Categoría: Tribuna Roja Nº 96; Julio 23 de 2004

Gustavo Triana

Durante 35 días los trabajadores petroleros, dirigidos por la Unión Sindical Obrera, libraron una de las batallas más importantes contra la política de recolonización. La huelga de la USO dio una clara muestra de la capacidad de organización y movilización de los trabajadores y sacó a relucir todos los valores antiimperialistas del proletariado petrolero. Esta combativa movilización interpretó el afán de la inmensa mayoría del pueblo colombiano por contener las tropelías de Uribe Vélez. Se convirtió en el ejemplo a emular si queremos resistir eficazmente la brutal embestida de Estados Unidos para saquear nuestra nación y esclavizar a nuestro pueblo.

Los dirigentes y activistas desplegaron una titánica labor de explicación de la batalla en sindicatos, concejos, asambleas departamentales, colegios, universidades, barrios populares, veredas y todo escenario posible en las zonas de influencia petrolera. Las formas organizativas utilizadas son una escuela para el movimiento obrero. Se crearon comités de mujeres, contratistas, temporales, aprendices y estudiantes del Sena, como también por áreas de producción y por actividades de la huelga y, lo más importante, se afianzó el Frente Patriótico por la Defensa de Ecopetrol, que en Barranca corresponde al Foro Social, la organización más amplia de la región, liderada por monseñor Jaime Prieto y cuya bandera principal es la defensa de lo público y el bienestar de los pobladores.

La vinculación de todo el sindicato a este trabajo rindió sus frutos y tempranamente se sintieron las manifestaciones de apoyo del Movimiento de Mujeres por la Defensa de Ecopetrol, de las organizaciones de pensionados, senadores, representantes, concejales, diputados y alcaldes, de la Iglesia Católica y otros credos religiosos, el movimiento sindical nacional e internacional, los medios de comunicación de orden nacional y regional, los estudiantes, y, en fin, todos los patriotas. Treinta y dos senadores y representantes dejaron pública constancia en favor de la huelga.

Durante la huelga se desarrolló una impecable línea de masas que permitió alcanzar un gran respaldo, neutralizar el macartismo del gobierno y la gran prensa y esclarecerles a influyentes sectores sociales la importancia del manejo soberano del petróleo. El apoyo en las masas, la política de Frente y la posición patriótica y de clase que condujo el movimiento permitieron doblegar la arrogancia de Uribe y de Yanovich, obligándolos a negociar varios aspectos de la política petrolera y del manejo de Ecopetrol, lo que significa un avance en la contención de la recolonización imperialista. Fue una enseñanza contra el pesimismo y las tendencias conciliacionistas del movimiento sindical y la demostración de que la lucha organizada de las masas es lo único que hace retroceder el autoritarismo y antinacionalismo de Uribe.

Sin embargo, no se lograron todos los objetivos. Lo concerniente a los derechos de los trabajadores sigue dependiendo de poder derrotar el nefasto laudo arbitral, refrendado por la Corte Suprema pero que no está en firme por los recursos jurídicos interpuestos, ya que el trámite violenta toda la legislación laboral. La postura fascista de Uribe y Yanovich obligó a aceptar la pensión anticipada de 80 trabajadores, entre ellos los más veteranos dirigentes del sindicato, y un tribunal de arbitramento para el estudio del reintegro de otros 170 compañeros huelguistas. Lo relevante de la gesta es que la empresa mantiene su carácter estatal, no se entregan a las multinacionales los campos de producción de la estatal, se reafirma la ampliación y propiedad de la refinería de Cartagena y se frena la descapitalización de Ecopetrol impidiendo que se le pase a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, su participación en las asociaciones. Además, el sindicato sobrevive a la arremetida y no entrega absolutamente ningún principio, así temporal y parcialmente haya sufrido merma en sus dirigentes y activistas.

Para llegar hasta la declaratoria de la huelga política nacional, el jueves 22 de abril, se recorrió un camino de análisis y discusiones que son lección para el movimiento obrero. Los anuncios de arrasar la convención y completar la entrega del petróleo al imperialismo hacían que la Asamblea Nacional de Delegados, de noviembre de 2002, tuviera clara la necesidad de preparar y hacer una huelga que pusiera como eje central de la pelea defender el recurso hidrocarburífero nacional, la estatal petrolera y los derechos de los trabajadores.

La resolución adoptada así lo interpretó. La contradicción estuvo en cuándo debía iniciarse la huelga. La mayoría de la dirección concentró sus esfuerzos en la búsqueda de un eventual acuerdo para evitar el conflicto, sin tomar nota de la actitud cada vez más arrogante de Yanovich y del alistamiento de los decretos de reforma del Estado, que incluían a Ecopetrol. El desenfoque condujo a equivocaciones como atenerse solo a los recursos jurídicos, de los que hoy sigue pendiente la vigencia de la convención, y a desaprovechar las coyunturas que se presentaron para lanzar la batalla.

No se dio la orden de parar, por ejemplo, en el momento de expedir el Decreto 1760, que convirtió a Ecopetrol en empresa por acciones, creó la ANH para quitarle la administración de las reservas de crudo y gas y escindió sus inversiones en otras empresas para fundar la promotora de inversiones. Se optó por una asamblea permanente que no correspondía a la magnitud de la agresión. Al instalarse el tribunal en septiembre 26 de 2003, el sindicato permaneció en unos diálogos estériles, cuando la única respuesta era la huelga. Igual sucedió en diciembre de 2003, cuando se produjo el laudo arbitral que cercenó los aspectos más importantes de la convención.

Por el debate en las filas del sindicato para esclarecer la táctica, se llegó incluso a que el compañero Rodolfo Gutiérrez renunciara a la presidencia, pues tanto él como los dirigentes y delegados del MOIR y el Colectivo Guillermo Marín estaban en contra de la táctica aprobada por mayoría en la asamblea de agosto de 2003 y pedían aplicar la resolución que ordenaba la huelga general. En diciembre de 2003 y enero de 2004, la administración y el gobierno desataron una racha de medidas para aplicar el laudo arbitral, negar la renovación de contrato a los temporales, prorrogar los contratos de asociación de La Guajira, Caño Limón y Sabana de Torres, regresar a la concesión como forma de contrato y entregar los campos de Casabe y La Cira-Infantas a OXY y Schlumbeguer. Se anunció también la emisión de acciones de Ecopetrol, se cuestionó la propiedad de la empresa sobre los contratos de asociación existentes hasta diciembre de 2003 y se filtró una posible venta de la refinería de Cartagena. Todo se juntaba para darle el golpe final a la USO y a Ecopetrol, asunto que comprendió la dirección del sindicato y se retomó la decisión de ir al combate.

Restablecida la unidad, se lanzó la batalla, que la dirección sacó adelante con toda consecuencia. La tarea principal ahora es recomponer las filas de la organización y prepararla para continuar la lucha, pues urge materializar el reintegro de los compañeros despedidos, a quienes se debe respaldar política y económicamente, y persistir en la defensa de la convención colectiva de trabajo y en la revocatoria del laudo arbitral. La USO se debe mantener en guardia contra los nuevos intentos de Uribe y el imperialismo por apropiarse totalmente del petróleo nacional y liquidar o privatizar a Ecopetrol. La huelga reanima el movimiento obrero y social levantando la bandera de lucha en momentos en que la política oficial es aceptar el TLC y el ALCA, acuerdos que harán retroceder a la nación a las épocas de la Colonia española conculcando cualquier posibilidad de bienestar y desarrollo económico.

Jorge Enrique Robledo Castillo, jerobledo@senado.gov.co, Bogotá, 3 de julio de 2004.

En lo que suena como una especie de campaña en contra del derecho a pensionarse de los colombianos, se presenta a quienes lo han logrado casi como a una especie de zánganos que abusan del resto de la nación. Cuando lo cierto es que la pensión de jubilación no representa otra cosa que la única posibilidad que tienen los asalariados de sobrellevar una vejez a la que no se le sumen los sufrimientos de la indigencia. Porque exceptuando unos cuantos casos, el salario no les alcanza a quienes lo reciben para constituir ahorros que les permitan satisfacer sus necesidades más elementales una vez concluyen su vida laboral. Esos compatriotas, además, adquirieron o adquirirán el derecho a pensionarse luego de haber aportado para sus pensiones por el monto y el tiempo que les establecieron una normas que no fueron redactadas por ellos. De ahí que sea tan regresiva la reforma anunciada de imponerles impuestos a los pensionados, eliminar la mesada catorce, acabar con los regímenes especiales y hasta imponer pensiones que apenas equivalen a la mitad del salario mínimo.

También hay que rechazar la tendencia iniciada con la Ley 100 de 1993 –que tuvo como ponente a Álvaro Uribe Vélez, entonces senador– de hacer reformas que incrementan los aportes de los trabajadores para sus pensiones, aumentan la edad a la que se adquiere el derecho y reducen el monto de la pensión, de manera que esta se parece cada vez más a un seguro de entierro. Y es obvio que la cantaleta en contra de las mayores pensiones (que son 846) busca ocultar que cada reforma pensional va dirigida contra las gentes del común, según lo muestran las propias cifras oficiales: mientras que la disminución del gasto que se obtendría por la vía de ponerle como tope nueve millones de pesos mensuales a las pensiones más altas llegaría a 11.700 millones de pesos anuales, la eliminación de la mesada catorce costaría ochocientos mil millones de pesos al año. Si de lo que supuestamente se trata es de tocar a los “privilegiados”, ¿por qué se meten con los demás, que son casi todos? ¿Y no atenta contra los derechos democráticos de los trabajadores prohibir en la Constitución los regímenes especiales, convirtiendo los derechos laborales mínimos de ley en los máximos legales?

Las causas del déficit del ISS deben explicarse para que se entienda lo que ocurre. Si se suman los aportes de ley que el Estado nunca le hizo, las pérdidas que sufrió por inversiones que los gobiernos lo obligaron a hacer en el IFI y el BCH y las platas que el gobierno nacional no aportó por sus trabajadores, la deuda del Estado con el Seguro fue calculada por uno de sus presidentes en 40 billones de pesos, aunque hay analistas que la elevan a 60 billones. También cuenta en la crisis del ISS la política de apertura económica, la cual, al quebrar amplios sectores del aparato productivo, aumentar el desempleo y reducir los salarios, disminuyó el número de quienes aportan para pensiones y el monto de sus pagos.

Pero, por sobre todo, la crisis del Seguro se explica por la decisión de la Ley 100 de crearle al capital financiero el negocio de los fondos privados de pensiones, lo que, fuera de convertir en ganancias grandes sumas que deberían ir a los pensionados, le arrebató millones de aportantes al ISS. Al respecto, las cifras son elocuentes: en 1995 le cotizaban al Seguro 3,12 millones de colombianos y había 313 mil pensionados; para 2003 los pensionados aumentaron en 280 mil, en tanto los cotizantes disminuyeron en más de un millón. Así se pasó de 9,95 a 3,72 aportantes por cada pensionado, cuando el Seguro se diseñó para funcionar con una relación de ocho a uno, porque se concibió para que los aportes de los trabajadores contribuyan con el pago de los que ya se pensionaron, lo que se conoce como “solidaridad intergeneracional”. Entonces, la Ley 100 significó que el Estado se quedó con los pensionados y los fondos privados con los cotizantes, despropósito que copiaron del modelo implantado por Pinochet en Chile. Por lo tanto, ni siquiera pueden aducir en su favor que no sabían lo que hacían.

Que los fondos privados de pensiones posean 22 billones de pesos dedicados al parasitismo financiero, mientras el Seguro no tiene con qué pagarles a sus pensionados, le da una explicación concreta a buena parte del faltante. El resto se explica por el cada vez menor aporte del trabajo formal y los salarios a la economía del país, tendencia que se acentuó con la reforma laboral de 2002 y que deberá agravarse si Colombia suscribe el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y los patrones que se alegran cuando las pensiones disminuyen, que no olviden que estas también son parte de la capacidad de compra nacional.

El 12 de julio, a los 89 años de edad, falleció en Barbosa, Santander, el camarada Efraín Marín Mosquera, connotado dirigente de los trabajadores de carreteras nacionales y uno de los fundadores del MOIR. Hasta el momento de su muerte, Efraín Marín se mantuvo fiel a nuestro Partido.

Era uno de los militantes más antiguos y el de mayor edad, el decano. Ingresó al MOEC a comienzos de 1969, en lo más duro del combate contra las camarillas de UTC y CTC. Nuestro guía y fundador, Francisco Mosquera, venía haciendo esfuerzos desde hacía algún tiempo por agrupar en una fuerza unificada, independiente y revolucionaria, a lo mejor del movimiento sindical colombiano. Las gestiones cristalizaron en nutridos encuentros regionales en los que el camarada Marín, como vicepresidente de Fenaltracar, la federación de obreros de carreteras, desempeñó activísimo papel al lado de Mosquera, Rafael Torres, Eliécer Benavides, Diego Montaña Cuéllar, Virgilio Piedrahita, Fabio Cadavid y Luis Carlos Ramírez,entre otros. Desde entonces, con entusiasmo de neófito, el veterano dirigente acompañó a Mosquera en las más importantes batallas de la hora: desde el Paro Patriótico hasta el debate electoral, pasando por las luchas internas, en las que nunca perdió el rumbo.

Efraín Marín, nacido en Puente Nacional, Santander, se había vinculado a muy temprana edad al Partido Comunista de Colombia, pero desde 1948 empezó a hacer notar su descontento, porque no compartía los ataques que el conclave vieirista menudeaba contra Gaitán. Ya muy anciano, le confesó a Tribuna Roja que uno de los mayores orgullos de su vida era el de haber sido abrileño.

Héctor Valencia H.

Durante los diez años transcurridos desde la muerte de Francisco Mosquera, son los abigarrados episodios que acontecen en nuestra sociedad y el rumbo adquirido por los acontecimientos internacionales, los que han revelado sin cesar la profunda dimensión de su pensamiento. La misma que el MOIR en su quehacer político corrobora a diario al guiarse rigurosamente por sus enseñanzas. Son pues los hechos los que le confieren la dignidad de lo verdadero a la obra del camarada Mosquera, por lo que, más allá de los particulares frutos que nos proporciona a los moiristas por estar íntimamente ligada a la naturaleza y desarrollo políticos de nuestro Partido, constituye el mayor tesoro teórico con que pueden contar los trabajadores y el resto del pueblo, así como todas la gentes que conservan su raigambre nacional, en sus tareas y esfuerzos por hacer que Colombia posea soberanía y una nueva democracia que la enrumben por sendas de progreso material y cultural.

El camarada Mosquera inició su formación revolucionaria uniéndose a otros jóvenes de la pequeña burguesía que encauzaban su rebeldía contra el imperialismo y el antidemocrático régimen del Frente Nacional, impuesto por los partidos tradicionales a finales de la década de los cincuentas del siglo pasado. Con ellos supo, junto a las justas y honestas ambiciones de cambio que los movían, las falencias de sus enfoques y los desacertados métodos de lucha que la asimilación mecánica de la triunfal gesta antiyanqui del pueblo cubano había suscitado a lo largo de América Latina. Muy pronto, y contra la corriente en boga, comenzó Mosquera una labor crítica de tales tendencias que aún hoy, ante la persistencia de algunos en practicarlas, conserva su valor. Buscando desarrollarla, comprendió que la fuente para darle la consistencia necesaria se encontraba en el sector social más avanzado de la época moderna: los trabajadores asalariados. Hacia allí se dirigió y entre ellos estableció su residencia política. Les sirvió como abanderado en sus luchas reivindicativas, como laboriosa abeja en sus tareas sindicales y como paciente maestro en infundirles elementos teóricos fundamentales que ignoraban y sin los cuales no pueden dar el salto hacia la política revolucionaria. Asimilados los intereses económicos y políticos de los trabajadores y guiado por el marxismo, Mosquera, a la cabeza de un puñado de revolucionarios que seguían su causa, fundó el MOIR y emprendió la larga, compleja y hazañosa tarea de ponerle un firme punto de partida a la creación de las condiciones para la transformación revolucionaria de Colombia.

Desde la atalaya obrera escudriñó la fase económica de estancamiento de las fuerzas productivas en que se encuentra el país debido a la dominación imperialista y, tomándola como base, analizó las correspondientes instituciones políticas y las ideas de todo tipo que predominan en la sociedad. Esta concepción objetiva de la situación nacional, que establecía adecuadamente la ligazón existente entre la arbitrariedad política y la opresión económica, aspectos ambos que hoy han alcanzado grados extremos, le permitió trazar una línea política que, al proponerse el pleno desarrollo de las fuerzas productivas, tiene al socialismo como meta inevitable. Mas primero, como señaló dedicándole al tema la mayor parte de sus estudios y esfuerzos, debe atravesarse un período durante el cual se conquiste la completa soberanía frente a lo que actualmente toma la forma de recolonización por parte de Estados Unidos y se instaure un régimen de nueva democracia. Instrumento indispensable para alcanzar tal propósito es la más amplia alianza de las clases y sectores cuyos intereses son antagónicos con la dominación norteamericana y la oligarquía financiera que pelecha coadyuvándola: obreros, campesinos, estamentos de pequeños burgueses, burgueses nacionales, es decir, la casi totalidad de los millones de colombianos para quienes la prevalencia de la soberanía y de una democracia a su servicio encarna sus más altos intereses.

Aunque un programa político semejante se había formulado antes en otros países, es innegable que Francisco Mosquera lo descubrió, en las acepciones principales de este verbo, para Colombia. Lo sustentó mediante el análisis y síntesis científicos de cuestiones específicas y complejas como los comportamientos y luchas de las diferentes clases y sus antecedentes desde los mismos orígenes de la nación; las causas concretas del escaso desarrollo de nuestras fuerzas productivas; las características de la dominación imperialista y las diversas etapas y formas que esta ha atravesado; la construcción del frente único y, en particular, por ser motivo de discusión entre algunas organizaciones situadas en la izquierda, el papel que en él deben desempeñar tanto el proletariado como la burguesía nacional; la importancia primordial que debe dársele a la adopción de las apropiadas formas de lucha, siguiendo una pauta democrática y de masas; y la necesidad de conquistar y defender libertades y derechos democráticos como medios útiles principalmente para desplegar la resistencia civil.

Debido a su naturaleza y universalidad, los puntos programáticos elaborados por el camarada Mosquera al calor de nuestras luchas políticas es algo que en esencia no pertenece exclusivamente al MOIR, ni está sólo en las manos de éste darles cabal cumplimiento. Por sus objetivos, su valor revolucionario lo obtendrá a plenitud en la medida en que las masas y las organizaciones y personalidades antiimperialistas y democráticas los hagan suyos y los desarrollen. Convencido de su vigencia histórica, a que este sea el caso dedica el MOIR todo su esfuerzo persuasivo entre ellas.

Pero, por otro lado, no existe aspecto de la obra de Francisco Mosquera que no haya sido fruto de la lucha y que no tenga como fin fundamental la revolución; y no hay cualidad de su condición humana que pueda explicarse desligada de la causa que él abrazó como la apasionada misión de su vida. Por ello hoy, tanto la conducta combativa que se adopte tomándolo como paradigma, como la política de resistencia civil que consecuente con sus escritos se lleve a cabo, es natural que generen mayores y más intensas arremetidas del imperialismo y el gobierno de Álvaro Uribe. Que tal sea la lid política no es sino otra evidencia de que su pensamiento prevalece, lo que llama a exclamar con mayor coraje: ¡Memoria perdurable a Francisco Mosquera!

Jorge Enrique Robledo

Aun cuando nadie puede, con absoluta certeza, anticipar lo que ocurrirá en el futuro, sí existe una proporcionalidad entre la capacidad de análisis de las personas y su destreza para avizorar la evolución de la sociedad. Y esa cualidad, que por supuesto no tiene nada que ver con las artes de la adivinación, es especialmente valiosa para quienes ejercen labores de liderazgo, pues es difícil encontrar un peor dirigente que aquel que entiende de último el rumbo de los acontecimientos. Esta reflexión viene muy al caso cuando se trata de apreciar en un breve comentario lo planteado por Francisco Mosquera, el fundador del MOIR, sobre las causas y consecuencias de la implantación del neoliberalismo en Colombia.

Mosquera publicó cinco artículos entre el 4 de marzo de 1990 –unos días después de la decisión del presidente Virgilio Barco de oficializar la orientación neoliberal en el país– y el 1º de mayo de 1992. Entre los textos resalta el publicado el 8 de noviembre de 1990, concebido apenas dos semanas después de la posesión en la Presidencia de César Gaviria y cuyo título, Omnia consumata sunt (Todas las cosas están consumadas), expresa que para ese momento ya se habían conjugado todos los factores que decidirían el futuro de la nación. Quién lea estos artículos se sorprenderá de la clarividencia de Mosquera, tanto en lo que respecta a lo que sucedería como a los hechos que le dieron origen.

En sus análisis Mosquera enfatizó que la política en marcha conduciría a una degradación sin antecedentes de las condiciones de vida de los colombianos y, en especial, de los trabajadores, sobre quienes recaerían las peores consecuencias de la crisis, al padecer la reducción de sus salarios y derechos laborales, la disminución de sus posibilidades de emplearse en el sector formal de la economía, el azote del conjunto de las medidas de privatización, el aumento de los impuestos con que los esquilman y la decisión de desposeerlos de las organizaciones gremiales que les facilitaban la defensa de sus intereses. «Sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga», sentenció Mosquera, tesis que vinculó a la primera exigencia que hacen los inversionistas extranjeros cuando piensan en instalarse en un país de las condiciones de Colombia.

Mosquera anticipó que la enclenque producción industrial y agropecuaria colombiana no resistiría los embates de las mercancías que llegarían del exterior, dado el poder superior de los monopolios extranjeros, y que estos se lanzarían con avidez sobre nuestros estratégicos recursos naturales. También denunció cómo a la reducción de los aranceles le agregaron el desmonte de las medidas internas que en algo estimulaban a los productores nacionales, con lo que, al mismo tiempo, abarataron las importaciones e hicieron más costoso producir en el país, lo que a la postre les significó a muchos quedarse sin posibilidades de competir. Y resumió lo que vendría como la definitiva toma del mercado interno por parte de los extranjeros, tanto por el incremento de lo importado como por el aumento de sus inversiones directas.

Asimismo, acertó en su análisis cuando explicó la apertura como un paso más en el proceso de dominación de Estados Unidos sobre Colombia, el cual se inició con la desmembración de Panamá hace un siglo, avanzó con la constitución del Fondo Monetario Internacional y se aceleró desde antes de 1990, cuando éste convirtió la deuda y el crédito externo en instrumentos de extorsión que le permitieron «monitorear» la economía nacional, eufemismo que a la postre utilizó para imponer un mayor sometimiento del país al capital foráneo y, más precisamente, al estadounidense. «Digamos que –concluyó Mosquera– los gringos chupaban el néctar con ciertas consideraciones. Pero con la apertura la extorsión se ha tornado descarada, cruda, sin miramiento alguno».

En la decisión del imperialismo norteamericano de imponer una globalización a su medida y en especial en los territorios que considera su «patio trasero», contó que ese es otro intento de superar la misma crisis que con intermitencias lo acosa desde antes de 1971. Y resaltó que en la definición de esa política fue importante el hundimiento de la Unión Soviética, el gran imperio con el que los gringos se disputaron por décadas el control del mundo, así como la necesidad de acumular fuerzas en la contienda económica que libra con Europa y Japón.

Mosquera nunca abogó, ni siquiera en la etapa de la apertura, por el aislamiento de Colombia del mundo exterior. Incluso explicó que la inversión extranjera podía ser bienvenida al país, siempre y cuando contribuyera al desarrollo nacional. Pero fue enfático al señalar que las relaciones internacionales debían tener como fundamento el cabal ejercicio de la soberanía y que la clave del progreso residía en preservar el mercado interno como base para el avance de la industria y el agro de los colombianos.

Tampoco se le escapó a la agudeza de Mosquera precisar que si bien las privatizaciones y las campañas contra la intervención estatal fueron utilizadas para que algunos se apropiaran del patrimonio público, la política imperante no implica el desaparecimiento del papel fundamental del Estado en el desenvolvimiento del capitalismo, incluso en su etapa neoliberal, pues las decisiones oficiales mantienen toda su vigencia a la hora de asegurarles las ganancias a los monopolios, bien sea por la vía de facilitarles sus andanzas o por la de reemplazarlos en aquellas actividades que estos no pueden abordar.

Fue especialmente perspicaz Mosquera cuando explicó la Constitución de 1991 como una pieza medular de la implantación del neoliberalismo en Colombia, realidad que hoy pocos desconocen en razón de lo contundente de las evidencias, pero que en su momento confundió a muchos, víctimas de las astucias del «revolcón» gavirista.

Mosquera también puso al desnudo el recambio que en la dirigencia del país implicaba la implantación del neoliberalismo, así como la función que en ese relevo tendría la tecnocracia encargada de darle una apariencia técnica al que no era otra cosa que un proyecto de recolonización, que se pretende redondear con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.

Al definir la consigna para la etapa, ¡Por la soberanía económica: Resistencia civil!, Mosquera ratificó su convencimiento de décadas sobre el carácter que debía tener la oposición en las condiciones del país, no obstante la claridad con la que previó el empeoramiento de las ya precarias condiciones de vida de la casi totalidad de los colombianos.

Con sus explicaciones sobre el verdadero rostro del neoliberalismo, Mosquera pudo profundizar en uno de sus principales aportes a la comprensión de la realidad nacional: la vieja existencia de contradicciones, y cada vez mayores, entre los empresarios colombianos y las políticas del Imperio, lo que explica por qué estos pueden hacer parte del gran frente de unidad nacional que, con la fuerza principal de los trabajadores y el pueblo, sea capaz de ganar el cabal ejercicio de la soberanía nacional, requisito sin el cual la nación no podrá lograr su progreso y bienestar.

En los textos que escribió en los años inmediatamente anteriores a su prematura muerte, Francisco Mosquera confirmó lo que en ese momento ya era parte de su parábola vital: que en él se encarnó la más grande capacidad de análisis sobre la realidad colombiana e internacional que diera la nación en el siglo XX. Y Mosquera no sólo anunció lo que se le vendría al país con la apertura, hoy elevada a la enésima potencia con el ALCA y el TLC, sino que dejó sentadas las claves de lo que deberá hacerse para poder superar la ignominiosa condición a la que Colombia ha sido sometida por el grupito de criollos que la gobierna en representación de los intereses del capital financiero estadounidense.

Carlos Naranjo

En sus desvelos por elaborar una teoría política para la emancipación de Colombia, Francisco Mosquera abundó en análisis sobre la situación nacional. Examinó el carácter de las contradicciones existentes entre las clases sociales que conforman nuestra sociedad, así como la intromisión centenaria de Estados Unidos en los asuntos de nuestra patria, las clases sociales que conforman nuestra sociedad y la relación de alianzas y conflictos entre ellas. Sus diagnósticos y conclusiones, que se pueden encontrar en los libros Unidad y combate (1976) y Resistencia civil (1995), han sido guía permanente para militantes y dirigentes del MOIR, que hemos comprendido el crucial acierto de nuestro desaparecido conductor al insistir en que «la mayor urgencia de Colombia es alcanzar la plena independencia y la cabal soberanía» y que para lograrlo se requiere la conformación de un gran frente patriótico «de todas las clases, capas y sectores que padecen los vejámenes y las persecuciones del imperialismo y sus agentes, así los soporten de manera y en grados diferentes».

Mosquera decía que en dicho frente los sectores más combativos y leales serían los obreros y el campesinado y que la menos firme era la burguesía nacional, la clase de los productores agrarios e industriales no monopolistas, porque a pesar de sus contradicciones insalvables con el imperialismo y sus lacayos, suele buscar acuerdos con los gobernantes de turno, tratando de amainar los efectos de la crisis que la golpea aunque no se supriman las causas. «Está dispuesta a dejarse burlar de los ‘de arriba’ y a burlarse de los ‘de abajo’. Cuando la revolución merma el empuje se acentúan sus elucubraciones retardatarias y se entrega dócilmente a los caprichos de los opresores. Sólo impelida por el auge de la marea popular llega a desembarazarse de su atolondramiento y a representar un papel objetivamente progresista».

Para él, una coalición popular que no recoja ni se guíe por las reivindicaciones económicas y políticas esenciales de la nación y de las clases antiimperialistas, es simplemente «la oposición de su majestad» que sólo pide o sugiere cambios que mejoren las políticas que ataca, esperando conseguir algún día participación en el gobierno como premio por no pisarles los callos a los reales detentadores del poder. Insistía en que se debe estar a favor de las libertades públicas y los derechos democráticos para los oprimidos y contra las medidas represivas, pero sin olvidar que las pocas conquistas que las masas populares le arrebaten al enemigo deben servir para avanzar en la organización y la movilización del pueblo, «para encauzar un poderoso movimiento que conduzca a la transformación y no a la restauración, que mire hacia el futuro y no al pretérito, que defienda la nueva democracia de los contingentes antiimperialistas y no la vieja democracia de los intermediarios antinacionales». Y señalaba que «a las gentes del común no les producirá gracia alguna que la organización que dice defenderlas se reduzca a colaborar con sus depredadores en el arte del ‘buen gobierno’». Estudiaba con dedicación la descomposición de los partidos tradicionales y la crisis cada vez más acentuada de sus tesis, su moral, su modelo de sociedad, y se preguntaba: «¿Cómo podemos ser albaceas testamentarios de una época que se despide para siempre de la escena?»

Creía firmemente que la unidad ha de sacarle todo el provecho a las dificultades que surgen de la dominación neocolonial sobre nuestra patria, y que tal situación no se puede minimizar o esconder: «De una inconsecuencia infinita han sido los grupos políticos que dizque para crearle ambiente a la unidad, optan por silenciar la causa básica que la hará posible: el sometimiento del país a los intereses y dictados de Washington».

En todos sus esfuerzos unitarios Mosquera orientó al MOIR hacia la firma de acuerdos con los aliados sobre la base de un programa estratégico, aceptable para las distintas fuerzas populares. «El programa no lo es todo, pero determina la orientación y el carácter de las alianzas y proporciona un arma importante, teórica y política, contra las vacilaciones y la entrega. Su ausencia sólo les conviene a los sectores más indecisos y a los oportunistas», nos repetía. Por ello, en las alianzas políticas los moiristas recabamos un programa que recoja las reivindicaciones económicas y políticas de las clases antiimperialistas y nos oponemos al reformismo que en el fondo no es más que el enmascaramiento de intereses oligárquicos. Señalaba además que en los procesos de unidad era indispensable debatir las diversas posiciones sobre los problemas del país, y que las decisiones debían aprobarse por consenso, único camino para avanzar de verdad en la coordinación de las fuerzas.

Mosquera rechazaba la política de hechos cumplidos, o las violaciones de los compromisos pactados, lo que calificaba como un atentado contra la unidad; defendía la definición de claras normas de funcionamiento, las cuales «tampoco son excluyentes ni tienen por qué incomodar a nadie; deben encaminarse a consolidar el clima de entendimiento, a favorecer la independencia ideológica y organizativa de las colectividades comprometidas y a robustecer la cohesión en la lucha por liberar y transformar a Colombia».

En la hora actual, la difícil situación económica de las mayorías, por efecto del alto costo de la vida, los bajos salarios, el alud de impuestos, las alzas de tarifas, así como el recrudecimiento de la represión, ponen al orden del día la unidad de todos los sectores sociales lesionados por las políticas que impone Estados Unidos y por las disposiciones dictatoriales del gobierno de Uribe Vélez, para sacudirse la opresión económica y política.

Con tal propósito, consecuentes por lo señalado por Mosquera, insistiremos «en la unión alrededor de un programa nacional y democrático» que, de manera nítida y vigorosa sirva de norte a la salvación nacional y en la movilización de las masas populares levantadas en resistencia civil como la vía indispensable para enfrentar la presente acometida imperialista y uribista contra las intereses nacionales y populares.

Francisco Valderrama Mutis

Francisco Mosquera marcó un hito en la historia de la revolución colombiana cuando en 1965 encabezó una revisión autocrítica de los fundamentos básicos que habían orientado la acción revolucionaria de los diferentes partidos y movimientos de la izquierda hasta entonces. No bastaba que las tesis principales 0sobre la línea estratégica y táctica, que debían regir la lucha en las revoluciones nacionales y democráticas en las naciones sometidas a la dominación neocolonial del imperialismo norteamericano, hubieran sido ya planteadas en lo fundamental en las obras de los grandes maestros del marxismo. Se necesitaba que surgiera un dirigente que tuviera la visión política para poder entender la realidad colombiana y el valor para ir contra la corriente, con el fin de darles el contenido nacional necesario para traducirlas en directrices políticas alrededor de la cuales se aglutinaran los sectores más avanzado de la clase obrera y el pueblo colombiano.

Ese fue el papel que cumplió Francisco Mosquera enfrentando con franqueza las tendencias oportunistas predominantes en la época. Defendió la tesis fundamental de la necesidad de un partido de la clase obrera, vinculado firmemente a las masas populares, que las guiara en su vinculación a la lucha política. Un partido que al enfrentar al imperialismo contara con un programa nacional y democrático de la revolución colombiana. Precisamente en un momento en el cual primaba lo contrario: el abandono del trabajo político entre las organizaciones de las masas obreras y populares, el camarada Mosquera criticó a quienes creían «que el tableteo de las ametralladoras sacaría al país de su marasmo secular y depararía como por generación espontánea, cada uno de los elementos imprescindibles para el estallido general». Y agregó: «Con arreglo a tales desvaríos no es la lucha política la escogida para desobstruir la senda del levantamiento insurreccional, sino éste el encargado de promover aquélla. La insurrección no depende de la política. Allí la política depende de la insurrección».

Mosquera planteó que no bastaba con hacer el señalamiento general del imperialismo norteamericano como el enemigo principal de los pueblos de América Latina, sino que había que hacer un análisis de la situación nacional y de las clases sociales, con el fin de determinar con precisión el carácter de la revolución y las fuerzas susceptibles de luchar contra dicho enemigo, congregándose en un frente único. Del estudio cuidadoso de estos factores concluyó que la revolución colombiana tenía que cumplir primero las tareas de una revolución nacional y democrática para liberarse del yugo de la dominación neocolonial de Estados Unidos y que para su realización, el proletariado era el factor dirigente a cuyo alrededor tendría que aglutinar al campesinado, a la pequeña burguesía urbana y rural y a la burguesía nacional. Con lo cual se opuso a quienes con ligereza extrema planteaban que en Colombia existían las condiciones económicas y políticas para emprender ya la revolución socialista.

Para poder adelantar la construcción de ese frente de todas las clases y sectores susceptibles de engrosar las filas revolucionarias, Mosquera planteó que la clase obrera debía tomar decisiones tácticas adecuadas en cada uno de los momentos de la lucha política y que para hacerlo no bastaba tener claros los objetivos estratégicos de la revolución, sino que había que tener en cuenta las mutaciones de la correlación de fuerzas, los flujos y reflujos de la revolución, el estado de ánimo de las masas para vincularse a la lucha, el grado de desarrollo de su conciencia política, la capacidad, cohesión e iniciativa del enemigo y la situación internacional en su conjunto.

En cada uno de los momentos de la lucha por la construcción del MOIR y por abrirle paso en el escenario nacional, Mosquera aplicó con rigor estos criterios tácticos. No dudó en plantear, por ejemplo, la necesidad de participar en la lucha electoral, corrigiendo el falso criterio de que la abstención era una posición que caracterizaba a los revolucionarios. Reconoció sin esguinces que «El MOIR también creyó que la abstención era una de las divergencias con los revisionistas colombianos; grave equivocación que hoy rectifica autocráticamente con la decisión de tomar parte en la lucha electoral». E instruyó al MOIR para que aprovechara las campañas electorales para educar a las masas en la necesidad de organizarse y batallar por culminar las tareas centrales de la revolución de nueva democracia.

Asimismo, cuando a finales de 1972 se planteó la posibilidad de conformar un frente de izquierda para enfrentar con un candidato único la estrategia reaccionaria de prolongar el Frente Nacional, y de unificar en una sola central todas las fuerzas sindicales para combatir la hegemonía de la UTC y CTC, centrales obreras predominantes en aquel entonces, Mosquera le planteó al MOIR la necesidad de participar en esta alianza. Sobre esta nueva política unitaria con viejos contradictores con los cuales veníamos enfrentados en aguda polémica escribió: «La Política de Unidad y Combate representa un cambio en la táctica del MOIR». Y añadió: «Es obvio que con la actitud anterior de frontal enfrentamiento con el Partido Comunista no podríamos adelantar con éste ningún tipo de acuerdos. El partido revolucionario que piense en serio en el Poder y en el cumplimiento de sus programas no puede renunciar a pactar las alianzas y compromisos que la lucha le imponga. El marxismo-leninismo enseña como verdad universal confirmada por la historia que las alianzas transitorias o duraderas efectuadas durante el largo y complejo proceso de una revolución, están determinadas por el curso forzoso y contradictorio de los acontecimientos y dependen en grado sumo del comportamiento de los sectores conscientes y avanzados, de la vanguardia revolucionaria». El MOIR se fortaleció en cada una de estas tareas y comprendió que «el temple de un partido se mide en la audacia y en la capacidad de amoldar su táctica a las situaciones fluctuantes».

Ligando el estudio de la teoría con la práctica política de las masas, Francisco Mosquera formuló enseñanzas invaluables sobre la táctica, cuya aplicación permitirá avanzar en la construcción del frente único antiimperialista que precisa la nación para la conquista plena de su soberanía.

Enrique Daza

Desde sus primeras actuaciones en política, Francisco Mosquera enmarcó la situación colombiana en su contexto internacional, siguió cuidadosamente la evolución de los acontecimientos mundiales y trabajo incansablemente por establecer vínculos de solidaridad entre la revolución colombiana, las naciones oprimidas y las fuerzas democráticas y progresistas del planeta.

El MOIR nació en un momento en el cual se daba una gran polémica tendiente a caracterizar la naturaleza de la dominación norteamericana sobre Colombia. A esto dedicó Mosquera buena parte de sus primeros escritos, señalando cómo a comienzos de los setentas el imperialismo norteamericano había llegado a una etapa de eclipse y arreciaba el movimiento de liberación nacional, hasta lograr resonantes éxitos en Vietnam, Laos y Camboya. Estimulados por el triunfo de la revolución cubana en 1959, durante la década de los sesentas se acrecentaron las rebeliones en América Latina. La China dirigida por Mao Tsetung lideraba la lucha internacional de la clase obrera, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, –dirigida por una camarilla revisionista– renegaba de los postulados del marxismo, restaurando el capitalismo. En medio de esta situación, Mosquera, al lado de la posición adoptada por Mao, criticó a quienes embelesados por la experiencia chilena planteaban el camino de las reformas como ejemplo a seguir, y propuso sumarse al torrente antimperialista que había puesto a Estados Unidos en, tal vez, el peor momento de su historia.

Unos pocos años más tarde, la situación favorable para los pueblos cambió; hubo una enorme transformación en la situación mundial, la cual Mosquera avizoró tempranamente. La URSS, que posaba de socialista, se convirtió en potencia imperialista y quienes la secundaban devinieron en palafreneros suyos. Naciones que habían derrotado al imperialismo se convirtieron en satélites de la nueva potencia y ésta, valiéndose de las dificultades norteamericanas, continuó su escalada por el control del mundo. En este proceso de involución de la URSS, su invasión a Afganistán, en diciembre de 1979, constituyó un hito. Mosquera aclaró que se había producido un viraje, convirtiéndose esta potencia en el «más tenebroso baluarte de la reacción mundial» con una ofensiva estratégica que venía desde 1975. En consecuencia, Mosquera propuso conformar un frente único contra ella, reivindicando los criterios maoístas. En estas nuevas circunstancias, estudió y resumió la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, comparando la posición del gobierno de Carter frente a la URSS con la de quienes quisieron contener a Hitler apaciguándolo.

En la década de los ochentas, y en contravía de lo que pensaba buena parte de la llamada izquierda, analizó cotidianamente la evolución de la situación mundial, reivindicó una y otra vez que «el marxismo auténtico es anticolonialista» y examinó cómo la potencia agresora estaba extendiendo sus tentáculos por todo el globo, desde Centroamérica hasta el Cuerno de África, pasando por el Sudeste Asiático y todos los confines de la Tierra. La invasión a Granada, las vicisitudes de los centroamericanos y el nefasto papel de Cuba en este periodo fueron examinados a profundidad. Sin lugar a dudas, fue el único colombiano que supo relacionar la ofensiva soviética con la política de «paz» aplicada por Belisario Betancur a comienzos de esa década.

Francisco Mosquera fue un infatigable defensor de la soberanía nacional, del derecho de los pueblos a la autodeterminación y del establecimiento de vínculos de respeto y beneficio mutuo entre los países. Estos principios fueron refrendados por el MOIR en el programa de la Unión Nacional de Oposición, UNO, en los setentas, en el Frente por la Unidad del Pueblo, FUP, en los ochentas, y en la lucha por la Salvación Nacional en los noventas. Nunca permitió que nuestro Partido gravitara en torno a un eje diferente a los principios revolucionarios y la realidad nacional y fue celoso en propugnar que la revolución y los partidos revolucionarios deben apoyarse en sus propios esfuerzos.

A finales de los ochentas el imperio soviético se desplomó como producto de la decadencia del aparato productivo, la costosa expansión mundial y la degeneración de la clase dirigente. Resurgió entonces la hegemonía norteamericana, la cual fue examinada por Mosquera, quien –en lugar de aceptar los anuncios de que vendría una época de armonía y prosperidad– vaticinó una creciente inestabilidad, la agudización de las contradicciones mundiales, la mayor agresividad norteamericana y la inminente recolonización de América Latina.

En medio de esa situación cambiante, en la cual se pasó de una crisis norteamericana al ascenso y caída del imperio soviético y al nuevo predominio de la potencia del Norte, Mosquera supo establecer los lazos entre la táctica de la revolución colombiana y la correlación global de fuerzas. Pero su labor no fue la de un frío analista de los acontecimientos. Por el contrario, sus escritos oportunos y su labor práctica lo llevaron a saludar los triunfos de las revoluciones en Indochina, las hazañas de los combatientes afganos contra el socialimperialismo, así como a elogiar la osadía de los polacos al enfrentarse a los rusos y a presagiar importantes luchas de los pueblos en contra de la globalización y las políticas neoliberales.

En todas las etapas descritas se preocupó por extraer de cada acontecimiento enseñanzas para el pueblo colombiano, derivadas de su profundo conocimiento de la historia del país y del mundo.

Los escritos de Mosquera eran cuidadosos y detallados; detrás de cada afirmación suya había una extensa investigación y un debate minucioso. Aunque insistía en las caracterizaciones básicas para dotar al Partido de un lenguaje común, en sus análisis no había simplismo ni dogmatismo. Analizaba la realidad en su movimiento y siempre aclaraba cuáles eran las tendencias posibles en el desarrollo de los fenómenos, y sus implicaciones en la práctica de los revolucionarios. Su precisión y consecuencia, acompañadas de las diferenciaciones, matices y énfasis apropiados en cada momento, lo hicieron un verdadero internacionalista en el doble sentido de comprender cómo evolucionaba el mundo y cuál debía ser la táctica del Partido para sacar ventaja de las dificultades y oportunidades.

El pensamiento de Mosquera escaló nuevas cumbres en la doctrina marxista y es un ejemplo de aplicación de la teoría a la realidad concreta. Nuestro fundador y guía hizo un significativo aporte al acervo revolucionario de los pueblos del mundo.

Defendamos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Durante los días 11 y 12 de junio se realizó un encuentro convocado por el Comité Nacional por la Defensa del ICBF, al cual asistieron más de doscientos delegados de 26 departamentos, en representación de organizaciones sindicales y comunitarias que gravitan en torno a los programas del Instituto. También estuvieron presentes delegados de la CUT y Alternativa Democrática.

El evento abordó el análisis de la situación nacional y la problemática del ICBF y trazó un plan de acción que refleja el carácter unitario logrado para defender los programas de la niñez y los derechos de los trabajadores que los adelantan.

El gobierno amenaza al ICBF con privatizar o desmontar los programas mediante la «municipalización» y la «focalización» (Sisben) de los servicios. Con la primera se propone trasladar a los hoy arruinados municipios la administración y parte del financiamiento. La prestación de los servicios se haría con empresas contratadas, lo que convertirá al ICBF en botín de la politiquería. La «focalización» en «los más pobres de los pobres» es la política oficial propuesta para la educación y la salud públicas, que conduce a la total negación de las obligaciones sociales del Estado.

El despropósito contra el ICBF ya ha dado pasos tan nefastos como el cierre de Hogares Infantiles, la clausura o privatización de las plantas de bienestarina, la negativa a practicar en los laboratorios del Instituto las pruebas de paternidad y el impulso de cooperativas de trabajo asociado para cambiar la modalidad de vinculación de las madres comunitarias con miras a liquidar los Hogares Comunitarios.

El encuentro recibió una conferencia sobre las implicaciones nefastas del TLC para el país y para el ICBF que, al igual que el Sena y las Cajas de Compensación Familiar, vive de las rentas parafiscales, las cuales desparecerán con la quiebra de la producción nacional y la «desregularización» de los contratos de trabajo.

El plan de acción recogió todo un cronograma de tareas, entre las que se destacan: invitación a todos los alcaldes del país para engrosar el Comité Nacional por la Defensa del ICBF; reactivación de los comités municipales y departamentales, que se vincularán al Comando Unitario y a la Gran Coalición Democrática; movilización nacional por la defensa del ICBF y sus programas; creación de Comités por Usuarios; adhesión a las organizaciones de lucha contra el TLC y el ALCA y, finalmente, campaña decidida por concretar la unidad de los sindicatos, la cual se iniciará con los que agrupan a los trabajadores de los Hogares Infantiles y, posteriormente, con las distintas asociaciones de madres comunitarias. El objetivo es conformar en corto tiempo una sola organización, como herramienta definitiva para la batalla por defender el ICBF y la soberanía nacional.

Mineros del carbón derrotan la reforma laboral de Uribe

Los trabajadores de la multinacional gringa Drummond, que saquea el carbón del Cesar, lograron conquistar en su nueva convención, entre otros avances, que se suspenda la aplicación de la última reforma laboral o Ley 789 de 2002. Estos mineros forman parte de Sintraminergética, sindicato de rama económica que aglutina un considerable número de obreros del carbón, el oro, el cobre y el asbesto y que ha jugado un papel protagónico en la organización de los trabajadores de las distintas empresas vinculadas a la explotación del carbón del Cesar.

Durante la etapa previa a la negociación y en el transcurso de la misma, se adelantó entre las bases una amplia explicación sobre los estragos de la reforma y se llamó a derrotarla paralizando la extracción de carbón. La firme posición de los trabajadores y el correcto aprovechamiento de la situación internacional fueron los factores esenciales para lograr los objetivos.

Según la convención, a los trabajadores se les continuará liquidando el trabajo nocturno, los dominicales y festivos conforme a la Ley 50 de 1990, al igual que la tabla indemnizatoria. Una conquista muy importante para el movimiento sindical, que alienta la lucha por recobrar los derechos perdidos en tres lustros de imposiciones neoliberales. Ya otros sindicatos habían logrado compensaciones por este recorte, sin alcanzar tan resonante victoria. El logro de los compañeros de Sintraminergética en la Drummond pone al desnudo la falsedad de los argumentos de Uribe contra los salarios y prestaciones de los trabajadores, y anima a otros de similares condiciones a levantarse en combate y entender que el neoliberalismo y la globalización son políticas imperialistas que pueden derrotarse.

Al calor de las luchas reivindicativas, los trabajadores del carbón, el níquel, el petróleo y otros recursos estratégicos deberán elevando el nivel de conciencia política tras la patriótica exigencia de nacionalizar todas las minas y yacimientos, hoy saqueadas por las multinacionales gringas y europeas.

Comité Distrital de Vendedores Informales: En pie contra el acoso y el desalojo

Según la encuesta de calidad de vida realizada por el DANE el año pasado, en Bogotá hay cerca de 3 millones 500 mil bogotanos económicamente activos; de estos, 451 mil están desocupados y alrededor de 2 millones 900 mil tienen algún ingreso. Esta última cifra incluye 880 mil trabajadores independientes, de los cuales más de 200 mil son vendedores ambulantes y estacionarios.

Por las anteriores cifras es fácil entender la importancia económica que tienen los vendedores ambulantes. Lo difícil de comprender es el empecinamiento de las administraciones distritales en sacarlos de las calles, a sabiendas de que así se incrementan el hambre y la miseria. Esta necedad la explican con la teoría de que la ciudad se debe preparar para recibir a los inversionistas que supuestamente van a resolver el problema de falta de empleo, pero que ellos no llegan si las calles se ven feas con tanto vendedor.

La verdad es que estos negociantes hacen sus inversiones si se les garantiza buena rentabilidad. Por ejemplo, para apoderarse de las empresas de servicios públicos primero exigen altas tarifas que les produzcan inmensas ganancias o, de lo contrario, no invierten.

Mientras los inversionistas buscan negocios rentables por todo el mundo, a los vendedores les toca seguir luchando por la subsistencia en las calles, defendiéndose de los operativos de acoso y desalojo ejecutados por las autoridades capitalinas, con la aplicación del Código de Policía y del decreto 098 de 2004 que reglamenta la forma en que se debe proceder para sacarlos de su puesto de trabajo. A esto se suma la utilización que el actual gobierno distrital hace del listado de sitios públicos recuperados a la fuerza por las anteriores administraciones, lavándose las manos, pero continuando con la decisión de impedir que los vendedores laboren en las calles.

Por eso desde cuando se inició la aplicación del Código de Policía, el 21 de julio de 2003, se han hecho gigantescas marchas y tanto Sindevendedores como otras organizaciones y líderes del gremio se han agrupado en el Comité Distrital de Vendedores Informales, aprestándose para seguir dando la batalla por el derecho al trabajo.

Su justa lucha merece el respaldo del pueblo bogotano y, especialmente, de todos los afectados por las políticas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que golpean la producción nacional, aumentan el desempleo y multiplican los problemas de los desposeídos y oprimidos de Colombia, condenándolos, en el mejor de los casos, a refugiarse en los empleos informales.

Enrique Daza Gamba

El 18 de mayo Colombia, Ecuador y Perú comenzaron las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC). Cerca de 30 días de reuniones, durante nueve meses, definirán la política económica de estos países en las próximas décadas. En el caso de Colombia, como era de esperarse, el gobierno de Uribe se mostró preocupado porque las negociaciones no fracasaran.

Los países del área han tratado de unificar posiciones, pero ni siquiera en el marco de la Comunidad Andina, CAN, pudieron ponerse de acuerdo en establecer un Arancel Externo Común y postergaron la definición para cuando el proceso haya culminado, con lo cual cualquier esfuerzo de coordinación queda supeditado al TLC.

Colombia, por la inferioridad abrumadora de su aparato productivo, no está –ni lo estará en décadas– preparada para un acuerdo de este tipo con la economía estadounidense, a menos que lo haga en calidad de colonia, como administrador de mano de obra barata, receptor pasivo de inversión en recursos naturales, exportador de productos básicos sin elaboración, y perdiendo la soberanía y la capacidad del Estado para promover el desarrollo.

Arranca negociación en medio de la protesta popular

El 18 de mayo, después de casi dos años de intensa propaganda sobre las virtudes del acuerdo, el gobierno se encontró con la sorpresa de que más de ochenta mil colombianos desfilaron por las calles de las principales ciudades del país protestando contra el TLC. Hubo manifestaciones en Cartagena, Bogotá, Barrancabermeja, Bucaramanga, Medellín, Manizales, Pasto, Neiva, Palmira, Cúcuta, Buenaventura, Pereira, Popayán y otras poblaciones. Los diarios tuvieron que registrar la magnitud de las mismas, y las cadenas de televisión y radio se vieron obligadas a mostrar que la iniciación de negociaciones no ocurrió, precisamente, con la aprobación y el entusiasmo de la población. En encuestas de RCN Televisión, 60% de los encuestados afirmaron que el TLC no aumentaría el empleo y 75% se manifestaron contra el Tratado. Aun las agencias Reuters y AP destacaron más la magnitud de las protestas que las declaraciones gubernamentales.

Al tiempo que el gobierno rodeaba de garantías a los negociadores norteamericanos en Cartagena, agredió brutalmente a las veinte mil personas que adelantaban una marcha pacífica para demostrar su inconformidad. La arremetida de los cuerpos élites de seguridad dejó heridos a varios periodistas y camarógrafos de El Heraldo, RCN y la Associated Press. Hubo más de 20 detenidos y salieron apaleados varios congresistas de distintas vertientes políticas que encabezaban la manifestación: Jorge Enrique Robledo del MOIR y Alternativa Democrática, Piedad Córdoba del Partido Liberal, Gustavo Petro del Polo Democrático Independiente, Lorenzo Almendra de las Autoridades Indígenas de Colombia y Bernardo Hoyos del Movimiento Ciudadano, junto con los tres presidentes de las centrales sindicales, importantes dirigentes del Consejo Consultivo Laboral Andino y otros líderes sociales.

Connotados defensores del TLC, como Rodrigo Pardo, manifestaron que «el bolillo en las calles de Cartagena contra congresistas de oposición que critican al TLC no es propiamente la mejor carta» y que «no se puede eludir el debate ni mucho menos reprimir a los críticos». 24 horas antes, el alcalde de Cartagena había prohibido la marcha en el centro histórico y aledaños, cerrado la Universidad de Cartagena –donde en la mañana estaba programado un foro– y clausurado el Coliseo Bernardo Caraballo, sitio de concentración de los manifestantes. La ciudad fue militarizada y las autoridades no presentaron ninguna fórmula para posibilitar la protesta. La reacción fue la represión, simple y cruda.

Las centrales sindicales y el movimiento popular decretaron un paro para la fecha, apelando al legítimo derecho de los sectores populares a expresar su desacuerdo. El gobierno respondió en forma violenta y dmostrando el propósito de suscribir el Tratado a cualquier precio.

Pueblos andinos avanzan en la coordinación de sus luchas

El 16 y 17 de mayo, se cumplió exitosamente en Bogotá el Encuentro Andino de Organizaciones Populares. Asistieron más de 150 personas, 19 de ellas delegados internacionales de Estados Unidos, Honduras, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela. De Colombia, estuvieron representadas más de cincuenta organizaciones de profesionales, el agro, cívicas, juveniles, de mujeres, no gubernamentales, sindicales, políticas, afroamericanas y ambientalistas.

El encuentro debatió la política norteamericana y concluyó con un rotundo rechazo al TLC: «Hacemos un enérgico llamado a todas las fuerzas vivas de la región, principiando por los sectores populares y la inmensa mayoría de habitantes que se verán lesionados por estos acuerdos, a oponer una vigorosa resistencia e impedir, mediante la lucha activa y organizada, la ambición estadounidense de recolonizar la región. Nuestra apuesta es por otro tipo de desarrollo que represente los sueños y aspiraciones de los pueblos, basado en el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento del mercado interno, el aseguramiento del bienestar de la población, la industrialización, la soberanía alimentaria, la libre autodeterminación de los pueblos, la protección de la biodiversidad y del medio ambiente, para asegurar unos lazos fraternales y sólidos entre los pueblos y países de la subregión y de toda América Latina».

En la reunión se aprobó una jornada de movilización entre el 14 y 18 de junio, con ocasión de la segunda ronda de negociaciones en Atlanta; enviar una carta al Senado norteamericano; fortalecer los lazos sectoriales y temáticos entre las organizaciones de la región; expedir la Declaración de Bogotá y citar una reunión dentro del Foro Social de las Américas el 27 y 28 de julio en Quito.

El encuentro fue clausurado por el indígena Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari, quien señaló la necesidad de nuevos esfuerzos por unir a los pueblos andinos y expresó la voluntad de los ecuatorianos de proseguir la lucha contra el TLC.

A cada concesión de Uribe, nuevas exigencias norteamericanas

El 14 de junio se cumplió en Atlanta, Estados Unidos, la segunda ronda de negociaciones del TLC Andino con Estados Unidos. El gobierno de Uribe declaró que no informaría a la opinión pública sobre el contenido de las negociaciones ni sobre las posiciones de Estados Unidos o las del equipo colombiano. El ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, explicó: «Se conocerá la selección que jugará, pero no qué defenderá ni cómo lo hará». Se instaló un cuarto de lectura en el Ministerio de Comercio, donde algunas personas podrán consultar documentos en pantalla, por tiempo limitado, siempre y cuando se comprometan a no divulgar el contenido ni siquiera entre los sectores que representan. Si se suministra alguna información, debe limitarse en el mejor de los casos al estado de la negociación en el respectivo sector. Lo sustancial de lo «negociado» se mantendrá en secreto hasta cuando se divulguen los resultados finales en la última ronda.

Quedó así desvirtuada toda la fraseología sobre la participación de la sociedad civil, las regiones y el Parlamento. La relación de los negociadores con la población se limitará a la defensa por parte del gobierno, sin mayores estudios previos, de la conveniencia de firmar el tratado.

Como el resultado de los demás TLC ha sido calamitoso para países como México, el gobierno ha salido a replicar que para aprovechar el libre comercio se requiere una «agenda interna» complementaria, procediendo a nombrar a un ilustre desconocido al frente de la misma. Pero esa agenda no está contemplada en el Plan de Desarrollo y el gobierno la está improvisando, a pesar de que, según la propaganda oficial, constituye la garantía de que el Tratado beneficiará al país.

La inconformidad cunde entre los empresarios, los arroceros protestan, los algodoneros presagian una debacle, los palmeros desconfían, los productores de medicamentos y agroquímicos genéricos levantan la voz al filtrarse el borrador de la propuesta norteamericana en el tema de propiedad intelectual, que aspira a «quedarse con todo», los sectores de la cultura quieren ser exceptuados y las universidades llaman a que no se trate la educación como una mercancía.

Unos días antes de la ronda de Atlanta, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, señaló que la Comunidad Andina era un acuerdo de papel y que se debería eliminar el sistema andino de franjas de precios, renunciar a los mecanismos de subasta de cosechas que a comienzos del año habían sustituido los convenios de absorción y acabar mecanismos de protección del agro tales como los seguros cambiarios y las licencias previas. Esta posición fue ratificada por Regina Vargo, jefa del equipo negociador estadounidense. Que los norteamericanos no están dispuestos a liberalizar su economía lo prueba que excluyeron de las negociaciones los servicios marítimos y aéreos, como también las ayudas internas al agro. Reafirmaron además la política de protección a su industria y exigieron alargar el periodo de vigencia de las patentes.

La radicalidad estadounidense era previsible, pero nuevamente es notoria la debilidad del gobierno colombiano, que no solo reafirmó que pone todo sobre la mesa de negociaciones, sino que ha aceptado eliminar las franjas de precios y adopta medidas para desproteger a los agricultores nacionales, como está sucediendo con el arroz. En el caso del algodón gravita la reciente afirmación de la eminencia gris del gobierno, Rudolf Hommes, de que para garantizar la competitividad de las exportaciones textileras hay que sacrificar a los algodoneros.

En el tema laboral, el gobierno norteamericano se dio el lujo de posar como defensor de los derechos de los trabajadores colombianos, cuando en realidad está defendiendo a sus propios empresarios, mientras que el gobierno de Uribe no garantiza el cumplimiento de la legislación laboral, pregonando una supuesta defensa de la autonomía normativa, que ya ha cedido vergonzosamente en otros campos como el petrolero.

Departamentos, damnificados del TLC

En las negociaciones del TLC con Estados Unidos, uno de los temas polémicos ha sido el de la participación de las regiones. Del tratado entre Estados Unidos y México se reconoce como resultado prioritario el aumento de las disparidades regionales. El gobierno colombiano ha sido sordo ante muchos reclamos regionales que, de llegar a firmarse el TLC, ven amenazados los sectores productivos, las empresas públicas y aún más la capacidad para desarrollar programas sociales. Subsiste una gran ignorancia entre las autoridades y fuerzas vivas acerca de las graves implicaciones del Tratado.

El gobierno está obsesionado en firmar lo que sea y a toda costa, lo que presagia graves males para el futuro de millones y millones de colombianos y para las generaciones venideras.