Categoría: Tribuna Roja Nº 82, marzo 8 de 2001

Jorge Gómez, secretario regional del MOIR en Antioquia, durante el sepelio de Elkin Darío Machado, dirigente de la Juventud Patriótica, el 26 de enero de 2001, en Envigado)

Hoy, cuando debiéramos estar diciendo adiós a un camarada con lágrimas en los ojos, estamos pronunciando un sonoro hasta siempre, para quien inundó el mundo que lo rodeaba de alegría, entusiasmo y optimismo revolucionarios.

Y si somos consecuentes con lo que Elkin representó en vida, deberemos convertir nuestro dolor en fuerza para recoger sus banderas y llevar a cabo las tareas que la muerte, la inexorable ley que la vida lleva en su seno, le impidió continuar.

Estamos viviendo en nuestra patria pesadillas que casi nadie imaginó posibles. Ayer nada más, los medios de comunicación registraron la pavorosa noticia de que madres campesinas, compatriotas nuestras, habitantes de la zona limítrofe entre Cauca y Nariño, salen masivamente a la Vía Panamericana a mendigar y, en muchas ocasiones, prefieren regalar sus hijos a desconocidos antes que dejarlos allí condenados a la más humillante, aberrante e indignante miseria.

La dominación imperialista sobre nuestra patria, en la denominada globalización o apertura económica —que, como dijera con impresionante capacidad de síntesis el fundador del MOIR, Francisco Mosquera, no es otra cosa que la forma que adopta la política de recolonización del planeta por parte de Estados Unidos—, destruye nuestro aparato productivo y presenta indicadores económicos de espanto. En el Chocó, por ejemplo, como en las épocas de la barbarie primitiva, hay familias comiendo hierba para no perecer de inanición.

Que el país está mal, su industria en bancarrota y su agricultura en la ruina, no es una fantasía de terror inventada por el MOIR; como tampoco lo es que se pondrá mucho peor de seguir con la misma política al mando.

No es una cantaleta testaruda persistir en la idea de estimular la resistencia popular contra las odiosas secuelas de la dominación imperialista, y en la política de conformar el más amplio frente patriótico de lucha para derrocar a la pandilla minoritaria que controla el poder en su beneficio y en el de los monopolistas norteamericanos.

Por ello no fue una obsesión sin sentido la pasión con la que Elkin se dedicó a la causa de la revolución y a la construcción de nuestro Partido. Su nombre fue sinónimo de trabajo constante y sin pereza, de tesón y de persistencia ejemplares y, principalmente, de concordancia entre el pensar y el hacer, entre el dicho y el hecho, entre las ideas y su práctica. Entre la proclama de amor por los oprimidos y el trabajo para guiarlos en la lucha por salir de esa condición.

Elkin tuvo desde la infancia serios quebrantos de salud. Graves enfermedades lo acompañaron durante su breve pero fructífera existencia. Así y todo, hacía más que cuatro o cinco sanos juntos, de esos que abundan en Colombia, incluso en nuestras propias filas, quienes es más lo que dicen que lo que hacen.

Murió en su ley. Esta semana fundó en Marinilla el primer Comité por la Defensa de la Educación Pública, con maestros, estudiantes y padres de familia, y manifestó que lo hacía, entre otras cosas, para darles ejemplo a muchos dirigentes sindicales del propio magisterio.

Fue punta de lanza de la Juventud Patriótica en la Universidad de Antioquia. Allí se destacó por su brillante debate contra las posiciones oportunistas de izquierda que han predominado en el movimiento estudiantil y, consecuente con ello, fue un incansable impulsor de la organización estudiantil.

Elkin era alegría revolucionaria pura. Las tareas las acometía de verdad, y las acompañaba de un entusiasmo contagioso. Sembró una semilla, dejó una huella, marcó un camino.

Quienes le sobrevivimos tenemos la obligación de no traicionarlo, de no permitir que el paso de los años borre esa huella o que la pasividad haga que se marchite lo sembrado por él.

Laura y Teresa, Pacho e Hilda: la familia no se les disminuyó. Hoy, por el contrario, se les acrecentó con todos lo que hoy juramos no permitir jamás que lo que Elkin soñó se quede en un sueño, porque convertiremos en la contundente realidad de la revolución colombiana lo que él venía haciendo con pasión y alegría.

Como era previsible en la irresponsabilidad neoliberal que acompaña todas las decisiones del gobierno de Andrés Pastrana, en la noche de ayer el Comité Nacional de Cafeteros decidió rebajar la carga del precio interno del café de 330 a 300 mil pesos la carga, propinándoles un verdadero puntillazo a las 566 mil familias cafeteras, que así ven agravada, todavía más, una crisis que ya pasa de diez largos años, provocando pobreza, miseria y ruina.

Esta medida, además, golpea en materia grave todas las actividades económicas de 600 municipios del país en los que el café es la base de la economía y en los cuales la crisis general también se siente desde hace una década. Y es también un golpe a toda la industria y el agro, que desde siempre han tenido en la capacidad de compra de los cafeteros uno de sus principales mercados. Si antes de esta baja del precio interno del café hablar de reactivación del aparato productivo colombiano era una falacia, ahora ni se diga.

Por anto, Unidad Cafetera Nacional convoca a los caficultores y a todas las fuerzas vivas del país —gremios, Iglesia, concejales, diputados, congresistas, alcaldes, gobernadores y comités municipales de cafeteros— a organizar un gran movimiento de resistencia civil que sea capaz de ganarle al gobierno de Andrés Pastrana la única medida sensata que puede tomarse en este momento: darle marcha atrás a la baja del precio, trasladándole al Fondo Nacional del Café los recursos del presupuesto nacional que sean necesarios, de la misma fuente que con generosidad les ha girado a los banqueros.

Por Roberto Schmalbach, dirigente nacional de la Unión Sindical Obrera, USO

En diciembre del año pasado el presidente de Ecopetrol señalaba, y no le faltaban razones, que el 2000 era un año para celebrar.

En efecto, las cifras registradas por la empresa estatal sobrepasaban con creces cualquier otro balance de las actividades económicas de la nación, tanto del sector oficial como del privado. El balance proyectado a diciembre, con datos oficiales de septiembre, por ser los únicos actualizados a esa fecha, daban cuenta de que la empresa se encontraba en disposición de romper todos los récords históricos hasta ahora conocidos. Las utilidades operacionales superaron los 4.2 billones de pesos, que, comparadas con las de 1999, significaron un incremento de 105%; los aportes a la nación subieron a 3.5 billones, transferencia que le permitió al gobierno sobreaguar en la crisis; las regalías a departamentos y municipios ascendieron a 1.5 billones, una tasa superior en 114% con respecto al año anterior; la balanza comercial fue de 1.841 millones de dólares, y el petróleo se constituyó en la principal fuente de divisas, al representar 35% de las exportaciones totales. Finalmente, la firma de 32 contratos de asociación coronaron la cifra de récords. Todo lo resumió muy bien el presidente de Ecopetrol, quien celebraba con euforia: «Así, el 2000 se convirtió en sinónimo de precios altos, grandes utilidades y mayores recursos para el desarrollo del país. Un año en que el petróleo salva la economía colombiana y en que Ecopetrol se preparó para que esta historia continúe repitiéndose por muchos años».

Sí, Ecopetrol salvó la economía colombiana con sus cuantiosas utilidades. Pero estas últimas surgieron, primero, de las escandalosas alzas en el precio interno de los combustibles: durante los últimos dos años, en que ha estado vigente la liberación de precios, la gasolina aumentó 86%, y en proporciones similares subieron el ACPM y el gas. Estos conceptos significaron ingresos por 1.2 billones de pesos. Y segundo, por la exportación de crudos y combustóleos, cuyas ventas ascendieron a 1.3 billones de pesos, con precios de 28,5 dólar el barril, en promedio.

Sumas tan halagadoras tienen todas un soporte especulativo. Las esperanzas en las cuales cifra Ecopetrol la «continuidad de esta historia por muchos años» están basadas en los altos precios del crudo internacional, la exprimida del bolsillo de los consumidores internos y la irrupción del capital de riesgo, a la búsqueda de los tesoros escondidos en las entrañas de Colombia.

A sólo dos meses de festejo tan optimista, el futuro de Ecopetrol no se ve ya tan halagador. La relación reservas-producción se encuentra próxima a convertirnos en importadores netos de hidrocarburos. Las reservas se encuentran en los 1.890 millones de barriles, el mismo nivel de 1990, pero hoy en día con una producción mucho mayor, urgentes exportaciones y caída de los flujos naturales en los yacimientos de Cusiana, Caño Limón y los directos de Ecopetrol.

Durante la década pasada, los gobiernos neoliberales de Barco, Gaviria, Samper y Pastrana han introducido más modificaciones al contrato de asociación que las habidas desde 1974, cuando éstos se pusieron en vigencia. Y las trasnacionales que se han beneficiado de los cambios continúan presionando todavía mayores concesiones y exigiendo la desaparición del Estado en el manejo del estratégico recurso. La llamada Agenda Frechette así lo dejó explícito en la cumbre energética de 1997, realizada en Cartagena.

Lo ocurrido en los dos últimos años ha profundizado aún más la entrega del petróleo a las grandes corporaciones. Para 1999 se esperaba la firma de ocho contratos con la modalidad 50-50 en el porcentaje de participación para el Estado y las foráneas. Se suscribió uno solo, pues las trasnacionales se limitaron a esperar a que el gobierno concretara lo prometido en público por el ministro de Minas de que iban a otorgárseles mayores beneficios. Y cuando ya estuvieron seguras de que saldrían gananciosas con un régimen de 70-30, en su favor, se vino la avalancha de 32 contratos firmados.

¿Son ahora mayores las reservas? ¿Se ha incrementado la producción? Hay un hecho innegable: las reservas siguen cayendo y la producción también. De la producción récord de 815 mil barriles por día que se obtuvo en 1999 se descendió abruptamente a la de 687.100 barriles por día en 2000. Y vamos para un escenario en 2001 en que la producción seguirá bajando hasta 591.500 barriles por día. Desde luego que los ingresos monetarios se han ido acrecentando, por la especulación en los precios. Pero el petróleo WTI para contratos a futuro se compró, a mayo de 2001, a 26 dólares el barril, último cierre de los indicadores de precios de referencia para el WTI.

Estamos hablando de una producción nacional que en el año 2000 declinó 15,7% y que descenderá este año otro 14%. Y hablamos además de que habrá incertidumbre en los precios. Ambos factores tendrán enorme impacto en las finanzas públicas nacionales, en las de Ecopetrol y en las de departamentos y municipios.

El problema se agravará en la medida en que se le vaya acabando a Ecopetrol su excedente exportable. Durante el año 2001 aportará Ecopetrol, por operación directa, 112 mil barriles por día. Y las corporaciones trasnacionales, por contratos de asociación y concesiones, 497.200 barriles por día. De estos últimos le corresponden a Ecopetrol, por efectos de su participación, 239.600 barriles por día, lo cual, sumado a su producción directa, da un total de 351.600 barriles para el Estado. Pero si se le restan a esta cifra los 70.320 barriles-día que la empresa estatal debe entregar por concepto de regalías, se concluye que a Ecopetrol le quedan disponibles 281.280 barriles-día para cargar las refinerías y para exportar. Ahora bien: las refinerías demandarán este año 284 mil barriles. ¿Qué excedente quedará entonces para exportar?

El problema de fondo reside en la entrega de la soberanía, pues la empresa estatal no dispondrá de crudo para el abastecimiento interno y se verá abocada a comprar, a precio internacional, crudos salidos de nuestro subsuelo pero producidos por las trasnacionales.

Esta aberrante situación está ocurriendo porque el gobierno de Pastrana y el comité ejecutivo de Ecopetrol abandonaron la exploración directa. El síndrome de Coporo de no correr riesgos ante el primer fracaso reforzó el enfoque estrecho y antipatriótico de los neoliberales. En el año 2000 la empresa estatal no perforó un solo pozo, no agregó un solo barril a sus reservas y toda la política exploratoria la dejó en manos de las corporaciones trasnacionales. Y es que el actual es un régimen tan apátrida, que en los contratos de asociación obliga a Ecopetrol a pagar tanto por los pozos secos como por los productivos y la margina totalmente del control de la operación. Además, a esos proyectos Ecopetrol debe destinar el 93% de su presupuesto de exploración.

Estamos próximos a una crisis semejante a la del período 1976-1986, cuando la empresa importó crudo a precios internacionales elevadísimos, a falta de una agresiva política de exploración.

¿Cómo logró la empresa abrirse paso? Fue con los Planes Quinquenales de Exploración como en parte se corrigió dicha carencia, pues a través de ellos Ecopetrol hizo importantes descubrimientos y agregó nuevas reservas, demostrando la estatal petrolera que sus técnicos y trabajadores han acumulado suficiente conocimiento y tecnología para ser exitosos en la industria. Entre 1987 y 1988, Ecopetrol descubrió 165 millones de barriles, con una relación de éxito de 53%, cuando en el mismo período las trasnacionales sólo tuvieron una relación de éxito de 26%. Además, por esta época, los contratos de asociación estipulaban participaciones favorables para Ecopetrol, que oscilaban entre el 50 y el 70%.

Por ello la cuestión más importante en la actual negociación colectiva, además de las justas reivindicaciones económicas y de estabilidad laboral, se centra en definir el carácter de Ecopetrol como empresa petrolera y estatal, que participe, de manera soberana y autónoma, en toda la cadena de la producción de la industria petrolera, como asunto altamente estratégico para nuestra soberanía económica: tal ha sido la posición histórica de la Unión Sindical Obrera.

En el ámbito de quienes determinan la política dominante o ejercen sobre ella una influencia decisiva, tanto aquí como en el extranjero, se ha vuelto opinión común que Colombia atraviesa el más crítico período de su historia. Es natural entonces que proliferen los diagnósticos que, con los más diversos motivos y propósitos, emiten funcionarios del gobierno y el congreso de los Estados Unidos, directores del BM y el FMI y su cohorte de burócratas, economistas de la elite de Harvard en tándem con los sabihondos de Fedesarrollo y Anif, y un buen número de políticos y comentaristas neoliberales que entre nosotros acaparan los principales espacios de los medios de comunicación. La más reciente diagnosis la dio Cesar Gaviria, luego de declararse no avergonzado sino perplejo ante los resultados del proceso del que es pionero y tutor.

La cuestión es que ese registro de una nación con la economía en bancarrota, entrecruzada por la carencia de democracia y un terrorismo rampante, padeciendo un desempleo sin precedentes, negación de los derechos laborales y crecientes desigualdades sociales, es utilizado como pretexto para intensificar la intervención de Estados Unidos sobre el país y para que el gobierno pastranista recurra, dando por descontada la sangre, al esplendor reaccionario del sudor y lágrimas para la población. No otra cosa reflejan las políticas dictadas por el FMI, destacándose las dirigidas a rematar la entrega de los recursos y empresas de la nación al capital financiero, saquear las pensiones y eliminar la retroactividad de las cesantías de los trabajadores, tramitar una más regresiva reforma laboral, acelerar el quebrantamiento y la privatización de la educación pública, agostar el Instituto de Seguros Sociales y el conjunto de la salud pública, y elevar incesantemente las tarifas de los servicios. Y acompasando la embestida contra la economía nacional y la gente laboriosa, está apuntalando una reforma política que incrementa el marchitamiento de la democracia al discriminar a los movimientos y partidos minoritarios e independientes.

Para la aplicación de tales medidas, propias de la globalización norteamericana, el gobierno de Pastrana -aprovechando las buenas relaciones sindicales y celestiales que su ministro del Trabajo dice tener, y confiando en la eficacia del lobby, real chalaneo, que el resto de ministros hará ante buen número de congresistas- se propone concertar un gran acuerdo con los trabajadores, como si ellas no fueran contradicciones irreconciliables con los intereses de estos y de la nación.

Al servilismo ante la recolonización puesta en marcha por Estados Unidos que lo caracteriza, Pastrana le adicionó otro rasgo de abyección al invitar al gobierno de Washington para que interviniera más directamente en el proceso de negociación que su gobierno adelanta con las FARC. Aunque cualquier cohabitación con el imperialismo en el proceso implica incrementar el quebrantamiento de nuestra soberanía, tal como algunos sectores señalaron justamente, no faltan quienes anhelan que se produzca, por lo que se sintieron desairados cuando Bush se negó a dar ese paso. La invitación corresponde a esa acendrada manía vendepatria de Pastrana, que ya difícilmente puede suscitar perplejidad en alguien.

Pero lo que sí suscita una nueva inquietud es la carta abierta enviada por un grupo de «escritores, periodistas, políticos y otros personajes del mundo» a Bush y Pastrana, con motivo de su último encuentro, al que le atribuyen «importancia histórica». Llama la atención que sus recónditas preocupaciones hayan desembocado en depositar con exultación sus esperanzas en las gestiones de tales destinatarios. Muchas de las graves necedades que se revelan en el contenido de la misiva son, para hablar sólo de los colombianos, lógicas en algunos de los remitentes –como García Márquez, los Santos, Cepeda y Kalmanovitz- paradójicas en otros e inexplicables en unos cuantos más.

El principal destinatario es el jefe del Estado que despliega bajo el mote de globalización su política de dominación sobre todos los países del planeta y que, como particularidad de ese plan, viene avanzando en la subyugación económica y política de Colombia. El otro es el jefe de un Estado que coadyuva a ese designio de verdadera recolonización. Ninguno de los males que abruman a nuestro país se sale del contexto de esa relación de vasallaje. Pedirle a Bush que, apareado con Pastrana, acoja las iniciativas de los firmantes de la carta abierta para resolver los mismos males que la política norteamericana está ocasionando, es pretender que él cese en sus funciones imperialistas o que el propio imperialismo cambie de naturaleza. Algo que sólo puede obedecer a una lamentable confusión o a un candor insólito. Es la misma actitud que sirve de cartabón a todas las variantes del reformismo -políticas alternativas, propositivas y de tercera vía- enderezadas no a erradicar los azotes sociales sino a prolongar indefinidamente la agonía de los pueblos. Como tradicionalmente lo han sabido los buenos creyentes, el diablo siempre ha hecho hostias, pero exhortarlo a que las amase y oficie es comenzar a comulgar con él.

El cuadro descriptivo de la situación nacional, que en la carta abierta sirve de prolegómeno a las iniciativas concretas por la Paz de Colombia, no se diferencia mayormente de los diagnósticos en boga que mencionamos antes. Si estos se sintetizan en argumentos conducentes al rechazo cabal de los factores que originan la crisis, adquieren un significado tan positivo como progresista. Pero si son la base para que se formule a manera de solución enmendar la misma política que la fomenta –cual ocurre con la carta abierta— estamos ante un dañino despropósito.

La carta, al mencionar que las primeras víctimas de la crisis son el Estado y el principio de legitimidad, ignora que éste se pierde cuando los gobernantes, como el destinatario Pastrana, no abogan por los intereses de la nación y son pusilánimes ante el quebrantamiento de su soberanía. La referencia que hace respecto al fortalecimiento de la democracia no puede tener otra interpretación que el apuntalamiento de la actual, regida por una Constitución que se amañó en 1991 para legalizar las disposiciones que han conducido precisamente a la presente ruina económica e institucional. Reclama la cooperación y corresponsabilidad internacional, pasando por alto que los países llamados a asumirlas, principalmente Estados Unidos, son los que se lucran de nuestros males mediante sus ganancias en la fase final del tráfico de drogas, la venta de los productos químicos para procesarlas, el tráfico de armas y el lavado de capitales; los mismos países que impiden u obstaculizan la venta de nuestros productos, mientras exigen prerrogativas para inundar con los suyos nuestro mercado y para la toma de nuestro patrimonio público por parte de sus capitales financieros.

Mas si la diagnosis que hace su carta se mueve entre lo endeble y lo erróneo, las propuestas, que participan del mismo carácter, adquieren el distintivo de la estulticia. Así lo revela el simple enunciado de las solicitudes que les hacen a Bush y Pastrana: plantearle al políticamente equívoco Secretario General de la ONU la creación de una Comisión de Estudio para que «ofrezca luces» y haga recomendaciones que sirvan de «referente básico para una solución política a la situación nacional»; convocar una Comisión Binacional para «definir una colaboración efectiva en áreas económicas, sociales y culturales» (algo equivalente al cogobierno); programar una Cumbre Internacional sobre Drogas, y respaldar la convocatoria europea de una Conferencia Internacional sobre Colombia. Ya que todas estas eventuales comisiones y eventos contarán con la presencia dominante del gobierno de Estados Unidos y la sumisa del gobierno colombiano, se puede prever con pleno fundamento que, en lugar de soluciones, empeorarán la crisis. Sus nefastos resultados serán, a semejanza de los «logros» de Sísifo, engrosar instantáneamente la materia de los diagnósticos.

El gran equívoco de la carta radica en que sus diagnosis y las propuestas semejan fantasmas que deambulan sin encontrar la única causa en la que podrían encarnar: la política de recolonización norteamericana. De allí que no pueda ser más estrambótica la frase que remata la epístola: «En sus manos (las de Bush y Pastrana) está la tarea histórica de abrir caminos de grandeza y de generosidad para superar la tragedia colombiana».

Es natural que, dado el carácter de intelectuales que posee la mayoría de los firmantes, se destaque el aspecto cultural de la crisis. Pero al hablar de las carencias en ese campo se debería empezar por denunciar la privatización desbocada de la educación y el abandono presupuestario a que están sometidas las universidades públicas, junto al apabullamiento de la ciencia y las manifestaciones culturales propias. Y se debería afirmar que la única solución es el cambio radical de las políticas que dan lugar a esa situación, por otras que permitan a los colombianos atesorar su raigambre nacional, aprovechar sus recursos y su potencial humano para la investigación y el desarrollo científicos, reconocer el sustrato económico neoliberal de las «desigualdades, los privilegios y la exclusión sociales», en fin, comprender cuáles son los más altos intereses de la nación y rechazar los poderes internos y externos que los estropean. Lo que precisa Colombia en primera instancia es una cultura política cuya práctica, la resistencia, rompa el sitio de atraso y barbarie que hoy le ha puesto la globalización norteamericana.

Una gran masa de intelectuales consecuentes con los anteriores criterios es indispensable para poner en pie a Colombia e integrarla en la corriente inagotable de la civilización. Semejante tarea para tan ineluctable destino tiene en los intelectuales revolucionarios una preciosa reserva. Pero no es exclusiva de ellos, ni bastaría con su labor: su realización precisa del aporte de gran número de intelectuales patriotas. Que, al repasar las firmas de la carta abierta, aparezcan algunas de colombianos en quienes ha alentado el patriotismo y otras de extranjeros que han asumido posturas progresistas, indica el trabajo de persuasión que incesantemente se debe desarrollar en el sector que los cobija, a fin de despertar y consolidar su consecuencia.

En contraste con las fantasías que impregnan la misiva a Bush y Pastrana, cada vez más amplios sectores de la población van abriendo con sus luchas el más seguro sendero hacia la salvación nacional. Los continuos paros, huelgas y protestas de los trabajadores, los campesinos y empresarios rurales, los maestros y estudiantes, y los habitantes de regiones enteras, como los del Chocó, demuestran que el espíritu patriótico y democrático de la mayoría de los colombianos conserva su lozanía. Estas importantes batallas, y la que constituirá el paro nacional del próximo 22 de marzo, deben tener como perspectiva la construcción de un vigoroso frente único de resistencia civil.

Al correo electrónico de Tribuna Roja llegó una importante comunicación sobre las actividades que un gran número de organizaciones del mundo están impulsando para denunciar las pretensiones que la Organización Mundial del Comercio tiene de imponer su Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, AGCS, que tiene como fin aumentar el saqueo y la explotación que las multinacionales imperialistas cometen contra los países pobres del mundo. Publicamos apartes de la comunicación mencionada.

Las nuevas negociaciones sobre el AGCS, que se llevan a cabo por la OMC en este momento, apuntan a continuar facilitando el copamiento de los servicios públicos por parte de las corporaciones, de la siguiente manera: obligan a los gobiernos a otorgar acceso ilimitado al mercado a proveedores extranjeros de servicios, sin tener en cuenta los impactos sociales y medioambientales que puedan tener la cantidad o el tipo de esas actividades. Aceleran el proceso de garantizarles a los proveedores de servicios el acceso al mercado interno en todos los sectores, incluyendo la educación, la salud y el agua. Esto se logra al permitirles a las empresas extranjeras establecer su presencia comercial en otro país a través de nuevas normas de la OMC. Esto les permitiría a las empresas trasnacionales el acceso rápido e irreversible a los mercados, particularmente a los del tercer mundo. Los principales beneficiarios de este nuevo régimen del AGCS son los proveedores corporativos de servicios, decididos a extender su alcance comercial a todo el globo y a convertir los servicios públicos de todo el mundo en mercados privados. Más allá de que las industrias de servicios son el sector de la economía global que crece con más rapidez, la salud, la educación y el agua potable se están convirtiendo en los más rentables. Se considera que la salud representa un mercado anual de 3,5 trillones de dólares, la educación 2 trillones anuales y el agua 1 trillón de dólares al año. El director ejecutivo de la corporación hospitalaria con fines de lucro más grande del mundo, la Columbia-HCA, con sede en EU, insiste en que el cuidado de la salud es un negocio, de la misma forma que lo son las industrias de aviación, y jura que destruirá todos los hospitales públicos en Norte América. Casas de inversión, como Merril Lynch, predicen que la educación será privatizada a nivel mundial dentro de la próxima década y declaran que este proceso puede lograr ganancias incalculables. Mientras tanto, los gigantes de la industria del agua, tales como Vivendi y Suez Lyonnaise des Eaux de Francia, trabajan en conjunto con el Banco Mundial para obligar a muchos gobiernos del tercer mundo a privatizar los servicios de agua. Por medio de poderosos grupos de presión, como la Coalición Estadounidense de Servicios y el Foro Europeo de Servicios, estas y otras empresas trasnacionales han dictado prácticamente el orden del día de las negociaciones AGCS 2000. Que las corporaciones logren su objetivo representa un ataque frontal a los derechos sociales fundamentales consagrados en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No sólo se permitirá que las empresas extranjeras con fines de lucro puedan acceder a los dineros estatales para apoderarse de los hospitales públicos y las escuelas, sino que estas normas de comercio global de la OMC también lograrán minar las regulaciones de la salud y la educación. Las cadenas de empresas extranjeras con fines de lucro tendrían la posibilidad de invadir los sistemas de cuidado de los niños, de seguridad social y de cárceles en todos los países miembro de la OMC. Nuestros parques, fauna y bosques naturales se podrían convertir en materia de competencia por la explotación de los recursos entre proveedores corporativos de servicios medioambientales. Al mismo tiempo, las empresas extranjeras tendrían derecho al acceso ilimitado para los contratos municipales de construcción, saneamiento, recolección de residuos, obras sanitarias, turismo y agua. Para muchos países del tercer mundo, esta violación de los derechos básicos no es nueva. Durante más de dos décadas, los programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial se han utilizado para obligar a muchos gobiernos del Sur a desmantelar los servicios públicos y permitirles a empresas extranjeras proveer servicios de salud, educación y agua con el objetivo primordial de lograr ganancias. Bajo las reglas propuestas por el AGCS, los países en desarrollo sufrirían un desmantelamiento mayor de los proveedores locales, se impondrían límites sobre el fomento de proveedores nacionales, y se crearían nuevos monopolios dominados por corporaciones de los países capitalistas. Al incrementar dramáticamente el control sobre el mercado por parte de las empresas extranjeras de servicios y al poner en peligro el futuro de los servicios públicos, la agenda del AGCS 2000 lanza una ofensiva mundial en contra de la ciudadanía y la democracia, tanto en el Sur como en el Norte. Es más, los mecanismos obligatorios de la OMC para hacer cumplir estos acuerdos, garantizarán que no sólo se cumplan sino que se conviertan en irreversibles. Ha llegado el momento de «¡Parar la ofensiva del AGCS!».

Gustavo Triana, intervención en el canal CityTV, el 12 de febrero de 2001

Los trabajadores de Bavaria, del Grupo Santodomingo, completan hoy 55 días en huelga, enfrentando un contrapliego que pretende arrebatarles las garantías relativas a la estabilidad laboral y la seguridad social.

El MOIR respalda la huelga de Bavaria e igualmente manifiesta su reconocimiento a la valerosa resistencia que los trabajadores de la Cruz Roja adelantan contra el contrapliego presentado por esa institución.

Ambas son ejemplares batallas que señalan el camino a seguir ante los nefastos anuncios de reforma pensional, reforma política, liquidación del Seguro Social, eliminación del financiamiento de la educación pública y el cierre de hospitales, entre otros.

Solo la lucha detendrá las medidas dictadas por el FMI y acogidas con prontitud por el gobierno de Pastrana, y evitar así que se continúe violando la soberanía económica de la nación.

Urge la concreción por parte de las Centrales Obreras del plan de acción que el Comando Nacional Unitario aprobó en reunión reciente y cuya tarea central es el paro nacional para el jueves 22 de marzo.

El MOIR exhorta a todos los colombianos que sufren las consecuencias de la política imperialista de apertura y privatizaciones a respaldar activamente este llamamiento de resistencia.

Enrique Daza Gamba

Al año de la posesión del gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, el pueblo ecuatoriano protagonizó otras importantes jornadas de lucha a raíz las medidas de ajuste que, decretadas aprovechando las festividades decembrinas, incrementaron el precio de los combustibles, del gas de uso doméstico, de las tarifas de transporte público, de los servicios de agua, luz y teléfonos y del impuesto predial.

Las manifestaciones de descontento fueron iniciadas por sectores estudiantiles de las principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, mientras el movimiento indígena y otros sectores intensificaron las acciones a partir del 21 de enero; fecha en la cual se cumplió el año del derrocamiento del demócrata cristiano Jamil Mahuad, por un golpe de Estado en el cual participaron militares e indígenas y que después de unas horas de incertidumbre culminó con el ascenso al poder de Noboa, vicepresidente en ese entonces, quien continuó la política de Mahuad y mantuvo la dolarización de la economía.

De acuerdo con las exigencias del FMI, la medidas de diciembre estaban orientadas a disminuir el déficit presupuestal, garantizar el pago de la deuda externa y salvar el sector financiero

A un año de su puesta en marcha, es evidente que la dolarización no detuvo la inflación, pues en el año 2000 llegó a 91%; las tasas reales de interés pasaron de 10% a 20%, mientras los precios de los productos fueron situándose en los niveles internacionales, y el salario mínimo, de 117 dólares, apenas cubre una tercera parte de la canasta familiar. El desempleo abierto llega a 15%, el subempleo a 60% y una tercera parte de la población, cuatro millones de habitantes, se encuentra en la absoluta miseria. La dolarización eliminó las reservas monetarias, y a pesar de que el gobierno se vio favorecido por los elevados precios del petróleo y los giros que el millón de ecuatorianos que viven en el país hacen a sus familiares, esto no amainó la gravedad de la crisis.

Durante el último año se consolidó la dominación norteamericana en Ecuador en materia económica, se le entregó a Estados Unidos una base militar en Manta y el presidente Noboa manifestó que cumplir las exigencias de la Carta de Intención con el FMI es «la responsabilidad central» del Estado ecuatoriano.

Las protestas

Al adoptarse las medidas gubernamentales, el Frente Popular y diversas organizaciones populares integrantes del Frente Patriótico y de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, iniciaron la preparación de protestas. A partir del dos de enero se iniciaron diversas acciones en las principales ciudades, en las que jugaron papel fundamental los estudiantes.

Para el 13 de enero se convocó la Asamblea Unitaria de los Pueblos, en la cual se proclamó la voluntad de lucha contra las medidas neoliberales del gobierno y se exigieron varias medidas para el reintegre a la sociedad de las gigantescas ganancias del capital financiero, para la renegociación de la deuda y para que la renta petrolera beneficie a toda la población. En esta misma reunión se pidió la destitución de numerosos funcionarios corruptos y arbitrarios y se rechazó la intromisión norteamericana. Los diversos sectores políticos y sociales exigieron aumentos salariales y la derogatoria de las medidas gubernamentales, y acordaron intensificar la lucha a partir del lunes 15 de enero; se programaron asambleas provinciales con el objetivo de ejecutar acciones locales y se programaron movilizaciones de los pequeños comerciantes y de los afiliados al Seguro Social Campesino; y la Conaie, principal organización indígena, decidió una gran movilización para el 25 de enero.

A comienzos de febrero la lucha arreció y en un nuevo gesto de prepotencia del gobierno, tras haber arrestado a más de 700 luchadores populares, decretó el Estado de Emergencia con la suspensión de todas las garantías y derechos constitucionales. Tropas del gobierno rodearon la Universidad Salesiana, se suspendieron las líneas telefónicas de las organizaciones populares, los dirigentes fueron buscados y se incrementaron las amenazas a los medios de comunicación, al tiempo que el movimiento logró la renuncia de Juan José Vivas, secretario de la Presidencia, identificado como el Montesinos ecuatoriano por sus labores de espionaje telefónico.

El 3 de febrero, los dirigentes del movimiento resolvieron denunciar el Estado de Emergencia, reforzar la lucha y derrotar con el combate popular la represión brutal del régimen y se ratificó la gran jornada de paralización para el 7 de febrero.

Este miércoles 7, las organizaciones indígenas Conaie, Feine, Fenocin, Fei, Fenacle, Confeunase, Uarunari, Confeniae, firmaron un acuerdo para exigir:

w Disminución del precio del gas en 40 centavos de dólar y el congelamiento del precio de los combustibles por un año.

w Que los estudiantes, niños y ancianos paguen 50% de los pasajes del transporte público.

w Que no se implemente el Plan Kérex (kerosene) en las comunidades indígenas, por ser altamente tóxico.

w Reestructuración, fortalecimiento y capitalización del Banco de Fomento.

w Recuperación de la cartera vencida de los bancos intervenidos.

w Incremento de presupuesto para los organismos indígenas Codenpe (Desarrollo), Dineib (Educación) y DNSI (Salud )

w El canje de deuda externa por conservación de medio ambiente, para beneficio de los gobiernos locales y comunidades indígenas.

w Solución a los conflictos de tierra y agua que enfrentan las comunidades indígenas campesinase implementación de políticas que beneficien a los emigrantes.

w Buscar consensos para la reforma de la seguridad social y proceder al pago de la deuda al seguro social campesino.

w Que el país se abstenga de participar en el Plan Colombia, porque persigue la guerra y la muerte.

w Indemnización a familiares de muertos y heridos

También se contempló la derogatoria del Estado de Emergencia.

En las horas de la mañana del 10 de febrero hubo grandes marchas estudiantiles e importantes concentraciones de maestros agrupados en la Unión Nacional de Educadores, UNE. Las marchas se unieron en el centro de las ciudades, alrededor de la casa de gobierno en Quito y de las gobernaciones en las provincias.

Las jornadas evidenciaron el inmenso poder combativo del pueblo ecuatoriano, desnudaron la arbitrariedad de las exigencias del FMI y el carácter antipopular del gobierno de Noboa. Entre la oligarquía toma fuerza la idea del fomento de la autonomía provincial, que busca desmembrar al país, estimular contradicciones secundarias entre la población y distraerla de los verdaderos problemas.

El movimiento obtuvo reivindicaciones importantes que detuvieron medidas que afectaban en particular a la población indígena, pero quedaron en veremos importantes exigencias del movimiento obrero, el estudiantado y los maestros. Si estos sectores logran unificarse y vencer las vacilaciones de algunos sectores que invitan a la concertación y el diálogo, el año 2001 será de más amplias luchas.

Los trabajadores de Bavaria y su sindicato decidieron acertadamente irse a la huelga general, como única forma de resistencia ante el raponazo a sus conquistas convencionales que significa el contrapliego de 25 puntos. Es así como desde finales de diciembre, los 5.500 trabajadores paralizaron las plantas cerveceras en todo el país.

Fue una batalla en todo momento respaldada con entusiasmo por el resto del movimiento sindical y los sectores populares, que acompañaron a los huelguistas en sus mítines, asambleas, marchas y conferencias, entendiendo esta lucha como un ejemplo de la conducta que ha de asumir la clase obrera ante la embestida del imperialismo por desmontar las convenciones colectivas, destruir los sindicatos, despedir millares de operarios y abaratar la mano de obra.

Se hizo notoria a lo largo de estos dos meses y medio la grosera solidaridad de la gran prensa, los canales privados de televisión, los patronos y el gobierno con el Grupo Santodomingo. Todos ellos cerraron filas en torno al contrapliego, que presentaron como una necesidad para «desmontar los privilegios de los sindicalizados». ¡Suena cínica, por decir lo menos, la perorata de los dueños de Caracol TV y El Espectador señalando a los obreros como privilegiados!

Las utilidades de la cervecera, según La Nota Económica, alcanzaban en septiembre de 2000 la muy elevada cifra de $288 mil millones, las mayores del grupo empresarial Santodomingo, que posee enormes inversiones en los sectores de bebidas, transporte aéreo, seguros, comunicaciones, finanzas, servicios, metalmecánica, construcción, reforestación, petróleo, alimentos, automotriz y envases, entre otros.

El consorcio cervecero cubre hoy, como lo afirma Portafolio, el 90% del mercado nacional. Se trata de un monopolio, casi con posición dominante plena. En 1999, uno de los peores años de la economía colombiana, fue la segunda entidad en utilidades después de Ecopetrol, la cuarta en margen neto, con un 32,2%, y la octava en ventas por cada empleado, $189 millones. Pese a tan exorbitantes ganancias, la empresa adoptó una actitud intransigente frente al pliego de seis puntos del sindicato, persistiendo en un contrapliego que va por la flexibilización laboral de los contratos, para poder despedir a miles de trabajadores. Mucho pesa en esta estrategia el hecho de que los costos laborales en Cervecería Leona, de Tocancipá, recientemente adquirida en un buen porcentaje por el Grupo, sean muy inferiores a los vigentes en Bavaria.

El contrapliego se presenta justo en el momento en que comienza a ventilarse una reforma laboral que, al decir del ministro Juan Manuel Santos, eliminará los estorbos que hoy impiden «ampliar nóminas o mantener los empleos actuales a menor costo».

El ministro Angelino Garzón es ahora el encargado de quitar dichos estorbos: las jornadas nocturnas empezarán desde las 8 de la noche, los domingos serán días normales, el salario se pagará por horas, habrá un salario mínimo integral y se impondrán las revisiones permanentes de las convenciones colectivas. Garzón también ha hecho su aporte, al proponer contratos de media jornada y reducción de extras.

Al cabo de setenta días de huelga, y con la perentoria citación a tribunal de arbitramento hecha por el ministro de Trabajo, la asamblea nacional de delegados decidió levantarla el 28 de febrero y notificarse de la resolución oficial.

Al respecto, se alzaron voces dentro de los trabajadores que advirtieron sobre la inconveniencia de aceptar el tribunal y sobre las expectativas en torno a las promesas de mediación hechas por el ministro de Trabajo.

La batalla se cerró con el mismo ánimo con que se había inaugurado. Hubo escenas inolvidables, como la que se vio en la planta de Pereira, donde los seiscientos valerosos huelguistas ingresaron entonando La Internacional y coreando que seguirán en el combate.

(Intervención de Eduardo Muñetón, secretario del Regional del Magdalena Medio, el 13 de noviembre de 2000, en el acto de homenaje a los camaradas fallecidos en Armero, al cumplirse el 15º aniversario de la tragedia)

Camaradas Alfonso Calderón, Sandra White, Luis Eduardo Fuentes, Carmenza Piñeros, Flor Moreno y Jairo Ramírez:

Tres lustros completamos hoy de aquella fatídica noche del miércoles 13 de noviembre, cuando el cataclismo provocado por el Volcán Nevado del Ruiz y por la indiferencia e inercia de un gobierno nefando como lo fue el de Belisario Betancur, dejó una de las más grandes tragedias que registre y recuerde año tras año la historia nacional. Veinticinco mil compatriotas sepultados, entre ellos nuestros entrañables camaradas, y la destrucción de todo el pueblo, asentado en una vasta y extensa región del fértil valle tolimense.

Cada año sin falta venimos a destacar el ejemplo brillante, el espíritu valiente y abnegado que Alfonso, Sandra, Luis Eduardo, Carmenza, Flor y Jairo, nos dejaron como legado. Y a rendir homenaje a vuestra memoria, porque ni el gigantesco sudario de magma, lodo y piedra que cubre vuestros cuerpos, ni el tiempo, ni nada, podrá borraros de las mentes de todos aquellos que ayudasteis a forjar.

¡Cuántos acontecimientos han pasado bajo los puentes de la historia en estos quince años! ¡Cuánta alegría hubieseis sentido por los desenlaces positivos acaecidos. Hechos tan importantes como el definitivo hundimiento del socialimperialismo soviético, imperio que asoló naciones y pueblos enteros, y con él, el resquebrajamiento total del mamertismo y el revisionismo a escala planetaria. O un paso tan decisivo para nuestro Partido como lo fue el haber extirpado, en el fragor de la lucha de clases, un tumor cancerígeno, el ala derechista encabezada por Marcelo Torres.

Pero si bien nos sentimos regocijados, y vosotros lo estaríais también, ¡cuánta indignación os causaría ver a la patria mancillada, pisoteada y humillada por uno de los imperios más voraces y criminales que han existido en la historia de la humanidad, el norteamericano, que ha contado con la abyecta complicidad de gobernantes vendepatrias como Betancur, Barco, Gaviria, Samper y Pastrana!

¡Y cuánta tristeza habríais sentido por la pérdida irreparable de Francisco Mosquera, el más grande líder revolucionario que ha dado la nación, el fundador y guía de nuestro Partido!

Pero, a la vez, ¡cuánto coraje y decisión os impulsaría a la lucha frontal y sin vacilaciones contra el opresor extranjero y sus cipayos, lucha orientada por la línea correcta de nuestra dirección nacional, encabezada por su secretario general, el camarada Héctor Valencia!

Alfonso, Sandra, Luis Eduardo, Carmenza, Flor y Jairo: en este decimoquinto homenaje, y ante el monumento que erigimos, reiteramos que seguiremos batallando sin descanso por los ideales a los que dedicasteis vuestra vida, tras la meta de la segunda y definitiva independencia de Colombia, para enrutarla por los caminos de la grandeza y el progreso, en beneficio de su pueblo.

Abrigamos la misma convicción, camaradas, que nos dejó Mosquera en el sepelio de Clemencia Lucena, en julio de 1983: «La revolución contemporánea será la hazaña de muchas pero muchas generaciones».

A ella, a la revolución, le tenemos dedicada nuestra vida, como se la ofrendasteis vosotros.

Por Francisco Cabrera

Antanas Mockus llegó con el garrote contra los trabajadores del Distrito. Tras anunciar la liquidación de cinco mil puestos de trabajo de diferentes dependencias, procedió al despido de 2.837 empleados de celaduría y servicios generales adscritos a la planta de la Secretaría de Educación. Con su despotismo envuelto en zalamerías y payasadas dijo a los medios de comunicación que solo estaba cumpliendo con el mandato de la Ley 617 de ajuste fiscal, y que la medida le representa a la ciudad un ahorro de $23.200 millones. Como sucede con este tipo de disposiciones atrabiliarias, su defensa la enmascaran argumentando las conveniencias para la ciudad.

Acatando la orden de Sindistritales, los trabajadores emprendieron la resistencia a esta medida que los lanza a engrosar las filas del desempleo. Desde el mismo 28 de febrero, cuando se conocieron las cartas de despido, celadores y aseadoras se tomaron cerca de 150 planteles educativos en donde recibieron el apoyo de estudiantes, profesores y padres de familia.

Los despedidos se negaron a aceptar las dos opciones que les presenta el gobierno distrital: unas míseras indemnizaciones o la reubicación en empresas privadas. Lo primero, adobado con los llamados «programas de readaptación laboral» y la «constitución de microempresas o famiempresas» se viene aplicando desde los tiempos de Gaviria, y los trabajadores bien saben lo amarga que ha sido tal experiencia.

Hoy ni el comercio, ni el transporte sirven de refugio, pues no solamente sufren las consecuencias de la recesión generalizada, sino que son arrinconados por políticas como Transmilenio y por impuestos cuya carga los somete a la ruina.

La posible reubicación en empresas privadas nos da la verdadera clave de este tipo de despidos, y explica la relación de estos últimos con las políticas del Banco Mundial: la privatización de las funciones de celaduría y de servicios generales, que a la chita callando se generalizó en el país. Al amparo del Estado han cobrado fuerza monopolios en estas actividades, algunos de ellos en manos de multinacionales (Fuller en aseo, por ejemplo). Estas empresas llevan a grados aberrantes la explotación y la privación de derechos sobre los trabajadores, a quienes someten a un régimen semejante a la esclavitud.

Cuando se anunciaron los despidos hubo sectores que se alegraron creyendo que los recortes en la nómina se harían en los cargos y asesorías de sueldos millonarios, convertidas en nóminas paralelas en todas las dependencias del Distrito y que sirven de botín a los más encumbrados funcionarios; o que se eliminarían los gastos en la contratación de ONG para inútiles estudios sobre lo divino y lo humano. Pero no. Mockus la emprendió contra un sector necesario, y el más humilde de los trabajadores. Así se supo que su mandato no será menos fascistoide que el anterior. Ya el equipo de tecnócratas está proponiendo eliminar los regímenes especiales de los empleados y disminuir los salarios en las empresas de acueducto y teléfonos, con el argumento de abrir cupo para otros empleos.

Los trabajadores a escala distrital y nacional deben prepararse para responder con redoblada energía, porque la arremetida contra sus empleos y sus reivindicaciones se mantiene viva.