Misión Alesina: NUEVO EMBATE CONTRA LA ECONOMIA NACIONAL

Por Alfonso Hernández

En días pasados se dieron a conocer los documentos de la Misión Alesina, sobre las reformas que requiere Colombia para reducir de manera expedita el gasto público y destinar una mayor porción del presupuesto y la riqueza nacional al pago de la deuda externa. Los escritos abarcan los temas de la educación pública, la descentralización, el Banco de la República, las Cortes, el Parlamento y las elecciones, entre otros.

Alberto Alesina, coordinador de la Misión financiada por el Bid y el gobierno colombiano, es profesor de la Universidad de Harvard y una de las cifras más altas de ese club de académicos aclamados como gurús, entre los cuales figuran también Jeffry Sachs y Stanley Fischer. El prestigio intelectual de estos caballeros se funda en la publicidad de los medios de comunicación y en el respaldo de los agiotistas internacionales, de quienes reciben jugosa financiación a sus «desinteresados» esfuerzos.

Sus acometidas contra los países pobres son de vieja data. En anteriores estudios, Alesina había concluido que en la era de la globalización es conveniente que las naciones se dividan, exceptuando Estados Unidos, pues, según él, los Estados pequeños tienen enormes ventajas en el mercado internacional.1 En la investigación sobre Colombia, presenta otro de sus desconcertantes hallazgos al señalar que el salario mínimo es demasiado alto. Alesina no se arredra por el hecho de que no alcance para adquirir los artículos indispensables de la canasta familiar. Nimiedades tan prosaicas no cuentan para sus teorías «profundamente científicas».

El tema al que ha dedicado sus mayores desvelos es el del presupuesto estatal, asunto de interés para los financistas, quienes han encontrado en los recursos de los Estados uno de los más jugosos y seguros filones para sus negocios. A esa materia se dedican en lo fundamental los documentos elaborados para Colombia.

Con razón, el informe general, Reformas institucionales en Colombia, sostiene que el país se encuentra en un cruce de caminos. Uno conduce al caos y al colapso económico; el otro, a las reformas y al progreso. ¿Por cuál ruta nos induce la Misión?

Comencemos por las recomendaciones atinentes al gasto social.2 El estudio define los diferentes tipos: los servicios sociales son aquellos que comprenden renglones tales como la educación y la salud; la seguridad social está relacionada con las pensiones de vejez e invalidez y el seguro del desempleo; y la asistencia social es entendida como las transferencias a los pobres y algunos programas de empleo. El informe es partidario de desmantelar cualquier institución o esfuerzo públicos en la seguridad social. Señala que los países industrializados la tienen como prioritaria, pero desaconseja a Latinoamérica tratar de seguir el mismo camino por tener ingresos mucho menores, por las altas tasas de informalidad y porque, según los insignes economistas, los pobres, que proliferan en nuestro subcontinente, por tener «expectativas de vida mucho más cortas» toman la decisión racional de renunciar a la seguridad social, aunque sea subsidiada, pues prefieren la ‘liquidez’económica. De tal manera que, según ellos, los esfuerzos presupuestales en seguridad social, tan costosa, benefician sólo a los ricos y las pensiones son muy generosas y gastan mucho en muy poca gente. Pero no se quedan ahí. Añaden que «uno de los problemas claves es que el salario mínimo es bastante alto en Colombia, en relación con el PIB per cápita del país» y se lamentan de que « legal y políticamente es difícil para el gobierno pagar menos del salario mínimo» (pág. 39).

Alesina y Perotti la emprenden también contra el «énfasis en salud y educación (que) ha dejado por fuera de su alcance buena parte de la pobreza rural extrema». Como quien dice, el gasto en salud y educación públicas es el culpable de la indigencia en el campo. La conclusión es inevitable. « Los recursos deberían quitarse de los grupos relativamente privilegiados hacia los más pobres». Sobra aclarar que los privilegiados a quienes se refieren no son las empresas multinacionales ni los grandes especuladores financieros, sino los empleados públicos.

En síntesis, su propuesta consiste en que el presupuesto no debe respaldar ni la seguridad ni los servicios sociales, sino concentrarse en medidas asistencialistas. Los sabios de la Misión Alesina quieren hacernos creer que van a reducir la pobreza y a sacar al país de la ruina disminuyendo los salarios, la inversión pública en salud y educación y repartiendo unas boletitas de mercados entre los indigentes. O creando, por unos meses, unos empleíllos con pagas muy por debajo de la mínima. Todos los alegatos de los Alesinas contra el clientelismo desnudan su falsedad cuando pregonan como la panacea de la política social las limosnas, instrumento predilecto de los clientelistas para comprar, si no conciencias, al menos votos. A los empresarios nacionales con frecuencia se les engatusa con la idea de que si los pagos a los trabajadores merman, sus productos serán más competitivos. La brusca caída de la demanda interna ya debería haberles hecho comprender que si la población se pauperiza, no habrá quien les compre. Tontos quienes en todas las encuestas sobre el desempeño industrial señalan como el mayor problema la insuficiencia de la demanda y claman, a la vez, por mayores recortes salariales y prestacionales. Estas políticas de la Misión Alesina atentan no sólo contra el obrerismo y los empleados, sino contra la propia industria y empujan la economía por el atajo de la crisis.

Buscando romper la unidad nacional del magisterio, propone establecer diferencias salariales entre las distintas entidades territoriales y castigar la remuneración de quienes no obtengan un buen puntaje en las evaluaciones del Estado. Las decisiones de contratación y salario deben ser tomadas por las mismas jurisdicciones de gobierno, con lo que quiere significar que los municipios o los propios planteles deben decidir en ambas materias. Sugiere como modelo educativo la Escuela Nueva, institución que resulta barata y que considera flexible. Propone apoyarla mediante donaciones y extenderla al sector urbano. Desde luego, propende a eliminar los regímenes especiales de pensiones del magisterio y otros empleados del Estado. De los ataques de los expertos no se libran ni el SENA ni el Bienestar Familiar.

Uno de los temas de mayor importancia se refiere a las transferencias de la nación a los entes territoriales. Argumenta que los desequilibrios actuales se originan, en buena parte, en que los tributos se recolectan centralizadamente, pero el gasto es descentralizado. Recuerda que el déficit de las regiones es causa de una porción considerable del desajuste fiscal y propone prohibir el endeudamiento local y suprimir la obligación que tienen departamentos y municipios de destinar porcentajes fijos de las transferencias que reciben de la nación a los renglones de salud y educación. Los criterios para definir el reparto de las transferencias tienen como elemento esencial forzar a las entidades territoriales a incrementar brutalmente los impuestos locales, tales como el predial, el de industria y comercio y otros, el llamado «esfuerzo fiscal propio». En ese sentido se entiende también la limitación propuesta del endeudamiento local, ya de hecho restringido porque numerosos departamentos y municipios han copado su capacidad y se encuentran morosos con los bancos.

La Misión insiste en que se debe evitar la duplicación de esfuerzos, principalmente en el gasto educativo, una manera de plantear que la nación debe dejar esa carga a los municipios.

El Banco Central

La Misión enfatiza en el criterio, tan defendido por el capital financiero, de que el Banco de la República debe ser autónomo frente al gobierno, para que éste no pueda atender sus gastos o inversiones mediante emisión, sino que tenga que acudir al crédito, a través de la banca o de la venta de títulos del Tesoro, hecho que ha causado el enorme y gravoso endeudamiento que vive el país, como lo demuestra Aurelio Suárez en artículo de esta misma edición de Tribuna Roja.

Alesina sostiene que en la junta del Banco de la República no debe estar el ministro de Hacienda ni ningún otro funcionario gubernamental. Añade que hay que apartar al gobierno del manejo de la tasa de cambio, de la política cambiaria y de la supervisión bancaria, para entregarle esas funciones a la junta directiva del Banco, que, además, quedaría reducida a cuatro miembros y su presidente desempataría las votaciones. En manos de cuatro personas, a órdenes del FMI, quedaría el manejo monetario, cambiario, crediticio y financiero del país, sin sujeción alguna ni al gobierno ni al legislativo. Renuncia total a la soberanía económica.

Uno de los factores desencadenantes de las crisis financieras de México, Asia, Rusia y, recientemente, Turquía, ha sido la especulación con las monedas, cuya tasa de cambio ya no está regulada por el gobierno, sino que es objeto de maniobras de los grandes financistas que acaparan enormes ganancias aprovechando las alteraciones en las tasas de interés y de cambio. Fue también lo que ocurrió en Colombia con la banda cambiaria. Las propuestas de Alesina agravarán esta situación.

Entre las funciones del Banco se mantiene como principal la de señalar una tasa anual de inflación, que tendría prioridad sobre las metas del Plan de Desarrollo. Se pregona frenar la inflación mientras se devalúa la moneda, desatando aumentos en los artículos e insumos importados, y se incrementan abusivamente las tarifas de los servicios públicos y los precios de los combustibles. Estas tendencias inflacionarias se neutralizan a costa de congelar los salarios y el gasto público, y de aumentar las tasas de interés, acogotando aún más la producción nacional.

En materia de presupuesto, el documento exige que Colombia adopte los estándares del FMI y que contrate el «auditaje» con firmas privadas internacionales. También reclama que el presupuesto incluya todas las entidades territoriales y el sector público no financiero. Pide así, por ejemplo, que en el presupuesto nacional se contabilicen todas las pensiones públicas, lo que les permitiría mostrar un abultado déficit fiscal, que utilizarían para exigir mayor ajuste presupuestal.

En cuanto a las instituciones jurídicas, busca que las Cortes no interfieran el manejo económico del gobierno. Las sentencias de éstas en materia de incrementos de los salarios públicos, del sistema de financiación de vivienda y del Plan de Desarrollo se consideran intrusiones graves. El FMI exige que sus políticas se apliquen sin demoras ni modificaciones; por ello Alesina propone que para «echar abajo una ley aprobada con el acuerdo del presidente y el Congreso, deberá requerirse del voto de una supermayoría de siete de los nueve miembros» de la Corte.

De otra parte, se plantea «hacer extremadamente clara la jerarquía en la toma de decisiones entre los tres sistemas de Cortes (la Corte Constitucional, la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado)». Además se trata de regresar al carácter vitalicio de los magistrados. Vale la pena anotar que los reformadores de 1991 anarquizaron deliberadamente la rama judicial con el propósito de arrumbar a la Corte Suprema, que se había convertido en una traba para sus designios. Para manipular, convirtieron el sistema judicial en un organismo de cuatro cabezas. También estigmatizaron el carácter vitalicio de los magistrados, como una antigualla antidemocrática. Ahora, ante las dificultades mencionadas, quieren regresar, en esos aspectos, a lo vigente antes de 1991.

Con respecto al Parlamento, la Misión Alesina pretende que se adopte el sistema norteamericano de «vía rápida», por el cual el presidente de la República puede someter al Congreso proposiciones inmodificables sobre asuntos económicos, que se aprueban o rechazan en bloque.

Otro de los propósitos consiste en acabar con el voto secreto, para chantajear con mayor facilidad a congresistas y magistrados. Se aboga por reducir el número de senadores a 51 y congelar el de representantes. Y además coincide con las reformas antidemocráticas del umbral, la lista única, la cifra repartidora y las bancadas parlamentarias que cursan actualmente en las Cámaras y propone, además, que con el 5% de las firmas de los electores se puede convocar un referéndum que apruebe cambios constitucionales y legales. Así, todos los cambios constitucionales quedan en manos de las campañas que se orquesten desde el Ejecutivo y los medios de comunicación.

Las recomendaciones de Alesina demuestran que a los imperialistas no les importan las devastadoras consecuencias de una década de apertura económica, sino que persisten en su propósito de acogotar aún más a los países pobres. En el cruce de caminos que vive Colombia, uno la empuja hacia la ruina y el atraso. El otro, el del progreso, tiene que tomarlo la nación enfrentando a sus opresores.

Jorge Enrrique Robledo: RECONOCIMIENTO A UNA EXTRAORDINARIA LABOR

«En un libro que se lee con ira e intenso dolor está la respuesta que busca el ex presidente Gaviria para su perplejidad. Me refiero a la obra de Jorge Enrique Robledo que, bajo el título www.neoliberalismo.com.co, reseña el proceso a través del cual una mezcla de ignorancia, malicia, arrogancia y tontería destruyó en diez años la riqueza del país. (…) Todo el volumen es ilustrativo de las secuelas de empobrecimiento y desigualdad que les dejaron a los países del Tercer Mundo las falsas esperanzas del neoliberalismo y la globalización. Explosiones masivas de descontento como las de Seattle, Washington, Praga y Davos, y las que casi a diario se producen en cada gran ciudad, corroboran la magnitud y alcances de la desilusión. (…) Aunque el libro trata muy bien el fenómeno en general, las páginas dedicadas a Colombia son las que más llaman la atención. Mediante análisis documentados con aplastante minuciosidad, el autor les sigue el rastro a los causantes, los cómplices, los beneficiarios y las víctimas de una catástrofe económica sin antecedentes en la vida nacional. (…) La obra tiene la doble ventaja de la franqueza y la claridad. Lo que dice es que, a partir de la apertura y el revolcón, y a lo largo de un decenio, el país se dedicó a la sorprendente tarea de crear empleo en el exterior al costo de dejar sin trabajo a los obreros y campesinos del interior. Y que sustituyó una industria que crecía y una agricultura que nos daba de comer, por una economía importadora, estéril, especulativa y oportunista. (…) Lo que el doctor Robledo pone en blanco y negro no es otra cosa que la descripción de lo que, como consecuencia de todo eso, estamos viviendo hoy. Más que un tratadista evasivo y espeso, es un ágil notario y un relator alerta de la realidad. No se pierde en teorías que confundan al lector sino que hace el inventario de los errores vanidosos que nos trajeron al actual estado de postración y los explica muy bien.»


Triunfo en la XVII Bienal Colombiana de Arquitectura

Silvia Arango, arquitecta, escritora y académica de gran prestigio, escribió sobre los premios en la Bienal:

«El premio en teoría, historia y crítica se otorgó, merecidamente, al libro La ciudad en la colonización antioqueña: Manizales, de Jorge Enrique Robledo, cuya seriedad investigativa y amena lectura son una indudable contribución al mantenimiento del importante patrimonio arquitectónico de la zona cafetera. Éste es, de todos los premios, el único incontrovertible».

Silvia Arango. Periódico Universidad Nacional, Número 18, enero 21 de 2001.

Jorge Orlando Melo, director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el acto de lanzamiento del libro:

«La ciudad en la colonización antioqueña: Manizales es, en mi opinión, uno de los mejores libros que se han publicado en el terreno de la historia colombiana. Es sorprendentemente bueno. (…) la clara agudeza en el manejo de la documentación y el balance en el análisis de las pruebas que tiene para cualquier argumento. El manejo de temas como el de la guadua entre los quimbayas, o el problema de la transición del bahareque a la tapia y de la tapia al bahareque en la arquitectura de finales del siglo pasado y comienzos de éste en Manizales; la forma como evalúa las fuentes. (…) Es un libro con un estilo extraordinario, transparente, claro, misericordiosamente ajeno a tanta jerga que encuentra hoy uno en los libros que lee. El autor logra hacer esa historia urbana integral que todos soñamos para muchas de las ciudades colombianas».

Jorge Orlando Melo. Historia urbana bien edificada. Periódico Universidad Nacional, Nº 19, febrero 18 de 2001.

FRENTE COMÚN CONTRA PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 012

Por Raúl Arroyave A., fiscal de Fecode

Hace curso en el Congreso el proyecto de Acto Legislativo 012 que, de ser aprobado, traería graves repercusiones en los servicios de educación y salud para los sectores populares. Inició su trámite en la pasada legislatura y, sospechosamente, con gran rapidez tuvo voto positivo en las primeras cuatro votaciones, sin que el Congreso oyera las voces que desde las más diversas posiciones se han opuesto a su aprobación.

El debate que se avecina no es de poca monta. Como mostraremos en este artículo, es un enfrentamiento entre el régimen pastranista y todo el pueblo colombiano; el gobierno pugnará por sacar adelante sus antinacionales decisiones y el pueblo por impedir el golpe mortal a la educación y la salud públicas. De hecho, ésta, como casi todas las contradicciones que hoy afectan a la sociedad colombiana, reproduce la secular contradicción entre las imposiciones imperialistas y los intereses nacionales. Si se repasa el llamado Acuerdo Extendido con el Fondo Monetario Internacional, firmado entre el gobierno de Pastrana y ese organismo el 22 de diciembre de 1999, se lee a manera de diagnóstico que «las autoridades también han enfrentado dificultades en la administración fiscal, debido a la creciente participación de ingresos de destinación específica, y a que los acuerdos de distribución de ingresos corrientes que manda la Constitución no han estado debidamente acompañados de una reducción de los gastos del gobierno central». Para concluir: «El más importante de los esfuerzos para controlar el gasto público en el mediano plazo es el Acto Legislativo (una enmienda constitucional) que fue presentado al Congreso con el propósito de mantener constante en términos reales el valor de los fondos que se transferirán a los gobiernos locales bajo los acuerdos de participación en los ingresos corrientes de la Nación. Se espera que esta reforma que requiere la aprobación en dos sesiones del Congreso sea efectiva a partir de julio de 2001 y provea ahorros fiscales de 0.4% del PIB en el 2001, aumentando al 0.8% en el 2002».

Obedeciendo las órdenes del FMI, el proyecto de Acto Legislativo 012 pretende modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución. Del 356 se elimina el situado fiscal y su destinación específica para «financiar adecuadamente los servicios de educación y salud», así como su concepción de ser un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de la Nación. En su reemplazo se crea el Sistema General de Participaciones de las Entidades Territoriales, SGPT, y se equiparan, para efectos de su distribución, las funciones de los departamentos, distritos y municipios. Del artículo 357 se suprimen las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación. Se establece que el SGPT ya no es un porcentaje sino una cifra fija, cuyo punto de partida son las transferencias actuales, incrementadas primero en la inflación causada más un porcentaje que va gradualmente de 1.5% a 2.5% en los próximos seis años, y, a partir de 2008, en el promedio del crecimiento de los ingresos corrientes de la Nación en los últimos cuatro años.

La reforma recorta drásticamente las transferencias a las regiones y elimina su destinación específica para salud y educación, desmontando así la responsabilidad del Estado en estas áreas fundamentales para el desarrollo del país. Todo para dedicar mayores recursos al pago de la deuda con que el capital financiero nacional e internacional y los organismos mundiales de crédito abruman a Colombia.

Con la creación del SGPT, y al transformarse las participaciones en una cifra fija, cuyo punto de partida es la suma de los rubros de las actuales transferencias, ya deficitarios, ese déficit existente se prolongará indefinidamente. Además, la distribución del SGTP quedará al arbitrio de una ley que anualmente podrá variar las asignaciones de acuerdo con los tejemanejes, el chantaje y el soborno que históricamente han caracterizado las relaciones del gobierno nacional con el Congreso.

La forma como está concebido el SGPT significa que en los próximos diez años las transferencias de la Nación a las entidades territoriales mermarán en 19 billones de pesos. «Este recorte de recursos traerá como consecuencia la limitación en 2.407.178 cupos en la expansión del régimen subsidiado de salud, equivalentes al 27% de su cobertura actual, y de 1.416.000 cupos en las escuelas públicas, reduciendo del 90% al 83% la tasa de cobertura esperada para el año 2010»,1 sumándose esto a los tres millones de niños y de jóvenes que hoy no atiende el sistema escolar colombiano, hecho que reconocen las propias estadísticas del Ministerio de Educación Nacional.

Con este nuevo atentado a la educación pública se pone en marcha el llamado «Nuevo sistema escolar», contrarreforma educativa del gobierno de Pastrana, financiada por el Banco Mundial, y cuyo campo de experimentación fue el destruido Eje Cafetero después del terremoto de 1999. Ahora se pretende que las escuelas y colegios se conviertan en empresas rentables, con autonomía administrativa, financiera y laboral, con rectores gerentes y con el principio de que, para poder subsistir, tienen que acudir a la venta de servicios. Ya no se habla de departamentalizar o municipalizar la educación, la nueva estrategia es la plantelización.

En desarrollo de las nuevas disposiciones constitucionales, los recursos del SGPT se distribuirán de acuerdo con los principios de «población atendida y por atender en los servicios de salud y educación; reparto entre la población urbana y rural y comunidades indígenas», 2 que intentan justificar el principio de subsidio a la demanda en contra de la financiación de la oferta. En la actualidad, aun con todos los problemas y limitaciones, la financiación del sistema educativo se sustenta en el pago de los costos; por ejemplo, la nómina de los maestros. En adelante, las transferencias de la Nación a las regiones se harán sobre la base de los pagos por capitación, los cuales pueden llegar a ser «focalizados» para atender a «los más pobres de los pobres», sumiendo la educación pública en profunda crisis, idéntica a la que afronta la salud, sector en el cual estas reformas se vienen aplicando desde 1994, con los desastrosos resultados de sobra padecidos por los sectores populares.

No contento con este golpe a las entidades territoriales, el gobierno impulsa otra reforma tributaria territorial, que unifica y eleva los cobros de los impuestos existentes y faculta a departamentos y municipios para crear nuevos tributos, que en su mayor parte irán a enjugar las voluminosa deuda que agobia a las entidades territoriales. Es el verdadero significado de la tan cacareada descentralización. Esto es muy grave, si se tienen en cuenta la pobreza y el desempleo que azotan a la población, la ruina de los sectores productivos provocada por diez años de modelo neoliberal y la quiebra de los entes territoriales, pues «aunque son solo siete los departamentos colombianos que hoy están en intervención económica, para fin de año podrán ser 20. El déficit de las regiones llegó a 1.440 millones de dólares».3 La situación es tan crítica que casi todos los departamentos tienen pignorados sus ingresos de los próximos diez o doce años, y esas deudas de los departamentos y ciudades obligarán a la mayoría de ellos a pagar entre uno y dos pesos por cada peso que tengan de ingresos. La propia estabilidad del sistema bancario está comprometida: «Si los entes territoriales declaran la moratoria de sus deudas, el sector financiero colapsa». 4

La reforma constitucional en ciernes crea el blindaje al drástico proceso de descentralización que descuaderna el país. Determina que la Nación no podrá reasumir competencias que hayan sido asignadas por la ley a los entes territoriales, ni tampoco podrá contribuir directa o indirectamente a su financiamiento. Pase lo que pase, cada departamento, municipio o plantel educativo se las tendrá que arreglar para resolver las estrecheces financieras que la reforma va a crear. Es la vía para que la educación y la salud dejen de ser un derecho para transformarse en bienes transables en el mercado, que sólo podrán ser adquiridos por quienes los paguen.

Para que el Acto Legislativo se convierta en reforma constitucional necesita una segunda vuelta a partir del 16 de marzo, fecha en la cual se reinician las labores del Congreso. Es por esto que la tarea del día para todos los sectores democráticos es la consolidación de un gran Frente Común para hundir este proyecto y arrancarle al gobierno la financiación adecuada para la educación y la salud públicas.

El proyecto de Acto Legislativo 012, sumado a las reformas pensional y laboral y a las demás situaciones explosivas de crisis social originadas por la apertura económica, hacen apremiante lograr una mayor unidad del pueblo en la defensa de sus intereses. El MOIR dedicará sin reservas todos sus esfuerzos a este patriótico propósito, tanto desde Fecode como desde todas las organizaciones de masas en las que ejerce su influencia. Con las demás fuerzas políticas, sindicales y populares, con las Centrales Obreras y el Comando Nacional Unitario y con todos los dirigentes democráticos y progresistas, engrosaremos el Frente Común contra la política neoliberal e impulsaremos una recia lucha de masas que desemboque en un gran paro nacional indefinido de los educadores colombianosw

NOTAS

1 Fescol-Federación Nacional de Concejales. El recorte a las transferencias a las entidades territoriales.
2 Proyecto de Acto Legislativo, art. 356.
3 El Tiempo. 18 de febrero, p. 1-4.
4 El Tiempo. Ibídem, página 1-5.

NACE FUNTRAENERGÉTICA

Durante los días 15, 16 y 17 de febrero sesionó en Bogotá el congreso que cristalizó la fusión de Funtrammetal y Fedepetrol y creó Funtraenergetica. Al evento unitario asistieron 63 delegados oficiales, 60 fraternales y tres internacionales, de Francia, México y Cuba.

La nueva federación contará con once mil afiliados de los sectores del carbón, minería, gas, petróleo, petroquímica, siderúrgica y metalurgia, pertenecientes a Ecopetrol, Ommimex, Oxi, Gasoriente, Esso, Texaco, Drummond, Carbones del Caribe, Carboandes, Prodeco, Colmotores, Promigas, Gases del Caribe, Colgas, Proenvases, Tapas La Libertad, Distral, Klein, Ferticol, El Cerrejón, Centelsa, Rohm and Haas, Cryogas y Minercol.

El congreso aprobó los estatutos y la plataforma de lucha, sobre la base de los principios del proletariado; reafirmó su afiliación a la CUT, mantuvo independencia en el plano internacional y trazó un plan de actividades que permitirá avanzar en la organización de este sector estratégico de la clase obrera. Se acordaron además una serie de tareas contra el saqueo imperialista de los recursos naturales,y las reformas regresivas impuestas por el FMI y el gobierno de Pastrana.

La junta nacional estará integrada por los presidentes de cada uno de los sindicatos y subdirectivas existentes. El comité ejecutivo constará de veinte miembros, y quedó presidido por José Joaquín Romero. En la dirigencia de la nueva federación fueron elegidos los camaradas Iván Cáceres, como secretario general, y Gustavo Triana, como secretario de asuntos intersindicales.

DEFENDAMOS AL ICBF

En septiembre pasado, el sindicato del ICBF, que cuenta con 28 seccionales, efectuó la XV asamblea nacional de delegatarios.Como principal acuerdo, la asamblea reiteró el compromiso de oponerse a la descentralización del instituto, porque al Estado le compete ejecutar, con su propio presupuesto, las políticas para la infancia y la familia. De imponerse la descentralización, los programas del ICBF quedarán en la ruina y se desmontarán por completo los servicios, ya de por sí precarios. Lo que trata de imponer el gobierno es, en últimas, el abandono estatal de la asistencia al menor.

La asamblea rechazó también la reforma al decreto 2737 de 1989, actual Código del Menor. Reiteró que los términos propuestos por la ONU no responden al interés nacional sino a las exigencias de Estados Unidos, cuyo gobierno se ha propuesto modificar la justicia colombiana para hacerla más punitiva y represiva.

Los delegados condenaron también el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que acaba con la justicia especializada en menores. Será una barbarie más que el gobierno pretenda criminalizarlos, mediante un código punitivo. Los trabajadores exigieron garantías para la infancia y la juventud. La asamblea repudió la privatización de las plantas de bienestarina de Cartago y Sabanagrande, e igualmente el cierre de la planta de Paipa. Se opuso al suministro de fríjol soya que adelanta el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, por no ser conveniente para el consumo humano.

La asamblea ratificó en la presidencia del sindicato a María Victoria Forero y, en la junta directiva, entre otros, a Jairo Hoyos, a Susana Cifuentes, a Luis Eduardo Cantor y a Francisco Ayala. Asimismo aprobó el pliego de peticiones de 42 puntos, votó por unanimidad la desafiliación de la CGTD y la solicitud de afiliación a la CUT, que se concretó el 7 de octubre.

El 14 de diciembre el sindicato, por primera vez, abocó una negociación en regla, superando el estilo de las solicitudes respetuosas, y acordó con el ICBF una serie de aspectos relacionados con la política institucional y con reivindicaciones materiales para los trabajadores.

REALIZADA 45 ASAMBLEA NACIONAL DE SITTELECOM

Del 12 al 15 de diciembre se celebró en Cartagena la 45ª Asamblea Nacional de Sittelecom. El evento coincidió con los diez años de la apertura económica, cuyas funestas consecuencias advertimos en su momento a la nación entera.

Telecom, sometida a una desventajosa competencia por la privatización del sector, no ha sido totalmente quebrada debido a la resistencia de sus trabajadores, en particular por la derrota que hasta ahora le hemos podido infligir al designio de entregarles la red, con todas sus ventajas, a los competidores.

En el 2000 el sindicato firmó una convención colectiva que derrotó la política del gobierno y del FMI de seguir recortando nuestros derechos y, sobre todo, la pretensión de no incrementar los salarios por encima de la inflación. La convención consolidó el régimen prestacional y de seguridad social que históricamente han conquistado los trabajadores de Telecom.

Esta Asamblea ratificó la decisión de participar, conjuntamente con las demás organizaciones sindicales, populares y sociales, en el paro del 22 de marzo y en todas las batallas contra la política de Pastrana y las imposiciones del FMI.

La Asamblea acogió unánimemente la decisión de enfrentar las violaciones a la convención colectiva, en puntos tan vitales como la lucha contra la nómina paralela y contra el desmonte de la atención personalizada del tráfico manual y semiautomático; se opuso a que se renegocien unilateralmente los joint venture sin que sean aprobados en el Comité Obrero-patronal respectivo, y condenó la flagrante violación de la estabilidad de muchos trabajadores con investigaciones disciplinarias que desconocen los más elementales derechos a la defensa.

Sobre la base de las anteriores decisiones, nuestro Partido ha hecho alianza con el sector sindical que preside el compañero Rafael Baldovino, a quien brindamos nuestro respaldo. Esta asamblea nombró la nueva junta directiva, en la cual fue reelegido el camarada Ramón Barrios, quien se desempeñará como secretario nacional de reclamos.

VALEROSO ACUERDO EN EL SENA

Haciendo valer por medio de la lucha los derechos de asociación y negociación, que le son conculcados por la ley, el sindicato del SENA acaba de suscribir con la entidad un acuerdo de enorme trascendencia para el futuro de la formación profesional de los obreros. Es la primera vez que Sindesena logra superar el estrecho marco de las solicitudes respetuosas y conquistar una serie de garantías, enfiladas principalmente contra la privatización.

El Servicio Nacional de Aprendizaje cuenta hoy con 8.700 empleados públicos –7.500 instructores y el resto, personal administrativo—, y tiene como objetivo la educación profesional de los trabajadores colombianos, integral, gratuita y a cargo del Estado.

El acuerdo básico, sobre políticas generales, fue suscrito el 21 de diciembre de 2000, entre el director del SENA, Carlos Ortiz, y el presidente del sindicato, Wilson Arias. Ambas partes se comprometieron, a mantener el carácter estatal de la entidad y a fortalecer su autonomía presupuestal.

CONTINÚAN SU VALEROSA RESISTENCIA TRABAJADORES DE LA SALUD EN BOGOTÁ

Por Nelly Chamorro y Adriana Cétarez

Contra la fusión de 17 instituciones de salud en Bogotá y el despido de 800 trabajadores, decisiones nefastas para los hospitales de primer nivel, el año pasado se realizaron combativas movilizaciones al Concejo y hubo tomas de varios centros asistenciales, como los de Tunjuelito y Kennedy 29, peleasque obligaron al gobierno distrital a reintegrar y reubicar a varias decenas de despedidos.

Ante la inminente amenaza de reestructuración en los hospitales de tercer y segundo nivel, en La Victoria, Kennedy y otros, en octubre y noviembre del año pasado se hicieron paros de más de 19 días, exigiendo el derecho al trabajo y exponiendo un no rotundo a la reestructuración. Los sindicatos Sinas, Sindistritales y Sintrasalud suscribieron con la administración del Hospital La Victoria un acuerdo en el cual, además de estipularse que no habría represalias, se reiteró el compromiso de pagar las deudas atrasadas por salarios y prestaciones, fortalecer el presupuesto y analizar las propuestas sindicales.

La experiencia vivida en el Hospital La Victoria nos demuestra que la articulación de fuerzas entre la comunidad y los trabajadores es una base importante para defender un derecho tan primordial como la salud en las localidades de bajos recursos. En un proceso de educación por parte de los empleados de la entidad, se ilustró a la comunidad desde mayo de 2000 sobre la ofensiva que se proponía adelantar el alcalde Peñalosa, que apuntaba a cerrar servicios tan vitales como cirugía, ortopedia y urología. A mediados del año, la comunidad respondió con dos manifestaciones multitudinarias, expresando el apoyo a la función social del hospital y respaldando los derechos de los trabajadores. Por la misma época, trabajadores y comunidad se congregaron frente a la Secretaría Distrital de Salud y consiguieron el no cierre de los servicios mencionados.

El pasado 22 de febrero, de nuevo los trabajadores de la salud y la comunidad de La Victoria y de Kennedy participaron en el paro distrital de 24 horas en rechazo a los procesos de reestructuración que viene ejecutando el siniestro alcalde Antanas Mockus. En la junta directiva del Hospital La Victoria han fracasado hasta el momento los cinco paquetes de reestructuración.

La lucha continuará en defensa de la salud pública, derecho inalienable del pueblo. Como condición indispensable para el éxito de este empeño, el movimiento sindical deberá superar las vacilaciones e inconsecuencias y unificarse en un sólido frente de combate.

Dice Efraín Marín: «LO CLAVE, LA LUCHA DECIDIDA CONTRA EL IMPERIALISMO»

A sus casi 86 años, Efraim Marín sigue tan firme en sus ideas como en la época fecunda del nacimiento del Partido, cuando cumplió un papel de primer orden respaldando a MosquerA sus casi 86 años, Efraim Marín sigue tan firme en sus ideas como en la época fecunda del nacimiento del Partido, cuando cumplió un papel de primer orden respaldando a Mosquera en dos tareas de enormes proyecciones: la de la fundación del MOIR y la del Paro Nacional Patriótico.

Desde 1945 había sido activo militante del Partido Comunista Colombiano, al que dejó en enero de 1969, para ingresar al nuestro. «Claro, Pacho sabía que yo era del Partido Comunista. Los dos fuimos haciéndonos amigos en los congresos de Fenaltracar,1 de la que yo era dirigente. Algunas veces nos sentábamos a charlar, y él se ponía a hablarme de una idea que le rondaba en la cabeza: la de formar un movimiento sindical independiente de las centrales UTC y CTC. Yo, como es lógico, tenía mis reservas, y, cuando él me insistía, no vacilaba en replicarle: ‘Vea, Pacho. Si eso que usted está impulsando es una vaina para dividir más, yo no le jalo’. Me respondía irónico: ‘A nosotros, Marín, nos han colgado el sambenito de que somos divisionistas… y es cierto. ¡Cómo no lo vamos a ser, si el movimiento obrero colombiano, salvo unas raras excepciones, no ha sido en este siglo más que un apéndice de la reacción!´ Y volvía a decirme, dando unos golpecitos en la mesa con los nudillos de los dedos: `Esa urgente batalla por independizar los sindicatos la vamos a librar a como dé lugar’.»

En la entonces pujante Fenaltracar se libraba una sorda pugna entre las fuerzas cetecistas2 y un sector de la izquierda que lideraban Rafael Torres y Efraim Marín. El fiel de la balanza terminó por volcarse hacia estos últimos en el encarnizado Congreso de Bucaramanga. «Derrotamos por fin a la derecha, y, al salir del recinto, Pacho me preguntó que adónde iba. Yo venía para mi casa, aquí en Barbosa, y él me pidió que lo invitara. Bueno: se tomó la palabra desde que nos subimos a la flota hasta que nos bajamos en el pueblo. Exactamente cuatro horas. Me habló de cada una de sus luchas, del conflicto en el MOEC3 y de por qué se vio obligado a dividirlo, el 1º de octubre de 1965. Y como estaba en boga la guerrilla, recién creados el Eln, el Epl y las Farc, me aclaró sin ambages su posición frente al foquismo, y, muy en especial, su teoría sobre la guerra popular. La charla la seguimos en un restaurante, frente a un sabroso plato de tinajo.4 Digo charla, aunque yo poco había hablado. Mosquera continuó en sus análisis, hasta que al fin, ya concluyendo la comida, me destapó las cartas: ‘Efraim, yo a usted lo necesito. Acompáñeme en esto. Véngase conmigo’. Hombre, le contesté que sí. Yo recibí la militancia directamente de Francisco Mosquera».

El de 1969 fue un año intenso para la nueva fuerza. La actividad era febril por todas partes. En Barbosa, Ibagué, Villavicencio y Cali se cumplieron sendos eventos regionales que, en septiembre del mismo año, desembocaron en el Encuentro Nacional de Medellín. Allí nació el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, pero no inicialmente como partido, sino como organismo coordinador de diversas corrientes sindicales y políticas.

«La primera piedra para la fundación del MOIR la pusimos nosotros, los trabajadores de carreteras. Fue aquí mismo en Barbosa, y con la presidencia de Mosquera, donde arrancaron los encuentros; claro que el nuestro fue más bien regional. Recuerdo todavía que en plena reunión me hizo Mosquera esta pregunta: ‘¿Qué crees tú, Efraim, que es lo que más necesitamos?’ Le respondí sin vacilar: ‘Pacho, un periódico’. Por todo comentario, sonrió muy satisfecho: ‘¡Bien, Efraim, de acuerdo!’ A las pocas semanas empezó a circular Frente de Liberación, antecesor de Tribuna Roja».

La mesa directiva del Encuentro de Medellín fue presidida por Rafael Torres, máximo dirigente de Fenaltracar. A su lado se hallaban, entre otros, Luis Carlos Ramírez, Efraim Marín, Diego Montaña Cuéllar, Fabio Cadavid y Virgilio Piedrahita, dirigentes estos dos últimos del sindicato único de Coltejer, y el primero, de Sintraemcali. «Pacho fue el alma y nervio del Encuentro. Para la clase obrera fue vital el estímulo de su acerada mente y sus ideas. Y fue él también quien puso los cimientos para la consolidación de nuestro Partido».

El movimiento creado en Medellín adolecía aún de algunas fallas, inherentes a su primera infancia: la del abstencionismo no era la menos grave. «Durante una sesión del comando nacional del MOIR, me atreví a plantear, ante Montaña y muchos otros compañeros, que esa actitud abstencionista nos aislaba de las masas. ¡Quién dijo miedo! Casi todos hicieron fila para oponerse a mi propuesta».

Meses después –al cambiar el carácter del MOIR, ya definido en su programa como «un partido de la clase obrera»—, Mosquera, reivindicando a Lenin, rectificó la posición y, en enero de 1972, trazó la directriz de ir a la lucha electoral.

Paro Nacional Patriótico

La segunda crucial tarea en la que el veterano dirigente respaldó a Francisco Mosquera fue la del Paro Nacional Patriótico. La combativa acción había sido aprobada en enero de 1970 por un masivo encuentro de trabajadores estatales realizado en Bogotá. Apuntaba al principio a echar atrás la nefasta Reforma Administrativa que sancionara por decreto el presidente Lleras. Pero al irse poniendo al rojo vivo la ya pugnaz campaña en la que se enfrentaban el candidato oficialista, Misael Pastrana Borrero, y el de la oposición, Rojas Pinilla, Mosquera vio que había que imprimirle a la consigna un carácter más decididamente político. Se hacía ya evidente que el Frente Nacional se estaba deslizando a toda marcha hacia una grave encrucijada. Con perspicaz clarividencia, Mosquera previó el fraude y anticipó que Lleras, bajo cuerda, se hallaba cocinando el golpe de Estado. El 3 de abril de 1970, y ante el complot siniestro que ya se urdía contra Rojas, Mosquera señaló sin ambages, en Frente de Liberación, la valiente conducta que debía asumir la clase obrera: «No hay duda de que el gobierno tiene, por la quiebra rotunda de su política, dificultades serias para imponer a Pastrana, y no se requiere ser adivino para predecir que recurrirá al fraude, a la represión y otros medios para defender su cabeza. La nación entera rechazará el chantaje, la maniobra y la violencia oficiales, y el proletariado colombiano, gravemente amenazado, se debe preparar para enfrentar con éxito las pruebas más duras de su historia».

Y concluía: «Las condiciones son favorables para la lucha del pueblo».

Hasta último momento, con acucia apremiante, el jefe del MOIR insistió en entablar contactos con la Anapo. Y por mandato suyo, un puñado de sindicatos, sobre todo en Antioquia, se fueron a la huelga el viernes 24, buscando jalonar la resistencia de las masas. Hubo cientos de detenidos entre las huestes moiristas y entre los dirigentes de Anapo.

«Aquí en Barbosa, en los días siguientes al fraude electoral, estuvimos haciendo reuniones conspirativas y repartiendo propaganda. Pero el miércoles 22 me capturó el ejército y me llevó a Chiquinquirá. Semana y media estuve preso, sindicado por un juez militar de estar comprándole armas a la guerrilla comunista. De milagro no me mataron…

«Si Rojas esa vez no capitula frente a Lleras, se incendia este país. El pueblo estaba en pie, dispuesto a lo que fuera».

Trayectoria de lucha

Hijo de Trinidad Marín y Margarita Mosquera, cultivadores de caña panelera y ambos muy liberales, el dirigente obrero vio la primera luz en Puente Nacional, Santander, en el año 1915. «Mi padre era bastante apasionado y a cada rato se hacía meter al calabozo. Es el recuerdo más intenso que guardo de la infancia: la tremenda zozobra en que vivíamos». Ya en la mediana edad, contrajo nupcias con Marina Velásquez, sangileña, con quien tuvo ocho hijos. Hoy cuenta el matrimonio con diez nietos y tres biznietos.

«Ingresé al mundo del trabajo como ayudante de maquinista en el Ferrocarril del Norte, que llegaba hasta el río Suárez. Después, en Bogotá, me vinculé a Camacho Roldán, la fábrica de muebles. De allí pasé a Puerto Berrío, donde entré como carpintero en Edificios Nacionales, dependencia oficial hoy desaparecida. Pero tuve que retirarme a raíz del Nueve de Abril».

El PC de Gilberto Vieira, al que Marín pertenecía, se había declarado archienemigo de Gaitán, prefiriendo adherir a la candidatura oficialista, que encarnaba Gabriel Turbay. Pero no todos en la base se mostraban conformes.

«Yo, siendo comunista, fui abrileño. La dirección estaba en contra de Gaitán, pero, así y todo, yo era muy gaitanista. Gaitán me entusiasmaba. Me tocaba en la célula salir a defenderlo: esto de habernos ido contra él, les machacaba a los demás, era una crasa equivocación.

«Ese 9, como a la una de la tarde, estando en el taller, un conductor entró gritando como loco: ‘¡Mataron a Gaitán!’ Se hizo un corrillo alrededor: ‘Cómo, cómo, qué pasa’, preguntaba la gente, en medio del revuelo y la confusión. Y el hombre dijo: ‘Pues que estamos en guerra. Así como lo oyen. Estamos en guerra’. Había reunidos unos cincuenta obreros, y, en cosa de segundos, resolvimos armarnos con nuestras propias herramientas, sobre todo formones y machetes, y nos lanzamos a la calle. El parque principal hervía ya de gente que empuñaba revólveres, machetes y escopetas. Por todas partes retumbaban consignas que clamaban venganza, con abajos y mueras al presidente Ospina. Todos los rostros se veían desencajados y había muchos hombres que lloraban.

«Hasta la policía, de coroneles para abajo, había entrado en la revuelta. Los más enfurecidos proclamaban a gritos que se harían matar si el presidente Ospina no renunciaba de inmediato. El clima era de insurrección.

«¿Qué táctica seguir? En los cafés y en la alcaldía se escuchaban noticias día y noche. Pero nadie trazaba orientación, y, el 10 de abril, cayó sobre la radio la censura más drástica. Desde entonces todo fue un mar de confusiones. Un día, dos días, tres días, cuatro días, y el pueblo ahí apiñado, totalmente a la defensiva. No tardó en conocerse por la radio que había acuerdo entre el Partido Liberal y Ospina Pérez. Imagínense el desconcierto. Al cuarto día nos llegaron rumores alarmantes: alguien vino a informar que por el río Magdalena subía un cañonero y que, por vía férrea, venían en camino dos nutridos destacamentos.

«Otra vez nos hicimos la pregunta: ¿qué táctica seguir? Enfrentémonos al ejército, proponían algunos: ¡pero con quién y con qué armas! Ya la moral no era la misma. La multitud, partida en grupos, se mostraba indecisa. Y preciso: cuando al fin irrumpió la tropa, en formación cerrada de combate y haciendo al aire unas descargas, lo que se vio fue que la gente no tuvo más remedio que volverse a sus casas. Hubo ese día más de mil detenidos, a quienes se condujo a Medellín.

«A mí la tropa me buscaba, pues esa primer tarde, en medio del tumulto, le había arrebatado el revólver a un celador. Logré escapar, junto con otro camarada, porque salí de noche, río abajo, hacia una tierra que él tenía. Allí nos escondimos varios meses, esperando noticias. De tanto pernoctar a la intemperie, me entraron unas fiebres que casi me liquidan. Parecía una lagartija, de lo puro acabado.

«A los meses llegó otro camarada a proponerme que nos fuéramos al nordeste de Antioquia, a las montañas de Segovia, y que ahí sí nos embarcábamos, ¿sí me entienden? No me sonó de a mucho la propuesta. Le dije entonces: ‘No. Crucemos el río. Vámonos más bien para Santander’. Nos vinimos para Barbosa y aquí nos refugiamos, siempre a la expectativa».

En carreteras nacionales

El Distrito 5 de Carreteras Nacionales comprendía toda la zona sur de Santander. Por ese entonces –hacia 1959—, era el Estado el que asumía en buena parte la construcción y mantenimiento de las vías, por lo que el Ministerio de Obras Públicas contaba con un crecido número de obreros. Y una de las federaciones sindicales de mayor peso en el país era precisamente Fenaltracar.

«Como al año de estar en carreteras fui elegido a la junta sindical. Pero tuve que ser muy cauteloso, porque Fenaltracar estaba en manos de una siniestra camarilla, más anticomunista aún que los mismos agentes del gobierno».

Los dirigentes amarillos, de México a Argentina, recibían a manos llenas los denarios de la Alianza para el Progreso. Puntal del gran soborno fue el Instituto Americano de la ORIT,5 el cual estaba a cargo del agregado laboral en cada una de las embajadas. La UTC y la CTC, conservadora la primera, liberal la segunda, se alimentaban de sus dólares.

«Fenaltracar era una cueva de bandidos. Jamás hicieron una huelga, y ni siquiera la más simple protesta. Alguna vez, estando yo presente en la negociación de un pliego, le exhorté al secretario que le enviáramos cartas al movimiento obrero para que nos brindara su respaldo. El hombre rehusó: ‘No, Marín, no se puede, el ministro se pone bravo’. Hacía referencia a Misael Pastrana Borrero, ministro de Obras Públicas. Esto les da una idea de lo que era esa chusma con la que nos tocaba lidiar. Era Fenaltracar la que oficiosamente se encargaba de elaborar las listas negras con los nombres y direcciones de los obreros comunistas.

«Lleras, alguna vez, les dio audiencia a los camarilleros en el viejo palacio de San Carlos. Acababa la Iglesia de expulsar a los curas rebeldes de Golconda, unos muchachos izquierdistas, y estaba el tema en los periódicos, todo un escándalo. Y eran tan regalados estos tipos, que al presidente de la Federación, buscando congraciarse, lo primero que se le vino a la cabeza fue ponerse a rajar de los curitas. No los bajaba de agentes subversivos. Pero el ‘Chiquito’, apenas oyó eso, le cortó la palabra, como asqueado él mismo de tanto servilismo: ‘Mire, señor, un momentico. Algunas de las cosas que dicen en las plazas los sacerdotes de Golconda, a mí me gustan’. Tenían que haber visto la cara que puso ese bandido. No volvió a abrir la boca en la reunión.

«Con el propio Mercado tuve continuos tropezones, uno muy fuerte, que recuerde. Habían despedido a un directivo comunista sin respetarle el fuero, y yo me fui a donde Mercado a exigirle mediar con el gobierno. El hombre se negó. Fue tan duro el encontronazo, que llegué a amenazarlo con que le retiraba el sindicato. Él me tiró la puerta en las narices: ‘Yo no voy a hacer nada, señor Marín. ¡Póngala como quiera!’ Regresé a Santander, cité asamblea general y saqué de la CTC al Distrito 5.

«Ya en el Congreso de Cartagena teníamos la fuerza para cambiar la dirección, pero la policía nos alojó en la cárcel y nos aguó la fiesta. Por fin, en el Congreso de Bucaramanga, logramos desbancarlos. De presidente quedó Rafael Torres. Yo fui nombrado vicepresidente. Aprobamos por absoluta mayoría romper con el gobierno y con la CTC.

«Rafael,6 liberal, nunca dio el paso que lo llevara a militar con el Partido, pero tuvo un gran mérito: el de abrirle las puertas a Mosquera. Él, a Pacho, sin mezquindades ni reservas, le dio la vía libre para que le metiera política al asunto. Pacho, claro, también puso su parte. Sin salir todavía Rafael de Bucaramanga, ya lo había metido en la tarea de fundar el MOIR. No sólo eso; lo situó de primero, a la cabeza».

El marxismo resurgirá

Marín Mosquera sigue siendo a sus años un hombre lúcido y activo. Se mantiene al corriente de las publicaciones partidarias, que lee muy despacio, en el antejardín de su casa. Con ánimo entusiasta, propio más de un neófito, asistió como delegado, en marzo de 2000, al Primer Congreso de Unidad Panelera celebrado en Moniquirá. Cumple con disciplina los Estatutos del Partido, y, aprovechando la visita de dirigentes nacionales, como Gustavo Triana, eleva en público una especie de queja: que el responsable del MOIR en Barbosa le convoque la célula con mayor regularidad, «para poder él plantear sus cosas».

Se formula a sí mismo la pregunta que hoy inquieta al país: ¿intervendrán directamente las tropas del Southcom? «A mí no se me haría nada raro. Andrés Pastrana es el más vendepatria de los últimos presidentes colombianos».

Hace luego alusión a la polémica de Mao con el revisionismo, ya definida por la historia. Desde 1956, Mao venía repicando que el viraje capitalista en la patria de Lenin y de Stalin tendría efectos devastadores. «Lo que queda ya claro es que ganó China. Pero retrocedimos todos, porque la camarilla de la URSS le hizo un tremendo daño a la Revolución Mundial.

«Con mis antiguos camaradas del PC me tocó debatir muy fuerte cuando estábamos en alianza con ellos en la UNO. Como si no existiera un Pinochet ni nada hubiera sucedido, seguían defendiendo ciegamente la vía pacífica de Allende. Yo les decía: los comunistas, allá en Chile, vieron encima al enemigo y no se prepararon. La historia, finalmente, dictó su fallo también en este punto. Lo que deja al desnudo la catástrofe de Unidad Popular es que esa gente hacía rato había renegado del marxismo.

«¿Para dónde va China? Mi opinión es que en todas partes la reacción está envalentonada… Pero el marxismo, estoy seguro, resurgirá de las cenizas».

La voz, aunque gastada, expresa convicción: «Bajaría feliz a la tumba si consiguiera ver el triunfo de los trabajadores y del pueblo. Tal como se presentan las cosas, puede que no esté próximo, pero tampoco muy lejano.

«Lo clave ahora es el combate decidido contra el imperialismo, el enemigo principal. En esto hay que aprender de Mosquera, y seguir empeñados en la lucha. Lo estamos, y me siento muy satisfecho con la labor del Partido»w

Notas

1 Federación Nacional de Trabajadores de Carreteras Nacionales, hoy extinta, que reunía a 25 mil afiliados.

2 Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, de orientación pro gringa, encabezada a la sazón por Raquel Mercado.

3 Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, fundado por Antonio Larrota el 7 de enero de 1959.

4 Guagua, borugo, guartinaja.

5 Organización Regional Interamericana de Trabajadores.

6 Rafael Torres, el primer presidente del MOIR, falleció en Villavicencio hace unos años.

24 de abril: MARCHA AGROPECUARIA Y CAFETERA A BOGOTA

El 27 de enero se reunió en Ibagué la junta directiva de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. A la reunión asistieron, entre otros, dirigentes de Unidad Cafetera, Asociación Agropecuaria del Huila, Federriegos, Unidad Panelera Nacional, Asociación por la Salvación Arrocera, Fedepapa, Asopanela, distritos de riego de Saldaña, Río Recio y Zulia, Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta y la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, quienes llegaron de los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Valle, Caldas, Risaralda y Quindío.

Ante la gravísima hambruna que se padece en las zonas rurales del país, la principal decisión de la reunión fue la de realizar, el 24 de abril de 2001, la Marcha Nacional Agropecuaria a Bogotá, movilización preparatoria de un paro nacional que se haría a mediados del año. Esta protesta tiene como objetivo principal lograr que el gobierno de Andrés Pastrana declare la Emergencia Económica, con el exclusivo propósito de atender el programa de Salvación Agropecuaria, el cual consigna el cese de las importaciones agropecuarias que le hacen daño al agro nacional; precios de sustentación para todos los productos agrícolas; condonación de las deudas del sector; definición de líneas de créditos suficientes y baratos; control de los costos de producción; respaldo oficial a la creación y mantenimiento de distritos de riego; asistencia técnica, investigación y redes de comercialización. Así mismo, la exigencia del cierre de los ilegales derretideros de azúcar y el definitivo rechazo a la licencia ambiental del ingenio panelero industrial de Padilla, Cauca. Especial mención se hizo a la exigencia de que el Estado, de sus recursos, respalde al Fondo Nacional del Café, para que éste les garantice precios remunerativos a los caficultores.

La reunión rechazó, por inoperantes y de claro sentido demagógico, las políticas del Ministerio de Agricultura de los «créditos asociativos» y las «cadenas productivas» y la ineficiencia del Banco Agrario, que atiende con crédito a comerciantes, industriales y entes oficiales mientras olvida a los agricultores y campesinos. Finalmente, la Junta Nacional decidió expresar su voz de solidaridad con el paro que realizarán las centrales obreras el 22 de marzo, en contra del conjunto de la política neoliberal y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional.