Categoría: Tribuna Roja N° 69, Bogotá; febrero 6 de 1997

Por Luis Eduardo Garzón

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, considera toda una afrenta contra la patria las ignominiosas declaraciones dadas por el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, al periódico El Tiempo y publicadas el día 19 de enero de 1997.

En dichas declaraciones salta a la vista la alta injerencia en los asuntos internos colombianos, de parte del gobierno de Estados Unidos.

Así, pasa cuenta de cobro sobre el incumplimiento de exigencias como la aprobación de la extradición, el aumento de penas, el lavado de dinero y el acuerdo marítimo.

De la misma manera sostiene que el nuevo embajador de Colombia en Washington debe dar explicaciones al gobierno norteamericano sobre la Ley de Televisión y sobre la Reforma Política. Descalifica el nombramiento del nuevo ministro de Defensa. Anuncia que el país va a ser nuevamente descertificado, tanto en derechos humanos como en la lucha contra el narcotráfico, y que por este motivo podrían imponerse sanciones económicas a Colombia, como eliminar ventajas a las flores. Reclama que del escándalo Mauss no pueden ser afectados los intereses de la multinacional gringa Unisys.

Y, por último, reclama garantías para los inversionistas norteamericanos que vendrán al país a comprar y extraer nuestro patrimonio nacional del sector energético (gas, carbón, petróleo, electricidad).

Toda esta creciente intervención en los asuntos internos nuestros persigue recolonizarnos y, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, aumentar el control en todos los aspectos de la vida nacional.

Infortunadamente, frente a estas declaraciones y acciones realizadas por el embajador Frechette, nuestro gobierno nacional no emite ningún pronunciamiento, colocándose en una posición sumisa y complaciente, lo cual también rechazamos.

Frente a lo anterior, la CUT nuevamente insiste en la necesidad de reclamar y realizar una política de defensa de la soberanía nacional como un elemento determinante en la dignificación y desarrollo de la nación y el pueblo colombiano.

Por todo ello, exigimos la salida del señor Myles Frechette de Colombia.

Por Alejandro Torres

Llevados de la mano por un consorcio de comisionistas extranjeros contratados para ese propósito, la cúpula del gobierno nacional y el grupúsculo de tecnócratas arribistas que regenta la capital colombiana, encabezados por Mockus, decidieron desintegrar la Empresa de Energía de Bogotá. EEB, para poder entregársela a su gusto a las multinacionales.

El viernes 24 de enero en la noche, v contra la protesta que durante el día mantuvieron los trabajadores, la asamblea general de accionistas ratificó la decisión de la junta directiva de partir la compañía en tres pedazos: una casa matriz, una subsidiaria de generación, y otra de comercialización y distribución: quedando pendiente decidir si la transmisión se mantendrá en la casa matriz o la convertirán en otro negocio independiente.

Es el primer paso de un cronograma establecido por el consorcio de intermediarios integrado por Coopers & Lybrand. N M Rothschild Ltd. y White & Case, en su informe «Reestructuración y vinculación de capital privado a la empresa de energía de Bogotá S.A. E.S.P.» Sus «recomendaciones» parten de dos premisas fundamentales, -en primer lugar, que la empresa tiene que romper su estructura de integración vertical, y, segundo, que los acreedores refinanciarán la deuda sólo si se privatiza en favor de uno o más inversionistas internacionales. En otras palabras, que la deuda de 1.650 millones de dólares debe cancelarse regalándole al capital financiero internacional los negocios rentables de la empresa, como se hizo en diciembre del año pasado con Chivor y Betania.

Vienen tras de dos apetecibles bocados: los activos de generación de la empresa que suman 2.500 megavatios y un mercado de 2 millones de usuarios, entre los cuales están los más grandes de la industria y el comercio del país, mercado que crece anualmente a una tasa promedio de 7%. Según cálculos hechos por Asieb, organización que agrupa a los ingenieros que laboran en la empresa, la construcción de plantas de generación eléctrica de la capacidad de las que tiene instaladas la EEB costaría 5 mil millones de dólares. No obstante, el grupo «consultor» valoró la totalidad de la compañía incluyendo transmisión, comercialización y distribución en menos de 3 mil millones de dólares sin contar la deuda. Ni siquiera el costo que tuvo construir la hidroeléctrica del Guavio.

El contrato firmado con la entidad consultora, escogida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD, establece una «cláusula de éxito», conforme a la cual los «asesores» podrán alzarse con una suma de entre 10 y 20 millones de dólares por tramitar la subasta de nuestra riqueza. Como si fuera poco, el informe del grupo liderado por Coopers & Lybrand se ufana de haber representado a los monopolios adquirentes. En él se sostiene: «E1 consorcio mismo cuenta con experiencia importante en cuanto al entendimiento de los requerimientos de los inversionistas estratégicos, dado que ha trabajado con varios de ellos, o la mayoría, en otras transacciones alrededor del mundo desde el lado del comprador».

Para rematar, la EEB se viene esgrimiendo el argumento de que no es viable desde el punto de vista financiero dado su nivel de endeudamiento. La verdad es que hasta 1995 los informes sobre sus finanzas, si bien reconocían el peso de la deuda externa, cuyo mayor monto se originó en la construcción del Guavio, también afirmaban que la empresa se enrumbaría relativamente pronto hacia un panorama más despejado. Con la puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica, la EEB redujo sus compras de energía de 38 mil millones de pesos en 1992 a 5 mil millones en 1993. Los informes oficiales consideraban que la relación entre ventas de energía y servicio de la deuda empezaría a mostrar una tendencia favorable a partir de 1997. Los cálculos más pesimistas daban el año 2003 como el del fin de la penuria financiera. Quedándole entonces al proyecto por lo menos cuarenta años de vida útil. En realidad las dificultades del Guavio fueron fundamentalmente por los asfixiantes costos financieros impuestos por la banca multilateral encabezada por el Banco Mundial y el BID, la paralización por varios años de las obras por orden de estas mismas entidades, y por medidas como la devaluación ordenada por el FMI, durante la monitoría impuesta a las finanzas nacionales en el cuatrienio de Belisario Betancur. En el preciso momento en que Bogotá y el país podían finalmente comenzar a resarcirse de la onerosa carga que les significó el célebre proyecto, los apátridas gobernantes hicieron causa común para feriarlo.

La venta en diciembre pasado de las hidroeléctricas de Chivor y Betania nos ilustra sobre quién se quedará con el fruto de años de trabajo de los colombianos. Estas empresas fueron compradas por el capital financiero norteamericano por intermedio de dos empresas chilenas que les sirven de calanchines. Chivor, fue adquirida por Chilgener en 643 millones de dólares, para lo cual obtuvo un préstamo del Bank of America por más de US $ 400 millones, el cual ni siquiera se giró a la empresa chilena, sino a Chivor S.A. La compañía sureña no necesitó respaldar con activos suyos semejante negocio. Entretanto, de los 300 millones de dólares que pagó Endesa por Betania, US $ 230 millones provinieron de una emisión de bonos por US $ 650 millones liderada por el Chase Manhattan Bank, en últimas el verdadero comprador de la hidroeléctrica opita. Con los precios de venta de estos activos como referencia, el consorcio consultor de la EEB y el grupo directivo de esta, han hecho saber que venderán el Guavio en unos 900 millones de dólares. Dineros que junto con los demás que se obtengan en la subasta irán directamente a pagar deuda externa.

A ese ritmo, a mediados del presente año, más de la mitad de este estratégico sector, ligado indefectiblemente a la necesidad del desarrollo económico independiente y soberano, habrá pasado a precio de ganga a manos de las multinacionales. Éstas disfrutarán de las ventajas de las leyes 142 y 143 que disponen la supresión de los subsidios, la negociación directa sin ninguna cortapisa con los grandes consumidores, y de las resoluciones a su favor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, que ha ido moldeando el marco normativo del sector al acomodo de los monopolios. Así lo demuestra, por ejemplo, la expedición en diciembre pasado de la resolución 128, que modifica una anterior, la 83, que se había dictado para impedirle a la EEB o a las Empresas municipales de Medellín y Cali la posibilidad de ser dueñas individualmente de más de 20% de los activos totales de generación del sistema interconectado. La CREG, por medio de la determinación tomada en diciembre subió a 25% ese margen para que las trasnacionales puedan convertir en una sola compañía todo el paquete de generación de la EEB.

El columnista de La República, Jairo Londoño Arango, señaló que mientras el gobierno ponía en venta los activos, lo cual es bastante atractivo para los inversionistas extranjeros, quiso hacerle creer al país que estos invertirían US $ 930 millones en proyectos nuevos dentro del plan de expansión, cuando obviamente al sector privado le resulta más rentable comprar en baratillo empresas ya hechas que correr el riesgo de construirlas.

Como lo dijo Alberto J. Sabadell, director de la oficina de energía de la AID, en un seminario sobre privatización efectuado en Cartagena en 1991: «El agente privado adquiere una unidad generadora y puede reducir los riesgos asociados a la construcción y los retrasos de la puesta en marcha». Y un ex gerente general de Endesa, en el mismo conciliábulo, aclaró que el primer paso hacia la privatización debía ser la desintegración de las empresas, pues las de gran tamaño, en las que unas áreas deben subsidiar a otras, no resultan atractivas en el mercado de capitales. Por otra parte. los grandes conglomerados han pretendido entrampar a los trabajadores en adquirir acciones de las empresas que aquéllos compran. Su real interés consiste en poder «liberar hacia el mercado de capitales las provisiones que las empresas mantenían para el pago de indemnizaciones por años de servicios». Es decir, poner a disposición de las multinacionales el dinero de las cesantías de los trabajadores, mientras confunden a los incautos con el embuste de la «democratización» de la propiedad.

Los administradores de la EEB han deslizado amenazas sobre el futuro de los empleados. Inicialmente sería despedido 20% del personal. El gerente en entrevista con La República dijo que todo nuevo cargo se proveerá con base en la eficiencia y desempeño del candidato, y que las remuneraciones dependerán de la capacidad, lo mismo que la ubicación estará determinada por los conocimientos. Estas afirmaciones anuncian de manera inequívoca el fin de la contratación colectiva y un recrudecimiento de la explotación de los obreros con los tan alabados sistemas de la productividad y la eficiencia.

Ante la amenaza descrita, la asamblea de trabajadores de la EEB, afiliados a Sintraelecol, aprobó el pasado 11 de diciembre el paro general. La declaratoria de la hora cero quedó en manos de la juta directiva del sindicato. El Moir brindará todo su apoyo a los huelguistas.

Julio Roberto Gómez

La CGTD no puede menos de expresar el más absoluto rechazo y repudio frente a las atrevidas declaraciones del señor Frechette, quien en nombre del Departamento de Estado norteamericano opina de lo divino y lo humano, avala o condena, aprueba o desaprueba, y en términos generales en forma reiterada no cesa de agredir a nuestro país. Pero si bien el personaje de marras hace y deshace, lo vergonzoso de esta situación es que la mayoría de la clase dirigente de Colombia se vuelca en explicaciones y justificaciones, el presidente anuncia la violación de la Constitución reviviendo el Tratado de Extradición, se aprueban nuevas leyes para satisfacer al señor Clinton, se adoptan medidas económicas atendiendo las órdenes de la banca multinacional, y todo nos indica que lo único importante para el presidente Samper y sus áulicos es calmar a la bestia que nos sigue amenazando con la colonialista descertificación.

Lo preocupante de todo esto es: ¿hasta cuándo y con tanta indignidad debemos soportar la insolencia de un reyezuelo como Frechette? ¿Será que en ningún momento el presidente Samper, los ministros y el Congreso le van a poner coto a esta situación?

Las viudas, los huérfanos, los desplazados por la violencia, los campesinos pobres, los ancianos y niños abandonados, los que no tienen acceso a la seguridad social, los marginados de Colombia y la inmensa masa de los trabajadores esperan soluciones y no simple retórica.

Que se vaya de aquí el señor Myles Frechette y que Clinton haga lo que le dé la gana. Nosotros dediquémonos a construir un nuevo país, independiente, solidario, digno, justo, próspero y en paz.

Los días 8, 9 y 10 de enero los trabajadores de Termocartagena se tomaron las instalaciones de la empresa. Rubén Castro Quintana, presidente de Sintraelecol, seccional de Bolívar, informó a Tribuna Roja que la protesta se debe a la venta de esta termoeléctrica v la consecuente pérdida del empleo para sus doscientos cuarenta operarios. Como consecuencia del movimiento, el gobierno tuvo que acceder a la conformación de una comisión tripartita que discutirá las demandas de los asalariados, integrada por los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Minas, Corelca y Sintraelecol.

Castro Quintana denunció que los beneficiarios de la privatización son las multinacionales y anunció que los afiliados a Sintraelecol-Bolívar participarán en el paro nacional del 11 de febrero.

(Aunque derrotado en varias ocasiones, Mockus insiste en privatizar los 28 hospitales del distrito, al querer hacerlos depender de la venta de sus servicios)

Por Aldo Cadena, presidente de Sindess

La privatización de la salud pública en Bogotá, que pretende transformar los hospitales en Empresas Sociales del Estado, ESE, ha tropezado con la resistencia masiva de los sectores afectados.

La respuesta al llamado de Sindess a conformar un frente para impedir esta política contó con la participación de numerosas organizaciones sindicales como Anthoc, asociaciones comunales y cívicas, las juntas administradoras locales y varios partidos y movimientos políticos.

En distintas oportunidades han sido derrotados los proyectos de acuerdo presentados por Antanas Mockus en el concejo.

El 18 de julio del año pasado, después de tres días de movilizaciones, el cabildo aprobó por 17 votos a favor y cinco en contra devolver para su estudio y discusión más amplios el proyecto de acuerdo 032. En esa oportunidad señalaron los representantes de las organizaciones populares que la batalla apenas comenzaba.

La constitución de los comités por la defensa de la salud pública, en hospitales, barrios, localidades y la preparación del foro con el mismo propósito, contribuyeron a la reestructuración del intersindical de este sector, y a entrar en contacto con las ligas de usuarios y demás organismos cívicos y comunales para preparar las siguientes tareas.

En octubre, el nuevo proyecto de acuerdo 097 radicado por Mockus naufragó en medio de los masivos cabildos abiertos realizados en las localidades, a los cuales se convocó a los ediles.

Los dirigentes explicaron ampliamente cómo al amparo de la ley 100, de seguridad social, se pretende descentralizar los 28 hospitales en empresas con personería jurídica, financiera y administrativa propias. Su existencia e ingresos dependerán principalmente de la venta de servicios. La estabilidad de los trabajadores y derechos como el de la negociación colectiva desaparecerán al ser clasificados como empleados públicos.

Las obligaciones económicas antes asumidas por el Estado, a través del Servicio Nacional de Salud, se descargan en los pauperizados entes territoriales, y los hospitales subsistirán gracias a lo que puedan facturar por servicios prestados a quienes estén afiliados a una Empresa Promotora de Salud, EPS, o a los pocos que pertenezcan al régimen subsidiado, además de la venta y arriendo de sus instalaciones.

Al suspender el Estado los aportes a los hospitales y puestos de salud, lo que ellos llaman subsidio a la oferta, todos los gastos deberán ser recuperados mediante la venta de los servicios que demanden los empobrecidos asalariados, si es que aún tienen trabajo. Para guardar las apariencias, el gobierno promete subsidios a unos cuantos usuarios, a lo cual le han puesto el nombre de subsidio a la demanda.

Los pulpos financieros, dueños de las EPS privadas, que poco han invertido en la infraestructura de las Instituciones Prestadores de Salud, IPS, encontrarán en la crisis de los hospitales la oportunidad para apropiarse de recursos físicos, técnicos y científicos y de una mano de abra calificada y barata.

Será un negocio redondo, con una afiliación obligatoria, con el traspaso de los recursos del presupuesto para subsidiar sus arcas, con la apropiación directa o indirecta de la red hospitalaria pública y el sometimiento a su férula de los profesionales y los centros médicos particulares.

La comprensión de esta desalmada política permitió que en diciembre, por tercera vez, el proyecto de acuerdo, presentado por Mockus como el 108, fuera también derrotado. Coincidieron en esta oportunidad las movilizaciones de trabajadores y usuarios de la salud con la batalla que adelantan los de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Contribuyó a este propósito un importante núcleo de concejales, encabezado por Francisco Pareja y Omar Mejía, quienes respaldaron las justas exigencias.

El 14 de enero, como parte de las tareas preparatorias del paro nacional estatal coordinado por las centrales obreras, se realizó la asamblea popular y de trabajadores frente al concejo distrital, el cual inicia sus sesiones extraordinarias escuchando a los líderes de las diferentes organizaciones.

A pesar de las derrotas sufridas, el gobierno distrital persiste en su intento y presenta el proyecto 01, esta vez alentado por las medidas contenidas en la Ley 344, de ajuste fiscal, promulgada por Samper en diciembre, proyecto que vuelve a ser archivado el 29 de enero.

El comité intersindical ha ratificado su férrea unidad y el propósito de continuar la batalla contra este política neoliberal de privatizar los servicios de la salud por parte del agente que el capital financiero mantiene al frente de la alcaldía de Bogotá.

Al igual que los demás funcionarios públicos, el intersindical participa activamente en la preparación del paro del próximo 11 de febrero, defendiendo sus objetivos. Y más cuando, con la nueva ley de reducción del gasto público, y el decreto 439 sobre incrementos salariales para este sector, se acelerará el proceso de privatizaciones y aumentará la combatividad en todos los demás municipios.

Por Raúl Fernández

Con la reelección de Clinton y el nombramiento como secretaria de Estado de Madeleine Albright, checa de nacimiento y encarnizada anticomunista, se intensificará la ofensiva norteamericana por el control del orbe.

Ya bajo el mandato de Clinton y Christopher. Estados Unidos promovió, en todas las formas posibles, la implantación de las políticas económicas neoliberales en Rusia, las cuales profundizaron su bancarrota. Con esta mira han venido apoyando a Boris Yeltsin, a quien pertrecharon de dinero, propaganda y consejeros para asegurar su reelección.

Simultáneamente, Washington impulsa la expansión de la OTAN hasta las fronteras de la antigua Unión Soviética para mantenerla encañonada y, de paso, socavar la influencia alemana en los países de la Europa Oriental, llevados también al desplome por las políticas fondomonetaristas.

Acrecienta igualmente su presencia militar en los Balcanes, la que utiliza para penetrar económicamente en la península so pretexto de la reconstrucción después de la guerra. En este sentido es reveladora la lista de altos funcionarios de multinacionales gringas que acompañaban al secretario de Comercio Brown, cuando su avión se estrelló en la zona.
Para consolidar su supremacía en el Medio Oriente, Clinton veta la participación de las potencias europeas en las negociaciones árabe-israelíes.

También allí, y mientras continúa ocupando militarmente a la Península Arábiga con decenas de miles de soldados, ordena bombardear sin piedad y con la más ridícula excusa a la nación iraquí. La agresión se acomete esta vez de manera unilateral, sin la cooperación de los antiguos aliados europeos de la guerra del Golfo.

En África, la superpotencia gringa llama a que se eliminen los ejércitos nacionales -igual lo viene haciendo en América Latina- y presiona para que se conforme bajo su mando una fuerza interafricana.

Le disputa a otra potencia, Francia, su esfera de influencia en el continente negro. Después de más de treinta años de apoyo irrestricto a Mobutu Sese Seko, «descubre» -también la prensa gringa lo ha hecho de repente- que este caballero es un dictador y un ladrón de marca mayor.

Está en marcha un conflicto en la zona, donde Estados Unidos apoya al gobierno de Uganda, que a su vez organiza rebeldes contra Mobutu, quien todavía cuenta con el respaldo de sus viejos patrones galos. Los medios gringos de comunicación describen todo lo que por allí pasa como un «conflicto étnico», fórmula que ya aplicaron hace unos años para desmembrar a la antigua Yugoslavia.

Respalda sin ambages a uno de los gobiernos más despóticos que jamás hayan existido sobre el planeta, el de Suharto, en Indonesia, gran protector de las multinacionales estadinenses y enemigo feroz de la clase obrera.

También en Asia, la Casa Blanca amenaza militarmente a China y a Corea del Norte.

Durante la reciente campaña electoral, que finalmente favoreció a Clinton, los enormes capitales instalados en la Cuenca del Pacífico se atropellaron los unos a los otros tratando de ganar la carrera del tráfico de influencias en Washington. Claro que Clinton en esto fue pragmático, aunque frente a gobiernos extranjeros trate de presentarse como el paradigma de la moral: el candidato demócrata recibió dinero a manos llenas e invitó a sus cockatil parties incluso a narcotraficantes, con tal de ganar por segunda vez el poder.

Sobre América Latina, en este segundo período, arreciará el vendaval de la recolonización. Una vez terminado el debate electoral, altos funcionarios norteamericanos anunciaron un gran impulso a la construcción del mercado común para toda América.

Las secuelas de tal política son ya bastante conocidas. A escasos años de haber sido puesto en marcha el Nafta, en Estados Unidos se estiman en 600 mil los empleos perdidos y en México, a lo largo de 1995, contabilizaron dos millones. Nueve millones de niños de la nación azteca viven en lo que la ONU llama pobreza absoluta, y 40 millones de mexicanos -casi 50% de la población total del país- viven en la pobreza. En contraste, cientos de maquiladoras gringas se han instalado en México, donde explotan al máximo a los trabajadores, aprovechando los míseros salarios mexicanos en la producción de artículos que le sirven para aguantar la aguda competencia con Europa y Japón, que día a día se exacerba.

No sólo invade a Haití, al que le impone el modelo neoliberal, sino que destruye también su ejército. Amenaza a Cuba y, con la Ley Helms-Burton, conmina a los países de Europa a que hagan otro tanto.

Hace maniobras para debilitar o liquidar a los ejércitos de América Latina, a los que un expreso mandato constitucional les fija la misión de defender la soberanía nacional. El objetivo consiste en conformar una fuerza interamericana de intervención, «multilateral», que eliminará los comandos nacionales en cada una de las armas. Resulta sintomático que el mismo día que en Colombia se anunciaba el plan de construir el canal seco por Urabá, Washington daba a conocer que pronto iniciaría «contactos» para crear una fuerza aérea interamericana.

Sobre Colombia, Washington mantiene el chantaje de la descertificación y lleva a cabo actos hostiles de permanente intervencionismo sobre sus asuntos internos, presionando para que se remuevan o nombren funcionarios, forzando la firma de leoninos tratados que le confieren jurisdicción sobre nuestro mar territorial y extendiendo por todas partes la presencia de sus brazos armados y organismos de seguridad, en especial la DEA y la CIA.

Clinton pone en vigor leyes que autorizan a la Agencia Central de Inteligencia a operar por todo el mundo, para vigilar actividades comerciales de otros países y proteger directamente los intereses de las poderosas multinacionales norteamericanas.

La arrogancia de la superpotencia gringa se mostró al desnudo cuando Madeleine Albright vetó la reelección de Butros Gali y terminó imponiendo a Koffi Annán, marioneta de Estados Unidos, con el que pretenden reformar a la ONU para consolidarla como aparato de bolsillo y desconocer la voz de la mayoría de las naciones.

Al mismo tiempo, para que no quepan dudas de la unidad bipartidista en los asuntos castrenses, Clinton nombra como su secretario de Defensa a un republicano, el señor William Cohen.

A pesar de todo lo anterior, los grandes medios de prensa, como la CNN, el Washington Post y Los Angeles Times se empeñan en presentar a Clinton como un personaje débil en política internacional. ¡Cuán grande es la voracidad de los monopolios imperialistas! ¿Qué más quieren los señores?

(Comunicado difundido por la CUT, la CGTD, la CTC y la Confederación de Pensionados, enviado al presidente de la República en enero de 1997).

Las organizaciones sindicales del sector informal de la economía, en cuyas filas se asocian decenas de miles de humildes trabajadores colombianos, dedicados a las ventas en las calles y plazas, han solicitado a la CUT, CGTD, CTC y CPC servir como sus voceros ante el gobierno, dada la gravedad de la situación por la que atraviesan.

Su situación debe analizarse en el marco de la economía de un país pobre, cuyas tasas de generación de empleo son lánguidas frente al crecimiento de la fuerza laboral, tendencia que se ha acentuado con la implantación del modelo económico neoliberal y de apertura, con todas sus secuelas sobre el crecimiento, la producción nacional y el desempleo.

Los colombianos que recurren a las ventas callejeras no encuentran empleo en el sector formal. El suyo es sustancialmente un trabajo de subsistencia, sin seguridad social, ni prestaciones, ni derecho a incapacidad por enfermedad. Responde a la ley inexorable de que día que no se trabaje, independientemente de las condiciones de salud o climáticas, no hay comida que llevar a la familia. No es un trabajo que se busque con esperanza. Se llega a él cuando la sociedad no incorpora su población laboral por ausencia de puestos de trabajo. Allí llega también en proporción creciente la masa laboral despedida, la indemnizada e incluso la pensional, que después de una vida de trabajo no puede sobrevivir con la pensión mínima.

Desalojar brutalmente de las calles y sumir en el hambre a miles de ciudadanos, con el peregrino argumento de la «recuperación del espacio público», es un exabrupto similar al de destruir un bosque para capturar una mirla.

Además, si sólo se trata de ceñirse a preceptos constitucionales haciendo abstracción de la dura realidad, allí en la Carta también está consagrado el derecho al trabajo para todos los colombianos.

Las organizaciones del sector informal siempre han estado dispuestas al diálogo y la concertación con las autoridades municipales, pero no entienden, ni ellas, ni las centrales obreras, el lenguaje del atropello oficial, el desalojo brutal, el tratamiento despótico, el robo de sus mercancías, el hambre de los hogares de los vendedores y el despilfarro de recursos humanos y presupuestales en una guerra sin sentido, para obtener como trofeo una calle o una plaza sin vendedores, cuando la nación se consume en problemas de mayor importancia y trascendencia.

Por lo anterior, expresamos a usted algunos criterios de las organizaciones sindicales del sector informal que pueden ser base de un proceso serio de diálogo y concertación hacia soluciones razonables para un grueso número de trabajadores de las calles:

1. Expedición de una ley que desarrolle el artículo 82 de la Constitución, en el sentido de la prevalencia del derecho al trabajo, que goza de la especial protección del Estado (artículo 25).

2. Suspender los procesos y órdenes de desalojo de vendedores, e instalar mesas de concertación entre gobierno y sindicatos.

3. Suspender los decomisos de mercancías y las detenciones, y devolver las mercancías decomisadas, único patrimonio de estos trabajadores.

4. Análisis de los organismos judiciales superiores de los fallos y resoluciones emitidos en relación con este problema por las alcaldías, secretarías de gobierno y oficinas jurídicas de las autoridades municipales.

Solicitamos, finalmente, una audiencia con las centrales obreras y las organizaciones del sector informal, para ampliar estos conceptos y buscar conjuntamente una salida a la grave situación planteada.

Por la CUT, Luis E. Garzón, presidente; Héctor Fajardo, secretario general. Por la CGTD, Mario de J. Valderrama, presidente; Julio Roberto Gómez E., secretario general; por la CTC, Apecides Alvis, presidente; Miguel Morantes, secretario general; por la CPC, Rafael Gómez Quiroga, presidente; Fortunato Lozano, secretario general.

El 25 de enero se realizó en Bruselas, Bélgica, el encuentro mundial de investigadores, dirigentes políticos y sindicales, convocado bajo el lema de «Once horas contra el neoliberalismo, por la humanidad».

La deuda externa del Tercer Mundo; los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; América Latina y África durante el ajuste; las políticas neoliberales y sus implicaciones para los trabajadores de los países del Norte y el Sur; el papel de las potencias, en especial las del grupo de países industrializados que conforman el G7; el poder de las multinacionales; el verdadero significado de la llamada globalización y apertura de la economía: la privatización de los servicios públicos e instituciones estatales, fueron los temas debatidos.

En el programa del encuentro se incluyeron conferencias de destacadas personalidades, entre ellas Pedro Montes, economista e investigador del Banco de España, autor de El desorden neoliberal, libro que ya circula en Colombia; Michel Chossudovsky, profesor de la Universidad de Ottawa, Canadá, reconocido crítico de la globalización; Albert Jacquard, autor de Yo acuso a la economía triunfante; Michel Husson, autor de Miseria del capital, tina crítica al neoliberalismo; Joao Machado, economista brasileño: dirigentes sindicales de empresas como Caterpillar, Seat y Volkswagen; miembros del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, organismo promotor del evento, y delegados de organizaciones obreras de América Latina y África.

El problema de la deuda centró la atención
En el documento preliminar titulado «Perspectiva del problema de la deuda del Tercer Mundo, elaborada para la reunión, se anota que «en la década de los ochentas, los flujos financieros entre el Norte y el Sur se invirtieron. A través del servicio de la deuda, las economías del Sur alimentaron las instituciones financieras internacionales de los países ricos. Entre 1982 y 1990, algunos autores evalúan dicha transferencia neta en 420 mil millones de dólares, es decir, el equivalente a seis planes Marshall.

«En 1982. la deuda de Colombia era de 10.500 millones de dólares. Entre 1982 y 1988, Colombia reintegró 14 mil millones por el servicio de la deuda. Sin embargo, en 1988 su deuda se elevaba a 16 mil millones de dólares, o sea, 55% más que en 1982.

«¿Cómo se explica entonces que después de haber reintegrado, en algunos casos, más que el capital inicialmente prestado, un país se encuentre aún más endeudado?»

(E1 29 de enero terminó exitosamente el paro en la Administración de Justicia, en el que tomaron parte 42 mil jueces, fiscales, magistrados y demás funcionarios durante veinte días. Tribuna Roja entrevistó a sus principales dirigentes, Antonio Suárez Niño, presidente de Asonal-Judicial y juez del circuito en la capital de la República; Fabio Hernández Forero, vicepresidente del sindicato y jefe de una Fiscalía seccional, y Humberto López Narváez, secretario general de la organización y auxiliar de magistrado en el Tribunal de Cundinamarca.)

TR. ¿Cuáles fueron las causas que los movieron a lanzarse a un cese tan largo?

Antonio Suárez: Más que nada, la injusta política salarial del gobierno frente a la Rama Judicial. Desde 1992, según estudio del Consejo Nacional de la Judicatura, nuestros ingresos han venido perdiendo el equivalente a 21.16% de su poder adquisitivo. Ello obligó a Asonal a plantear el pasado año un pliego de solicitudes. Con firmeza nos opusimos a la política neoliberal impuesta por Gaviria y Samper, tendiente a recortar los salarios, desmontar el régimen prestacional y liquidar decenas de instituciones del Estado. En el sector de los profesionales se observa una tendencia hacia la pauperización, y ni se diga entre la clase obrera.

T R.: ¿Qué actitud toma el gobierno frente al pliego?

Antonio Suárez: Muy displicente. Para no negociar salarios, el ministro de Hacienda alegó el llamado ajuste fiscal. Finalmente se vio obligado a discutir. El empuje demostrado por los dos paros de veinticuatro horas que hicimos el 10 de octubre y el 14 de noviembre fue un argumento contundente. Logramos que se pagaran las cesantías y que el gobierno presentara un proyecto de ley para que los factores salariales tuvieran incidencia al liquidarse las pensiones. Pero no se resolvió el punto principal. No quedó otra alternativa que llamar de nuevo al paro.

T R.: ¿Cuál fue la respuesta de las bases?

Antonio Suárez: La gente respondió con disciplina y unidad, en un hecho sin precedentes en la historia de nuestro sindicato, aunque debemos recordar el de la época en que Asonal estaba dirigida por Jaime Pardo Leal. La lucha la iniciamos el 2 de diciembre, con carácter indefinido, exigiendo un reajuste de salarios acorde con el alza del costo de la vida. Pero hubimos de suspenderla por las vacaciones colectivas.

La continuamos en enero, ante el anuncio de que a 82% de los funcionarios y empleados se les impondría un aumento de 8%. Seguía en alza el estado de ánimo de las bases. Tanto que por primera vez decidieron sumarse magistrados y tribunales, incluso el de Orden Público, el de los fiscales sin rostro. A casi ciento por ciento llegó la cobertura en el país. Las bases entendieron que había que enfrentar la política neoliberal del gobierno, por encima de cualquier consideración individual.

Un aspecto crucial que debe destacarse es la solidaridad brindada por la CUT, la CGTD, Fecode, USO, Fenaltrase, Sittelecom y el resto de los asalariados del sector oficial. Eso fue muy hermoso. Todos los días nos llenaba de fortaleza.

T. R.: ¿En qué consiste el acuerdo que suscribió Asonal con el gobierno?

Fabio Hernández: Se crean, con carácter permanente, dos nuevas prestaciones. La una, denominada bonificación, es un pago que se le hace al empleado una vez al año y equivale a la tercera parte de su sueldo mensual. La otra consiste en una prima de nivelación, cuyos porcentajes varían según el cargo, pero que oscila entre 1.6 y 7.6% del salario. Lo cual, teniendo en cuenta el aumento decretado por el gobierno, da un total de 18% para los funcionarios de la Administración de Justicia, sin excepción La bonificación constituye sin duda alguna factor salarial; la prima de nivelación, en nuestro criterio, configura por sí misma salario, pues se va a percibir mes a mes, en forma constante. Ese tipo de emolumentos, al tenor de la ley, entra a hacer parte del salario.

En síntesis, el acuerdo significa una derrota de la política neoliberal en materia de salarios.

T R.: ¿Cuál fue el balance del paro en la provincia?

Fabio Hernández: El movimiento, por fortuna, tuvo una contundencia muy grande, tanto entre jueces, magistrados y fiscales, como entre secretarios, citadores y mensajeros. Se trata del paro judicial más vigoroso en la historia del país. El nuestro es un sector muy renuente a este tipo de movilizaciones, pero el nivel de consecuencia ha venido subiendo en los últimos cinco años. El paro no sólo cubrió las ciudades capitales, sino incluso los municipios más lejanos, donde todo el trabajo de agitación corrió por cuenta del juez y el secretario. Hubo sitios donde los jueces y empleados hacían turnos en la noche, como en las carpas que uno ve en las huelgas obreras. La gente cuidaba los despachos para evitar que fueran ocupados por la policía.

T. R.: ¿Cómo funcionó el paro?

Fabio Hernández: El personal llegaba al sitio hacia las ocho de la mañana y allí permanecía hasta el atardecer, gritando las consignas, participando en las tareas de tipo cultural, recreativo y deportivo, en ambiente de entusiasmo y compañerismo. Fueron veinte días: diez en diciembre y diez en enero.

T R.: ¿Qué dificultades enfrentaron?

Humberto López: Encaramos principalmente las amenazas de despido por parte del gobierno, que ante la fuerza del movimiento nunca se aplicaron. Se llegó a hablar de que la policía se tomaría por la fuerza las instalaciones. Samper incluso amenazó con declarar el estado de conmoción interior, medida extrema que los negociadores del gobierno nos machacaban en la mesa en tono compungido: «Señores, nos van a dar en la cabeza. Esto se va a poner muy serio. Quién sabe incluso qué nos puede pasar mañana a todos». Pero tampoco se atrevieron a dar el paso. La gente, con altura ejemplar, señaló que se hallaba lista a asumir cualquier consecuencia. Del gobierno lo esperábamos todo, porque sabemos la catadura del ministro del Trabajo.

T. R.: ¿Cómo resolvieron los problemas de comunicación?

Fabio Hernández: Hubo muchas dificultades, dada la dispersión de los despachos. Los activistas nos teníamos que desplazar a diario de uno a otro lugar, pues tan sólo en la capital hay 28 edificios judiciales. Eso causaba traumatismos, porque la gente exigía información precisa y oportuna, que no siempre podíamos suministrar.

El peligro mayor en este campo era que desmontaran el cese con infundios. Algunas veces se dijo: «Termina paro en la rama judicial». Claro, se le advirtió a la gente que no se guiara sino por los anuncios oficiales del sindicato.

T. R.: ¿Cómo ha sido acogido el acuerdo?

Humberto López: Como a lo largo de las negociaciones cada paso fue consultado con las bases, ha sido muy bien recibido. Cuando las discusiones con el gobierno se encontraban prácticamente finiquitadas, la inmensa mayoría de la gente ya conocía sus alcances y había dado el asentimiento.

T. R.: ¿Qué posición tienen ustedes frente al paro del 11 de febrero?

Antonio Suárez: Apoyamos sin reservas los objetivos planteados por las centrales sindicales y las vamos a respaldar con asambleas de solidaridad, mítines y manifestaciones. Vemos con simpatía, sobre todo, el positivo proceso de unidad que se viene gestando entre la CUT, la CGTD, la CTC y la Confederación de Pensionados en torno a tan histórica jornada.

(Apartes de las palabras del historiador v director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, doctor Jorge Orlando Melo, en la presentación de este libro, realizada en el Museo del Arte de la Universidad Nacional, Bogotá, 4 de diciembre de 1996).

Por Jorge Orlando Melo

Este es, en mi opinión, uno de los mejores libros que se han publicado en el terreno de la historia colombiana. Es sorprendentemente bueno, por muchas razones.

Es un libro que realmente representa una ruptura en la historia urbana hecha en Colombia. De 1890 a 1940 ó 1950, sobre las ciudades colombianas se escribieron esencialmente crónicas o memorias nostálgicas de la época en que la ciudad sí era agradable y vivible.

Esto no lo decimos ahora. Se decía ya en las obras de Eladio Gónima sobre Medellín y en las de muchos otros memoristas de la época. El paso de la crónica urbana a la historia propiamente urbana es muy reciente en el país, aun cuando hay que destacar algunas obras de gran calidad, como la de Luis Orjuela sobre Zipaquirá.

Hace unos años se publicó una historia de Bogotá, hecha por un equipo muy numeroso, con una gran inversión de recursos, que contribuyó a la comprensión de la historia de la capital. Tuve la mala fortuna de discutirla frente a los autores y de señalar muchísimos de sus defectos: ilustraciones que no correspondían al texto, modificaciones injustificadas del original. Teníamos un excelente libro en términos editoriales, muy bonito, lleno de magníficas ilustraciones, pero sin el rigor histórico requerido.

Yo mismo he participado en aventuras recientes de historia urbana. Acabamos de sacar una de Medellín, pero en condiciones muy distintas y, digámoslo, mucho más fáciles que las que ha tenido el profesor Robledo. Entre 60 autores hicimos una serie de ensayos con apoyo operativo amplio. Fue un trabajo más fácil de hacer, pero es un libro sin unidad conceptual. Por eso me parece que éste de hoy es el primer texto de historia sobre una ciudad colombiana en el que encontramos una obra impecable, con unidad, con perspectiva analítica clara y con gran cantidad de virtudes adicionales.

A pesar de que el autor -por lo que leo, pues no lo conocía- es arquitecto, supera muy rápidamente el análisis tradicional de edificaciones y palmos urbanos que hacen muchos de sus colegas que trabajan en historia urbana. Se desborda hacia una visión integral del proceso de desarrollo de la ciudad, que en Manizales, como él lo destaca, tuvo más energía que en otras partes, por haberse dado la búsqueda de la modernización y el progreso en forma comprimida, en un período muy breve: Manizales pasa de aldea rural en 1850 a una ciudad que pretende ser moderna en 1930.

Esta comprensión del proceso de cambio se vuelve, de alguna manera, el hilo conductor de la obra: las ambiciones de una elite que moderniza la ciudad -en el libro hay unos textos extraordinarios sobre las pretensiones aristocráticas y de blancura de los manizalitas-, pero que de todas maneras sólo logra una ciudad en la cual ese proceso de modernización es parcial, incompleto, fragmentado, o como se quiera llamar.

Leyendo este trabajo, evocaba la obra de Norbert Elías sobre el proceso civilizatorio. Libros en los cuales Elías ha mostrado cómo la cultura occidental les enseñó a los hombres, entre 1300 y 1800, a seguir una serie de rituales que tienen que ver con la convivencia humana, pero que se interiorizan hasta el punto de que les enseñan a sentir asco por determinadas cosas, a molestarse por el contacto físico, por la desnudez, por los olores de la ciudad.

El proceso que estudia Elías es el de la cultura europea y está centrado en el mundo de la sociedad cortesana. La historia de Manizales nos enfrenta al desarrollo acelerado de este proceso, pues no hubo setecientos años, sino cincuenta o sesenta para que unos campesinos trataran de convertirse en elegantes miembros de una sociedad moderna. En este aspecto los textos del libro, los ejemplos, son de un atractivo a veces cómico. Me voy a permitir leer algunos de ellos para subrayar otro elemento del libro: que es muy agradable de leer.

Encontramos, entre otros, un sorprendente documento de don José María Mejía, el abuelo de don Manuel Mejía, quien hace un «reglamento para el gobierno doméstico de la familia y de la casa» y dice cosas como ésta: «Artículo 4. Es obligación imperiosa de la madre de familia manejar todo lo que suministre el padre para vestuario y subsistencia de la familia, con la economía y buen orden que demanda tan sagrado deber, pues que de él depende en su mayor parte la riqueza sobre todo los buenos hábitos y sanas costumbres de los hijos y domésticas. Para conseguir tan precioso fin es preciso que la madre observe sin quebrantar jamás las reglas siguientes, salvo lo imposible: debe hacer que los niños se levanten a las 5 de la mañana, etc., etc.». Es un proceso por el cual unos criterios que van a establecer costumbres, son impuestos primero en forma externa -un reglamento con numerales- y después se convierten en modos interiorizadores de vida en la ciudad.

Algo paralelo ocurre en el terreno de la limpieza urbana, de los hábitos higiénicos. Manizales es en sus comienzos una ciudad rural, llena de porquerizas. Desde 1852 aparece legislación que dice: «Se prohíbe en adelante la ceba y cría de marranos en las calles y plazas públicas de este distrito». Pero las prohibiciones siguen apareciendo hasta los años veinte, porque como se siguen criando los marranos es necesario reiterarlas. Hasta que en 1925 el presidente del Concejo exclama -alborozado, dice el autor-: «Totalmente ha desaparecido del centro de la ciudad la cría y ceba de cerdos». Cincuenta años para civilizar esta parte de las costumbres.

Esto incluye otras prohibiciones: «Prohíbese de hoy en adelante hacer aglomeraciones de cargas en las esquinas de la plaza principal y conducir y cargar animales en dichos puntos los días de feria». «Prohíbese ordeñar vacas en la calle y tenerlas sin descornar». «Prohíbese cargar y descargar recuas en la plaza sin que los animales estén retirados de las aceras». «Es prohibido tener sueltos en las calles y ejidos del poblado caballos sin castrar». «No permitir en los corrales o ferias públicas animales de distinto sexo y que por su estado puedan ofrecer a la vista escenas repugnantes».

Es todo un esfuerzo civilizatorio, creo yo, que ha sido mostrado con gran finura por el autor y que se prestaría, obviamente, para consideraciones mucho más serias y complejas que las más o menos livianas que estoy haciendo.

Creo que plantea un problema curioso sobre las ciudades colombianas, en las cuales el tránsito a lo urbano fue muy acelerado y hay una gran nostalgia de lo rural.

Quiero señalar otras de las virtudes generales del texto: es un libro con un estilo extraordinario, transparente, claro, misericordiosamente ajeno a tanta jerga que encuentra uno en los libros que lee. Sin ánimo de ofender a otros colegas del profesor Robledo, quiero decir, y obviamente haciendo la excepción de Germán Téllez, de Alberto Saldarriaga y de otros, que no parece escrito por un arquitecto.

Es un libro francamente muy bien escrito.

Lo otro es la clara agudeza en el manejo de la documentación y el balance en el análisis de las pruebas que tiene para cualquier argumento. El manejo de temas como el de la guadua entre los quimbayas, o el problema de la transición del bahareque a la tapia y de la tapia al bahareque en la arquitectura de finales del siglo pasado y comienzos de éste en Manizales: la forma como evalúa las fuentes y como finalmente llega a unas conclusiones, a veces manteniendo el escepticismo, indicando, «bueno, no sabemos muy bien», es una muestra del uso de la documentación, de ir hasta donde ésta lo permite, de tener claridad, de no dejarse llevar por lugares comunes y por saberes hechos. El libro, además, plantea muchos cuestionamientos sobre lo que se dice de Manizales, y alcanza a captar en qué punto ese saber tradicional a veces es débil y a veces falso.

Hay dos autores que no vi mencionados. El artículo de Roberto Luis Jaramillo sobre la colonización antioqueña, extenso y detallado, y las crónicas amables de Rafael Arango Villegas.

El autor logra hacer esa historia urbana integral que todos soñamos para muchas de las ciudades colombianas. Por ello también hay que felicitar a la Universidad Nacional, no sólo por la calidad del texto, sino por la forma como está presentado.