EN MEMORIA DE ARIEL POCATERRA

Francisco Valderrama

Después de las elecciones de 1972 llegamos a Córdoba de la mano del compañero Pedro Vallejo, campesino de Ciénaga de Oro. Allí iniciamos el trabajo de construir un nuevo regional para el MOIR, entonces en el proceso de extenderse nacionalmente, a través de la política de “pies descalzos”, como acertadamente la bautizó el camarada Francisco Mosquera. Se trataba de abandonar por completo el medio en el cual nos habíamos criado y sumergirnos en uno nuevo cuyos hábitos, costumbres, cultura y formas de expresión teníamos que apropiarnos para echar raíces y construir partido.

Ariel Pocaterra fue uno de nuestros primeros militantes en ese mismo año. Había nacido y vivido en Punta de Yanes, corregimiento de Ciénaga de Oro, y puerto de comercio sobre la Ciénaga Grandede Lorica en el pasado, que para el año mencionado sólo vivía de la gloria de antaño para tratar de olvidar su miseria presente. Allí, en un rancho avejentado por los soles ardientes del valle sinuano, vivía Ariel como campesino pobre sin tierra, trabajando en cultivos de pancoger cuando las circunstancias lo permitían, endeudado como todos con la Caja Agraria y deseoso de luchar por la tierra.

En las primeras reuniones nos causó curiosidad su lenguaje casi incomprensible. Con el transcurrir de las discusiones y cursillos, pero sobre todo con su lectura trabajosa, silabeada casi, minuciosa y repetida hasta el cansancio de los editoriales de Tribuna Roja, empezó a manejar nuestro lenguaje, a hacerse entender de todos con claridad, defendiendo con valentía las ideas antiimperialistas y populares de su partido, el MOIR.

Veinticinco años después, el compañero Ariel seguía en su lucha, impulsando la unidad y organización de los campesinos de la Ciénaga Grande de Lorica, como directivo de la Organización Nacional de Campesinos y Productores Agropecuarios, con el fin de aprovechar para los desheredados esos inmensos baldíos. Estaba haciendo lo que más le gustaba: asesorar a los campesinos pobres en su lucha por conseguir tierra donde trabajar, o en sus problemas laborales.

Cuando las condiciones del país habían cambiado y los vientos favorables empezaban a soplar con fuerza a favor de las organizaciones democráticas y antiimperialistas; cuando el aporte de Ariel era sustancial para el avance del Partido, fuerzas oscuras se confabularon para asaltar su rancho de Punta de Yanes y asesinarlo de cuatro certeros balazos ese fatal 7 de junio, sábado, a las 9:30 de la noche.

La vida de Ariel fue un ejemplo de militancia revolucionaria, de tenacidad para superar las propias deficiencias, de valentía y orgullo para defender su Partido y servir a su pueblo. De él, así como de Raúl Ramírez, el otro militante del Regional de Córdoba asesinado hace poco más de diez años en Puerto López, municipio del Bagre, podemos decir aquello que todos aspiramos a que sea inscrito en nuestras tumbas: pensó, luchó y vivió como un comunista.

PRIVATIZAN PLAYAS EN LA HEROICA

Cartagena, con el cierre de plantas como Álcalis, Conastil, Indugraco y Polymer, acompañada de las privatizaciones de empresas estatales, padece una gravísima situación de desempleo que ronda el 20% de la población activa, agravada con la llegada de miles de desplazados por la crisis agraria y el clima de violencia que sufre Bolívar. La ciudad ha subastado el puerto y el aeropuerto, entregado al peor postor Termocartagena, regalado $300.000 millones que valen el acueducto y el alcantarillado a los consorcios recomendados por el Banco Mundial. Y ahora piensan privatizar las playas por concesión.

Este inadmisible despropósito desalojará de los puestos de trabajo a miles de nativos que se ganan el sustento familiar, ya sea vendiendo frutas, bronceadores, agua de coco u ofreciendo sillas y carpas.Para engañar incautos, las medidas las disfrazan con la “defensa del interés general”, el “rescate del espacio público”, el “control de la droga”.

Los firmantes nos oponemos a la privatización de las playas para entregárselas a las cadenas hoteleras, impidiendo el descanso, la recreación y el goce de los cartageneros y el turismo. Nos oponemos a las restricciones a los trabajadores de la economía informal y a los despidos en los hoteles. Exigimos una política de Estado que proteja a los trabajadores jubilados, impulse el empleo productivo y garantice los derechos de los trabajadores colombianos. Exigimos que el turismo sea fuente de trabajo, ingreso y bienestar para los cartageneros.

Por la conquista de tales objetivos se realizó una marcha el 22 de mayo, en el Parque Flanagan.

Esta lucha es impulsada por: Utradebol, Unión de Trabajadores Democráticos de Bolívar, filial de CGTD; CUT, Central Unitaria de Trabajadores, seccional Bolívar; Fetrabol, Federación de Trabajadores de Bolívar, filial de CTC; Sinucom, Sindicatos de Unidad de Comerciante Minoristas; Asociación de Vendedores de Artículos Turísticos; Sindicato de Vendedores de Cartagena; Sindicatos de Vendedores de Gafas; Asociación de Carperos y Salvavidas; Asociación de Silleteros, y otras muchas organizaciones.

EL RETORNO DE HONG KONG A CHINA: DERROTA DEL COLONIALISMO

Edgar Piñeros

Con el regreso de Hong Kong a su patria se pone fin a más de 150 años de humillaciones y ocupación colonialista inglesa.

Gran Bretaña declaró la guerra a China en 1839 con la finalidad de implantar allí la venta de sus productos, incluido el opio. Con el pacto de Nanjing, de 1842, Hong Kong fue convertido en “posesión perpetua de Inglaterra”, se impusieron contribuciones al pueblo chino y ventajas aduaneras a la metrópoli. Al año siguiente, el “pacto” estableció la extraterritorialidad de su gobierno en el puerto chino.

En 1857 China fue nuevamente constreñida a firmar los pactos de Tientsin, con los cuales Inglaterra, Rusia, Francia y Estados Unidos obtienen la apertura comercial de los puertos marítimos y ríos navegables. Las utilidades que le proporcionaban el té y las sedes, únicos productos del imperio oriental, sólo alcanzaban para pagar el opio que entonces monopolizaba Gran Bretaña y era introducido de contrabando. Hong Kong, además, fue centro del tráfico de culíes, la mano de obra barata que era llevada a trabajar a otros continentes. China era todavía un país gobernado por un déspota feudal y languidecía en medio del atraso.

Los levantamientos populares y el saqueo colonialista contribuyeron a la caída del régimen imperial. Engels escribió que “no pasarán muchos años hasta que presenciemos la agonía del imperio más viejo del mundo y el despuntar del día de una nueva era para toda Asia.”

A finales del siglo China era apetecida como objetivo de la burguesía mundial dentro de su plan para la repartición del mundo. Derrotado por Japón en 1895, el país sufre el asedio de Rusia, Alemania y Francia, que se disputan partes de su territorio, lo cual es aprovechado por los británicos para forzarla a suscribir el Tratado Especial de Extensión de Límites, en 1898. El instrumento le permite a Inglaterra tomar en “arriendo”, por 99 años, un área de 1.055 kilómetros. De este modo, la Perla del Oriente fue convertida en paraíso de las trasnacionales que tenían allí mercado libre para explotar al trabajador y libertad absoluta para sus operaciones financieras.

Pero en Asia los movimientos de liberación nacional se levantan por oleadas. China luchó resueltamente por la liberación de su territorio, por lo cual la Corona inglesa tuvo que enfrentar numerosas rebeliones. Al triunfar la revolución popular en 1949, con el Partido Comunista Chino a la cabeza, “la nación, parada sobre sus propios pies”, como lo dijera Mao, inicia una serie de negociaciones con el Reino Unido hasta obtener la Declaración Conjunta con Gran Bretaña, del 26 de octubre de 1984, en la cual China reafirma su voluntad de ejercer su soberanía desde el 1º. de julio de 1997, para “salvaguardar la unidad nacional y la integridad territorial”.

El acuerdo preparó el regreso de la colonia a la soberanía china. Pudo más la decisión inquebrantable del pueblo chino, que acaba de dar una lección imperecedera a las naciones que sufren la opresión imperialista.

Ante amenaza de privatización: TRABAJADORES DE TELECOM DE NUEVO AL PARO

Enrique Daza G.

Durante los últimos meses participamos con Juan Pablo Arango en la comisión pactada entre los sindicatos y el gobierno, para estudiar la conveniencia o no de la apertura en el servicio de larga distancia nacional e internacional. De esta comisión se produjo un estudio que, junto con el del Dr. Eduardo Sarmiento Palacio, concluyó que era desde todo punto de vista inconveniente efectuar esta apertura o privatizar Telecom. Después se realizaron seis foros regionales en los cuales hubo amplia participación de los trabajadores, organizaciones sindicales y populares, representantes de concejos municipales y asambleas departamentales, usuarios y ciudadanía en general. En estos foros se rechazó categóricamente la apertura en telecomunicaciones y se condenó la posición del gobierno y de los expertos de éste en la comisión, lo cual amplió el conocimiento de la opinión pública sobre el tema y ha servido para preparar las batallas que se librarán en el futuro inmediato en defensa de este importante patrimonio nacional.

El proceso de apertura en larga distancia, formalizado en la resolución 28 de 1996, se hizo sin estudios previos. Las recomendaciones de algunas firmas extranjeras que elaboraron documentos entre 1995 y 1996 se limitaron a sugerir mecanismos de liberalización y ninguno contempló qué le pasaría al país y a Telecom de introducirse la competencia. Lo que ha estado verdaderamente en juego son los multimillonarios intereses que existen alrededor de este negocio y los apetitos de las empresas multinacionales, principalmente norteamericanas, de apoderarse del mercado colombiano.

En realidad la legislación aperturista comenzó con el decreto 1900 de 1990, continuó con la ley 33 de 1992 y no ha concluido, ya que en la actualidad se cocinan nuevas resoluciones para entregar las partes más lucrativas del mercado del sector al capital extranjero. Entre los efectos de esta legislación incoherente, apresurada e irresponsable se encuentran: privar de la capacidad de control técnico en la materia a Telecom, que es quien puede hacerlo, trasladándosela al Ministerio de Comunicaciones, cuya capacidad de control es nula. Crear un enfrentamiento de decisiones entre la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones y Telecom. Y, la más importante de todas, provocar un enfrentamiento artificial entre las telefónicas y Telecom, enfrentamiento detrás del cual están las empresas extranjeras y que provoca un gran desorden en el sector.

La heroica lucha de los trabajadores de Telecom, en 1992 y en 1996, ha impedido consumar estos atentados cuyas consecuencias hubieran sido devastadoras para la empresa.

La apertura programada en la resolución 28 de 1996, que entregaba la larga distancia a dos operadores más, hubiera tenido las siguientes implicaciones: deteriorar la situación de Telecom, eliminar sus transferencias al Tesoro nacional, reducir a cero sus contribuciones a la renta en un período de tres años, convertir sus utilidades en pérdidas y abandonar la telefonía social que hoy cubre Telecom.

Por otra parte, esta apertura habría significado trasladar a manos del Estado la responsabilidad de las pensiones mientras las ganancias se las llevan los monopolios, dejar al país sin la posibilidad de una base para el desarrollo tecnológico de la industria más importante del siglo XXI y entregar a manos privadas, mayoritariamente extranjeras, un recurso indispensable para la defensa de la soberanía nacional, e importante apoyo para la producción nacional y el fortalecimiento del mercado interno, eliminando una importante herramienta de redistribución del ingreso.

Esta política, junto a la de privatización, parte de un diagnóstico errado de la situación mundial y del contexto nacional. En lo nacional, porque subestima las fortalezas de Telecom: base tecnológica, capacidad de sus trabajadores, estructura financiera sana, experiencia, cubrimiento y función social. De otro lado, sobrestima las debilidades de la empresa: la falta de mayor autonomía frente a las decisiones coyunturales del gobierno, la necesidad de aprovisionar para el Fondo de Pensiones, y diversos problemas administrativos. Para corregir esas fallas los sindicatos plantean como solución una ley de gestión, provisiones paulatinas y una administración estable, idónea y profesional.

En lo internacional, la posición de los aperturistas es equivocada porque no tienen en cuenta la necesidad de fuertes empresas nacionales para enfrentar gigantescos monopolios trasnacionales. Hacen demagogia sobre la disminución de las tarifas,cuando las evidencias internacionales muestran lo contrario. No atienden la realidad mundial de la convergencia, o sea el ofrecimiento de paquetes integrados de servicios por parte de grandes empresas, lo cual se debe resolver en Colombia manejando integralmente el sector y creando una gran empresa nacional de telecomunicaciones.

Las tesis aperturistas niegan, por su parte, el hecho de que esta política está indisolublemente ligada a la apertura, que en América Latina ha significado aumento de la pobreza, desindustrialización, dependencia económica, pérdida de la soberanía nacional y concentración del ingreso.

Con sus propuestas, que incluyen la privatización de Telecom, el actual gobierno reduce la posición del país a la de un satélite sometido a la lucha de las potencias y las multinacionales por el control de mercados y territorios. Sobrestima los efectos inmediatos que sobre Colombia tiene la modernización tecnológica, como si ésta no estuviera también al alcance de Telecom y niega la experiencia histórica de cómo se construyeron las redes de telecomunicaciones con fuertes monopolios e intervención del Estado.

En los foros se demostró que quienes sostienen este diagnóstico cometen graves errores, y no pueden refutar los argumentos de los defensores del monopolio estatal, limitándose a repetir los lugares comunes de las corrientes neoliberales que se han convertido en un acto de fe en las bondades del libre mercado, las que no han sido comprobadas en ninguna parte del mundo.

Planteamos argumentos y cifras que demuestran que quienes se benefician con la apertura y la privatización son un puñado de grupos monopolistas colombianos y extranjeros, perjudicándose la inmensa mayoría de la población, la producción nacional y la nación entera, siendo que la ciudadanía a la que tanto apelan, es defensora de Telecom.

Sin embargo, ante la persistencia del gobierno en su intento de privatizar la empresa valiéndose de diversos subterfugios, los trabajadores deberán salir nuevamente al paro y a las calles decididos a impedir que se cometa este atropello contra los intereses nacionales. Las gestas de 1992 y 1996 deberán repetirse en 1997 seguramente con el apoyo masivo del resto de trabajadores encabezados por sus centrales obreras.

BARRIOS DE BOGOTÁ PELEAN POR EL AGUA

A medida que pasan los días, el racionamiento de agua en Bogotá se hace más y más intenso. Las protestas que se han realizado en Suba, Engativá y Villa de los Alpes son apenas el comienzo de la inconformidad popular que, dadas las irresponsabilidades viejas y recientes en Chingaza, pronosticábamos en Tribuna Roja de marzo pasado.

Cuando a fines de abril los funcionarios de la Empresa de Acueducto y los contratistas celebraban con lechona y cerveza la culminación de las reparaciones en el tramo del túnel que se derrumbó en enero, se conoció la noticia de nuevos derrumbes en los primeros 18 kilómetros. A pesar de los esfuerzos del señor Deeb para explicar por qué no se aprovecharon los tres meses que duraron los trabajos para inspeccionar y hacer el mantenimiento a todo el sistema, lo que quedó claro fue que se trató de un acto más de desgreño del clan Mockus.

Pasados tres meses, aún no se sabía nada sobre el tamaño de los desprendimientos. El 10 de julio los diarios publicaron declaraciones de Alejandro Deeb anunciando que los derrumbes, aunque no se precisaba su real dimensión, eran más grandes de lo previsto, y que remover los escombros podría prolongarse hasta finales de septiembre.

Tres días después, un trabajo periodístico firmado por Ignacio Gómez, en El Espectador, se refirió al peligro de taponamiento en el túnel de Usaquén, lo que privaría a la ciudad del suministro de la represa de San Rafael que, gracias a las abundantes lluvias, ha podido amortiguar la emergencia de Chingaza. Allí también se destaca cómo, al no ser usadas las aguas de la laguna de Chingaza y el embalse de Chuza, aumentó mucho más su nivel, y la Empresa de Acueducto ha venido abriendo las compuertas, produciendo el crecimiento del caudal del río Upía, que marca los límites entre los departamentos de Casanare y Meta. Las inundaciones hicieron que 104 familias de los municipios ribereños de Villa Nueva, Barranca de Upía y Cabuyaro perdieran sus viviendas y enseres.

Entre tanto, Deeb viaja interminablemente al exterior a gestionar nuevos créditos para el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua, y firma contratos con las mismas empresas privadas responsables de los descalabros que tienen padeciendo a la ciudad un racionamiento que se vuelve permanente.

Los medios, que hacían registros de los índices de ahorro y del avance de los trabajos en el interior del túnel, enmudecieron de repente. Sin anuncios previos, los racionamientos cubren hoy indiscriminadamente toda la ciudad. Parece como si hubiesen acordado callar para contener una posible reacción de la ciudadanía. Tampoco se habla de lo que les costará a los bogotanos tanta desidia oficial. Pero de la exasperación de los habitantes de los barrios sí hablarán las protestas que crecerán en forma incontenible.

Jesús Bernal, cabeza de lista al Concejo: “LIDERAREMOS LA BATALLA CONTRA LA VENTA DE BOGOTÁ”

(Apartes de la intervención de Jesús Bernal Amorocho en el acto de lanzamiento de los candidatos del MOIR al Concejo de Bogotá, en el Teatro Libre, el 22 de julio de 1997.)

El Comité Ejecutivo Central del MOIR, en forma acertada, ha puesto al frente de la justa electoral que se avecina a quienes nos ha correspondido estar en la primera línea de combate en estos últimos años, para llegar a los barrios, veredas y frentes de trabajo, con un programa de resistencia contra el avasallamiento norteamericano y los apátridas.

Para el Concejo de Bogotá, la dirección de mi Partido ha decidido lanzar una lista de reconocidos líderes del movimiento obrero cuya trayectoria y experiencia de lucha constituyen segura garantía de su actuación en favor del pueblo en esa corporación. Está integrada por los nombres de destacados dirigentes de las centrales obreras CGTD y CUT, de Fecode y de los estatales.

Tenemos en esta lista a Francisco Cabrera, destacado dirigente del incoformismo de los sectores populares en los barrios bogotanos y un estudios de los problemas de la capital.

A Lilia Avella, líder de los trabajadores estatales en Utradec, cuyo infatigable trabajo de organización viene rindiendo excelentes frutos.

A Alfredo Rubiano, presidente de Sinucom, el combativo sindicato de los vendedores ambulantes, al cual le entregó los últimos años de su vida el camarada Víctor Moreno recientemente fallecido.

A Fabio Arias, fiscal nacional de la CUT y destacado dirigente de las luchas de los trabajadores del SENA.

A Aldo Cadena, presidente nacional de Sindess, el sindicato de los trabajadores de la salud.

A Eberto López, presidente nacional de Sittelecom, el inolvidable capitán de las jornadas en defensa del carácter estatal de las telecomunicaciones, y a quien les habla, a mucho honor, presidente nacional del sindicato de trabajadores de la Caja Agraria y cabeza de la lista moirista para el consejo de la capital de Colombia. Todos, orientados por el MOIR, hemos participado en las batallas antimperialistas de nuestro pueblo.

El MOIR lanzará también listas de candidatos a las Juntas Administradoras Locales, conformadas por destacados dirigentes populares, varios de los cuales nos acompañan esta memorable noche. Y contra la deplorable costumbre de prometer vanamente el oro y el moro en las campañas electorales, nuestra única promesa es la de continuar librando la pelea contra los enemigos de la nación.

Aprovecharemos la batalla electoral para educar al pueblo y agitar nuestras banderas antimperialistas. Le diremos a los obreros y los campesinos de Colombia que sus males sólo tendrán solución con la revolución. Tal como lo hicimos en la campaña electoral pasada cuando llevamos al Senado de la República al camarada Jorge Santos, dirigente de los obreros petroleros, y como lo reafirmaremos con su nombre de nuevo en la próxima campaña de Senado, impulsando un programa nacional y democrático. Con los votos de los obreros y gentes del pueblo, nos proponemos conquistar posiciones en los organismos de elección popular para desde allí constituirnos en heraldos y guardianes de las aspiraciones populares. Estamos creando una nueva escuela de tribunos y portavoces de la revolución en las corporaciones públicas, cuyo exponente modelo es Jorge Santos, y a fe que la profundizaremos en esta campaña.

Los dirigentes de la lista moirista al Concejo de la Capital y la militancia del Partido, lideraremos la batalla contra la venta de la ciudad que impulsa el imperialismo y sus agentes, como el payaso de Mockus, o los que aspiran a reemplazarlo. Igual que en el abanico nacional para la presidencia, en el Distrito los candidatos a la alcaldía son personajes mezquinos y mediocres con un pasado de vendepatrias. Carlos Ossa desde el Banco de la República y Hommes desde el Ministerio de Hacienda, hicieron parte de la pandilla gavirista que implantó la apertura. Peñalosa ha prestado sus servicios al Banco de Bogotá, donde se proyecta establecer maquilas para esquilmar el trabajo de los obreros colombianos. El vástago de los Lleras es la ficha del samperismo. Y Galán, el hermano de Luis Carlos, nos recuerda las tesis del Nuevo Liberalismo, que le permitieron a Gaviria llegar al Palacio de Nariño.

Utilizaremos la campaña electoral para denunciar que en la capital de la república las consecuencias de la apertura también han sido dramáticas. Bogotá registró la mayor inflación del país, 24.34%. 73 empresas manufactureras entraron en concordato en 1996 y en 1995 lo hicieron 64. Entre 1995 y 1996 se perdieron 95.000 puestos de trabajo. Un millón y medio de personas subsisten en la llamada economía informal. Al pueblo bogotano le imponen el autovalúo, la valorización general y local, la sobretasa a la gasolina, peajes urbanos y reestratificacion. Mientras, tanto vivimos el suplicio de la inseguridad, el racionamiento de agua por la irresponsabilidad y los negociados de las administraciones, el traumatismo de las vías destartaladas o la falta de ellas y el caos permanente por los trancones. El pueblo trabajador pasa horas vitales encerrado en un bus. La indolencia frente a los padecimientos de los humildes no tiene límite.

Cuando acepté encabezar la lista del MOIR al Consejo de Bogotá, recordé el compromiso con mi Partido durante más de dos décadas. Debo expresar que todo lo que soy se lo debo a la formación que recibí en mi casa y a mi Partido, el partido de Francisco Mosquera, el jefe político e ideológico del proletariado colombiano. Hoy, tres años después de su fallecimiento, guardo en mi memoria todas sus enseñanzas, y también, por qué no, sus críticas. En esta campaña electoral, con la guía del Comité Ejecutivo Central del MOIR, voy a aplicarme a fondo para sacar adelante su legado y aspiro a llevarlo a los habitantes de esta ciudad. El pensamiento de Francisco Mosquera, fundador y jefe del MOIR, seguirá vigente en la mente de los desposeídos de Colombia, y todos mis esfuerzos contribuirán para que eso sea una realidad.


Lista del MOIR al Concejo de Bogotá

Jesús Bernal Presidente del sindicato de la Caja Agraria
Eberto López Presidente del sindicato de Telecom
Aldo Cadena Presidente del sindicato nacional de la salud, Sindess
Francisco Cabrera Dirigente de barrios populares de Bogotá
Álvaro Morales Comité Ejecutivo Nacional de Fecode
Lilia Avella Dirigente de los trabajadores estatales
Fabio Arias Fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT
Cecilia Vargas Dirigente nacional del sindicato del Sena
Jaime Paz Presidente de Sintracreditario-Cundinamarca
Arnulfo Piñeros Presidente ACEB-seccional Bogotá


Lista para ediles en Bogotá
Usaquén: Jairo Solano (Z. 1).
Chapinero: Hernán Medina (Z. 2).
Santa Fe: Manuel Alfredo Rubiano, Nelson Flórez y William Blanco (Z. 3)
San Cristóbal: Ómar Puerto y Emma Victoria Mejía (Z. 4).
Tunjuelito: César Aldana (Z. 6).
Bosa: Pedro Pablo Sierra (Z. 7).
Kennedy: Carlos E. Fonseca (Z. 8).
Fontibón: Miguel Á. Delgado (Z. 9).
Engativá: Carlos Suárez (Z. 10).
Suba: Alirio Lugo (Z. 11).
Puente Aranda: Teódulo Cárdenas (Z. 16).
Uribe Uribe: Álvaro Díaz y Luis Orduz (Z. 18).

“VOCEROS Y GUÍAS DE LAS LUCHAS POPULARES”

(Discurso del senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, el 22 de julio de 1997 en el Teatro Libre de Bogotá)

Jorge Santos Núñez

Entre los deberes de la lucha, acaso uno de los más gratos sea encontrarse en un evento como el de esta noche, una verdadera celebración, una genuina fiesta del espíritu popular revolucionario. Es la impresión de regocijo que nos produce el lanzamiento de nuestras candidaturas al cabildo capitalino. No hay duda de que Jesús Bernal, Eberto, Aldo, Francisco y Lilia personifican lo más capaz, lo más consecuente que los trabajadores y el pueblo de Bogotá pueden elegir para el Concejo.

Jesús Bernal, con su férrea conducción al frente de los trabajadores de la Caja Agraria, en numerosos conflictos laborales y especialmente en el reciente paro de la entidad, fue determinante para propinarle una derrota a la política privatizadora del gobierno de Samper. Las gentes de Colombia siguieron con simpatía la resonante batalla de los creditarios; en Jesús Bernal, quien encabeza la lista moirista, tendrán en el Concejo un representante, un vocero y un conductor seguro.

Eberto López, su papel estelar en las horas críticas de la huelga de los trabajadores de Telecom, que paró las telecomunicaciones, fue decisivo para frustrar el atentado contra ese estratégico pilar de la soberanía patria. Sin duda alguna, Eberto volverá al primer plano con la confrontación impuesta que se avecina en Telecom.

Aldo Cadena, el aguerrido dirigente de los trabajadores del sindicato nacional de la salud; de su firmeza e inteligencia fueron testigos los colombianos en el reciente paro nacional de los hospitales y clínicas.

Lilia Avella, cuya formidable labor de organización y orientación entre los trabajadores del Estado se constató en el reciente paro nacional estatal.

Y Francisco Cabrera, aplicado al estudio de los problemas de la ciudad, con un papel al frente de importantes protestas de la población bogotana, reconocido en numerosos barrios de la capital.

No hay duda de que los bogotanos distinguirán esta lista como la de los abanderados de la reivindicaciones populares y, sobre todo, como la de los voceros y guías de sus luchas.

Los hombres del MOIR en las corporaciones públicas venimos desempeñando el papel de tribunos populares y de portaestandartes de la revolución. Por ello la quema de la bandera gringa en el recinto del Senado constituyó la expresión concentrada de nuestra política en la actual hora oscura que vive Colombia. Nuestro objetivo, expresado allí como un acto simbólico, habrá de convertirse en una realidad trascendente y definitiva para el país: que el yugo del imperialismo norteamericano arda a manos del pueblo y desaparezca para siempre.

En la búsqueda de tan grandiosa meta, a las luchas en la capital de la república les corresponde un papel de primera magnitud. Para facilitar el acrecimiento de nuestra influencia y labor de dirección en las movilizaciones populares, necesitamos representación en el Concejo de la capital. Compañeros, démosle esa victoria a la ciudad capital y continuemos la lucha.

“NUESTRO ENEMIGO PRINCIPAL, EL IMPERIALISMO”

(Discurso de Eberto López, presidente de Sittelecom, en el acto de proclamación de los candidatos del MOIR al Concejo.)

Eberto Lopéz

A los moiristas, sus amigos y simpatizantes nos congrega esta noche el propósito de construir un dique de contención contra la agresión imperialista. Esto lo hemos venido haciendo a lo largo y ancho del país en nuestras luchas sindicales, pero hoy queremos dar un paso más en la primera ciudad del país, Bogotá, donde después de batallar con los trabajadores estatales, del Sena, el magisterio, la salud, la Caja Agraria, el ISS, el Acueducto, la Energía Eléctrica, la ETB, Telecom, los vendedores ambulantes y los pobladores de los llamados desdeñosamente por el imperialismo “barrios subnormales”, venimos a sellar aquí nuestro compromiso de profundizar la batalla, lo cual aquí hacemos con lujo de detalle mediante la numerosa y entusiasta presencia de todos ustedes.

Los trabajadores de Telecom venimos desde 1989 batallando de manera incansable para impedir que el esfuerzo de los colombianos durante los últimos 50 años, por construir una empresa de la importancia, extensión, rentabilidad y eficiencia de Telecom, vaya a parar a manos de los más poderosos monopolios del país y de quienes hoy arrasan a América Latina, las trasnacionales, fundamentalmente las controladas por Estados Unidos.

Esa lucha continúa y es por ello que este acto de hoy nos es propicio para invitarlos a ustedes a que se apresten a estar con nosotros en el inminente paro general que tendremos que desarrollar en el futuro inmediato.

La situación del país es muy difícil. Ya la describía magistralmente el camarada Héctor Valencia en su discurso de hace pocos momentos. Muchos dicen que es una situación irreversible. Pero afortunadamente nosotros pensamos distinto y tenemos, además, batallas recientes que nos demuestran que estamos en lo cierto.

El futuro tenemos que construirlo nosotros cumpliendo todas las citas que nos impone la defensa de la soberanía. Una de esas citas, bastante importante por cierto, la tenemos que empezar a cumplir al salir de aquí, diciéndoles a nuestras familias, amigos, vecinos, y anunciándole a todo el pueblo capitalino, que el 22 de julio se presentó una real propuesta patriótica y que la encabeza uno de los personeros del MOIR en Bogotá, el compañero Jesús Bernal, quien en el Concejo, y junto con Jorge Santos en el Senado, encabezarán las luchas de los oprimidos de Colombia.

La situación del país es muy difícil, pero tenemos fe en la patria, en que toda esta tragedia que vivimos tiene que cambiar y puede cambiar.

Como lo decía nuestro inolvidable jefe, Francisco Mosquera, recordemos que mientras más oscura sea la noche, más cerca estará el amanecer.

“LA SITUACIÓN SE TORNA INSOPORTABLE”

Aldo Cadena

Desde el instante en que el imperio del Norte decidió fortalecer su política recolonizadora contra América Latina con la ayuda de unos cuantos vendepatria, la crisis de estos países es mayor, y la del pueblo colombiano se alarga, se profundiza y se torna penosa e insoportable.

Primero nos tocó padecer la jerga neoliberal que creó la suficiente opinión para acondicionar el orden jurídico a las pretensiones aperturistas y privatizadoras. Hoy observamos la quiebra de la producción en el campo y en la ciudad; privatizadas la mayor parte de las entidades estatales; perdida la función social del Estado y su responsabilidad transferida a los particulares y a los entes territoriales como efecto de la descentralización; para pagar la deuda externa y suplir los subsidios a los servicios públicos se venden los activos de la nación, se estratifica la población urbana y rural. Con el pretexto de perseguir a los narcotraficantes, el más corrupto de los países interviene en todos los asuntos internos de Colombia, opina, manda, impone, ofende, pisotea, descertifica y decide cómo debemos manejar la justicia, la paz, los derechos humanos, la política, el ejército, la policía, el parlamento, las relaciones con la guerrilla, la forma, el cómo y con qué se deben fumigar los cultivos de coca y amapola, sin importar sus efectos nocivos. Irrespeta sin sonrojarse nuestra soberanía y arrodilla para su provecho a un gobierno que ha entregado todo, hasta el juzgamiento de colombianos en el exterior.

El resultado de la arremetida del imperialismo contra estos países, lo tropezamos a diario en las paupérrimas condiciones de vida de la población, en las calles inundadas de desempleados que se arman de una chaza para lograr el sustento de sus familias; en cientos de empresas cerradas o en concordato; en los caros y pésimos servicios públicos, en el estrangulamiento de las administraciones municipales y en la angustia de los mandatarios locales por no poder atender a las poblaciones sus necesidades más sentidas.

Jamás había sido mayor el peligro para nuestra nación y su soberanía, para los partidos y las instituciones, para la clase obrera y sus derechos, para la producción, la paz, el subsuelo, la justicia; nunca el imperialismo y el capital financiero habían avanzado tanto en su pretensión recolonizadora, pero tampoco el país había presenciado a lo largo de su historia el deprimente y vergonzoso espectáculo de una clase tan servil, obsecuente, lacaya y colaboracionista con aquellos intereses, todos contrarios a los patrios.

Durante esta andanada, conveniente es rescatar la posición enhiesta de la clase obrera que ha realizado heroicas batallas antimperialistas en defensa, no sólo de sus derechos, sino los de nación entera, como lo registra la historia de las patrióticas jornadas realizadas, entre otros, por los trabajadores de Telecom, de Ecopetrol, de la Caja Agraria, de teléfonos, de salud, del magisterios, a las que se les suma el reciente, más grande y victorioso pero nacional estatal que se recuerde en Colombia. En ellas quedó claro que el más ferviente e insobornable defensor de los intereses de la nación y el pueblo es la clase obrera.

EL MEOLLO DE LA CRISIS POLÍTICA

(Intervención en el Panel sobre la situación política nacional, en el Congreso de Fecode, Villavicencio, mayo 13 de 1997)

Marcelo Torres

Hoy se inicia en el Senado el debate sobre el proyecto de acto legislativo presentado por el gobierno, para restablecer la extradición de colombianos. Por sus implicaciones, resulta imposible pasarlo inadvertido. Viene a ser una suerte de remate de todo un ciclo, con el cual se cumple la voluntad imperial de Estados Unidos sobre el país. No es casual que Washington se regodee a punto de cobrar la pieza. Precisamente, la extradición fue catalogada como instrumento principal contra el narcotráfico en el nuevo protocolo méxico-norteamericano sobre la materia y en los convenios impuestos por Clinton a los adocenados gobernantes de Centroamérica.

Durante casi dos años consecutivos, Samper expresó que el restablecimiento de la extradición “no estaba en su agenda” o, de modo más simple, que por prohibirla la Constitución, la cuestión quedaba fuera de su alcance inmediato. En el segundo semestre del año pasado la posición sufrió tal metamorfosis que se trocó en su contraria. Del “no” inicial se pasó al ” debe estudiarse el tema”, y de este al ” sí y 20 mil veces sí” del anterior ministro de Justicia. El asunto llegó a tal extremo, que el mismo Samper abrió la puerta para que el retorno de la extradición pudiera completarse con su aplicación retroactiva. ¿Qué provocó vuelco tan radical? A estas alturas quizá no haya colombiano que lo ignore: la cancelación de la visa al presidente de Colombia, la ” descertificación” gringa de marzo pasado y, sobre todo, las amenazas de represalias económicas de Estados Unidos contra el país, en la más intensa escalada intervencionista de Washington sobre Colombia que hoy prosigue y se ahonda. La crisis política que va para dos años, fue desencadenada a raíz de dicha intrusión. Fueron las presiones así desatadas las que doblegaron al gobierno al punto de llevarlo a adoptar numerosas medidas contra el país y el pueblo, como la aprobación de la extinción del dominio que arrasó con la presunción de inocencia, el aumento de penas, la inspección de cárceles colombianas por comisiones del gobierno estadounidense, y la firma del convenio que permite el abordaje por la marina gringa.

Samper ha hecho gala de un duro pellejo de lacayo. Un hecho evidente, a juzgar por la aflictiva actitud con que ha recibido el trato de congénere de Noriega y los frecuentes denuestos y vejámenes que le prodiga el imperio. El país se ha acostumbrado a que cuando Samper presume de rebeldía o de dignidad ante Estados Unidos se avecina una más oprobiosa humillación nacional. Concomitante con todo ello, la abierta injerencia del embajador de Frechette en cuanto le place, que bien le ha valido el rótulo de virrey o procónsul, prosigue sin que autoridad colombiana alguna se atreva a poner fin a la locuacidad del diplomático yanqui. En su sonado reportaje de comienzos de año, Frechette se burló sin ambages del nombramiento del ministro de Defensa González y censuró la proyectada reforma política. En seguida, ministro y reforma se derrumbaron.

El colaboracionismo, o la traición nacional del gobierno y la burguesía

La situación configurada no tiene parangón con ninguna otra época de nuestra historia republicana. En la víspera de la secesión de Panamá, por lo menos el Congreso rechazó un tratado infamante y Uribe Uribe propuso silenciar los cañones de la guerra en aras de la defensa de la patria. Así Marroquín no aceptara y el caudillo liberal conciliara a la postre con la septentrional “política de las cañoneras”. Ante la actual intromisión en nuestros asuntos internos, que profundiza y afianza el dominio norteamericano, el actual gobierno asume una política de entreguismo y colaboracionismo sin precedentes. La burguesía en su conjunto, desde los altos ” cacaos” de los grupos financieros, hasta los representantes de los gremios económicos, presa de pánico ante las amenazas de un eventual bloqueo económico, en la disyuntiva entre su bolsa y el interés nacional, se decidió presurosa por la primera, echando por la borda el legado de los pioneros de la industria, aquel ímpetu emprendedor que hizo de las tareas de la industrialización nacional “un desafío progresista y hasta heroico”. Y cerrando los ojos ante el hecho de que toda la nación pierde si el capitalismo nacional termina por ser arrasado mediante la desindustrialización, la ruina total de agro y la toma plena del mercado interior por las multinacionales, que es la perspectiva cierta que abre la actitud capitulacionista. Así, entre los círculos dominantes prevalece la opinión de que la injerencia norteamericana es inevitable e incluso conveniente, abrazando la posición progringa y de traición nacional.

Para las próximas elecciones entrará en juego un factor fuera de serie que acentuará todas las contradicciones: la directa injerencia norteamericana en la determinación de los resultados que definirán el próximo presidente de Colombia. No se requieren mayores cábalas sobre el actual favorito del imperio. Se le considera un “aliado”, que trabajó “estrechamente” con Estados Unidos desde la Fiscalía, al decir del propio Frechette. Cuando su candidatura iba a ser lanzada, el Departamento de Estado se apresuró a expresar el júbilo por el nuevo papel y la perspectiva de su pupilo. El subsecretario Robert Gelbard no escatimó alabanzas para Valdivieso, el hombre de los gringos en Colombia.

Urge una salida negociada

Crisis política, aguda recesión económica, y alarmante recrudecimiento de la violencia a escala nacional, concluyen en la explosiva mezcla constitutiva de la situación nacional. Para la mayoría de los colombianos es claro que el ascendente espiral de violencia, de continuar, terminará llevándose de calle la frágil democracia política existente, abultando las pérdidas materiales del país y, lo peor, generalizando el derramamiento de sangre entre las filas del pueblo. La intensificación del conflicto interno amenaza balcanizar el país, en el momento en que más se requiere la unidad nacional para hacer frente al intervencionismo imperialista. Urge una salida política negociada, que civilice la contienda y traiga una paz fundada en la igualdad de los partidos y particulares ante la ley.

La raíz de la recesión es la apertura económica

La afugias de la economía nacional, especialmente agudizadas durante 1996 y en el actual año, no se originaron de modo principal en la crisis política, como sostienen gremios económicos y analistas desde la orilla progringa. La drástica recesión resultó del efecto combinado de revaluación, pagos de deuda externa, restricción del gasto público, congelación salarial y altas tasas de interés, privatizaciones y desaparición de entidades del Estado, más el mantenimiento de la apertura comercial, cambiaria y financiaria. Los memorandos del FMI, de donde proceden todas esta políticas, han sido aplicados a pie juntillas por Samper. De allí derivaron la caída de la producción industrial y agropecuaria, de la inversión pública y privada, del consumo y las ventas, el aumento del desempleo y del déficit en cuenta corriente. La raíz de tantos estragos es anterior a la crisis política y reside en la continuidad y ahondamiento de la apertura económica y el modelo neoliberal, la estrategia económica continental impuesta por Estados Unidos a nuestros pueblos. El creciente intervencionismo, lejos de llevar la administración Samper a enmendar la plana, la ha vuelto aún más obsecuente con el esquema económico proyanqui, provocando el fuerte repudio del movimiento obrero y el pueblo y sus movilizaciones contra el gobierno.

Samper sigue batiendo marcas en materia de servilismo ante las multinacionales. A instancias suyas, el Congreso aprobó el Convenio de Protección de Inversiones con Gran Bretaña, para exonerarlas de la expropiación por vía administrativa, terminando lo que Gaviria inició y contrariando la Constitución misma. Luego, en la hundida reforma política, pretendió circunscribir la mencionada expropiación a los inmuebles, con tal de favorecer el capital foráneo. Antes había rebajado los impuestos a las remesas de utilidades de las empresas petroleras extranjeras. En otro acto reciente de entreguismo, en Cartagena ofreció todo género de ventajas y facilidades a las grandes trasnacionales de la energía y el petróleo ; despidió directivos de Ecopetrol en aras de complacer a la BP en su inaudita pretensión de mejorar su rentabilidad mediante el cambio unilateral de los contratos de asociación con la petrolera estatal; apoyó las descaradas maniobras del fletado ministro de Minas para favorecer a la misma multinacional, por encima del concepto del Consejo de Estado y de resultados de estudios científicos. Por fortuna, el país, alerta, frustró esta vez la jugada contra la nación. Las empresas y entidades del Estado privatizadas o desmanteladas suman una larga lista y continúan llevándose a cabo a precios de realización. No sólo se ha suprimido la función pública que cumplían sino que, como lo revela la Contraloría, en tales enajenaciones la nación ha soportado cuantiosas pérdidas.

Los obreros marcan el rumbo

Mientras el gobierno y la burguesía en su conjunto han adoptado medrosos la política de sumisión nacional, el grueso de los trabajadores y otros extensos sectores populares se enfrentan valerosamente contra la injerencia imperialista en pugna por la independencia y la soberanía del país. Detrás de la confusión y el caos aparente, la batalla ideológica y política más general y decisiva entablada hoy en Colombia, de la cual depende el presente y el porvenir, se libra entre una posición que canta loas al sojuzgamiento nacional como salida a la crisis, que sólo representa a una minoría vendepatria, y otra que expresa el interés de la mayorías, la de los patriotas que han salido a defender la autodeterminación y la libertad de la nación. Tal la verdadera ” línea divisora” que delimita los campos en la crisis. Cabe perseverar en el camino que hemos emprendido. Ante todo, velando por una mayor coordinación organizativa mediante el reforzamiento del Comando Nacional Unitario, ese instrumento surgido de la lucha en el movimiento obrero, y comprendiendo que la resistencia planteada ante la agresión norteamericana demanda la activa incorporación de los patriotas de todas las clases sociales, partidos, sectores y fuerzas.

Se aproximan sin duda nuevas y complejas coyunturas críticas. Mas por oscuros que sean los tiempos que sobrevengan para la nación, de allí brotará su victoria.


Senado aprueba proposición contra injerencia

de EU a propósito de “derechos humanos”

El Senado, en su sesión plenaria de ayer, aprobó la siguiente proposición: “El Senado de la República rechaza la nueva injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia a propósito de su política de derechos humanos, que no persigue cosa distinta que someter a sus dictados el desempeño de las instituciones colombianas, entre ellas la castrense”.