Por Alfonso Hernández
En días pasados se dieron a conocer los documentos de la Misión Alesina, sobre las reformas que requiere Colombia para reducir de manera expedita el gasto público y destinar una mayor porción del presupuesto y la riqueza nacional al pago de la deuda externa. Los escritos abarcan los temas de la educación pública, la descentralización, el Banco de la República, las Cortes, el Parlamento y las elecciones, entre otros.
Alberto Alesina, coordinador de la Misión financiada por el Bid y el gobierno colombiano, es profesor de la Universidad de Harvard y una de las cifras más altas de ese club de académicos aclamados como gurús, entre los cuales figuran también Jeffry Sachs y Stanley Fischer. El prestigio intelectual de estos caballeros se funda en la publicidad de los medios de comunicación y en el respaldo de los agiotistas internacionales, de quienes reciben jugosa financiación a sus «desinteresados» esfuerzos.
Sus acometidas contra los países pobres son de vieja data. En anteriores estudios, Alesina había concluido que en la era de la globalización es conveniente que las naciones se dividan, exceptuando Estados Unidos, pues, según él, los Estados pequeños tienen enormes ventajas en el mercado internacional.1 En la investigación sobre Colombia, presenta otro de sus desconcertantes hallazgos al señalar que el salario mínimo es demasiado alto. Alesina no se arredra por el hecho de que no alcance para adquirir los artículos indispensables de la canasta familiar. Nimiedades tan prosaicas no cuentan para sus teorías «profundamente científicas».
El tema al que ha dedicado sus mayores desvelos es el del presupuesto estatal, asunto de interés para los financistas, quienes han encontrado en los recursos de los Estados uno de los más jugosos y seguros filones para sus negocios. A esa materia se dedican en lo fundamental los documentos elaborados para Colombia.
Con razón, el informe general, Reformas institucionales en Colombia, sostiene que el país se encuentra en un cruce de caminos. Uno conduce al caos y al colapso económico; el otro, a las reformas y al progreso. ¿Por cuál ruta nos induce la Misión?
Comencemos por las recomendaciones atinentes al gasto social.2 El estudio define los diferentes tipos: los servicios sociales son aquellos que comprenden renglones tales como la educación y la salud; la seguridad social está relacionada con las pensiones de vejez e invalidez y el seguro del desempleo; y la asistencia social es entendida como las transferencias a los pobres y algunos programas de empleo. El informe es partidario de desmantelar cualquier institución o esfuerzo públicos en la seguridad social. Señala que los países industrializados la tienen como prioritaria, pero desaconseja a Latinoamérica tratar de seguir el mismo camino por tener ingresos mucho menores, por las altas tasas de informalidad y porque, según los insignes economistas, los pobres, que proliferan en nuestro subcontinente, por tener «expectativas de vida mucho más cortas» toman la decisión racional de renunciar a la seguridad social, aunque sea subsidiada, pues prefieren la ‘liquidez’económica. De tal manera que, según ellos, los esfuerzos presupuestales en seguridad social, tan costosa, benefician sólo a los ricos y las pensiones son muy generosas y gastan mucho en muy poca gente. Pero no se quedan ahí. Añaden que «uno de los problemas claves es que el salario mínimo es bastante alto en Colombia, en relación con el PIB per cápita del país» y se lamentan de que « legal y políticamente es difícil para el gobierno pagar menos del salario mínimo» (pág. 39).
Alesina y Perotti la emprenden también contra el «énfasis en salud y educación (que) ha dejado por fuera de su alcance buena parte de la pobreza rural extrema». Como quien dice, el gasto en salud y educación públicas es el culpable de la indigencia en el campo. La conclusión es inevitable. « Los recursos deberían quitarse de los grupos relativamente privilegiados hacia los más pobres». Sobra aclarar que los privilegiados a quienes se refieren no son las empresas multinacionales ni los grandes especuladores financieros, sino los empleados públicos.
En síntesis, su propuesta consiste en que el presupuesto no debe respaldar ni la seguridad ni los servicios sociales, sino concentrarse en medidas asistencialistas. Los sabios de la Misión Alesina quieren hacernos creer que van a reducir la pobreza y a sacar al país de la ruina disminuyendo los salarios, la inversión pública en salud y educación y repartiendo unas boletitas de mercados entre los indigentes. O creando, por unos meses, unos empleíllos con pagas muy por debajo de la mínima. Todos los alegatos de los Alesinas contra el clientelismo desnudan su falsedad cuando pregonan como la panacea de la política social las limosnas, instrumento predilecto de los clientelistas para comprar, si no conciencias, al menos votos. A los empresarios nacionales con frecuencia se les engatusa con la idea de que si los pagos a los trabajadores merman, sus productos serán más competitivos. La brusca caída de la demanda interna ya debería haberles hecho comprender que si la población se pauperiza, no habrá quien les compre. Tontos quienes en todas las encuestas sobre el desempeño industrial señalan como el mayor problema la insuficiencia de la demanda y claman, a la vez, por mayores recortes salariales y prestacionales. Estas políticas de la Misión Alesina atentan no sólo contra el obrerismo y los empleados, sino contra la propia industria y empujan la economía por el atajo de la crisis.
Buscando romper la unidad nacional del magisterio, propone establecer diferencias salariales entre las distintas entidades territoriales y castigar la remuneración de quienes no obtengan un buen puntaje en las evaluaciones del Estado. Las decisiones de contratación y salario deben ser tomadas por las mismas jurisdicciones de gobierno, con lo que quiere significar que los municipios o los propios planteles deben decidir en ambas materias. Sugiere como modelo educativo la Escuela Nueva, institución que resulta barata y que considera flexible. Propone apoyarla mediante donaciones y extenderla al sector urbano. Desde luego, propende a eliminar los regímenes especiales de pensiones del magisterio y otros empleados del Estado. De los ataques de los expertos no se libran ni el SENA ni el Bienestar Familiar.
Uno de los temas de mayor importancia se refiere a las transferencias de la nación a los entes territoriales. Argumenta que los desequilibrios actuales se originan, en buena parte, en que los tributos se recolectan centralizadamente, pero el gasto es descentralizado. Recuerda que el déficit de las regiones es causa de una porción considerable del desajuste fiscal y propone prohibir el endeudamiento local y suprimir la obligación que tienen departamentos y municipios de destinar porcentajes fijos de las transferencias que reciben de la nación a los renglones de salud y educación. Los criterios para definir el reparto de las transferencias tienen como elemento esencial forzar a las entidades territoriales a incrementar brutalmente los impuestos locales, tales como el predial, el de industria y comercio y otros, el llamado «esfuerzo fiscal propio». En ese sentido se entiende también la limitación propuesta del endeudamiento local, ya de hecho restringido porque numerosos departamentos y municipios han copado su capacidad y se encuentran morosos con los bancos.
La Misión insiste en que se debe evitar la duplicación de esfuerzos, principalmente en el gasto educativo, una manera de plantear que la nación debe dejar esa carga a los municipios.
El Banco Central
La Misión enfatiza en el criterio, tan defendido por el capital financiero, de que el Banco de la República debe ser autónomo frente al gobierno, para que éste no pueda atender sus gastos o inversiones mediante emisión, sino que tenga que acudir al crédito, a través de la banca o de la venta de títulos del Tesoro, hecho que ha causado el enorme y gravoso endeudamiento que vive el país, como lo demuestra Aurelio Suárez en artículo de esta misma edición de Tribuna Roja.
Alesina sostiene que en la junta del Banco de la República no debe estar el ministro de Hacienda ni ningún otro funcionario gubernamental. Añade que hay que apartar al gobierno del manejo de la tasa de cambio, de la política cambiaria y de la supervisión bancaria, para entregarle esas funciones a la junta directiva del Banco, que, además, quedaría reducida a cuatro miembros y su presidente desempataría las votaciones. En manos de cuatro personas, a órdenes del FMI, quedaría el manejo monetario, cambiario, crediticio y financiero del país, sin sujeción alguna ni al gobierno ni al legislativo. Renuncia total a la soberanía económica.
Uno de los factores desencadenantes de las crisis financieras de México, Asia, Rusia y, recientemente, Turquía, ha sido la especulación con las monedas, cuya tasa de cambio ya no está regulada por el gobierno, sino que es objeto de maniobras de los grandes financistas que acaparan enormes ganancias aprovechando las alteraciones en las tasas de interés y de cambio. Fue también lo que ocurrió en Colombia con la banda cambiaria. Las propuestas de Alesina agravarán esta situación.
Entre las funciones del Banco se mantiene como principal la de señalar una tasa anual de inflación, que tendría prioridad sobre las metas del Plan de Desarrollo. Se pregona frenar la inflación mientras se devalúa la moneda, desatando aumentos en los artículos e insumos importados, y se incrementan abusivamente las tarifas de los servicios públicos y los precios de los combustibles. Estas tendencias inflacionarias se neutralizan a costa de congelar los salarios y el gasto público, y de aumentar las tasas de interés, acogotando aún más la producción nacional.
En materia de presupuesto, el documento exige que Colombia adopte los estándares del FMI y que contrate el «auditaje» con firmas privadas internacionales. También reclama que el presupuesto incluya todas las entidades territoriales y el sector público no financiero. Pide así, por ejemplo, que en el presupuesto nacional se contabilicen todas las pensiones públicas, lo que les permitiría mostrar un abultado déficit fiscal, que utilizarían para exigir mayor ajuste presupuestal.
En cuanto a las instituciones jurídicas, busca que las Cortes no interfieran el manejo económico del gobierno. Las sentencias de éstas en materia de incrementos de los salarios públicos, del sistema de financiación de vivienda y del Plan de Desarrollo se consideran intrusiones graves. El FMI exige que sus políticas se apliquen sin demoras ni modificaciones; por ello Alesina propone que para «echar abajo una ley aprobada con el acuerdo del presidente y el Congreso, deberá requerirse del voto de una supermayoría de siete de los nueve miembros» de la Corte.
De otra parte, se plantea «hacer extremadamente clara la jerarquía en la toma de decisiones entre los tres sistemas de Cortes (la Corte Constitucional, la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado)». Además se trata de regresar al carácter vitalicio de los magistrados. Vale la pena anotar que los reformadores de 1991 anarquizaron deliberadamente la rama judicial con el propósito de arrumbar a la Corte Suprema, que se había convertido en una traba para sus designios. Para manipular, convirtieron el sistema judicial en un organismo de cuatro cabezas. También estigmatizaron el carácter vitalicio de los magistrados, como una antigualla antidemocrática. Ahora, ante las dificultades mencionadas, quieren regresar, en esos aspectos, a lo vigente antes de 1991.
Con respecto al Parlamento, la Misión Alesina pretende que se adopte el sistema norteamericano de «vía rápida», por el cual el presidente de la República puede someter al Congreso proposiciones inmodificables sobre asuntos económicos, que se aprueban o rechazan en bloque.
Otro de los propósitos consiste en acabar con el voto secreto, para chantajear con mayor facilidad a congresistas y magistrados. Se aboga por reducir el número de senadores a 51 y congelar el de representantes. Y además coincide con las reformas antidemocráticas del umbral, la lista única, la cifra repartidora y las bancadas parlamentarias que cursan actualmente en las Cámaras y propone, además, que con el 5% de las firmas de los electores se puede convocar un referéndum que apruebe cambios constitucionales y legales. Así, todos los cambios constitucionales quedan en manos de las campañas que se orquesten desde el Ejecutivo y los medios de comunicación.
Las recomendaciones de Alesina demuestran que a los imperialistas no les importan las devastadoras consecuencias de una década de apertura económica, sino que persisten en su propósito de acogotar aún más a los países pobres. En el cruce de caminos que vive Colombia, uno la empuja hacia la ruina y el atraso. El otro, el del progreso, tiene que tomarlo la nación enfrentando a sus opresores.
