HUELGA DE BAVARIA, UN EJEMPLO DE BATALLA

Los trabajadores de Bavaria y su sindicato decidieron acertadamente irse a la huelga general, como única forma de resistencia ante el raponazo a sus conquistas convencionales que significa el contrapliego de 25 puntos. Es así como desde finales de diciembre, los 5.500 trabajadores paralizaron las plantas cerveceras en todo el país.

Fue una batalla en todo momento respaldada con entusiasmo por el resto del movimiento sindical y los sectores populares, que acompañaron a los huelguistas en sus mítines, asambleas, marchas y conferencias, entendiendo esta lucha como un ejemplo de la conducta que ha de asumir la clase obrera ante la embestida del imperialismo por desmontar las convenciones colectivas, destruir los sindicatos, despedir millares de operarios y abaratar la mano de obra.

Se hizo notoria a lo largo de estos dos meses y medio la grosera solidaridad de la gran prensa, los canales privados de televisión, los patronos y el gobierno con el Grupo Santodomingo. Todos ellos cerraron filas en torno al contrapliego, que presentaron como una necesidad para «desmontar los privilegios de los sindicalizados». ¡Suena cínica, por decir lo menos, la perorata de los dueños de Caracol TV y El Espectador señalando a los obreros como privilegiados!

Las utilidades de la cervecera, según La Nota Económica, alcanzaban en septiembre de 2000 la muy elevada cifra de $288 mil millones, las mayores del grupo empresarial Santodomingo, que posee enormes inversiones en los sectores de bebidas, transporte aéreo, seguros, comunicaciones, finanzas, servicios, metalmecánica, construcción, reforestación, petróleo, alimentos, automotriz y envases, entre otros.

El consorcio cervecero cubre hoy, como lo afirma Portafolio, el 90% del mercado nacional. Se trata de un monopolio, casi con posición dominante plena. En 1999, uno de los peores años de la economía colombiana, fue la segunda entidad en utilidades después de Ecopetrol, la cuarta en margen neto, con un 32,2%, y la octava en ventas por cada empleado, $189 millones. Pese a tan exorbitantes ganancias, la empresa adoptó una actitud intransigente frente al pliego de seis puntos del sindicato, persistiendo en un contrapliego que va por la flexibilización laboral de los contratos, para poder despedir a miles de trabajadores. Mucho pesa en esta estrategia el hecho de que los costos laborales en Cervecería Leona, de Tocancipá, recientemente adquirida en un buen porcentaje por el Grupo, sean muy inferiores a los vigentes en Bavaria.

El contrapliego se presenta justo en el momento en que comienza a ventilarse una reforma laboral que, al decir del ministro Juan Manuel Santos, eliminará los estorbos que hoy impiden «ampliar nóminas o mantener los empleos actuales a menor costo».

El ministro Angelino Garzón es ahora el encargado de quitar dichos estorbos: las jornadas nocturnas empezarán desde las 8 de la noche, los domingos serán días normales, el salario se pagará por horas, habrá un salario mínimo integral y se impondrán las revisiones permanentes de las convenciones colectivas. Garzón también ha hecho su aporte, al proponer contratos de media jornada y reducción de extras.

Al cabo de setenta días de huelga, y con la perentoria citación a tribunal de arbitramento hecha por el ministro de Trabajo, la asamblea nacional de delegados decidió levantarla el 28 de febrero y notificarse de la resolución oficial.

Al respecto, se alzaron voces dentro de los trabajadores que advirtieron sobre la inconveniencia de aceptar el tribunal y sobre las expectativas en torno a las promesas de mediación hechas por el ministro de Trabajo.

La batalla se cerró con el mismo ánimo con que se había inaugurado. Hubo escenas inolvidables, como la que se vio en la planta de Pereira, donde los seiscientos valerosos huelguistas ingresaron entonando La Internacional y coreando que seguirán en el combate.

“EXALTAMOS VUESTRO ESPIRITU VALIENTE Y ABNEGADO”

(Intervención de Eduardo Muñetón, secretario del Regional del Magdalena Medio, el 13 de noviembre de 2000, en el acto de homenaje a los camaradas fallecidos en Armero, al cumplirse el 15º aniversario de la tragedia)

Camaradas Alfonso Calderón, Sandra White, Luis Eduardo Fuentes, Carmenza Piñeros, Flor Moreno y Jairo Ramírez:

Tres lustros completamos hoy de aquella fatídica noche del miércoles 13 de noviembre, cuando el cataclismo provocado por el Volcán Nevado del Ruiz y por la indiferencia e inercia de un gobierno nefando como lo fue el de Belisario Betancur, dejó una de las más grandes tragedias que registre y recuerde año tras año la historia nacional. Veinticinco mil compatriotas sepultados, entre ellos nuestros entrañables camaradas, y la destrucción de todo el pueblo, asentado en una vasta y extensa región del fértil valle tolimense.

Cada año sin falta venimos a destacar el ejemplo brillante, el espíritu valiente y abnegado que Alfonso, Sandra, Luis Eduardo, Carmenza, Flor y Jairo, nos dejaron como legado. Y a rendir homenaje a vuestra memoria, porque ni el gigantesco sudario de magma, lodo y piedra que cubre vuestros cuerpos, ni el tiempo, ni nada, podrá borraros de las mentes de todos aquellos que ayudasteis a forjar.

¡Cuántos acontecimientos han pasado bajo los puentes de la historia en estos quince años! ¡Cuánta alegría hubieseis sentido por los desenlaces positivos acaecidos. Hechos tan importantes como el definitivo hundimiento del socialimperialismo soviético, imperio que asoló naciones y pueblos enteros, y con él, el resquebrajamiento total del mamertismo y el revisionismo a escala planetaria. O un paso tan decisivo para nuestro Partido como lo fue el haber extirpado, en el fragor de la lucha de clases, un tumor cancerígeno, el ala derechista encabezada por Marcelo Torres.

Pero si bien nos sentimos regocijados, y vosotros lo estaríais también, ¡cuánta indignación os causaría ver a la patria mancillada, pisoteada y humillada por uno de los imperios más voraces y criminales que han existido en la historia de la humanidad, el norteamericano, que ha contado con la abyecta complicidad de gobernantes vendepatrias como Betancur, Barco, Gaviria, Samper y Pastrana!

¡Y cuánta tristeza habríais sentido por la pérdida irreparable de Francisco Mosquera, el más grande líder revolucionario que ha dado la nación, el fundador y guía de nuestro Partido!

Pero, a la vez, ¡cuánto coraje y decisión os impulsaría a la lucha frontal y sin vacilaciones contra el opresor extranjero y sus cipayos, lucha orientada por la línea correcta de nuestra dirección nacional, encabezada por su secretario general, el camarada Héctor Valencia!

Alfonso, Sandra, Luis Eduardo, Carmenza, Flor y Jairo: en este decimoquinto homenaje, y ante el monumento que erigimos, reiteramos que seguiremos batallando sin descanso por los ideales a los que dedicasteis vuestra vida, tras la meta de la segunda y definitiva independencia de Colombia, para enrutarla por los caminos de la grandeza y el progreso, en beneficio de su pueblo.

Abrigamos la misma convicción, camaradas, que nos dejó Mosquera en el sepelio de Clemencia Lucena, en julio de 1983: «La revolución contemporánea será la hazaña de muchas pero muchas generaciones».

A ella, a la revolución, le tenemos dedicada nuestra vida, como se la ofrendasteis vosotros.

CONDENAMOS DESPIDOS EN EL DISTRITO

Por Francisco Cabrera

Antanas Mockus llegó con el garrote contra los trabajadores del Distrito. Tras anunciar la liquidación de cinco mil puestos de trabajo de diferentes dependencias, procedió al despido de 2.837 empleados de celaduría y servicios generales adscritos a la planta de la Secretaría de Educación. Con su despotismo envuelto en zalamerías y payasadas dijo a los medios de comunicación que solo estaba cumpliendo con el mandato de la Ley 617 de ajuste fiscal, y que la medida le representa a la ciudad un ahorro de $23.200 millones. Como sucede con este tipo de disposiciones atrabiliarias, su defensa la enmascaran argumentando las conveniencias para la ciudad.

Acatando la orden de Sindistritales, los trabajadores emprendieron la resistencia a esta medida que los lanza a engrosar las filas del desempleo. Desde el mismo 28 de febrero, cuando se conocieron las cartas de despido, celadores y aseadoras se tomaron cerca de 150 planteles educativos en donde recibieron el apoyo de estudiantes, profesores y padres de familia.

Los despedidos se negaron a aceptar las dos opciones que les presenta el gobierno distrital: unas míseras indemnizaciones o la reubicación en empresas privadas. Lo primero, adobado con los llamados «programas de readaptación laboral» y la «constitución de microempresas o famiempresas» se viene aplicando desde los tiempos de Gaviria, y los trabajadores bien saben lo amarga que ha sido tal experiencia.

Hoy ni el comercio, ni el transporte sirven de refugio, pues no solamente sufren las consecuencias de la recesión generalizada, sino que son arrinconados por políticas como Transmilenio y por impuestos cuya carga los somete a la ruina.

La posible reubicación en empresas privadas nos da la verdadera clave de este tipo de despidos, y explica la relación de estos últimos con las políticas del Banco Mundial: la privatización de las funciones de celaduría y de servicios generales, que a la chita callando se generalizó en el país. Al amparo del Estado han cobrado fuerza monopolios en estas actividades, algunos de ellos en manos de multinacionales (Fuller en aseo, por ejemplo). Estas empresas llevan a grados aberrantes la explotación y la privación de derechos sobre los trabajadores, a quienes someten a un régimen semejante a la esclavitud.

Cuando se anunciaron los despidos hubo sectores que se alegraron creyendo que los recortes en la nómina se harían en los cargos y asesorías de sueldos millonarios, convertidas en nóminas paralelas en todas las dependencias del Distrito y que sirven de botín a los más encumbrados funcionarios; o que se eliminarían los gastos en la contratación de ONG para inútiles estudios sobre lo divino y lo humano. Pero no. Mockus la emprendió contra un sector necesario, y el más humilde de los trabajadores. Así se supo que su mandato no será menos fascistoide que el anterior. Ya el equipo de tecnócratas está proponiendo eliminar los regímenes especiales de los empleados y disminuir los salarios en las empresas de acueducto y teléfonos, con el argumento de abrir cupo para otros empleos.

Los trabajadores a escala distrital y nacional deben prepararse para responder con redoblada energía, porque la arremetida contra sus empleos y sus reivindicaciones se mantiene viva.

FRENTE AL FMI, LENGUAJE COMUN Y LUCHA COMUN

(Entrevista de Tribuna Roja a Ramón Pacheco Yanes y Elsa Díaz Errández, dirigentes del Sindicato Nacional de Electricistas de México)

(Entrevista de Tribuna Roja a Ramón Pacheco Yanes y Elsa Díaz Errández, dirigentes del Sindicato Nacional de Electricistas de México, organización cuyo nacimiento data de 1914. Ramón Pacheco es también secretario adjunto de la Unión Internacional de Sindicatos, UIS. Ambos asistieron al congreso de fusión de Funtrammetal con Fedepetrol, realizado en Bogotá, el 17 de febrero de 2001).

Tribuna Roja. ¿Cuál es el principal problema que afecta a los trabajadores del sector eléctrico en México?

Ramón Pacheco. Sin duda, la amenaza de privatización de la industria eléctrica. En 1999, el presidente Zedillo presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa en tal sentido. A partir de ese momento, nuestro sindicato se lanzó a encabezar una lucha a escala nacional. Convocamos con éxito a formar el Frente Nacional de Resistencia. Nos tomamos las calles, desfilamos, organizamos numerosos foros, asistimos a las cámaras, y fue así como logramos derrotar a Zedillo. El Frente de Resistencia agitó como consigna la defensa de la soberanía nacional y proclamó su lema: «La patria no se vende». En el momento más difícil, coordinamos nuestras movilizaciones con la huelga de la universidad y con los zapatistas. Realizamos en el Zócalo una inmensa concentración calculada en más de 200 mil personas, donde intervinieron un dirigente estudiantil, uno de nuestro sindicato y un delegado zapatista.

Zedillo se fue con una derrota y el 1º de diciembre entró el nuevo gobierno. Vicente Fox le ganó al PRI, que llevaba 71 años en el poder, no porque tuviera gran arraigo entre la sociedad sino por el hartazgo de todo México, incluidos los propios priístas. Y aunque Fox no cuenta con mayoría en las Cámaras, intentará en marzo, cuando se instalen, insistir en la privatización de las dos empresas estatales, Luz y Fuerza del Centro, donde está asentado nuestro sindicato, con 33 mil trabajadores activos, y Comisión Federal de Electricidad, con 60 mil trabajadores y con un sindicato oficialista. Este último no ha querido integrarse al Frente Nacional de Resistencia y, por el contrario, ha tratado de confundir a los obreros haciéndoles creer que la privatización les va a traer enormes beneficios. Su presidente sustituyó a Fidel Velásquez,* y con eso está dicho todo.

En la actualidad nos encontramos discutiendo un alza salarial con la empresa. El próximo 16 de marzo, día en que vence el plazo legal de las negociaciones, de no otorgarse un aumento satisfactorio nos declararemos en huelga a partir de las doce del día. Sabemos que este derecho está en México conculcado en la práctica, como lo prueba el que todas las huelgas del año 2000 fueron declaradas ilegales. Pero estamos dispuestos al combate. Haremos respetar con nuestra lucha el derecho de huelga.

TR. ¿Cuál es la situación del movimiento obrero mexicano?

RP. Cuando Fidel Velásquez fallece, muchos creyeron que se derrumbaría por sí solo el poderoso sindicalismo oficialista. Algún tiempo después, surgió una central nueva, muy débil pero con pretensiones de sustituir el viejo esquema. Nosotros pertenecemos al Congreso del Trabajo, que aglutina a sindicatos independientes como el de los maestros -con un millón de afiliados, quizá el más grande de América Latina-, pero nos hemos alejado de él porque está haciendo suyas las decisiones del gobierno. Desde cuando les declaramos la guerra a las privatizaciones, hemos tenido que librar un debate permanente en el Congreso del Trabajo.

El sindicalismo oficialista no va a desaparecer por arte de magia, porque cuenta con una infraestructura muy profunda y con millones de afiliados. Ahora están tratando de reacomodarse al nuevo gobierno, con el cual no mantienen los mismos nexos que antes tenían con el PRI, cuando funcionaba verticalmente el esquema sindicatos-partido-gobierno. Y, por el otro lado, los compañeros que están en el empeño de crear una nueva central están viendo que el cambio no es tan fácil. Hay, en resumen, tres grandes bloques. Nuestra posición es que deben encontrarse puntos básicos que unifiquen a los trabajadores mexicanos.

TR. Háganos un balance de lo que han representado para México estos nueve años del Nafta.

RP. El Nafta ha traído enormes ventajas para todos los países que lo suscribieron… menos para el nuestro. México sigue padeciendo las sanciones y los bloqueos económicos que le impone Estados Unidos, y sigue abriendo sus fronteras para que las empresas gringas vendan más sus productos. Esto ha significado la quiebra de la pequeña y mediana industria y la pérdida de empleos y condiciones de trabajo. De 1982 a la fecha, el poder adquisitivo ha disminuido en 350% y Fox continúa recortándolo. Este año, el salario mínimo, que está en 36 pesos, tuvo un irrisorio aumento de tres pesos.

En el marco del Tratado, una de las presiones más fuertes que hoy padece nuestro país es la apertura del sector energético, y particularmente del eléctrico. Toda la política energética está orientada a ceder aún más la soberanía.

TR. A propósito, durante la visita de ayer al Distrito Federal, Bush afirmó que uno de los motivos que lo habían llevado a ir a México antes que al Canadá era precisamente la solución de la crisis energética de California.

RP. Sí. El Tratado significa, en síntesis, mayor dependencia para el país, que cada vez está más sujeto. Las empresas trasnacionales se están metiendo en todo: condicionan la ley federal del trabajo, las cláusulas de seguridad social y los beneficios de los trabajadores, como condición para poder hacer sus negocios.

Un sindicato importante de Estados Unidos nos propuso, a raíz de la visita de Bush, sacar una declaración conjunta. Para el trabajador estadounidense, el Nafta trajo como consecuencia que las empresas dejaran de ofrecer puestos de trabajo en ese país, pues muchas se trasladaron al otro lado de la frontera. Ellos pierden sus empleos y nosotros actuamos como maquiladores, con salarios de hambre y en condiciones también ínfimas de seguridad social y prestaciones. En la frontera se ha extendido un enorme cinturón de miseria, gente viviendo en condiciones infrahumanas, que el Nafta no sólo permite sino que estimula. El trabajador de Estados Unidos no puede lanzar huelgas, pues cuando lo hace las empresas se mudan al otro lado de la raya. Para un país como el nuestro, en el que viven 40 millones de personas en condiciones de extrema pobreza, según lo reconocen las mismas cifras oficiales, un tratado como el Nafta o una visita como la de Bush no hacen sino acrecentar las desigualdades.

TR. En los meses anteriores han estallado una serie de protestas contra el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. ¿Cómo ven ustedes la situación mundial?

RP. El Frente Nacional de Resistencia, creado el 26 de febrero de 1999, nos ha permitido hacer contacto con diversas organizaciones en el mundo. Hace dos meses estuvimos en Francia y una delegación del Frente se hizo presente en Porto Alegre. Nos alegra saber que se está organizando una contraofensiva de los trabajadores contra la globalización.

En estos días los organismos financieros multilaterales pensaban reunirse en el Distrito Federal. Pero hay tal efervescencia social, en una ciudad que concentra a 22 millones de habitantes, con una huelga estudiantil no del todo resuelta y con la lucha del sector eléctrico que nuestro sindicato encabeza, que dicha reunión habría sido un blanco fácil para la más enérgica protesta. Se la tuvieron que llevar para Cancún y está prevista para marzo. A lo mejor, también allá nos encontramos.

Seguiremos estando cerca de las movilizaciones internacionales. Hemos abierto diferentes vías de acción, ya no únicamente la sindical. Hay que mostrarle al mundo que los trabajadores debemos tomar la iniciativa.

TR. El compañero Gustavo Triana nos comentaba ayer, a raíz de la conversación que tuvo con usted, que se había sentido sorprendido cuando encontró que hablaban un lenguaje común. Es un fenómeno que comienza a observarse entre los dirigentes obreros de América Latina.

RP. Sí. Porque los organismos que controlan la economía mundial están en el empeño de aplicarle a la clase obrera su proyecto de sumisión. Se trata de un proyecto perfectamente articulado para regresarnos a la época de la esclavitud. Las leyes laborales y los salarios de hambre sustituyen ahora al grillete. Porque el trabajador no tiene para comer, no tiene para educarse, no tiene para vestir a su familia. Nosotros descubrimos un documento del Fondo Monetario Internacional, firmado con el gobierno de México, en el cual le imponena éste tres áreas de privatización: la educación, la energía y la seguridad social, y le exigen además flexibilizar las relaciones laborales. Las privatizaciones las están imponiendo en todo el mundo, porque los dueños del dinero son los mismos. En el saludo que presenté hace dos días a la nueva federación, señalé que me daba mucho gusto saber que también en Colombia se habla de la defensa de la soberanía nacional, y se exalta la resistencia en lugar de la adaptación, porque hay centrales obreras internacionales que nos llaman a aceptar las imposiciones, bajo el pretexto de que nada se puede hacer contra la globalización. Y concluí diciendo que por eso me parecía importante la fusión de estas dos federaciones. La unidad es ahora más imprescindible que nunca.

Misión Alesina: NUEVO EMBATE CONTRA LA ECONOMIA NACIONAL

Por Alfonso Hernández

En días pasados se dieron a conocer los documentos de la Misión Alesina, sobre las reformas que requiere Colombia para reducir de manera expedita el gasto público y destinar una mayor porción del presupuesto y la riqueza nacional al pago de la deuda externa. Los escritos abarcan los temas de la educación pública, la descentralización, el Banco de la República, las Cortes, el Parlamento y las elecciones, entre otros.

Alberto Alesina, coordinador de la Misión financiada por el Bid y el gobierno colombiano, es profesor de la Universidad de Harvard y una de las cifras más altas de ese club de académicos aclamados como gurús, entre los cuales figuran también Jeffry Sachs y Stanley Fischer. El prestigio intelectual de estos caballeros se funda en la publicidad de los medios de comunicación y en el respaldo de los agiotistas internacionales, de quienes reciben jugosa financiación a sus «desinteresados» esfuerzos.

Sus acometidas contra los países pobres son de vieja data. En anteriores estudios, Alesina había concluido que en la era de la globalización es conveniente que las naciones se dividan, exceptuando Estados Unidos, pues, según él, los Estados pequeños tienen enormes ventajas en el mercado internacional.1 En la investigación sobre Colombia, presenta otro de sus desconcertantes hallazgos al señalar que el salario mínimo es demasiado alto. Alesina no se arredra por el hecho de que no alcance para adquirir los artículos indispensables de la canasta familiar. Nimiedades tan prosaicas no cuentan para sus teorías «profundamente científicas».

El tema al que ha dedicado sus mayores desvelos es el del presupuesto estatal, asunto de interés para los financistas, quienes han encontrado en los recursos de los Estados uno de los más jugosos y seguros filones para sus negocios. A esa materia se dedican en lo fundamental los documentos elaborados para Colombia.

Con razón, el informe general, Reformas institucionales en Colombia, sostiene que el país se encuentra en un cruce de caminos. Uno conduce al caos y al colapso económico; el otro, a las reformas y al progreso. ¿Por cuál ruta nos induce la Misión?

Comencemos por las recomendaciones atinentes al gasto social.2 El estudio define los diferentes tipos: los servicios sociales son aquellos que comprenden renglones tales como la educación y la salud; la seguridad social está relacionada con las pensiones de vejez e invalidez y el seguro del desempleo; y la asistencia social es entendida como las transferencias a los pobres y algunos programas de empleo. El informe es partidario de desmantelar cualquier institución o esfuerzo públicos en la seguridad social. Señala que los países industrializados la tienen como prioritaria, pero desaconseja a Latinoamérica tratar de seguir el mismo camino por tener ingresos mucho menores, por las altas tasas de informalidad y porque, según los insignes economistas, los pobres, que proliferan en nuestro subcontinente, por tener «expectativas de vida mucho más cortas» toman la decisión racional de renunciar a la seguridad social, aunque sea subsidiada, pues prefieren la ‘liquidez’económica. De tal manera que, según ellos, los esfuerzos presupuestales en seguridad social, tan costosa, benefician sólo a los ricos y las pensiones son muy generosas y gastan mucho en muy poca gente. Pero no se quedan ahí. Añaden que «uno de los problemas claves es que el salario mínimo es bastante alto en Colombia, en relación con el PIB per cápita del país» y se lamentan de que « legal y políticamente es difícil para el gobierno pagar menos del salario mínimo» (pág. 39).

Alesina y Perotti la emprenden también contra el «énfasis en salud y educación (que) ha dejado por fuera de su alcance buena parte de la pobreza rural extrema». Como quien dice, el gasto en salud y educación públicas es el culpable de la indigencia en el campo. La conclusión es inevitable. « Los recursos deberían quitarse de los grupos relativamente privilegiados hacia los más pobres». Sobra aclarar que los privilegiados a quienes se refieren no son las empresas multinacionales ni los grandes especuladores financieros, sino los empleados públicos.

En síntesis, su propuesta consiste en que el presupuesto no debe respaldar ni la seguridad ni los servicios sociales, sino concentrarse en medidas asistencialistas. Los sabios de la Misión Alesina quieren hacernos creer que van a reducir la pobreza y a sacar al país de la ruina disminuyendo los salarios, la inversión pública en salud y educación y repartiendo unas boletitas de mercados entre los indigentes. O creando, por unos meses, unos empleíllos con pagas muy por debajo de la mínima. Todos los alegatos de los Alesinas contra el clientelismo desnudan su falsedad cuando pregonan como la panacea de la política social las limosnas, instrumento predilecto de los clientelistas para comprar, si no conciencias, al menos votos. A los empresarios nacionales con frecuencia se les engatusa con la idea de que si los pagos a los trabajadores merman, sus productos serán más competitivos. La brusca caída de la demanda interna ya debería haberles hecho comprender que si la población se pauperiza, no habrá quien les compre. Tontos quienes en todas las encuestas sobre el desempeño industrial señalan como el mayor problema la insuficiencia de la demanda y claman, a la vez, por mayores recortes salariales y prestacionales. Estas políticas de la Misión Alesina atentan no sólo contra el obrerismo y los empleados, sino contra la propia industria y empujan la economía por el atajo de la crisis.

Buscando romper la unidad nacional del magisterio, propone establecer diferencias salariales entre las distintas entidades territoriales y castigar la remuneración de quienes no obtengan un buen puntaje en las evaluaciones del Estado. Las decisiones de contratación y salario deben ser tomadas por las mismas jurisdicciones de gobierno, con lo que quiere significar que los municipios o los propios planteles deben decidir en ambas materias. Sugiere como modelo educativo la Escuela Nueva, institución que resulta barata y que considera flexible. Propone apoyarla mediante donaciones y extenderla al sector urbano. Desde luego, propende a eliminar los regímenes especiales de pensiones del magisterio y otros empleados del Estado. De los ataques de los expertos no se libran ni el SENA ni el Bienestar Familiar.

Uno de los temas de mayor importancia se refiere a las transferencias de la nación a los entes territoriales. Argumenta que los desequilibrios actuales se originan, en buena parte, en que los tributos se recolectan centralizadamente, pero el gasto es descentralizado. Recuerda que el déficit de las regiones es causa de una porción considerable del desajuste fiscal y propone prohibir el endeudamiento local y suprimir la obligación que tienen departamentos y municipios de destinar porcentajes fijos de las transferencias que reciben de la nación a los renglones de salud y educación. Los criterios para definir el reparto de las transferencias tienen como elemento esencial forzar a las entidades territoriales a incrementar brutalmente los impuestos locales, tales como el predial, el de industria y comercio y otros, el llamado «esfuerzo fiscal propio». En ese sentido se entiende también la limitación propuesta del endeudamiento local, ya de hecho restringido porque numerosos departamentos y municipios han copado su capacidad y se encuentran morosos con los bancos.

La Misión insiste en que se debe evitar la duplicación de esfuerzos, principalmente en el gasto educativo, una manera de plantear que la nación debe dejar esa carga a los municipios.

El Banco Central

La Misión enfatiza en el criterio, tan defendido por el capital financiero, de que el Banco de la República debe ser autónomo frente al gobierno, para que éste no pueda atender sus gastos o inversiones mediante emisión, sino que tenga que acudir al crédito, a través de la banca o de la venta de títulos del Tesoro, hecho que ha causado el enorme y gravoso endeudamiento que vive el país, como lo demuestra Aurelio Suárez en artículo de esta misma edición de Tribuna Roja.

Alesina sostiene que en la junta del Banco de la República no debe estar el ministro de Hacienda ni ningún otro funcionario gubernamental. Añade que hay que apartar al gobierno del manejo de la tasa de cambio, de la política cambiaria y de la supervisión bancaria, para entregarle esas funciones a la junta directiva del Banco, que, además, quedaría reducida a cuatro miembros y su presidente desempataría las votaciones. En manos de cuatro personas, a órdenes del FMI, quedaría el manejo monetario, cambiario, crediticio y financiero del país, sin sujeción alguna ni al gobierno ni al legislativo. Renuncia total a la soberanía económica.

Uno de los factores desencadenantes de las crisis financieras de México, Asia, Rusia y, recientemente, Turquía, ha sido la especulación con las monedas, cuya tasa de cambio ya no está regulada por el gobierno, sino que es objeto de maniobras de los grandes financistas que acaparan enormes ganancias aprovechando las alteraciones en las tasas de interés y de cambio. Fue también lo que ocurrió en Colombia con la banda cambiaria. Las propuestas de Alesina agravarán esta situación.

Entre las funciones del Banco se mantiene como principal la de señalar una tasa anual de inflación, que tendría prioridad sobre las metas del Plan de Desarrollo. Se pregona frenar la inflación mientras se devalúa la moneda, desatando aumentos en los artículos e insumos importados, y se incrementan abusivamente las tarifas de los servicios públicos y los precios de los combustibles. Estas tendencias inflacionarias se neutralizan a costa de congelar los salarios y el gasto público, y de aumentar las tasas de interés, acogotando aún más la producción nacional.

En materia de presupuesto, el documento exige que Colombia adopte los estándares del FMI y que contrate el «auditaje» con firmas privadas internacionales. También reclama que el presupuesto incluya todas las entidades territoriales y el sector público no financiero. Pide así, por ejemplo, que en el presupuesto nacional se contabilicen todas las pensiones públicas, lo que les permitiría mostrar un abultado déficit fiscal, que utilizarían para exigir mayor ajuste presupuestal.

En cuanto a las instituciones jurídicas, busca que las Cortes no interfieran el manejo económico del gobierno. Las sentencias de éstas en materia de incrementos de los salarios públicos, del sistema de financiación de vivienda y del Plan de Desarrollo se consideran intrusiones graves. El FMI exige que sus políticas se apliquen sin demoras ni modificaciones; por ello Alesina propone que para «echar abajo una ley aprobada con el acuerdo del presidente y el Congreso, deberá requerirse del voto de una supermayoría de siete de los nueve miembros» de la Corte.

De otra parte, se plantea «hacer extremadamente clara la jerarquía en la toma de decisiones entre los tres sistemas de Cortes (la Corte Constitucional, la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado)». Además se trata de regresar al carácter vitalicio de los magistrados. Vale la pena anotar que los reformadores de 1991 anarquizaron deliberadamente la rama judicial con el propósito de arrumbar a la Corte Suprema, que se había convertido en una traba para sus designios. Para manipular, convirtieron el sistema judicial en un organismo de cuatro cabezas. También estigmatizaron el carácter vitalicio de los magistrados, como una antigualla antidemocrática. Ahora, ante las dificultades mencionadas, quieren regresar, en esos aspectos, a lo vigente antes de 1991.

Con respecto al Parlamento, la Misión Alesina pretende que se adopte el sistema norteamericano de «vía rápida», por el cual el presidente de la República puede someter al Congreso proposiciones inmodificables sobre asuntos económicos, que se aprueban o rechazan en bloque.

Otro de los propósitos consiste en acabar con el voto secreto, para chantajear con mayor facilidad a congresistas y magistrados. Se aboga por reducir el número de senadores a 51 y congelar el de representantes. Y además coincide con las reformas antidemocráticas del umbral, la lista única, la cifra repartidora y las bancadas parlamentarias que cursan actualmente en las Cámaras y propone, además, que con el 5% de las firmas de los electores se puede convocar un referéndum que apruebe cambios constitucionales y legales. Así, todos los cambios constitucionales quedan en manos de las campañas que se orquesten desde el Ejecutivo y los medios de comunicación.

Las recomendaciones de Alesina demuestran que a los imperialistas no les importan las devastadoras consecuencias de una década de apertura económica, sino que persisten en su propósito de acogotar aún más a los países pobres. En el cruce de caminos que vive Colombia, uno la empuja hacia la ruina y el atraso. El otro, el del progreso, tiene que tomarlo la nación enfrentando a sus opresores.

Jorge Enrrique Robledo: RECONOCIMIENTO A UNA EXTRAORDINARIA LABOR

«En un libro que se lee con ira e intenso dolor está la respuesta que busca el ex presidente Gaviria para su perplejidad. Me refiero a la obra de Jorge Enrique Robledo que, bajo el título www.neoliberalismo.com.co, reseña el proceso a través del cual una mezcla de ignorancia, malicia, arrogancia y tontería destruyó en diez años la riqueza del país. (…) Todo el volumen es ilustrativo de las secuelas de empobrecimiento y desigualdad que les dejaron a los países del Tercer Mundo las falsas esperanzas del neoliberalismo y la globalización. Explosiones masivas de descontento como las de Seattle, Washington, Praga y Davos, y las que casi a diario se producen en cada gran ciudad, corroboran la magnitud y alcances de la desilusión. (…) Aunque el libro trata muy bien el fenómeno en general, las páginas dedicadas a Colombia son las que más llaman la atención. Mediante análisis documentados con aplastante minuciosidad, el autor les sigue el rastro a los causantes, los cómplices, los beneficiarios y las víctimas de una catástrofe económica sin antecedentes en la vida nacional. (…) La obra tiene la doble ventaja de la franqueza y la claridad. Lo que dice es que, a partir de la apertura y el revolcón, y a lo largo de un decenio, el país se dedicó a la sorprendente tarea de crear empleo en el exterior al costo de dejar sin trabajo a los obreros y campesinos del interior. Y que sustituyó una industria que crecía y una agricultura que nos daba de comer, por una economía importadora, estéril, especulativa y oportunista. (…) Lo que el doctor Robledo pone en blanco y negro no es otra cosa que la descripción de lo que, como consecuencia de todo eso, estamos viviendo hoy. Más que un tratadista evasivo y espeso, es un ágil notario y un relator alerta de la realidad. No se pierde en teorías que confundan al lector sino que hace el inventario de los errores vanidosos que nos trajeron al actual estado de postración y los explica muy bien.»


Triunfo en la XVII Bienal Colombiana de Arquitectura

Silvia Arango, arquitecta, escritora y académica de gran prestigio, escribió sobre los premios en la Bienal:

«El premio en teoría, historia y crítica se otorgó, merecidamente, al libro La ciudad en la colonización antioqueña: Manizales, de Jorge Enrique Robledo, cuya seriedad investigativa y amena lectura son una indudable contribución al mantenimiento del importante patrimonio arquitectónico de la zona cafetera. Éste es, de todos los premios, el único incontrovertible».

Silvia Arango. Periódico Universidad Nacional, Número 18, enero 21 de 2001.

Jorge Orlando Melo, director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el acto de lanzamiento del libro:

«La ciudad en la colonización antioqueña: Manizales es, en mi opinión, uno de los mejores libros que se han publicado en el terreno de la historia colombiana. Es sorprendentemente bueno. (…) la clara agudeza en el manejo de la documentación y el balance en el análisis de las pruebas que tiene para cualquier argumento. El manejo de temas como el de la guadua entre los quimbayas, o el problema de la transición del bahareque a la tapia y de la tapia al bahareque en la arquitectura de finales del siglo pasado y comienzos de éste en Manizales; la forma como evalúa las fuentes. (…) Es un libro con un estilo extraordinario, transparente, claro, misericordiosamente ajeno a tanta jerga que encuentra hoy uno en los libros que lee. El autor logra hacer esa historia urbana integral que todos soñamos para muchas de las ciudades colombianas».

Jorge Orlando Melo. Historia urbana bien edificada. Periódico Universidad Nacional, Nº 19, febrero 18 de 2001.

FRENTE COMÚN CONTRA PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 012

Por Raúl Arroyave A., fiscal de Fecode

Hace curso en el Congreso el proyecto de Acto Legislativo 012 que, de ser aprobado, traería graves repercusiones en los servicios de educación y salud para los sectores populares. Inició su trámite en la pasada legislatura y, sospechosamente, con gran rapidez tuvo voto positivo en las primeras cuatro votaciones, sin que el Congreso oyera las voces que desde las más diversas posiciones se han opuesto a su aprobación.

El debate que se avecina no es de poca monta. Como mostraremos en este artículo, es un enfrentamiento entre el régimen pastranista y todo el pueblo colombiano; el gobierno pugnará por sacar adelante sus antinacionales decisiones y el pueblo por impedir el golpe mortal a la educación y la salud públicas. De hecho, ésta, como casi todas las contradicciones que hoy afectan a la sociedad colombiana, reproduce la secular contradicción entre las imposiciones imperialistas y los intereses nacionales. Si se repasa el llamado Acuerdo Extendido con el Fondo Monetario Internacional, firmado entre el gobierno de Pastrana y ese organismo el 22 de diciembre de 1999, se lee a manera de diagnóstico que «las autoridades también han enfrentado dificultades en la administración fiscal, debido a la creciente participación de ingresos de destinación específica, y a que los acuerdos de distribución de ingresos corrientes que manda la Constitución no han estado debidamente acompañados de una reducción de los gastos del gobierno central». Para concluir: «El más importante de los esfuerzos para controlar el gasto público en el mediano plazo es el Acto Legislativo (una enmienda constitucional) que fue presentado al Congreso con el propósito de mantener constante en términos reales el valor de los fondos que se transferirán a los gobiernos locales bajo los acuerdos de participación en los ingresos corrientes de la Nación. Se espera que esta reforma que requiere la aprobación en dos sesiones del Congreso sea efectiva a partir de julio de 2001 y provea ahorros fiscales de 0.4% del PIB en el 2001, aumentando al 0.8% en el 2002».

Obedeciendo las órdenes del FMI, el proyecto de Acto Legislativo 012 pretende modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución. Del 356 se elimina el situado fiscal y su destinación específica para «financiar adecuadamente los servicios de educación y salud», así como su concepción de ser un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de la Nación. En su reemplazo se crea el Sistema General de Participaciones de las Entidades Territoriales, SGPT, y se equiparan, para efectos de su distribución, las funciones de los departamentos, distritos y municipios. Del artículo 357 se suprimen las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación. Se establece que el SGPT ya no es un porcentaje sino una cifra fija, cuyo punto de partida son las transferencias actuales, incrementadas primero en la inflación causada más un porcentaje que va gradualmente de 1.5% a 2.5% en los próximos seis años, y, a partir de 2008, en el promedio del crecimiento de los ingresos corrientes de la Nación en los últimos cuatro años.

La reforma recorta drásticamente las transferencias a las regiones y elimina su destinación específica para salud y educación, desmontando así la responsabilidad del Estado en estas áreas fundamentales para el desarrollo del país. Todo para dedicar mayores recursos al pago de la deuda con que el capital financiero nacional e internacional y los organismos mundiales de crédito abruman a Colombia.

Con la creación del SGPT, y al transformarse las participaciones en una cifra fija, cuyo punto de partida es la suma de los rubros de las actuales transferencias, ya deficitarios, ese déficit existente se prolongará indefinidamente. Además, la distribución del SGTP quedará al arbitrio de una ley que anualmente podrá variar las asignaciones de acuerdo con los tejemanejes, el chantaje y el soborno que históricamente han caracterizado las relaciones del gobierno nacional con el Congreso.

La forma como está concebido el SGPT significa que en los próximos diez años las transferencias de la Nación a las entidades territoriales mermarán en 19 billones de pesos. «Este recorte de recursos traerá como consecuencia la limitación en 2.407.178 cupos en la expansión del régimen subsidiado de salud, equivalentes al 27% de su cobertura actual, y de 1.416.000 cupos en las escuelas públicas, reduciendo del 90% al 83% la tasa de cobertura esperada para el año 2010»,1 sumándose esto a los tres millones de niños y de jóvenes que hoy no atiende el sistema escolar colombiano, hecho que reconocen las propias estadísticas del Ministerio de Educación Nacional.

Con este nuevo atentado a la educación pública se pone en marcha el llamado «Nuevo sistema escolar», contrarreforma educativa del gobierno de Pastrana, financiada por el Banco Mundial, y cuyo campo de experimentación fue el destruido Eje Cafetero después del terremoto de 1999. Ahora se pretende que las escuelas y colegios se conviertan en empresas rentables, con autonomía administrativa, financiera y laboral, con rectores gerentes y con el principio de que, para poder subsistir, tienen que acudir a la venta de servicios. Ya no se habla de departamentalizar o municipalizar la educación, la nueva estrategia es la plantelización.

En desarrollo de las nuevas disposiciones constitucionales, los recursos del SGPT se distribuirán de acuerdo con los principios de «población atendida y por atender en los servicios de salud y educación; reparto entre la población urbana y rural y comunidades indígenas», 2 que intentan justificar el principio de subsidio a la demanda en contra de la financiación de la oferta. En la actualidad, aun con todos los problemas y limitaciones, la financiación del sistema educativo se sustenta en el pago de los costos; por ejemplo, la nómina de los maestros. En adelante, las transferencias de la Nación a las regiones se harán sobre la base de los pagos por capitación, los cuales pueden llegar a ser «focalizados» para atender a «los más pobres de los pobres», sumiendo la educación pública en profunda crisis, idéntica a la que afronta la salud, sector en el cual estas reformas se vienen aplicando desde 1994, con los desastrosos resultados de sobra padecidos por los sectores populares.

No contento con este golpe a las entidades territoriales, el gobierno impulsa otra reforma tributaria territorial, que unifica y eleva los cobros de los impuestos existentes y faculta a departamentos y municipios para crear nuevos tributos, que en su mayor parte irán a enjugar las voluminosa deuda que agobia a las entidades territoriales. Es el verdadero significado de la tan cacareada descentralización. Esto es muy grave, si se tienen en cuenta la pobreza y el desempleo que azotan a la población, la ruina de los sectores productivos provocada por diez años de modelo neoliberal y la quiebra de los entes territoriales, pues «aunque son solo siete los departamentos colombianos que hoy están en intervención económica, para fin de año podrán ser 20. El déficit de las regiones llegó a 1.440 millones de dólares».3 La situación es tan crítica que casi todos los departamentos tienen pignorados sus ingresos de los próximos diez o doce años, y esas deudas de los departamentos y ciudades obligarán a la mayoría de ellos a pagar entre uno y dos pesos por cada peso que tengan de ingresos. La propia estabilidad del sistema bancario está comprometida: «Si los entes territoriales declaran la moratoria de sus deudas, el sector financiero colapsa». 4

La reforma constitucional en ciernes crea el blindaje al drástico proceso de descentralización que descuaderna el país. Determina que la Nación no podrá reasumir competencias que hayan sido asignadas por la ley a los entes territoriales, ni tampoco podrá contribuir directa o indirectamente a su financiamiento. Pase lo que pase, cada departamento, municipio o plantel educativo se las tendrá que arreglar para resolver las estrecheces financieras que la reforma va a crear. Es la vía para que la educación y la salud dejen de ser un derecho para transformarse en bienes transables en el mercado, que sólo podrán ser adquiridos por quienes los paguen.

Para que el Acto Legislativo se convierta en reforma constitucional necesita una segunda vuelta a partir del 16 de marzo, fecha en la cual se reinician las labores del Congreso. Es por esto que la tarea del día para todos los sectores democráticos es la consolidación de un gran Frente Común para hundir este proyecto y arrancarle al gobierno la financiación adecuada para la educación y la salud públicas.

El proyecto de Acto Legislativo 012, sumado a las reformas pensional y laboral y a las demás situaciones explosivas de crisis social originadas por la apertura económica, hacen apremiante lograr una mayor unidad del pueblo en la defensa de sus intereses. El MOIR dedicará sin reservas todos sus esfuerzos a este patriótico propósito, tanto desde Fecode como desde todas las organizaciones de masas en las que ejerce su influencia. Con las demás fuerzas políticas, sindicales y populares, con las Centrales Obreras y el Comando Nacional Unitario y con todos los dirigentes democráticos y progresistas, engrosaremos el Frente Común contra la política neoliberal e impulsaremos una recia lucha de masas que desemboque en un gran paro nacional indefinido de los educadores colombianosw

NOTAS

1 Fescol-Federación Nacional de Concejales. El recorte a las transferencias a las entidades territoriales.
2 Proyecto de Acto Legislativo, art. 356.
3 El Tiempo. 18 de febrero, p. 1-4.
4 El Tiempo. Ibídem, página 1-5.

NACE FUNTRAENERGÉTICA

Durante los días 15, 16 y 17 de febrero sesionó en Bogotá el congreso que cristalizó la fusión de Funtrammetal y Fedepetrol y creó Funtraenergetica. Al evento unitario asistieron 63 delegados oficiales, 60 fraternales y tres internacionales, de Francia, México y Cuba.

La nueva federación contará con once mil afiliados de los sectores del carbón, minería, gas, petróleo, petroquímica, siderúrgica y metalurgia, pertenecientes a Ecopetrol, Ommimex, Oxi, Gasoriente, Esso, Texaco, Drummond, Carbones del Caribe, Carboandes, Prodeco, Colmotores, Promigas, Gases del Caribe, Colgas, Proenvases, Tapas La Libertad, Distral, Klein, Ferticol, El Cerrejón, Centelsa, Rohm and Haas, Cryogas y Minercol.

El congreso aprobó los estatutos y la plataforma de lucha, sobre la base de los principios del proletariado; reafirmó su afiliación a la CUT, mantuvo independencia en el plano internacional y trazó un plan de actividades que permitirá avanzar en la organización de este sector estratégico de la clase obrera. Se acordaron además una serie de tareas contra el saqueo imperialista de los recursos naturales,y las reformas regresivas impuestas por el FMI y el gobierno de Pastrana.

La junta nacional estará integrada por los presidentes de cada uno de los sindicatos y subdirectivas existentes. El comité ejecutivo constará de veinte miembros, y quedó presidido por José Joaquín Romero. En la dirigencia de la nueva federación fueron elegidos los camaradas Iván Cáceres, como secretario general, y Gustavo Triana, como secretario de asuntos intersindicales.

DEFENDAMOS AL ICBF

En septiembre pasado, el sindicato del ICBF, que cuenta con 28 seccionales, efectuó la XV asamblea nacional de delegatarios.Como principal acuerdo, la asamblea reiteró el compromiso de oponerse a la descentralización del instituto, porque al Estado le compete ejecutar, con su propio presupuesto, las políticas para la infancia y la familia. De imponerse la descentralización, los programas del ICBF quedarán en la ruina y se desmontarán por completo los servicios, ya de por sí precarios. Lo que trata de imponer el gobierno es, en últimas, el abandono estatal de la asistencia al menor.

La asamblea rechazó también la reforma al decreto 2737 de 1989, actual Código del Menor. Reiteró que los términos propuestos por la ONU no responden al interés nacional sino a las exigencias de Estados Unidos, cuyo gobierno se ha propuesto modificar la justicia colombiana para hacerla más punitiva y represiva.

Los delegados condenaron también el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que acaba con la justicia especializada en menores. Será una barbarie más que el gobierno pretenda criminalizarlos, mediante un código punitivo. Los trabajadores exigieron garantías para la infancia y la juventud. La asamblea repudió la privatización de las plantas de bienestarina de Cartago y Sabanagrande, e igualmente el cierre de la planta de Paipa. Se opuso al suministro de fríjol soya que adelanta el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, por no ser conveniente para el consumo humano.

La asamblea ratificó en la presidencia del sindicato a María Victoria Forero y, en la junta directiva, entre otros, a Jairo Hoyos, a Susana Cifuentes, a Luis Eduardo Cantor y a Francisco Ayala. Asimismo aprobó el pliego de peticiones de 42 puntos, votó por unanimidad la desafiliación de la CGTD y la solicitud de afiliación a la CUT, que se concretó el 7 de octubre.

El 14 de diciembre el sindicato, por primera vez, abocó una negociación en regla, superando el estilo de las solicitudes respetuosas, y acordó con el ICBF una serie de aspectos relacionados con la política institucional y con reivindicaciones materiales para los trabajadores.

REALIZADA 45 ASAMBLEA NACIONAL DE SITTELECOM

Del 12 al 15 de diciembre se celebró en Cartagena la 45ª Asamblea Nacional de Sittelecom. El evento coincidió con los diez años de la apertura económica, cuyas funestas consecuencias advertimos en su momento a la nación entera.

Telecom, sometida a una desventajosa competencia por la privatización del sector, no ha sido totalmente quebrada debido a la resistencia de sus trabajadores, en particular por la derrota que hasta ahora le hemos podido infligir al designio de entregarles la red, con todas sus ventajas, a los competidores.

En el 2000 el sindicato firmó una convención colectiva que derrotó la política del gobierno y del FMI de seguir recortando nuestros derechos y, sobre todo, la pretensión de no incrementar los salarios por encima de la inflación. La convención consolidó el régimen prestacional y de seguridad social que históricamente han conquistado los trabajadores de Telecom.

Esta Asamblea ratificó la decisión de participar, conjuntamente con las demás organizaciones sindicales, populares y sociales, en el paro del 22 de marzo y en todas las batallas contra la política de Pastrana y las imposiciones del FMI.

La Asamblea acogió unánimemente la decisión de enfrentar las violaciones a la convención colectiva, en puntos tan vitales como la lucha contra la nómina paralela y contra el desmonte de la atención personalizada del tráfico manual y semiautomático; se opuso a que se renegocien unilateralmente los joint venture sin que sean aprobados en el Comité Obrero-patronal respectivo, y condenó la flagrante violación de la estabilidad de muchos trabajadores con investigaciones disciplinarias que desconocen los más elementales derechos a la defensa.

Sobre la base de las anteriores decisiones, nuestro Partido ha hecho alianza con el sector sindical que preside el compañero Rafael Baldovino, a quien brindamos nuestro respaldo. Esta asamblea nombró la nueva junta directiva, en la cual fue reelegido el camarada Ramón Barrios, quien se desempeñará como secretario nacional de reclamos.