Categoría: Tribuna Roja Nº 90, marzo 10 de 2003

Por Aurelio Suárez Montoya

Cuenta la historia universal que los primeros grupos humanos migratorios que decidieron asentarse lo hicieron en los valles ubicados entre los ríos Tigris y Eufrates, en la llamada «media luna fértil». En esa zona está Irak, bombardeada hace una docena de años por el papá del actual presidente de Estados Unidos.

George W. Bush, bajo la consigna de la «seguridad defensiva estratégica», que consiste en eliminar imaginarias «amenazas», como Irak con apenas 23 millones de habitantes y con la población desnutrida por el embargo promovido por Estados Unidos, siguiendo el ejemplo paternal pero, ante todo, representando los mismos intereses económicos y políticos y casi con el mismo equipo de jerarcas militares imperiales, ha decidido continuar con la segunda fase de la otrora operación «Tormenta del desierto», la que le facilitó a Estados Unidos reingresar a una zona estratégica de la cual estuvo excluido durante la Guerra Fría: el Medio Oriente. En esa cruzada petrolera cuenta con la compañía del primer ministro inglés, Tony Blair, creador de la Tercera Vía Socialdemócrata, quien más parece el gerente general de la British Petroleum. Ya Blair ha acompañado a Estados Unidos en aventuras tan siniestras como las de Kosovo, sólo que en esta ocasión ha dicho que colaborará «con o sin resolución de la ONU». O sea, que no habrá necesidad siquiera de los vergonzosos oficios de vasallo prestados por Alfonso Valdivieso, en representación del gobierno de Colombia en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, y su entrega de informes secretos y la violación de las normas de funcionamiento del organismo. Bush quiere conformar la Irak Oil Company a como dé lugar.

La opinión mundial sabe que nada detendrá esa campaña de conquista colonial. Que la riqueza en combustibles fósiles, en recursos e infraestructura de transporte es la más importante del mundo y que los norteamericanos e ingleses la requieren por dos motivos: uno, subsanar el déficit diario estadounidense de suministro de petróleo, pues apenas produce nueve millones de barriles de los 19 que requiere. En segundo lugar, esta tétrica alianza pondrá en aprietos a otras naciones poderosas que también tienen balances negativos en su operación energética diaria; en particular Francia y Alemania, que tendrán que caer de hinojos si acentúan su dependencia del petróleo ruso, el cual, a su vez, todavía no se consolida merced a la rebelión chechena. Como dato importante vale recordar que Irak, con 107 años de reservas petroleras, ocupa el segundo lugar, después de Kuwait que tiene 149 años de reservas (reservas nacionales conocidas divididas por la producción anual). Irán, el otro miembro del «Eje del Mal», tiene 70 años. La toma de Irak cae como «anillo al dedo» para las agotadas situaciones energéticas de las potencias.

Scott Ritter, quien fuera inspector de armamento de la Comisión Especial de la ONU para el Desarme de Irak, la Unscom, confesó: «La cuestión esencial en esta crisis entre Irak y Estados Unidos va más allá del derrocamiento del régimen iraquí. Representa el primer estudio sobre el terreno de la mejora de una nueva ‘estrategia de la seguridad nacional’, publicada el mes pasado, que establece una doctrina de unilateralidad, la cual se capitaliza en lo económico y en lo militar y que pretende mantener a Estados Unidos como única superpotencia».

En cuanto a lo económico, también tiene que ver con el «bienestar» que le produce a la convaleciente economía gringa una inyección de gasto público en armamento y seguridad.

Los efectos comienzan a verse al saber que ahora están en la prosperidad bursátil las acciones de Boeing, United Technologies y Northrop, empresas líderes de la industria militar, «aquella que nunca decae». No obstante, en tanto los gigantes parecen invulnerables y omnipotentes, vuelve a la memoria la frase de Mao Tse Tung. «O la revolución ataja la guerra o la guerra provoca la revolución».

El jueves 13 de febrero en las horas de la mañana en Mistrató, cuando adelantaba faenas propias de su actividad como agricultor, fue asesinado en su finca el dirigente agrario y social, Arlés Marín. Durante varios años fue destacado concejal de ese municipio y presidente del Concejo en el año 2001.

Arlés Marín se distinguió por el gran amor que sentía por su terruño al cual le dedicó sus energías y desvelos durante la mayor parte de su vida. Siempre encabezó las nobles causas que perseguían progreso y bienestar para los suyos y, en particular las de los sectores rurales, de los cafeteros y paneleros. Nunca escatimó esfuerzo para velar por sus intereses y derechos y para efectuar las labores pertinentes, las cuales llevó a cabo dentro de los cauces civiles y de manera abierta confiando en la justeza de sus razones y en el respaldo de la comunidad.

Arlés Marín deja un vacío inmenso en la vida ciudadana de Mistrató. No será fácil sustituir a alguien que era una de las más lúcidas mentes de ese municipio y a un patriota auténtico que amaba con sinceridad y sin medida a su nación. La Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, a la cual perteneció Arlés como directivo nacional de la Unidad Panelera, presenta a sus coterráneos, a su hija y a todos sus familiares las más sentidas condolencias, expresa públicamente el repudio al crimen cometido contra él y lamenta su desaparición.

AURELIO SUAREZ MONTOYA

Director Ejecutivo

Pereira, febrero 13 de 2003

La República Democrática Popular de Corea ha denunciado la agresión que ha recibido de Estados Unidos mediante el incumplimiento desde finales del año pasado del acuerdo de 1994 que estableció el suministro de alimentos y combustóleo a cambio de la suspensión del programa de desarrollo pacífico de la energía atómica. La violación del acuerdo está en consonancia con la inclusión de la RDPC en un supuesto «eje del mal» con Irak e Irán.

Ante la brutal amenaza estadounidense de lanzar ataques preventivos unilaterales contra cualquier nación del mundo, la RDPC le exige a Estados Unidos conversaciones bilaterales que culminen en un tratado de no agresión que comprometa a las dos naciones. El valor y la justeza con que los norcoreanos han encarado la agresión imperialista, despierta la admiración y el respaldo de los obreros y de los pueblos del mundo. Reproducimos apartes de la declaración del gobierno de la RDPC sobre su retiro del Tratado de No proliferación de Armas Nucleares (NPT), expedida el 10 de enero de 2003:

«Una peligrosa situación en la que la soberanía de nuestra nación y la seguridad de nuestro Estado están siendo conculcados gravemente predomina hoy en la Península de Corea, debido a la política de Estados Unidos de empecinada hostilidad hacia la República Democrática Popular de Corea (RDPC).

«Estados Unidos instigó a la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) para que expidiera el 6 de enero pasado otra «resolución» contra la RDPC, luego de la similar que había adoptado el 29 de noviembre de 2002.

«Se debe hacer especial mención sobre el hecho de que la IAEA ha guardado silencio en su última «resolución» respecto a que Estados Unidos ha violado groseramente el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (NPT) y el Acuerdo Básico entre EU y la RDPC, pero acucia a la RDPC, la víctima, a que acepte incondicionalmente las exigencias de EU de desarmarse y perder su derecho a la legítima defensa. La agencia fue felicitada por los EU por «decir todo lo que EU quería». Esto revela fehacientemente la falsedad y la hipocresía del rótulo de imparcialidad que la IAEA ostenta.

«El gobierno de la República Democrática Popular de Corea rechaza categóricamente y denuncia esta «resolución» de la IAEA, considerándola como una grave intromisión en la soberanía y la dignidad de la nación.

«No es ningún otro sino EU el que rompe la paz y la seguridad de la Península de Corea y lleva la situación a una etapa extremadamente peligrosa.

«Luego del inicio de la administración Bush, EU incluyó a la RDPC en la lista de los países que hacen parte de un «eje del mal» —adoptando ese alistamiento como una política nacional para oponerse a su sistema político— y la seleccionó como un blanco del ataque nuclear preventivo, declarando así abiertamente una guerra nuclear.

«Violando sistemáticamente el Acuerdo Básico RDPC-EU de 1994, Estados Unidos levantó otra ‘sospecha nuclear’ e interrumpió el suministro de petróleo pesado, con lo que redujo ese documento a letra muerta. Además, EU ha respondido a las sinceras propuestas de la RDPC sobre la conclusión de un tratado de no agresión entre las dos naciones y a sus esfuerzos pacientes en pro de negociaciones, con amenazas tales como «bloqueo» y «represalias militares», y con la tan arrogante actitud de bravuconear que podría entablar conversaciones pero que las negociaciones son imposibles.

«EU fue tan lejos en su tarea de instigar a la AIEA a que internacionalizara sus gestiones con el fin de censurar a la RDPC, llevando a la práctica su declaración de guerra. Esto ha eliminado la última posibilidad de resolver la cuestión nuclear de la Península de Corea de manera pacífica y justa.

«Teniendo en cuenta la gravísima situación en la cual los supremos intereses de nuestro Estado están seriamente amenazados, el gobierno de la RDPC ha adoptado las siguientes decisiones para proteger la soberanía del país y la nación y sus derechos a la existencia y la dignidad:

«En primer lugar, el gobierno de la RDPC declara que pone en ejecución automática e inmediatamente su retiro de la NPT, sobre el cual «anunció unilateralmente una moratoria tan larga como considere que sea necesaria» según los términos de la declaración conjunta de la RDPC y EU de junio 11 de 1993, ahora que EU ha abandonado unilateralmente sus compromisos de detener la amenaza nuclear y de renunciar a la hostilidad contra la RPDC de acuerdo con los términos de la misma declaración.

«En segundo lugar, declara que el retiro la RDPC del NPT es un acto absolutamente libre de la fuerza vinculante que poseen las salvaguardias acordadas con la IAEA bajo su artículo 3. El retiro del NPT es una medida de legítima defensa tomada contra las maniobras de EU destinadas a destruir a la RPDC y contra la conducta irrazonable de la IAEA obedeciendo a los EU.

«Aunque nos retiramos del NPT, no tenemos la intención de producir armas nucleares y nuestra actividad nuclear en esta etapa se circunscribirá a propósitos pacíficos, tales como la producción de energía eléctrica.

«Si EU desiste de su política de hostilidad dirigida a destruir a la RDPC y cesa en su amenaza nuclear contra la República Democrática Popular de Corea, ésta podría probar que no está desarrollando ninguna arma nuclear a través de una verificación separada entre la RDPC y EU.»

Declaración de los senadores Jorge Enrique Robledo, Hugo Serrano y Alba Esther Ramírez

Los Congresistas abajo firmantes queremos fijar nuestros puntos de vista y dejar constancia ante la Secretaría General del Senado de la República, sobre la negociación petrolera más desventajosa para los intereses de Colombia en los últimos tiempos.

Se trata de la extensión hasta el año 2016 del contrato para la producción incremental de gas en La Guajira entre Ecopetrol y la multinacional Chevron Texaco.

Consideramos que esta negociación, atenta contra los intereses de Ecopetrol y del país, si se tiene en cuenta lo siguiente:

1. Que el contrato con la Chevron Texaco revierte a la Nación el 31 de diciembre de 2004. Esto significa que para esa fecha Ecopetrol será dueño del 100% de las reservas de gas y por lo tanto de la producción de gas de La Guajira. Hoy después de pagadas las regalías y hasta el 31 de diciembre de 2004, Ecopetrol es dueño del 50% del gas que se produce en este campo y la multinacional Chevron Texaco es dueño del otro 50%.

2. En 1996, Ecopetrol firmó con la multinacional Chevron Texaco el contrato para el diseño, financiación, construcción, transporte e instalación de la Plataforma B cuyo objetivo era producir más gas y para ello se comprometió a pagar US$ 336.9 millones por concepto de arrendamiento de dicha Plataforma, desde 1997 hasta el 2016. Es de anotar que la administración de la Plataforma B, es responsabilidad de la multinacional.

3. A escasos 22 meses de revertir el yacimiento gasifero a La Nación se requiere producir más gas para abastecer la demanda de la Costa Atlántica y del interior del país a partir del año 2007, de acuerdo al informe de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, de diciembre de 2002. Para esto es necesario perforar tres pozos más en la Plataforma B, actualmente en operación, que permitan extraer todo el gas de los pozos ya existentes.

4. De acuerdo con Ecopetrol y la multinacional, la inversión requerida para perforar los tres pozos, hacer las conexiones y los arreglos necesarios para producir más gas es del orden de los US$ 40 millones, suma relativamente pequeña comparada con la inversión que hahecho Ecopetrol en el proyecto, de US$3.339 millones.

5. En múltiples ocasiones le hemos pedido por escrito a Ecopetrol que ejecute este proyecto por su cuenta y riesgo, sin la participación de la multinacional, teniendo en cuenta que el yacimiento de La Guajira es un proyecto maduro, con costos de producción muy bajos (14 centavos de dólar por millar de pie cúbico), con demanda interna garantizada, sin riesgos económicos y políticos y además, porque de acuerdo con Ecopetrol el proyecto gasífero tiene una rentabilidad en dólares del 18%, lo que le generará a Ecopetrol unas utilidades cercanas a los US$ 900 millones.

6. El proyecto incremental de producción de gas en La Guajira es importante para el país porque nos abre las posibilidades de iniciar la exportación de gas a Venezuela y le permitiría a Ecopetrol, si ejecuta el proyecto por su cuenta, adquirir la experiencia necesaria para entrar en el negocio del gas a nivel internacional.

Por lo anterior y enfatizando que el Contrato Guajira revierte a la Nación el 31 de diciembre de 2004, consideramos que la negociación entre Ecopetrol y la Chevron Texaco no favorece los intereses de Ecopetrol y, de hacerse, sería un grave error para la economía nacional, por lo que solicitamos que dicho contrato no se firme.

Si Ecopetrol quiere seguir siendo una empresa petrolera, tendrá algún día que manejar proyectos Costa Afuera, siguiendo el buen ejemplo de Pemex, Petrobras y Pdvsa. Con el proyecto Guajira, Ecopetrol tiene la oportunidad de adquirir experiencia en este tipo de proyecto, sin mayores riesgos y con una utilidad asegurada muy importante para Ecopetrol y para el país.

El país debe saber que en estos momentos de crisis petrolera, en donde tendremos que importar petróleo a partir del 2005, el gas se constituye en una posibilidad real de ingresos a la Nación y por lo tanto es absurdo, desde todo punto de vista, que Ecopetrol le entregue el manejo y parte de la producción incremental de La Guajira hasta el 2016 a la multinacional Chevron Texaco, con el falso argumento de que Ecopetrol no está en capacidad de invertir US$ 40 millones en el proyecto. Lamentablemente nuestras sugerencias no fueron escuchadas y la intención es firmar el contrato.

Como Congresistas, nos preocupa que el Gobierno Nacional no tenga fe y confianza en Ecopetrol, en nuestros ingenieros y trabajadores, así como la poca visión comercial y empresarial del Presidente y la Junta Directiva de Ecopetrol y la debilidad del Gobierno Nacional frente a las multinacionales.

Creemos que así como Ecopetrol proyectó la inversión de US$ 336.9 millones en la Plataforma B, también puede hacer un esfuerzo financiero de US$ 40 millones para ejecutar el proyecto de gas incremental y convertirse en el dueño absoluto del gas producido en La Guajira. Esto le generaría a Ecopetrol y al país unos excelentes rendimientos financieros y una invaluable experiencia en el manejo de contratos Costa Afuera.

Con dolor de patria entregamos estas consideraciones como constancia histórica ante la opinión pública nacional, dejando muy en claro que con esta negociación les estamos regalando innecesariamente nuestros recursos naturales a las multinacionales, por lo que llamamos a conformar el más amplio frente de lucha en favor de que el 100% del gas de La Guajira quede en manos de Ecopetrol.

Atentamente,

Jorge Enrique Robledo Castillo

Hugo Serrano Gómez

Alba Esther Ramírez

Sobre el hecho positivo de que Ecopetrol, por su cuenta y riesgo, hubiera hallado petróleo en el pozo Gibraltar en los límites de Norte Santander y Boyacá, hidrocarburo que pertenece en el ciento por ciento a los colombianos porque la Occidental había renunciado a continuar con la exploración, queremos precisar:

1. El éxito obtenido en el pozo Gibraltar por parte de los ingenieros, técnicos y obreros de Ecopetrol confirma la capacidad que tiene esa empresa para explorar y explotar hidrocarburos en el territorio nacional. Esta verdad es más digna de resaltarse aun cuando se sabe que los trabajos en ese yacimiento habían sido abandonados por la Occidental, porque los especialistas de esa transnacional no quisieron aceptar las opiniones de los especialistas de Ecopetrol en el sentido de que era necesario modificar la ruta de la perforación para encontrar un yacimiento como el que efectivamente se encontró.

2. Por faltar trabajos y análisis que habrá que realizar, hasta hoy no es posible saber cuál es el volumen del hidrocarburo que contiene Gibraltar, por lo que tiene razón el senador Hugo Serrano Gómez cuando tilda de irresponsable la afirmación de Isaac Yanovich, Presidente de Ecopetrol, en el sentido de que allí hay reservas por 200 millones de barriles.

Y desde ya hay que rechazar las afirmaciones del ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía, con respecto a que Ecopetrol podría contratar con alguna trasnacional la extracción del crudo encontrado en el yacimiento Gibraltar, pues este despropósito le significaría a la Nación un daño mayor que el decidido en el caso del gas de La Guajira en contra de Colombia y a favor de la ChevronTexaco.

El llamado es a que todos los colombianos cerremos filas en la defensa de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). Esta posición quiere decir que el gobierno de Uribe Vélez debe cesar en las políticas que buscan sacarla definitivamente de la exploración y explotación de petróleo y gas en el territorio nacional, actividades que son su razón de ser, que está capacitada para desarrollar y que han demostrado ser de altas rentabilidades.

Por Roberto Schmalbach, dirigente de la USO

La negociación del pliego de peticiones entre la USO y Ecopetrol, para renovar la Convención Colectiva de Trabajo que venció el 31 de diciembre de 2002, ha estado signada por la política de represión y despojo de los derechos democráticos y laborales de los trabajadores por parte del gobierno de Uribe Vélez.

En los últimos días de la aprobación de las reformas laboral y pensional en el Congreso de la República, el gobierno a través del desaparecido ministro del Trabajo y Salud, Juan Luis Londoño, declaró ilegal una jornada de protesta de los trabajadores temporales de Cartagena, autorizando al presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, para despedir a los participantes de la protesta, autorización que se hizo efectiva con el despido de siete dirigentes de la Subdirectiva de la USO Cartagena y cuatro trabajadores de la Refinería. Este acto de persecución sindical desmanteló la Subdirectiva y vino acompañado de una fuerte represión militar para prohibir el ingreso de los dirigentes sindicales a los sitios de trabajo, con el claro propósito de impedir la organización de los obreros para una respuesta a la agresión contra el sindicato y las reformas aprobadas por el Congreso.

El impedimento para ingresar los dirigentes a las instalaciones de la empresa, se mantuvo desde el 29 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2002, en clara violación a uno de los derechos universales y fundamentales de organización y asociación en cualquier democracia en el mundo. Este hecho dejaba en evidencia el carácter reaccionario del gobierno Uribe Vélez, como el de su representante en Ecopetrol, el señor Yanovich. A los dirigentes y trabajadores nos quedaba claro que no se trataba del talante de unos personajes, sino de la presencia de unos advenedizos que representan intereses ajenos a los de la nación y, en consecuencia, se desataba una aguda batalla por la defensa de la soberanía nacional del petróleo y los derechos democráticos de los asalariados. Nos dispusimos entonces a preparar una confrontación que hasta ahora consideramos inevitable, dadas las características del gobierno y sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional y las multinacionales.

El pliego de peticiones se elaboró teniendo en cuenta las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional de Delegados, que analizó la situación nacional e internacional y produjo la declaración de Fusagasugá, cuyos aspectos centrales son: el rechazo a las imposiciones del FMI y a la entrega de la soberanía nacional a los intereses imperialistas; la defensa de Ecopetrol y los derechos de los trabajadores; la lucha contra el contrapliego patronal; la condena a la penalización de la protesta sindical y social; y la lucha por la existencia misma del sindicato. Para el logro de estos objetivos, la Asamblea autorizó la realización de la huelga, si no se da una solución al conflicto. Con estas condiciones se presentó el pliego a la Empresa y se exigió su negociación a partir del cinco de diciembre, condicionado a que se levantara el veto contra los dirigentes para acceder a los sitios de trabajo, al reintegro de los compañeros despedidos y al retiro del contrapliego.

Durante 20 días los trabajadores libraron intensas jornadas de movilización, organización y lucha. Luego de arduas discusiones entre el sindicato, el gobierno y la administración, se levantó el veto para entrar a las instalaciones, se acordó negociar a partir del 10 de enero y se habilitó una comisión para definir el reintegro de los compañeros de Cartagena.

Una vez instalada la mesa, la comisión negociadora de la empresa pretendió imponer los criterios del contrapliego, desconociendo el petitorio. En medio de esta discusión, la Fiscalía profirió medida de aseguramiento contra el compañero Hernando Hernandez, con detención domiciliaria, en una clara intención de meterle baza a la negociación y desviar ante la opinión pública la esencia del conflicto en Ecopetrol, que es la defensa del carácter estatal y petrolero de la empresa, la preservación de los derechos convencionales y la existencia del sindicato.

Pero el gobierno tenía todo preparado para su decisión de prorrogar la explotación foránea del gas de la Guajira. En efecto, en la semana del 10 al 14 de febrero, la Junta Directiva de Ecopetrol autorizó la firma del contrato de producción incremental del gas de la Guajira con la Texaco- Chevron para explotar unas reservas que están probadas y que ascienden a 2,2 tera pies cúbicos de gas, en un proyecto que tiene asegurada una tasa interna de retorno de 18% y unas utilidades de 900 millones de dólares en su explotación. Esto se consumó en las instalaciones del club El Nogal, antes que el condenable acto lo consumiera, como lo denunciaran los propios periodistas en la rueda de presa que se hizo en la Comisión V del Senado, el 18 de febrero, y en la cual los senadores Hugo Serrano, Jorge Enrique Robledo y Alba Esther Ramírez, y el presidente de la USO, compañero Rodolfo Gutiérrez, alertaron a la opinión pública sobre el asalto que se cometía contra los intereses de la nación, al entregar este recurso energético a las multinacionales en medio de tantas necesidades que tiene el país.

La Junta Directiva Nacional de la USO se reunió de manera extraordinaria, y ante la gravedad de los hechos, decidió adelantar una jornada nacional de protesta para el 19 de febrero, jornada en la que los trabajadores participaron con determinación para exigir que Ecopetrol maneje el gas de la Guajira y cese la campaña de tergiversación que había lanzado en los medios de comunicación contra el sindicato. El 21 del mismo mes el gobierno tomó la decisión de despojar a los trabajadores de la representación de sus dirigentes sindicales y nuevamente prohibió por intermedio de la fuerza publica el ingreso de los dirigentes a los sitios de trabajo. Indignados por la violación de un derecho tan fundamental como el de ser dirigidos por sus legítimos representantes, reconocidos por las propias leyes colombianas, y como el gobierno sin fórmula de juicio quería quitarles de un tajo este derecho, los trabajadores procedieron a marchar en señal de rechazo. Al gobierno, sin embargo, no le bastaba separar a los dirigentes de sus base y procedió a dispersar la protesta con una virulenta agresión de gases, perdigones, golpes y amenazas. Esto llenó de ira y valor a los trabajadores, que no vacilaron en enfrentarse a la Fuerza Pública con sus únicas herramientas de lucha: tomar en sus manos la producción. Como la fuerza pública entró a desalojarlos violentamente, y las plantas quedarían sin personal para operarlas, con lo grave que esto es, los trabajadores tomaron la sabia decisión de pararlas técnicamente, antes de retirarse, para evitar hechos más graves.

La administración pretendió tomar retaliación y buscar chivos expiatorios de sus irresponsables actos; citó a descargo a 39 trabajadores; suspendió la negociación del pliego de peticiones y mantuvo a los trabajadores por fuera de las instalaciones por nueve días. Sin embargo, los trabajadores no bajaron su espíritu de lucha, y con la orientación de sus dirigentes, se organizaron en diferentes comités, unificaron las tareas a nivel nacional, ilustraron a la opinión pública sobre los verdaderos objetivos del conflicto y ajustaron la coordinación de las acciones.

En los últimos días, y ante la firmeza de la lucha, el gobierno y la administración de Ecopetrol aceptaron una negociación. Se acordó entonces levantar 29 de las citaciones a descargo, aplazar 10 de ellas, levantar el veto de acceso a las instalaciones, prorrogar la etapa de arreglo directo para continuar la negociación, con la exigencia del sindicato de que sea retirado el contrapliego y se negocie sobre la base de las peticiones del sindicato. El paro se levantó el 1º. de marzo, luego de nueve días de constante confrontación.

La experiencia de esta batalla permitió a los trabajadores y al sindicato un mayor ejercicio en la lucha política, comprensión de que esta es una batalla por la defensa de los más altos intereses de la nación, y que la suerte de sus propios derechos está ligada a la defensa de Ecopetrol y los recursos hidrocarburíferos, un patrimonio de todos los colombianos. En estos momentos, precisamente, se empieza a librar otra batalla para impedir que el descubrimiento hecho por Ecopetrol en el bloque Sirirí, en las estribaciones de los departamentos de Boyacá y Norte de Santander, no sea entregado a las multinacionales, como lo viene ambientando el gobierno a través del ministro de Minas, personaje que ya hace parte de la feria de entregas con el carbón del Cerrejón y el gas de la Guajira, y a quien mucho parece interesarle que el yacimiento que surja de la perforación exploratoria del pozo Gibraltar no sea desarrollado por Ecopetrol sino por una compañía multinacional.

Cuando los trabajadores acudan a la huelga por la defensa de la soberanía nacional, merecen el apoyo de todos los colombianos para impedir la consumación de la entrega del patrimonio nacional y la privatización de la empresa estatal.

Unión Sindical Obrera USO

Durante sus 80 años de vida, la Unión Sindical Obrera ha sido bastión de la lucha de los trabajadores colombianos por la defensa de la nación, las empresas del Estado, los derechos democráticos del pueblo y el bienestar de los asalariados. Nos congratulamos con sus dirigentes y afiliados y les deseamos muchos y mayores éxitos en el futuro.

(Declaración del Frente Democrático Antiimperialista del movimiento sindical colombiano, presentada en la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, enero 30 y 31 de 2003)

La agresión del gobierno de los Estados Unidos contra los pueblos del mundo, es propia de la potencia económica y militar más poderosa del planeta. Con la imposición de las políticas neoliberales y de globalización, saquea los recursos naturales y el trabajo de las naciones más pobres en franca disputa con otras potencias económicas. La política económica es impuesta a través de: OMC, los organismos financieros: FMI, BM, BID, etc. y acuerdos multilaterales y bilaterales de comercio como TLC, ALCA, entre otros, y apuntalada con el mayor despliegue bélico de la historia. Las agresiones se suceden una tras otra; Kosovo, Irak, Afganistán, Palestina, Indonesia, Venezuela, Cuba, etc. No se respeta a la ONU, no firma compromisos ambientales, no acepta Tribunales Internacionales para sus tropas, rechaza los acuerdos sobre minas antipersonales, protege su economía y pide apertura de las demás, etc. En resumen: saqueo económico, agresión militar y unilateralismo absoluto.

Sobre nuestra patria se hacen sentir con rigor estas políticas: apertura económica y privatizaciones, condicionamientos económicos y políticas del FMI, BM y el BID, Plan Colombia, la política antidrogas con fumigaciones y violación de las aguas territoriales y el espacio aéreo, la presencia de más de 500 asesores militares, la extradición de nacionales, etc. En estos últimos 12 años, se ha ahondado la dominación de los Estados Unidos sobre Colombia. Nunca antes el imperialismo se manifestó tan concretamente, con la excepción del hoy centenario robo de nuestro Departamento de Panamá.

Las consecuencias no podían ser menos calamitosas: más de 30 millones de colombianos en la pobreza absoluta, 9 millones en la indigencia, más de 10 millones en el desempleo y la informalidad, mortandad infantil, niveles de insalubridad, más 2 de millones en déficit de vivienda, quiebra del Sistema Nacional de Salud Pública y de Seguridad Social, quiebra total de la industria y el agro nacionales, pérdida del patrimonio público en manos de las multinacionales; en síntesis, el país ha retrocedido más de un siglo en desarrollo económico y bienestar social, estamos siendo empujados al atraso y la inviabilidad.

Los gobiernos neoliberales de Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y ahora Uribe, han cumplido juiciosamente la tarea encomendada por los gobiernos gringos y el FMI, se han esmerado en el propósito de vender la patria a pedazos, en entregar el fruto del trabajo nacional al imperialismo. Para ello se ha reformado la Constitución, adecuado el Estado, legislado continuamente, reemplazando a la clase dirigente de los partidos tradicionales, reprimido brutalmente las luchas populares y las manifestaciones democráticas, hasta llegar al gobierno dictatorial y fascista de Álvaro Uribe Vélez. Estamos ante un presidente que es el súmmum de las políticas neoliberales y de la antidemocracia, sus realizaciones no dejan duda: el paquete de reformas neoliberales, tributarias, laboral, pensional, del Estado y las antidemocráticas leyes que sancionaron el referendo, la reforma de la fiscalía y la conmoción interior. El tratamiento a las luchas populares, al problema del narcotráfico y los cultivos ilícitos y al conflicto interno con la guerrilla, es de corte fascista y ha desatado una cacería de brujas cuyo propósito real es reprimir a los dirigentes sociales y populares del país. Para ello se ha puesto en práctica la política conocida como “seguridad democrática”, con la vinculación de un millón de informantes, el reclutamiento de soldados campesinos, la penalización de la protesta, las facultades judiciales a los militares y muchas otras medidas que evidencian la fascistización del país, requisito indispensable para sacar adelante la recolonización del país por el imperio norteamericano.

Los problemas de la Nación se podrán resolver, en la medida en que recobremos nuestra independencia de los Estados Unidos, alcancemos el manejo soberano de la economía y resolvamos autónomamente todos los problemas que nos aquejan. Este asunto implica la construcción del más amplio frente de lucha contra la intervención del imperialismo gringo y por el establecimiento de un gobierno democrático conformado por todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales patrióticas. Los trabajadores no podemos perder de vista este asunto estratégico, todas las demás salidas son paños de agua tibia y prolongación del actual estado de sufrimiento y penurias de la población colombiana.

Es dentro de este marco que alentamos las luchas estudiantiles y las que desarrollan los campesinos y productores agropecuarios y nos ponemos al lado de todas las personalidades democráticas y progresistas que se opongan a las políticas imperialistas.

Por esta postura es que reclamamos un comportamiento consecuente de la CUT en la lucha contra el imperialismo y el gobierno de Uribe. No puede caerse en vacilaciones, la coyuntura demanda claridad y consecuencia en la confrontación de las políticas gubernamentales. Las fuerzas políticas que conformamos está coalición democrática en la CUT, exigimos que la Central perfile una declaración política que precise la caracterización del gobierno de Uribe, denuncie y confronte la política imperialista, adelante consecuentemente la solidaridad con los trabajadores y el pueblo en general, reclame una salida política negociada al conflicto interno, sostenga relaciones internacionales con todas las corrientes del movimiento sindical sin comprometer las independencia de la CUT y, ante todo, que trabaje con el convencimiento de que solo la movilización y la lucha de los obreros y el pueblo: paros, huelgas, bloqueos, etc., echarán atrás las pretensiones de Estados Unidos y el gobierno de Uribe de recolonizar al país.

Permanecer en la Mesa de Concertación, crear esperanzas en propuestas alternativas y desalentar la vigencia del paro y la huelga, debilitan el movimiento sindical y socavan el prestigio que estamos recobrando con la correcta posición adoptada frente a temas de tanta importancia como el ALCA, el Referendo y las reformas Uribistas.

La unidad lograda en torno a la Abstención Activa, la concreción del Comité contra el ALCA y el rechazo ofrecido a las reformas, debemos alentarla y para ello es preciso converger en torno a concretar peleas contra la reforma del Estado, por la defensa de la educación pública y el magisterio, la defensa de las universidades públicas, el apoyo a la lucha de la Unión Sindical Obrera y la contribución a la concreción del Paro Nacional de la Salud, así como la lucha por la defensa de las Convenciones Colectivas y el derecho a la negociación para los empleados públicos, entre otros.

La corrientes sindicales que suscribimos esta declaración invitamos a la coalición mayoritaria de la CUT y a las demás centrales obreras, a propiciar unas relaciones democráticas y unitarias que permitan cristalizar la resistencia a las políticas neoliberales y poner al movimiento sindical a la altura de la agresión que en su contra, cometen el gobierno de Uribe y el imperialismo norteamericano.

FRENTE DEMOCRÁTICO ANTIIMPERIALISTA DEL MOVIMIENTO SINDICAL COLOMBIANO

Miguel Antonio Caro, Gloria Inés Ramírez, Alfonso Velásquez, Gustavo Triana, Alvaro Morales Sánchez, Diógenes Orjuela, Wilson Arias, Domingo Tovar, Tarsicio Rivera, Miembros del Comité Ejecutivo y 46 delegados más a la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT-.

Bogotá, D.C. 31 de enero de 2003

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República,
Manizales, 22 de Febrero de 2003.

De acuerdo con un titular de El Tiempo de hoy 22 de febrero, el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, quien actúa como principal vocero del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, afirmó: “Farc resultaron amigas de los abstencionistas”, refiriéndose a quienes en diversas formas ya han expresado su reticencia a participar en el referendo del uribismo y, en especial, a quienes estamos en campaña alertando al resto de colombianos para que adopten esa misma conducta y se abstengan de votarlo.

A pesar de sus repetidas demasías antidemocráticas, este ministro autoritario y deslenguado nunca se había atrevido a tanto, porque así hubiese intentado matizar su retrógrado exabrupto su objetivo es obvio: descalificarnos mediante una insinuación tan mañosa como falsa en materia gravísima, puesto que, en medio de tan agudas contradicciones políticas y sociales como las que atraviesa Colombia, equivale a estigmatizarnos y a convertirnos en blanco de alguna de las mortales violencias que la azotan.

Y esta felonía la comete un ministro que tiene que saber que la casi totalidad de quienes nos oponemos al referendo lo hacemos con criterios de resistencia civil a las concepciones autoritarias y neoliberales del gobierno, oposición que no recurre a la violencia ni para presionar ni para atentar contra nadie y que es la que precisamente explica por qué crece entre los colombianos la abstención al referendo bonapartista de Uribe y por qué su alter ego, Londoño Hoyos, desesperado ante el riesgo de su fracaso, comete una irresponsabilidad tan grande que ningún compatriota con espíritu demócrata, sensato y civilizado puede dejar pasar como otra más.

Aún cuando no me hago ilusiones con respecto a que uno sea el pensamiento de Londoño Hoyos y otro el de Uribe Vélez, una barbaridad de estas proporciones no debe conducir a nada distinto que a la destitución fulminante del ministro. Otra posición del Presidente sería seguir alentando, mediante la amplificación de los medios de comunicación y con toda la autoridad del Estado, afirmaciones que aun en privado son absolutamente repudiables.

Pocos momentos en la historia de Colombia han concitado tanto la unidad de todas y todos los compatriotas que desde distintas perspectivas, democráticas y pluralistas, se han enfrentado a las políticas autoritarias y antipopulares de los gobiernos de turno.

En consecuencia:

Las centrales obreras (CUT, CGTD y CTC) y la Confederación Nacional de Pensionados, los parlamentarios de oposición, liberales, conservadores, del Polo Democrático e independientes, partidos y movimientos políticos democráticos y progresistas, organizaciones de diversos sectores del campo y de la ciudad, de campesinos, indígenas, afro descendientes, de jóvenes y de mujeres, comunales y de la cultura, de juristas y otras disciplinas profesionales, nos venimos agrupando en una Gran Coalición Democrática para, con la abstención activa, hacerle frente al Referendo.

Enmascarado en su mentirosa lucha contra la corrupción, el gobierno busca con el Referendo legitimar el mayor atropello contra el pueblo y la nación con medidas que hacen parte del Ajuste Fiscal impuesto por el Fondo Monetario Internacional, como la congelación del gasto, que incluye la de salarios, pensiones y regímenes especiales, la eliminación de contralorías y personerías, y la entrega al capital trasnacional y financiero de nuestros recursos naturales, nuestro mercado interno y nuestra fuerza de trabajo, como proyecta hacerlo a plenitud el ALCA, todo con el propósito de satisfacer las exigencias de la asfixiante deuda externa.

La recesión económica, el desempleo, la miseria, el hambre, la pobreza y la desesperación se incrementarán drástica y permanentemente a lo cual contribuirán las ya aprobadas reforma laboral, pensional, tributaria y del Estado, la sobretasa a la gasolina y el IVA aplicado a la canasta familiar.

Decisiones políticas como la reducción en el número de parlamentarios, el umbral exigido para acceder al Congreso, la cifra repartidora para asignar las curules y los topes para el reconocimiento de personerías a los partidos, recortarán aún más la ya restringida democracia colombiana y le darán vuelo a las acciones represivas y dictatoriales del gobierno, convertidas en políticas de Estado con la llamada “seguridad democrática”, que implica, además, el mayor intervencionismo militar extranjero.

Todo el aparato estatal, con sus recursos económicos y sus mecanismos de presión, así como el desaforado poder de los grandes medios de comunicación controlados o fletados por el gobierno y el clientelismo oficial, que quiere convertir a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles en sus jefes de campaña, se pondrán al servicio de la política imperial y del gran capital financiero, haciendo hasta lo imposible para engañar una vez más a millones de compatriotas y convertir el referendo en un plebiscito de respaldo al presidente Uribe y su rampante neoliberalismo.

Por ello, debemos ejercer nuestro legítimo derecho a la abstención, que hoy se abre paso en el país a través de un debate público sin precedentes. Llegaremos a todos los barrios y veredas, a todas las fábricas y a todos los cultivos y parcelas; iremos hasta el último rincón de nuestra patria a denunciar el referendo como otra pretensión de sumirnos aún más en la ignominia y en la esclavitud que trae consigo la política que dicta Washington y obedece el gobierno.

Reclamamos del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría y del gobierno las garantías plenas para propagar el llamado a la abstención, pero en caso de negarlas, de todas maneras cumpliremos con entusiasmo y esfuerzo nuestro deber de derrotar sus propósitos.

Que en las calles y en las plazas, en los caminos y en las carreteras retumbe nuestro grito:

¡Contra el antidemocrático y antinacional Referendo: ¡Abstención activa!

¡Abajo el Referendo!

¡Viva la abstención activa!

¡Viva la Gran Coalición Democrática contra el Referendo!

Bogota, 7 de febrero de 2003

El movimiento agrario de México, organizado bajo el nombre de El campo no aguanta más, aprobó el 1o. de enero de este año un documento en el que conmina al gobierno del presidente Vicente Fox a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, causa fundamental de la ruina y los problemas que aquejan a los productores agrícolas. Por la importancia de tal pronunciamiento, publicamos los apartes principales. Es necesario anotar que los medios de comunicación han guardado un sospechoso silencio sobre el desarrollo de los acontecimientos en ese país, y sólo se han filtrado noticias muy parciales que dan cuenta de reuniones del gobierno con dirigentes del movimiento y sobre protestas masivas de campesinos e indígenas y las tomas de algunas oficinas de organismos oficiales.

Hace exactamente nueve años entró en vigor el TLCAN. Hace nueve años que se intensificó la guerra en contra de la agricultura campesina y, en general, en contra del campo mexicano. Hace nueve años, también, nuestros hermanos zapatistas, lanzaron el primer grito de resistencia en contra del modelo económico globalizador, concentrador de la riqueza en unos cuantos, desgarrador del tejido social, destructor de pueblos, depredador de la naturaleza y violador de los derechos de comunidades y de individuos.

Hoy, en este primer minuto del año, primer minuto del décimo año del TLCAN, se inicia la penúltima etapa de la guerra contra nuestra agricultura, contra nuestra soberanía alimentaria, contra la base de nuestra independencia como país. Hoy se desgravan todas las importaciones agroalimentarias procedentes de Estados Unidos y del Canadá, con excepción del maíz, fríjol, leche en polvo y azúcar de caña. Hoy se suprimen todos los aranceles, aranceles-cuotas y cupos de importación. Hoy se derriban las trincheras que permitían todavía una precaria subsistencia de las cadenas alimentarias básicas para nuestra economía: carne de res y cerdo, pollo, huevo, lácteos, arroz, trigo, papa, manzana y otras más. Hoy nuestros productores tendrán que defenderse solos contra los productos que cuentan con un subsidio del gobierno norteamericano hasta treinta veces superior al subsidio promedio que otorga el gobierno de México.

Sólo la ingenuidad, la ineptitud y la complicidad del Ejecutivo Federal y de muchos de los legisladores no han podido discernir que tras esta nueva etapa del acuerdo comercial se esconde una verdadera guerra contra nuestra sobrevivencia como país independiente. Sólo las mentes más obstinadas y menos informadas se niegan a ver que la negativa del gobierno de George W. Bush, apoyado en la complicidad del de Vicente Fox, de suspender esta desgravación es una pieza más en su estrategia belicista que lo mismo pasa por controlar el gas del Asia Central que el petróleo de Irak y de Venezuela y el suministro de alimentos de México. Porque dislocar nuestra producción agropecuaria, orientarla a producir sólo para la exportación y hacer depender la alimentación de nuestro pueblo de las importaciones procedentes de Estados Unidos, controladas por unas cuantas trasnacionales, es aceptar la madre de todas las derrotas: la de la comida de nuestra gente.

Por eso hemos llegado hasta acá las dirigencias de las organizaciones campesinas del Movimiento El campo no aguanta más y las organizaciones sociales que se han integrado a él y que nos apoyan. Aquí, en Ciudad Juárez, donde en 1911 los ejércitos campesinos terminaron con la dictadura porfirista de 40 años. En la frontera con el país más poderoso del mundo, cuyo gobierno se apresta a lanzar una nueva guerra para reforzar su dominio militar, económico y mediático sobre el planeta. Aquí, en el Puente Internacional de Córdoba por donde pretenden pasar el alud de alimentos dirigidos a nuestro país, alimentos de desecho, transgénicos, congelados por diez años, de chatarra, para avasallar nuestra producción nacional, afectar la salud de los mexicanos y consolidar la dependencia alimentaria de nuestra Nación.

Precisamente desde donde comienza la patria, y empieza América Latina, lanzamos este llamamiento al Pueblo de México. Anunciamos que en este mismo momento estamos en movimiento nacional de resistencia civil, pacífica, no violenta, para salvar al campo mexicano y para salvar a México. Hoy lanzamos esta contraofensiva de paz, de razones, de propuestas y de acciones de desobediencia. Ya nos hicimos presentes, sin muchos frutos, ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ya declaramos unilateralmente la
moratoria al apartado agropecuario del TLCAN.

Desde aquí lanzamos una convocatoria a celebrar en los próximos días un Diálogo Nacional para la Salvación del Campo Mexicano, a todos los actores sociales, políticos, culturales y económicos interesados en rescatar nuestra agricultura, nuestra alimentación, nuestra dignidad y nuestra soberanía.

Nuestras seis propuestas y demandas básicas son:

1. Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN y renegociación inmediata del mismo.

2. Fuera el maíz y el fríjol, alimento básico de nuestro pueblo, del TLCAN y demás tratados comerciales con otras naciones.

3. Programa emergente 2003 y programa de largo plazo 2020 para la revaloración y reestructuración de la agricultura nacional con participación de los campesinos, con base en los objetivos centrales de soberanía alimentaria, multifuncionalidad de la agricultura, revalorización de la agricultura campesina, fomento a la producción para el mercado interno a la par para la exportación, rentabilidad y certidumbre en los ingresos, empleo rural y agricultura sustentable y conservación de los recursos naturales.

En resumen, para lograr un crecimiento del sector agropecuario y forestal con equidad, sustentabilidad y soberanía.

4. Respeto a las organizaciones e iniciativas rurales genuinas y autónomas, fin del contubernio del gobierno del presidente Fox con el corporativismo rural y, en particular, reforma al órgano de gobierno de la nueva Financiera Rural para dar paso a formas de representación de los productores y pobladores rurales más genuinas y democráticas, dejando atrás la asignación de asientos con base en cuotas políticas que únicamente reproducen de una manera desvergonzada el viejo y nefasto corporativismo rural.

5. Calidad y sanidad en los alimentos para los consumidores mexicanos.

6. Reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios conforme a los Acuerdos de San Andrés.

Nuestro interlocutor primero no es el gobierno, el destinatario primordial de nuestro llamado son ustedes, que constituyen el Pueblo de México. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a su conciencia, a los sentimientos de la nación que invocó Morelos en su lucha. A nuestras hermanas y hermanos de todo el país los invitamos a participar a su modo, de acuerdo con sus posibilidades, en este movimiento El campo no aguanta más, con una o varias de las siguientes acciones:

Manifestándose en los puentes internacionales y aduanas.

Enviando cartas con firmas a sus senadores para que se declara la Situación de Emergencia Económica, Social y Ambiental en el Campo Mexicano y se declare la moratoria al apartado agropecuario del TLCAN.

Portando un listón verde en la solapa de su blusa o camisa.

Inscribiendo en las ventanas de sus casas o de sus vehículos leyendas como «Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN» o «Salvemos el campo, salvemos a México» o «El campo mexicano no aguanta más».

Enviando cartas a la redacción de los periódicos de su localidad o participando en los programas de radio de teléfono abierto apoyando nuestras demandas.

Revalorizando y promoviendo del consumo de alimentos hechos en México y cultivados por pequeños y medianos productores.

Organizando boicots al consumo de alimentos de importación, principalmente los relacionados con nuestra alimentación básica.

Participando en el Diálogo Nacional para la Salvación del Campo Mexicano en la fecha y lugar que se darán a conocer a la brevedad. Nuestra lucha no es por restaurar un pasado que no volverá. Es por reconquistar las bases, las raíces mismas de un futuro libre, soberano, próspero para las comunidades, para las personas, para los pueblos que componen nuestra patria. Nuestro combate no es el de unos cuantos, no es el de un sector particular, ni tampoco el de un cierto gremio. Combatimos por los derechos que se nos han conculcado a todos: a producir, a vivir dignamente de nuestro trabajo, a alimentarse sanamente, a construir una economía humana, basada en nuestra idiosincrasia y abierta a los avances de la ciencia y de la tecnología, el derecho a que nuestra agricultura y nuestras comunidades campesinas no sólo sobrevivan sino que vivan con dimensión de futuro y dignidad.

¡Salvemos el campo para México!

Desde el Puente Internacional de Córdoba en Ciudad Juárez, comienzo de
México, comienzo de Nuestra América, al primer minuto del primero de enero
de 2003.

Movimiento El campo no aguanta más. Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss); AsociaciónNacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac); Coordinadora Estatal de productores de Café de Oaxaca (Cepco); Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Ccduc); Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC); Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); Frente Democrático Campesino de Chihuahua (Fdcch); Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (Fndcm); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf); Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria (Unofoc); Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca).