Ante amenaza de privatización: TRABAJADORES DE TELECOM DE NUEVO AL PARO

Enrique Daza G.

Durante los últimos meses participamos con Juan Pablo Arango en la comisión pactada entre los sindicatos y el gobierno, para estudiar la conveniencia o no de la apertura en el servicio de larga distancia nacional e internacional. De esta comisión se produjo un estudio que, junto con el del Dr. Eduardo Sarmiento Palacio, concluyó que era desde todo punto de vista inconveniente efectuar esta apertura o privatizar Telecom. Después se realizaron seis foros regionales en los cuales hubo amplia participación de los trabajadores, organizaciones sindicales y populares, representantes de concejos municipales y asambleas departamentales, usuarios y ciudadanía en general. En estos foros se rechazó categóricamente la apertura en telecomunicaciones y se condenó la posición del gobierno y de los expertos de éste en la comisión, lo cual amplió el conocimiento de la opinión pública sobre el tema y ha servido para preparar las batallas que se librarán en el futuro inmediato en defensa de este importante patrimonio nacional.

El proceso de apertura en larga distancia, formalizado en la resolución 28 de 1996, se hizo sin estudios previos. Las recomendaciones de algunas firmas extranjeras que elaboraron documentos entre 1995 y 1996 se limitaron a sugerir mecanismos de liberalización y ninguno contempló qué le pasaría al país y a Telecom de introducirse la competencia. Lo que ha estado verdaderamente en juego son los multimillonarios intereses que existen alrededor de este negocio y los apetitos de las empresas multinacionales, principalmente norteamericanas, de apoderarse del mercado colombiano.

En realidad la legislación aperturista comenzó con el decreto 1900 de 1990, continuó con la ley 33 de 1992 y no ha concluido, ya que en la actualidad se cocinan nuevas resoluciones para entregar las partes más lucrativas del mercado del sector al capital extranjero. Entre los efectos de esta legislación incoherente, apresurada e irresponsable se encuentran: privar de la capacidad de control técnico en la materia a Telecom, que es quien puede hacerlo, trasladándosela al Ministerio de Comunicaciones, cuya capacidad de control es nula. Crear un enfrentamiento de decisiones entre la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones y Telecom. Y, la más importante de todas, provocar un enfrentamiento artificial entre las telefónicas y Telecom, enfrentamiento detrás del cual están las empresas extranjeras y que provoca un gran desorden en el sector.

La heroica lucha de los trabajadores de Telecom, en 1992 y en 1996, ha impedido consumar estos atentados cuyas consecuencias hubieran sido devastadoras para la empresa.

La apertura programada en la resolución 28 de 1996, que entregaba la larga distancia a dos operadores más, hubiera tenido las siguientes implicaciones: deteriorar la situación de Telecom, eliminar sus transferencias al Tesoro nacional, reducir a cero sus contribuciones a la renta en un período de tres años, convertir sus utilidades en pérdidas y abandonar la telefonía social que hoy cubre Telecom.

Por otra parte, esta apertura habría significado trasladar a manos del Estado la responsabilidad de las pensiones mientras las ganancias se las llevan los monopolios, dejar al país sin la posibilidad de una base para el desarrollo tecnológico de la industria más importante del siglo XXI y entregar a manos privadas, mayoritariamente extranjeras, un recurso indispensable para la defensa de la soberanía nacional, e importante apoyo para la producción nacional y el fortalecimiento del mercado interno, eliminando una importante herramienta de redistribución del ingreso.

Esta política, junto a la de privatización, parte de un diagnóstico errado de la situación mundial y del contexto nacional. En lo nacional, porque subestima las fortalezas de Telecom: base tecnológica, capacidad de sus trabajadores, estructura financiera sana, experiencia, cubrimiento y función social. De otro lado, sobrestima las debilidades de la empresa: la falta de mayor autonomía frente a las decisiones coyunturales del gobierno, la necesidad de aprovisionar para el Fondo de Pensiones, y diversos problemas administrativos. Para corregir esas fallas los sindicatos plantean como solución una ley de gestión, provisiones paulatinas y una administración estable, idónea y profesional.

En lo internacional, la posición de los aperturistas es equivocada porque no tienen en cuenta la necesidad de fuertes empresas nacionales para enfrentar gigantescos monopolios trasnacionales. Hacen demagogia sobre la disminución de las tarifas,cuando las evidencias internacionales muestran lo contrario. No atienden la realidad mundial de la convergencia, o sea el ofrecimiento de paquetes integrados de servicios por parte de grandes empresas, lo cual se debe resolver en Colombia manejando integralmente el sector y creando una gran empresa nacional de telecomunicaciones.

Las tesis aperturistas niegan, por su parte, el hecho de que esta política está indisolublemente ligada a la apertura, que en América Latina ha significado aumento de la pobreza, desindustrialización, dependencia económica, pérdida de la soberanía nacional y concentración del ingreso.

Con sus propuestas, que incluyen la privatización de Telecom, el actual gobierno reduce la posición del país a la de un satélite sometido a la lucha de las potencias y las multinacionales por el control de mercados y territorios. Sobrestima los efectos inmediatos que sobre Colombia tiene la modernización tecnológica, como si ésta no estuviera también al alcance de Telecom y niega la experiencia histórica de cómo se construyeron las redes de telecomunicaciones con fuertes monopolios e intervención del Estado.

En los foros se demostró que quienes sostienen este diagnóstico cometen graves errores, y no pueden refutar los argumentos de los defensores del monopolio estatal, limitándose a repetir los lugares comunes de las corrientes neoliberales que se han convertido en un acto de fe en las bondades del libre mercado, las que no han sido comprobadas en ninguna parte del mundo.

Planteamos argumentos y cifras que demuestran que quienes se benefician con la apertura y la privatización son un puñado de grupos monopolistas colombianos y extranjeros, perjudicándose la inmensa mayoría de la población, la producción nacional y la nación entera, siendo que la ciudadanía a la que tanto apelan, es defensora de Telecom.

Sin embargo, ante la persistencia del gobierno en su intento de privatizar la empresa valiéndose de diversos subterfugios, los trabajadores deberán salir nuevamente al paro y a las calles decididos a impedir que se cometa este atropello contra los intereses nacionales. Las gestas de 1992 y 1996 deberán repetirse en 1997 seguramente con el apoyo masivo del resto de trabajadores encabezados por sus centrales obreras.

BARRIOS DE BOGOTÁ PELEAN POR EL AGUA

A medida que pasan los días, el racionamiento de agua en Bogotá se hace más y más intenso. Las protestas que se han realizado en Suba, Engativá y Villa de los Alpes son apenas el comienzo de la inconformidad popular que, dadas las irresponsabilidades viejas y recientes en Chingaza, pronosticábamos en Tribuna Roja de marzo pasado.

Cuando a fines de abril los funcionarios de la Empresa de Acueducto y los contratistas celebraban con lechona y cerveza la culminación de las reparaciones en el tramo del túnel que se derrumbó en enero, se conoció la noticia de nuevos derrumbes en los primeros 18 kilómetros. A pesar de los esfuerzos del señor Deeb para explicar por qué no se aprovecharon los tres meses que duraron los trabajos para inspeccionar y hacer el mantenimiento a todo el sistema, lo que quedó claro fue que se trató de un acto más de desgreño del clan Mockus.

Pasados tres meses, aún no se sabía nada sobre el tamaño de los desprendimientos. El 10 de julio los diarios publicaron declaraciones de Alejandro Deeb anunciando que los derrumbes, aunque no se precisaba su real dimensión, eran más grandes de lo previsto, y que remover los escombros podría prolongarse hasta finales de septiembre.

Tres días después, un trabajo periodístico firmado por Ignacio Gómez, en El Espectador, se refirió al peligro de taponamiento en el túnel de Usaquén, lo que privaría a la ciudad del suministro de la represa de San Rafael que, gracias a las abundantes lluvias, ha podido amortiguar la emergencia de Chingaza. Allí también se destaca cómo, al no ser usadas las aguas de la laguna de Chingaza y el embalse de Chuza, aumentó mucho más su nivel, y la Empresa de Acueducto ha venido abriendo las compuertas, produciendo el crecimiento del caudal del río Upía, que marca los límites entre los departamentos de Casanare y Meta. Las inundaciones hicieron que 104 familias de los municipios ribereños de Villa Nueva, Barranca de Upía y Cabuyaro perdieran sus viviendas y enseres.

Entre tanto, Deeb viaja interminablemente al exterior a gestionar nuevos créditos para el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua, y firma contratos con las mismas empresas privadas responsables de los descalabros que tienen padeciendo a la ciudad un racionamiento que se vuelve permanente.

Los medios, que hacían registros de los índices de ahorro y del avance de los trabajos en el interior del túnel, enmudecieron de repente. Sin anuncios previos, los racionamientos cubren hoy indiscriminadamente toda la ciudad. Parece como si hubiesen acordado callar para contener una posible reacción de la ciudadanía. Tampoco se habla de lo que les costará a los bogotanos tanta desidia oficial. Pero de la exasperación de los habitantes de los barrios sí hablarán las protestas que crecerán en forma incontenible.

Jesús Bernal, cabeza de lista al Concejo: “LIDERAREMOS LA BATALLA CONTRA LA VENTA DE BOGOTÁ”

(Apartes de la intervención de Jesús Bernal Amorocho en el acto de lanzamiento de los candidatos del MOIR al Concejo de Bogotá, en el Teatro Libre, el 22 de julio de 1997.)

El Comité Ejecutivo Central del MOIR, en forma acertada, ha puesto al frente de la justa electoral que se avecina a quienes nos ha correspondido estar en la primera línea de combate en estos últimos años, para llegar a los barrios, veredas y frentes de trabajo, con un programa de resistencia contra el avasallamiento norteamericano y los apátridas.

Para el Concejo de Bogotá, la dirección de mi Partido ha decidido lanzar una lista de reconocidos líderes del movimiento obrero cuya trayectoria y experiencia de lucha constituyen segura garantía de su actuación en favor del pueblo en esa corporación. Está integrada por los nombres de destacados dirigentes de las centrales obreras CGTD y CUT, de Fecode y de los estatales.

Tenemos en esta lista a Francisco Cabrera, destacado dirigente del incoformismo de los sectores populares en los barrios bogotanos y un estudios de los problemas de la capital.

A Lilia Avella, líder de los trabajadores estatales en Utradec, cuyo infatigable trabajo de organización viene rindiendo excelentes frutos.

A Alfredo Rubiano, presidente de Sinucom, el combativo sindicato de los vendedores ambulantes, al cual le entregó los últimos años de su vida el camarada Víctor Moreno recientemente fallecido.

A Fabio Arias, fiscal nacional de la CUT y destacado dirigente de las luchas de los trabajadores del SENA.

A Aldo Cadena, presidente nacional de Sindess, el sindicato de los trabajadores de la salud.

A Eberto López, presidente nacional de Sittelecom, el inolvidable capitán de las jornadas en defensa del carácter estatal de las telecomunicaciones, y a quien les habla, a mucho honor, presidente nacional del sindicato de trabajadores de la Caja Agraria y cabeza de la lista moirista para el consejo de la capital de Colombia. Todos, orientados por el MOIR, hemos participado en las batallas antimperialistas de nuestro pueblo.

El MOIR lanzará también listas de candidatos a las Juntas Administradoras Locales, conformadas por destacados dirigentes populares, varios de los cuales nos acompañan esta memorable noche. Y contra la deplorable costumbre de prometer vanamente el oro y el moro en las campañas electorales, nuestra única promesa es la de continuar librando la pelea contra los enemigos de la nación.

Aprovecharemos la batalla electoral para educar al pueblo y agitar nuestras banderas antimperialistas. Le diremos a los obreros y los campesinos de Colombia que sus males sólo tendrán solución con la revolución. Tal como lo hicimos en la campaña electoral pasada cuando llevamos al Senado de la República al camarada Jorge Santos, dirigente de los obreros petroleros, y como lo reafirmaremos con su nombre de nuevo en la próxima campaña de Senado, impulsando un programa nacional y democrático. Con los votos de los obreros y gentes del pueblo, nos proponemos conquistar posiciones en los organismos de elección popular para desde allí constituirnos en heraldos y guardianes de las aspiraciones populares. Estamos creando una nueva escuela de tribunos y portavoces de la revolución en las corporaciones públicas, cuyo exponente modelo es Jorge Santos, y a fe que la profundizaremos en esta campaña.

Los dirigentes de la lista moirista al Concejo de la Capital y la militancia del Partido, lideraremos la batalla contra la venta de la ciudad que impulsa el imperialismo y sus agentes, como el payaso de Mockus, o los que aspiran a reemplazarlo. Igual que en el abanico nacional para la presidencia, en el Distrito los candidatos a la alcaldía son personajes mezquinos y mediocres con un pasado de vendepatrias. Carlos Ossa desde el Banco de la República y Hommes desde el Ministerio de Hacienda, hicieron parte de la pandilla gavirista que implantó la apertura. Peñalosa ha prestado sus servicios al Banco de Bogotá, donde se proyecta establecer maquilas para esquilmar el trabajo de los obreros colombianos. El vástago de los Lleras es la ficha del samperismo. Y Galán, el hermano de Luis Carlos, nos recuerda las tesis del Nuevo Liberalismo, que le permitieron a Gaviria llegar al Palacio de Nariño.

Utilizaremos la campaña electoral para denunciar que en la capital de la república las consecuencias de la apertura también han sido dramáticas. Bogotá registró la mayor inflación del país, 24.34%. 73 empresas manufactureras entraron en concordato en 1996 y en 1995 lo hicieron 64. Entre 1995 y 1996 se perdieron 95.000 puestos de trabajo. Un millón y medio de personas subsisten en la llamada economía informal. Al pueblo bogotano le imponen el autovalúo, la valorización general y local, la sobretasa a la gasolina, peajes urbanos y reestratificacion. Mientras, tanto vivimos el suplicio de la inseguridad, el racionamiento de agua por la irresponsabilidad y los negociados de las administraciones, el traumatismo de las vías destartaladas o la falta de ellas y el caos permanente por los trancones. El pueblo trabajador pasa horas vitales encerrado en un bus. La indolencia frente a los padecimientos de los humildes no tiene límite.

Cuando acepté encabezar la lista del MOIR al Consejo de Bogotá, recordé el compromiso con mi Partido durante más de dos décadas. Debo expresar que todo lo que soy se lo debo a la formación que recibí en mi casa y a mi Partido, el partido de Francisco Mosquera, el jefe político e ideológico del proletariado colombiano. Hoy, tres años después de su fallecimiento, guardo en mi memoria todas sus enseñanzas, y también, por qué no, sus críticas. En esta campaña electoral, con la guía del Comité Ejecutivo Central del MOIR, voy a aplicarme a fondo para sacar adelante su legado y aspiro a llevarlo a los habitantes de esta ciudad. El pensamiento de Francisco Mosquera, fundador y jefe del MOIR, seguirá vigente en la mente de los desposeídos de Colombia, y todos mis esfuerzos contribuirán para que eso sea una realidad.


Lista del MOIR al Concejo de Bogotá

Jesús Bernal Presidente del sindicato de la Caja Agraria
Eberto López Presidente del sindicato de Telecom
Aldo Cadena Presidente del sindicato nacional de la salud, Sindess
Francisco Cabrera Dirigente de barrios populares de Bogotá
Álvaro Morales Comité Ejecutivo Nacional de Fecode
Lilia Avella Dirigente de los trabajadores estatales
Fabio Arias Fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT
Cecilia Vargas Dirigente nacional del sindicato del Sena
Jaime Paz Presidente de Sintracreditario-Cundinamarca
Arnulfo Piñeros Presidente ACEB-seccional Bogotá


Lista para ediles en Bogotá
Usaquén: Jairo Solano (Z. 1).
Chapinero: Hernán Medina (Z. 2).
Santa Fe: Manuel Alfredo Rubiano, Nelson Flórez y William Blanco (Z. 3)
San Cristóbal: Ómar Puerto y Emma Victoria Mejía (Z. 4).
Tunjuelito: César Aldana (Z. 6).
Bosa: Pedro Pablo Sierra (Z. 7).
Kennedy: Carlos E. Fonseca (Z. 8).
Fontibón: Miguel Á. Delgado (Z. 9).
Engativá: Carlos Suárez (Z. 10).
Suba: Alirio Lugo (Z. 11).
Puente Aranda: Teódulo Cárdenas (Z. 16).
Uribe Uribe: Álvaro Díaz y Luis Orduz (Z. 18).

“VOCEROS Y GUÍAS DE LAS LUCHAS POPULARES”

(Discurso del senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, el 22 de julio de 1997 en el Teatro Libre de Bogotá)

Jorge Santos Núñez

Entre los deberes de la lucha, acaso uno de los más gratos sea encontrarse en un evento como el de esta noche, una verdadera celebración, una genuina fiesta del espíritu popular revolucionario. Es la impresión de regocijo que nos produce el lanzamiento de nuestras candidaturas al cabildo capitalino. No hay duda de que Jesús Bernal, Eberto, Aldo, Francisco y Lilia personifican lo más capaz, lo más consecuente que los trabajadores y el pueblo de Bogotá pueden elegir para el Concejo.

Jesús Bernal, con su férrea conducción al frente de los trabajadores de la Caja Agraria, en numerosos conflictos laborales y especialmente en el reciente paro de la entidad, fue determinante para propinarle una derrota a la política privatizadora del gobierno de Samper. Las gentes de Colombia siguieron con simpatía la resonante batalla de los creditarios; en Jesús Bernal, quien encabeza la lista moirista, tendrán en el Concejo un representante, un vocero y un conductor seguro.

Eberto López, su papel estelar en las horas críticas de la huelga de los trabajadores de Telecom, que paró las telecomunicaciones, fue decisivo para frustrar el atentado contra ese estratégico pilar de la soberanía patria. Sin duda alguna, Eberto volverá al primer plano con la confrontación impuesta que se avecina en Telecom.

Aldo Cadena, el aguerrido dirigente de los trabajadores del sindicato nacional de la salud; de su firmeza e inteligencia fueron testigos los colombianos en el reciente paro nacional de los hospitales y clínicas.

Lilia Avella, cuya formidable labor de organización y orientación entre los trabajadores del Estado se constató en el reciente paro nacional estatal.

Y Francisco Cabrera, aplicado al estudio de los problemas de la ciudad, con un papel al frente de importantes protestas de la población bogotana, reconocido en numerosos barrios de la capital.

No hay duda de que los bogotanos distinguirán esta lista como la de los abanderados de la reivindicaciones populares y, sobre todo, como la de los voceros y guías de sus luchas.

Los hombres del MOIR en las corporaciones públicas venimos desempeñando el papel de tribunos populares y de portaestandartes de la revolución. Por ello la quema de la bandera gringa en el recinto del Senado constituyó la expresión concentrada de nuestra política en la actual hora oscura que vive Colombia. Nuestro objetivo, expresado allí como un acto simbólico, habrá de convertirse en una realidad trascendente y definitiva para el país: que el yugo del imperialismo norteamericano arda a manos del pueblo y desaparezca para siempre.

En la búsqueda de tan grandiosa meta, a las luchas en la capital de la república les corresponde un papel de primera magnitud. Para facilitar el acrecimiento de nuestra influencia y labor de dirección en las movilizaciones populares, necesitamos representación en el Concejo de la capital. Compañeros, démosle esa victoria a la ciudad capital y continuemos la lucha.

“NUESTRO ENEMIGO PRINCIPAL, EL IMPERIALISMO”

(Discurso de Eberto López, presidente de Sittelecom, en el acto de proclamación de los candidatos del MOIR al Concejo.)

Eberto Lopéz

A los moiristas, sus amigos y simpatizantes nos congrega esta noche el propósito de construir un dique de contención contra la agresión imperialista. Esto lo hemos venido haciendo a lo largo y ancho del país en nuestras luchas sindicales, pero hoy queremos dar un paso más en la primera ciudad del país, Bogotá, donde después de batallar con los trabajadores estatales, del Sena, el magisterio, la salud, la Caja Agraria, el ISS, el Acueducto, la Energía Eléctrica, la ETB, Telecom, los vendedores ambulantes y los pobladores de los llamados desdeñosamente por el imperialismo “barrios subnormales”, venimos a sellar aquí nuestro compromiso de profundizar la batalla, lo cual aquí hacemos con lujo de detalle mediante la numerosa y entusiasta presencia de todos ustedes.

Los trabajadores de Telecom venimos desde 1989 batallando de manera incansable para impedir que el esfuerzo de los colombianos durante los últimos 50 años, por construir una empresa de la importancia, extensión, rentabilidad y eficiencia de Telecom, vaya a parar a manos de los más poderosos monopolios del país y de quienes hoy arrasan a América Latina, las trasnacionales, fundamentalmente las controladas por Estados Unidos.

Esa lucha continúa y es por ello que este acto de hoy nos es propicio para invitarlos a ustedes a que se apresten a estar con nosotros en el inminente paro general que tendremos que desarrollar en el futuro inmediato.

La situación del país es muy difícil. Ya la describía magistralmente el camarada Héctor Valencia en su discurso de hace pocos momentos. Muchos dicen que es una situación irreversible. Pero afortunadamente nosotros pensamos distinto y tenemos, además, batallas recientes que nos demuestran que estamos en lo cierto.

El futuro tenemos que construirlo nosotros cumpliendo todas las citas que nos impone la defensa de la soberanía. Una de esas citas, bastante importante por cierto, la tenemos que empezar a cumplir al salir de aquí, diciéndoles a nuestras familias, amigos, vecinos, y anunciándole a todo el pueblo capitalino, que el 22 de julio se presentó una real propuesta patriótica y que la encabeza uno de los personeros del MOIR en Bogotá, el compañero Jesús Bernal, quien en el Concejo, y junto con Jorge Santos en el Senado, encabezarán las luchas de los oprimidos de Colombia.

La situación del país es muy difícil, pero tenemos fe en la patria, en que toda esta tragedia que vivimos tiene que cambiar y puede cambiar.

Como lo decía nuestro inolvidable jefe, Francisco Mosquera, recordemos que mientras más oscura sea la noche, más cerca estará el amanecer.

“LA SITUACIÓN SE TORNA INSOPORTABLE”

Aldo Cadena

Desde el instante en que el imperio del Norte decidió fortalecer su política recolonizadora contra América Latina con la ayuda de unos cuantos vendepatria, la crisis de estos países es mayor, y la del pueblo colombiano se alarga, se profundiza y se torna penosa e insoportable.

Primero nos tocó padecer la jerga neoliberal que creó la suficiente opinión para acondicionar el orden jurídico a las pretensiones aperturistas y privatizadoras. Hoy observamos la quiebra de la producción en el campo y en la ciudad; privatizadas la mayor parte de las entidades estatales; perdida la función social del Estado y su responsabilidad transferida a los particulares y a los entes territoriales como efecto de la descentralización; para pagar la deuda externa y suplir los subsidios a los servicios públicos se venden los activos de la nación, se estratifica la población urbana y rural. Con el pretexto de perseguir a los narcotraficantes, el más corrupto de los países interviene en todos los asuntos internos de Colombia, opina, manda, impone, ofende, pisotea, descertifica y decide cómo debemos manejar la justicia, la paz, los derechos humanos, la política, el ejército, la policía, el parlamento, las relaciones con la guerrilla, la forma, el cómo y con qué se deben fumigar los cultivos de coca y amapola, sin importar sus efectos nocivos. Irrespeta sin sonrojarse nuestra soberanía y arrodilla para su provecho a un gobierno que ha entregado todo, hasta el juzgamiento de colombianos en el exterior.

El resultado de la arremetida del imperialismo contra estos países, lo tropezamos a diario en las paupérrimas condiciones de vida de la población, en las calles inundadas de desempleados que se arman de una chaza para lograr el sustento de sus familias; en cientos de empresas cerradas o en concordato; en los caros y pésimos servicios públicos, en el estrangulamiento de las administraciones municipales y en la angustia de los mandatarios locales por no poder atender a las poblaciones sus necesidades más sentidas.

Jamás había sido mayor el peligro para nuestra nación y su soberanía, para los partidos y las instituciones, para la clase obrera y sus derechos, para la producción, la paz, el subsuelo, la justicia; nunca el imperialismo y el capital financiero habían avanzado tanto en su pretensión recolonizadora, pero tampoco el país había presenciado a lo largo de su historia el deprimente y vergonzoso espectáculo de una clase tan servil, obsecuente, lacaya y colaboracionista con aquellos intereses, todos contrarios a los patrios.

Durante esta andanada, conveniente es rescatar la posición enhiesta de la clase obrera que ha realizado heroicas batallas antimperialistas en defensa, no sólo de sus derechos, sino los de nación entera, como lo registra la historia de las patrióticas jornadas realizadas, entre otros, por los trabajadores de Telecom, de Ecopetrol, de la Caja Agraria, de teléfonos, de salud, del magisterios, a las que se les suma el reciente, más grande y victorioso pero nacional estatal que se recuerde en Colombia. En ellas quedó claro que el más ferviente e insobornable defensor de los intereses de la nación y el pueblo es la clase obrera.

EL MEOLLO DE LA CRISIS POLÍTICA

(Intervención en el Panel sobre la situación política nacional, en el Congreso de Fecode, Villavicencio, mayo 13 de 1997)

Marcelo Torres

Hoy se inicia en el Senado el debate sobre el proyecto de acto legislativo presentado por el gobierno, para restablecer la extradición de colombianos. Por sus implicaciones, resulta imposible pasarlo inadvertido. Viene a ser una suerte de remate de todo un ciclo, con el cual se cumple la voluntad imperial de Estados Unidos sobre el país. No es casual que Washington se regodee a punto de cobrar la pieza. Precisamente, la extradición fue catalogada como instrumento principal contra el narcotráfico en el nuevo protocolo méxico-norteamericano sobre la materia y en los convenios impuestos por Clinton a los adocenados gobernantes de Centroamérica.

Durante casi dos años consecutivos, Samper expresó que el restablecimiento de la extradición “no estaba en su agenda” o, de modo más simple, que por prohibirla la Constitución, la cuestión quedaba fuera de su alcance inmediato. En el segundo semestre del año pasado la posición sufrió tal metamorfosis que se trocó en su contraria. Del “no” inicial se pasó al ” debe estudiarse el tema”, y de este al ” sí y 20 mil veces sí” del anterior ministro de Justicia. El asunto llegó a tal extremo, que el mismo Samper abrió la puerta para que el retorno de la extradición pudiera completarse con su aplicación retroactiva. ¿Qué provocó vuelco tan radical? A estas alturas quizá no haya colombiano que lo ignore: la cancelación de la visa al presidente de Colombia, la ” descertificación” gringa de marzo pasado y, sobre todo, las amenazas de represalias económicas de Estados Unidos contra el país, en la más intensa escalada intervencionista de Washington sobre Colombia que hoy prosigue y se ahonda. La crisis política que va para dos años, fue desencadenada a raíz de dicha intrusión. Fueron las presiones así desatadas las que doblegaron al gobierno al punto de llevarlo a adoptar numerosas medidas contra el país y el pueblo, como la aprobación de la extinción del dominio que arrasó con la presunción de inocencia, el aumento de penas, la inspección de cárceles colombianas por comisiones del gobierno estadounidense, y la firma del convenio que permite el abordaje por la marina gringa.

Samper ha hecho gala de un duro pellejo de lacayo. Un hecho evidente, a juzgar por la aflictiva actitud con que ha recibido el trato de congénere de Noriega y los frecuentes denuestos y vejámenes que le prodiga el imperio. El país se ha acostumbrado a que cuando Samper presume de rebeldía o de dignidad ante Estados Unidos se avecina una más oprobiosa humillación nacional. Concomitante con todo ello, la abierta injerencia del embajador de Frechette en cuanto le place, que bien le ha valido el rótulo de virrey o procónsul, prosigue sin que autoridad colombiana alguna se atreva a poner fin a la locuacidad del diplomático yanqui. En su sonado reportaje de comienzos de año, Frechette se burló sin ambages del nombramiento del ministro de Defensa González y censuró la proyectada reforma política. En seguida, ministro y reforma se derrumbaron.

El colaboracionismo, o la traición nacional del gobierno y la burguesía

La situación configurada no tiene parangón con ninguna otra época de nuestra historia republicana. En la víspera de la secesión de Panamá, por lo menos el Congreso rechazó un tratado infamante y Uribe Uribe propuso silenciar los cañones de la guerra en aras de la defensa de la patria. Así Marroquín no aceptara y el caudillo liberal conciliara a la postre con la septentrional “política de las cañoneras”. Ante la actual intromisión en nuestros asuntos internos, que profundiza y afianza el dominio norteamericano, el actual gobierno asume una política de entreguismo y colaboracionismo sin precedentes. La burguesía en su conjunto, desde los altos ” cacaos” de los grupos financieros, hasta los representantes de los gremios económicos, presa de pánico ante las amenazas de un eventual bloqueo económico, en la disyuntiva entre su bolsa y el interés nacional, se decidió presurosa por la primera, echando por la borda el legado de los pioneros de la industria, aquel ímpetu emprendedor que hizo de las tareas de la industrialización nacional “un desafío progresista y hasta heroico”. Y cerrando los ojos ante el hecho de que toda la nación pierde si el capitalismo nacional termina por ser arrasado mediante la desindustrialización, la ruina total de agro y la toma plena del mercado interior por las multinacionales, que es la perspectiva cierta que abre la actitud capitulacionista. Así, entre los círculos dominantes prevalece la opinión de que la injerencia norteamericana es inevitable e incluso conveniente, abrazando la posición progringa y de traición nacional.

Para las próximas elecciones entrará en juego un factor fuera de serie que acentuará todas las contradicciones: la directa injerencia norteamericana en la determinación de los resultados que definirán el próximo presidente de Colombia. No se requieren mayores cábalas sobre el actual favorito del imperio. Se le considera un “aliado”, que trabajó “estrechamente” con Estados Unidos desde la Fiscalía, al decir del propio Frechette. Cuando su candidatura iba a ser lanzada, el Departamento de Estado se apresuró a expresar el júbilo por el nuevo papel y la perspectiva de su pupilo. El subsecretario Robert Gelbard no escatimó alabanzas para Valdivieso, el hombre de los gringos en Colombia.

Urge una salida negociada

Crisis política, aguda recesión económica, y alarmante recrudecimiento de la violencia a escala nacional, concluyen en la explosiva mezcla constitutiva de la situación nacional. Para la mayoría de los colombianos es claro que el ascendente espiral de violencia, de continuar, terminará llevándose de calle la frágil democracia política existente, abultando las pérdidas materiales del país y, lo peor, generalizando el derramamiento de sangre entre las filas del pueblo. La intensificación del conflicto interno amenaza balcanizar el país, en el momento en que más se requiere la unidad nacional para hacer frente al intervencionismo imperialista. Urge una salida política negociada, que civilice la contienda y traiga una paz fundada en la igualdad de los partidos y particulares ante la ley.

La raíz de la recesión es la apertura económica

La afugias de la economía nacional, especialmente agudizadas durante 1996 y en el actual año, no se originaron de modo principal en la crisis política, como sostienen gremios económicos y analistas desde la orilla progringa. La drástica recesión resultó del efecto combinado de revaluación, pagos de deuda externa, restricción del gasto público, congelación salarial y altas tasas de interés, privatizaciones y desaparición de entidades del Estado, más el mantenimiento de la apertura comercial, cambiaria y financiaria. Los memorandos del FMI, de donde proceden todas esta políticas, han sido aplicados a pie juntillas por Samper. De allí derivaron la caída de la producción industrial y agropecuaria, de la inversión pública y privada, del consumo y las ventas, el aumento del desempleo y del déficit en cuenta corriente. La raíz de tantos estragos es anterior a la crisis política y reside en la continuidad y ahondamiento de la apertura económica y el modelo neoliberal, la estrategia económica continental impuesta por Estados Unidos a nuestros pueblos. El creciente intervencionismo, lejos de llevar la administración Samper a enmendar la plana, la ha vuelto aún más obsecuente con el esquema económico proyanqui, provocando el fuerte repudio del movimiento obrero y el pueblo y sus movilizaciones contra el gobierno.

Samper sigue batiendo marcas en materia de servilismo ante las multinacionales. A instancias suyas, el Congreso aprobó el Convenio de Protección de Inversiones con Gran Bretaña, para exonerarlas de la expropiación por vía administrativa, terminando lo que Gaviria inició y contrariando la Constitución misma. Luego, en la hundida reforma política, pretendió circunscribir la mencionada expropiación a los inmuebles, con tal de favorecer el capital foráneo. Antes había rebajado los impuestos a las remesas de utilidades de las empresas petroleras extranjeras. En otro acto reciente de entreguismo, en Cartagena ofreció todo género de ventajas y facilidades a las grandes trasnacionales de la energía y el petróleo ; despidió directivos de Ecopetrol en aras de complacer a la BP en su inaudita pretensión de mejorar su rentabilidad mediante el cambio unilateral de los contratos de asociación con la petrolera estatal; apoyó las descaradas maniobras del fletado ministro de Minas para favorecer a la misma multinacional, por encima del concepto del Consejo de Estado y de resultados de estudios científicos. Por fortuna, el país, alerta, frustró esta vez la jugada contra la nación. Las empresas y entidades del Estado privatizadas o desmanteladas suman una larga lista y continúan llevándose a cabo a precios de realización. No sólo se ha suprimido la función pública que cumplían sino que, como lo revela la Contraloría, en tales enajenaciones la nación ha soportado cuantiosas pérdidas.

Los obreros marcan el rumbo

Mientras el gobierno y la burguesía en su conjunto han adoptado medrosos la política de sumisión nacional, el grueso de los trabajadores y otros extensos sectores populares se enfrentan valerosamente contra la injerencia imperialista en pugna por la independencia y la soberanía del país. Detrás de la confusión y el caos aparente, la batalla ideológica y política más general y decisiva entablada hoy en Colombia, de la cual depende el presente y el porvenir, se libra entre una posición que canta loas al sojuzgamiento nacional como salida a la crisis, que sólo representa a una minoría vendepatria, y otra que expresa el interés de la mayorías, la de los patriotas que han salido a defender la autodeterminación y la libertad de la nación. Tal la verdadera ” línea divisora” que delimita los campos en la crisis. Cabe perseverar en el camino que hemos emprendido. Ante todo, velando por una mayor coordinación organizativa mediante el reforzamiento del Comando Nacional Unitario, ese instrumento surgido de la lucha en el movimiento obrero, y comprendiendo que la resistencia planteada ante la agresión norteamericana demanda la activa incorporación de los patriotas de todas las clases sociales, partidos, sectores y fuerzas.

Se aproximan sin duda nuevas y complejas coyunturas críticas. Mas por oscuros que sean los tiempos que sobrevengan para la nación, de allí brotará su victoria.


Senado aprueba proposición contra injerencia

de EU a propósito de “derechos humanos”

El Senado, en su sesión plenaria de ayer, aprobó la siguiente proposición: “El Senado de la República rechaza la nueva injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia a propósito de su política de derechos humanos, que no persigue cosa distinta que someter a sus dictados el desempeño de las instituciones colombianas, entre ellas la castrense”.

BANCO DE LA REPÚBLICA: AUTONOMÍA FRENTE A LOS INTERESES NACIONALES Y DEPENDENCIA DEL GRAN CAPITAL INTERNACIONAL

Libardo Botero C.

Dos fenómenos concomitantes y sumamente gravosos, entre muchos otros, han golpeado sin misericordia la economía nacional,en los últimos tiempos: la revaluación del peso y las altas tasas de interés. Éstos han sido señalados entre los principales causantes de la crisis pavorosa por la que atraviesan las actividades productivas domésticas. Contra ellos se ha levantado un clamor reiterado de industriales y agricultores, que se ha expresado en foros, en los medios de comunicación y en el Congreso de la República, exigiendo correctivos, sin que sus voces hayan tenido el menor eco en las autoridades que tienen a su cargo el manejo de tan vitales variables de nuestra economía.

Mientras el Banco de la República, ente al cual la Constitución le asigna el manejo de la moneda, el crédito y los cambios internacionales, sostiene, a tono con el diagnóstico del FMI, que la responsabilidad por las altas tasas de interés y la revaluación radica en el crecido déficit fiscal del gobierno, éste acusa a la junta directiva del Emisor de no adoptar las medidas que reduzcan las tasas de interés y reviertan la tendencia revaluadora. Retomemos algunos hechos históricos, para desvelar las verdaderas causas de comportamiento tan aberrante.

El Banco de la República fue creado en virtud de la Ley 25 de 1923. Hasta esa fecha el país no pudo contar sino temporalmente con bancos oficiales centrales que emitieran la moneda.

A partir de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos fueron llenando algunos espacios perdidos por las naciones europeas. La oleada de inversiones privadas norteamericanas, y los numerosos préstamos al gobierno, a los que se sumaron los dineros de la vergonzosa “indemnización” por el Canal de Panamá, exigían cambios en el andamiaje institucional, las normas legales y otros aspectos, que facilitaran sus operaciones. De allí que el gobierno, a comienzos de los años veinte, contrató una misión de expertos norteamericanos, presidida por el profesor Edwin W. Kemmerer, la cual presentó una serie de recomendaciones a la Administración. Entre ellas sobresalió la de fundar un banco central de emisión y crédito, origen del Banco de la República, creado por la ley mencionada. El señor Kemmerer presidio misiones similares, por la misma época, en Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, México, China, Turquía y Filipinas. Estados Unidos empezaba a entretejer la urdimbre de las ataduras neocoloniales en el hemisferio y aún en zonas más alejadas.

En la junta directiva de la nueva institución el gobierno tenía una representación minoritaria; la mayoría correspondía a los bancos privados, e incluso los extranjeros tenían sus puestos. Más tarde, en 1957, hubo la posibilidad de que los industriales tuvieran un miembro entre diez de la junta.

La intromisión del capital extranjero no tenía límite alguno, se ejercía a través de instituciones tan oprobiosas como la concesión o la plantación. El comercio exterior y los cambios externos no tenían restricciones, salvo las temporales impuestas por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. El monocultivo y la monoexportacion -como el caso del café- con dominio extranjero casi absoluto, aherrojaban nuestra economía y la ataban a las metrópolis dominantes y a los especuladores de las bolsas internacionales. El Banco de la República emitía, ampliaba o restringía el crédito, según las necesidades y caprichos del gobierno y de los negocios de los grandes comerciantes, exportadores de café, terratenientes y, naturalmente, de los capitalistas norteamericanos, sobre todo petroleros y bananeros. Otro tanto sucedía con las normas cambiarias.

La lucha antimperialista de los pueblos, la disputa con la URSS por el control del mundo, y la reyerta con las demás potencias capitalistas, hicieron que Estados Unidos, cuya hegemonía estaba amenazada, adecuara su política imperialista a las nuevas circunstancias. Formularon la política del “Buen Socio”, cambiaron el sistema de concesiones por el de asociación, impulsaron la creciente influencia del Estado en distintos asuntos, tuvieron que aceptar la nacionalización de ciertos recursos y un mínimo de protección a la industria durante algunos períodos; y para ampliar el mercado a sus inversiones, impulsaron acuerdos de integración regional y subregional. Refiriéndose a esta época, Francisco Mosquera señaló: “En los sesentas los planes de la Casa Blanca para el hemisferio, la Alianza para el Progreso, la desaparecida Alalc, el Pacto Andino, preservaban intactos los artificios del desvalijamiento y, conforme a estos términos exactos, se trataba de una expoliación disimulada, astuta, que nos permitía algún grado de desarrollo, complementario a la sustracción de las riquezas del país. Digamos que los gringos chupaban el néctar con ciertas consideraciones. Pero con la apertura la extorsión se ha tornado descarnada, cruda, sin miramiento alguno”.

En consonancia, el Banco sufrió transformaciones que vale la pena resaltar. De un lado, el manejo directo de las políticas monetarias, crediticias y cambiarias se centralizó en un organismo diferente, la Junta Monetaria, de composición mayoritariamente oficial. Tal modificación se produjo por medio de la Ley 21 de 1963. Las mencionadas políticas económicas quedaron en adelante bajo el resorte directo del gobierno central, el que podía además cordinarlas fácilmente con el resto de las directrices gubernamentales. El Banco de la República era un simple ejecutor de las orientaciones definidas por la Junta Monetaria. Y aunque por un tiempo se conservó representación importante del sector privado en la junta directiva, su influencia se había mermado. Ahora era el gobierno el que directamente y de manera completa regía al Banco. Podía así emitir copiosamente y financiar sus déficit fiscales, incentivar determinadas ramas de la economía, devaluar para tratar de compensar la desventaja que para las exportaciones podrían representar los crecientes precios internos.

La crisis de la deuda externa latinoamericana de los ochenta y la caída del bloque soviético empujaron un nuevo cambio en la política imperialista. En las nuevas circunstancias internacionales, Estados Unidos impone de nuevo sus mandatos. Empezamos a vivir el proceso que certeramente denominó Mosquera la recolonización, conocido también como apertura. Se trata de que los potentados del Norte quieren la desnacionalización de nuestros recursos; que se suprima cualquier protección a nuestros productos y se imponga el llamado “libre comercio”, o sea, la entrega del mercado a la voracidad de sus consorcios.

La banca internacional, liderada por Estados Unidos, ha exigido, desde la crisis de la deuda externa, la transformación de nuestros bancos centrales en organismos autónomos que manejen la política monetaria, cambiaría y crediticia sin la injerencia de los gobiernos. Han sido dos las motivaciones básicas para ese cambio. Una, que se taponen unos mecanismos de financiación de los déficit públicos por los bancos centrales, como han sido el crédito incontrolados o las emisiones. Para el efecto se ha insistido por el Banco Mundial y el FMI en la necesidad de que se eliminen tales procedimientos, buscando contribuir al “saneamiento” de los fiscos en pro de un pago lo más puntual posible del servicio de la deuda externa. La otra motivación es el interés de desligar la banca central del influjo de cualquier interés nacional, particularmente de los productores. A esa meta contribuye el que a las juntas directivas de los bancos hayan llegado tecnócratas de la nueva generación de intelectuales, formados en el credo neoliberal en universidades gringas o progringas. A su vez, los bancos centrales así conformados se constituyen en fácil presa de las políticas del gran capital imperialista, que es el que en últimas rige su rumbo y ejecutorias.

Bajos esos lineamientos se vienen efectuando cambios similares en toda Latinoamérica. En muchos casos, como Colombia, se ha procedido a estampar los nuevos cánones en la misma Constitución, para evitar reversas. Ejemplo de esto son las reformas de Chile en 1989, en Argentina y en Colombia en 1991, en Venezuela en 1992, en México en 1993. En Perú los cambios se iniciaron en 1990 y se afianzaron en 1993. Brasil ha sido el último en iniciar el proceso, aunque desde 1988 su Constitución autoriza el funcionamiento de una banca central independiente. No es casual que sean los países que ostentan el más elevado endeudamiento externo aquellos que hayan adelantado con mayor radicalidad el vuelco en mención.

En Colombia la transformación se ha cumplido a partir de la constituyente de 1991. Los asambleístas, de acuerdo con el proyecto oficial, consagraron el viraje a través de los artículos 371 a 373 de la nueva carta. Allí se le otorgan al Banco las funciones básicas de “regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de créditos, servir de agente fiscal del gobierno”. Aunque se advierte que “tales funciones las ejercerá en coordinación con la política económica general”, no existe ningún mecanismo que lo obligue efectivamente someterse a la política económica del gobierno.

En el artículo 373 se obstaculiza el financiamiento al gobierno. Ello porque la doctrina neoliberal pregona que, sin déficit fiscal, con revaluación y altas tasas de interés, se contribuye decisivamente a quebrar la inflación endémica de nuestros países, aunque para lograrlo se tenga que sacrificar el avance de la producción industrial y agropecuaria. Los efectos de la aplicación de semejantes fórmulas en Colombia no pueden ser más funestos. Mientras la inflación sigue con índices superiores a las metas de “inflación esperada” del banco, la producción de las ramas básicas se debate en una crisis sin salida, a la par que las actividades financieras y especulativas gozan de exorbitantes ganancias año tras año.

Cuando los sectores productivos, como varios ramos industriales, los bananeros, o los cafeteros han pedido modificar tan dañina política, la respuesta de la Junta es que ellos no están allí para representar ningún interés particular sino los intereses generales del país. Además predican, basados en la Carta, que su papel es defender la moneda y no la producción. Mientras desatienden así a los productores, corren presurosos a aplicar a pie juntillas las recetas fatídicas del FMI.

He ahí el porqué de la actitud de la dirección del Banco de la República y su papel nefasto en las actuales condiciones del país. En la declaración “Salvemos la producción nacional”, publicada el 8 de mayo de 1991, antes de culminar la Constituyente, Francisco Mosquera avizoró lo que tal reunión habría de aprobar y sus inequívocas secuelas; “Desde la época de los realinderamientos de Bretton Woods, detrás de los máximos organismos rectores de las finanzas mundiales se han movido particularmente los banqueros de la metrópoli americana, que no cesan de requerir, ante los países entrampados, franquicias para sus caudales y mercancías, o devaluaciones, recortes en los gastos, espíritu ahorrativo, a fin de que se les cancelen los débitos con desahogo y puntualidad. En favor de esta solvencia de pagos, al gobierno colombiano le exigen encima que deponga responsabilidades, desista de emitir circulante inflacionario y renuncie, una por una, a sus atribuciones reguladoras, comprendido cuanto concierne al manejo del peso, que antes de 1963 le correspondía a la junta directiva del Banco de la República, de influencia notoriamente privada, y desde entonces, por ley, recae en la Junta Monetaria, de mayoría oficial. Reversión que habrá de perpetrarse a través de la Asamblea Constituyente. (…) La supresión de los subsidios, de los créditos baratos, y aun de los planes de fomento, compendia, pues, el dogma de fe que nos predicaron siempre esos sumos sacerdotes de la especulación, así no le rindan culto en sus propios altares.”

El Congreso de Fecode en Villavicencio: UNA GRAN VICTORIA DE LAS FUERZAS AVANZADAS

José Fernando Ocampo

La defensa de los elementos más avanzados de la reforma educativa de 1994, el rechazo a la Ley 200 con la exigencia de la recuperación del régimen especial para los educadores, la denuncia de la privatización de la educación, la condena del sindicalismo sociopolítico, el rechazo de la reglamentación de la Ley General de Educación, la conquista de un salario digno para el magisterio, constituyeron los pilares de la victoria obtenida en el Congreso de Fecode celebrado en Villavicencio, contra la política del gobierno samperista y contra la traición del grupo de Jaime Dussán y sus conmilitones.

La hegemonía del dussanismo en la Federación Colombiana de Educadores durante este período le abrió paso a una contrarreforma reaccionaria patrocinada por el Ministerio de Educación, le permitió al gobierno cometer toda clase de atropellos contra el magisterio, les dejó manos libres a mandatarios seccionales como Álvaro Uribe Vélez, de Antioquia, y Antanas Mockus, de Bogotá, de cuyas administraciones él hace parte, para desarrollar una agresiva política privatizadora de la educación, y permitió que la Ley General de Educación se reglamentara en contravención de sus principios más progresistas. En una palabra, condujo a Fecode a la peor crisis de sus treinta y cinco años de historia.

Cuatro fuerzas de izquierda se aliaron para iniciar un proceso de recuperar la Federación: el frente de Tribuna Magisterial dirigido por el MOIR, Maestros Unitarios, Unidad Democrática y el frente de Educadores Luis Felipe Vélez. Con una posición democrática y la concepción de un sindicalismo clasista, conscientes del embate feroz del imperialismo norteamericano contra la soberanía nacional y de su injerencia directa en el campo educativo, lograron hacer aprobar más de veinte proyectos, a los cuales deberá ceñirse el nuevo Comité Ejecutivo que salga de la elección directa el próximo 3 de octubre.

Una victoria en el campo de la ideología

En el país se libra una intensa batalla ideológica en el campo educativo. Su origen es la Ley General de Educación. En ella se introdujo la autonomía escolar de las instituciones, que es la piedra de toque de toda la reforma educativa de 1994, complementada con la libertad de cátedra tal como se introdujo en la Constitución de 1991. No es una automía financiera y administrativa, como la concibe la ideología neoliberal, según la cual el Estado controla los contenidos de la educación, pero los planteles, convertidos en empresas de producción, se las tienen que arreglar para conseguir los recursos y en aplicar las técnicas de administración empresariales. Es, en esencia, la educación como mercancía, sometida a las leyes de la oferta y la demanda en medio de la competencia del libre mercado.

En cambio, la reforma lo que plantea es la autonomía escolar aplicada al currículo y a los planes de estudio, que despoja al Estado del control de los contenidos y lo obliga a financiar el servicio educativo con una administración descentralizada. Se trata de una solución opuesta. En consecuencia, todas las posiciones y tendencias pedagógicas pugnan por abrirse campo y ganar en la gran batalla ideológica. Ahí radica el fondo de esta revolución educativa; fue lo que defendió una de las resoluciones más importantes del Congreso.

Contra una educación para pobres

Por su condición de neoliberal, el gobierno de Samper hace alarde de considerar prioritaria la educación. Pero es pura demagogia. Sometido a los dictámenes del Banco Mundial y al chantaje de sus créditos condicionados, el Ministerio de Educación propugna una educación para pobres. Sus fórmulas consisten en el año cero, la promoción automática, los hogares comunitarios y la escuela nueva, plasmados todos en el Plan Decadal de Educación durante el Ministerio de María Emma Mejía. Se trata de recetas para una educación sin calidad, totalmente ajena a los contenidos científicos y técnicos, en completo hacinamiento en las aulas de clase, con la promoción de los estudiantes sin esfuerzo ni aprendizaje. Se propicia así una educación de buena calidad para un puñado de ricos y totalmente deficiente para la mayoría de la población.

Pero al mismo tiempo, estas medidas se disfrazan con documentos y resoluciones de jerga ininteligible, con lenguaje farragoso y plagado de circunloquios como la resolución 2343 sobre lineamientos generales del currículo. Y se confunde al magisterio con criterios de evaluación constructivistas que nadie entiende: ni los estudiantes, ni los padres de familia, ni los mismos educadores. El Congreso de Fecode se ocupó de esta problemática, rechazó toda esa parafernalia y definió medidas de lucha contra semejante política, a favor de una educación de la más alta calidad científica. Por eso defendió los preescolares de tres años, la obligación de rendimiento académico, las guarderías infantiles con personal capacitado, el restablecimiento de la jornada diurna única bajo las condiciones de aumento de la planta física y de un salario digno para los educadores, el aumento del presupuesto para vinculación de maestros con cargo al situado fiscal, y la capacitación gratuita de la más alta calidad científica para el magisterio.

Rechazo al neoliberalismo

Detrás de todas las políticas reaccionarias están el neoliberalismo y una teoría pedagógica denominada constructivismo que, como ocurre con su base material económica, rezuma individualismo y subjetivismo. Es una de esas concepciones ideológicas diseñadas para mantener los pueblos subdesarrollados en la ignorancia, al margen del desarrollo autónomo en ciencia y tecnología, entre el énfasis axiológico de la pedagogía y el abandono del estudiante a su propia suerte. Como dice el documento del salto educativo, “no se trata de enseñar, sino de aprender”, porque concibe al maestro como simple guía que sólo requiere método pero no contenidos y al estudiante como su propio maestro, con la ilusión imposible de que por sí mismo descubra lo que la humanidad a duras penas ha logrado entender en miles de años. A esta presunción dogmática del profundo desprecio por el educador y por su tarea fundamental, también le salió al paso el Congreso, rechazando la promoción automática y la resolución de lineamientos generales del currículo, y en pro de una capacitación permanente, gratuita y dirigida a las áreas de conocimiento con énfasis en los contenidos que garanticen la posibilidad del ascenso en el escalafón.

El gobierno de Samper también está aplicando el neoliberalismo al servicio educativo. Ha intentado en todas las formas volver a municipalizar la educación, procurando descargarles el peso de la vinculación de nuevos educadores. Han sido dos entidades territoriales, Antioquia y Bogotá, los modelos de privatización mediante el programa Paces, los subsidios, los contratos con entidades privadas o cooperativas, todo en detrimento de la educación pública. En Villavicencio, el Congreso fue tajante en exigir el aumento del situado fiscal y el alivio a los municipios del peso de la vinculación de educadores, una vez aprobado por mayoría el rechazo a los métodos privatizadores. El dussanismo, acogiéndose a la política neoliberal, votó en contra de esta resolución, tal vez la de mayor significado del Congreso.

Por la recuperación del régimen especial

Como a todos los empleados del Estado, la Ley 200 de 1995 o Código Único Disciplinario también se les aplica a los educadores. Ésta es una norma que afina los trámites del debido proceso para apretar el gatillo de las causales de mala conducta y violar los derechos fundamentales. Para el magisterio significa la eliminación del régimen disciplinario especial, conquistado tras veinte años de luchas en las décadas de los años sesenta y setenta. El senador Dussán defendió la Ley 200 en su famosa carta al magisterio del país, publicada en Fecode Informa, y sus áulicos recorrieron el país haciéndole eco. Pero desesperados por el repudio del magisterio, prefirieron refugiarse en el Parlamento con la ilusión de que una maniobra de su senador resolviera tamaña fechoría. En Villavicencio también fue rechazado su proyecto de ley, porque somete a los maestros a dos regímenes en lugar de uno, al Estatuto Docente disminuido y al Régimen Único Disciplinario. Por eso se aprobó la unión con los empleados estatales, para luchar por la derogatoria de la Ley 200 y la recuperación del régimen especial para los educadores del sector público.

Lo que se respiró en Villavicencio fue el repudio al sindicalismo sociopolítico, practicado por la camarilla dirigente de Fecode con el único propósito de convertir los sindicatos en trampolines para escalar posiciones en el gobierno, tanto el nacional como el de las entidades territoriales.

El sindicalismo sociopolítico trata de convertir las organizaciones gremiales en correas de transmisión de las políticas oficiales. Por supuesto, es la resultante de una concepción desclasada de la sociedad, en la que se quiere hacer creer que el Estado somos todos, donde la dominación y la explotación de clase no existen, y haciendo aparecer el régimen gubernamental como el principal benefactor del pueblo oprimido.

Las consecuencias de semejante teoría y práctica están a la vista en la peor crisis de la historia de la organización sindical del magisterio colombiano. Por eso recibió el rechazo de la mayoría del Congreso.

Hacia una nueva victoria: las elecciones del Comité Ejecutivo

Contra la camarilla dussanista que detenta la mayoría de la dirección de Fecode, hemos logrado una victoria, con la posición consecuente defendida sin vacilaciones por el frente de educadores Tribuna Magisterial y los demás aliados del Bloque Alternativo de Oposición. Ha sido una lucha sin cuartel a lo largo de este período convulsionado y crítico.

Lo que viene de aquí en adelante es la elección del Comité Ejecutivo en forma directa. Los educadores de Tribuna Magisterial, dirigidos por el MOIR, presentarán tres listas: una en el norte del país, por la Costa Atlántica, encabezada por Luis Carlos Fuentes; otra por Antioquia y el nororiente, desde el Cesar y La Guajira hasta Arauca, con el primer renglón de Raúl Arroyave, y una tercera en el centro y sur del país, presidida por Álvaro Morales Sánchez.

Durante estos cuatro años, Tribuna Magisterial no ha cejado un solo instante en la lucha por la independencia de la Federación Colombiana de Educadores y en defensa de los intereses más sentidos de los educadores. Los tres candidatos que presentamos a consideración del magisterio son una garantía para el gremio, en pro de sus reivindicaciones fundamentales, pero también para la nación colombiana en la salvaguardia de la soberanía nacional, en un momento en que afronta la mayor ofensiva histórica del imperialismo norteamericano. Por esa razón esperamos el apoyo decidido del magisterio para nuestras listas en las elecciones del 3 de octubre al Comité Ejecutivo Nacional de Fecode.

Legado de Mosquera: “EN LAS ELECCIONES, DESENTRAÑEMOS LAS CONTRADICCIONES DE CLASE”

(Apartes de la entrevista al camarada Francisco Mosquera realizada por Cristina de la Torre en marzo de 1976 y publicada en Cuadernos de Alternativa, No. 3. Fue reproducida por Tribuna Roja, No. 24, diciembre de 1976.)

Pregunta. Con qué métodos participa el MOIR en la campaña electoral y cuáles son las principales experiencias recibidas a través de esta forma de lucha ?

Francisco Mosquera. El MOIR participa en la lucha electoral con el supremo criterio de contribuir a desembotar la conciencia de las masas y hacer más clara y comprensible la lucha de clases que subyace en las manifestaciones y actividades de la sociedad colombiana. La oligarquía dominante, como los explotadores en todos los tiempos, desata la más sórdida, cruel y sistemática lucha contra los explotados, pero, hipócrita y cobarde por naturaleza, se empeña a la vez en encubrir, mistificar y desfigurar esta lucha a los ojos de sus contradictores de clase. Mientras engaña, persigue y golpea con saña a las masas trabajadoras, la minoría detentadora del Poder no tiene la menor vergüenza de presentarse como protectora y benefactora de las grandes mayorías populares. Nuestro primer deber consiste pues en correr el velo que envuelve las contradicciones de clase y lograr que éstas puedan ser desentrañadas y entendidas diáfanamente por millones de personas. En primer lugar para que la clase obrera, y con ella el resto de las clases sojuzgadas de Colombia consiga identificar a sus verdaderos enemigos y los ardides y tretas de éstos. Y para que el proletariado, partiendo de esta base, se ponga en condiciones de organizar sus fuerzas y la de sus aliados en las múltiples batallas por la liberación nacional y la revolución democrática.

Arrancar el antifaz al mentiroso gobierno del “mandato claro” ha sido nuestra principal preocupación en esta campaña electoral. Hacer consciente que el señor López Michelsen en el Poder es el continuismo, o sea, la prolongación de la coalición liberal-conservadora proimperialista, antinacional, antipopular y antidemocrática que viene esquilmando a la nación y empobreciendo al pueblo. Que quienes traten de enmascarar por uno u otro medio esta cruda realidad terminarán haciéndole compañía a los vendepatria y traidores. Que sólo una línea consecuente de unidad de todas las fuerzas revolucionarias y patrióticas, dirigidas tanto contra el sistema en general como contra el régimen lopista que lo representa concretamente, ganará el respaldo entusiasta de las masas populares de la ciudad y del campo. Y efectivamente la consigna central de “contra el mandato de hambre a la carga”, lanzada por nuestro Partido para la campaña electoral, compendia y recoge los deseos de combate de los sectores mayoritarios de la población colombiana que en carne propia padecen los catastróficos resultados de la política oficial. La gran prensa y reconocidos personajes de los partidos tradicionales se han quejado ya por la propaganda de descrédito emprendida por el MOIR contra el gobierno.

En todo caso la consigna constituyó un acierto, como será siempre conducente recoger la tradición de lucha de nuestro pueblo. Cuando exaltamos, por ejemplo, el emblema inmortal de los comuneros del siglo XVIII, “Unión de los oprimidos contra los opresores”, y que bien puede ser el lema de la lucha de nuestros días, no quiere decir que acojamos el punto de vista ni las concepciones de los revolucionarios de aquella época. Sabemos como nadie en Colombia que no obstante caracterizar la actual revolución como una revolución de liberación nacional, democrático-burguesa, realizada por la alianza de todas las clases revolucionarias, es exclusivamente la clase obrera y su ideología invencible, el marxismo leninismo, el factor dirigente de la misma. En síntesis, la índole de los ataques contra la táctica revolucionaria y unitaria planteada por el MOIR para el actual periodo, así como la procedencia de esos ataques, prueban la justeza de nuestra posición política.

Resuelta la cuestión de la orientación y objetivos políticos de la campaña, se coloca en primer plano el problema de la vinculación a las masas. Aunque el continuismo ha tomado las máximas precauciones para impedir la libre concurrencia en estas elecciones de los partidos y movimientos opuestos a las corrientes afectas al régimen, como la del sostenimiento del estado de sitio, las fuerzas revolucionarias deben realizar todos los esfuerzos necesarios para extender sus efectivos y llegar a sitios y sectores de masas a donde en otras circunstancias sería dificultoso hacerlo. Esto no significa que si no hay elecciones el partido revolucionario de la clase obrera no arribaría a esos sitios y a esos sectores. Simplemente señalamos que, en el actual periodo de construcción del Partido, aprovechamos una ocasión propicia, el debate electoral, para lanzar la red hasta donde nos alcancen las energías. Después vendrá la recogida y consolidación del trabajo. La efectividad de esta tarea estriba obviamente en la adecuada distribución orgánica de las escasas unidades con que contamos. Después de la línea política, lo más importante son unas correctas medidas organizativas. De estos dos aspectos depende el acercamiento y la estrecha conexión con las masas y sus luchas. Ya un partido obrero apertrechado de una línea política correcta, con un estilo de trabajo revolucionario y vinculado íntimamente a las masas y sus luchas no habrá quien pueda destruirlo.

Finalmente, la labor de propaganda y agitación es un flanco que requiere la mayor atención. Sin ella muy poco podríamos avanzar. Existe un obstáculo enorme que debemos superar: la falta de recursos. Nuestro Partido se apoya exclusivamente en sus propias fuerzas y en las fuerzas de las masas. Pero en la actualidad el MOIR sigue siendo un partido pequeño, en gestación, y su arraigo en los amplios sectores del pueblo es aún incipiente. Para subsanar estas deficiencias hemos puesto la caldera a funcionar a todo vapor. Que no haya un militante ni un simpatizante del MOIR que no contribuya con su tiempo disponible y los recursos materiales mínimos a la campaña electoral.

Hemos concentrado las tareas de propaganda y agitación en tres instrumentos principales: 1) En nuestro órgano Tribuna Roja, para el cual elaboramos un plan especial de periodicidad y de aumento de tiraje. Ésta ha sido la más eficaz herramienta de difusión de nuestra línea, de información de nuestra actividad electoral y de aglutinación y organización en la etapa de expansión en que nos encontramos. Los frutos hasta el presente son satisfactorios. Hemos logrado sacar cada quince días 300 mil ejemplares de Tribuna Roja y sostenerlo con la sola venta. 2) En la programación de una gira nacional que pretende cubrir el mayor número de capitales, municipios y veredas. La directiva al respecto insiste en que todos los actos electorales del MOIR han de realizarse en plazas públicas y lugares abiertos, no importa que las manifestaciones y mítines no sean siempre nutridos. Esto con el propósito de movilizar la mayor cantidad de gentes posible. A pesar de las prohibiciones de varios alcaldes para efectuar las demostraciones públicas, en la mayoría de los casos hemos conseguido reunir en lugares abiertos buena proporción de personas, si se compara con el fracaso de los partidos tradicionales y se tiene en cuenta el escaso desarrollo del MOIR. Notamos en el grueso de los participantes en dichos actos una gran expectativa por las ideas revolucionarias y su actitud fundamental es la de escuchar los nuevos planteamientos. Y 3), en la propaganda mural. Éste ha sido el otro instrumento agitacional usado con especial esmero por nuestro Partido. Con medios de fácil acceso y utilización como la pintura mural, las tiras largas producidas en screen y colocadas en paredes visibles y los carteles con la imagen de nuestros dirigentes y candidatos, hemos hecho sentir la presencia del MOIR en la contienda electoral.