Categoría: Tribuna Roja Nº 87, febrero 13 de 2002

El día normal de Jorge E. Robledo parece abarcar mucho más de 24 horas. No hay distinta manera de explicar que haya podido hacerle frente, y con firmeza, a desafíos tan disímiles como su dirigencia en el MOIR, su compromiso permanente con Salvación Agropecuaria y Unidad Cafetera, su quehacer académico, sus giras como conferencista, su actividad como ensayista, columnista de prensa y escritor, y, desde hace semanas, su señero papel como portaestandarte de las fuerzas patrióticas en la presente campaña electoral.

Robledo integra desde 1998 el Comité Ejecutivo Central del MOIR y es secretario del Regional de Caldas, secretario general de la Asociación por la Salvación Agropecuaria, coordinador de Unidad Cafetera y asesor de las Ligas de Usuarios de Servicios Públicos, columnista de La Patria, de Manizales, director de los periódicos El Usuario y Unión Cafetera y colaborador de El Nuevo Día. Tan activa y polifacética labor ha sido resumida con acento humorístico y un tanto irreverente por un añejo, que no viejo, militante de Caldas: «Jorge tiene más puestos que un bus de escalera».

Con no menos solvencia se mueve en otros campos. Fue ganador, recientemente, de la XVII Bienal de Arquitectura, en la categoría de Teoría, Historia y Crítica. En la Universidad Nacional, institución en la que enseña desde hace más de veinte años, ha sido condecorado con la Medalla al Mérito, con el título de Maestro Universitario y con la Orden Gerardo Molina, máxima distinción que otorga el Alma Mater. Ha escrito varios libros, entre ellos Apertura: ¿modernización o privatización?, El café en Colombia, un análisis independiente y www.neoliberalismo.com. Balance y perspectivas, quizá el texto más importante escrito para denunciar las barbaridades de la recolonización gringa sobre Colombia y América Latina.

A sus 52 años de edad, Robledo sigue en el frente de combate con el mismo entusiasmo de su primera juventud, ahora como candidato al Senado por la coalición Unidad Cívica y Agraria-MOIR, dispuesto a liderar una gran campaña por la Resistencia Civil contra el imperialismo gringo y en defensa de la soberanía, el trabajo y la producción.

Tribuna Roja. ¿Jorge Enrique, cuándo empezó a militar en el MOIR?

Jorge E. Robledo. Durante el movimiento estudiantil de 1971. La verdad, los de la extrema intentaron ganarme. Pero reflexioné mejor y me salvé. Fue una época de intensa búsqueda personal. Buena parte del tiempo me la pasaba preguntándome qué iba a hacer con mi vida. Al final de ese año entendí que el camino no era tratar de enriquecerme sino servirle a la gente, mediante la política. En diciembre me vinculé a la Juventud Patriótica, JUPA, la organización juvenil del MOIR, porque vi que tenían la razón. En ello también contó que la JUPA había dirigido ese movimiento estudiantil, el más claro y grande de la historia de Colombia.

¿Qué lo llevó a militar políticamente?

Fue un proceso ascendente. El movimiento estudiantil me despertó. Empecé a leer textos de de historia de Colombia, de economía, se conversaba mucho sobre la situación del país y del mundo, y cayeron en mis manos los primeros libros de marxismo. Un proceso muy similar al de millares de jóvenes en esos años.

¿Cuándo arribó a Caldas?

En 1975. El MOIR me destinó a Caldas, fui uno de los primeros descalzos.

¿Cómo era la Manizales que encontró; tuvo problemas para conseguir trabajo?

Era una ciudad, digamos, bastante cerrada. Pero en general no tuve dificultades. No solo en lo del empleo, en otros aspectos también. Debo expresar mi gratitud a Manizales, donde han sido muy amables conmigo. Recién llegado me contrataron para el Departamento de Arquitectura de la Universidad Nacional, y ahí estoy todavía.

Hablar de Caldas es hablar del café. ¿Por qué empezaron ustedes concentrando el trabajo en el proletariado andariego de los recolectores?

Por nuestra misma naturaleza política. Además, no hay que olvidar que en 1975 fue la gran bonanza cafetera. Bonanza relativa, pues el gobierno de López tomó una serie de medidas sumamente dañinas para los productores. Entre ellas, la expedición de los Títulos de Ahorro Cafetero, TAC, en realidad un negocio para los especuladores financieros. Hicimos esfuerzos para que los caficultores se opusieran a semejante atropello, pero como los precios internos del café eran buenos, pocos se interesaron. A nuestras denuncias, los productores respondían: «No importa que se roben la mitad de la plata. Con la otra mitad nos defendemos». Continuábamos mientras tanto organizando a los asalariados agrícolas. Justamente, fue a raíz de una huelga en Chinchiná, en los días del Estatuto de Seguridad de Turbay, que a Óscar Gutiérrez lo condenaron en un consejo de guerra a purgar un año de prisión. Claro que después dijeron que «lo sentían, que había sido solo una contravención de policía». También respaldamos luchas campesinas por la tierra, por ejemplo la de la Hacienda Cuba. Pero entre los cafeteros no pudimos penetrar.

¿Cuándo lograron esa meta?

Apenas en 1984, cuando llegó la roya y se desató una cierta ola de pánico entre los productores.

¿Y cómo nació la Unión Cafetera?

En diciembre de 1984 convocamos en Bonafont, Riosucio, un Encuentro de Líderes Campesinos del Viejo Caldas contra la Roya, al que asistieron 152 dirigentes. Y en ese evento decidimos constituir la Unión Cafetera Colombiana, cuyo congreso de fundación se celebró en Manizales el 25 de junio de 1985, en el teatro de la Universidad de Caldas.

¿Cuáles fueron los puntos programáticos?

El principal, exigirle al gobierno que pagara los costos del control de la roya, demanda que se ganó en parte. También se proclamó la defensa del precio, la necesidad de créditos baratos y de asistencia técnica y, entre ellos, algo que tuvimos claro desde el comienzo: la salvaguardia de las instituciones cafeteras. No hemos dejado de repetir que el precio de sustentación, las exportaciones institucionales, Cenicafé, las cooperativas de caficultores, en fin, la institucionalidad que protege a los productores de la voracidad de las trasnacionales, hay que defenderla. Además, dejamos claro que no recurriríamos a ningún tipo de terror contra nadie para impulsar la organización.

¿En algún momento han tenido a Fedecafé como blanco principal del ataque?

No, jamás.

¿Por qué entonces la hostilidad de la Federación de Cafeteros con la Unión Cafetera?

Una reacción natural. Al constituirnos como organización independiente dejamos establecido nuestro desacuerdo con muchas de las posiciones de la cúpula de la Federación y que, por dentro de ella, era imposible consolidar un proyecto democrático. Nacimos censurándoles sus viejas fallas: la ostentación, el derroche, la antidemocracia interna del «yo te elijo para el que tú me elijas», el haber descargado sobre los cafeteros una serie de impuestos indirectos y, sobre todo, su sometimiento a lo que se le ocurriera al gobierno de turno, así fuera contrario a los intereses de sus agremiados. Hubo además otra razón para que actuaran con tanta hostilidad. Durante más de medio siglo, Fedecafé ejerció el monopolio sobre el pensamiento cafetero, y sus gurúes se habían tejido una aureola de intangibilidad y sabiduría. Que se les disputara el terreno, era un atrevimiento que resultaba inadmisible. Imagínense la extrañeza que habría entre la cúpula: ¡Que unos tipos de izquierda les disputaran los afectos no sólo del pequeño y el mediano cultivador, sino también del grande! Porque en la Unión Cafetera, primero, y después en la Unidad Cafetera, siempre hemos planteado la importancia de unir a todos alrededor de reivindicaciones comunes.

¿Encontró eco ese llamado?

Al Congreso constitutivo de la Unión Cafetera, además de 900 delegados de cuatro departamentos, asistieron como invitados dos influyentes líderes de los empresarios cafeteros: Fabio Trujillo Agudelo y el ex ministro Fernando Londoño y Londoño. Ambos, con ciertas prevenciones, apenas lógicas, si alcanzamos a recrear la escena. Ellos dos, grandes cafeteros, compartiendo con los mismos activistas que años atrás habían dirigido paros por elevar los salarios de los jornaleros. Luego, con Trujillo Agudelo, ex alcalde de Manizales, ex gobernador de Caldas, ex representante a la Cámara, y en ese entonces presidente de Aprocafé, hicimos un gran Foro en Pereira, y fue con él con quien fundamos la Unidad Cafetera, en 1992. La alianza con él se mantuvo hasta el momento de su muerte. Coincidimos en lo esencial, la defensa del interés de la nación y la defensa de los cultivadores, porque él era un patriota y un hombre de valor civil. Fue un aliado leal y dejó una huella imborrable entre los cafeteros colombianos.

Volvamos a Fedecafé. ¿Cuál es el balance de las relaciones con la cúpula de la Federación?

Permítame un antecedente. En 1927, la Federación nació como un gremio de productores y exportadores, con fuertes vínculos con el Estado. Luego, al retirarse los exportadores, quedó Fedecafé como una asociación de productores. Pero en 1935, durante su Séptimo Congreso, se dio un hecho crucial: el gobierno se tomó la Federación y el presidente López Pumarejo puso al frente a Alejandro López. La entidad cobró entonces un doble carácter: siguió siendo un aparato gremial, pero se transformó en una especie de Ministerio del Café. Pocos años después, durante la Segunda Guerra Mundial, los gringos crearon un acuerdo interamericano para mejorar los precios del grano que compraban ellos, no fuera que se les alborotara su «patio trasero» en medio del conflicto. Surgieron así las condiciones para fundar, en 1940, el Fondo Nacional del Café. El posterior Pacto Internacional de Cuotas, que se mantuvo en pie hasta 1989, con precios relativamente altos, robusteció tanto el Fondo Nacional del Café, que la Federación pasó a ser uno de los grupos financieros más poderosos del país, completando de esta manera su triple personalidad: aparato gremial, cuasi Ministerio del Café –con el presidente de la República como instancia final en las decisiones— y grupo financiero privado. Ha vivido presa de esa triple contradicción, pero es el de entidad paraestatal el rasgo que ha predominado. Vienen luego los intereses financieros y solo en último lugar se interesan por las reivindicaciones puramente gremiales.

Con la cúpula, entonces, coincidimos en que deben existir instituciones cafeteras, pero divergimos en la forma de concretar dicho propósito y en el destino que se da a los ahorros de los caficultores. ¿Por qué se aceptó que los gobiernos se embolsillaran sumas inmensas de los productores?

¿La Federación es la culpable de la dramática situación actual?

En Unidad Cafetera hemos insistido en que la responsabilidad principal la tienen el rompimiento de los acuerdos de cuotas que organizaban el mercado mundial del café, primero, y las medidas neoliberales de los tres últimos gobiernos. Pero a la cúpula de la Federación le cabe la culpa de haberse plegado en estos años a todas y cada una de las imposiciones oficiales.

En el decenio de la apertura económica, ¿cuáles han sido las políticas más lesivas para los cafeteros?

Para empezar, Gaviria les impuso la Ley 9ª de 1991, que los grava en más de cien mil millones de pesos cada año con destino a obras públicas –obligación que es del Estado—, justo cuando la crisis del café ya era evidente. Además, la revaluación del peso golpeó gravemente al Fondo Nacional del Café, arrebatándole unos cuatro mil millones de dólares, el valor de más de dos cosechas nacionales. Las políticas neoliberales también quebraron la Flota Mercante, Concasa y Bancafé.

Acaba de caer la cabeza de Jorge Cárdenas Gutiérrez.

Sí, y muy pocos lamentaron la salida de Cárdenas, porque fueron muchos sus errores. Pero hay gran preocupación sobre el futuro de las instituciones que protegen a los cafeteros, pues Pastrana nombró una comisión de reconocidos neoliberales que podrían proponer liquidarlas, un viejo anhelo que el FMI y sus agentes criollos no han logrado concretar. Debemos estar atentos; podría suceder que el nuevo gerente fuera un liquidador.

¿Cómo nació la Unidad Cafetera?

Si la Unión Cafetera surgió como respuesta a la presencia de la roya, la Unidad Cafetera fue la réplica al neoliberalismo y al rompimiento del Pacto Internacional de Cuotas, en 1989, ruptura propiciada por Estados Unidos para beneficiar a las grandes trasnacionales del grano, como parte de la globalización.

¿Cuándo se fundó?

Nosotros advertimos que sin el Pacto del Café vendría la peor crisis imaginable, pero la respuesta organizativa a esa situación se demoró un poco, porque los efectos no se sintieron de manera inmediata y porque en ese momento teníamos complicaciones de orden público. Nos acusaban en forma abierta y con malicia de ser guerrilleros y de estar secuestrando y extorsionando.

Pero por qué, si ustedes habían hecho explícita la condena al secuestro y el terrorismo, y particularmente cuando se creó Unión Cafetera.

No nos creían, pienso yo… o no les interesaba creernos. Al MOIR le tocó hablar con centenares de dirigentes del establecimiento nacional, incluido Jorge Cárdenas Gutiérrez, para aclarar las cosas y despejar la atmósfera, que era bastante turbia.

¿Cómo logran darle salida a Unidad Cafetera?

En 1991, cuando ya era palpable que lo que se venía era la crisis más feroz, fuimos invitados a un encuentro cafetero en Caicedonia, Valle, convocado por Cafeteros en Alerta. Allí también estuvo Fabio Trujillo. El siguiente encuentro se citó en Andes, Antioquia. Allí le propusimos a Trujillo Agudelo que, invocando su autoridad y prestigio, llamara a la unidad de las agremiaciones independientes. Su voz encontró eco y en enero de 1992 fundamos Unidad Cafetera Nacional, en Manizales.

¿Qué participación tuvo la Iglesia en el proceso de fundación y en las marchas y paros posteriores?

Al expandirse Unidad Cafetera, nos encontramos con el obispo de Líbano–Honda, monseñor José Luis Serna. Él acogió el proyecto con entusiasmo. Fue por su iniciativa, respaldada por la Conferencia Episcopal, que se levantó la bandera de condonar las deudas, meta que coronamos en primera instancia. Sirvió además de puente con los demás jerarcas de la Iglesia, con tan buen éxito que monseñor Serna y el obispo de Armenia intervinieron como oradores en la Marcha que se hizo a esa ciudad. Durante el Paro Nacional Cafetero de 1995, monseñor Serna dio declaraciones a La Patria que ese diario tituló: «Yo también estuve en el paro». Por esa misma época, monseñor Pimiento, arzobispo de Manizales, nos brindó su respaldo público, y no le tembló el pulso para sostenerlo, a pesar de los reclamos de la Federación.

¿Qué piensa del futuro de Salvación Agropecuaria?

Cuando el país empezó a ver que la apertura estaba llevando el agro a la más absoluta quiebra, nos dimos a la tarea de crear una nueva fuerza que recogiera los miles y miles de agricultores damnificados, además de los cafeteros. Citamos un primer Congreso Nacional Agropecuario, que tuvo lugar en Pereira en 1998. Y en eso estábamos cuando, de súbito, tocó a nuestras puertas un acontecimiento afortunado. A comienzos de 1999 recibí una llamada de Ángel María Caballero, empresario arrocero tolimense, líder independiente de su sector. Nos sentamos a hablar y me dijo: «Yo sé, Jorge Enrique, que aquí tratan de acabar también con el arroz. Pero no me voy a quedar adormecido, como hace treinta años los cultivadores de trigo, que hoy se resignan entre ruinas a recordar nostálgicos que en Colombia había trigo. No seré yo de los que digan quejumbrosos el día de mañana que en Colombia había maíz, había papa, había café y había arroz. Yo le propongo que demos unidos la batalla». Le acepté de inmediato. Esa es la génesis de Salvación Agropecuaria. Empezó con seis agremiaciones: Arroceros del Saldaña, Unidad Cafetera Nacional, Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta –Agameta—, Federación de Distritos de Riego, Federriego, Asociación Agropecuaria del Huila y la Asociación de Pequeños y Medianos Cultivadores del Cauca, Agropemca. En marzo de 2000 se constituyó en Moniquirá la Unidad Panelera Nacional y está en ciernes una agremiación nacional de cultivadores de papa.

¿Qué balance hace usted del Paro Nacional Agropecuario de julio y agosto de 2001?

Es de las movilizaciones agrarias más importantes en la historia de Colombia. 29 bloqueos de carreteras del país con gentes de 250 municipios y 16 departamentos pusieron a Pastrana contra la pared, en medio de una solidaridad nacional nunca vista. Salieron a la lucha productores de café, panela, arroz, papa, algodón, maíz, leche, carne. Antes en el país se habían dado luchas agrarias por la tierra, pero ninguna, o casi ninguna, por reivindicaciones como el cese de las importaciones de alimentos, precios remunerativos para las cosechas, créditos baratos, condonación de las deudas, asistencia técnica, control de los costos de los insumos, extensión y mantenimiento de los distritos de riego, investigación científica. La primera organización cuyo Programa de Siete Puntos resume las exigencias esenciales de la producción nacional es Salvación Agropecuaria. Hubo otro logro de inmensa trascendencia: quedó en claro que sí es posible unir a campesinos, indígenas, jornaleros y empresarios. El respaldo a esta lucha fue tan grande, que diez de los mayores cafeteros de Caldas pagaron un aviso de respaldo en La Patria. También se hizo evidente que Salvación Agropecuaria es un gremio de alcance nacional, dotado de una dirección única, con voluntad de lucha y con prestigio. Ahora bien, el otro aspecto, el negativo, reside en que la pelea no fue lo suficientemente poderosa para obligar a Pastrana a negociar. Pero es cuestión de tiempo. Si tenemos en cuenta que en el campo hay trece millones de colombianos, a Salvación Agropecuaria le falta aún bastante por cosechar.

¿Qué diferencia ve entre la pasada campaña electoral, en la que fue candidato al Senado, y esta de ahora?

En 1998, luego de sacar 53 mil votos para la Gobernación de Caldas, la decisión de hacer campaña con mi nombre la tomamos a finales de enero, es decir, faltando apenas un mes largo para las votaciones, y se trabajó sólo en Risaralda y Caldas. La de ahora es nacional y la hemos iniciado con la debida antelación. En estos cuatro años, además, es mucho el kilometraje recorrido, tanto en el sector agropecuario como entre los trabajadores y en los usuarios de servicios públicos. Contribuyen también algunos logros académicos con los que he sido honrado y mis nuevas publicaciones.

Además, las gentes del campo son más conscientes de su propia fuerza y de que en su larga lucha necesitan de un auténtico vocero suyo en el parlamento, más cuando el próximo Congreso será presionado para aprobar el ingreso de Colombia al ALCA, pacto aperturista que de aplicarse acabará, totalmente, con la producción de arroz, papa, azúcar, leche, pollos y huevos.

¿Qué se propone hacer desde el Senado?

Lo mismo que he hecho durante 30 años. Voy a hablar claro, a defender mis banderas de lucha, a señalar con el dedo acusador a los culpables de la crisis y a llamar desde allí contra cada una de las políticas y las imposiciones del FMI, así como a defender la soberanía nacional. Si el día de mañana, los campesinos, o los maestros, o los trabajadores, o los empresarios, se tienen que parar otra vez en las carreteras, o en las plazas, o en las puertas de las colegios, o en las porterías de las fábricas, a defender el progreso del país, ese día habrá un senador con ellos. Voy a poner mi investidura al servicio de la Resistencia Civil de los colombianos.

Ante la valerosa resistencia de los trabajadores de Emcali y del pueblo de la capital del Valle, los testaferros del gobierno de Pastrana han decidido terminar la intervención de la empresa por la Superintendencia de Servicios Públicos y entregársela a la Administración Municipal, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones:

a) «Reestructuración de las acreencias con los generadores (Acolgen)». Un monto aproximado de $110 mil millones. b) «Reestructuración de las acreencias con la Banca nacional o internacional, si fuere el caso». $400 mil millones. c) «Estructuración de alternativas viables de pago de las deudas del municipio con Emcali». (Subsidios y consumos de entidades municipales). d) «Reestructuración administrativa y operativa de la empresa». e) «Revisión y firma de una nueva convención colectiva de trabajo ajustada a la nueva realidad financiera de la empresa, antes de su vencimiento el 30 de junio de 2002».

El gobierno nacional le ofrece su acompañamiento a la Alcaldía en: a) «Reestructuración del PPA». b) «Reestructuración del crédito JBIC (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR), así como del servicio de la deuda». c) «Búsqueda de todas las alternativas posibles que permitan encontrar la solución óptima para garantizar la continuidad, operación y funcionamiento de la PTAR procurando minimizar el impacto en las finanzas de Emcali». d) «Depuración y ajuste del pasivo pensional».

Este acuerdo se hace después de 22 meses de estar intervenida la empresa, con la justificación de que era «para garantizar la prestación de los servicios amenazada por la inestabilidad financiera y su déficit multimillonario». En ese periodo privatizaron los teléfonos públicos e incrementaron los contratos externos y la nómina paralela. La intervención es un mecanismo favorable para los bancos, porque los intereses de la deuda dejada de pagar se capitalizan extendiendo el negocio financiero, tanto en el tiempo como en las tasas; es la «reestructuración de acreencias» de que habla el acuerdo. Los gremios de la región le piden al gobierno nacional «convertir Emcali en una empresa normal», lo cual solo significa dejarla en el libre juego, una vez saneada de los US147 millones del préstamo de 1986 (JBIC) en la PTAR, que a precios de hoy son más de US250 millones; y después de perfeccionar la lesión enorme del PPA de Termoemcali, que le cuesta a Emcali y a los caleños más de $100 mil millones anuales durante veinte años. Y como la exigencia es de «solución integral», ellos y el gran conciliador, el ministro de Trabajo, reclaman que los trabajadores cedan su régimen contractual y las conquistas convencionales, lo que no es más que cargarles las pérdidas causadas por los contratos leoninos y el endeudamiento legitimado por la privatizadora Ley 142.

El mencionado acuerdo llega después de la dura lucha de 1999, cuando, igual que ahora, se dio la toma por los trabajadores de la Torre Administrativa y de las plantas de energía y teléfonos, y se logrò el apoyo del Movimiento Prodefensa de Cali y otras organizaciones y personalidades patrióticas. Y se impidió que el alcalde Ricardo Cobo entregara la empresa, bajo contratación ilegal, a la Banca de Inversión Siglo XXI. Luego vino la intervención ordenada por Pastrana, ejecutada por el tristemente célebre señor Ramírez, ex superintendente, hoy en prisión. Después de estas tropelías se llegó al acuerdo mencionado.

Es indudable que Emcali no ha sido privatizada por la resistencia de la ciudadanía y de los trabajadores. Pero, además, como lo denuncia El Usuario, vocero de la Ligas de Usuarios de Servicios Públicos que dirige Jorge Robledo, «las privatizaciones están aplazadas… pues los inversionistas interesados en la capitalización de la empresas públicas buscan que el pastranismo modifique el régimen tarifario («La tarifa actual no da ningún margen posible para inversiones de calidad», en palabras de uno de sus representantes) y se elimine la norma que prohíbe que una empresa pueda poseer más de 25% del mercado; …saben que poseen la capacidad para extorsionar el Estado, puesto que las privatizaciones de las diferentes empresas públicas tienen que hacerse según lo establecido en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en consonancia con el espinazo flexible de quienes gobiernan a Colombia… y les toca resolver antes los famosos PPA, pues no hay capital privado que acepte pagar –como sí se lo impusieron los neoliberales a las empresas estatales– por una energía que ni se produce ni se consume».

De ahí se desprende que para la devolución de la empresa el alcalde de Cali debe garantizar, antes todas las reestructuraciones dichas, tasas que garanticen mayor rentabilidad que una empresa privatizada, es decir, tarifas cada vez más altas, trabajo sucio que terminará por enfrentar los usuarios con la empresa (pública), sin que el inversionista ponga la cara. Es la nueva modalidad. Con el agravante de que los subsidios serán a cargo del municipio y no de la nación. Las asechanzas al patrimonio de los caleños sigue su curso; sólo ha cambiado la forma de presentación, para favorecer las aspiraciones de los inversionistas privados.

El camino que queda es trabajar por una amplia organización popular, dispuesta a la movilización contra las altas tarifas, el recorte de los derechos laborales y el manejo de las pensiones con el patrimonio público como garante, y adelantar una firme resistencia que se oponga a la voracidad del capital financiero.

Por primera vez, luego de varios años de desmantelar los hospitales públicos de Bogotá, mediante las llamadas políticas de fusión o reestructuración, los trabajadores del Hospital La Victoria decretaron un paro indefinido con el propósito de derrotar esta medida. La consecuente posición de los sindicatos que se han puesto al frente de la batalla, ha recibido el respaldo enérgico de los pobladores de la enorme zona capitalina que se verá afectada, y ya se habla de efectuar un paro cívico de la localidad.

A pesar de la huelga, Mockus mantiene su intransigencia y provocadoramente le aseveró a la comisión negociadora, integrada por sindicatos y usuarios, que no echaría atrás las medidas, pues su decisión es profundizar la política, y que a la mayor brevedad cerraría servicios y despediría centenares de trabajadores en varios hospitales, entre ellos el Simón Bolívar, uno de los más importantes de la capital. A la intransigencia los trabajadores han respondido intensificando la lucha y llamando a sus compañeros de los otros centros hospitalarios a sumarse a ella. Los siguientes son apartes de una declaración emitida por Sinas, Sindess, Sindistritales, Sintravictoria y la Asociación de Usuarios del hospital:

«El pasado 5 de febrero, la junta directiva del hospital La Victoria, de Bogotá, en contravía de los intereses de los habitantes de la zona cuarta y de los derechos de los trabajadores, aprobó el llamado plan de reestructuración que el gobierno venía tratando de imponer, pero que había chocado con la resistencia de los trabajadores y de la población de la zona.

«La junta acordó despedir inmediatamente a casi 150 trabajadores y cerrar las áreas de odontología y cirugía maxilo-facial, y reducir la atención en otras como urgencias, cirugía general, banco de sangre, terapias, entre otras, lo que se suma al cierre ya efectuado de las unidades de quemados y de cirugía plástica. Dentro de unos pocos meses, todas esas secciones también se cerrarán hasta dedicar el hospital solo a la atención de partos.

«La determinación del gobierno pondrá a todos los habitantes de la localidad a vagar angustiosamente por Bogotá en busca de alguna entidad que buenamente les quiera prestar la atención que requieren. Y van a tener que hacerlo, cuando tras decenios de esfuerzos de la comunidad y de los trabajadores, La Victoria llegó a ser uno de los pocos centros hospitalarios de tercer nivel de la ciudad, y es hoy el principal recurso de atención médica para más de medio millón de personas. El hospital, a pesar de las políticas oficiales de recortarle año tras año el presupuesto y de los manejos dolosos de sucesivas administraciones, posee una irremplazable experiencia en el tratamiento de todo clase de enfermedades, incluidas las graves lesiones producidas por accidentes y por la propia violencia e inseguridad reinantes.

La pretensión de liquidar el Hospital La Victoria es otro horrendo crimen del Estado, cometido para obedecer las exigencias del FMI y del imperio gringo, sin que para ello les importe someter a la población a la más cruel penuria. Los dos amos instruyen a los títeres que nos gobiernan para utilizar el grueso de los impuestos en cancelar cumplidamente la enorme deuda externa del país, y en satisfacer el apetito voraz de los capitalistas financieros, quienes apropiándose los dineros que deberían ir directamente a hospitales y centros de salud acrecientan sus gigantescas fortunas privadas.

Al tiempo que el gobierno tomaba su nefasta decisión, y como única respuesta posible al atropello, los distintos sindicatos del Hospital La Victoria, con el apoyo de la asociación de usuarios, declaramos sin vacilaciones el paro indefinido, convencidos de que únicamente mediante la lucha y la más férrea unidad seremos capaces de defender la salud pública y los derechos de los trabajadores, y de derrotar esta nueva infamia de Pastrana y Mockus.»

En las instalaciones de la Sociedad San Vicente de Paúl en Barrancabermeja, se abrió la campaña en Santander, con el lanzamiento de la candidatura a la Cámara de Roberto Schmalbach, dirigente nacional de la USO, y la proclamación de la candidatura al Senado de Jorge Robledo, en un acto que contó con la asistencia de mil quinientos manifestantes.

En la reunión se hicieron presentes Alfonso Eljach Merlano, del Bloque Democrático Regional, antiguo aliado del MOIR, los dirigentes de la USO Rodolfo Gutiérrez, Germán Osma, Gerardo García, Danilo Sánchez; Antonino Galán, coordinador del debate en la ciudad, y un nutrido grupo de dirigentes de las subdirectivas de Casabe, Oleoducto y Única de Barranca; Alfredo Muñoz y Enrique Guarín, de la CUT; Aurora Acuña y Zenaida Niño de la Asociación de Mujeres, además de un importante número de dirigentes populares del puerto petrolero. También los dirigentes del MOIR Gildardo Jiménez, secretario regional, y Pedro Nel Camargo, coordinador departamental de la campaña.

Smalbach llamó a aprovechar la campaña para continuar luchando por la soberanía de Colombia, para ampliar las filas de la Resistencia Civil contra el imperialismo y sus cipayos y por la defensa del petróleo como un recurso estratégico para el desarrollo nacional. Convocó a respaldar con sus votos a Jorge Robledo, para obtener una tribuna más de combate en favor de los patriotas que luchan por una nación independiente y próspera.

Robledo, en vibrante intervención, destacó que iniciaba su campaña en la plaza roja de Barrancabermeja como símbolo del propósito de promover la rebeldía de los colombianos contra la intervención norteamericana, actitud de la cual los barramejos son ejemplo.

En Bucaramanga

El 26 de octubre se inauguró la sede de la Unidad Cívica y Agraria –MOIR en Bucaramanga, con la asistencia de doscientas cincuenta personas. En el mitín intervinieron Gildardo Jiménez y Alfredo Muñoz, a nombre de la CUT, destacando las condiciones de Schmalbach y llamando a desarrollar un trabajo tesonero para garantizar la elección de Robledo.

El 23 de noviembre, en el Club Cazadores Unidos, trescientos cincuenta bumangueses se dieron cita para aclamar a Robledo y Schmalbach como los candidatos de la resistencia civil. En un acto que contó con la asistencia del doctor Mario Olarte Peralta, dirigente de izquierda liberal y varios dirigentes sindicales y populares.

En el resto del departamento

La campaña ha contado con el respaldo económico generoso de los trabajadores y gentes progresistas. En Barrancabermeja se hicieron un bingo y un bazar con asistencia multitudinaria y con un importante aporte de la Juventud Patriótica, la Asociación de Mujeres, los temporales de Ecopetrol y los comités barriales. Sus resultados fueron exitosos.

Roberto Smalbach y Pedro Camargo han visitado el sur del departamento, escenario de las luchas de Unidad Panelera y Salvación Agropecuaria, haciendo reuniones con productores agrarios en San Gil, Oiba, Güepsa, Barbosa, Socorro y Vélez y conformando comités.

El 4 de febrero, la Unidad Cívica y Agraria–MOIR inscribió su lista a la Cámara por Santander, encabezada por Roberto Schmalbach, con segundo renglón de Ilba Sotomonte Rodríguez, dirigente de Unidad Panelera en Barbosa; y del médico Ovidio Beleño, dirigente conservador de Barranca, en tercer renglón. Con la participación de Elian Ríos, ex trabajador de Refinería y líder cívico-deportivo del puerto petrolero, en cuarto renglón, y de los dirigentes Ramiro Suárez y Rafael Reyes, y los camaradas Alfredo Muñoz y Enrique Guarín de la Central Única de Trabajadores-Santander.

La Ley 72 de 1989 suprimió el control de Telecom sobre servicios como informática, telemática y valor agregado, adscribiéndolo al Ministerio de Comunicaciones. Además, definió las telecomunicaciones como un servicio público y permitió su prestación por particulares a través del sistema de concesión, mediante contrato o licencias y el pago de derechos, tasas o tarifa.

A las puertas de cumplirse cuatro años de haberse impuesto contra la voluntad de los trabajadores la privatización, o mal llamada competencia, Telecom está a las puertas de su ruina e intervención definitivas. No se sabe cuál ha sido la más nefasta de todas estas normas. Si la Constitución de 1991 o la continua legislación del gobierno nacional a través del Congreso de la República y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, que han acondicionado la normatividad para quebrar la Empresa. Lo cierto es que la aplicación permanente de las Leyes 142 y 37 de 1993 facilita el control de este servicio fundamental por parte de las multinacionales.

Si lo anterior no fuera suficiente, el Congreso, en un nuevo acto de obediencia ante la política de recolonización del imperialismo gringo, aprobó el año pasado el Cuarto Protocolo y la Ley Marco de Telecomunicaciones, dentro de los parámetros que establecen los acuerdos en la Organización Mundial del Comercio, firmados por el gobierno de Samper en 1997. Ambas normas propician la llegada de inversión extranjera en el sector sin límite alguno. Los monopolios foráneos se tomarán en muy corto tiempo los servicios básicos de telecomunicaciones, al permitírseles la explotación del servicio portador nacional e internacional.

Los estragos privatizadores de los últimos cuatro años quedan a la vista con indicadores deficitarios en los rubros de ingresos de Telecom. Es tan inminente la bancarrota, que la empresa va a tener pérdidas en este y en los próximos cuatro años por encima del billón de pesos, lo que acelera su liquidación definitiva. Se suma a lo anterior el latrocinio abierto perpetrado contra Telecom, con aplicación de la Ley 37 de 1993, que permitió que las multinacionales puedan instalar y explotar abonados telefónicos por el sistema de concesión. En cumplimiento de esta norma, las diferentes administraciones de la empresa entre 1993 y 1998, fieles a su concepción antinacional y de desprecio del patrimonio público, firmaron quince contratos de asociación con gigantes mundiales de telecomunicaciones como Siemens, Alcatel, Ericson, Nec, Itochu y Nortel, para instalar alrededor de dos millones de líneas telefónicas y ampliar nuestra red de telefonía local. Es tanta la voracidad de dichas multinacionales, que no se satisfacen con los más de dos mil millones de dólares pagados por cargos de conexión y facturación, y continúan exigiendo el pago, por supuestos derechos de compensación, de entre 800 y 1.500 millones de dólares en los próximos tres años.

El gobierno nacional acaba de notificarle al país y especialmente a los trabajadores de Telecom, a través de un documento del Conpes titulado Lineamientos de política para Telecom, que le quitará a la empresa estatal el control de la telefonía local, para posteriormente entregárselo a las multinacionales; la hipotecará con un préstamo de la banca internacional por 600 millones de dólares; dejará sus activos en manos del capital financiero foráneo y les arrebatará derechos fundamentales a los trabajadores y pensionados como la estabilidad, las prestaciones extralegales y los comités obrero-patronales, que han impedido de alguna forma que se haya culminado el saqueo interno de sus recursos y la subasta total de la infraestructura tecnológica.

Nos corresponde a los trabajadores de Telecom reeditar la gesta patriótica de 1992, cuando decidimos utilizar el camino de la lucha como única herramienta para derrotar la pretensión del gobierno de Gaviria de vender la empresa. Señalémosle con nuestro ejemplo al movimiento sindical que esta es la única fórmula capaz de hacer retroceder la política imperialista.

Las diferentes fuerzas que estamos trabajando hombro a hombro en la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones, USTC, debemos hacer los esfuerzos necesarios para explicarles debidamente a los trabajadores las consecuencias del atentado que se avecina contra la nación y nuestros derechos. Hay que infundirles un estado de ánimo favorable a la movilización para detener la avalancha de medidas que, en su plan de globalización, ha desatado el imperialismo norteamericano contra los trabajadores y el país.

Descalifiquemos el camino de la concertación que han trazado recientemente el sindicato del Instituto del Seguro Social y otras organizaciones, que entregaron importantes derechos convencionales de los trabajadores.

No más pretextos: páguenle al magisterio de Caldas

Presionado por sus afanes electorales, en carta publicada en La Patria el 6 de enero, al senador Víctor Renán Barco le tocó salir a exculparse y a exculpar al gobernador de Caldas por su decisión de no pagar los 21 mil millones de pesos que el departamento les debe a los educadores por trabajo ya realizado. Según él, la culpa la tienen el ministro de Educación, quien se «negó de manera enfática» a ordenar el pago de los salarios, y una sentencia de la Corte Constitucional que Barco interpreta como opuesta a la cancelación de la deuda y que le dice a su gobernador que debe acatar con toda mansedumbre.

Poco le luce a Barco responsabilizar a la administración Pastrana de este golpe a los maestros, porque en su carta, y en los hechos, está claro que se coludió con ella para utilizar la retención de los salarios como un instrumento en contra de la lucha del magisterio; porque, y él tiene que saberlo, el ministro de Educación no puede ordenar ese pago, dado que el único ordenador del gasto en Caldas es su gobernador; y porque la sentencia de la Corte Constitucional lo que dice es que no puede pagarse el tiempo no laborado, y aquí sí se trabajó. Por lo demás, hay un hecho que los condena sin atenuantes: 27 gobernadores ya les pagaron a los maestros. Lo positivo de su alegato es que no insiste en el cuento de sus pupilos de que no pagaban por causa de las «palabras disonantes» de un directivo del sindicato de educadores. Y a propósito, ¿qué hicieron con la plata que deben en este pleito?

Con su conocido estilo, Barco también me echó su pulla para que el debate lo demos en «campos más propicios» –para sus contradictores, habrá que suponer. Pues bien, peor que no pagarles a los maestros lo que sin duda con responsabilidad ganaron, es que, con el respaldo de La Coalición que mangonea a Caldas desde hace 30 años, el gobierno arremetió contra la educación pública mediante el Acto Legislativo 012. Está comprobado hasta la saciedad que esa reforma constitucional sí era un proyecto privatizador, el cual, además, recortó el presupuesto de educación y salud en más de nueve billones de pesos. Y con la reforma de la Ley 60, también aprobada por ellos, se pavimentó el camino para aumentarles los costos de la educación en las escuelas y colegios a los padres de familia, deteriorar aún más la calidad de la enseñanza y golpear de manera sistemática los derechos laborales de los docentes. A lo anterior se le suma que su gobernador en Caldas aplicó el «convenio de desempeño» que le suscribió al gobierno nacional, pacto que desarrolla la idea neoliberal de que a los pobres se les debe asegurar una educación «apropiada» para ellos, es decir, bien pobre.

Estas posiciones no deben sorprender a nadie que esté al tanto de cómo se ha votado en el Congreso, porque con los votos de los senadores y representantes de La Coalición se aprobaron todas las exigencias del FMI de la última década. Por ejemplo, respaldaron la Ley 50 contra los derechos laborales, la Ley 100 que golpeó la salud y las pensiones al convertirlas en un vulgar negocio del capital financiero, la Ley 142 que impuso la privatización a menosprecio de las empresas de servicios públicos y disparó sus tarifas, la Ley 99 que les clavó el llamado impuesto por contaminación a los cafeteros y la Ley 617 que definió la masacre laboral en las Alcaldías y Gobernaciones. Además, Barco terminó convertido en el «senador estrella» porque casi todos los años ayuda a estrellar a los colombianos contra una nueva reforma tributaria.

El secreto de los clientelistas de Caldas reside en que, mediante sus procedimientos, se consiguen los votos necesarios para llegar al Congreso y, una vez allí, se someten a cualquier política que el FMI le fije al poder Ejecutivo, venias que les pagan con los puestos, auxilios y contratos que requieren para aceitar su maquinaria. Y las gentes ignoran cómo y quiénes deciden en Bogotá en su contra, con lo que sus desgracias no tienen responsable conocido en las regiones, en tanto sí conocen el nombre, la foto y el número del tarjetón de quienes en cada elección les hacen demagogia y les tiran un tamal y un carné del Sisben.

(De su columna «Contra la corriente, La Prensa, Manizales)

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Con el ALCA arrasarán lo que queda de producción

nacional

Lo ocurrido en el Cesar es un ejemplo patético del desastre de muchas regiones de Colombia y de la manera como ejecutaron sus políticas los neoliberales criollos. Si no es extraño allí oír de empresarios agrícolas tan arruinados que hoy se transportan en bus porque perdieron hasta sus camperos, hay que ver la miseria que sufren los que antes trabajaron como asalariados de aquéllos en municipios como Codazzi, otrora hervideros humanos en los que se reflejaba el movimiento económico generado por las más de cien mil hectáreas de algodón que alcanzaron a sembrarse en las tierras del vallenato. Cuántos sufrimientos hay detrás de los campos improductivos y de los tractores comidos por el óxido en las abandonadas fincas del Cesar.

Pero la forma como arruinaron a los algodoneros es, si se quiere, peor que su misma ruina. Los neoliberales no le explicaron a la nación el compromiso adquirido por ellos en la OMC de acabar con el cultivo del algodón en Colombia, para remplazarlo por el Cotton USA, del que tanta propaganda se hace en el país. Y además de que no tuvieron la honradez y el valor civil para hablar con franqueza, hicieron todo tipo de esfuerzos retóricos para convencer a los empresarios de que sí podrían competir, a lo que le agregaron descalificar con improperios a los pocos que advertimos lo que le sucedería a la producción nacional con la apertura a los productos extranjeros. En esa operación de crear falsas ilusiones también recibieron la ayuda de quienes se autocalifican como «especialistas en competitividad», lo cuales no vendieron fórmulas para salvarse de los efectos de la desprotección –porque no existían–, sino que cobraron duro por crearles la ilusión a sus víctimas de que sobrevivirían. Los algodoneros, creyéndoles a los que consideraban amistosas autoridades en el tema, siguieron, como antes, invirtiendo y endeudándose en nuevas siembras, hasta que terminaron por perder lo acumulado a lo largo de todas su vidas, con lo que a muchos de ellos no les quedó ni con qué volver a empezar.

Y ahora, luego de cumplir con lo pactado en el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional de incluir a Colombia en el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA –la última fase de la apertura neoliberal, que deberá llevar el país a aranceles de cero por ciento y desprotección total–, ya volvieron los mismos con las mismas. Por ahí anda la alta burocracia diciéndoles a los empresarios que deben prepararse para el aumento de la competencia externa, creándoles la ilusión de que podrán hacerlo con éxito, labor en la cual también esta vez actúan con la colaboración de quienes, en tono supuestamente científico, venden espejismos como si fueran posibilidades.

Que nadie se haga ilusiones, que si el ALCA se aplica en Colombia se completará la obra iniciada en 1990 de acabar con los sectores no monopolistas de la industria y con lo que aún sobrevive del agro, exceptuando, de pronto, a los cultivos tropicales, porque hasta éstos podrían terminar en una crisis sin retorno. Cómo será lo que viene que Luis Jorge Garay ha señalado que el ALCA «lo que va a hacer es una globalización más perversa y creciente en todos los campos».

En el trabajo que debe hacerse de oposición al ALCA, lo primero es alertar a los sobrevivientes, en el agro y en la industria, para que no actúen con la ingenuidad con la que actuaron los que fueron sus pares hasta los inicios de la década de 1990, entregándoles el monopolio del conocimiento sobre el tema a los mismos que les tendían la emboscada. Lo segundo es exigirle al gobierno que explique por qué y qué sectores o empresas tiene calculado quedarán al final y en qué orden se van a producir las quiebras, porque se sabe que la desprotección se realizará en un proceso creciente entre 2005 y 2015, y porque ya no hay duda de que la apertura de hace una década se organizó para quebrar en ese momento a unos y darles largas a otros. Y que los bien pagos dirigentes gremiales de la producción industrial y agropecuaria cumplan aunque sea con el mínimo papel de impedir que sus afiliados tomen decisiones sin la suficiente información.

Por David Rodríguez

La dolarización de América Latina hace parte de una estrategia orquestada por el gobierno de Estados Unidos, bajo el nombre de Ley para la Estabilidad Monetaria Internacional, conocida como IMSA por su sigla en inglés. Esta expone las supuestas ventajas de adoptar el dólar como moneda: estabilidad monetaria, reducción de la inflación y de las tasas de interés hasta los niveles de EU, mayor crecimiento económico que estimule el ahorro y la inversión, disciplina fiscal, contribución al fortalecimiento del sistema financiero.

La Reserva Federal, el Banco Central gringo busca manejar la moneda de los demás países para facilitar los movimientos especulativos del capital financiero. Con la dolarización plena, el dólar toma las funciones del dinero: unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. En consecuencia, desaparece la moneda nacional.

Uno de los objetivos principales de las autoridades monetarias en los países bajo la férula del FMI, se centraba a finales de los ochentas en los programas para reducir la inflación, evitar pérdidas a los especuladores financieros y garantizarles altas rentabilidades. Esta estrategia se consolidó en los años noventas. En el caso de Colombia, la inflación se llevó de tasas por encima de 22% a cifras de un dígito en la actualidad, pero constriñendo la demanda interna, es decir, reduciendo la producción de bienes y servicios para el mercado nacional y deprimiendo el salario de los trabajadores. Estos fenómenos, sumados, disminuyeron el consumo y por tanto los precios no suben, pues no hay quien compre lo que se produce. Ahí está la razón del éxito proclamado por el Banco de la República.

Al finalizar la década de los noventas, el centro de las discusiones se traslada hacia cómo disminuir la ocurrencia cada vez mayor de crisis cambiarias. Tales crisis generan los famosos paquetes de emergencia del FMI, con el fin de garantizar a los señores del capital cubrir sus pérdidas, a costa de la postración de las economías, víctimas de un mayor endeudamiento. En este panorama surge la dolarización para devolverles la confianza a los inversionistas extranjeros.

Esto pone a la economía de un país a depender del sector financiero internacional, pues requiere de la entrada de capitales, del endeudamiento y del superávit de la balanza comercial. La mayoría de los países de América Latina padecen de déficit comercial, por lo que quedarían subordinados a los dos primeros factores, estrictamente controlados por los agiotistas de Wall Street.

Ante un desequilibrio de la balanza de pagos, es decir, que lo que entra por exportaciones y flujos de capital sea menor que lo que sale por pago de importaciones e intereses de la deuda externa, no habrá más remedio que la cesación de pagos y una mayor restricción al consumo interno para impulsar las exportaciones, las cuales como no se puede devaluar se impone como única solución la rebaja directa de los costos de la mano de obra.

El caso ecuatoriano

Ecuador dolarizó su economía en enero de 2000. En el cuadro se observa la evolución económica en el cuatrienio 1998 – 2001, es evidente que las cifras para el último año son aparentemente positivas, al igual que lo eran para el caso de Argentina al inicio de la Ley de Convertibilidad, todo no es más que una historia conocida. Y es el famoso boom consumista, que se presenta por la masiva importación de bienes que entran a competir en condiciones favorables frente a los nacionales, además de la fuerte inyección de inversiones extranjeras aprovechando la estabilidad que ofrece el dólar.

Los datos que muestra el cuadro 1 para 2001 parecen rebatir los argumentos del presente artículo, pero no es así, veamos por qué:

En primer lugar, es necesario valerse de las mismas cifras que presentó el presidente Gustavo Noboa ante el Congreso a principios de este año, en la cual afirmaba que en el 2001 la inversión extranjera aumentó en 55%. Este valor representa 1.370 millones de dólares, recursos canalizados a través de los bancos extranjeros, 80% de los cuales se dirigieron hacia la inversión privada en petróleo (900 millones de dólares), la compra de electrificadoras y las telecomunicaciones. Aquí tenemos uno de los ingredientes de la dolarización y es la entrada de capitales. El crecimiento del PIB está explicado por las inversiones privadas en el sector petrolero y los servicios públicos.

Otra cifra que se muestra como exitosa es la disminución del desempleo, que bajó a 11%. Lo que no se dice es que esto obedeció a la fuerte emigración de fuerza de trabajo hacia Estados Unidos y principalmente a España. Para el 2001 los giros de los ecuatorianos desde el exterior hacia su país representaron 1.415 millones de dólares, es decir, el segundo renglón por entrada de divisas después del petróleo. Y por otro lado está la cifra del subempleo, que se acerca a 66%, es decir, la gente está empleada pero vendiendo cachivaches en las aceras.

En segundo lugar, las importaciones crecieron 46% entre 2000 y 2001. Aquí se configura el segundo ingrediente de la dolarización y es el déficit de la balanza comercial de 4.5% del PIB, con el agravante de que los bienes importados desplazan la producción nacional. Simplemente es vivir al debe. Y los ingresos por exportaciones son destinados en mayor medida al pago de los intereses de la deuda externa, como se aprecia en el cuadro.

En tercer lugar, en el caso del salario y la inflación pasa lo mismo que en Colombia. Allá el salario real empezó el 2001 en 105 dólares, al finalizar el año se ubicaba en 92 dólares, lo que significa aproximadamente 211 mil pesos colombianos. La pregunta es: ¿qué se puede pagar con esa ínfima cantidad de dinero? Si tenemos en cuenta que el déficit de la canasta familiar frente al ingreso de los hogares se incrementó en 12% al pasar de 67 a 75 dólares. Con el agravante de que diez millones de ecuatorianos de los doce de población total, viven en la pobreza absoluta, por tanto, el descenso de la inflación se da por ausencia de capacidad de compra de la población. Por último, viendo la cifra de crecimiento del salario real (11.7%), no se compensa en ninguna forma la caída de 21.9% en los tres años anteriores.

Es evidente que uno de los objetivos centrales que lleva tras de sí la dolarización es facilitar las condiciones para que Estados Unidos se apodere de los mercados internos de los países, especialmente los latinoamericanos. Al decir de los sabios del FMI, la dolarización facilita la instauración del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y de paso arrasar los mercados nacionales, subordinando procesos de integración como el Mercosur.

Esto en otras palabras significa que si, por ejemplo, tomamos el caso de Argentina, en los actuales momentos los socios comerciales son en su orden: 35% Estados Unidos; 30% Brasil; 20% Europa y 15% otros países, cifras que significan la lucha planteada entre la Unión Europea y Estados Unidos por el control del Mercosur. La dolarización golpea las demás economías desarrolladas representadas en monedas como el euro y el yen, ya que garantiza a los norteamericanos tener un control imperial sobre los aparatos productivos de exportación de los países latinoamericanos, al no permitir su diversificación hacia otros mercados distintos.

En el mundo se perfila la competencia por el dominio del mercado mundial de capitales y las políticas que lo rigen entre lo que hace la Reserva Federal gringa y el Banco Central Europeo. Por tanto, la dolarización es la punta de lanza de la política monetaria imperialista de Estados Unidos en los países latinoamericanos y su imposición les facilita a los organismos financieros internacionales la implantación de los enfoques unilaterales y homogéneos que promueven.

Con estas maniobras, se obliga a los países a suscribir cláusulas de condicionalidad para desembolsar el préstamo de los recursos, lo que afecta directamente el aparato productivo e institucional de un país. Así, lo que inicialmente es la pérdida de la soberanía monetaria, que lleva implícita la decisión de la dolarización total, se traduce finalmente en la pérdida de la soberanía política y el sometimiento aún mayor del país.

La dolarización trae como consecuencia un hecho muy grave y es el privilegio que se le otorga a la economía financiera sobre la economía real, al no sustentar el crecimiento de un país en su mercado interno, llevando al estrangulamiento de la agricultura, la industria y la población en general. Se persigue orientar las políticas fiscal y monetaria, a garantizar el pago efectivo de la deuda externa y a complementar la desregulación financiera neoliberal, otorgando posibilidades ilimitadas de participación extranjera, especialmente norteamericana, y eliminando los obstáculos que originan las monedas nacionales, que representan una de las posibilidades reales de ejercer la soberanía.

En economías dolarizadas cada vez más dependientes del flujo de divisas, con un aparato exportador postrado y con un déficit fiscal creciente, las divisas se van o simplemente no entran cuando se presenta una caída de las exportaciones. La cantidad de dinero en la economía disminuye, se incrementa el costo del crédito y se contrae la demanda interna, porque no hay posibilidad de inyectarle liquidez a la economía.

Ante la situación ruinosa de las finanzas públicas, el instrumento del gasto gubernamental se anula, ya que los recursos fiscales tienen que servir como garantes del sistema financiero, y los recursos para salud, educación, son desviados hacia la constitución de reservas para atender las afugias de la banca. La política fiscal, que supuestamente está en manos del Estado, queda así maniatada.

La arremetida globalizadora obliga a los pueblos a responder a la agresión y liderar la resistencia civil que salvaguarde la soberanía de sus naciones.

Por Alfonso Hernández y Alejandro Torres

A comienzos de diciembre, el dúo De la Rúa-Cavallo decidió despojar a millones de personas y a pequeñas y medianas empresas del grueso de sus salarios y ahorros depositados en los bancos. Para evitar el hundimiento de éstos, a los argentinos se les prohibió retirar más de mil pesos mensuales, encerrona a la que los bonaerenses llaman, con algo de humor, el corralito, que acabó de paralizar el comercio y la producción y de reducir al hambre a quienes tratan de sobrevivir con las ventas callejeras. Los cuentahabientes recibirán a plazos y en moneda cada día más desvalorizada lo que consignaron en dólares, y, por lo pronto, a quienes con el tronar de cacerolas exigen la devolución de lo que les pertenece, se les ofrecen, en calidad de abono, bolillazos y disparos en abundancia. Nadie puede llamarse a engaño: el respeto a la propiedad privada, que se proclama como la base de la sociedad moderna, sólo cobija a los más poderosos consorcios, la pequeña y mediana propiedad y los frutos del trabajo son confiscados a diario, ya por medio de tributos y tarifas abusivas, acudiendo a trapacerías financieras o, en últimas, mediante el hurto puro y simple, como en el caso que nos ocupa.

Duhalde ha mantenido el corralito, con ligeras modificaciones, y decretó el feriado bancario en abierto desafío a la furiosas protestas populares y a la sentencia adversa de la Corte Suprema de Justicia. Lo más indignante de todo: los altos funcionarios del gobierno gringo y del Fondo Monetario Internacional, verdaderos cerebros de la conspiración que hoy tiene postrada a Argentina, opinan sobre el tema como quien hace comentarios sobre un asesinato que acaba de ver en el cine. Entretanto, cocinan y dictan nuevos y más dañosos planes.

Las deudas se convertirán a pesos, con lo que se pretende salvar a un grupo de grandes empresas, que quedarían en bancarrota si tuvieran que asumir los costos de la devaluación; las entidades prestamistas tampoco perderán, pues el Erario aportará los dineros para pagarles la diferencia. Agréguese a lo anterior que los bancos y las firmas más poderosas sacaron con anticipación sus dólares del país, por lo que se encuentran a cubierto, al menos parcialmente, de la debacle monetaria.

Como se puede ver, la disciplina de mercado funciona de maravillas: los inversionistas endosan al Estado sus pérdidas, reales o fingidas. En eso no vale la cantaleta de la no intervención. Esta se refiere a las ganancias, que por fuerza son privadas y para beneficio exclusivo de los arriesgados financistas. Quienquiera que ose objetar esa lógica de logreros es tildado de partidario de un estatismo burocrático y corrupto y de matar la iniciativa individual y la libertad de empresa.

Con las perturbaciones mencionadas terminó la ley de convertibilidad que Cavallo y Menem pusieron en vigencia desde 1991, como parte esencial de las medidas de apertura económica. Consistía en una especie de dolarización, puesto que el Banco Central se obligaba a cambiar a la par pesos por dólares. Se ambientó como una garantía de que los precios, que crecían descontrolados durante los años ochenta, se estabilizarían y que el capital extranjero, ya sin temer la pérdida de valor de la moneda local, afluiría a financiar a bajo costo las actividades productivas.

Planificación o mercado libre

La década de los noventas fue particularmente propicia para esta clase de reformas. Apremiados por la necesidad de hacer rentables los caudales y exaltados por el hundimiento de la Unión Soviética, a la que les interesaba mostrar como si aún fuese la patria del socialismo, los ideólogos imperialistas declararon que la planificación estatal de la economía había fracasado; sólo quedaba retirar trabas a las operaciones mercantiles y financieras, dizque única e infalible fórmula para alcanzar el progreso y el bienestar. Se buscó darle, por enésima vez, apresurada sepultura al pensamiento de Carlos Marx. Incluso a Keynes se le acusó de obsoleto y perjudicial, siendo que, en los años treintas había prestado a los monopolios un servicio enorme cuando señaló que en la depresión, el poder público debe actuar resueltamente para impedir que el sistema capitalista colapse en medio del desempleo y la parálisis, ya que, en su concepto, las solas fuerzas del mercado no son capaces de lograr la reactivación. Mucho antes, Lenin había enseñado que una de las características de la era del imperialismo consiste en la fusión de los intereses del Estado con los de los grupos monopolistas. Desde comienzos del siglo XX está muy claro que dadas la magnitud, la complejidad y el entrelazamiento que han alcanzado las actividades económicas, el Estado desempeña necesariamente un papel fundamental. El alcance y la naturaleza de ese papel varían y dependen en alto grado de los intereses que estén al mando, pero, recalquémoslo, no puede haber Estado que sea mero árbitro.

Pero esta verdad, sencilla y clara, se quería ocultar difundiendo la mendaz teoría neoliberal y su farfolla de un laissez faire extemporáneo, con el único propósito de engullirse una creciente proporción de los frutos del esfuerzo de la humanidad.

Todos los gobiernos de Latinoamérica, por la buena y por la mala, se entregaron a adelantar las transformaciones concordantes con los dogmas en boga. En esa carrera de los obsecuentes, destacaron los gobernantes argentinos, acaudillados por Menem y Cavallo. Dejar actuar el mercado, atraer el capital foráneo, reducir los costos laborales y minimizar las regulaciones públicas eran y son las consignas que repiten y ejecutan con enajenada obstinación ministros y presidentes, doctísimos economistas, ejecutivos semianalfabetos y hasta dirigentes sindicales.

FMI, a cavallo sobre Argentina

Como los personajes de marras tenían prisa de subastar la patria de los gauchos, y los piratas de hacerse con el botín, la acometida fue brutal. Entre 1989 y 1997, se remataron a precios irrisorios, y en varios casos en calidad de pago de viejas deudas, 55 empresas estatales, patrimonio público amasado a lo largo de décadas. La medicina de la privatización se aplicó, pues, como estaba estipulada. Con ella creció el acumulado de inversión extranjera directa que pasó de 6.600 millones de dólares, en 1985, a 29 mil millones, en 1996. También los capitales golondrina (cruce de ave de rapiña y migratoria) anidaron en masa en el país austral: la convertibilidad les permitía tomar préstamos en los Estados Unidos a unas tasas cercanas al 8 % y colocarlos en Argentina a tasas entre 15% y 40%. Al no haber inflación ni depreciarse el peso, el negocio era de lo más lucrativo. Además podían retirar en cualquier momento sus utilidades. Grandes compañías foráneas compraron tierras agrícolas, bosques, yacimientos y supermercados. La pócima de atraer capitales foráneos se suministró tal como indicaba la receta, y el éxito fue notable.

La apertura comercial se adelantó con decisión. Argentina rebajó aranceles, incrementó su comercio con el NAFTA y la Unión Europea y forma parte del Mercosur, cuya puesta en marcha facilitó que las automotrices, principalmente norteamericanas, expandieran e hicieran más eficientes sus negocios, disfrutando de toda clase de exenciones e incentivos fiscales. También ha sido peón clave en el impulso del Área de Libre Comercio de América, ALCA. En materia de apertura comercial, el régimen argentino fue diligente.

Los voceros de los financistas no se cansan de repicar que la economía no puede ser conmpetitiva si no se reducen los salarios y las prestaciones sociales. Sostienen que para exportar más y superar el déficit de la cuenta corriente es necesario bajar los costos deprimiendo los salarios. En Argentina se burló la negociación por rama industrial y los salarios y prestaciones se establecieron empresa por empresa, con lo cual se debilitó la fuerza obrera. Lo mismo ocurrió con la prórroga automática de las convenciones colectivas, otra vieja conquista que se arrumaba. En 1997, más de 800 mil trabajadores quedaron sometidos a un sistema de contrato temporal carente de cualquier garantía. Se comenzó también a arrebatar a las organizaciones obreras el control sobre los sistemas de salud, para privatizarlos. Además, se han venido recortando los aportes patronales para seguridad social y los beneficios para los familiares de los afiliados. La agresión ha llegado hasta la rebaja directa de los salarios de los empleados estatales y el pago de una parte en bonos o patacones, como ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires. La actitud de la cúpula sindical de acceder al chantaje del gobierno ha creado un gran malestar en la masa obrera y divisiones en el seno de la CGT. Todas estas medidas, pauperizaron a los proletarios, pero el desempleo siguió aumentando y la competitividad del país no mejoró.

Con las privatizaciones y la mayor concentración de las automotrices y otras ramas industriales, tomaron fuerza los despidos en masa. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, adquirida por la española Iberdrola, redujo su planta de personal de 51 mil trabajadores a tan solo seis mil. Contra lo prometido, el empleo, en vez de aumentar, se redujo.

Como se puede ver, Argentina cumplió al pie de la letra las políticas que le estipuló el Fondo Monetario Internacional. Éste en su reunión anual de 1997 puso a Menem como ejemplo para los otros gobernantes latinoamericanos. ¿Qué resultó de tan puntual acatamiento?

Gauchos acorralados

La tragedia actual no deja lugar a dudas, pero bien merece la pena rememorar algunos de los episodios que condujeron a ella.

En los comienzos de la década pasada, el crédito, principalmente para consumo, se disparó y otro tanto ocurrió con las importaciones. Si bien la exportaciones crecieron hasta 1997, ya en 1993 el país soportaba un déficit de la balanza comercial bastante abultado, que se seguía enjugando mediante el ingreso de capitales.

La crisis arrancó en 1995, y sus detonantes fueron el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, que atraía de regreso a casa un considerable volumen de dineros, y el colapso de la economía mexicana, que sembraba temor de invertir en los llamados mercados emergentes. Los gobernantes para impedir una fuga masiva de capitales impusieron elevadas tasas de interés. El temor de la devaluación provocó que se cambiaran considerables cantidades de pesos por dólares, y ya en los primeros cinco meses de 1995, el sistema bancario perdió un quinto de sus depósitos. A la vez, el aumento de los réditos hizo incurrir en incumplimiento a numerosos deudores, con lo que proliferaron las quiebras. Como, por la ley de convertibilidad, el Banco Central no podía inyectar al mercado pesos que no tuvieran respaldo en dólares, cada retiro de capitales extranjeros sumía en la iliquidez a la economía. La convertibilidad, ideada para estabilizar los sistemas cambiario, monetario y crediticio, se hacía fuente de graves perturbaciones. Cavallo sostuvo, entonces, que la solución a la crisis de la banca consistía en concentrarla y entregarla a los extranjeros. El Citygroup, el FleetBoston, el Bilbao Vizcaya y el Santander se apoderaron de entidades claves. Más de diez bancos fueron cerrados y cerca de cuarenta se fusionaron. Se dijo que con esas reformas ahora sí se alcanzaría la solidez de sistema bancario y la irrigación de crédito abundante y barato. Pero ocurrió lo contrario: el ingreso de la banca extranjera redujo los recursos y encareció los costos financieros a las medianas y pequeñas empresas, pues solo les prestaron a las grandes. La bolsa de valores tampoco suministró mayores recursos, ya que sus negocios se concentraron en la especulación y las grandes compañías, entre ellas las privatizadas, se fueron a cotizar a la Bolsa de Nueva York.

Después de una aparente recuperación, debida al reingreso de los mismos con las mismas, el país austral entró, a partir de 1998, en el declive que lo arrastró a la dramática situación actual. La crisis asiática y la devaluación de la moneda brasilera reprodujeron de manera ampliada la fuga de capitales, la restricción y encarecimiento de los empréstitos, la quiebra masiva de los deudores hasta llegar a la parálisis total del sistema bancario y del aparato productivo. Baste señalar que antes del estallido de la crisis en Asia, Argentina pagaba 2% por encima de los intereses de los bonos del Tesoro norteamericano (spread) y después tuvo que pagar más de 14%. Como la nación, atosigada por la deuda, no pudo cumplir el recorte del déficit fiscal que se le había ordenado, el FMI le negó, a finales de 2001, uno de sus tristemente célebres préstamos condicionados. El desempleo en masa, el desmedro de la educación y la salud, la rebaja e incumplimiento en la cancelación de salarios, y tantos otros sacrificios que se cargaron sobre las gentes habían sido en vano. Los rapaces financistas seguían insatisfechos.

El peso, con un valor igual al del dólar, se convirtió en un enorme obstáculo para las exportaciones, en particular hacia Brasil, principal mercado para sus manufacturas y cuya moneda, el real, se devaluó en cerca de 40%, a comienzos de 1999.

Las ventas externas de granos y carnes, renglones bandera desde finales del siglo XIX, enfrentaron la caída de los precios en los mercados mundiales y el proteccionismo de las potencias, en particular de Estados Unidos. A pesar de que en cultivos como trigo, maíz, soya y oleaginosas, las estancias han aumentado su producción y su productividad en cerca del 70% en los últimos 20 años, la baja de los precios internacionales y la reducción del consumo interno hacen que las empresas exportadoras padezcan graves problemas para pagar su deuda de más de 9 mil millones de dólares. Cierto que la economía abierta de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX sometieron a Argentina a la coyunda del imperialismo y la limitaron a abastecer de productos primarios a las potencias, pero la pampa y casi todo el territorio fue surcado por vías férreas, verdadero sistema circulatorio que sentaba las bases para un desarrollo posterior del mercado interno. Se forjó una activa industria de alimentos, y una masa obrera de diversas procedencias fue poblando el Río de la Plata. El Buenos Aires cosmopolita que se edificó entonces, ahora se arruina. La economía abierta de finales del siglo XX sólo trajo abatimiento. Hoy, el grado de concentración del capital, el exceso de capacidad productiva y, en consecuencia, el predominio de la usura sobre industrias y cultivos, determinan que el liberalismo económico, más que vigorizar a las economías facilite que se las extorsione y asuele. Los avances de las multinacionales en vez de traer progreso a tierras incultas o industrias modernas a cambio de las artesanales se logran devastando las manufacturas autóctonas. Cada mejora de la eficiencia de un consorcio lanza al desempleo a miles de seres que ahora no encuentran ocupación en otras ramas. Adam Smith y sus sucesores no representan lo mismo que Milton Friedman y sus Chicago Boys.

El año pasado se hizo evidente que el país austral tendría que incumplir los pagos de su voluminosa deuda pública externa, que había crecido del 30% del PIB, en 1993, hasta cerca del 50%, en 2001, cuando alcanzó los 155 mil millones de dólares. En este terreno, las imposiciones del FMI para reducir el déficit fiscal, consistentes en recortar el gasto y subir las alcabalas, solo significaron sacrificios para la población y asfixia de la economía, pero el gobierno tuvo que declarar la cesación de pagos. Resalta el hecho que para el mismo mal se prescriben tratamientos opuestos. Ante un debilitamiento económico, a los países pobres les toca bajar el gasto y acrecer impuestos y réditos. A Estados Unidos le corresponde devolver tributos, bajar los intereses y aumentar el gasto.

Economía estrangulada

Las diversas medidas dictadas por los financistas para vitalizar las fuerzas del mercado, en vez de activarlas, las están estrangulando. Con una población exangüe, ni los vampiros de la usura escapan del desastre. Los hechos demuestran el fracaso del mercado. Se impone la planificación estatal para que la economía progrese y garantice el bienestar de los pueblos. Fabian Bakchellian, gerente de Gatic, una firma de calzado ubicada en Buenos Aires, dijo: «Debemos tener nuestra propia política industrial», no limitarnos a obedecer al FMI. Y un productor de empaques al vacío agrega: «Debemos tener nuestros planes quinquenales». (The Economist mayo 6-12 2000, A survey of Argentina. Getting from here to there).

Los propios industriales reclaman que se planifique. No una planificación limitada a la defensa de los intereses de los magnates. Es una necesidad en toda América Latina poner coto al yugo imperialista y construir Estados soberanos que dirijan la economía en provecho de los trabajadores y capas que propenden al avance. Los partidarios de la esclavitud arguyen que el control estatal de la economía fomenta la burocracia y la corrupción. Para evitarle tentaciones al guarda proponen entregar los tesoros directamente al ladrón. Es cierto que se han cosechado fracasos siempre que los pueblos rebajan la vigilancia y permiten que se adueñen del patrimonio de la sociedad los encargados de su cuidado. Será indispensable mantenerse en atalaya.

En algunos medios de comunicación vienen apareciendo informaciones sobre posturas políticas que no corresponden al MOIR. De allí que sean indispensables las siguientes aclaraciones.

Primero. El MOIR, vigilante de la soberanía y los intereses de la nación, ha determinado no respaldar a ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República. Mal puede entonces haberle ofrecido apoyo a Álvaro Uribe Vélez o haber suscitado expectativa alguna sobre una adhesión presente o futura a la candidatura de Horacio Serpa.

Segundo. Respecto a las elecciones para el Senado, la única candidatura del MOIR es la del compañero Jorge Robledo, mientras que sus candidatos a la Cámara son los que reciban el aval de nuestra organización. Todas estas candidaturas tienen como orientación principal la resistencia civil a la política que impulsa el gobierno de Estados Unidos.

Tercero. Falsas informaciones y presentación de candidaturas espurias están siendo urdidas por un puñado de personas que, retiradas del MOIR, se desperdigaron en grupúsculos rehusándose a cambiar de nombre luego de que cambiaron de política, hechos ya bien conocidos en numerosos sectores demócratas y patriotas del país.

Cuarto. Al otorgarle personería jurídica al MOIR en 1995 mediante la Resolución 027, el Consejo Nacional Electoral reconoció que la máxima autoridad y por ende el representante legal del Partido es su secretario general, Héctor Valencia, calidad que ratificó en su Resolución 193 de 1999. De estas disposiciones se deduce que sólo el secretario general puede comprometer y llevar la vocería del partido, por lo que los apoyos a los candidatos presidenciales que se han difundido carecen de toda validez. Además, el artículo 5º de la ley 130 estatuye que el nombre de un partido, en este caso el MOIR, no podrá ser usado «por ningún otro partido u organización política, reconocida o no», norma que infringen quienes están emitiendo a nombre de nuestro Partido respaldos abiertos o velados a aspirantes a la Presidencia.Es de esperar que las resoluciones que protegen los legítimos derechos del MOIR sean acatadas por los medios de comunicación a fin de no convertirse en trasmisores de engaños a la opinión pública.

Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario (MOIR)

Comité Ejecutivo Central.

Héctor Valencia,

secretario general.

Bogotá, diciembre 20 de 2001.

El acuerdo firmado recientemente entre el Instituto de Seguro Social, ISS, y los dirigentes de su sindicato, Sintraseguridadsocial, constituye un atentado contra los derechos laborales conquistados allí y sienta un nefasto precedente para el conjunto del movimiento sindical. Implica una dolosa revisión de la convención colectiva que lesiona los intereses de los trabajadores actuales del Instituto y excluye de ella a los que ingresen en el futuro.

La negociación se llevó a cabo en medio de intensas discusiones acerca de las causas que amenazan la supervivencia del ISS, particularmente en la división Salud, debate en que abundaron las conminaciones del ministro de Hacienda, Juan M. Santos, y del presidente de la institución a los trabajadores para que aceptaran gravosas condiciones, con el pretexto de que solo así era posible la subsistencia de la empresa. Tales presiones se reforzaron con el señalamiento de los trabajadores como responsables de la crisis, ocultando los nefastos efectos que sobre esta entidad y la salud pública ha tenido la Ley 100 de 1993 y el resto de disposiciones que en aplicación de la política neoliberal de apertura económica llevaron a la desindustrialización del país.

No obstante que fueron las sucesivas políticas gubernamentales las que condujeron a la actual situación, el ministro Santos eludió esta responsabilidad al dictaminar sin empacho que «todos los involucrados directa o indirectamente en este proceso, aportarán para hacer del riesgo de salud una empresa viable y sostenible». Tras la falacia de que su propósito era lograr un aceptable desempeño de la institución, adujo que se podía liquidar toda la división Salud y reducir el papel del ISS a una promotora que contrate la prestación del servicio con el sector privado. Semejante argumentación revela que al gobierno no le importa en absoluto la calidad de la atención a los usuarios, ni la experiencia acumulada por el Instituto como prestador del servicio y mucho menos la suerte de sus 30 mil trabajadores.

Para la imposición de sus designios, el gobierno empezó por desconocer cínicamente la deuda por 40 billones de pesos que adquirió con el ISS entre 1946 y 1973. En efecto, desde la creación del Instituto mediante la Ley 90 de 1946, se estipuló una financiación tripartita por parte de trabajadores, patronos y gobierno, pero este no solo no aportó la contribución que le correspondía, sino que en 1973 optó por reformar ese aspecto despojando al Estado de sus obligaciones con la salud y las pensiones de los trabajadores colombianos. Desde entonces, el sostenimiento ha corrido a cargo de trabajadores y patronos. Además de desprenderse de sus deberes públicos, los diversos gobiernos menoscabaron los recursos del ISS y los administraron con negligencia, como lo evidencian las cuantiosas pérdidas que arrojaron las inversiones que se hicieron en el BCH y el IFI, y los privilegios que con base en la Ley 100 se otorgaron al sector privado al canalizar hacia allí los recursos de pensiones a través de los Fondos de Ahorro Individual y los de salud mediante las EPS, las IPS y las ARS. ¡Y luego se arguye con desfachatez que las escasas prestaciones de los trabajadores son las responsables de la crisis!

Dentro de este contexto se produjo el reciente acuerdo entre el gobierno y los dirigentes del sindicato dirigido a desmontar la convención colectiva, pues no otra cosa significa congelar por diez años la retroactividad de las cesantías, disminuir el monto de la mesada pensional, congelar por cinco años el aporte al fondo de vivienda, eliminar el auxilio oftalmológico y de guarderías, suprimir el reconocimiento del día de la seguridad social y congelar por diez años el incremento sobre salarios básicos. Se engrosan así los expedientes de corte neoliberal que, establecidos con la pretensión de buscar una mejor gestión y mayor eficiencia y competitividad en el desempeño de los trabajadores, soslayan el intríngulis del asunto: favorecer, al igual que lo hace toda la legislación vigente, a las multinacionales de la salud y del capital financiero.

Sin bastarles esta claudicación, los firmantes del acuerdo se arrogaron el derecho de decidir las condiciones de trabajo de los futuros empleados del ISS al determinar que a partir de la vigencia de la Convención se les aplicará el régimen general establecido en las leyes para los trabajadores oficiales, lo que significa que quedan por fuera de ella. A riesgo de caer en una conducta patronal de concertación con las políticas del gobierno, equivalente a la traición, los actuales dirigentes de sindicatos y centrales obreras no tienen ningún título ni atribución para pactar menoscabos en las condiciones laborales y recortes salariales y pensionales en grave detrimento de los trabajadores del mañana. Cuando tal aberración se presenta, como es el caso de lo acordado por directiva del sindicato del ISS, a esos trabajadores no los obligan tan mezquinas componendas. Como históricamente se ha probado, los trabajadores solo reciben como legado de quienes los antecedieron las conquistadas alcanzadas y la actitud de lucha para rechazar todo lo que niegue sus derechos laborales y el justo valor de su fuerza de trabajo.

Ante el movimiento obrero y el país entero quedó demostrado que aquellos directivos de Sintraseguridadsocial y de las Centrales que apoyaron el mencionado acuerdo, prohíjan el reaccionario argumento de responsabilizar a los trabajadores de las crisis de las empresas e instituciones estatales, mientras secundan que la prestación de los servicios públicos sea una actividad primordialmente lucrativa, con lo que se convierten en alcahuetes de las privatizaciones. Su obsecuencia con el gobierno fue patente para millones de colombianos cuando, con motivo de la firma del acuerdo el 1º de noviembre pasado, la televisión los mostró dándose palmaditas e intercambiando sonrisas con Pastrana luego de que este los piropeó como un dechado de mesura y patriotismo. Al mismo tiempo que se desarrollaba tan grosera escena en el Palacio de Nariño ¡las masas de trabajadores estaban en las calles celebrando combativamente el Paro Cívico Nacional!

Las políticas neoliberales aplicadas en los últimos doce años en materia de salud y pensiones, sumadas a la deuda histórica de los gobiernos con el ISS desde su creación, son la verdadera causa de la crisis del mismo y no las prestaciones de sus trabajadores. La ley 100 facilitó la creación de las EPS, IPS y ARS para que potentados de empresas privadas se embolsaran los aportes de salud del régimen contributivo y el presupuesto del sistema nacional de salud pública, y propició que salieran del ISS los funcionarios y empleados de mayores salarios y que las enfermedades de alto costo y los trabajadores de menores ingresos quedaran a cargo del ISS. Además de no resolver la permanente evasión de aportes por parte de los patronos, debilitó el Instituto abriéndole competencia en pensiones, riesgos profesionales y salud, con la pretensión no oculta de vender sus clínicas e instalaciones a monopolios privados que gracias a la misma ley se han venido consolidado: Colsanitas, Cruz Blanca, Saludcoop, Coomeva, entre otras.

El Instituto del Seguro Social es una empresa integral y esencial para la asistencia de más de trece millones de usuarios. Al separar sus actividades en los negocios de pensiones, salud y riesgos profesionales, el gobierno se propone facilitar su entrega al sector privado. Los monopolios de la salud se relamen aprestándose a comprar y explotar más de 23 clínicas que el Instituto tiene en el país y cuya infraestructura y dotación son excelentes. Los banqueros aspiran a engordar sus arcas alzándose con la poca reserva de pensiones del Instituto y la de los fondos pensionales estatales, todo lo cual se sumará a los ocho billones de pesos que representan los aportes para pensiones y cesantías que mediante las leyes 100 y 50 ya les entregaron los gobiernos adictos al neoliberalismo.

No hacer los esfuerzos suficientes para explicarles debidamente a los trabajadores la problemática de la salud pública y para infundirles un estado de ánimo favorable a la movilización y la lucha conduce a despertar ilusiones en la engañosa concertación, a crear un ambiente para la conciliación de los intereses de clase embozada en la práctica de lo que los neoliberales llaman «sindicalismo propositivo», un sindicalismo que acepta atropellos y desmejoras con el pretexto de hacer menos dolorosa la ofensiva de reformas neoliberales y el despojo de los derechos de los trabajadores. Solamente una postura digna por parte de las direcciones sindicales que se traduzca en aclararles a las bases la causa de sus males y en movilizarlas combativamente a las distintas luchas y paros, podrá detener la avalancha de medidas que en su plan de globalización ha desatado el imperialismo norteamericano contra los trabajadores y la nación. El deprimente espectáculo de dirigentes sindicales que pacientemente hacen antesala en las oficinas gubernamentales y en los recintos del parlamento a fin de satisfacer su impaciente afán por entablar diálogos estériles y dilatorios que enmascaran pactos de entrega de derechos y reivindicaciones de obreros y empleados, sólo puede llevar a la desmovilización de estos y a fortalecer la tendencia hacia la claudicación que puso de manifiesto el ignominioso acuerdo en el ISS.

Es indispensable contraponer a la malicia y oportunismo envueltos en ese acuerdo, criterios y prácticas sindicales consecuentes con los intereses de los trabajadores. Máxime cuando el gobierno, acucioso en satisfacer las exigencias del Fondo Monetario Internacional, ya presentó ante el Congreso un proyecto de reforma dirigido a refinar el desfalco de los fondos de pensiones, aumentar las cotizaciones y los años necesarios para alcanzar la jubilación, recortar drásticamente el valor de las mesadas y desmontar los derechos pensionales adquiridos por los trabajadores de importantes empresas e instituciones estatales.

Ante las maniobras que el gobierno de Pastrana, con sus ministros de Hacienda y Trabajo como punta de lanza, se apresta a realizar en el llamado Pacto Social y Político para apuntalar dicha reforma, el movimiento obrero debe elevar su vigilancia sobre la conducta que adopten allí los dirigentes de las Centrales y ponerse prontamente en pie de lucha para echar atrás esa nueva sarta de tropelías contra sus derechos y conquistas.

Bogotá, 20 de enero de 2002.

Comisión Obrera Nacional del MOIR