Categoría: Tribuna Roja N° 69, Bogotá; febrero 6 de 1997

(Aunque derrotado en varias ocasiones, Mockus insiste en privatizar los 28 hospitales del distrito, al querer hacerlos depender de la venta de sus servicios)

Por Aldo Cadena, presidente de Sindess

La privatización de la salud pública en Bogotá, que pretende transformar los hospitales en Empresas Sociales del Estado, ESE, ha tropezado con la resistencia masiva de los sectores afectados.

La respuesta al llamado de Sindess a conformar un frente para impedir esta política contó con la participación de numerosas organizaciones sindicales como Anthoc, asociaciones comunales y cívicas, las juntas administradoras locales y varios partidos y movimientos políticos.

En distintas oportunidades han sido derrotados los proyectos de acuerdo presentados por Antanas Mockus en el concejo.

El 18 de julio del año pasado, después de tres días de movilizaciones, el cabildo aprobó por 17 votos a favor y cinco en contra devolver para su estudio y discusión más amplios el proyecto de acuerdo 032. En esa oportunidad señalaron los representantes de las organizaciones populares que la batalla apenas comenzaba.

La constitución de los comités por la defensa de la salud pública, en hospitales, barrios, localidades y la preparación del foro con el mismo propósito, contribuyeron a la reestructuración del intersindical de este sector, y a entrar en contacto con las ligas de usuarios y demás organismos cívicos y comunales para preparar las siguientes tareas.

En octubre, el nuevo proyecto de acuerdo 097 radicado por Mockus naufragó en medio de los masivos cabildos abiertos realizados en las localidades, a los cuales se convocó a los ediles.

Los dirigentes explicaron ampliamente cómo al amparo de la ley 100, de seguridad social, se pretende descentralizar los 28 hospitales en empresas con personería jurídica, financiera y administrativa propias. Su existencia e ingresos dependerán principalmente de la venta de servicios. La estabilidad de los trabajadores y derechos como el de la negociación colectiva desaparecerán al ser clasificados como empleados públicos.

Las obligaciones económicas antes asumidas por el Estado, a través del Servicio Nacional de Salud, se descargan en los pauperizados entes territoriales, y los hospitales subsistirán gracias a lo que puedan facturar por servicios prestados a quienes estén afiliados a una Empresa Promotora de Salud, EPS, o a los pocos que pertenezcan al régimen subsidiado, además de la venta y arriendo de sus instalaciones.

Al suspender el Estado los aportes a los hospitales y puestos de salud, lo que ellos llaman subsidio a la oferta, todos los gastos deberán ser recuperados mediante la venta de los servicios que demanden los empobrecidos asalariados, si es que aún tienen trabajo. Para guardar las apariencias, el gobierno promete subsidios a unos cuantos usuarios, a lo cual le han puesto el nombre de subsidio a la demanda.

Los pulpos financieros, dueños de las EPS privadas, que poco han invertido en la infraestructura de las Instituciones Prestadores de Salud, IPS, encontrarán en la crisis de los hospitales la oportunidad para apropiarse de recursos físicos, técnicos y científicos y de una mano de abra calificada y barata.

Será un negocio redondo, con una afiliación obligatoria, con el traspaso de los recursos del presupuesto para subsidiar sus arcas, con la apropiación directa o indirecta de la red hospitalaria pública y el sometimiento a su férula de los profesionales y los centros médicos particulares.

La comprensión de esta desalmada política permitió que en diciembre, por tercera vez, el proyecto de acuerdo, presentado por Mockus como el 108, fuera también derrotado. Coincidieron en esta oportunidad las movilizaciones de trabajadores y usuarios de la salud con la batalla que adelantan los de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Contribuyó a este propósito un importante núcleo de concejales, encabezado por Francisco Pareja y Omar Mejía, quienes respaldaron las justas exigencias.

El 14 de enero, como parte de las tareas preparatorias del paro nacional estatal coordinado por las centrales obreras, se realizó la asamblea popular y de trabajadores frente al concejo distrital, el cual inicia sus sesiones extraordinarias escuchando a los líderes de las diferentes organizaciones.

A pesar de las derrotas sufridas, el gobierno distrital persiste en su intento y presenta el proyecto 01, esta vez alentado por las medidas contenidas en la Ley 344, de ajuste fiscal, promulgada por Samper en diciembre, proyecto que vuelve a ser archivado el 29 de enero.

El comité intersindical ha ratificado su férrea unidad y el propósito de continuar la batalla contra este política neoliberal de privatizar los servicios de la salud por parte del agente que el capital financiero mantiene al frente de la alcaldía de Bogotá.

Al igual que los demás funcionarios públicos, el intersindical participa activamente en la preparación del paro del próximo 11 de febrero, defendiendo sus objetivos. Y más cuando, con la nueva ley de reducción del gasto público, y el decreto 439 sobre incrementos salariales para este sector, se acelerará el proceso de privatizaciones y aumentará la combatividad en todos los demás municipios.

Por Raúl Fernández

Con la reelección de Clinton y el nombramiento como secretaria de Estado de Madeleine Albright, checa de nacimiento y encarnizada anticomunista, se intensificará la ofensiva norteamericana por el control del orbe.

Ya bajo el mandato de Clinton y Christopher. Estados Unidos promovió, en todas las formas posibles, la implantación de las políticas económicas neoliberales en Rusia, las cuales profundizaron su bancarrota. Con esta mira han venido apoyando a Boris Yeltsin, a quien pertrecharon de dinero, propaganda y consejeros para asegurar su reelección.

Simultáneamente, Washington impulsa la expansión de la OTAN hasta las fronteras de la antigua Unión Soviética para mantenerla encañonada y, de paso, socavar la influencia alemana en los países de la Europa Oriental, llevados también al desplome por las políticas fondomonetaristas.

Acrecienta igualmente su presencia militar en los Balcanes, la que utiliza para penetrar económicamente en la península so pretexto de la reconstrucción después de la guerra. En este sentido es reveladora la lista de altos funcionarios de multinacionales gringas que acompañaban al secretario de Comercio Brown, cuando su avión se estrelló en la zona.
Para consolidar su supremacía en el Medio Oriente, Clinton veta la participación de las potencias europeas en las negociaciones árabe-israelíes.

También allí, y mientras continúa ocupando militarmente a la Península Arábiga con decenas de miles de soldados, ordena bombardear sin piedad y con la más ridícula excusa a la nación iraquí. La agresión se acomete esta vez de manera unilateral, sin la cooperación de los antiguos aliados europeos de la guerra del Golfo.

En África, la superpotencia gringa llama a que se eliminen los ejércitos nacionales -igual lo viene haciendo en América Latina- y presiona para que se conforme bajo su mando una fuerza interafricana.

Le disputa a otra potencia, Francia, su esfera de influencia en el continente negro. Después de más de treinta años de apoyo irrestricto a Mobutu Sese Seko, “descubre” -también la prensa gringa lo ha hecho de repente- que este caballero es un dictador y un ladrón de marca mayor.

Está en marcha un conflicto en la zona, donde Estados Unidos apoya al gobierno de Uganda, que a su vez organiza rebeldes contra Mobutu, quien todavía cuenta con el respaldo de sus viejos patrones galos. Los medios gringos de comunicación describen todo lo que por allí pasa como un “conflicto étnico”, fórmula que ya aplicaron hace unos años para desmembrar a la antigua Yugoslavia.

Respalda sin ambages a uno de los gobiernos más despóticos que jamás hayan existido sobre el planeta, el de Suharto, en Indonesia, gran protector de las multinacionales estadinenses y enemigo feroz de la clase obrera.

También en Asia, la Casa Blanca amenaza militarmente a China y a Corea del Norte.

Durante la reciente campaña electoral, que finalmente favoreció a Clinton, los enormes capitales instalados en la Cuenca del Pacífico se atropellaron los unos a los otros tratando de ganar la carrera del tráfico de influencias en Washington. Claro que Clinton en esto fue pragmático, aunque frente a gobiernos extranjeros trate de presentarse como el paradigma de la moral: el candidato demócrata recibió dinero a manos llenas e invitó a sus cockatil parties incluso a narcotraficantes, con tal de ganar por segunda vez el poder.

Sobre América Latina, en este segundo período, arreciará el vendaval de la recolonización. Una vez terminado el debate electoral, altos funcionarios norteamericanos anunciaron un gran impulso a la construcción del mercado común para toda América.

Las secuelas de tal política son ya bastante conocidas. A escasos años de haber sido puesto en marcha el Nafta, en Estados Unidos se estiman en 600 mil los empleos perdidos y en México, a lo largo de 1995, contabilizaron dos millones. Nueve millones de niños de la nación azteca viven en lo que la ONU llama pobreza absoluta, y 40 millones de mexicanos -casi 50% de la población total del país- viven en la pobreza. En contraste, cientos de maquiladoras gringas se han instalado en México, donde explotan al máximo a los trabajadores, aprovechando los míseros salarios mexicanos en la producción de artículos que le sirven para aguantar la aguda competencia con Europa y Japón, que día a día se exacerba.

No sólo invade a Haití, al que le impone el modelo neoliberal, sino que destruye también su ejército. Amenaza a Cuba y, con la Ley Helms-Burton, conmina a los países de Europa a que hagan otro tanto.

Hace maniobras para debilitar o liquidar a los ejércitos de América Latina, a los que un expreso mandato constitucional les fija la misión de defender la soberanía nacional. El objetivo consiste en conformar una fuerza interamericana de intervención, “multilateral”, que eliminará los comandos nacionales en cada una de las armas. Resulta sintomático que el mismo día que en Colombia se anunciaba el plan de construir el canal seco por Urabá, Washington daba a conocer que pronto iniciaría “contactos” para crear una fuerza aérea interamericana.

Sobre Colombia, Washington mantiene el chantaje de la descertificación y lleva a cabo actos hostiles de permanente intervencionismo sobre sus asuntos internos, presionando para que se remuevan o nombren funcionarios, forzando la firma de leoninos tratados que le confieren jurisdicción sobre nuestro mar territorial y extendiendo por todas partes la presencia de sus brazos armados y organismos de seguridad, en especial la DEA y la CIA.

Clinton pone en vigor leyes que autorizan a la Agencia Central de Inteligencia a operar por todo el mundo, para vigilar actividades comerciales de otros países y proteger directamente los intereses de las poderosas multinacionales norteamericanas.

La arrogancia de la superpotencia gringa se mostró al desnudo cuando Madeleine Albright vetó la reelección de Butros Gali y terminó imponiendo a Koffi Annán, marioneta de Estados Unidos, con el que pretenden reformar a la ONU para consolidarla como aparato de bolsillo y desconocer la voz de la mayoría de las naciones.

Al mismo tiempo, para que no quepan dudas de la unidad bipartidista en los asuntos castrenses, Clinton nombra como su secretario de Defensa a un republicano, el señor William Cohen.

A pesar de todo lo anterior, los grandes medios de prensa, como la CNN, el Washington Post y Los Angeles Times se empeñan en presentar a Clinton como un personaje débil en política internacional. ¡Cuán grande es la voracidad de los monopolios imperialistas! ¿Qué más quieren los señores?

(Comunicado difundido por la CUT, la CGTD, la CTC y la Confederación de Pensionados, enviado al presidente de la República en enero de 1997).

Las organizaciones sindicales del sector informal de la economía, en cuyas filas se asocian decenas de miles de humildes trabajadores colombianos, dedicados a las ventas en las calles y plazas, han solicitado a la CUT, CGTD, CTC y CPC servir como sus voceros ante el gobierno, dada la gravedad de la situación por la que atraviesan.

Su situación debe analizarse en el marco de la economía de un país pobre, cuyas tasas de generación de empleo son lánguidas frente al crecimiento de la fuerza laboral, tendencia que se ha acentuado con la implantación del modelo económico neoliberal y de apertura, con todas sus secuelas sobre el crecimiento, la producción nacional y el desempleo.

Los colombianos que recurren a las ventas callejeras no encuentran empleo en el sector formal. El suyo es sustancialmente un trabajo de subsistencia, sin seguridad social, ni prestaciones, ni derecho a incapacidad por enfermedad. Responde a la ley inexorable de que día que no se trabaje, independientemente de las condiciones de salud o climáticas, no hay comida que llevar a la familia. No es un trabajo que se busque con esperanza. Se llega a él cuando la sociedad no incorpora su población laboral por ausencia de puestos de trabajo. Allí llega también en proporción creciente la masa laboral despedida, la indemnizada e incluso la pensional, que después de una vida de trabajo no puede sobrevivir con la pensión mínima.

Desalojar brutalmente de las calles y sumir en el hambre a miles de ciudadanos, con el peregrino argumento de la “recuperación del espacio público”, es un exabrupto similar al de destruir un bosque para capturar una mirla.

Además, si sólo se trata de ceñirse a preceptos constitucionales haciendo abstracción de la dura realidad, allí en la Carta también está consagrado el derecho al trabajo para todos los colombianos.

Las organizaciones del sector informal siempre han estado dispuestas al diálogo y la concertación con las autoridades municipales, pero no entienden, ni ellas, ni las centrales obreras, el lenguaje del atropello oficial, el desalojo brutal, el tratamiento despótico, el robo de sus mercancías, el hambre de los hogares de los vendedores y el despilfarro de recursos humanos y presupuestales en una guerra sin sentido, para obtener como trofeo una calle o una plaza sin vendedores, cuando la nación se consume en problemas de mayor importancia y trascendencia.

Por lo anterior, expresamos a usted algunos criterios de las organizaciones sindicales del sector informal que pueden ser base de un proceso serio de diálogo y concertación hacia soluciones razonables para un grueso número de trabajadores de las calles:

1. Expedición de una ley que desarrolle el artículo 82 de la Constitución, en el sentido de la prevalencia del derecho al trabajo, que goza de la especial protección del Estado (artículo 25).

2. Suspender los procesos y órdenes de desalojo de vendedores, e instalar mesas de concertación entre gobierno y sindicatos.

3. Suspender los decomisos de mercancías y las detenciones, y devolver las mercancías decomisadas, único patrimonio de estos trabajadores.

4. Análisis de los organismos judiciales superiores de los fallos y resoluciones emitidos en relación con este problema por las alcaldías, secretarías de gobierno y oficinas jurídicas de las autoridades municipales.

Solicitamos, finalmente, una audiencia con las centrales obreras y las organizaciones del sector informal, para ampliar estos conceptos y buscar conjuntamente una salida a la grave situación planteada.

Por la CUT, Luis E. Garzón, presidente; Héctor Fajardo, secretario general. Por la CGTD, Mario de J. Valderrama, presidente; Julio Roberto Gómez E., secretario general; por la CTC, Apecides Alvis, presidente; Miguel Morantes, secretario general; por la CPC, Rafael Gómez Quiroga, presidente; Fortunato Lozano, secretario general.

El 25 de enero se realizó en Bruselas, Bélgica, el encuentro mundial de investigadores, dirigentes políticos y sindicales, convocado bajo el lema de “Once horas contra el neoliberalismo, por la humanidad”.

La deuda externa del Tercer Mundo; los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; América Latina y África durante el ajuste; las políticas neoliberales y sus implicaciones para los trabajadores de los países del Norte y el Sur; el papel de las potencias, en especial las del grupo de países industrializados que conforman el G7; el poder de las multinacionales; el verdadero significado de la llamada globalización y apertura de la economía: la privatización de los servicios públicos e instituciones estatales, fueron los temas debatidos.

En el programa del encuentro se incluyeron conferencias de destacadas personalidades, entre ellas Pedro Montes, economista e investigador del Banco de España, autor de El desorden neoliberal, libro que ya circula en Colombia; Michel Chossudovsky, profesor de la Universidad de Ottawa, Canadá, reconocido crítico de la globalización; Albert Jacquard, autor de Yo acuso a la economía triunfante; Michel Husson, autor de Miseria del capital, tina crítica al neoliberalismo; Joao Machado, economista brasileño: dirigentes sindicales de empresas como Caterpillar, Seat y Volkswagen; miembros del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, organismo promotor del evento, y delegados de organizaciones obreras de América Latina y África.

El problema de la deuda centró la atención
En el documento preliminar titulado “Perspectiva del problema de la deuda del Tercer Mundo, elaborada para la reunión, se anota que “en la década de los ochentas, los flujos financieros entre el Norte y el Sur se invirtieron. A través del servicio de la deuda, las economías del Sur alimentaron las instituciones financieras internacionales de los países ricos. Entre 1982 y 1990, algunos autores evalúan dicha transferencia neta en 420 mil millones de dólares, es decir, el equivalente a seis planes Marshall.

“En 1982. la deuda de Colombia era de 10.500 millones de dólares. Entre 1982 y 1988, Colombia reintegró 14 mil millones por el servicio de la deuda. Sin embargo, en 1988 su deuda se elevaba a 16 mil millones de dólares, o sea, 55% más que en 1982.

“¿Cómo se explica entonces que después de haber reintegrado, en algunos casos, más que el capital inicialmente prestado, un país se encuentre aún más endeudado?”

(E1 29 de enero terminó exitosamente el paro en la Administración de Justicia, en el que tomaron parte 42 mil jueces, fiscales, magistrados y demás funcionarios durante veinte días. Tribuna Roja entrevistó a sus principales dirigentes, Antonio Suárez Niño, presidente de Asonal-Judicial y juez del circuito en la capital de la República; Fabio Hernández Forero, vicepresidente del sindicato y jefe de una Fiscalía seccional, y Humberto López Narváez, secretario general de la organización y auxiliar de magistrado en el Tribunal de Cundinamarca.)

TR. ¿Cuáles fueron las causas que los movieron a lanzarse a un cese tan largo?

Antonio Suárez: Más que nada, la injusta política salarial del gobierno frente a la Rama Judicial. Desde 1992, según estudio del Consejo Nacional de la Judicatura, nuestros ingresos han venido perdiendo el equivalente a 21.16% de su poder adquisitivo. Ello obligó a Asonal a plantear el pasado año un pliego de solicitudes. Con firmeza nos opusimos a la política neoliberal impuesta por Gaviria y Samper, tendiente a recortar los salarios, desmontar el régimen prestacional y liquidar decenas de instituciones del Estado. En el sector de los profesionales se observa una tendencia hacia la pauperización, y ni se diga entre la clase obrera.

T R.: ¿Qué actitud toma el gobierno frente al pliego?

Antonio Suárez: Muy displicente. Para no negociar salarios, el ministro de Hacienda alegó el llamado ajuste fiscal. Finalmente se vio obligado a discutir. El empuje demostrado por los dos paros de veinticuatro horas que hicimos el 10 de octubre y el 14 de noviembre fue un argumento contundente. Logramos que se pagaran las cesantías y que el gobierno presentara un proyecto de ley para que los factores salariales tuvieran incidencia al liquidarse las pensiones. Pero no se resolvió el punto principal. No quedó otra alternativa que llamar de nuevo al paro.

T R.: ¿Cuál fue la respuesta de las bases?

Antonio Suárez: La gente respondió con disciplina y unidad, en un hecho sin precedentes en la historia de nuestro sindicato, aunque debemos recordar el de la época en que Asonal estaba dirigida por Jaime Pardo Leal. La lucha la iniciamos el 2 de diciembre, con carácter indefinido, exigiendo un reajuste de salarios acorde con el alza del costo de la vida. Pero hubimos de suspenderla por las vacaciones colectivas.

La continuamos en enero, ante el anuncio de que a 82% de los funcionarios y empleados se les impondría un aumento de 8%. Seguía en alza el estado de ánimo de las bases. Tanto que por primera vez decidieron sumarse magistrados y tribunales, incluso el de Orden Público, el de los fiscales sin rostro. A casi ciento por ciento llegó la cobertura en el país. Las bases entendieron que había que enfrentar la política neoliberal del gobierno, por encima de cualquier consideración individual.

Un aspecto crucial que debe destacarse es la solidaridad brindada por la CUT, la CGTD, Fecode, USO, Fenaltrase, Sittelecom y el resto de los asalariados del sector oficial. Eso fue muy hermoso. Todos los días nos llenaba de fortaleza.

T. R.: ¿En qué consiste el acuerdo que suscribió Asonal con el gobierno?

Fabio Hernández: Se crean, con carácter permanente, dos nuevas prestaciones. La una, denominada bonificación, es un pago que se le hace al empleado una vez al año y equivale a la tercera parte de su sueldo mensual. La otra consiste en una prima de nivelación, cuyos porcentajes varían según el cargo, pero que oscila entre 1.6 y 7.6% del salario. Lo cual, teniendo en cuenta el aumento decretado por el gobierno, da un total de 18% para los funcionarios de la Administración de Justicia, sin excepción La bonificación constituye sin duda alguna factor salarial; la prima de nivelación, en nuestro criterio, configura por sí misma salario, pues se va a percibir mes a mes, en forma constante. Ese tipo de emolumentos, al tenor de la ley, entra a hacer parte del salario.

En síntesis, el acuerdo significa una derrota de la política neoliberal en materia de salarios.

T R.: ¿Cuál fue el balance del paro en la provincia?

Fabio Hernández: El movimiento, por fortuna, tuvo una contundencia muy grande, tanto entre jueces, magistrados y fiscales, como entre secretarios, citadores y mensajeros. Se trata del paro judicial más vigoroso en la historia del país. El nuestro es un sector muy renuente a este tipo de movilizaciones, pero el nivel de consecuencia ha venido subiendo en los últimos cinco años. El paro no sólo cubrió las ciudades capitales, sino incluso los municipios más lejanos, donde todo el trabajo de agitación corrió por cuenta del juez y el secretario. Hubo sitios donde los jueces y empleados hacían turnos en la noche, como en las carpas que uno ve en las huelgas obreras. La gente cuidaba los despachos para evitar que fueran ocupados por la policía.

T. R.: ¿Cómo funcionó el paro?

Fabio Hernández: El personal llegaba al sitio hacia las ocho de la mañana y allí permanecía hasta el atardecer, gritando las consignas, participando en las tareas de tipo cultural, recreativo y deportivo, en ambiente de entusiasmo y compañerismo. Fueron veinte días: diez en diciembre y diez en enero.

T R.: ¿Qué dificultades enfrentaron?

Humberto López: Encaramos principalmente las amenazas de despido por parte del gobierno, que ante la fuerza del movimiento nunca se aplicaron. Se llegó a hablar de que la policía se tomaría por la fuerza las instalaciones. Samper incluso amenazó con declarar el estado de conmoción interior, medida extrema que los negociadores del gobierno nos machacaban en la mesa en tono compungido: “Señores, nos van a dar en la cabeza. Esto se va a poner muy serio. Quién sabe incluso qué nos puede pasar mañana a todos”. Pero tampoco se atrevieron a dar el paso. La gente, con altura ejemplar, señaló que se hallaba lista a asumir cualquier consecuencia. Del gobierno lo esperábamos todo, porque sabemos la catadura del ministro del Trabajo.

T. R.: ¿Cómo resolvieron los problemas de comunicación?

Fabio Hernández: Hubo muchas dificultades, dada la dispersión de los despachos. Los activistas nos teníamos que desplazar a diario de uno a otro lugar, pues tan sólo en la capital hay 28 edificios judiciales. Eso causaba traumatismos, porque la gente exigía información precisa y oportuna, que no siempre podíamos suministrar.

El peligro mayor en este campo era que desmontaran el cese con infundios. Algunas veces se dijo: “Termina paro en la rama judicial”. Claro, se le advirtió a la gente que no se guiara sino por los anuncios oficiales del sindicato.

T. R.: ¿Cómo ha sido acogido el acuerdo?

Humberto López: Como a lo largo de las negociaciones cada paso fue consultado con las bases, ha sido muy bien recibido. Cuando las discusiones con el gobierno se encontraban prácticamente finiquitadas, la inmensa mayoría de la gente ya conocía sus alcances y había dado el asentimiento.

T. R.: ¿Qué posición tienen ustedes frente al paro del 11 de febrero?

Antonio Suárez: Apoyamos sin reservas los objetivos planteados por las centrales sindicales y las vamos a respaldar con asambleas de solidaridad, mítines y manifestaciones. Vemos con simpatía, sobre todo, el positivo proceso de unidad que se viene gestando entre la CUT, la CGTD, la CTC y la Confederación de Pensionados en torno a tan histórica jornada.

(Apartes de las palabras del historiador v director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, doctor Jorge Orlando Melo, en la presentación de este libro, realizada en el Museo del Arte de la Universidad Nacional, Bogotá, 4 de diciembre de 1996).

Por Jorge Orlando Melo

Este es, en mi opinión, uno de los mejores libros que se han publicado en el terreno de la historia colombiana. Es sorprendentemente bueno, por muchas razones.

Es un libro que realmente representa una ruptura en la historia urbana hecha en Colombia. De 1890 a 1940 ó 1950, sobre las ciudades colombianas se escribieron esencialmente crónicas o memorias nostálgicas de la época en que la ciudad sí era agradable y vivible.

Esto no lo decimos ahora. Se decía ya en las obras de Eladio Gónima sobre Medellín y en las de muchos otros memoristas de la época. El paso de la crónica urbana a la historia propiamente urbana es muy reciente en el país, aun cuando hay que destacar algunas obras de gran calidad, como la de Luis Orjuela sobre Zipaquirá.

Hace unos años se publicó una historia de Bogotá, hecha por un equipo muy numeroso, con una gran inversión de recursos, que contribuyó a la comprensión de la historia de la capital. Tuve la mala fortuna de discutirla frente a los autores y de señalar muchísimos de sus defectos: ilustraciones que no correspondían al texto, modificaciones injustificadas del original. Teníamos un excelente libro en términos editoriales, muy bonito, lleno de magníficas ilustraciones, pero sin el rigor histórico requerido.

Yo mismo he participado en aventuras recientes de historia urbana. Acabamos de sacar una de Medellín, pero en condiciones muy distintas y, digámoslo, mucho más fáciles que las que ha tenido el profesor Robledo. Entre 60 autores hicimos una serie de ensayos con apoyo operativo amplio. Fue un trabajo más fácil de hacer, pero es un libro sin unidad conceptual. Por eso me parece que éste de hoy es el primer texto de historia sobre una ciudad colombiana en el que encontramos una obra impecable, con unidad, con perspectiva analítica clara y con gran cantidad de virtudes adicionales.

A pesar de que el autor -por lo que leo, pues no lo conocía- es arquitecto, supera muy rápidamente el análisis tradicional de edificaciones y palmos urbanos que hacen muchos de sus colegas que trabajan en historia urbana. Se desborda hacia una visión integral del proceso de desarrollo de la ciudad, que en Manizales, como él lo destaca, tuvo más energía que en otras partes, por haberse dado la búsqueda de la modernización y el progreso en forma comprimida, en un período muy breve: Manizales pasa de aldea rural en 1850 a una ciudad que pretende ser moderna en 1930.

Esta comprensión del proceso de cambio se vuelve, de alguna manera, el hilo conductor de la obra: las ambiciones de una elite que moderniza la ciudad -en el libro hay unos textos extraordinarios sobre las pretensiones aristocráticas y de blancura de los manizalitas-, pero que de todas maneras sólo logra una ciudad en la cual ese proceso de modernización es parcial, incompleto, fragmentado, o como se quiera llamar.

Leyendo este trabajo, evocaba la obra de Norbert Elías sobre el proceso civilizatorio. Libros en los cuales Elías ha mostrado cómo la cultura occidental les enseñó a los hombres, entre 1300 y 1800, a seguir una serie de rituales que tienen que ver con la convivencia humana, pero que se interiorizan hasta el punto de que les enseñan a sentir asco por determinadas cosas, a molestarse por el contacto físico, por la desnudez, por los olores de la ciudad.

El proceso que estudia Elías es el de la cultura europea y está centrado en el mundo de la sociedad cortesana. La historia de Manizales nos enfrenta al desarrollo acelerado de este proceso, pues no hubo setecientos años, sino cincuenta o sesenta para que unos campesinos trataran de convertirse en elegantes miembros de una sociedad moderna. En este aspecto los textos del libro, los ejemplos, son de un atractivo a veces cómico. Me voy a permitir leer algunos de ellos para subrayar otro elemento del libro: que es muy agradable de leer.

Encontramos, entre otros, un sorprendente documento de don José María Mejía, el abuelo de don Manuel Mejía, quien hace un “reglamento para el gobierno doméstico de la familia y de la casa” y dice cosas como ésta: “Artículo 4. Es obligación imperiosa de la madre de familia manejar todo lo que suministre el padre para vestuario y subsistencia de la familia, con la economía y buen orden que demanda tan sagrado deber, pues que de él depende en su mayor parte la riqueza sobre todo los buenos hábitos y sanas costumbres de los hijos y domésticas. Para conseguir tan precioso fin es preciso que la madre observe sin quebrantar jamás las reglas siguientes, salvo lo imposible: debe hacer que los niños se levanten a las 5 de la mañana, etc., etc.”. Es un proceso por el cual unos criterios que van a establecer costumbres, son impuestos primero en forma externa -un reglamento con numerales- y después se convierten en modos interiorizadores de vida en la ciudad.

Algo paralelo ocurre en el terreno de la limpieza urbana, de los hábitos higiénicos. Manizales es en sus comienzos una ciudad rural, llena de porquerizas. Desde 1852 aparece legislación que dice: “Se prohíbe en adelante la ceba y cría de marranos en las calles y plazas públicas de este distrito”. Pero las prohibiciones siguen apareciendo hasta los años veinte, porque como se siguen criando los marranos es necesario reiterarlas. Hasta que en 1925 el presidente del Concejo exclama -alborozado, dice el autor-: “Totalmente ha desaparecido del centro de la ciudad la cría y ceba de cerdos”. Cincuenta años para civilizar esta parte de las costumbres.

Esto incluye otras prohibiciones: “Prohíbese de hoy en adelante hacer aglomeraciones de cargas en las esquinas de la plaza principal y conducir y cargar animales en dichos puntos los días de feria”. “Prohíbese ordeñar vacas en la calle y tenerlas sin descornar”. “Prohíbese cargar y descargar recuas en la plaza sin que los animales estén retirados de las aceras”. “Es prohibido tener sueltos en las calles y ejidos del poblado caballos sin castrar”. “No permitir en los corrales o ferias públicas animales de distinto sexo y que por su estado puedan ofrecer a la vista escenas repugnantes”.

Es todo un esfuerzo civilizatorio, creo yo, que ha sido mostrado con gran finura por el autor y que se prestaría, obviamente, para consideraciones mucho más serias y complejas que las más o menos livianas que estoy haciendo.

Creo que plantea un problema curioso sobre las ciudades colombianas, en las cuales el tránsito a lo urbano fue muy acelerado y hay una gran nostalgia de lo rural.

Quiero señalar otras de las virtudes generales del texto: es un libro con un estilo extraordinario, transparente, claro, misericordiosamente ajeno a tanta jerga que encuentra uno en los libros que lee. Sin ánimo de ofender a otros colegas del profesor Robledo, quiero decir, y obviamente haciendo la excepción de Germán Téllez, de Alberto Saldarriaga y de otros, que no parece escrito por un arquitecto.

Es un libro francamente muy bien escrito.

Lo otro es la clara agudeza en el manejo de la documentación y el balance en el análisis de las pruebas que tiene para cualquier argumento. El manejo de temas como el de la guadua entre los quimbayas, o el problema de la transición del bahareque a la tapia y de la tapia al bahareque en la arquitectura de finales del siglo pasado y comienzos de éste en Manizales: la forma como evalúa las fuentes y como finalmente llega a unas conclusiones, a veces manteniendo el escepticismo, indicando, “bueno, no sabemos muy bien”, es una muestra del uso de la documentación, de ir hasta donde ésta lo permite, de tener claridad, de no dejarse llevar por lugares comunes y por saberes hechos. El libro, además, plantea muchos cuestionamientos sobre lo que se dice de Manizales, y alcanza a captar en qué punto ese saber tradicional a veces es débil y a veces falso.

Hay dos autores que no vi mencionados. El artículo de Roberto Luis Jaramillo sobre la colonización antioqueña, extenso y detallado, y las crónicas amables de Rafael Arango Villegas.

El autor logra hacer esa historia urbana integral que todos soñamos para muchas de las ciudades colombianas. Por ello también hay que felicitar a la Universidad Nacional, no sólo por la calidad del texto, sino por la forma como está presentado.

El 24 de noviembre de 1996, en Puerto Lleras, Meta, fuerzas oscuras segaron la vida del camarada Buenaventura Olarte, de 60 años, militante del MOIR en ese departamento y destacado organizador de ligas campesinas y cooperativas.

Oriundo de Santander, desde hacía más de treinta años el compañero Olarte se hallaba estrechamente vinculado a las actividades agrarias en Guamal y Las Palmeras, donde gozaba de un enorme ascendiente. Ingresó a nuestro Partido en la década del setenta, convencido de la justeza de nuestra línea y orientado por la consigna de defenderla producción nacional, en cuya consecuente brega jamás desfalleció.

El camarada Olarte deja once hijos. A todos ellos, como también a su querida esposa y demás familiares, les expresamos nuestra sentida condolencia. Su ejemplo de firmeza y lealtad a la causa de la revolución en Colombia nos seguirá acompañando siempre.

(En Tribuna Roja No. 53, de agosto de 1993, el camarada Mosquera escribió un extraordinario análisis sobre las implicaciones de la apertura que estaba viviendo va ten acelerado proceso de implantación. La práctica ha demostrado la total validez de sus ideas.)

Desde su verdadera fecha de nacimiento, por allá hacia mediados de 1965, nuestro Partido ha venido combatiendo al imperialismo norteamericano, la causa principal de las adversidades “modernas” de Colombia. Más de un encuentro, polémica o ruptura, en la que participamos, giró en torno de principio tan fundamental. Entre aquellos que con saña reclamaron su supremacía dentro del proceso revolucionario siempre primó la tendencia a desentenderse de las cuestiones teóricas y, según las circunstancias, a imaginarse molinos de viento para justificar sus disparatadas acciones. Cierto que a raíz de la invasión de los rusos a Afganistán, en las postrimerías de 1979, nos pronunciamos a favor de un gigantesco frente contra Moscú, cuyos cabecillas ya habían dado muestras palmarias de su expansionismo. Sus afanes bélicos consistían simplemente en la repetición de la conducta de las grandes potencias que pugnan por un nuevo reparto del mundo, fenómeno peculiar de la “fase superior”, monopolística, del capitalismo. y que en el ciclo han ocasionado dos guerras mundiales e infinidad de conflictos de irradiación local. De dicha estrategia de contención no excluíamos a Estados Unidos, Europa v Japón. Estaban en juego no sólo la paz mundial y la democracia, sino la reivindicación de las conquistas v los valores conculcados al socialismo, lo más importante. Sabemos cómo terminaron todas estas fatales tensiones. Con la estruendosa hecatombe de los soviéticos surgió un panorama distinto: otros azares ocuparían el puesto de los peligros desvanecidos, y habría necesariamente modificaciones de varios grados dentro del rumbo táctico, cual lo advirtiera el MOIR en el momento justo.

Washington, sin muchos méritos, retomaba su cetro hegemónico que tanta falta le hacía para recuperar las influencias escamoteadas v resarcirse de los desgastes de un período caótico demasiado prolongado. Sin riesgo alguno y aun a costa de recrudecer las dificultades de la producción interna se dio el lujo de reducir el presupuesto militar, tras declarar a bombo y platillo el fin de la denominada “guerra fría” y, por ende, de cualquier tipo de conflagraciones. Una noticia especiosa que recorrió el planeta entero. En Colombia la creyeron desde los curas hasta los dueños de las sinecuras. Muy pocos recapacitaron que durante los decenios anteriores nunca se dejó de guerrear. (…)

El sucinto resumen de las últimas agresiones norteamericanas suministra una idea de cómo se halla caldeado el ambiente universal y de cuán hipersensibles se presentan las relaciones entre las repúblicas avanzadas. A éstas, desde hace una centuria, ya no les sirven los caparazones nacionales en sus objetivos de impulsar el desarrollo. Están impelidas a aprovecharse de las insustituibles oportunidades que les brindan las vastas extensiones colonizadas, una infinita cantera de aprovisionamientos, así como de salida para sus mercancías e inversiones. La exportación de capitales configura su lema de combate. Sin forma de evitarlo, expolian, de una parte, a los pueblos que caen bajo su égida, y de la otra, enrédanse en duras rebatiñas entre sí.

El capitalismo se gestó dentro del libre comercio, hasta llegar a su edad madura, el monopolio, que, lejos de suprimir la competencia, la exacerba y la extiende por todo el globo, convirtiéndola en casos belli. Al expandirse mina la capacidad de sus oponentes, pues les quita ascendencia en diversos territorios: y sin pensarlo saca del atraso a los países pobres, acabando el aislamiento y estableciendo en los lugares más disímiles los males que le son característicos. Inclusive ocurren contingencias paradójicas. Las metrópolis terminan impulsando más la producción en las tierras distantes que dentro de sus mismas fronteras. Obviamente esto acontece mediante la subordinación o el aplastamiento de las industrias nativas por cuenta de los enormes conglomerados: mas el grueso de las utilidades va a parar a las arcas de los linces de las finanzas, los auténticos monarcas del reino actual de la usura y el agio. En esos tejemanejes los imperialismos se engullen unos a otros, o por lo menos se sustraen sus posesiones de ultramar. Echan mano de cuanto medio sea aconsejable para tales propósitos. Sobornan a los funcionarios de los gobiernos alcahuetas; facilitan cuantiosas sumas con el objeto de que les compren; venden a bajos precios sus mercaderías, es decir, utilizan el llamado dumping con el objeto de arruinar a la contraparte. En el escamoteo, el Estado opresor desempeña el papel protagónico, puesto que coordina, decide e impone cada uno de los pasos del gran negocio.

Las leyes básicas de la extorsión imperialista están comprendidas en lo señalado, así las modalidades varíen de un país a otro. o según se trate de una etapa u otra. El conocer aquellos fundamentos nos permite gozar de una clara visión a la más amplia escala, e intuir el comportamiento, las demandas o los intereses de las diversas clases y fuerzas políticas. Hoy está de uso la apertura con todo v cuanto ella implica. Lo cual no significa, por supuesto, que en los decenios anteriores no hubiéramos soportado las avalanchas intermitentes de los artículos foráneos que infligieron serios golpes a las faenas productivas de la ciudad y el campo: o que no hubiésemos sufrido la especulación de los prestamistas e inversionistas de afuera. (…)

Hacia el principio de los años ochentas se hicieron evidentes los estancamientos de los emporios industriales, los desbarajustes del régimen de préstamos y las señales de un malestar preñado de contradicciones. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional plantearon resueltamente el modelo aperturista, cuyos promotores serían los cientos de miles de intelectuales recién egresados de los centros educativos yanquis o proyanquis. A los productores colombianos les aseguraron que el proceso se llevaría a cabo de manera gradual y que dispondrían de bastante financiamiento para que adelantaran la reconversión de sus plantas. El meollo de la tesis estribaba en que una contracción de la demanda interna v una competencia en regla contribuirían a fortalecer las operaciones fabriles, a subir las exportaciones y a modernizar la economía. Sin embargo, desde la administración de Betancur los máximos organismos crediticios, que impusiesen la nefasta monitoría sobre ministerios y entidades oficiales, recabaron el recorte de cuanto impulso, subvención o amparo coadyuvara en las labores nacionales. Algo semejante pasó bajo Barco, quien puso en marcha el desmonte de estas escasísimas prerrogativas, despejándole el camino a Gaviria, el predestinado a ceder o alienar a la nación. Durante 1985 los sectores pudientes sentaron su protesta ante los atentados que se veían venir. (…)

Después, un buen número de fabricantes sucumbiría frente a los halagos del Ejecutivo, el cual continuaba brindándoles de palabra dineros en abundancia con qué atender los gastos de las costosas mejoras de sus factorías. En cualquier caso la nueva estrategia se iría introduciendo progresiva pero lentamente. Las autoridades nada cumplieron. Colombia había caído en la encerrona, sin que de esta tétrica maquinación se eximan los grupillos patronales y antipatrióticos del movimiento sindical. Consumado el hecho, otra vez emergieron los reclamos, las quejas, las denuncias. Los dirigentes de los gremios, especialmente los empresarios agrícolas, no salían de su estupor. (…)

Las modificaciones constitucionales, el nuevo ámbito legal que había de permitirle al gobierno gavirista emprender a sus anchas las reformas, se efectuaron en un santiamén, sumiéndonos en una confusión jurídica sin antecedentes. Entre las normas aprobadas cabe mencionarse las relativas a la división territorial, un federalismo disfrazado, que se enruta a darles acceso a los grandes consorcios, a que las regiones posean la atribución de allanarles la vía alas inversiones a través de requisitos fáciles y rápidos. Hace rato se comenta con insistencia sobre las inmensas posibilidades de las dos zonas costeñas. En ambas han de llevarse a cabo obras de infraestructura física, sobre todo en el Pacífico, que se construirán con incalculables recursos provenientes de los bancos internacionales. En síntesis, nos conceden empréstitos con la finalidad de que les preparemos el terreno para la extracción de nuestras riquezas.

En procura de tornar atractivas las transacciones ante los ojos de los monopolios, hay que hacerlas altamente rentables, principiando por ofrecer una fuerza de trabajo barata, capaz ésta sí de competir con la de otros pueblos. Como cumplimos alrededor de un siglo de relativa evolución industrial, registramos luchas sindicales de alguna trascendencia que se han traducido en pequeños avances respecto a los salarios y a las prestaciones. Estos logros tienen que ser cercenados si se espera implantar la apertura. Lo cual concluyó consumándose con la ley 50 de 1990, que deprimió la paga y los derechos de la clase obrera; y por medio de las demás disposiciones regresivas de orden social que están andando se han de suprimir pensiones, cesantías y la atención de la salud.

Los otros alicientes estriban en las adjudicaciones de muchas de las entidades y empresas del Estado. Las providencias expedidas, mediante las cuales se pretende privatizar bancos, puertos, vías, factorías y servicios, precisan de la cancelación de los contratos laborales, lanzándose al arroyo a miles y miles de operarios, sin jubilación y tras lustros de sudar la gota, un puntillazo a la propia evolución del país y a la perseverancia de las masas laboriosas.

Aunque en la enumeración falten varios zarpazos con que el águila americana pretende destrozar las entrañas de sus neocolonias del sur, hemos barruntado una perspectiva muy aproximada de los épicos desafíos que no conseguirán eludir los habitantes zaheridos y desfalcados del hemisferio. Únicamente les queda la disyuntiva de combatir sin descanso ni vacilaciones. (…) Y así, el futuro estará plagado de acciones heroicas e históricas.

Los malentendidos entre siervos y señores tampoco demoraron en aflorar. Mientras aquéllos, obedientes, han decretado la plena liberalización, éstos se escudan tras sus valladares fronterizos, impidiendo o entrabando el ingreso de los géneros provenientes de las porciones subdesarrolladas del globo. (…)

A las quiebras del diseño las escoltarán las bancarrotas de las metrópolis. Con la misma velocidad con que las potencias apuntalaron sus dominios económicos los espacios comerciales se irán saturando, el proletariado aprenderá a defenderse, las utilidades bajarán y los beneficios primigenios habrán de diluirse.

En los avatares por sobrevivir, los monopolios, que contienden entre ellos y se difunden sin cesar, acaban barriendo las bases de su propia existencia.
La apertura no impedirá la crisis imperialista.

El 14 de diciembre fue asesinado en Cali Alfonso Vargas Tovar, dirigente sindical de reconocida trayectoria en el país. Mediante engaños fue trasladado a un paraje rural cerca de la ciudad, donde los asesinos le propinaron un tiro y lo enterraron.

Alfonso Vargas había llegado muy joven desde el Huila, y se vinculó como obrero del municipio. Su tesonera labor lo llevó a la dirección del sindicato y a convertirse en el principal dirigente de la Unión de Trabajadores del Valle, Utraval, filial de la antigua UTC. Durante veinte años ocupó la presidencia de la Federación. Dadas sus calidades y capacidad de liderazgo, fue concejal de Cali y diputado a la Asamblea del Valle. Contribuyó a formar un sinnúmero de sindicatos y a fundar el Barrio Sindical.

En su departamento estuvo a la cabeza de uno de los más importantes movimientos unitarios del sindicalismo colombiano, que dio como resultado la creación de la CTDC, de la cual fue secretario general, y la posterior fusión de ésta con la CGT, para constituir la hoy vigorosa Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD, de cuyo primer Comité Ejecutivo hizo parte, ocupando una de las vicepresidencias.

Al momento del alevoso crimen, Alfonso Vargas desempeñaba el cargo de secretario de Economía Solidaria de la CGTD-Valle del Cauca y era miembro del consejo directivo de Cooperadores.

Su muerte ha causado hondo pesar entre los trabajadores vallecaucanos y enluta al movimiento obrero colombiano.

Alfonso Vargas fue, para el MOIR, un gran amigo que batalló con lealtad a nuestra lado por aglutinar en un amplio frente de lucha a los asalariados y oprimidos de Colombia. Gloria eterna a su memoria.

Por Fabio Arias

De los 21 miembros del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, oficialmente inscrito el 16 de enero pasado, dos son los compañeros del MOIR: Fabio Arias y José Fernando Ocampo.

En la presidencia fue elegido Luis Eduardo Garzón, dirigente de la USO y miembro del Partido Comunista, y en la secretaría general Héctor Fajardo, proveniente del magisterio.

A este Comité Ejecutivo le ha correspondido, en conjunto con 80 dirigentes sindicales nacionales que componen la Junta Nacional, tomar la consecuente decisión de rechazar el “pacto social”, al considerarlo contrario a los intereses de los trabajadores y a que se trata de un ardid que busca el apoyo del movimiento sindical para la aplicación de la política neoliberal tendiente a reducir los salarios y aumentar la explotación laboral. Fue lo ocurrido en el anterior “pacto” firmado por el hoy ministro de Trabajo cuando ocupaba la presidencia de la CUT.

Esta política de la central constituye un elemento que permite la unidad de acción con las otras confederaciones, especialmente con la CGTD, la que se mantuvo al margen de la convocatoria samperista. Gracias a lo anterior, las centrales repudiaron de manera unánime el salario mínimo impuesto, muy inferior al alza de precios del año pasado. En este momento acompañan y lideran el paro nacional de los trabajadores del Estado.

Esta orientación del Comité Ejecutivo de la CUT está recibiendo el apoyo de todos los sindicatos filiales que anhelan avanzar en la lucha obrera contra la dominación del imperialismo norteamericano.