Categoría: Tribuna Roja Nº 96; Julio 23 de 2004

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

1. Entre mediocres mañas alternadas con cínicas intolerancias, los actos de gobierno que durante veinticuatro meses ha aplicado Uribe Vélez han mostrado palmariamente que están dirigidos a la instauración de una dictadura. Señalar que su contenido es de derecha, es decir, contra los intereses de la nación y sus mayorías, es indispensable, ya que del reconocimiento cabal y a fondo de esa naturaleza política depende el acierto en la política –posición y métodos– que se debe asumir frente a ella. Tal definición, lejos de obedecer a una adjetivación esquemática o redundante, es cuestión primordial dada la capital gravedad del desafío que la oligarquía pro imperialista les ha lanzado a los colombianos sobre su destino y el de la nación. Para contrarrestar inadmisibles laxitudes ideológicas y políticas a ese respecto, adquiere suma importancia que la mencionada apreciación impere entre todos los compatriotas, pero primeramente entre las personalidades y dirigentes que tienen ascendiente entre la población.

Ninguna dictadura es neutra. Desde el Estado, que es su instrumento, está al servicio de una dominación e interés de clase, en nuestro caso los de la oligarquía financiera criolla y la cúpula financiera imperialista y, por lo tanto, es por completo antagónica con los del pueblo colombiano. No cabe entonces tener ante ella actitudes de conciliación cuando quienes la están cimentando desatan su implacable lucha de clases contra los sectores populares, ni exhibir docilidad disfrazada de sensatez cuando quienes detentan el poder aducen las más dogmáticas ideas y proceden con el mayor sectarismo.

A medida que se entroniza el despotismo va haciéndose más evidente la necesidad de desechar algunos lemas que rondan entre organizaciones y movimientos que en diversos grados han venido oponiéndosele. Tal es el caso de la «oposición constructiva», que en sus mismos términos envuelve la cooperación; la disposición «propositiva», que llama a plantear ideas alternativas dentro de la política del régimen; la política de concertación, que implica tratar como entre iguales y con intereses comunes la relación entre sojuzgadores y sojuzgados; la consigna de la reconciliación que atribuye la polarización de la sociedad no a las arbitrariedades estatales, sino a la justa resistencia que se les opone. Posiciones y talantes políticos como estos no sólo no le hacen mella a la política del gobierno, sino que terminan remozando su índole dictatorial.

2. En las diversas actividades y expresiones que afloraron durante el pasado semestre para rechazar las políticas propias del neoliberalismo y la globalización norteamericana que cerrilmente aplica Uribe Vélez, se hizo patente una vez más el espíritu patriótico y democrático que pervive entre los colombianos, corroborándose así que este constituye un básico factor político a desarrollar en una batalla que se avizora como prolongada. Fueron paros cívicos, huelgas, jornadas y manifestaciones de protesta que, junto a los debates de las minorías parlamentarias contra la política gubernamental, la labor crítica de intelectuales y personalidades progresistas y las múltiples actividades de organizaciones políticas y sociales, van aquilatando el rumbo acertado y los métodos correctos para enfrentar la generalizada acometida.

Son todas luchas y posiciones con la formidable perspectiva de contrarrestar y, finalmente, derrotar la que seguramente pasará a la historia como la más desaforada agresión contra el país y sus gentes emprendida por el imperialismo norteamericano (hoy asediado, debido a la globalización del repudio que suscitan sus criminales tropelías), y por la oligarquía financiera colombiana que, «castrada de todo patriotismo y democracia», tiene a Uribe Vélez como su valido en la jefatura del gobierno.

Resaltan entre ellas la huelga de alto contenido político que durante 35 días libraron los trabajadores de Ecopetrol, erigiendo con ella una pauta en el movimiento obrero sobre la necesidad de ligar la lucha sindical con la defensa de los intereses nacionales y reafirmando la posición de dignidad y osadía de las organizaciones obreras frente al asedio de las amenazas y sobornos para que concilien la entrega de sus intereses y consientan su degeneración y marchitamiento; la abigarrada y combativa manifestación en contra del ALCA y el TLC que, enfrentando la brutal represión del gobierno, realizaron sectores populares de Cartagena acompañados de dirigentes y trabajadores de las centrales sindicales y de las organizaciones agrarias, indígenas procedentes de todo el país y un puñado de parlamentarios de oposición y de izquierda, y, por último, la recia resistencia de los habitantes de Girardota, Copacabana, Barbosa y Bello, durante el paro cívico en rechazo a la exacción, que por cobro de valorización y de un oneroso «peajito social», pretende hacerles el gobierno. Fueron tres trincheras que en su particularidad encarnan la guía de combate para toda la población.

3. La aplicación de su nefaria política sin sujeción a reglas, leyes o control alguno es manifiesta en las recurrentes acometidas del uribismo contra las demás ramas del Estado (ya nos referimos en editorial anterior a lo que pretende contra la rama Judicial: Tribuna Roja No. 95). Al no poder cerrar el Congreso, se dedicó a denigrarlo con malicia o ensalzarlo con zalamerías, según cumpliera o no su voluntad; a apoderarse de la iniciativa parlamentaria, presentando por interpuestos congresistas todo tipo de proyectos de ley y a utilizar la vulgar politiquería para comprar voluntades y votos. Como resultado, las así adobadas mayorías parlamentarias, que componen un corro de liberales y conservadores ya desnaturalizados con un rampante uribismo, han conseguido revelar la corporación legislativa como un establo en donde el gobierno oficia de mayoral, algo que la valerosa actitud de crítica y denuncia desplegada allí por los congresistas de las minorías políticas hace más ostensible.

No es de extrañar que esas mayorías, arrimadas en el palacio presidencial, impongan la aprobación en serie de leyes que recortan o suprimen libertades y derechos democráticos, de lo cual es ominosa muestra el «estatuto antiterrorista»; normas dirigidas a que se nieguen o escatimen a la mayoría de la población servicios tan vitales como los de la salud, generando un real holocausto que cobra miles de veces más víctimas que las que arroja el conjunto de violencias y terror; mandatos que le dejan a los linces del capital privado la prestación de otros servicios públicos para que se lucren con la más despiadada expoliación de las gentes; disposiciones que despojan a los trabajadores de conquistas laborales y derechos pensionales, y arrojan de continuo pesadas cargas tributarias sobre las agobiadas capas populares, mientras llenan de privilegios y exenciones tributarias a la plutocracia financiera; preceptos que autorizan la entrega barata a las multinacionales de empresas y recursos públicos que hacían parte de nuestro patrimonio y les dan garantías para la toma de nuestro mercado interno, ahora a punto de rematarse mediante expedientes como el Tratado de Libre Comercio; en fin, leyes que, al igual que las que presentará el gobierno en la próxima legislatura, responden a los ucases del gobierno norteamericano y los organismos financieros internacionales. Se le concede así a los Estados Unidos una plataforma política y económica para su total recolonización del país.

Menos cabe sorprenderse de que, so capa de la «seguridad democrática», pero en realidad con el señalado propósito de poner cabalmente en ejecución la política antipopular y antinacional a la que se le viene otorgando estatus legal y constitucional mediante esa sucesión de leyes, las mayorías uribistas en el Congreso sigan aprobando la ley que facilita la reelección de Uribe Vélez, rompiendo adrede las reglas del juego del Estado de Derecho que rige bajo el régimen imperante, para pasar a consolidar uno de hecho, el dictatorial.

Dentro de la lógica propia de la manía presuntamente redentora del país con la que actúa Uribe, es tan cierto como siniestro que queda todavía mucho por arrasar en la base y en la superestructura de la nación, así como mucho por doblegar en la gente de bien, demócratas y patriotas, que mora en ella, antes de poder entregarla por completo a la voracidad de los dueños del capital financiero internacional y doméstico. Tal pretensión es el sentido escueto de la reelección.

Uribe ha logrado en la época moderna conjugar los elementos más eficaces para la destrucción de Colombia. El otro aspecto, la negación de tan sombrío proceso, está en gestación con la gama de oposiciones y combates que se ha venido desplegando. Advendrá pleno con el despertar ineluctable de las clases populares.

Héctor Valencia H.
Secretario general del MOIR

Importante seminario político e ideológico

Los días 5 y 6 del pasado mes de junio, se realizó en el Hotel Sochagota de Paipa un importante evento de Alternativa Democrática, con la participación de ocho parlamentarios de la bancada y dirigentes de los partidos y organizaciones que la integran. En las fotografías, vemos aspectos de la reunión, presidida por el doctor Carlos Gaviria Díaz.

Arriba, el doctor Gaviria; Orlando Fals Borda, del Frente Social y Político; el senador Antonio Javier Peñalosa, Rafael Sánchez y el padre Bernardo Hoyos, del Movimiento Ciudadano. En la foto de la derecha, el doctor Gaviria Díaz se dirige a los asistentes.

Los parlamentarios de Alternativa Democrática: Carlos Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Javier Peñalosa, Félix Efrén Tarapués, Wilson Borja, Álex López, Venus Albeiro Silva y Ermínsul Sinisterra, y dos delegados de cada una de las organizaciones políticas integrantes de la coalición (Frente Social y Político, Partido Unidad Democrática, Movimiento Ciudadano, Partido Comunitario Opción Siete y el MOIR, se reunieron en el Hotel Sochagota los días 5 y 6 de junio de 2004, para analizar la grave crisis nacional y la ofensiva antipopular del gobierno autoritario de Álvaro Uribe Vélez, sus medidas lesivas de los derechos democráticos y su entrega de la dignidad nacional ante el creciente intervencionismo de Estados Unidos. Después de una amplia y franca deliberación, el evento llegó a importantes acuerdos, entre los cuales destacamos:

1.Luchar contra las pretensiones reeleccionistas de Álvaro Uribe Vélez.

2. Impulsar la defensa de la soberanía nacional contra la creciente injerencia e intervención de Estados Unidos y su arrasadora política neoliberal que busca imponer el Tratado de Libre Comercio, que es nada menos que la anexión de la economía colombiana a la de la poderosa potencia del Norte.

3.Exigir el respeto de las libertades democráticas y rechazar la creciente represión de este gobierno contra los luchadores populares y sus organizaciones.

4.Denunciar y combatir, en el Congreso y fuera de él, la agenda legislativa que pretende hacer aprobar Álvaro Uribe Vélez en la legislatura que comienza y que contiene, entre otras, medidas tan lesivas contra el pueblo como el recorte de las pensiones, el aumento de la edad y de las semanas cotizadas para obtener la jubilación, la eliminación de la mesada catorce y de los regímenes especiales, lo cual afecta a miles de trabajadores petroleros y del magisterio, la imposición del IVA a productos básicos de la canasta familiar.

Es conveniente señalar que mientras Uribe prepara esta avalancha contra los sectores populares, no tiene ningún empacho en aumentar las exenciones para las grandes empresas multinacionales, les recorta los impuestos y les da toda clase de garantías para sus inversiones.

La reforma a la Justicia y los proyectos de ley para apuntalar su “Seguridad Democrática” también serán objeto de importantes debates por parte de los parlamentarios de nuestra bancada.

5. Apoyar la búsqueda de una solución política del conflicto armado.

6. Defender las reivindicaciones sociales, económicas y culturales de los trabajadores y de los ciudadanos en general. Oponerse a las privatizaciones y a la entrega del patrimonio público a los capitales privados y extranjeros. Ampliar la coalición y apoyar las luchas

La reunión de Paipa también aprobó que Alternativa Democrática no sea sólo una bancada parlamentaria, sino una coalición de movimientos sociales y políticos para presentarle al país una propuesta unitaria y democrática. Debe por ello darle cabida a nuevas organizaciones que defiendan las mismas posiciones políticas y que participen activamente, como lo hará Alternativa Democrática, en las luchas sociales, cívicas y democráticas que libran los trabajadores, pobladores y ciudadanos.

Coordinación organizativa

El evento aprobó la conformación de una dirección nacional integrada por los parlamentarios de la bancada y dos delegados en representación de cada uno de los movimientos políticos integrantes. Para un funcionamiento más ágil y efectivo la dirección elegirá un Comité Ejecutivo y definirá su funcionamiento. Igualmente, fueron aprobados varios mecanismos de coordinación de las tareas de las Unidades Técnicas Legislativas que apoyan la labor de los congresistas de Alternativa Democrática, así como la creación de mesas de estudio y de trabajo sobre temas donde el gobierno prepara graves atentados contra los intereses de las masas populares: salud, pensiones, servicios públicos, libre comercio, «seguridad democrática», propiedad intelectual, políticas medioambientales, recursos naturales, política de hidrocarburos, entre otros.

Gran Coalición Democrática

El seminario determinó que Alternativa Democrática continuará participando en la Gran Coalición Democrática, instancia unitaria creada pra impulsar las actividades por la abstención activa al referendo del 25 de octubre y que, como se recuerda, fue derrotado sin atenuantes, propinándole un severo golpe a las pretensiones uribistas.

Candidatura presidencial

Alternativa Democrática se empeñará en levantar una candidatura única de los sectores independientes y democráticos, con una plataforma de convergencia que contemple los puntos atrás señalados .

En este contexto, se pondrá a consideración de los colombianos el nombre del doctor Carlos Gaviria como posible candidato presidencial.

Alternativa Democrática en los departamentos

Para el domingo 8 de agosto, en el Rincón Latino de la ciudad capital del Atlántico, se llevará a cabo un extraordinario acto de lanzamiento de Alternativa Democrática en la Costa, en el cual participarán los parlamentarios de esta coalición política: los senadores Carlos Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda y Antonio Javier Peñalosa, y los representantes Wilson Borja, Álex López, Venus Albeiro Silva y Ermínsul Sinisterra. El Movimiento Ciudadano, que dirigen el padre Bernardo Hoyos Montoya, el senador Antonio Javier Peñalosa y el concejal de Barranquilla, Rafael Sánchez, adelantan los preparativos del evento, que ha despertado enorme expectativa. Cuentan para ello con el respaldo de la militancia del MOIR, de Unidad Democrática y del Frente Social y Político.

En el Valle del Cauca

Después de numerosas reuniones en varios municipios, las fuerzas integrantes de Alternativa Democrática en el Valle del Cauca realizarán en Cali una concentración el 31 de julio, la cual será encabezada por el representante a la Cámara, el compañero Alexánder López. Allí también se harán presentes varios de los congresistas de la bancada.

En otras regiones

En Pereira, Manizales, Tunja, Santa Marta y Bucaramanga se han realizado actos y reuniones de Alternativa Democrática con miras a consolidar los esfuerzos unitarios entre las diferentes fuerzas.

Bogotá, julio 22 de 2004

En esta amplia y representativa Cumbre Política y Social que se ha realizado hoy, 22 de julio, en el auditorio del edificio Orquídea Real de Bogotá, la Gran Coalición Democrática, los partidos políticos democráticos, el movimiento sindical confederado, parlamentarios, diputados y concejales de diversas corrientes políticas, los pensionados y las más activas organizaciones no gubernamentales hemos unificado criterios, propósitos, planes y tareas alrededor de cinco grandes ejes de trabajo en los cuales se juega el futuro del país y los intereses de la inmensa mayoría de los colombianos:

Defensa del Estado social de derecho, las libertades y la soberanía

Ante la ofensiva del gobierno del presidente Uribe Vélez encaminada a profundizar el desequilibrio de los poderes públicos, restringir las libertades y el ejercicio de los derechos democráticos a la población, disminuir la responsabilidad y la inversión social del Estado, y respaldar irrestricta e integralmente la política hegemonista norteamericana, nos hemos comprometido en la defensa del Estado social de derecho oponiéndonos al proyecto de reforma a la justicia que propiciaría una mayor injerencia del Ejecutivo en la Rama judicial, al recorte de facultades a la Corte Constitucional, a las limitaciones que harán inoperante la acción de tutela y al desmonte de las obligaciones sociales del Estado; en la defensa de las libertades ciudadanas encabezando el desenmascaramiento del carácter fascistoide del Estatuto Antiterrorista y su ley reglamentaria así como la denuncia de su inconstitucionalidad como ya lo han señalado voces muy representativas de la sociedad colombiana; en la defensa de la soberanía luchando contra los planes económicos, políticos y militares elaborados contra el interés nacional desde Washington y aplicados a rajatabla por el gobierno uribista; así mismo rechazamos la presencia de tropas norteamericanas y mercenarios extranjeros en el territorio nacional.

Contra las neoliberales reformas constitucionales, económicas y sociales del gobierno

Nos hemos comprometido a luchar en el parlamento, en las calles y plazas de Colombia para impedir la aprobación de una agenda legislativa oficial que pretende descargar en los hombros y en el bolsillo de las mayorías pauperizadas las consecuencias de una política económica neoliberal que ha sumido al país en la más honda crisis de su vida republicana. Ni una nueva reforma tributaria (la tercera de este gobierno) que pretende imponer un IVA del cuatro por ciento a los alimentos básicos de la canasta familiar, ni una nueva reforma pensional resolverán los graves problemas del presupuesto y las finanzas nacionales originados en el acatamiento dócil a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, FMI y, en cambio, someterán a los colombianos a mayores niveles de pobreza y miseria. Hoy, en Colombia, 13 millones de colombianos viven en la indigencia, 33 millones por debajo de la pobreza y el desempleo supera el 17%. Además, nos oponemos a las propuestas legislativas que intenten consagrar la impunidad.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos

De firmarse el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, como pretende a las volandas el gobierno de Uribe Vélez, los pocos sectores de la producción que han sobrevivido a los catorce años de aplicación de la apertura económica neoliberal colapsarían estrepitosamente como lo han anunciado reiteradamente caracterizados voceros de la academia, del parlamento, de las organizaciones políticas, de los gremios empresariales y de las centrales de los trabajadores. La faena apátrida de entregar el mercado nacional, centenares de miles de empleos y jornales agrícolas, recursos naturales y empresas públicas habrá terminado para beneficio del capital internacional, principalmente norteamericano, y la ruina de una nación despojada de su soberanía económica y de la columna vertebral de su aparato productivo. Por lo tanto, nos comprometemos ante los trabajadores y los productores colombianos a denunciar este proyecto de anexión y luchar por impedir su firma.

La reelección presidencial

Con el apoyo del Embajador norteamericano y la compra de los votos de algunos parlamentarios a cambio de ciertas partidas presupuestales, como corresponde a la más cruda tradición clientelista y corrupta de la forma de hacer política en Colombia, el presidente Uribe Vélez logró imponer en primera vuelta el proyecto de reforma constitucional que establece la reelección inmediata, con evidentes propósitos dictatoriales. Es decir, ha avanzado en estrategia de cambiar las normas constitucionales para beneficio propio aprovechando sin pudor ni tapujos el cargo que desempeña y el poder que de allí se deriva. Reiteramos nuestra decidida oposición al proyecto de reelección dentro y fuera del parlamento colombiano y nuestra disposición a lograr una unidad de acción aún más amplia que la de esta Cumbre Política y Social con los sectores de las vertientes tradicionales que deslinden campos con la pretensión uribista.

La solución política del conflicto armado y los acuerdos humanitarios

Reiteramos nuestro compromiso porque Colombia supere las dificultades causadas por la generalización de la violencia a través de la solución política negociada del conflicto armado. Así mismo, apoyamos la búsqueda de acuerdos y compromisos humanitarios, entre los cuales están los que permitan la libertad de los colombianos afectados por las fuerzas en contienda.

Llamamos a la ciudadanía a participar activamente en el Plan de Acción aprobado en esta Cumbre Política y Social, con el objetivo de potenciar la movilización de los colombianos por la defensa de la nación hoy amenazada.

Gran Coalición Democrática, Partido Liberal Colombiano, Partido Polo Democrático Independiente, Alternativa Democrática, Partido del Trabajo de Colombia, Convergencia Popular Cívica, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), Partido Comunista Colombiano, Frente Social y Político, Partido Unidad Democrática, Partido Comunitario Opción Siete, Movimiento Ciudadano, Movimiento Colectivo Guillermo Marín, Unión Patriótica, Central Unitaria de Trabajadores, Confederación General de Trabajadores Democráticos, Confederación de Trabajadores de Colombia, Confederación de Pensionados de Colombia, Comando Nacional Unitario, Comando Nacional Sindical Estatal, Federación Colombiana de Educadores, Unión Nacional de Empleados Bancarios, Fenaltrase, Aspu, Central Nacional Provivienda, Sindess, Ascontrol, Sintragobernaciones, Concec, Corporación Viva La Ciudadanía, Sintraseguridad Social. (Sigue listado de organizaciones sindicales y sociales, parlamentarios y otras personalidades).

Gustavo Triana

Durante 35 días los trabajadores petroleros, dirigidos por la Unión Sindical Obrera, libraron una de las batallas más importantes contra la política de recolonización. La huelga de la USO dio una clara muestra de la capacidad de organización y movilización de los trabajadores y sacó a relucir todos los valores antiimperialistas del proletariado petrolero. Esta combativa movilización interpretó el afán de la inmensa mayoría del pueblo colombiano por contener las tropelías de Uribe Vélez. Se convirtió en el ejemplo a emular si queremos resistir eficazmente la brutal embestida de Estados Unidos para saquear nuestra nación y esclavizar a nuestro pueblo.

Los dirigentes y activistas desplegaron una titánica labor de explicación de la batalla en sindicatos, concejos, asambleas departamentales, colegios, universidades, barrios populares, veredas y todo escenario posible en las zonas de influencia petrolera. Las formas organizativas utilizadas son una escuela para el movimiento obrero. Se crearon comités de mujeres, contratistas, temporales, aprendices y estudiantes del Sena, como también por áreas de producción y por actividades de la huelga y, lo más importante, se afianzó el Frente Patriótico por la Defensa de Ecopetrol, que en Barranca corresponde al Foro Social, la organización más amplia de la región, liderada por monseñor Jaime Prieto y cuya bandera principal es la defensa de lo público y el bienestar de los pobladores.

La vinculación de todo el sindicato a este trabajo rindió sus frutos y tempranamente se sintieron las manifestaciones de apoyo del Movimiento de Mujeres por la Defensa de Ecopetrol, de las organizaciones de pensionados, senadores, representantes, concejales, diputados y alcaldes, de la Iglesia Católica y otros credos religiosos, el movimiento sindical nacional e internacional, los medios de comunicación de orden nacional y regional, los estudiantes, y, en fin, todos los patriotas. Treinta y dos senadores y representantes dejaron pública constancia en favor de la huelga.

Durante la huelga se desarrolló una impecable línea de masas que permitió alcanzar un gran respaldo, neutralizar el macartismo del gobierno y la gran prensa y esclarecerles a influyentes sectores sociales la importancia del manejo soberano del petróleo. El apoyo en las masas, la política de Frente y la posición patriótica y de clase que condujo el movimiento permitieron doblegar la arrogancia de Uribe y de Yanovich, obligándolos a negociar varios aspectos de la política petrolera y del manejo de Ecopetrol, lo que significa un avance en la contención de la recolonización imperialista. Fue una enseñanza contra el pesimismo y las tendencias conciliacionistas del movimiento sindical y la demostración de que la lucha organizada de las masas es lo único que hace retroceder el autoritarismo y antinacionalismo de Uribe.

Sin embargo, no se lograron todos los objetivos. Lo concerniente a los derechos de los trabajadores sigue dependiendo de poder derrotar el nefasto laudo arbitral, refrendado por la Corte Suprema pero que no está en firme por los recursos jurídicos interpuestos, ya que el trámite violenta toda la legislación laboral. La postura fascista de Uribe y Yanovich obligó a aceptar la pensión anticipada de 80 trabajadores, entre ellos los más veteranos dirigentes del sindicato, y un tribunal de arbitramento para el estudio del reintegro de otros 170 compañeros huelguistas. Lo relevante de la gesta es que la empresa mantiene su carácter estatal, no se entregan a las multinacionales los campos de producción de la estatal, se reafirma la ampliación y propiedad de la refinería de Cartagena y se frena la descapitalización de Ecopetrol impidiendo que se le pase a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, su participación en las asociaciones. Además, el sindicato sobrevive a la arremetida y no entrega absolutamente ningún principio, así temporal y parcialmente haya sufrido merma en sus dirigentes y activistas.

Para llegar hasta la declaratoria de la huelga política nacional, el jueves 22 de abril, se recorrió un camino de análisis y discusiones que son lección para el movimiento obrero. Los anuncios de arrasar la convención y completar la entrega del petróleo al imperialismo hacían que la Asamblea Nacional de Delegados, de noviembre de 2002, tuviera clara la necesidad de preparar y hacer una huelga que pusiera como eje central de la pelea defender el recurso hidrocarburífero nacional, la estatal petrolera y los derechos de los trabajadores.

La resolución adoptada así lo interpretó. La contradicción estuvo en cuándo debía iniciarse la huelga. La mayoría de la dirección concentró sus esfuerzos en la búsqueda de un eventual acuerdo para evitar el conflicto, sin tomar nota de la actitud cada vez más arrogante de Yanovich y del alistamiento de los decretos de reforma del Estado, que incluían a Ecopetrol. El desenfoque condujo a equivocaciones como atenerse solo a los recursos jurídicos, de los que hoy sigue pendiente la vigencia de la convención, y a desaprovechar las coyunturas que se presentaron para lanzar la batalla.

No se dio la orden de parar, por ejemplo, en el momento de expedir el Decreto 1760, que convirtió a Ecopetrol en empresa por acciones, creó la ANH para quitarle la administración de las reservas de crudo y gas y escindió sus inversiones en otras empresas para fundar la promotora de inversiones. Se optó por una asamblea permanente que no correspondía a la magnitud de la agresión. Al instalarse el tribunal en septiembre 26 de 2003, el sindicato permaneció en unos diálogos estériles, cuando la única respuesta era la huelga. Igual sucedió en diciembre de 2003, cuando se produjo el laudo arbitral que cercenó los aspectos más importantes de la convención.

Por el debate en las filas del sindicato para esclarecer la táctica, se llegó incluso a que el compañero Rodolfo Gutiérrez renunciara a la presidencia, pues tanto él como los dirigentes y delegados del MOIR y el Colectivo Guillermo Marín estaban en contra de la táctica aprobada por mayoría en la asamblea de agosto de 2003 y pedían aplicar la resolución que ordenaba la huelga general. En diciembre de 2003 y enero de 2004, la administración y el gobierno desataron una racha de medidas para aplicar el laudo arbitral, negar la renovación de contrato a los temporales, prorrogar los contratos de asociación de La Guajira, Caño Limón y Sabana de Torres, regresar a la concesión como forma de contrato y entregar los campos de Casabe y La Cira-Infantas a OXY y Schlumbeguer. Se anunció también la emisión de acciones de Ecopetrol, se cuestionó la propiedad de la empresa sobre los contratos de asociación existentes hasta diciembre de 2003 y se filtró una posible venta de la refinería de Cartagena. Todo se juntaba para darle el golpe final a la USO y a Ecopetrol, asunto que comprendió la dirección del sindicato y se retomó la decisión de ir al combate.

Restablecida la unidad, se lanzó la batalla, que la dirección sacó adelante con toda consecuencia. La tarea principal ahora es recomponer las filas de la organización y prepararla para continuar la lucha, pues urge materializar el reintegro de los compañeros despedidos, a quienes se debe respaldar política y económicamente, y persistir en la defensa de la convención colectiva de trabajo y en la revocatoria del laudo arbitral. La USO se debe mantener en guardia contra los nuevos intentos de Uribe y el imperialismo por apropiarse totalmente del petróleo nacional y liquidar o privatizar a Ecopetrol. La huelga reanima el movimiento obrero y social levantando la bandera de lucha en momentos en que la política oficial es aceptar el TLC y el ALCA, acuerdos que harán retroceder a la nación a las épocas de la Colonia española conculcando cualquier posibilidad de bienestar y desarrollo económico.

Jorge Enrique Robledo Castillo, jerobledo@senado.gov.co, Bogotá, 3 de julio de 2004.

En lo que suena como una especie de campaña en contra del derecho a pensionarse de los colombianos, se presenta a quienes lo han logrado casi como a una especie de zánganos que abusan del resto de la nación. Cuando lo cierto es que la pensión de jubilación no representa otra cosa que la única posibilidad que tienen los asalariados de sobrellevar una vejez a la que no se le sumen los sufrimientos de la indigencia. Porque exceptuando unos cuantos casos, el salario no les alcanza a quienes lo reciben para constituir ahorros que les permitan satisfacer sus necesidades más elementales una vez concluyen su vida laboral. Esos compatriotas, además, adquirieron o adquirirán el derecho a pensionarse luego de haber aportado para sus pensiones por el monto y el tiempo que les establecieron una normas que no fueron redactadas por ellos. De ahí que sea tan regresiva la reforma anunciada de imponerles impuestos a los pensionados, eliminar la mesada catorce, acabar con los regímenes especiales y hasta imponer pensiones que apenas equivalen a la mitad del salario mínimo.

También hay que rechazar la tendencia iniciada con la Ley 100 de 1993 –que tuvo como ponente a Álvaro Uribe Vélez, entonces senador– de hacer reformas que incrementan los aportes de los trabajadores para sus pensiones, aumentan la edad a la que se adquiere el derecho y reducen el monto de la pensión, de manera que esta se parece cada vez más a un seguro de entierro. Y es obvio que la cantaleta en contra de las mayores pensiones (que son 846) busca ocultar que cada reforma pensional va dirigida contra las gentes del común, según lo muestran las propias cifras oficiales: mientras que la disminución del gasto que se obtendría por la vía de ponerle como tope nueve millones de pesos mensuales a las pensiones más altas llegaría a 11.700 millones de pesos anuales, la eliminación de la mesada catorce costaría ochocientos mil millones de pesos al año. Si de lo que supuestamente se trata es de tocar a los “privilegiados”, ¿por qué se meten con los demás, que son casi todos? ¿Y no atenta contra los derechos democráticos de los trabajadores prohibir en la Constitución los regímenes especiales, convirtiendo los derechos laborales mínimos de ley en los máximos legales?

Las causas del déficit del ISS deben explicarse para que se entienda lo que ocurre. Si se suman los aportes de ley que el Estado nunca le hizo, las pérdidas que sufrió por inversiones que los gobiernos lo obligaron a hacer en el IFI y el BCH y las platas que el gobierno nacional no aportó por sus trabajadores, la deuda del Estado con el Seguro fue calculada por uno de sus presidentes en 40 billones de pesos, aunque hay analistas que la elevan a 60 billones. También cuenta en la crisis del ISS la política de apertura económica, la cual, al quebrar amplios sectores del aparato productivo, aumentar el desempleo y reducir los salarios, disminuyó el número de quienes aportan para pensiones y el monto de sus pagos.

Pero, por sobre todo, la crisis del Seguro se explica por la decisión de la Ley 100 de crearle al capital financiero el negocio de los fondos privados de pensiones, lo que, fuera de convertir en ganancias grandes sumas que deberían ir a los pensionados, le arrebató millones de aportantes al ISS. Al respecto, las cifras son elocuentes: en 1995 le cotizaban al Seguro 3,12 millones de colombianos y había 313 mil pensionados; para 2003 los pensionados aumentaron en 280 mil, en tanto los cotizantes disminuyeron en más de un millón. Así se pasó de 9,95 a 3,72 aportantes por cada pensionado, cuando el Seguro se diseñó para funcionar con una relación de ocho a uno, porque se concibió para que los aportes de los trabajadores contribuyan con el pago de los que ya se pensionaron, lo que se conoce como “solidaridad intergeneracional”. Entonces, la Ley 100 significó que el Estado se quedó con los pensionados y los fondos privados con los cotizantes, despropósito que copiaron del modelo implantado por Pinochet en Chile. Por lo tanto, ni siquiera pueden aducir en su favor que no sabían lo que hacían.

Que los fondos privados de pensiones posean 22 billones de pesos dedicados al parasitismo financiero, mientras el Seguro no tiene con qué pagarles a sus pensionados, le da una explicación concreta a buena parte del faltante. El resto se explica por el cada vez menor aporte del trabajo formal y los salarios a la economía del país, tendencia que se acentuó con la reforma laboral de 2002 y que deberá agravarse si Colombia suscribe el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y los patrones que se alegran cuando las pensiones disminuyen, que no olviden que estas también son parte de la capacidad de compra nacional.

El 12 de julio, a los 89 años de edad, falleció en Barbosa, Santander, el camarada Efraín Marín Mosquera, connotado dirigente de los trabajadores de carreteras nacionales y uno de los fundadores del MOIR. Hasta el momento de su muerte, Efraín Marín se mantuvo fiel a nuestro Partido.

Era uno de los militantes más antiguos y el de mayor edad, el decano. Ingresó al MOEC a comienzos de 1969, en lo más duro del combate contra las camarillas de UTC y CTC. Nuestro guía y fundador, Francisco Mosquera, venía haciendo esfuerzos desde hacía algún tiempo por agrupar en una fuerza unificada, independiente y revolucionaria, a lo mejor del movimiento sindical colombiano. Las gestiones cristalizaron en nutridos encuentros regionales en los que el camarada Marín, como vicepresidente de Fenaltracar, la federación de obreros de carreteras, desempeñó activísimo papel al lado de Mosquera, Rafael Torres, Eliécer Benavides, Diego Montaña Cuéllar, Virgilio Piedrahita, Fabio Cadavid y Luis Carlos Ramírez,entre otros. Desde entonces, con entusiasmo de neófito, el veterano dirigente acompañó a Mosquera en las más importantes batallas de la hora: desde el Paro Patriótico hasta el debate electoral, pasando por las luchas internas, en las que nunca perdió el rumbo.

Efraín Marín, nacido en Puente Nacional, Santander, se había vinculado a muy temprana edad al Partido Comunista de Colombia, pero desde 1948 empezó a hacer notar su descontento, porque no compartía los ataques que el conclave vieirista menudeaba contra Gaitán. Ya muy anciano, le confesó a Tribuna Roja que uno de los mayores orgullos de su vida era el de haber sido abrileño.

Héctor Valencia H.

Durante los diez años transcurridos desde la muerte de Francisco Mosquera, son los abigarrados episodios que acontecen en nuestra sociedad y el rumbo adquirido por los acontecimientos internacionales, los que han revelado sin cesar la profunda dimensión de su pensamiento. La misma que el MOIR en su quehacer político corrobora a diario al guiarse rigurosamente por sus enseñanzas. Son pues los hechos los que le confieren la dignidad de lo verdadero a la obra del camarada Mosquera, por lo que, más allá de los particulares frutos que nos proporciona a los moiristas por estar íntimamente ligada a la naturaleza y desarrollo políticos de nuestro Partido, constituye el mayor tesoro teórico con que pueden contar los trabajadores y el resto del pueblo, así como todas la gentes que conservan su raigambre nacional, en sus tareas y esfuerzos por hacer que Colombia posea soberanía y una nueva democracia que la enrumben por sendas de progreso material y cultural.

El camarada Mosquera inició su formación revolucionaria uniéndose a otros jóvenes de la pequeña burguesía que encauzaban su rebeldía contra el imperialismo y el antidemocrático régimen del Frente Nacional, impuesto por los partidos tradicionales a finales de la década de los cincuentas del siglo pasado. Con ellos supo, junto a las justas y honestas ambiciones de cambio que los movían, las falencias de sus enfoques y los desacertados métodos de lucha que la asimilación mecánica de la triunfal gesta antiyanqui del pueblo cubano había suscitado a lo largo de América Latina. Muy pronto, y contra la corriente en boga, comenzó Mosquera una labor crítica de tales tendencias que aún hoy, ante la persistencia de algunos en practicarlas, conserva su valor. Buscando desarrollarla, comprendió que la fuente para darle la consistencia necesaria se encontraba en el sector social más avanzado de la época moderna: los trabajadores asalariados. Hacia allí se dirigió y entre ellos estableció su residencia política. Les sirvió como abanderado en sus luchas reivindicativas, como laboriosa abeja en sus tareas sindicales y como paciente maestro en infundirles elementos teóricos fundamentales que ignoraban y sin los cuales no pueden dar el salto hacia la política revolucionaria. Asimilados los intereses económicos y políticos de los trabajadores y guiado por el marxismo, Mosquera, a la cabeza de un puñado de revolucionarios que seguían su causa, fundó el MOIR y emprendió la larga, compleja y hazañosa tarea de ponerle un firme punto de partida a la creación de las condiciones para la transformación revolucionaria de Colombia.

Desde la atalaya obrera escudriñó la fase económica de estancamiento de las fuerzas productivas en que se encuentra el país debido a la dominación imperialista y, tomándola como base, analizó las correspondientes instituciones políticas y las ideas de todo tipo que predominan en la sociedad. Esta concepción objetiva de la situación nacional, que establecía adecuadamente la ligazón existente entre la arbitrariedad política y la opresión económica, aspectos ambos que hoy han alcanzado grados extremos, le permitió trazar una línea política que, al proponerse el pleno desarrollo de las fuerzas productivas, tiene al socialismo como meta inevitable. Mas primero, como señaló dedicándole al tema la mayor parte de sus estudios y esfuerzos, debe atravesarse un período durante el cual se conquiste la completa soberanía frente a lo que actualmente toma la forma de recolonización por parte de Estados Unidos y se instaure un régimen de nueva democracia. Instrumento indispensable para alcanzar tal propósito es la más amplia alianza de las clases y sectores cuyos intereses son antagónicos con la dominación norteamericana y la oligarquía financiera que pelecha coadyuvándola: obreros, campesinos, estamentos de pequeños burgueses, burgueses nacionales, es decir, la casi totalidad de los millones de colombianos para quienes la prevalencia de la soberanía y de una democracia a su servicio encarna sus más altos intereses.

Aunque un programa político semejante se había formulado antes en otros países, es innegable que Francisco Mosquera lo descubrió, en las acepciones principales de este verbo, para Colombia. Lo sustentó mediante el análisis y síntesis científicos de cuestiones específicas y complejas como los comportamientos y luchas de las diferentes clases y sus antecedentes desde los mismos orígenes de la nación; las causas concretas del escaso desarrollo de nuestras fuerzas productivas; las características de la dominación imperialista y las diversas etapas y formas que esta ha atravesado; la construcción del frente único y, en particular, por ser motivo de discusión entre algunas organizaciones situadas en la izquierda, el papel que en él deben desempeñar tanto el proletariado como la burguesía nacional; la importancia primordial que debe dársele a la adopción de las apropiadas formas de lucha, siguiendo una pauta democrática y de masas; y la necesidad de conquistar y defender libertades y derechos democráticos como medios útiles principalmente para desplegar la resistencia civil.

Debido a su naturaleza y universalidad, los puntos programáticos elaborados por el camarada Mosquera al calor de nuestras luchas políticas es algo que en esencia no pertenece exclusivamente al MOIR, ni está sólo en las manos de éste darles cabal cumplimiento. Por sus objetivos, su valor revolucionario lo obtendrá a plenitud en la medida en que las masas y las organizaciones y personalidades antiimperialistas y democráticas los hagan suyos y los desarrollen. Convencido de su vigencia histórica, a que este sea el caso dedica el MOIR todo su esfuerzo persuasivo entre ellas.

Pero, por otro lado, no existe aspecto de la obra de Francisco Mosquera que no haya sido fruto de la lucha y que no tenga como fin fundamental la revolución; y no hay cualidad de su condición humana que pueda explicarse desligada de la causa que él abrazó como la apasionada misión de su vida. Por ello hoy, tanto la conducta combativa que se adopte tomándolo como paradigma, como la política de resistencia civil que consecuente con sus escritos se lleve a cabo, es natural que generen mayores y más intensas arremetidas del imperialismo y el gobierno de Álvaro Uribe. Que tal sea la lid política no es sino otra evidencia de que su pensamiento prevalece, lo que llama a exclamar con mayor coraje: ¡Memoria perdurable a Francisco Mosquera!

Jorge Enrique Robledo

Aun cuando nadie puede, con absoluta certeza, anticipar lo que ocurrirá en el futuro, sí existe una proporcionalidad entre la capacidad de análisis de las personas y su destreza para avizorar la evolución de la sociedad. Y esa cualidad, que por supuesto no tiene nada que ver con las artes de la adivinación, es especialmente valiosa para quienes ejercen labores de liderazgo, pues es difícil encontrar un peor dirigente que aquel que entiende de último el rumbo de los acontecimientos. Esta reflexión viene muy al caso cuando se trata de apreciar en un breve comentario lo planteado por Francisco Mosquera, el fundador del MOIR, sobre las causas y consecuencias de la implantación del neoliberalismo en Colombia.

Mosquera publicó cinco artículos entre el 4 de marzo de 1990 –unos días después de la decisión del presidente Virgilio Barco de oficializar la orientación neoliberal en el país– y el 1º de mayo de 1992. Entre los textos resalta el publicado el 8 de noviembre de 1990, concebido apenas dos semanas después de la posesión en la Presidencia de César Gaviria y cuyo título, Omnia consumata sunt (Todas las cosas están consumadas), expresa que para ese momento ya se habían conjugado todos los factores que decidirían el futuro de la nación. Quién lea estos artículos se sorprenderá de la clarividencia de Mosquera, tanto en lo que respecta a lo que sucedería como a los hechos que le dieron origen.

En sus análisis Mosquera enfatizó que la política en marcha conduciría a una degradación sin antecedentes de las condiciones de vida de los colombianos y, en especial, de los trabajadores, sobre quienes recaerían las peores consecuencias de la crisis, al padecer la reducción de sus salarios y derechos laborales, la disminución de sus posibilidades de emplearse en el sector formal de la economía, el azote del conjunto de las medidas de privatización, el aumento de los impuestos con que los esquilman y la decisión de desposeerlos de las organizaciones gremiales que les facilitaban la defensa de sus intereses. «Sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga», sentenció Mosquera, tesis que vinculó a la primera exigencia que hacen los inversionistas extranjeros cuando piensan en instalarse en un país de las condiciones de Colombia.

Mosquera anticipó que la enclenque producción industrial y agropecuaria colombiana no resistiría los embates de las mercancías que llegarían del exterior, dado el poder superior de los monopolios extranjeros, y que estos se lanzarían con avidez sobre nuestros estratégicos recursos naturales. También denunció cómo a la reducción de los aranceles le agregaron el desmonte de las medidas internas que en algo estimulaban a los productores nacionales, con lo que, al mismo tiempo, abarataron las importaciones e hicieron más costoso producir en el país, lo que a la postre les significó a muchos quedarse sin posibilidades de competir. Y resumió lo que vendría como la definitiva toma del mercado interno por parte de los extranjeros, tanto por el incremento de lo importado como por el aumento de sus inversiones directas.

Asimismo, acertó en su análisis cuando explicó la apertura como un paso más en el proceso de dominación de Estados Unidos sobre Colombia, el cual se inició con la desmembración de Panamá hace un siglo, avanzó con la constitución del Fondo Monetario Internacional y se aceleró desde antes de 1990, cuando éste convirtió la deuda y el crédito externo en instrumentos de extorsión que le permitieron «monitorear» la economía nacional, eufemismo que a la postre utilizó para imponer un mayor sometimiento del país al capital foráneo y, más precisamente, al estadounidense. «Digamos que –concluyó Mosquera– los gringos chupaban el néctar con ciertas consideraciones. Pero con la apertura la extorsión se ha tornado descarada, cruda, sin miramiento alguno».

En la decisión del imperialismo norteamericano de imponer una globalización a su medida y en especial en los territorios que considera su «patio trasero», contó que ese es otro intento de superar la misma crisis que con intermitencias lo acosa desde antes de 1971. Y resaltó que en la definición de esa política fue importante el hundimiento de la Unión Soviética, el gran imperio con el que los gringos se disputaron por décadas el control del mundo, así como la necesidad de acumular fuerzas en la contienda económica que libra con Europa y Japón.

Mosquera nunca abogó, ni siquiera en la etapa de la apertura, por el aislamiento de Colombia del mundo exterior. Incluso explicó que la inversión extranjera podía ser bienvenida al país, siempre y cuando contribuyera al desarrollo nacional. Pero fue enfático al señalar que las relaciones internacionales debían tener como fundamento el cabal ejercicio de la soberanía y que la clave del progreso residía en preservar el mercado interno como base para el avance de la industria y el agro de los colombianos.

Tampoco se le escapó a la agudeza de Mosquera precisar que si bien las privatizaciones y las campañas contra la intervención estatal fueron utilizadas para que algunos se apropiaran del patrimonio público, la política imperante no implica el desaparecimiento del papel fundamental del Estado en el desenvolvimiento del capitalismo, incluso en su etapa neoliberal, pues las decisiones oficiales mantienen toda su vigencia a la hora de asegurarles las ganancias a los monopolios, bien sea por la vía de facilitarles sus andanzas o por la de reemplazarlos en aquellas actividades que estos no pueden abordar.

Fue especialmente perspicaz Mosquera cuando explicó la Constitución de 1991 como una pieza medular de la implantación del neoliberalismo en Colombia, realidad que hoy pocos desconocen en razón de lo contundente de las evidencias, pero que en su momento confundió a muchos, víctimas de las astucias del «revolcón» gavirista.

Mosquera también puso al desnudo el recambio que en la dirigencia del país implicaba la implantación del neoliberalismo, así como la función que en ese relevo tendría la tecnocracia encargada de darle una apariencia técnica al que no era otra cosa que un proyecto de recolonización, que se pretende redondear con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.

Al definir la consigna para la etapa, ¡Por la soberanía económica: Resistencia civil!, Mosquera ratificó su convencimiento de décadas sobre el carácter que debía tener la oposición en las condiciones del país, no obstante la claridad con la que previó el empeoramiento de las ya precarias condiciones de vida de la casi totalidad de los colombianos.

Con sus explicaciones sobre el verdadero rostro del neoliberalismo, Mosquera pudo profundizar en uno de sus principales aportes a la comprensión de la realidad nacional: la vieja existencia de contradicciones, y cada vez mayores, entre los empresarios colombianos y las políticas del Imperio, lo que explica por qué estos pueden hacer parte del gran frente de unidad nacional que, con la fuerza principal de los trabajadores y el pueblo, sea capaz de ganar el cabal ejercicio de la soberanía nacional, requisito sin el cual la nación no podrá lograr su progreso y bienestar.

En los textos que escribió en los años inmediatamente anteriores a su prematura muerte, Francisco Mosquera confirmó lo que en ese momento ya era parte de su parábola vital: que en él se encarnó la más grande capacidad de análisis sobre la realidad colombiana e internacional que diera la nación en el siglo XX. Y Mosquera no sólo anunció lo que se le vendría al país con la apertura, hoy elevada a la enésima potencia con el ALCA y el TLC, sino que dejó sentadas las claves de lo que deberá hacerse para poder superar la ignominiosa condición a la que Colombia ha sido sometida por el grupito de criollos que la gobierna en representación de los intereses del capital financiero estadounidense.

Carlos Naranjo

En sus desvelos por elaborar una teoría política para la emancipación de Colombia, Francisco Mosquera abundó en análisis sobre la situación nacional. Examinó el carácter de las contradicciones existentes entre las clases sociales que conforman nuestra sociedad, así como la intromisión centenaria de Estados Unidos en los asuntos de nuestra patria, las clases sociales que conforman nuestra sociedad y la relación de alianzas y conflictos entre ellas. Sus diagnósticos y conclusiones, que se pueden encontrar en los libros Unidad y combate (1976) y Resistencia civil (1995), han sido guía permanente para militantes y dirigentes del MOIR, que hemos comprendido el crucial acierto de nuestro desaparecido conductor al insistir en que «la mayor urgencia de Colombia es alcanzar la plena independencia y la cabal soberanía» y que para lograrlo se requiere la conformación de un gran frente patriótico «de todas las clases, capas y sectores que padecen los vejámenes y las persecuciones del imperialismo y sus agentes, así los soporten de manera y en grados diferentes».

Mosquera decía que en dicho frente los sectores más combativos y leales serían los obreros y el campesinado y que la menos firme era la burguesía nacional, la clase de los productores agrarios e industriales no monopolistas, porque a pesar de sus contradicciones insalvables con el imperialismo y sus lacayos, suele buscar acuerdos con los gobernantes de turno, tratando de amainar los efectos de la crisis que la golpea aunque no se supriman las causas. «Está dispuesta a dejarse burlar de los ‘de arriba’ y a burlarse de los ‘de abajo’. Cuando la revolución merma el empuje se acentúan sus elucubraciones retardatarias y se entrega dócilmente a los caprichos de los opresores. Sólo impelida por el auge de la marea popular llega a desembarazarse de su atolondramiento y a representar un papel objetivamente progresista».

Para él, una coalición popular que no recoja ni se guíe por las reivindicaciones económicas y políticas esenciales de la nación y de las clases antiimperialistas, es simplemente «la oposición de su majestad» que sólo pide o sugiere cambios que mejoren las políticas que ataca, esperando conseguir algún día participación en el gobierno como premio por no pisarles los callos a los reales detentadores del poder. Insistía en que se debe estar a favor de las libertades públicas y los derechos democráticos para los oprimidos y contra las medidas represivas, pero sin olvidar que las pocas conquistas que las masas populares le arrebaten al enemigo deben servir para avanzar en la organización y la movilización del pueblo, «para encauzar un poderoso movimiento que conduzca a la transformación y no a la restauración, que mire hacia el futuro y no al pretérito, que defienda la nueva democracia de los contingentes antiimperialistas y no la vieja democracia de los intermediarios antinacionales». Y señalaba que «a las gentes del común no les producirá gracia alguna que la organización que dice defenderlas se reduzca a colaborar con sus depredadores en el arte del ‘buen gobierno’». Estudiaba con dedicación la descomposición de los partidos tradicionales y la crisis cada vez más acentuada de sus tesis, su moral, su modelo de sociedad, y se preguntaba: «¿Cómo podemos ser albaceas testamentarios de una época que se despide para siempre de la escena?»

Creía firmemente que la unidad ha de sacarle todo el provecho a las dificultades que surgen de la dominación neocolonial sobre nuestra patria, y que tal situación no se puede minimizar o esconder: «De una inconsecuencia infinita han sido los grupos políticos que dizque para crearle ambiente a la unidad, optan por silenciar la causa básica que la hará posible: el sometimiento del país a los intereses y dictados de Washington».

En todos sus esfuerzos unitarios Mosquera orientó al MOIR hacia la firma de acuerdos con los aliados sobre la base de un programa estratégico, aceptable para las distintas fuerzas populares. «El programa no lo es todo, pero determina la orientación y el carácter de las alianzas y proporciona un arma importante, teórica y política, contra las vacilaciones y la entrega. Su ausencia sólo les conviene a los sectores más indecisos y a los oportunistas», nos repetía. Por ello, en las alianzas políticas los moiristas recabamos un programa que recoja las reivindicaciones económicas y políticas de las clases antiimperialistas y nos oponemos al reformismo que en el fondo no es más que el enmascaramiento de intereses oligárquicos. Señalaba además que en los procesos de unidad era indispensable debatir las diversas posiciones sobre los problemas del país, y que las decisiones debían aprobarse por consenso, único camino para avanzar de verdad en la coordinación de las fuerzas.

Mosquera rechazaba la política de hechos cumplidos, o las violaciones de los compromisos pactados, lo que calificaba como un atentado contra la unidad; defendía la definición de claras normas de funcionamiento, las cuales «tampoco son excluyentes ni tienen por qué incomodar a nadie; deben encaminarse a consolidar el clima de entendimiento, a favorecer la independencia ideológica y organizativa de las colectividades comprometidas y a robustecer la cohesión en la lucha por liberar y transformar a Colombia».

En la hora actual, la difícil situación económica de las mayorías, por efecto del alto costo de la vida, los bajos salarios, el alud de impuestos, las alzas de tarifas, así como el recrudecimiento de la represión, ponen al orden del día la unidad de todos los sectores sociales lesionados por las políticas que impone Estados Unidos y por las disposiciones dictatoriales del gobierno de Uribe Vélez, para sacudirse la opresión económica y política.

Con tal propósito, consecuentes por lo señalado por Mosquera, insistiremos «en la unión alrededor de un programa nacional y democrático» que, de manera nítida y vigorosa sirva de norte a la salvación nacional y en la movilización de las masas populares levantadas en resistencia civil como la vía indispensable para enfrentar la presente acometida imperialista y uribista contra las intereses nacionales y populares.

Francisco Valderrama Mutis

Francisco Mosquera marcó un hito en la historia de la revolución colombiana cuando en 1965 encabezó una revisión autocrítica de los fundamentos básicos que habían orientado la acción revolucionaria de los diferentes partidos y movimientos de la izquierda hasta entonces. No bastaba que las tesis principales 0sobre la línea estratégica y táctica, que debían regir la lucha en las revoluciones nacionales y democráticas en las naciones sometidas a la dominación neocolonial del imperialismo norteamericano, hubieran sido ya planteadas en lo fundamental en las obras de los grandes maestros del marxismo. Se necesitaba que surgiera un dirigente que tuviera la visión política para poder entender la realidad colombiana y el valor para ir contra la corriente, con el fin de darles el contenido nacional necesario para traducirlas en directrices políticas alrededor de la cuales se aglutinaran los sectores más avanzado de la clase obrera y el pueblo colombiano.

Ese fue el papel que cumplió Francisco Mosquera enfrentando con franqueza las tendencias oportunistas predominantes en la época. Defendió la tesis fundamental de la necesidad de un partido de la clase obrera, vinculado firmemente a las masas populares, que las guiara en su vinculación a la lucha política. Un partido que al enfrentar al imperialismo contara con un programa nacional y democrático de la revolución colombiana. Precisamente en un momento en el cual primaba lo contrario: el abandono del trabajo político entre las organizaciones de las masas obreras y populares, el camarada Mosquera criticó a quienes creían «que el tableteo de las ametralladoras sacaría al país de su marasmo secular y depararía como por generación espontánea, cada uno de los elementos imprescindibles para el estallido general». Y agregó: «Con arreglo a tales desvaríos no es la lucha política la escogida para desobstruir la senda del levantamiento insurreccional, sino éste el encargado de promover aquélla. La insurrección no depende de la política. Allí la política depende de la insurrección».

Mosquera planteó que no bastaba con hacer el señalamiento general del imperialismo norteamericano como el enemigo principal de los pueblos de América Latina, sino que había que hacer un análisis de la situación nacional y de las clases sociales, con el fin de determinar con precisión el carácter de la revolución y las fuerzas susceptibles de luchar contra dicho enemigo, congregándose en un frente único. Del estudio cuidadoso de estos factores concluyó que la revolución colombiana tenía que cumplir primero las tareas de una revolución nacional y democrática para liberarse del yugo de la dominación neocolonial de Estados Unidos y que para su realización, el proletariado era el factor dirigente a cuyo alrededor tendría que aglutinar al campesinado, a la pequeña burguesía urbana y rural y a la burguesía nacional. Con lo cual se opuso a quienes con ligereza extrema planteaban que en Colombia existían las condiciones económicas y políticas para emprender ya la revolución socialista.

Para poder adelantar la construcción de ese frente de todas las clases y sectores susceptibles de engrosar las filas revolucionarias, Mosquera planteó que la clase obrera debía tomar decisiones tácticas adecuadas en cada uno de los momentos de la lucha política y que para hacerlo no bastaba tener claros los objetivos estratégicos de la revolución, sino que había que tener en cuenta las mutaciones de la correlación de fuerzas, los flujos y reflujos de la revolución, el estado de ánimo de las masas para vincularse a la lucha, el grado de desarrollo de su conciencia política, la capacidad, cohesión e iniciativa del enemigo y la situación internacional en su conjunto.

En cada uno de los momentos de la lucha por la construcción del MOIR y por abrirle paso en el escenario nacional, Mosquera aplicó con rigor estos criterios tácticos. No dudó en plantear, por ejemplo, la necesidad de participar en la lucha electoral, corrigiendo el falso criterio de que la abstención era una posición que caracterizaba a los revolucionarios. Reconoció sin esguinces que «El MOIR también creyó que la abstención era una de las divergencias con los revisionistas colombianos; grave equivocación que hoy rectifica autocráticamente con la decisión de tomar parte en la lucha electoral». E instruyó al MOIR para que aprovechara las campañas electorales para educar a las masas en la necesidad de organizarse y batallar por culminar las tareas centrales de la revolución de nueva democracia.

Asimismo, cuando a finales de 1972 se planteó la posibilidad de conformar un frente de izquierda para enfrentar con un candidato único la estrategia reaccionaria de prolongar el Frente Nacional, y de unificar en una sola central todas las fuerzas sindicales para combatir la hegemonía de la UTC y CTC, centrales obreras predominantes en aquel entonces, Mosquera le planteó al MOIR la necesidad de participar en esta alianza. Sobre esta nueva política unitaria con viejos contradictores con los cuales veníamos enfrentados en aguda polémica escribió: «La Política de Unidad y Combate representa un cambio en la táctica del MOIR». Y añadió: «Es obvio que con la actitud anterior de frontal enfrentamiento con el Partido Comunista no podríamos adelantar con éste ningún tipo de acuerdos. El partido revolucionario que piense en serio en el Poder y en el cumplimiento de sus programas no puede renunciar a pactar las alianzas y compromisos que la lucha le imponga. El marxismo-leninismo enseña como verdad universal confirmada por la historia que las alianzas transitorias o duraderas efectuadas durante el largo y complejo proceso de una revolución, están determinadas por el curso forzoso y contradictorio de los acontecimientos y dependen en grado sumo del comportamiento de los sectores conscientes y avanzados, de la vanguardia revolucionaria». El MOIR se fortaleció en cada una de estas tareas y comprendió que «el temple de un partido se mide en la audacia y en la capacidad de amoldar su táctica a las situaciones fluctuantes».

Ligando el estudio de la teoría con la práctica política de las masas, Francisco Mosquera formuló enseñanzas invaluables sobre la táctica, cuya aplicación permitirá avanzar en la construcción del frente único antiimperialista que precisa la nación para la conquista plena de su soberanía.