EL DEBATE DE LA IZQUIERDA ES CONTRA LA POLÍTICA DE URIBE

Héctor Valencia, Secretario General del MOIR, Editorial Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8 de 2007

Tras la ardua campaña elec­toral a la que hoy dedica sus mayores empeños, el Polo Democrático Alternativo con­solidará en las elecciones del próximo 28 de octubre su condición de primera fuerza de oposición política al gobierno de Uribe Vélez. Así lo indica su ascendiente en vastos sec­tores de la población que han apreciado cómo, “sin sectaris­mos y sin ambigüedades”, su conducta ha sido tan traslúcida como consecuente su posición frente a los ingentes males que agobian a Colombia.

Esa contextura de oposición que se ha labrado le exige al POLO acendrar sin pausa su carácter de izquierda, tarea esta no exenta de compleji­dades. Mas, en desarrollo de las sustantivas bases teóricas, políticas y organizativas con­signadas en su programa y en sus estatutos, sin duda todas ellas se superarán y el Partido podrá convertirse en la fuerza capaz de conducir la nación hacia una nueva y verdadera democracia.

Condición indispensable para su cimera causa será con­servar el rumbo de oposición a las políticas que hoy desde el Estado impone Uribe Vélez y, a fundamento del proceso de lucha consecuente que en ese sentido libre, cimentar su unidad. El carácter complejo de ambos propósitos radica en que, debido a las diferentes concepciones ideológicas, polí­ticas y organizativas –peculia­res de las abigarradas fuerzas que confluyeron en la creación del nuevo partido–, surgen contradicciones cuya solución sólo puede lograrse a través de un permanente proceso de debates internos, algunos de ellos procelosos. Acordados ya el programático Ideario de Unidad y los estatutos, las dis­cusiones se centran en torno a la fiel aplicación del uno y el esmerado cumplimiento de los otros. Se trata pues de la táctica, alma de la política. Y es sobre ella que se precisa un alto grado de identidad. El reto es grande: unidad res­pecto a posiciones y enfoques políticos, unidad en cuanto a la programación y concreción de las tareas, y unidad en el acatamiento a las decisiones de los organismos de dirección en sus diversos niveles.

De allí que deba considerarse como natural, y en últimas bien­venida, la reciente discusión que se generó en el Comité Ejecutivo Nacional del POLO, cuya declaración resultante no pudo ser más auspiciosa: se reitera la plena vigencia de su Ideario, la regencia orga­nizativa de sus estatutos y el antagonismo con la política del gobierno de Uribe. Además, en concordancia con estos puntos de principios que definen la na­turaleza política del POLO, se corroboraron allí las posiciones de condena a las funestas y repudiables modalidades que exhibe la violencia que azota al país, de crítica al recurso a las armas y de categórico re­chazo a algunas de las últimas aberraciones perpetradas en el conflicto armado.

Es de esperar que transcurri­da la actual campaña electoral arrecie la embestida uribis­ta contra el PDA y sus más connotados dirigentes, amén de la que puedan emprender otras fuerzas políticas. A fin de enfrentarla, son oportunas algunas anotaciones sobre la posición de izquierda y la democracia, que contribuyan a afilar las armas de nuestra crítica.

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Una primera línea de con­frontación es la que se origina en la sarta de calumnias que contra dirigentes del POLO lanzan tanto Uribe como sus ministros y asesores desde el cuartel general en que han convertido el Palacio de Nariño. Las mismas que expanden, con su cuota de emulación, los sustitutos políticos e ideo­lógicos del uribismo situados al frente de los grandes medios de comunicación.

Resulta sintomático que para sus difamaciones contra el POLO –sus políticas, métodos y dirigentes– Uribe y sus de­votos funcionarios y comenta­dores recurran a un lenguaje propio de la propaganda negra que durante diversos períodos, dentro la llamada guerra fría, y valiéndose de los organismos dedicados al espionaje y al montaje de conspiraciones tipo CIA, desataron los gobiernos de Estados Unidos y las gran­des potencias europeas contra los abigarrados procesos y las particulares experiencias y desenlaces que tuvieron las luchas de liberación o de revolución y construcción socialistas. Cual si fueran comodines sacados de esa ba­raja propagandística, acuden a suspicaces y equívocas alu­siones a categorías y tópicos tales como la lucha de clases, el centralismo democrático, la utilización y combinación de formas de lucha, la libertad de opinión, el estalinismo, los ses­gos ideológicos y el terrorismo para descalificar con su usual ordinariez las concepciones y métodos democráticos que caracterizan al POLO y arrojar dudas sobre la honestidad de su pacífica actividad política.

Una de las invectivas más frecuente, recubierta con insi­nuaciones sobre connivencia o simpatía con grupos alzados en armas, es la acusación de radicalismo. Evocando a Joe McCarthy, quien en su cacería de presuntos conspiradores empezaba por endilgarles a demócratas y progresistas en Estados Unidos el apelativo de “rojos”, hoy se recurre aquí a calificar de radicales a fir­mes y combativos dirigentes del POLO. Frente a tan torvo propósito de sembrar cizaña en nuestras filas y estigmatizar a sus destacados dirigentes, es necesario dilucidar el sentido genuino y cabal del término.

La posición radical, como atributo de la izquierda, no se refiere en absoluto al desafo­rado desprecio de la realidad política y social que conduce a la adopción de criterios irra­cionales o actitudes fanáti­cas, ni tampoco a desmadres contrapuestos a los mayores grados de civilización social, al­canzados precisamente como fruto de las luchas que en su correspondiente momento histórico libraron las clases de avanzada, estampando así su impronta ética. Su real significado atañe a que los im­placables y prolongados males deben extirparse de raíz, a fin de que puedan producirse las transformaciones económicas y políticas que la sociedad requiere. Atañe a refutar que los indispensables cambios puedan surgir de aplicarle pa­ños de agua tibia a la aberrante situación o ser producto de de­leznables reformas al régimen de desigualdad y opresión que impera en la nación. Una posi­ción radical es la que sostiene que no es coherente con la izquierda, cualesquiera sean los subterfugios teóricos a los que se recurra, proponerles a “los condenados de la tierra” en Colombia que la política que los liberará se limite a enmiendas menores y criticas blandas a las políticas que, hasta des­embocar en la uribista, por décadas y décadas los han agobiado.

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Es notorio que el sambenito de radicales que maliciosa­mente se les cuelga tanto al carácter político de distintos dirigentes del POLO como a la posición que han asumido, se utiliza como descrédito para proponer que se des­echen ambos y se proceda a imprimirle un sello de “centro” al Partido. A la par con la evi­dente invitación a dividirlo que envuelve tal designio, se revela la pretensión de desviarlo del rumbo que democráticamente se señaló en sus documentos constitutivos.

Ante los consejos y conse­jas de algunos comentaristas políticos que en la prensa y demás medios de comunica­ción se toman libertades para inmiscuirse en el destino y los aspectos internos del POLO, expresamos hace un tiempo en estas páginas editoriales: “Las organizaciones y dirigen­tes que desde una expresa posición de izquierda tienen ascendiente entre abigarrados estamentos de la población, no necesitan desplazarse de su avanzada postura política para acrecentar su influencia… Por el contrario, arraigados en la izquierda es como esa labor puede ser más amplia y eficaz. No existe pues razón alguna para, por ejemplo, desplazarse hacia el centro, ya que esto implicaría un tránsito hacia el extremo contrario, en este caso hacia la derecha”.

Aquí lo por tomar en cuen­ta es que específicamente de derecha, no obstante sus enmascaramientos, han sido las políticas impuestas por las clases dominantes que vienen precipitando la nación a una prolongada crisis, cual si se tra­tara del ejercicio ya centenario de un delito político continuado. Y de derecha, de la más pura cepa, es la naturaleza del gobierno que bajo Uribe hoy la lleva a caóticos extremos. Entonces no se justificaría per­manecer sordos ante las sutiles armonías que se presentan en­tre los cantos de sirena de los mencionados comentadores que inducen a inclinarse hacia el “centro” y el “ni izquierda, ni derecha, democracia” que vocea Uribe en un esfuerzo por sacudirse esa justa definición. Y sería sumirse en una tosca incoherencia política si, aun aceptando ambos términos, se dieran pasos alternativos a uno y otro lado, cual hacía el personaje de Charles Chaplin al caminar a lo largo de una línea fronteriza.

En cuanto a la definición, es de anotarse el falso pudor con que asesores y exégetas de la política uribista rechazan que también se la califique como poseedora de evidentes rasgos fascistas. Mas en considera­ción al alienante impacto que la manipulación del gobierno ha tenido en el juicio de un buen número de compatriotas, sería prudente definirla simplemente como carente de contenidos democráticos y proceder a persuadirlos de esta afirmación diseccionando los hechos que la sustentan.

Para desarrollar el lema de construir democracia es indis­pensable concentrar la lucha contra la antidemocracia que desde el Poder y en todos los órdenes de la vida nacional expande Uribe. En esencia, la lucha por la nueva democracia se desarrolla contra el régimen en cabeza de Uribe hoy, y en cualquiera de sus sustitutos po­líticos e ideológicos, mañana. Esta precisión se torna sustan­cial si se observa cómo Uribe, ilusionado en que plantear el debate político en términos de democracia le permitiría escaparse del señalamiento de derechista, no tuvo empacho en reafirmar hace unos días, en Nueva York, que en Colom­bia “tenemos una democracia antigua, respetable, todos los días más profunda”.

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Semejante aseveración, expresada ante la ONU por Uribe con la misma especie de “cinismo funcional” que despliega aquí, constituye la gran mentira que imposibilita todo real desarrollo económico, político y cultural de la nación. La misma que refuta el perió­dico de talante conservador El Nuevo Siglo, al describir que: “la democracia colombiana está enferma y la infección amenaza con propagarse de manera endémica”.

La gran mentira que hace caso omiso de las cifras cons­tatadas por el líder empresarial Nicanor Restrepo: “Colombia tiene 21 millones 500 mil po­bres; cinco millones 500 mil indigentes; diez millones de personas viven con dos dólares al día y otros tres millones y medio sobreviven con un dólar al día”.

La gran mentira de Uribe que hace dos meses llevó a la Corte Suprema a rechazar declaraciones del Gobierno Nacional por constituir “una in­jerencia indebida e inaceptable en la actividad judicial” con la pretensión de imponerles a los jueces “un determinado criterio para el pronunciamiento de sus decisiones”.

La que oculta la revelación del fiscal general, Mario Igua­rán, tras observar las investi­gaciones sobre los nexos de congresistas y funcionarios con las AUC: “Los paramilitares fueron reclutados por políticos y no al revés”.

En fin, la misma mentira que Uribe agranda cuando expresa que en el actual “certamen electoral presidido por este Gobierno es más evidente la transparencia y la eficacia de las garantías a todos los contendores”, al tiempo que, en contrario, el estudio de la Mi­sión de Observación Electoral revela que “567 municipios del país tienen algún riesgo elec­toral por violencia, y que “en 328 hay riesgo de anomalías e irregularidades electorales”.

Como se trasluce de las anteriores consideraciones, el debate de la izquierda que representa el POLO sobre su orientación y conducta, al igual que el referente a la derecha y la democracia, está regido por la lucha contra el gobierno de Uribe y sus políticas, estipulada en su Ideario. Sin duda sus dis­cusiones internas al respecto, bajo la consecuente guía de su presidente, Carlos Gaviria, tendrán como resultado que no caiga la sombra entre la idea y la realidad, entre la propuesta y la acción, a la que alude el poema de T.S.Eliot.

LAS ELECCIONES DEL 28 DE OCTUBRE

Carlos Naranjo, Comité Ejecutivo del Polo, Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8 de 2007

La campaña electoral que se adelanta, y que culminará con los comicios del 28 de octubre, tiene especial importancia para el Polo Democrático Alternativo. Primero, porque el Polo se ha convertido en un referente político de primer orden en el país, pues aglutina los sectores democráticos de la nación, con afiliados que acogen sus estatutos y su Ideario de Unidad y que trabajan por construir y consolidar los núcleos polistas en los niveles municipal, departamental y nacional, y cuenta con miles de simpatizantes y amigos que se preocupan por la suerte del Polo y sus dirigentes, que están atentos a sus orientaciones políticas e ideológicas y que, cuando se les convoca, se movilizan en grandes manifestaciones, marchas y protestas contra las perversas políticas del actual gobierno. Quizás nunca antes se había dado que una fuerza política de las características del Polo ocupara con tal intensidad y frecuencia la atención de tantos y tan amplios sectores de la población, y que sobre sus actividades se expresaran toda clase de opiniones, unas para augurarle y desearle mayores y mejores avances, otras para tratar de influir en su rumbo con el interés manifiesto de que se convierta en una oposición acomodada y acomodable, que ataque los efectos y no las causas, que se conforme con algunos puestos en distintas instancias del gobierno, municipales, regionales o nacionales, ¡y que se olvide del poder!

Segundo, porque después de su nacimiento a finales del año 2005, de lograr 18 parlamentarios en las elecciones de marzo de 2006, alcanzar con Carlos Gaviria la máxima votación de un candidato de izquierda democrática y extender su organización a lo largo y ancho del país -conformando sus organismos de coordinación en todos los departamentos y en centenares de municipios y eligiendo cerca de tres mil delegados para su Primer Congreso Nacional de Unidad, realizado a principios del pasado mes de diciembre- el Polo debe confirmar el próximo 28 de octubre que tiene la fuerza, la decisión, la política y los dirigentes para continuar en el empeño de transformar a Colombia y construir una patria digna, próspera, democrática y soberana.

Tercero, porque el Polo debe adelantar sus tareas con extremas dificultades: enfrentar un poder estatal fuertemente concentrado y sin escrúpulos, que pone todos los recursos económicos al servicio de sus paniaguados, que controla a su amaño los medios de comunicación, que no vacila en calumniar y distorsionar, que continúa con todas las malsanas prácticas del clientelismo, y que, como si fuera poco, mantiene el paramilitarismo vivo y actuando, incluso desde las cárceles, para repetir sus truculentas y criminales acciones y mostrar como legítimos, después del 28 de octubre, los resultados electorales que obtendrán en las zonas donde estas bandas tienen su mayor poder. El Polo, mientras tanto, no podrá llegar a esos territorios, o si lo hace será tomando grandes precauciones. A pesar de todo, se puede señalar como un triunfo que el Polo tenga candidatos uninominales para 284 Alcaldías y 24 Gobernaciones y haya inscrito listas para asambleas en 29 departamentos, para concejos en 620 municipios y para Juntas Administradores Locales, en 320 localidades. Claro que al hacer el balance de las próximas elecciones, los medios de comunicación y el presidente Uribe Vélez, en sus interminables y manipulados Consejos Comunitarios, pasarán por alto que el Polo solo pudo participar en la mitad del país mientras ellos con todas sus prerrogativas sí estuvieron presionando y comprando votos por todos los rincones del territorio nacional.

Nuestra posición sobre las elecciones

El Polo Democrático Alternativo, pese a las desventajas que deberá soportar, debe utilizar la campaña electoral para difundir su Ideario de Unidad, y profundizar en su contenido, extender y consolidar su organización, llevándola a más regiones del país y ampliando su influencia en las que ya tiene sus comités de base y sus coordinaciones de dirección; debe hacer conocer de más colombianos sus ideas y compromisos, y hacer que sus dirigentes nacionales y locales se vinculen a las masas con más decisión, firmeza y capacidad de servicio; e insistir en su posición indeclinable de que Colombia jamás saldrá del caos y la postración si no hace uso pleno de la autodeterminación nacional y arranca de raíz las trabas viejas y nuevas que entorpecen su desarrollo.

Y debe insistir en que sólo pueden avanzar tras la perspectiva cierta de victoria quienes persistan en la opción histórica que les marca el Polo, pues quienes tienen el poder pero lo utilizan sólo para su beneficio y para entregar los bienes y valores más queridos de la nación, como lo han hecho Uribe y sus grupos de bolsillo, serán derrotados más temprano que tarde por aquellos que se mantengan erguidos en su lucha y sean leales con los intereses de la patria y su pueblo. Una posición firme, consecuente y sin ambigüedades vale, a la larga, más que siete millones de votos. A Uribe, ni los ejércitos a su servicio ni las copiosas votaciones le serán suficientes para contener el fallo inexorable de la historia.

La campaña electoral la debemos aprovechar para denunciar las falsedades, las corruptelas, la hipocresía y las innumerables medidas que contra los diversos
sectores populares aplican repetidamente el gobierno y sus usufructuarios y repetir, por ejemplo, que los parlamentarios, los políticos y los gobernantes de la oligarquía son detestables por su corrupción, por los desfalcos al erario, por su irresponsabilidad y hasta por su vagancia, pero aclarar que incluso son más peligrosos
y dañinos cuando les da por “trabajar, trabajar y trabajar” porque así tienen más tiempo y oportunidades de aprobar más leyes como las de la entrega de los recursos forestales y del gas y el carbón y de la privatización de Ecopetrol, y de la apropiación de la tierra por empresas extranjeras y por los grandes jefes del narcotráfico y firmar tratados antinacionales como el TLC, y recortar las transferencias, y convertir en un vil negocio la salud y la educación, y quitarnos el derecho natural al agua y al aire para que sean explotados por la avaricia de los grandes propietarios y las multinacionales, y destruir el aparato productivo nacional, tanto en el campo como en la ciudad, para que todo quede bajo la propiedad y el dominio del capital financiero internacional, mientras a los trabajadores se les condena al desempleo o a la precarización de su mano de obra, todo para el mayor enriquecimiento de unos pocos potentados. Y explicar una y mil veces, para que sea asimilado cada vez por más colombianos, que a los parlamentarios del pueblo sólo les queda el control, la denuncia, el trabajo por la educación y la movilización de los desposeídos, explotados y oprimidos.

En los dos años pasados el Polo logró grandes avances. Podemos prever que esto ganará en profundidad y extensión pues a diario crece el odio contra el imperialismo, sus políticas de saqueo y sus serviles agentes. Es la razón real para que los partidos reaccionarios se dispersen y se mantengan en un mar de contradicciones insuperables. Como su único aliciente es la acumulación de riqueza, y los del vértice de la pirámide sólo se sienten satisfechos cuando las curvas de ganancia de sus empresas son ascendentes, es fácil de entender que “No hay cama pa´ tanta gente”. Ese insalvable problema se refleja en el enfrentamiento entre las diferentes fracciones de las fuerzas políticas dominantes. Los partidos liberal y conservador, divididos, debilitados y aislados, les dejan a los uribistas el papel principal en el ofrecimiento de las baratijas imperialistas, así tengan que recortar y recortar los derechos democráticos para poder hacerlo. Uribe y Uribito, expresión tragicómica de este estado de cosas, vociferan y amenazan por todas partes en un intento inútil por unificar las filas de la derecha recalcitrante.

Nuestra posición como moiristas

Los militantes del MOIR ratificamos nuestros compromisos con el Ideario de Unidad y el respeto a las normas consignadas en los estatutos del POLO. Como tendencia dentro de esta organización mantenemos nuestra posición indeclinable de hacer todos los esfuerzos necesarios y convenientes para fortalecer, ampliar y consolidar la influencia del POLO entre los colombianos. Discutiremos en forma constructiva nuestras diferencias y contradicciones secundarias con otras corrientes internas, y precisaremos las diferencias antagónicas con los partidos tradicionales y con los que se crearon al calor de la efervescencia uribista. Explicaremos
nuestra posición sobre los problemas fundamentales de la liberación nacional; la defensa de la producción agraria e industrial no vinculada al imperialismo; la defensa de la cultura, la ciencia, la tecnología al servicio del pueblo; la exigencia del respeto a los derechos democráticos de la población.

Persistiremos en las consignas estratégicas de la necesidad de fortalecer y ampliar el POLO como un partido de izquierda democrática y de la necesidad de instrumentos de poder real que le permitan al pueblo avanzar en sus tareas transformadoras. Defendemos que el POLO mantenga una política unitaria, de acercamiento y persuasión con organizaciones y personas progresistas en las distintas regiones del país y que pacte alianzas con sectores, agrupaciones políticas y personalidades que se identifiquen y se unan con nosotros en el desenmascaramiento de la engañifa uribista. Llegaremos masivamente a pueblos y veredas para explicarle al campesinado los postulados del POLO y la defensa de su derecho a la tierra y a volver a ella, y tomar sus decisiones políticas sin sufrir amenazas, chantajes y asesinatos.

Sobre la lucha armada y el terrorismo

Frente a las distorsiones y calumnias uribistas sobre la posición del POLO con respecto a las atrocidades violentas que soporta Colombia, es bueno recordar que desde su nacimiento, tanto el MOIR como el POLO han definido con meridiana claridad la convicción de que a una organización democrática solo le es permitido basar su acción, su fortaleza y su triunfo en la movilización masiva de la población. Ni presiones, ni chantajes, ni extorsiones, ni secuestros, ni asesinatos, ni terror, ni luchas aisladas están en nuestra agenda. Todo nuestra labor la podemos resumir en: educación y persuasión, organización y movilización.

Recordemos algunos documentos fundamentales al respecto:

Del Polo Democrático Alternativo. En el Ideario de Unidad del Polo Democrático Alternativo está consignado: “Nos oponemos a la guerra y al ejercicio de la violencia como instrumento de acción política. Reconocemos la naturaleza política de la insurgencia colombiana, pero consideramos que hoy la vía de la transformación es la lucha de masas democrática y pacífica. Repudiamos todas las formas de terror y de terrorismo de Estado, en particular el atentado
personal, el secuestro la extorsión, las acciones armadas contra la población civil, que en modo alguno son formas legítimas de la lucha de los pueblos, por lo que condenamos todo acto de esta naturaleza”.

Del MOIR. a) En la década de los setenta, cuando nadie imaginaba las terribles épocas que debería vivir Colombia por culpa de las diversas expresiones de violencia, se presentó un hecho que marcó historia y que fue premonitorio de lo que vendría después: el M-19 secuestró, y asesinó después, al presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, José Raquel Mercado. A pocos días del secuestro de Mercado, el MOIR publicó el Nº 20 de su periódico Tribuna Roja (segunda quincena de marzo de 1976) y en él, bajo el título “El secuestro de Mercado y sus implicaciones”, fijó claramente su posición al respecto: “La desaparición de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y la espectacularidad con que los principales medios informativos han publicado comunicados y fotografías alusivos al hecho, atribuido a una organización conocida como M-19, sirven de pantalla para montar un bien preparado plan represivo y terrorista contra los partidos y las publicaciones contrarias al régimen (…) El secuestro de Mercado no se compagina en ningún momento con las formas de lucha que la clase obrera colombiana adelanta para desenmascarar, aislar de las filas del movimiento sindical, a los esquiroles y vendeobreros (…) Jamás nuestro Partido ha recurrido a las acciones individuales separadas de la lucha de masas, al secuestro o al atentado personal. Consideramos de principio
que solo el pueblo, mediante su lucha masiva y las formas de organización adecuadas, podrá coronar la victoria y juzgar a sus enemigos y verdugos”.

b) Años después, ya en momentos en que el país se sacudía con toda clase de noticias sobre actividades terroristas y cuando el secuestro se había convertido en actividad casi cotidiana, desde distintos flancos, se presentó el secuestro de uno de los más definidos vástagos de la oligarquía, Francisco Santos, hoy vicepresidente de la República. El MOIR, entonces, envió una carta a la familia Santos, fechada el 26 de septiembre de 1990 y que cualquier lector puede encontrar en la página 253 del libro Resistencia Civil, de nuestro desaparecido dirigente Francisco Mosquera, en la cual se señala: “Por configurar una de las fechorías más abominables, el secuestro ha sido repudiado en todas las latitudes. No hay causa, noble o vil, que lo justifique. Desgraciadamente este instrumento tan exclusivo de la delincuencia común, pasó a constituirse en parte integrante de la táctica de las guerrillas colombianas y, a través de ellas, en el símbolo de la lucha seudorrevolucionaria (…) Por eso hemos insistido en poner entre los grandes objetivos nacionales a obtener, la civilización de la contienda política, de tal forma que quienes recurran a cualquiera de las manifestaciones del vandalismo queden aislados y reciban ejemplar sanción”.

Los del MOIR podríamos continuar en decenas y decenas de páginas enumerando nuestras posiciones sobre tan sensible problema. En especial, nuestro senador y principal vocero público, Jorge Enrique Robledo, tanto en el Senado como en sus publicaciones y declaraciones, ha sido enfático en condenar el terrorismo y todas las prácticas violentas.

Pero lo más importante es que todo lo que han escrito o dicho el MOIR y sus dirigentes contra esta barbarie política está consecuentemente respaldado por nuestros hechos. No existe un solo colombiano que, sin faltar a la verdad, pueda decir o señalar que el MOIR lo ha coaccionado o amenazado para imponerle alguna decisión o arrebatarle algo. Toda nuestra actividad ha estado regida por los métodos propios de la clase obrera.

Lo reafirman las palabras del senador Jorge Enrique Robledo en una reciente réplica al ministro de Agricultura, que lo acusaba de ser proclive a la guerrilla: “Toda mi vida he estado en una organización política que lleva 40 años deslindando campos con el secuestro y la extorsión y defendiendo las luchas democráticas. Este es uno de nuestros orgullos y méritos en la vida”.

SAQUEO E IGNOMINIA EN GUAJIRA Y CESAR EN LA EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN

Gustavo Triana, Comité Ejecutivo de la CUT, Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8 de 2007

Contratos para el interés extranjero

De los complejos mineros de Guajira y Cesar se extrajeron para el mercado externo 56 millones de toneladas de carbón en 2006, por un valor de 2.913 millones de dólares, riqueza que en un alto porcentaje fue a las arcas de las multinacionales BH-Billinton, Drummond, Glencore y Angloamerican. Entre tanto el dueño del recurso, la nación, y los departamentos y los municipios, recibieron juntos 563 mil millones de pesos como regalías por los 65.5 millones de toneladas producidas en todo el país. Las regalías representan entre 10% y 15%, según el volumen de producción de cada mina y las estipulaciones acordadas en los diferentes contratos.

Las minas a cielo abierto de El Cerrejón, en Guajira, y La Loma, La Jagua de Ibirico y Becerril, en Cesar, tienen inmensas reservas de carbón de alto poder calorífico, bajo contenido de azufre y cenizas y bajos costos de extracción y transporte que ponen a Colombia como el primer productor de América Latina y el cuarto exportador mundial. Situación altamente ventajosa para el país, toda vez que el carbón junto con el petróleo y el gas son la base de la generación de 80% de la energía mundial. Es bueno mencionar que Estados Unidos, el mayor consumidor de energía del planeta, depende del carbón para producir el 48% de su electricidad.

Llama la atención que Colombia no se beneficie de tan privilegiada posición y que los distintos gobiernos sean genuflexos en el manejo de tan estratégicos recursos. Por obra de las multinacionales y la oligarquía colombiana, la riqueza del carbón ha pasado de ser signo de prosperidad a maldición para los trabajadores y los pobladores de estos enclaves imperialistas.

Esta historia comienza en 1976, con la firma del contrato de asociación entre Carbocol, empresa del Estado, y la multinacional Exxon para la explotación de El Cerrejón, en el que se estipuló una participación del 50-50 tanto en las inversiones como en la distribución de la producción, después de pagar a la nación, el departamento y el municipio una regalía total del 15%. Y se impuso que el operador sería el socio extranjero, lo que facilita los aprovechamientos y las estafas contra la nación: sobrefacturación en los costos del ferrocarril y el puerto de Bahía Portete, que para la fecha de declaración de comercialidad de la mina, 1980, hicieron que la inversión de Carbocol fuera de 1.600 millones de dólares y no de los 900 proyectados inicialmente. Así lo denunciaron en su oportunidad la Contraloría General de la Nación y destacados analistas y académicos.

Durante el largo periodo de precios internacionales bajos y de balance negativo por la lenta tasa de retorno de tan costosa inversión se mantuvo vigente el contrato de asociación, y Carbocol asumió cuantiosas pérdidas que se le cargaron a Ecopetrol. Pero, vaya pillaje, una vez que los precios repuntaron a finales de los 90, y cuando el complejo se había pagado en su totalidad y faltaban diez años para que la mina con todas las instalaciones revirtiera al Estado sin costo alguno, Andrés Pastrana les vendió a Billinton, Glencore y Angloamerican la parte de Carbocol por 430 millones de dólares. Estas transacciones estuvieron precedidas del acuerdo de prórroga del contrato de asociación hasta 2034, aunque debía expirar en febrero de 2009. Y se incluyó la exclusividad para la utilización del puerto que da ventajas monopólicas. Este proceso convierte el contrato de asociación inicial en un leonino contrato de concesión, como en los tiempos de la colonia española.

Pero la ignominia no para ahí. Virgilio Barco firma en 1988 un contrato de concesión sobre el yacimiento de La Loma, Cesar, a la multinacional gringa Drummond. Ernesto Samper aprueba en 1996 la comercialidad del yacimiento. El contrato contempla un pago de regalías del 15% y unos términos respecto a la liquidación de las mismas, las deducciones por el valor del transporte al puerto, el manejo ambiental y las ratas de extracción, lleno de gabelas. Esto dio origen a numerosas denuncias y pedidos por revisión de organismos de control, parlamentarios, autoridades locales, columnistas y la población organizada. Por ejemplo, para calcular el valor de deducción del transporte del carbón de regalías, o sea, lo que le toca a la nación, la multinacional cobraba como si fuera llevado por río hasta Cartagena; pero cuando se empezó a llevar por tren, Drummond aumentó unilateralmente en 32% esta tarifa. Lo que llevó a la Contraloría a ordenar reembolsarle a la nación
40 millones de dólares, en fallo del pasado semestre. En la concesión tampoco se contempla un mecanismo efectivo de cuantificación del volumen extraído y en consecuencia las regalías se pagan sobre los reportes de producción que hace la multinacional, pues el Estado no hace ninguna fiscalización. Además se hizo una azarosa modificación del contrato para explorar y explotar petróleo y gas con iguales condiciones a las establecidas para el carbón. Para colmo, en el otrosí para la asignación de sesenta mil nuevas hectáreas, la nación acepto incluir una clausula que determina que cualquier ventaja concedida, en materia de regalías, a otro productor de carbón, será automáticamente reconocida a la Drummond. Estas dos últimas concesiones a la multinacional las hizo el gobierno de Álvaro Uribe. Condiciones similares se adoptaron en las concesiones otorgadas a Prodeco, Carboandes y Carbones del Caribe, este último del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, en los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril. Estas minas fueron recientemente adquiridas por Glencore. De esta manera se consumó la desnacionalización del carbón de estos departamentos.

Graves daños ambientales

Las multinacionales no son nada respetuosas del medio ambiente ni del entorno social de los enclaves mineros. Los problemas son desoladores para la región, desplazamiento y desalojo de comunidades por la declaratoria de zona de explotación minera; contaminación de fuentes de agua incluidas las corrientes subterráneas;
cambio del curso de ríos y quebradas; contaminación del aire y las tierras con polvillo de carbón; deterioro de las vías por el tránsito de más de mil tractocamiones
y otra maquinaria pesada; inseguridad total a todo lo largo de la línea férrea que fue cedida en monopolio a Drummond, empresa que tiene trato preferencial en la ubicación del puerto y anuencia del gobierno nacional para utilizar la modalidad de embarque más contaminante.

Y debemos destacar dos daños de consideración estratégica para la región, la perdida de área de uso agropecuario por la declaración de zona de explotación minera; y el irreversible deterioro que se le está provocando a la bahía de Santa Marta, al convertirla en un inseguro e inadecuado puerto carbonero, donde ya hay grave deterioro en sus playas y acumulación de partículas de carbón en el lecho marino. Todo esto incide negativamente en la vida de millones de colombianos y se hace para favorecer las arcas de las multinacionales y eximirlas de responsabilidad social y ambiental. Es la lógica lacaya de darle garantías al capital extranjero a costa de graves daños para la población.

Los trabajadores resisten

El saqueo imperialista ha traído consigo las más desalmadas prácticas antiobreras: asesinato de sindicalistas, persecución sindical, tercerización, negación de derechos y falta de seguridad social, entre otras violaciones.

En El Cerrejón hay 4.700 trabajadores vinculados directamente y 4.000 en firmas contratistas. En la mina de Drummond cuarenta contratistas explotan a 2.500 trabajadores mientras que solo 2.000 son beneficiados por la convención. En el puerto de Prodeco, en Santa Marta, pocos obreros están amparados por la convención y la gran mayoría están por contrato temporal y se les prohíbe afiliarse al sindicato.

En las minas saqueadas hoy por Glencore la extracción se hizo desde su inicio por el sistema de contratistas y de esta manera se eludía la contratación directa, pero la lucha de los trabajadores ha obligado a que la multinacional empiece a asumir la operación. La situación sigue siendo censurable, de una población de mil trabajadores tan solo la mitad tiene vinculación directa.

Las empresas de la minería se han caracterizado por la indolencia total con las enfermedades profesionales y con la seguridad industrial, los enfermos y accidentados ya se cuentan por miles. Sus representantes aliados con los funcionarios de las EPS, del ministerio de la Protección Social y otras autoridades, están eludiendo las obligaciones de rehabilitación, reubicación, indemnizaciones y jubilaciones que reconoce la legislación nacional. Su intención es dejarle al estado este grave problema.

La enconada lucha librada por los trabajadores y sus organizaciones sindicales Sintracarbon, Sintramienergetica, y Funtraenergetica, ha permitido en parte conquistar
los derechos de asociación y negociación y hoy existen convenciones colectivas de trabajo en El Cerrejón, Drummond, Glencore y los puertos. Quedan, sin embargo, más de 8.000 obreros del carbón que sufren el oprobio de la tercerización. Las organizaciones sindicales han avanzado en la lucha nacionalista y reivindicativa de los asalariados de estas multinacionales, permanecen firmes en la brega por alcanzar el reconocimiento de los derechos para estos compañeros y se vinculan cada vez más con otros sectores sociales para el rescate de esta riqueza nacional.

COLAPSO EN LA SALUD

Marcela Vélez, Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8 de 2007

En el transcurso del 2007, y como consecuencia de todas las políticas neoliberales implementadas desde 1993 con la expedición de la Ley 100, los colombianos hemos sido golpeados por el cierre de las clínicas del Instituto del Seguro Social, ISS, y la liquidación de su EPS, así como por el cierre y crisis de la red pública hospitalaria.

El ISS es la institución que mejor expresa la suerte de las mayorías perdedoras con el nuevo sistema de salud. Hace catorce años el Estado arremetió contra el ISS, que vinculaba a casi el 23% de la población, seis millones de trabajadores, para montar un negocio que lucrara al sector financiero. La campaña de desprestigio, la prohibición de nuevas afiliaciones, el mal manejo por parte del gobierno, entre otras medidas, generaron los problemas del ISS. La migración masiva de afiliados sanos y jóvenes a las EPS privadas provocó que en el ISS permanecieran el 80% de los pacientes con enfermedades de alto costo, que le cuestan $350.000 millones mensuales, y los pacientes de edad avanzada, que hoy representan 24% del total de sus afiliados. Además cambió la composición nacional del aseguramiento; hoy tenemos tres millones de afiliados en el ISS y 9.2 millones en EPS privadas.Empatando una medida con la otra, en el año 2003 el presidente Uribe y su ministro Palacios obligaron al ISS a dividirse en siete Empresas Sociales del Estado (ESE), quitándole su propia red de servicios, 37 clínicas y 204 centros de atención ambulatoria. Estas nuevas ESE corrieron la misma suerte que la red pública hospitalaria, la que hoy se encuentra cerrada o colapsada como lo evidencian los hospitales San Juan de Dios, Universitario de Caldas, el de Cartagena y muchos otros de menor nivel.

Ante la falta de pago por parte del Estado a estas ESE por la población vinculada atendida y la histórica deuda del gobierno nacional al Seguro Social, que en cálculos asciende a 70 billones de pesos, estas instituciones han sido llevadas a un punto de no viabilidad financiera.

En el proceso de liquidación de la EPS ISS, el pasado sábado 25 de agosto el ministro de la Protección Social, Diego Palacios, arremetió contra la ESE Luis Carlos
Galán, asistió personalmente a la expulsión a la calle de los trabajadores de las clínicas San Pedro Claver, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero, la del Niño y otros 17 centros de atención ambulatoria vinculados al ISS en Bogotá, donde se atiende a unos 800 mil pacientes. Así como se había hecho en octubre del año pasado con las clínicas José María Campo Serrano, de Santa Marta, Enrique de la Vega, de Cartagena, y Los Andes, de Barranquilla, parte de la liquidada ESE José Prudencio Padilla y luego con la ESE Rafael Uribe Uribe en Antioquia, con el ISS en Duitama, Villavicencio, Ibagué y Sogamoso, así se hará con las ESE Rita Arango Álvarez del Pino y Antonio Nariño, lo que afectará a Manizales, Armenia, Pereira, Popayán, Pasto y Cali.

La masacre laboral ha sido y será aterradora en el ISS: los más de 12.000 trabajadores de las clínicas, centros de atención, de pensiones y riesgos profesionales, engrosarán las filas del desempleo y correrán la misma suerte que los trabajadores despedidos de los hospitales públicos, de Telecom, la Caja Agraria y las instituciones que han sido blanco de la política neoliberal.

En medio de la política de cierre de hospitales están millones de pacientes que no tienen institución adonde acudir, o solo cuentan con una atención inoportuna y de mala calidad. La liquidación del ISS, que cuesta alrededor de 800 mil millones de pesos, es de entrada una sentencia de muerte para los 45.000 enfermos de alto costo, que son rechazados por las otras EPS.

Lo más aberrante de todo esto es que Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor gasto en salud: alrededor de 16 billones de pesos se mueven en este sistema; dinero suficiente para dar cobertura universal, gratuita y de excelente calidad. Pero en la Ley 1122 de 2007, que reformó la Ley 100, en lugar de redistribuir los recursos y eliminar la intermediación financiera, que se lucra de la enfermedad de los colombianos, lo que hizo Uribe fue aumentar el dinero en el sistema para garantizarles e incluso mejorarles el negocio a las EPS.

Las EPS privadas se consolidan como grandes empresas en el país y sus utilidades siguen aumentando. Mientras tanto, la salud de los colombianos se deteriora cada día más, existe menor acceso real a los servicios, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud son más precarias y hay un mayor atraso tecnológico y de infraestructura.

La organización, la educación y la movilización de los usuarios del ISS y del pueblo en general son necesarias, y quizás el único camino para lograr un adecuado sistema de salud, de cobertura total, gratuito y de excelente calidad. La indeferencia frente a esta problemática es cohonestar con el gobierno uribista y permitir que nos arrebaten un derecho esencial, el de la salud.

LA VENTA DE ACCIONES DE ECOPETROL PARA CUMPLIRLE AL IMPERIALISMO

Gustavo Triana, Comité Ejecutivo de la CUT, Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8 de 2007

La venta de las acciones profundiza la dilapidación del patrimonio de los colombianos, simbolizado en la pujanza alcanzada por Ecopetrol, la mayor y más rentable empresa del país. En 2006 alcanzó utilidades de 3.39 billones de pesos e hizo transferencias al Estado por 9.6 billones.

La imposición de políticas neoliberales en materia de hidrocarburos ha significado la regresión a la oprobiosa situación existente antes de 1951, cuando el petróleo se lo apropiaban en un ciento por ciento las empresas extranjeras a través del sistema de concesiones. En ese año se logró la primera reversión de una concesión, la De Mares en Barrancabermeja, y con ella nació Ecopetrol.

La empresa estatal logró iniciar la década de los noventa como una de las petroleras más importantes de América Latina. Producía en forma directa más de 25% del crudo y el gas del país y, participaba con 50% de la parte restante mediante la asociación con multinacionales; tenía el monopolio sobre la refinación, el transporte de derivados y de gas natural, y la administración de las cuencas hidrocarburíferas; participaba en la distribución y comercialización a través de los Terpeles; incursionó en petroquímica y comercialización de gas, como accionista de Monómeros, Ferticol SA, Gas Oriente, Gas Natural e Invercolsa, entre otras.

Los presidentes del periodo neoliberal, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe, han cumplido a cabalidad el designio de favorecer a las multinacionales en detrimento del interés nacional. Iniciaron con la venta de 48% que Ecopetrol tenía en los Terpeles; prosiguieron con las acciones de Promigas, Gas Oriente, Gases de Barrancabermeja, Gas Natural de Bogota e Invercolsa; la despojaron de la infraestructura de transporte de gas, cuyo costo se calculó en 900 millones de dólares, para crear a Ecogas y luego privatizarla; de manera sistemática se modificaron las condiciones económicas de los contratos de asociación con las multinacionales hasta adoptar nuevamente los términos de las concesiones, modalidad con la que irrumpieron, a principios del siglo pasado, la Troco y la Colpet en los campos de Barrancabermeja y Tibú.

Pero Uribe ha sido el campeón del servilismo. Con el decreto 1760 de 2003 escindió de Ecopetrol las cuencas sedimentarias para crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y allanar el camino para regresar a los contratos de concesión, en los que las multinacionales se apropian del recurso. Se negó a recibir los campos de gas de ChevronTexaco en Guajira y los de crudo de Caño Limón y Sabana de Torres, de la Oxy. En ambos casos, en contravía del interés nacional, les prorrogó los contratos hasta la extinción de los yacimientos. Con este pérfido proceder la nación perdió cientos de millones de dólares. Contra toda conveniencia, y comprometiendo la seguridad energética nacional, vendió 51% de la refinería de Cartagena a Glencore, so pretexto de que el gobierno no tenía los 500 millones de dólares necesarios para aumentar su capacidad de 75.000 a 140.000 barriles día. Esta venta se hizo a pesar de que el margen de utilidad por barril refinado es de cuatro dólares y que aumenta sustancialmente con la ampliación y modernización. Ante el clamor de sindicatos, congresistas y personalidades para que el proyecto se financiara con parte de los mil millones de dólares que Ecopetrol tenía en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP, Álvaro Uribe, el presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se negaron porque, según ellos, se afectaban las finanzas nacionales y se disparaba el gasto público; sin embargo, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo trasladó la plata del FAEP al presupuesto general de la nación seguramente para dilapidarla en clientelismo.

La Ley 1118 de 2006 aprobó la venta de acciones de Ecopetrol. Por ahora está en el mercado el 10%, de ellas. Esta decisión violó el Acta de Acuerdo que puso fin a la huelga de la USO de 2004, que garantizaba la propiedad estatal de la empresa, y que fue firmada por el ministro de Minas y el presidente de Ecopetrol con la Conferencia Episcopal como garante. La operación es por demás sospechosa: el actual presidente de la empresa, Javier Gutiérrez, ha prometido un rendimiento de 42% en el primer año, lo que solo es posible si las acciones están subvaloradas, como en efecto lo han denunciado los senadores Hugo Serrano y Jorge Robledo. Igual ocurrió con las de ISA.

El Gobierno dice que con esto busca la democratización de la propiedad de la empresa y su capitalización para nuevos proyectos, pretendiendo ocultar que se trata es de privatizar el patrimonio público más importante de los colombianos y maniobrar para que las multinacionales se sigan apropiando de la industria petrolera nacional, y que tan solo una ínfima parte de las acciones podrá ser comprada por el ciudadano corriente, pues el 10% vale 5.2 billones de pesos, lo que no está al alcance de cualquier persona. Tan es así que el otro 10% que tienen previsto vender en la segunda ronda, ya no será en el país sino en la bolsa de Nueva York.

Esconden, a sabiendas, que la manera democrática de manejar la riqueza petrolera no es otra que la nacionalización de los yacimientos, la refinación, la distribución y el transporte de los hidrocarburos, de tal manera que la renta sea manejada por el fisco nacional; lo demás es privatización y privilegios para la oligarquía y el imperialismo.

Los trabajadores han resistido con valentía la violenta ofensiva de las multinacionales y el uribismo. Por momentos su lucha ha frenado la arremetida, pero se hace necesario juntarla con los demás pleitos populares y poder recobrar la soberanía sobre los hidrocarburos para ponerlos al servicio del desarrollo nacional y el bienestar de su población.

ROBLEDO EN EL SENADO

Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8 de 2007

¿ES INÚTIL LA DIGNIDAD?

Crecen los reclamos por la indignidad con la que cada vez más Álvaro Uribe Vélez se relaciona con los poderes extranjeros, y especialmente con Estados Unidos. Basta con pensar en la sumisión ante la política exterior de Washington, el vergonzoso trámite del TLC o sus mandados al presidente francés. Producen vergüenza ajena. Cómo estarán las cosas que Semana se preguntó: “¿Qué hacer para recuperar la dignidad nacional?” (Jun.09.07) …

También se oye decir: “¿La dignidad para qué?”, “eso no es práctico”, ¿“Quién come dignidad”? Posiciones que llevan a preguntar: ¿Valores como la dignidad, el honor, el patriotismo, la honradez o el heroísmo, para mencionar unos pocos, los elevó la humanidad a la categoría de superiores como una especie de bobería romántica, apenas buena para novelar la existencia? ¿Carecen de sentido práctico? ¿O, por el contrario, en la razón de considerarlos fundamentales se encuentra, precisamente, su enorme utilidad, tanta que los hace imprescindibles? ¿Puede una nación progresar sin ellos? ¿Y más si los pierden sus dirigentes?

Una fábula puede facilitar la comprensión de uno de los puntos de vista del debate. Dos niñas de origen popular y recién graduadas de la secundaria conversaron sobre su futuro. La primera, poseedora de los valores puestos en duda, explicó que ella trabajaría en lo que le tocara y aun cuando fuera duro y mal pagado. Pero que no haría nada que considerara indigno. La otra, burlona, comentó que su sentido práctico la llevaría a prostituirse, porque ella no iba renunciar a las que consideraba las cosas buenas de la vida. Que eso de la dignidad era un cuento inútil. Décadas después, las amigas se reencontraron. La primera, la que se aferró a sus principios, contó orgullosa que tenía una modesta pensión y acababa de pagar la pequeña casa en la que vivía con su esposo y dos hijos encantadores, El mayor era profesional y la menor estaba por darle su primer nieto. Que su vida había sido dura, pero había valido la pena. La que decidió enfrentar la vida “sin los lastres de la dignidad”, habló del mucho dinero que ganó, pero contó que estaba sola, luego de haber padecido humillaciones y a los chulos que le cobraron con maltratos y exacciones su “protección; que ahora enfrentaba un sida, y que de sus dos hijos, uno pagaba cárcel y el otro había desaparecido.

Con los países sucede que la indignidad de los gobernantes que los representan, con frecuencia les es pagada con cargos o comisiones por los beneficiarios de su entrega, pues separan la suerte personal de la suerte de la nación. Pero si los efectos de su indignidad cayeran sobre ellos, ¿les parecería que la dignidad es un valor superfluo? Si quienes ceden la soberanía, por ejemplo, padecieran personalmente por esa carencia, ¿la entregarían?

En Colombia, cuando se trata de ilustrar lo extremadamente inútil de un gesto, se dice que “es como un juramento a la bandera”. ¿Por qué sorprendernos que Álvaro
Uribe, impunemente, pueda decir que el Plan Colombia es caballo regalado al que no se le mira el colmillo?

Bogotá, 22 de junio de 2007

PARAURIBISMO

Ante la decisión de la Fiscalía de dictarle auto de aseguramiento a otro representante a la Cámara, partidario también del presidente Uribe, a la que se le suma que en los últimos días la Corte Suprema de Justicia requirió a otros cinco congresistas uribistas para que den explicaciones por parapolítica, el senador Robledo afirmó: “Esta es una nueva confirmación de que el término parauribismo sí es una necesaria precisión en el lenguaje, que tiene total respaldo en la realidad”.

Robledo explicó que de los 16 congresistas presos o prófugos por la parapolítica, 15 son uribistas, es decir, el 94 por ciento, matemática que también sustenta al término parauribismo”. Y explicó que “estos amigos del Presidente obtuvieron 649.303 votos en las pasadas elecciones”.

El senador Robledo insistió en preguntarse cuándo será que el Presidente les dará alguna explicación a los colombianos acerca de por qué tantos y tan poderosos amigos políticos suyos terminaron enredados en la parapolítica. “Que Uribe, si quiere, diga que todo ocurrió a sus espaldas. Pero que diga algo”.

***

Ante el anuncio del ministro del Interior y de Justicia de que el gobierno no insistirá en modificar la leyes para sacar de las cárceles a los parapolíticos, reculada que sin duda obedece al repudio que su propuesta generó en Colombia y en el exterior, el senador Robledo comentó: “Se confirma que lo normal en este gobierno es que solo acierta cuando rectifica”.

Oficina de Prensa del senador Jorge Enrique Robledo, vocero Polo Democrático Alternativo. Bogotá, 19 de julio de 2007

ES DE DICTADORES SOMETER A LA CORTE

“Es de suma gravedad que el Presidente debilite a la Corte Suprema justo en el momento en que esta ha asumido con valor e independencia el caso de los parapolíticos y requiere del mayor respaldo de la nación. ¿O será precisamente para castigarla, para debilitarla, que el Presidente la ataca?… Cada nuevo hecho sobre la parapolítica compromete a más amigos del Álvaro Uribe, `al parauribismo`… Es el colmo de los colmos que el Presidente amenace con utilizar el gran poder presidencial para promover entre las barras bravas uribistas una especie de linchamiento de unos magistrados a los que el país debe respaldar…Así Uribe se empeñe en negarlo, lo que busca desde hace días es sacar de la cárcel a los parapolíticos amigos suyos”.

Boletín de la Oficina de Prensa del senador Jorge Enrique Robledo. Bogotá, 30 de julio de 2007

¿A QUÉ DEBEMOS DECIRLE SÍ?

Un periodista me dijo: “Senador, los dirigentes uribistas afirman que el problema con usted y con los del Polo es que a todo le dicen que no. ¿Qué opina? Dígales –le respondí– que antes nos falta tiempo para decirle que no a tanta iniquidad. O que sí debemos aplaudir:

¿Que el sesenta y seis por ciento de los colombianos, 28 millones, sobreviva en la pobreza y que alrededor de diez millones de ellos todas las noches se acuesten a dormir con dolor en sus estómagos, no por haber comido en exceso sino porque no comieron nada? ¿O celebramos que cada vez más, desde 1990, con el llamado “libre comercio”, sea más fácil ganarse un chance o una lotería que conseguirse un empleo estable y bien remunerado? ¿O saludamos que 2,5 millones de niños se encuentren por fuera de las instituciones educativas, ignominia que los condena a la ignorancia y, con ella, a la pobreza y la miseria? ¿O le decimos sí a la Ley 100 de salud, que mata más que todas las violencias que torturan al país, porque se diseñó con el perverso objetivo de supeditar el bienestar y la vida de la gente a las ganancias del puñado de negociantes que monopolizan el sector? ¿O quieren que aplaudamos las normas sobre pensiones, las mismas que sustituyeron el derecho por el negocio, las cuales, asociadas con el desempleo, hacen que a los colombianos se les niegue el trabajo, por viejos, a la edad de cuarenta años, pero se los considere muy jóvenes a los sesenta, cuando de trata de pensionarlos? ¿O agradecemos que las facturas de los servicios públicos constituyan un boleteo mensual que les quita el pan de la boca a tantos compatriotas? ¿O nos alegramos porque producir en Colombia, en el campo y la ciudad, más que un acto económico parezca un milagro? A todo esto, por supuesto –concluí–, los del Polo vamos a seguir diciéndole no, aun cuando, por razones obvias, se molesten los causantes de este desastre y quienes –sin deberse a ellos, porque carecen de ese poder– asumen una actitud complaciente frente a tal realidad.

Bogotá, 10 de agosto de 2007

QUE EL GOBIERNO ASUMA SU RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Apartes de la intervención en la plenaria del 20 de marzo de 2007

No hay crímenes buenos y crímenes malos, no hay secuestros buenos y malos, ni homicidios buenos y homicidios malos. En cierto sentido, al secuestrado poco le importa quién lo haya hecho. Pero para la sociedad, en cambio, no da lo mismo si quien delinque es un ciudadano del común o una persona que ejerce control sobre el poder del Estado. Uno de los propósitos principales del Estado es concentrar el monopolio de la fuerza. Monopolio que en el proceso de la civilización se va normatizando para que los funcionarios que actúan en nombre suyo no puedan abusar del enorme poder que les ha concedido la sociedad. Cuando hablamos entonces del paramilitarismo, de la parapolítica, de la parajusticia o del paraempresariado, señalamos un hecho monstruoso para el funcionamiento de la sociedad: el de grupos de personas que se organizan y rompen el monopolio de la fuerza para ponerla al servicio de propósitos privados, por fuera de cualquier tipo de control de signo democrático o incluso de cualquier forma de control.

La violencia que se ejerce desde el Estado o desde la presión de un paraestado, sea mayor o menor en su tamaño, no es equiparable a ninguna otra manifestación
de rendimiento de la ley. Qué podrá haber más grave que, por ejemplo, a un campesino le quiten sus tierras y cuando pide la protección del alcalde, resulta que este es socio de quienes le robaron las tierras y cuando busca al personero, este también se halla implicado, y el juez y el policìa también. ¿Podrá haber una situación peor desde el punto de vista del funcionamiento de una sociedad civilizada? Ese es el fenómeno que estamos denunciando aquí hoy, un fenómeno que alcanzó proporciones dantescas. Entre los años 2002 y 2005 hubo 865.000 desplazados en Colombia por este tipo de violencia, muchos de ellos por la presión de los paramilitares, y algunos autores calculan que en total hay más de tres millones de personas desplazadas a las que se les han arrebatado entre dos y medio y siete millones de hectáreas, un atentado de proporción descomunal. Hay ejércitos privados que se arrogaron el derecho de establecer la pena de muerte, que en Colombia no existe legalmente. Entre 1991 y 2006 hubo 1.313 sindicalistas asesinados; y el año pasado, aunque el gobierno nacional dice que no fueron sino 25, las Centrales Obreras denuncian el asesinato de 84 de sus dirigentes. Algo monstruoso en un país medianamente civilizado. Por el mismo fenómeno cayeron muertos cuatro candidatos presidenciales, dos de la Unión Patriótica, uno del M-19 y el propio Luis Carlos Galán, que cayó asesinado en este ambiente de descomposición nacional. En el genocidio político de la Unión Patriótica murieron cerca de tres mil de sus militantes, ocho congresistas, trece diputados, sesenta concejales. Una cadena criminal quizá sin semejanza en otro país de la tierra.

Los datos de la Corporación Arco Iris

La Corporación Arco Iris afirma que en doce departamentos de Colombia hay un poder muy grande de la denominada parapolítica, con influencia en casi todos los restantes y que en el año 2002, bajo el amparo de estas fuerzas, fueron elegidos 28 senadores con sus fórmulas de Cámara. Recordemos que uno de los jefes del paramilitarismo declaró que tenían el 30% del Congreso. En el 2003, dice la misma Corporación, salieron elegidos bajo ese manto 285 alcaldes, seis gobernadores, 3.500 concejales. Y añade que en las elecciones del 2006 fueron elegidos 83 congresistas en zonas de gran control paramilitar, entre ellos 31 senadores. Se trata de un fenómeno de proporciones mayúsculas, como también lo es la violencia que ejerce la guerrilla, otro de los problemas que queremos resolver los colombianos.

Dejemos claro que sin importar cuál haya sido el origen de esos grupos, el fin no justifica los medios. Es esta una idea sin la cual Colombia no podrá salir nunca adelante. Sin importar qué tan sano sea un fin, qué tan altruista sea un propósito, ni siquiera el mejor y el más soñado de ellos autoriza a nadie a constituir organizaciones al margen de la ley, que procedan mediante la violencia contra sus compatriotas y que desaten olas de homicidios en distintas regiones del país.

Es muy dudoso que alguien pueda alegar que participa en estos asuntos como una víctima de las circunstancias. No, aquí muchas de las víctimas perdieron su vida por defender sus propiedades y la concepción democrática; aquí las víctimas fueron desalojadas de sus lares por no plegarse ante los asesinos. Luego no comparto el criterio de quienes aducen que los victimarios fueron víctimas. ¿Víctimas que terminaron convertidas en jefes políticos de importancia nacional? ¿Víctimas que acabaron apoderándose de millones de hectáreas de tierra? ¿Víctimas que se enriquecieron en proporciones astronómicas?

¿Parapolítica o parauribismo?

¿Cómo es este fenómeno de la parapolítica? He dicho algo que ha molestado bastante al doctor Holguín, hasta el punto de calumniarme en más de una ocasión, que a mí no me gusta el término de parapolítica, porque es impreciso, crea confusión, trasmite la idea de que todos los que estamos en política nos hallamos de una u otra manera vinculados a hechos criminales. Y sabemos que eso no es cierto. Me puse entonces un día en la tarea de esclarecer la verdad haciendo cuentas, para que quienes estén implicados sean los que respondan políticamente, porque no puede dar lo mismo estar en un partido implicado a estar en un partido ajeno a toda acusación.

Hoy, de 9 congresistas presos o prófugos, 9 son uribistas, el ciento por ciento. De 19 congresistas que, según El Tiempo, están en capilla, 17 son uribistas, el 89.5%. De 32 firmantes del documento de Ralito, 29 son uribistas, el 90%. En el caso del DAS, el director y su cúpula, toda comprometida y todos uribistas. De 3 gobernadores, 1 está preso y los otros 2 enredados, y son uribistas. La Corporación Arco Iris asegura que en zonas de paramilitarismo fueron elegidos 50 representantes a la Cámara, de los cuales 42 son uribistas, el 84%; 33 senadores también en las mismas circunstancias, y de ellos 31 uribistas, el 94%. Del total de los 83 congresistas que menciona la Corporación Arco Iris, 73 son uribistas, el 87%. Hay más de cien importantes jefes políticos del uribismo presos, prófugos, mencionados o sindicados en este escándalo de la parapolítica.

Me tomé entonces la libertad de acuñar un término y decir: aquí, más que parapolítica, lo que hay es parapolítica uribista, es decir, parauribismo. Me han dicho que no puedo insultar a los uribistas. No, ese no es un insulto, es una afirmación que tiene un sustento científico, las matemáticas son un instrumento de la ciencia.¿Todos los uribistas están involucrados en la parapolítica? Por supuesto que no. Lo he explicado hasta la saciedad. Pero el que cada uno de los uribistas no esté involucrado
no niega las esclarecedoras cifras que he dado. Yo no insulto a nadie. Puedo decir cosas duras, porque son francas y tal vez molesten a algunos. Pero tengo el respaldo de los hechos. Y he dicho también algo muy cierto. Mi madre, que fue una mujer excepcional, falleció siendo uribista, pero no era parauribista. Por eso con toda cordialidad les digo a los uribistas: ¡No se pongan bravos conmigo, pónganse bravos con los parauribistas, que son quienes han armado todo este enredo! Y permitamos que la verdad avance, que la verdad se sepa, para que podamos resolver los problemas de Colombia.

Las denuncias, ¿un fruto de la seguridad democrática?

El gobierno dice que si lo del paramilitarismo se está destapando, se lo debemos a la política de la seguridad democrática. No comparto esa afirmación, porque
no puedo entender cómo el presidente Uribe y sus amigos estén porque se sepa la verdad y cuando alguien dice algo a favor de que se conozca a fondo la verdad, lo acusan de todo tipo de desproporciones que apuntan a silenciar a quien se atreva a cuestionar.

El gobierno también aduce que la verdad se empieza a destapar por la Ley de Justicia y Paz. Pero la ley aprobada aquí no contenía como una de sus exigencias fundamentales el esclarecimiento absoluto de la verdad. Se necesitó un fallo de la Corte Constitucional para que la verdad se convirtiera en requisito sin el cual no podría accederse a los beneficios del perdón. Y cuando la Corte lo emitió, ¿saben que dijo el doctor Sabas Pretelt, ministro del Interior en esos días? “Estoy preocupadísimo y perplejo”. No le gustó el fallo (El Espectador, May.21.06)…Y uno de los senadores que está recluido en La Picota expresó: “La ley de justicia queda sirviendo para nada”, porque la Corte Constitucional pidió que se supiera la verdad. No pueden entonces ni el Presidente ni usted, doctor Holguín,
mostrarnos esa Ley como el instrumento fundamental para que se conozca la verdad.

Pocos días después, en septiembre del año pasado, el comisionado de Paz afirmó: “Este es el momento de la verdad y no sé hasta donde el país está preparado para dar este paso” (Colprensa, Sep.03.07). ¡Cómo así que un vocero tan connotado del gobierno intenta meterle miedo al país para impedir que se conozca la verdad!

¿Y cuál ha sido la posición del presidente Uribe? ¿No se supone que lo sabe todo, que no deja cabo suelto, que está al detalle de lo que ocurre en el país por ser el presidente, el jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Lo único que no sabía era esto de la parapolítica? No hemos visto a aquel presidente acucioso, entusiasta, poniendo todo el poder del Estado que él controla al servicio de que se conozca la verdad. ¿Y, además, por qué tan agresivo? Si es verdad que él quiere que se conozca la verdad, ¿por qué más se demora alguien en decir pío que él en clavarle un epíteto, como el de que uno es guerrillero vestido de civil, y todo tipo de improperios contra la oposición? ¿Qué pasó cuando las revistas Semana y Cambio se quejaron porque había nombrado a Noguera, ya ex director del DAS, como cónsul en Milán, premiándole con un cargo diplomático su participación en el escándalo que lo acosaba? ¿Qué hizo el Presidente? ¿Asumió una actitud democrática, republicana, de respeto a la libertad de prensa? No, todo lo contrario… No voy a leer sus frases, pero fueron insultantes, agresivas, y apuntaban a silenciar a esas revistas por atreverse a preguntar cuál era el fondo del asunto. Y con respecto al señor Noguera, hay que verle las flores al presidente Uribe: pongo la mano en el fuego por este personaje, que es un hombre incontaminado y una buena persona. Miren ahora todo lo que se sabe, en un asunto en el cual la responsabilidad política del Presidente está fuera de duda. Él puede pretextar que no eligió a los senadores involucrados, pero él sí nombró al señor Noguera. Era nada menos que el jefe de su policía secreta, cargo en el que solo le respondía a él. La responsabilidad política del jefe del Estado es aquí inmensa.

El Polo no hace combinación de formas de lucha

La posición del Polo está en su concepción programática, en sus estatutos, en sus declaraciones públicas. Le exigimos seriedad al gobierno: no puede haber dudas de que el Polo no combina las formas de lucha, que no tiene establecido en sus propósitos el empleo de instrumentos bélicos para resolver ninguna de las contradicciones y clama a favor de procesos de paz que nos conduzcan a resolver estos problemas en Colombia…

En un acto de desproporción inaudito, ministro Holguín, usted se atrevió a decirme en un programa de La Noche que yo, Jorge Enrique Robledo, y el MOIR habíamos auspiciado en Colombia el alzamiento armado y la combinación de las formas de lucha. Ese día le llamé la atención y le repliqué que eso no lo podía decir, porque no era cierto. Usted reculó en parte y afirmó: “No voy a decir que echar bala”, pero que sí hacíamos movilizaciones y luchas estudiantiles.

Unos días después, ante todos los medios de comunicación, se atrevió a hacer otra afirmación mentirosa, que yo espero rectifique esta noche: “Quienes durante cuarenta años, como el señor Robledo, le enseñaron a este país a que eran legítimas todas las formas de lucha para tomarse el poder y apelaron a todas las formas de lucha” (Feb.28.07. Noticias RCN TV del mediodía).

Sabemos que la combinación de todas las formas de lucha justifica, de un lado y del otro, el empleo de la violencia contra los contendores. Usted tenía que saber que el MOIR, y ese es uno de mis orgullos y de los orgullos de esta organización, que desde que empezamos en la vida política colombiana, por allá en la mitad de los sesenta, hemos estado en desacuerdo con el alzamiento armado y que no lo auspiciamos. Es historia de Colombia, que usted debe conocer, señor ministro. Y son muchos los colombianos importantes, incluso del gobierno, que pueden dar fe de lo que estoy diciendo.

Lo invito a que lea el libro Sofismas del terrorismo en Colombia (Planeta, 2005), de uno de sus ideólogos, José Obdulio Gaviria, que en las páginas 19, 20 y 21 le hace el reconocimiento al MOIR de haber sido una de las primeras organizaciones que en Colombia se opusieron al alzamiento armado. Usted tenía que saber eso y, sin embargo, tal vez molesto porque hablé del parauribismo, usted se sintió con el derecho, muy propio de la política nacional, de agredir al otro y mentir sobre sus actividades y posiciones. Ese no es un estilo democrático ni positivo.

CINCO AÑOS DE MAL GOBIERNO

En el quinto año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez hay que decir que en el país de las presidencias malas seguramente la suya es la peor. Agravó las nefastas prácticas de sus antecesores y su único y auténtico aporte a la manera de mal gobernar a Colombia ha consistido en convertir en sistemáticas la demagogia y la manipulación, a partir de hacerlas tan omnipresentes en los medios de comunicación que parecen salidas de alguna dictadura de novela.

En contravía de una idea cuidadosamente trabajada, lo cierto es que la “seguridad democrática” ha sido bastante menos eficaz que lo presentado por la propaganda oficial, que le exagera sus efectos. De acuerdo con la fundación Seguridad y Democracia, que dirige Alfredo Rangel, en 2006 hubo en Colombia un secuestro cada 32 horas; los combates con grupos alzados en armas llegaron a 2.176, equivalentes a seis diarios, 23% más que el año anterior; los sabotajes sumaron 595 contra 435 en 2005; los paros armados pasaron de cinco a 19; y los retenes ilegales ascendieron a 119. El propio Uribe ha tenido que aceptar que miles de paramilitares no entraron en el proceso que diseñó en su beneficio y que tres mil de los que sí lo hicieron volvieron a las andadas, problemas que pretende resolver mediante una nueva definición del término paramilitarismo, truco que no sorprende viniendo de quien insiste en que “no hay conflicto”. ¿Paz de verdad, sin monopolio del Estado sobre las armas?

Aunque se diga lo contrario, el crecimiento económico de Colombia, aceptando las cuestionadas cifras oficiales, no tiene como causa fundamental la “seguridad democrática”, sino el auge de la economía mundial, que disparó los precios de las materias primas, redujo las tasas de interés y aumentó los flujos de capital. Y también obedece a las remesas de los colombianos en el exterior y a los éxitos de los narcotraficantes. Por lo demás, esas tasas no son sostenibles, y siete países latinoamericanos, donde como es obvio no gobierna Uribe, crecieron más que Colombia en el mismo período.

El crecimiento se ha concentrado en monopolios y trasnacionales, porque si algo caracteriza a Uribe es su decisión de establecer en Colombia una plutocracia, principalmente a favor de los magnates extranjeros –dada la desnacionalización de la gran propiedad en el país–, a quienes ha enriquecido más a punta de gabelas: entrega a bajo costo de los recursos naturales, conversión a menos precio de los monopolios públicos en privados, disminuciones en los impuestos, subsidios, envilecimiento de las condiciones laborales. Pero con la desfachatez enfermiza que lo distingue, el 20 de julio fue capaz de afirmar que él procura una economía “social”, “diferente” a la del “desacreditado capitalismo de los monopolios”.

La indignidad de las relaciones de Uribe con Estados Unidos llegó a tanto, que hasta dentro del círculo de sus favorecidos le ruegan que, “por favor, no más”. Como era de esperarse con un imperio que, como todos, “no tiene amigos sino intereses”, su sometimiento le ha salido muy costoso a Colombia. Al revés de su retórica, las importaciones han crecido 2,6 veces más que las exportaciones y el TLC arruinará y anquilosará más el aparato productivo nacional, incrementando los altos índices de desempleo, pobreza y miseria. Y es bien difícil encontrar un pacto peor tramitado, incluso en la propia lógica de quienes se presentan como “socios” de Washington, mediocridad que se intenta ocultar con groseras agresiones al Polo y a los sindicalistas colombianos, a quienes así se les cobra su oposición al TLC. ¿Se puede ser demócrata sin respetar y proteger el sindicalismo?

Entre las realidades que persiguen a Uribe en Colombia y en el exterior a pesar de sus truculencias, resalta la parapolítica. Porque sus actitudes y el trámite y contenido de la ley de reducción de penas a los paramilitares generan dudas de todo tipo, para decirlo con toda suavidad, incluso desde antes de sus descaradas y repudiables presiones a la Corte Suprema de Justicia para mejorarles las normas. Y porque cada día es más cierto el calificativo de parauribismo, tal y como lo ratifica que 92% de los congresistas con orden de detención pertenezcan a las fuerzas del Presidente. ¿Cuándo será que va a dar alguna explicación al respecto?

Bogotá, 27 de julio de 2007

ALIANZA SOCIAL CONTINENTAL, CONTRA LA GLOBALIZACIÓN ESTADOUNIDENSE

Juan Pablo Arango, Gerente de Deslinde, Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8 de 2007

El contexto político en América Latina es cada vez más adverso al papel que el imperio estadounidense le asigna a lo que geopolíticamente se ha tenido como su “patio trasero”. Al igual que acontece en todo el ámbito mundial –incluso en su propio territorio, donde los estadounidenses rechazan mayoritariamente la agresión del gobierno de Bush contra Irak, así como sus políticas y escándalos internos, lo que condujo a la derrota de las huestes republicanas en las elecciones de noviembre pasado, insuceso que de seguro se repetirá en las presidenciales del próximo año–, los ánimos continentales expresan una decisión cada vez más evidente de desprenderse del Norte. Es así como desde el último decenio del siglo XX un número siempre creciente de gobiernos latinoamericanos, entre los que desentona el de Uribe Vélez por su irrestricta sumisión a las órdenes de la Oficina Oval, se han atrevido a desafiar los ucases de Washington, al paso que es manifiesto el resurgir de una conciencia nacionalista en nuestros pueblos por hacer respetar su soberanía, así como su oposición al legado histórico que los ha mantenido en la pobreza, la antidemocracia y el atraso.

La Alianza Social Continental (ASC) constituye un ejemplo de este ímpetu democrático que recorre a América. La ASC reúne a un amplio espectro de organizaciones y movimientos sociales de todo el continente, que comparten una misma convicción: cualquier forma de integración económica entre naciones debe servir primero, y sobre todo, para promover el desarrollo equitativo y sustentable de nuestros pueblos, razón por la cual la Alianza ha trabajado desde su creación en contra de las políticas neoliberales y de los acuerdos moldeados por Washington. En consecuencia, la ASC se conformó como una organización para intercambiar información, definir estrategias y promover acciones conjuntas encaminadas a buscar un modelo de desarrollo alternativo y democrático, fortalecer la sociedad civil, trabajar por el bienestar de la población y el conjunto de derechos reconocidos en los diversos instrumentos internacionales vigentes, todo con miras a promover la justicia social y transformar las políticas de integración en el hemisferio.

Dentro de este contexto, la Alianza Social Continental ha elaborado diferentes documentos, entre los que se destacan La inversión, las finanzas y la deuda en las Américas; La exclusión social, el empleo y la pobreza en las Américas, y Alternativas para las Américas. Cual ejemplo de la envergadura y seriedad de tales estudios, cabe mencionar que el último (suscrito en octubre de 2005) “propone reglas radicalmente distintas para regular la dinámica económica mundial con el objetivo de garantizar la plena vigencia de todos los derechos”. Es un documento con 19 capítulos, que incluyen: papel del Estado, trabajo, educación, comunicaciones, inversión, finanzas, propiedad intelectual, agricultura, acceso a mercados, servicios, cumplimiento y resolución de disputas, sustentabilidad, derechos humanos, inmigración, género, medio ambiente y recursos naturales.

La iniciativa para crear la Alianza Social Continental surgió del Foro de la Sociedad Civil, realizado en mayo de 1997, en Belo Horizonte, Brasil, paralelamente a una reunión de ministros de comercio del hemisferio, efectuada a su vez en el marco de las negociaciones del ALCA. La propuesta de impulsar la construcción de la ASC fue aprobada por los participantes en la Cumbre de los Pueblos de las Américas, efectuada en Santiago de Chile, en abril de 1998, y se constituyó formalmente en abril de 1999 en San José de Costa Rica, en un evento donde se definieron su misión, objetivos y estructura. Desde entonces la ASC ha sido el núcleo promotor de las tres Cumbres de los Pueblos que se han reunido hasta la fecha: la de Santiago de Chile, en 1998; la de Quebec, Canadá, en abril de 2001, y la de Mar del Plata, Argentina, en noviembre de 2005. Posteriormente, de consuno con el Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos, la Alianza Social Continental organizó la I Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba, Bolivia, del 6 al 9 de diciembre de 2006.

Actualmente la Alianza está conformada por más de cincuenta organizaciones de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia, que cuentan con redes locales en todo el continente.

A partir de octubre del presente año, Colombia será la sede de la dirección de la Alianza Social Continental, en cabeza de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, que agrupa varias decenas de organizaciones nacionales y entre cuyos voceros se cuentan Enrique Daza, Héctor Moncayo y Angélica Chaparro. Antes de Colombia, dicha sede la tuvieron Ciudad de México y Sao Paulo.

Para nuestro país y para Recalca constituye una importante distinción haber recibido este encargo. Ello comporta un reconocimiento a la labor nacional e internacional que, desde su constitución en agosto de 2003, Recalca ha venido desempeñando en la coordinación de las múltiples organizaciones y personalidades que en nuestro país se oponen al Tratado de Libre Comercio, TLC, entre Colombia y Estados Unidos, y en el análisis y denuncia de los estragos que ocasionarían, de ser aprobados, los esquemas de “libre comercio” que Washington pretende imponer en todo el continente americano, con la anuencia de los gobiernos plegados a los mandatos estadounidenses.

La Alianza Social Continental continuará desarrollando, ahora desde su sede en Colombia, su trascendental rol de impulsar las luchas antiglobalización desde Alaska hasta la Patagonia. En este contexto, serán numerosos los eventos, foros, encuentros, cumbres y movilizaciones que se organizarán desde nuestro país contra los TLC y demás atropellos de Estados Unidos contra los derechos y la soberanía de los pueblos americanos, y contra las imposiciones de los organismos multilaterales de crédito y comercio (FMI, Banco Mundial, OMC), las multinacionales y los gobiernos locales sometidos a los designios de la Potencia del Norte. Los retos en los cuales perseverará la Alianza Social Continental son enfrentar la ofensiva mundial y continental de Estados Unidos, estudiar las alternativas de integración planteadas
por diferentes gobiernos que se distancian de Washington, debatir los TLC con EU y Europa, avanzar en la coordinación de los movimientos sociales americanos –en particular los indígenas, campesinos y asalariados– y promover que nuevas fuerzas se integren al proceso.

LA PRESIDENCIA IMPERIAL DE BUSH: LA DEGRADACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Francisco Valderrama Mutis, Comité Ejecutivo Nacional del PDA, Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8 de 2007

La degradación de la democracia interna es otro aspecto característico de la política neoconservadora de Bush. El llamado “proyecto” para un nuevo milenio, con Bush y Cheney a la cabeza, se propuso en su componente interno el copamiento de todas las ramas del poder público, concentrar en el Ejecutivo toda la autoridad y limitar los derechos civiles de sus propios ciudadanos. Es el resultado de la aplicación de la teoría neoconservadora del Ejecutivo unitario, que quiere una presidencia que no le rinda cuentas a nadie, que no sea supervisada por nadie y que no pueda ser restringida en su voluntad de hacer lo que le parezca.

Las medidas destinadas a coartar la democracia interna fueron tomadas simultáneamente en todos los aspectos, como parte de un guión preconcebido. La toma del poder judicial adelantada por Alberto Gonzales, primero Consejero Legal y luego Fiscal General del gobierno de Bush, se inició con el reemplazo de los magistrados salientes de la Corte Suprema por neoconservadores afectos al pensamiento único del gobierno, y con la proyectada destitución de 93 fiscales federales para ser reemplazados por amigos de Bush, de los cuales sólo alcanzaron a sacar nueve antes de que estallara el escándalo, con la excusa de que se negaron a respaldar a los candidatos republicanos o a atacar a los candidatos demócratas, a manos de los cuales perdieron el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones del año pasado.

El control del Congreso funcionó a plenitud mientras los republicanos mantuvieron las mayorías. Una vez perdidas estas, lo hacen por medio de mecanismos que doblegan la voluntad de los demócratas más conservadores. El primero es la amenaza de hacerlos ver ante sus electores como opuestos al bienestar de las tropas en guerra, contra los intereses económicos de quienes los financian o como débiles para defender la nación, cuando no como traidores. El segundo, tan perverso como el anterior, es la utilización sistemática de la reserva en el momento de firmar las leyes aprobadas por los congresistas que no llenan las expectativas o los deseos de Bush. Cada una de ellas, y son centenares, es acompañada de una “declaración firmada” que se considera “un documento oficial”, por medio del cual el Presidente “se reserva el derecho de eludir su cumplimiento haciendo uso de su autoridad como Comandante en Jefe de un país en guerra”.

Y es esta pretendida autoridad de Comandante de una guerra sin final previsible, sin un espacio geográfico preciso y sin enemigos identificables en su totalidad, la que le sirvió de base a Gonzales para declarar en su memorando de enero 25 de 2002 que la guerra contra el terrorismo vuelve ilegítima todas las restricciones previas contra la utilización de la tortura y “convierte en obsoletas las limitaciones estrictas de la Convención de Ginebra a los interrogatorios de prisioneros enemigos”, y extiende esa declaración de obsoleta a la Ley de Crímenes de Guerra de los Estados Unidos de 1996, que permitía que se juzgara a los ciudadanos estadounidenses que violaran las normas de dicha Convención y cometieran “abusos contra la dignidad personal” de los prisioneros. Con lo que fueron justificados de antemano los posteriores abusos de Abu Ghraib y Guantánamo, multiplicados en decenas de cárceles secretas llamadas “emplazamientos negros”, a los cuales trasladan a los ciudadanos sometidos a la “rendición extraordinaria”, que no es más que un nombre elusivo para indicar el secuestro de ciudadanos en Estados Unidos, Alemania, Italia o cualquier otro país del mundo, que son llevados a esos calabozos para ser sometidos a las más atroces torturas.

El derecho democrático a la intimidad de los ciudadanos norteamericanos fue atacado desde el comienzo. Seis semanas después de la tragedia de las Torres Gemelas, sin que los congresistas tuvieran siquiera el tiempo de leerla en su totalidad, fue aprobada la Ley Patriótica que le permitió al gobierno controlar las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, los chats, las reuniones públicas, incluso los servicios religiosos, las consultas en las bibliotecas, las páginas de internet visitadas y los movimientos financieros de los ciudadanos. Tal limitación de los derechos civiles no había ocurrido en la historia norteamericana sino durante la Guerra Civil del siglo XIX y durante la Segunda Guerra Mundial, terminadas las cuales fueron restituidos inmediatamente. El pueblo estadounidense ha descubierto en carne propia lo que ya habían conocido los alemanes en la época de Hitler: que una vez que un gobierno se arroga poderes dictatoriales, los usará contra cualquier ciudadano, y que empieza por atacar a los enemigos internos o externos, pero después se vuelve inexorablemente contra los opositores políticos, los sindicalistas, los activistas estudiantiles. Y cualquiera se convierte en sospechoso y tiene que ser vigilado.

A estas medidas, a todas luces represivas, se suma la prohibición absoluta del disentimiento. Sobre todos los estadounidenses pende la autorización dada al Presidente por la Ley de Comisiones Militares de septiembre de 2006, para clasificar a cualquiera de ellos como “combatiente enemigo”, encarcelarlo y someterlo a prolongados períodos de aislamiento sin asistencia legal posible. La prensa es acusada de servirle al enemigo si no le hace eco a las posiciones del gobierno; los periodistas independientes son acosados con declaraciones de los funcionarios del gobierno o sometidos al peligro de ser atacados en las zonas de guerra; si no se someten, las diferentes asociaciones de ciudadanos son perseguidas y sus miembros reseñados; los individuos díscolos son encarcelados sin motivo visible, y en la misma forma son liberados cuando se les antoja; los funcionarios, artistas o académicos son intimidados con la amenaza de la pérdida del empleo, como en el caso ya mencionado de los fiscales federales o la investigación iniciada contra el director de cine Oliver Stone por filmar la vida de Fidel Castro en Cuba.

En el mismo sentido funciona la autorización dada por el Congreso al presidente Bush de utilizar las fuerzas militares de la Guardia Nacional para controlar las regiones de la Unión donde se presenten disturbios o emergencias, sometiéndolas a la ley marcial, sin atender a los ciudadanos ni las objeciones de las autoridades estatales. Además se da la proliferación de las empresas de mercenarios que hacen el trabajo sucio en las guerras de Irak y Afganistán y dentro de Estados Unidos. Cómo serán los abusos, que el débil gobierno de Maliki en Irak acaba de retirarle la licencia de funcionamiento a Blackwater, una de las empresas de mercenarios, porque varios de sus miembros dispararon indiscriminadamente contra la población civil al sentirse en peligro, matando a doce e hiriendo a trece inocentes. En Nueva Orleans, destruida por el Huracán Katrina, fueron empleados centenares de mercenarios como guardias nacionales, los que cometieron atropellos contra la población sumida en la tragedia, principalmente contra los inmigrantes y los negros.

La ambición neoconservadora de perpetuarse en el poder a través de gobiernos republicanos para llevar a su culminación este proceso tropezó con los fracasos en la guerra de Irak, la revelación de las falsedades que le sirvieron a Bush para declararla y la denuncia dramática de sus atrocidades. La renuncia de encumbrados funcionarios, como Rumsfeld, Rove y Gonzales, demuestra que tienen poca esperanza en que la misma pandilla dictatorial obtenga un triunfo en las próximas elecciones de 2008. Sin embargo, la toma del Poder Judicial perdurará sobre todo en la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados son vitalicios, y en la legislación que arrebata los derechos civiles, producto de acuerdos bipartidistas. Su “proyecto” interno continuará siendo defendido desde fuera del gobierno, intimidando a la nueva administración demócrata al tildarla de débil frente a los enemigos internos y externos de la patria norteamericana, así éstos perseveren en los mismos propósitos.

AURELIO SUÁREZ Nº 9 EN LA LISTA DEL POLO AL CONCEJO DE BOGOTÁ

Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8 de 2007

Aurelio Suárez es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. En 1971, durante el gran movimiento estudiantil de esa época, fue, junto a Jorge Enrique Robledo, con quien ha compartido luchas durante casi cuatro decenios, uno de los principales dirigentes de la Juventud Patriótica, organización juvenil del MOIR.

A mediados de los años setentas, el MOIR desarrolló con sus militantes la campaña de los “pies descalzos”, consistente en estimular a sus intelectuales y estudiantes a trasladarse a ciudades intermedias y pequeños poblados para sembrar entre campesinos y obreros las ideas de la necesidad de un profundo cambio político y social y participar con ellos en la construcción de ligas campesinas, cooperativas agrarias, sindicatos y otras organizaciones necesarias para la gran tarea de la movilización popular transformadora. Aurelio fue uno de los primeros en responder al llamado de su partido y por ello fijó su residencia en el departamento de Risaralda, región donde estuvo hasta principios del actual milenio. En esos casi treinta años recorrió palmo a palmo el departamento, conoció de cerca los problemas y dificultades de sus pobladores, estudió y escribió ampliamente sobre la economía cafetera y la política de la región y acompañó las luchas cívicas de los distintos sectores sociales de la región, ganándose así el cariño y el respeto de los risaraldenses, en especial de los más oprimidos y golpeados por las políticas. Fue elegido diputado a la Asamblea de Risaralda, donde se destacó por su seriedad y valentía y por la claridad en los análisis y la firmeza en las denuncias contra los programas y los atropellos de los gobernantes de los partidos tradicionales.

En 1985, Aurelio Suárez y Jorge Robledo fundaron la Unión Cafetera Colombiana, con sede en Manizales, la que rápidamente se convirtió en un instrumento clave para la lucha de los pequeños y medianos productores de café contra los atropellos y las políticas del gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros. Y lo mismo ocurrió años después cuando los arroceros del Tolima, el Huila y los Llanos, bajo la dirección de Ángel María Caballero, decidieron unir sus esfuerzos con los cafeteros dirigidos por Robledo y Suárez, y crear la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria para enfrentar la arremetida neoliberal de la apertura económica que se impuso en Colombia en la década de los años noventas. Aurelio es actualmente el Director Ejecutivo Nacional de esta importante organización agraria.

Al arreciar la ofensiva neoliberal en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con su pretensión de Imponer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Aurelio se trasladó a Bogotá para desempeñar la tarea política de ser uno de los baluartes en la batalla contra el TLC y de la creación y funcionamiento de Red contra el Libre Comercio y el ALCA, Recalca, tarea que ha cumplido con éxito y que le ha exigido un gran esfuerzo intelectual e incluso físico, pues ha debido recorrer el país en miles de reuniones y conferencias, viajar como representante colombiano a importantes eventos internacionales sobre el neoliberalismo y sobre economía cafetera, tanto en América Latina como en Estados Unidos, Europa y Asia, y escribir centenares de artículos y ponencias y varios libros entre los cuales es necesario destacar Modelo del FMI. Economía Colombiana 1990-2000 (Publicado en el año 2002); Crítica al ALCA (2003); El campo, una carta por jugar. Perspectiva del agro colombiano (2005. Coautor), y El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización, lanzado en la Feria del Libro 2007.

Sus conocimientos, dedicación y capacidad de trabajo fueron credenciales suficientes para que se desempeñara como asesor de Carlos Gaviria, en temas económicos y educativos, en la exitosa campaña presidencial del Polo Democrático Alternativo.

Este breve perfil de Aurelio Suárez y sus ejecutorias permite confiar en que en las elecciones de octubre de 2007 el Polo Democrático Alternativo tendrá en el Concejo de Bogotá un concejal de lujo. Apoyémoslo, con la seguridad de que Aurelio Suárez en el Concejo Distrital será un luchador popular tan destacado como lo ha sido Jorge Robledo en el Senado.

Programa

*Echar atrás las privatizaciones e impedir otras nuevas. Modificar el contrato de Transmilenio y no aprobar la expansión del sistema por la Carrera Séptima.

*Apoyar la resistencia contra el TLC y exigir la protección a la producción y el trabajo, impulsar las iniciativas para asegurar la soberanía alimentaria y la justa comercialización de los productos agropecuarios.

*Promover el referendo que declarará el agua como derecho fundamental y bien público y el referendo por una reforma que les devuelva a las regiones los recursos de las transferencias para salud, educación y saneamiento básico.

*Exigir el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del Distrito, docentes, hospitalarios y de las empresas e instituciones oficiales y el derecho al trabajo en pie de igualdad de todos, incluidos los venteros, los pequeños y medianos empresarios y transportadores. Garantizar el respeto a los derechos democráticos y adquiridos y, en especial, de las mujeres, jóvenes, minorías, afrocolombianos e indígenas.

*Respaldar las iniciativas indispensables para dotar de vivienda digna a los hogares pobres, sin injerencia del capital financiero, y para salvar la de quienes están amenazados por procesos jurídicos. Respaldar las políticas que tiendan a ampliar la cobertura en la gratuidad de la educación, a mejorar la calidad, a implantar programas públicos de educación para la primera infancia y una política de Educación Superior para la Universidad Distrital.

*Vigilar los niveles de contaminación en la ciudad ocasionados por combustibles, incluidos el etanol y el biodiesel, y la conservación de humedales y demás áreas ambientalmente estratégicas.

*Combatir toda modalidad de corrupción administrativa, vigilar la honestidad en la contratación y rechazar el uso de cualquier forma de violencia para solucionar las contradicciones políticas.

*Impulsar una estructura tributaria donde prime la progresividad para el cobro de los impuestos locales.

*Respaldar las movilizaciones de la población por derogar la Ley 100 y la Ley 142 y demás normas nacionales neoliberales.