La Constitución de 1991 (III): LOS DEFINITIVOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Marcelo Torres

Bases del nuevo ordenamiento territorial por decreto
De acuerdo con la constitución la labor legislativa del congreso abarca múltiples aspectos en materia del nuevo ordenamiento del territorio nacional. Entre ellos, fijar las bases de la organización territorial, definir las competencias de las entidades que la conforman, legislar para los nuevos departamentos y sobre la capital de la república.
Precisamente porque sentar las aludidas bases resulta de cardinal importancia para el desarrollo de la nueva organización territorial, las disposiciones transitorias resolvieron, en unos cuantos artículos, despojar al Congreso de dichas funciones y trasladárselas, sin más ni más, al presidente.
Gaviria pudo así recibir y verter en un proyecto de ley las conclusiones de la comisión de estudio sobre ordenamiento territorial que él mismo designó, decretar la organización de los nuevos departamentos, nombrar en varios de ellos sus primeros gobernadores, reglamentar el control de densidad de poblacional del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y expedir por decreto el régimen especial del Distrito Capital de Bogotá. Este último con la capital en un reyezuelo, recorta aún más las atribuciones del concejo distrital y autoriza la consiguiente andanada de impuestos sobre la inerme ciudadanía. De igual forma, el gobierno fue facultado para decretar el vital régimen de servicios públicos domiciliarios y su sistema de tarifas, así como las competencias municipales.

El fondo para las emergencias de Gaviria
Defensores de la nueva Constitución y medios masivos de comunicación siguen celebrando, como el mayor logro en las costumbres políticas colombianas, la supresión de los auxilios parlamentarios. Catilinarias contra los corruptos y certificados de defunción contra el clientelismo ponen la nota común en el “nuevo país”.

Poco se fijan los desaforados Catones en el artículo transitorio 46. Allí se autoriza el funcionamiento, por cinco años, de un multimillonario fondo de solidaridad y emergencia social, adscrito a la Presidencia, para financiar proyectos de apoyo a los sectores más vulnerables de la población. Bancadas enteras de parlamentarios se cuentan, naturalmente, entre tales sectores “vulnerables” a los caudales del mentado fondo. Y ni qué decir de las ingentes legiones de desharrapados con cuyas necesidades se traficará con presteza, con los fondos del fondo de Palacio, para convertirlos en carne de urna del candidato presidencial de las preferencias del gobierno. Así lo han denunciado varias voces autorizadas.

Resulta evidente por qué el gobierno tiene entre ojos al “Veedor”: éste ha osado señalar con dedo acusador la bolsa que contiene el ábrete sésamo de los proyectos y metas presidenciales. No es para menos: de los miles de millones de pesos del fondo en cuestión bien puede depender la elección del próximo presidente de Colombia.

Alguna vez se catalogó a Colombia como el país de las maravillas. Lo que sucede se sitúa por lo menos en la categoría del “realismo mágico”. El mandatario que funge de némesis del clientelismo ha levantado el más monumental aparato clientelista. Los auxilios, lapidados por su utilización parlamentaria, ¿recibirán la bendición ahora, del Estado cuando el que los administra es el propio César?

Subordinación de la justicia al gobierno. El fiscal, agente del presidente
Si alguna esfera del Estado recibió el tratamiento de tierra arrasada, ése fue el de la justicia. Correspondía al Congreso determinar el número de magistrados de la Corte Constitucional y al Senado su elección, pero tanto lo primero como la designación – directa e indirecta- de la mayoría de sus integrantes se le atribuyó al presidente. Más aún, la misma prerrogativa le fue otorgada para nombrar directamente la mayoría de miembros del Consejo Superior de la Judicatura, que ejerce el control general de toda la pirámide judicial del país.

A fines de noviembre de 1991 la “Comisión Especial” que se integró en reemplazo del Congreso revocado -llamada “congresito”-, aprobó el draconiano Código de Procedimiento Penal hoy vigente. Gaviria también recibió autorización, otra vez suplantando al Congreso, para organizar la Fiscalía General de la Nación. El hecho corroboró la intención de convertir a la Fiscalía en una oficina policiaco-judicial sin independencia, como instrumento represivo totalmente subordinado al gobierno. La persecución y el encarcelamiento de los líderes sindicales de Telecom, al igual que la asimilación del ejercicio del derecho de huelga al terrorismo, lo comprueban sin réplica. A despecho de la alharaca oficial sobre la reducción del tamaño del Estado, la Fiscalía conformó un monstruo burocrático que aglutina bajo su mando una impresionante lista de dependencias judiciales y policivas. No sólo se mantuvo la ominosa justicia se creta, sino que se entregó al Fiscal -el Gran Inquisidor del régimen- las temibles facultades de ordenar a los órganos punitivos allanamientos, intercepción de comunicaciones, captura de personas y recolección de evidencias.

Varias otras medidas, algunas de ellas de primordial importancia, recogen las posiciones transitorias en varios de sus artículos: nombramiento de la junta directiva del Banco de la República por el presidente Gaviria; expedición de decreto presidencial sobre las funciones del banco; conversión de la Comisión Nacional de Valores en Superintendencia; normas fiscales y otras – sobre territorios indígenas; adjudicación de baldíos a las comunidades negras de la zona pacífica, etcétera.

La acentuada tendencia del gobierno a arrasar inclusive la propia normatividad constitucional que le impuso al país se percibe en el hecho de que 18 de sus decretos han sido declarados total o parcialmente inexequibles por los altos tribunales en los últimos nueve meses, entre ellos varios del paquete relativo a la “modernización” del Estado. La Corte Constitucional tumbó la disposición de la ley 15 del año pasado, aprobada a instancias del gobierno, que pretendía prolongar indefinidamente la detención de las personas. La Asociación de Abogados Defensores anunció una demanda contra el presidente por fraude procesal. La respuesta del ejecutivo, mofándose de las sentencias judiciales, consiste en hacer aprobar como legislación permanente, por un Congreso dócil, los decretos dictados al amparo del estado de conmoción interna.

Las Disposiciones Transitorias remataron el proceso que culminó con la expedición de la Constitución de 1991. Proceso espurio de punta a cabo, como las justificaciones esgrimidas para impulsarlo y las instituciones que trajo al mundo, al igual que la Asamblea que fue su parturienta y el gobierno que lo fraguó todo.

DARES Y TOMARES DE LOS ÍNTIMOS DE LA CÚPULA DE LA CLEPTOCRACIA GAVIRISTA

No hace falta remontarse a los mitológicos saqueos del erario por parte de los dictadores militares para saber que en América Latina, por lo general, muchos presidentes llegan al poder sin un centavo y salen, junto con sus familias y cortesanos, convertidos en multimillonarios. La nueva generación neoliberal brinda abundantes ejemplos. En Brasil, Fernando Collor de Melo fue destituido por el congreso tras comprobársele gigantescos negociados al amparo del aparato estatal. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez se ve igualmente forzado a abandonar el cargo acusado de corrupción. Alan García tiene que salir a la carrera del Perú a causa de las investigaciones judiciales sobre su enriquecimiento personal; su sucesor, Alberto Fujimori, tampoco está exento de sindicaciones sobre malos manejos del presupuesto, mientras su esposa repartió a su antojo y según sus conveniencias políticas algunas donaciones internacionales de solidaridad. En Argentina, Carlos Menem coacciona a los jueces para encubrir las graves denuncias sobre lavado de dólares del narcotráfico por parte de su cuñada, Amira Yoma, quien además era jefa de audiencias de la presidencia.
En nuestro país aún está vivo el recuerdo del “Hijo del Ejecutivo”, Alfonso López Michelsen, por causa de cuyos negocios su padre tuvo que renunciar a la presidencia de la República, cuando Jorge Eliécer Gaitán señalara que a él y a varios funcionarios afectos al primer mandatario se les veía “la punta del cheque de la Handel en el bolsillo”. Los más recientes vástagos de la familia siguieron el ejemplo, como se recordará, con la rentable “Hacienda La Libertad”. Y si bien se podrían suministrar numerosos ejemplos, el del presente gobierno resulta harto ilustrativo.
En lo que va corrido de este año los colombianos han seguido, semana tras semana, las revelaciones del Veedor del tesoro, nombrado para preservar los dineros públicos de las prácticas del clientelismo electoral; las réplicas, las contrarréplicas, la sanción impuesta al funcionario por el Consejo Superior de la Judicatura, el levantamiento de la misma, sus nuevas denuncias. Los más diversos medios de comunicación han difundido datos sorprendentes acerca de los múltiples negocios sobre los cuales se abalanzó la familia presidencial desde el momento mismo en que fuera elegido César Gaviria Trujillo. Uno de sus hermanos se ha enriquecido con pasmosa rapidez, cubriendo fuentes de ganancias tan variadas como la construcción, el turismo, los tratos con Terpel o la industria siderúrgica; el otro promueve una revista generosamente financiada por empresas del Estado; la primera dama, Ana Milena Muñoz de Gaviria, desconoce el Icetex y funda otro organismo para entregar becas según su voluntad, Colfuturo, cuya junta directiva resulta designada como vitalicia para perpetuar la clientela de los beneficiarios; el cuñado de la misma Ana Milena se hace a una sospechosa indemnización oficial y el propio presidente, en fin, se arroga el derecho de repartir los fondos de los nuevos institutos y administra las entregas directas de varias tajadas del ponqué presupuestal.
1. La educación, otro pretexto para desfalcar
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, encabezado por el entonces secretario general, Fabio Villegas, dio a la luz, mediante decreto expedido por la alcaldía mayor de Bogotá, la Fundación para el Futuro de Colombia, Colfuturo, el 20 de noviembre de 1991. Para el efecto solicitó, el aporte de recursos en grande escala de las empresas descentralizadas del Estado.

Se colocó a Ana Milena de Gaviria, la ejecutiva del Ejecutivo, como responsable de la nueva entidad, con el fin de que no saliera de las manos presidenciales el manejo de los auxilios previstos. Se creó a continuación el Consejo de Fundadores integrado por los principales grupos de la gran burguesía, entre cuyos representantes se encuentran Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lulle, Canos Pacheco Devia, Ricardo Villaveces, Augusto López Valencia, etc. Además, estos próceres fueron nombrados a perpetuidad. No es difícil deducir que se pretende también consolidar el aparato ideológico y político del sistema, brindándole a un selecto número de egresados universitarios sendas becas para que sean preparados por las academias del imperialismo.

Colfuturo fue creada como una entidad, privada, a pesar que sus consejeros intenten hacer creer que es de naturaleza mixta, figura que no se contempla en la nueva Constitución. Y por lo tanto, los institutos descentralizados no pueden otorgarle recursos, en forma de donaciones o auxilios.

Los dineros entregados en primera instancia se discriminaron así: la Presidencia se hizo presente con ocho millones de dólares; a lo cual agregó 312 millones de pesos. A su turno, la FEN y Ecopetrol participaron con 1 y 2 millones de dólares, respectivamente. En total, los recursos tan “arduamente” obtenidos por Ana Milena de Gaviria alcanzaron una suma multimillonaria. Y al veedor le correspondió alborotar el avispero.

Al reseñar los entresijos de la creación de Colfuturo, lo primero que hizo fue circunscribirlos dentro de la danza de los despilfarros que ameniza los salones de la Presidencia de la República. Se refirió a los 69 mil millones de pesos de que dispone a su amaño el primer mandatario desde septiembre de 1992. Por su lado, la Procuraduría abrió pliego de cargos contra nueve altos funcionarios por las dadivosas donaciones a la tan socorrida asociación de doña Ana, incluido a Fabio Villegas, actual Ministro de Gobierno. Y pidió a la Fiscalía General abrir investigación al respecto. Sólo que una semana después, el mismo funcionario, sin más ni más, intentó cambiarle el rumbo a los acontecimientos y salvar a los Gaviria. Adujo que Colfuturo estaba siendo aprovechada por los políticos como campo de batalla, cuando los recursos se habían manejado de manera transparente y pulcra.

El caso desató un torrente de sindicaciones. El Espectador, por ejemplo, aludió al “duro lenguaje” empleado por Llorente y Marín Bernal. Este “calificó de extraño el silencio del presidente Gaviria sobre los hechos mencionados,” Y aquél dijo que la Primera Dama “es la presidenta de una fundación que administra en forma alegre el tesoro de los Gaviria.” Y el columnista de El Tiempo, D’Artagnan, cita como correcta la actitud de los directivos de Telecom, que hablaron de “la imposibilidad legal de contribuir a la constitución de Colfuturo.” E inquiere: “¿No habría podido la oficina jurídica de Palacio advertir acerca de la existencia de estas limitaciones para evitar ciertas ligerezas?”
Las pruebas son más que suficientes. La impunidad encubre la defraudación. Pero tarde que temprano, el pueblo enjuiciará a sus desfalcadores.

2. Los hermanitos de Gaviria se divierten en la feria
La caliginosa trayectoria el arquitecto Juan Carlos Gaviria como merodeador de las dependencias del Estado data de los días no distantes de la administración Barco, cuando su carnal iniciaba el inesperado e inexplicable ascenso hacia el Poder. Desde entonces corría a su cargó uno que otro boceto público, hasta que cayó en el fiasco del malogrado parador turístico de Cerritos, una obrilla financiada por Corturismo, y cuya deuda todavía hace parte de los pasivos suyos. Se conoce de autos que en el pago de la obligación aparecen ostensibles la morosidad y la negligencia del acreedor. Esto no resulta raro, pues la vocería presidencial en tal instituto le ha correspondido a la señora Diola Gallo, connotado miembro del grupo íntimo de la familia Gaviria y en especial de la Primera Dama.
Sin embargo, a los colombianos los impresiona la enorme actividad edificadora que actualmente despliega el doctor Juan Carlos. “Todo está normal”, “cualquier arquitecto tiene derecho” “se halla contribuyendo con la vivienda social…”, arguyen en favor de aquél los áulicos de oficio, tratando de desmeritar las justas acusaciones, por tráfico de influencias. Nueve mil millones de pesos en subsidios percibidos a través del Inurbe, hablan por sí solos. Pero las anormalidades no paran ahí. Fuera de disfrutar de la tranquilidad -no de conciencia- que le proporciona el convencimiento de que todas y cada una de sus “soluciones” presentadas cuenta con el beneplácito de aquella entidad, abriéndole el panorama de jugosos negocios y eliminándole cuanto riesgo exista, los préstamos le han permitido al ávido doctor convertirse en un próspero industrial de materiales para la construcción.

Desde un principio se conocieron los sesgos de sus mañas. Con un ingenioso diseño que se sustenta fundamentalmente en dos tejas de asbesto cemento, cuatro muros y sólo calles interiores peatonales, montó para los factibles beneficiarios sus generosos planes de estafa social. En la oferta de sus conjuntos populares y en los contratos de los créditos que recibió estaba incluido, desde luego, el costo de los servicios básicos; pero a la hora de nona se lo recargaba a los usuarios, cual lo criticó la misma procuraduría. Ya en su urbanización bandera, Bosques de la Acuarela, en Desquebradas, Risaralda, se vislumbran las irregularidades. Hipotecó a Ahorramás, en junio de 1991, etapas del proyecto un monto de 585 millones de pesos, cuando había pagado por los terrenos 42 millones. Y como reconocimiento de su avivatada lo nombraron miembro suplente de la junta directiva; de la Corporación, configurándose el hecho punible de que un integrante de ésta era a la vez un cliente suyo. Con buen juicio decía hace poco El Nuevo Siglo que por tal infracción “fueron procesados e incluso condenados en los años ochentas numerosos jerarcas bancarios.”

Dentro del rosario de los azarosos lances del hermanito existen muchas cuentas por contar. Obtuvo una valiosa financiación del Banco Central Hipotecario, comprometiéndose a invertir los dineros en vivienda para pobres; no obstante, sin el menor escrúpulo, desvió el empréstito hacia un programa de lujo en la isla de San Andrés. Se trata del apartahotel Morgan Bay, de 18 cabañas y concluido en febrero de 1992. Cada una la vendió en setenta millones. Cabe subrayar un grave antecedente. El banco le había negado el crédito para semejante filón porque no era conveniente, puesto que, según la petición inicial, las cabañas serían cedidas en arrendamiento, por temporadas, y la cartera se convertiría de difícil recuperación. Los funcionarios del Banco se saltaron a la torera sus propias objeciones y la pirueta se consumó. Al fin y al cabo la definitiva estaba en las manos largas del gobierno.

El candidato conservador Rodrigo Marín Bernal y algunos órganos de expresión denunciaron, hasta el cansancio, que la cifra total con que Inurbe ha favorecido al emergente “zar del ladrillo” llega a los 35.000 millones, dejando relegados en el goce de tales provechos a consorcios como, Luis Carlos Sarmiento Angulo, compartir, Cafam, etc. Ante las evidencias, el implicado replicó: “Al hermano del presidente también le puede ir bien”; y el presidente, a su turno: “El gobierno ha sido y es el primer-interesado en que la lucha contra la corrupción no sea apenas un propósito retórico, sino una verdadera cruzada.”

Pero la venturosa familia, por desgracia, tiene otro célebre exponente que ya hizo sus pinitos en aquellos menesteres, el benjamín. Alejandro Gaviria empezó no con el cemento sino con la tinta. Valiéndose de los cambios gubernamentales ingresó, en calidad de socio honorario, a la Fundación Puntos Suspensivos, un modesto centro, adonde llevó sus proposiciones y con cuyos integrantes las cumplimentó, entre las cuales se destaca la revista Apertura económica. Luego tocó a las puertas de las covachuelas del régimen, de los amigos colombianos, de los monopolios extranjeros y de los Estados vecinos, con el objeto de pedir pautas publicitarias y ofrecer sus ediciones. Por ejemplo, desplazó a los cercanos colaboradores hasta Arauca, tras la mira de venderles a las autoridades de entonces de la intendencia la idea de imprimir un estudio sobre los secretos ecológicos de la región. Por menos de mil ejemplares el intendente pagó más de diez millones de pesos. Con El Espectador elaboró un folleto, Colombia precolombina. Una parte circuló como separatas dentro del diario y la otra se la empotró al Ministerio de Educación.

También ha ejercido la asesoría en varias empresas estatales sobre disímiles temas. Cuando un periodista lo cogió cortico preguntándole si esto era cierto, respondió: “somos consultores.”
Nada de lo anterior sucede gratuitamente. Las comilonas de la a las cancela el país.

3. La intervención de los organismos de justicia
Las liviandades de la familia presidencial terminaron comprometiéndola con los llamados organismos estatales de control, y entonces la opinión pública pudo conocer lo que se cocinaba tras bambalinas. Primero fue la denuncia que hizo el Veedor ante la Corte Suprema de Justicia contra el ex ministro Humberto de la Calle Lombana y su subalterno Héctor Riveros, quienes autorizaron el giro de auxilios por $ 13.988 millones en el semestre inmediatamente posterior a la promulgación de la nueva Carta, la que los prohíbe en forma explícita. Los dineros se destinaron a algunos barrios, a través del Fondo de Desarrollo Comunal, y a las tesorerías municipales bajo el rubro de “obras varias”. Pero el mayor volumen de recursos estuvo dirigido a programas de becas, algo así como a la formación de los cuadros que tratarán de perpetuar la ideología y la práctica de la dominación imperialista.

En el caso de Colfuturo también se dan las mismas anomalías alrededor de los auxilios y donaciones. Al respecto, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra el secretario general de la Presidencia, hoy ministro de Gobierno, Fabio Villegas; el gerente de Ecopetrol, Andrés Restrepo; el ex ministro de Minas, Luis Fernando Vergara, y contra algunos funcionarios de la Federación de Cafeteros y de la Financiera Eléctrica Nacional, por la razón de habérsele traslado cerca de 12 millones de dólares a Colfuturo -porque además de la Presidencia aportaron otras entidades oficiales-, con lo cual se viola el Art. 355 de la Constitución. Conforme a esta norma, es prohibido a las ramas del poder público efectuar transferencias pecuniarias en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, hecha la salvedad de los contratos que pueda celebrar el gobierno con entidades privadas sin ánimo de lucro, pero siempre y cuando estén acordes con los planes nacional o seccionales de desarrollo. Así fueron cogidos in fraganti, pues Colfuturo fue creada cual entidad de derecho privado, con personería jurídica reconocida según resolución del alcalde de Bogotá del 27 de noviembre de 1991. Los 12 millones de dólares que recibió no están vinculados a ningún Plan de Desarrollo que, como es de dominio general, casi nunca ha ido aprobado, o ejecutado en Colombia.

La Presidencia tuvo que buscar hoja de parra, recurriendo a la argucia de que Colfuturo se trata de un fondo público y privado a la vez, como ya se dijo.

Justo en ese momento, el Consejo Superior de la Judicatura pidió la destitución del Veedor, aduciendo que en las investigaciones de Colfuturo y los fondos del Icetex aquél había obrado con extralimitación de funciones. El socorrido argumento dejaba ver a las claras la orientación que quería dársele a toda la maniobra.

Sin embargo, los hechos han venido poniendo al desnudo el tinglado de la farsa, ya que legalmente las fundaciones de doble carácter ya no se permiten en Colombia. Sin otra alternativa, el Consejo de Estado, a principios de junio, declaró la nulidad del Art. 3 del decreto 777 de 1992 con el cual el Ejecutivo autorizaba la entrega de dineros a entidades privadas, mediante la celebración de contratos. Según el fallo de la corporación, se requería para ello, la vigencia del tan llevado y traído Plan Nacional de Desarrollo.

Para sofrenar al locuaz e impertinente señor de la veeduría, el Ejecutivo expidió el decreto 2093 de 1991, por medio del cual se le prohibía a aquél congelar, antes de los tres meses previos a cada elección y sin permiso del procurador, las partidas oficiales que pudieran caer en las arcas de las campañas políticas. El Consejo de Estado, también sin otra alternativa, enterró las susodichas normas. La providencia sostiene que la Carta Política no dice en ninguna parte que sea necesaria la intervención de la Procuraduría ni le fija límites en el tiempo a la gestión del Veedor.

Debido a sus descalabros, el gobierno echó mano del Consejo Superior de la Judicatura para remover al Veedor, a quien había nombrado. Y como siempre le sucedió, no tuvo otra alternativa que anular la destitución y recoger las velas.

No sobra añadir que García Hurtado expuso, en una conferencia del 22 de julio, que tampoco se sabía a donde iban a parar los intereses que generan los recursos entregados por gobiernos extranjeros para atender las catástrofes y que son puestos en contrato de fiducia. Igualmente, sin otra alternativa concluyó: “Este es uno de los gobiernos más corruptos que tiene América”.

De nuestra parte sostenemos que Gaviria y su panda se han ganado un lugar en la picota de la historia.

EL EJECUTIVO REVUELCA EL ERARIO

Utilizando una disposición transitoria que le permitía ordenar gastos electorales para la campaña de octubre de 1992, Gaviria, dice Juan Diego Jaramillo, “procedió a decretar 6000 millones de pesos para las elecciones, y mete un mico de 986.000 millones, en que van incluidos todo tipo de becas, auxilios y subsidios de los prohibidos…” (El Tiempo, mayo 12 de 1992).

Pero esto es apenas un indicio del sometimiento del tesoro público a los intereses familiares y políticos del actual mandatario. Ya en 1991, según lo denunciara la veeduría, la cartera de Gobierno en manos del hoy candidato oficial a la presidencia, Humberto de la Calle Lombana, por medio de resoluciones asignó recursos por más de 9.000 millones de pesos a diversas entidades municipales y fundaciones privadas, luego de que la nueva Constitución los proscribiera. Varias de las entidades favorecidas aparecen bajo el nombre de reconocidos congresistas y líderes políticos.

En entrevista con el director de La Clave, el Veedor García Hurtado sostiene: “El ministro Hommes maneja una cantidad de autorizaciones legales de recursos inmensos que distribuye a su antojo, a su amaño. El ministro de Hacienda, el presidente, el de planeación son parte de una dictadura fiscal muy bien organizada… Este ha sido uno de los gobiernos que ha manejado la hacienda pública con más indelicadeza en la historia de Colombia”. Y más adelante: “Se repartieron más de 20.000 millones de pesos ilegalmente a fondos supuestamente para becas. Yo puse esta demanda ante la Fiscalía hace un año. Me tocó incluir muy a pesar mío, pero cumpliendo con mis deberes, al presidente César Gaviria, al ciudadano Gaviria, quien manejó también fondos de becas del Icetex”.

Sostiene Rodrigo Marín Bernal que, entre 1991 y 1992, el mandatario actual dispuso, libérrimamente, y sin sujeción a las normas ordinarias ni intervención de los organimos de sumas que ascienden a 185.000 millones. Y concluye: “Nadie sabe hoy cómo y con cuáles criterios se adjudicaron los múltiples y cuantiosos contratos.” (El Nuevo Siglo, marzo 19 de 1993). Por otra parte, en ese mismo período, afirma el representante Manuel Velásquez Arroyave, se gastaron “35.000 millones en viajes y viáticos del presidente Gaviria, la primera dama y los ministros, y 31.000 millones en ‘imagen’, publicidad y publicaciones.” (El Nuevo Siglo, junio 26 de 1993).

Esta manipulación de ingentes sumas del presupuesto sin duda favorece a los candidatos oficiales con miras a perpetuar una casta de vendepatrias en el Palacio de Nariño, o sirve para compensar copiosas votaciones favorables al régimen en las corporaciones públicas. Y un bocado de ellas, simplemente, va a engrosar las arcas de la familia en el poder y de sus más allegados. De ahí que Jorge Ramírez Ocampo, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores, Analdex, dijera al clausurar el IX Congreso del gremio: “Las presiones políticas están convirtiendo al presupuesto nacional en un árbol de navidad lleno de regalos a costa de la coherencia de la política económica.” En el editorial del 28 de agosto de 1992 del diario de los Santos se lee: “Al señor presidente Gaviria le faltó grandeza para seleccionar los nombres de quienes debían de ser llevados al Consejo Superior [de la Judicatura]… El episodio electorero, en el que sale muy mal librada la Justicia, tiene varios inconvenientes. Se corre el riesgo de que el presupuesto de cerca de 300.000 millones -que por ley deberá elaborar y administrar el Consejo- pueda quedar hipotecado a los intereses muy particulares de sus electores”.

Juega la pirámide de la arrebatiña
En la Ley de Apropiaciones vigente en 1993 se incluyen recursos por valor de 52.832 millones de pesos para el Fondo Especial de la Presidencia. En esa “caja menor” del clan gobernante se le asignan 9.000 millones a lo que en el mismo palacio se llama el presupuesto del despacho de la Primera Dama. Al informar sobre estas destinaciones, La República del 14 de enero de 1993, decía que el susodicho fondo se había convertido en un superministerio “con capacidad para invertir en absolutamente todas las actividades vitales del país”. También señalaba cómo la Presidencia dispone de 22.688 millones adicionales, contando así, en realidad, con 75.520 millones reservados a salud rural, atención al menor y la familia, capacitación comunitaria y fomento al desarrollo, actividades que normalmente atienden diversas entidades estatales.

Gracias a los decretos expedidos el 29 de diciembre de 1992, con base en el artículo transitorio 20 de la nueva Constitución, dirigidos a la “modernización del Estado”, se convirtió en establecimiento público el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la República. El nuevo organismo tendrá una asignación inicial de 200.000 millones de pesos. El manejo suelto de estos multimillonarios auxilios afirma la representante liberal María Cristina Ocampo, “quedó a cargo de un consejo directivo formado por el secretario general de la Presidencia y cinco amigos”. (El Nuevo Siglo, abril 22 de 1993).

Preparando el terreno para el resto del cuatrienio
Contando con que poco debe temer de un Congreso controlado merced a los desayunos de trabajo, el primer mandatario defiende, a través de sus subalternos, un proyecto de presupuesto para 1994 atiborrado de vicios constitucionales y legales que ha venido denunciando un sinnúmero de comentaristas, incluso los pertenecientes a la gran prensa. Así, el próximo año la Presidencia manejará de entrada partidas por valor de 70.000 millones de pesos, cifra muy superior a la designada, por ejemplo, para el DAS o aun para el ministerio de Desarrollo o el de Relaciones Exteriores. Al respecto, el Veedor en: su intervención ante el Congreso, el 24 de agosto último, insiste en que ni Gaviria ni Planeación Nacional pueden ser ejecutores del gasto. Asimismo se pregunta qué hace la Presidencia manejando decenas de miles de millones de pesos dedicados a la “defensa de los derechos humanos”; o a programas de “prevención y atención de enfermedades visuales, orales, auditivas y ortopédicas”; a “estudios especiales, asesorías y consultas”, a “buscar y recuperar barcos que naufragaron”.

LA UNIVERSIDAD TAMPOCO ESCAPA A LA REACCIONARIA EMBESTIDA

Miguel Pardo

En diciembre pasado, en medio del alud de normas que se volcó sobre el país a la sombra de la nueva Constitución, el régimen gavirista expidió la ley 30 de 1992, “por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”.

Su antecedente inmediato es el Plan de Apertura Educativa, que señaló dos orientaciones básicas: la privatización y el recorte de los derechos democráticos.

En lugar de resolver la asfixia económica de las universidades, la ley 30 a la política de autofinanciación anunciada por el Plan. A la lista de exacciones pecuniarias que pesaba sobre el estudiantado, la ley 30 acentúa la política de autofinanciación anunciada por el plan. A la lista de exacciones pecuniarias que pesaba sobre el estudiantado, la ley llega al extremo de cobrar por aparte el uso de canchas, computadores y baños, autorizando un sobreprecio del 20% en la matrícula con el eufemismo de “derechos complementarios. Y ha excluido del llamado “bienestar estudiantil” las residencias, las cafeterías subsidiadas y el servicio médico.

La universidad se ve compelida a buscar parte de sus recursos en la venta de servicios. La investigación no podrá entonces abordar los temas que interesan a profesores y estudiantes, sino los que defina la entidad que financia, asuntos casi siempre contrarios a las conveniencias de la nación.

De esta manera, las instituciones de enseñanza superior no pondrán sus recursos humanos y físicos al servicio de objetivos académicos sino de actividades de “extensión”, en procura de los ansiados pesos.

Los claustros docentes se convertirán en simples herramientas al servicio de la maquila y en capacitadores de la mano de obra que ésta requiera y de tan bajo nivel como el de las empresas usuarias. El Departamento Nacional de Planeación se encargará de velar porque así ocurra.

El siguiente paso consistirá en la importación masiva de profesionales extranjeros, como lo ha venido repitiendo el ministro Rudolf Hommes.

Dentro del modelo económico planteado, además de la maquila, el gobierno fomenta las ruinas de la microempresa, la otra alternativa a la quiebra de la producción nacional. ¿Qué interés tendrá entonces en impulsar una universidad racional, científica y popular? ¿Cuántos ingenieros podrán necesitar los talleres artesanales que, como las maquilas de Don Matías, Antioquia, se reducen al mero ensamblaje de piezas o a armar pantalones?

Atentado contra la democracia y la autonomía
Con la reforma, el ejercicio de los derechos democráticos se torna aún más difícil. El Consejo Superior instaurado por la ley 30 coloca a estudiantes y profesores en franca desventaja, pues cada uno de estos estamentos cuenta con un solo escaño, de los nueve que lo componen. Los demás organismos de gobierno van a desempeñar simplemente funciones asesoras de la rectoría o del Consejo Superior. He aquí otra típica manifestación de la “democracia participativa”, en la cual las decisiones quedan en manos de una camarilla.

Los restantes derechos democráticos no reciben un mejor tratamiento. La libertad de cátedra y la de asociación seguirán en entredicho, ya que pende sobre los docentes ser desmejorados, por cuanto su vinculación se llevaría a cabo sin estabilidad y con escasas reivindicaciones laborales.

Queda restringida también la autonomía de la universidad pública. El Art. 28 de la ley, en espesa parrafada, estipula una serie de cobros excesivos al estudiantado y consagra un sinnúmero de limitantes, cual lo ejemplifican las omnímodas atribuciones entregadas al Consejo Nacional de Educación Superior, Cesu, organismo extrauniversitario que reemplazó al Icfes. En contraste, a la educación privada sí se le respetan sus fueros.

El gobierno pretende dar el puntillazo con el nuevo sistema de “bienestar universitario”, mediante el cual aspira a poner bajo su égida al movimiento estudiantil.

En estas circunstancias resulta imperioso unificar y movilizar a los estudiantes colombianos en la defensa de una universidad totalmente financiada por el Estado, que se ponga al servicio del interés nacional, de la ciencia y de las masas.

Se requiere constituir cuanto antes una organización gremial que tenga como característica la democracia interna y la independencia frente al gobierno, dotada de un programa que recoja las aspiraciones más sentidas del estudiantado.

Para la realización de tales tareas la masa estudiantil cuenta con una rica experiencia de varios decenios. Poco a poco se han ido derrotando las concepciones del oportunismo de izquierda y abriéndose paso las tácticas acertadas que parten de defender las formas organizativas democráticas. Las nuevas generaciones, presentes y futuras, sabrán beneficiarse de las enseñanzas del pasado.

FISURAS EN LA ARMAZÓN DE EUROPA

Hace unos días los periódicos informaban de una crisis en el sistema monetario europeo, con previsibles consecuencias para el plan de largo alcance de unidad económica y política en el viejo continente. ¿Por qué se da la crisis monetaria? ¿Quién gana y quién pierde?

Hablar de Europa significa hablar de Alemania, el país más poderoso de la Comunidad. Una república federal, no unitaria como Inglaterra, cuya estructura política se presta para convertirse en estado supranacional en una Europa expandida. Ya ejerce omnímoda influencia sobre una serie de regiones aledañas, en forma parecida a la de Estados Unidos sobre la región fronteriza de México. Se trata de Bohemia y Moravia, en la extinta Checoslovaquia; Croacia y Eslovenia, en la antigua Yugoslavia, y los países bálticos.

Alemania reunificada suma una población 60% mayor que la de Inglaterra, Francia o Italia, con un PNB que representa casi la tercera parte del total europeo-occidental. Es el segundo exportador del mundo, la principal fuente de productos manufacturados, con preeminencia en ramas claves como químicos, hierro y acero, metales no ferrosos, maquinaria industrial especializada, maquinaria metalúrgica, máquina-herramienta y equipos industriales de plomería y calefacción.

Dadas las ventajas que provendrían de una Europa federalizada, con Alemania como potencia central, los dirigentes germanos han venido impulsando el proceso de unificación. Como parte de éste la CEE estableció en 1979 el Mecanismo Europeo de Paridad Cambiaria, MEPC.

Con base en él se estableció una franja de variación de tipos de cambio para las monedas de los países integrantes, de 2 y 1/4 hacia arriba o hacia abajo respecto de su tasa central. La estabilidad de los tipos de cambio ha dependido de la armonía alcanzada alrededor de las políticas fiscales y monetarias entre los países miembros. Se trata de un paso previo a la introducción de una moneda común, una banca central conjunta y una política monetaria única y generalizada, tal como lo prevé el Tratado de Maastricht.

Dicha meta se ha hecho cada vez más distante. Países europeos agobiados por la peor recesión desde la década del treinta, con tasas de desempleo superiores al diez por ciento, o al veinte, como España, se han visto obligados a emprender una política económica expansiva que les permita tasas de interés más bajas que las mantenidas por el Banco Central de Alemania, o recurrir a devaluaciones monetarias que faciliten el incremento de las exportaciones. Al revés, los dirigentes alemanes, preocupados por el potencial inflacionario de los gastos públicos derivados de la reincorporación de Alemania Oriental, han tenido que mantener altas tasas internas de interés.
Es en este momento cuando entran a la puja los especuladores, procurando pescar en río revuelto. Figura entre ellos, en primer lugar, Estados Unidos, calladamente feliz de poder meter baza en el asunto de la moneda común europea. De un tiempo a esta parte, para los usureros y agiotistas ha sido buen negocio invertir en monedas europeas. No se olvide la tasa de interés era superior a la del dólar, y que los bancos centrales intervenían constantemente para preservar la fluidez entre las tasas de cambió de las monedas ligadas al marco alemán. Desde el pasado invierno, a medida que la recesión cobraba fuerza, particularmente en Francia, los rumores de que este país tendría que apartarse de las políticas del Bundesbank y rebajar los costos del dinero cundían por doquier. Previendo esto, los especuladores empezaron a deshacerse de sus francos a como diera lugar. No había pérdida posible: se sabía que Francia no podía aumentar sus tasas de interés, y los francos encontraban comprador a buen precio en los bancos centrales europeos, dispuestos en aquel entonces a conservar las respectivas paridades monetarias. El año pasado las maniobras de los financistas internacionales lograron sacar del sistema a la lira y a la libra esterlina. Luego la presión se vuelca sobre el franco. Como la depreciación de las dos monedas le había permitido a Italia y a Inglaterra quitarle mercados exportación a Francia en los rubros de vinos, ropas, autos y electrodomésticos, la devaluación en este país era apenas de esperarse.
La salida que le dan al problema los ministros de finanzas de la CEE estriba en modificar el mecanismo del tipo de cambió, permitiendo ampliar la banda de variación del 2 y 1/4 al 15% hacia arriba o hacia abajo de la tasa central. Ello permite, “ganar tiempo” en el proceso de unidad, al tiempo que brinda un respiro a los países en peores dificultades y le resta espacio a la especulación. En eso quedó la crisis.

Al canciller Kohl, de Alemania, todo esto le cae como una patada en el estómago. Durante las vacaciones de verano en su lago austriaco favorito el líder teutón declaró que, de no producirse una unión económica en Europa, sería imposible a la larga evitar otra guerra entre las potencias europeas. Ya con anterioridad había manifestado su desafecto con aquellos que se dedican a sacar partida a los desajustes monetarios, y con lo cual contribuyen a echar a pique el proceso de la unidad europea. Se refería, sin duda alguna, a Estados Unidos. El pasado 3 de febrero, el International Herald Tribune, periódico de las cámaras de comercio de las capitales europeas, citaba al canciller Kohl, quien culpaba a fuerzas anónimas de “torpedear” la estabilidad de las monedas del Continente. Kohl se limitaba a repetir, soslayadamente, lo que en días anteriores había señalado en forma nítida el ministro francés Beregovoy, cuando acusó a Washington de moverse tras bastidores en busca de hacer zozobrar la gestión monetaria europea.

No hay duda de que los recientes problemas padecidos por Europa causan gran regocijo en Washington. Los gringos prefieren que reinen no aquí sino allá la confusión y el desacuerdo, sobre todo en vísperas de las negociaciones del GATT. Divide y vencerás.

CIFRAS OFICIALES EN CONTRAVÍA DE LOS HECHOS

Los colombianos vivimos una cruda y diaria realidad: la pérdida incesante de empleos. El fenómeno es de tal magnitud que la misma gran prensa no ha podido ocultarlo. En Medellín, se han producido más de 3.000 despidos en la industria textil, en los últimos meses. El gobierno reconoce que la “modernización” del Estado ha significado el lanzamiento a la calle de 35.000 funcionarios. Cifra alta, por supuesto, pero amañada. Además se calcula que por la reducción del área sembrada entre 1992 y 1993, se han dejado de generar 128.900 empleos directo rurales, según el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas. Mencionamos apenas algunos casos.

¡Pero cual no será la sorpresa del hombre del común cuando de pronto encuentra que las cifras del DANE hablan de un incremento del empleo! Y los comentaristas de oficio insisten en que los malos presagios sobre la apertura han sido desvirtuados por las estadísticas.

El volumen de la ocupación
El DANE indica que le paro obrero habría disminuido de 587.000 desocupados en 1992 a 476.000 actualmente. Lo atribuye a dos factores: primero, a que un menor número de persona busca trabajo, y, segundo, a la creación de más puestos. La verdad es que la crisis empuja a núcleos cada vez mayores de cesantes a la desesperanza y ya ni siquiera buscan ocupación.

En cuanto a los “nuevos empleos”, los cálculos mentirosos, se basan en un espejismo, la microempresa, esa artificiosa forma de producción que impulsan las agencias de crédito internacional, como salida a los crónicos problemas del subdesarrollo. Estudios recientes de Planeación Nacional señalan que las unidades de menos de diez trabajadores, famiempresas y microempresas, aglutinan alrededor de 2.800.000 personas. Para mejor comprender la cuestión, debemos sopesar los cambios demográficos, que tienden a la baja.

Cabe anotar que la euforia desatada respecto de los supuestos 73.000 nuevos cupos, creados entre junio de 1992 y el mismo mes de 1993 no tiene sentido, ya que este guarismo no representa ni siquiera la tercera parte de los 262.000 puestos de trabajo reportados un año antes en el mismo periodo. Al contrario, el desaceleramiento de la generación de empleo resulta inevitable pues responde a las crecientes dificultades que viven la industria y la agricultura. Además, como lo ha revelado el ministro de Hacienda, esas nuevas plazas se han abierto en la rama judicial y las fuerzas militares, o en el sector de la construcción, que absorbe mano de obra sin estabilidad y con jornales de hambre. ¿Son estos los milagros de la apertura? No, más bien una manifestación de sus estragos.

La mal llamada calidad de empleo
El comportamiento cíclico de las tasas de ocupación y desocupación no tienen pronunciadas diferencias, como lo registran los últimos años, debido a diversas causas económicas y demográficas. Hoy, el elemento crucial de la discusi6n consiste en la denominada “calidad” del empleo.

Las encuestas de hogares adolecen de una falla protuberante. No se considera cesante a aquel que declare haber laborado al menos una hora remunerada durante la ultima semana. Sólo quien escape a esa situación y se encuentre buscando puesto se estima como desempleado. De tal modo que las estadísticas pueden expresar perfectamente un rápido incremento de las ocupaciones esporádicas mediante un numero reducido de horas y bajas remuneraciones.

A su vez, por encima de las alzas y bajas de los porcentajes de desempleo, las formas denigrantes del trabajo se han venido haciendo mas patentes en los últimos años.
Bajo el disfraz de un crecimiento de la ocupación, así sea solo vegetativo, se oculta el reemplazo veloz del empleo permanente por el temporal, en sus diversas modalidades. En el presente casi el 40% de los puestos urbanos de trabajo corresponde a operarios temporales, lo que implica una degradaci6n y un deterioro brutal de los ingresos de las masas laboriosas.

Terminemos por señalar que los datos corresponden únicamente a siete capitales. El resto del país no se halla cobijado por las encuestas. La crisis agropecuaria, verbigracia, no queda reflejada en las estadísticas.

Definitivamente en este punto, como en tantos otros, los índices oficiales van por un lado, mientras la realidad marcha en dirección opuesta.

EL GRUPO DE TRASPLANTES, LUSTROS DE EVOLUCIÓN CIENTÍFICA

El Grupo de Transplantes de Medellín se inició en 1968, con una fase de experimentación tendiente resolver ciertos problemas técnicos y tecnológicos relacionados con este tipo de cirugía. No menos importante era desarrollar la inmunología, cuestión básica para el manejo de los pacientes.

Resueltos ambos retos, experimentando con animales, el Grupo realizó el primer transplante renal de donante vivo a finales de agosto de 1973, hace veinte años. El brillante equipo de profesionales tiene a su haber varios miles de vidas salvadas.

El construir los cimientos de tan maravillosa aventura, que ha revolucionado la vida académica y científica de la Universidad de Antioquia y del país, se debe a la visionaria decisión de tres médicos, los doctores Jaime Borrero Ramírez, Gustavo Escobar y Álvaro Velásquez Ospina, este último jefe en la actualidad del Grupo de Transplantes. Ellos lograron salir airosos, desafiando enormes dificultades materiales, sobre todo por la falta de apoyo del Estado, y derrotando las ideas predominantes en el decenio del sesenta, renuentes a aceptar el concepto de muerte encefálica. Demostrar en aquella época que era en el cerebro y no en el coraz6n donde radicaba la esencia de la vida costó acaloradas contiendas provinciales y aun nacionales, en que tomaron parte circunspectos académicos de la medicina, abogados enredadores y hasta voceros de la arquidiócesis, empeñados en sentar doctrina sobre cuando y cómo partía el alma de su celda corpórea.

Fue un viejo profesor de Medicina Legal de la Universidad de Antioquia, el doctor German Díaz López, quien con un apunte burlesco puso fin a la enconada discusión: “Bueno, señores -preguntó-: ¿ustedes lo que quieren es un muerto medio vivo? ¿O un vivo medio muerto?”

En resumen, el donante es una persona que se encuentra en estado de muerte encefalica. Aun cuando el resto de su organismo se encuentre bien, su cerebro no tiene recuperaci6n posible.

Quedaba aún por recorrer un difícil camino: el de convencer a los deudos de que se atrevieran a entregar fragmentos vivientes a los enfermos terminales del corazón, riñones, páncreas, hígado, pulmón. También se logró coronar con suerte la tarea, a tal punto que el primer transplantado renal cumple hoy veinte años con el Grupo.

Jaime Restrepo Cuartas
Imbuidos por el entusiasmo y la persistencia de los tres pioneros, varios científicos e investigadores, entre ellos el doctor Jaime Restrepo Cuartas, no dudaron en sumarse al nuevo proyecto, coadyuvando a afianzarlo. Hoy el Grupo de Transplantes de Medellín, compuesto por más de 40 personas, se ha ganado el respeto y el reconocimiento de la comunidad científica nacional e internacional y ya sus trabajos han empezado a circular en las revistas científicas de Europa y América del Norte, para orgullo del país.

Con motivo de estar cumpliendo veinte años el Grupo de Trasplantes, Tribuna Roja entrevistó al doctor Jaime Restrepo.
Tribuna Roja: ¿Cuales son los principales logros obtenidos por el Grupo de Transplantes de Medellín?
Jaime Restrepo: Después de resolver los problemas técnicos y tecnológicos y haber creado el Grupo de Inmunología, que ha dado un invaluable impulso al trabajo científico en esta área, se efectuó el primer transplante, hace veinte años. A partir de entonces el Grupo ha realizado más de 900 transplantes de riñón, con sobrevidas del 90%; 35 de corazón, con sobrevidas por encima del 50%; 12 de hígado, 7 de páncreas, una de corazón-pulmón, y mas de 3 mil de córnea. Tales resultados habrían sido imposibles sin tres bases fundamentales: una, el haber constituido un equipo interdisciplinario al que se han integrado numerosas especialidades, tanto médicas como quirúrgicas.

Dos, el carácter interinstitucional del Grupo. Además del Hospital Universitario San Vicente de Paúl y de la Universidad de Antioquia, participan también el ISS, que aporta el 60% de los pacientes, y el Centro Cardiovascular-Clínica Santa Maria, con la cual se hacen los transplantes de corazón.

Y tres, la creación de una serie de laboratorios y áreas de soporte que se han venido desarrollando autónomamente, como son el Laboratorio de Nefrología, el de Inmunología, el Centro de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el Grupo de Hepatología y el Grupo de Páncreas, entre otros.

Tribuna Roja: ¿Cuales han sido las más protuberantes dificultades?
Jaime Restrepo: Las económicas, indudablemente. Estos avances científicos y tecnológicos requieren equipos y terapias muy costosos. Sin embargo, el Grupo de Transplantes ha logrado mantenerse en un buen nivel gracias a la colaboración de algunas instituciones de salud, fundamentalmente el Seguro Social, y al abnegado trabajo de los miembros del equipo, a quienes sólo los impulsa el deseo de servir a la comunidad y no el interés mercantilista.

Hemos tropezado con obstáculos para obtener los equipos modernos aparecidos en los últimos años, así como para conseguir las drogas que sirven para el manejo de la inmunosupresión no tan asequibles en nuestro
Tribuna Roja: ¿Cuanto cuesta el sostenimiento de un paciente transplantado?
Jaime Restrepo: Teniendo en cuenta solo el suministro de fármacos, el costo llega a los $500 mil mensuales. Nosotros utilizamos tres drogas básicas, pero han sido producidas en el mundo otras nuevas que contribuyen mucho al manejo del paciente, como las globulinas antitimocíticas y antilinfocícas, los anticuerpos monoclonales y algunas más que todavía carecen de nombre comercial, como es el caso del FK 506. Los precios de todas ellas son muy altos. Si una persona no cuenta con una institución que la respalde financieramente, es imposible hacerle un transplante.
Tribuna Roja: ¿Entonces como ha logrado el Grupo cumplir la magnifica labor que hoy celebran el país y la comunidad científica?
Jaime Restrepo: Con el respaldo de instituciones como el Seguro Social, Cajanal, el municipio de Medellín, el departamento y algunos ministerios que han financiado a los enfermos. Pero no existe una financiación estatal ni fija ni adecuada. Antes, por el contrario, la asfixia económica del Hospital San Vicente de Paúl viene afectando algunos programas del Grupo de Transplantes.

Tnbuna Roja: ¿Cual es la situación actual de este centro asistencial?
Jaime Restrepo: El hospital vive la peor crisis de toda su historia. El tradicional descuido de las instituciones de servicio social se refleja perfectamente en el recorte sistemático de los muy limitados aportes al San Vicente de Paúl. Si no me equivoco, los últimos datos indican que el déficit sobrepasa los $ 8.000 millones.

A tan gravísimo cuadro se soma el hecho de que el hospital se definió desde 1992 como entidad privada. En consecuencia, de acuerdo con la ley 10 de 1990, dejara de recibir aportes estatales y se vera obligado a obtener sus propios recursos por la venta de servicios. Esto hace que las penurias se agraven cada vez más, por estar el centro prácticamente especializado en la atención de las urgencias de Medellín que, como todo el mundo sabe, tienden a aumentar en proporción al incremento de la violencia. Tanto la cirugía electiva programada como los casos diferentes a las emergencias originadas en casos de sangre han sido eliminados porque el hospital es incapaz de atenderlos. Las personas que ingresan a urgencias casi nunca cuentan con recursos económicos, sino que pertenecen a la población más pobre del Valle de Aburrá. Al Hospital San Vicente de Paúl se le hace entonces cuesta arriba recuperar los costos de atención. Y el déficit se va acrecentando con cada día que pasa.

Tribuna Roja: Ante tal diagnóstico ¿puede afirmarse que el avance de la ciencia sea posible en un país como Colombia?
Jaime Restrepo: El desarrollo científico en un país como el nuestro es sumamente complicado. Sin embargo, no siempre depende de la situación económica. Requiere también de personas interesadas en la ciencia, dispuestas a sacrificarse en lo personal en aras de lograr ese avance, que se basa, sobre todo en nuestro medio, en transferir y, obviamente, adaptar ciertas tecnologías.

Nuestro Grupo, para poner un ejemplo, no ha contado ni con grandes recursos ni con equipos ultramodernos, y se ha visto obligado a adaptar tecnologías menos costosas pero que nos han permitido nuestro propio desarrollo. En el terreno de la inmunología esta actitud ha sido decisiva, pues en la preservación de los órganos hemos hecho innovaciones que permiten efectuar el transplante con buenas garantías de éxito. Estamos produciendo en el Hospital San Vicente nuestra propia solución de preservación, a base de citratos, en que se conservan con seguridad los órganos destinados a los transplantes. No estamos haciendo uso de sofisticados equipos sino que recurrimos a simples ollas de cocina, alrededor de las cuales se coloca hielo para mantener la temperatura en 4 grados centígrados.
Tribuna Roja: Uno de los eventos con que se conmemoraron los veinte altos del Grupo fue el Simposio Internacional en el Recinto Quirama de Rionegro. ¿Que conclusiones salieron de el?
Jaime Restrepo: El Simposio, al que asistieron los doctores Milford, de estados Unidos, y Luis Toledo Pereira, sirvió para intercambiar opiniones y experiencias entre todos los grupos de transplantes del país, con miras a lograr el concurso y asesoría de personas con amplia trayectoria, como los dos especialistas mencionados. Fue también exitoso porque corroboró el reconocimiento internacional de que goza el Grupo de Transplantes de Medellín y porque detectamos en el los problemas básicos que nos aquejan, para los cuales estamos ya buscando alternativas. La dificultad económica para conseguir los medios tecnológicos que nos faltan es uno de esos problemas.

Estamos buscando mecanismos de cooperación entre todos los grupos de transplantes del país y hemos discutido la necesidad de crear una Red Nacional de Donación de Órganos.

A pesar de las dificultades, el Grupo está dispuesto a continuar la tarea que se ha propuesto en bien de la comunidad.

X CONGRESO DE LA CLAT EN SAO PAULO

Del 19 al 25 de septiembre se reunió en Sao Paulo el X Congreso de la Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT que agrupa a millones de obreros. Bajo el lema “por la patria grande”, los 1500 delegados acordaron un plan de acción continental contra el neoliberalismo. El MOIR envió un mensaje a los compañeros deseándoles un final feliz en tan importante evento.

La representación colombiana, integrada por 36 dirigentes, estuvo encabezada Mario de J. Valderrama, presidente de la CGTD; Julio Roberto Gómez, secretario general, y Yesid García, secretario general adjunto.

La CLAT, filial de la Confederación Mundial del Trabajo, se fundó en 1954. Su posición de lucha le ha permitido aglutinar a 41 confederaciones nacionales y a 14 federaciones sectoriales, resueltas a hacerles frente a las posiciones traidoras encarnadas por la CIOSL, que ha desempeñado siempre el papel de quinta columna en las filas del proletariado y cuyos voceros en Colombia son los dirigentes de la CUT.

Además de aplaudir las movilizaciones aprobadas contra la ofensiva del FMI, el X Congreso significa para la CGTD la reafirmación de su presencia dentro de la CLAT. Un acontecimiento que estimula a las fuerzas consecuentes del movimiento sindical colombiano, dispuesto a dar la resuelta batalla contra la escalada de Gaviria y por la defensa de la soberanía nacional.

EL RESURGIR DE TRIBUNA ROJA

Reproducimos la nota publicada en el periódico La Chaza, órgano de Sinucom, seccional Barranquilla, de agosto de 1993.

Ricardo Silva

El 29 de julio recientemente pasado, salió en circulación el órgano informativo del MOIR, después de un largo receso. Hecho de trascendental importancia para los trabajadores. Por lo que auguramos éxitos a Tribuna Roja en tan difícil pero necesaria empresa.

Tribuna Roja contribuyó, en su “primer intento”, en el despertar de vitales sectores de la sociedad colombiana., y facilitó no sólo el desarrollo y construcción del Partido Obrero, sino la organización de trabajadores y de vendedores estacionarios y ambulantes, como en efecto aconteció en la ciudad de Barranquilla.

Un día después de las denominadas elecciones de “mitaca” del año 1980 se vendió en el gremio de vendedores Tribuna Roja. 78 ejemplares adquiridos por los vendedores fueron la base de su organización gremial. Se conocieron, así, las personas que posteriormente fueron fundadores y dirigentes de Sinucom. Había un motivo especial: el número 31 de este periódica traía un artículo destinado a explicar la vida y las formas de trabajo en la calle, titulado “Para los vendedoras ambulantes, cada día de trabajo es una jornada de combate”.

En las circunstancias abrumadoras como trabajan los vendedores, hostigados permanentemente por la policía, encarcelados, golpeados y platillados, de un lado y del otro, mirados con indiferencia y despreciados por el sector “crema” de la sociedad, Tribuna Roja y el susodicho artículo contribuyeron en el despertar de la conciencia sobre su vida y trabajo. Comprendieron el hecho de que la manera de obtener su subsistencia mediante la venta callejera no era una actividad deshonrosa como la mostraba la prensa amarilla. Se trataba de una labor vital, ante la desprotección del Estado, al que muchos hombres trabajadores y honestos recurrían. “Somos hijos del desempleo”, se decía con justeza. Eran y son consecuencia de la profunda crisis de la industria, de la agricultura y de la sociedad entera. La conciencia de las causas de su situación, de sus desdichadas formas de trabajo fueron la antesala de memorables jornadas de lucha, movilizaciones pequeñas y grandes pero igualmente combativas que con el tiempo dieron fecundos resultados.

La semilla sembrada en momentos críticos, hoy germina. Proliferan en el gremio hombres y mujeres con claridad admirable, con experiencia de lucha y con un grande espíritu de unidad y fraternidad.

Además, desde tan modesta organización, se logró influir en el proceso de unidad del sindicalismo colombiano. Participamos decididamente en los compromisos iniciales de unidad de las centrales democráticas, asistimos a dos eventos en Comfamiliar de carácter nacional, los que se cristalizaron en la fundación de la CTDC y posteriormente en la CGTD. Confederación de la que aspiramos se convierta en la más poderosa organización de los trabajadores democráticos. La objetividad, la orientación y la educación hacen invaluable y admirable el resurgir de Tribuna Roja. Éxitos.

SALUDO DEL MOIR

Francisco Mosquera; Secretario General del MOIR; Bogotá, septiembre 17 de 1993.

Compañeros
Confederación Latinoamericana de Trabajadores Sao Paulo.

Queridos compañeros:
La convocatoria del X Congreso de la CLAT transcurre en un momento clave para la América Latina íntegra y especialmente para el futuro de la clase obrera. Sabemos que el imperialismo yanqui, desde su aparición a finales del siglo pasado, echó raíces sobre los sufrimientos de los pueblos menesterosos del continente, a los cuales los analistas suelen calificar de “patio trasero” del Norte. No obstante hoy asistimos a la más siniestra de las arremetidas a que nos tienen acostumbrados soportar.
Pretendiendo salir de la aguda crisis que los agobia y aprovechándose de los cambios intempestivos de la situación mundial, los mandatarios de Washington han resuelto imponer sus dictámenes de plena neocolonización económica al globo entero, sin excluir ningún procedimiento tortuoso, bélico o criminal. Decidieron arruinar a nuestras naciones en todos los aspectos: industrial, agrícola y hasta culturalmente.

Están comprando a precio de huevo cuanto nos pertenece. Nos obligan a abrir las fronteras mientras ellos se acogen cada vez más al proteccionismo. Dolarizan nuestras monedas. Exigen la privatización de nuestros bienes públicos. Sustituyen las viejas castas políticas antipatrióticas por señoritos mucho más dóciles. En fin, padecemos los mismos males, y por eso la historia nos impulsa a unirnos estrechamente como nunca antes.

A nuestra patria llegan los ecos estimulantes de las luchas de ustedes, al igual que nosotros también hemos combatido. No ignoramos que existen fuerzas traidoras en las filas del proletariado, así aparezcan minoritarias. En Colombia, por ejemplo, hay grupillos sindicales que propagan la conseja de que el señor Gaviria, después de haber consumado las órdenes recibidas, modificó su conducta ante el país y los trabajadores. Pero queremos decirles que tales elementos no prevalecerán impunemente. Sea como fuere, las mayorías obreras y populares se hallan abocadas, sin otra perspectiva, a dejar el pellejo en la batalla.

Los mismos norteamericanos forjaron su “reunión para tomar el té” en procura de su independencia frente a Inglaterra; y los colombianos tuvimos nuestro “florero de Llorente” en las bregas por librarnos de España. Así, en la actualidad, las repúblicas de Latinoamérica encontrarán igualmente formas originales para deshacerse del imperialismo.

Queridos compañeros:
Les deseamos éxitos en sus deliberaciones y conclusiones.