Categoría: Tribuna Roja N° 69, Bogotá; febrero 6 de 1997

(El respaldo al paro que diferentes sectores políticos han anunciado, lo saludamos en la medida en que se refiera a los objetivos planteados por los trabajadores)

Ante las referencias de distintos sectores de la sociedad colombiana hacia el paro nacional estatal que se realizará a partir del 11 de febrero, el comando nacional del paro, integrado por las centrales obreras y las federaciones y sindicatos del sector estatal, reitera:

a) Los objetivos del paro nacional estatal son los siguientes:

• Lograr del gobierno nacional una revisión de su política salarial, mediante la negociación de fórmulas que permitan superar el 13.5% ponderado, teniendo como referente la inflación causada en 1996.

• Concertar con el gobierno un proyecto que modifique la ley 4 de 1992 y garantice el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

• Detener los procesos de privatización de los activos del Estado, que afectan los ingresos de la nación, de los departamentos y de los municipios y que lesionan los intereses de los trabajadores y de la población en general, y lograr que se respeten la estabilidad y el derecho al trabajo.

• Poner freno a la ola de violencia desatada contra la población, en especial contra los trabajadores y sus organizaciones, y que se manifiesta en detenciones, amenazas, desplazamientos forzosos, atentados y asesinatos, y exigir al gobierno nacional garantías para el ejercicio de la actividad sindical y del derecho constitucional a la protesta.

b) El paro nacional estatal es una herramienta de lucha democrática y política, utilizada por los trabajadores estatales para la defensa de sus derechos e intereses, vulnerados por la aplicación de la política económica y laboral del gobierno. En ese sentido, rechazar categóricamente cualquier insinuación que pretenda ligar esta justa batalla con acciones de grupos alzados en armas.

c) El respaldo al paro nacional estatal que diferentes sectores políticos han anunciado, lo saludamos en la medida en que ese respaldo de refiera a los claros objetivos planteados por los trabajadores y no a nuevos y supuestos propósitos que no se ha trazado el comando nacional.

d) El comando nacional del paro, una vez más, expresa su contundente rechazo a la colonial e indigna injerencia norteamericana en el país y a la actitud sumisa frente a ella del gobierno de Ernesto Samper.

e) El movimiento sindical colombiano respalda el acuerdo logrado por Asonal, que rompió la política salarial y prestacional del gobierno nacional con la realización del paro nacional indefinido de los trabajadores de la rama judicial.

f) Dada la actitud soberbia y prepotente del gobierno nacional frente a las reclamaciones de los trabajadores estatales, reitera la convocatoria a la parálisis general de actividades del sector a partir del 11 de febrero, a las 6:00 a. m. y convoca a la opinión pública a rodear de solidaridad este conflicto.

Resolución

La reunión de las Centrales Obreras CUT, CGTD, CTC y la Confederación de Pensionados, celebrada conjuntamente con los presidentes de las más importantes organizaciones del sector estatal -Fecode, USO, Sittelecom, Sindess, Fenaltrase, Futec, Sintraiss, Sintrateléfonos, Utradec, Aspuc, la Federación de Profesores Universitarios, UNEC, ATT, Sindesena, Sintrenal-, celebrada en la fecha en las instalaciones del INES, teniendo en cuenta que:

1. El gobierno nacional ha declarado la emergencia económica, argumentando para ello el inmenso déficit fiscal que vive el Estado pero en realidad con la pretensión de implementar las exigencias hechas recientemente por el Banco Mundial.

2. En desarrollo de la política neoliberal, el gobierno ha impuesto en forma unilateral un reajuste salarial para los servidores públicos del 13.5%, distante esta cifra de la inflación causada a 31 de diciembre de 1996, colocando a este importante sector de los trabajadores colombianos frente a una nueva pérdida real en su poder adquisitivo.

3. El gobierno ha sancionado la Ley 344 de diciembre de 1996, más conocida como ley de ajuste fiscal, mediante la cual se autoriza la liquidación o fusión de importantes entidades estatales como el Incora, el Instituto de Hidrología y Riego, Inpa, Carbocol, Mineralco, Ingeominas, Instituto Geográfico •Agustín Codazzi, Fonprenor, Inpec, Prosocial y el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros, continuando de esta manera con la reducción de la planta de trabajadores oficiales.

4. La ley antes señalada busca de otro lado intensificar la política de privatizaciones impulsada por los dos últimos gobiernos, entregando así a las multinacionales los activos más productivos del Estado, tal como ha ocurrido con el Banco Popular, el Banco de Colombia, el Banco Cafetero, las hidroeléctricas y termoeléctricas de Chivor y Termotasajero, el ICA, el sector de la salud y los servicios públicos domiciliarios, valiéndose para esto último de la descentralización y la Ley 142 de 1993. A esto se suma la mantenida pretensión de privatizar el sector de las telecomunicaciones (Telecom, Empresa de Teléfonos de Bogotá y Telecartagena, entre otros) y el sector de los hidrocarburos (Ecopetrol).

En Bogotá las políticas privatizadoras y de reducción del Estado han sido implementadas de manera atrabiliaria por Antanas Mockus, convirtiéndose de esta manera en un agente del neoliberalismo y la banca mundial.

5. Con el objeto de facilitar la implementación de lo anterior, de tiempo atrás se vienen aprobando y ejecutando medidas encaminadas a penalizar las justas acciones sindicales y populares en defensa de sus derechos, tal como está ocurriendo hoy con los dirigentes petroleros y del magisterio.

Resuelve:

1. Impulsar, preparar y realizar un gran paro nacional estatal, cuya duración dependerá de la voluntad de concertación que muestre el gobierno nacional.

La fecha de este paro será definida en la reunión que las organizaciones sindicales de trabajadores del Estado celebrarán el próximo lunes 20 de enero a las 5:00 en las instalaciones de Fecode.

2. Definir como objetivos del paro estatal los siguientes:

a) Lograr con el gobierno nacional una renegociación de la política salarial, en la vía de romper el tope de 13.5%, teniendo como marco la inflación causada a 31 de diciembre de 1996.

b) Lograr concertar un proyecto de ley que modifique la Ley 4 de 1992 y garantice el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

c) Detener el proceso de privatización de los activos del Estado, por cuanto con ello se afectan los ingresos de la nación y se lesionan los intereses de los trabajadores y la población en general.

d) Poner freno a la ola de violencia desatada en el país contra los trabajadores y sus organizaciones, lo cual se manifiesta en detenciones, amenazas, desplazamientos forzados, atentados y asesinatos y exigir al gobierno nacional las garantías suficientes para el ejercicio del derecho constitucional de la protesta.

5. Declarar a 1997 como el año de la lucha social del pueblo colombiano. Por esto el Paro Nacional Estatal se proyecta como parte del proceso de acumulación de fuerzas que debe vivir el movimiento social en el camino de enfrentar la política gubernamental con acciones de mayor contundencia.

A la envalentonada ordinariez, tan natural en los voceros del imperialismo, el embajador Frechette le sumó en los inicios de 1997 su más amplio y vulgar cinismo para espetarle a la nación que las condiciones dictadas al gobierno de Samper durante los últimos treinta meses conservaban plena vigencia. Se deben considerar entonces como puntos vertebrales de la agenda confeccionada por el gobierno de los Estados Unidos para su intervencionismo en Colombia, empezando por una de sus preferidas y de pronta aplicación anual, la descertificación.

Como es de común conocimiento, entre los numerosos temas que Washington ha consignado con el carácter de exigencias figuran: permitirla extradición, aprobar leyes para el aumento de las penas a los narcotraficantes y la extinción del dominio de sus bienes, consentir la interceptación y captura de naves y tripulaciones por parte de la Marina de los Estados Unidos en aguas territoriales colombianas, no debilitar ni afectar en sus acechos y cacerías a los Savonarolas de la Fiscalía, ni a los Pantaleones de la Policía, proteger la inversión privada y la propiedad intelectual norteamericanas, y hasta instaurar una política de protección de los derechos humanos y el medio ambiente. A estos asuntos, revelados a mediados de 1996 por la revista Semana gracias a las cultivadas relaciones de sus propietarios y directores con quienes mueven las cuerdas tanto en Norteamérica como en Colombia, se les ha adicionado: darle el visto bueno a la participación de expertos norteamericanos en la fumigación de cultivos, no obstaculizar con nueva legislación los derechos concedidos por el gobierno anterior a quienes monopolizan la información por televisión, y no alterar mediante la reforma política que cursa en el Congreso el articulado de la Constitución de 1991, impulsada por la Casa Blanca y la administración Gaviria como instrumento jurídico adecuado a los novísimos postulados políticos y económicos de la recolonización.

De hinojos, Samper ha hecho girar su gestión, y con ella buena parte de la vida nacional, en torno a complacer a Estados Unidos en este memorial de ucases. Todo un chantaje con base en condicionamientos cuyo número siempre va en aumento. Sensible a la coyunda, el gobierno samperista, buey cansino, obedece mansamente. Ante las conminaciones y ofensas que brotan de Washington, tales como las involucradas en las amenazas de descertificación y las contenidas en el documento del Departamento de Estado que lo condenan por violación de derechos humanos y antidemócrata, su respuesta es aprestarse a hacer mayores concesiones, cuestión que complementa con el peregrinar hacia allí de algunos ministros cargados de excusas, venias y promesas. Dándoles ejemplo de actitud pusilánime y encogida, el mismo presidente que fue despojado de la visa estadounidense, aprovechó su reciente visita a Panamá para deslizarse furtivamente hacia territorio bajo jurisdicción norteamericana en la base militar Howard. El contenido indigno e indignante de las conductas genuflexas de Samper, y las similares de sus ministros y otros dirigentes políticos, deben ser materia de denuncia y rechazo para todo colombiano cuyos valores sociales y políticos no hayan caído en degradación.

Las medidas concernientes al desarrollo de la apertura económica no están en cuestión, ni son motivo de mayor controversia con Washington, pues el gobierno samperista les ha dado debido curso a sus aspectos principales, sin que importen las querellas entre necios neoliberales sin vergüenza, como Hommes, y necios neoliberales vergonzantes, como Perry, individuos de la misma camada que el Banco Mundial contrata y utiliza indistintamente. Las multinacionales y los linces financieros internacionales están tranquilos y satisfechos. Pero frente a esa placidez de los potentados imperialistas y más allí del forcejeo doméstico, casi siempre recubierto con un estrujado ropaje de moralismo político, respecto a cuáles entre los grandes grupos económicos y financieros serán los principales ganadores con las sucesivas medidas tomadas en desarrollo de la apertura económica, lo que aparece es una situación de crisis en la economía que se ha traducido en bancarrota de la producción agraria y grave menoscabo de la producción industrial, desempleo, alta inflación y recesión económica La secuela más nefasta de todos estos fenómenos recae en los sectores populares que deben soportar mayores carencias o son arrojados a la miseria.

Es propio de la apertura el desbarajuste de las finanzas públicas y las distorsiones monetarias. Ante algunas de sus manifestaciones, originadas en el aumento del déficit fiscal y la inundación de dólares debida al incremento del crédito externo y la venta regalada de las hidroeléctricas de Chivor y Betania, el gobierno, escaso de dinero para cubrir los servicios de la deuda, el pago burocrático y los planes populistas, decidió decretar una emergencia económica. Procedió a expedir un popourrí de medidas para captar recursos; puso en práctica un anuncio de someter a los trabajadores estatales a un despojo aún más insoportable del valor real de sus salarios, ya con pérdidas graves en sus ingresos debidas a la inflación, y siguió adelante con proporcionarles pingües ganancias a los grupos de potentados criollos y extranjeros mediante la subasta de bienes que generaciones de colombianos han convertido en patrimonio público.

De allí que las centrales obreras, en resonante armonía con las protestas y movilizaciones que en diverso grado se están dando en otros países, y en la demostración de que la domestiquez es extraña a los asalariados y como tal la repulsan en los dirigentes que la han adquirido, decidieron hacer un paro de los trabajadores estatales. Con los objetivo de la movilización (la justipreciación de su fuerza de trabajo, la salvaguarda de los bienes públicos que contribuyeron a crear a lo largo del siglo que termina, el derecho a negociar colectivamente sus condiciones laborales y el rechazo a la represión de sus actividades), se enfrentan aspectos que, perteneciendo a la médula del neoliberalismo y la apertura económica, son nudos engranajes de la estrategia global de dominación norteamericana.

Al desgaire, los trabajadores pueden recordarles a quienes desde otros flancos los apoyen, que esta manifestación de rebeldía, con la que se está ingresando a un futuro de luchas, es parte integral de su combate contra, primero, el modelo económico que desde Estados Unidos se impone quebrantando la soberanía nacional a punta de intervencionismo, y, segundo, contra su fomento y aplicación en Colombia por parte de dirigentes que son sabios en astucias y picardías para desvirtuar los intereses de la nación y el pueblo, mas sumisos y medrosos ante los césares y los custodios del imperio.

Contra la estrategia de recolonización debe dirigirse la lucha, pues en esa lid se decide nuestro destino como nación, nuestra soberanía e independencia. Se decide la suerte de las mayorías, sometidas cada día más a mayor pobreza y miseria como resultado de la superexplotación de la mano de obra, el recorte y eliminación de los beneficios y garantías sociales conquistados por los trabajadores, y la asfixia de sus derechos democráticos. Si bien es cierto que no es posible la victoria en esa lid mientras los trabajadores no superen la dispersión y consoliden su unidad, no lo es menos que todo progreso real en el combate antimperialista tiene como condición necesaria trascender las meras reivindicaciones salariales y laborales. No hay alternativa: la lucha debe ser política si se quiere salir del actual estado de gran lesión económica y social causado por la dominación gringa. Derrumbar la estrategia política de Estados Unidos exige tener al mando una estrategia política que corresponda a los intereses de los trabajadores.

En este sentido, la convocatoria al paro del 11 de febrero indica que cada vez son más sonoros los claros clarines llamando a las grandes marchas de la resistencia antimperialista.

Por Jorge Enrique Robledo Castillo, coordinador general de Unidad Cafetera Nacional
Se espera que la cosecha de café corrida entre finales de enero de 1996 y e l mismo mes de 1997 apenas llegue a 10.2 millones de sacos. Cómo contrastan estas cifras con las 1991, cuando la producción alcanzó casi 18 millones de sacos. ¡Más de 7.5 millones perdidos en los últimos seis años!

¿Cuánto desempleo, empobrecimiento y quiebra reflejan estas cifras evidentemente catastróficas? ¿Qué porcentaje de la crisis económica general del país tiene origen en la disminución de la capacidad adquisitiva de los pobladores de las zonas cafeteras?

Para ilustrar el problema social que se vive, baste decir que en el pequeño municipio tolimense de Herveo están por iniciarse procesos judiciales contra 78 caficultores endeudados, y eso que allí los beneficiados por la condonación de préstamos inferiores a tres millones de pesos, conseguida por la lucha de Unidad Cafetera, fueron cerca de trescientos.

Si por el lado del café llueve a cántaros, por el resto del agro no escampa. En los últimos años han desaparecido 600 mil hectáreas de cultivos. El problema agropecuario se torna tan grave, que la descomposición viene acosando hasta la ganadería, otrora símbolo de estabilidad. A no dudarlo, uno de los problemas económicos y sociales más graves del país es el de sus zonas rurales, donde, según Fedesarrollo, los habitantes por debajo de la línea de pobreza llegaron en 1995 a siete millones, 70%.

Se sabe bien que la difícil situación que se vive tiene que ver con la implantación de la apertura, que agravó. el viejo sesgo antiagrario de la economía nacional. A un agro que nunca se caracterizó por su fortaleza, pues es falaz decir que antes de 1990 gozaba de la cabal protección oficial, se lo sometió a la baja de los aranceles a las importaciones de productos que le hacen competencia, al desmonte de los escasos precios de sustentación existentes, al aumento de las tasas de interés, a las restricciones en el crédito, al desmantelamiento de las instituciones que en algo lo protegían y a una política cambiaria que le reduce su competitividad en forma truculenta, pero efectiva. La vida demostró que el dogma neoliberal y la supervivencia del campo colombiano son a todas luces incompatibles.

Los cafeteros estuvieron entre las primeras víctimas de la plaga neoliberal que azota al mundo. La implantación del llamado «libre comercio» les entregó el control del mercado a las trasnacionales, que impusieron sus precios a voluntad. A pesar de haber aumentado las exportaciones en forma notable, Colombia perdió más de mil doscientos millones de dólares en los primeros cuatro años posteriores al rompimiento del Pacto del Café. A la par, subieron a niveles de usura las tasas de interés de los créditos, y conseguir un préstamo nuevo se convirtió en una hazaña. Se eliminó el subsidio a los abonos, seguramente el principal componente de la productividad. Y sufren por una política cambiaria diseñada para favorecer a los especuladores financieros de todos los pelambres. Para completar, también padecen por el resto de la política antiagraria que se aplica, porque una porción considerable de sus tierras se usan en otros productos.

Como la política neoliberal que se padece depende de la orientación oficial, resulta apenas obvio que hacia allí se enfilen los reclamos. Si desde el Estado, y con recursos multimillonarios salidos de sus arcas, no se toman toda suerte de medidas de protección, poco o nada podrán hacer los productores entrampados, incluidos los empresarios más tecnificados, para no hablar de los campesinos. La cínica perorata de la tecnocracia neoliberal de responsabilizar a los productores de lo que ocurre, al tiempo que gobiernan contra ellos, debe ser rechazada de plano.

La dificultad para lograr la modificación de una política que está hundiendo a agricultores y ganaderos, y con ellos a toda la nación, tiene que ver con los intereses en juego. Éste también es un caso de ganadores y perdedores. La ruina que padecen millones de colombianos significa un enriquecimiento mayor para el puñado de trasnacionales de la producción y 1 la intermediación agropecuarias. De ahí que estemos ante un pleito que termina en la propia oficina oval de la Casa Blanca y que, por tanto, tiene que ver con si nuestra nación logra ejercer las potestades derivadas de la dirección soberana de sus propios asuntos o si su papel se limita al muy triste de seleccionar cada cuatro años al Gaviria o al Samper que se encargue de ejecutar las órdenes del Banco Mundial.

Dado lo mucho que está en juego, y dadas las dificultades implícitas para la derrota de adversarios tan poderosos, resulta apenas obvio proponer una política de unidad del sector agropecuario, sin distinciones de ningún tipo. El acercamiento debe ir desde los pequeños hasta los mayores productores, desde los agricultores hasta los ganaderos, desde los campesinos hasta los empresarios y desde las agremiaciones más encopetadas hasta las más modestas. Lo que divida, sin excepción, debe ser descartado. Y para este propósito urge convocara la nación toda: a los distintos sectores políticos, la Iglesia, los comerciantes, los transportadores, los industriales, los maestros, los estudiantes, los obreros, en fin, a todos, porque sin excepción son víctimas de lo que ocurre. Y porque todos a una terminarán sufriendo las horribles secuelas del agravamiento de la situación.

La resolución de la crisis agropecuaria colombiana debe pasar, al menos, por la toma de las siguientes medidas: la fijación de precios remunerativos de sustentación, garantizados por el Estado: la existencia de créditos suficientes, oportunos y baratos: el cese de las importaciones de productos agropecuarios y la defensa y desarrollo de instituciones de protección para el sector. Tales medidas no serán otra cosa que aplicar las mismas orientaciones que rigen en los países desarrollados y que, por ejemplo, le han permitido al imperio norteamericano llevar sus exportaciones agrícolas a cincuenta mil millones de dólares al año.

Que no se olvide que el desastre africano, que tanto nos impresiona, tiene como uno de sus componentes principales la aplicación del modelo neoliberal contra el sector agropecuario.

Por la Comisión Nacional de Tribuna Roja

Después de la muerte del camarada Francisco Mosquera, ocurrida en agosto de 1994, hemos venido persistiendo en la tarea que él tuvo entre las más importantes, para sí y para el Partido, de publicar Tribuna Roja, nuestro órgano de difusión política. A pesar de las incontables dificultades, pensamos que le hemos cumplido al Partido, a la militancia y a núcleos importantes, aunque todavía minoritarios, de la clase obrera, el campesinado y, en general, de las masas populares de Colombia.

Mantener un buen nivel político, ideológico y periodístico en Tribuna Roja y haber publicado once números en estos dos años largos, es algo como para sentir satisfacción.

Sin embargo, no estamos contentos. Creemos que debemos hacer mucho más y que el Partido y la revolución necesitan que lo hagamos. Los tiempos están exigiendo mayor actividad de todos nosotros, y para cualquiera que conozca el abecé del marxismo es claro, como lo decía Lenin, que una necesidad revolucionaria de primer orden es contar con un periódico que recoja las diferentes expresiones de lucha de las masas, que apoye las protestas y los estallidos desentrañando su contenido fundamental, y las lleve a más amplios sectores multiplicando y robusteciendo las fuerzas del pueblo y orientándolas con la capacidad de dirección del Partido. Lenin señalaba que un periódico revolucionario era el primer y más importante constructor partidario.

Sabemos que «tampoco las masas aprenderán jamás a sostener la lucha política, mientras no ayudemos a formarse a los dirigentes para esta lucha, provenientes tanto de los obreros cultos como de los intelectuales; y estos dirigentes sólo pueden formarse si analizan de modo sistemático y cotidiano todos los aspectos de nuestra vida política, todas las tentativas de protesta y de lucha de las distintas clases y por diversos motivos» (V.1. Lenin, ¿Qué hacer?, Obras completas, T. V, Editorial Cartago, Pág. 553). Pero tampoco nosotros mismos, en la comisión de Tribuna Roja, podremos educarnos si no tenemos la exigencia y las posibilidades de estar en todas las luchas, estudiarlas, interpretarlas y hacerlas conocer de las amplias masas. Con la situación actual de Tribuna- Roja es muy difícil que lo logremos.

Este último punto es el que nos motiva para hacerles a los dirigentes regionales y a toda la militancia la exigencia fraternal de que las directivas sobre Tribuna Roja se cumplan en forma precisa y oportuna. Creemos que el estado del periódico no se compadece con el momento que vive el país ni con las inmensas posibilidades que tiene nuestro Partido para dar grandes saltos en el proceso revolucionario colombiano. «Yo les aconsejaría que no pierdan la marea alta», nos decía Mosquera pocos meses antes de su muerte. En estos dos años se han cumplido sus palabras: la marea se va poniendo alta. Sólo falta que no la desaprovechemos.

Para ello requerimos con urgencia mejorar todo lo concerniente al periódico: 1) Pago de los dineros, 2) la conformación de comisiones de Tribuna Roja allí donde sea posible, o al menos dedicar un compañero a las labores de la prensa, 3) ampliar el número de corresponsalías. Cada regional debe enviar notas, recortes de prensa local, comunicados políticos o sociales, fotografías y todo material que nos permita conocer lo que ocurre en las distintas zonas, 4) formar círculos de estudio del periódico en fábricas, universidades, barrios, colegios y zonas agrarias, 5) aumentar la cantidad de ejemplares que piden, y hacerlos llegar a todas las clases. A los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y gentes de los barrios debemos ir masivamente con nuestro periódico, pero también debemos entregarlo selectivamente a dirigentes gremiales, políticos, religiosos, personalidades en general. Tenemos que subir el tiraje de Tribuna Roja y su influencia.

Necesitamos intensificar las labores del Partido para, a la vez, contribuir a la agitación política revolucionaria, lo que es imposible sin un periódico que vaya a todos los rincones del país, que aparezca con frecuencia, que se difunda con regularidad y que sea el lazo indisoluble del Partido con las masas populares.

Pero el periódico sólo podrá convertirse en ese vínculo en la medida en que los cuadros se unan con las masas llevándoles número tras número, difundiendo sus problemas, conectándolas con los combatientes de otras regiones y llenándolas de entusiasmo y esperanza en la lucha. Lenin lo recalca: el periódico debe ser no sólo un propagandista y un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo.

Pero cada vez que publicamos el periódico nos quedamos cortos. Tenemos que hacer malabares para tratar de meter en tan poco espacio la información existente y las cosas que el Partido necesita transmitir. En muchas ocasiones debemos comunicarnos con distintos compañeros para presentarles nuestras disculpas por no haber publicado lo que con tanta urgencia les habíamos solicitado. O comprimir en unos cuantos renglones el esfuerzo que ameritaba toda una página. Con una frecuencia tan baja sólo eso podemos hacer. Claro que éste no es el principal problema. El problema es que no estamos aprovechando para el Partido y la revolución la situación favorable que se nos presenta.

Preocupación especial debe ser la de atender las dificultades financieras de Tribuna Roja. Lo importante es que se comprenda que no podemos seguir con las inmensas limitaciones que tenemos y que lo poco que hagamos sea sobre las espaldas de la Comisión Obrera Nacional y de unos cuantos regionales. Si todos hicieran lo que ellos han hecho, estaríamos cumpliendo en muchísima mejor forma.

Hoy «nuestro periódico necesita ser un enorme fuelle de forja que atice cada chispa de la lucha de clases y de la indignación del pueblo, convirtiéndola en un gran incendio». Creemos que el imperialismo y sus políticas, que los vendepatria y sus traiciones, que los oportunistas y sus mezquindades hace rato merecen que contra ellos empecemos a cumplir nuestras obligaciones a conciencia. Que podamos contarle a Colombia qué pasa en Facatativá cuando el pueblo todavía esté peleando y no dos meses después. Y que todo el mundo sepa por qué y para qué se lucha allí.

«El desacuerdo entre los sueños y la realidad no produce daño alguno, siempre que la persona que sueña crea con seriedad en su sueño, se fije atentamente en la vida, compare sus observaciones con sus castillos en el aire y, en general, trabaje escrupulosamente en la realización de sus fantasías. Cuando existe alguna relación entre los sueños y la vida, todo va bien». Debemos atrevernos a soñar con el periódico revolucionario que Colombia necesita.

Por Eudoro Álvarez

En la madrugada del viernes 31 de enero, los agricultores de soya del Meta bloquearon la vía Bogotá-Villavicencio, a fin de presionar al gobierno para que respondiera por compromisos acordados con los productores desde el pasado 11 de diciembre.

Los puntos reclamados fueron: compra de la cosecha por parte de la industria de grasas a un precio de 380 mil pesos por tonelada: pago de un subsidio que asuma la diferencia entre este precio -ligado al de la soya importada- y los costos nacionales de producción: además, el reconocimiento de los gastos de almacenamiento durante los dos últimos meses, ante la falta de compradores, ya que la industria se aprovisionó de soya extranjera.

La política de apertura y los acuerdos subregionales con los países andinos han ocasionado que la leguminosa boliviana prácticamente haya acabado con el cultivo en Colombia. En el caso de los Llanos, la superficie sembrada se redujo de 36 mil hectáreas en años anteriores a 12 mil en la presente cosecha.
Producido el bloqueo de la vía a Bogotá, los más amplios sectores salieron a apoyar las firmes exigencias de los agricultores. El gobernador del Meta y el alcalde de Villavicencio manifestaron que aunque no respaldaban el método empleado, encontraban razonables las peticiones y procedieron a solicitar al gobierno solución oportuna y justa. «Esta es la razón de la sinrazón», dijo el mandatario seccional al referirse a la actitud del Ministerio de Agricultura en el manejo de la situación soyera nacional.

Después de casi diez horas de bloqueo se firmó un acta en la cual se aceptaba levantar la protesta sobre la base de una serie de contratos que el gobierno firmó con la industria grasera para que ésta compre, al precio acordado en diciembre de 1996, 22 mil toneladas de soya, ya almacenada en diferentes lugares de Villavicencio. El pago deberá hacerse antes del 7 de febrero de 1997, y se estableció que el gobierno pondrá a consideración del Consejo Nacional Agroindustrial, previa consulta con los productores y el gobierno regional, el subsidio solicitado por los soyeros, incluido el del costo de almacenamiento en los dos últimos meses. Actuarán como garantes del acuerdo el gobernador, el alcalde y el consejero presidencial para la Infraestructura Nacional. También se estipuló un mecanismo vigilancia, que deberá contribuir a que los puntos se cumplan a cabalidad.

Los derechos de los agricultores no se defienden en los conciliábulos con los notables del régimen. La clave de éste y otros exitosos movimientos, como el reciente de los jueces y fiscales, radica en la organización y la protesta, herramientas por excelencia para obligar al gobierno a tomar medidas. La calle será el escenario en donde se dirima el futuro de la producción nacional.

La defensa del precio de la soya, el pago de contado y el rechazo de las importaciones hacen parte de la pelea de los agricultores colombianos contra la apertura económica y, en general, contra la política neoliberal que ha venido aplicando el gobierno de Samper.

Por Luis Eduardo Garzón

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, considera toda una afrenta contra la patria las ignominiosas declaraciones dadas por el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, al periódico El Tiempo y publicadas el día 19 de enero de 1997.

En dichas declaraciones salta a la vista la alta injerencia en los asuntos internos colombianos, de parte del gobierno de Estados Unidos.

Así, pasa cuenta de cobro sobre el incumplimiento de exigencias como la aprobación de la extradición, el aumento de penas, el lavado de dinero y el acuerdo marítimo.

De la misma manera sostiene que el nuevo embajador de Colombia en Washington debe dar explicaciones al gobierno norteamericano sobre la Ley de Televisión y sobre la Reforma Política. Descalifica el nombramiento del nuevo ministro de Defensa. Anuncia que el país va a ser nuevamente descertificado, tanto en derechos humanos como en la lucha contra el narcotráfico, y que por este motivo podrían imponerse sanciones económicas a Colombia, como eliminar ventajas a las flores. Reclama que del escándalo Mauss no pueden ser afectados los intereses de la multinacional gringa Unisys.

Y, por último, reclama garantías para los inversionistas norteamericanos que vendrán al país a comprar y extraer nuestro patrimonio nacional del sector energético (gas, carbón, petróleo, electricidad).

Toda esta creciente intervención en los asuntos internos nuestros persigue recolonizarnos y, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, aumentar el control en todos los aspectos de la vida nacional.

Infortunadamente, frente a estas declaraciones y acciones realizadas por el embajador Frechette, nuestro gobierno nacional no emite ningún pronunciamiento, colocándose en una posición sumisa y complaciente, lo cual también rechazamos.

Frente a lo anterior, la CUT nuevamente insiste en la necesidad de reclamar y realizar una política de defensa de la soberanía nacional como un elemento determinante en la dignificación y desarrollo de la nación y el pueblo colombiano.

Por todo ello, exigimos la salida del señor Myles Frechette de Colombia.

Por Alejandro Torres

Llevados de la mano por un consorcio de comisionistas extranjeros contratados para ese propósito, la cúpula del gobierno nacional y el grupúsculo de tecnócratas arribistas que regenta la capital colombiana, encabezados por Mockus, decidieron desintegrar la Empresa de Energía de Bogotá. EEB, para poder entregársela a su gusto a las multinacionales.

El viernes 24 de enero en la noche, v contra la protesta que durante el día mantuvieron los trabajadores, la asamblea general de accionistas ratificó la decisión de la junta directiva de partir la compañía en tres pedazos: una casa matriz, una subsidiaria de generación, y otra de comercialización y distribución: quedando pendiente decidir si la transmisión se mantendrá en la casa matriz o la convertirán en otro negocio independiente.

Es el primer paso de un cronograma establecido por el consorcio de intermediarios integrado por Coopers & Lybrand. N M Rothschild Ltd. y White & Case, en su informe «Reestructuración y vinculación de capital privado a la empresa de energía de Bogotá S.A. E.S.P.» Sus «recomendaciones» parten de dos premisas fundamentales, -en primer lugar, que la empresa tiene que romper su estructura de integración vertical, y, segundo, que los acreedores refinanciarán la deuda sólo si se privatiza en favor de uno o más inversionistas internacionales. En otras palabras, que la deuda de 1.650 millones de dólares debe cancelarse regalándole al capital financiero internacional los negocios rentables de la empresa, como se hizo en diciembre del año pasado con Chivor y Betania.

Vienen tras de dos apetecibles bocados: los activos de generación de la empresa que suman 2.500 megavatios y un mercado de 2 millones de usuarios, entre los cuales están los más grandes de la industria y el comercio del país, mercado que crece anualmente a una tasa promedio de 7%. Según cálculos hechos por Asieb, organización que agrupa a los ingenieros que laboran en la empresa, la construcción de plantas de generación eléctrica de la capacidad de las que tiene instaladas la EEB costaría 5 mil millones de dólares. No obstante, el grupo «consultor» valoró la totalidad de la compañía incluyendo transmisión, comercialización y distribución en menos de 3 mil millones de dólares sin contar la deuda. Ni siquiera el costo que tuvo construir la hidroeléctrica del Guavio.

El contrato firmado con la entidad consultora, escogida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD, establece una «cláusula de éxito», conforme a la cual los «asesores» podrán alzarse con una suma de entre 10 y 20 millones de dólares por tramitar la subasta de nuestra riqueza. Como si fuera poco, el informe del grupo liderado por Coopers & Lybrand se ufana de haber representado a los monopolios adquirentes. En él se sostiene: «E1 consorcio mismo cuenta con experiencia importante en cuanto al entendimiento de los requerimientos de los inversionistas estratégicos, dado que ha trabajado con varios de ellos, o la mayoría, en otras transacciones alrededor del mundo desde el lado del comprador».

Para rematar, la EEB se viene esgrimiendo el argumento de que no es viable desde el punto de vista financiero dado su nivel de endeudamiento. La verdad es que hasta 1995 los informes sobre sus finanzas, si bien reconocían el peso de la deuda externa, cuyo mayor monto se originó en la construcción del Guavio, también afirmaban que la empresa se enrumbaría relativamente pronto hacia un panorama más despejado. Con la puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica, la EEB redujo sus compras de energía de 38 mil millones de pesos en 1992 a 5 mil millones en 1993. Los informes oficiales consideraban que la relación entre ventas de energía y servicio de la deuda empezaría a mostrar una tendencia favorable a partir de 1997. Los cálculos más pesimistas daban el año 2003 como el del fin de la penuria financiera. Quedándole entonces al proyecto por lo menos cuarenta años de vida útil. En realidad las dificultades del Guavio fueron fundamentalmente por los asfixiantes costos financieros impuestos por la banca multilateral encabezada por el Banco Mundial y el BID, la paralización por varios años de las obras por orden de estas mismas entidades, y por medidas como la devaluación ordenada por el FMI, durante la monitoría impuesta a las finanzas nacionales en el cuatrienio de Belisario Betancur. En el preciso momento en que Bogotá y el país podían finalmente comenzar a resarcirse de la onerosa carga que les significó el célebre proyecto, los apátridas gobernantes hicieron causa común para feriarlo.

La venta en diciembre pasado de las hidroeléctricas de Chivor y Betania nos ilustra sobre quién se quedará con el fruto de años de trabajo de los colombianos. Estas empresas fueron compradas por el capital financiero norteamericano por intermedio de dos empresas chilenas que les sirven de calanchines. Chivor, fue adquirida por Chilgener en 643 millones de dólares, para lo cual obtuvo un préstamo del Bank of America por más de US $ 400 millones, el cual ni siquiera se giró a la empresa chilena, sino a Chivor S.A. La compañía sureña no necesitó respaldar con activos suyos semejante negocio. Entretanto, de los 300 millones de dólares que pagó Endesa por Betania, US $ 230 millones provinieron de una emisión de bonos por US $ 650 millones liderada por el Chase Manhattan Bank, en últimas el verdadero comprador de la hidroeléctrica opita. Con los precios de venta de estos activos como referencia, el consorcio consultor de la EEB y el grupo directivo de esta, han hecho saber que venderán el Guavio en unos 900 millones de dólares. Dineros que junto con los demás que se obtengan en la subasta irán directamente a pagar deuda externa.

A ese ritmo, a mediados del presente año, más de la mitad de este estratégico sector, ligado indefectiblemente a la necesidad del desarrollo económico independiente y soberano, habrá pasado a precio de ganga a manos de las multinacionales. Éstas disfrutarán de las ventajas de las leyes 142 y 143 que disponen la supresión de los subsidios, la negociación directa sin ninguna cortapisa con los grandes consumidores, y de las resoluciones a su favor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, que ha ido moldeando el marco normativo del sector al acomodo de los monopolios. Así lo demuestra, por ejemplo, la expedición en diciembre pasado de la resolución 128, que modifica una anterior, la 83, que se había dictado para impedirle a la EEB o a las Empresas municipales de Medellín y Cali la posibilidad de ser dueñas individualmente de más de 20% de los activos totales de generación del sistema interconectado. La CREG, por medio de la determinación tomada en diciembre subió a 25% ese margen para que las trasnacionales puedan convertir en una sola compañía todo el paquete de generación de la EEB.

El columnista de La República, Jairo Londoño Arango, señaló que mientras el gobierno ponía en venta los activos, lo cual es bastante atractivo para los inversionistas extranjeros, quiso hacerle creer al país que estos invertirían US $ 930 millones en proyectos nuevos dentro del plan de expansión, cuando obviamente al sector privado le resulta más rentable comprar en baratillo empresas ya hechas que correr el riesgo de construirlas.

Como lo dijo Alberto J. Sabadell, director de la oficina de energía de la AID, en un seminario sobre privatización efectuado en Cartagena en 1991: «El agente privado adquiere una unidad generadora y puede reducir los riesgos asociados a la construcción y los retrasos de la puesta en marcha». Y un ex gerente general de Endesa, en el mismo conciliábulo, aclaró que el primer paso hacia la privatización debía ser la desintegración de las empresas, pues las de gran tamaño, en las que unas áreas deben subsidiar a otras, no resultan atractivas en el mercado de capitales. Por otra parte. los grandes conglomerados han pretendido entrampar a los trabajadores en adquirir acciones de las empresas que aquéllos compran. Su real interés consiste en poder «liberar hacia el mercado de capitales las provisiones que las empresas mantenían para el pago de indemnizaciones por años de servicios». Es decir, poner a disposición de las multinacionales el dinero de las cesantías de los trabajadores, mientras confunden a los incautos con el embuste de la «democratización» de la propiedad.

Los administradores de la EEB han deslizado amenazas sobre el futuro de los empleados. Inicialmente sería despedido 20% del personal. El gerente en entrevista con La República dijo que todo nuevo cargo se proveerá con base en la eficiencia y desempeño del candidato, y que las remuneraciones dependerán de la capacidad, lo mismo que la ubicación estará determinada por los conocimientos. Estas afirmaciones anuncian de manera inequívoca el fin de la contratación colectiva y un recrudecimiento de la explotación de los obreros con los tan alabados sistemas de la productividad y la eficiencia.

Ante la amenaza descrita, la asamblea de trabajadores de la EEB, afiliados a Sintraelecol, aprobó el pasado 11 de diciembre el paro general. La declaratoria de la hora cero quedó en manos de la juta directiva del sindicato. El Moir brindará todo su apoyo a los huelguistas.

Julio Roberto Gómez

La CGTD no puede menos de expresar el más absoluto rechazo y repudio frente a las atrevidas declaraciones del señor Frechette, quien en nombre del Departamento de Estado norteamericano opina de lo divino y lo humano, avala o condena, aprueba o desaprueba, y en términos generales en forma reiterada no cesa de agredir a nuestro país. Pero si bien el personaje de marras hace y deshace, lo vergonzoso de esta situación es que la mayoría de la clase dirigente de Colombia se vuelca en explicaciones y justificaciones, el presidente anuncia la violación de la Constitución reviviendo el Tratado de Extradición, se aprueban nuevas leyes para satisfacer al señor Clinton, se adoptan medidas económicas atendiendo las órdenes de la banca multinacional, y todo nos indica que lo único importante para el presidente Samper y sus áulicos es calmar a la bestia que nos sigue amenazando con la colonialista descertificación.

Lo preocupante de todo esto es: ¿hasta cuándo y con tanta indignidad debemos soportar la insolencia de un reyezuelo como Frechette? ¿Será que en ningún momento el presidente Samper, los ministros y el Congreso le van a poner coto a esta situación?

Las viudas, los huérfanos, los desplazados por la violencia, los campesinos pobres, los ancianos y niños abandonados, los que no tienen acceso a la seguridad social, los marginados de Colombia y la inmensa masa de los trabajadores esperan soluciones y no simple retórica.

Que se vaya de aquí el señor Myles Frechette y que Clinton haga lo que le dé la gana. Nosotros dediquémonos a construir un nuevo país, independiente, solidario, digno, justo, próspero y en paz.

Los días 8, 9 y 10 de enero los trabajadores de Termocartagena se tomaron las instalaciones de la empresa. Rubén Castro Quintana, presidente de Sintraelecol, seccional de Bolívar, informó a Tribuna Roja que la protesta se debe a la venta de esta termoeléctrica v la consecuente pérdida del empleo para sus doscientos cuarenta operarios. Como consecuencia del movimiento, el gobierno tuvo que acceder a la conformación de una comisión tripartita que discutirá las demandas de los asalariados, integrada por los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Minas, Corelca y Sintraelecol.

Castro Quintana denunció que los beneficiarios de la privatización son las multinacionales y anunció que los afiliados a Sintraelecol-Bolívar participarán en el paro nacional del 11 de febrero.