaciones posteriores enaltecen por sus aportes a los grados de libertad política y progreso social que han alcanzado.

Con ese mismo talante, usted, por años, ha expuesto en plazas, calles y veredas del país, y recientemente en el Senado, las razones políticas del MOIR sobre las cuestiones nacionales y sobre los problemas y luchas de las gentes laboriosas. En razón de la coherencia que guarda no sólo entre los conceptos que emite sino, lo que es más importante, entre ellos y su conducta política, definido ha quedado ante el país su carácter de hombre de izquierda serio. Así, usted tiene la virtud de incitar a sus compatriotas a ocuparse de la política, a atreverse a pensar en las cuestiones públicas y estatales y a plantearse la necesidad de la movilización en resistencia contra las disposiciones y medidas que los quebrantan. Su labor ha terminado por configurarse como indispensable en la defensa de los intereses de las mayorías y en la forja de la salvación nacional.

Compañeros y amigos: con Carlos Gaviria y Jorge Robledo a la cabeza, pongámonos en pie de lucha y marchemos en pos de una nación soberana donde aliente una nueva y vigorosa democracia.