SAMPER OBSTACULIZA FUERO SINDICAL

El fuero sindicales una conquista que busca proteger los derechos de asociación y negociación colectiva de los trabajadores. Por ello su reconocimiento a los empleados públicos representa un avance que está consagrado constitucionalmente.

La ausencia de normas que precisen la jurisdicción que debe tramitar estos asuntos y el procedimiento que puede aplicarse lo ha mantenido en el aire. Por iniciativa del senador del MOIR, Jorge Santos, el Congreso aprobó un Proyecto de Ley que llena este vacío y que permitirá hacer efectiva esta reivindicación.

Aunque desde el 16 de diciembre de 1996 se encuentra para la sanción presidencial, Samper ha dilatado su firma sin justificación alguna. Es el estilo samperista de gobernar.

APOYO DEL MOIR AL PARO DE LOS ESTATALES

(Intervención de Yezid García, miembro del Comité Ejecutivo Central del MOIR en el programa de TV del 4 de enero de 1997).

Las centrales obreras y las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado han convocado un paro nacional a partir del 11 de febrero.

La razón de esta convocatoria es la aplicación, por el gobierno de Ernesto Samper, de medidas neoliberales impuestas por el FMI y el Banco Mundial y que son contrarias al interés de la nación.

Con el argumento del déficit fiscal, el gobierno sancionó la ley 344 de 1996, que reduce sustancialmente la inversión social del Estado y vulnera derechos de los asalariados. El programa de privatización de empresas y venta de activos públicos continúa a mayor ritmo que en los tiempos del «revolcón». Se pretende feriar la exclusividad de Telecom en la prestación de los servicios de larga distancia, cercenar de Ecopetrol el suministro del gas natural, vender Cerromatoso, fraccionar la Empresa de Energía de Bogotá, enajenar las hidroeléctricas y las empresas municipales y departamentales de servicios públicos.

La crisis económica se pretende descargar sobre los sectores más empobrecidos de la población. A los trabajadores estatales se les disminuyó su salario real, ya que frente a una inflación de 21.63%, sólo se hizo un miserable aumento de 13.5%.

Las causas reales del déficit fiscal distan mucho de las explicaciones dadas, tanto por el gobierno samperista como por la oposición «conspireta». En realidad se deben a los postulados neoliberales y su apertura económica: en efecto, 25 % del presupuesto se destinará al pago de la deuda externa. La eliminación de los impuestos a las importaciones disminuyó los ingresos del fisco; las privatizaciones cerraron fuentes de recursos oficiales, y una economía en recesión significa menor recaudo en la tributación.

El paro nacional es, pues, la respuesta a un gobierno arrogante con el pueblo, pero vergonzosamente sumiso ante el capital extranjero y la creciente injerencia norteamericana.

Los empleados judiciales, que con su lucha y la solidaridad derrotaron la política salarial del gobierno, han mostrado el camino.

El MOIR respalda la justa protesta de los trabajadores estatales y, con entusiasmo, su militancia cumplirá la cita del 11 de febrero.

PROFESORES UNIVERSITARIOS SE SUMAN AL PARO

Los días 30 y 31 de enero, en el Instituto Nacional de Estudios Sociales de la CGTD, se reunieron las asociaciones de profesores de las universidades públicas, para discutir la propuesta de participar en el Paro Nacional Estatal del 11 de febrero.

La reunión fue dirigida por Fabio Lozano, presidente de la Federación de Profesores, y Pedro Hernández, presidente de ASPU nacional. Asistieron representantes de las Universidades de Cartagena, Atlántico, Cesar, Córdoba, Guajira, Chocó, Sucre, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Tolima, Valle, Cauca, Nariño, Huila, Antioquia, Industrial de Santander, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José de Caldas, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Nacional con sus seccionales de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, el Colegio Mayor de Cartagena y el Colegio Mayor de Cundinamarca.

El paro se aprobó casi por unanimidad, por 30 votos a favor y uno en contra. La reunión también definió los problemas particulares que afectan a este sector de trabajadores y que serán agitados conjuntamente con los puntos aprobados por los estatales:

• Defensa de la universidad pública, ante los intentos privatizadores.

• Cumplimiento de la ley 4 de 1992 que estipula la nivelación salarial.

• Autonomía universitaria. La ley 344 en su artículo 10, impide la creación de programas académicos sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda, lo cual debe ser combatido.

• Defensa de los servicios médicos. Se exige el mismo tratamiento dado por el decreto 344 en su artículo 41, que garantiza la existencia del Fondo de Previsión Social del Congreso, mientras que la ley 100 liquida las cajas de Servicios Médicos. Es importante aclarar que las cajas de las universidades y la del Congreso tenían un régimen idéntico.

• Derogación del decreto 2337 de 1996, por medio del cual el gobierno ordena el pago de apenas 78% del pasivo pensional de las universidades territoriales, calculado por el ICFES en 187 mil millones de pesos, en bonos que se emitirán en 1997 y sólo podrán ser redimidos en 1998. Además, este nefasto decreto sienta un precedente para que el gobierno eluda el pago de los pasivos pensionales de los profesores de los centros de educación superior no contemplados en el mismo.

• Rechazo al alza de matriculas y a la venta de servicios, para autofinanciar la educación superior y cumplir con el pago de las primas extra legales que el gobierno reconoció hasta diciembre de 1993.

PANIZA REMATA A CARTAGENA

Alberto Herrera, secretario regional del MOIR en Bolívar, expidió una declaración en la que denuncia la política del alcalde Paniza de subastar las empresas de la Heroica. Señala que en su afán de privatizar Telecartagena, el burgomaestre ha acudido a presionar al concejo y a confundir a la opinión pública. Es así como aduce que las privatizaciones se originan en la deficiencia de las empresas y en las dificultades financieras del distrito.

La verdad es que el abultado endeudamiento es el causante del desbarajuste. La deuda de la ciudad pasó de 10 mil millones de pesos en 1992 a 56 mil millones en 1995. Como consecuencia, el servicio de la deuda se disparó de 5 mil millones de pesos en 1993 a 26 mil millones en 1996 y llegará a 45 mil millones en el 97.

Un ejemplo de la lesiva política de privatización lo constituye el negocio con la española Aguacar. Paniza le cedió la infraestructura de las liquidadas Empresas Públicas sin ninguna contraprestación y la descargó de la responsabilidad del pago de los mil doscientos pensionados que quedaron a cargo del distrito.

DECLARACIÓN DEL COMANDO NACIONAL

(El respaldo al paro que diferentes sectores políticos han anunciado, lo saludamos en la medida en que se refiera a los objetivos planteados por los trabajadores)

Ante las referencias de distintos sectores de la sociedad colombiana hacia el paro nacional estatal que se realizará a partir del 11 de febrero, el comando nacional del paro, integrado por las centrales obreras y las federaciones y sindicatos del sector estatal, reitera:

a) Los objetivos del paro nacional estatal son los siguientes:

• Lograr del gobierno nacional una revisión de su política salarial, mediante la negociación de fórmulas que permitan superar el 13.5% ponderado, teniendo como referente la inflación causada en 1996.

• Concertar con el gobierno un proyecto que modifique la ley 4 de 1992 y garantice el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

• Detener los procesos de privatización de los activos del Estado, que afectan los ingresos de la nación, de los departamentos y de los municipios y que lesionan los intereses de los trabajadores y de la población en general, y lograr que se respeten la estabilidad y el derecho al trabajo.

• Poner freno a la ola de violencia desatada contra la población, en especial contra los trabajadores y sus organizaciones, y que se manifiesta en detenciones, amenazas, desplazamientos forzosos, atentados y asesinatos, y exigir al gobierno nacional garantías para el ejercicio de la actividad sindical y del derecho constitucional a la protesta.

b) El paro nacional estatal es una herramienta de lucha democrática y política, utilizada por los trabajadores estatales para la defensa de sus derechos e intereses, vulnerados por la aplicación de la política económica y laboral del gobierno. En ese sentido, rechazar categóricamente cualquier insinuación que pretenda ligar esta justa batalla con acciones de grupos alzados en armas.

c) El respaldo al paro nacional estatal que diferentes sectores políticos han anunciado, lo saludamos en la medida en que ese respaldo de refiera a los claros objetivos planteados por los trabajadores y no a nuevos y supuestos propósitos que no se ha trazado el comando nacional.

d) El comando nacional del paro, una vez más, expresa su contundente rechazo a la colonial e indigna injerencia norteamericana en el país y a la actitud sumisa frente a ella del gobierno de Ernesto Samper.

e) El movimiento sindical colombiano respalda el acuerdo logrado por Asonal, que rompió la política salarial y prestacional del gobierno nacional con la realización del paro nacional indefinido de los trabajadores de la rama judicial.

f) Dada la actitud soberbia y prepotente del gobierno nacional frente a las reclamaciones de los trabajadores estatales, reitera la convocatoria a la parálisis general de actividades del sector a partir del 11 de febrero, a las 6:00 a. m. y convoca a la opinión pública a rodear de solidaridad este conflicto.

PARO NACIONAL ESTATAL

Resolución

La reunión de las Centrales Obreras CUT, CGTD, CTC y la Confederación de Pensionados, celebrada conjuntamente con los presidentes de las más importantes organizaciones del sector estatal -Fecode, USO, Sittelecom, Sindess, Fenaltrase, Futec, Sintraiss, Sintrateléfonos, Utradec, Aspuc, la Federación de Profesores Universitarios, UNEC, ATT, Sindesena, Sintrenal-, celebrada en la fecha en las instalaciones del INES, teniendo en cuenta que:

1. El gobierno nacional ha declarado la emergencia económica, argumentando para ello el inmenso déficit fiscal que vive el Estado pero en realidad con la pretensión de implementar las exigencias hechas recientemente por el Banco Mundial.

2. En desarrollo de la política neoliberal, el gobierno ha impuesto en forma unilateral un reajuste salarial para los servidores públicos del 13.5%, distante esta cifra de la inflación causada a 31 de diciembre de 1996, colocando a este importante sector de los trabajadores colombianos frente a una nueva pérdida real en su poder adquisitivo.

3. El gobierno ha sancionado la Ley 344 de diciembre de 1996, más conocida como ley de ajuste fiscal, mediante la cual se autoriza la liquidación o fusión de importantes entidades estatales como el Incora, el Instituto de Hidrología y Riego, Inpa, Carbocol, Mineralco, Ingeominas, Instituto Geográfico •Agustín Codazzi, Fonprenor, Inpec, Prosocial y el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros, continuando de esta manera con la reducción de la planta de trabajadores oficiales.

4. La ley antes señalada busca de otro lado intensificar la política de privatizaciones impulsada por los dos últimos gobiernos, entregando así a las multinacionales los activos más productivos del Estado, tal como ha ocurrido con el Banco Popular, el Banco de Colombia, el Banco Cafetero, las hidroeléctricas y termoeléctricas de Chivor y Termotasajero, el ICA, el sector de la salud y los servicios públicos domiciliarios, valiéndose para esto último de la descentralización y la Ley 142 de 1993. A esto se suma la mantenida pretensión de privatizar el sector de las telecomunicaciones (Telecom, Empresa de Teléfonos de Bogotá y Telecartagena, entre otros) y el sector de los hidrocarburos (Ecopetrol).

En Bogotá las políticas privatizadoras y de reducción del Estado han sido implementadas de manera atrabiliaria por Antanas Mockus, convirtiéndose de esta manera en un agente del neoliberalismo y la banca mundial.

5. Con el objeto de facilitar la implementación de lo anterior, de tiempo atrás se vienen aprobando y ejecutando medidas encaminadas a penalizar las justas acciones sindicales y populares en defensa de sus derechos, tal como está ocurriendo hoy con los dirigentes petroleros y del magisterio.

Resuelve:

1. Impulsar, preparar y realizar un gran paro nacional estatal, cuya duración dependerá de la voluntad de concertación que muestre el gobierno nacional.

La fecha de este paro será definida en la reunión que las organizaciones sindicales de trabajadores del Estado celebrarán el próximo lunes 20 de enero a las 5:00 en las instalaciones de Fecode.

2. Definir como objetivos del paro estatal los siguientes:

a) Lograr con el gobierno nacional una renegociación de la política salarial, en la vía de romper el tope de 13.5%, teniendo como marco la inflación causada a 31 de diciembre de 1996.

b) Lograr concertar un proyecto de ley que modifique la Ley 4 de 1992 y garantice el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

c) Detener el proceso de privatización de los activos del Estado, por cuanto con ello se afectan los ingresos de la nación y se lesionan los intereses de los trabajadores y la población en general.

d) Poner freno a la ola de violencia desatada en el país contra los trabajadores y sus organizaciones, lo cual se manifiesta en detenciones, amenazas, desplazamientos forzados, atentados y asesinatos y exigir al gobierno nacional las garantías suficientes para el ejercicio del derecho constitucional de la protesta.

5. Declarar a 1997 como el año de la lucha social del pueblo colombiano. Por esto el Paro Nacional Estatal se proyecta como parte del proceso de acumulación de fuerzas que debe vivir el movimiento social en el camino de enfrentar la política gubernamental con acciones de mayor contundencia.

Editorial: Los dictados de la agenda de Washington: SUENAN CLAROS CLARINES

A la envalentonada ordinariez, tan natural en los voceros del imperialismo, el embajador Frechette le sumó en los inicios de 1997 su más amplio y vulgar cinismo para espetarle a la nación que las condiciones dictadas al gobierno de Samper durante los últimos treinta meses conservaban plena vigencia. Se deben considerar entonces como puntos vertebrales de la agenda confeccionada por el gobierno de los Estados Unidos para su intervencionismo en Colombia, empezando por una de sus preferidas y de pronta aplicación anual, la descertificación.

Como es de común conocimiento, entre los numerosos temas que Washington ha consignado con el carácter de exigencias figuran: permitirla extradición, aprobar leyes para el aumento de las penas a los narcotraficantes y la extinción del dominio de sus bienes, consentir la interceptación y captura de naves y tripulaciones por parte de la Marina de los Estados Unidos en aguas territoriales colombianas, no debilitar ni afectar en sus acechos y cacerías a los Savonarolas de la Fiscalía, ni a los Pantaleones de la Policía, proteger la inversión privada y la propiedad intelectual norteamericanas, y hasta instaurar una política de protección de los derechos humanos y el medio ambiente. A estos asuntos, revelados a mediados de 1996 por la revista Semana gracias a las cultivadas relaciones de sus propietarios y directores con quienes mueven las cuerdas tanto en Norteamérica como en Colombia, se les ha adicionado: darle el visto bueno a la participación de expertos norteamericanos en la fumigación de cultivos, no obstaculizar con nueva legislación los derechos concedidos por el gobierno anterior a quienes monopolizan la información por televisión, y no alterar mediante la reforma política que cursa en el Congreso el articulado de la Constitución de 1991, impulsada por la Casa Blanca y la administración Gaviria como instrumento jurídico adecuado a los novísimos postulados políticos y económicos de la recolonización.

De hinojos, Samper ha hecho girar su gestión, y con ella buena parte de la vida nacional, en torno a complacer a Estados Unidos en este memorial de ucases. Todo un chantaje con base en condicionamientos cuyo número siempre va en aumento. Sensible a la coyunda, el gobierno samperista, buey cansino, obedece mansamente. Ante las conminaciones y ofensas que brotan de Washington, tales como las involucradas en las amenazas de descertificación y las contenidas en el documento del Departamento de Estado que lo condenan por violación de derechos humanos y antidemócrata, su respuesta es aprestarse a hacer mayores concesiones, cuestión que complementa con el peregrinar hacia allí de algunos ministros cargados de excusas, venias y promesas. Dándoles ejemplo de actitud pusilánime y encogida, el mismo presidente que fue despojado de la visa estadounidense, aprovechó su reciente visita a Panamá para deslizarse furtivamente hacia territorio bajo jurisdicción norteamericana en la base militar Howard. El contenido indigno e indignante de las conductas genuflexas de Samper, y las similares de sus ministros y otros dirigentes políticos, deben ser materia de denuncia y rechazo para todo colombiano cuyos valores sociales y políticos no hayan caído en degradación.

Las medidas concernientes al desarrollo de la apertura económica no están en cuestión, ni son motivo de mayor controversia con Washington, pues el gobierno samperista les ha dado debido curso a sus aspectos principales, sin que importen las querellas entre necios neoliberales sin vergüenza, como Hommes, y necios neoliberales vergonzantes, como Perry, individuos de la misma camada que el Banco Mundial contrata y utiliza indistintamente. Las multinacionales y los linces financieros internacionales están tranquilos y satisfechos. Pero frente a esa placidez de los potentados imperialistas y más allí del forcejeo doméstico, casi siempre recubierto con un estrujado ropaje de moralismo político, respecto a cuáles entre los grandes grupos económicos y financieros serán los principales ganadores con las sucesivas medidas tomadas en desarrollo de la apertura económica, lo que aparece es una situación de crisis en la economía que se ha traducido en bancarrota de la producción agraria y grave menoscabo de la producción industrial, desempleo, alta inflación y recesión económica La secuela más nefasta de todos estos fenómenos recae en los sectores populares que deben soportar mayores carencias o son arrojados a la miseria.

Es propio de la apertura el desbarajuste de las finanzas públicas y las distorsiones monetarias. Ante algunas de sus manifestaciones, originadas en el aumento del déficit fiscal y la inundación de dólares debida al incremento del crédito externo y la venta regalada de las hidroeléctricas de Chivor y Betania, el gobierno, escaso de dinero para cubrir los servicios de la deuda, el pago burocrático y los planes populistas, decidió decretar una emergencia económica. Procedió a expedir un popourrí de medidas para captar recursos; puso en práctica un anuncio de someter a los trabajadores estatales a un despojo aún más insoportable del valor real de sus salarios, ya con pérdidas graves en sus ingresos debidas a la inflación, y siguió adelante con proporcionarles pingües ganancias a los grupos de potentados criollos y extranjeros mediante la subasta de bienes que generaciones de colombianos han convertido en patrimonio público.

De allí que las centrales obreras, en resonante armonía con las protestas y movilizaciones que en diverso grado se están dando en otros países, y en la demostración de que la domestiquez es extraña a los asalariados y como tal la repulsan en los dirigentes que la han adquirido, decidieron hacer un paro de los trabajadores estatales. Con los objetivo de la movilización (la justipreciación de su fuerza de trabajo, la salvaguarda de los bienes públicos que contribuyeron a crear a lo largo del siglo que termina, el derecho a negociar colectivamente sus condiciones laborales y el rechazo a la represión de sus actividades), se enfrentan aspectos que, perteneciendo a la médula del neoliberalismo y la apertura económica, son nudos engranajes de la estrategia global de dominación norteamericana.

Al desgaire, los trabajadores pueden recordarles a quienes desde otros flancos los apoyen, que esta manifestación de rebeldía, con la que se está ingresando a un futuro de luchas, es parte integral de su combate contra, primero, el modelo económico que desde Estados Unidos se impone quebrantando la soberanía nacional a punta de intervencionismo, y, segundo, contra su fomento y aplicación en Colombia por parte de dirigentes que son sabios en astucias y picardías para desvirtuar los intereses de la nación y el pueblo, mas sumisos y medrosos ante los césares y los custodios del imperio.

Contra la estrategia de recolonización debe dirigirse la lucha, pues en esa lid se decide nuestro destino como nación, nuestra soberanía e independencia. Se decide la suerte de las mayorías, sometidas cada día más a mayor pobreza y miseria como resultado de la superexplotación de la mano de obra, el recorte y eliminación de los beneficios y garantías sociales conquistados por los trabajadores, y la asfixia de sus derechos democráticos. Si bien es cierto que no es posible la victoria en esa lid mientras los trabajadores no superen la dispersión y consoliden su unidad, no lo es menos que todo progreso real en el combate antimperialista tiene como condición necesaria trascender las meras reivindicaciones salariales y laborales. No hay alternativa: la lucha debe ser política si se quiere salir del actual estado de gran lesión económica y social causado por la dominación gringa. Derrumbar la estrategia política de Estados Unidos exige tener al mando una estrategia política que corresponda a los intereses de los trabajadores.

En este sentido, la convocatoria al paro del 11 de febrero indica que cada vez son más sonoros los claros clarines llamando a las grandes marchas de la resistencia antimperialista.

UNIDAD PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

Por Jorge Enrique Robledo Castillo, coordinador general de Unidad Cafetera Nacional
Se espera que la cosecha de café corrida entre finales de enero de 1996 y e l mismo mes de 1997 apenas llegue a 10.2 millones de sacos. Cómo contrastan estas cifras con las 1991, cuando la producción alcanzó casi 18 millones de sacos. ¡Más de 7.5 millones perdidos en los últimos seis años!

¿Cuánto desempleo, empobrecimiento y quiebra reflejan estas cifras evidentemente catastróficas? ¿Qué porcentaje de la crisis económica general del país tiene origen en la disminución de la capacidad adquisitiva de los pobladores de las zonas cafeteras?

Para ilustrar el problema social que se vive, baste decir que en el pequeño municipio tolimense de Herveo están por iniciarse procesos judiciales contra 78 caficultores endeudados, y eso que allí los beneficiados por la condonación de préstamos inferiores a tres millones de pesos, conseguida por la lucha de Unidad Cafetera, fueron cerca de trescientos.

Si por el lado del café llueve a cántaros, por el resto del agro no escampa. En los últimos años han desaparecido 600 mil hectáreas de cultivos. El problema agropecuario se torna tan grave, que la descomposición viene acosando hasta la ganadería, otrora símbolo de estabilidad. A no dudarlo, uno de los problemas económicos y sociales más graves del país es el de sus zonas rurales, donde, según Fedesarrollo, los habitantes por debajo de la línea de pobreza llegaron en 1995 a siete millones, 70%.

Se sabe bien que la difícil situación que se vive tiene que ver con la implantación de la apertura, que agravó. el viejo sesgo antiagrario de la economía nacional. A un agro que nunca se caracterizó por su fortaleza, pues es falaz decir que antes de 1990 gozaba de la cabal protección oficial, se lo sometió a la baja de los aranceles a las importaciones de productos que le hacen competencia, al desmonte de los escasos precios de sustentación existentes, al aumento de las tasas de interés, a las restricciones en el crédito, al desmantelamiento de las instituciones que en algo lo protegían y a una política cambiaria que le reduce su competitividad en forma truculenta, pero efectiva. La vida demostró que el dogma neoliberal y la supervivencia del campo colombiano son a todas luces incompatibles.

Los cafeteros estuvieron entre las primeras víctimas de la plaga neoliberal que azota al mundo. La implantación del llamado «libre comercio» les entregó el control del mercado a las trasnacionales, que impusieron sus precios a voluntad. A pesar de haber aumentado las exportaciones en forma notable, Colombia perdió más de mil doscientos millones de dólares en los primeros cuatro años posteriores al rompimiento del Pacto del Café. A la par, subieron a niveles de usura las tasas de interés de los créditos, y conseguir un préstamo nuevo se convirtió en una hazaña. Se eliminó el subsidio a los abonos, seguramente el principal componente de la productividad. Y sufren por una política cambiaria diseñada para favorecer a los especuladores financieros de todos los pelambres. Para completar, también padecen por el resto de la política antiagraria que se aplica, porque una porción considerable de sus tierras se usan en otros productos.

Como la política neoliberal que se padece depende de la orientación oficial, resulta apenas obvio que hacia allí se enfilen los reclamos. Si desde el Estado, y con recursos multimillonarios salidos de sus arcas, no se toman toda suerte de medidas de protección, poco o nada podrán hacer los productores entrampados, incluidos los empresarios más tecnificados, para no hablar de los campesinos. La cínica perorata de la tecnocracia neoliberal de responsabilizar a los productores de lo que ocurre, al tiempo que gobiernan contra ellos, debe ser rechazada de plano.

La dificultad para lograr la modificación de una política que está hundiendo a agricultores y ganaderos, y con ellos a toda la nación, tiene que ver con los intereses en juego. Éste también es un caso de ganadores y perdedores. La ruina que padecen millones de colombianos significa un enriquecimiento mayor para el puñado de trasnacionales de la producción y 1 la intermediación agropecuarias. De ahí que estemos ante un pleito que termina en la propia oficina oval de la Casa Blanca y que, por tanto, tiene que ver con si nuestra nación logra ejercer las potestades derivadas de la dirección soberana de sus propios asuntos o si su papel se limita al muy triste de seleccionar cada cuatro años al Gaviria o al Samper que se encargue de ejecutar las órdenes del Banco Mundial.

Dado lo mucho que está en juego, y dadas las dificultades implícitas para la derrota de adversarios tan poderosos, resulta apenas obvio proponer una política de unidad del sector agropecuario, sin distinciones de ningún tipo. El acercamiento debe ir desde los pequeños hasta los mayores productores, desde los agricultores hasta los ganaderos, desde los campesinos hasta los empresarios y desde las agremiaciones más encopetadas hasta las más modestas. Lo que divida, sin excepción, debe ser descartado. Y para este propósito urge convocara la nación toda: a los distintos sectores políticos, la Iglesia, los comerciantes, los transportadores, los industriales, los maestros, los estudiantes, los obreros, en fin, a todos, porque sin excepción son víctimas de lo que ocurre. Y porque todos a una terminarán sufriendo las horribles secuelas del agravamiento de la situación.

La resolución de la crisis agropecuaria colombiana debe pasar, al menos, por la toma de las siguientes medidas: la fijación de precios remunerativos de sustentación, garantizados por el Estado: la existencia de créditos suficientes, oportunos y baratos: el cese de las importaciones de productos agropecuarios y la defensa y desarrollo de instituciones de protección para el sector. Tales medidas no serán otra cosa que aplicar las mismas orientaciones que rigen en los países desarrollados y que, por ejemplo, le han permitido al imperio norteamericano llevar sus exportaciones agrícolas a cincuenta mil millones de dólares al año.

Que no se olvide que el desastre africano, que tanto nos impresiona, tiene como uno de sus componentes principales la aplicación del modelo neoliberal contra el sector agropecuario.

SOBRE LA PRENSA PARTIDARIA

Por la Comisión Nacional de Tribuna Roja

Después de la muerte del camarada Francisco Mosquera, ocurrida en agosto de 1994, hemos venido persistiendo en la tarea que él tuvo entre las más importantes, para sí y para el Partido, de publicar Tribuna Roja, nuestro órgano de difusión política. A pesar de las incontables dificultades, pensamos que le hemos cumplido al Partido, a la militancia y a núcleos importantes, aunque todavía minoritarios, de la clase obrera, el campesinado y, en general, de las masas populares de Colombia.

Mantener un buen nivel político, ideológico y periodístico en Tribuna Roja y haber publicado once números en estos dos años largos, es algo como para sentir satisfacción.

Sin embargo, no estamos contentos. Creemos que debemos hacer mucho más y que el Partido y la revolución necesitan que lo hagamos. Los tiempos están exigiendo mayor actividad de todos nosotros, y para cualquiera que conozca el abecé del marxismo es claro, como lo decía Lenin, que una necesidad revolucionaria de primer orden es contar con un periódico que recoja las diferentes expresiones de lucha de las masas, que apoye las protestas y los estallidos desentrañando su contenido fundamental, y las lleve a más amplios sectores multiplicando y robusteciendo las fuerzas del pueblo y orientándolas con la capacidad de dirección del Partido. Lenin señalaba que un periódico revolucionario era el primer y más importante constructor partidario.

Sabemos que «tampoco las masas aprenderán jamás a sostener la lucha política, mientras no ayudemos a formarse a los dirigentes para esta lucha, provenientes tanto de los obreros cultos como de los intelectuales; y estos dirigentes sólo pueden formarse si analizan de modo sistemático y cotidiano todos los aspectos de nuestra vida política, todas las tentativas de protesta y de lucha de las distintas clases y por diversos motivos» (V.1. Lenin, ¿Qué hacer?, Obras completas, T. V, Editorial Cartago, Pág. 553). Pero tampoco nosotros mismos, en la comisión de Tribuna Roja, podremos educarnos si no tenemos la exigencia y las posibilidades de estar en todas las luchas, estudiarlas, interpretarlas y hacerlas conocer de las amplias masas. Con la situación actual de Tribuna- Roja es muy difícil que lo logremos.

Este último punto es el que nos motiva para hacerles a los dirigentes regionales y a toda la militancia la exigencia fraternal de que las directivas sobre Tribuna Roja se cumplan en forma precisa y oportuna. Creemos que el estado del periódico no se compadece con el momento que vive el país ni con las inmensas posibilidades que tiene nuestro Partido para dar grandes saltos en el proceso revolucionario colombiano. «Yo les aconsejaría que no pierdan la marea alta», nos decía Mosquera pocos meses antes de su muerte. En estos dos años se han cumplido sus palabras: la marea se va poniendo alta. Sólo falta que no la desaprovechemos.

Para ello requerimos con urgencia mejorar todo lo concerniente al periódico: 1) Pago de los dineros, 2) la conformación de comisiones de Tribuna Roja allí donde sea posible, o al menos dedicar un compañero a las labores de la prensa, 3) ampliar el número de corresponsalías. Cada regional debe enviar notas, recortes de prensa local, comunicados políticos o sociales, fotografías y todo material que nos permita conocer lo que ocurre en las distintas zonas, 4) formar círculos de estudio del periódico en fábricas, universidades, barrios, colegios y zonas agrarias, 5) aumentar la cantidad de ejemplares que piden, y hacerlos llegar a todas las clases. A los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y gentes de los barrios debemos ir masivamente con nuestro periódico, pero también debemos entregarlo selectivamente a dirigentes gremiales, políticos, religiosos, personalidades en general. Tenemos que subir el tiraje de Tribuna Roja y su influencia.

Necesitamos intensificar las labores del Partido para, a la vez, contribuir a la agitación política revolucionaria, lo que es imposible sin un periódico que vaya a todos los rincones del país, que aparezca con frecuencia, que se difunda con regularidad y que sea el lazo indisoluble del Partido con las masas populares.

Pero el periódico sólo podrá convertirse en ese vínculo en la medida en que los cuadros se unan con las masas llevándoles número tras número, difundiendo sus problemas, conectándolas con los combatientes de otras regiones y llenándolas de entusiasmo y esperanza en la lucha. Lenin lo recalca: el periódico debe ser no sólo un propagandista y un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo.

Pero cada vez que publicamos el periódico nos quedamos cortos. Tenemos que hacer malabares para tratar de meter en tan poco espacio la información existente y las cosas que el Partido necesita transmitir. En muchas ocasiones debemos comunicarnos con distintos compañeros para presentarles nuestras disculpas por no haber publicado lo que con tanta urgencia les habíamos solicitado. O comprimir en unos cuantos renglones el esfuerzo que ameritaba toda una página. Con una frecuencia tan baja sólo eso podemos hacer. Claro que éste no es el principal problema. El problema es que no estamos aprovechando para el Partido y la revolución la situación favorable que se nos presenta.

Preocupación especial debe ser la de atender las dificultades financieras de Tribuna Roja. Lo importante es que se comprenda que no podemos seguir con las inmensas limitaciones que tenemos y que lo poco que hagamos sea sobre las espaldas de la Comisión Obrera Nacional y de unos cuantos regionales. Si todos hicieran lo que ellos han hecho, estaríamos cumpliendo en muchísima mejor forma.

Hoy «nuestro periódico necesita ser un enorme fuelle de forja que atice cada chispa de la lucha de clases y de la indignación del pueblo, convirtiéndola en un gran incendio». Creemos que el imperialismo y sus políticas, que los vendepatria y sus traiciones, que los oportunistas y sus mezquindades hace rato merecen que contra ellos empecemos a cumplir nuestras obligaciones a conciencia. Que podamos contarle a Colombia qué pasa en Facatativá cuando el pueblo todavía esté peleando y no dos meses después. Y que todo el mundo sepa por qué y para qué se lucha allí.

«El desacuerdo entre los sueños y la realidad no produce daño alguno, siempre que la persona que sueña crea con seriedad en su sueño, se fije atentamente en la vida, compare sus observaciones con sus castillos en el aire y, en general, trabaje escrupulosamente en la realización de sus fantasías. Cuando existe alguna relación entre los sueños y la vida, todo va bien». Debemos atrevernos a soñar con el periódico revolucionario que Colombia necesita.

EL PARO SOYERO

Por Eudoro Álvarez

En la madrugada del viernes 31 de enero, los agricultores de soya del Meta bloquearon la vía Bogotá-Villavicencio, a fin de presionar al gobierno para que respondiera por compromisos acordados con los productores desde el pasado 11 de diciembre.

Los puntos reclamados fueron: compra de la cosecha por parte de la industria de grasas a un precio de 380 mil pesos por tonelada: pago de un subsidio que asuma la diferencia entre este precio -ligado al de la soya importada- y los costos nacionales de producción: además, el reconocimiento de los gastos de almacenamiento durante los dos últimos meses, ante la falta de compradores, ya que la industria se aprovisionó de soya extranjera.

La política de apertura y los acuerdos subregionales con los países andinos han ocasionado que la leguminosa boliviana prácticamente haya acabado con el cultivo en Colombia. En el caso de los Llanos, la superficie sembrada se redujo de 36 mil hectáreas en años anteriores a 12 mil en la presente cosecha.
Producido el bloqueo de la vía a Bogotá, los más amplios sectores salieron a apoyar las firmes exigencias de los agricultores. El gobernador del Meta y el alcalde de Villavicencio manifestaron que aunque no respaldaban el método empleado, encontraban razonables las peticiones y procedieron a solicitar al gobierno solución oportuna y justa. «Esta es la razón de la sinrazón», dijo el mandatario seccional al referirse a la actitud del Ministerio de Agricultura en el manejo de la situación soyera nacional.

Después de casi diez horas de bloqueo se firmó un acta en la cual se aceptaba levantar la protesta sobre la base de una serie de contratos que el gobierno firmó con la industria grasera para que ésta compre, al precio acordado en diciembre de 1996, 22 mil toneladas de soya, ya almacenada en diferentes lugares de Villavicencio. El pago deberá hacerse antes del 7 de febrero de 1997, y se estableció que el gobierno pondrá a consideración del Consejo Nacional Agroindustrial, previa consulta con los productores y el gobierno regional, el subsidio solicitado por los soyeros, incluido el del costo de almacenamiento en los dos últimos meses. Actuarán como garantes del acuerdo el gobernador, el alcalde y el consejero presidencial para la Infraestructura Nacional. También se estipuló un mecanismo vigilancia, que deberá contribuir a que los puntos se cumplan a cabalidad.

Los derechos de los agricultores no se defienden en los conciliábulos con los notables del régimen. La clave de éste y otros exitosos movimientos, como el reciente de los jueces y fiscales, radica en la organización y la protesta, herramientas por excelencia para obligar al gobierno a tomar medidas. La calle será el escenario en donde se dirima el futuro de la producción nacional.

La defensa del precio de la soya, el pago de contado y el rechazo de las importaciones hacen parte de la pelea de los agricultores colombianos contra la apertura económica y, en general, contra la política neoliberal que ha venido aplicando el gobierno de Samper.