Categoría: Tribuna Roja Nº 28, Bogotá, agosto de 1977

Abriendo trochas a través de las cordilleras, tumbando monte y sembrando las vertientes más empinadas, el pueblo construyó las zonas cafeteras de 16 departamentos, y desde hace siglo y medio planta, abona y desyerba los cafetos, recoge y beneficia el grano. Hacia 1830 Colombia empezó a exportar café y al final del siglo XIX, cuando hicieron crisis el tabaco, el añil y la quina, hasta entonces productos básicos de su comercio exterior, las laderas de Los Andes se cubrieron de cafetales que, gracias al empeño de miles de labriegos, climas propicios y abundantes tierras aptas, produjeron frutos de óptima calidad en cantidades crecientes. Al iniciarse el siglo XX cae Colombia en garras del capital monopolista norteamericano y la economía nacional empieza a depender de los precios inestables del café, manipulados por los grandes pulpos compradores en la Bolsa de New York. Ya en 1919 la rubiácea constituyó el 68% de las exportaciones colombianas y desde 1942 no ha bajado sino esporádicamente del 50%. A lo largo de este siglo, en la medida en que se elevan sus precios y aumenta su consumo, los monopolios imperialistas acaparan progresivamente este producto del trabajo popular, mediante unos cuantos terratenientes e intermediarios organizados en Federación Nacional de Cafeteros y un pequeño grupo de grandes firmas exportadoras.

“Boleando azadón y esperando a ver si mañana …”

Al constituirse el café en nuestro producto principal, campesinos de toda la Región Andina acometieron, a golpe de hacha y machete, el desmonte de las vertientes de las tres cordilleras. Miles de familias antioqueñas colonizaron selvas, abrieron caminos y fundaron ciudades en las tierras baldías que hoy ocupan los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, y en ellas conformaron la zona cafetera más importantes de Colombia.

De la compleja serie de ocupaciones que genera el cultivo, la más dura es la del jornalero, quien desempeña con sus manos todas las labores que requiere el cafeto. En épocas de cosecha, hombres procedentes de todo el país se concentran en las galerías de pueblos y ciudades cafeteras, a donde el domingo irá a buscarlos principalmente el contratista de las grandes haciendas, pero también el propietario de la pequeña finca, que alcanza a responder por la mísera paga. Durmiendo en el suelo de los galpones, a veces sobre los mismos costales que les dan para empacar el grano, alimentándose con agua de panela y sancocho de plátano que les descuentan del jornal y trabajando “de seis a seis con media hora para almorzar”, pasan su vida desde la edad en que ya pueden arrancar las pepas rojas del arbusto. Toda la familia ha de ganarse el pan: mujeres, viejos, muchachos de 12 años que no han hecho nada diferente desde que el cafetal da la comida de sus padres. Así pasa el tiempo, “boleando azadón y esperando a ver si mañana…”, como lo expresaba un labriego de Calarcá.

Les pagan a destajo y de la intensidad con que trabajan en el día depende que puedan o no prolongar su precaria existencia. Al final de la tarde entregan en el beneficiadero el café recogido y después de varias horas de cola, que los retienen a veces hasta media noche, les van anotando lo recolectado. A través de los años, cosecha tras cosecha, los trabajadores se organizan y condicionan la cogida del grano a un alza de salarios, desafiando intervenciones del ejército, amenazas y coacciones de toda clase. Sólo así han logrado incrementar sus menguados ingresos. Para la cosecha de 1974, los jornaleros de Gigante, Huila, paralizaron la recolección hasta conseguir un aumento de $13 a $14 por arroba, y en febrero de 1977, de $14 a $18. En 1973, en Chinchiná y Manizales, entraron en paro, realizaron concentraciones en las galerías y mítines en los cafetales. A pesar de que los dirigentes de la huelga fueron encarcelados y la región fue totalmente militarizada, consiguieron que de $1.50 se aumentara el kilo a $2.

Por otra parte, el cuidado de las fincas pequeñas, o de los tajos de café en las grandes haciendas está a cargo de agregados y alimentadores, campesinos sin tierra que, por una remuneración semejante a la del jornalero, deben responder por los cultivos, las cosechas, la contratación y alimentación de los trabajadores. A cambio de sus enormes responsabilidades, disfrutan de una humilde vivienda en la finca. Su contrato es generalmente verbal y con suerte logran permanecer más de un año en un mismo sitio. A veces cuidan una finca por 20 años, al cabo de los cuales salen sin un centavo.

“Plan Cosecha”
A causa de la frecuencia y combatividad de estas protestas, el ejército ha convertido las áreas cafeteras en verdaderas zonas de guerra. En las poblaciones y veredas de alta producción hay retenes e incluso batallones enteros que controlan estrictamente la entrada y salida de gente, como sucede en Pueblotapado y Quebradanegra, Quindío. Se requisa al campesino que transita por los caminos, se le exige autorización escrita de un propietario para llevar de un lugar a otro cualquier fruto de la tierra, se espía al trabajador durante sus labores, se detiene a los que en alguna forma manifiestan su inconformidad.

Y desde el movimiento de los andariegos en Chinchiná, en 1973, cada año se lanza en Caldas el flamante “Plan Cosecha”, “gigantesco operativo” del ejército, la policía, el DAS y el F-2 en coordinación con el Comité Departamental de Cafeteros, consistente en que, a diario, “personal de los 3 cuerpos de seguridad hace guardia a pie, a caballo, en automóvil, por rastrojos, puentes, cruces de caminos por donde el campesino recolector del grano tiene que transitar”. (La Patria, agosto 27/76). Es decir, que mientras más intensamente trabaja y produce más, el jornalero es tratado peor que un delincuente por las autoridades. Millones de kilos de café parten entonces de los cultivos, se venden en New York a más de $200 cada uno, pero al que lo recoge le pagan máximo $3, y la miseria en la zona, lejos de disminuir, se agudiza en tales épocas. Proliferan los enfermos, los que se arriendan a cambio de la comida y un rincón para dormir, los que proceden de regiones distantes y después de meses de trabajo no tienen ni para el pasaje de regreso. Se cierran las escuelas para disponer del trabajo infantil y se obliga a los presos a participar en la faena. He ahí la dura y dolora situación de los verdaderos forjadores de la riqueza cafetera que tanto enorgullece y engorda a la oligarquía colombiana.

“Como corcho en remolino”
De las 314.158 fincas de la región cafetera, que según el censo de 1970 se registraron en Colombia, 218.408 son menores de 10 hectáreas y 43.228 entre 10 y 20. Cultivos mayores de 100 sólo existen 247. De tal manera, el 84% de las plantaciones son pequeñas y medianas. En ellas abundan despulpadoras rudimentarias. Allí el café seco se amontona y vierte a mano en los costales, los acueductos son insuficientes y muchas veces los productores se ven obligados a lavar la cosecha en las quebradas. Tanto para el que extiende sus puchos de café a la vera del camino, como para el que cuenta con casillas y elbas, el secado es lento y depende del sol. Puesto que una vez arrancado del palo el café no da espera, todas estas limitaciones acarrean pérdidas al minifundista sin recursos para instalar silos o guardiolas que sequen artificialmente el grano. “Aquí tuvimos una cosecha en que se perdía el café en la mata – nos explicaba un cultivador de Calarcá – y fue necesario dejar arrumes en los potreros porque se coparon los secadores y no había a donde llevarlo. Y si queda mal ‘beneficiado’, porque no hubo modo, entonces vienen los descuentos en la compra”.

Tanto el minifundista de media hectárea que vende por kilos el café que va recogiendo y jornalea parte del año, como el pequeño propietario que carece de recursos para trabajar su tierra y tiene que hacer compañía con un administrador, repartiendo con él por mitad lo que deje la cosecha, y hasta el agricultor de 15 ó 20 hectáreas que contrata 10 ó más recolectores y dispone de un beneficiadero relativamente completo, todos están sometidos por igual a la feroz explotación de la usura institucionalizada en la Caja Agraria, el Banco Cafetero y las Cooperativas de Caficultores, entidades controladas por la Federación. Así mismo, todos se identifican en que de la tan cacareada “bonanza de los cafeteros”, no les queda nada y, si mucho, algunos sólo lograron salir de deudas. Se alistan entonces para un nuevo préstamo, porque para la mayoría de productores de café “la cosecha es para pagar y la peladez para endeudarse”.

Muchos de los campesinos que en las zonas cafeteras están en poder de la Caja Agraria terminan perdiendo sus tierras. Todo lo que ganan se les va en cancelar intereses, y con frecuencia se alcanzan y, para evitar el embargo, venden por lo que quieran darles. Y de remate, la mayoría de los caficultores se hallan permanentemente empeñados a los intermediarios de los grandes explotadores, quienes les suministran dinero para cubrir desde los jornales hasta el mercado para la familia, a cambio de mantenerles pignorada toda la producción. “Somos como corcho en remolino, que cuando parece que va a coger la corriente, vuelve a quedar en el mismo sitio”, nos decía un caficultor.

Es antes que nadie el campesino, que sufre en carne propia los efectos del atraso que caracteriza el cultivo del café en Colombia, quien siente las necesidades de tecnificar la producción mediante la siembra de variedades que permitan una mejor utilización del suelo y rindan mayores cosechas, y de introducir la mecanización en el procesamiento del grano. Pero la usura gubernamental y los altos precios del abono impuesto por la Federación, mantienen el proceso productivo atrasado y estancado.

Grandes exportadores, grandes vendepatria
En 1976, el 79% de nuestro café lo exportaron entidades diferentes a la Federación, de las cuales 4 firmas familiares vendieron mucho más de la mitad y el resto se lo repartieron 30 empresas.

Asociados con tostadoras norteamericanas y financiados por estás, los grandes exportadores entregan a los monopolios extranjeros gran parte de las ganancias que produce el café y que le pertenece legítimamente a nuestro pueblo. Las sociedades multimillonarias poseen inmensos depósitos, trilladoras, flotas de tractomulas y talleres de mantenimiento. Especulan a través de miles de intermediarios localizados hasta en los más remotos rincones de las zonas cafeteras; se comunican por télex con sus agentes en New York, lo que les permite imponer precios al agencista y al productor; acaparan en espera de alzas, y cuentan con todas las seguridades para el transporte. Han salido favorecidas con todas las medidas de López. Se han quedado con el Titulo de Ahorro Cafetero, TAC, y continúan dominando hegemónicamente el mercado interno. Por todas estas circunstancias, son las únicas capacitadas para realizar ese 30% que, según Arturo Gómez Jaramillo, alcanzó el contrabando de café durante 1976.

El monto total de la producción de café destinada a las exportaciones, incluyendo el contrabando y la reserva que para fines de comercio internacional almacena el Fondo Nacional del Café, ascendió en 1976 a un valor de 62.000 millones de pesos colombianos. De esta suma, los grandes traficantes privados se las arreglaron, con la ayuda desde luego del gobierno, para apropiarse como ganancia neta 11.500 millones de pesos. Ya se dijo que cuatro familias controlan cerca de dos terceras partes de las ventas, quedando tan jugosa entrada en manos de un puñado de potentados que además tienen el monopolio de la trilla y el transporte del grano. El Fondo Nacional del Café, bajo el control de la Federación Nacional de Cafeteros, obtuvo por concepto de retención (64 kilos de cada cien enviados al exterior de vendedores particulares), por impuesto ad-valorem y por sus propias exportaciones 22.000 millones de pesos. Al gobierno le correspondieron sólo 5.000 millones de pesos, en impuestos. Y a los productores llegaron 23.500 millones de pesos, con la diferencia de que las primeras cifras se contabilizaban como utilidades y a esta última tendrán que descontársele todos los costos de la producción. En resumen, el sector privado, o sea unos pocos exportadores y el Fondo, manejado por ellos mismos, se embolsillaron el 54% de los ingresos de la producción cafetera con destino al consumo externo, mientras los cientos de miles de productores apenas recibieron el 38% y el gobierno el 8%.

La mayoría de los productores no puede almacenar sino que a medida que lo va recogiendo se apresura a deshacerse de su café y “a como le estén pagando”, para cancelar deudas en el granero, atender algunas necesidades de la semana y llevar la remesa a la familia; es, por tanto, víctima de los altibajos del precio del grano, sin defensa en las caídas ni pago justo en las alzas.

La parte del león
El pequeño agencista o comprador también trabaja con dinero prestado que le suministran los pulpos exportadores, con la condición de que se les lleve todo el café que consigna en la región. Financiando a su vez a los pequeños y medianos agricultores bajo el compromiso de que le vendan la cosecha, el agencista adquiere toda la producción posible en municipios, veredas y corregimientos donde hay muchos como él. En Belén de Umbría, por ejemplo, hay más de 25 compras. Como el productor, el pequeño comprador está sujeto a las oscilaciones del precio y a la codicia del exportador, que le descuenta arbitrariamente si juzga de mala calidad el grano, o bien espera a que los precios desciendan para hacer la liquidación. Ganándose un promedio de $20 por arroba, asume todos los riesgos hasta traspasar a la firma comercializadora lo cosechado en miles de distantes veredas. De ahí, de la puerta del exportador para adelante, comienza el gran negocio.

A excepción de la producción de Café Liofilizado de Chinchiná, cuya distribución le entregó la Federación a la firma Tenco, filial de Coca Cola, todo el café colombiano se exporta apenas trillado. Los inmensos monopolios imperialistas como la Nestlé, la General Foods y la Folger Cofee de la Procter and Gamble, negocian con nuestro principal producto, realizando ganancias astronómicas. En períodos de alza, sacan al mercado el grano comprado barato y lo venden al consumidor por precios exorbitantes, como está sucediendo en EE.UU., donde se ha llegado a pagar más de 4 dólares por libra de café molido. Y en épocas de superproducción y depreciación gozan de las bonificaciones y descuentos que les otorga el gobierno de Colombia. Ellos, que se quedan con la parte del león, industrializan y comercializan el grano en todo el mundo, y son sus voceros los que deciden precios, cuotas y condiciones que nuestros gobernantes se precipitan a aceptar. Ante esta situación indignante, no queda sino la unión de los productores contra los representantes de los monopolios, tal como lo han logrado los países productores de petróleo con la OPEP, importante experiencia del Tercer Mundo.

La Federación de Cafeteros
En 1927, un grupo de terratenientes e intermediarios fundó la Federación Nacional de Cafeteros, que ha contado desde entonces con el apoyo irrestricto de todos los regímenes, empezando por el de Abadía Méndez, quien creó un impuesto destinado a financiarla. Su ascenso fue vertiginoso; ya en 1930 disponía de varias oficinas internacionales, el primer almacén de depósito, base del gigantesco emporio de Almacafé, granjas experimentales, un aparato organizativo nacional, y, por iniciativa de su presidente de aquella época, Mariano Ospina Pérez, de la Caja Agraria, entidad de crédito a su servicio. En 1940, el Estado, con la creación del Fondo Nacional del Café, le entregó el manejo de un alto porcentaje de sus ingresos fiscales y el control de la política cafetera exterior. Goza, pues, para sus maniobras, de la ambigüedad de ser una entidad gremial de derecho privado que maneja cuantiosas sumas de dinero público. Con ellas creó en 1946 la Flota Mercante Grancolombiana. Actualmente ejerce dominio sobre el Banco Cafetero, Almadelco, Café Liofilizado, Banco Cafetero de Panamá, Concasa, Café Colombia-Argentina, y posee grandes inversiones en la Caja de Crédito Agrario, Ibero American Bank, Compañía Agrícola de Inversiones, Banco Real de Colombia, corporaciones financieras de Caldas, Valle, Tolima y Norte de Santander, Ingenio Azucarero de Risaralda, consorcios pesqueros, fábricas de empaques y Artesanías de Colombia, entre otras entidades.

La composición de sus Comités Departamentales y Municipales está determinada burocráticamente desde arriba; la mitad de los miembros la elige el comité superior, y el resto, los cedulados del municipio o departamento. Pero por estatutos, puede obtener cédula cafetera únicamente quien “posea o explota para sí o su familia un predio rural en el cual se hallen sembradas, por lo menos, 2 hectáreas de cafetos, o en caso de ser menor su extensión, que su producción anual no sea inferior a 375 kilos de café pergamino”. Estos requisitos antidemocráticos, y además el hecho de que no se hagan campañas de cedulación, excluyen de la Federación a un altísimo porcentaje de caficultores.

Fuera de exportar el 21% del café y fijar su precio interno, la Federación importa fertilizantes a costos prohibitivos, sustrayendo por este concepto parte de la renta de los productores nacionales, cuando no arruinándolos. La creación de todos los impuestos cafeteros son determinados conjuntamente por el gobierno y la Federación, y buena porción de su recaudo va a parar a las arcas de está. Su contacto con el cultivador se limita a las cooperativas, cuya política de compras sintetiza así un campesino. “yo no les vendo porque allá, esté como esté, el café que uno les lleva siempre les parece pasilludo y mal administrado y pagan con TAC”.

“Bonanza cafetera”, calamidad popular
En sus visitas a las zonas cafeteras el presidente López ha tratado de justificar, con los más retorcidos argumentos, por qué los altos precios alcanzados por el café no se traducen en el más mínimo bienestar sino en creciente carestía en los sectores que producen el grano, mientras todos los aspectos de la política de la “bonanza” favorecen a la Federación, a los grandes exportadores y, lógicamente, a los monopolios extranjeros. Los Títulos de Ahorro Cafetero, presentados como una “bonificación” que se daría al productor para aplazar la entrega de un determinado porcentaje del incremento del valor, “evitar el desbordamiento inflacionario” y “estimular el ahorro de los caficultores”, resultó ser una de las más impopulares medidas del “mandato de hambre”. A pesar de los esfuerzos por demostrar que los TAC defienden al campesino, éste los rechazó desde el comienzo, pues con ellos se les estaban realmente reduciendo sus ya de por sí magras ganancias, dándole a cambio un papel de disminuido interés, gravado con impuestos, redimible a 3 años y que lo sometía a la extorsión de los especuladores financieros.

La Federación y el gobierno no han estipulado una relación justa entre el precio externo alto y el que se le reconoce al caficultor; este último por ejemplo permaneció en $25.45 la libra desde el 26 de noviembre pasado, cuando estaba a $70 pesos en New York, hasta cinco meses después, cuando el café alcanzó su máximo nivel de $120 la libra. Sin embargo, la Federación, única entidad a pagar lo establecido, ha dejado el mercado bajo el control de los exportadores, presentándose el fenómeno de que mientras las disposiciones oficiales fijaban en junio a $7.300 la carga, el exportador la compraba a $6.600. A su turno, la Caja Agraria prosigue quebrando a cientos de pequeños y medianos caficultores, pignorando sus cosechas y rematando sus fincas.

Debido a todo lo anterior, después de la “bonanza”, en las zonas cafeteras se trabaja en las mismas o peores condiciones de miseria y atraso. Escasea y se encarece la comida, suben el transporte y el combustible continuamente, los servicios públicos en municipios y ciudades son insuficientes. Los caminos vecinales, por los cuales paga impuestos el caficultor, son trochas que él mismo tiene que sostener para poder sacar sus productos al mercado. La electrificación y acueductos rurales, financiados por los propietarios, son tan precarios que en épocas de cosecha es común no tener con que lavar el café ni cómo prender los motores de despulpadoras y guardiolas. Y los salarios de los trabajadores se congelan en los niveles mínimos.

Pero la respuesta a tales inequidades la darán los jornaleros, agregados, pequeños y medianos productores y demás trabajadores del café, desenmascarando a los que hoy les arrebatan el derecho al bienestar y el progreso, recogiendo la experiencia de sus luchas y organizándose al lado del resto del pueblo en un gran frente revolucionario que rescate nuestra riqueza de las garras del imperialismo y sus agentes, y lleve a la práctica el principio de que “la prosperidad de Colombia será hija y sólo hija de su liberación”.

Comprando conciencias, Indupalma mantuvo detenidos por más de cuatro años, en represalia por la huelga de 1971, a cinco directivos del anterior sindicato, entre ellos Víctor Moreno, dirigente nacional del MOIR. Despidió a 970 de los que participaron en ese movimiento, y luego, para desterrar cualquier vestigio de organización, arrasó con buldózer la sede sindical. Hace poco consiguió que el Ministerio de Trabajo negara la personería jurídica al sindicato.

Protegida por sus directivos, que se mueven a sus anchas entre los reducidos círculos del Poder, la empresa desconoce el salario mínimo, no paga prestaciones sociales, obliga al personal a laborar hasta 16 horas diarias bajo los rigores del clima tropical, no reconoce ni horas extras ni dominicales y, al igual que la United Fruit en 1928, no responde por los trabajadores, porque los 3.000 que laboran a sus órdenes son enganchados por contratistas independientes.

A disposición de Indupalma permanece un batallón del ejército, acuartelando dentro de las plantaciones, que más parecen campos de concentración. Se suman 200 ó más agentes del DAS encargados de vigilar los pasos de los obreros. Los capataces andan armados, con revólver al cinto, y rodeados de tropa.

Pero este despliegue de fuerzas e influencia de nada sirvió a la hora de la verdad. Los animosos obreros bloquearon el pasado 17 de agosto la entrada a las plantaciones, desafiando al ejército, y declararon que no reiniciarán labores hasta tanto no se negocie el pliego de peticiones presentado hace meses, sean reintegrados 80 activistas despedidos en las últimas semanas y cese la retención indebida de salarios.

“Pararemos si se nos clasifica como empleados públicos”, anunciaron los trabajadores distritales, el 2 de agosto, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá. Doce mil asalariados de las empresas de Teléfonos, Buses, Energía y Acueducto y Alcantarillado, enfrentarán con movilizaciones callejeras la reforma administrativa de Gaitán Mahecha, “que ya cuenta con el visto bueno del presidente López”, conforme lo aseveró el mismo alcalde en las sesiones inaugurales del Concejo.

No pagan prestaciones
En una de las empresas distritales, la de Transportes Urbanos (E.D.T.U.), hay trabajadores que acumulan hasta siete vacaciones, sin posibilidad de disfrutarlas porque “no hay plata” y otros a quienes les adeudan las prestaciones de dos años. Cuando los obreros llegan a la Caja Nacional de Previsión para consulta médica, una vez que la empresa les ha descontado religiosamente las cuotas, son devueltos con la frase “no hay servicio mientras E.D.T.U. no cancele sus obligaciones”. Los aportes de los trabajadores son sustraídos para alimentar los despilfarros de la administración.

La E.D.T.U. es controlada por sus competidores, los monopolios particulares, interesados, como es lógico, en liquidarla. En días pasados, sirviéndose de fichas burocráticas bien colocadas en la Corporación Financiera del Transporte y el Intra, los dueños de algunas grandes flotas que operan en la capital le adjudicaron a la Empresa Distrital de Buses las peores y a la vez más costosas rutas. Han impedido hasta ahora, además, la nacionalización de 150 chasises, importados hace más de un año, que se pudren en las bodegas de Buenaventura. Bastarían $10 millones para salvar los vehículos, pero la Corporación, que es en teoría una entidad del Estado, se hace la de la vista gorda. El déficit actual de la empresa es de $700 millones y crece a un ritmo de $6 millones por mes.

El sindicato de la E.D.T.U. se sumó ya a las acciones programadas, con el fin de presionar el pago de las prestaciones, garantizar una atención médica oportuna y derrotar la clasificación administrativa.

En defensa del pliego
Está a punto de finalizar la etapa de conciliación en la Empresa de Energía, y sólo 6 de los 32 puntos del pliego fueron solucionados. Millares de obreros se movilizaron en la primera semana de agosto y proclamaron su disposición de combate. “Nunca antes habíamos hecho en la Energía manifestaciones tan entusiastas y masivas”, resaltaron los directivos del sindicato.

Para los próximos días, el comité de unidad sindical de los trabajadores distritales anunció marchas hacia el Concejo y desfiles por el centro de la capital.

Actos de apoyo a los mineros de Amagá se efectuaron el 12 y 19 de agosto en Medellín y Bogotá, respectivamente, convocados por los Comités Regionales de Solidaridad de Antioquia y Cundinamarca. Miles de personas escucharon a Hernán Taborda, presidente del Sindicato, quien relató con voz enardecida y vigorosa, entrecortada más de una vez por el dolor, cómo el 14 de julio tuvieron que pelear hasta para enterrar a los muertos.

La Unión R.S., el Bloque Socialista, la Liga Comunista Revolucionaria, la Unión Comunista Revolucionaria, los Comités Democráticos Populares Revolucionarios y el MOIR, así como numerosas organizaciones sindicales, se hicieron presentes en el acto del Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá. Ante millares de asistentes, el dirigente obrero comenzó así su intervención: «Traigo la voz enlutada, pero también unitaria y revolucionaria de los mineros de Amagá. Vengo a decir aquí que los culpables de la tragedia son la empresa y el gobierno. ¡Esto nunca, nunca lo olvidaremos, compañeros»!
Taborda terminó agradeciendo la solidaridad y brindando total respaldo a las huelgas que en la actualidad adelanta el proletariado colombiano.

Las centrales obreras CSTC, CGT, UTC, CTC acordaron unificar fuerzas para la realización de un paro cívico nacional. La fecha y la duración del movimiento ya han sido convenidas y serán dadas a conocer oportunamente, según se desprende del comunicado conjunto. Los objetivos del mismo, dicen las centrales, están constituidos por las peticiones planteadas por dos memorandos que ellas por separado pasaron al Gobierno Nacional.

Aunque el MOIR tiene opinión diferente en cuanto al enfoque de algunas de las reivindicaciones consignadas en tales memorandos, anuncia su fervoroso respaldo al paro cívico nacional.

Esta batalla está llamada a marcar un hito en el proceso creciente de rebeldía de la clase obrera colombiana. En los últimos tiempos se han sucedido, unos tras otros, paros, huelgas, movilizaciones tumultuosas que anuncian la firme resolución del proletariado de no tolerar en la pasividad y en la obediencia los incontables desmanes de la minoría opresora vendepatria, a las órdenes del imperialismo norteamericano. En este solo año se cuentan por decenas las luchas de los petroleros, cementeros, metalúrgicos, cerveceros, mineros, trabajadores de la caña, de los servicios públicos y otros, cuya lista sería interminable. Actualmente adelantan huelgas los maestros, los obreros de Indupalma y del cemento, y se han anunciado muchas más, como la de la USO.

A caldear el ambiente han contribuido por su lado las continuas invasiones de los campesinos en procura de tierra para trabajarla, la inconformidad reinante en colegios y universidades y los paros cívicos que a diario se suceden en grandes y pequeñas poblaciones. Lo que se observa es que, a excepción de unas cuantas familias adineradas, usufructuarias de los privilegios del Poder, Colombia entera se halla en pie de combate contra el _mandato de hambre, demagogia y represión_. Es el auge de la ola revolucionaria que se expresa en las contiendas por el pan, la vivienda, la educación, la tierra, la democracia y la libertad, y que no cesará hasta la victoria definitiva.

El Paro Cívico Nacional contará con el apoyo eficaz de todos los explotados y oprimidos. No sólo las centrales obreras se identificaron con él, sino que los comités regionales de solidaridad, promovidos principalmente por sindicatos no afiliados a ninguna de aquellas, se pronunciaron también a su favor.

Otro tanto han hecho diversas agrupaciones políticas de avanzada, incluido el Frente por la Unidad del Pueblo.

Por encima de la reforma que adopte y de su desenlace, que esperamos vivamente sea positivo, el paro cívico nacional demostrará dos cosas: que la política de la coalición liberal-conservadora gobernante es profundamente antipopular, y que la fuerza del pueblo unido y revolucionado es infinitamente superior a la de sus enemigos.

MOVIMIENTO OBRERO INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIO (MOIR)
Comité Ejecutivo Central
Francisco Mosquera
Secretario general

El Ministerio de Trabajo suspendió el 11 de agosto por dos meses la personería jurídica de la USO, congeló sus fondos y autorizó a Ecopetrol para despedir a directivos sindicales y activistas. Con el pretexto de la “perturbación del orden público”, la providencia ilegalizó dos paros de una hora, adelantados el 26 de julio y el 5 de agosto en Barrancabermeja para responder la ofensiva patronal contra la convención. Al conocer la arbitraria medida, una concurrida asamblea decidió el 12 de agosto realizar un nuevo cese de actividades, cuya hora cero será fijada oportunamente.

La USO denunció que la empresa está incrementando sin cortapisas el personal de contratistas, contrariamente a lo que el régimen convencional estipula, y obstaculiza en forma sistemática la actividad de los dirigentes sindicales. Pasan de 1.500 los obreros enganchados por individuos aparentemente ajenos a la administración de Ecopetrol para ser sometidos a las contingencias del contrato a término fijo. Informó también el sindicato que no se cumplen las cláusulas relativas a servicio médico, transporte, comisariato y seguridad industrial.

La arremetida contra los derechos sindicales corre pareja con la desnacionalización de Ecopetrol, señaló un comunicado de la Unión Sindical Obrera. Ya López ferió los más valiosos equipos de perforación de Ecopetrol, entregándolos a la Anson Drilling. Igualmente, a cambio de la construcción de unos ensanches, la Dow Chemical se embolsará el 51% de las acciones de Policolsa, empresa estatal del complejo petroquímico, productora de polietileno. El gobierno anunció hace unos meses la atomización de Ecopetrol en cinco entidades diferentes. Paralelamente, la Texas prosigue su ofensiva contra el sindicato, recién salido de las garras utecistas, y prepara el despido de dos de sus directivos, Rogerio Moya y Cecilio Guerrero, miembros del comité ejecutivo de Fedepetrol.

La tiranía liberal-conservadora que estrangula a Colombia se ha caracterizado por posar de democrática, cuando en la realidad mantiene la más inclemente y sorda opresión contra las masas trabajadoras. Todos los sectores populares padecen los desafueros del despotismo gubernamental, pero son los campesinos a quienes les ha tocado afrontar las peores manifestaciones de la violencia institucionalizada.

Unas veces, mediante los cuerpos uniformados, que están incondicionalmente a su disposición, otras, organizando bandas armadas de asesinos a sueldo, la clase terrateniente siembra de terror y de muerte las zonas rurales. Su objetivo, acallar a los pobres del campo que luchan por un pedazo de tierra para trabajarla y por el derecho a ser libres.

Sin embargo, allí donde hay represión hay resistencia, y los campesinos están dispuestos a responderles como es debido a sus explotadores.

En dos meses, desde la firma de la convención, la Caja Agraria lanzó a la calle a ochenta de los activistas sindicales que se distinguieron en el último movimiento. La ofensiva afecta a los cuadros más avanzados de todas las seccionales. La empresa invocó sin excepción la cláusula de reserva.

Los presidentes de las 22 regionales del sindicato se reunirán del 5 al 9 de septiembre en Bogotá para examinar la propuesta de huelga nacional que presentará el comité ejecutivo. Según voceros de la organización, sólo el contrataque logrará mantener a raya la embestida patronal.

Unos cuantos meses atrás, a mediados de abril, el país perplejo se enteró de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara, contra toda evidencia, había absuelto a López Michelsen de los graves cargos de auspiciar o permitir turbios manejos que incrementan, bajo la sombra protectora del gobierno, la riqueza de la familia presidencial. El fallo absolutorio de la Comisión parlamentaria se profirió con el voto en contra de Álvaro Bernal Segura, representante de la ANAPO y del Frente por la Unidad del Pueblo. Hasta la prensa oligárquica se vio obligada a hablar de “indelicadezas”, al comentar la conducta dolosa del Ejecutivo. El escandaloso desempeño del parlamento en este caso confirmó de nuevo su papel de celestina del régimen.

 Intrincada rama de sociedades para medrar a la sombra del Estado.

 El negociado de Juan Manuel López Caballero con Comegán.

 Felipe López Caballero no pudo demostrar su inocencia en los chanchullos con Fedecafé.

 “La Forzosa”, otro latifundio del clan ejecutivo favorecido por la vía alterna.

 El Parlamento dio vía libre a la inmoralidad administrativa.

A la sombra del Poder, ante los ojos de un pueblo cercado por las mafias, hambreado y cada vez más impaciente, la familia presidencial y sus lugartenientes continúan en forma meticulosa esquilmando el tesoro público. Dicen que hay fieras que una vez que prueban el sabor de la sangre ya no pueden detenerse y la buscan a pesar de todos los obstáculos. Hay algo semejante en la actitud de La Familia: probó el sabor del dinero, y de esto hace ya algunas generaciones, y quedó engolosinada incorregiblemente.

Todavía estaban presentes las denuncias y la conmoción producidas por el negociado de la hacienda “La Libertad” y de la carretera alterna al Llano, cuando comenzaron a filtrarse hacia la opinión pública las nuevas andanzas de la parentela del Ejecutivo.

Estos sucesos, que bien habrían servido para una divertida crónica de la picaresca, si fueran otros los protagonistas, se convierten en una monstruosa afrenta a la dignidad de un pueblo, una burla mordaz a sus necesidades y esperanzas, cuando son protagonizados por los dirigentes de una país. La picaresca en el poder ya no es picaresca, se convierte en mafia.
La familia se coaliga, se mezcla, se desdobla y multiplica en una red de numerosas sociedades cuyos objetivos envidiaría Don Vito Corleone. Sociedades que solicitan y obtienen crecidos préstamos y favores de entidades oficiales. Sociedades que sirven para fiarse mutuamente y mediante las cuales minimizan ganancias y obviamente evaden impuestos.

Se levantan voces de denuncia y protesta y entonces aparece iracundo el padre de la Familia a defender a sus hijos; amaga con dimitir, amenaza a la oposición, despide al Superintendente Bancario, manda silenciar periodistas. Al mismo tiempo moviliza a sus caporales que, acuciosos y abyectos, montan una farsa en el Congreso para proclamar la inocencia de La Familia.

Es necesario retomar el hijo de los acontecimientos y mostrar en forma minuciosa el desarrollo de esta comedia, trágica para nuestro pueblo.

Préstamos millonarios y red de sociedades

Comencemos por el primero de marzo, día en que López Michelsen en el Congreso salió a la defensa de La Familia y negó las acusaciones que se le hacían, según él, del “hecho falso, criminal y deshonroso de haber hecho uso del crédito de establecimientos oficiales”.

Sin embargo, algo se desajustó en sus cálculos. El Superintendente Bancario envió el 1° de abril a la Comisión de Acusaciones de la Cámara un extenso informe que fue conocido públicamente 13 días después y que desmentía la palabra presidencial. Según este informe, la familia López realizó operaciones en bancos oficiales entre febrero de 1972 y abril de 1977 por un valor total de $5.459.742, discriminadas así: préstamos, $4.359.917; sobregiros $469.863; descuentos $629.961. Por otra parte, existen solicitudes en trámite que pasan de los tres millones de pesos. Los bancos en cuestión son el Ganadero, el Cafetero, el Popular y la Caja de Crédito Agrario, que son establecimientos oficiales.

Es decir, que sin perder tiempo, como corresponde a todo buen negociante, los miembros de la augusta familia se habían precipitado en tropel hacia las instituciones públicas para solicitar jugosos préstamos. Lo hicieron a nombre propio o semi-escondidos y tras de alguna de sus múltiples sociedades creadas para estos y otros menesteres. Veamos:

Banco Ganadero
Beneficiario: Juan Manuel López Caballero
Préstamos: $2.800.000
Fecha: entre febrero de 1972 y mayo de 1976
Sobregiro: $300.753
Fecha: marzo de 1977

Caja de Crédito Agrario
Préstamos: $1.559.917
Beneficiario: Técnica Comercial Caballero Ltda..
Fecha: entre noviembre y diciembre de 1973
Solicitudes en trámite:

 Sociedad Técnica Comercial Caballero & Cía. S.C.A. ($750.000)

 Juan Manuel López Caballero, Maria Carrizosa de López, Ernesto Michelsen Caballero, Kattina Ltda., Inversiones La Providencia Ltda., Técnica Comercial Caballero Ltda. ($2.457.300)

Banco Cafetero
Beneficiario: Felipe López Caballero
Sobregiros: $169.110
Fecha: entre diciembre de 1976 y febrero de 1977

Banco Popular
Beneficiario: Juan Manuel López Caballero
Descuento de un préstamo hecho por el Banco del Comercio: $629.961
Fecha: Febrero de 1975

Sobre estos datos es conveniente hacer algunas observaciones. Primera, el descuento del préstamo del Banco del Comercio en el Popular se realizó utilizando el decreto 2364 de 1974 sobre prórrogas y descuentos de los créditos para la zona de los Llanos Orientales. O sea que lo lograron con un decreto de su padre que les había pavimentado con alguna anticipación la anchurosa vía para llevar dinero a sus bolsillos. Segunda, Técnica Comercial Caballero Ltda. está compuesta por la esposa del Presidente, Cecilia Caballero, y su hermana Alicia Caballero, es decir, la madre y la tía. Tercera, la Sociedad Técnica Comercial Caballero y Cía. S.C.A. está integrada por la madre, la tía, Juan Manuel y Felipe López Caballero (los sobrinos) y Técnica Comercial Caballero Ltda., vale decir, nuevamente la madre y la tía. Por tanto la afirmación de López de que su esposa y él tenían todos sus bienes en fideicomiso se aleja bastante de la verdad, ya que es la misma Cecilia Caballero de López la que está gestionando créditos oficiales. Por ninguna parte aparece su fideicomisario. Cuarta, los solicitantes del segundo préstamo de la Caja Agraria (Juan Manuel López, Ernesto Michelsen Caballero, Kattina Ltda., Inversiones La Providencia Ltda. y Técnica Comercial Caballero Ltda.) figuran, para efecto de la solicitud en trámite, como arrendatarios de un potrero de la hacienda “La Libertad”, de propiedad de la sociedad Hato Lulú & Cía. S.C.A., de la cual son copropietarios Juan Manuel López y su hermano Felipe. Dentro de esta maraña de sociedades compuestas por las mismas personas, los unos arriendan a otros, o lo que es igual, se autoarriendan para a consecución de préstamos de entidades públicas. Como si esto fuera poco, las garantías de las transacciones son los títulos que los solicitantes poseen en sus diversas sociedades, tales como Caracol, Inversiones La Providencia, Técnica Comercial Caballero Ltda., etc., y las haciendas de su propiedad, “La Libertad” y “La Forzosa”.

Con respecto a este último latifundio, ubicado en el municipio de Cabuyaro (Meta) y perteneciente a la Sociedad Técnica Comercial Caballero & Cia S.C.A., la vía alterna al Llano la bordea tanto como a “La Libertad”, tal como queda demostrado gráficamente en esta edición. El apetito desordenado de enriquecimiento, que impulsa a La Familia a poner sus ojos y sus manos en muchas otras cosas además de las tierras y las vacas, se patentiza, por ejemplo, en los propósitos sociales de la tan trajinada sociedad de la madre, la tía y los sobrinos, en cuya escritura número 2.100 del 17 de abril de 1974 se lee:“…la sociedad tendrá por objeto social principal: a) La compra, la venta, administración de acciones, partes de interés en sociedades de cualquier naturaleza, bonos y valores bursátiles, para lo cual puede celebrar cualquier contrato lícito de comercio…; b) la inversión de fondos y valores en equipos industriales; c) la compra, venta, distribución, importación y exportación de mercancías nacionales y extranjeras… d) dar y recibir dinero a cualquier titulo, con interés o sin él, con garantías o sin ellas, a cualquier persona o entidades; e) en general, celebrar todos los actos y contratos civiles, comerciales o industriales sobre bienes muebles o inmuebles que se relacionen directa o indirectamente con los fines que la sociedad persigue”.

Como se ve, esta sociedad fue integrada dos días antes de las elecciones de 1974, que le abrieron de nuevo a López las puertas del palacio de San Carlos. Basada en la experiencia, La Familia se preparaba jurídicamente para sacarle mayores dividendos a su retorno al Poder.

Un hijo que aprende de su padre
Es tal la unanimidad del hogar, que si el padre miente, el hijo no puede ir a la zaga. La prenda de amor filial la podemos apreciar cuando Juan Manuel dijo con gran desparpajo y frescura en un reportaje publicado el 4 de abril en El Tiempo: “Él (su papá) sabe que yo no voy a los bancos oficiales a pedir préstamos; creo que él sabe que sus hijos son como él, como él los educó”.

El heredero ignoraba, como tampoco lo supo el progenitor, que existía una pieza desajustada; el Superbancario, por cuyo informe se comprueba que si hubo solicitud de préstamos oficiales. Y además, que se los habían concedido. Mustio, Juan Manuel se apresuró a escribir una carta a El Tiempo el 16 de abril, en la que explicaba: “no hay impedimento legal de ninguna naturaleza para que los hijos de los presidentes recurran, dentro de las necesidades de crédito oficiales para solicitar financiaciones”, y concluyó que, sumando y sumando los préstamos otorgados a su persona, familiares y socios, “ascienden a cero”, a pesar de las múltiples evidencias señaladas antes. Para rematar desconcertantemente, dijo con gesto trascendental: “En cuestiones de ética todo es relativo”.

Una de las consecuencias de todo este pasaje fue que López Michelsen, enrojecido hasta la cresta por haber sido agarrado diciendo mentiras, destituyó fulminantemente el 20 de abril a Cristian Mosquera, el Superintendente Bancario, por haber ido con chismes a la “honorabilísima” Comisión de Acusaciones. En la carta dirigida al ex funcionario, el Presidente le daba como justificación de su despido, “la divulgación de la reserva bancaria de un gran número de personas”. El periódico El Tiempo, alcahuete sin par de las andanzas de La Familia, comentaba el 15 de abril con tono preocupado los hechos, llamando la atención acerca de que los créditos “dejan la ingrata impresión”, no de nada doloso desde luego, pero si de gestiones que en su condición de hijo, del Primer Magistrado de la Nación, el doctor López Caballero hubiera obrado más discretamente absteniéndose de realizar por simples pero muy valederas consideraciones de orden ético”. En otras palabras está bien hecho, pero, sin embargo, mejor dicho, no del todo bien hecho!

Un banco que es y no es oficial
Una de las disculpas que daba López en su comunicación a Cristian Mosquera, era que los préstamos oficiales a sus familiares durante su gobierno “ascienden a cero, a menos que se califique de oficial el Banco Ganadero acerca de lo cual existe jurisprudencia en contrario”.
Por la boca muere el pez, y un presidente mañoso por olvidarse de sus propios decretos. En efecto, al Primer Mandatario se le había olvidado el texto del artículo 3°. del decreto 2364 de 1974 expedido por él mismo y que consagra nítidamente: “Para efectos del presente decreto, son oficiales la Caja de Crédito Agrario y los Bancos Cafetero, Ganadero y Popular”.

Nos hallamos, pues, ante una monstruosa trapisonda, cuando se trata de lavar el buen nombre y rechazar la culpabilidad se echa mano de la “jurisprudencia en contrario”, y cuando se legisla, ésta no se tiene en cuenta para nada y se la pisotea. En Colombia, como todo parece indicar, los bancos son o no oficiales según las conveniencias del momento.

Pero es que existen más hechos. Primero, el Banco Ganadero es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura. Segundo, la huelga emprendida por los trabajadores del citado banco el 3 de enero de 1975 fue declarada ilegal por el gobierno lopista arguyendo que se trataba de una entidad pública. De nuevo la lógica del “mandato claro”: para reprimir las justas luchas de los trabajadores el Banco Ganadero si es oficial; para los préstamos a La Familia es privado. Tercero, en la elección de directores del Banco de la República, el Ganadero vota como oficial. Cuarto, en su junta directiva tienen asiento el ministro de Agricultura y un representante del presidente de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público. Quinto, el 30% de su capital pertenece al Estado. Por último, cabe agregar que con ocasión del préstamo irregular concedido por el comité nacional de crédito del mismo banco a Bernardo Mejía Salazar, EL Tiempo señaló el 13 de marzo pasado que una de las funciones de ese comité es “desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo y salvaguardar los intereses del Estado”.

En sus alegatos padre e hijo sólo se refieren a los préstamos recibidos. Hábilmente pasan por alto las solicitudes en trámite en la Caja Agraria, los crecidos sobregiros en el Ganadero y el Cafetero y el descuento en el Popular, para no hablar de los rumores que en diversos medios se escuchan acerca de un cuantioso sobregiro del propio Presidente en el Banco Cafetero.

El ejemplo de La Familia había cundido. Si los hijos de El Ejecutivo se benefician de los dineros públicos sin recibir condigno castigo, ¿por qué los altos y abnegados burócratas, fieles servidores y amigos de la casa presidencial, no pueden hacer lo mismo? Esta reflexión se la hizo uno de los más destacados espoliques del liberalismo y gran terrateniente del Cesar, Álvaro Araujo Noguera, en su despacho de gerente de la Caja Agraria. Y sin darle más vueltas al asunto, en julio de 1975 pidió al Banco Ganadero un préstamo por cuatro millones de pesos para comprar novillos de ceba. Como es obvio, la solicitud no se ajustaba a los mínimos requisitos legales; sin embargo, el millonario crédito le fue concedido en su totalidad.

Por otra parte, quien dio vía libre al viciado negocio fue otra elegante figura, muy vinculada a La Familia, con afición semejante por tierras y ganados y quien en ese momento se desempeñaba como ministro de Agricultura, Rafael Pardo Buelvas.

La Procuraduría, escandalizada por el desafuero cometido, lanzó su brazo castigador, y haciendo un extraño movimiento artrítico, desvió la dirección y sancionó al gerente regional del Banco Ganadero por haberse dejado imponer el préstamo sin las condiciones exigidas. Sorprende la falta de puntería, pero es más sorprendente aún que la Procuraduría sancione a un funcionario del Ganadero, si como dice el Presidente, este banco no es oficial.

Comegán o el caso de las vacas flacas

No satisfecho aún con sus incursiones en los bancos oficiales, el infante don Juan Manuel decidió ponerse en el trabajo de vender vacas flacas de su hacienda “La Libertad” al tesoro público, para que éste se las pagara como si fueran gordas. Tan estupendo intercambio tiene la siguiente historia: el 22 de abril de 1974 se constituyó la sociedad de economía mixta “Compañía Colombiana de Mercadeo de Ganado y Carne S.A” (Comegán), cuyo capital estaba en un 80% en poder del Idema, y el resto pertenecía a Fedegan y otras agremiaciones. No obstante, el 13 de mayo del mismo año, el gobierno autorizó al Idema para vender a sus socios particulares las acciones que poseía en la empresa. Pero esta venta no se formalizó sino hasta el 18 de marzo de 1976.
Hacia fines de 1975 y no habiéndose protocolizado aún el traspaso de las acciones del Estado, Comegán compró a Juan Manuel López un total de 1.100 novillas con destino a Venezuela. El valor de la transacción fue de aproximadamente cinco millones de pesos a precios internacionales.

De acuerdo con lo afirmado por varias publicaciones, el ganado de “La Libertad” no fue aceptado por los clientes extranjeros de Comegán debido a deficientes condiciones sanitarias. En vista de lo anterior, la empresa tuvo que vender en el mercado nacional y a precios inferiores todas las novillas del Hijo del Ejecutivo, lo cual representó enormes pérdidas para la firma, según lo corroboró su gerente el 30 de marzo pasado. ¿Quién fue el padrino de semejante negociado? Nada menos que el ya muy conocido Álvaro Araujo Noguera – el del préstamo para vacas del Banco Ganadero – quien, por ser gerente de la Caja Agraria, era también presidente de Comegán.

La recompensa agradecida por tantas dádivas a su astuto hijo no se hizo esperar por parte del señor Presidente, porque como decía Don Quijote. “Haz de saber amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban”. Así que Araujo Noguera pasó de la dirección de Comegán al Ministerio de Agricultura y Luis Robledo saltó de la gerencia de Comegán a una dichosa ínsula en el Mercado Común Europeo como embajador de Colombia.

Entretanto, en El Tiempo del 4 de abril, el sagaz Juan Manuel, cariacontecido y con ojos de ternero degollado, explicaba la situación en forma deslucida: “Yo le vendí unos ganados a Comegán y Comegán los vendió”.

Fedecafé o el caso de los contratos gordos
Fuera de su participación en la red de sociedades de La Familia, Lázaro Felipe aparecía como un sosegado burócrata en un puesto de secretario privado de su padre, el presidente. Esto no era justo, pues mientras su hermano Juan Manuel se refocilaba entre sus fincas y los bancos oficiales y su otro hermano Alfonso Ambrosio López Caballero, el primogénito, actuaba como auditor de la Federación de Cafeteros en New York, el benjamín vegetaba detrás de su escritorio en Palacio.
Esta, sin embargo, era una imagen falsa. El joven Felipillo, seguramente al impulso de la paternal admonición “Lázaro, levántate y anda”, se levantó un contrato con la Federación de Cafeteros. El documento, dado a conocer el 24 de marzo último, había sido suscrito en 1º. de septiembre de 1976 y establece que la duración del contrato será de seis meses y se desarrollará en Estados Unidos e Inglaterra, pudiendo la Federación ampliar el plazo “si así lo estima conveniente”. El objeto del contrato es “un estudio de asesoría técnico-económica para el mercado cafetero de futuros tanto en Colombia como en el exterior”. El valor reconocido al contratista es de $285.000, y además la Federación se compromete a pagarle “tanto el valor de los gastos que – debidamente autorizados – demanden los viajes que deba realizar en cumplimiento del objeto del contrato, como el valor de los servicios que se acusen en desarrollo y ejecución del mismo”. El subcomité ejecutivo de la entidad autorizó el pago de 100 dólares diarios de viáticos más el primer viaje al exterior, lo que significó una suma de 7.562 dólares. O sea que el benjamín recibió además de los $285.000 del contrato, $272.232 en viáticos y pasajes, es decir, más de medio millón de pesos.

Al día siguiente de la suscripción del contrato, el hijo del Presidente pidió y obtuvo una licencia no remunerada para retirarse de la secretaría privada de palacio por el término de 60 días a vencerse el 31 de octubre, con el fin de su nueva canonjía.

¿Qué justificación puede darse al hecho de que un funcionario, no obstante la alegada licencia, celebre un contrato con una institución que, como la Federación Nacional de Cafeteros, cumple funciones públicas, maneja fondos provenientes del erario, a la que el gobierno no autoriza su presupuesto (tal como lo hizo López mediante el decreto 0240 del 4 de febrero de 1977) y aprueba sus principales actos, que es intervenida por la Contraloría y en cuya junta directiva tienen asiento cuatro ministros y el gerente de la Caja Agraria, máxime cuando ese funcionario es el hijo del presidente de la República?
La justificación en este caso corrió a cargo del secretario jurídico de la Presidencia, Álvaro Esguerra, quien haciendo maravillosas piruetas para satisfacer a sus patronos, dijo: “No hay impedimento legal para que un empleado público pueda realizar actividades relativas a contratos puramente privados, en horas distintas a las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones oficiales”. (El Tiempo, abril 2/77).

El valioso concepto del abogado de La Familia recibió un premio acorde a tan señalado servicio: Esguerra salió rápidamente de Palacio a ocupar su sillón en la ínsula que su jefe le otorgaba, la embajada colombiana en Bélgica.

Las irregularidades en las andanzas de Lázaro Felipe eran, sin embargo, tan evidentes que El Tiempo en su editorial del 27 de marzo, no pudo menos que decir al respecto, haciendo de tripas corazón: “La secretaría privada del presidente es posición de tal importancia que ella debiera ser extraña a toda vinculación de índole económica, aunque no exista traba legal alguna”.

Pero continuemos con el entuerto. Felipillo no solo firmó el contrato un día antes de la obtención de la licencia, o sea, siendo todavía funcionario público en ejercicio, sino que se reintegró a su cargo oficial el 3 de noviembre, en vez del 1º., recibiendo de esa manera viáticos de la Federación y al mismo tiempo de la secretaría privada de la Presidencia. ¿Cómo explicó su conducta? Pues con esa “habilidad dialéctica”que tanto le ha alabado El Tiempo: “Tratándose de ser el primero un feriado, decidí quedarme en los Estados Unidos hasta el 2, día en que se llevó a cabo la elección del presidente Carter, hecho muy importante”. (El Tiempo, abril 3/77). En cuanto a la aceptación de su nuevo cargo siendo aún funcionario, afirmó: “Ese fue él último acto de un día de trabajo y al salir de mi oficina en el Palacio de San Carlos decidí acercarme a la Federación para suscribir dicho contrato. No pensé que hubiera algo irregular”. (El Tiempo, ibid). Y en un arrebato de delicadeza, mostrando cierta como aversión al robo, devolvió al Estado unos cuantos pesos por concepto de su sueldo doble entre el 1 el 3 de noviembre y se retiró a disfrutar los dineros mal habidos a través del tráfico de influencias, ganándose la bendición de la gran prensa que lo exaltó como ejemplo para las futuras generaciones.

El Presidente, conmovido por la delicadeza de su hijo y siguiendo su inveterada costumbre de defender todas las aventuras mercantiles de su progenie, cosa muy natural puesto que él así la educó, retornó a la palestra para defender al más pequeño: “nadie es culpable, ni nadie es responsable de equivocarse o de recibir una opinión equivocada, mientras no se demuestre lo contrario” (El Tiempo, abril 2/77), el fallo de siempre cuando se juzga a uno de la pesada, “absuelto por falta de pruebas”.

En estas travesuras estaban presentes, como de costumbre, algunos guardaespaldas. ¿Cómo no iban a estarlo? ¡Al hijo del jefe jamás se le deja solo!

Le correspondió secundarlo en tal ocasión a Jorge Ramírez Ocampo, quien, a las pocas semanas de haber abandonado el gabinete, firmó el 30 de agosto de 1976 un contrato idéntico al del secretario privado de la Presidencia. El documento lo suscribió a pesar de que, como ministro de Desarrollo, perteneció al Comité Nacional de Cafeteros, y de que existía concepto adverso de la oficina jurídica de la Federación y de la Contraloría, pues “quien haya sido miembro del Comité Nacional de Cafeteros no puede celebrar contratos de prestación de servicios profesionales ni contrato alguno con la Federación mientras esté en ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro”. (El Tiempo, abril 2/77). El incriminado se limitó simplemente a declarar: “¡Estoy atónito!”.

Lo cierto de todo este barullo cuasipolicíaco es que la referida gabela sobre mercados de futuros a favor de esta pareja, a la que el único futuro que le preocupa es el incremento de sus propias cuentas bancarias, tenía que ser a su vez autorizada por el recientemente nombrado ministro de Desarrollo, Diego Moreno Jaramillo. De lo visto se colige que la viscosa pirueta se maquinó fría y calculadamente y al más alto nivel. El Presidente concedió licencia a su secretario privado, se aprovechó el cambio de ministros y se consiguió que el nuevo Mindesarrollo impartiera la aprobación correspondiente. Así le sacaron una crecida suma al Fondo Nacional del Café cuyo capital es enteramente público. Más tarde, al descubrirse el dolo, fueron alterados apresuradamente los libros de contabilidad y, con el fin de aparentar que les había pagado una entidad privada, se trasladaron los valores a las arcas de la Federación de Cafeteros.

Los tres fariseos se confiesan

Como el prestigio de La Familia se estaba resintiendo, montose entonces la farsa de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Con la solitaria excepción del representante anapista Álvaro Bernal Segura, quien batalló continuamente para esclarecer la verdad, los demás miembros de la Comisión, incluido el ponente del caso, cumpliendo órdenes exprofesas de Palacio, desvirtuaron vulgarmente las evidencias que a los ojos de todos pesan sobre los sindicados, a los cuales terminaron por encomiar, ante la perplejidad e indignación del país.
Muy similares fueron los descargos de Ramírez Ocampo. Luego de aseverar que había firmado el documento “por un imperativo moral”, declaró: “El mío es un juzgamiento que se hace con valores cristianos y no con base en valores calvinistas o maoístas, y por lo tanto soy inmune a cualquier acusación que se me pueda formular por la firma de ese contrato”.

Para que los lectores tengan una idea aproximada de lo que el ex ministro entiende por “imperativo moral”, deben saber que él conoció dos conceptos antes de la firma de su contrato: uno a favor, del secretario jurídico de la Presidencia de la República; y otro en contra, del asesor jurídico de la Federación. Ramírez Ocampo, siguiendo fielmente sus píos valores, se acogió al primero, ya que éste le daba franquicia al desfalco.

El Hijo del Ejecutivo no fue menos ocurrente que sus antecesores. Comenzó diciendo que los únicos colombianos expertos en mercadeo de futuros para el café son él y Ramírez Ocampo, y que, por consiguiente, le habían hecho un favor muy grande a Colombia firmando los contratos, eso sí, embolsicándose entre ambos más de un millón de pesos.

Nuestro desmemoriado presidente tenía toda la razón cuando decía el 22 de marzo en el jolgorio del foro femenino en el Coliseo Cubierto de Bogotá: “Pero que este país está afectado de una desmoralización sin precedentes, lo señala el hecho de que nunca en la historia de Colombia fueron llamados a comparecer ante la Corte Suprema de Justicia funcionarios tan altos, tres o cuatro, unos huyendo y otros que están en Colombia. Yo emplazo a quien haya sido estudioso de estos temas a que me señale en la historia de la República, cuándo fueron tan numerosos y de tanta jerarquía los reos y los sindicados que nos avergüenzan a todos”. (El Tiempo), marzo 27/77).

Las mujeres presentes en el Foro debieron reír socarronamente por el rabo de paja de su presidente. López, estaba siendo investigado en ese preciso momento por la Cámara de Representantes. Además, las “travesuras” de uno de sus hijos, el secretario privado, iban camino a la Procuraduría para ser sometidas a juicio disciplinario. Más adelante, un ministro y un ex ministro del “mandato claro” pasaban al banquillo de los acusados y quedarían en entre dicho legal y moral. En realidad ninguno de estos altos funcionarios se ha convertido ni se convertirá en reo presente o ausente gracias a la mano protectora del Poder del Estado que todo lo hace y todo lo deshace. Es así como el 19 de julio la mayoría de la Comisión de Acusaciones absolvió de toda culpa a Diego Moreno Jaramillo, quien autorizara los contratos del par de réprobos con Fedecafé.

La crisis de la prensa y la libertad presidencial

En su presencia ante el Congreso el 1º. de marzo, López Michelsen dijo que su gobierno “no ha menoscabado ni restringido en forma alguna la libertad de expresión, censurando órganos de publicidad, decomisado periódicos, limitándoles sus licencias de importación de papel u otros elementos o encarcelando arbitrariamente a sus directores, y otras garantías semejantes hasta establecer una libertad de crítica ilimitada…” (El Tiempo, marzo2/77). No obstante, en la medida en que fueron destapándose nuevos y embarazosos negociados de sus familiares, el Presidente comenzó a retractarse y expuso una tesis muy sui generis sobre la libertad de prensa, evocando aquella opinión de que el “pensamiento es libre, pero lo que está escrito será controlado. El 16 de marzo indicó: “El límite de la libertad de prensa debe ser la honra de los ciudadanos (…) La seguridad de que, mientras yo sea jefe del Estado, no habrá censura, no es una garantía de que se pueda incurrir indefinidamente en cualquier clase de excesos contra las instituciones y las personas sin consecuencias (El Espectador, marzo 17/77). Según este peculiar razonamiento, los “excesos contra las instituciones y las personas” son ni más ni menos que las consecuencias de los excesos de los hijos del Ejecutivo cometidos al socaire de su padre y, por consiguiente, la libertad de prensa no puede traspasar las cercas del libertinaje presidencial.

Pocos días después, el 29 de marzo, el Palacio de San Carlos se estremeció con los anatemas y palabrotas del ideólogo del “mandato claro”, provocados a raíz de los comentarios que el columnista de El Tiempo, Lucas Caballero “Klim”, venía haciendo en torno de los negociados de la Familia. El Primer Magistrado amenazó con su renuncia inmediata, a menos que al periodista le fuera cancelada la urticante columna y la prensa liberal respaldará “cerradamente al gobierno” y todas sus medidas, claro está, los desmanes de López.

Acto seguido, los propietarios de El Tiempo impusieron silencio a su incómodo columnista de más de treinta años, diciéndole que se tomará un “receso” debido a la inminencia de un golpe militar en Colombia. El 31 del mismo mes presentaron su renuncia otros dos comentaristas del citado diario. Enrique caballero Escobar y Eduardo Caballero Calderón, según lo manifestaron, por su imposibilidad de “apoyar sin reparos no sólo en el terreno doctrinario sino en el de los negocios familiares”. (El Tiempo, abril 1/779.

Ante la opinión se hizo evidente que la intrincada organización del jefe del Estado estuvo a punto de desplomarse.

El debate en el Congreso

La casi totalidad de las sesiones extras del parlamento fueron dedicadas a debatir la conducta presidencial. ¿Quiénes fueron sus más encarnizados defensores?

En el Senado llevó la voz cantante el gran terrateniente llanero y ex ministro de López, Hernando Durán Dussán, quien entre otras cosas, firmó el decreto de prórroga y descuento de los préstamos para la región de los Llanos Orientales en octubre de 1974, con lo cual apadrinó varios negociados de La Familia. Le hicieron eco los ministros de Obras Públicas, Humberto Salcedo Collante (ejecutor de la vía alterna al Llano), de Desarrollo, Diego Moreno Jaramillo (implicado en los contratos dolorosos con la Federación de Cafeteros), de Agricultura, Álvaro Araujo Noguera (comprometido en los negociados de vacas flacas con Comegán y los préstamos oficiales en el Banco Ganadero), de Hacienda, Abdón Espinosa Valderrama (firmante del decreto sobre exención de impuestos para la Orinoquia y, de paso, para “La Libertad”), y de Relaciones Exteriores, Indalecio Liévano Aguirre (designado y favorito del jefe de La Familia). En la Cámara encabezaron la defensa de lugartenientes turbayistas Alberto Santofimio Botero y Daniel Arango, este último conocido gamonal del Meta. Como se puede ver, la plana mayor de La Organización.

No obstante, el encargado de hacer la defensa de fondo resultó ser el ministro de Obras. El vocinglero funcionario se empeñó tozudamente en demostrar que la decisión de escogencia de la vía alterna había sido adoptada antes de llegar Alfonso López al Poder, sin acordarse de que en el informe enviado por él mismo a la Comisión de Acusaciones el 31 de marzo, anotó: “Es necesario tener en cuenta que la decisión de construir la vía alterna al Llano se tomó a raíz de la declaratoria de urgencia evidente adoptada por el consejo de ministros en su reunión del 31 d enero de 1975”.

Tampoco tuvo en cuenta el ministro lo que declaró enfáticamente el Presidente el 1o. de febrero de 1975, en Villavicencio: “He escogido la ruta que pasa por Chocontá y desciende por San Luis de Gaceno hasta el Secreto y Barranca de Upía…” (El gobierno del mandato claro; Tomo l, pág, 352). Como podemos apreciar, en la batahola que se armó los egregios paladines se estrellaban los unos con los otros, se enredaban entre sí y caían en confusa montonera en su apresuramiento por defender al jefe.

Para contribuir a destapar esta cadena de oprobio y corrupción, en la sesión del Senado del 20 de abril, el senador anapista Jaime Piedrahita Cardona leyó una carta enviada por el presidente de la Comisión de Acusaciones, Isaías Muñoz Acosta, a varios dirigentes liberales del municipio de Suárez (Cauca) y que le fue remitida por estos al representante de ANAPO Álvaro Bernal Segura. En uno de sus apartes las comunicaciones firmada por Muñoz Acosta sostiene: “Quiero que comprendan que el hecho de que yo pertenezca a la Comisión de Acusaciones no significa que yo sea enemigo del señor Presidente.

Al contrario, mi presencia en la Comisión viene a ser una garantía para él, máxime cuando de por medio está la promesa de su intervención para que yo entre, bien sea a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado.

Esta prueba de la flagrante parcialidad de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y del manipuleo que sobre ella se ejercía desde las cimas de la otra rama del Poder, no puedo ser jamás desmentida.

Por eso nadie ha creído en las palabras del mismo Alfonso López, cuando al inaugurar las sesiones extras el 1º. de marzo afirmó: “El presidente no demanda, tratándose de la tarea de fiscal que corresponde a la Honorable Cámara de Representantes, para su conducta, un acto de solidaridad partidista o grupista, sino el examen imparcial de las pruebas”.

El 13 de abril, cuando aún faltaba decretar y estudiar numerosas diligencias de fondo, dos de los tres ponentes del caso presentaron sorpresivamente a dicha Comisión una resolución absolutoria. La coalición gobernista liberal–conservadora aprobó la ponencia por siete votos a favor y uno en contra, el de Álvaro Bernal Segura, quien explicó así su posición: “Mi voto negativo contiene todo el peso de la conciencia moral de la nación. Será el voto negativo, terrible y drástico de todo el país que sabe que López Michelsen si es responsable. Con el tiempo y a pesar de este fallo esas pruebas que ustedes no han querido traer aquí ni analizar, de una u otras manera se harán tan pesadas y tan ostensibles en la opinión pública nacional, que este fallo va a quedar revisado no por la justicia burguesa sino por la justicia popular!”.

El desprestigio de La Familia

El concejo de Pitalito aprobó recientemente una proposición que dice: “El Concejo Municipal de Pitalito, (Huila) presentan un atento saludo al doctor Juan Manuel López Caballero y a la vez se permite invitarlo para que se vincule a esta región adquiriendo un predio rural sobre las vías inconclusas Pitalito-Mocoa e Isnos-Paletará, iniciadas desde hace más de veinte años, con lo cual nos dará una real esperanza de su pronta conclusión…”

El 10 de mayo, durante una función pública en el Coliseo Cubierto de Bogotá, la esposa y dos de los hijos del Presidente se llevaron una estruendosa silbatina del público asistente que les expresó así el repudio del pueblo colombiano a La Familia.

En toda Colombia, desde la Guajira hasta Nariño, más de 100.000 personas de todos los sectores populares manifestaron el 1o. de Mayo, día internacional del proletariado, su rechazo unánime y enérgico al mandato de hambre, demagogia y represión, “1º. de Mayo contra López” fue la consigna que en esa ocasión levantaron las masas desposeídas y oprimidas.

El bochornoso escándalo protagonizado por La Familia y sus lugartenientes rebasó las fronteras patrias y fue tema de numerosos artículos y crónicas en el extranjero.

Aunque en épocas pretéritas los presidentes y sus parientes y colaboradores se habían visto envueltos en negociados de variada índole, el régimen encabezado por López Michelsen ha batido todas las marcas y aventaja con creces a sus antecesores en el abuso del Poder para el enriquecimiento personal y de sus allegados, en la indelicadeza, en la mentira, en el tráfico de influencias, en fin, en todo aquello que hace odioso y despreciable ante las gentes honestas y sencillas a un gobierno.

Con enormes ramos de flores, una delegación femenina de Sutimac recibió en la noche del 17 de agosto a más de 150 huelguistas de Toluviejo, Sogamoso, Apulo, Cajicá e Ibagué, quienes siete días antes habían iniciado una marcha a pie hacia Bogotá. El acto de los cementeros se efectuó en la Plazuela de las Nieves de la capital, con la asistencia de unas mil personas.

Los caminantes mostraban todavía las huellas del cansancio. «El recorrido fue exitoso porque hicimos conciencia de nuestra lucha entre el pueblo. Por donde pasábamos, la gente nos saludaba con alborozo y nos brindaba hospedaje y alimentación», relataron algunos. Durante el mitin, hicieron uso de la palabra Gustavo Osorio, por CSTC y Fenaltraconcem, e Ismael Delgado, por Sutimac. Ambos ratificaron el repudio de sus organizaciones a los tribunales de arbitramiento convocados por el gobierno. En el acto, dirigentes de Cementos Caldas y Tolcemento presentaron un cálido saludo en nombre de sus seccionales.