Categoría: Tribuna Roja Nº 96; Julio 23 de 2004

Defendamos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Durante los días 11 y 12 de junio se realizó un encuentro convocado por el Comité Nacional por la Defensa del ICBF, al cual asistieron más de doscientos delegados de 26 departamentos, en representación de organizaciones sindicales y comunitarias que gravitan en torno a los programas del Instituto. También estuvieron presentes delegados de la CUT y Alternativa Democrática.

El evento abordó el análisis de la situación nacional y la problemática del ICBF y trazó un plan de acción que refleja el carácter unitario logrado para defender los programas de la niñez y los derechos de los trabajadores que los adelantan.

El gobierno amenaza al ICBF con privatizar o desmontar los programas mediante la «municipalización» y la «focalización» (Sisben) de los servicios. Con la primera se propone trasladar a los hoy arruinados municipios la administración y parte del financiamiento. La prestación de los servicios se haría con empresas contratadas, lo que convertirá al ICBF en botín de la politiquería. La «focalización» en «los más pobres de los pobres» es la política oficial propuesta para la educación y la salud públicas, que conduce a la total negación de las obligaciones sociales del Estado.

El despropósito contra el ICBF ya ha dado pasos tan nefastos como el cierre de Hogares Infantiles, la clausura o privatización de las plantas de bienestarina, la negativa a practicar en los laboratorios del Instituto las pruebas de paternidad y el impulso de cooperativas de trabajo asociado para cambiar la modalidad de vinculación de las madres comunitarias con miras a liquidar los Hogares Comunitarios.

El encuentro recibió una conferencia sobre las implicaciones nefastas del TLC para el país y para el ICBF que, al igual que el Sena y las Cajas de Compensación Familiar, vive de las rentas parafiscales, las cuales desparecerán con la quiebra de la producción nacional y la «desregularización» de los contratos de trabajo.

El plan de acción recogió todo un cronograma de tareas, entre las que se destacan: invitación a todos los alcaldes del país para engrosar el Comité Nacional por la Defensa del ICBF; reactivación de los comités municipales y departamentales, que se vincularán al Comando Unitario y a la Gran Coalición Democrática; movilización nacional por la defensa del ICBF y sus programas; creación de Comités por Usuarios; adhesión a las organizaciones de lucha contra el TLC y el ALCA y, finalmente, campaña decidida por concretar la unidad de los sindicatos, la cual se iniciará con los que agrupan a los trabajadores de los Hogares Infantiles y, posteriormente, con las distintas asociaciones de madres comunitarias. El objetivo es conformar en corto tiempo una sola organización, como herramienta definitiva para la batalla por defender el ICBF y la soberanía nacional.

Mineros del carbón derrotan la reforma laboral de Uribe

Los trabajadores de la multinacional gringa Drummond, que saquea el carbón del Cesar, lograron conquistar en su nueva convención, entre otros avances, que se suspenda la aplicación de la última reforma laboral o Ley 789 de 2002. Estos mineros forman parte de Sintraminergética, sindicato de rama económica que aglutina un considerable número de obreros del carbón, el oro, el cobre y el asbesto y que ha jugado un papel protagónico en la organización de los trabajadores de las distintas empresas vinculadas a la explotación del carbón del Cesar.

Durante la etapa previa a la negociación y en el transcurso de la misma, se adelantó entre las bases una amplia explicación sobre los estragos de la reforma y se llamó a derrotarla paralizando la extracción de carbón. La firme posición de los trabajadores y el correcto aprovechamiento de la situación internacional fueron los factores esenciales para lograr los objetivos.

Según la convención, a los trabajadores se les continuará liquidando el trabajo nocturno, los dominicales y festivos conforme a la Ley 50 de 1990, al igual que la tabla indemnizatoria. Una conquista muy importante para el movimiento sindical, que alienta la lucha por recobrar los derechos perdidos en tres lustros de imposiciones neoliberales. Ya otros sindicatos habían logrado compensaciones por este recorte, sin alcanzar tan resonante victoria. El logro de los compañeros de Sintraminergética en la Drummond pone al desnudo la falsedad de los argumentos de Uribe contra los salarios y prestaciones de los trabajadores, y anima a otros de similares condiciones a levantarse en combate y entender que el neoliberalismo y la globalización son políticas imperialistas que pueden derrotarse.

Al calor de las luchas reivindicativas, los trabajadores del carbón, el níquel, el petróleo y otros recursos estratégicos deberán elevando el nivel de conciencia política tras la patriótica exigencia de nacionalizar todas las minas y yacimientos, hoy saqueadas por las multinacionales gringas y europeas.

Comité Distrital de Vendedores Informales: En pie contra el acoso y el desalojo

Según la encuesta de calidad de vida realizada por el DANE el año pasado, en Bogotá hay cerca de 3 millones 500 mil bogotanos económicamente activos; de estos, 451 mil están desocupados y alrededor de 2 millones 900 mil tienen algún ingreso. Esta última cifra incluye 880 mil trabajadores independientes, de los cuales más de 200 mil son vendedores ambulantes y estacionarios.

Por las anteriores cifras es fácil entender la importancia económica que tienen los vendedores ambulantes. Lo difícil de comprender es el empecinamiento de las administraciones distritales en sacarlos de las calles, a sabiendas de que así se incrementan el hambre y la miseria. Esta necedad la explican con la teoría de que la ciudad se debe preparar para recibir a los inversionistas que supuestamente van a resolver el problema de falta de empleo, pero que ellos no llegan si las calles se ven feas con tanto vendedor.

La verdad es que estos negociantes hacen sus inversiones si se les garantiza buena rentabilidad. Por ejemplo, para apoderarse de las empresas de servicios públicos primero exigen altas tarifas que les produzcan inmensas ganancias o, de lo contrario, no invierten.

Mientras los inversionistas buscan negocios rentables por todo el mundo, a los vendedores les toca seguir luchando por la subsistencia en las calles, defendiéndose de los operativos de acoso y desalojo ejecutados por las autoridades capitalinas, con la aplicación del Código de Policía y del decreto 098 de 2004 que reglamenta la forma en que se debe proceder para sacarlos de su puesto de trabajo. A esto se suma la utilización que el actual gobierno distrital hace del listado de sitios públicos recuperados a la fuerza por las anteriores administraciones, lavándose las manos, pero continuando con la decisión de impedir que los vendedores laboren en las calles.

Por eso desde cuando se inició la aplicación del Código de Policía, el 21 de julio de 2003, se han hecho gigantescas marchas y tanto Sindevendedores como otras organizaciones y líderes del gremio se han agrupado en el Comité Distrital de Vendedores Informales, aprestándose para seguir dando la batalla por el derecho al trabajo.

Su justa lucha merece el respaldo del pueblo bogotano y, especialmente, de todos los afectados por las políticas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que golpean la producción nacional, aumentan el desempleo y multiplican los problemas de los desposeídos y oprimidos de Colombia, condenándolos, en el mejor de los casos, a refugiarse en los empleos informales.

Enrique Daza Gamba

El 18 de mayo Colombia, Ecuador y Perú comenzaron las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC). Cerca de 30 días de reuniones, durante nueve meses, definirán la política económica de estos países en las próximas décadas. En el caso de Colombia, como era de esperarse, el gobierno de Uribe se mostró preocupado porque las negociaciones no fracasaran.

Los países del área han tratado de unificar posiciones, pero ni siquiera en el marco de la Comunidad Andina, CAN, pudieron ponerse de acuerdo en establecer un Arancel Externo Común y postergaron la definición para cuando el proceso haya culminado, con lo cual cualquier esfuerzo de coordinación queda supeditado al TLC.

Colombia, por la inferioridad abrumadora de su aparato productivo, no está –ni lo estará en décadas– preparada para un acuerdo de este tipo con la economía estadounidense, a menos que lo haga en calidad de colonia, como administrador de mano de obra barata, receptor pasivo de inversión en recursos naturales, exportador de productos básicos sin elaboración, y perdiendo la soberanía y la capacidad del Estado para promover el desarrollo.

Arranca negociación en medio de la protesta popular

El 18 de mayo, después de casi dos años de intensa propaganda sobre las virtudes del acuerdo, el gobierno se encontró con la sorpresa de que más de ochenta mil colombianos desfilaron por las calles de las principales ciudades del país protestando contra el TLC. Hubo manifestaciones en Cartagena, Bogotá, Barrancabermeja, Bucaramanga, Medellín, Manizales, Pasto, Neiva, Palmira, Cúcuta, Buenaventura, Pereira, Popayán y otras poblaciones. Los diarios tuvieron que registrar la magnitud de las mismas, y las cadenas de televisión y radio se vieron obligadas a mostrar que la iniciación de negociaciones no ocurrió, precisamente, con la aprobación y el entusiasmo de la población. En encuestas de RCN Televisión, 60% de los encuestados afirmaron que el TLC no aumentaría el empleo y 75% se manifestaron contra el Tratado. Aun las agencias Reuters y AP destacaron más la magnitud de las protestas que las declaraciones gubernamentales.

Al tiempo que el gobierno rodeaba de garantías a los negociadores norteamericanos en Cartagena, agredió brutalmente a las veinte mil personas que adelantaban una marcha pacífica para demostrar su inconformidad. La arremetida de los cuerpos élites de seguridad dejó heridos a varios periodistas y camarógrafos de El Heraldo, RCN y la Associated Press. Hubo más de 20 detenidos y salieron apaleados varios congresistas de distintas vertientes políticas que encabezaban la manifestación: Jorge Enrique Robledo del MOIR y Alternativa Democrática, Piedad Córdoba del Partido Liberal, Gustavo Petro del Polo Democrático Independiente, Lorenzo Almendra de las Autoridades Indígenas de Colombia y Bernardo Hoyos del Movimiento Ciudadano, junto con los tres presidentes de las centrales sindicales, importantes dirigentes del Consejo Consultivo Laboral Andino y otros líderes sociales.

Connotados defensores del TLC, como Rodrigo Pardo, manifestaron que «el bolillo en las calles de Cartagena contra congresistas de oposición que critican al TLC no es propiamente la mejor carta» y que «no se puede eludir el debate ni mucho menos reprimir a los críticos». 24 horas antes, el alcalde de Cartagena había prohibido la marcha en el centro histórico y aledaños, cerrado la Universidad de Cartagena –donde en la mañana estaba programado un foro– y clausurado el Coliseo Bernardo Caraballo, sitio de concentración de los manifestantes. La ciudad fue militarizada y las autoridades no presentaron ninguna fórmula para posibilitar la protesta. La reacción fue la represión, simple y cruda.

Las centrales sindicales y el movimiento popular decretaron un paro para la fecha, apelando al legítimo derecho de los sectores populares a expresar su desacuerdo. El gobierno respondió en forma violenta y dmostrando el propósito de suscribir el Tratado a cualquier precio.

Pueblos andinos avanzan en la coordinación de sus luchas

El 16 y 17 de mayo, se cumplió exitosamente en Bogotá el Encuentro Andino de Organizaciones Populares. Asistieron más de 150 personas, 19 de ellas delegados internacionales de Estados Unidos, Honduras, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela. De Colombia, estuvieron representadas más de cincuenta organizaciones de profesionales, el agro, cívicas, juveniles, de mujeres, no gubernamentales, sindicales, políticas, afroamericanas y ambientalistas.

El encuentro debatió la política norteamericana y concluyó con un rotundo rechazo al TLC: «Hacemos un enérgico llamado a todas las fuerzas vivas de la región, principiando por los sectores populares y la inmensa mayoría de habitantes que se verán lesionados por estos acuerdos, a oponer una vigorosa resistencia e impedir, mediante la lucha activa y organizada, la ambición estadounidense de recolonizar la región. Nuestra apuesta es por otro tipo de desarrollo que represente los sueños y aspiraciones de los pueblos, basado en el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento del mercado interno, el aseguramiento del bienestar de la población, la industrialización, la soberanía alimentaria, la libre autodeterminación de los pueblos, la protección de la biodiversidad y del medio ambiente, para asegurar unos lazos fraternales y sólidos entre los pueblos y países de la subregión y de toda América Latina».

En la reunión se aprobó una jornada de movilización entre el 14 y 18 de junio, con ocasión de la segunda ronda de negociaciones en Atlanta; enviar una carta al Senado norteamericano; fortalecer los lazos sectoriales y temáticos entre las organizaciones de la región; expedir la Declaración de Bogotá y citar una reunión dentro del Foro Social de las Américas el 27 y 28 de julio en Quito.

El encuentro fue clausurado por el indígena Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari, quien señaló la necesidad de nuevos esfuerzos por unir a los pueblos andinos y expresó la voluntad de los ecuatorianos de proseguir la lucha contra el TLC.

A cada concesión de Uribe, nuevas exigencias norteamericanas

El 14 de junio se cumplió en Atlanta, Estados Unidos, la segunda ronda de negociaciones del TLC Andino con Estados Unidos. El gobierno de Uribe declaró que no informaría a la opinión pública sobre el contenido de las negociaciones ni sobre las posiciones de Estados Unidos o las del equipo colombiano. El ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, explicó: «Se conocerá la selección que jugará, pero no qué defenderá ni cómo lo hará». Se instaló un cuarto de lectura en el Ministerio de Comercio, donde algunas personas podrán consultar documentos en pantalla, por tiempo limitado, siempre y cuando se comprometan a no divulgar el contenido ni siquiera entre los sectores que representan. Si se suministra alguna información, debe limitarse en el mejor de los casos al estado de la negociación en el respectivo sector. Lo sustancial de lo «negociado» se mantendrá en secreto hasta cuando se divulguen los resultados finales en la última ronda.

Quedó así desvirtuada toda la fraseología sobre la participación de la sociedad civil, las regiones y el Parlamento. La relación de los negociadores con la población se limitará a la defensa por parte del gobierno, sin mayores estudios previos, de la conveniencia de firmar el tratado.

Como el resultado de los demás TLC ha sido calamitoso para países como México, el gobierno ha salido a replicar que para aprovechar el libre comercio se requiere una «agenda interna» complementaria, procediendo a nombrar a un ilustre desconocido al frente de la misma. Pero esa agenda no está contemplada en el Plan de Desarrollo y el gobierno la está improvisando, a pesar de que, según la propaganda oficial, constituye la garantía de que el Tratado beneficiará al país.

La inconformidad cunde entre los empresarios, los arroceros protestan, los algodoneros presagian una debacle, los palmeros desconfían, los productores de medicamentos y agroquímicos genéricos levantan la voz al filtrarse el borrador de la propuesta norteamericana en el tema de propiedad intelectual, que aspira a «quedarse con todo», los sectores de la cultura quieren ser exceptuados y las universidades llaman a que no se trate la educación como una mercancía.

Unos días antes de la ronda de Atlanta, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, señaló que la Comunidad Andina era un acuerdo de papel y que se debería eliminar el sistema andino de franjas de precios, renunciar a los mecanismos de subasta de cosechas que a comienzos del año habían sustituido los convenios de absorción y acabar mecanismos de protección del agro tales como los seguros cambiarios y las licencias previas. Esta posición fue ratificada por Regina Vargo, jefa del equipo negociador estadounidense. Que los norteamericanos no están dispuestos a liberalizar su economía lo prueba que excluyeron de las negociaciones los servicios marítimos y aéreos, como también las ayudas internas al agro. Reafirmaron además la política de protección a su industria y exigieron alargar el periodo de vigencia de las patentes.

La radicalidad estadounidense era previsible, pero nuevamente es notoria la debilidad del gobierno colombiano, que no solo reafirmó que pone todo sobre la mesa de negociaciones, sino que ha aceptado eliminar las franjas de precios y adopta medidas para desproteger a los agricultores nacionales, como está sucediendo con el arroz. En el caso del algodón gravita la reciente afirmación de la eminencia gris del gobierno, Rudolf Hommes, de que para garantizar la competitividad de las exportaciones textileras hay que sacrificar a los algodoneros.

En el tema laboral, el gobierno norteamericano se dio el lujo de posar como defensor de los derechos de los trabajadores colombianos, cuando en realidad está defendiendo a sus propios empresarios, mientras que el gobierno de Uribe no garantiza el cumplimiento de la legislación laboral, pregonando una supuesta defensa de la autonomía normativa, que ya ha cedido vergonzosamente en otros campos como el petrolero.

Departamentos, damnificados del TLC

En las negociaciones del TLC con Estados Unidos, uno de los temas polémicos ha sido el de la participación de las regiones. Del tratado entre Estados Unidos y México se reconoce como resultado prioritario el aumento de las disparidades regionales. El gobierno colombiano ha sido sordo ante muchos reclamos regionales que, de llegar a firmarse el TLC, ven amenazados los sectores productivos, las empresas públicas y aún más la capacidad para desarrollar programas sociales. Subsiste una gran ignorancia entre las autoridades y fuerzas vivas acerca de las graves implicaciones del Tratado.

El gobierno está obsesionado en firmar lo que sea y a toda costa, lo que presagia graves males para el futuro de millones y millones de colombianos y para las generaciones venideras.

Juan Pablo Arango

Un pasado de luchas nacionalistas

Bolivia ha librado históricas batallas en defensa de sus recursos naturales. En 1937 nacionalizó el petróleo controlado por la Standard Oil. En 1946 la Federación Sindical de Trabajadores Mineros obtuvo el dominio sobre las minas. En abril de 1952 una insurrección depuso al general Hugo Ballivián y llevó al poder al Movimiento Nacionalista Revolucionario después de que el gobierno desconociera su victoria en las elecciones, adelantó una reforma agraria, nacionalizó los yacimientos mineros, otorgó a los trabajadores participación en su administración y concedió la ciudadanía a la mayoría indígena. En octubre de 1969, en el gobierno del general Alfredo Ovando Candia, se volvió a nacionalizar el petróleo, arrebatándoselo a la Bolivian Gulf Oil Company.

Renace la lucha

En abril de 2000, tras un interregno de tres décadas, retornó la insurgencia popular y nacionalista con la llamada Guerra del Agua, cuando el pueblo de Cochabamba, la tercera ciudad del país, ganó este vital recurso al monopolio estadounidense Bechtel Corporation, que pretendía cesar la prestación del servicio de agua potable y cobrar una indemnización de US$ 25 millones al Estado boliviano en un tribunal de arbitramento del Banco Mundial.

Transcurridos tres escasos años, la insumisión y el nacionalismo bolivianos se encendieron nuevamente para volver a triunfar. A mediados de octubre de 2003 y después de librar una batalla, en la cual perdieron su vida 76 personas y 500 más resultaron heridas, las masas derrocaron a Gonzalo Sánchez de Lozada frustrando su política de entregar el gas al capital foráneo. Rechazaban así airadamente el entreguismo del ahora prófugo ex presidente, dueño de una enorme fortuna amasada al privatizar a su favor la Corporación Minera de Bolivia, ente estatal que detentaba el monopolio sobre la gran minería.

Defendiendo una enorme riqueza

La lucha por la nacionalización de los hidrocarburos continúa contra Carlos Mesa, el sucesor de Lozada, quien mantiene impunes los asesinatos del depuesto mandatario y persiste en entregar las riquezas bolivianas.

La legislación vigente entroniza los Contratos de Riesgo Compartido, que rebajaron del 50 al 18% las regalías en los 78 contratos con los cuales las multinacionales controlan cerca del 90% del petróleo y el gas. No contentas con tan usurarias ganancias, esquilman a la empobrecida población imponiéndole uno de los mayores precios del mundo al gas para el transporte vehicular.

Al igual que los obreros petroleros colombianos, los bolivianos siguen empeñados en defender su empresa estatal de petróleo, YPFB, así como los 28,69 trillones de pies cúbicos probados de gas y 956,9 millones de barriles de petróleo. De persistir la actual política de hidrocarburos, durante los próximos 36 años Bolivia perdería con las transnacionales la astronómica suma de US$ 41.304 millones.

Desde mayo la insubordinación popular retornó, en el empeño por forjar una economía soberana. Todo el país se unió contra el gobierno neoliberal de Carlos Mesa, en pro de nacionalizar el gas y el petróleo, y por resguardar los derechos de las masas laboriosas. El presidente amenazó con despedir y encarceló a los dirigentes del magisterio, quienes protagonizaban una huelga general exigiendo aumento de salarios, mejores condiciones de jubilación, incremento del presupuesto educativo y la nacionalización del gas. La rebelión generalizada se mantuvo hasta junio, cuando los maestros alcanzaron acuerdos parciales con el gobierno y los indígenas levantaron los bloqueos. Se trataba de una pausa para reorganizar y dar nuevo aliento a la lucha.

El referendo tramposo o «trampedendo»

El ímpetu combativo se concentró ahora en rechazar el referendo del pasado 18 de julio sobre el gas, convocado por Mesa con el propósito de entrampar la nacionalización de los hidrocarburos con cinco preguntas redactadas de tal forma que, al margen de su resultado, permiten a las transnacionales continuar adueñadas de ellos. Evo Morales, jefe del Movimiento al Socialismo, MAS, apoyó los tres primeros interrogantes, lo que le ocasionó su expulsión de la Central Obrera Boliviana, COB, que lo acusó de traidor por aliarse con el gobierno.

Aunque la primera pregunta plantea derogar la ley de hidrocarburos promulgada por Sánchez de Lozada, no afecta los contratos vigentes, que seguirán operando hasta cumplir su plazo (por lo menos 40 años). La segunda habla de recuperar la propiedad estatal sobre los hidrocarburos, pero como todas las reservas actuales se rigen por los contratos vigentes, la supuesta recuperación sólo sería para las no descubiertas. La tercera propone reestructurar la empresa estatal de hidrocarburos, manteniéndola siempre subordinada a suscribir contratos con los monopolios extranjeros. La penúltima se refiere al legítimo anhelo de Bolivia a obtener una salida al Océano Pacífico. Y la última recurre al ardid demagógico de orientar los recursos provenientes del gas hacia la «educación salud, caminos y empleos» y gravar a las petroleras dentro de una década con unos impuestos, que no se podrán cobrar por las condiciones que los reglamentan.

Mesa ratificó que no nacionalizará el gas y el petróleo, sea cual fuere el conteo de la consulta, y a sólo tres días de ésta firmó un compromiso con el FMI para facilitar las exportaciones de hidrocarburos a partir de octubre de 2004. El referendo fue rechazado por la COB y las organizaciones campesinas, vecinales y populares; y lo apoyaron los organismos financieros internacionales, la Embajada y el Comando Sur de Estados Unidos, las transnacionales petroleras, los grandes medios de comunicación y los sectores más ricos de la población.

«Seguiremos defendiendo el gas»

El gobierno amedrentó a los opositores desencadenando la represión, adelantando una apabullante campaña publicitaria y rechazando la decisión del Congreso de que el voto no era obligatorio y que para la validez de la consulta se requiere que asista al menos el 50% de los electores potenciales. Aunque el presidente promulgó esta ley, aclaró que obligaría a todos los ciudadanos a concurrir a las urnas, bajo sanción, multa y cárcel, lo que de inmediato refrendaron la Corte Nacional Electoral y el Tribunal Constitucional.

Empero, toda esta andanada no logró intimidar a los opositores. Jaime Solares, presidente de la COB, advirtió: «El pueblo ya ha hecho su referendo en octubre, cuando echó a Sánchez de Lozada y luchó por la industrialización y la nacionalización del gas. Seguiremos defendiendo el gas». Su colega, Roberto de la Cruz, dirigente de El Alto, lo apoyó diciendo: «Si nosotros no defendemos el gas, ¿quién va a defenderlo? El pueblo va a vencer a las transnacionales y a la represión».

Según Econoticias Bolivia, los datos preliminares mostraban que el 60% de los bolivianos con derecho a voto repudiaron el referendo: más de 640 mil no se inscribieron, casi 1,8 millones no asistieron a las urnas (frente a la abstención de un millón de las últimas elecciones en 2002 y 1997) y más de 600 mil votaron nulo o blanco. Pese a contar con sólo uno y medio o dos millones de votos, cuando el umbral aprobatorio exige aproximadamente dos y medio, el presidente Mesa proclamó su victoria.

El referendo fue una escaramuza en la gran batalla por nacionalizar el gas y el petróleo. Así lo aseguró Jaime Solares: «Pueden ganar su referendo, pero no podrán derrotar al pueblo que ha luchado en octubre, que ha luchado antes del 18 de julio y que seguirá luchando después del 18 de julio por la industrialización del gas y por la nacionalización».

Una lucha de Latinoamérica entera

La tea encendida en el altiplano mediterráneo, es tan solo una de las que iluminan la resistencia continental contra la recolonización estadounidense. En toda América Latina prolifera la oposición al ALCA y a los Tratados de Libre Comercio, TLC.

En sus acciones insurgentes de los últimos años, los bolivianos siempre han incluido la denuncia contra el ALCA y las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Por su parte, en Venezuela Hugo Chávez rechaza oficialmente estos acuerdos, así como las maniobras gringas por desestabilizar su gobierno. Brasil encabeza los esfuerzos del Cono Sur por consolidar una alternativa al ALCA. Los ecuatorianos también se oponen a las negociaciones para refrendar un TLC con Washington y rechazan en conjunto la política neoliberal de Lucio Gutiérrez. En Perú Alejandro Toledo padece índices de impopularidad superiores al 90 % y sigue sumido en una corrupción gubernamental cuyo último episodio llevó a la renuncia del ministro de Agricultura, José León Rivera, por regentar un prostíbulo de menores de edad, y el 14 de julio enfrentó un paro nacional contra su política económica y social. En Guatemala se registró otro paro nacional en el mes de junio, obligando al gobierno de Óscar Berger a estudiar las demandas populares contra los desalojos campesinos, los nuevos impuestos y el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos. Y en Colombia, las negociaciones del TLC se inauguraron en junio con multitudinarias manifestaciones de rechazo en Bogotá, Barrancabermeja, Bucaramanga, Medellín, Manizales, Pasto, Neiva, Palmira, Cúcuta, Buenaventura, Pereira, Popayán y Cartagena. En esta última la movilización fue reprimida por la policía con gases lacrimógenos y bolillo a granel, golpeando incluso a los congresistas que la encabezaban.

Los acuerdos y las políticas globalizadoras patrocinados por la Casa Blanca enfrentan mil escollos interpuestos por un continente hermanado en la defensa de sus riquezas materiales y humanas, los derechos y el bienestar de sus pobladores, y la autodeterminación de sus naciones.

Francisco Valderrama Mutis

En los últimos tres meses hemos presenciado el rápido deterioro del gobierno de Bush. La comprobación de que había mentido sobre la existencia de armas de destrucción masiva (ADM) en Irak y los supuestos vínculos con Al Qaeda, lo tenían ya en un predicamento. La revelación de las torturas sistemáticas realizadas por miembros de las fuerzas armadas y mercenarios en la prisión de Abu Ghraib en Bagdad, rompió el consentimiento pasivo de los medios de comunicación y los periodistas se han lanzado a revelar la burda manipulación a la que recurrió Bush para desatar su guerra de agresión colonialista contra Irak. El reciente informe del comité del Senado sobre las mentiras de los informes de inteligencia, así como el reporte Butler sobre los errores de los servicios de inteligencia británicos, acabaron por hundir las pretensiones oficiales de Washington de mantener el engaño.

Bush y su secretario de Defensa Rumsfeld adujeron que las torturas, exhibidas en fotografías y videos por televisión y periódicos, se debían al mal comportamiento de unas cuantas «manzanas podridas» en el ejército norteamericano. Pero se ha confirmado que desde Guantánamo a Abu Ghraib, el gobierno estadounidense montó un sistema secreto de prisiones donde se tortura con la excusa de conseguir información para la lucha contra el terrorismo. Bush mismo se jactó de que a través de este sistema y de cárceles de países subordinados a sus dictámenes, tenía fuera de actividad 3.000 terroristas y que «otros muchos han conocido un destino diferente (…) ellos ya no son más un problema para EU o nuestros aliados», lo cual es sinónimo de que fueron asesinados. Las personas que caen en las redadas masivas en Afganistán, Irak y otras partes del mundo, son clasificadas como «combatientes ilegales» y encerradas en prisiones militares fuera del territorio estadounidense, no tienen derecho a asistencia legal, ni a saber de qué se los acusa, mientras permanecen indefinidamente sometidos a vejaciones y suplicios.

Washington tuvo que revelar memorandos en los cuales se redefinía la tortura y las facultades del presidente de Estados Unidos para ordenarla. Uno de éstos, de los Departamentos de Defensa y de Justicia, sugería que la «autoridad constitucional inherente» de Bush para dirigir una campaña militar lo colocaba por encima de cualquier convención internacional o ley interna que prohibiera el uso de la tortura. Esta es redefinida como «equivalente en intensidad al dolor que produce una herida grave, tal como la rotura de un órgano, el deterioro de la función corporal o aun la muerte». Es decir, que clavar agujas bajo las uñas o sumergir la cabeza de un prisionero en un tanque de agua hasta casi el ahogamiento, no son considerados como torturas. Ni qué hablar de mantener a los prisioneros encapuchados, o privados del sueño y la alimentación, o arrastrarlos por el piso con un dogal de perro atado a sus cuellos, o violarlos. Una joven mujer que publica un boletín electrónico desde Bagdad, conocida como Riverbend, plantea la visión iraquí: «No violen, no torturen, no maten y váyanse mientras puedan –mientras todavía lo puedan mostrar como si ustedes lo hubieran decidido… ¿Caos? ¿Guerra civil? Nosotros asumiremos los riesgos. Solamente cojan sus títeres, sus tanques, sus armas inteligentes, sus políticos estúpidos, sus mentiras, sus falsas promesas, sus violadores, sus sádicos torturadores y váyanse».

Como consecuencia de este escándalo, el gobierno norteamericano tuvo que postergar el informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo, en el cual ellos, los torturadores, califican cada año a los otros gobiernos según el grado de respeto a los mismos. Igualmente, tuvo que retirar un proyecto de resolución presentado al Consejo de Seguridad de la ONU mediante el cual pretendía que se extendiera por tercer año consecutivo la inmunidad para los soldados norteamericanos que participan en misiones de esta institución. Y solamente pudo obtener de los países de la OTAN la promesa de ayudar a entrenar las nuevas fuerzas militares iraquíes, mas no su participación directa en la ocupación.

La situación en Irak sigue empeorando para las fuerzas colonialistas. Las bajas estadounidenses se incrementan semana a semana; en julio 9 llegaron a 1.002 muertos y 5.400 heridos; y el funcionamiento de las instalaciones petroleras se ve interrumpido continuamente por los ataques de la Resistencia, que realiza acciones cada vez más coordinadas. La ciudad de Faluja resiste a pesar de los bombardeos indiscriminados sobre la población civil. Fuerzas chiítas se rearman y reentrenan con la ayuda de amigos iraníes. La transferencia de la «soberanía plena» al gobierno espurio de Iyad Alawi, agente de la CIA designado por los colonialistas, y cuya autoridad se fundamenta en las fuerzas agresoras que permanecen bajo el único comando de Washington, realizada apresuradamente y a las escondidas, ha sido desenmascarada en todo el mundo, a pesar de la sumisa Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la ONU, que le da un viso legal a la permanencia indefinida de las fuerzas de ocupación. En suma, lejos de avizorarse un alivio en la situación, ésta tiende a deteriorarse y la pretensión de instalar una «democracia de mercado» en Irak es cada vez más utópica.

La bravuconada de Rumsfeld de que podían librar dos o más guerras simultáneas ha quedado en entredicho. El empantanamiento en Irak, el más debilitado de los tres países clasificados por el maniqueísmo de Bush dentro del llamado «eje del mal», ha mostrado las falencias de las fuerzas militares norteamericanas, su dependencia de mercenarios para misiones importantes, la incompetencia de sus servicios de inteligencia, la sobreutilización de las tropas de reserva, la extensión ilegal del período de servicio de los soldados en activo, y su incapacidad para controlar el territorio y neutralizar movimientos insurgentes apoyados por la población. De ahí que aminorara sus amenazas a Siria e Irán y que haya propuesto a Corea del Norte un acuerdo para el desmonte de su programa nuclear a cambio de seguridad y un «generoso» programa de ayuda económica, en casi los mismos términos que el que propusieron los coreanos hace más de un año y que fue rechazado con altanería.

La revista Newsweek califica el gobierno de Bush como «el más irreflexivo de la historia moderna de EU». Para los intelectuales y la prensa es incapaz y estúpido. Se burlan diciendo que no debería invadir otro país hasta que no sepa pronunciar bien su nombre. El laureado escritor y director de cine, Michael Moore, lo muestra en su documental Fahrenheit 9/11 totalmente atolondrado cuando le comunican el ataque a las Torres Gemelas, como ocurrió en realidad. Un creciente número de norteamericanos, el 62% en la última encuesta, considera que la guerra fue una equivocación. Los familiares de los soldados muertos cada vez hablan más duro e invitan a la prensa a fotografiar los ataúdes, a pesar de la expresa prohibición del gobierno. Si bien las encuestas para la presidencia no muestran diferencias sustanciales, las de Congreso le dan una ventaja de 19% a los demócratas. Ex funcionarios, militares activos y retirados, y hasta un agente de la CIA en funciones, publican libros revelando las falencias y delirios de un equipo de gobierno completamente fanatizado.

En este escenario tiene que afrontar Bush la campaña electoral. Toda la estantería se le está derrumbando. La intervención de Al Gore en mayo 26 le ha dado el tono a la justa electoral. El dirigente demócrata hace una crítica severa de todos los embustes de Bush y de su equipo y plantea que hoy EU y el mundo están más expuestos que antes de la guerra de Irak. Cuestiona su capacidad para dirigir el país y rechaza el asalto a las libertades democráticas por medio de la Ley Patriótica.

Mientras tanto, Kerry propone aumentar las tropas en Irak para «cumplir la misión», darle un golpe de Estado a Fidel Castro con el apoyo de Latinoamérica y desestabilizar a Chávez en Venezuela. Así Al Gore confiese, al calor del debate electoral, que «nuestro mundo es inconquistable porque el espíritu humano es inexpugnable; y cualquier estrategia nacional basada en obtener la hegemonía mundial está condenada a fracasar porque genera su propia oposición y, en el proceso, crea los enemigos para el futuro dominador», la lógica inflexible de la supervivencia del imperialismo, bajo la dirección de cualquiera de los partidos, los llevará a continuar por el camino emprendido de recolonizar a las naciones pobres del Tercer Mundo y enfrentar a las potencias que pongan en peligro su supremacía mundial. Sin embargo, como ya lo estamos viendo, los pueblos han comenzado a levantarse y combatirán hasta derrotar la arrogancia imperialista.

Entrevista a Rodrigo Carazo O.

Rodrigo Carazo Odio, presidente de Costa Rica entre 1978 y 1982, nació en Cartago en 1926 y es licenciado en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Costa Rica. Fundador y primer rector de la Universidad de la Paz, es copresidente del Consejo del Peace Action Council, PAC, y presidente honorario de World Conference on Religion and Peace, WCRP. Ha ganado varios premios internacionales, entre ellos el World Citizen Humanitarian y el Dag Hammarskjold, que otorga la Academia Pax Mundi de Suecia.

El ex presidente asistió como expositor al Foro convocado en Cali el 31 de mayo por el Observatorio del Congreso al ALCA y al TLC, en el que compartió tribuna con el senador del MOIR, Jorge Enrique Robledo, y con los senadores Habib Merheg y Leonor Serrano.

Cuando se estaba negociando en 2003 el TLC para Centroamérica, Carazo les advirtió a los congresistas costarricenses, en célebre discurso pronunciado ante la Cámara de Diputados: «Cuidado con seguir entregando la Patria. La historia todo lo registra y Dios nos mira. Defenderse no es solamente una actitud valerosa: ¡defenderse es un deber!»

La siguiente es una entrevista exclusiva para Tribuna Roja, concedida por el doctor Carazo al compañero Álvaro Rodríguez, en Cali, el 2 de junio de 2004.

Tribuna Roja: Señor ex presidente, ¿qué similitud hay entre el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, TLCAN, y el suscrito por Estados Unidos con los países centroamericanos?

Ex presidente Rodrigo Carazo: Desde que Estados Unidos empezó a negociar el TLCAN con México y Canadá, me interesé en estudiarlo, porque era evidente que después vendría Centroamérica. El tratado es inconveniente para nuestros países y por ello me comprometí moralmente a dar a conocer mi posición al mayor número de ciudadanos, para convencerlos de que no se dejaran llevar por las ilusiones. Con variaciones mayores o menores, son tratados inspirados en un mismo concepto diseñado por las grandes trasnacionales, y le harán mucho daño a las gentes de Nuestra América.

TR: Como jefe de Estado, usted trató a funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Cuéntenos su experiencia.

Rodrigo Carazo: El FMI es de los países poderosos, y se dirige a nuestras naciones con un sentimiento de superioridad y dominio. Yo fui presidente de un país para el cual lo más importante es el ser humano y donde lo fundamental para la vida institucional es el respeto a la persona, a la familia, a la comunidad, y por ello cuando el Fondo Monetario nos exigía sacrificar todo esto, para lograr beneficios de carácter fiscal, les rechacé las propuestas, como era mi deber de jefe de Estado, costarricense y ser humano.

TR: ¿Cómo es que frente al Fondo Monetario, respaldado por una superpotencia, pudo un país pequeño hacer valer una posición tan digna?

Rodrigo Carazo: La dignidad es una condición humana y no tiene que ver con el tamaño del país, sino con la autenticidad y la responsabilidad de quien en aquel momento ejercía como presidente, responsabilidad que hoy asume como ciudadano. Si nuestros pueblos no cuentan con analistas que estén examinando permanentemente qué les conviene y qué no, pueden verse confundidos y ser víctimas de ilusiones y errores que descarrilen la vida institucional y frenen el desarrollo económico y social.

TR: ¿Por qué tanto interés en firmar a toda prisa los tratados?

Rodrigo Carazo: Cabría afirmar que no hay demasiada prisa. Desde el TLCAN hasta el Tratado con Centroamérica pasaron diez años. Lo que aquí vale la pena destacar es que, independientemente del lapso transcurrido, se evidencia el deseo de mantener en las negociaciones con el resto de países latinoamericanos los mismos principios y las mismas fórmulas aprobadas en el TLCAN. Esto lo ha empezado a palpar Colombia con el borrador del Tratado que se le ha propuesto.

TR: Los propagandistas del TLC arguyen que nuestros países deben firmar esos tratados como única vía para el bienestar y el desarrollo. ¿Cuál es su apreciación?

Rodrigo Carazo: Firmar tratados no es en sí mismo una equivocación. Lo que sí configura un serio error es firmar malos tratados, acuerdos en que los países pequeños o de escaso desarrollo sean los que lleven la peor parte. No es justo que seamos nosotros quienes tengamos que asumir condiciones altamente perjudiciales para nuestros pueblos. Es eso lo que hay que rechazar.

TR: ¿Cómo ha visto el comportamiento del Congreso, tanto en México como en Centroamérica, frente al TLC?

Rodrigo Carazo: Como jefe de Estado, debo decir que todos los puestos públicos y la forma de ejercerlos dependen de la rectitud del funcionario, de los intereses que lo motiven y de las esperanzas con que enfrente la solución de los problemas. El funcionario es responsable ante la historia y por ello nunca debe un país cometer el error de tener débil memoria. Que jamás borre el tiempo aquellos nombres que han sido responsables de una pésima negociación, como lo es el TLC de Costa Rica si llega a ser ratificado por los señores diputados.

TR: ¿Quiénes han sido hasta ahora los mayores damnificados?

Rodrigo Carazo: No hay la menor duda: la mayoría de la población. En nuestras naciones siempre habrá un pequeño grupo de ganadores, siempre tendrán la responsabilidad los altos funcionarios y siempre los perdedores serán las inmensas mayorías.

TR: ¿Cómo prevé la integración de un gran movimiento continental de resistencia, incluido el pueblo norteamericano?

Rodrigo Carazo: La única forma posible es hacer conocer de la ciudadanía el TLC, para que lo racional se imponga sobre lo irracional y sean despejadas las falsas esperanzas que siempre se levantan con este tipo de tratados.

TR: En Colombia se aprecia una creciente resistencia de trabajadores y productores. ¿Ocurre igual en Centroamérica?

Rodrigo Carazo: Cada día aumenta el número de personas que están en contra del Tratado.

TR: Nos sorprende su vitalidad en la defensa de la soberanía y la autodeterminación de nuestros países. ¿Qué mensaje le deja a la juventud colombiana?

Rodrigo Carazo: Estamos frente a un arreglo que compromete a millones y millones de latinoamericanos aún por nacer. Son generaciones enteras las que quedarán comprometidas si se llega a aprobar el TLC y por tanto no puede haber descanso. Entre quienes desempeñamos un papel de liderazgo, debe haber empeño y ejercicio pleno de la responsabilidad, para que el mayor número de personas cuente con bases serias de análisis y asuma una actitud digna sin cometer el error de la superficialidad. Frente a esta tarea, a la juventud le corresponde un papel histórico.

TR: ¿Con el TLC cambia la orientación de la agricultura?

Rodrigo Carazo: Lo que pretenden los TLC que se vienen firmando con Centro y Suramérica es que nuestros países abandonen la producción de artículos que garantizan la independencia alimentaria y que nos dediquemos a producir más flores, más plantas ornamentales, más frutas exóticas, que iremos a vender al mismo tiempo a los mismos compradores y a los mismos lugares.

TR: Al Foro le llamó mucho la atención su referencia a campesinos mexicanos que escriben en los muros de las carreteras: «Sin maíz, no hay país». ¿Cuál es el mensaje que usted quiso dejarnos?

Rodrigo Carazo: Quise ser fiel intérprete de lo que los campesinos mexicanos intentan decirle al resto de América Latina: que México entero está siendo destruido por una falsa ilusión y por una falsa expectativa. El gobierno hizo creer que el TLCAN traería consigo el bienestar y una rápida transformación económica. Lo que en verdad ocurrió fue el enriquecimiento de unos pocos y el aumento galopante de la pobreza del pueblo mexicano.

TR: Al cumplirse el plazo final para que los países latinoamericanos firmen el TLC, ¿qué pasará con quienes se nieguen?

Rodrigo Carazo: Cuando se hace un mal negocio, es lógico pensar que haya rechazo. En este momento estamos ante una pésima negociación y no nos queda ninguna otra alternativa que no sea el rechazarla en forma rotunda. Muchos centroamericanos, muchos costarricenses, estamos oponiéndonos al TLC. Ayer [30 de mayo] se llevó a cabo una marcha monumental en San José de Costa Rica para rechazar el Tratado de Libre Comercio.

Así debemos seguir actuando para que haya cada día un mayor número de personas en todo el continente americano dispuestas a engrosar el movimiento.

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

1. Entre mediocres mañas alternadas con cínicas intolerancias, los actos de gobierno que durante veinticuatro meses ha aplicado Uribe Vélez han mostrado palmariamente que están dirigidos a la instauración de una dictadura. Señalar que su contenido es de derecha, es decir, contra los intereses de la nación y sus mayorías, es indispensable, ya que del reconocimiento cabal y a fondo de esa naturaleza política depende el acierto en la política –posición y métodos– que se debe asumir frente a ella. Tal definición, lejos de obedecer a una adjetivación esquemática o redundante, es cuestión primordial dada la capital gravedad del desafío que la oligarquía pro imperialista les ha lanzado a los colombianos sobre su destino y el de la nación. Para contrarrestar inadmisibles laxitudes ideológicas y políticas a ese respecto, adquiere suma importancia que la mencionada apreciación impere entre todos los compatriotas, pero primeramente entre las personalidades y dirigentes que tienen ascendiente entre la población.

Ninguna dictadura es neutra. Desde el Estado, que es su instrumento, está al servicio de una dominación e interés de clase, en nuestro caso los de la oligarquía financiera criolla y la cúpula financiera imperialista y, por lo tanto, es por completo antagónica con los del pueblo colombiano. No cabe entonces tener ante ella actitudes de conciliación cuando quienes la están cimentando desatan su implacable lucha de clases contra los sectores populares, ni exhibir docilidad disfrazada de sensatez cuando quienes detentan el poder aducen las más dogmáticas ideas y proceden con el mayor sectarismo.

A medida que se entroniza el despotismo va haciéndose más evidente la necesidad de desechar algunos lemas que rondan entre organizaciones y movimientos que en diversos grados han venido oponiéndosele. Tal es el caso de la «oposición constructiva», que en sus mismos términos envuelve la cooperación; la disposición «propositiva», que llama a plantear ideas alternativas dentro de la política del régimen; la política de concertación, que implica tratar como entre iguales y con intereses comunes la relación entre sojuzgadores y sojuzgados; la consigna de la reconciliación que atribuye la polarización de la sociedad no a las arbitrariedades estatales, sino a la justa resistencia que se les opone. Posiciones y talantes políticos como estos no sólo no le hacen mella a la política del gobierno, sino que terminan remozando su índole dictatorial.

2. En las diversas actividades y expresiones que afloraron durante el pasado semestre para rechazar las políticas propias del neoliberalismo y la globalización norteamericana que cerrilmente aplica Uribe Vélez, se hizo patente una vez más el espíritu patriótico y democrático que pervive entre los colombianos, corroborándose así que este constituye un básico factor político a desarrollar en una batalla que se avizora como prolongada. Fueron paros cívicos, huelgas, jornadas y manifestaciones de protesta que, junto a los debates de las minorías parlamentarias contra la política gubernamental, la labor crítica de intelectuales y personalidades progresistas y las múltiples actividades de organizaciones políticas y sociales, van aquilatando el rumbo acertado y los métodos correctos para enfrentar la generalizada acometida.

Son todas luchas y posiciones con la formidable perspectiva de contrarrestar y, finalmente, derrotar la que seguramente pasará a la historia como la más desaforada agresión contra el país y sus gentes emprendida por el imperialismo norteamericano (hoy asediado, debido a la globalización del repudio que suscitan sus criminales tropelías), y por la oligarquía financiera colombiana que, «castrada de todo patriotismo y democracia», tiene a Uribe Vélez como su valido en la jefatura del gobierno.

Resaltan entre ellas la huelga de alto contenido político que durante 35 días libraron los trabajadores de Ecopetrol, erigiendo con ella una pauta en el movimiento obrero sobre la necesidad de ligar la lucha sindical con la defensa de los intereses nacionales y reafirmando la posición de dignidad y osadía de las organizaciones obreras frente al asedio de las amenazas y sobornos para que concilien la entrega de sus intereses y consientan su degeneración y marchitamiento; la abigarrada y combativa manifestación en contra del ALCA y el TLC que, enfrentando la brutal represión del gobierno, realizaron sectores populares de Cartagena acompañados de dirigentes y trabajadores de las centrales sindicales y de las organizaciones agrarias, indígenas procedentes de todo el país y un puñado de parlamentarios de oposición y de izquierda, y, por último, la recia resistencia de los habitantes de Girardota, Copacabana, Barbosa y Bello, durante el paro cívico en rechazo a la exacción, que por cobro de valorización y de un oneroso «peajito social», pretende hacerles el gobierno. Fueron tres trincheras que en su particularidad encarnan la guía de combate para toda la población.

3. La aplicación de su nefaria política sin sujeción a reglas, leyes o control alguno es manifiesta en las recurrentes acometidas del uribismo contra las demás ramas del Estado (ya nos referimos en editorial anterior a lo que pretende contra la rama Judicial: Tribuna Roja No. 95). Al no poder cerrar el Congreso, se dedicó a denigrarlo con malicia o ensalzarlo con zalamerías, según cumpliera o no su voluntad; a apoderarse de la iniciativa parlamentaria, presentando por interpuestos congresistas todo tipo de proyectos de ley y a utilizar la vulgar politiquería para comprar voluntades y votos. Como resultado, las así adobadas mayorías parlamentarias, que componen un corro de liberales y conservadores ya desnaturalizados con un rampante uribismo, han conseguido revelar la corporación legislativa como un establo en donde el gobierno oficia de mayoral, algo que la valerosa actitud de crítica y denuncia desplegada allí por los congresistas de las minorías políticas hace más ostensible.

No es de extrañar que esas mayorías, arrimadas en el palacio presidencial, impongan la aprobación en serie de leyes que recortan o suprimen libertades y derechos democráticos, de lo cual es ominosa muestra el «estatuto antiterrorista»; normas dirigidas a que se nieguen o escatimen a la mayoría de la población servicios tan vitales como los de la salud, generando un real holocausto que cobra miles de veces más víctimas que las que arroja el conjunto de violencias y terror; mandatos que le dejan a los linces del capital privado la prestación de otros servicios públicos para que se lucren con la más despiadada expoliación de las gentes; disposiciones que despojan a los trabajadores de conquistas laborales y derechos pensionales, y arrojan de continuo pesadas cargas tributarias sobre las agobiadas capas populares, mientras llenan de privilegios y exenciones tributarias a la plutocracia financiera; preceptos que autorizan la entrega barata a las multinacionales de empresas y recursos públicos que hacían parte de nuestro patrimonio y les dan garantías para la toma de nuestro mercado interno, ahora a punto de rematarse mediante expedientes como el Tratado de Libre Comercio; en fin, leyes que, al igual que las que presentará el gobierno en la próxima legislatura, responden a los ucases del gobierno norteamericano y los organismos financieros internacionales. Se le concede así a los Estados Unidos una plataforma política y económica para su total recolonización del país.

Menos cabe sorprenderse de que, so capa de la «seguridad democrática», pero en realidad con el señalado propósito de poner cabalmente en ejecución la política antipopular y antinacional a la que se le viene otorgando estatus legal y constitucional mediante esa sucesión de leyes, las mayorías uribistas en el Congreso sigan aprobando la ley que facilita la reelección de Uribe Vélez, rompiendo adrede las reglas del juego del Estado de Derecho que rige bajo el régimen imperante, para pasar a consolidar uno de hecho, el dictatorial.

Dentro de la lógica propia de la manía presuntamente redentora del país con la que actúa Uribe, es tan cierto como siniestro que queda todavía mucho por arrasar en la base y en la superestructura de la nación, así como mucho por doblegar en la gente de bien, demócratas y patriotas, que mora en ella, antes de poder entregarla por completo a la voracidad de los dueños del capital financiero internacional y doméstico. Tal pretensión es el sentido escueto de la reelección.

Uribe ha logrado en la época moderna conjugar los elementos más eficaces para la destrucción de Colombia. El otro aspecto, la negación de tan sombrío proceso, está en gestación con la gama de oposiciones y combates que se ha venido desplegando. Advendrá pleno con el despertar ineluctable de las clases populares.

Héctor Valencia H.
Secretario general del MOIR

Importante seminario político e ideológico

Los días 5 y 6 del pasado mes de junio, se realizó en el Hotel Sochagota de Paipa un importante evento de Alternativa Democrática, con la participación de ocho parlamentarios de la bancada y dirigentes de los partidos y organizaciones que la integran. En las fotografías, vemos aspectos de la reunión, presidida por el doctor Carlos Gaviria Díaz.

Arriba, el doctor Gaviria; Orlando Fals Borda, del Frente Social y Político; el senador Antonio Javier Peñalosa, Rafael Sánchez y el padre Bernardo Hoyos, del Movimiento Ciudadano. En la foto de la derecha, el doctor Gaviria Díaz se dirige a los asistentes.

Los parlamentarios de Alternativa Democrática: Carlos Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Javier Peñalosa, Félix Efrén Tarapués, Wilson Borja, Álex López, Venus Albeiro Silva y Ermínsul Sinisterra, y dos delegados de cada una de las organizaciones políticas integrantes de la coalición (Frente Social y Político, Partido Unidad Democrática, Movimiento Ciudadano, Partido Comunitario Opción Siete y el MOIR, se reunieron en el Hotel Sochagota los días 5 y 6 de junio de 2004, para analizar la grave crisis nacional y la ofensiva antipopular del gobierno autoritario de Álvaro Uribe Vélez, sus medidas lesivas de los derechos democráticos y su entrega de la dignidad nacional ante el creciente intervencionismo de Estados Unidos. Después de una amplia y franca deliberación, el evento llegó a importantes acuerdos, entre los cuales destacamos:

1.Luchar contra las pretensiones reeleccionistas de Álvaro Uribe Vélez.

2. Impulsar la defensa de la soberanía nacional contra la creciente injerencia e intervención de Estados Unidos y su arrasadora política neoliberal que busca imponer el Tratado de Libre Comercio, que es nada menos que la anexión de la economía colombiana a la de la poderosa potencia del Norte.

3.Exigir el respeto de las libertades democráticas y rechazar la creciente represión de este gobierno contra los luchadores populares y sus organizaciones.

4.Denunciar y combatir, en el Congreso y fuera de él, la agenda legislativa que pretende hacer aprobar Álvaro Uribe Vélez en la legislatura que comienza y que contiene, entre otras, medidas tan lesivas contra el pueblo como el recorte de las pensiones, el aumento de la edad y de las semanas cotizadas para obtener la jubilación, la eliminación de la mesada catorce y de los regímenes especiales, lo cual afecta a miles de trabajadores petroleros y del magisterio, la imposición del IVA a productos básicos de la canasta familiar.

Es conveniente señalar que mientras Uribe prepara esta avalancha contra los sectores populares, no tiene ningún empacho en aumentar las exenciones para las grandes empresas multinacionales, les recorta los impuestos y les da toda clase de garantías para sus inversiones.

La reforma a la Justicia y los proyectos de ley para apuntalar su «Seguridad Democrática» también serán objeto de importantes debates por parte de los parlamentarios de nuestra bancada.

5. Apoyar la búsqueda de una solución política del conflicto armado.

6. Defender las reivindicaciones sociales, económicas y culturales de los trabajadores y de los ciudadanos en general. Oponerse a las privatizaciones y a la entrega del patrimonio público a los capitales privados y extranjeros. Ampliar la coalición y apoyar las luchas

La reunión de Paipa también aprobó que Alternativa Democrática no sea sólo una bancada parlamentaria, sino una coalición de movimientos sociales y políticos para presentarle al país una propuesta unitaria y democrática. Debe por ello darle cabida a nuevas organizaciones que defiendan las mismas posiciones políticas y que participen activamente, como lo hará Alternativa Democrática, en las luchas sociales, cívicas y democráticas que libran los trabajadores, pobladores y ciudadanos.

Coordinación organizativa

El evento aprobó la conformación de una dirección nacional integrada por los parlamentarios de la bancada y dos delegados en representación de cada uno de los movimientos políticos integrantes. Para un funcionamiento más ágil y efectivo la dirección elegirá un Comité Ejecutivo y definirá su funcionamiento. Igualmente, fueron aprobados varios mecanismos de coordinación de las tareas de las Unidades Técnicas Legislativas que apoyan la labor de los congresistas de Alternativa Democrática, así como la creación de mesas de estudio y de trabajo sobre temas donde el gobierno prepara graves atentados contra los intereses de las masas populares: salud, pensiones, servicios públicos, libre comercio, «seguridad democrática», propiedad intelectual, políticas medioambientales, recursos naturales, política de hidrocarburos, entre otros.

Gran Coalición Democrática

El seminario determinó que Alternativa Democrática continuará participando en la Gran Coalición Democrática, instancia unitaria creada pra impulsar las actividades por la abstención activa al referendo del 25 de octubre y que, como se recuerda, fue derrotado sin atenuantes, propinándole un severo golpe a las pretensiones uribistas.

Candidatura presidencial

Alternativa Democrática se empeñará en levantar una candidatura única de los sectores independientes y democráticos, con una plataforma de convergencia que contemple los puntos atrás señalados .

En este contexto, se pondrá a consideración de los colombianos el nombre del doctor Carlos Gaviria como posible candidato presidencial.

Alternativa Democrática en los departamentos

Para el domingo 8 de agosto, en el Rincón Latino de la ciudad capital del Atlántico, se llevará a cabo un extraordinario acto de lanzamiento de Alternativa Democrática en la Costa, en el cual participarán los parlamentarios de esta coalición política: los senadores Carlos Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda y Antonio Javier Peñalosa, y los representantes Wilson Borja, Álex López, Venus Albeiro Silva y Ermínsul Sinisterra. El Movimiento Ciudadano, que dirigen el padre Bernardo Hoyos Montoya, el senador Antonio Javier Peñalosa y el concejal de Barranquilla, Rafael Sánchez, adelantan los preparativos del evento, que ha despertado enorme expectativa. Cuentan para ello con el respaldo de la militancia del MOIR, de Unidad Democrática y del Frente Social y Político.

En el Valle del Cauca

Después de numerosas reuniones en varios municipios, las fuerzas integrantes de Alternativa Democrática en el Valle del Cauca realizarán en Cali una concentración el 31 de julio, la cual será encabezada por el representante a la Cámara, el compañero Alexánder López. Allí también se harán presentes varios de los congresistas de la bancada.

En otras regiones

En Pereira, Manizales, Tunja, Santa Marta y Bucaramanga se han realizado actos y reuniones de Alternativa Democrática con miras a consolidar los esfuerzos unitarios entre las diferentes fuerzas.

Bogotá, julio 22 de 2004

En esta amplia y representativa Cumbre Política y Social que se ha realizado hoy, 22 de julio, en el auditorio del edificio Orquídea Real de Bogotá, la Gran Coalición Democrática, los partidos políticos democráticos, el movimiento sindical confederado, parlamentarios, diputados y concejales de diversas corrientes políticas, los pensionados y las más activas organizaciones no gubernamentales hemos unificado criterios, propósitos, planes y tareas alrededor de cinco grandes ejes de trabajo en los cuales se juega el futuro del país y los intereses de la inmensa mayoría de los colombianos:

Defensa del Estado social de derecho, las libertades y la soberanía

Ante la ofensiva del gobierno del presidente Uribe Vélez encaminada a profundizar el desequilibrio de los poderes públicos, restringir las libertades y el ejercicio de los derechos democráticos a la población, disminuir la responsabilidad y la inversión social del Estado, y respaldar irrestricta e integralmente la política hegemonista norteamericana, nos hemos comprometido en la defensa del Estado social de derecho oponiéndonos al proyecto de reforma a la justicia que propiciaría una mayor injerencia del Ejecutivo en la Rama judicial, al recorte de facultades a la Corte Constitucional, a las limitaciones que harán inoperante la acción de tutela y al desmonte de las obligaciones sociales del Estado; en la defensa de las libertades ciudadanas encabezando el desenmascaramiento del carácter fascistoide del Estatuto Antiterrorista y su ley reglamentaria así como la denuncia de su inconstitucionalidad como ya lo han señalado voces muy representativas de la sociedad colombiana; en la defensa de la soberanía luchando contra los planes económicos, políticos y militares elaborados contra el interés nacional desde Washington y aplicados a rajatabla por el gobierno uribista; así mismo rechazamos la presencia de tropas norteamericanas y mercenarios extranjeros en el territorio nacional.

Contra las neoliberales reformas constitucionales, económicas y sociales del gobierno

Nos hemos comprometido a luchar en el parlamento, en las calles y plazas de Colombia para impedir la aprobación de una agenda legislativa oficial que pretende descargar en los hombros y en el bolsillo de las mayorías pauperizadas las consecuencias de una política económica neoliberal que ha sumido al país en la más honda crisis de su vida republicana. Ni una nueva reforma tributaria (la tercera de este gobierno) que pretende imponer un IVA del cuatro por ciento a los alimentos básicos de la canasta familiar, ni una nueva reforma pensional resolverán los graves problemas del presupuesto y las finanzas nacionales originados en el acatamiento dócil a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, FMI y, en cambio, someterán a los colombianos a mayores niveles de pobreza y miseria. Hoy, en Colombia, 13 millones de colombianos viven en la indigencia, 33 millones por debajo de la pobreza y el desempleo supera el 17%. Además, nos oponemos a las propuestas legislativas que intenten consagrar la impunidad.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos

De firmarse el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, como pretende a las volandas el gobierno de Uribe Vélez, los pocos sectores de la producción que han sobrevivido a los catorce años de aplicación de la apertura económica neoliberal colapsarían estrepitosamente como lo han anunciado reiteradamente caracterizados voceros de la academia, del parlamento, de las organizaciones políticas, de los gremios empresariales y de las centrales de los trabajadores. La faena apátrida de entregar el mercado nacional, centenares de miles de empleos y jornales agrícolas, recursos naturales y empresas públicas habrá terminado para beneficio del capital internacional, principalmente norteamericano, y la ruina de una nación despojada de su soberanía económica y de la columna vertebral de su aparato productivo. Por lo tanto, nos comprometemos ante los trabajadores y los productores colombianos a denunciar este proyecto de anexión y luchar por impedir su firma.

La reelección presidencial

Con el apoyo del Embajador norteamericano y la compra de los votos de algunos parlamentarios a cambio de ciertas partidas presupuestales, como corresponde a la más cruda tradición clientelista y corrupta de la forma de hacer política en Colombia, el presidente Uribe Vélez logró imponer en primera vuelta el proyecto de reforma constitucional que establece la reelección inmediata, con evidentes propósitos dictatoriales. Es decir, ha avanzado en estrategia de cambiar las normas constitucionales para beneficio propio aprovechando sin pudor ni tapujos el cargo que desempeña y el poder que de allí se deriva. Reiteramos nuestra decidida oposición al proyecto de reelección dentro y fuera del parlamento colombiano y nuestra disposición a lograr una unidad de acción aún más amplia que la de esta Cumbre Política y Social con los sectores de las vertientes tradicionales que deslinden campos con la pretensión uribista.

La solución política del conflicto armado y los acuerdos humanitarios

Reiteramos nuestro compromiso porque Colombia supere las dificultades causadas por la generalización de la violencia a través de la solución política negociada del conflicto armado. Así mismo, apoyamos la búsqueda de acuerdos y compromisos humanitarios, entre los cuales están los que permitan la libertad de los colombianos afectados por las fuerzas en contienda.

Llamamos a la ciudadanía a participar activamente en el Plan de Acción aprobado en esta Cumbre Política y Social, con el objetivo de potenciar la movilización de los colombianos por la defensa de la nación hoy amenazada.

Gran Coalición Democrática, Partido Liberal Colombiano, Partido Polo Democrático Independiente, Alternativa Democrática, Partido del Trabajo de Colombia, Convergencia Popular Cívica, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), Partido Comunista Colombiano, Frente Social y Político, Partido Unidad Democrática, Partido Comunitario Opción Siete, Movimiento Ciudadano, Movimiento Colectivo Guillermo Marín, Unión Patriótica, Central Unitaria de Trabajadores, Confederación General de Trabajadores Democráticos, Confederación de Trabajadores de Colombia, Confederación de Pensionados de Colombia, Comando Nacional Unitario, Comando Nacional Sindical Estatal, Federación Colombiana de Educadores, Unión Nacional de Empleados Bancarios, Fenaltrase, Aspu, Central Nacional Provivienda, Sindess, Ascontrol, Sintragobernaciones, Concec, Corporación Viva La Ciudadanía, Sintraseguridad Social. (Sigue listado de organizaciones sindicales y sociales, parlamentarios y otras personalidades).

Gustavo Triana

Durante 35 días los trabajadores petroleros, dirigidos por la Unión Sindical Obrera, libraron una de las batallas más importantes contra la política de recolonización. La huelga de la USO dio una clara muestra de la capacidad de organización y movilización de los trabajadores y sacó a relucir todos los valores antiimperialistas del proletariado petrolero. Esta combativa movilización interpretó el afán de la inmensa mayoría del pueblo colombiano por contener las tropelías de Uribe Vélez. Se convirtió en el ejemplo a emular si queremos resistir eficazmente la brutal embestida de Estados Unidos para saquear nuestra nación y esclavizar a nuestro pueblo.

Los dirigentes y activistas desplegaron una titánica labor de explicación de la batalla en sindicatos, concejos, asambleas departamentales, colegios, universidades, barrios populares, veredas y todo escenario posible en las zonas de influencia petrolera. Las formas organizativas utilizadas son una escuela para el movimiento obrero. Se crearon comités de mujeres, contratistas, temporales, aprendices y estudiantes del Sena, como también por áreas de producción y por actividades de la huelga y, lo más importante, se afianzó el Frente Patriótico por la Defensa de Ecopetrol, que en Barranca corresponde al Foro Social, la organización más amplia de la región, liderada por monseñor Jaime Prieto y cuya bandera principal es la defensa de lo público y el bienestar de los pobladores.

La vinculación de todo el sindicato a este trabajo rindió sus frutos y tempranamente se sintieron las manifestaciones de apoyo del Movimiento de Mujeres por la Defensa de Ecopetrol, de las organizaciones de pensionados, senadores, representantes, concejales, diputados y alcaldes, de la Iglesia Católica y otros credos religiosos, el movimiento sindical nacional e internacional, los medios de comunicación de orden nacional y regional, los estudiantes, y, en fin, todos los patriotas. Treinta y dos senadores y representantes dejaron pública constancia en favor de la huelga.

Durante la huelga se desarrolló una impecable línea de masas que permitió alcanzar un gran respaldo, neutralizar el macartismo del gobierno y la gran prensa y esclarecerles a influyentes sectores sociales la importancia del manejo soberano del petróleo. El apoyo en las masas, la política de Frente y la posición patriótica y de clase que condujo el movimiento permitieron doblegar la arrogancia de Uribe y de Yanovich, obligándolos a negociar varios aspectos de la política petrolera y del manejo de Ecopetrol, lo que significa un avance en la contención de la recolonización imperialista. Fue una enseñanza contra el pesimismo y las tendencias conciliacionistas del movimiento sindical y la demostración de que la lucha organizada de las masas es lo único que hace retroceder el autoritarismo y antinacionalismo de Uribe.

Sin embargo, no se lograron todos los objetivos. Lo concerniente a los derechos de los trabajadores sigue dependiendo de poder derrotar el nefasto laudo arbitral, refrendado por la Corte Suprema pero que no está en firme por los recursos jurídicos interpuestos, ya que el trámite violenta toda la legislación laboral. La postura fascista de Uribe y Yanovich obligó a aceptar la pensión anticipada de 80 trabajadores, entre ellos los más veteranos dirigentes del sindicato, y un tribunal de arbitramento para el estudio del reintegro de otros 170 compañeros huelguistas. Lo relevante de la gesta es que la empresa mantiene su carácter estatal, no se entregan a las multinacionales los campos de producción de la estatal, se reafirma la ampliación y propiedad de la refinería de Cartagena y se frena la descapitalización de Ecopetrol impidiendo que se le pase a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, su participación en las asociaciones. Además, el sindicato sobrevive a la arremetida y no entrega absolutamente ningún principio, así temporal y parcialmente haya sufrido merma en sus dirigentes y activistas.

Para llegar hasta la declaratoria de la huelga política nacional, el jueves 22 de abril, se recorrió un camino de análisis y discusiones que son lección para el movimiento obrero. Los anuncios de arrasar la convención y completar la entrega del petróleo al imperialismo hacían que la Asamblea Nacional de Delegados, de noviembre de 2002, tuviera clara la necesidad de preparar y hacer una huelga que pusiera como eje central de la pelea defender el recurso hidrocarburífero nacional, la estatal petrolera y los derechos de los trabajadores.

La resolución adoptada así lo interpretó. La contradicción estuvo en cuándo debía iniciarse la huelga. La mayoría de la dirección concentró sus esfuerzos en la búsqueda de un eventual acuerdo para evitar el conflicto, sin tomar nota de la actitud cada vez más arrogante de Yanovich y del alistamiento de los decretos de reforma del Estado, que incluían a Ecopetrol. El desenfoque condujo a equivocaciones como atenerse solo a los recursos jurídicos, de los que hoy sigue pendiente la vigencia de la convención, y a desaprovechar las coyunturas que se presentaron para lanzar la batalla.

No se dio la orden de parar, por ejemplo, en el momento de expedir el Decreto 1760, que convirtió a Ecopetrol en empresa por acciones, creó la ANH para quitarle la administración de las reservas de crudo y gas y escindió sus inversiones en otras empresas para fundar la promotora de inversiones. Se optó por una asamblea permanente que no correspondía a la magnitud de la agresión. Al instalarse el tribunal en septiembre 26 de 2003, el sindicato permaneció en unos diálogos estériles, cuando la única respuesta era la huelga. Igual sucedió en diciembre de 2003, cuando se produjo el laudo arbitral que cercenó los aspectos más importantes de la convención.

Por el debate en las filas del sindicato para esclarecer la táctica, se llegó incluso a que el compañero Rodolfo Gutiérrez renunciara a la presidencia, pues tanto él como los dirigentes y delegados del MOIR y el Colectivo Guillermo Marín estaban en contra de la táctica aprobada por mayoría en la asamblea de agosto de 2003 y pedían aplicar la resolución que ordenaba la huelga general. En diciembre de 2003 y enero de 2004, la administración y el gobierno desataron una racha de medidas para aplicar el laudo arbitral, negar la renovación de contrato a los temporales, prorrogar los contratos de asociación de La Guajira, Caño Limón y Sabana de Torres, regresar a la concesión como forma de contrato y entregar los campos de Casabe y La Cira-Infantas a OXY y Schlumbeguer. Se anunció también la emisión de acciones de Ecopetrol, se cuestionó la propiedad de la empresa sobre los contratos de asociación existentes hasta diciembre de 2003 y se filtró una posible venta de la refinería de Cartagena. Todo se juntaba para darle el golpe final a la USO y a Ecopetrol, asunto que comprendió la dirección del sindicato y se retomó la decisión de ir al combate.

Restablecida la unidad, se lanzó la batalla, que la dirección sacó adelante con toda consecuencia. La tarea principal ahora es recomponer las filas de la organización y prepararla para continuar la lucha, pues urge materializar el reintegro de los compañeros despedidos, a quienes se debe respaldar política y económicamente, y persistir en la defensa de la convención colectiva de trabajo y en la revocatoria del laudo arbitral. La USO se debe mantener en guardia contra los nuevos intentos de Uribe y el imperialismo por apropiarse totalmente del petróleo nacional y liquidar o privatizar a Ecopetrol. La huelga reanima el movimiento obrero y social levantando la bandera de lucha en momentos en que la política oficial es aceptar el TLC y el ALCA, acuerdos que harán retroceder a la nación a las épocas de la Colonia española conculcando cualquier posibilidad de bienestar y desarrollo económico.

Jorge Enrique Robledo Castillo, jerobledo@senado.gov.co, Bogotá, 3 de julio de 2004.

En lo que suena como una especie de campaña en contra del derecho a pensionarse de los colombianos, se presenta a quienes lo han logrado casi como a una especie de zánganos que abusan del resto de la nación. Cuando lo cierto es que la pensión de jubilación no representa otra cosa que la única posibilidad que tienen los asalariados de sobrellevar una vejez a la que no se le sumen los sufrimientos de la indigencia. Porque exceptuando unos cuantos casos, el salario no les alcanza a quienes lo reciben para constituir ahorros que les permitan satisfacer sus necesidades más elementales una vez concluyen su vida laboral. Esos compatriotas, además, adquirieron o adquirirán el derecho a pensionarse luego de haber aportado para sus pensiones por el monto y el tiempo que les establecieron una normas que no fueron redactadas por ellos. De ahí que sea tan regresiva la reforma anunciada de imponerles impuestos a los pensionados, eliminar la mesada catorce, acabar con los regímenes especiales y hasta imponer pensiones que apenas equivalen a la mitad del salario mínimo.

También hay que rechazar la tendencia iniciada con la Ley 100 de 1993 –que tuvo como ponente a Álvaro Uribe Vélez, entonces senador– de hacer reformas que incrementan los aportes de los trabajadores para sus pensiones, aumentan la edad a la que se adquiere el derecho y reducen el monto de la pensión, de manera que esta se parece cada vez más a un seguro de entierro. Y es obvio que la cantaleta en contra de las mayores pensiones (que son 846) busca ocultar que cada reforma pensional va dirigida contra las gentes del común, según lo muestran las propias cifras oficiales: mientras que la disminución del gasto que se obtendría por la vía de ponerle como tope nueve millones de pesos mensuales a las pensiones más altas llegaría a 11.700 millones de pesos anuales, la eliminación de la mesada catorce costaría ochocientos mil millones de pesos al año. Si de lo que supuestamente se trata es de tocar a los “privilegiados”, ¿por qué se meten con los demás, que son casi todos? ¿Y no atenta contra los derechos democráticos de los trabajadores prohibir en la Constitución los regímenes especiales, convirtiendo los derechos laborales mínimos de ley en los máximos legales?

Las causas del déficit del ISS deben explicarse para que se entienda lo que ocurre. Si se suman los aportes de ley que el Estado nunca le hizo, las pérdidas que sufrió por inversiones que los gobiernos lo obligaron a hacer en el IFI y el BCH y las platas que el gobierno nacional no aportó por sus trabajadores, la deuda del Estado con el Seguro fue calculada por uno de sus presidentes en 40 billones de pesos, aunque hay analistas que la elevan a 60 billones. También cuenta en la crisis del ISS la política de apertura económica, la cual, al quebrar amplios sectores del aparato productivo, aumentar el desempleo y reducir los salarios, disminuyó el número de quienes aportan para pensiones y el monto de sus pagos.

Pero, por sobre todo, la crisis del Seguro se explica por la decisión de la Ley 100 de crearle al capital financiero el negocio de los fondos privados de pensiones, lo que, fuera de convertir en ganancias grandes sumas que deberían ir a los pensionados, le arrebató millones de aportantes al ISS. Al respecto, las cifras son elocuentes: en 1995 le cotizaban al Seguro 3,12 millones de colombianos y había 313 mil pensionados; para 2003 los pensionados aumentaron en 280 mil, en tanto los cotizantes disminuyeron en más de un millón. Así se pasó de 9,95 a 3,72 aportantes por cada pensionado, cuando el Seguro se diseñó para funcionar con una relación de ocho a uno, porque se concibió para que los aportes de los trabajadores contribuyan con el pago de los que ya se pensionaron, lo que se conoce como “solidaridad intergeneracional”. Entonces, la Ley 100 significó que el Estado se quedó con los pensionados y los fondos privados con los cotizantes, despropósito que copiaron del modelo implantado por Pinochet en Chile. Por lo tanto, ni siquiera pueden aducir en su favor que no sabían lo que hacían.

Que los fondos privados de pensiones posean 22 billones de pesos dedicados al parasitismo financiero, mientras el Seguro no tiene con qué pagarles a sus pensionados, le da una explicación concreta a buena parte del faltante. El resto se explica por el cada vez menor aporte del trabajo formal y los salarios a la economía del país, tendencia que se acentuó con la reforma laboral de 2002 y que deberá agravarse si Colombia suscribe el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y los patrones que se alegran cuando las pensiones disminuyen, que no olviden que estas también son parte de la capacidad de compra nacional.