Categoría: Tribuna Roja Nº 90, marzo 10 de 2003

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República,
Manizales, 22 de Febrero de 2003.

De acuerdo con un titular de El Tiempo de hoy 22 de febrero, el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, quien actúa como principal vocero del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, afirmó: “Farc resultaron amigas de los abstencionistas”, refiriéndose a quienes en diversas formas ya han expresado su reticencia a participar en el referendo del uribismo y, en especial, a quienes estamos en campaña alertando al resto de colombianos para que adopten esa misma conducta y se abstengan de votarlo.

A pesar de sus repetidas demasías antidemocráticas, este ministro autoritario y deslenguado nunca se había atrevido a tanto, porque así hubiese intentado matizar su retrógrado exabrupto su objetivo es obvio: descalificarnos mediante una insinuación tan mañosa como falsa en materia gravísima, puesto que, en medio de tan agudas contradicciones políticas y sociales como las que atraviesa Colombia, equivale a estigmatizarnos y a convertirnos en blanco de alguna de las mortales violencias que la azotan.

Y esta felonía la comete un ministro que tiene que saber que la casi totalidad de quienes nos oponemos al referendo lo hacemos con criterios de resistencia civil a las concepciones autoritarias y neoliberales del gobierno, oposición que no recurre a la violencia ni para presionar ni para atentar contra nadie y que es la que precisamente explica por qué crece entre los colombianos la abstención al referendo bonapartista de Uribe y por qué su alter ego, Londoño Hoyos, desesperado ante el riesgo de su fracaso, comete una irresponsabilidad tan grande que ningún compatriota con espíritu demócrata, sensato y civilizado puede dejar pasar como otra más.

Aún cuando no me hago ilusiones con respecto a que uno sea el pensamiento de Londoño Hoyos y otro el de Uribe Vélez, una barbaridad de estas proporciones no debe conducir a nada distinto que a la destitución fulminante del ministro. Otra posición del Presidente sería seguir alentando, mediante la amplificación de los medios de comunicación y con toda la autoridad del Estado, afirmaciones que aun en privado son absolutamente repudiables.

Pocos momentos en la historia de Colombia han concitado tanto la unidad de todas y todos los compatriotas que desde distintas perspectivas, democráticas y pluralistas, se han enfrentado a las políticas autoritarias y antipopulares de los gobiernos de turno.

En consecuencia:

Las centrales obreras (CUT, CGTD y CTC) y la Confederación Nacional de Pensionados, los parlamentarios de oposición, liberales, conservadores, del Polo Democrático e independientes, partidos y movimientos políticos democráticos y progresistas, organizaciones de diversos sectores del campo y de la ciudad, de campesinos, indígenas, afro descendientes, de jóvenes y de mujeres, comunales y de la cultura, de juristas y otras disciplinas profesionales, nos venimos agrupando en una Gran Coalición Democrática para, con la abstención activa, hacerle frente al Referendo.

Enmascarado en su mentirosa lucha contra la corrupción, el gobierno busca con el Referendo legitimar el mayor atropello contra el pueblo y la nación con medidas que hacen parte del Ajuste Fiscal impuesto por el Fondo Monetario Internacional, como la congelación del gasto, que incluye la de salarios, pensiones y regímenes especiales, la eliminación de contralorías y personerías, y la entrega al capital trasnacional y financiero de nuestros recursos naturales, nuestro mercado interno y nuestra fuerza de trabajo, como proyecta hacerlo a plenitud el ALCA, todo con el propósito de satisfacer las exigencias de la asfixiante deuda externa.

La recesión económica, el desempleo, la miseria, el hambre, la pobreza y la desesperación se incrementarán drástica y permanentemente a lo cual contribuirán las ya aprobadas reforma laboral, pensional, tributaria y del Estado, la sobretasa a la gasolina y el IVA aplicado a la canasta familiar.

Decisiones políticas como la reducción en el número de parlamentarios, el umbral exigido para acceder al Congreso, la cifra repartidora para asignar las curules y los topes para el reconocimiento de personerías a los partidos, recortarán aún más la ya restringida democracia colombiana y le darán vuelo a las acciones represivas y dictatoriales del gobierno, convertidas en políticas de Estado con la llamada “seguridad democrática”, que implica, además, el mayor intervencionismo militar extranjero.

Todo el aparato estatal, con sus recursos económicos y sus mecanismos de presión, así como el desaforado poder de los grandes medios de comunicación controlados o fletados por el gobierno y el clientelismo oficial, que quiere convertir a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles en sus jefes de campaña, se pondrán al servicio de la política imperial y del gran capital financiero, haciendo hasta lo imposible para engañar una vez más a millones de compatriotas y convertir el referendo en un plebiscito de respaldo al presidente Uribe y su rampante neoliberalismo.

Por ello, debemos ejercer nuestro legítimo derecho a la abstención, que hoy se abre paso en el país a través de un debate público sin precedentes. Llegaremos a todos los barrios y veredas, a todas las fábricas y a todos los cultivos y parcelas; iremos hasta el último rincón de nuestra patria a denunciar el referendo como otra pretensión de sumirnos aún más en la ignominia y en la esclavitud que trae consigo la política que dicta Washington y obedece el gobierno.

Reclamamos del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría y del gobierno las garantías plenas para propagar el llamado a la abstención, pero en caso de negarlas, de todas maneras cumpliremos con entusiasmo y esfuerzo nuestro deber de derrotar sus propósitos.

Que en las calles y en las plazas, en los caminos y en las carreteras retumbe nuestro grito:

¡Contra el antidemocrático y antinacional Referendo: ¡Abstención activa!

¡Abajo el Referendo!

¡Viva la abstención activa!

¡Viva la Gran Coalición Democrática contra el Referendo!

Bogota, 7 de febrero de 2003

El movimiento agrario de México, organizado bajo el nombre de El campo no aguanta más, aprobó el 1o. de enero de este año un documento en el que conmina al gobierno del presidente Vicente Fox a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, causa fundamental de la ruina y los problemas que aquejan a los productores agrícolas. Por la importancia de tal pronunciamiento, publicamos los apartes principales. Es necesario anotar que los medios de comunicación han guardado un sospechoso silencio sobre el desarrollo de los acontecimientos en ese país, y sólo se han filtrado noticias muy parciales que dan cuenta de reuniones del gobierno con dirigentes del movimiento y sobre protestas masivas de campesinos e indígenas y las tomas de algunas oficinas de organismos oficiales.

Hace exactamente nueve años entró en vigor el TLCAN. Hace nueve años que se intensificó la guerra en contra de la agricultura campesina y, en general, en contra del campo mexicano. Hace nueve años, también, nuestros hermanos zapatistas, lanzaron el primer grito de resistencia en contra del modelo económico globalizador, concentrador de la riqueza en unos cuantos, desgarrador del tejido social, destructor de pueblos, depredador de la naturaleza y violador de los derechos de comunidades y de individuos.

Hoy, en este primer minuto del año, primer minuto del décimo año del TLCAN, se inicia la penúltima etapa de la guerra contra nuestra agricultura, contra nuestra soberanía alimentaria, contra la base de nuestra independencia como país. Hoy se desgravan todas las importaciones agroalimentarias procedentes de Estados Unidos y del Canadá, con excepción del maíz, fríjol, leche en polvo y azúcar de caña. Hoy se suprimen todos los aranceles, aranceles-cuotas y cupos de importación. Hoy se derriban las trincheras que permitían todavía una precaria subsistencia de las cadenas alimentarias básicas para nuestra economía: carne de res y cerdo, pollo, huevo, lácteos, arroz, trigo, papa, manzana y otras más. Hoy nuestros productores tendrán que defenderse solos contra los productos que cuentan con un subsidio del gobierno norteamericano hasta treinta veces superior al subsidio promedio que otorga el gobierno de México.

Sólo la ingenuidad, la ineptitud y la complicidad del Ejecutivo Federal y de muchos de los legisladores no han podido discernir que tras esta nueva etapa del acuerdo comercial se esconde una verdadera guerra contra nuestra sobrevivencia como país independiente. Sólo las mentes más obstinadas y menos informadas se niegan a ver que la negativa del gobierno de George W. Bush, apoyado en la complicidad del de Vicente Fox, de suspender esta desgravación es una pieza más en su estrategia belicista que lo mismo pasa por controlar el gas del Asia Central que el petróleo de Irak y de Venezuela y el suministro de alimentos de México. Porque dislocar nuestra producción agropecuaria, orientarla a producir sólo para la exportación y hacer depender la alimentación de nuestro pueblo de las importaciones procedentes de Estados Unidos, controladas por unas cuantas trasnacionales, es aceptar la madre de todas las derrotas: la de la comida de nuestra gente.

Por eso hemos llegado hasta acá las dirigencias de las organizaciones campesinas del Movimiento El campo no aguanta más y las organizaciones sociales que se han integrado a él y que nos apoyan. Aquí, en Ciudad Juárez, donde en 1911 los ejércitos campesinos terminaron con la dictadura porfirista de 40 años. En la frontera con el país más poderoso del mundo, cuyo gobierno se apresta a lanzar una nueva guerra para reforzar su dominio militar, económico y mediático sobre el planeta. Aquí, en el Puente Internacional de Córdoba por donde pretenden pasar el alud de alimentos dirigidos a nuestro país, alimentos de desecho, transgénicos, congelados por diez años, de chatarra, para avasallar nuestra producción nacional, afectar la salud de los mexicanos y consolidar la dependencia alimentaria de nuestra Nación.

Precisamente desde donde comienza la patria, y empieza América Latina, lanzamos este llamamiento al Pueblo de México. Anunciamos que en este mismo momento estamos en movimiento nacional de resistencia civil, pacífica, no violenta, para salvar al campo mexicano y para salvar a México. Hoy lanzamos esta contraofensiva de paz, de razones, de propuestas y de acciones de desobediencia. Ya nos hicimos presentes, sin muchos frutos, ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ya declaramos unilateralmente la
moratoria al apartado agropecuario del TLCAN.

Desde aquí lanzamos una convocatoria a celebrar en los próximos días un Diálogo Nacional para la Salvación del Campo Mexicano, a todos los actores sociales, políticos, culturales y económicos interesados en rescatar nuestra agricultura, nuestra alimentación, nuestra dignidad y nuestra soberanía.

Nuestras seis propuestas y demandas básicas son:

1. Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN y renegociación inmediata del mismo.

2. Fuera el maíz y el fríjol, alimento básico de nuestro pueblo, del TLCAN y demás tratados comerciales con otras naciones.

3. Programa emergente 2003 y programa de largo plazo 2020 para la revaloración y reestructuración de la agricultura nacional con participación de los campesinos, con base en los objetivos centrales de soberanía alimentaria, multifuncionalidad de la agricultura, revalorización de la agricultura campesina, fomento a la producción para el mercado interno a la par para la exportación, rentabilidad y certidumbre en los ingresos, empleo rural y agricultura sustentable y conservación de los recursos naturales.

En resumen, para lograr un crecimiento del sector agropecuario y forestal con equidad, sustentabilidad y soberanía.

4. Respeto a las organizaciones e iniciativas rurales genuinas y autónomas, fin del contubernio del gobierno del presidente Fox con el corporativismo rural y, en particular, reforma al órgano de gobierno de la nueva Financiera Rural para dar paso a formas de representación de los productores y pobladores rurales más genuinas y democráticas, dejando atrás la asignación de asientos con base en cuotas políticas que únicamente reproducen de una manera desvergonzada el viejo y nefasto corporativismo rural.

5. Calidad y sanidad en los alimentos para los consumidores mexicanos.

6. Reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios conforme a los Acuerdos de San Andrés.

Nuestro interlocutor primero no es el gobierno, el destinatario primordial de nuestro llamado son ustedes, que constituyen el Pueblo de México. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a su conciencia, a los sentimientos de la nación que invocó Morelos en su lucha. A nuestras hermanas y hermanos de todo el país los invitamos a participar a su modo, de acuerdo con sus posibilidades, en este movimiento El campo no aguanta más, con una o varias de las siguientes acciones:

Manifestándose en los puentes internacionales y aduanas.

Enviando cartas con firmas a sus senadores para que se declara la Situación de Emergencia Económica, Social y Ambiental en el Campo Mexicano y se declare la moratoria al apartado agropecuario del TLCAN.

Portando un listón verde en la solapa de su blusa o camisa.

Inscribiendo en las ventanas de sus casas o de sus vehículos leyendas como «Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN» o «Salvemos el campo, salvemos a México» o «El campo mexicano no aguanta más».

Enviando cartas a la redacción de los periódicos de su localidad o participando en los programas de radio de teléfono abierto apoyando nuestras demandas.

Revalorizando y promoviendo del consumo de alimentos hechos en México y cultivados por pequeños y medianos productores.

Organizando boicots al consumo de alimentos de importación, principalmente los relacionados con nuestra alimentación básica.

Participando en el Diálogo Nacional para la Salvación del Campo Mexicano en la fecha y lugar que se darán a conocer a la brevedad. Nuestra lucha no es por restaurar un pasado que no volverá. Es por reconquistar las bases, las raíces mismas de un futuro libre, soberano, próspero para las comunidades, para las personas, para los pueblos que componen nuestra patria. Nuestro combate no es el de unos cuantos, no es el de un sector particular, ni tampoco el de un cierto gremio. Combatimos por los derechos que se nos han conculcado a todos: a producir, a vivir dignamente de nuestro trabajo, a alimentarse sanamente, a construir una economía humana, basada en nuestra idiosincrasia y abierta a los avances de la ciencia y de la tecnología, el derecho a que nuestra agricultura y nuestras comunidades campesinas no sólo sobrevivan sino que vivan con dimensión de futuro y dignidad.

¡Salvemos el campo para México!

Desde el Puente Internacional de Córdoba en Ciudad Juárez, comienzo de
México, comienzo de Nuestra América, al primer minuto del primero de enero
de 2003.

Movimiento El campo no aguanta más. Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss); AsociaciónNacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac); Coordinadora Estatal de productores de Café de Oaxaca (Cepco); Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Ccduc); Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC); Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); Frente Democrático Campesino de Chihuahua (Fdcch); Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (Fndcm); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf); Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria (Unofoc); Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca).

La Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria estuvo participando durante varios meses en reuniones con otras organizaciones agrarias (Consejo Nacional Campesino, Coordinador Nacional Agrario y ANUC) en búsqueda de acuerdos básicos para adelantar la lucha conjunta por la defensa del campo colombiano y para la realización de un gran Congreso Nacional que se llevaría a cabo los días 7 y 8 de abril del presente año. Lamentablemente, discrepancias políticas e ideológicas y de orden táctico llevaron a que Salvación Agropecuaria se retirara del proceso. La propuesta defendida por esta organización, que seguirá sirviendo de guía para sus luchas, se publica en seguida para conocimiento y estudio de nuestros lectores.

Las políticas antiagrarias que han predominado en el país, especialmente a partir de 1990, desde cuando Estados Unidos, el FMI y las demás agencias internacionales de crédito impusieron la globalización neoliberal, se intensificarán con la entrada en vigor de los acuerdos del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA (o el respectivo acuerdo bilateral), que traerá más y mayores dificultades y penurias para la producción nacional. En el campo, el ALCA multiplicará las quiebras, los embargos y remates de parcelas y fincas y nuestra economía agraria tendrá que limitarse sólo a lo que Estados Unidos no esté en capacidad de producir, o sea, lo que llaman cultivos tropicales.

Campesinos, indígenas, asalariados agrícolas y no pocos empresarios rurales verán cómo siguen aumentando los impuestos, las tarifas de servicios públicos, los peajes y sobretasas que les encarecen la producción, mientras nada se hace para aliviar las urgentes necesidades del campo. Al contrario, se continuará con el debilitamiento y cierre de las instituciones oficiales que en algo los ayudaban en sus problemas, como ha ocurrido con el Idema y la Caja Agraria y se pretende hacer con el Incora, el INAT y el ICA.

Esta crisis agraria nacional tiene a miles y miles de compatriotas al borde de perder hasta sus tierras, por no poder pagar sus deudas bancarias, y les niega a muchos la posibilidad de acceder a ese instrumento de producción,, mientras los gobiernos, obedeciendo las políticas imperialistas, hacen demagogia con planes de refinanciación que les dan más ganancias a los banqueros y que apenas aplazan el momento del remate de los endeudados, prolongando sus dificultades; o amarran a los campesinos de por vida, sometiéndolos a las cadenas y «alianzas», en las que el agricultor produce para la gran empresa según las normas, exigencias, precios y plazos que ésta les impone.

Por lo anterior, la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria les propone a las demás organizaciones que están comprometidas con el impulso y realización del Congreso Agrario Nacional del 7 y 8 de abril los siguientes puntos programáticos de unidad.

1. Defendemos la soberanía nacional, la seguridad alimentaria y el mercado interno como pilares insustituibles del progreso de Colombia y del bienestar de los colombianos, y consideramos la economía rural como componente estratégico de una política en tal sentido. Pedimos el cierre de las importaciones agropecuarias y la eliminación de las decisiones que faciliten la entrada al país de aquellos productos del agro que podamos producir.

2. Rechazamos los acuerdos de comercio internacional que, al servicio de los intereses del capital multinacional, vulneren la producción y distribución nacional de alimentos. Por ello nos oponemos a la inclusión de Colombia en el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, o a la firma de un acuerdo bilateral impuesto por Estados Unidos en su proceso de recolonización de América Latina. Rechazamos las maniobras del gobierno norteamericano y los de otros países desarrollados para deprimir los precios del café y demás productos del agro, aumentando las inmensas ganancias de las comercializadoras mundiales.

3. Reclamamos la defensa de la producción nacional y, en consecuencia, exigimos: a) Establecimiento de precios de sustentación rentables y respaldo estatal a la comercialización agropecuaria interna; b) Suministro de créditos abundantes, oportunos y baratos para los productores rurales c) Apoyo estatal a la investigación, la educación y la capacitación agrícolas, a los servicios de asistencia técnica y al mantenimiento y construcción de distritos de riego; d) Control a las alzas de insumos, impuestos y tarifas de servicios públicos; e) Aprobación de medidas contra el monopolio de las trasnacionales en el comercio de los agroquímicos y de los avances científicos y tecnológicos y aplicación efectiva del decreto 459 sobre la producción y venta efectiva de los genéricos; f) Fortalecimiento de las instituciones de apoyo al sector agropecuario.

4. Exigimos la condonación general de las deudas agropecuarias, suspensión de los procesos judiciales en curso y de los remates y embargos contra los productores rurales.

5. Pedimos la preservación de nuestro patrimonio genético y del medio ambiente y la explotación racional de los recursos naturales.

6. Rechazamos las fumigaciones para los cultivos tipificados como de uso ilícito y, al contrario, reclamamos soluciones pacíficas y concertadas con las comunidades, las cuales deben estar acompañadas de procesos de verificación de los acuerdos que se pacten.

7. Exigimos respeto a la vida y garantía efectiva para los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de las personas y organizaciones y, entre ellos, los de expresión, movilización y protesta.

8. Pedimos solución política negociada al actual conflicto armado. Reclamamos el cese al desplazamiento forzado, y el retorno voluntario, con dignidad y garantías.

9. Exigimos preservar los derechos históricos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

10. Reclamamos el reconocimiento al carácter productivo del trabajo de la mujer rural, medidas positivas de reparación y contra la discriminación, afianzamiento de su identidad cu ltural e impulso a sus procesos organizativos.

11. Exigimos el cumplimiento de los acuerdos que los diferentes gobiernos o entidades del Estado han suscrito con los productores rurales en los diferentes paros y movilizaciones adelantados para exigir soluciones a los problemas del campo.

Bogotá, febrero 15 de 2003

El Nuevo Día. Por Oscar Varón; 2 marzo 2003

“Detrás del ALCA se encuentran las multinacionales y la Organización Mundial del Comercio, la cual es manejada por los intereses comerciales de Estados Unidos”: Salvación Agropecuaria.

Angel María Caballero, presidente del Movimiento por la Salvación Agropecuaria de Colombia realizó varios cuestionamientos a cerca del conflicto que viven los productores de leche representados en Analac, al tiempo que calificó de “esquirol” al papel que el país realiza en las negociaciones ante el Tratado del Libre Comercio de las Américas, ALCA.

Como representante de Salvación, Caballero dijo que no es justo que después de cinco años, en los que el sector lechero no ha tenido aumento en el valor de su producción, ahora los industriales y comercializadores de este producto no cumplan con los acuerdos de competitividad fijados ante el gobierno nacional.

POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE EL TRATADO ES AMBIGUA. ALCA DESTRUIRÁ AGRO EN COLOMBIA

Un nuevo conflicto entre los productores y comercializadores de leche se ha presentado durante la última semana, pues los primeros denunciaron desequilibrio en los precios ante la negativa de aumentar el valor de este producto en un seis por ciento, en tanto que los grandes comercializadores ven bajo la perspectiva de sus intereses que solamente el incremento podría estar entre el uno y el tres por ciento.

Según la Asociación Nacional de Productores Lácteos, Analac, el acuerdo de competitividad de la cadena láctea no puede continuar bajo el incumplimiento de las grandes plantas con lo pactado, y menos aún debe sustentarse en el enriquecimiento de un eslabón a costa del productor primario.

Igualmente, los productores reiteraron que los incrementos del precio al consumidor de leche y derivados no se han reflejado en beneficio de los productores. En este caso se solicita con urgencia la intervención del Gobierno nacional, pues en la actualidad la producción interna se lleva a cabo a pérdida. ¿Será que el Gobierno nacional permite que los más fuertes (multinacionales de la leche) acaben con el sector de la economía que más empleos genera en la actualidad entre los campesinos?.

Ante el silencio del Gobierno en este caso, se suman las quejas de diferentes sectores gremiales del agro, los cuales elevaron durante esta semana su voz de protesta por la ambigua y poco entendida posición de Colombia ante el Tratado de Libre Comercio de las Américas, ALCA, pues el pasado 15 de febrero la Comunidad Andina presentó la oferta inicial de bienes agrícolas y no agrícolas, la cual será negociada en bloque y en la cual nuestro país no objetó mayores inconvenientes. Todo indica que será un hecho que Colombia negociará bilateralmente el tratado, sin embargo la pregunta es ¿Acaso se hará a costa de los productores del agro del país?. Ante estos interrogantes, EL NUEVO DÍA consultó la opinión del movimiento por la Salvación Agropecuaria de Colombia, que preside Angel María Caballero.

EL NUEVO DÍA: ¿Cómo se puede analizar la disyuntiva entre los productores y los comercializadores de leche?

ANGEL MARÍA CABALLERO: Esto que sucede en dicho sector es desastroso, pues estamos hablando de 450 mil productores de leche que se ven perjudicados porque en los últimos cinco años no se les ha aumentado el valor de su producto. Los lectores deben saber que la leche producida internamente en el país se vende a 450 pesos por litro. Además, si comparamos el precio internacional de la leche que está a mil 950 dólares la tonelada en polvo, indicaría esto que al traer la leche del exterior para volverla líquida no se podría producir a menos de 750 pesos por litro, por lo cual es más que justo el aumento que exigen los productores por medio de Analac y su junta directiva.

Sin embargo, para los industriales de la leche, representando a las multinacionales como Danone, Parmalat o Nestlé, es muy cómodo retirarse de la mesa de negociación para que Analac haga lo que quiera, le sirva o no el precio. Esto es lamentable si se observa que el Gobierno no interviene en esta problemática. Con base en lo anterior, podría uno pensar que si a dos años de la entrada de funcionamiento del ALCA, el Gobierno no atiende a un gremio con 450 mil productores, qué se podrá esperar posteriormente cuando estas irregularidades se tengan que denunciar ante la OMC.

END: ¿Entonces aquello de las cadenas productivas, al no ser acatadas por los firmantes y representada por el Gobierno se convierte inevitablemente en una farsa, pues en el caso de Analac los acuerdos establecidos no han sido tomados en cuenta?

AMC: Es una farsa completa. Mire, inducen al productor a negociar con el industrial, y el Gobierno no hace respetar los acuerdos. Así las cosas, no me quiero imaginar este panorama en el 2005, cuando hoy se dice una cosa y no se cumple.

END: ¿Y Minagricultura no interviene?

AMC: Lo que ocurre es que el Ministro de Agricultura no puede intervenir en estas lidias porque lo regañan. Eso quedó demostrado el mes de octubre del año anterior cuando se fueron a negociar los aranceles para el Pacto Andino a Quito. Allí, a Carlos Gustavo Cano y a la SAC les tocó que retirarse del tema. Después de este incidente quedó claro que este proceso lo negocia Jorge Humberto Botero, ministro de Comercio Exterior.

END: Bueno, pero Mincomex ha dicho que este proceso de negociación beneficiaría al agro y la industria.

AMC: Yo lo dudo por un problema fundamental en el esquema de las negociaciones. Habrá que recordar que en el modelo de Gaviria, el agro perdió un millón de hectáreas cultivadas y por lo menos 500 mil campesinos quedaron desempleados. Y, la industria también se vio afectada por la laxitud del Gobierno que permitió la entrada de textiles y manufacturas del Asia, en donde el jornal más bajo es el equivalente a seis mil 500 pesos colombianos.

Lo que sucede con la industria es que las multinacionales estudian en qué país pueden producir más barato y vender más costoso; y si trasladamos este esquema al campo, gracias al ALCA, pues es fácil adivinar que el sector agropecuario será arrasado. No sabe uno porqué algunos gobiernos no entienden que el principio básico y el soporte de los esquemas de producción se encuentran en la capacidad de trabajo del sector agrario de las naciones.

Colombia de esquirol

EL NUEVO DÍA tiene entre su documentación el texto que presenta la propuesta u oferta de las diferentes naciones ante el ALCA. Llama la atención que países como Bolivia y Ecuador precisan los productos agrarios que serían objeto de las subpartidas arancelarias, condicionando en algo el proceso negociador.

Igualmente, un país como Perú exige que en lo relacionado a los productos del ámbito agropecuario, la aplicación del programa de eliminación arancelaria en su producción dependerá de la desaparición de las ayudas internas de los productos importados a dicho país.

Sin duda, la mejor posición la ofreció Venezuela, el cual precisó que para el programa de eliminación arancelaria se aplicaría únicamente sobre un arancel fijo, en un rango de productos que necesariamente irán acompañados de una estabilización de precios.

Para el caso Colombia, Mincomex, hace un leve anuncio de que efectivamente dichas exportaciones afectan la desgravación de los productos que las reciben. Por lo tanto, la nación ratificó la importancia de realizar avances continuos, equilibrados y sustanciales en los ámbitos de la negociación. Es decir no exige nada, pero tampoco se opone. Después de esta declaración se sintieron las declaraciones de gremios como Fenavi, Analac, SAC, los paperos y Fedepalma, quienes en su mayoría coincidieron en decir que esta no es una posición de negociación seria y que en últimas el comunicado no dice nada. Así las cosas, hoy por hoy los gremios del sector agropecuario han comenzado a perder la confianza en el Gobierno Uribe. A propósito del tema, el presidente de Salvación Agropecuaria respondió a las siguientes preguntas.

END: ¿En qué términos considera que se está llevando a cabo la negociación ante el Tratado?

AMC: Este es un proceso que está siendo direccionado directamente por las multinacionales, bajo la orientación de la Organización Mundial del Comercio.

END: ¿Y, la posición colombiana cómo la analiza?

AMC: Lo que se lee es que Colombia está actuando de esquirol (Es un término despectivo que se utiliza cuando un obrero trabaja cuando sus compañeros hacen huelga, prestándose así a los intereses de sus patrones con lo cual gana sus favores) en las negociaciones, pues las posiciones de los demás países se ven con un poco de mayor solidez, destacándose la del Perú y la de Venezuela, los cuales condicionan el proceso a la eliminación de aranceles de carácter supranacional.

En tanto, la posición de Colombia es muy grave porque se estaría buscando un acuerdo bilateral entre el país y Estados Unidos. Lo delicado de esta situación es que la posición y la defensa del agro estará sujeta a otros intereses.

END: Ahora parece que hay un despertar sobre el tema, pues ciertas agremiaciones no habían atacado nunca al Gobierno. ¿Qué pueda pasar más adelante?

AMC: El agro se tiene que unir y que sentar criterios al respecto, pues el 15 de abril el Ministerio de Comercio discutirá la propuestas para supuestamente mejorarla, y el 15 de junio prácticamente tendrá que estar definido el tema.

Por nuestra parte, el movimiento por la Salvación Agropecuaria prepara una gran marcha para el mes de mayo, exigiendo que el sector agrario no entre en dichas negociaciones, por lo siguientes motivos: El ALCA lesiona la soberanía nacional, además de que aumenta los cinturones de miseria, y por último el aparato productivo tanto industrial como agrario llegarán, mediante este tratado, a su aniquilamiento total.

Jorge Enrique Robledo Castillo, Senador de la República, Manizales, 11 de Febrero de 2003.
El ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, confirmando lo definido por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, ratificó ayer en Manizales que “les lloverá glifosato” a los cultivos ilícitos existentes en las zonas cafeteras, lo que, en los hechos, significa el acto atroz de fumigar también los cafetales, los demás plantíos, los animales y hasta las personas que se encuentran en medio de las áreas sobre las que caerán los venenos.

Si fumigar desde el aire con venenos cualquier cultivo en zonas habitadas es una atrocidad que solo ocurre en Colombia, hacerlo en las regiones cafeteras, más pobladas que cualquiera otras, agrava el acto de barbarie. Y es peor si se conoce por qué los campesinos cafeteros han tenido que intercalar entre sus cafetales cultivos ilícitos luego de más de cien años de trabajo ejemplar y de haber sostenido, a cambio de sus pobrezas y miserias, la economía nacional.

Es sabido que los cafeteros de Colombia y el mundo padecen hambre por causa de la decisión del gobierno y las transnacionales de Estados Unidos de acabar con el acuerdo de cuotas de la Organización Internacional del Café, lo que ha conducido a unos precios internacionales del grano tan bajos que reciben más dinero por impuestos al café los gobiernos de los países desarrollados (24.7 por ciento) que los países productores (menos de 10 por ciento). Y los cafeteros también agonizan porque no pueden sustituir sus cafetales por otros cultivos en razón de la decisión del Fondo Monetario Internacional de imponerle a Colombia que importe cada año más de siete millones de toneladas de alimentos.

Y cuando esos campesinos, desesperados por su crisis y ante el abandono del gobierno nacional, siembran coca, este, nuevamente sumiso ante las orientaciones norteamericanas, no le tiembla la voz para anunciarles que “les lloverá glifosato” sobre sus casas y parcelas.

Todos en estas regiones y en toda Colombia, sin distingos políticos, económicos y sociales, debemos unirnos en el más enfático rechazo a cualquier fumigación aérea en las zonas cafeteras, al tiempo en que también le exijamos al gobierno que desarrolle planes de erradicación manual y de respaldo económico que les permitan a los labriegos sustituir los cultivos ilícitos por cafetales y otros plantíos.

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República, Bogotá, 23 de febrero de 2003.

La opinión nacional fue sorprendida en fecha reciente por la tardía iniciación de los servicios en los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar. Aunque al fin arrancaron, el hecho deja al descubierto un problema de fondo que pone en grave peligro los actuales programas de atención a los hijos de los más pobres, como también las contrataciones de las madres comunitarias que han de ejecutarlos.

El programa de mayor cobertura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el de los Hogares Comunitarios, que absorbe el 37% de su presupuesto. En ellos, casi un millón de niños son atendidos desde hace quince años por más de 79 mil madres comunitarias, en jornadas agotadoras que superan el límite legal, sin que jamás les haya sido reconocido el salario mínimo y ni siquiera el simple vínculo laboral. No disfrutan de prestaciones ni tampoco de garantías básicas de seguridad social para sus hijos, puesto que el régimen que las ampara, financiado con los aportes hechos por las asociaciones de padres de familia, excluye por completo a los beneficiarios. En todos los Hogares Comunitarios se vienen recortando los recursos, ya de por sí precarios frente a los crecientes requerimientos nutricionales, ambientales y pedagógicos, lo que obliga a los padres de familia, en su gran mayoría de muy bajos recursos, o a desertar del programa, o a tener que pagar mayores contribuciones.

El Plan de Desarrollo del gobierno de Uribe, que es en realidad un plan de subdesarrollo, apunta a desmontar paulatinamente los Hogares Comunitarios para ir transformándolos en restaurantes infantiles, que ofrecerán apenas desayuno y almuerzo con el pretexto absurdo de que, como los padres no trabajan, cuentan con todo el tiempo del mundo para vivir pendientes de los hijos menores, por lo que solo será preciso brindarles dos comidas al día. De llevarse a la práctica tan sombríos propósitos, a los niños de las familias pobres se les retiraría la atención que hoy les brindan las madres comunitarias. Quedarán así expuestos a toda clase de peligros mientras sus padres sin empleo salen al rebusque. Dramáticas escenas como las de los niños encerrados, amarrados a las camas y quemados en humildes moradas se harán todavía más frecuentes. Aumentarán la indigencia, el abuso sexual y el tráfico abusivo con la infancia.

En vez de incrementar sustancialmente los dineros, ir cualificando el programa y ofrecerles mejores condiciones a las madres comunitarias, el gobierno las va a obligar a crear cooperativas de trabajo asociado y a convertirse en “microempresarias” de la nutrición infantil. Lo que Uribe pretende es que sean las madres comunitarias las que, aportando un trabajo aún mayor que el actual, contribuyan a sostener financieramente los restaurantes infantiles. También se busca desmejorar todavía más su régimen de seguridad social.

Según el Plan de Desarrollo, la “ejecución y cofinanciación” de los programas estarían a cargo de los entes territoriales. Pero los ya arruinados municipios, sobre los cuales pesa la anunciada congelación del gasto público, no estarán en capacidad de echarse encima tan onerosa carga. Queda abierto el camino a una mayor privatización de los servicios, de manera que sean los usuarios, como en el caso de la salud, los que terminen asumiendo los costos.

No son las madres comunitarias las únicas que se ven afectadas por el replanteamiento del programa. A la directora del Instituto, Beatriz Londoño, poco le importó despedir a 328 funcionarios, un presagio sombrío de los planes en cierne, que persiguen dejar al Instituto como mero “formulador y director de las políticas”.

Convocamos al pueblo a rechazar los planes oficiales y a combatir unido por el mejoramiento de los programas de atención a la niñez, única forma de resistir las embestidas que buscan marchitarlos.

El 19 el de noviembre de 2002, en la Comisión V del Senado, por citación de los senadores Benjamín Cuello, Gerardo Jumí y Carlos Clavijo, se hizo un debate al gobierno sobre su política frente a los cultivos de coca y amapola. Los siguientes son los aspectos principales de la posición que fijó el senador Robledo:

No puede hablarse de este doloroso desastre social sin relacionarlo con la abrumadora crisis del sector agropecuario, cuya pérdida de un millón de hectáreas de cultivos lícitos en la última década es una de sus más claras manifestaciones. Antes que un asunto penal estamos frente a un drama social, que cubre cada vez más zonas del país y que no va a tener solución en la medida en que se profundice la crisis rural.

El problema principal no está en la producción sino en el consumo; el negocio en grande lo hacen los países desarrollados, como lo demuestran algunas cifras que hablan de que en Estados Unidos las ventas al menudeo de cocaína equivalen a US$ 30 mil millones, de los cuales a Colombia ingresan entre dos y tres mil millones, mientras a los campesinos, colonos o indígenas, llamados raspachines, les llega sólo 1% de esta cifra.

Y el otro negocio, el del lavado de los activos, es hecho también principalmente por la banca norteamericana. Sin embargo, los gringos le imponen al mundo una política no contra el consumo sino contra la producción. Política totalmente contraria a nuestro interés nacional, y que conlleva actos aberrantes como hacer llover veneno sobre los campesinos, sus aguas, sus cultivos, sus vacas; y que ordena cubrir el país de mercenarios, que desde luego lo que hacen es defender los intereses estadounidenses en nuestro propio suelo.

El Plan Colombia, la estrategia con la que supuestamente se apunta a erradicar los cultivos de plantas narcóticas, le exige a Colombia retirarse de la producción de bienes en los que «no es competitiva», como el maíz, la cebada, el sorgo, el trigo, y dedicarse a los llamados cultivos tropicales. Pues bien, lo que están haciendo los raspachines del Caquetá, es sembrando coca, el producto tropical por excelencia, lo cual seguirá sucediendo si se mantiene la política de destruir la producción agropecuaria lícita, como lo anuncian, entre otros hechos, una reforma tributaria que le pone entre 5% y 8% de IVA a prácticamente todas las actividades del campo, y el celo manifestado por el gobierno en conducir a Colombia a ingresar al ALCA.

La política antidrogas es contraria al interés nacional de Colombia y conduce inexorablemente a que surjan más y más raspachines; el problema real que tenemos es la dominación de los gringos que consumen, hacen el negocio, lavan la plata, se lucran del comercio de armas y de precursores químicos y nos imponen el Plan Colombia. Mientras que lo único que se le ocurre al gobierno es fumigar, fumigar y fumigar.

Por Norman Alarcón Rodas

Bush padre lanzó hace unos trece años el plan estratégico de crear un solo mercado desde Alaska hasta la Patagonia. La idea se convirtió en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que presenta las siguientes características:

1. Es mucho más que un acuerdo comercial, ya que incluye garantías a la inversión extranjera, aceptación de la propiedad intelectual de las trasnacionales y compras estatales a empresas extranjeras.

2. Es un acuerdo de segunda generación, como fase culminante de la apertura económica.

3. Las mercancías y capitales de Estados Unidos tendrán libertad absoluta de entrar en todos los países latinoamericanos con aranceles cero, es decir, sin pagar impuestos.

4. Es el acuerdo más acelerado del mundo en los últimos años. Hay que recordar que la Unión Europea solo cristalizó después de casi medio siglo de conversaciones.

5. Las negociaciones han sido secretas. No se ha escuchado a los productores industriales y agropecuarios.

El 15 de febrero se cumplió el plazo para que cada país dé a conocer sus propuestas arancelarias, la forma como van a eliminar las aduanas y las fronteras nacionales. Hasta ahora el gobierno nacional no ha informado a los colombianos cuál fue su posición. Aún más grave, mientras se aprestaba a presentar una propuesta conjunta con los demáss países de la Comunidad Andina de Naciones, el ministro de Comercio Exterior, Jorge Humberto Botero, daba declaraciones con el claro objetivo de preparar a la opinión pública hacia lo que parece ser la decisión del gobierno norteamericano: la firma de un tratado bilateral entre el jinete, Estados Unidos, y el caballo, Colombia. Apresurándose a atender los deseos estadounidenses, el presidente Uribe envió a Washington al ministro Botero a acelerar las negociaciones bilaterales.

Al decir de Daniel Samper Pizano, nos van a comer sin sacudirnos. El gobierno norteamericano eliminará en cinco años las tarifas arancelarias sobre textiles y vestidos, una vez entre en vigor el ALCA, según lo anunció el representante de Comercio Exterior, Robert Zoellick. Las restantes tarifas de productos manufacturados y del sector agropecuario, como arroz, azúcar, leche, pollo, carne, leche, derivados lácteos, serían eliminadas totalmente antes del año 2015. Es el anuncio de la partida de defunción de todo el sector productivo colombiano y la recolonización total de nuestro país.

Contra tan entreguistas determinaciones, debemos recurrir a las reservas de patriotismo de obreros, campesinos, productores industriales y agrícolas, estudiantes e intelectuales, y, en general, del pueblo colombiano, para poner muy en alto nuestra soberanía.

Aumentan ruinosas importaciones de leche en polvo

Con la irresponsable apertura de las importaciones, en Colombia se pasó de traer 4.830 toneladas de leche en polvo en 1993, a 6.665 en 1995. Se ascendió a 22.000 en 1997, a 22.500 en 1998 y a un poco más de 25.000 toneladas en 2001. Debe aclararse que este producto goza de un subsidio de hasta 45% en Estados Unidos y la UE.

Parmalat, Wyethinc, Nestlé y Danone aparecen como las principales promotoras de este atentado contra los productores nacionales. El gobierno de Pastrana les bajó los aranceles del 69 al 20%, y los inventarios en bodegas llegaron a estimarse en más de 25.000 toneladas. Esta situación provocó la disminución de las compras a los productores, con pérdidas calculadas por Fedegan en más de $27.000 millones. Con el ALCA, esos aranceles bajarán a 0%, con lo que se dará el golpe de gracia a toda la producción lechera, incluida su industrialización en empresas nacionales como Colanta.

El Ministerio de Agricultura ha dado una respuesta que está lejos de resolverles la crisis a los 450 mil productores lecheros. El arancel a la importación lo pasó de 20 a 44%, restituyendo menos de la mitad de la rebaja que se les había hecho a las trasnacionales. No obstante, mantiene abierta plenamente la libertad de importación.

Los 24 países más ricos, con EU a la cabeza, invierten US$370 mil millones anuales en subsidios a la producción alimentaria, de los cuales US$50 mil millones son destinados al sector lechero.

La Asociación por la Salvación Agropecuaria ha orientado las luchas contra las importaciones agropecuarias, que han pasado de 700 mil toneladas en 1990 a más de 6 millones en 2001.

Rechazo a nuevas importaciones de arroz

El senador Jorge Enrique Robledo rechazó la importación de 150 mil toneladas de arroz del Ecuador, anunciada por el gobierno.

«Con tan lesivas importaciones, el gobierno desestimula la producción nacional en un rubro tan importante para la seguridad alimentaria del país como lo es el del arroz –denunció el senador Robledo—. El régimen de Uribe, además, está cambiando sobre la marcha las reglas del juego, pues el ministro de Agricultura les ha venido reiterando a los cultivadores que en Colombia no hay escasez de arroz y, muy por el contrario, que para el 2003 está garantizado el autoabastecimiento. Fue amparados por esta garantía que los agricultores del Tolima y los Llanos se lanzaron con la debida antelación a hacer preparativos para la cosecha de mediados del año. Muchos de ellos, como en el Casanare, extendieron incluso el área de siembra.

«Es otro golpe aleve. Si lo que busca Uribe Vélez es acabar con la producción nacional para allanar el ALCA, va por muy buen camino”.

El senador Robledo concluyó: «No es arrasando con el mercado interno como ha de adelantarse la integración con los demás países andinos, sino sobre la base del intercambio de productos en los cuales alguno de los países sea deficitario».

Proyecto de ley para derogar IVA en la panela presentará el senador Robledo

«Es urgente derogar el IVA que grava con el 7% la producción de panela», declaró el senador Jorge Enrique Robledo, quien se apresta a presentar ante el Congreso un proyecto de ley en tal sentido. La iniciativa fue aprobada por unanimidad el 3 de enero en la Asamblea de Unidad Panelera Nacional que tuvo lugar en el Coliseo de Villeta, Cundinamarca, con asistencia de trescientos delegados. Además del senador Robledo, la reunión contó con la presencia de Pedro Nel Camargo y José Fernando Ocampo, dirigentes nacionales de Unidad Panelera.

«Si de por sí resulta ya una aberración gravar con IVA cualquier producto alimentario –denunció el senador—, cómo no lo va a ser ponerle impuesto a la panela, el alimento de los más pobres de entre los pobres».

I

A lo largo y ancho de los cinco continentes, millones de manifestantes irrumpieron el pasado 15 de febrero por calles y plazas de centenares de ciudades repudiando la guerra que el gobierno de los Estados Unidos actualmente enfila contra Irak. Con su gigantesca protesta erigieron un histórico mojón en la lucha de más de un siglo desplegada por los pueblos contra el imperialismo norteamericano.

Al hacerse en momentos en que éste se empeña en globalizar su expoliación económica y en implantar por doquier su dominación militar, recurriendo incluso al lanzamiento a discreción de “ataques preventivos” como el que se apresta a llevar a cabo contra la nación iraquí, tal forja de masas en pie y en marcha constituye la más apropiada repuesta a esas pretensiones imperiales, pues le imprime un carácter global a la condena y al rechazo de la guerra imperialista y una vigorosa fuerza preventiva a la movilización contra ella.

A juzgar por las encuestas de opinión sobre la guerra contra Irak, los millones que se lanzaron a las calles son apenas la asomada punta de un colosal iceberg popular. En efecto, más de 56% de los norteamericanos se opone a que se desate la guerra sin la aprobación la ONU, mientras que 70% de los británicos y 90% de los españoles e italianos están contra ella en todas las circunstancias. Y estos rechazos que elocuentemente se presentan en países gobernados por los más recalcitrantes promotores del ataque a Irak –Bush, a la cabeza, y sus serviles Blair, Aznar y Berlusconi– son aún más contundentes en el resto de países. A pesar de la intensa propaganda a favor de los planes bélicos de los Estados Unidos, no se sabe de ningún país en donde la mayoría de su población los apruebe. Estamos entonces ante una cruzada bélica cuyo repudio por parte de los pueblos en todos los confines de la tierra no tiene precedentes.

II

El empecinamiento de Estados Unidos en asolar el Golfo Pérsico con el fin de apoderarse de sus recursos petroleros se remonta en la época más reciente a la crisis del petróleo a mediados de los años setentas, cuando de manera notoria importantes ejecutivos, analistas y voceros de los intereses imperialistas norteamericanos elaboraron refinadas estrategias dirigidas a ese designio. Luego de numerosos zarpazos destinados a consolidar su dominio en la región, y cuando estaba perdiendo allí la batalla comercial con ingleses, franceses y chinos, desplegó en 1991 su gran embestida militar contra Irak, a la que siguieron la instalación de enclaves militares en torno al Golfo y la firma de tratados, acompañados de multimillonarias ventas de armas, para operaciones militares conjuntas con los Estados árabes, además del apuntalamiento de Israel en su agresión contra el pueblo palestino. Sin embargo, la expansión de su presencia económica y militar encontraba un obstáculo en la posición de soberanía que en medio del arduo bloqueo manifestaba el gobierno de Irak, cuestión que abordaron con premura los mencionados estrategas del imperio, como quedó de presente en una carta que le enviaron al entonces presidente Clinton en enero de 1998. Allí se expresa que “para asegurar los intereses de Estados Unidos y sus amigos y aliados, la nueva estrategia que enunciamos debe primero que todo proponerse despojar del poder al régimen de Saddam Hussein”, se aboga por “tener la disposición de emprender acciones militares por cuanto la diplomacia evidentemente está fallando” y se sentencia que “en todo caso la política norteamericana no puede continuar paralizada por la desacertada insistencia en obtener la unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU”.

Entre quienes firman la carta figuran hombres que se han movido en puestos decisivos de las administraciones de Nixon, Reagan y Bush padre, en altos cargos ejecutivos en las grandes corporaciones y en los “equipos de pensamiento” que estas subvencionan, y que ahora, como funcionarios claves de la panda gobernante de Bush o como asesores y confidentes con gran influencia, abanderan la acometida contra Irak dentro de la nefasta Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ellos son: Elliott Abrams, Richard L. Armitage, William J. Bennett, John Bolton, Paula Dobriansky, Francis Fukuyama, Robert Kagan, Zalmay Khalilzad, William Kristol, Richard Perle, Donald Rumsfeld, William Schneider Jr., Paul Wolfowitz, R. James Woolsey y Robert B. Zoellick.

III

El plan imperialista de ataque a Irak es pues de larga data y no tiene relación alguna con alegadas cuestiones de seguridad de Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre, ni con las características políticas del régimen que preside Saddam Hussein, ni con el arsenal de armas que con legítimo derecho posee, ni con la presunta amenaza terrorista que éste representa para la “comunidad internacional”, ese eufemismo que se utiliza para la hegemonía norteamericana.

Al respecto se imponen dos consideraciones. Primero, se trata simple y llanamente de una embestida imperialista para, a corto plazo, alzarse con los recursos petroleros de Irak (cuyas reservas probadas suman 112 mil millones de barriles, en tanto que las inexploradas se calculan en 432 mil millones) y, a mediano, con los de todo el Golfo Pérsico, lugar en donde yacen dos de cada tres barriles del petróleo existente en el mundo.

Segundo, y más importante aún, es que la producción petrolera, como valioso nutriente de su industria militar y de sus finanzas nacionales, constituye para los Estados Unidos un elemento indispensable de su dominación imperial. De allí que el factor principal que induce la embestida en ciernes contra Irak sea la toma allí de una posición estratégica clave con miras a asentar de manera indiscutible su poder en toda la región, lo que le permitiría manipular a voluntad el grifo de la manguera energética y, así, estar en condiciones de ejercer un considerable control económico, político y militar sobre las naciones europeas, como Alemania y Francia, e igualmente sobre las asiáticas, como China y Japón. Esto implicaría que, en la correlación de fuerzas a escala planetaria, Estados Unidos contaría durante un buen trecho con un decisivo fulcro para su anunciado plan de imponer una supremacía incontrastable.

Tales son los alcances estratégicos que esconde el designio de Bush de convertir las naciones del Golfo Pérsico, so capa de “democratizarlas” y hacerlas objeto de un siniestro “imperialismo civilizador y benefactor”, en protectorados norteamericanos, designio del que no quiere que quepan dudas al empezar a proceder a sangre y fuego contra Irak. Se entiende entonces que la conquista de esta histórica nación concierna, según expresa el analista Michael Klare, no tanto al petróleo como combustible sino al petróleo como poder.

IV

La contradicción entre la política imperialista y los intereses del resto de naciones del mundo, se refleja en la oposición que la actual campaña estadounidense de guerra ha encontrado en la mayoría de los gobiernos, la cual se manifiesta ora como serias reticencias, ora como agudos antagonismos. Resaltan las de Alemania, Francia, Rusia, China y, significativamente, el Vaticano. Esta situación no podía menos que manifestarse también en el Consejo de Seguridad de la ONU, dando lugar a una intensa pugna diplomática, en la que la administración Bush, viéndose en minoría, ha recurrido, casi siempre en tandem con el gobierno británico de Blair, a despreciar y desconocer sus resoluciones calificándolas de irrelevantes y a presionarlo con ultimátums, mientras se dedica a chantajes y amenazas así como a la compra de los votos necesarios para “legitimar” su asalto militar sobre la nación iraquí. Quizás creyéndose su propio cuento sobre las bondades del libre comercio, Bush asume que esos votos están ofrecidos abiertamente en el mercado y para tal efecto tiene a su disposición unos 30 mil millones de dólares para comprarlos ofreciendo subvenciones y préstamos subsidiados, lo que ha dado pábulo a una corrupta orgía de sobornos en grande y en dimensiones internacionales.

Reveladora de hasta donde están calados los actuales objetivos belicistas de la banda que despacha desde la Casa Blanca, es la respuesta que en Europa dieron 268 mil personas a la pregunta, hecha por los directores de la edición europea de la revista norteamericana Time, sobre cuál nación planteaba la mayor amenaza a la paz mundial: 82% señaló a Estados Unidos. Es evidente que en la Europa que el fascista secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, desprecia y vitupera calificándola de “vieja”, las gentes saben bien en donde radica el verdadero y único “eje del mal”.

V

Es evidente que cuando hoy el imperator norteamericano se pasea por todo el mundo blandiendo y descargando sus letales armas y vociferando gritos de guerra, los pueblos, cada día con mayor clarividencia, columbran el propósito de sus acciones y descifran lo que esconden sus palabras sobre democracia, justicia y libertades: lo ven en toda su grosera y ridícula desnudez encarnando insaciables y abyectas ambiciones por conquistar poder y riqueza. De allí que las astucias –adulación, chantaje, argumentos falaces, amenazas y sobornos- a las que ha apelado Washington en su delirante puja para contar con aliados en las tropelías que se dispone a perpetrar contra un pueblo con tanta entereza y dignidad como el iraquí, han terminado por hacerle perder la batalla ante la opinión pública mundial. Y si desata la guerra, ahondará la pérdida, lo que puede provocarle la aparición de signos de colapso. No cabe duda que entonces los pueblos le dirigirán más perspicaces miradas aprestándose a enfrentarlo con nuevas y más decisivas luchas.

Héctor Valencia, secretario general del MOIR

Marzo 10 de 2003