Categoría: Tribuna Roja Nº 28, Bogotá, agosto de 1977

Uno de los temas más trajinados en los últimos días ha sido el del nuevo tratado del canal de Panamá. Bogotá sirvió de sede el 5 y 6 de agosto pasados a una reunión de los jefes de Estado de México, Costa Rica, Jamaica, Venezuela, Panamá y Colombia, promovida por el mandatario panameño, con el objeto de presionar a los Estados Unidos en las postrimerías de las largas discusiones tendientes a lograr un acuerdo sobre la cuestión canalera.

La declaración de los seis gobiernos, que toca varios asuntos como la “desnuclearización” de la América Latina, Belice, “nuevo orden económico internacional”, café y otros, celebra los “significativos procesos” en las conversaciones entre Panamá y Estados Unidos, “que aseguren la pronta culminación del Tratado que ponga término a un rezago colonial en América y satisfaga la legítima e inaplazable aspiración de Panamá y recobrar su soberanía sobre la totalidad de su territorio”. El pronunciamiento igualmente destaca “los esfuerzos que han distinguido al jefe de Gobierno de panamá, General Omar Torrijos, en las negociaciones, así como el espíritu que ha guiado la conducta del Presidente Carter en el manejo de las negociaciones sobre el canal y su oportuna comprensión de las relaciones que existen entre el término feliz de tales negociaciones y el fortalecimiento de la amistad y la cooperación en el Hemisferio”. Cabe agregar aquí que en los elogios al presidente de los Estados Unidos, el que más se distinguió, como era de esperarse, fue el señor López Michelsen, quien, con júbilo reverente, dijo de Carter que, “prolonga en el tiempo la tradición de los grandes presidentes progresistas y humanitaristas del linaje de Lincoln y de Roosevelt”.

El aplauso de la gran prensa oligárquica no se dejó esperar, porque, en medio de tan espinoso problema, en el cual toda la razón le asiste a la hermana república latinoamericana, consiguió reiterar su complacencia con los imperialistas norteamericanos, a la vez que recomponer en algo la imagen deteriorada del prócer del “mandato de hambre”. Uno que otro órgano de izquierda, sin beneficio de inventario, también alabó la habilidad del inquilino de San Carlos para promover la causa panameña. Recordemos, sin embargo, que nadie ha superado la tenaz insistencia de López en pedir la debida consideración por la seguridad de los Estados Unidos en Panamá, y prohijar la recomendación de que para defender el Canal el concurso estadinense resulta indispensable. En este aspecto de la defensa y la seguridad, hasta donde más ha llegado el presidente colombiano en su respaldo al país vecino, es en aceptar que los bandos en conflicto, o sea, los colonizadores y los colonizados, deben actuar conjuntamente.

Al comentar los recientes incidentes del litigio que preocupa hondamente a Latinoamérica y en general a las naciones del Tercer Mundo, hay que tener muy en cuenta que el imperialismo norteamericano se sentó a la mesa de discusiones empujado por la heroica lucha del pueblo panameño. Las masas combativas e insobornables del istmo vienen exigiendo desde hace mucho que termine totalmente y para siempre el enclave colonial, mantenido durante tres cuartos de siglo. Ningún planteamiento jurídico o político, ninguna interpretación amañada de las normas que regulan las relaciones entre los países, puede convalidar la bárbara permanencia de los Estados Unidos en Panamá, ni su dominio o condominio sobre la Zona del Canal, ni mucho menos su tan alegado derecho a la defensa. La plena soberanía corresponde al pueblo panameño. Es lo que éste ha rubricado con su sangre ante la faz mundial y lo que ha respaldado la solidaridad internacional dada por pueblos y naciones. Sólo los argumentos de la fuerza bruta esgrimidos por un Estado poderoso frente a una pequeña república explican históricamente que Panamá vea aplazada la más sagrada de sus reivindicaciones.

Las modificaciones principales
Tras los continuos brotes de insubordinación del pueblo de la nación hermana, que por nada se resigna a vivir bajo la planta del agresor extranjero, los imperialistas aceptaron desde 1964 hacerle una revisión global al oprobioso tratado de 1903. El nuevo convenio ya fue firmado por los dos gobiernos, según los cables de las agencias noticiosas que acaparan en buena medida la atención de la opinión internacional. Sobre él se han vertido los más variados y encontrados conceptos, no obstante desconocerse su texto completo. Cuanto sabemos al respecto se limita a las informaciones adelantadas tanto por los norteamericanos como por los panameños. Aunque las versiones no coinciden plenamente y habremos de esperar para emitir un juicio más certero, sí podemos dar por ciertos los siguientes arreglos principales: 1) Se reconoce formalmente la soberanía de Panamá sobre la Zona del Canal, pero la protección y manejo de la misma serán compartidos hasta el final del siglo XX. 2) Aun después de revertir la franja a manos panameñas, en el año 2000, los Estados Unidos seguirán reservándose el privilegio de su defensa ante cualquier eventualidad. 3) Queda abierta la posibilidad de mejorar y ampliar el actual Canal, o construir otro, de común acuerdo. 4) Los Estados Unidos reconocerán una especie de indemnización, aumentarán el monto de los pagos anuales y concederán créditos a Panamá, como parte del ajuste económico.

Ignóranse en detalle las condiciones y la proporción en que concurrirán los dos países mancomunadamente en la administración y seguridad del Canal.

Y aun cuando se aceptan por seguro que las bases militares norteamericanas bajarán de 14 a 3, los imperialistas mantendrán una presencia bélica y una injerencia administrativa decisorias durante 23 años. De todo lo anterior se deduce, de un lado, que desaparece la cláusula del control a perpetuidad de los Estados Unidos sobre la Zona, incierta en el viejo tratado, y del otro, que la influencia determinante del imperialismo norteamericano continua garantizándose por cerca de un cuarto de siglo, así como se consigna sin límites su atribución a inmiscuirse militarmente en Panamá después de dicho plazo. El nuevo compromiso a que se llegó difiere por un tiempo relativamente largo exigencias fundamentales del pueblo panameño y prolonga el conflicto de esta nación con los tiburones colonialistas. La contradicción, por tanto, prosigue, y seguramente en forma más aguda, ya que los anhelos libertarios de Panamá se han hecho cada vez más firmes y conscientes y los opresores extranjeros, a su turno, como lo indica la experiencia revolucionaria de la época, no aflojarán la presa voluntariamente. El propio General Torrijos ha reconocido que el nuevo tratado será para su país una “piedra en el zapato”.

Otra consideración que falta por hacer es la de que el convenio requiere aún para su vigencia la aprobación del Senado de los Estados Unidos y de un plebiscito popular en la república hermana. A pesar de que la lucha panameña goza de enorme simpatía entre el pueblo estadinense, los círculos imperialistas han montado una recia campaña, dirigida a intimidar a Latinoamérica y a propalar el falso criterio de que para Washington es un indescriptible sacrificio abandonar el tratado de 1903. Ello supone dificultades en cuanto a la ratificación, máxime cuando se necesita en la mencionada corporación una votación calificada de las dos terceras partes. El futuro inmediato traerá importantes acontecimientos que reflejarán el fondo del asunto. De una cosa si estamos convencidos: Panamá encontrará el camino de su independencia absoluta y sus gritos de combate repercutirán hasta en los más alejados rincones del planeta. Hagamos hoy un breve recuento de la historia del Canal, que configura una de las más infamantes agresiones en nuestro continente.

El Istmo, un bocado apetecido

Durante el siglo XVI, españoles, ingleses y portugueses vieron la conveniencia de acortar la comunicación entre el Océano Atlántico y el Pacifico a través de Panamá, en busca de rutas fáciles para el oro del Perú y las especias del Oriente. No obstante, los primeros estudios científicos del istmo solo fueron realizados a comienzos del siglo XIX por Humboldt. Y para 1850, la cuestión de una vía interoceánica se había convertido para los Estados Unidos en una obsesión, por la cual venían intrigando y buscando el momento oportuno para caer sobre la codiciada victima.

En 1846, los diplomáticos norteamericanos negociaron con la Nueva Granada, de la que formaba parte Panamá, un Tratado General de Amistad, Comercio y Navegación, llamado Mallarino-Bidlack. En él se estipulaban franquicias y privilegios para el gobierno y los ciudadanos estadinenses respecto al tránsito por el Istmo. A cambio, los Estados Unidos “protegerían” los derechos de soberanía y propiedad de la república latinoamericana sobre esa provincia. Al dar en custodia tales derechos, nuestro país no hacia otra cosa que cederlos. Mientras Panamá conformaba el mapa de Colombia, la infantería de marina yanqui efectuó 11 desembarcos, entre 1856 y 1903, con el pretexto de preservar neutral la vía entre los dos océanos.

En 1848, el gobierno colombiano firmó con un grupo de capitalistas norteamericanos el contrato para la construcción de un ferrocarril que uniera las dos costas panameñas. Su artículo 6º. Estipulaba que durante los 9 años de privilegio exclusivo otorgado a aquellos negociantes, las autoridades nacionales no podían hacer por sí otra línea férrea, ni abrir ningún canal marítimo, ni conceder a compañía alguna la facultad de establecerlos. En 1867 se convino un nuevo contrato que preceptuó que las indemnizaciones a que hubiere lugar por parte de la firma que emprendiera la apertura del canal interoceánico a través del Istmo, se repartirían entre la sociedad del ferrocarril y el gobierno de Colombia. Pero la Compañía Universal que inició la obra, burló esta disposición y no retribuyó en nada al país, debido a que se había hecho propietaria en 1861 de la empresa ferroviaria, y con ella del derecho de concesión.

Colateralmente, en 1901, mediante el Tratado Hay-Pauncefote, Inglaterra renunció a sus pretensiones sobre Centroamérica, y los Estados Unidos tuvieron de ese modo el camino libre para adelantar sus propósitos de construir el canal bajo su hegemonía.

Las vicisitudes del proyecto

La “Nueva Compañía del Canal de Panamá”, consorcio francés creado en 1894, se constituyó sobre la bancarrota de la “Compañía Universal del Canal Interoceánico”, y también francesa, que quebró después de haber excavado 60 millones de metros cúbicos de tierra y haber invertido 262 millones de dólares. La “Nueva Compañía” no buscaba construir el canal sino vender a Estados Unidos la concesión que había adquirido y que vencería en 1904. La compañía hizo, en 1901, el ofrecimiento de traspasar sus prerrogativas al gobierno norteamericano, a cambio de 40 millones de dólares.

El 28 de junio de 1902, el presidente Theodore Roosevelt quedó autorizado por el Senado de su país para comprar la concesión y obtener de Colombia, a un precio “adecuado”, una zona de 6 millas de ancho (más de 9 kilómetros) entre las ciudades de Panamá y Colón.

Los gobernantes colombianos tenían que dar su consentimiento para poder hacer efectivo el endoso de los derechos de la compañía francesa. Jhon Hay, secretario de Estado, adelantó las negociaciones. El documento que se puso a estudio del parlamento colombiano es el conocido Tratado Herrán – Hay, que entregaba invaluables privilegios a los Estados Unidos. Como el Congreso hiciera reparos, Roosevelt, agitando su “Gran Garrote”, vocifero: “Esas despreciables criaturillas de Bogotá deben comprender de que modo están comprometiendo su porvenir”. El 17 de marzo de 1903, el Senado norteamericano aprobó el tratado; el 12 de agosto, el Congreso colombiano lo rechazó.

El zarpazo imperialista
Tres meses después de la negativa al tratado Herrán-Hay, empezó la confabulación separatista yanqui del departamento de Panamá. El aventurero francés Phillipe Bunau-Varilla, uno de los principales accionistas de la “Nueva Compañía del Canal”, y el Departamento de Estado de Roosevelt armaron toda la tramoya. Estados Unidos suministró dinero y apoyo militar a la Junta Provisional fantoche de Panamá, y el 3 de noviembre de1903, Bunau –Varilla proclamó la “independencia” del Istmo. El día 6 a vuelta de correo, llegó el reconocimiento norteamericano. El negociante francés fue nombrado representante diplomático ante Washington. Faltaba menos de un año para que pasaran gratuitamente a Colombia todas las concesiones hechas a los constructores del Canal.

El 18 de noviembre se suscribió el tristemente célebre Tratado Hay-Bunau-Varilla o “Convención para la construcción de un Canal Navegable”. Las garantías de este pacto no tienen fronteras: se otorgaron a perpetuidad a los Estados Unidos “el uso, ocupación y control” de una zona de 16 kilómetros de ancho y otras tierras que pudieran ser necesarias para la construcción y conservación del Canal, además de las islas de la Bahía de Panamá; se cedieron todos los derechos, poder y autoridad en la zona, “los cuales poseerán y ejercitarán los Estados Unidos como si fuera soberanos del territorio… con entera exclusión de la República de Panamá”. Los norteamericanos mantendrían el orden público en las ciudades de Panamá y Colón y sus territorios y bahías adyacentes en caso de que, a su juicio, Panamá fuera incapaz de hacerlo.

Ratificado por la Junta de Gobierno títere de Panamá el 3 de diciembre de 1903, y por Estados Unidos en febrero del año siguiente, éste es el tratado cuyas afrentosas condiciones ha tenido que soportar el pueblo panameño durante los últimos 74 años. Desde entonces ha padecido la permanente violación de su soberanía por parte del imperialismo norteamericano, que dividió en dos el país con una faja colonial llamada “Zona del Canal”, en la cual los nacionales han sido extranjeros en su propia tierra.

El 15 de agosto de 1914 se inauguró el Canal. Costó 365 millones de dólares, sin contar los 10 millones pagados a Panamá como “compensación” y la compra de los derechos a la compañía francesa. La vía tiene una longitud de 82 kilómetros de costa a costa. La Zona del Canal ocupa una superficie de 1.657 kilómetros cuadrados, es decir el 2% de la superficie total de la República de Panamá. En la actualidad transitan por el Canal más de 15.000 buques al año. Los amos norteamericanos acantonan allí más de 10.000 soldados en 14 bases militares, avaluadas en 4.000 millones de dólares, y sostienen numerosos centros de entrenamiento contraguerrillero para toda América Latina. Las tropas yanquis superan en número las unidades de la Guardia Nacional panameña. En todo este tiempo los Estados Unidos han sacado del Canal ganancias más que excesivas a sus inversiones, al tiempo que han tratado de acallar la indignación del pueblo del Istmo con aumentos pírricos en las cuotas anuales de compensación.

Denodada resistencia a la agresión
La historia del Canal no se compone sólo de tratados y negociaciones. Los imperialistas han recurrido sistemáticamente a los marines y a los barcos de guerra para perpetuar su dominio. Panamá se separó de Colombia bajo el tutelaje de la armada norteamericana. El 3 de noviembre de 1903, el acorazado Nashville, repleto de soldados, bloqueó la acción del ejército colombiano.

Entre 1906 y 1920, los efectivos militares de la potencia del Norte estacionados en la Zona del Canal, invadieron en cuatro ocasiones el resto del territorio panameño para “supervisar” las elecciones nacionales.

Desde la fundación misma de la República este país de menos de dos millones de habitantes lucha infatigablemente contra la ocupación extranjera del suelo patrio. El 12 de octubre de 1925 los panameños se lanzaron a las calles de la capital para reclamar la abolición del Tratado de 1903, y en la Plaza de Santa Ana entregaron su vida decenas de patriotas ametrallados por la soldadesca agresora. En 1947 se repitieron las protestas, y en 1958 y 1959 gigantescas manifestaciones estremecieron el país de un extremo a otro.

El 9 de enero de 1964, en Ciudad de Panamá, estudiantes y trabajadores irrumpieron en las posesiones estadinenses e izaron la bandera nacional en pleno corazón del ominoso enclave colonial. El ejército norteamericano abrió fuego contra los manifestantes asesinando a varios de ellos. El pueblo enfurecido se tomó las calles y en violentos combates expresó su repudio a la opresión imperialista. Fueron tres días de sangre y muerte en que perecieron 21 panameños y más de 500 quedaron heridos.

Ferdin Jaen, caído en 1925, Sebastián Tapia, en 1947, y Asacanio Arosemena, en 1964, son sólo algunos de los valerosos luchadores por la independencia de su país, a los cuales rinde homenaje emocionado el pueblo hermano en todas sus batallas.

Panamá cuenta con el respaldo incondicional de los pueblos de América Latina y el mundo entero en sus justas reclamaciones. El pueblo colombiano y el MOIR han apoyado también al pueblo panameño y a su gobierno en la lucha por su emancipación completa, plena soberanía, cabal autodeterminación e integridad territorial, así como por la neutralidad y desmilitarización del Canal.

El nuevo Tratado
A raíz de los sangrientos hechos de 1964, los gobiernos de Estados Unidos y Panamá acordaron concertar un nuevo pacto que considerara las cláusulas lesivas del tratado Hay-Bunau-Varilla.

En 1973, luego de varias rupturas de las negociaciones y cuando aún no se habían logrado mínimos acuerdos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en Panamá, y todos sus miembros, a excepción de los Estados Unidos, coincidieron en la urgencia de abrogar el convenio de 1903 y sus enmiendas; celebrar uno totalmente nuevo; respetar la soberanía panameña en todo su territorio; acabar con la Zona del Canal como área de jurisdicción norteamericana y restituírsela a Panamá, dejando a su arbitrio la exclusiva responsabilidad por el eficiente funcionamiento de la vía interoceánica.

Desde aquella reunión han transcurrido cuatro años. A principios de agosto, durante el encuentro de los seis mandatarios en Bogotá, se supo que la fórmula de ajuste estaba prácticamente lista. El articulado no ha sido dado todavía a la publicidad, como dijimos atrás, y las observaciones esbozadas en esta crónica solo se basan en los adelantos hechos por las fuentes panameñas y norteamericanas. Mientras tengamos la oportunidad de conocer el documento definitivo, que duró 13 años elaborándose, queremos reiterar lo que sostuvimos hace cerca de dos años: “Ni con el alegato de la protección de su seguridad, ni bajo ningún titulo legítimo, al imperialismo norteamericano le está permitido reclamar su intervención en Panamá o en cualquier otro país del globo. Únicamente en el código de la piratería internacional se registra ese inaudito derecho a trasladar tropas, levantar bases militares y mantener jurisdicción en tierras ajenas como lo hace el gobierno de Washington en los cinco continentes. Es la seguridad de Panamá la que ha estado permanentemente amenazada con la presencia del ejército norteamericano. El pueblo panameño lo que exige es soberanía plena en cada palmo de su geografía. El Canal se halla dentro de sus fronteras y al pueblo panameño y a su gobierno les corresponde por consiguiente su indiscutible control”.

El 15 de julio, luego de dos meses y medio de encarcelamiento, quedó en libertad el dirigente regional del MOIR en Tunja, Edilberto Lagos.

El 30 de abril, los activistas y militantes de las diferentes organizaciones de izquierda, se encontraban desarrollando las tareas previas a la celebración del 1º. de Mayo unitario en la ciudad. A pesar de que poseían el permiso correspondiente, violentas turbas policiales atacaron el vehículo en que se movilizaban. El estudiante José Bacilio Ávila Navarro, militantes de la Juventud Comunista y el compañero Lagos, fueron detenidos y trasladados furtivamente a Bogotá, a cumplir 30 y 120 días de prisión respectivamente.

Cuando Edilberto Lagos había cumplido 65 días en la cárcel, el gobierno se vio precisado a dejarlo en libertad, ante la presión de obreros y estudiantes. El movimiento popular de la ciudad de Tunja demostró una vez más al régimen despótico y hambreador, que sólo se le arrancan conquistas por medio de la lucha unitaria y decidida de todos los sectores democráticos.

“Todos en esta casa estamos cortados por la misma tijera. Y hoy como ayer soy partidaria de las ideas de mis hijos”, dice Marina de Vera, sin temblarle la voz, al recordar a su hija y mientras las lágrimas ruedan por sus mejillas. Hace dos años, el 13 de junio de 1975, en el breve intervalo de unos pocos minutos, caían asesinados en La Dorada, Ruth Vera, maestra de primaria, y Alfonso Llanos, estudiante de bachillerato.

Dos días atrás, el 11 de junio al amanecer, 1.209 familias sin techo, con sus pocos enseres a cuestas, invaden un lote, propiedad de los Camacho Roldán.

El alcalde ordena el desalojo y hace detener a varios dirigentes populares, entre quienes se encuentra Gustavo Vélez, concejal del MOIR, mientras la policía desplaza a culatazos a los invasores y quema sus improvisadas viviendas. A partir de ese momento y por espacio de más de diez días, el Puerto entero iba a vivir en permanente movilización. Las manifestaciones se suceden una tras otra frente a la Alcaldía y la casa del mandatario local. Por las calles solo se oyen las consignas de los estudiantes, pescadores, maestros y trabajadores, que reclaman la libertad para los detenidos y viviendas para los invasores. Gustavo Vélez, desde prisión, anima a los combatientes callejeros.

La policía es reforzada con unidades enviadas desde la base aérea de Palanquero, pero ya el pueblo pide la destitución del alcalde y sus funcionarios y denuncia por sus múltiples crímenes y atropellos al gamonal y cacique de La Dorada, el tristemente célebre senador Víctor Renán Barco.

El 13 de junio, Ruth Vera protesta desde la puerta de su casa en la Avenida al Ferrocarril, en compañía de otras vecinas, por la agresión de que es víctima un estudiante a manos de un oficial de la base aérea. La repuesta del militar a los gritos airados de las mujeres es el revólver. Ruth se desploma sin vida dentro de su propia casa ante los ojos aterrorizados de sus hijas de tres y dos años.

Extrovertida y alegre, ella tenía ganado desde tiempo atrás el cariño y el aprecio de sus alumnas y de sus compañeras de trabajo. Entusiasta activista, a sus 24 años ya se había destacado como una ardorosa combatiente en las filas del sindicato.

Unos minutos después de su muerte y a pocas cuadras de allí, una bala segaba la vida de Alfonso Llanos. Sus padres – un pescador “independiente porque nunca me ha gustado trabajar para los demás”, y una sencilla mujer que cuida de la casa – lo recuerdan como un muchacho voluntarioso que pasó su vida indignado por las condiciones de explotación en que se encuentra el pueblo y las vejaciones a que es sometido, y que durante la invasión siempre estuvo al frente del centenar de destechados, ayudándolos en todo cuanto estaba a su alcance.

Militante de la Juventud Patriótica y miembro del consejo estudiantil del Instituto de La Dorada, Alfonso se caracterizó por su modestia y su firme espíritu revolucionario. Su ferviente fidelidad a la causa lo llevó a estar siempre en la primera línea luchando por los derechos de sus compañeros y de los sectores más necesitados del Puerto.

El domingo 16, el pueblo se volcó a las calles para acompañar hasta el cementerio a sus mártires y rendir con su presencia un tributo a su sacrificio. El sacerdote José Domínguez terminó su oración fúnebre resumiendo el sentir de todos los presentes: “Y sigamos reclamando la tierra, la vivienda, el alimento, el vestido, la educación para todos, tozudamente, tercamente, permanentemente”.

El salón donde Ruth enseñaba, en la Escuela Santander, lleva su nombre como homenaje póstumo que las alumnas rinden a su ejemplo imborrable. Y desde el pasado 13 de junio, la Avenida de los Estudiantes, donde cayera muerto Alfonso, empezó a llamarse Avenida Alfonso Llanos.

A las cinco de la tarde se instaló, en ese día, una placa en la carrera 6 con calle 5, al frente del Instituto Nacional La Dorada. “Honremos la memoria de Ruth Vera Martínez educadora doradense y de Alfonso Llanos P. militante de la JUPA, asesinados por las balas del mandato lopista el 13 de junio de 1975”, dice la placa.

Finalizada la colocación de la placa y las intervenciones de Mario Vera, hermano de Ruth, y Armando Ávila, fiscal del Sindicato de Educadores de Caldas, se realizó una marcha por las principales vías de la ciudad y una concentración en la Plaza Santander. Hablaron Mario Vera, Héctor Fajardo de Fecode, Manuel González, estudiante de la Universidad Nacional y Gustavo Vélez.

El concejal del MOIR hizo un llamado a luchar contra los explotadores y opresores que mantienen subyugada a la nación colombiana y liberar el país de la égida del imperialismo yanqui.

Por su abnegación y espíritu de lucha, por su desidia y sencillez, Ruth Vera y Alfonso Llanos entran a formar parte de la galería de precursores de la revolución y debido a su sacrificio se han convertido en héroes y tienen su lugar reservado en la memoria del pueblo. Allí donde sólo tienen cabida los revolucionarios íntegros y sin tacha.

Entre el 11 y el 20 de agosto se llevó a cabo la primera parte de la gira nacional del candidato presidencial del Frente por la Unidad del Pueblo, Jaime Piedrahita Cardona, en los departamentos de Cauca y Nariño, y Palmira en el Valle. El senador y dirigente anapista fue recibido con fervor revolucionarios por las masas populares de todos los municipios que visitó y en los que presidió nutridas manifestaciones.

Jaime Piedrahita estuvo acompañado en su recorrido por el Director Nacional de ANAPO, José Jaramillo Giraldo y su esposa Solita de Jaramillo; Avelino Niño y Jorge Rodríguez, dirigentes nacionales de los Comités Democráticos Populares Revolucionarios (CDPR), y Carlos Bula Camacho y Marcelo Torres, dirigentes nacionales del MOIR.

En sus discursos, Jaime Piedrahita insistió en que “nos hemos comprometido a luchar sin descanso contra los imperialistas yanquis y contra la oligarquía vendepatria de nuestra nación, y nada ni nadie nos hará desistir de este empeño libertario”.

En el Cauca
El 11 de agosto, en Puerto Tejada, Piedrahita, Jaramillo, Niño y Bula intervinieron en una concurrida manifestación en el parque principal. Además hizo uso de la palabra el dirigente de la región, Evaristo Albán y numerosos militantes de ANAPO saludaron emocionados a su máximo líder, José Jaramillo Giraldo.

El 12, los dirigentes del Frente, el concejal de Popayán Álvaro Pío Valencia, y el concejal de ANAPO Luis Carlos Olano, presidieron en esa ciudad una concentración de más de 2.000 personas.

En medio de total militarización se llevaron a cabo los actos del Frente en El Bordo y Mercaderes, el 13 y el 14 de agosto. Acompañaron a la comitiva los dirigentes del MOIR en El Bordo y Mercaderes, Hernán Rodríguez y José Gamboa.

En Nariño
El 15 de agosto, más de 1.500 personas se congregaron en la plaza principal de Tumaco para escuchar a Jaime Piedrahita, Avelino Niño, Marcelo Torres y Guillermo Zúñiga, del MOIR y Guillermo García, secretario de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales.

El 17 en Ipiales y el 18 en Túquerres y Samaniego, se efectuaron los actos del Frente. Con la comitiva nacional estuvieron Guillermo Puyana, dirigente de ANAPO, Julio Martínez, concejal anapista de Ipiales, Heraldo Remero, concejal del MOIR en Pasto e Ipiales, y los compañeros Segundo Eliécer Bacca y Luis Felipe López.

El 19 de agosto, la Plazuela de la catedral en Pasto se vio Colmada con más de 3.000 personas que aclamaron a Jaime Piedrahita Cardona y sus acompañantes.

Por las polvorientas y calurosas calles de Tuluá, se ve a una menuda muchacha hacer enormes esfuerzos para mover su silla de ruedas. Es Zeneyda Guayara, militante de la Juventud Patriótica, que va a una reunión política con sus compañeros, que habla con algunos amigos de la dura brega del pueblo en su lucha por organizarse, que sale a vender TRIBUNA ROJA. Ella no ha permitido que la excluyan de nada: “Mis ideas así me lo exigen. No veo por qué debo alejarme de todo si, por el contrario, dice impulsándose con sus vigorosas manos –esta silla puede acercarme”.

Todo empezó el 19 de enero del año pasado.

Zeneyda marchaba con sus compañeros del Gimnasio del Pacífico a la cabeza de una manifestación. Más de doscientos estudiantes protestaban por la destitución de uno de sus profesores y brindaban su solidaridad a los trabajadores azucareros de Riopaila que se encontraban en huelga.

En el Liceo Julia Restrepo, se unió a ellos otro grupo de alumnos de los colegios oficiales. Y allí se encontraron con la policía que arremetió contra la manifestación con el propósito de disolverla. “Un poco más tarde -cuenta Zeneyda– estábamos como quince estudiantes en una esquina cuando de pronto apareció una volqueta cargada de policías. Al vernos, se bajaron echando bala y lanzando gases. Nosotros nos defendimos a piedra. De un momento a otro yo me caí y cuando quise pararme me di cuenta que no sentía nada en las piernas y que no podía moverlas. Pero no pensé que fuera nada grave”. Una bala le había perforado la medula espinal dejándola paralizada de la cintura para abajo.

Víctima de un gobierno que no ha tenido reparo alguno en sumir al pueblo en la más espantosa miseria mientras atiborra a manos llenas sus propios bolsillos, Zeneyda se ha ganado el apoyo de la gente humilde por su abnegación y espíritu de lucha. Sus compañeros de colegio la ayudaron para que pudiera terminar sus estudios y graduarse en compañía de todos ellos, la población de la zona ha creado un fondo para su rehabilitación y el pueblo tulueño vive pendiente de sus necesidades.

Ni los noventa días que pasó en el Hospital Departamental de Cali, luchando contra una lesión insuperable, ni después de la ineludible realidad de una parálisis que ya no la abandonará jamás, ni la inminencia de las recias batallas que le esperan frente a un enemigo sin escrúpulos, han podido menguar la enhiesta actitud de esta fogonera de la revolución, digna representante de las mujeres de Colombia.. Ella misma comenta: “Lo importante es mantenernos firmes y no ceder ante el halago o la amenaza”.

A los diecinueve años, Zeneyda, respetada y querida por todos sus compañeros, se ha convertido en símbolo vivo de una juventud que batalla noche a día por sus derechos y los de su pueblo, de una juventud que no se amedrenta y que está dispuesta a superar todas las dificultades para obtener la victoria.

Ella es un ejemplo para todos los estudiantes, para todos los desposeídos: “Todavía hay muchas cosas -dice- que yo puedo hacer por el Partido y la revolución”.

Desde todos los rincones del país llegan constantemente denuncias de la violencia enfilada por el gobierno de López contra las masas del campo. La fuerza pública y matones contratados por los terratenientes vienen cometiendo atropellos sin nombre para despojar a los campesinos de las tierras que representan su sustento. Los siguientes son algunos de estos crímenes.

Masacre en Urabá
En Urabá, Antioquia, tropas adscritas al Batallón Voltígeros han desatado en el último mes una encarnizada persecución contra los habitantes de la vereda de Mulatos. Según informes que poseemos hasta ahora asciende a cuatro el número de campesinos muertos por los soldados. La matanza comenzó el 8 de julio. Ese día se efectuó el levantamiento del cadáver de Samuel Antonio Tuberquia, de 21 años de edad, que presentaba varios impactos de fusil. Posteriormente aparecieron los cuerpos de Luciano Graciano, hijo del presidente de la junta de acción comunal de Mulatos; Oscar García, labriego de 26 años, y Rubén Darío Giraldo de 36.

En esa misma semana, una comisión de parlamentarios de oposición integrada por Rafael Giraldo, de la ANAPO de María Eugenia, Hernando Hurtado del Partido Comunista y Jaime Jaramillo Panesso, del Frente por la Unidad del Pueblo, se entrevistó con las autoridades militares, ante las cuales se expuso la dramática situación de los habitantes de la región. Los altos mandos castrenses dijeron a la comisión que los cuatro campesinos fueron muertos mientras estaban detenidos “porque intentaron huir”. Vale decir, que se les aplicó la llamada “ley de fuga”.

El terror militar instaurado en Mulatos ha llevado a la población a refugiarse en los municipios vecinos. A sólo Apartadó ha llegado un centenar de mujeres y niños. El jueves 14 de julio, un desfile popular que concluyó frente a la Alcaldía municipal exigió el inmediato retiro de la tropa con el fin de permitir el regreso de los pobladores a Mulatos.

Denuncias de la OCIDEC
Ocho trabajadores de Pore, Casanare, fueron detenidos el 20 de marzo por soldados del Grupo Guías. Los detenidos, entre ellos un menor, fueron torturados en la sede del ejército en Yopal, donde se les inyectó gasolina en los oídos. Cuatro días más tarde, fue descubierto el cuerpo sin vida del colono Juan González, nueva víctima de la estrategia de los terratenientes, según la cual, con el pretexto de combatir el abigeato, se impide a los campesinos cazar y pescar, actividades esenciales para su subsistencia.
La Organización Campesina Intendencial del Casanare (OCIDEC), ha denunciado estos y otros atropellos innumerables, por lo cual sus dirigentes y miembros han sido encarcelados repetidas veces.

El corregimiento de Villanueva, Casanare, es conocido por su proximidad a la hacienda de la familia presidencial “La Libertad”. Allí, en el sitio de El Jilgar, 50 uniformados arremetieron a golpes de culata el 21 de junio contra los moradores de 27 predios rurales. La ANUC de Villanueva denunció la quema de viviendas y destrucción de cultivos perpetrados por la policía, así como la detención de 37 personas, entre las que se encontraban 8 niños de tres meses y siete años de edad. El colono José Pulido señaló el fondo del asunto: “Llevo 38 años de estar aquí y solo ahora que hicieron la carretera aparecieron con escrituras falsas unos supuestos dueños de haciendas que van desde Miraflores hasta bien adentro del Meta”. En el Jilgar, los campesinos han hecho caso omiso de esta ofensiva latifundista y han vuelto a levantar sus casas y a laborar en sus parcelas.

Tropelías en Sucre
En la vereda de El Bajo de la Alegría, municipio de Sanpedro, Sucre, un destacamento de la policía allanó el pasado 7 de abril los predios de 50 familias, cometiendo numerosos actos de brutalidad contra los colonos y llevándose a varios a la cárcel. Al día siguiente, los uniformados culminaron sus atropellos quemando las viviendas de los campesinos.

En el mismo municipio fueron destruidas las casas de tres humildes jornaleros en el corregimiento de Oro Blanco y Santa Mónica, el 29 de julio, por una banda criminal de agentes de la policía al mando del alcalde. Posteriormente, 50 familias campesinas que llevan más de 4 años trabajando en la vereda El Copey, fueron hostigadas brutalmente por una pandilla de pájaros al servicio de los terratenientes. Desde 1973, estos compañeros han tenido que enfrentarse 52 veces con la policía o con los pájaros que pretenden desalojarlos de la tierra. Les han tumbado las cercas, les han secado el agua de los pozos, les han incendiado las cosechas. Pero en cada ocasión los agresores se han visto obligados a retroceder ante la resistencia organizada de los agricultores de El Copey, que han sabido combatir valerosamente a los latifundistas y al gobierno, y que han dado ejemplo de lucha y decisión a todos los campesinos de Colombia.

El 15 de mayo en Sabanalarga, municipio de Sampués, Sucre, la policía abrió fuego contra los habitantes de una vieja invasión, hiriendo a cuatro miembros de una familia, incluidos dos menores. La población rechazó enérgicamente los desmanes de los agentes. Después de estos hechos, patrullas reunidas en las haciendas de los latifundistas, salieron a requisar casa por casa, golpeando a los moradores y robando sus ahorros y enseres.

Seis meses detenidos
El 17 de febrero, en Ariguaní, la policía detuvo a los colonos Miguel y Alfredo Arias, Emiro Magno Ospino y Filiberto Peña, de la vereda La Elvira. Estos compañeros llevan seis meses detenidos bajo cargos ridículos como el de tala ilegal de bosques, por recoger leña para el hogar.

Desde el inicio de la década, toda esta región que incluye a los municipios de El Difícil y Plato, ha sido escenario de continuas luchas campesinas contra los grandes señores de la tierra, quienes de la mano de las autoridades pretenden impedir a sangre y fuego que los labriegos cultiven sus parcelas. Los pobladores de La Elvira, que se han obstinado en hacer respetar su derecho a explotar los terrenos, se han concentrado para defenderse mejor en el caserío Antonio Gamero, fundado en honor de un colono muerto el 24 de abril de 1976 por los latifundistas.

Atentados contra la educación
En el municipio de San Martín de Loba, vereda La Azul, en el sur de Bolívar, los campesinos organizados construyeron por sus propios medios, durante 1976, una escuela ante la falta de colaboración del gobierno. Pero los terratenientes han desatado una feroz persecución contra maestros, estudiantes y padres de familias. El 25 de marzo fueron detenidos el profesor Gustavo Yepes y cuatro alumnos. El teniente que comandaba la operación los amenazó de muerte, buscando impedir la labor educativa de la organización campesina. En efecto, en la noche del 7 de mayo fue atacada la escuela de La Azul por una banda armada que hirió con disparos de escopeta al estudiante Alberto Paredes.

Otras iniquidades
El 15 de febrero en Salgar, Antioquia, elementos a órdenes de los terratenientes cegaron la vida del trabajador Jesús María Herrera, miembro del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de ese municipio. Con anterioridad, se registraron atentados contra el secretario del sindicato y varios de los afiliados, dentro de la estrategia de acabar con esta joven organización de menos de un año de existencia. Miembros y dirigentes del sindicato han manifestado que a pesar de la amenaza contra sus vidas, los despidos y las presiones de las autoridades, defenderán a cualquier costo su organización.

En El Hatillo, municipio de Barbosa, Antioquia, los terratenientes, apoyados por el alcalde y el inspector de la localidad, organizaron una banda de sicarios para desalojar a más de 170 campesinos que viven y trabajan desde hace cuatro años en la finca. El martes 26 de julio, hirieron de gravedad al compañero Jesús Octavio Pérez, incendiaron más de 25 hectáreas de caña para panela, destruyeron 37.000 matas de tomate, arrasaron con 20.000 repollos y perpetraron toda clase de atropellos contra los agricultores. Es la “vocación agrícola” del Mandato Claro.

En todas partes, las masas rurales oponen una tenaz resistencia a la dictadura lopista. Las vejaciones y arbitrariedades del régimen no harán más que fortalecer la decisión de los pobres del campo de luchar para conquistar su derecho a explotar la tierra en libertad y paz.

Abriendo trochas a través de las cordilleras, tumbando monte y sembrando las vertientes más empinadas, el pueblo construyó las zonas cafeteras de 16 departamentos, y desde hace siglo y medio planta, abona y desyerba los cafetos, recoge y beneficia el grano. Hacia 1830 Colombia empezó a exportar café y al final del siglo XIX, cuando hicieron crisis el tabaco, el añil y la quina, hasta entonces productos básicos de su comercio exterior, las laderas de Los Andes se cubrieron de cafetales que, gracias al empeño de miles de labriegos, climas propicios y abundantes tierras aptas, produjeron frutos de óptima calidad en cantidades crecientes. Al iniciarse el siglo XX cae Colombia en garras del capital monopolista norteamericano y la economía nacional empieza a depender de los precios inestables del café, manipulados por los grandes pulpos compradores en la Bolsa de New York. Ya en 1919 la rubiácea constituyó el 68% de las exportaciones colombianas y desde 1942 no ha bajado sino esporádicamente del 50%. A lo largo de este siglo, en la medida en que se elevan sus precios y aumenta su consumo, los monopolios imperialistas acaparan progresivamente este producto del trabajo popular, mediante unos cuantos terratenientes e intermediarios organizados en Federación Nacional de Cafeteros y un pequeño grupo de grandes firmas exportadoras.

“Boleando azadón y esperando a ver si mañana …”

Al constituirse el café en nuestro producto principal, campesinos de toda la Región Andina acometieron, a golpe de hacha y machete, el desmonte de las vertientes de las tres cordilleras. Miles de familias antioqueñas colonizaron selvas, abrieron caminos y fundaron ciudades en las tierras baldías que hoy ocupan los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, y en ellas conformaron la zona cafetera más importantes de Colombia.

De la compleja serie de ocupaciones que genera el cultivo, la más dura es la del jornalero, quien desempeña con sus manos todas las labores que requiere el cafeto. En épocas de cosecha, hombres procedentes de todo el país se concentran en las galerías de pueblos y ciudades cafeteras, a donde el domingo irá a buscarlos principalmente el contratista de las grandes haciendas, pero también el propietario de la pequeña finca, que alcanza a responder por la mísera paga. Durmiendo en el suelo de los galpones, a veces sobre los mismos costales que les dan para empacar el grano, alimentándose con agua de panela y sancocho de plátano que les descuentan del jornal y trabajando “de seis a seis con media hora para almorzar”, pasan su vida desde la edad en que ya pueden arrancar las pepas rojas del arbusto. Toda la familia ha de ganarse el pan: mujeres, viejos, muchachos de 12 años que no han hecho nada diferente desde que el cafetal da la comida de sus padres. Así pasa el tiempo, “boleando azadón y esperando a ver si mañana…”, como lo expresaba un labriego de Calarcá.

Les pagan a destajo y de la intensidad con que trabajan en el día depende que puedan o no prolongar su precaria existencia. Al final de la tarde entregan en el beneficiadero el café recogido y después de varias horas de cola, que los retienen a veces hasta media noche, les van anotando lo recolectado. A través de los años, cosecha tras cosecha, los trabajadores se organizan y condicionan la cogida del grano a un alza de salarios, desafiando intervenciones del ejército, amenazas y coacciones de toda clase. Sólo así han logrado incrementar sus menguados ingresos. Para la cosecha de 1974, los jornaleros de Gigante, Huila, paralizaron la recolección hasta conseguir un aumento de $13 a $14 por arroba, y en febrero de 1977, de $14 a $18. En 1973, en Chinchiná y Manizales, entraron en paro, realizaron concentraciones en las galerías y mítines en los cafetales. A pesar de que los dirigentes de la huelga fueron encarcelados y la región fue totalmente militarizada, consiguieron que de $1.50 se aumentara el kilo a $2.

Por otra parte, el cuidado de las fincas pequeñas, o de los tajos de café en las grandes haciendas está a cargo de agregados y alimentadores, campesinos sin tierra que, por una remuneración semejante a la del jornalero, deben responder por los cultivos, las cosechas, la contratación y alimentación de los trabajadores. A cambio de sus enormes responsabilidades, disfrutan de una humilde vivienda en la finca. Su contrato es generalmente verbal y con suerte logran permanecer más de un año en un mismo sitio. A veces cuidan una finca por 20 años, al cabo de los cuales salen sin un centavo.

“Plan Cosecha”
A causa de la frecuencia y combatividad de estas protestas, el ejército ha convertido las áreas cafeteras en verdaderas zonas de guerra. En las poblaciones y veredas de alta producción hay retenes e incluso batallones enteros que controlan estrictamente la entrada y salida de gente, como sucede en Pueblotapado y Quebradanegra, Quindío. Se requisa al campesino que transita por los caminos, se le exige autorización escrita de un propietario para llevar de un lugar a otro cualquier fruto de la tierra, se espía al trabajador durante sus labores, se detiene a los que en alguna forma manifiestan su inconformidad.

Y desde el movimiento de los andariegos en Chinchiná, en 1973, cada año se lanza en Caldas el flamante “Plan Cosecha”, “gigantesco operativo” del ejército, la policía, el DAS y el F-2 en coordinación con el Comité Departamental de Cafeteros, consistente en que, a diario, “personal de los 3 cuerpos de seguridad hace guardia a pie, a caballo, en automóvil, por rastrojos, puentes, cruces de caminos por donde el campesino recolector del grano tiene que transitar”. (La Patria, agosto 27/76). Es decir, que mientras más intensamente trabaja y produce más, el jornalero es tratado peor que un delincuente por las autoridades. Millones de kilos de café parten entonces de los cultivos, se venden en New York a más de $200 cada uno, pero al que lo recoge le pagan máximo $3, y la miseria en la zona, lejos de disminuir, se agudiza en tales épocas. Proliferan los enfermos, los que se arriendan a cambio de la comida y un rincón para dormir, los que proceden de regiones distantes y después de meses de trabajo no tienen ni para el pasaje de regreso. Se cierran las escuelas para disponer del trabajo infantil y se obliga a los presos a participar en la faena. He ahí la dura y dolora situación de los verdaderos forjadores de la riqueza cafetera que tanto enorgullece y engorda a la oligarquía colombiana.

“Como corcho en remolino”
De las 314.158 fincas de la región cafetera, que según el censo de 1970 se registraron en Colombia, 218.408 son menores de 10 hectáreas y 43.228 entre 10 y 20. Cultivos mayores de 100 sólo existen 247. De tal manera, el 84% de las plantaciones son pequeñas y medianas. En ellas abundan despulpadoras rudimentarias. Allí el café seco se amontona y vierte a mano en los costales, los acueductos son insuficientes y muchas veces los productores se ven obligados a lavar la cosecha en las quebradas. Tanto para el que extiende sus puchos de café a la vera del camino, como para el que cuenta con casillas y elbas, el secado es lento y depende del sol. Puesto que una vez arrancado del palo el café no da espera, todas estas limitaciones acarrean pérdidas al minifundista sin recursos para instalar silos o guardiolas que sequen artificialmente el grano. “Aquí tuvimos una cosecha en que se perdía el café en la mata – nos explicaba un cultivador de Calarcá – y fue necesario dejar arrumes en los potreros porque se coparon los secadores y no había a donde llevarlo. Y si queda mal ‘beneficiado’, porque no hubo modo, entonces vienen los descuentos en la compra”.

Tanto el minifundista de media hectárea que vende por kilos el café que va recogiendo y jornalea parte del año, como el pequeño propietario que carece de recursos para trabajar su tierra y tiene que hacer compañía con un administrador, repartiendo con él por mitad lo que deje la cosecha, y hasta el agricultor de 15 ó 20 hectáreas que contrata 10 ó más recolectores y dispone de un beneficiadero relativamente completo, todos están sometidos por igual a la feroz explotación de la usura institucionalizada en la Caja Agraria, el Banco Cafetero y las Cooperativas de Caficultores, entidades controladas por la Federación. Así mismo, todos se identifican en que de la tan cacareada “bonanza de los cafeteros”, no les queda nada y, si mucho, algunos sólo lograron salir de deudas. Se alistan entonces para un nuevo préstamo, porque para la mayoría de productores de café “la cosecha es para pagar y la peladez para endeudarse”.

Muchos de los campesinos que en las zonas cafeteras están en poder de la Caja Agraria terminan perdiendo sus tierras. Todo lo que ganan se les va en cancelar intereses, y con frecuencia se alcanzan y, para evitar el embargo, venden por lo que quieran darles. Y de remate, la mayoría de los caficultores se hallan permanentemente empeñados a los intermediarios de los grandes explotadores, quienes les suministran dinero para cubrir desde los jornales hasta el mercado para la familia, a cambio de mantenerles pignorada toda la producción. “Somos como corcho en remolino, que cuando parece que va a coger la corriente, vuelve a quedar en el mismo sitio”, nos decía un caficultor.

Es antes que nadie el campesino, que sufre en carne propia los efectos del atraso que caracteriza el cultivo del café en Colombia, quien siente las necesidades de tecnificar la producción mediante la siembra de variedades que permitan una mejor utilización del suelo y rindan mayores cosechas, y de introducir la mecanización en el procesamiento del grano. Pero la usura gubernamental y los altos precios del abono impuesto por la Federación, mantienen el proceso productivo atrasado y estancado.

Grandes exportadores, grandes vendepatria
En 1976, el 79% de nuestro café lo exportaron entidades diferentes a la Federación, de las cuales 4 firmas familiares vendieron mucho más de la mitad y el resto se lo repartieron 30 empresas.

Asociados con tostadoras norteamericanas y financiados por estás, los grandes exportadores entregan a los monopolios extranjeros gran parte de las ganancias que produce el café y que le pertenece legítimamente a nuestro pueblo. Las sociedades multimillonarias poseen inmensos depósitos, trilladoras, flotas de tractomulas y talleres de mantenimiento. Especulan a través de miles de intermediarios localizados hasta en los más remotos rincones de las zonas cafeteras; se comunican por télex con sus agentes en New York, lo que les permite imponer precios al agencista y al productor; acaparan en espera de alzas, y cuentan con todas las seguridades para el transporte. Han salido favorecidas con todas las medidas de López. Se han quedado con el Titulo de Ahorro Cafetero, TAC, y continúan dominando hegemónicamente el mercado interno. Por todas estas circunstancias, son las únicas capacitadas para realizar ese 30% que, según Arturo Gómez Jaramillo, alcanzó el contrabando de café durante 1976.

El monto total de la producción de café destinada a las exportaciones, incluyendo el contrabando y la reserva que para fines de comercio internacional almacena el Fondo Nacional del Café, ascendió en 1976 a un valor de 62.000 millones de pesos colombianos. De esta suma, los grandes traficantes privados se las arreglaron, con la ayuda desde luego del gobierno, para apropiarse como ganancia neta 11.500 millones de pesos. Ya se dijo que cuatro familias controlan cerca de dos terceras partes de las ventas, quedando tan jugosa entrada en manos de un puñado de potentados que además tienen el monopolio de la trilla y el transporte del grano. El Fondo Nacional del Café, bajo el control de la Federación Nacional de Cafeteros, obtuvo por concepto de retención (64 kilos de cada cien enviados al exterior de vendedores particulares), por impuesto ad-valorem y por sus propias exportaciones 22.000 millones de pesos. Al gobierno le correspondieron sólo 5.000 millones de pesos, en impuestos. Y a los productores llegaron 23.500 millones de pesos, con la diferencia de que las primeras cifras se contabilizaban como utilidades y a esta última tendrán que descontársele todos los costos de la producción. En resumen, el sector privado, o sea unos pocos exportadores y el Fondo, manejado por ellos mismos, se embolsillaron el 54% de los ingresos de la producción cafetera con destino al consumo externo, mientras los cientos de miles de productores apenas recibieron el 38% y el gobierno el 8%.

La mayoría de los productores no puede almacenar sino que a medida que lo va recogiendo se apresura a deshacerse de su café y “a como le estén pagando”, para cancelar deudas en el granero, atender algunas necesidades de la semana y llevar la remesa a la familia; es, por tanto, víctima de los altibajos del precio del grano, sin defensa en las caídas ni pago justo en las alzas.

La parte del león
El pequeño agencista o comprador también trabaja con dinero prestado que le suministran los pulpos exportadores, con la condición de que se les lleve todo el café que consigna en la región. Financiando a su vez a los pequeños y medianos agricultores bajo el compromiso de que le vendan la cosecha, el agencista adquiere toda la producción posible en municipios, veredas y corregimientos donde hay muchos como él. En Belén de Umbría, por ejemplo, hay más de 25 compras. Como el productor, el pequeño comprador está sujeto a las oscilaciones del precio y a la codicia del exportador, que le descuenta arbitrariamente si juzga de mala calidad el grano, o bien espera a que los precios desciendan para hacer la liquidación. Ganándose un promedio de $20 por arroba, asume todos los riesgos hasta traspasar a la firma comercializadora lo cosechado en miles de distantes veredas. De ahí, de la puerta del exportador para adelante, comienza el gran negocio.

A excepción de la producción de Café Liofilizado de Chinchiná, cuya distribución le entregó la Federación a la firma Tenco, filial de Coca Cola, todo el café colombiano se exporta apenas trillado. Los inmensos monopolios imperialistas como la Nestlé, la General Foods y la Folger Cofee de la Procter and Gamble, negocian con nuestro principal producto, realizando ganancias astronómicas. En períodos de alza, sacan al mercado el grano comprado barato y lo venden al consumidor por precios exorbitantes, como está sucediendo en EE.UU., donde se ha llegado a pagar más de 4 dólares por libra de café molido. Y en épocas de superproducción y depreciación gozan de las bonificaciones y descuentos que les otorga el gobierno de Colombia. Ellos, que se quedan con la parte del león, industrializan y comercializan el grano en todo el mundo, y son sus voceros los que deciden precios, cuotas y condiciones que nuestros gobernantes se precipitan a aceptar. Ante esta situación indignante, no queda sino la unión de los productores contra los representantes de los monopolios, tal como lo han logrado los países productores de petróleo con la OPEP, importante experiencia del Tercer Mundo.

La Federación de Cafeteros
En 1927, un grupo de terratenientes e intermediarios fundó la Federación Nacional de Cafeteros, que ha contado desde entonces con el apoyo irrestricto de todos los regímenes, empezando por el de Abadía Méndez, quien creó un impuesto destinado a financiarla. Su ascenso fue vertiginoso; ya en 1930 disponía de varias oficinas internacionales, el primer almacén de depósito, base del gigantesco emporio de Almacafé, granjas experimentales, un aparato organizativo nacional, y, por iniciativa de su presidente de aquella época, Mariano Ospina Pérez, de la Caja Agraria, entidad de crédito a su servicio. En 1940, el Estado, con la creación del Fondo Nacional del Café, le entregó el manejo de un alto porcentaje de sus ingresos fiscales y el control de la política cafetera exterior. Goza, pues, para sus maniobras, de la ambigüedad de ser una entidad gremial de derecho privado que maneja cuantiosas sumas de dinero público. Con ellas creó en 1946 la Flota Mercante Grancolombiana. Actualmente ejerce dominio sobre el Banco Cafetero, Almadelco, Café Liofilizado, Banco Cafetero de Panamá, Concasa, Café Colombia-Argentina, y posee grandes inversiones en la Caja de Crédito Agrario, Ibero American Bank, Compañía Agrícola de Inversiones, Banco Real de Colombia, corporaciones financieras de Caldas, Valle, Tolima y Norte de Santander, Ingenio Azucarero de Risaralda, consorcios pesqueros, fábricas de empaques y Artesanías de Colombia, entre otras entidades.

La composición de sus Comités Departamentales y Municipales está determinada burocráticamente desde arriba; la mitad de los miembros la elige el comité superior, y el resto, los cedulados del municipio o departamento. Pero por estatutos, puede obtener cédula cafetera únicamente quien “posea o explota para sí o su familia un predio rural en el cual se hallen sembradas, por lo menos, 2 hectáreas de cafetos, o en caso de ser menor su extensión, que su producción anual no sea inferior a 375 kilos de café pergamino”. Estos requisitos antidemocráticos, y además el hecho de que no se hagan campañas de cedulación, excluyen de la Federación a un altísimo porcentaje de caficultores.

Fuera de exportar el 21% del café y fijar su precio interno, la Federación importa fertilizantes a costos prohibitivos, sustrayendo por este concepto parte de la renta de los productores nacionales, cuando no arruinándolos. La creación de todos los impuestos cafeteros son determinados conjuntamente por el gobierno y la Federación, y buena porción de su recaudo va a parar a las arcas de está. Su contacto con el cultivador se limita a las cooperativas, cuya política de compras sintetiza así un campesino. “yo no les vendo porque allá, esté como esté, el café que uno les lleva siempre les parece pasilludo y mal administrado y pagan con TAC”.

“Bonanza cafetera”, calamidad popular
En sus visitas a las zonas cafeteras el presidente López ha tratado de justificar, con los más retorcidos argumentos, por qué los altos precios alcanzados por el café no se traducen en el más mínimo bienestar sino en creciente carestía en los sectores que producen el grano, mientras todos los aspectos de la política de la “bonanza” favorecen a la Federación, a los grandes exportadores y, lógicamente, a los monopolios extranjeros. Los Títulos de Ahorro Cafetero, presentados como una “bonificación” que se daría al productor para aplazar la entrega de un determinado porcentaje del incremento del valor, “evitar el desbordamiento inflacionario” y “estimular el ahorro de los caficultores”, resultó ser una de las más impopulares medidas del “mandato de hambre”. A pesar de los esfuerzos por demostrar que los TAC defienden al campesino, éste los rechazó desde el comienzo, pues con ellos se les estaban realmente reduciendo sus ya de por sí magras ganancias, dándole a cambio un papel de disminuido interés, gravado con impuestos, redimible a 3 años y que lo sometía a la extorsión de los especuladores financieros.

La Federación y el gobierno no han estipulado una relación justa entre el precio externo alto y el que se le reconoce al caficultor; este último por ejemplo permaneció en $25.45 la libra desde el 26 de noviembre pasado, cuando estaba a $70 pesos en New York, hasta cinco meses después, cuando el café alcanzó su máximo nivel de $120 la libra. Sin embargo, la Federación, única entidad a pagar lo establecido, ha dejado el mercado bajo el control de los exportadores, presentándose el fenómeno de que mientras las disposiciones oficiales fijaban en junio a $7.300 la carga, el exportador la compraba a $6.600. A su turno, la Caja Agraria prosigue quebrando a cientos de pequeños y medianos caficultores, pignorando sus cosechas y rematando sus fincas.

Debido a todo lo anterior, después de la “bonanza”, en las zonas cafeteras se trabaja en las mismas o peores condiciones de miseria y atraso. Escasea y se encarece la comida, suben el transporte y el combustible continuamente, los servicios públicos en municipios y ciudades son insuficientes. Los caminos vecinales, por los cuales paga impuestos el caficultor, son trochas que él mismo tiene que sostener para poder sacar sus productos al mercado. La electrificación y acueductos rurales, financiados por los propietarios, son tan precarios que en épocas de cosecha es común no tener con que lavar el café ni cómo prender los motores de despulpadoras y guardiolas. Y los salarios de los trabajadores se congelan en los niveles mínimos.

Pero la respuesta a tales inequidades la darán los jornaleros, agregados, pequeños y medianos productores y demás trabajadores del café, desenmascarando a los que hoy les arrebatan el derecho al bienestar y el progreso, recogiendo la experiencia de sus luchas y organizándose al lado del resto del pueblo en un gran frente revolucionario que rescate nuestra riqueza de las garras del imperialismo y sus agentes, y lleve a la práctica el principio de que “la prosperidad de Colombia será hija y sólo hija de su liberación”.

Comprando conciencias, Indupalma mantuvo detenidos por más de cuatro años, en represalia por la huelga de 1971, a cinco directivos del anterior sindicato, entre ellos Víctor Moreno, dirigente nacional del MOIR. Despidió a 970 de los que participaron en ese movimiento, y luego, para desterrar cualquier vestigio de organización, arrasó con buldózer la sede sindical. Hace poco consiguió que el Ministerio de Trabajo negara la personería jurídica al sindicato.

Protegida por sus directivos, que se mueven a sus anchas entre los reducidos círculos del Poder, la empresa desconoce el salario mínimo, no paga prestaciones sociales, obliga al personal a laborar hasta 16 horas diarias bajo los rigores del clima tropical, no reconoce ni horas extras ni dominicales y, al igual que la United Fruit en 1928, no responde por los trabajadores, porque los 3.000 que laboran a sus órdenes son enganchados por contratistas independientes.

A disposición de Indupalma permanece un batallón del ejército, acuartelando dentro de las plantaciones, que más parecen campos de concentración. Se suman 200 ó más agentes del DAS encargados de vigilar los pasos de los obreros. Los capataces andan armados, con revólver al cinto, y rodeados de tropa.

Pero este despliegue de fuerzas e influencia de nada sirvió a la hora de la verdad. Los animosos obreros bloquearon el pasado 17 de agosto la entrada a las plantaciones, desafiando al ejército, y declararon que no reiniciarán labores hasta tanto no se negocie el pliego de peticiones presentado hace meses, sean reintegrados 80 activistas despedidos en las últimas semanas y cese la retención indebida de salarios.

“Pararemos si se nos clasifica como empleados públicos”, anunciaron los trabajadores distritales, el 2 de agosto, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá. Doce mil asalariados de las empresas de Teléfonos, Buses, Energía y Acueducto y Alcantarillado, enfrentarán con movilizaciones callejeras la reforma administrativa de Gaitán Mahecha, “que ya cuenta con el visto bueno del presidente López”, conforme lo aseveró el mismo alcalde en las sesiones inaugurales del Concejo.

No pagan prestaciones
En una de las empresas distritales, la de Transportes Urbanos (E.D.T.U.), hay trabajadores que acumulan hasta siete vacaciones, sin posibilidad de disfrutarlas porque “no hay plata” y otros a quienes les adeudan las prestaciones de dos años. Cuando los obreros llegan a la Caja Nacional de Previsión para consulta médica, una vez que la empresa les ha descontado religiosamente las cuotas, son devueltos con la frase “no hay servicio mientras E.D.T.U. no cancele sus obligaciones”. Los aportes de los trabajadores son sustraídos para alimentar los despilfarros de la administración.

La E.D.T.U. es controlada por sus competidores, los monopolios particulares, interesados, como es lógico, en liquidarla. En días pasados, sirviéndose de fichas burocráticas bien colocadas en la Corporación Financiera del Transporte y el Intra, los dueños de algunas grandes flotas que operan en la capital le adjudicaron a la Empresa Distrital de Buses las peores y a la vez más costosas rutas. Han impedido hasta ahora, además, la nacionalización de 150 chasises, importados hace más de un año, que se pudren en las bodegas de Buenaventura. Bastarían $10 millones para salvar los vehículos, pero la Corporación, que es en teoría una entidad del Estado, se hace la de la vista gorda. El déficit actual de la empresa es de $700 millones y crece a un ritmo de $6 millones por mes.

El sindicato de la E.D.T.U. se sumó ya a las acciones programadas, con el fin de presionar el pago de las prestaciones, garantizar una atención médica oportuna y derrotar la clasificación administrativa.

En defensa del pliego
Está a punto de finalizar la etapa de conciliación en la Empresa de Energía, y sólo 6 de los 32 puntos del pliego fueron solucionados. Millares de obreros se movilizaron en la primera semana de agosto y proclamaron su disposición de combate. “Nunca antes habíamos hecho en la Energía manifestaciones tan entusiastas y masivas”, resaltaron los directivos del sindicato.

Para los próximos días, el comité de unidad sindical de los trabajadores distritales anunció marchas hacia el Concejo y desfiles por el centro de la capital.

Actos de apoyo a los mineros de Amagá se efectuaron el 12 y 19 de agosto en Medellín y Bogotá, respectivamente, convocados por los Comités Regionales de Solidaridad de Antioquia y Cundinamarca. Miles de personas escucharon a Hernán Taborda, presidente del Sindicato, quien relató con voz enardecida y vigorosa, entrecortada más de una vez por el dolor, cómo el 14 de julio tuvieron que pelear hasta para enterrar a los muertos.

La Unión R.S., el Bloque Socialista, la Liga Comunista Revolucionaria, la Unión Comunista Revolucionaria, los Comités Democráticos Populares Revolucionarios y el MOIR, así como numerosas organizaciones sindicales, se hicieron presentes en el acto del Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá. Ante millares de asistentes, el dirigente obrero comenzó así su intervención: “Traigo la voz enlutada, pero también unitaria y revolucionaria de los mineros de Amagá. Vengo a decir aquí que los culpables de la tragedia son la empresa y el gobierno. ¡Esto nunca, nunca lo olvidaremos, compañeros”!
Taborda terminó agradeciendo la solidaridad y brindando total respaldo a las huelgas que en la actualidad adelanta el proletariado colombiano.