Categoría: Tribuna Roja N° 69, Bogotá; febrero 6 de 1997

El 14 de diciembre fue asesinado en Cali Alfonso Vargas Tovar, dirigente sindical de reconocida trayectoria en el país. Mediante engaños fue trasladado a un paraje rural cerca de la ciudad, donde los asesinos le propinaron un tiro y lo enterraron.

Alfonso Vargas había llegado muy joven desde el Huila, y se vinculó como obrero del municipio. Su tesonera labor lo llevó a la dirección del sindicato y a convertirse en el principal dirigente de la Unión de Trabajadores del Valle, Utraval, filial de la antigua UTC. Durante veinte años ocupó la presidencia de la Federación. Dadas sus calidades y capacidad de liderazgo, fue concejal de Cali y diputado a la Asamblea del Valle. Contribuyó a formar un sinnúmero de sindicatos y a fundar el Barrio Sindical.

En su departamento estuvo a la cabeza de uno de los más importantes movimientos unitarios del sindicalismo colombiano, que dio como resultado la creación de la CTDC, de la cual fue secretario general, y la posterior fusión de ésta con la CGT, para constituir la hoy vigorosa Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD, de cuyo primer Comité Ejecutivo hizo parte, ocupando una de las vicepresidencias.

Al momento del alevoso crimen, Alfonso Vargas desempeñaba el cargo de secretario de Economía Solidaria de la CGTD-Valle del Cauca y era miembro del consejo directivo de Cooperadores.

Su muerte ha causado hondo pesar entre los trabajadores vallecaucanos y enluta al movimiento obrero colombiano.

Alfonso Vargas fue, para el MOIR, un gran amigo que batalló con lealtad a nuestra lado por aglutinar en un amplio frente de lucha a los asalariados y oprimidos de Colombia. Gloria eterna a su memoria.

Por Fabio Arias

De los 21 miembros del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, oficialmente inscrito el 16 de enero pasado, dos son los compañeros del MOIR: Fabio Arias y José Fernando Ocampo.

En la presidencia fue elegido Luis Eduardo Garzón, dirigente de la USO y miembro del Partido Comunista, y en la secretaría general Héctor Fajardo, proveniente del magisterio.

A este Comité Ejecutivo le ha correspondido, en conjunto con 80 dirigentes sindicales nacionales que componen la Junta Nacional, tomar la consecuente decisión de rechazar el “pacto social”, al considerarlo contrario a los intereses de los trabajadores y a que se trata de un ardid que busca el apoyo del movimiento sindical para la aplicación de la política neoliberal tendiente a reducir los salarios y aumentar la explotación laboral. Fue lo ocurrido en el anterior “pacto” firmado por el hoy ministro de Trabajo cuando ocupaba la presidencia de la CUT.

Esta política de la central constituye un elemento que permite la unidad de acción con las otras confederaciones, especialmente con la CGTD, la que se mantuvo al margen de la convocatoria samperista. Gracias a lo anterior, las centrales repudiaron de manera unánime el salario mínimo impuesto, muy inferior al alza de precios del año pasado. En este momento acompañan y lideran el paro nacional de los trabajadores del Estado.

Esta orientación del Comité Ejecutivo de la CUT está recibiendo el apoyo de todos los sindicatos filiales que anhelan avanzar en la lucha obrera contra la dominación del imperialismo norteamericano.

El fuero sindicales una conquista que busca proteger los derechos de asociación y negociación colectiva de los trabajadores. Por ello su reconocimiento a los empleados públicos representa un avance que está consagrado constitucionalmente.

La ausencia de normas que precisen la jurisdicción que debe tramitar estos asuntos y el procedimiento que puede aplicarse lo ha mantenido en el aire. Por iniciativa del senador del MOIR, Jorge Santos, el Congreso aprobó un Proyecto de Ley que llena este vacío y que permitirá hacer efectiva esta reivindicación.

Aunque desde el 16 de diciembre de 1996 se encuentra para la sanción presidencial, Samper ha dilatado su firma sin justificación alguna. Es el estilo samperista de gobernar.

(Intervención de Yezid García, miembro del Comité Ejecutivo Central del MOIR en el programa de TV del 4 de enero de 1997).

Las centrales obreras y las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado han convocado un paro nacional a partir del 11 de febrero.

La razón de esta convocatoria es la aplicación, por el gobierno de Ernesto Samper, de medidas neoliberales impuestas por el FMI y el Banco Mundial y que son contrarias al interés de la nación.

Con el argumento del déficit fiscal, el gobierno sancionó la ley 344 de 1996, que reduce sustancialmente la inversión social del Estado y vulnera derechos de los asalariados. El programa de privatización de empresas y venta de activos públicos continúa a mayor ritmo que en los tiempos del “revolcón”. Se pretende feriar la exclusividad de Telecom en la prestación de los servicios de larga distancia, cercenar de Ecopetrol el suministro del gas natural, vender Cerromatoso, fraccionar la Empresa de Energía de Bogotá, enajenar las hidroeléctricas y las empresas municipales y departamentales de servicios públicos.

La crisis económica se pretende descargar sobre los sectores más empobrecidos de la población. A los trabajadores estatales se les disminuyó su salario real, ya que frente a una inflación de 21.63%, sólo se hizo un miserable aumento de 13.5%.

Las causas reales del déficit fiscal distan mucho de las explicaciones dadas, tanto por el gobierno samperista como por la oposición “conspireta”. En realidad se deben a los postulados neoliberales y su apertura económica: en efecto, 25 % del presupuesto se destinará al pago de la deuda externa. La eliminación de los impuestos a las importaciones disminuyó los ingresos del fisco; las privatizaciones cerraron fuentes de recursos oficiales, y una economía en recesión significa menor recaudo en la tributación.

El paro nacional es, pues, la respuesta a un gobierno arrogante con el pueblo, pero vergonzosamente sumiso ante el capital extranjero y la creciente injerencia norteamericana.

Los empleados judiciales, que con su lucha y la solidaridad derrotaron la política salarial del gobierno, han mostrado el camino.

El MOIR respalda la justa protesta de los trabajadores estatales y, con entusiasmo, su militancia cumplirá la cita del 11 de febrero.

Los días 30 y 31 de enero, en el Instituto Nacional de Estudios Sociales de la CGTD, se reunieron las asociaciones de profesores de las universidades públicas, para discutir la propuesta de participar en el Paro Nacional Estatal del 11 de febrero.

La reunión fue dirigida por Fabio Lozano, presidente de la Federación de Profesores, y Pedro Hernández, presidente de ASPU nacional. Asistieron representantes de las Universidades de Cartagena, Atlántico, Cesar, Córdoba, Guajira, Chocó, Sucre, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Tolima, Valle, Cauca, Nariño, Huila, Antioquia, Industrial de Santander, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José de Caldas, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Nacional con sus seccionales de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, el Colegio Mayor de Cartagena y el Colegio Mayor de Cundinamarca.

El paro se aprobó casi por unanimidad, por 30 votos a favor y uno en contra. La reunión también definió los problemas particulares que afectan a este sector de trabajadores y que serán agitados conjuntamente con los puntos aprobados por los estatales:

• Defensa de la universidad pública, ante los intentos privatizadores.

• Cumplimiento de la ley 4 de 1992 que estipula la nivelación salarial.

• Autonomía universitaria. La ley 344 en su artículo 10, impide la creación de programas académicos sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda, lo cual debe ser combatido.

• Defensa de los servicios médicos. Se exige el mismo tratamiento dado por el decreto 344 en su artículo 41, que garantiza la existencia del Fondo de Previsión Social del Congreso, mientras que la ley 100 liquida las cajas de Servicios Médicos. Es importante aclarar que las cajas de las universidades y la del Congreso tenían un régimen idéntico.

• Derogación del decreto 2337 de 1996, por medio del cual el gobierno ordena el pago de apenas 78% del pasivo pensional de las universidades territoriales, calculado por el ICFES en 187 mil millones de pesos, en bonos que se emitirán en 1997 y sólo podrán ser redimidos en 1998. Además, este nefasto decreto sienta un precedente para que el gobierno eluda el pago de los pasivos pensionales de los profesores de los centros de educación superior no contemplados en el mismo.

• Rechazo al alza de matriculas y a la venta de servicios, para autofinanciar la educación superior y cumplir con el pago de las primas extra legales que el gobierno reconoció hasta diciembre de 1993.

Alberto Herrera, secretario regional del MOIR en Bolívar, expidió una declaración en la que denuncia la política del alcalde Paniza de subastar las empresas de la Heroica. Señala que en su afán de privatizar Telecartagena, el burgomaestre ha acudido a presionar al concejo y a confundir a la opinión pública. Es así como aduce que las privatizaciones se originan en la deficiencia de las empresas y en las dificultades financieras del distrito.

La verdad es que el abultado endeudamiento es el causante del desbarajuste. La deuda de la ciudad pasó de 10 mil millones de pesos en 1992 a 56 mil millones en 1995. Como consecuencia, el servicio de la deuda se disparó de 5 mil millones de pesos en 1993 a 26 mil millones en 1996 y llegará a 45 mil millones en el 97.

Un ejemplo de la lesiva política de privatización lo constituye el negocio con la española Aguacar. Paniza le cedió la infraestructura de las liquidadas Empresas Públicas sin ninguna contraprestación y la descargó de la responsabilidad del pago de los mil doscientos pensionados que quedaron a cargo del distrito.

(El respaldo al paro que diferentes sectores políticos han anunciado, lo saludamos en la medida en que se refiera a los objetivos planteados por los trabajadores)

Ante las referencias de distintos sectores de la sociedad colombiana hacia el paro nacional estatal que se realizará a partir del 11 de febrero, el comando nacional del paro, integrado por las centrales obreras y las federaciones y sindicatos del sector estatal, reitera:

a) Los objetivos del paro nacional estatal son los siguientes:

• Lograr del gobierno nacional una revisión de su política salarial, mediante la negociación de fórmulas que permitan superar el 13.5% ponderado, teniendo como referente la inflación causada en 1996.

• Concertar con el gobierno un proyecto que modifique la ley 4 de 1992 y garantice el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

• Detener los procesos de privatización de los activos del Estado, que afectan los ingresos de la nación, de los departamentos y de los municipios y que lesionan los intereses de los trabajadores y de la población en general, y lograr que se respeten la estabilidad y el derecho al trabajo.

• Poner freno a la ola de violencia desatada contra la población, en especial contra los trabajadores y sus organizaciones, y que se manifiesta en detenciones, amenazas, desplazamientos forzosos, atentados y asesinatos, y exigir al gobierno nacional garantías para el ejercicio de la actividad sindical y del derecho constitucional a la protesta.

b) El paro nacional estatal es una herramienta de lucha democrática y política, utilizada por los trabajadores estatales para la defensa de sus derechos e intereses, vulnerados por la aplicación de la política económica y laboral del gobierno. En ese sentido, rechazar categóricamente cualquier insinuación que pretenda ligar esta justa batalla con acciones de grupos alzados en armas.

c) El respaldo al paro nacional estatal que diferentes sectores políticos han anunciado, lo saludamos en la medida en que ese respaldo de refiera a los claros objetivos planteados por los trabajadores y no a nuevos y supuestos propósitos que no se ha trazado el comando nacional.

d) El comando nacional del paro, una vez más, expresa su contundente rechazo a la colonial e indigna injerencia norteamericana en el país y a la actitud sumisa frente a ella del gobierno de Ernesto Samper.

e) El movimiento sindical colombiano respalda el acuerdo logrado por Asonal, que rompió la política salarial y prestacional del gobierno nacional con la realización del paro nacional indefinido de los trabajadores de la rama judicial.

f) Dada la actitud soberbia y prepotente del gobierno nacional frente a las reclamaciones de los trabajadores estatales, reitera la convocatoria a la parálisis general de actividades del sector a partir del 11 de febrero, a las 6:00 a. m. y convoca a la opinión pública a rodear de solidaridad este conflicto.

Resolución

La reunión de las Centrales Obreras CUT, CGTD, CTC y la Confederación de Pensionados, celebrada conjuntamente con los presidentes de las más importantes organizaciones del sector estatal -Fecode, USO, Sittelecom, Sindess, Fenaltrase, Futec, Sintraiss, Sintrateléfonos, Utradec, Aspuc, la Federación de Profesores Universitarios, UNEC, ATT, Sindesena, Sintrenal-, celebrada en la fecha en las instalaciones del INES, teniendo en cuenta que:

1. El gobierno nacional ha declarado la emergencia económica, argumentando para ello el inmenso déficit fiscal que vive el Estado pero en realidad con la pretensión de implementar las exigencias hechas recientemente por el Banco Mundial.

2. En desarrollo de la política neoliberal, el gobierno ha impuesto en forma unilateral un reajuste salarial para los servidores públicos del 13.5%, distante esta cifra de la inflación causada a 31 de diciembre de 1996, colocando a este importante sector de los trabajadores colombianos frente a una nueva pérdida real en su poder adquisitivo.

3. El gobierno ha sancionado la Ley 344 de diciembre de 1996, más conocida como ley de ajuste fiscal, mediante la cual se autoriza la liquidación o fusión de importantes entidades estatales como el Incora, el Instituto de Hidrología y Riego, Inpa, Carbocol, Mineralco, Ingeominas, Instituto Geográfico •Agustín Codazzi, Fonprenor, Inpec, Prosocial y el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros, continuando de esta manera con la reducción de la planta de trabajadores oficiales.

4. La ley antes señalada busca de otro lado intensificar la política de privatizaciones impulsada por los dos últimos gobiernos, entregando así a las multinacionales los activos más productivos del Estado, tal como ha ocurrido con el Banco Popular, el Banco de Colombia, el Banco Cafetero, las hidroeléctricas y termoeléctricas de Chivor y Termotasajero, el ICA, el sector de la salud y los servicios públicos domiciliarios, valiéndose para esto último de la descentralización y la Ley 142 de 1993. A esto se suma la mantenida pretensión de privatizar el sector de las telecomunicaciones (Telecom, Empresa de Teléfonos de Bogotá y Telecartagena, entre otros) y el sector de los hidrocarburos (Ecopetrol).

En Bogotá las políticas privatizadoras y de reducción del Estado han sido implementadas de manera atrabiliaria por Antanas Mockus, convirtiéndose de esta manera en un agente del neoliberalismo y la banca mundial.

5. Con el objeto de facilitar la implementación de lo anterior, de tiempo atrás se vienen aprobando y ejecutando medidas encaminadas a penalizar las justas acciones sindicales y populares en defensa de sus derechos, tal como está ocurriendo hoy con los dirigentes petroleros y del magisterio.

Resuelve:

1. Impulsar, preparar y realizar un gran paro nacional estatal, cuya duración dependerá de la voluntad de concertación que muestre el gobierno nacional.

La fecha de este paro será definida en la reunión que las organizaciones sindicales de trabajadores del Estado celebrarán el próximo lunes 20 de enero a las 5:00 en las instalaciones de Fecode.

2. Definir como objetivos del paro estatal los siguientes:

a) Lograr con el gobierno nacional una renegociación de la política salarial, en la vía de romper el tope de 13.5%, teniendo como marco la inflación causada a 31 de diciembre de 1996.

b) Lograr concertar un proyecto de ley que modifique la Ley 4 de 1992 y garantice el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

c) Detener el proceso de privatización de los activos del Estado, por cuanto con ello se afectan los ingresos de la nación y se lesionan los intereses de los trabajadores y la población en general.

d) Poner freno a la ola de violencia desatada en el país contra los trabajadores y sus organizaciones, lo cual se manifiesta en detenciones, amenazas, desplazamientos forzados, atentados y asesinatos y exigir al gobierno nacional las garantías suficientes para el ejercicio del derecho constitucional de la protesta.

5. Declarar a 1997 como el año de la lucha social del pueblo colombiano. Por esto el Paro Nacional Estatal se proyecta como parte del proceso de acumulación de fuerzas que debe vivir el movimiento social en el camino de enfrentar la política gubernamental con acciones de mayor contundencia.

A la envalentonada ordinariez, tan natural en los voceros del imperialismo, el embajador Frechette le sumó en los inicios de 1997 su más amplio y vulgar cinismo para espetarle a la nación que las condiciones dictadas al gobierno de Samper durante los últimos treinta meses conservaban plena vigencia. Se deben considerar entonces como puntos vertebrales de la agenda confeccionada por el gobierno de los Estados Unidos para su intervencionismo en Colombia, empezando por una de sus preferidas y de pronta aplicación anual, la descertificación.

Como es de común conocimiento, entre los numerosos temas que Washington ha consignado con el carácter de exigencias figuran: permitirla extradición, aprobar leyes para el aumento de las penas a los narcotraficantes y la extinción del dominio de sus bienes, consentir la interceptación y captura de naves y tripulaciones por parte de la Marina de los Estados Unidos en aguas territoriales colombianas, no debilitar ni afectar en sus acechos y cacerías a los Savonarolas de la Fiscalía, ni a los Pantaleones de la Policía, proteger la inversión privada y la propiedad intelectual norteamericanas, y hasta instaurar una política de protección de los derechos humanos y el medio ambiente. A estos asuntos, revelados a mediados de 1996 por la revista Semana gracias a las cultivadas relaciones de sus propietarios y directores con quienes mueven las cuerdas tanto en Norteamérica como en Colombia, se les ha adicionado: darle el visto bueno a la participación de expertos norteamericanos en la fumigación de cultivos, no obstaculizar con nueva legislación los derechos concedidos por el gobierno anterior a quienes monopolizan la información por televisión, y no alterar mediante la reforma política que cursa en el Congreso el articulado de la Constitución de 1991, impulsada por la Casa Blanca y la administración Gaviria como instrumento jurídico adecuado a los novísimos postulados políticos y económicos de la recolonización.

De hinojos, Samper ha hecho girar su gestión, y con ella buena parte de la vida nacional, en torno a complacer a Estados Unidos en este memorial de ucases. Todo un chantaje con base en condicionamientos cuyo número siempre va en aumento. Sensible a la coyunda, el gobierno samperista, buey cansino, obedece mansamente. Ante las conminaciones y ofensas que brotan de Washington, tales como las involucradas en las amenazas de descertificación y las contenidas en el documento del Departamento de Estado que lo condenan por violación de derechos humanos y antidemócrata, su respuesta es aprestarse a hacer mayores concesiones, cuestión que complementa con el peregrinar hacia allí de algunos ministros cargados de excusas, venias y promesas. Dándoles ejemplo de actitud pusilánime y encogida, el mismo presidente que fue despojado de la visa estadounidense, aprovechó su reciente visita a Panamá para deslizarse furtivamente hacia territorio bajo jurisdicción norteamericana en la base militar Howard. El contenido indigno e indignante de las conductas genuflexas de Samper, y las similares de sus ministros y otros dirigentes políticos, deben ser materia de denuncia y rechazo para todo colombiano cuyos valores sociales y políticos no hayan caído en degradación.

Las medidas concernientes al desarrollo de la apertura económica no están en cuestión, ni son motivo de mayor controversia con Washington, pues el gobierno samperista les ha dado debido curso a sus aspectos principales, sin que importen las querellas entre necios neoliberales sin vergüenza, como Hommes, y necios neoliberales vergonzantes, como Perry, individuos de la misma camada que el Banco Mundial contrata y utiliza indistintamente. Las multinacionales y los linces financieros internacionales están tranquilos y satisfechos. Pero frente a esa placidez de los potentados imperialistas y más allí del forcejeo doméstico, casi siempre recubierto con un estrujado ropaje de moralismo político, respecto a cuáles entre los grandes grupos económicos y financieros serán los principales ganadores con las sucesivas medidas tomadas en desarrollo de la apertura económica, lo que aparece es una situación de crisis en la economía que se ha traducido en bancarrota de la producción agraria y grave menoscabo de la producción industrial, desempleo, alta inflación y recesión económica La secuela más nefasta de todos estos fenómenos recae en los sectores populares que deben soportar mayores carencias o son arrojados a la miseria.

Es propio de la apertura el desbarajuste de las finanzas públicas y las distorsiones monetarias. Ante algunas de sus manifestaciones, originadas en el aumento del déficit fiscal y la inundación de dólares debida al incremento del crédito externo y la venta regalada de las hidroeléctricas de Chivor y Betania, el gobierno, escaso de dinero para cubrir los servicios de la deuda, el pago burocrático y los planes populistas, decidió decretar una emergencia económica. Procedió a expedir un popourrí de medidas para captar recursos; puso en práctica un anuncio de someter a los trabajadores estatales a un despojo aún más insoportable del valor real de sus salarios, ya con pérdidas graves en sus ingresos debidas a la inflación, y siguió adelante con proporcionarles pingües ganancias a los grupos de potentados criollos y extranjeros mediante la subasta de bienes que generaciones de colombianos han convertido en patrimonio público.

De allí que las centrales obreras, en resonante armonía con las protestas y movilizaciones que en diverso grado se están dando en otros países, y en la demostración de que la domestiquez es extraña a los asalariados y como tal la repulsan en los dirigentes que la han adquirido, decidieron hacer un paro de los trabajadores estatales. Con los objetivo de la movilización (la justipreciación de su fuerza de trabajo, la salvaguarda de los bienes públicos que contribuyeron a crear a lo largo del siglo que termina, el derecho a negociar colectivamente sus condiciones laborales y el rechazo a la represión de sus actividades), se enfrentan aspectos que, perteneciendo a la médula del neoliberalismo y la apertura económica, son nudos engranajes de la estrategia global de dominación norteamericana.

Al desgaire, los trabajadores pueden recordarles a quienes desde otros flancos los apoyen, que esta manifestación de rebeldía, con la que se está ingresando a un futuro de luchas, es parte integral de su combate contra, primero, el modelo económico que desde Estados Unidos se impone quebrantando la soberanía nacional a punta de intervencionismo, y, segundo, contra su fomento y aplicación en Colombia por parte de dirigentes que son sabios en astucias y picardías para desvirtuar los intereses de la nación y el pueblo, mas sumisos y medrosos ante los césares y los custodios del imperio.

Contra la estrategia de recolonización debe dirigirse la lucha, pues en esa lid se decide nuestro destino como nación, nuestra soberanía e independencia. Se decide la suerte de las mayorías, sometidas cada día más a mayor pobreza y miseria como resultado de la superexplotación de la mano de obra, el recorte y eliminación de los beneficios y garantías sociales conquistados por los trabajadores, y la asfixia de sus derechos democráticos. Si bien es cierto que no es posible la victoria en esa lid mientras los trabajadores no superen la dispersión y consoliden su unidad, no lo es menos que todo progreso real en el combate antimperialista tiene como condición necesaria trascender las meras reivindicaciones salariales y laborales. No hay alternativa: la lucha debe ser política si se quiere salir del actual estado de gran lesión económica y social causado por la dominación gringa. Derrumbar la estrategia política de Estados Unidos exige tener al mando una estrategia política que corresponda a los intereses de los trabajadores.

En este sentido, la convocatoria al paro del 11 de febrero indica que cada vez son más sonoros los claros clarines llamando a las grandes marchas de la resistencia antimperialista.

Por Jorge Enrique Robledo Castillo, coordinador general de Unidad Cafetera Nacional
Se espera que la cosecha de café corrida entre finales de enero de 1996 y e l mismo mes de 1997 apenas llegue a 10.2 millones de sacos. Cómo contrastan estas cifras con las 1991, cuando la producción alcanzó casi 18 millones de sacos. ¡Más de 7.5 millones perdidos en los últimos seis años!

¿Cuánto desempleo, empobrecimiento y quiebra reflejan estas cifras evidentemente catastróficas? ¿Qué porcentaje de la crisis económica general del país tiene origen en la disminución de la capacidad adquisitiva de los pobladores de las zonas cafeteras?

Para ilustrar el problema social que se vive, baste decir que en el pequeño municipio tolimense de Herveo están por iniciarse procesos judiciales contra 78 caficultores endeudados, y eso que allí los beneficiados por la condonación de préstamos inferiores a tres millones de pesos, conseguida por la lucha de Unidad Cafetera, fueron cerca de trescientos.

Si por el lado del café llueve a cántaros, por el resto del agro no escampa. En los últimos años han desaparecido 600 mil hectáreas de cultivos. El problema agropecuario se torna tan grave, que la descomposición viene acosando hasta la ganadería, otrora símbolo de estabilidad. A no dudarlo, uno de los problemas económicos y sociales más graves del país es el de sus zonas rurales, donde, según Fedesarrollo, los habitantes por debajo de la línea de pobreza llegaron en 1995 a siete millones, 70%.

Se sabe bien que la difícil situación que se vive tiene que ver con la implantación de la apertura, que agravó. el viejo sesgo antiagrario de la economía nacional. A un agro que nunca se caracterizó por su fortaleza, pues es falaz decir que antes de 1990 gozaba de la cabal protección oficial, se lo sometió a la baja de los aranceles a las importaciones de productos que le hacen competencia, al desmonte de los escasos precios de sustentación existentes, al aumento de las tasas de interés, a las restricciones en el crédito, al desmantelamiento de las instituciones que en algo lo protegían y a una política cambiaria que le reduce su competitividad en forma truculenta, pero efectiva. La vida demostró que el dogma neoliberal y la supervivencia del campo colombiano son a todas luces incompatibles.

Los cafeteros estuvieron entre las primeras víctimas de la plaga neoliberal que azota al mundo. La implantación del llamado “libre comercio” les entregó el control del mercado a las trasnacionales, que impusieron sus precios a voluntad. A pesar de haber aumentado las exportaciones en forma notable, Colombia perdió más de mil doscientos millones de dólares en los primeros cuatro años posteriores al rompimiento del Pacto del Café. A la par, subieron a niveles de usura las tasas de interés de los créditos, y conseguir un préstamo nuevo se convirtió en una hazaña. Se eliminó el subsidio a los abonos, seguramente el principal componente de la productividad. Y sufren por una política cambiaria diseñada para favorecer a los especuladores financieros de todos los pelambres. Para completar, también padecen por el resto de la política antiagraria que se aplica, porque una porción considerable de sus tierras se usan en otros productos.

Como la política neoliberal que se padece depende de la orientación oficial, resulta apenas obvio que hacia allí se enfilen los reclamos. Si desde el Estado, y con recursos multimillonarios salidos de sus arcas, no se toman toda suerte de medidas de protección, poco o nada podrán hacer los productores entrampados, incluidos los empresarios más tecnificados, para no hablar de los campesinos. La cínica perorata de la tecnocracia neoliberal de responsabilizar a los productores de lo que ocurre, al tiempo que gobiernan contra ellos, debe ser rechazada de plano.

La dificultad para lograr la modificación de una política que está hundiendo a agricultores y ganaderos, y con ellos a toda la nación, tiene que ver con los intereses en juego. Éste también es un caso de ganadores y perdedores. La ruina que padecen millones de colombianos significa un enriquecimiento mayor para el puñado de trasnacionales de la producción y 1 la intermediación agropecuarias. De ahí que estemos ante un pleito que termina en la propia oficina oval de la Casa Blanca y que, por tanto, tiene que ver con si nuestra nación logra ejercer las potestades derivadas de la dirección soberana de sus propios asuntos o si su papel se limita al muy triste de seleccionar cada cuatro años al Gaviria o al Samper que se encargue de ejecutar las órdenes del Banco Mundial.

Dado lo mucho que está en juego, y dadas las dificultades implícitas para la derrota de adversarios tan poderosos, resulta apenas obvio proponer una política de unidad del sector agropecuario, sin distinciones de ningún tipo. El acercamiento debe ir desde los pequeños hasta los mayores productores, desde los agricultores hasta los ganaderos, desde los campesinos hasta los empresarios y desde las agremiaciones más encopetadas hasta las más modestas. Lo que divida, sin excepción, debe ser descartado. Y para este propósito urge convocara la nación toda: a los distintos sectores políticos, la Iglesia, los comerciantes, los transportadores, los industriales, los maestros, los estudiantes, los obreros, en fin, a todos, porque sin excepción son víctimas de lo que ocurre. Y porque todos a una terminarán sufriendo las horribles secuelas del agravamiento de la situación.

La resolución de la crisis agropecuaria colombiana debe pasar, al menos, por la toma de las siguientes medidas: la fijación de precios remunerativos de sustentación, garantizados por el Estado: la existencia de créditos suficientes, oportunos y baratos: el cese de las importaciones de productos agropecuarios y la defensa y desarrollo de instituciones de protección para el sector. Tales medidas no serán otra cosa que aplicar las mismas orientaciones que rigen en los países desarrollados y que, por ejemplo, le han permitido al imperio norteamericano llevar sus exportaciones agrícolas a cincuenta mil millones de dólares al año.

Que no se olvide que el desastre africano, que tanto nos impresiona, tiene como uno de sus componentes principales la aplicación del modelo neoliberal contra el sector agropecuario.