BUENAVENTURA OLARTE

El 24 de noviembre de 1996, en Puerto Lleras, Meta, fuerzas oscuras segaron la vida del camarada Buenaventura Olarte, de 60 años, militante del MOIR en ese departamento y destacado organizador de ligas campesinas y cooperativas.

Oriundo de Santander, desde hacía más de treinta años el compañero Olarte se hallaba estrechamente vinculado a las actividades agrarias en Guamal y Las Palmeras, donde gozaba de un enorme ascendiente. Ingresó a nuestro Partido en la década del setenta, convencido de la justeza de nuestra línea y orientado por la consigna de defenderla producción nacional, en cuya consecuente brega jamás desfalleció.

El camarada Olarte deja once hijos. A todos ellos, como también a su querida esposa y demás familiares, les expresamos nuestra sentida condolencia. Su ejemplo de firmeza y lealtad a la causa de la revolución en Colombia nos seguirá acompañando siempre.

Del legado de Mosquera: LA APERTURA NO IMPEDIRÁ LA CRISIS IMPERIALISTA

(En Tribuna Roja No. 53, de agosto de 1993, el camarada Mosquera escribió un extraordinario análisis sobre las implicaciones de la apertura que estaba viviendo va ten acelerado proceso de implantación. La práctica ha demostrado la total validez de sus ideas.)

Desde su verdadera fecha de nacimiento, por allá hacia mediados de 1965, nuestro Partido ha venido combatiendo al imperialismo norteamericano, la causa principal de las adversidades «modernas» de Colombia. Más de un encuentro, polémica o ruptura, en la que participamos, giró en torno de principio tan fundamental. Entre aquellos que con saña reclamaron su supremacía dentro del proceso revolucionario siempre primó la tendencia a desentenderse de las cuestiones teóricas y, según las circunstancias, a imaginarse molinos de viento para justificar sus disparatadas acciones. Cierto que a raíz de la invasión de los rusos a Afganistán, en las postrimerías de 1979, nos pronunciamos a favor de un gigantesco frente contra Moscú, cuyos cabecillas ya habían dado muestras palmarias de su expansionismo. Sus afanes bélicos consistían simplemente en la repetición de la conducta de las grandes potencias que pugnan por un nuevo reparto del mundo, fenómeno peculiar de la «fase superior», monopolística, del capitalismo. y que en el ciclo han ocasionado dos guerras mundiales e infinidad de conflictos de irradiación local. De dicha estrategia de contención no excluíamos a Estados Unidos, Europa v Japón. Estaban en juego no sólo la paz mundial y la democracia, sino la reivindicación de las conquistas v los valores conculcados al socialismo, lo más importante. Sabemos cómo terminaron todas estas fatales tensiones. Con la estruendosa hecatombe de los soviéticos surgió un panorama distinto: otros azares ocuparían el puesto de los peligros desvanecidos, y habría necesariamente modificaciones de varios grados dentro del rumbo táctico, cual lo advirtiera el MOIR en el momento justo.

Washington, sin muchos méritos, retomaba su cetro hegemónico que tanta falta le hacía para recuperar las influencias escamoteadas v resarcirse de los desgastes de un período caótico demasiado prolongado. Sin riesgo alguno y aun a costa de recrudecer las dificultades de la producción interna se dio el lujo de reducir el presupuesto militar, tras declarar a bombo y platillo el fin de la denominada «guerra fría» y, por ende, de cualquier tipo de conflagraciones. Una noticia especiosa que recorrió el planeta entero. En Colombia la creyeron desde los curas hasta los dueños de las sinecuras. Muy pocos recapacitaron que durante los decenios anteriores nunca se dejó de guerrear. (…)

El sucinto resumen de las últimas agresiones norteamericanas suministra una idea de cómo se halla caldeado el ambiente universal y de cuán hipersensibles se presentan las relaciones entre las repúblicas avanzadas. A éstas, desde hace una centuria, ya no les sirven los caparazones nacionales en sus objetivos de impulsar el desarrollo. Están impelidas a aprovecharse de las insustituibles oportunidades que les brindan las vastas extensiones colonizadas, una infinita cantera de aprovisionamientos, así como de salida para sus mercancías e inversiones. La exportación de capitales configura su lema de combate. Sin forma de evitarlo, expolian, de una parte, a los pueblos que caen bajo su égida, y de la otra, enrédanse en duras rebatiñas entre sí.

El capitalismo se gestó dentro del libre comercio, hasta llegar a su edad madura, el monopolio, que, lejos de suprimir la competencia, la exacerba y la extiende por todo el globo, convirtiéndola en casos belli. Al expandirse mina la capacidad de sus oponentes, pues les quita ascendencia en diversos territorios: y sin pensarlo saca del atraso a los países pobres, acabando el aislamiento y estableciendo en los lugares más disímiles los males que le son característicos. Inclusive ocurren contingencias paradójicas. Las metrópolis terminan impulsando más la producción en las tierras distantes que dentro de sus mismas fronteras. Obviamente esto acontece mediante la subordinación o el aplastamiento de las industrias nativas por cuenta de los enormes conglomerados: mas el grueso de las utilidades va a parar a las arcas de los linces de las finanzas, los auténticos monarcas del reino actual de la usura y el agio. En esos tejemanejes los imperialismos se engullen unos a otros, o por lo menos se sustraen sus posesiones de ultramar. Echan mano de cuanto medio sea aconsejable para tales propósitos. Sobornan a los funcionarios de los gobiernos alcahuetas; facilitan cuantiosas sumas con el objeto de que les compren; venden a bajos precios sus mercaderías, es decir, utilizan el llamado dumping con el objeto de arruinar a la contraparte. En el escamoteo, el Estado opresor desempeña el papel protagónico, puesto que coordina, decide e impone cada uno de los pasos del gran negocio.

Las leyes básicas de la extorsión imperialista están comprendidas en lo señalado, así las modalidades varíen de un país a otro. o según se trate de una etapa u otra. El conocer aquellos fundamentos nos permite gozar de una clara visión a la más amplia escala, e intuir el comportamiento, las demandas o los intereses de las diversas clases y fuerzas políticas. Hoy está de uso la apertura con todo v cuanto ella implica. Lo cual no significa, por supuesto, que en los decenios anteriores no hubiéramos soportado las avalanchas intermitentes de los artículos foráneos que infligieron serios golpes a las faenas productivas de la ciudad y el campo: o que no hubiésemos sufrido la especulación de los prestamistas e inversionistas de afuera. (…)

Hacia el principio de los años ochentas se hicieron evidentes los estancamientos de los emporios industriales, los desbarajustes del régimen de préstamos y las señales de un malestar preñado de contradicciones. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional plantearon resueltamente el modelo aperturista, cuyos promotores serían los cientos de miles de intelectuales recién egresados de los centros educativos yanquis o proyanquis. A los productores colombianos les aseguraron que el proceso se llevaría a cabo de manera gradual y que dispondrían de bastante financiamiento para que adelantaran la reconversión de sus plantas. El meollo de la tesis estribaba en que una contracción de la demanda interna v una competencia en regla contribuirían a fortalecer las operaciones fabriles, a subir las exportaciones y a modernizar la economía. Sin embargo, desde la administración de Betancur los máximos organismos crediticios, que impusiesen la nefasta monitoría sobre ministerios y entidades oficiales, recabaron el recorte de cuanto impulso, subvención o amparo coadyuvara en las labores nacionales. Algo semejante pasó bajo Barco, quien puso en marcha el desmonte de estas escasísimas prerrogativas, despejándole el camino a Gaviria, el predestinado a ceder o alienar a la nación. Durante 1985 los sectores pudientes sentaron su protesta ante los atentados que se veían venir. (…)

Después, un buen número de fabricantes sucumbiría frente a los halagos del Ejecutivo, el cual continuaba brindándoles de palabra dineros en abundancia con qué atender los gastos de las costosas mejoras de sus factorías. En cualquier caso la nueva estrategia se iría introduciendo progresiva pero lentamente. Las autoridades nada cumplieron. Colombia había caído en la encerrona, sin que de esta tétrica maquinación se eximan los grupillos patronales y antipatrióticos del movimiento sindical. Consumado el hecho, otra vez emergieron los reclamos, las quejas, las denuncias. Los dirigentes de los gremios, especialmente los empresarios agrícolas, no salían de su estupor. (…)

Las modificaciones constitucionales, el nuevo ámbito legal que había de permitirle al gobierno gavirista emprender a sus anchas las reformas, se efectuaron en un santiamén, sumiéndonos en una confusión jurídica sin antecedentes. Entre las normas aprobadas cabe mencionarse las relativas a la división territorial, un federalismo disfrazado, que se enruta a darles acceso a los grandes consorcios, a que las regiones posean la atribución de allanarles la vía alas inversiones a través de requisitos fáciles y rápidos. Hace rato se comenta con insistencia sobre las inmensas posibilidades de las dos zonas costeñas. En ambas han de llevarse a cabo obras de infraestructura física, sobre todo en el Pacífico, que se construirán con incalculables recursos provenientes de los bancos internacionales. En síntesis, nos conceden empréstitos con la finalidad de que les preparemos el terreno para la extracción de nuestras riquezas.

En procura de tornar atractivas las transacciones ante los ojos de los monopolios, hay que hacerlas altamente rentables, principiando por ofrecer una fuerza de trabajo barata, capaz ésta sí de competir con la de otros pueblos. Como cumplimos alrededor de un siglo de relativa evolución industrial, registramos luchas sindicales de alguna trascendencia que se han traducido en pequeños avances respecto a los salarios y a las prestaciones. Estos logros tienen que ser cercenados si se espera implantar la apertura. Lo cual concluyó consumándose con la ley 50 de 1990, que deprimió la paga y los derechos de la clase obrera; y por medio de las demás disposiciones regresivas de orden social que están andando se han de suprimir pensiones, cesantías y la atención de la salud.

Los otros alicientes estriban en las adjudicaciones de muchas de las entidades y empresas del Estado. Las providencias expedidas, mediante las cuales se pretende privatizar bancos, puertos, vías, factorías y servicios, precisan de la cancelación de los contratos laborales, lanzándose al arroyo a miles y miles de operarios, sin jubilación y tras lustros de sudar la gota, un puntillazo a la propia evolución del país y a la perseverancia de las masas laboriosas.

Aunque en la enumeración falten varios zarpazos con que el águila americana pretende destrozar las entrañas de sus neocolonias del sur, hemos barruntado una perspectiva muy aproximada de los épicos desafíos que no conseguirán eludir los habitantes zaheridos y desfalcados del hemisferio. Únicamente les queda la disyuntiva de combatir sin descanso ni vacilaciones. (…) Y así, el futuro estará plagado de acciones heroicas e históricas.

Los malentendidos entre siervos y señores tampoco demoraron en aflorar. Mientras aquéllos, obedientes, han decretado la plena liberalización, éstos se escudan tras sus valladares fronterizos, impidiendo o entrabando el ingreso de los géneros provenientes de las porciones subdesarrolladas del globo. (…)

A las quiebras del diseño las escoltarán las bancarrotas de las metrópolis. Con la misma velocidad con que las potencias apuntalaron sus dominios económicos los espacios comerciales se irán saturando, el proletariado aprenderá a defenderse, las utilidades bajarán y los beneficios primigenios habrán de diluirse.

En los avatares por sobrevivir, los monopolios, que contienden entre ellos y se difunden sin cesar, acaban barriendo las bases de su propia existencia.
La apertura no impedirá la crisis imperialista.

ASESINADO ALFONSO VARGAS

El 14 de diciembre fue asesinado en Cali Alfonso Vargas Tovar, dirigente sindical de reconocida trayectoria en el país. Mediante engaños fue trasladado a un paraje rural cerca de la ciudad, donde los asesinos le propinaron un tiro y lo enterraron.

Alfonso Vargas había llegado muy joven desde el Huila, y se vinculó como obrero del municipio. Su tesonera labor lo llevó a la dirección del sindicato y a convertirse en el principal dirigente de la Unión de Trabajadores del Valle, Utraval, filial de la antigua UTC. Durante veinte años ocupó la presidencia de la Federación. Dadas sus calidades y capacidad de liderazgo, fue concejal de Cali y diputado a la Asamblea del Valle. Contribuyó a formar un sinnúmero de sindicatos y a fundar el Barrio Sindical.

En su departamento estuvo a la cabeza de uno de los más importantes movimientos unitarios del sindicalismo colombiano, que dio como resultado la creación de la CTDC, de la cual fue secretario general, y la posterior fusión de ésta con la CGT, para constituir la hoy vigorosa Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD, de cuyo primer Comité Ejecutivo hizo parte, ocupando una de las vicepresidencias.

Al momento del alevoso crimen, Alfonso Vargas desempeñaba el cargo de secretario de Economía Solidaria de la CGTD-Valle del Cauca y era miembro del consejo directivo de Cooperadores.

Su muerte ha causado hondo pesar entre los trabajadores vallecaucanos y enluta al movimiento obrero colombiano.

Alfonso Vargas fue, para el MOIR, un gran amigo que batalló con lealtad a nuestra lado por aglutinar en un amplio frente de lucha a los asalariados y oprimidos de Colombia. Gloria eterna a su memoria.

NO AL «PACTO SOCIAL» DECIDE LA CUT

Por Fabio Arias

De los 21 miembros del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, oficialmente inscrito el 16 de enero pasado, dos son los compañeros del MOIR: Fabio Arias y José Fernando Ocampo.

En la presidencia fue elegido Luis Eduardo Garzón, dirigente de la USO y miembro del Partido Comunista, y en la secretaría general Héctor Fajardo, proveniente del magisterio.

A este Comité Ejecutivo le ha correspondido, en conjunto con 80 dirigentes sindicales nacionales que componen la Junta Nacional, tomar la consecuente decisión de rechazar el «pacto social», al considerarlo contrario a los intereses de los trabajadores y a que se trata de un ardid que busca el apoyo del movimiento sindical para la aplicación de la política neoliberal tendiente a reducir los salarios y aumentar la explotación laboral. Fue lo ocurrido en el anterior «pacto» firmado por el hoy ministro de Trabajo cuando ocupaba la presidencia de la CUT.

Esta política de la central constituye un elemento que permite la unidad de acción con las otras confederaciones, especialmente con la CGTD, la que se mantuvo al margen de la convocatoria samperista. Gracias a lo anterior, las centrales repudiaron de manera unánime el salario mínimo impuesto, muy inferior al alza de precios del año pasado. En este momento acompañan y lideran el paro nacional de los trabajadores del Estado.

Esta orientación del Comité Ejecutivo de la CUT está recibiendo el apoyo de todos los sindicatos filiales que anhelan avanzar en la lucha obrera contra la dominación del imperialismo norteamericano.

SAMPER OBSTACULIZA FUERO SINDICAL

El fuero sindicales una conquista que busca proteger los derechos de asociación y negociación colectiva de los trabajadores. Por ello su reconocimiento a los empleados públicos representa un avance que está consagrado constitucionalmente.

La ausencia de normas que precisen la jurisdicción que debe tramitar estos asuntos y el procedimiento que puede aplicarse lo ha mantenido en el aire. Por iniciativa del senador del MOIR, Jorge Santos, el Congreso aprobó un Proyecto de Ley que llena este vacío y que permitirá hacer efectiva esta reivindicación.

Aunque desde el 16 de diciembre de 1996 se encuentra para la sanción presidencial, Samper ha dilatado su firma sin justificación alguna. Es el estilo samperista de gobernar.

APOYO DEL MOIR AL PARO DE LOS ESTATALES

(Intervención de Yezid García, miembro del Comité Ejecutivo Central del MOIR en el programa de TV del 4 de enero de 1997).

Las centrales obreras y las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado han convocado un paro nacional a partir del 11 de febrero.

La razón de esta convocatoria es la aplicación, por el gobierno de Ernesto Samper, de medidas neoliberales impuestas por el FMI y el Banco Mundial y que son contrarias al interés de la nación.

Con el argumento del déficit fiscal, el gobierno sancionó la ley 344 de 1996, que reduce sustancialmente la inversión social del Estado y vulnera derechos de los asalariados. El programa de privatización de empresas y venta de activos públicos continúa a mayor ritmo que en los tiempos del «revolcón». Se pretende feriar la exclusividad de Telecom en la prestación de los servicios de larga distancia, cercenar de Ecopetrol el suministro del gas natural, vender Cerromatoso, fraccionar la Empresa de Energía de Bogotá, enajenar las hidroeléctricas y las empresas municipales y departamentales de servicios públicos.

La crisis económica se pretende descargar sobre los sectores más empobrecidos de la población. A los trabajadores estatales se les disminuyó su salario real, ya que frente a una inflación de 21.63%, sólo se hizo un miserable aumento de 13.5%.

Las causas reales del déficit fiscal distan mucho de las explicaciones dadas, tanto por el gobierno samperista como por la oposición «conspireta». En realidad se deben a los postulados neoliberales y su apertura económica: en efecto, 25 % del presupuesto se destinará al pago de la deuda externa. La eliminación de los impuestos a las importaciones disminuyó los ingresos del fisco; las privatizaciones cerraron fuentes de recursos oficiales, y una economía en recesión significa menor recaudo en la tributación.

El paro nacional es, pues, la respuesta a un gobierno arrogante con el pueblo, pero vergonzosamente sumiso ante el capital extranjero y la creciente injerencia norteamericana.

Los empleados judiciales, que con su lucha y la solidaridad derrotaron la política salarial del gobierno, han mostrado el camino.

El MOIR respalda la justa protesta de los trabajadores estatales y, con entusiasmo, su militancia cumplirá la cita del 11 de febrero.

PROFESORES UNIVERSITARIOS SE SUMAN AL PARO

Los días 30 y 31 de enero, en el Instituto Nacional de Estudios Sociales de la CGTD, se reunieron las asociaciones de profesores de las universidades públicas, para discutir la propuesta de participar en el Paro Nacional Estatal del 11 de febrero.

La reunión fue dirigida por Fabio Lozano, presidente de la Federación de Profesores, y Pedro Hernández, presidente de ASPU nacional. Asistieron representantes de las Universidades de Cartagena, Atlántico, Cesar, Córdoba, Guajira, Chocó, Sucre, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Tolima, Valle, Cauca, Nariño, Huila, Antioquia, Industrial de Santander, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José de Caldas, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Nacional con sus seccionales de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, el Colegio Mayor de Cartagena y el Colegio Mayor de Cundinamarca.

El paro se aprobó casi por unanimidad, por 30 votos a favor y uno en contra. La reunión también definió los problemas particulares que afectan a este sector de trabajadores y que serán agitados conjuntamente con los puntos aprobados por los estatales:

• Defensa de la universidad pública, ante los intentos privatizadores.

• Cumplimiento de la ley 4 de 1992 que estipula la nivelación salarial.

• Autonomía universitaria. La ley 344 en su artículo 10, impide la creación de programas académicos sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda, lo cual debe ser combatido.

• Defensa de los servicios médicos. Se exige el mismo tratamiento dado por el decreto 344 en su artículo 41, que garantiza la existencia del Fondo de Previsión Social del Congreso, mientras que la ley 100 liquida las cajas de Servicios Médicos. Es importante aclarar que las cajas de las universidades y la del Congreso tenían un régimen idéntico.

• Derogación del decreto 2337 de 1996, por medio del cual el gobierno ordena el pago de apenas 78% del pasivo pensional de las universidades territoriales, calculado por el ICFES en 187 mil millones de pesos, en bonos que se emitirán en 1997 y sólo podrán ser redimidos en 1998. Además, este nefasto decreto sienta un precedente para que el gobierno eluda el pago de los pasivos pensionales de los profesores de los centros de educación superior no contemplados en el mismo.

• Rechazo al alza de matriculas y a la venta de servicios, para autofinanciar la educación superior y cumplir con el pago de las primas extra legales que el gobierno reconoció hasta diciembre de 1993.

PANIZA REMATA A CARTAGENA

Alberto Herrera, secretario regional del MOIR en Bolívar, expidió una declaración en la que denuncia la política del alcalde Paniza de subastar las empresas de la Heroica. Señala que en su afán de privatizar Telecartagena, el burgomaestre ha acudido a presionar al concejo y a confundir a la opinión pública. Es así como aduce que las privatizaciones se originan en la deficiencia de las empresas y en las dificultades financieras del distrito.

La verdad es que el abultado endeudamiento es el causante del desbarajuste. La deuda de la ciudad pasó de 10 mil millones de pesos en 1992 a 56 mil millones en 1995. Como consecuencia, el servicio de la deuda se disparó de 5 mil millones de pesos en 1993 a 26 mil millones en 1996 y llegará a 45 mil millones en el 97.

Un ejemplo de la lesiva política de privatización lo constituye el negocio con la española Aguacar. Paniza le cedió la infraestructura de las liquidadas Empresas Públicas sin ninguna contraprestación y la descargó de la responsabilidad del pago de los mil doscientos pensionados que quedaron a cargo del distrito.

DECLARACIÓN DEL COMANDO NACIONAL

(El respaldo al paro que diferentes sectores políticos han anunciado, lo saludamos en la medida en que se refiera a los objetivos planteados por los trabajadores)

Ante las referencias de distintos sectores de la sociedad colombiana hacia el paro nacional estatal que se realizará a partir del 11 de febrero, el comando nacional del paro, integrado por las centrales obreras y las federaciones y sindicatos del sector estatal, reitera:

a) Los objetivos del paro nacional estatal son los siguientes:

• Lograr del gobierno nacional una revisión de su política salarial, mediante la negociación de fórmulas que permitan superar el 13.5% ponderado, teniendo como referente la inflación causada en 1996.

• Concertar con el gobierno un proyecto que modifique la ley 4 de 1992 y garantice el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

• Detener los procesos de privatización de los activos del Estado, que afectan los ingresos de la nación, de los departamentos y de los municipios y que lesionan los intereses de los trabajadores y de la población en general, y lograr que se respeten la estabilidad y el derecho al trabajo.

• Poner freno a la ola de violencia desatada contra la población, en especial contra los trabajadores y sus organizaciones, y que se manifiesta en detenciones, amenazas, desplazamientos forzosos, atentados y asesinatos, y exigir al gobierno nacional garantías para el ejercicio de la actividad sindical y del derecho constitucional a la protesta.

b) El paro nacional estatal es una herramienta de lucha democrática y política, utilizada por los trabajadores estatales para la defensa de sus derechos e intereses, vulnerados por la aplicación de la política económica y laboral del gobierno. En ese sentido, rechazar categóricamente cualquier insinuación que pretenda ligar esta justa batalla con acciones de grupos alzados en armas.

c) El respaldo al paro nacional estatal que diferentes sectores políticos han anunciado, lo saludamos en la medida en que ese respaldo de refiera a los claros objetivos planteados por los trabajadores y no a nuevos y supuestos propósitos que no se ha trazado el comando nacional.

d) El comando nacional del paro, una vez más, expresa su contundente rechazo a la colonial e indigna injerencia norteamericana en el país y a la actitud sumisa frente a ella del gobierno de Ernesto Samper.

e) El movimiento sindical colombiano respalda el acuerdo logrado por Asonal, que rompió la política salarial y prestacional del gobierno nacional con la realización del paro nacional indefinido de los trabajadores de la rama judicial.

f) Dada la actitud soberbia y prepotente del gobierno nacional frente a las reclamaciones de los trabajadores estatales, reitera la convocatoria a la parálisis general de actividades del sector a partir del 11 de febrero, a las 6:00 a. m. y convoca a la opinión pública a rodear de solidaridad este conflicto.

PARO NACIONAL ESTATAL

Resolución

La reunión de las Centrales Obreras CUT, CGTD, CTC y la Confederación de Pensionados, celebrada conjuntamente con los presidentes de las más importantes organizaciones del sector estatal -Fecode, USO, Sittelecom, Sindess, Fenaltrase, Futec, Sintraiss, Sintrateléfonos, Utradec, Aspuc, la Federación de Profesores Universitarios, UNEC, ATT, Sindesena, Sintrenal-, celebrada en la fecha en las instalaciones del INES, teniendo en cuenta que:

1. El gobierno nacional ha declarado la emergencia económica, argumentando para ello el inmenso déficit fiscal que vive el Estado pero en realidad con la pretensión de implementar las exigencias hechas recientemente por el Banco Mundial.

2. En desarrollo de la política neoliberal, el gobierno ha impuesto en forma unilateral un reajuste salarial para los servidores públicos del 13.5%, distante esta cifra de la inflación causada a 31 de diciembre de 1996, colocando a este importante sector de los trabajadores colombianos frente a una nueva pérdida real en su poder adquisitivo.

3. El gobierno ha sancionado la Ley 344 de diciembre de 1996, más conocida como ley de ajuste fiscal, mediante la cual se autoriza la liquidación o fusión de importantes entidades estatales como el Incora, el Instituto de Hidrología y Riego, Inpa, Carbocol, Mineralco, Ingeominas, Instituto Geográfico •Agustín Codazzi, Fonprenor, Inpec, Prosocial y el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros, continuando de esta manera con la reducción de la planta de trabajadores oficiales.

4. La ley antes señalada busca de otro lado intensificar la política de privatizaciones impulsada por los dos últimos gobiernos, entregando así a las multinacionales los activos más productivos del Estado, tal como ha ocurrido con el Banco Popular, el Banco de Colombia, el Banco Cafetero, las hidroeléctricas y termoeléctricas de Chivor y Termotasajero, el ICA, el sector de la salud y los servicios públicos domiciliarios, valiéndose para esto último de la descentralización y la Ley 142 de 1993. A esto se suma la mantenida pretensión de privatizar el sector de las telecomunicaciones (Telecom, Empresa de Teléfonos de Bogotá y Telecartagena, entre otros) y el sector de los hidrocarburos (Ecopetrol).

En Bogotá las políticas privatizadoras y de reducción del Estado han sido implementadas de manera atrabiliaria por Antanas Mockus, convirtiéndose de esta manera en un agente del neoliberalismo y la banca mundial.

5. Con el objeto de facilitar la implementación de lo anterior, de tiempo atrás se vienen aprobando y ejecutando medidas encaminadas a penalizar las justas acciones sindicales y populares en defensa de sus derechos, tal como está ocurriendo hoy con los dirigentes petroleros y del magisterio.

Resuelve:

1. Impulsar, preparar y realizar un gran paro nacional estatal, cuya duración dependerá de la voluntad de concertación que muestre el gobierno nacional.

La fecha de este paro será definida en la reunión que las organizaciones sindicales de trabajadores del Estado celebrarán el próximo lunes 20 de enero a las 5:00 en las instalaciones de Fecode.

2. Definir como objetivos del paro estatal los siguientes:

a) Lograr con el gobierno nacional una renegociación de la política salarial, en la vía de romper el tope de 13.5%, teniendo como marco la inflación causada a 31 de diciembre de 1996.

b) Lograr concertar un proyecto de ley que modifique la Ley 4 de 1992 y garantice el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

c) Detener el proceso de privatización de los activos del Estado, por cuanto con ello se afectan los ingresos de la nación y se lesionan los intereses de los trabajadores y la población en general.

d) Poner freno a la ola de violencia desatada en el país contra los trabajadores y sus organizaciones, lo cual se manifiesta en detenciones, amenazas, desplazamientos forzados, atentados y asesinatos y exigir al gobierno nacional las garantías suficientes para el ejercicio del derecho constitucional de la protesta.

5. Declarar a 1997 como el año de la lucha social del pueblo colombiano. Por esto el Paro Nacional Estatal se proyecta como parte del proceso de acumulación de fuerzas que debe vivir el movimiento social en el camino de enfrentar la política gubernamental con acciones de mayor contundencia.