Por Francisco Cabrera
Los millones de toneladas de acero devorados por la hoguera de la Segunda Guerra Mundial, primero, y las ingentes cantidades de mineral que demandó posteriormente la reconstrucción de la porción del globo arrasada por la conflagración, generaron tal escasez, que el Estado colombiano tuvo que enfrentar el montaje de una industria siderúrgica propia. En 1947 el Congreso de la República dictó la ley 45, mediante la cual se creó la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz del Río. Hoy, 50 años después, el presidente de la compañía, y representante del llamado Sindicato Antioqueño, Néstor Fernández de Soto, anuncia su liquidación. Que la empresa «nació muerta» y «no es viable financieramente» dice, bajo el influjo del economismo en boga, ajeno por completo a los intereses nacionales. Pasaremos de tener la industria madre, una siderúrgica integrada, a no tenerla, feriando nuestros recursos mineros al mejor postor en el mercado mundial. Lo que el conglomerado urde es estafar a la nación traspasándole el pasivo pensional y arrebatar a los obreros los ahorros de sus cesantías. De contera se condena a la ruina al resto de la industria del acero y al departamento de Boyacá. ¿Lo permitiremos?
Acero orgullosamente colombiano
El hermoso valle de Suamox y la hoya del río Chicamocha, albergan en sus entrañas enormes yacimientos de mineral de hierro, carbón y caliza, materias primas indispensables para la producción de acero. De allí que aquella región reuniera las condiciones ideales para el florecimiento de una siderúrgica integrada. En 1954, en Belencito, del alto horno manaría la primera colada de arrabio. El país había coronado exitosamente el montaje de una industria básica para su desarrollo. Desde entonces, de Acerías Paz del Río sale una gran variedad de productos semiterminados y terminados, punto de partida de toda una cadena productiva.
La instalación de la factoría significó un notorio progreso para Boyacá, departamento caracterizado por la pequeña producción campesina. Algunos obreros llegaron de otras regiones, y los más fueron reclutados de entre las capas empobrecidas del campesinado boyacense, y vinculados a los frentes mineros, o a la planta de Belencito. Se abrieron carreteras y unos cien kilómetros de vías férreas. El crecimiento de Sogamoso y Duitama, hasta convertirse en ciudades intermedias, y más recientemente la formación del corredor industrial entre éstas y Tunja, se deben ante todo a Acerías. La influencia de la empresa se extiende a cerca de 20 municipios, en los que en su medio siglo de existencia ha forjado no sólo una economía sino una cultura minera que se palpa en los centros educativos, en las tertulias y en las más diversas actividades.
En Colombia existen dos tipos de industria siderúrgica, la integrada y la semintegrada. En la primera se parte de mineral de hierro, carbón y caliza como insumos básicos para producir acero líquido en altos hornos; Acerías Paz del Río, es la única de este tipo en el país. En las semintegradas el insumo es la chatarra y se produce en hornos eléctricos. En la actualidad existen varias de ellas: Sideboyacá, Sidecaribe, Sidelpa, Sidemuña, algunas de menor tamaño, y Simesa, la más antigua de todas, cuya fundación data de 1938. El grupo Holguín, del Valle del Cauca, controla el sector, exceptuando a Simesa en la que posee 15% frente a 50% del Banco de Colombia.
Cuando en 1954 Paz del Río comenzó actividades, el país importaba 97% del acero que consumía, y el escaso 3% restante era procesado por Simesa. Diez años después, las importaciones se habían reducido a 36%, gracias a un crecimiento sostenido de la producción que pasó, en ese lapso, de 43 mil a 225 mil toneladas de acero. Con la asesoría de un equipo de ingenieros alemanes, la empresa se hizo experta en las faenas mineras y fue construyendo una moderna infraestructura para la extracción de los minerales, para su transporte mediante bandas mecanizadas y cables aéreos que en góndolas llevaban el carbón ya triturado desde la mina de la Chapa hasta la planta lavadora en Santa Teresa, y el hierro, desde la mina hasta el municipio de Paz del Río, donde se embarca en trenes eléctricos hasta Belencito. Allí llegan también el carbón de las minas de Samacá y la caliza de los alrededores.
En la ciudadela industrial de Belencito, todo es de enormes dimensiones. A pesar de haber envejecido y evidenciar gran rezago tecnológico, con su alto horno, los convertidores, los trenes de laminación, la batería de 57 hornos para la producción de coque, los talleres para el maquinado de repuestos y la planta de oxígeno, que junto con el tren Morgan son las adquisiciones más recientes, pero por sobre todo con la pericia que revelan sus trabajadores, Acerías es un testimonio latente de que, cuando nos lo hemos propuesto, los colombianos hemos caminado las rutas del progreso. Las complejas transformaciones que a temperaturas superiores a los 1.300° C sufren los minerales con los que se alimenta el alto horno, y los fuegos de artificio en medio de los cuales se produce el alumbramiento de la colada y se purifica el acero en los convertidores, han estado presentes y han sido base clave del desarrollo de las naciones que completaron su industrialización. De los trenes de laminado por los que circula incesante en procesos de reducción el metal al rojo vivo, han de salir los tochos, la palanquilla y los productos terminados redondos y planos, que utilizarán otras industrias para fabricar máquinas y herramientas, medios de transporte, obras de infraestructura para servicios públicos y vías, construcción de edificaciones, etc.
Si las guerras nos enseñan que las naciones deben bregar por su seguridad alimentaria y por mantener una serie de sectores básicos como la metalurgia, en los cuales no pueden depender de las importaciones, ¿por qué se está dejando morir a Acerías Paz del Río?
La respuesta a este interrogante resulta muy ilustrativa acerca de las apátridas políticas que han dominado los manejos económicos del país durante los últimos decenios, sobre la naturaleza de la gran burguesía colombiana y sobre las tendencias recientes del imperialismo.
Privatización, libre mercado y especulaciones
Cuando el gobierno creó la empresa determinó su capitalización mediante una sobretasa al impuesto a la renta, que hacía obligatoria la compra de acciones por los contribuyentes. El mismo año en que inició operaciones se comenzó su traspaso al sector privado entregando a bajo precio sus activos y se cambió su razón social por Acerias Paz del Río S.A. Internacionalmente se experimentaba un fenómeno totalmente contrario, pues 23% de la industria siderúrgica del mundo era estatal en 1951, y ya en 1980 la cifra había llegado a 60%. La factoría mantuvo su crecimiento hasta finales de la década de los setenta, época en la que empezó la crisis de la cual no ha podido recuperarse.
En un estudio que el sindicato de Acerías contrató con Cedetrabajo en 1983 se pusieron a la luz las verdaderas causas de la crisis de aquellos años, muy distintas a la responsabilidad que los directivos de la empresa pretendían descargar en los salarios de los trabajadores. Por un lado, a nivel internacional se vivía una profunda recesión que encarnizaba la contienda de los grandes productores de acero para colocar sus excedentes en países como el nuestro. Esa tendencia se veía beneficiada con las medidas de «liberación de mercados», como la «pequeña apertura» puesta en marcha por el gobierno de López Michelsen. De otra parte, el grupo de accionistas que tenía el control de la siderúrgica optó por exprimir la empresa mediante especulaciones bursátiles y el reparto de utilidades, al tiempo que la encadenaba con cuantiosos créditos para el montaje de una cementera, en momentos en que era urgente modernizar la acería.
Latinoamérica bajo la nefasta apertura
La tormenta apenas si vivió algunos años de relativa calma, para arreciar de nuevo en los noventa con más devastadores efectos. La victoria de los Estados Unidos en la guerra fría abrió paso a la llamada internacionalización, el escenario en el que esa omnímoda potencia y las trasnacionales están moldeando el nuevo orden mundial.
En el caso del acero, The Wall Street Journal Americas del pasado 4 de abril anunciaba los pasos que se vienen dando en Norteamérica para unir a tres monopolios: United States Steel Group, National Steel Corp e Inland Steel Industries, mientras que en Alemania, «los gigantes industriales Fried Krupp AG, HoeschKrupp y Thyssen AG llegaron a un acuerdo para fusionar sus divisiones de acero.» La misma noticia cita estas palabras de un importante hombre de negocios: «Si sacaran algunos de los productores menos eficientes, les ayudaría a todos a ganar dinero.
Y en la revista Acero Latinoamericano, de enero-febrero de 1997, publicada por el Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero, Ilafa, se señala una constante baja de utilidades de las grandes acerías integradas y la necesidad de concentrar la producción en unas pocas que se especialicen en los aceros y aleaciones de alta tecnología y rentabilidad. Dichas empresas lógicamente quedarán en manos de las grandes trasnacionales que se fusionan para controlar los mercados. Países como el nuestro deben cerrar sus altos hornos y dejar sus minas de hierro como reserva, dedicándose al procesamiento de chatarra y semiterminados en hornos eléctricos, y haciendo uso de la subcontratación de las actividades menos lucrativas. En América Latina, Ilafa señala entre otras tendencias: «Las primeras privatizaciones que concluyeron en Argentina, Brasil y México han conducido a una gran cantidad de propiedad en manos de participantes financieros»; se anuncia una «Nueva estructura de la industria que implicará la formación de un número más pequeño de grupos regionales», y remata: «La integración más estrecha de las industrias norteamericanas y sudamericanas es inevitable». En resumen, el destino que aguarda a la industria siderúrgica de la América pobre será una mayor concentración, mayor control por los monopolios financieros, y una «integración más estrecha» con las industrias del norte opulento interesadas como es obvio en una sola cosa: «ganar dinero».
De los 700 millones de toneladas de acero que se producen en el mundo, América Latina aporta 5%, frente a 37% de Asia, 23% de Europa Occidental, 15% de Europa Oriental y 12% de Estados Unidos y Canadá. En la región, de un total de 50 millones de toneladas, los principales productores son Brasil con 52.5%, México con 25.3%, Argentina con 7.6% y Venezuela con 7.5%.
Las acerías estatales están siendo privatizadas y su propiedad se ha concentrado. En Brasil, por ejemplo, la Compañía Siderúrgica Nacional, CSN, consorcio de capital norteamericano y brasileño, compró por US$3.150 millones 41,7% de las acciones de la minera estatal Compañía Vale de Río Doce, complejo minero que produce anualmente 17 toneladas de oro, y controla en Carajás, estado amazónico de Pará, el yacimiento de hierro más rico del orbe, con reservas que alcanzarían para abastecer el mercado mundial durante 400 años. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso finiquitó la transacción en diez minutos, tras las maniobras para burlar una revuelta y más de 130 acciones judiciales que buscaban impedir la que hasta la fecha es la mayor privatización de América Latina.
En México, con la privatización de las empresas siderúrgicas de Lázaro Cárdenas, puerto en la desembocadura del río Balsas, en Michoacán, la propiedad pasó a la familia Villarreal y la familia Mittal de la India, que junto con Altos Hornos de México S.A. e Hylsa, la filial acerera del Grupo Alfa, dominan el sector. Otro caso son los Rocca en Argentina, dueños del Grupo Techint, al que pertenecen Siderar y Siderca, que poseen inversiones en acero en México e Italia y controlan 36% del mercado mundial de tubos de acero sin costura para oleoductos y gasoductos.
Venezuela está viviendo por estos días la venta de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, el más importante complejo industrial del Estado, del que hace parte la Siderúrgica del Orinoco, Sidor, principal productora de acero, cuyos activos se calculan en 4.000 millones de dólares. Allí se discutía la venta de la empresa dividida, o como un todo. Las agremiaciones ProVenezuela y Coindustria han denunciado que bajo la asesoría de Salomon Brothers y Merril Lynch, las negociaciones se han trasladado a los Estados Unidos, en donde se decidió hacer la venta en bloque, incluyendo el puerto de embarque, y señalan que el traspaso del monopolio estatal a las multinacionales es contrario a los intereses del país. Tras Sidor están once grupos inversionistas dentro de los cuales se encuentran Kobe Steel de Japón, la CSN del Brasil, los monopolios mexicanos y Siderar de Argentina.
Se arrasa la producción nacional
En Colombia los tres últimos gobiernos han venido sirviéndole a la obra recolonizadora que aquí dieron en llamar apertura económica. Bajo el mandato de Barco, para clavarle la estocada a la producción nacional, el Ministerio de Desarrollo contrató un estudio sobre la industria siderúrgica con las firmas Sema Metra Group Management Consultants y Econometría Ltda., que se publicó en junio de 1989. Allí se señala que en productos laminados «Brasil y Venezuela son muy competitivos. (…) Para el abastecimiento de Colombia, la alternativa a la producción nacional podría ser la importación desde Venezuela.» También queda definida la suerte de Paz del Río: «Tres medidas deben ser tomadas: i) Separar las operaciones de minería, acería y cementería en varias empresas con manejo propio con el fin de bajar los gastos generales y de aumentar la flexibilidad de la compañía; ü) Separar las operaciones de relaminación a fin de permitir la competencia con los demás relaminadores, y iii) Vender operaciones de minería a fin de bajar los gastos sociales y los costos de operación». El guión se ha cumplido en estos ocho años.
Gaviria aceleró la apertura tras la orden impartida por la señora Carla Hills, representante del Departamento de Comercio estadounidense. Los recursos y la reconversión con los que se había ilusionado al sector industrial, nunca se dieron. Y el Acuerdo de Maiquetía, suscrito a comienzos de 1992, redujo el plazo inicial para la liberación del comercio siderúrgico con Venezuela, de 5 años pactados en el Acuerdo de Galápagos, a 15 meses que vencieron el 1° de abril de 1993.
En 1994 entraron al país 287 mil toneladas de productos de acero provenientes de Venezuela. Brasil, Trinidad y Europa del Este. Además ingresaron 163.000 toneladas de aceros semiterminados de Venezuela. Rusia y Bulgaria, que representaron un incremento de 58% con relación al año anterior. En ningún caso se puso control a la subfacturación, el dumping y el contrabando.
Pero la apertura no es solamente la liberación de los mercados. Sobre el sector siderúrgico ha caído el peso asfixiante de las medidas del Banco de la República. La revaluación del peso ha favorecido a los aceros importados, y las tasas de interés tienen la suerte de Paz del Río en manos de sus acreedores externos e internos a quienes adeuda $55.800 millones. Los altos intereses también inciden negativamente sobre la demanda de vivienda. La industria de la construcción, el principal consumidor de acero en el país, se encuentra atravesando la más profunda recesión sin que se vislumbre que se pueda recuperar en poco tiempo.
Las andanzas del Sindicato Antioqueño
El «sindicato silencioso», como calificó al conglomerado antioqueño una publicación, ha utilizado calculadamente los males de Acerías para obtener favores del gobierno y para asaltar a los trabajadores, a sabiendas de que su objetivo final es el cierre de la factoría a la que no considera un negocio atractivo. Así lo demuestran los hechos de los últimos años.
Durante las décadas de los setenta y ochenta se produjo una importante transformación tecnológica en la siderurgia mundial, imponiéndose la metalurgia en cuchara y la colada continua. A pesar de que todos los estudios contratados por la gerencia de la Compañía plantean la introducción de las mencionadas innovaciones, en la práctica nunca se invirtió en ellas, pues los recursos v el crédito se desviaron hacia el montaje de la planta de cemento. Para el «sindicato silencioso» significó la oportunidad de ampliar su actividad cementera, en la que han sido amos en Colombia. En 1994 se separaron los negocios, se constituyó Cementos Paz del Río S.A. v Acerías vendió la mitad de sus acciones de la Nueva York para pagar acreencias por cerca de $40.000 millones. El Sindicato Antioqueño compró buena parte del paquete asegurando el control sobre el capital accionario de la cementera. Acerías, para ellos, había cumplido su papel.
La naturaleza de este grupo económico queda retratada en un elogioso artículo publicado en The Wall Street Journal Americas del pasado 16 de enero, titulado «El Sindicato Antioqueño tiene la llave de Colombia». En él se afirma que «15 compañías internacionales han formado empresas conjuntas con el Sindicato. Entre ellas H.J. Heinz Co y Kimberly-Clark Corp.» Controla Cadenalco (Ley, Superley, La Candelaria, etc.), pero no tiene inconveniente en aliarse con la multinacional Makro participando con 49% en sus supermercados. Desde 1993 hizo inversiones en el exterior por más de US$150 millones y espera invertir US$500 en los próximos cuatro años, para lo cual «busca fórmulas que le permitan conseguir cantidades importantes de capital para formar nuevas empresas conjuntas». El diario de los linces norteamericanos de las finanzas lo pinta como verdadero paradigma en medio de la nueva ola de la internacionalización. Con razón, El Convertidor, una altiva publicación de los trabajadores de Acerías, señala refiriéndose a la apertura: «Grupos monopólicos como el Sindicato Antioqueño optan por actuar dentro de ella, así esto signifique feriar a los intereses extranjeros y a un bajo costo nuestros recursos, nuestra fuerza laboral y nuestras posibilidades de desarrollo independiente».
El papel del Estado
La apertura no solo ha puesto al desnudo la naturaleza de la gran burguesía colombiana, sino que puso a la orden del día la discusión acerca del papel que debe jugar el Estado en la construcción del desarrollo nacional. Néstor Fernández de Soto dijo para Cambio 16 de abril 14-21 de los comentes, refiriéndose a la actual crisis: «Esta empresa nació muerta. (…) hay que darle una muerte digna y ordenada». En varias oportunidades y en el informe de 1996 habló de que la administración se encuentra concentrada en la división de la empresa en cuatro «unidades estratégicas de negocio»: la planta de oxígeno, la actividad de minería y coquetería, la laminación, y la planta generadora de energía eléctrica. Y en una entrevista concedida a Portafolio del 28 del mismo mes planteó: “El Estado siempre le ha fallado a la empresa”.
Sobre lo anterior, lo que la clase obrera entiende es que la principal falla del Estado fue haber privatizado la factoría, entregándola en manos de una burguesía a la que sólo le interesa la rentabilidad, importándole un higo la suerte del país. Para el representante del grupo antioqueño, Acerías fue una equivocación histórica, cuando el verdadero error ha sido no empeñar mayores esfuerzos y recursos del Estado y los empresarios en construir una fuerte industria pesada que se convierta en base firme de nuestro progreso. Lo que esta burguesía rentista sin sentido patriótico llama «estratégico», no es lo que resulta vital para el avance nacional y garantiza su independencia, sino lo que produzca rentabilidad inmediata. Según este concepto deberíamos resignarnos al papel de exportadores de materias primas y aceptar que los monopolios imperialistas decidan que podemos o no producir. Aquí vale la pena repetir las acertadas palabras de Francisco Mosquera: «Si nos guiáramos por los índices de eficiencia, o de rentabilidad, habríamos de deponer los derechos a un desarrollo autónomo en aquellos renglones como la siderurgia, los hidrocarburos, o los mismos textiles, en virtud de las ineptitudes heredadas y de los impedimentos naturales. Con el tiempo renunciaríamos por completo a la construcción material (…) Pero cualquier nación, primordialmente en crecimiento, ha de canalizar parte considerable de sus fondos hacia las funciones básicas, aunque no renten, pues las áreas que aquellas cubren, o los elementos que proporcionan, resultan sobremanera necesarios para el conjunto de la producción. De ahí que el Estado haya de ocuparse, cada vez con mayor ascendencia, de frentes, de erogaciones, o de servicios que ya no son gananciosos para los particulares.» (Salvemos la producción nacional. Mayo 8 de 1991).
A los neoliberales que degradan al hombre reduciendo su misión a una mezquina elevación de la rentabilidad, el proletariado debe recordarles la inmortal hazaña del pueblo ruso después de la revolución de 1917, que en su Primer Plan Quinquenal entre 1928 y 1932, y en medio del cerco de las potencias capitalistas, pasó de ser un país atrasado a ocupar sitio de primer orden entre las naciones industrializadas del planeta. Como lo dijo Stalin en aquellos años, Rusia pasó de no tener industrias básicas como la siderurgia, la química, la petrolífera, la metalúrgica y la hullera, a tenerlas; de no tener una industria de maquinaria agrícola, de automóviles, de aeronáutica, de máquinas herramientas, a tenerla; de ocupar el último puesto en la producción de energía eléctrica, a ocupar uno de los primeros. Todo lo anterior se hizo en escala y proporciones monumentales. Tal proeza se explica por la dirección marxista del Estado y por el entusiasmo que despertó entre los obreros la posibilidad de construir un mundo nuevo, sin explotados ni explotadores. Frente a este hecho palidecían entonces los mayores logros de las economías europeas, y suenan ridículos los llamados «milagros económicos» que nos pinta hoy la doctrina de moda.
Quieren golpear y estafar a los obreros
La siderúrgica transformó a miles de campesinos en proletarios que aprendieron a dominar las técnicas modernas de explotación minera, y cientos de complejas operaciones, como las que se realizan en los hornos, en la operación de las grúas que transportan los pesados equipos y materiales, en los trenes de laminado, o en los talleres, entre otras. Hoy existen dos o tres generaciones de hombres, en su mayor parte, pero también mujeres, que entregaron sus energías a la industria del acero. Paz del Río cuenta con cerca de cinco mil pensionados.
Desde que comenzaron las dificultades de la empresa, la dirección se ha empeñado en demostrar que éstas tienen su origen en la «excesiva carga laboral» y que, para salvarla, los trabajadores deben hacer los consiguientes sacrificios. El eco que algunos dirigentes sindicales hacen a tales posiciones resulta sumamente perjudicial para los obreros. La labor esclarecedora ha corrido por cuenta del MOIR y otros sectores minoritarios que ven la defensa de Paz del Río como un elevado interés patriótico, pero que no están dispuestos a aceptar que, so pretexto de la crisis, se estafe y se flagele a los asalariados.
En sus épocas de crecimiento, Acerías llegó a tener 8.000 trabajadores, pero el número se ha venido reduciendo desde cuando se produjo la primera crisis de 1979 – 1982, hasta llegar en la actualidad a 2.700. Su merma ha corrido paralela con el aumento de la explotación del trabajo y la pérdida de las garantías laborales. A finales de los años ochenta la empresa había conseguido reducir la planta de personal a 5.000 no reemplazando a quienes se retiraban por jubilación o por cualquier otra causa. En 1992 había mil empleados menos. En 1993 se cierra la sección de trefilería que contaba con 320 operarios, y en la que se procesaban alambres brillantes, y el de púas que abastecía los agropuntos de la Caja Agraria. En los últimos meses, se cerraron los frentes mineros de La Chapa, Samacá y el de caliza, ofreciéndoseles a parte de los mil cesantes una supuesta «readaptación laboral», consistente en inducirlos a invertir los ahorros de sus prestaciones en «microempresas» mineras qué hoy los han llevado a la ruina, pues la compra de su producto por la Compañía se hace a precios miserables. En situación similar está colocada el resto de la pequeña minería del departamento.
Con base en estudios contratados con firmas extranjeras como la Voest-Alpine y la London Consulting Group, se pusieron en práctica planes de reestructuración administrativa cuya única ciencia consiste en ‘bajar los costos laborales», «aumentar la productividad» y «fragmentar las operaciones». Simultáneamente con la disminución del personal se fueron imponiendo los llamados Comités de Participación y Calidad, Copacs, y planes administrativos tendientes a intensificar la explotación del trabajo. El método consiste en realizar reuniones en las que mediante halagos, pues se parte de reconocer en los trabajadores su calidad de «accionistas», se pone a éstos a identificar los problemas que enfrenta la producción, para llegar a que «voluntariamente» algunos de ellos se comprometan a solucionar el problema. Eso sí, las operaciones deben realizarse por fuera de la jornada laboral, sin ningún recargo para la Compañía. En tales reuniones, el personal administrativo se encarga de presentar cifras exactas de los índices de productividad y de establecer metas para alcanzar mayores volúmenes de producción en menos tiempo, comprometiendo a los trabajadores a lograrlas. A finales del año pasado se presentaron dos accidentes en los que cinco obreros murieron quemados. En los mítines que se realizaron como reacción a estos hechos, los trabajadores exigieron la salida de los funcionarios de la London, pues algunas de las víctimas habían sido sometidas a turnos prolongados. La «participación», con su sobrecarga laboral, es acompañada por un severo régimen disciplinario. Cada vez es mayor el número de renuncias de obreros que no resisten las presiones, viéndose obligados a acogerse a una «negociación» de su retiro en la que pierden parte de sus prestaciones.
La vinculación de nuevo personal se está haciendo por contrato. Se trata de jóvenes recién egresados del Sena, a quienes se prepara para desempeñar «operaciones múltiples», son lo que llaman «polifuncionales». Sus salarios apenas superan el mínimo. En los últimos años se han entregado a los contratistas frentes como la vigilancia y los servicios generales. En la actualidad las actividades que éstos cubren ocupan a cerca de 500 personas.
Los trabajadores han recibido golpe tras golpe. En 1994 se produjo la más prolongada de las tres huelgas que se han realizado en la historia de Paz del Río. Su duración fue de 63 días. Se buscaba impedir el paso a la recién promulgada Ley 100, en lo referente a las pensiones de jubilación. La desatinada orientación del conflicto por el entonces presidente de la CUT, Orlando Obregón, llevó a su culminación en un tribunal de arbitramento. Vino después la negociación del pliego a finales de 1995 y comienzos de 1996, en medio de la debilidad del sindicato. Además de perderse algunas conquistas de la convención, especialmente en salud, la nueva se pactó desventajosamente a tres años. Y el más reciente y fuerte golpe: el acuerdo concordatario de 1996.
La Superintendencia de Sociedades aprobó en mayo de 1995 la solicitud hecha por la Compañía de entrar en concordato preventivo. El 15 de mayo de 1996 se firmó el acuerdo concordatario en medio de la más violenta guerra sicológica para embaucar a los trabajadores. Con el argumento de que la salvación de Acerías dependía de ellos, se les dijo que debían pasarse al régimen de la Ley 50, renunciando a la retroactividad de las cesantías, y aportar 40% de éstas para capitalizar la empresa invirtiéndolas en bonos convertibles en acciones. ¡Y en una estafa sin precedentes, las mentadas acciones que les fueron vendidas a diez pesos, posteriormente pasaron a cotizarse a menos de dos pesos, con lo que se les despojó de más de ocho mil millones de pesos! Para legalizar el atraco, el Ministerio de Desarrollo no vaciló en dictar, con posterioridad y con carácter retroactivo, el Decreto 1425 de agosto de 1996.
Con apertura no hay salvación
Los hechos vienen aclarando lo que significan las palabras del presidente de la empresa cuando habla de darle a Acerías «una muerte digna y ordenada». El principal asunto que el Sindicato Antioqueño está tratando de resolver, es cómo birlarles a los trabajadores lo que queda de sus cesantías, y mediante una «conmutación pensional», traspasarle el pasivo laboral a los Seguros Sociales.
El compromiso que la empresa se hizo en el acuerdo concordatario, fue modernizar la factoría adoptando la metalurgia en cuchara y la colada continua. Para ello, el gobierno nacional, a través del IFI, se comprometió a hacer aportes de capital por 20 millones de dólares y una cantidad igual en créditos, de los cuales se desembolsaron $25.000 millones en 1996. Los proveedores capitalizaron deudas por $15.000 millones, y los municipios aceptaron resignadamente aplazar el cobro de lo que se les adeuda por pago de impuestos. Al final, en lugar de la anhelada reconversión, se vuelve a plantear que la única salida es liquidar Acerías y fragmentaria en las tales cuatro unidades de negocio. La empresa alega que no se cumplieron por parte del Estado los supuestos macroeconómicos. ¿Cuáles? La inflación superó la meta de 18%, el año terminó con el peso fuertemente revaluado, y el incumplimiento del gobierno al no tomar medidas para proteger el renglón siderúrgico, evitar la subfacturación de los aceros importados y frenar el contrabando.
Los hechos, y los recientes debates en el Congreso y en el foro del 8 de mayo en Sogamoso, demuestran curiosas coincidencias entre él Sindicato Antioqueño y el régimen de Samper. Ambos sostienen que en el terreno de la apertura no hay marcha atrás. Sus declaraciones sobre la defensa de nuestro mercado son mera retórica. Hablan de la necesidad de proteger a Acerías y al resto de la industria siderúrgica frente a las importaciones y el contrabando, pero no se toma ninguna medida concreta para lograrlo. Es lamentable ver cómo Fedemetal depuso la erguida posición de Méndez Munevar, para cambiarla por una página en Internet en la que mediante una «bolsa de subcontratación», ofrecen nuestra base industrial para hacer los mandados que ordenen las trasnacionales.
Las subvenciones que el gobierno desembolse, no van a salvar a Paz del Río mientras no se reverse la apertura. Serán más bien una dádiva al Sindicato Antioqueño. Lo mismo sucede con las medidas del Banco de la República, obsesivas en el afán de atraer los capitales extranjeros, así se derrumbe todo el aparato productivo nacional. Frente a ellas los reclamos del samperismo y del conglomerado no tocan su esencia. Lo único seguro son los compromisos con la política imperial de los Estados Unidos tendiente a crear un vasto mercado para sus grandes consorcios, desde Alaska hasta la Patagonia, y cuyo proceso vigilan al milímetro el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, prestos a impedir que las ovejas se salgan del redil.
La resistencia
Por eso a la clase obrera, a los campesinos, a los industriales que aún creen y aman la patria, y a todo el pueblo, nos corresponde empuñar las banderas del progreso de Colombia.
El movimiento que se ha iniciado en Boyacá, mirado con simpatía por todas las gentes progresistas del país, es la alternativa para salvar a la única acería integrada con la que contamos, de la que dependen 25 del producto interno y 55% del empleo manufacturero de ese departamento. No dejemos que regrese la rueda de la historia.
Las movilizaciones desarrolladas por los trabajadores y el pueblo de Boyacá, los múltiples foros, la preocupación que hay entre los alcaldes y autoridades de los municipios que se verían gravemente afectados con el cierre de la factoría, la reacción de los angustiados comerciantes frente a la medida, las expresiones de rechazo a la política de apertura por las siderúrgicas semintegradas y por la industria transformadora del hierro y del acero, la posición de algunos congresistas, todo, viene demostrando que es posible organizar la resistencia.
