LA CARA OCULTA DE UNA GRAN TRAGEDIA

En los últimos meses de 1975, miles y miles de ribereños a lo largo de la cuenca de¡ río Magdalena vivieron noches y días infernales de terror, lo perdieron todo, ranchos y enseres, sembrados y cosechas y animales y quedaron a la deriva, con el agua putrefacto de ¡acreciente al cuello, sin tener a dónde ir, sin nada qué comer ni con qué pagarse la peor ración, viendo cómo las aguas se retiran y bajo el cielo de verano se aposentan, espantosas, hambre, miseria y pestes, olvidados de dios y del gobierno.

Desde 1916, recuerdan los más viejos, no se presentaba una creciente de tan vastas proporciones como la del año pasado. A partir de octubre el gran río se agigantó hasta rebasar las señales de otros inviernos y días después se salió de madre, arrasando con pueblos y corregimientos, tragándose islas enteras, descuajando plantaciones, arrasando con todo lo que los pobres habían podido parar en sus playones y aún entre sus aguas.

Las pérdidas, de centenares de millones de pesos, son exactamente incalculables. Sólo por los enconados y titánicos esfuerzos de los pueblos ribereños las pérdidas humanas y materiales no fueron más catastróficas. El gobierno, cruzado de brazos, se limitó a acusar a todos los colombianos de haberse desentendido del río. Con cuentagotas, repartió unos mendrugos de su botín con los que especularon sus caciques, comprando votos entre lo revuelto por la creciente.

En Río Viejo, corregimiento de Morales, los habitantes debieron retener al presidente de la asamblea de Bolívar para presionar el envío de auxilios. En otros municipios los damnificados invadieron a la fuerza las escuelas para tener dónde dormir. En los primeros días de la tragedia los enviados del gobierno repartieron exiguas raciones de alimentos descompuestos que muchas veces los ribereños tuvieron que arrojar a los cerdos. Después nunca volvieron. Centenares de niños han muerto y siguen muriendo por las epidemias que fermentó la creciente. Médicos no se ven por parte alguna y cuando aparece uno, no hay drogas, o las pocas que se enviaron no se reparten.

Con dolor y rabia, los habitantes del río señalan al único gran culpable: el gobierno. Las crecientes no son un mal repentino. Desde hace muchas décadas, se repiten cada vez con mayor fuerza y caudal, dos veces al año, por los meses de mayo y octubre. Nunca gobierno alguno se ha interesado por buscar una solución a este tremendo mal y el Magdalena, corazón y fuente de riqueza de Colombia, se convirtió en un gigantesco y amenazante apéndice putrefacto, envenenado por residuos industriales y aguas negras que han eliminado especies enteras de su fauna. La “subienda” retrocede cada vez más lejos e incluso lagunas y ciénagas están ya contaminadas. En el Cauca, mayor afluente del Magdalena, la situación no es menos trágica.

La Dorada se desploma

La creciente de finales de 1975, considerada la más grande y destructora del presente siglo, dejó huellas de miseria en todo el curso del río. La Dorada y Puerto Salgar son víctimas de la erosión y el mordisqueo de la corriente y en los barrios populares hiladas de casas se desploman sobre el río. Con la creciente del año pasado, miles de habitantes de estos pueblos quedaron desahuciados para ser arrastrados por la próxima.

Al otro lado del río, frente a donde decenas de familias saben que les queda menos de un año con techo, se encuentra la base militar de Palanquero, perfectamente protegida por el río con gruesas y efectivas murallas de contención. Una palpable muestra de cómo el gobierno sí tiene soluciones efectivas para sus bases represivas en tanto aduce desconocerlas o no poder aplicarlas para los pueblos amenazados.

Noches de terror

La creciente que se desató a partir de octubre convirtió la zona del Bajo Magdalena, una de las regiones potencialmente más ricas del país, en un inmenso campo de miseria y desolación. El torrente irrumpió sorpresivo y violento, rompiendo con ruido atronador los sueños de las gentes sencillas, desbordando las defensas de sacos y terraplenes que habían construido con su esfuerzo los pobladores. Las madres amarraron a sus hijos de los árboles para que no se ahogaran. Los hombres construían tambos y trojas (enmaderados sobre las vigas del techo) en donde sobrevivían semanas enteras. Por varios meses la gente vivió enzarzada sin un bocado qué comer. Aves y animales fueron arrastrados por las aguas y todos los cultivos sepultados en fango,

Pueblos enteros se trasladaron a partes más altas. Los más estrangulados por los latifundios ganaderos no se pudieron mover.

De La Gloria a la miseria no hay ni un paso

La Gloria, Cesar, tiene los talones enclavados dentro del río y es empujada cada vez más sobre las aguas por el terrateniente Marulanda Grillo. Sus habitantes viven de la pesca y el pequeño comercio. No cuentan con un solo palmo de tierra para cultivar. Las cercas del latifundista ya lindan con las primeras casas del pueblo. Los pocos campesinos que había en la región fueron sistemáticamente desarraigados a sangre y fuego desde 1955.

La Gloria se encuentra aislada. No tiene transporte fluvial. Su única salida es un “camino de bueyes” que divide las tierras de los Marulanda a lo largo de 25 kilómetros hasta el cruce de La Mata. Atravesar este corto trecho le cuesta a cada glorieño 20 pesos y llegar a Aguachica o Pelaya 40 pesos extras. Esto repercute de mil maneras en los pauperizados bolsillos de La Gloria. Allí todas las cosas valen dos o tres veces más que en el resto de la región.

Río Viejo arrasado

Río Viejo, en Bolívar, parece una ciudad bombardeada. La creciente, después de doblar un recodo, embistió contra el pueblo llevándose las viviendas y enseres de más de cien empobrecidas familias.

“Siempre recibíamos perjuicios con las crecientes, pero picábamos las paredes y las casas quedaban bien. Esta vez ni porque las picáramos. El chorro arrasó con todo”, relató una de las damnificadas, cobijada en techo ajeno. A más de un mes de la noche de terror del 24 de noviembre, cuadras enteras estaban borradas de plano. Sólo quedó un amasijo de barro y cañabrava y uno que otro esqueleto de alguna casa de ladrillo.

Si Tamalameque no tuviera Boca no comería

Esta espontánea expresión del pescador Salvador Vanegas, refleja la importancia de Puerto Boca, a dos kilómetros de Tamalameque, Todo lo que va o sale para Tamalameque, pasa por Puerto Boca. El tráfico fluvial es intenso: todos los días cientos de pasajeros provenientes de Mompós, Guamal o El Banco llegan allí para seguir hacia Valledupar, Ocaña, Cúcuta o Bucaramanga.

Sus habitantes viven de la pesca y el comercio. Los cultivos son cada vez más escasos porque “las tierras buenas y grandes son ajenas”, como dicen los pobladores refiriéndose a las grandes planicies de ganadería extensiva. “Los campesinos de abajo están todos arruinados por la creciente”, dice Jesús Robles. “Yo le jalaba a la agricultura y este año cuando fui por facilidades a la Caja Agraria, el director me dijo que estaban terminantemente prohibidos los préstamos para los agricultores de la orilla del Bajo Magdalena, por ley y órdenes del gobierno central. Así cómo puede uno”, concluye Robles.

Para las autoridades locales la calamidad del pueblo fue la ocasión propicia para llenarse los bolsillos. El nuevo alcalde y el inspector de policía se dedicaron a cobrar la entrada de los carros al puerto: “A los carros hieleros les cobraban $ 300. Recogieron no menos de $ 20.000 sin echar una sola voiquetada de tierra ni de balasto. No apareció la plata ni para tapar un pozo tan siquiera”, denunció la gente.

El Banco: “Como boba sin madre”

El Banco, estratégicamente situado en la confluencia de tres departamentos, es la segunda ciudad del Bajo Magdalena después de Magangué. Centro de una rica zona agrícola, produce maíz, arroz, ahuyama, plátano, fríjol, tomate, yuca y gran variedad de frutas. Sufre el azote de pésimos y racionados servicios públicos. Su principal vía es el río. Sus dos carreteras están intransitables. El aeropuerto está inhabilitado. Con regocijo, las gentes recuerdan el día que el avión militar, repleto de soldados enviados a reprimir el paro cívico del año pasado, se hundió de narices en el barro de la pista. Los banqueños comentan que lo único que va a arreglar el gobierno es el aeropuerto, para no repetir el oso.

Con la creciente el puerto se anegó totalmente. No hubo comercio durante dos meses. Varios barrios populares fueros destruidos y los damnificados fueron amontonados en una cárcel en construcción.

Paulino, un recio y anciano pescador acusa: “López fue muy enfático aquí. Dijo que iba a construir un canal que desaguara el río Cesar, que canalizaría el brazo de Mompós, con una especie de escalinatas, que iba a traer draga. ¿Y hasta la fecha qué ha hecho?” “Inderena -añade- ve un pez pequeño y le da por quitarnos todo el pescado y decomisar la atarraya. Más adelante vende toda la carga a los poderosos, a los Luna (familia de Trino Luna, gamonal lopista de El Banco). El gobierno nos tiene sobados. Estamos como los pobres, como boba sin madre: sin ningún derecho”.

Millones en pérdidas de arroz

Recorrer la isla de Mompós, aun en diciembre y enero, a varias semanas de los momentos más difíciles vividos por miles de campesinos, pescadores y pequeños comerciantes, es encontrarse con una aberrante situación de miseria. Poblaciones como Achí, en el Bajo Cauca, a 40 kilómetros de su desembocadura en el Magdalena, sufrieron pérdidas que los pobladores calculan, sólo en arroz, en más de 200 millones de pesos. Achí tiene 22 corregimientos con una extensión total de 3.700 kilómetros cuadrados, más grande, por ejemplo, que el departamento del Atlántico.

“Ahora -nos dijo un campesino- las pérdidas son por la creciente. Echó a perder muchas cosechas. Mañana, en tiempo seco, las pérdidas serán porque no tenemos vías de comunicación y el arroz se desmejorará”,

En la última creciente el río se llevó la mitad de la plaza de Achí y muy pronto arrastrará la iglesia. Un 70% de sus casas fueron anegadas y varios de sus corregimientos desaparecieron. Puerto Libertad, 35 kilómetros río arriba, fue arrasado totalmente. Lo mismo ocurrió con San Jacinto y sus habitantes tuvieron que dormir sobre una pista de aviación. En Playa Alta, ironía de los nombres, tienen el agua arriba de las ventanas desde agosto. Nunca se vio la ayuda del gobierno y tampoco se solicitó. Un telegrama demora una semana para llegar de Achí a Cartagena.

La isla de Mompós tiene una extensión total aproximada de 360.000 hectáreas. Durante la etapa crítica de la creciente se anegaron más de 300.000. Sólo una muy pequeña porción de tierras altas, en la esquina suroriental, frente a El Banco, se libró de las aguas. Todos los municipios y corregimientos de la isla fueron afectados. A mitad de camino entre Maganqué y El Banco, está Pinillos, que tiene 16 corregimientos y 22 caseríos. Todos, incluyendo la cabecera, se inundaron y las aguas alcanzaron hasta dos metros por encima del nivel del pueblo.

Una escuela vacía con presupuesto anual

Aún tierras altas, como las del corregimiento San Roque, departamento del Magdalena, desaparecieron bajo las aguas. Casi todo el mundo construyó tambos y permaneció en ellos “hasta que el pueblo volvió a salir”. Sus habitantes quedaron en la miseria pues las tierras que trabajaban comunalmente se las llevó el torrente. En sus playas se amontonan y pudren cadáveres de animales ahogados y pencas de matas de plátano.

En San Roque la mayoría de las viviendas son casas de bahareque con techo de palma.

En un tremendo esfuerzo del pueblo, construyeron una escuela de ladrillo, invirtiendo cerca de 5 millones de pesos. La obra está terminada desde hace cuatro años pero nunca se ha dictado una sóla clase en sus salones. “Aquí los profesores son la soledad y el silencio”, dice Gregorio Pedraza, uno de los habitantes. “En Santa Marta existe hace años una partida anual destinada a la escuela. Jamás ha llegado. Cada año ese dinero se pierde pero siempre se lo cargan a nuestra escuela vacía”.

Más de mil niños en edad escolar se pasan los días sin hacer nada. Su única ocupación es sentarse a ver pasar chalupas por el río.

“Despilfarro: claro mandato”

El brazo de Mompós es 80 kilómetros más corto que el brazo de Loba, pero sólo es navegable cuatro meses al año, durante la creciente. “En combustible y tiempo los planchones se ahorrarían más que lo que cuesta una draga operando todos los años en el brazo, pero al gobierno no le interesa -nos comentó un habitante de Mompós-. Al gobierno del ahorro le interesa su despilfarro. Este es.el claro mandato del presente gobierno”.

Mompós tiene 32 corregimientos. Sus tierras fueron consideradas por una misión israelí como las mejores para el cultivo de cítricos. Exceptuando el Mompós colonial, toda la región se inundó. La carretera que lo une parcialmente con Maganqué desapareció, igual que su aeropuerto.

La proporción entre la ganadería y las tierras destinadas a la agricultura es en Mompós de nueve a uno. “Las mejores tierras están en manos de los terratenientes. Aquí no hay agricultura”, señalaba un habitante de Guataca, a diez minutos de Mompós. “Todos los alimentos los compramos al otro lado, en el Magdalena. Aquí no se consigue nada y nos toca trabajar de peones”.

“Ningún médico conoce este pueblo”, afirma con indignación una señora que parece ya de muchos años. “Cuando alguien se enferma, el enfermo tiene que irse a buscar médico en Mompós”.

La creciente también engendra el desaliento. Los pocos agricultores, todos arruinados, no quieren, o no pueden seguir trabajando la tierra. Los peones quedaron cesantes durante varios meses y subsisten de milagro. Muchos ven su única salida viajando a Venezuela. La mayoría regresa a los pocos días, después de ser detenidos en la frontera.

“Más de uno se va ,asustar”

A una hora de Mompós, río abajo, está Patico. Mil habitantes vivían allí de cultivar maíz, yuca, ajonjolí y tabaco. Ahora las 900 hectáreas de cultivos desaparecieron. “Nosotros teníamos una tiendita -dice una señora- y nos la comimos durante la inundación. Nos quedamos sin nada. La mayoría sobrevivió porque atravesó las canoas en el caño y cobraron a diez pesos el peaje a cada chalupa que pasaba”. Su esposo comentó: “Cualquier día de estos vamos a hacer un paro y más de uno se va a asustar”.

Patico carece de todo servicio. “No tenemos ni luz, ni calles, ni puesto de salud, ni acueducto. La única agua que tenemos es la de la inundación”, comentó una señora sentada en el tambo con los pies entre el río crecido.

Los que arrendaron tierras y consiguieron préstamos de la Caja Agraria viven momentos de angustia: los funcionarios los persiguen para exigirles el pago de las deudas, sin ninguna consideración por la catástrofe.

“Nos vamos a morir esperando”

Casi en donde se juntan los dos brazos del río que forman la isla de Mompás, está Pinto. Varios de sus habitantes decidieron en 1955 no vivir en el pueblo y se quedaron a un kilómetro en una zona alta. Allí nació otro pueblo, Pinto Nuevo o Zorra. Pero el año pasado el río también subió hasta ese lugar. Pinto viejo prácticamente desapareció. La presión de las aguas arrancó las puertas y ventanas de las casas. “Tal vez no volvemos a ese pueblo”, dice el administrador de la planta de luz. “Vamos a poner un letrero: Se vende este pueblo. Aquí empezaremos de nuevo. Allá todo está podrido y dañado, hasta la planta de luz. Ya está muy mala y si esperamos otra del gobierno, nos vamos a morir esperando oir la sirena del barco que la traiga”.

Pinto carece de tierras. Las tierras altas son de los terratenientes. Las tierras bajas sólo se cultivan tres meses al año, el resto del tiempo están bajo el agua.

Magangué sitiado por el agua

Magangué, cercado por las aguas desde septiembre, vio desaparecer un playón de ochenta metros y derrumbarse murallas de dos metros de altura. “Defensas sin drenaje no sirven para nada”, comentó un comerciante arruinado.

Almacenes y oficinas tuvieron que cerrarse. El desempleo proliferó en toda la ciudad. Catorce molinos de arroz quedaron paralizados. Los colegios suspendieron clases en octubre para alojar a los campesinos de sus 33 corregimientos. Los braceros del muelle desenterraron sus viejas canoas para convertirlas en especies de taxis acuáticos por las principales calles. Uno de los braceros, al oir que López iría a Maganqué, gritó desde su canoa: “Tráiganme a ese viejo para botarlo a la mitad del río, para que aprenda lo que es una inundación y lo que duele una picada de raya”.

LA LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS DE INDUPALMA: UNA VICTORIA DEL PUEBLO

El 18 de diciembre de 1975, en la ciudad de Pasto, después de cuatro años cuatro meses de injusta prisión, fueron declarados inocentes y puestos en libertad cinco trabajadores, directivos del sindicato de la empresa Indupalma, víctimas de una infame persecución por parte del capital extranjero y la justicia del gobierno colombiano. Se les acusaba de un asesinato que no habían cometido. Lo que en realidad se castigaba era el haberse atrevido a enfrentarlo en forma valiente y sin desmayos la salvaje explotación a que son sometidos los trabajadores en nuestro país.

Una empresa que nace destilando sangre

Al sur del departamento del Cesar, entre el río Magdalena y la cordillera, se encuentra la población de San Alberto. Región extraordinariamente fértil que, como tantas otras en nuestro país, ha sido presa del apetito voraz de los monopolios extranjeros gracias a los “buenos” oficios de intermediarios nacionales y gobiernos entreguistas.
La historia se inicia por el año 58 cuando llegaron a San Alberto unos siniestros personajes. Van comisionados por el monopolio norteamericano Grasco para apoderarse de las tierras de la región. Utilizando medios que van desde el engaño y la intimidación hasta el crimen logran despojar de sus parcelas a los campesinos.

Sobre esta tierra mal habida y regada por la sangre de muchos trabajadores humildes que cayeron por defenderla, se funda en el año 59 la Empresa Industrial Agraria “La Palma” S.A.(Indupalma), financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo los planes de la Alianza para el Progreso y perteneciente a la firma Moris Gutt, agente, como es obvio, de los monopolios norteamericanos.
Para iniciar las plantaciones de palma africana, gran productora de aceite, se trae a una firma francesa con experiencia en el Congo que con inusitada crueldad, reflejo de una mentalidad colonialista semejante a la de la United Fruit Company en la bananeras, comienza a explotar a los trabajadores según su lema: “Más vale palma africana que la vida de un obrero colombiano”.

Explotados y traicionados

Con una temperatura de 40 grados, más de tres mil personas laboran de sol a sol desbrozando, fumigando, cortando el fruto y transportándolo a la planta procesadora. A pesar de lo agobiante del trabajo los salarios son irrisorios, las condiciones de salud y vivienda más parecen las de una plantación de esclavos y los continuos y masivos despidos mantienen a los trabajadores en una angustiosa incertidumbre: en cualquier momento, víctimas del desalojo, pueden encontrarse con sus hijos y sus pocos bienes al borde de la carretera y la desesperación.

Pero a la empresa todo esto no le basta. Es necesario aplicar otros métodos más eficientes para aumentar sus ganancias y así, en 1965, impone el sistema de contratistas. Setecientos trabajadores son obligados a firmar un nuevo tipo de contrato a término fijo, ya no directamente con ella sino con un tercero, llamado contratista, que engancha personal y hace las veces de patrón y capataz. De esta manera arrebata a los trabajadores derechos duramente conquistados como son: el derecho a sindicalizarse, el pago de horas extras, prima, cesantía, servicios médicos. Una táctica ya conocida y que responde a las exigencias de los monopolios norteamericanos para aumentar sus ganancias a costa del trabajo, la salud y la vida del obrero colombiano, con el beneplácito de nuestros gobernantes.

Contra esta monstruosa situación a lo largo y tenaz batallar ha caracterizado a los trabajadores de Induplama. En 1962 fundaron su sindicato. Dirigido inicialmente por Festra (CSTC) cayó luego en garras, de Utrasán (UTC), quien con su ya muy conocida actitud patronal, plagada de traiciones a los intereses de los trabajadores, entrega las pocas conquistas logradas y llega al colmo de pactar con la empresa en 1969 el despido del 25% anual de los trabajadores.

Esta aberrante situación llega a su fin en julio de 1.970, cuando la parte más avanzada de los trabajadores, encabezados por el compañero Víctor Manuel Moreno, derrotan a la camarilla utecista y eligen una nueva junta directiva. Se inicia desde ese mismo momento la batalla por la desafiliación de la UTC. Se logra, y el sindicato se coloca bajo la dirección del Bloque Sindical Independiente de Santander, que seguía la política de unidad revolucionaria de la clase obrera y de lucha contra las camarillas patronales y gobiernistas UTC y CTC desarrollada por el Movimiento Independiente y Revolucionario, MOIR.

La Junta Directiva del sindicato, conformada por Víctor M. Moreno, Isaías Mejía, Israel George, Anaximandro Escobar y Víctor Cárdenas, después de desarrollar una intensa campaña en las bases, con la que se ganó la simpatía de los trabajadores de contratistas y el apoyo de los campesinos y colonos de la región, presentó un pliego de peticiones elaborado democráticamente. El primer punto y central del pliego exigía la abolición del infame sistema de contratistas.
La respuesta de la empresa no se hizo esperar: ciento veinte trabajadores de contratistas son despedidos, se militariza la plantación, se intenta repetidamente el soborno y el chantaje para destruir el sindicato. Por el otro lado, los trabajadores cada vez más unidos resisten en sus posiciones, organizan sus fuerzas y se preparan para la huelga.
La discusión del pliego pasa por varias etapas. La intransigencia de la compañía y sus maniobras contra el sindicato hacen imposible cualquier arreglo. Ante esta situación los trabajadores se lanzan a la huelga.

La huelga

Esta se inició el 20 de febrero de 1.971 a las cinco de mañana. Brigadas de trabajadores se tomaron las entradas a la plantación, sellaron con la bandera nacional las puertas de las oficinas y la tesorería, dejando sin plata a los rompehuelgas que tenía preparados la compañía. Hubo algunos enfrentamientos con la tropa y el puesto militar instalados desde la fundación de la empresa con el pretexto de proteger la vida y bienes de los trabajadores, fue convertido en centro de negociaciones.

El 26 de febrero el gobierno nacional decretó el Estado de Sitio debido a la agitación desatada por el asesinato de estudiantes en Cali, perpetrado por la fuerza pública: el ejército intentó, repetida e inútilmente tomarse la plantación. Las comisiones de solidaridad enviadas por los trabajadores, fueron detenidas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Sin embargo la combatividad de la huelga y la solidaridad recibida de todos los lugares del país por la clase obrera obligaron a la empresa y al gobierno, después de 27 días de huelga, a ir a tribunal de arbitramento. El 14 de mayo se firmó un laudo arbitral.

Una infame acusación

Pero la empresa no admitía derrotas. Desató una intensa persecución y desconoció lo aprobado en el laudo. Mil doscientos trabajadores de contratistas fueron despedidos, se efectuaron brutales desalojos, contrataron matones para intimidar a los trabajadores y a sus familias. Autoridades civiles y militares respaldaban a la empresa.

El 9 de septiembre de 1971 apareció muerto el jefe de personal. Un disparo hecho a quemarropa y en oscuras circunstancias que no fueron aclaradas, por la investigación inicial, plagada de errores y contradicciones, como si se tratara de ocultar lo que realmente sucedió, sirvió a la empresa para destruir el sindicato, acusando de la autoría intelectual del asesinato a los directivos del sindicato.

Los compañeros Víctor Manuel Moreno, Isaías Mejía, Israel George, Anaximandro Escobar y Víctor Cárdenas fueron detenidos con sospechosa rapidez y conducidos a la prisión de Aguachica. Trataron de comprar a Víctor Cárdenas para que acusase a sus compañeros; al negarse éste en forma radical, fue torturado por el DAS. Estos hechos fueron denunciados posteriormente por Cárdenas en la ampliación de la indagatoria.

La justicia colombiana

Cinco trabajadores inocentes son detenidos, paseados de prisión en prisión, torturados, vejados y arruinadas sus familias. Transcurren 52 meses sin que sean llamados a juicio. Un espléndido ejemplo de la efectividad de la justicia colombiana contra el pueblo.

De Aguachica son llevados a Río de Oro y de allí a Valledupar, donde el juez, comprado por la compañía, abre un expediente torcido y malévolo, y aplaza el juicio por seis veces consecutivas durante dos años. Por esa época la agitación y la protesta pidiendo el juicio y la libertad para los presos de Indupalma es nacional. La ola de indignación que produce el atropello dentro de los sectores populares atemoriza al gobierno y a la empresa y no se atreven a realizarlo. Es mucho lo que está en juego. El juicio ya no es un juicio criminal, es un juicio político. Se enfrentan dos enemigos irreconciliables. Es el Estado intermediario y venal fusionado con el capital extranjero contra la clase trabajadora colombiana.
En este combate la compañía no escatima medios ni dinero para engrasar los ejes y las pequeñas piezas de la maquinaria judicial a fin de ponerla a su servicio, lanzarla contra el pueblo y llenar las cárceles de trabajadores, cuyo único crimen fue levantar su voz para mejorar la vida de su clase. Desde las Bananeras hasta el caso de los trabajadores petroleros de Barranca la historia se repite. Los juececillos brincan y bailan como saltimbanquis borrachos al sonido de las monedas de la gran poderosa influencia reptan silenciosas por el Ministerio del Trabajo y otras oficinas del gobierno. Pastrana le cuelga la Cruz de Boyacá a Moris Gutt, “benefactor de la patria”.

Se aplica un régimen de terror a los trabajadores en la plantación y se le arrebata la personería jurídica al sindicato. La justicia colombiana que según reza la Constitución “es un servicio público a cargo del Estado”, se convierte en estos casos en un servicio privado pagado por las grandes empresas. Lo mismo que un guardaespaldas se alquila a un gran señor.
Víctor M. Moreno y sus cuatro compañeros, después de permanecer dos años detenidos en Valledupar, son nuevamente trasladados. A pesar de sus componendas con la justicia del Cesar y Santander la compañía se dio cuenta que no le era posible realizar el juicio que ella deseaba, en esta región del país. Las continuas manifestaciones de protesta y la solidaridad de la clase obrera de Santander, la Costa Atlántica, Antioquía y el centro del país para con los detenidos, se lo impedían.

Hasta se llegó a publicar, en “Vanguardia Liberal” de Bucaramanga: “Se dijo extraoficialmente que la interferencia en este importante proceso proviene del grupo oposicionista MOIR, al cual pertenecen los cinco sindicados”.
Como un ladronzuelo que afanosamente busca un escondrijo para ocultar el producto de sus fechorías, el gobierno y la empresa cambiaron constantemente de sitio a los dirigentes sindicales, buscando un lugar a donde no llegara la acción de las masas trabajadoras y estudiantiles, para poder realizar impunemente el juicio y condenar a los inocentes. Pusieron sus esperanzas en el sur del país. Los compañeros fueron trasladados a Cali y luego a Pasto. Pero allí también había trabajadores y organizaciones populares que hicieron suyo el problema.

Una victoria del pueblo

Durante los dos años que permanecieron detenidos en Pasto un interminable desfile que gente que representaba diversos organizaciones políticas consecuentes, sindicatos, asociaciones estudiantiles y campesina, periódicos y revistas de izquierda, pasó por la prisión ofreciendo apoyo y solidaridad a los detenidos. Todos los sectores democráticos de Nariño se movilizaron en su defensa. Se creó el Comité Pro–defensa de los Presos Sindicales de Indupalma que desarrolló una intensa y efectiva labor.

Después de tres aplazamientos del proceso en el juzgado de Pasto, se le agotaron las maniobras a la empresa y los detenidos fueron llamados a juicio el 17 de noviembre de 1975. Al desarrollo de la audiencia asistieron delegaciones de diversos partidos de izquierda, federaciones sindicales de todo el país y numerosas organizaciones políticas consecuentes y revolucionarias.

Los argumentos y débiles pruebas de la fiscalía y la parte civil que representaba a la empresa fueron rebatidos y destrozados cabalmente por los abogados defensores: Ricardo Villa, Jesús Solano, Antonio Segura, Arturo Guerrero, Julio Torrente y Guillermo Puyana. El veredicto del jurado confirmó por unanimidad la inocencia de estos cinco bravos luchadores del proletariado.

La noticia del fallo se extendió con rapidez extraordinaria, por toda la ciudad. Una multitudinaria y victoriosa manifestación, en la que se mezclaban todos los sectores populares, avanzó por las calles desde el juzgado hasta la plaza, llenando la ciudad con sus gritos de triunfo y la música de La Internacional, el himno del proletariado mundial. Se celebraba una victoria del pueblo contra sus opresores.

Los cinco compañeros detenidos Víctor Manuel Moreno, Isaías Mejía, Israel George, Anaximandro Escobar y Víctor Cárdenas como símbolos del proletariado y de tantos otros luchadores del pueblo que aún permanecen en las mazmorras del Estado antipopular, salieron a la calle el 18 de diciembre, con la cabeza alta, sin que 52 meses de oprobio hubieran podido quebrar su moral revolucionaria ni la rectitud de sus principios, dispuestos a ocupar sus lugares en la lucha al frente de su clase y de su pueblo.
Mientras el cabecilla del mandato de hambre y sus numerosos cortejo se reunían en Roldanillo para celebrar los 400 años de esa localidad, a escasos treinta minutos de distancia, en La Paila, 3.000 obreros cumplían 68 días de paro y se aprestaban a continuar la batalla contra el monopolio Caicedo–González, propietario del ingenio Riopaila. En una humilde casa, la familia Hurtado lloraba en silencio y con furia contenida la muerte de su hijo Gustavo, asesinado la víspera por la policía. Esto ocurría el 20 de enero.

La solidaridad popular

Bloqueando los trenes y la carretera que conduce a Cali, enviando comisiones de apoyo a todo el país y con la eficaz solidaridad de más de 150 sindicatos con los de Inpa y Cicolac a la cabeza, los obreros y sus familias han sobrepasado los 70 días de paro sin echar un pie atrás en sus posiciones. “O todos en la cama, o todos en el suelo”, repiten los trabajadores al exigir el reintegro de sus camaradas despedidos.
En los municipios y corregimientos del norte del Valle, convertidos en auténticos campamentos de los ingenios azucareros, obreros campesinos, estudiantes, amas de casa y pequeños comerciantes han realizado grandes movilizaciones de solidaridad con los compañeros de Riopaila. En Zarzal se desarrolló el 1º de diciembre un paro cívico, no por problemas de la localidad, sino en apoyo a los huelguistas. En Tuluá, estudiantes y profesores chocaron con la policía durante una manifestación realizada el 20 de enero. La compañera Zeneida Guayara fue herida mortalmente por un agente del F-2. Roldanillo, Bugalagrande, Andalucía, Cali, Obando, La Uribe y la Victoria se han puesto en pie para manifestar su respaldo a los obreros de Riopaila.

Un pasado heroico

Desde las heroicas jornadas de 1959 el proletariado azucarero no escribía páginas tan llenas valor y abnegación. En aquel año, los trabajadores de Riopaila de levantaron como un solo hombre en defensa de su organización sindical y por sus derechos democráticos, ganando la solidaridad combativa del resto de sindicados azucareros. Una gigantesca marcha de protesta que partió de Palmira hacia Cali y en la que participaron miles de obreros con sus familias, fue brutalmente reprimida por el ejército. Dos trabajadores, los compañeros Rodríguez y Chalacán, rubricaron con su sangre este primer movimiento del proletariado cañero.

El control de la empresa

Las 20.000 hectáreas de tierra cultivada en caña que hoy conforman el ingenio Riopaila pertenecían a laboriosos campesinos, hasta la llegada de los insaciables potentados de la caña, quienes con la ayuda de pandillas de asesinos, arrebataron poco a poco sus parcelas a centenares de agricultores sumiéndolos en la más completa miseria. Desde un comienzo, el ingenio de los Caicedo mantiene y financia agentes e inspectores de policía, tropa, matones y esquiroles con el fin de explotar con tranquilidad a sus trabajadores e impedir que éstos luchen por sus derechos. Luego de los sucesos del 59, la empresa montó un sindicato patronal de base afiliado a la CTC. Catorce años habría de durar este oscuro periodo de continuas entregas de los intereses de los trabajadores y de feroz represión a cualquier voz de protesta.

Las luchas por el sindicato

Pero no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. La indignación de miles de obreros bien pronto se transformó en acciones concretas. A partir de 1972 los trabajadores emprendieron una tenaz batalla por la creación de un sindicato independiente de los empresarios y al servicio de sus más sentidos intereses. Alvaro H. Caicedo y compañía no escatimaron ningún esfuerzo para impedir que los trabajadores se salieran de su control. En íntima alianza con el Ministerio de Trabajo y las fuerzas represivas, la empresa desató una campaña de maniobras, engaños y amenazas contra el movimiento. No obstante, a fines 1974 y después de haber vencido innumerables obstáculos, el proletariado de Riopaila abandonó las toldas de los traidores de la Industria del Dulce, filial de Utraval-UTC. Aunque la nueva organización pertenecía a una central patronal, los trabajadores de Riopaila lograron impedirle un carácter democrático e independiente del tutelaje utecista.

Se inició entonces un prolongado combate por el reconocimiento de la organización y por el derecho que le asistía de presentar el pliego de peticiones como sindicato mayoritario. Luego de un paro de siete días durante el que los trabajadores y el pueblo de la Paila rechazaron en repetidas ocasiones los embates del ejército, la empresa se vio obligada a firmar la convención colectiva el 25 de marzo de 1975 con el sindicato dulce. Allí se conquistaron reivindicaciones importantes como la prohibición para el ingenio de utilizar el sistema de contratistas y un aumento salarial del 30%.

El paro

No se había secado aún la tinta de los acuerdos, cuando la empresa comenzó a violar sistemáticamente la convención en 17 puntos clave, así como varias actas del comité obrero–patronal. Tamaña provocación desató entre los obreros una serie de paros espontáneos y escalonados que culminaron en el paro general del 14 de noviembre pasado. Más de 3.000 trabajadores entre corteros, alzadores, mecánicos, gruistas, purgadores, se plantaron firmes a exigir el reintegro de algunos compañeros despedidos y a comprometer a la empresa a respetar lo pactado.
Acto seguido, el Ministerio del Trabajo procedió a declarar ilegal el movimiento. La personería jurídica fue suspendida, los fondos sindicales congelados y la empresa recibió autorización para hacer despidos masivos. Por su parte UTRAVAL condenó el paro y prohibió a sus organizaciones filiales prestar solidaridad a los huelguistas. Más de 800 trabajadores fueron despedidos y muchos de ellos desalojados de sus viviendas. El ingenio enganchó un millar de corteros en varios departamentos con el propósito de reemplazar el personal en paro.
La respuesta de los huelguistas a este alud de medidas fue una respuesta proletaria. A golpe de machete levantaron centenares de ranchos de caña, guadua e iraca frente al ingenio y allí, en ese abigarrado conjunto de rústicas construcciones, hombres y mujeres, niños y ancianos, blancos y negros, mulatos y zambos, unidos por sus sentimientos de clase, comparten los pocos alimentos, las privaciones y las alegrías de su justa y heroica huelga. Y ese bastión proletario no ha podido ser doblegado ni por el sol, ni por el agua, ni por las balas. Como dijo un cortero: “Es mejor estar peleando en la huelga aunque pasando hambre, que pasarse todo el día cortando caña para que la empresa le robe a uno el trabajo y de todos modos pasar hambre”.

Asesinado Gustavo Hurtado

En vista de que ni los despidos, ni las amenazas, ni los intentos por inundar y desalojar el sitio de la huelga han surtido efecto alguno, la empresa y el gobierno recurrieron al asesinato. El lunes 19 de enero, como de costumbre, centenares de habitantes de La Paila y trabajadores salieron a la carretera para realzar un mitin de solidaridad. Esta vez la policía agredió inesperadamente a la multitud, entre la que iban numerosos niños, con gases lacrimógenos. Luego, a tiros de carabina. Al primer disparo el pueblo entero se volcó a las calles del poblado, desafiando el fuego asesino con machetes, piedra y garrotes, protegiendo a los niños, recogiendo a los heridos y desarrollando en medio del desigual combate toda su capacidad de lucha, hasta propinar un merecido castigo a sus cobardes agresores. En medio de la nutrida balacera, el joven Gustavo Hurtado cayó atravesado por una bala de fusil. Más de 25 personas y varios menores resultaron heridos o confusos en esta batalla campal que se prolongó por cerca de cuatro horas. El cadáver del compañero Gustavo Hurtado fue alevosamente secuestrado por la policía y sólo fue devuelto a sus padres tres días después. Los trabajadores enterraron a la joven víctima, y siguieron adelante.

El gobierno lopista, fiel defensor de los grandes intereses de la oligarquía azucarera, instaló 2.500 soldados en el ingenio y reforzó el puesto de policía. Como si esto fuera poco, a los tres días del crimen obsequió a los Caicedo y sus compinches de Asocaña con un jugoso aumento del 13,7% en el precio del azúcar.

Grandes e importantes lecciones quedan para los proletarios de la caña de este movimiento. Ha sido una portentosa batalla en procura de los más elementales derechos democráticos de la clase obrera y un ejemplo vivo de heroísmo firmeza y abnegación.

CONTRA EL “MANDATO DE HAMBRE”, ¡A LA CARGA!

Camaradas:

El 14 de septiembre de 1974, a los 38 días de haber prestado juramento como presidente de Colombia ante un Congreso abrumadoramente dócil a su voluntad, Alfonso López Michelsen convocó la “comisión tripartita”, cuya supuesta función consistía en propiciar el entendimiento de tres demarcados sectores económicos de la actual sociedad colombiana, a saber, el Estado, las agremiaciones de las clases poseedoras y las directivas gremiales de los trabajadores sindicalizados. El objetivo de la reunión fue profusamente divulgado con anticipación por la propaganda oficial: se trataba de alcanzar el “consenso nacional” en torno al enrutamiento general de la política económica de la nueva administración. En esa forma el vencedor del 21 de abril daba crédito a su muletilla electoral de que el país sería conducido conforme a una política de “ingresos y salarios”, o sea, mediante la “economía concertada” de los tres sectores mencionados. En la reunión, sin embargo, únicamente se escuchó una voz, la del presidente, quien reiteró: “El cambio de la sociedad colombiana, que hemos prometido, queremos adelantarlo en medio de la calma política y del consenso”. Los gremios patronales en verdad no tenían necesidad de hablar, ya que sus opiniones e intereses se hallaban en lo fundamental interpretados en las propuestas de su principal personero político, el señor López Michelsen. Además, su inclinación natural ha sido por sobre todo la de darle a éste un voto de confianza y esperar, medio incrédulos y medio maravillados, cómo se logra aquello de continuar la obra del régimen bipartidista en santa paz social y con el concurso de todas las clases y estamentos, tanto de los favorecidos como de los estrujados. Para el otro sector, el de los voceros de las centrales obreras, la situación era a otro precio.

Les resultaba incómodo quedar cual simples invitados de piedra, sin musitar palabra y aprobando una estrategia que, aunque alentaba determinadas ilusiones, sus consecuencias prácticas y sus perspectivas finales no aparecían tan “claras” como reza la consigna del mandato lopista. Si acaso a las camarillas amarillas de UTC y CTC les importó menos el que se les escuchara o no en un evento de tal ocurrencia, pues su razón de ser fue siempre la de respaldar abierta o solapadamente las políticas de las clases dominantes, a los representantes del Comité Ejecutivo de la CSTC, que dos semanas atrás habían recibido de parte del nuevo gobierno la personería jurídica, a la cual la Confederación tenía legítimo derecho desde hacía diez años, y que venían enarbolando en el campo sindical los lineamientos unitarios del movimiento obrero, sólo una burla inaudita podría parecerles el hecho de haber sido convidados a oír una larga perorata sobre las dificultades económicas heredadas por el señor López, y de remate, debido a la imposibilidad de fijar en iguales condiciones sus puntos de vista, quedaran ante vastas porciones de la opinión pública, merced al juego publicitario de la gran prensa, auspiciando las concepciones particulares del jefe del Estado sobre los graves problemas de la nación. Los directivos de la CSTC dejaron una constancia al respecto.

No obstante, el gobierno había alcanzado el objetivo apetecido, dar el golpe propagandístico de congregar en una de las salas del Palacio de San Carlos a lo más granado de los gremios del estamento patronal y a los dirigentes de las tres centrales sindicales reconocidas entonces, y ante este auditorio monologar acerca de porqué no sería viable en los tramos iniciales de su gestión desarrollar la tan trillada política de “ingresos y salarios”, la misma política con la cual el señor López movilizó al electorado liberal y derrotó al candidato conservador, doblándolo en votos. En el Comando Nacional de la UNO se discutió la inconveniencia de recomendar la participación en la “comisión tripartita”. El MOIR advirtió tajantemente que las fuerzas sindicales que aceptaran la invitación a dicha reunión caerían en una celada no sólo por falta absoluta de garantías para debatir las apreciaciones del movimiento obrero, sino que la filosofía misma de la “economía concertada” o del “consenso nacional” reclamado por el gobierno presuponía, como única opción, el apoyo incondicional a las orientaciones antipatrióticas, antidemocráticas y antipopulares del régimen liberal-conservador proimperialista que encontraba en López al más fiel y desvelado continuador. El Partido Comunista terció a favor de la asistencia y unilateralmente abogó porque se aceptase la convocatoria presidencial. En su tiempo esta fue la primera contradicción de fondo alrededor de la CSTC entre las dos líneas, la del MOIR y la del Partido Comunista, después de que éstos coincidieron en aunar esfuerzos por la unidad de sindicalismo independiente. En parte, el enfrentamiento quedó zanjado con la constancia aludida y con la posterior decisión del Ejecutivo de la CSTC de retirarse incluso de las sesiones del Consejo Nacional de Salarios.

CAMBIO DE PLANES PERO CONTINUISMO EN EL FONDO

Hemos querido empezar este informe recordando las interioridades de la llamada “comisión tripartita”, porque algunos se obstinan en sostener que el gobierno de López comenzó con un rumbo y unas perspectivas, si no muy halagüeñas, por lo menos que movían a la expectativa general. Pero frente a los aplastantes y desastrosos resultados y para salvar las apariencias de las frustradas ilusiones, aquellas mismas personas agregan que éste dio un brusco viraje, hacia la derecha, un poco antes de cumplir su primer año de ejercicio. Si hubo un timonazo de la política oficial, habría que ubicarlo, precisamente, en esa reunión del 14 de septiembre de 1974, al mes largo de la toma de posesión. El señor López Michelsen venía hablando de su estratagema de “ingresos y salarios”, la cual, según su saber y entender, se reducía a lograr un equilibrio controlado entre las entradas de las clases poseedoras y de las desposeídas. Esta política presuponía la entelequia de un entendimiento entre explotadores y explotados, como el que había bregado a poner en vigor el peronismo en Argentina, una especie de “contrato social” por el que magnates y asalariados restringían en utópica amistad sus aspiraciones y depositaban la aplicación de dicho acuerdo en manos del Estado colombiano, apoyándose en la función reguladora de éste sobre la hacienda y la vida de los ciudadanos, contemplada en la Constitución. Desde luego, para la clase obrera y para el resto de las masas populares semejante compromiso sería la firma de su propia perdición, significaba colocar su suerte al arbitrio de sus declarados enemigos, las clases detentadoras del Poder, intermediarias de los pulpos imperialistas y por ende traidoras al interés de la nación. Tal contrato jamás lo rubricaría el pueblo colombiano. Pero de lo que se trata es de indicar que la nueva administración, el día señalado para poner en práctica la manoseada estratagema de “ingresos y salarios”, resolvió anunciar que lo que correspondía hacer, antes que cualquier cosa, era implantar rigurosamente un plan de estabilización”. La presidencia había cambiado de película. Su actitud la justificaba López echándole el agua sucia a su antecesor, hablando de las obligaciones del Estado y del enorme déficit fiscal, con el estruendo de un Colón que descubre nuevos continentes. Sin embargo, sus hallazgos se los sabían de memoria 24 millones de colombianos. Eso lo tenía sin cuidado. Unicamente le interesaba sustentar la orientación económica oficial, así de ella se hubiese parlamentado poco o casi nada en la campaña electoral. Pero como el “mandato claro” da para todo, el continuador pudo recordar cómo durante el debate condicionó la política de “ingresos y salarios” al grado de desarrollo de la inflación, y en la “comisión tripartita” repitió, en efecto, unas palabras suyas pronunciadas en calidad de candidato presidencial: “Lo que hubiera sido viable hace tres años, como lo fue, durante la Administración Lleras, una política de ingresos y salarios, en procura de la estabilización sólo podrá cumplirse cuando la inflación haya sido reducida a magnitudes manejables”.

El “plan de estabilización”, confeccionado por López Michelsen en el discurso del 14 de septiembre, estaba dirigido, por una parte, a demostrar la inconveniencia de ejercer un control sobre los precios, y por la otra, a cumplir una promesa hecha clandestinamente al Fondo Monetario Internacional, la de instaurar una reforma tributaria por los trámites excepcionales de la emergencia económica. El “plan de estabilización”, negando su mismo enunciado, arranca de una premisa insólita: que el Estado se encuentra imposibilitado para mantener la estabilidad en los precios. El presidente se detuvo a explicar que la economía no se puede manejar con una vigilancia de precios, ya que ello implicaría la paralización total de la producción. Argumentó que las grandes empresas sabotearían las medidas que al respecto se adoptaran, bien bajando la calidad de los artículos, acaparándolos, promoviendo la exportación subrepticia, cambiando de actividad económica, o simplemente dejando de producir, como en el caso del petróleo. El jefe del Estado, con todo y sus tres millones de votos liberales, se consideraba inhabilitado, ante un país atónito, para evitar los desmanes del gran capital. Ni siquiera garantizó, como se supone sea su deber, el respeto a la legislación que juró cumplir y hacer cumplir. Su confesión de boca entrañaba además una implícita autorización para que los monopolizadores externos e internos de las actividades fundamentales de la economía colombiana entraran a saco sobre la República inerme. Quedó entronizado el reino de la anarquía organizada. Se promulgó la ley de la selva por la cual el más fuerte se come al chico. En esto el “presidente de la esperanza” no era tampoco del todo un innovador. Con su desparpajo imitaba a un ministro conservador de ingrata memoria de la administración Lleras Restrepo, partidaria también de la “estabilización”. Este ministro solía sostener con singular cinismo, junto al desconocimiento de las justas peticiones de los trabajadores abrumados por el aumento vertiginoso de los precios, que el Ejecutivo no podía colocar un policía detrás de cada artículo. He ahí un retrato fidedigno del comportamiento característico de los regímenes explotadores que han oprimido a Colombia. Se declaran incapaces de supervisar y encinturar a los grandes especuladores, mas movilizan batallones enteros a las puertas de los sindicatos para ver de impedir las conquistas de los asalariados por mejores condiciones de vida y de trabajo. La orientación económica del “mandato claro” trazada por su máximo intérprete se puede resumir en esta sentencia: control, férreo control, sobre las clases populares y libertinaje, absoluto libertinaje, para las clases dominantes.

La reforma tributaría también tiene su historia. En los años anteriores las agencias prestamistas norteamericanas, a través del Fondo Monetario Internacional, habían presionado la aprobación de un sistema impositivo duro, que les permitiera salvaguardar y recoger las millonarias ganancias de sus préstamos usurarios. Hay quienes se preguntan qué relación existe entre los gravámenes estatuídos en el país y las utilidades de los prestamistas extranjeros. La razón es muy sencilla. El Estado ha sido por antonomasia el garante de los créditos internacionales y el canal preferencial del pago de los intereses y amortizaciones de la deuda contraída por la nación. Si el Estado se mantiene en permanente déficit, lógico que no cumpla puntualmente las obligaciones con sus acreedores, lo cual intranquiliza a los imperialistas. Por eso éstos a menudo les tiran las orejas a los gobiernos títeres y les inculcan la austeridad administrativa, el hábito del ahorro, el espíritu de sacrificio y el pago, sobre todo el pago insensible, sin remordimientos de conciencia, oportuno, en dólares, de cuanto deben. Entre las recomendaciones no ha faltado jamás la de la instauración de un sistema fiscalista más enérgico. El presidente Lleras Restrepo nombró durante su cuatrienio una comisión encargada de estudiar la revisión de la tributación colombiana. Esta comisión fue integrada por técnicos extranjeros y colaboradores colombianos, y estuvo presidida por el profesor de la Universidad de Harvard, Richard A. Musgrave, quien le dio su nombre. No obstante, ni la administración Lleras ni la de Pastrana, que la sucedió, contaron con la fuerza política, suficiente para convertirla en norma legal y la reforma Musgrave hubo de esperar su turno en los archivos gubernamentales.

Con el tañir de cuatro millones y medio de votos liberales y conservadores del 21 de abril, su hora había sonado. En consecuencia, nadie más indicado que el “mandato claro” para instaurarla. Y en aquella primera y única, reunión “tripartita”, el señor López Michelsen decidió sacar de los escritorios de sus antecesores la reforma Musgrave y presentársela al país. El propósito evidenciaba un giro intempestivo y notable al programa que aquel había expuesto a sus electores. Muchas personas en Colombia no han olvidado todavía cómo se expresaba el candidato liberal acerca del papel de una eventual reforma tributaria en las circunstancias en que le correspondería gobernar. Sobre el tema señaló textualmente lo siguiente: “En realidad, la experiencia de los países desarrollados y subdesarrollados es la de que, a menos que se pusiera en práctica una confiscación total, que sería ya el sistema socialista o comunista, los impuestos, lejos de remediar la desigualdad, tienden a ahondarla ( … ). Con un alza en el costo de la vida del 15% y una inflación como la que estamos viviendo, la mayor incidencia de los tributos recae sobre los ingresos y salarios que no se incrementan al mismo paso que las ganancias de otros sectores. Pero, aun cuando no existiera inflación, sería igualmente cierto que quienes iniciaron sus empresas y consiguieron amasar un capital cuando los gravámenes eran menos onerosos, llevan una ventaja sobre quienes tienen que arrancar en la escala empresarial pagando cargas tributarías y cargas sociales más altas. Con el correr del tiempo, el efecto de los impuestos, como herramientas de redistribución de la riqueza, ha sido el inverso de lo que nos proponíamos. De ahí la necesidad de una política de ingresos y salarios”.

El caballito de batalla lopista era “ingresos y salarios”: una especie de bálsamo curalotodo, que el aspirante liberal a la presidencia de la República vendía para sanar las desigualdades ya creadas. Según esta tesis, la modificación a los impuestos, con inflación o sin ella, como acabamos de leerlo, acarrearía el ahondamiento de esas desigualdades. La metamorfosis en este aspecto entre el candidato y el presidente fue de blanco a negro. Desde aquel septiembre la reforma tributaria no sólo no ampliaría los abismos sociales, sino que mejoraría “la condición del 50% de la población menos favorecida por la fortuna”. Así se transmuta, sin brújula y sin norte, la teoría económica y política de la reacción oligárquica proimperialista. Su único dios es la máxima ganancia, por el cual trafica con todos los valores, disfrazando de verdad a la mentira y viceversa, en cualquier tiempo y lugar, cuando y donde lo demande el afán obsesivo de enriquecimiento. En las fuerzas revolucionarias colombianas las inconsecuencias y exabruptos tan comunes y corrientes en la palabrería de los más connotados exponentes de las clases antinacionales dominantes, no promueven la elucubración en torno de los saltos imaginativos hacia la derecha, o hacia la “izquierda”, del régimen imperante. Los embaucadores del pueblo siempre llevan miel en los labios y ponzoña en el corazón.

Durante el debate electoral aclaramos insistentemente que el señor López con sus “ingresos y salarios” y el señor Gómez Hurtado con su “desarrollismo”, encarnaban dos interpretaciones diferentes de la política económica de la coalición liberal-conservadora proimperialista. Ambas versiones partían del prospecto que la fementida prosperidad del país bajo tal sistema se hallaba supeditada íntegramente a los intereses y proyectos de los monopolios extranjeros y por lo tanto, el uno como el otro, acaudillaban con diferencias de matiz y acentuamiento la línea continuista del Frente Nacional. Y el inspirador del “mandato claro” merece como el que más en la historia reciente del país el mote de continuador. Aunque suele renegar de sus predecesores porque le legaron un fracaso en lo administrativo, en lo fiscal y en lo social, está predestinado a proseguir su triste obra de entrega y sumisión. Los aventajaba en una cosa: había ascendido a la casa de gobierno con mas ruido, prestigio y votos que quienes le antecedieron en el mando. Se encontraba resuelto a jugarse lo que él y sus admiradores califican de “popularidad” y se la jugó. “Derrotismo -decía- sería no afrontar una impopularidad transitoria en aras de un porvenir meior”. Por eso desenterró la reforma tributaria que ni Lleras Restrepo ni Pastrana lograron realizar. Y desafiantemente, ante un pueblo que moría de hambre, bendijo el carnaval de las alzas, embelleció el paraíso de la usura, sancionó la ley del más fuerte. Y esa impopularidad ha crecido y se incrementa sin parar, hasta aterrorizar a los más confiados y sorprender a los más incrédulos.

La clase obrera colombiana rechazó indignada la política que López Michelsen le esbozó al país en la sesión de la “comisión tripartita”. Tras las palabras azucaradas de redimir a “la población menos favorecida por la fortuna”, el proletariado entrevió las reales intenciones de aumentar los privilegios al capital imperialista y a sus intermediarios, la gran burguesía y los grandes terratenientes colombianos, mientras al pueblo se le condena aún más a la esclavitud, a la miseria y a la infelicidad. Las masas trabajadoras se negaron rotundamente a rubricar la patraña del “contrato social” o del “consenso nacional”, que les planteaban la oligarquía vendepatria y su régimen, así como desenmascararon implacables el ofrecimiento presidencial de que “si se van a imponer sacrificios, que ellos recaigan por igual sobre todas las clases”. La experiencia le enseña a las grandes mayorías cuántos sinsabores y sufrimientos traen consigo esos llamamientos que de cuando en vez los mandatarios alternantes formulan para que “ricos” y “pobres” contribuyan con su cuota de desprendimiento en bien de la República. En la jerigonza oficial se entiende el reparto igualitario en la siguiente forma: una porción, los beneficios, corresponden a los imperialistas y sus sirvientes, y la otra, exactamente proporcional, los sacrificios, para el pueblo inculto, gregario e insensible. Y si con esta manera singular de impartir justicia muchos terminan perjudicados se debe a su mala fortuna. El “mandato claro” tampoco era adverso a esa curiosa equidad. Al contrario, aparecía más experto y refinado en el arte de embaucar. Sus maquinaciones en un principio sólo chocaron con el obstáculo de los sectores más avanzados y patrióticos, que apuntaban directamente a su esencia continuista, pero bastaron unos pocos días, unas cuantas propuestas en concreto, como ésta de la “comisión tripartita”, para que el grueso, en primer término de los obreros y luego progresivamente el de los campesinos, estudiantes e intelectuales, comprendiera que detrás de la cortina verbal de la nueva administración, aguardaban en orden de aparición, sellados y lacrados, los decretos centuplicando las garantías a las compañías extranjeras, a la banca, a los latifundistas, a los monopolios en general. La única esperanza de los oprimidos seguía siendo, como siempre, la de perseverar en la lucha por las reivindicaciones populares y en especial por la unidad del pueblo, el arma invencible para alcanzar su emancipación y la independencia y soberanía de la nación.

MEDIDAS DEL GOBIERNO DE LOPEZ MICHELSEN

Apenas transcurridos año y medio de vigencia del actual régimen son perfectamente definibles sus perfiles antinacionales y antipopulares. A estas alturas del proceso, únicamente los círculos dirigentes y los sectores más recalcitrantes de los partidos de la Gran Coalición oligárquica salen abiertamente en su defensa y todavía se atreven a presentarlo como una solución a los graves problemas del país. La mayoría de las gentes trabajadoras de la ciudad y el campo, que por uno u otro motivo aguardó con el advenimiento de la nueva administración cambios positivos para sus males centenarios, ha comenzado a salir o ya salió por completo del engaño. Las corrientes partidistas diferentes al liberalismo y al conservatismo, las que se hicieron eco de todas esas ilusiones, optaron al final por endurecer su posición contra el gobierno y acaso sí se preocupan por justificar su conducta anterior con argumentos que la práctica desmiente a cada paso. El MOIR y demás organizaciones políticas que desde diversos ángulos vienen coincidiendo en la necesidad de arrancar cuanto antes la careta demagógica al “mandato claro”, han visto compensado su esfuerzo con la acogida todos los días más amplia que a sus luchas y postulados brindan las masas populares. Es indudable que la credibilidad en las promesas oficiales está quebrantada, lo cual simboliza una alteración importante en la correlación de fuerzas entre la revolución y la reacción. Estas variaciones en el panorama político de Colombia acontecen cuando falta todavía por vencerse más de la mitad del cuatrienio de López Michelsen. En todo ello han influido notablemente sus medidas y actuaciones lesivas a la nación y al pueblo. Intentemos un resumen de las principales de aquellas medidas y actuaciones.

1. Mayores privilegios a las compañías imperialistas. En este tortuoso terreno de dispensar favores, prebendas y gracias ilimitadas al capital extranjero, el gobierno se ha distinguido por su mano generosa. Las dádivas van desde garantizar la entrega cabal de las viejas como de las nuevas fuentes de recursos naturales, hasta estructurar toda una política tendiente a facilitar las inversiones de los monopolios internacionales en todas las ramas industriales, incluyendo la toma de aquellas empresas que por sus dificultades económicas no logran sobrevivir por su propia cuenta. La lista de las medidas es muy larga y varias de ellas se mantienen en secreto, no obstante las constantes denuncias de los sectores democráticos y patrióticos para que se publiquen, como los contratos leoninos con dos consorcios norteamericanos sobre la explotación de las ricas minas de carbón, en la Guajira, y de níquel en Córdoba. La presidencia de la República en el primer decreto expedido en virtud de las atribuciones del estado de emergencia económica, legisló exprofesamente para que la Texas pudiera empezar los trabajos de extracción de los yacimientos de gas ubicados también en la Guajira y cuyas reservas, según parece, son unas de las más grandes de Suramérica. La legislación sobre la explotación del gas en general fue equiparada a la del petróleo, con el objeto de que la compañía norteamericana no estuviese obligada a la inspección ni al reintegro de divisas provenientes de sus ventas en el exterior, además de otras prerrogativas igualmente aberrantes. Dentro de este derroche de benevolencia con el capital extranjero, el régimen petrolero fue a su vez modificado. No sólo se mantuvo la cláusula de “deducción por agotamiento”, mediante la cual los pulpos petroleros que gozan en nuestro país del sistema de concesiones logran reducir la mitad de su renta gravable, a efecto de pagar tasas de impuesto ridículas, sino que fue extendida para los que venían disfrutando del nuevo sistema de “asociación”. En sus neocolonias el imperialismo norteamericano impulsa, de un tiempo para acá, el sistema de “asociación”, de preferencia con el sector económico estatal, porque se presta a una explotación más aguda y sutil, conforme a su naturaleza monopolística, y se acomoda mejor a las nuevas condiciones políticas, caracterizadas por el despertar nacionalista de los pueblos subdesarrollados y oprimidos. En esa forma, desapercibida a ratos, ha incrementado su dominio sobre la economía de estos países, poniendo en funcionamiento la llamada “integración latinoamericana”, con acuerdos subregionales como el Pacto Andino. Los grandes trusts imperialistas, “asociados” a cualquiera de las repúblicas del área, se lucran, como consecuencia de las reglas integracionistas, de los mercados de toda la región. El presidente de Colombia es devoto ferviente de todas estas modalidades de la penetración del capital foráneo y las ha facilitado en grado sumo. La tan publicitada “nacionalización” de la banca extranjera, que acabó de llevar a término el gobierno, cabe dentro del esquema anterior. Los colombianos deberán comprar el 51 % de las acciones de aquellos bancos, por un monto calculado superior a los 2.500 millones de pesos, cifra que ingresará a las arcas de los financistas extranjeros, sin que por ello éstos hayan menguado en nada su poder de control no sólo sobre la banca y demás corporaciones similares del país, sino sobre la industria, la agricultura, el comercio interior y exterior y el resto de negocios fundamentales. Y por si lo anterior fuera poco, el gobierno anunció que, como punto cardinal a sus planes de “descentralización industrial”, otorgará mercedes especiales a la inversión extranjera que se destine a las ciudades diferentes de Bogotá, Cali y Medellín, o a estas ciudades cuando “dediquen el 50% o más de su producción para la exportación y que no serían rentables al localizarse lejos de dichos centros industriales”. Los incentivos serán de todo tipo: crédito favorable, infraestructura necesaria, subsidios directos.

Colombia es un reino celestial para los monopolios imperialistas: de aquí pueden extraer y llevarse los recursos naturales estratégicos que descubran y necesiten, aquí encuentran a la disposición un mercado para saturarlo con sus mercancías y aquí disponen de una extensa área de inversión para sus capitales. Y lo que es más importante, un gobierno dócil, con su pequeña corte de negociantes, cuyo santo y seña es “chambonear” y “chambonear” en contra del pueblo y la nación.

2. Debilitamiento del sector estatal de la economía. El hecho mismo de que el Estado colombiano esté por completo al servicio del capital extranjero y sus intermediarios, determina su permanente situación ruinosa, los déficit crónicos, la falta de medios para atender debidamente sus empresas, el incumplimiento de las obligaciones con sus propios trabajadores, lo deficiente de los servicios públicos. Pero además de ésto, el régimen lopista ha propiciado el debilitamiento acelerado del sector estatal de la economía con medidas como la de eliminar la protección arancelaria a las entidades industriales y comerciales del Estado e imponerles tributos, en algunos casos más gravosos que los estipulados para las empresas privadas. Muchos de esos establecimientos públicos, de innegable importancia, para el desarrollo del país, se hallan por dicha causa en enormes dificultades y, frente a las compañías imperialistas colmadas de privilegios, que les hacen competencia y les sustraen recursos, su único futuro es la liquidación. Ejemplo ilustrativo de ello ha sido la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), a la cual el gobierno, aprovechando la reversión por tiempo cumplido de dos concesiones a nombre de consorcios petroleros extranjeros, le ordenó a finales del año pasado correr con el pago de más de 600 millones de pesos, por concepto de prestaciones sociales que tales consorcios adeudaban a sus obreros. Otra disposición económica del régimen lopista que encaja perfectamente en el análisis que estamos adelantando del detrimento del sector público a favor del sector monopolista privado, fue la de negarle al Estado la prelación de coger las industrias en bancarrota. Esta facultad se asignó a las sociedades poderosas a través de un subterfugio tributario por el cual las pérdidas de las empresas quebradas podrán ser deducidas en un plazo de cinco años a las compañías que se hagan cargo de éstas. Así los tentáculos del gran capital bajo la batuta del imperialismo norteamericano, van apropiándose casi gratuitamente de los centros productivos que desafiaron su poder y concentrando la riqueza en una escala nunca vista en Colombia. Y el Estado como gestor económico se convierte en un vulgar instrumento para auspiciar la mortandad de la producción nacional en esa guerra sórdida, desigual, inclemente, de los monopolios. Para justificar la hecatombe, el señor López se ha declarado partidario de una industria atrasada, liviana y de escasa técnica, despreciando la meta para el país de una producción pesada y moderna la cual, según su tesis, le pertenece exclusivamente y por predestinación á las repúblicas imperialistas.

3. El festival de la especulación y de la usura. Como lo reconocen casi todos los sectores políticos, incluyendo ciertas capas dirigentes menos encumbradas de los partidos tradicionales, el capital financiero imperialista y su carnal, el colombiano, han sido los hijos consentidos del “mandato claro”. Tal creencia se fundamenta en las reformas oficiales emprendidas en este campo. La más vieja y viva preocupación del gobierno, que escuchamos de parte de su principal funcionario desde antes de la realización de los comicios, era la de la consolidación de las UPAC, cuyos basamentos jurídicos se sabían dudosos. Las Unidades de Poder Adquisitivo Constante, como su nombre lo indica, se valorizan con el ritmo de la inflación y constituyen un mecanismo especulativo perfeccionado para extorsionar con la vivienda a los hogares de las clases bajas. Quienes caen en su tela de araña quedan a merced del agio y son exprimidos por días, por años, por decenios, sin llegar nunca a cancelar la deuda. Entre más paguen más deben. Al señor López lo tenía sin cuidado que este monstruo hubiese sido creado y sea el timbre de orgullo de la administración Pastrana Borrero, y no sólo lo consolidó sino que lo tomó de inspiración para su reforma financiera. En lugar de suprimirlo se dijo: ya que se hallan en desventaja frente a las UPAC, equiparemos con éstas al resto de transacciones financieras. Y procedió a elevar los beneficios y las tasas de interés a un tope real que llega y pasa a veces del 30 y 40 por ciento. Por otro lado, negoció con la banca los pagarés de emergencia, entregándole a ella en forma prácticamente regalada una enorme ganancia. A las compañías aseguradoras les redujo magnánimamente las inversiones forzosas, a fin de que pudiesen orientar la mayoría de sus efectivos hacia las actividades más atrayentes y lucrativas. Y en general instauró el paraíso de la usura. El equipo económico del gobierno defiende estas medidas con el alegato de que estimulan el ahorro legal y debilitan el mercado extrabancario. Mas el resultado está a la vista: la hegemonía absoluta de los grupos financieros, que han captado sumas astronómicas de pequeños y medianos ahorradores, encarecido excesivamente el crédito y sometido a su coyunda a la industria, la agricultura y el comercio del país. A lo que se agrega la devaluación automática del peso y el consiguiente encarecimiento de las importaciones de maquinarias, repuestos y materias primas, que estrangulan la actividad productora, desatan el vendaval alcista de los precios y envilecen el salario de los trabajadores. Lejos de combatir el universo subterráneo del denominado “mercado negro”, el régimen lopista lo sacó de su cloaca, le dio carta de ciudadanía y lo puso a regentar la vida material de los colombianos.

4. Impuestos indirectos, discriminatorios y regresivos. Atrás nos ocupamos algo del verdadero origen y de la historia de la reforma tributaria, la obra maestra, hasta ahora, de la administración López Michelsen. Supimos, por ejemplo, que se trataba de una de las obligantes y acuciosas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que fue herencia legítima del Frente Nacional y que la confeccionó un grupo de expertos norteamericanos. Indicamos también cómo su objetivo eminentemente fiscalista estaba dirigido a subsanar los déficit crónicos de un Estado endeudado hasta la médula con las agencias prestamistas internacionales. Finalmente, denunciamos la maniobra de enmascararla como una ayuda al “5O por ciento más pobre”. Pero lo que no hemos dicho es de dónde provienen los miles de millones de pesos recolectados por su culpa. La reforma tributaría consta de dos partes: las modificaciones a los gravámenes sobre la renta y complementarios y el aumento del impuesto a las ventas. De las dos, el aporte sustancial lo suministra este último. Los funcionarios del Ministerio de Hacienda calculaban hace seis meses que a consecuencia de la nueva tributación, el renglón de rentas concurriría al fisco con 1.500 millones de pesos más. Sin embargo, los mayores emolumentos percibidos por este concepto terminaron siendo devueltos casi en su totalidad, debido al “alivio tributario” votado en el Congreso en las postrimerías de 1975. Así que como fuente de recursos, la reforma tributaria encontró en el incremento del impuesto a las ventas su veta preferida, fenómeno que corresponde cabalmente a la filosofía que en esta materia profesan el imperialismo y sus lacayos. Para las clases dominantes colombianas los impuestos ideales sólo pueden ser los que recaen sobre los artículos de primera necesidad, ya que los sufraga el pueblo, sin saberlo, indirectamente, en todas y cada una de las compras que efectúa. Los productores siempre trasladan a las masas trabajadoras los tributos en cabeza de los bienes de consumo, mediante la práctica inveterada, de elevar los precios de las mercancías. Además de encarecer la vida de la población de menores ingresos, los impuestos indirectos se convierten en talanqueras para la producción y el comercio. Pero, precisamente por eso, por el carácter antitécnico y las secuelas retardatarias, regresivas y discriminatorias, los imperialistas sienten hacia ellos especial predilección y los imponen a como dé lugar, a través de sus intermediarios, en las legislaciones de sus neocolonias. No obstante, éstos no son los únicos tópicos negativos de la reforma tributaria. Si analizamos cualquiera de sus otros cambios nos tropezaremos con la marca típicamente reaccionaria y antipopular que la distingue. A las sociedades anónimas extranjeras o colombianas, con más de un millón de pesos de renta líquida gravable, incluyendo el “alivio tributario” de diciembre, se les rebajó la tarifa impositiva de un 46 por ciento que tenían antes del “mandato claro” a un 36 por ciento, aproximadamente. Mientras que las sociedades limitadas, constituídas mayoritariamente por pequeños y medianos productores nacionales, cuyas tasas iban del 4 por ciento para las de menor renta, y de ahí hacia arriba de manera progresiva, fueron niveladas en el tope más alto: el 20 por ciento. Es decir, se aligeró la carga a las grandes sociedades monopolistas, especialmente a las extranjeras, y se quintuplicó a las pequeñas. Con el poderoso gremio cafetero, que nada en la “bonanza económica”, sucedió otro tanto: el gobierno le reembolsará la fabulosa suma de 1.500 millones de pesos durante los cuatro años de su período, como fruto de la reducción de impuestos decretada a su favor y en recompensa a sus esfuerzos por amasar una fortuna fenomenal con el sudor, las lágrimas y la sangre del pueblo colombiano. Y a los latifundistas todos, la otra clase consentida por el régimen, se les mantuvo en líneas generales dentro del munífico tratamiento estipulado por la ley 4a. de 1973, con una “renta presuntiva” nominal del 8 por ciento sobre el valor del patrimonio, pero que con los incontables descuentos y excepciones, queda reducida en muchos casos a menos de la mitad. Al respecto, el gobierno lopista siguió guiándose por la vieja “teoría” oligárquica de que a la clase terrateniente, que evade más del 90 por ciento de lo poco que debería pagar, según las apreciaciones de la misma comisión Musgrave, no se le puede fiscalizar, sólo “presuponer” sus utilidades. La figura jurídica de la “renta presuntiva” es en verdad un monumento erigido a la lenidad y a la abulia de los gobiernos proimperialistas, cuando de controlar y vigilar la rapacidad de las minorías explotadoras se trata. Y las familias de más altos ingresos aprovechan al máximo los boquetes de evasión, abiertos por los legisladores a sueldo con el criterio de que el Estado sea sostenido no por las clases a que protege, sino por las clases a que sojuzga.

5. La ley de aparcería. Destacadísima mención merece esta medida como la que más refleja la naturaleza antihistórica del “mandato claro”. Recordemos que el señor López Michelsen para ganarse la simpatía de la clase terrateniente en su escalada hacia el Poder, prometió que en materia agraria no iría más allá de donde fueron los cuatro regímenes del Frente Nacional y, por el contrario, consolidaría la situación prevaleciente. Y a fe que lo ha cumplido. En cada oportunidad propicia, el presidente liberal expone su pensamiento acerca de que en el campo colombiano, como acostumbraba comentarlo Laureano Gómez, no existen problemas de tierras sino de aguas y otras cosas. Que la producción agropecuaria del país ha llegado a un grado tal de avance, por un lado, y la propiedad está repartida tan democráticamente, por el otro, que los agricultores sólo necesitan técnica, caminos, créditos, abonos, fungicidas, riego, etc. He ahí la concepción de las clases dominantes proimperialistas, la cual se conoce con el nombre de “revolución verde” y consiste en ofrecerle a las masas campesinas cualquier invento, menos tierra. Desde luego, éstas nunca creyeron en el espejismo de semejante “revolución” y lucharán por sus tierras hasta conseguirlas, tras la dirección que ellas mismas descubrieron: las invasiones a las fincas de los grandes señores. Y no es que los campesinos desdeñen los adelantos enunciados, sino que con un aguzado sentido práctico calaron el engaño de los imperialistas y sus lacayos y se han decidido a empezar por conquistar la base material de todo progreso en el agro colombiano: la tierra para ponerla a producir, la tierra que hoy se halla ociosa o escasamente explotada, en manos de los terratenientes. Ratificando su propia concepción y contrariando el punto de vista del campesinado, López Michelsen hizo aprobar a pupitrazos en el Parlamento la Ley de Aparcería. Dicha disposición demuestra las siguientes realidades: 1) en el campo colombiano hay grandes extensiones que pertenecen a un grupo reducido de propietarios; 2) estas extensiones están en lo fundamental explotadas insuficientemente y en forma atrasada; 3) los campesinos con poca o ninguna tierra representan el factor determinante y principal en la producción de aquellos fundos, y 4) los grandes propietarios no trabajan y son los únicos beneficiados. Y aunque la Ley hable de “contrato”, a la manera moderna, entre el dueño y el aparcero, lo que se regula en el fondo es una relación de servidumbre entre el terrateniente y el campesino sometido. Bajo la corteza capitalista se esconde la savia feudal. El régimen lopista vuelve a darle expresión jurídica a esas relaciones que dormitan, desde la época inmemorial de la colonia, en la estructura misma de nuestra sociedad y satisface así una vieja aspiración de la clase terrateniente colombiana, que el Estado le devuelva “legalmente” al siervo de la gleba. Cuando éste le incomode, el gran señor podrá acudir al inspector de asuntos campesinos, al alcalde municipal, al inspector de policía, para que le saque al intruso de sus tierras y se lo lleve con sus huesos a la cárcel o al cementerio. Pero hay algo aún mucho más importante: la Ley de Aparcería enseña cómo conviven en perfecta armonía la dominación neocolonial imperialista y las formas más atrasadas de producción en los países oprimidas. Dentro del actual sistema, la técnica, los créditos, la venta de insumos que anuncian al agro colombiano los imperialistas y sus intermediarios únicamente cristalizan otros tantos canales para succionar los frutos del trabajo de las clases campesinas. Los personeros del “mandato claro” persiguen perfeccionar y eternizar las relaciones neocoloniales y semifeudales, sin siquiera sospechar en su torpeza ciega que quienes pretenden detener el carro de la historia corren el riesgo de perecer bajo su paso arrollador.

6. Plan de “desarrollo” y endeudamiento externo. A fines de 1975 el gobierno se resolvió por fin a presentar un plan de “desarrollo” como lo hicieron los regímenes anteriores, desde cuando el concepto de la planificación de la economía por parte del Estado tomó cuerpo hasta alcanzar luego la categoría de canon constitucional. Sabemos que al señor López, entre más se desvela porque su imagen aparezca a todo trance diferente a la de sus antecesores, su sino trágico lo arrastra a ejecutar las sinfonías inconclusas del Frente Nacional. En esta ocasión también quiso sentar un precedente y dispuso que su proyecto de “desarrollo”, como no fue costumbre en el país, antes que el lado económico habría de enfatizar el contenido “social”. Por eso se le bautizó como “Plan de desarrollo social, económico y regional”. Aquí, no obstante, para saborear el licor tendremos que empezar por destapar el frasco. En primer término veamos cuán poco era el afecto del presidente liberal por los planes de desarrollo, a través de una declaración suya, de la cual no podremos menos de admirar una cosa, la sinceridad. En su mensaje radiodifundido y televisado del 20 de febrero de 1975, dijo: “Cuando oigo reclamar, por ejemplo, planes de desarrollo a cuatro o cinco años, que dizque el gobierno le está debiendo al país, planes que, por lo demás, se están preparando para ser sometidos al Congreso, me pregunto, ¿cuántos países tienen un plan de desarrollo, un derrotero, un rumbo fijo que no están dispuestos a cambiar? Nosotros que en cierta forma somos dependientes de potencias económicas considerablemente más influyentes que Colombia, vemos día a día cómo el gobierno de Estados Unidos, o el de Gran Bretaña, o el de Francia, o el Japón cambian de rumbo; hacen, diría yo, piruetas y experimentos a veces hasta contradictorios. ¿Cómo podríamos pensar, vinculados como estamos a esos países, en hacer nuestro propio plan de desarrollo cuando el mundo que nos rodea está dando virajes de 180 grados?”. Esta prenda que nos entrega López Michelsen viene a reforzar el acendrado convencimiento de la revolución de que Colombia bajo las condiciones de dominación de las potencias ímperialistas, principalmente los Estados Unidos, jamás gozará de autonomía para trazar el curso de su desarrollo económico. Cualquier plan elaborado en tales circunstancias no servirá más que a los intereses de los opresores extranjeros y su aplicación práctica estará en todo momento sujeta a los requerimientos y necesidades de éstos. Los programas del Estado colombiano para regular la economía del país, son sólo un remedo de planificación. Aquellos han estado supeditados por lo general a los préstamos que apruebe o no apruebe el imperialismo. El plan de “desarrollo” del “mandato claro” no escapa a la regla. La resistencia inicial del gobierno a la planificación fue vencida por el hecho de que los organismos financieros internacionales habían acordado 2.600 millones de dólares en empréstitos para Colombia. Muchos de ellos, como las partidas destinadas al rutilante “Plan de Desarrollo Rural Integrado”, motor del programa económico oficial, venían en trámite desde la administración Pastrana. El plan de desarrollo “social” es eso, más las estrategias económicas que hemos estado subrayando en este informe. El pueblo colombiano tendrá que pagar con el sudor de la frente cada centavo que los paniaguados del imperialismo gasten o dilapiden de los préstamos, con intereses y todo. Los créditos que reciban los campesinos estarán destinados a comprar a precios especulativos las mercancías que únicamente pueden adquirir de manos de las clases que manejan el capital monopolista de Estado, la gran burguesía y los grandes terratenientes. Así el plan oficial no contribuirá a aumentar la producción nacional estancada, a la que por el contrario golpea, sino que será un programa para darle salida a los productos de las grandes empresas de los imperialistas o de las intervenidas por éstos, y para garantizarle a dichas empresas la distribución subsidiada de alimentos con el objeto de que logren mantener bajos los salarios de sus obreros. Esta es la pócima que el régimen continuista desea obligar a beber al pueblo colombiano. El presidente, también, al respecto, contó el secreto: “el problema que confronta este gobierno no es tanto producir más sino consumir más`.

7. Precios elevados y salarios bajos. Pocas veces en la historia de Colombia, el pueblo ha soportado una racha de alzas en los precios de los artículos esenciales y en las tarifas de los servicios públicos como en este tramo de año y medio del gobierno lopista. Las gentes lo llaman el “mandato caro” o el “mandato de hambre”, en irónica alusión a su lema político propagandístico. Después de haber recorrido la vastedad de la campaña electoral galopando sobre la tesis de atacar el mal de la carestía, y mofándose sin discreción de la “inflación importada” con la cual el presidente Pastrana explicó la inevitabilidad del desorden alcista del país como secuela de la dependencia de Colombia a los mercados internacionales, el señor López sacudió a los colombianos con la antítesis de que para ordenar la casa existía una fórmula: elevar los precios. Y procedió a soltarle cuerda a la cometa, toda la que pidiera. El argumento en el fondo era uno solo: si la tasa de ganancia no aparecía atractiva para los productores, las mercancías desaparecerían del comercio por múltiples desagües y se acrecentaría el costo de la vida. Un círculo vicioso de nunca acabar. Y entonces, bastó con que los consorcios petroleros norteamericanos mermaran el ritmo de la producción, para que el gobierno decretara ahí mismo un alza en los hidrocarburos y sus derivados, que se irá haciendo efectiva periódica y automáticamente, hasta una proporción mayor del ciento por ciento. Esta medida obviamente repercute en cadena en la industria, el transporte, el comercio y desemboca rauda y arrasadora al consumo directo de las masas, que son las que al fin y al cabo pagan los platos rotos. Igual cosa ha sucedido con el resto de renglones: la maquinaria y los repuestos, las materias primas, los productos agroquímicos, el cemento, la vivienda, las drogas, el vestido, los alimentos, en una lista sin principio ni final. Las tarifas de los servicios públicos también se han trepado y seguirán trepándose, según el presidente, “condicionadas a costos, algunos de ellos internacionales, que no está en manos del gobierno reducir”. He ahí una versión particular de la “inflación importada” de Pastrana, como cuando el régimen lopista adopta determinaciones que arrojan los mismos desastrosos resultados, verbigracia, al liberar importaciones, ordenar la devaluación progresiva del peso, equiparar el valor interno de ciertos artículos con el que rige en el exterior, pagar o amortizar las infladas sumas que las empresas públicas adeudan a los prestamistas internacionales y elevar los impuestos de valorización y de ventas. Ese nudo inextricable de la carestía que tiene acogotado al país, es la consecuencia más característica de la explotación del imperialismo sobre nuestra nación y, cual lo pregonamos, sólo el hacha de la revolución de liberación nacional logrará cortarlo. “No está en manos del gobierno reducir” esta demoníaca espiral; sus controles no sobrepasan los límites del DANE, en donde se prefabrican las cifras oficiales sobre el costo de la vida, conforme a las severas y perentorias indicaciones de los ministros del despacho, encaminadas a justificar las negativas a las modestas peticiones de alza de salarios de la clase obrera. Cuando los precios de los artículos de primera necesidad registran incrementos de más del 50 por ciento en lapsos menores a un año, el “mandato claro”, dizque para “desacelerar” la inflación y mantener la “estabilidad”, convino permitir como máxima concesión, la ridícula relación de un 15% de aumento salarial. Desde luego el movimiento obrero colombiano no comulga con esta estrategia económica de precios por las nubes y sueldos y salarios por el suelo. Agobiados por el hambre, a los obreros les sobrarán motivos para templarse en agudos combates contra el régimen, como lo hicieron en 1975, no únicamente con el propósito de defender sus condiciones de vida y de trabajo, sino de darle a la nación entera una lección de dignidad y patriotismo.

8. Encarnizada represión contra el pueblo. Si las medidas económicas del mandato lopista concuerdan con las descritas someramente atrás, ¿su método de gobierno será democrático o antidemocrático? Una dictadura que actúa así en lo económico, necesariamente gobernará con los métodos más torvos de represión fascista. Sólo los ilusos y los oportunistas dudan al responder esa pregunta. La meta económica del “mandato claro”, desde el primer día en que comenzó a actuar, consistió en rebosar de garantías y facilidades a los monopolios imperialistas y a sus lacayos, los magnates de la banca, los grandes terratenientes, los grandes importadores y comerciantes, los pulpos urbanizadores, es decir, al puñado de poderosas familias cuya vena fundamental de enriquecimiento depende en el fondo única y exclusivamente de los favores del Estado. Un régimen que envalentonado por el resultado de las urnas impartió la orden de superexplotar a la inmensa mayoría de la nación, saltándose todas las barreras de la prudencia y el recato, no podría menos de estar decidido a llegar hasta las últimas consecuencias, sin importarle el deslustre de su imagen, las tímidas reconvenciones de sus amigos o la crítica virulenta de sus enemigos. El lopismo había echado por la calle del medio, dispuesto a partir en pedazos a quienes discrepasen de su cesárea voluntad y ufanándose de que dos brazos experimentados, prolongados desde la lejanía de la fundación de la República empuñaban su guadaña amenazante: el liberalismo y el conservatismo. Pero muy pronto el fundador del extinto MRL sopesaría que su fortaleza no era tanta, porque el pueblo lo amaba menos, mucho menos de lo que le decían sus áulicos y lo odiaba más, mucho más de cuanto calculaba la oposición. Y el “mandato de hambre”, antes de su primer aniversario, recurrió a las herramientas represivas predilectas del sistema: el estado de sitio, los consejos verbales de guerra y la violencia contra los movimientos populares. ¿Sería justo afirmar que tales medidas marcan el viraje hacia la derecha del régimen? De ninguna manera. Ellas no patentizan más que la expresión, el resultado, el desenlace concreto, genuino e inevitable de sus medidas económicas. La explotación neocolonial y semifeudal de la gran burguesía y los grandes terratenientes proimperialistas únicamente se sostiene mediante la dictadura fascista sobre las inmensas masas populares. Por el contrario, si algo vale la pena destacar en el actual fenómeno político de Colombia son exactamente la prontitud con que el gobierno se vio precisado a apelar a las vías de excepción, para medio manejar el desorden y el descontento públicos, y el período continuo que lleva el país bajo el estado de sitio. De los 16 meses de mandato lopista, seis acumula gobernando con la férula del artículo 121 de la Constitución, o sea, más de una tercera parte del tiempo. Los recientes anuncios oficiales acerca de un eventual retorno a la normalización institucional en las proximidades del debate electoral, obedecen a los deseos del Ejecutivo de presidir unos comicios, los primeros que organiza, guardando farisaicamente las apariencias de democracia, como ha sido costumbre en Colombia durante la realización de esos eventos amañados y manipulados por las clases dominantes. Este gobierno ha hecho vertir en año y medio más sangre inocente de hombres, mujeres y niños del pueblo que en lo que en igual plazo derramara el último de los cuatro del Frente Nacional, a quien los estudiantes enardecidos gritaban en las calles: “¡asesino!”, “asesino!”. Hay un dicho colombiano, producto de la larga experiencia de las masas, que expresa: “la justicia es un perro bravo que sólo muerde a los de ruana”. Ninguna otra sentencia mejor para exteriorizar sabiamente la realidad de los regímenes oligárquicos proimperialistas entre los cuales descuella por su refinamiento y crueldad éste de cuyas principales medidas económicas y políticas hemos efectuado un apretado resumen. La línea política brota y está supeditada a la línea económica a que sirve. Tanto la una como la otra del “mandato claro” se distinguen por su efigie antinacional, antipopular y reaccionaria. Las fogatas de la resistencia popular prendidas en campos y ciudades, a lo largo y ancho del país, resaltan las siluetas de esta cruda y ya vieja realidad, pero en sus fulgores se anticipa la aurora luminosa de la nueva Colombia.

DECLARACIONES DE “AMISTAD TRADICIONAL” A LOS ESTADOS UNIDOS

Deliberadamente hemos dejado para rematar el análisis de las medidas oficiales con el punto de la política internacional del gobierno lopista. Para comprender fácilmente el carácter y la dirección de ésta, empecemos por echarle una rápida mirada a la situación mundial y al lugar que en ella ocupa Colombia.

La gloriosa Revolución de Octubre de Rusia, de 1917, inauguró la época de las revoluciones socialistas proletarias, y desde entonces el mundo históricamente avanza en medio de agudos conflictos y violentas tormentas hacia el socialismo. Pero en el planeta dominan las fuerzas imperialistas que sobreviven gracias a la explotación sobre los países atrasados y sojuzgados, y entre las cuales se destacan las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyos dirigentes revisionistas abandonaron hace rato el camino radiante trazado por Lenin y regresaron al atajo capitalista. Estas dos superpotencias luchan y se coluden entre sí por el reparto de la Tierra y personifican las principales amenazas de la paz mundial. Los movimientos de liberación nacional de los pueblos coloniales y neocoloniales constituyen el principal frente de batalla de la lucha antimperialista, y de su culminación victoriosa estará atento el mundo en los próximos decenios y dependerá el futuro de la humanidad. Los peligros de que explote o no una nueva conflagración mundial se hallan íntimamente relacionados al hecho de que los movimientos de liberación nacional logren o no pasar a la ofensiva y asestar inicialmente golpes aniquiladores a los imperialistas. En todo caso, como dice Mao con agudeza, “o la guerra hace estallar la revolución, o la revolución impide la guerra”.

Colombia pertenece a ese grupo de países mayoritarios del Tercer Mundo y su rol histórico es el mismo. Los prodigiosos avances del movimiento de liberación nacional los prueban más que nada los triunfos obtenidos por los tres países de Indochina, en 1975, prácticamente en forma simultánea. Después de más de un siglo de guerrear casi ininterrumpidamente contra la dominación colonialista sucesiva de varias potencias europeas y del Japón, y a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial contra el imperialismo norteamericano, Camboya logró por fin su independencia el pasado 17 de abril, Vietnam del Sur, el 30 del mismo mes, y Laos también arrancó de cuajo la dominación extranjera, abolió el sistema monárquico y fundó su república popular, democrática y soberana, el 3 de diciembre último. Esta es una gran victoria no sólo de los pueblos del Sudeste Asiático, sino de los pueblos del globo entero, del movimiento proletario internacional y de los países socialistas, y ante todo representa un invaluable ejemplo de cómo los países débiles, si se atreven a empuñar las armas y perseveran en una línea justa, son capaces de propinar palizas demoledoras a los imperios más poderosos que osen mancillar sus banderas. Para los pueblos indochinos se abre ahora la etapa de la construcción de sus economías, basándose fundamentalmente en sus propios esfuerzos, cual lo hicieron en la guerra, y luchando para preservar la soberanía alcanzada a costa de tantos sacrificios. En esa forma el sol de la libertad no se pondrá jamás en Indochina, mientras las fuerzas revolucionarias impidan que el tigre se les cuele por la puerta trasera, después de haber expulsado el lobo por la principal.

El derrotero revolucionario salvador de Colombia, como neocolonia de los Estados Unidos, es idéntico al resto de países débiles, atrasados y sojuzgados por las grandes potencias: la lucha prolongada y persistente hasta alcanzar la liberación nacional y contribuir a la derrota de las fuerzas imperialistas a escala mundial y al establecimiento de unas relaciones internacionales erigidas sobre la autodeterminación de las naciones y en la libre cooperación, mutua ayuda y beneficio recíproco de los pueblos. Los movimientos de liberación de las naciones coloniales y neocoloniales, el proletariado internacional y los países socialistas conforman el más gigantesco frente de lucha antimperialista, la fuerza colosal revolucionaria irresistible de la época contemporánea, portadora del progreso y de la paz. Y Colombia se halla en la primera línea de fuego de ese frente invencible.

Observemos ahora qué trágicos designios y qué vergonzoso desempeño pretende para nuestro país el “mandato claro” con su política internacional. Apoyémonos para ello en pronunciamientos oficiales del gobierno, producidos al más alto nivel, en tres ocasiones diferentes. Ante el Cuerpo Diplomático, el presidente López dijo: “El mundo ha llegado a un momento de su historia, en que ya no constituye ventaja alguna ser una superpotencia, asumir permanentemente todas las responsabilidades y soportar el mayor peso de las cargas. Tampoco es aceptable el papel del país pequeño, desvalido y vulnerable, fácil juguete de los poderosos. Se amplía cada día más la gama de naciones que comprenden que su posición intermedia entre uno y otro polo, las sitúa en condición inmejorable para esa mediación que evita los extremos abusivos, los actos unilaterales, las demostraciones de fuerza o las nocivas polarizaciones (…) Colombia confía en que el influjo benéfico de esta familia de países aumente cada día reforzada por voces de incontestable fuerza espiritual, como lo es la del Sumo Pontífice, escuchada con respeto en todo el universo”. Ante el príncipe Bernardo de Holanda, que visitaba a Colombia, agregó categóricamente: “No queremos la confrontación entre países ricos y países pobres”. Y ante el presidente Gerald Ford, durante la gira de ocho días que efectuó López Michelsen por los Estados Unidos, prometió: “En la débil medida de nuestras fuerzas, señor Presidente, estamos dispuestos a acompañar a los Estados Unidos, dentro de nuestra amistad tradicional, a propiciar el cambio, a admitir las realidades, a reconocer derechos, a la par que asumir responsabilidades, conservando lo que sea digno de conservar y reconociendo la obsolescencia de lo que debe ser sustituído”.

En estas cuantas frases se encuentra concentrado el zumo de la política internacional del “mandato claro”. Con la torpeza de un principiante, trastocando los valores y armando combinaciones sin juicio ni sentido el jefe del continuismo procede a colocar a la topa tolondra las fichas sobre el tablero del ajedrez internacional. Descaracterizando la relación de las potencias y los países esclavizados, pretende hacernos creer que aquellas no sacan ninguna ventaja de su condición predominante y que, por el contrario, soportan “el mayor peso de la carga”. Imaginando una hipotética cuarta posición interpuesta a las de las naciones opresoras y oprimidas, sueña para Colombia el melancólico oficio del algodón entre los vidrios. Renegando de los hechos anatematiza la “confrontación entre los países ricos y los países pobres”, es decir, condena la lucha de los pueblos sometidos por su emancipación. Y apelando a la tradición obsequiosa de los gobiernos colombianos frente al amo extranjero, se compromete a respaldar a Estados Unidos en la tarea de “propiciar el cambio” y amparar “lo que sea digno de conservar”.

¿Qué es lo que el imperialismo aspira a cambiar, y qué es lo que desea conservar? Lo primero, invertir la tendencia generalizada de rebeldía y de lucha ascendente de los pueblos, que amenaza con desquiciar el orden internacional subsistente, según el cual un club selecto de repúblicas todopoderosas se enriquece y progresa sobre la depauperación y la indigencia de la mayoría de países de la Tierra. Lo segundo, mantener intactos el empuje y la supremacía del imperio, cuya fuerza vital radica cada día más en la expoliación y el despojo de las naciones que gravitan en su órbita de influencias. Las únicas realidades que admite el imperialismo son las de su propio y excluyente beneficio. Los únicos derechos que reconoce son los del saqueo. Las únicas responsabilidades que asume son las de la fuerza bruta. Por ninguna consideración subalterna a Colombia le conviene esta política, no sólo porque su natural solidaridad está de lado de la causa de miles de millones de seres del planeta, sino porque sus intereses internos chocan antagónicamente con la vandálica usurpación de los monopolios imperialistas. Colombia forma parte entrañable del movimiento liberador de los pueblos de Asia, Africa y América Latina, con los que coincide y se apoya mutuamente en sus luchas por la independencia económica y la emancipación política. Cualquier otra invitación a construir bloques intermedios, además de la traición que aquello implica a los legítimos anhelos de soberanía y libertad de nuestro país, en la práctica significa un intento de abierto y descarado respaldo a las fuerzas imperialistas que actualmente afrontan dificultades enormes e insolubles contradicciones a causa del auge de la revolución mundial.

Puesto en la alternativa de escoger entre la línea pregonada por el “mandato claro” de auxiliar a los Estados Unidos y a todo lo que éste simboliza como nación imperialista decadente, por una parte, y la política popular y democrática de independencia y decoro nacionales, defendida por el MOIR y el resto de fuerzas revolucionarias y patrióticas, por la otra, el pueblo colombiano no dudará en tomar partido a favor de esta última. En ella va involucrada la suerte de Colombia como la única solución posible a la grave crisis que atraviesa.

LA CAUSA DE LA CRISIS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA

La crisis yacente en Colombia data de muchos lustros atrás y es más antigua de lo que algunos piensan. Las nuevas generaciones la recibieron en sucesión intestada pero forzosa de parte de sus mayores, así como éstos la habían heredado de sus antepasados.

A raíz de los enviones del naciente imperialismo norteamericano, a fines del siglo pasado y comienzos del presente, que tuvieron como prólogo la secesión de Panamá de Colombia, con la cual los Estados Unidos se facilitó la construcción del Canal que lleva por nombre el de la joven y hermana República, nuestro país pasó a convertirse poco a poco en neocolonia de la potencia del norte. Norteamérica comenzaba a forjar un imperio que llegaría a ser el más grande de la Tierra y hacía los primeros ensayos expansionistas apoderándose de las naciones patriarcales de América Latina que tenía al alcance de su sable y a las que desde entonces considera como su coto privado de caza. La presencia del imperialismo norteamericano en nuestro suelo repercutió notoriamente en su fisonomía. En el fondo significó un cambio brusco y radical de la situación económica y política de la Colombia aldeana y feudal. Dos fenómenos contrapuestos se dieron simultáneamente. De una parte, se aceleró el proceso que evolucionaba lento y gradual de la descomposición de la economía natural del país y éste fue vinculándose más plenamente al torbellino del mercado internacional, por medio de los miles de conductos que le proporcionaban los imperialistas norteamericanos. Protegido por el nuevo clima el capitalismo colombiano principió a florecer. Este es un fenómeno que podemos calificar sin duda de favorable, ya que Colombia terminaría por romper el aislamiento tanto a nivel parroquial, en lo interno, como a escala mundial, en lo externo, proceso que apenas si despuntó en el siglo XIX en sus relaciones comerciales con el capitalismo europeo y arrancaba por fin en firme la producción moderna de tipo capitalista, que desenfundó en el escenario nacional a las dos clases recién formadas, el proletariado y la burguesía colombianos, con sus alforjas repletas de ideas, inquietudes y contradicciones distintas a las que había conformado la pesada atmósfera del medioevo de la República, desde su alumbramiento, el 20 de julio de 1810. De otra parte, el imperialismo norteamericano inauguraba la tétrica historia del robo de nuestros recursos naturales y de la incautación de los frutos de nuestro trabajo. Este fenómeno es tremendamente negativo.

Pronto el poderío de los Estados Unidos llegó a su edad dorada, sacándole tajada a los problemas de las potencias capitalistas que tenía en frente y a los dos conflictos bélicos mundiales, brotados ambos en la primera mitad del siglo XX. A medida que aumentaba su fortaleza el imperialismo norteamericano iba hundiendo con mayor saña sus garras en las carnes de las naciones latinoamericanas y particularmente de Colombia. En esa forma el aspecto negativo terminó agigantándose, mientras que al capitalismo nacional le resultaba cada vez más difícil desenvolverse tras la rapiña y desigual competencia de los monopolios internacionales, que le succionaban o encarecían las materias primas básicas, le dominaban omnímodamente sus mercados y utilizaban la técnica como un ariete para tomar la plaza o desvencijar sus débiles fortificaciones. Lo que en los orígenes fuera un vivero para su nacimiento y posterior desarrollo se trocó muy pronto en un desierto hostil.

Desde entonces el capitalismo nacional se ha visto en una situación de enorme inferioridad, desplegándose escasamente, a troncas y a mochas, en especial durante los períodos de ciertas dificultades del imperialismo y cuando por ello se hace menos intensa su influencia sobre el país. El paulatino estancamiento de la producción nacional y la ruina progresiva de las grandes masas populares se hallan determinados por esta relación neocolonial de sojuzgamiento externo. Los bienes y la mano de obra de los colombianos no coadyuvan a la prosperidad y al progreso de la nación, sino que se encuentran al servicio exclusivo del enriquecimiento de los monopolios extranjeros. He ahí la causa principal y decisiva de la crisis de Colombia: la explotación y opresión del imperialismo norteamericano. Por lo tanto, su única salida real será la revolución de liberación nacional. En las condiciones históricas vigentes de Colombia, la acertada defensa y la lucha consecuente por la independencia y soberanía del país, definen por sobre cualquier otro aspecto accesorio la naturaleza revolucionaria de una clase o de un partido. Al igual que las “teorías” soluciones y estratagemas proclamadas por la reacción, junto con su práctica, se distinguen por sus consecuencias desastrosas y dañinas en las fuerzas productivas, las posiciones ideológicas y programáticas de las fuerzas revolucionarias colombianas, y su acción política, repercuten benéficamente en el desarrollo de la producción nacional.

Dentro del MOIR hay camaradas que aún no han logrado asir la esencia económica de la crisis nacional como una crisis de estancamiento del capitalismo colombiano. Admiten el freno en términos absolutos de la producción nacional, como un hecho aplastante e innegable de la vida del país, pero no comprenden que la única forma de desarrollo de las fuerzas productivas bajo el actual régimen neocolonial y semifeudal es la capitalista. Eso por una parte, y por la otra, confunden las características diametralmente diferentes de la crisis de Estados Unidos, como nación desarrollada opresora, y de Colombia, como nación subdesarrollada oprimida. Ambas crisis lo son porque afrontan problemas de paralización de las fuerzas productivas, pero por razones inversas.

Estados Unidos padece de superproducción, de saturación de sus mercados, de falta de salida para sus mercancías y capitales. La ciencia, la tecnología, la organización administrativa, la proliferación en suma de los medios materiales productivos han llegado allí a un estadio tal de progreso y perfeccionamiento, que las relaciones de propiedad individual capitalista, expresadas en la gran concentración monopolística, se constituyen en trabas infranqueables para la expansión de dichos medios productivos. Pero el imperialismo resuelve temporalmente su crisis explayándose por el mundo, apoderándose de naciones enteras y compitiendo en esta bárbara conquista con los demás países y grupos imperialistas. A donde vaya lo acompañará el espectro de la guerra, a la que recurre sin contemplaciones, ya sea para desplazar a las otras potencias contendientes o para apabullar a los pueblos colonizados. Con estos métodos “civilizados” de la bota puesta sobre el cuello de sus víctimas, el imperialismo se proporciona, como arriba señalamos, materias primas para sus industrias, mercados para sus productos y áreas de inversión para sus capitales. Por consiguiente, su consigna de combate ha sido y seguirá siendo la de desalojar a la competencia, provenga de donde proviniere, para consolidar y ampliar sus dominios. De ello y sólo de ello depende su existencia. En los países que oprime apuntala las formas más atrasadas de producción y quiebra o interviene las industrias más avanzadas y promisorias. En Colombia, por ejemplo, los grupos monopolistas norteamericanos, a la par que le aconsejan al país auspiciar y patrocinar las formas de producción artesanales y que requieren “poca técnica y mucha mano de obra”, como el paradigma supremo de desarrollo, sustentan el caduco régimen de explotación terrateniente en el campo y se entrelazan para los negocios y para la política con las clases parasitarias colombianas, la gran burguesía y los latifundistas.

La crisis de Colombia es de atraso, de atrofia de las distintas ramas productoras de bienes industriales y de consumo, de falta de ciencia, de técnica, de incipiencia en suma de los medios materiales productivos. Los valladares para el acrecentamiento de dichos medios productivos son las relaciones neocoloniales de subyugación externa y el régimen de explotación terrateniente. Por ello sólo la revolución de liberación nacional y democrática conseguirá remediar la crisis del país, una revolución que nacionalice todos los monopolios imperialistas y colombianos y confisque la tierra de los grandes terratenientes y se la entregue a los campesinos que la trabajen. Dentro de la situación prevaleciente en Colombia no todas las formas de propiedad individual de los medios de producción son causa de su crisis, a diferencia de lo que acontece en la metrópoli. Aquí únicamente la apropiación monopolística y la terrateniente materializan los obstáculos inexpugnables para el desarrollo de la nación. Las fuerzas productivas no han llegado todavía en nuestro país a un punto de auge y prosperidad como para que se vean obligadas a romper la camisa de presión de toda forma de propiedad capitalista. Las potencias imperialistas sufren de exceso de capitalismo, Colombia de carencia de él. Este es el aspecto contradictorio de las dos crisis. Cuanto más profunda sea la crisis del imperialismo, más impelido se encuentra a descargarla con el máximo rigor sobre los hombros de los países sometidos, con la secuela de que precipita la crisis de éstos, a los cuales coloca irremisiblemente al borde de la revolución. Ahí el lado flaco, la encrucijada, el atolladero, el eslabón débil de la cadena imperialista: los monopolios cada día dependen más de sus colonias y neocolonias y éstas cada día sienten más la necesidad y la atracción por la liberación. El proletariado de las grandes potencias tiene en los movimientos de liberación nacional a un aliado fundamental en sus luchas por la emancipación y el socialismo.

Las tendencias pequeñoburguesas de inspiración trotskista analizan y entienden la crisis de Colombia de un modo completamente diferente. Para esas agrupaciones políticas la producción nacional capitalista como la presencia del imperialismo encarnan igualmente un escollo inabordable para el progreso y el avance de la nación. La propagación en nuestro territorio del capitalismo imperialista mediante nuevas inversiones o a través del acaparamiento por parte de éste de las industrias ya establecidas, corren a calificarlo de desarrollo del capitalismo, sin distinguir entre el control cada vez más acentuado de los monopolios extranjeros sobre los mercados colombianos y la adversa situación resultante que arrincona y estrangula a los productores nacionales. Teorizan acerca de la viabilidad del proceso capitalista en términos generales, sin intuir que la base económica de nuestra revolución estriba precisamente en la imposibilidad de este desarrollo nacional bajo las relaciones neocoloniales y semifeudales existentes. 0 al contrario, reciben sin beneficio de inventario la propaganda de la reacción sobre los logros y prosperidad del “capitalismo colombiano”, ignorando que la ley suprema de cualquier revolución, o sea el tránsito de un régimen social de producción a otro, se impone dónde y cuándo el antiguo régimen se transforma en un freno a la producción de los bienes materiales esenciales para la subsistencia de la sociedad y no en otro lugar ni antes que el caduco sistema haya agotado todas las posibilidades de crecimiento de sus fuerzas productivas. Y en Colombia progresa el capitalismo del imperialismo, lo comprobamos diariamente, pero en detrimento del desarrollo nacional. Y como corolario a sus concepciones ideológicas y programáticas aquellas tendencias convocan al pueblo colombiano a realizar la revolución socialista y no la revolución nacional y democrática y llaman a combatir contra toda forma de propiedad capitalista en lugar de propiciar la unidad de las clases y capas antimperialistas en la gran cruzada por la independencia y soberanía de la nación y por la construcción de un régimen democrático que siente los pilares económicos y políticos de la futura sociedad socialista. La posición del trotskismo colombiano en la práctica se interpone a la referida alianza de las distintas clases y fuerzas revolucionarias y democráticas y beneficia al imperialismo y a la reacción.

Alrededor de estas cuestiones fundamentales de la revolución colombiana el MOIR ha adelantado una enconada discusión con el oportunismo de derecha y de “izquierda”. Sin embargo, tales batallas ideológicas no han sido suficientes para proporcionar la claridad necesaria adentro como afuera de nuestro Partido. Se hace indispensable redoblar los esfuerzos en dicho campo estudiando y profundizando la teoría de la revolución de nueva democracia, así como sistematizando las experiencias de los últimos años en la confrontación de nuestra línea estratégica con las peculiaridades concretas económicas y políticas del país, conscientes de que a ello se encuentra subordinado el porvenir y la conducción de la revolución colombiana. Las medidas antipatrióticas y retardatarias del gobierno lopista y sus catastróficas consecuencias en la economía nacional nos facilitan el ejemplo vivo magistral, más cercano y acabado, de cómo, por un lado, la dominación del imperialismo sobre las naciones subdesarrolladas es la causa principal y determinante de la crisis y anquilosamiento de sus economías y de cómo, por el otro, una política traidora tendiente a franquearle las puertas de nuestro territorio patrio a los saqueadores de la era moderna, está de antemano desahuciada y tan pronto como se pone a funcionar cae sin salvación en el más estruendoso descalabro. Su bancarrota radica en que concita contra ella la cólera de la aplastante mayoría de la nación, no sólo de los obreros que tienden por naturaleza de clase al socialismo, sino de los campesinos que exigen para sí la tierra que le expropien a sus expropiadores, de los pequeños y medianos productores y comerciantes, de los estudiantes e intelectuales y de todas las personas patrióticas y democráticas. La debilidad de la reacción es la fortaleza de la revolución, y viceversa, en la medida que ésta aparezca incapacitada para fraguarse la coraza de la unidad del pueblo a aquella le mermará el espanto.

Oímos frecuentemente la afirmación de que “nadie es profeta en su tierra”, con lo cual se quiere connotar que sólo hacen carrera las gentes exóticas procedentes de otras latitudes, así propalen las ideas más descabelladas, confusas y extrañas. En cambio son objeto de mofa por parte de sus coterráneos quienes se atreven a opinar libremente, sin mediar para nada el hecho de que los planteamientos que se esgriman sean o no convincentes, inteligibles y correctos. En cierta forma esto le ha sucedido a la revolución colombiana. Hasta ahora únicamente hicieron carrera las tesis descabelladas, confusas y extrañas de las clases dominantes que defienden los exóticos intereses de los neocolonizadores imperialistas. Aunque la edad de los pueblos se mide por decenios y siglos nuestra revolución ha tardado en crear una corriente política definida y acatada por las amplias masas. Semejante corriente política revolucionaria corresponde alentarla a la clase obrera en su calidad de comandante del proceso revolucionario, aprovechando las condiciones objetivas favorables que se palpan de continuo en las violentas erupciones de la crisis que calcina las entrañas de la sociedad que ha jurado mil veces destruir. El quid de su éxito se funda en la consecuencia y acierto con que entienda y aplique la línea unitaria de frente único de todas las clases y capas revolucionarias. Nuestro proletariado quebrantará, a través de su partido, una inveterada tradición colombiana y nos convencerá a todos de que sí será “profeta en su tierra”.

APROVECHEMOS AL MAXIMO EL DEBATE ELECTORAL

Se fijaron ya los edictos con la citación de las elecciones de 1976, lo que podría considerarse como un lujo que se da la oligarquía colombiana, habida cuenta que, no obstante el reiterado uso de las medidas de excepción del artículo 121 de la Constitución, del toque de queda, de los consejos verbales de guerra y otros procedimientos más drásticos, y gracias a ello, ha logrado sostener la continuidad institucional desde el golpe de Estado que depuso al general Rojas Pinilla, y sobre todo si se compara la situación de Colombia con la orquestación militarista de la mayoría de las repúblicas latinoamericanas. Pero esto no quiere decir ni mucho menos que la dictadura liberal-conservadora proimperialista, que mantiene sumido al pueblo colombiano en la más despiadada esclavitud, esté pasando su mejor momento. Las violentas erupciones de la crisis de que habláramos en el capítulo precedente han trastornado todo el orden tradicional y la sociedad colombiana muestra síntomas evidentes de una descomposición supremamente aguda que, por más que se esfuercen las clases dominantes, resulta imposible de ocultar. Y no lo logran porque ellas han sido las primeras en contagiarse de la epidemia contra la cual dicen combatir.

En los escalones más encumbrados y distinguidos de estas clases sólo reina una preocupación, algo que se ha tornado en una obsesión incontrolada, más grande que ellas mismas e infinitamente superior a su propio instinto de conservación: el apetito desordenado de atesorar, de centuplicar sus millones, pero centuplicarlos de la noche a la mañana, a como dé lugar, con el agio, la extorsión, la especulación y los medios más desenfrenados y turbios, que son, a la vez, los menos riesgosos y más lucrativos. En ese loco afán los detentadores del Poder han arrastrado hacia el prevaricato, el peculado, la concusión, el cohecho y las otras infracciones contra la administración pública que tipifica el código penal burgués, a todo el andamiaje burocrático del Estado, desde el más alto sitial de la rama ejecutiva hasta la oscura y lejana inspección de policía. No es raro en estos tiempos, por ejemplo, enterarse las gentes por la prensa, en medio de fenomenal escándalo, cómo una de las familias más poderosas perteneciente a la mitad conservadora del gobierno, acusa al presidente de la República que sus hijos se están enriqueciendo a costa del erario y como éste, con la misma moneda, responde destapando el tráfico de influencias y los favores de los organismos oficiales en las transacciones comerciales de los descendientes de sus acusadores. Y de ahí para abajo. El sector público es un campo minado de defraudaciones al fisco, de negocios de toda condición y tamaño, de menesteres ilícitos. Antier se destituyó a un funcionario al que se le comprobó un faltante que no pudo tapar, ayer se denunció a un gerente de un instituto descentralizado por pérdidas de varios millones de pesos que no supo explicar, hoy los tribunales detienen e investigan al que fuera no hace mucho el máximo fiscalizador de los gastos del Estado, mañana le corresponderá el turno a un exjefe del Departamento Administrativo de Seguridad.

La corruptela de las minorías gobernantes no sólo ha invadido la esfera estatal, sino que se ha extendido como una gran mancha de aceite a todas las actividades de la vida social. Los pequeños imitan a los más grandes y por doquier proliferan las mafias, organizadas. El secuestro se convirtió en una industria próspera, junto con los estupefacientes, el juego, la prostitución. El país terminó siendo modelado a la imagen y semejanza de los hampones del capital imperialista. Y cuando las normas que rigen las relaciones de los grandes monopolios se vuelven de usanza generalizada y aún las capas más aristocráticas y refinadas de una sociedad como la nuestra se lumpenizan, la situación se torna incontrolable. Hasta los sectores más privilegiados y guarnecidos tras la empalizada de bayonetas se sienten inseguros. La descomposición social culmina amenazando a las clases dominantes, lo cual es el principio del fin, porque las sociedades a diferencia de lo que acontece con los animales se descomponen antes de morirse. Una idea de lo que está sucediendo a estas clases bien puede dárnosla las siguientes palabras de Alberto Lleras, quien, anonadado por el horrible mundo que en cierta forma ayudó a engendrar, exclama: “¿Cuándo volverá el hombre a ser, como querían los ingleses que fuera, el señor en su castillo entre los muros de su casa, protegido por las leyes, por los ejércitos, por la fuerza de los Estados contra cualquier acto de vandalaje?”. En medio del caos y del pánico a las clases dominantes colombianas sólo les queda el alivio de añorar el pasado, ya que temen al futuro, el cual por primera vez en la historia de nuestro país pertenece a las masas populares que nunca estuvieron presentes a la hora del reparto de los beneficios, pero que son las verdaderas creadoras de todo lo grande, respetable y digno de rescatar de la sociedad que languidece.

A pesar de la ventisca anarquizante y disolvente que azota a la sociedad colombiana, a la clase obrera le sobrará la fuerza moral para sobreponerse, organizar las huestes dispersas del pueblo y al frente de ellas avanzar en oleadas contra sus tradicionales enemigos. Entre más rápida, desgarradora e irreversiblemente evolucione la crisis en que se debaten las minorías opresoras, más alentadoras, claras y cercanas aparecerán las perspectivas de la revolución. Contradiciendo los iniciales vaticinios de la coalición oligárquica y de sus turiferarios de la oposición, el primer tercio recorrido del actual régimen ha registrado duras y agudas batallas populares que apuntan directamente contra el frontis del “mandato claro” de un vigor y una magnitud como no las padecieron para expiar sus faltas los gobiernos anteriores. El proletariado arrojó al suelo y pisoteó el “contrato social” que López Michelsen llevó redactado y en papel de oficio a la “comisión tripartita”, el 14 de septiembre, por el cual se pretendía comprometer a los sindicatos a incrementar la cuota de “sacrificio”, es decir, a decuplicar el hambre de sus afiliados en pro de los éxitos económicos del continuismo. Decenas de miles de obreros levantaron las carpas de huelga e izaron los pendones rojos frente al desteñido, estandarte bicolor de la alianza liberal-conservadora. Y al lado de ellos los maestros, los bancarios, los estudiantes, los pobres y oprimidos todos de Colombia manifestaron sus protestas encendidas en las más diversas formas de pelea. También los campesinos prosiguieron en sus empeños revolucionarios de proporcionarse la tierra a que tienen derecho, invadiendo las fincas de los grandes terratenientes y sus luchas ganan todos los días las simpatías y el apoyo de las otras clases y estamentos antimperialistas y democráticos de la nación. En el gran caudal de la rebeldía popular sobresalen por su carácter ampliamente masivo, su firmeza, su beligerancia, su novedad y su iniciativa creadora, los paros cívicos de las pequeñas y grandes ciudades. En el último y más importante de estos movimientos, el de Bucaramanga, por ejemplo, cientos de miles de personas se levantaron y pusieron en jaque al gobierno durante ocho días, desde los destacamentos organizados de la clase obrera santandereana, que fueron en la práctica los orientadores de la batalla, hasta las amas de casa que salieron con sus cilindros de gas vacíos a taponar las calles. Y así por todas partes las masas no menospreciaron oportunidad para exteriorizar su descontento contra la carestía desatada, el acaparamiento, la escasez, las alzas periódicas de los precios de los artículos de primera necesidad y de las tarifas de los servicios públicos, el aumento a los gravámenes a las ventas, los impuestos de valorización y demás argucias que se ingenian los prominentes estadistas lacayunos del imperialismo para trasquilar los miserables presupuestos familiares de los sectores populares.

Bajo el gran alud de huelgas, paros cívicos, marchas de protesta, manifestaciones ilegales y luchas varias, fertilizadas con la sangre de centenares de combatientes populares vilmente asesinados, ha quedado sepultado el único deseo insatisfecho del lopismo: “El cambio que hemos prometido queremos adelantarlo en medio de la calma política y el consenso”. El pecado fue de ingenuidad. Cuando el 21 de abril de 1974 se eligió por primera vez en 16 años un presidente que no era producto de la norma constitucional de la alternación, quedó realizado el cambio que este gobierno podría cumplir en relación con los anteriores del Frente Nacional, porque en las gavetas de San Carlos le aguardaban para el trámite de rigor los decretos frentenacionalistas que los predecesores de López Michelsen no alcanzaron, no pudieron, o simplemente no quisieron poner en vigencia. Por ahí, precisamente por ahí, debía empezar su gestión transformadora el “mandato claro”, al día siguiente de la posesión. Tan pronto la mayoría del pueblo colombiano descubrió la engañifa, notificó a través de vibrantes mensajes callejeros que sí habría “consenso nacional”, pero de repudio y condena a la estrategia oligárquica proimperialista del régimen, así fuese al precio de desafiar las furias exacerbadas del continuismo y de romper la “calma política” que éste ilusionaba preservar. En medio de la intranquilidad, la conmoción, la piedra y el desorden, la buena estrella del lopismo comenzó a descender, sin haber cubierto siquiera la mitad de la jornada. Y sobre su cabeza aturdida aletean ya los primeros pleitos de la disputa anticipada de la sucesión presidencial, de las contradicciones surgidas en el seno de la coalición bipartidista y de la partición por tres de su Partido Liberal.

Con ese gran telón de fondo de la crisis económica, de la descomposición social y de la bancarrota del “mandato claro” se van a celebrar las elecciones de 1976. Esta batalla para las fuerzas revolucionarias se llevará a cabo en circunstancias verdaderamente favorables, en comparación a las de 1974. En aquel entonces, tras la emulación por la conquista de la Presidencia, los liberales y conservadores unidos en lo esencial, atizaban los sentimientos sectarios del bipartidismo tradicional y fomentaban las esperanzas de reformas “pacíficas” y “legales” a un pueblo que llegaba desesperado con cuatro cuatrienios del Frente Nacional a sus espaldas; y en especial el liberalismo que, después de continuas escaramuzas intestinas, se encontró de improviso agolpado alrededor de un candidato con historial disidente, como para mostrar, y que disertaba no sólo sobre su linaje presidenciable sino sobre sus hazañas del MRL. En 1974 la oligarquía logró pasar a la ofensiva. Hoy el lopismo se bate en retirada. Le ha tocado iniciar la prematura defensa de su obra de gobierno y explicar por qué no dan o no darán frutos positivos la reforma tributaria, la “estabilización”, los correctivos contra el alto costo de la vida. A lo que se agregan las divisiones y subdivisiones del Partido Liberal, acéfalo de una directiva o un caudillo con autoridad que impida su disgregación, y cuyos grupos y matices, alucinados todavía con los tres millones de votos de 1974, se arrebatan el botín electoral parados sobre un barril de pólvora.

Desde este ángulo la situación es favorable y las fuerzas revolucionarias están en condiciones de tomar la iniciativa por lo menos en un punto clave: la denuncia beligerante del “mandato de hambre”, con todo lo que éste ha simbolizado como genuina expresión de la política antinacional, antipopular y antidemocrática de la alianza burgués-terrateniente proimperialista. Desde luego las fuerzas revolucionarias, y particularmente el MOIR, no deben perder de vista el hecho de que en este tipo de debates, manipulados por las clases dominantes, éstas seguirán contando con el monopolio sobre los principales medios de difusión y con el poder determinante del Estado para nombrar los funcionarios que organizan los comicios, los vigilan y cuentan los votos, lo cual les proporciona la ventaja decisiva. No obstante, aprovechemos al máximo el debate electoral, empezando por el mismo desenmascaramiento de la farsa democratera, de las elecciones convocadas por el sistema, como lo hicimos antes, pero aprovechémoslo sobre todo para expandirnos, para vincularnos estrechamente a nuevos y más amplios sectores de masas, sin excluir a los menos avanzados, con el objeto de difundir nuestro programa revolucionario, consolidar nuestra fuerza y prepararnos para las luchas que nos deparará la aplicación de la línea acertada de nuestro Partido.

GRANDES EXPERIENCIAS Y CONSIDERABLE AVANCE

Con las elecciones que se avecinan el MOIR participa por tercera vez consecutiva en una campaña electoral, en un lapso apenas de cuatro años. Durante este breve período se han sucedido cambios que podemos calificar de trascendentales y altamente positivos en el horizonte político de nuestro Partido. En 1972, cuando tomamos la determinación de abandonar la posición infantil abstencionista, nos lanzamos a librar un tipo de lucha que desconocíamos por completo y dentro de unas circunstancias de extrema debilidad, cercados como nos hallábamos no sólo por las fuerzas de la alianza bipartidista gobernante, sino por la ANAPO y el Partido Comunista que interpretaron nuestra decisión de ir a las elecciones cual una declaratoria de guerra y como si presintieran en nuestra organización partidaria un insospechado peligro para sus planes futuros. A estos embates se sumó el enjambre de grupos de la pequeña burguesía intelectual que no nos perdonaban la condenación radical, de principios, que con nuestra autocrítica y nuestra conducta hacíamos del abstencionismo. En aquella ocasión llevamos a la práctica una línea de alianza con un reducido sector desmembrado del rojismo y con pequeñas agrupaciones locales en algunos departamentos. Los resultados fueron a pesar de todo satisfactorios. Aunque no alcanzamos posiciones relevantes en asambleas ni concejos, para los cuales se votó en 1972, salvo en uno que otro municipio apartado y que no pasaron de una docena, el MOIR sacó a limpio dos trabajos de significación: el uno, haber logrado extenderse a casi todo el país, exceptuando tres o cuatro departamentos y los territorios nacionales, y el otro, vincularse a ciertos frentes de masas de obreros y de campesinos a los cuales hasta entonces no había tenido forma de llegar. En todo caso empezamos a romper el cerco político en que nos encontrábamos.

Para las elecciones de 1974, después de un análisis de los cambios presentados en la situación y evaluando correctamente tanto la contraofensiva de la coalición liberal-conservadora que se veía venir para el debate de aquel año, como el hecho de que se trataba de una campaña presidencial en la que además se “elegirían” no sólo diputados y concejales sino representantes y senadores, nuestro Partido planteó la necesidad de la consigna de la construcción de un frente electoral de izquierda. El frente lo constituímos con una fracción disidente de la Alianza Nacional Popular, el Partido Comunista y varias agrupaciones políticas de provincia, bajo la denominación de Unión Nacional de Oposición. Esta batalla terminó en una victoria relativamente importante si se tiene en cuenta la adversa y desproporcionada correlación de fuerzas que mediaba entre la UNO y los partidos tradicionales. El MOIR, por su parte, avanzó considerablemente en su propósito de extenderse y vincularse a las más amplias masas populares y obtuvo varias curules en las corporaciones públicas, incluyendo una principalía en la Cámara de Representantes y en cada uno de los concejos de las ciudades capitales de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereíra y Pasto.

No obstante el número diminuto de puestos ganados en dichas corporaciones, a partir de ese momento al MOIR se le abría otra trinchera en una actividad que le era igualmente ajena: la acción parlamentaria en el Congreso Nacional, en asambleas y concejos. La orientación básica consistió en convertir las posiciones adquiridas en tribunas de denuncia de todas las fechorías y vilezas que las clases dominantes perpetran contra el pueblo, prevalidas de su despótico Poder. Muy lejos de proporcionarse con cabildeos o tejemanejes el visto bueno y la bendición de las mayorías parlamentarias oficialistas, a nuestros camaradas, en ínfima minoría a veces de uno contra todos, les correspondió en aquellas instituciones iniciar el desenmascaramiento del fiasco histórico del continuismo, chocando incluso con personeros de la oposición y los aliados de la UNO que guardaban recónditas y no disimuladas esperanzas en algunos aspectos “progresistas’ del “mandato claro”. El estilo revolucionario de la acción parlamentaria del MOIR le permitió apoyar las luchas del pueblo en pequeñas y grandes ciudades y ponerse a la vanguardia de muchas de ellas de manera oportuna y eficaz. El crecimiento de nuestro Partido, su extensión a nivel nacional, su vinculación progresiva a las masas y sus avances ideológico y político, durante este último período, se deben primordialmente al acierto con que supo resolver la utilización de la lucha electoral y la acción parlamentaria. En cierta forma y en relación con los máximos objetivos revolucionarios que perseguimos, la decisión táctica de ir a las elecciones aparecía en 1972 como un gran retroceso. Pero descubrimos algo de enorme valía: el partido de la revolución habrá de ponerse en todo momento a tono con la revolución. Siempre impulsando, rompiendo brecha, señalando el rumbo: nunca a remolque de ella convertidos en lastres de la lucha de nuestro pueblo, ni demasiado adelante como para que las masas no nos identifiquen, ni nos comprendan, ni nos sigan.

La participación del MOIR en la lucha electoral se ha caracterizado por las alianzas que concertó tanto en 1972 como en 1974, con agrupaciones políticas de envergadura nacional y regional. En ambas oportunidades integramos con nuestros aliados frentes con dirección compartida y programa común. Siguiendo una línea leninista de principio de ir a las elecciones para abrirle paso a nuestro programa, y no al contrario, de hacer un programa para abrirle paso a nuestra participación electoral, los puntos programáticos acordados fueron invariablemente en lo fundamental los de las reivindicaciones económicas y políticas de la revolución de nueva democracia, una revolución nacional y democrática contra el imperialismo norteamericano y sus lacayos colombianos, la gran burguesía y los grandes terratenientes, realizada por la alianza de todas las clases revolucionarias y dirigida por el proletariado. La práctica demostró la justeza de formalizar tales frentes alrededor de una orientación revolucionaria. En condiciones de enorme dificultad conseguimos cumplir con las metas proyectadas, concentramos el ataque en los enemigos principales, ganamos amigos, neutralizamos a fuerzas intermedias y especialmente propagamos la idea de la urgencia estratégica de la construcción del frente único antimperialista, la cual es acogida cada día con mayor entusiasmo por las masas y las organizaciones de avanzada.

¿En la campaña electoral de 1976 qué posibilidades hay para la aplicación de nuestra línea unitaria y creación de un frente como lo hicimos en el inmediato pasado? Antes de responder a esta pregunta es preciso señalar las particularidades más demostrativas de la situación política actual.

En primer lugar, la coalición liberal-conservadora gobernante afronta múltiples aprietos, debido al fracaso del “mandato claro”. López Michelsen ha empezado su defensiva política y, por ende, recurre a la represión violenta para sobreaguar en el temporal, lo cual le merma visiblemente iniciativa en esta campaña electoral que, quiéranlo o no los partidos tradicionales, girará en un sentido u otro en torno a la obra de gobierno del continuismo. En el bando opuesto, el MOIR salió por completo del cerco político tendido a principios del período anterior por las más variadas fuerzas enemigas, triplicó sus efectivos, consolidó la cohesión, la unidad, la disciplina y la eficacia de sus filas y se encuentra en capacidad de realizar su debate electoral en todo el país, incluyendo algunos territorios nacionales. No tenemos pues, como en 1974, la disyuntiva apremiante de que o constituíamos un frente electoral de izquierda o no podíamos garantizar ningún éxito en las elecciones. Sin embargo, desde el punto de vista general de las grandes necesidades que encara la revolución colombiana y de la probabilidad de propinarle una contundente derrota a la reacción, nuestras fuerzas continúan siendo débiles y un frente revolucionario, ahora, acrecentaría notablemente nuestras perspectivas halagüeñas.

En segundo lugar, el Partido Comunista se negó rotundamente a discutir los problemas y contradicciones surgidos en la UNO y que tuvieron como expresiones más características el paso de la mayoría de parlamentarios del MAC al movimiento pro candidatura presidencial de Carlos Lleras Restrepo, y la ruptura de relaciones entre dicho partido y el MOIR. Nuestra dirección envió al Comité Ejecutivo del Partido Comunista una carta abierta en la cual precisaba los puntos materia de las discrepancias aparecidas en el seno de la UNO y fijaba sus criterios con el llamamiento a que se examinaran y controvirtieran seriamente, dentro del ánimo de buscar acuerdos. Las consideraciones del MOIR al respecto estaban encaminadas a que se adoptase una posición diáfana, sin trastiendas, contra el “mandato claro”, empezando por el papel político de su principal animador, el presidente López Michelsen, y a que en la UNO se respetasen las normas orgánicas de funcionamiento aprobadas y basadas en una dirección compartida y democrática. Expusimos nuestros planteamientos públicamente, porque públicamente se venía achacando al MOIR la parálisis de la UNO. En esto el Partido Comunista hace el matachín y después se asusta. Luego de atacar de manera sistemática al MOIR y de acusarlo de los contratiempos de la alianza, a través de “Voz Proletaria”, cada ocho días, durante cuatro o cinco meses, con entregas y suspensos de “novelón”, la dirección de aquel partido resuelve, sobre la respuesta nuestra, decir: no más “discusión estéril y bizantina”. Llega incluso a prohibirle a sus militantes la compra de “TRIBUNA ROJA”, con el objeto de que no se enteren de nuestros argumentos y sectariza la situación apelando a la desfiguración de las desavenencias que a su turno se dieron en el desarrollo de la política de unidad del movimiento sindical independiente y acusando al MOIR de querer “despresar” a la CSTC. Todo se reduce a un sofisma de distracción. Sobre la CSTC el MOIR en ningún momento se ha trazado el objetivo de despedazarla, entre otras cosas porque las contradicciones con el Partido Comunista no nos producen el efecto negativo de hacernos perder el sentido de las proporciones ni la orientación de nuestras luchas. Sencillamente, tras la violación de los acuerdos unitarios en el movimiento obrero, nos propusimos la meta limitada de sacar de la CSTC las organizaciones sindicales que afiliamos o contribuimos a afiliar, seguros de que éstas, rescatando su independencia ante la situación creada, podrán luchar en mejores condiciones por la política de unidad sindical, refrendada en los encuentros de 1972 y 1973 y en el Encuentro Nacional Obrero del 12 de octubre de 1973. A fin de cuentas, lo que buscaba el Partido Comunista era transformar a la UNO en un apéndice suyo. El MOIR ha sostenido inequívocamente que la Unión Nacional de Oposición como frente de fuerzas aliadas sólo tiene destino dentro de la revolución en la medida que sus movimientos integrantes se guíen por la línea unitaria del respeto y acatamiento consecuente a los compromisos revolucionarios pactados antes y después del 21 de abril de 1974.

En tercer lugar, la Alianza Nacional Popular apura su proceso de desmoronamiento iniciado el 20 de abril de 1970 y por ningún lado presenta indicios de mejoría. Su dirección nacional persiste en su política básica de conciliación con la explotación y opresión del imperialismo norteamericano sobre Colombia y, por lo tanto, de rechazar cualquier eventualidad de entendimiento con las fuerzas revolucionarias. Las disensiones internas de la ANAPO son cada vez más hondas y más frecuentes. Recientemente el sector de izquierda, en franca rebeldía con su Comité Ejecutivo, produjo un documento en el que reconoce la crisis del movimiento, enfatiza una “posición antimperialista, antioligárquica y por la liberación nacional” y alrededor de ella convida al resto de organizaciones partidistas y de masas a promover la “unidad del pueblo”. Tal pronunciamiento choca abiertamente con las concepciones oficiales del rojismo. Sin embargo, la izquierda anapista que se distingue antes que nada por la vacilación, oscila entre dos grandes temores: o enterrarse con su general o quedarse sola fuera de su tumba. Pero el campanazo instigando a la insubordinación sacó del sopor a más de un dirigente medio de ANAPO a quien por nada en el mundo lograrán ya persuadir de que la política correcta sea la de la conciliación con las clases dominantes y la de la negativa a la unidad de todas las fuerzas antimperialistas y antioligárquicas.

En cuarto lugar, una serie de agrupaciones políticas de izquierda que venían practicando el culto al abstencionismo, decidió apostrofarlo y someterse al bautizo de fuego de la prueba electoral. La mayoría de estas organizaciones con uno u otro argumento ha expresado la conveniencia de facilitar acuerdos para las elecciones que se aproximan. El MOIR considera oportunas y positivas tales determinaciones, no obstante comprender a cabalidad que las perspectivas de cualquier compromiso electoral estarán supeditadas principalmente a la disponibilidad de un entendimiento en cuestiones programáticas.

Concluída esta pequeña síntesis de la situación política reinante, se colige que, a tiempo que ha ganado terreno la conciencia de la necesidad de la construcción de un amplio frente antimperialista, persisten aún factores adversos para su cristalización, preferencialmente de correlación de fuerzas, los cuales en la actualidad escapan por completo a nuestra voluntad. Por el contrario, los fenómenos de que el Partido Comunista ya hizo sus apuestas a la carta de una UNO de bolsillo y de que el ala de izquierda de ANAPO en su indecisión continúe deshojando margaritas, así como las diferencias programáticas de fondo con la mayoría de organizaciones que por primera vez concurren a la brega electoral, nos están indicando cómo la tendencia predominante parece ser la de que en estas elecciones todos “nos vamos a contar”, empezando por el presidente de la República, con su fracción liberal de antiguos amigos del MRL.

PROPUESTA DEL MOIR A LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS Y AL PUEBLO

¿En esas condiciones el MOIR debe propugnar o no la creación de un frente unido revolucionario? No dudamos en responder que sí. La campaña electoral ha de servir para agitar nuestra política unitaria por la alianza de todas las clases y organizaciones antimperialistas, pero agitarla en concreto, con unas propuestas definidas que correspondan al momento revolucionario que vivimos y al margen de las cábalas que podamos hacernos sobre el posible desenlace de la situación. De una parte, nuestro Partido viene trabajando o intercambiando opiniones con organizaciones y dirigentes políticos, con quienes tenemos afinidades de concepción y de programa. Con estas fuerzas de todos modos concertaremos los acuerdos pertinentes para la lucha electoral conjunta, tanto en municipios y departamentos, como a nivel nacional si fuere necesario. Por otra parte, debemos atender las invitaciones que nos formulen los demás movimientos a discutir la posibilidad de las alianzas, hasta agotar pacientemente todos los medios para propiciar el entendimiento. Y finalmente, el MOIR tiene la responsabilidad de buscar la mejor salida para la revolución no sólo en la campaña electoral de 1976, sino en preocuparse también por presentar soluciones en relación a todo el período que se abre y necesariamente se empatará con las virtuales elecciones de 1978.

Por todas estas razones sometemos a la consideración de las fuerzas revolucionarias y del pueblo colombiano en general los siguientes puntos unitarios, alrededor de los cuales adelantaremos nuestra campaña electoral y seguiremos luchando después de las elecciones:

1. Constitución de un frente unido revolucionario, integrado por todas las fuerzas políticas, gremiales y religiosas que se comprometan a respaldar y luchar por un programa nacional y democrático y a someterse a unas normas mínimas democráticas de organización y funcionamiento.

2. El programa nacional y democrático debe responder e interpretar las inquietudes y reivindicaciones fundamentales del pueblo y la nación colombiana en la presente etapa de la revolución. Por lo tanto dicho programa ha de contemplar:

a) La conquista de la liberación nacional del yugo del imperialismo norteamericano y la construcción de una república independiente y libre de toda presión y sojuzgación externa, autónoma, soberana, popular, democrática y en marcha al socialismo.

b) La instauración como triunfo de la revolución colombiana de un Estado de unidad nacional conformado por las clases, capas, sectores, personalidades y demás fuerzas revolucionarias, democráticas y patrióticas, basado en la alianza obrero-campesina y bajo la dirección de la clase obrera.

e) La confiscación y nacionalización de los monopolios extranjeros y colombianos que en el territorio patrio explotan económicamente y oprimen la vida de las masas populares.

d) La confiscación de la tierra de los grandes terratenientes y su reparto entre los campesinos que la trabajan.

e) El logro y garantía de los derechos democráticos esenciales para el pueblo colombiano, verbigracia: de organización, expresión y movilización de las clases revolucionarias; de huelga para la clase obrera; de libertad de cultos; de igualdad de sexos, y razas; de protección de la niñez y de la vejez.

f) El apoyo a las luchas del pueblo colombiano por sus reivindicaciones económicas y políticas y de las minorías indígenas nacionales por sus tierras, costumbres y creencias.

g) El respaldo y protección a los pequeños y medianos industriales y comerciantes y demás sectores que contribuyen al desarrollo de la producción nacional.

h) La estrecha colaboración con los educadores, estudiantes, intelectuales, escritores y artistas que combaten por la creación y consolidación de una cultura nacional y científica al servicio de las grandes masas.

i) El apoyo a los movimientos de liberación nacional de Asia, Africa y América Latina, a los países socialistas, al movimiento obrero internacional y a los movimientos revolucionarios de todos los países.

3. El programa nacional y democrático estará basado en el principio supremo de propiciar la alianza de todas las clases, capas y fuerzas revolucionarias colombianas en el más amplio frente de lucha antimperialista.

4. Las fuerzas integrantes del frente unido revolucionario aplicarán y defenderán el programa nacional y democrático en una lucha consecuente contra el régimen oligárquico liberal-conservador, cuya cabeza visible es ahora el presidente Alfonso López Michelsen.

5. La acción parlamentaria en las corporaciones públicas por parte de las fuerzas integrantes del frente unido revolucionario se guiará por el programa nacional y democrático y promoverá la lucha consecuente contra el régimen oligárquico.

6. Las normas mínimas de organización y funcionamiento del frente unido revolucionario estarán basadas en los siguientes principios democráticos:

a) La dirección del frente a distinto nivel se estructurará con representación de todos los partidos y organizaciones integrantes en pie de igualdad.

b) Las decisiones se tomarán por unanimidad, previa consulta y discusión democrática.

e) Se auspiciará constantemente la coordinación y cooperación de todas las fuerzas integrantes en las luchas que se libren en pro de la causa revolucionaria.

d) Se respetará la independencia ideológica y organizativa de las fuerzas integrantes del frente, entendiendo por tal que ningún partido se inmiscuirá en los asuntos internos de otro, ni lo infiltrará con cuadros de doble militancia, ni le sustraerá sus efectivos.

e) Las contradicciones internas del frente se resolverán mediante el método de unidad-crítica-unidad.

f) Se permitirá la participación dentro del frente de todas las fuerzas políticas, sin excepción alguna, siempre y cuando estén dispuestas a respaldar el programa y a someterse disciplinadamente a las normas mínimas de organización y funcionamiento.

7. La lucha electoral habrá de ser adelantada conjunta y coordinadamente a través del frente unido revolucionario, para lo cual se agitará el programa nacional y democrático acordado. Las listas a las corporaciones públicas serán únicas al nivel respectivo, y para su elaboración se tendrá en cuenta el criterio de garantizar al máximo la preservación de las posiciones que en las mencionadas corporaciones mantengan los diversos partidos integrantes.

8. En las elecciones previstas para 1978 se designará un candidato presidencial del frente unido revolucionario, mediante el procedimiento democrático de que las distintas fuerzas integrantes presentarán precandidatos a su asamblea nacional, para que ésta ratifique el nombre que haya logrado el respaldo unánime.

9. El frente unido revolucionario impartirá durante la campaña electoral, y con su acción en las corporaciones públicas, una especial educación a las masas sobre el verdadero papel reaccionario y antipopular de las instituciones parlamentarias del régimen neocolonial y semifeudal de Colombia. Igualmente combatirá la ilusión de que los grandes problemas de la revolución colombiana, y entre ellos la cuestión de la toma del Poder por el pueblo, puedan encontrar una salida adecuada con el hipotético triunfo de un candidato presidencial de izquierda. Si participamos en la lucha electoral y parlamentaria es para avanzar en la preparación de las condiciones subjetivas de organización y conciencia de las masas populares para destruir el Estado opresor de las oligarquías vendepatrias y en su lugar erigir un Estado democrático-popular, con sus propias instituciones representativas y auténticamente democráticas, que desbroce el camino hacia el socialismo.

10. El acuerdo alrededor de estos puntos se deberá conseguir con el intercambio multilateral de opiniones entre las fuerzas políticas interesadas. Cumplido este paso se procederá de común acuerdo a convocar una reunión nacional de todos los partidos y organizaciones comprometidos en la alianza, la cual refrendará públicamente los postulados unitarios y dará fundación al frente unido revolucionario.

Camaradas:

La situación es excelente para conquistar nuevas y más significativas victorias. Acojamos el trabajo político con entusiasmo, ahínco y espíritu de sacrificio. Vinculémonos estrechamente a las masas y pongámonos al frente de sus luchas. Concentremos el ataque en la coalición liberal-conservadora gobernante y combatamos con energía el sectarismo en las relaciones con las fuerzas aliadas y en la controversia con las corrientes políticas intermedias. Todos los recursos del Partido a la batalla electoral y que retumbe por los ámbitos de Colombia el grito de pelea de Jorge Eliécer Gaitán: ¡A la carga!, ¡A la carga contra el “mandato de hambre”!

Bogotá, diciembre de 1975

NOTAS

1 Alfonso López Michelsen. “Radiografía de una situación y plan de estabilización”. Discurso ante la “comisión tripartita”, 14 de septiembre de 1974. Ediciones del Banco de la República, 1974, pág. 33.
2 Idem, pág. 9.
3 Alfonso López Michelsen. Discurso ante Diriventas, Barranquilla, enero de 1973. “Un mandato claro”. Canal Ramírez – Antares, Bogotá, enero de 1974, págs. 132 y 133.
4 Del discurso citado de López en la “comisión tripartita” pág. 29.
5 Idem, pág. 27.
6 Idem, pág. 30.
7 “Para cerrar la brecha. Plan de desarrollo social, económico y regional 1975-1978″. Departamento Nacional de Planeación. Ediciones del Banco de la República, 1975, pág. 70.
8″El Siglo”, febrero 21 de 1975.
9 Idem.
10 Carta de Alfonso López Michelsen al concejal de Bogotá, César Castro Perdomo. “El Tiempo”, diciembre 2 de 1975.
11 “El Espectador” enero 23 de 1975.
12 “El Tiempo”, enero 29 de 1975.
13 “El Tiempo”, septiembre 26 de 1975.
14 “Secuestros”, Alberto Lleras. Tomado de “Visión”. “El Tiempo”, septiembre 21 de 1975.
15 “Voz Proletaria” . septiembre 18 de 1975, pág. 5.
16 “Mensaje al pueblo anapista”. Documento firmado por los parlamentarios Jaime Piedrahita Cardona, Orlando Durango Hernández, José Roberto Vélez Arroyave, Jaime Jaramillo Panesso, Rafael Giraldo Monsalve, Julio César Pernía, Humberto Ramírez Gutiérrez, Carlos Toledo Plata y José Cortés. “El Espectador” noviembre 29 de 1975.