Categoría: Tribuna Roja Nº 90, marzo 10 de 2003

Sobre el hecho positivo de que Ecopetrol, por su cuenta y riesgo, hubiera hallado petróleo en el pozo Gibraltar en los límites de Norte Santander y Boyacá, hidrocarburo que pertenece en el ciento por ciento a los colombianos porque la Occidental había renunciado a continuar con la exploración, queremos precisar:

1. El éxito obtenido en el pozo Gibraltar por parte de los ingenieros, técnicos y obreros de Ecopetrol confirma la capacidad que tiene esa empresa para explorar y explotar hidrocarburos en el territorio nacional. Esta verdad es más digna de resaltarse aun cuando se sabe que los trabajos en ese yacimiento habían sido abandonados por la Occidental, porque los especialistas de esa transnacional no quisieron aceptar las opiniones de los especialistas de Ecopetrol en el sentido de que era necesario modificar la ruta de la perforación para encontrar un yacimiento como el que efectivamente se encontró.

2. Por faltar trabajos y análisis que habrá que realizar, hasta hoy no es posible saber cuál es el volumen del hidrocarburo que contiene Gibraltar, por lo que tiene razón el senador Hugo Serrano Gómez cuando tilda de irresponsable la afirmación de Isaac Yanovich, Presidente de Ecopetrol, en el sentido de que allí hay reservas por 200 millones de barriles.

Y desde ya hay que rechazar las afirmaciones del ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía, con respecto a que Ecopetrol podría contratar con alguna trasnacional la extracción del crudo encontrado en el yacimiento Gibraltar, pues este despropósito le significaría a la Nación un daño mayor que el decidido en el caso del gas de La Guajira en contra de Colombia y a favor de la ChevronTexaco.

El llamado es a que todos los colombianos cerremos filas en la defensa de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). Esta posición quiere decir que el gobierno de Uribe Vélez debe cesar en las políticas que buscan sacarla definitivamente de la exploración y explotación de petróleo y gas en el territorio nacional, actividades que son su razón de ser, que está capacitada para desarrollar y que han demostrado ser de altas rentabilidades.

Por Roberto Schmalbach, dirigente de la USO

La negociación del pliego de peticiones entre la USO y Ecopetrol, para renovar la Convención Colectiva de Trabajo que venció el 31 de diciembre de 2002, ha estado signada por la política de represión y despojo de los derechos democráticos y laborales de los trabajadores por parte del gobierno de Uribe Vélez.

En los últimos días de la aprobación de las reformas laboral y pensional en el Congreso de la República, el gobierno a través del desaparecido ministro del Trabajo y Salud, Juan Luis Londoño, declaró ilegal una jornada de protesta de los trabajadores temporales de Cartagena, autorizando al presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, para despedir a los participantes de la protesta, autorización que se hizo efectiva con el despido de siete dirigentes de la Subdirectiva de la USO Cartagena y cuatro trabajadores de la Refinería. Este acto de persecución sindical desmanteló la Subdirectiva y vino acompañado de una fuerte represión militar para prohibir el ingreso de los dirigentes sindicales a los sitios de trabajo, con el claro propósito de impedir la organización de los obreros para una respuesta a la agresión contra el sindicato y las reformas aprobadas por el Congreso.

El impedimento para ingresar los dirigentes a las instalaciones de la empresa, se mantuvo desde el 29 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2002, en clara violación a uno de los derechos universales y fundamentales de organización y asociación en cualquier democracia en el mundo. Este hecho dejaba en evidencia el carácter reaccionario del gobierno Uribe Vélez, como el de su representante en Ecopetrol, el señor Yanovich. A los dirigentes y trabajadores nos quedaba claro que no se trataba del talante de unos personajes, sino de la presencia de unos advenedizos que representan intereses ajenos a los de la nación y, en consecuencia, se desataba una aguda batalla por la defensa de la soberanía nacional del petróleo y los derechos democráticos de los asalariados. Nos dispusimos entonces a preparar una confrontación que hasta ahora consideramos inevitable, dadas las características del gobierno y sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional y las multinacionales.

El pliego de peticiones se elaboró teniendo en cuenta las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional de Delegados, que analizó la situación nacional e internacional y produjo la declaración de Fusagasugá, cuyos aspectos centrales son: el rechazo a las imposiciones del FMI y a la entrega de la soberanía nacional a los intereses imperialistas; la defensa de Ecopetrol y los derechos de los trabajadores; la lucha contra el contrapliego patronal; la condena a la penalización de la protesta sindical y social; y la lucha por la existencia misma del sindicato. Para el logro de estos objetivos, la Asamblea autorizó la realización de la huelga, si no se da una solución al conflicto. Con estas condiciones se presentó el pliego a la Empresa y se exigió su negociación a partir del cinco de diciembre, condicionado a que se levantara el veto contra los dirigentes para acceder a los sitios de trabajo, al reintegro de los compañeros despedidos y al retiro del contrapliego.

Durante 20 días los trabajadores libraron intensas jornadas de movilización, organización y lucha. Luego de arduas discusiones entre el sindicato, el gobierno y la administración, se levantó el veto para entrar a las instalaciones, se acordó negociar a partir del 10 de enero y se habilitó una comisión para definir el reintegro de los compañeros de Cartagena.

Una vez instalada la mesa, la comisión negociadora de la empresa pretendió imponer los criterios del contrapliego, desconociendo el petitorio. En medio de esta discusión, la Fiscalía profirió medida de aseguramiento contra el compañero Hernando Hernandez, con detención domiciliaria, en una clara intención de meterle baza a la negociación y desviar ante la opinión pública la esencia del conflicto en Ecopetrol, que es la defensa del carácter estatal y petrolero de la empresa, la preservación de los derechos convencionales y la existencia del sindicato.

Pero el gobierno tenía todo preparado para su decisión de prorrogar la explotación foránea del gas de la Guajira. En efecto, en la semana del 10 al 14 de febrero, la Junta Directiva de Ecopetrol autorizó la firma del contrato de producción incremental del gas de la Guajira con la Texaco- Chevron para explotar unas reservas que están probadas y que ascienden a 2,2 tera pies cúbicos de gas, en un proyecto que tiene asegurada una tasa interna de retorno de 18% y unas utilidades de 900 millones de dólares en su explotación. Esto se consumó en las instalaciones del club El Nogal, antes que el condenable acto lo consumiera, como lo denunciaran los propios periodistas en la rueda de presa que se hizo en la Comisión V del Senado, el 18 de febrero, y en la cual los senadores Hugo Serrano, Jorge Enrique Robledo y Alba Esther Ramírez, y el presidente de la USO, compañero Rodolfo Gutiérrez, alertaron a la opinión pública sobre el asalto que se cometía contra los intereses de la nación, al entregar este recurso energético a las multinacionales en medio de tantas necesidades que tiene el país.

La Junta Directiva Nacional de la USO se reunió de manera extraordinaria, y ante la gravedad de los hechos, decidió adelantar una jornada nacional de protesta para el 19 de febrero, jornada en la que los trabajadores participaron con determinación para exigir que Ecopetrol maneje el gas de la Guajira y cese la campaña de tergiversación que había lanzado en los medios de comunicación contra el sindicato. El 21 del mismo mes el gobierno tomó la decisión de despojar a los trabajadores de la representación de sus dirigentes sindicales y nuevamente prohibió por intermedio de la fuerza publica el ingreso de los dirigentes a los sitios de trabajo. Indignados por la violación de un derecho tan fundamental como el de ser dirigidos por sus legítimos representantes, reconocidos por las propias leyes colombianas, y como el gobierno sin fórmula de juicio quería quitarles de un tajo este derecho, los trabajadores procedieron a marchar en señal de rechazo. Al gobierno, sin embargo, no le bastaba separar a los dirigentes de sus base y procedió a dispersar la protesta con una virulenta agresión de gases, perdigones, golpes y amenazas. Esto llenó de ira y valor a los trabajadores, que no vacilaron en enfrentarse a la Fuerza Pública con sus únicas herramientas de lucha: tomar en sus manos la producción. Como la fuerza pública entró a desalojarlos violentamente, y las plantas quedarían sin personal para operarlas, con lo grave que esto es, los trabajadores tomaron la sabia decisión de pararlas técnicamente, antes de retirarse, para evitar hechos más graves.

La administración pretendió tomar retaliación y buscar chivos expiatorios de sus irresponsables actos; citó a descargo a 39 trabajadores; suspendió la negociación del pliego de peticiones y mantuvo a los trabajadores por fuera de las instalaciones por nueve días. Sin embargo, los trabajadores no bajaron su espíritu de lucha, y con la orientación de sus dirigentes, se organizaron en diferentes comités, unificaron las tareas a nivel nacional, ilustraron a la opinión pública sobre los verdaderos objetivos del conflicto y ajustaron la coordinación de las acciones.

En los últimos días, y ante la firmeza de la lucha, el gobierno y la administración de Ecopetrol aceptaron una negociación. Se acordó entonces levantar 29 de las citaciones a descargo, aplazar 10 de ellas, levantar el veto de acceso a las instalaciones, prorrogar la etapa de arreglo directo para continuar la negociación, con la exigencia del sindicato de que sea retirado el contrapliego y se negocie sobre la base de las peticiones del sindicato. El paro se levantó el 1º. de marzo, luego de nueve días de constante confrontación.

La experiencia de esta batalla permitió a los trabajadores y al sindicato un mayor ejercicio en la lucha política, comprensión de que esta es una batalla por la defensa de los más altos intereses de la nación, y que la suerte de sus propios derechos está ligada a la defensa de Ecopetrol y los recursos hidrocarburíferos, un patrimonio de todos los colombianos. En estos momentos, precisamente, se empieza a librar otra batalla para impedir que el descubrimiento hecho por Ecopetrol en el bloque Sirirí, en las estribaciones de los departamentos de Boyacá y Norte de Santander, no sea entregado a las multinacionales, como lo viene ambientando el gobierno a través del ministro de Minas, personaje que ya hace parte de la feria de entregas con el carbón del Cerrejón y el gas de la Guajira, y a quien mucho parece interesarle que el yacimiento que surja de la perforación exploratoria del pozo Gibraltar no sea desarrollado por Ecopetrol sino por una compañía multinacional.

Cuando los trabajadores acudan a la huelga por la defensa de la soberanía nacional, merecen el apoyo de todos los colombianos para impedir la consumación de la entrega del patrimonio nacional y la privatización de la empresa estatal.

Unión Sindical Obrera USO

Durante sus 80 años de vida, la Unión Sindical Obrera ha sido bastión de la lucha de los trabajadores colombianos por la defensa de la nación, las empresas del Estado, los derechos democráticos del pueblo y el bienestar de los asalariados. Nos congratulamos con sus dirigentes y afiliados y les deseamos muchos y mayores éxitos en el futuro.

(Declaración del Frente Democrático Antiimperialista del movimiento sindical colombiano, presentada en la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, enero 30 y 31 de 2003)

La agresión del gobierno de los Estados Unidos contra los pueblos del mundo, es propia de la potencia económica y militar más poderosa del planeta. Con la imposición de las políticas neoliberales y de globalización, saquea los recursos naturales y el trabajo de las naciones más pobres en franca disputa con otras potencias económicas. La política económica es impuesta a través de: OMC, los organismos financieros: FMI, BM, BID, etc. y acuerdos multilaterales y bilaterales de comercio como TLC, ALCA, entre otros, y apuntalada con el mayor despliegue bélico de la historia. Las agresiones se suceden una tras otra; Kosovo, Irak, Afganistán, Palestina, Indonesia, Venezuela, Cuba, etc. No se respeta a la ONU, no firma compromisos ambientales, no acepta Tribunales Internacionales para sus tropas, rechaza los acuerdos sobre minas antipersonales, protege su economía y pide apertura de las demás, etc. En resumen: saqueo económico, agresión militar y unilateralismo absoluto.

Sobre nuestra patria se hacen sentir con rigor estas políticas: apertura económica y privatizaciones, condicionamientos económicos y políticas del FMI, BM y el BID, Plan Colombia, la política antidrogas con fumigaciones y violación de las aguas territoriales y el espacio aéreo, la presencia de más de 500 asesores militares, la extradición de nacionales, etc. En estos últimos 12 años, se ha ahondado la dominación de los Estados Unidos sobre Colombia. Nunca antes el imperialismo se manifestó tan concretamente, con la excepción del hoy centenario robo de nuestro Departamento de Panamá.

Las consecuencias no podían ser menos calamitosas: más de 30 millones de colombianos en la pobreza absoluta, 9 millones en la indigencia, más de 10 millones en el desempleo y la informalidad, mortandad infantil, niveles de insalubridad, más 2 de millones en déficit de vivienda, quiebra del Sistema Nacional de Salud Pública y de Seguridad Social, quiebra total de la industria y el agro nacionales, pérdida del patrimonio público en manos de las multinacionales; en síntesis, el país ha retrocedido más de un siglo en desarrollo económico y bienestar social, estamos siendo empujados al atraso y la inviabilidad.

Los gobiernos neoliberales de Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y ahora Uribe, han cumplido juiciosamente la tarea encomendada por los gobiernos gringos y el FMI, se han esmerado en el propósito de vender la patria a pedazos, en entregar el fruto del trabajo nacional al imperialismo. Para ello se ha reformado la Constitución, adecuado el Estado, legislado continuamente, reemplazando a la clase dirigente de los partidos tradicionales, reprimido brutalmente las luchas populares y las manifestaciones democráticas, hasta llegar al gobierno dictatorial y fascista de Álvaro Uribe Vélez. Estamos ante un presidente que es el súmmum de las políticas neoliberales y de la antidemocracia, sus realizaciones no dejan duda: el paquete de reformas neoliberales, tributarias, laboral, pensional, del Estado y las antidemocráticas leyes que sancionaron el referendo, la reforma de la fiscalía y la conmoción interior. El tratamiento a las luchas populares, al problema del narcotráfico y los cultivos ilícitos y al conflicto interno con la guerrilla, es de corte fascista y ha desatado una cacería de brujas cuyo propósito real es reprimir a los dirigentes sociales y populares del país. Para ello se ha puesto en práctica la política conocida como “seguridad democrática”, con la vinculación de un millón de informantes, el reclutamiento de soldados campesinos, la penalización de la protesta, las facultades judiciales a los militares y muchas otras medidas que evidencian la fascistización del país, requisito indispensable para sacar adelante la recolonización del país por el imperio norteamericano.

Los problemas de la Nación se podrán resolver, en la medida en que recobremos nuestra independencia de los Estados Unidos, alcancemos el manejo soberano de la economía y resolvamos autónomamente todos los problemas que nos aquejan. Este asunto implica la construcción del más amplio frente de lucha contra la intervención del imperialismo gringo y por el establecimiento de un gobierno democrático conformado por todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales patrióticas. Los trabajadores no podemos perder de vista este asunto estratégico, todas las demás salidas son paños de agua tibia y prolongación del actual estado de sufrimiento y penurias de la población colombiana.

Es dentro de este marco que alentamos las luchas estudiantiles y las que desarrollan los campesinos y productores agropecuarios y nos ponemos al lado de todas las personalidades democráticas y progresistas que se opongan a las políticas imperialistas.

Por esta postura es que reclamamos un comportamiento consecuente de la CUT en la lucha contra el imperialismo y el gobierno de Uribe. No puede caerse en vacilaciones, la coyuntura demanda claridad y consecuencia en la confrontación de las políticas gubernamentales. Las fuerzas políticas que conformamos está coalición democrática en la CUT, exigimos que la Central perfile una declaración política que precise la caracterización del gobierno de Uribe, denuncie y confronte la política imperialista, adelante consecuentemente la solidaridad con los trabajadores y el pueblo en general, reclame una salida política negociada al conflicto interno, sostenga relaciones internacionales con todas las corrientes del movimiento sindical sin comprometer las independencia de la CUT y, ante todo, que trabaje con el convencimiento de que solo la movilización y la lucha de los obreros y el pueblo: paros, huelgas, bloqueos, etc., echarán atrás las pretensiones de Estados Unidos y el gobierno de Uribe de recolonizar al país.

Permanecer en la Mesa de Concertación, crear esperanzas en propuestas alternativas y desalentar la vigencia del paro y la huelga, debilitan el movimiento sindical y socavan el prestigio que estamos recobrando con la correcta posición adoptada frente a temas de tanta importancia como el ALCA, el Referendo y las reformas Uribistas.

La unidad lograda en torno a la Abstención Activa, la concreción del Comité contra el ALCA y el rechazo ofrecido a las reformas, debemos alentarla y para ello es preciso converger en torno a concretar peleas contra la reforma del Estado, por la defensa de la educación pública y el magisterio, la defensa de las universidades públicas, el apoyo a la lucha de la Unión Sindical Obrera y la contribución a la concreción del Paro Nacional de la Salud, así como la lucha por la defensa de las Convenciones Colectivas y el derecho a la negociación para los empleados públicos, entre otros.

La corrientes sindicales que suscribimos esta declaración invitamos a la coalición mayoritaria de la CUT y a las demás centrales obreras, a propiciar unas relaciones democráticas y unitarias que permitan cristalizar la resistencia a las políticas neoliberales y poner al movimiento sindical a la altura de la agresión que en su contra, cometen el gobierno de Uribe y el imperialismo norteamericano.

FRENTE DEMOCRÁTICO ANTIIMPERIALISTA DEL MOVIMIENTO SINDICAL COLOMBIANO

Miguel Antonio Caro, Gloria Inés Ramírez, Alfonso Velásquez, Gustavo Triana, Alvaro Morales Sánchez, Diógenes Orjuela, Wilson Arias, Domingo Tovar, Tarsicio Rivera, Miembros del Comité Ejecutivo y 46 delegados más a la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT-.

Bogotá, D.C. 31 de enero de 2003

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República,
Manizales, 22 de Febrero de 2003.

De acuerdo con un titular de El Tiempo de hoy 22 de febrero, el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, quien actúa como principal vocero del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, afirmó: “Farc resultaron amigas de los abstencionistas”, refiriéndose a quienes en diversas formas ya han expresado su reticencia a participar en el referendo del uribismo y, en especial, a quienes estamos en campaña alertando al resto de colombianos para que adopten esa misma conducta y se abstengan de votarlo.

A pesar de sus repetidas demasías antidemocráticas, este ministro autoritario y deslenguado nunca se había atrevido a tanto, porque así hubiese intentado matizar su retrógrado exabrupto su objetivo es obvio: descalificarnos mediante una insinuación tan mañosa como falsa en materia gravísima, puesto que, en medio de tan agudas contradicciones políticas y sociales como las que atraviesa Colombia, equivale a estigmatizarnos y a convertirnos en blanco de alguna de las mortales violencias que la azotan.

Y esta felonía la comete un ministro que tiene que saber que la casi totalidad de quienes nos oponemos al referendo lo hacemos con criterios de resistencia civil a las concepciones autoritarias y neoliberales del gobierno, oposición que no recurre a la violencia ni para presionar ni para atentar contra nadie y que es la que precisamente explica por qué crece entre los colombianos la abstención al referendo bonapartista de Uribe y por qué su alter ego, Londoño Hoyos, desesperado ante el riesgo de su fracaso, comete una irresponsabilidad tan grande que ningún compatriota con espíritu demócrata, sensato y civilizado puede dejar pasar como otra más.

Aún cuando no me hago ilusiones con respecto a que uno sea el pensamiento de Londoño Hoyos y otro el de Uribe Vélez, una barbaridad de estas proporciones no debe conducir a nada distinto que a la destitución fulminante del ministro. Otra posición del Presidente sería seguir alentando, mediante la amplificación de los medios de comunicación y con toda la autoridad del Estado, afirmaciones que aun en privado son absolutamente repudiables.

Pocos momentos en la historia de Colombia han concitado tanto la unidad de todas y todos los compatriotas que desde distintas perspectivas, democráticas y pluralistas, se han enfrentado a las políticas autoritarias y antipopulares de los gobiernos de turno.

En consecuencia:

Las centrales obreras (CUT, CGTD y CTC) y la Confederación Nacional de Pensionados, los parlamentarios de oposición, liberales, conservadores, del Polo Democrático e independientes, partidos y movimientos políticos democráticos y progresistas, organizaciones de diversos sectores del campo y de la ciudad, de campesinos, indígenas, afro descendientes, de jóvenes y de mujeres, comunales y de la cultura, de juristas y otras disciplinas profesionales, nos venimos agrupando en una Gran Coalición Democrática para, con la abstención activa, hacerle frente al Referendo.

Enmascarado en su mentirosa lucha contra la corrupción, el gobierno busca con el Referendo legitimar el mayor atropello contra el pueblo y la nación con medidas que hacen parte del Ajuste Fiscal impuesto por el Fondo Monetario Internacional, como la congelación del gasto, que incluye la de salarios, pensiones y regímenes especiales, la eliminación de contralorías y personerías, y la entrega al capital trasnacional y financiero de nuestros recursos naturales, nuestro mercado interno y nuestra fuerza de trabajo, como proyecta hacerlo a plenitud el ALCA, todo con el propósito de satisfacer las exigencias de la asfixiante deuda externa.

La recesión económica, el desempleo, la miseria, el hambre, la pobreza y la desesperación se incrementarán drástica y permanentemente a lo cual contribuirán las ya aprobadas reforma laboral, pensional, tributaria y del Estado, la sobretasa a la gasolina y el IVA aplicado a la canasta familiar.

Decisiones políticas como la reducción en el número de parlamentarios, el umbral exigido para acceder al Congreso, la cifra repartidora para asignar las curules y los topes para el reconocimiento de personerías a los partidos, recortarán aún más la ya restringida democracia colombiana y le darán vuelo a las acciones represivas y dictatoriales del gobierno, convertidas en políticas de Estado con la llamada “seguridad democrática”, que implica, además, el mayor intervencionismo militar extranjero.

Todo el aparato estatal, con sus recursos económicos y sus mecanismos de presión, así como el desaforado poder de los grandes medios de comunicación controlados o fletados por el gobierno y el clientelismo oficial, que quiere convertir a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles en sus jefes de campaña, se pondrán al servicio de la política imperial y del gran capital financiero, haciendo hasta lo imposible para engañar una vez más a millones de compatriotas y convertir el referendo en un plebiscito de respaldo al presidente Uribe y su rampante neoliberalismo.

Por ello, debemos ejercer nuestro legítimo derecho a la abstención, que hoy se abre paso en el país a través de un debate público sin precedentes. Llegaremos a todos los barrios y veredas, a todas las fábricas y a todos los cultivos y parcelas; iremos hasta el último rincón de nuestra patria a denunciar el referendo como otra pretensión de sumirnos aún más en la ignominia y en la esclavitud que trae consigo la política que dicta Washington y obedece el gobierno.

Reclamamos del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría y del gobierno las garantías plenas para propagar el llamado a la abstención, pero en caso de negarlas, de todas maneras cumpliremos con entusiasmo y esfuerzo nuestro deber de derrotar sus propósitos.

Que en las calles y en las plazas, en los caminos y en las carreteras retumbe nuestro grito:

¡Contra el antidemocrático y antinacional Referendo: ¡Abstención activa!

¡Abajo el Referendo!

¡Viva la abstención activa!

¡Viva la Gran Coalición Democrática contra el Referendo!

Bogota, 7 de febrero de 2003

El movimiento agrario de México, organizado bajo el nombre de El campo no aguanta más, aprobó el 1o. de enero de este año un documento en el que conmina al gobierno del presidente Vicente Fox a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, causa fundamental de la ruina y los problemas que aquejan a los productores agrícolas. Por la importancia de tal pronunciamiento, publicamos los apartes principales. Es necesario anotar que los medios de comunicación han guardado un sospechoso silencio sobre el desarrollo de los acontecimientos en ese país, y sólo se han filtrado noticias muy parciales que dan cuenta de reuniones del gobierno con dirigentes del movimiento y sobre protestas masivas de campesinos e indígenas y las tomas de algunas oficinas de organismos oficiales.

Hace exactamente nueve años entró en vigor el TLCAN. Hace nueve años que se intensificó la guerra en contra de la agricultura campesina y, en general, en contra del campo mexicano. Hace nueve años, también, nuestros hermanos zapatistas, lanzaron el primer grito de resistencia en contra del modelo económico globalizador, concentrador de la riqueza en unos cuantos, desgarrador del tejido social, destructor de pueblos, depredador de la naturaleza y violador de los derechos de comunidades y de individuos.

Hoy, en este primer minuto del año, primer minuto del décimo año del TLCAN, se inicia la penúltima etapa de la guerra contra nuestra agricultura, contra nuestra soberanía alimentaria, contra la base de nuestra independencia como país. Hoy se desgravan todas las importaciones agroalimentarias procedentes de Estados Unidos y del Canadá, con excepción del maíz, fríjol, leche en polvo y azúcar de caña. Hoy se suprimen todos los aranceles, aranceles-cuotas y cupos de importación. Hoy se derriban las trincheras que permitían todavía una precaria subsistencia de las cadenas alimentarias básicas para nuestra economía: carne de res y cerdo, pollo, huevo, lácteos, arroz, trigo, papa, manzana y otras más. Hoy nuestros productores tendrán que defenderse solos contra los productos que cuentan con un subsidio del gobierno norteamericano hasta treinta veces superior al subsidio promedio que otorga el gobierno de México.

Sólo la ingenuidad, la ineptitud y la complicidad del Ejecutivo Federal y de muchos de los legisladores no han podido discernir que tras esta nueva etapa del acuerdo comercial se esconde una verdadera guerra contra nuestra sobrevivencia como país independiente. Sólo las mentes más obstinadas y menos informadas se niegan a ver que la negativa del gobierno de George W. Bush, apoyado en la complicidad del de Vicente Fox, de suspender esta desgravación es una pieza más en su estrategia belicista que lo mismo pasa por controlar el gas del Asia Central que el petróleo de Irak y de Venezuela y el suministro de alimentos de México. Porque dislocar nuestra producción agropecuaria, orientarla a producir sólo para la exportación y hacer depender la alimentación de nuestro pueblo de las importaciones procedentes de Estados Unidos, controladas por unas cuantas trasnacionales, es aceptar la madre de todas las derrotas: la de la comida de nuestra gente.

Por eso hemos llegado hasta acá las dirigencias de las organizaciones campesinas del Movimiento El campo no aguanta más y las organizaciones sociales que se han integrado a él y que nos apoyan. Aquí, en Ciudad Juárez, donde en 1911 los ejércitos campesinos terminaron con la dictadura porfirista de 40 años. En la frontera con el país más poderoso del mundo, cuyo gobierno se apresta a lanzar una nueva guerra para reforzar su dominio militar, económico y mediático sobre el planeta. Aquí, en el Puente Internacional de Córdoba por donde pretenden pasar el alud de alimentos dirigidos a nuestro país, alimentos de desecho, transgénicos, congelados por diez años, de chatarra, para avasallar nuestra producción nacional, afectar la salud de los mexicanos y consolidar la dependencia alimentaria de nuestra Nación.

Precisamente desde donde comienza la patria, y empieza América Latina, lanzamos este llamamiento al Pueblo de México. Anunciamos que en este mismo momento estamos en movimiento nacional de resistencia civil, pacífica, no violenta, para salvar al campo mexicano y para salvar a México. Hoy lanzamos esta contraofensiva de paz, de razones, de propuestas y de acciones de desobediencia. Ya nos hicimos presentes, sin muchos frutos, ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ya declaramos unilateralmente la
moratoria al apartado agropecuario del TLCAN.

Desde aquí lanzamos una convocatoria a celebrar en los próximos días un Diálogo Nacional para la Salvación del Campo Mexicano, a todos los actores sociales, políticos, culturales y económicos interesados en rescatar nuestra agricultura, nuestra alimentación, nuestra dignidad y nuestra soberanía.

Nuestras seis propuestas y demandas básicas son:

1. Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN y renegociación inmediata del mismo.

2. Fuera el maíz y el fríjol, alimento básico de nuestro pueblo, del TLCAN y demás tratados comerciales con otras naciones.

3. Programa emergente 2003 y programa de largo plazo 2020 para la revaloración y reestructuración de la agricultura nacional con participación de los campesinos, con base en los objetivos centrales de soberanía alimentaria, multifuncionalidad de la agricultura, revalorización de la agricultura campesina, fomento a la producción para el mercado interno a la par para la exportación, rentabilidad y certidumbre en los ingresos, empleo rural y agricultura sustentable y conservación de los recursos naturales.

En resumen, para lograr un crecimiento del sector agropecuario y forestal con equidad, sustentabilidad y soberanía.

4. Respeto a las organizaciones e iniciativas rurales genuinas y autónomas, fin del contubernio del gobierno del presidente Fox con el corporativismo rural y, en particular, reforma al órgano de gobierno de la nueva Financiera Rural para dar paso a formas de representación de los productores y pobladores rurales más genuinas y democráticas, dejando atrás la asignación de asientos con base en cuotas políticas que únicamente reproducen de una manera desvergonzada el viejo y nefasto corporativismo rural.

5. Calidad y sanidad en los alimentos para los consumidores mexicanos.

6. Reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios conforme a los Acuerdos de San Andrés.

Nuestro interlocutor primero no es el gobierno, el destinatario primordial de nuestro llamado son ustedes, que constituyen el Pueblo de México. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a su conciencia, a los sentimientos de la nación que invocó Morelos en su lucha. A nuestras hermanas y hermanos de todo el país los invitamos a participar a su modo, de acuerdo con sus posibilidades, en este movimiento El campo no aguanta más, con una o varias de las siguientes acciones:

Manifestándose en los puentes internacionales y aduanas.

Enviando cartas con firmas a sus senadores para que se declara la Situación de Emergencia Económica, Social y Ambiental en el Campo Mexicano y se declare la moratoria al apartado agropecuario del TLCAN.

Portando un listón verde en la solapa de su blusa o camisa.

Inscribiendo en las ventanas de sus casas o de sus vehículos leyendas como «Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN» o «Salvemos el campo, salvemos a México» o «El campo mexicano no aguanta más».

Enviando cartas a la redacción de los periódicos de su localidad o participando en los programas de radio de teléfono abierto apoyando nuestras demandas.

Revalorizando y promoviendo del consumo de alimentos hechos en México y cultivados por pequeños y medianos productores.

Organizando boicots al consumo de alimentos de importación, principalmente los relacionados con nuestra alimentación básica.

Participando en el Diálogo Nacional para la Salvación del Campo Mexicano en la fecha y lugar que se darán a conocer a la brevedad. Nuestra lucha no es por restaurar un pasado que no volverá. Es por reconquistar las bases, las raíces mismas de un futuro libre, soberano, próspero para las comunidades, para las personas, para los pueblos que componen nuestra patria. Nuestro combate no es el de unos cuantos, no es el de un sector particular, ni tampoco el de un cierto gremio. Combatimos por los derechos que se nos han conculcado a todos: a producir, a vivir dignamente de nuestro trabajo, a alimentarse sanamente, a construir una economía humana, basada en nuestra idiosincrasia y abierta a los avances de la ciencia y de la tecnología, el derecho a que nuestra agricultura y nuestras comunidades campesinas no sólo sobrevivan sino que vivan con dimensión de futuro y dignidad.

¡Salvemos el campo para México!

Desde el Puente Internacional de Córdoba en Ciudad Juárez, comienzo de
México, comienzo de Nuestra América, al primer minuto del primero de enero
de 2003.

Movimiento El campo no aguanta más. Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss); AsociaciónNacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac); Coordinadora Estatal de productores de Café de Oaxaca (Cepco); Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Ccduc); Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC); Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); Frente Democrático Campesino de Chihuahua (Fdcch); Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (Fndcm); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf); Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria (Unofoc); Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca).

La Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria estuvo participando durante varios meses en reuniones con otras organizaciones agrarias (Consejo Nacional Campesino, Coordinador Nacional Agrario y ANUC) en búsqueda de acuerdos básicos para adelantar la lucha conjunta por la defensa del campo colombiano y para la realización de un gran Congreso Nacional que se llevaría a cabo los días 7 y 8 de abril del presente año. Lamentablemente, discrepancias políticas e ideológicas y de orden táctico llevaron a que Salvación Agropecuaria se retirara del proceso. La propuesta defendida por esta organización, que seguirá sirviendo de guía para sus luchas, se publica en seguida para conocimiento y estudio de nuestros lectores.

Las políticas antiagrarias que han predominado en el país, especialmente a partir de 1990, desde cuando Estados Unidos, el FMI y las demás agencias internacionales de crédito impusieron la globalización neoliberal, se intensificarán con la entrada en vigor de los acuerdos del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA (o el respectivo acuerdo bilateral), que traerá más y mayores dificultades y penurias para la producción nacional. En el campo, el ALCA multiplicará las quiebras, los embargos y remates de parcelas y fincas y nuestra economía agraria tendrá que limitarse sólo a lo que Estados Unidos no esté en capacidad de producir, o sea, lo que llaman cultivos tropicales.

Campesinos, indígenas, asalariados agrícolas y no pocos empresarios rurales verán cómo siguen aumentando los impuestos, las tarifas de servicios públicos, los peajes y sobretasas que les encarecen la producción, mientras nada se hace para aliviar las urgentes necesidades del campo. Al contrario, se continuará con el debilitamiento y cierre de las instituciones oficiales que en algo los ayudaban en sus problemas, como ha ocurrido con el Idema y la Caja Agraria y se pretende hacer con el Incora, el INAT y el ICA.

Esta crisis agraria nacional tiene a miles y miles de compatriotas al borde de perder hasta sus tierras, por no poder pagar sus deudas bancarias, y les niega a muchos la posibilidad de acceder a ese instrumento de producción,, mientras los gobiernos, obedeciendo las políticas imperialistas, hacen demagogia con planes de refinanciación que les dan más ganancias a los banqueros y que apenas aplazan el momento del remate de los endeudados, prolongando sus dificultades; o amarran a los campesinos de por vida, sometiéndolos a las cadenas y «alianzas», en las que el agricultor produce para la gran empresa según las normas, exigencias, precios y plazos que ésta les impone.

Por lo anterior, la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria les propone a las demás organizaciones que están comprometidas con el impulso y realización del Congreso Agrario Nacional del 7 y 8 de abril los siguientes puntos programáticos de unidad.

1. Defendemos la soberanía nacional, la seguridad alimentaria y el mercado interno como pilares insustituibles del progreso de Colombia y del bienestar de los colombianos, y consideramos la economía rural como componente estratégico de una política en tal sentido. Pedimos el cierre de las importaciones agropecuarias y la eliminación de las decisiones que faciliten la entrada al país de aquellos productos del agro que podamos producir.

2. Rechazamos los acuerdos de comercio internacional que, al servicio de los intereses del capital multinacional, vulneren la producción y distribución nacional de alimentos. Por ello nos oponemos a la inclusión de Colombia en el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, o a la firma de un acuerdo bilateral impuesto por Estados Unidos en su proceso de recolonización de América Latina. Rechazamos las maniobras del gobierno norteamericano y los de otros países desarrollados para deprimir los precios del café y demás productos del agro, aumentando las inmensas ganancias de las comercializadoras mundiales.

3. Reclamamos la defensa de la producción nacional y, en consecuencia, exigimos: a) Establecimiento de precios de sustentación rentables y respaldo estatal a la comercialización agropecuaria interna; b) Suministro de créditos abundantes, oportunos y baratos para los productores rurales c) Apoyo estatal a la investigación, la educación y la capacitación agrícolas, a los servicios de asistencia técnica y al mantenimiento y construcción de distritos de riego; d) Control a las alzas de insumos, impuestos y tarifas de servicios públicos; e) Aprobación de medidas contra el monopolio de las trasnacionales en el comercio de los agroquímicos y de los avances científicos y tecnológicos y aplicación efectiva del decreto 459 sobre la producción y venta efectiva de los genéricos; f) Fortalecimiento de las instituciones de apoyo al sector agropecuario.

4. Exigimos la condonación general de las deudas agropecuarias, suspensión de los procesos judiciales en curso y de los remates y embargos contra los productores rurales.

5. Pedimos la preservación de nuestro patrimonio genético y del medio ambiente y la explotación racional de los recursos naturales.

6. Rechazamos las fumigaciones para los cultivos tipificados como de uso ilícito y, al contrario, reclamamos soluciones pacíficas y concertadas con las comunidades, las cuales deben estar acompañadas de procesos de verificación de los acuerdos que se pacten.

7. Exigimos respeto a la vida y garantía efectiva para los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de las personas y organizaciones y, entre ellos, los de expresión, movilización y protesta.

8. Pedimos solución política negociada al actual conflicto armado. Reclamamos el cese al desplazamiento forzado, y el retorno voluntario, con dignidad y garantías.

9. Exigimos preservar los derechos históricos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

10. Reclamamos el reconocimiento al carácter productivo del trabajo de la mujer rural, medidas positivas de reparación y contra la discriminación, afianzamiento de su identidad cu ltural e impulso a sus procesos organizativos.

11. Exigimos el cumplimiento de los acuerdos que los diferentes gobiernos o entidades del Estado han suscrito con los productores rurales en los diferentes paros y movilizaciones adelantados para exigir soluciones a los problemas del campo.

Bogotá, febrero 15 de 2003

El Nuevo Día. Por Oscar Varón; 2 marzo 2003

“Detrás del ALCA se encuentran las multinacionales y la Organización Mundial del Comercio, la cual es manejada por los intereses comerciales de Estados Unidos”: Salvación Agropecuaria.

Angel María Caballero, presidente del Movimiento por la Salvación Agropecuaria de Colombia realizó varios cuestionamientos a cerca del conflicto que viven los productores de leche representados en Analac, al tiempo que calificó de “esquirol” al papel que el país realiza en las negociaciones ante el Tratado del Libre Comercio de las Américas, ALCA.

Como representante de Salvación, Caballero dijo que no es justo que después de cinco años, en los que el sector lechero no ha tenido aumento en el valor de su producción, ahora los industriales y comercializadores de este producto no cumplan con los acuerdos de competitividad fijados ante el gobierno nacional.

POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE EL TRATADO ES AMBIGUA. ALCA DESTRUIRÁ AGRO EN COLOMBIA

Un nuevo conflicto entre los productores y comercializadores de leche se ha presentado durante la última semana, pues los primeros denunciaron desequilibrio en los precios ante la negativa de aumentar el valor de este producto en un seis por ciento, en tanto que los grandes comercializadores ven bajo la perspectiva de sus intereses que solamente el incremento podría estar entre el uno y el tres por ciento.

Según la Asociación Nacional de Productores Lácteos, Analac, el acuerdo de competitividad de la cadena láctea no puede continuar bajo el incumplimiento de las grandes plantas con lo pactado, y menos aún debe sustentarse en el enriquecimiento de un eslabón a costa del productor primario.

Igualmente, los productores reiteraron que los incrementos del precio al consumidor de leche y derivados no se han reflejado en beneficio de los productores. En este caso se solicita con urgencia la intervención del Gobierno nacional, pues en la actualidad la producción interna se lleva a cabo a pérdida. ¿Será que el Gobierno nacional permite que los más fuertes (multinacionales de la leche) acaben con el sector de la economía que más empleos genera en la actualidad entre los campesinos?.

Ante el silencio del Gobierno en este caso, se suman las quejas de diferentes sectores gremiales del agro, los cuales elevaron durante esta semana su voz de protesta por la ambigua y poco entendida posición de Colombia ante el Tratado de Libre Comercio de las Américas, ALCA, pues el pasado 15 de febrero la Comunidad Andina presentó la oferta inicial de bienes agrícolas y no agrícolas, la cual será negociada en bloque y en la cual nuestro país no objetó mayores inconvenientes. Todo indica que será un hecho que Colombia negociará bilateralmente el tratado, sin embargo la pregunta es ¿Acaso se hará a costa de los productores del agro del país?. Ante estos interrogantes, EL NUEVO DÍA consultó la opinión del movimiento por la Salvación Agropecuaria de Colombia, que preside Angel María Caballero.

EL NUEVO DÍA: ¿Cómo se puede analizar la disyuntiva entre los productores y los comercializadores de leche?

ANGEL MARÍA CABALLERO: Esto que sucede en dicho sector es desastroso, pues estamos hablando de 450 mil productores de leche que se ven perjudicados porque en los últimos cinco años no se les ha aumentado el valor de su producto. Los lectores deben saber que la leche producida internamente en el país se vende a 450 pesos por litro. Además, si comparamos el precio internacional de la leche que está a mil 950 dólares la tonelada en polvo, indicaría esto que al traer la leche del exterior para volverla líquida no se podría producir a menos de 750 pesos por litro, por lo cual es más que justo el aumento que exigen los productores por medio de Analac y su junta directiva.

Sin embargo, para los industriales de la leche, representando a las multinacionales como Danone, Parmalat o Nestlé, es muy cómodo retirarse de la mesa de negociación para que Analac haga lo que quiera, le sirva o no el precio. Esto es lamentable si se observa que el Gobierno no interviene en esta problemática. Con base en lo anterior, podría uno pensar que si a dos años de la entrada de funcionamiento del ALCA, el Gobierno no atiende a un gremio con 450 mil productores, qué se podrá esperar posteriormente cuando estas irregularidades se tengan que denunciar ante la OMC.

END: ¿Entonces aquello de las cadenas productivas, al no ser acatadas por los firmantes y representada por el Gobierno se convierte inevitablemente en una farsa, pues en el caso de Analac los acuerdos establecidos no han sido tomados en cuenta?

AMC: Es una farsa completa. Mire, inducen al productor a negociar con el industrial, y el Gobierno no hace respetar los acuerdos. Así las cosas, no me quiero imaginar este panorama en el 2005, cuando hoy se dice una cosa y no se cumple.

END: ¿Y Minagricultura no interviene?

AMC: Lo que ocurre es que el Ministro de Agricultura no puede intervenir en estas lidias porque lo regañan. Eso quedó demostrado el mes de octubre del año anterior cuando se fueron a negociar los aranceles para el Pacto Andino a Quito. Allí, a Carlos Gustavo Cano y a la SAC les tocó que retirarse del tema. Después de este incidente quedó claro que este proceso lo negocia Jorge Humberto Botero, ministro de Comercio Exterior.

END: Bueno, pero Mincomex ha dicho que este proceso de negociación beneficiaría al agro y la industria.

AMC: Yo lo dudo por un problema fundamental en el esquema de las negociaciones. Habrá que recordar que en el modelo de Gaviria, el agro perdió un millón de hectáreas cultivadas y por lo menos 500 mil campesinos quedaron desempleados. Y, la industria también se vio afectada por la laxitud del Gobierno que permitió la entrada de textiles y manufacturas del Asia, en donde el jornal más bajo es el equivalente a seis mil 500 pesos colombianos.

Lo que sucede con la industria es que las multinacionales estudian en qué país pueden producir más barato y vender más costoso; y si trasladamos este esquema al campo, gracias al ALCA, pues es fácil adivinar que el sector agropecuario será arrasado. No sabe uno porqué algunos gobiernos no entienden que el principio básico y el soporte de los esquemas de producción se encuentran en la capacidad de trabajo del sector agrario de las naciones.

Colombia de esquirol

EL NUEVO DÍA tiene entre su documentación el texto que presenta la propuesta u oferta de las diferentes naciones ante el ALCA. Llama la atención que países como Bolivia y Ecuador precisan los productos agrarios que serían objeto de las subpartidas arancelarias, condicionando en algo el proceso negociador.

Igualmente, un país como Perú exige que en lo relacionado a los productos del ámbito agropecuario, la aplicación del programa de eliminación arancelaria en su producción dependerá de la desaparición de las ayudas internas de los productos importados a dicho país.

Sin duda, la mejor posición la ofreció Venezuela, el cual precisó que para el programa de eliminación arancelaria se aplicaría únicamente sobre un arancel fijo, en un rango de productos que necesariamente irán acompañados de una estabilización de precios.

Para el caso Colombia, Mincomex, hace un leve anuncio de que efectivamente dichas exportaciones afectan la desgravación de los productos que las reciben. Por lo tanto, la nación ratificó la importancia de realizar avances continuos, equilibrados y sustanciales en los ámbitos de la negociación. Es decir no exige nada, pero tampoco se opone. Después de esta declaración se sintieron las declaraciones de gremios como Fenavi, Analac, SAC, los paperos y Fedepalma, quienes en su mayoría coincidieron en decir que esta no es una posición de negociación seria y que en últimas el comunicado no dice nada. Así las cosas, hoy por hoy los gremios del sector agropecuario han comenzado a perder la confianza en el Gobierno Uribe. A propósito del tema, el presidente de Salvación Agropecuaria respondió a las siguientes preguntas.

END: ¿En qué términos considera que se está llevando a cabo la negociación ante el Tratado?

AMC: Este es un proceso que está siendo direccionado directamente por las multinacionales, bajo la orientación de la Organización Mundial del Comercio.

END: ¿Y, la posición colombiana cómo la analiza?

AMC: Lo que se lee es que Colombia está actuando de esquirol (Es un término despectivo que se utiliza cuando un obrero trabaja cuando sus compañeros hacen huelga, prestándose así a los intereses de sus patrones con lo cual gana sus favores) en las negociaciones, pues las posiciones de los demás países se ven con un poco de mayor solidez, destacándose la del Perú y la de Venezuela, los cuales condicionan el proceso a la eliminación de aranceles de carácter supranacional.

En tanto, la posición de Colombia es muy grave porque se estaría buscando un acuerdo bilateral entre el país y Estados Unidos. Lo delicado de esta situación es que la posición y la defensa del agro estará sujeta a otros intereses.

END: Ahora parece que hay un despertar sobre el tema, pues ciertas agremiaciones no habían atacado nunca al Gobierno. ¿Qué pueda pasar más adelante?

AMC: El agro se tiene que unir y que sentar criterios al respecto, pues el 15 de abril el Ministerio de Comercio discutirá la propuestas para supuestamente mejorarla, y el 15 de junio prácticamente tendrá que estar definido el tema.

Por nuestra parte, el movimiento por la Salvación Agropecuaria prepara una gran marcha para el mes de mayo, exigiendo que el sector agrario no entre en dichas negociaciones, por lo siguientes motivos: El ALCA lesiona la soberanía nacional, además de que aumenta los cinturones de miseria, y por último el aparato productivo tanto industrial como agrario llegarán, mediante este tratado, a su aniquilamiento total.

Jorge Enrique Robledo Castillo, Senador de la República, Manizales, 11 de Febrero de 2003.
El ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, confirmando lo definido por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, ratificó ayer en Manizales que “les lloverá glifosato” a los cultivos ilícitos existentes en las zonas cafeteras, lo que, en los hechos, significa el acto atroz de fumigar también los cafetales, los demás plantíos, los animales y hasta las personas que se encuentran en medio de las áreas sobre las que caerán los venenos.

Si fumigar desde el aire con venenos cualquier cultivo en zonas habitadas es una atrocidad que solo ocurre en Colombia, hacerlo en las regiones cafeteras, más pobladas que cualquiera otras, agrava el acto de barbarie. Y es peor si se conoce por qué los campesinos cafeteros han tenido que intercalar entre sus cafetales cultivos ilícitos luego de más de cien años de trabajo ejemplar y de haber sostenido, a cambio de sus pobrezas y miserias, la economía nacional.

Es sabido que los cafeteros de Colombia y el mundo padecen hambre por causa de la decisión del gobierno y las transnacionales de Estados Unidos de acabar con el acuerdo de cuotas de la Organización Internacional del Café, lo que ha conducido a unos precios internacionales del grano tan bajos que reciben más dinero por impuestos al café los gobiernos de los países desarrollados (24.7 por ciento) que los países productores (menos de 10 por ciento). Y los cafeteros también agonizan porque no pueden sustituir sus cafetales por otros cultivos en razón de la decisión del Fondo Monetario Internacional de imponerle a Colombia que importe cada año más de siete millones de toneladas de alimentos.

Y cuando esos campesinos, desesperados por su crisis y ante el abandono del gobierno nacional, siembran coca, este, nuevamente sumiso ante las orientaciones norteamericanas, no le tiembla la voz para anunciarles que “les lloverá glifosato” sobre sus casas y parcelas.

Todos en estas regiones y en toda Colombia, sin distingos políticos, económicos y sociales, debemos unirnos en el más enfático rechazo a cualquier fumigación aérea en las zonas cafeteras, al tiempo en que también le exijamos al gobierno que desarrolle planes de erradicación manual y de respaldo económico que les permitan a los labriegos sustituir los cultivos ilícitos por cafetales y otros plantíos.

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República, Bogotá, 23 de febrero de 2003.

La opinión nacional fue sorprendida en fecha reciente por la tardía iniciación de los servicios en los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar. Aunque al fin arrancaron, el hecho deja al descubierto un problema de fondo que pone en grave peligro los actuales programas de atención a los hijos de los más pobres, como también las contrataciones de las madres comunitarias que han de ejecutarlos.

El programa de mayor cobertura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el de los Hogares Comunitarios, que absorbe el 37% de su presupuesto. En ellos, casi un millón de niños son atendidos desde hace quince años por más de 79 mil madres comunitarias, en jornadas agotadoras que superan el límite legal, sin que jamás les haya sido reconocido el salario mínimo y ni siquiera el simple vínculo laboral. No disfrutan de prestaciones ni tampoco de garantías básicas de seguridad social para sus hijos, puesto que el régimen que las ampara, financiado con los aportes hechos por las asociaciones de padres de familia, excluye por completo a los beneficiarios. En todos los Hogares Comunitarios se vienen recortando los recursos, ya de por sí precarios frente a los crecientes requerimientos nutricionales, ambientales y pedagógicos, lo que obliga a los padres de familia, en su gran mayoría de muy bajos recursos, o a desertar del programa, o a tener que pagar mayores contribuciones.

El Plan de Desarrollo del gobierno de Uribe, que es en realidad un plan de subdesarrollo, apunta a desmontar paulatinamente los Hogares Comunitarios para ir transformándolos en restaurantes infantiles, que ofrecerán apenas desayuno y almuerzo con el pretexto absurdo de que, como los padres no trabajan, cuentan con todo el tiempo del mundo para vivir pendientes de los hijos menores, por lo que solo será preciso brindarles dos comidas al día. De llevarse a la práctica tan sombríos propósitos, a los niños de las familias pobres se les retiraría la atención que hoy les brindan las madres comunitarias. Quedarán así expuestos a toda clase de peligros mientras sus padres sin empleo salen al rebusque. Dramáticas escenas como las de los niños encerrados, amarrados a las camas y quemados en humildes moradas se harán todavía más frecuentes. Aumentarán la indigencia, el abuso sexual y el tráfico abusivo con la infancia.

En vez de incrementar sustancialmente los dineros, ir cualificando el programa y ofrecerles mejores condiciones a las madres comunitarias, el gobierno las va a obligar a crear cooperativas de trabajo asociado y a convertirse en “microempresarias” de la nutrición infantil. Lo que Uribe pretende es que sean las madres comunitarias las que, aportando un trabajo aún mayor que el actual, contribuyan a sostener financieramente los restaurantes infantiles. También se busca desmejorar todavía más su régimen de seguridad social.

Según el Plan de Desarrollo, la “ejecución y cofinanciación” de los programas estarían a cargo de los entes territoriales. Pero los ya arruinados municipios, sobre los cuales pesa la anunciada congelación del gasto público, no estarán en capacidad de echarse encima tan onerosa carga. Queda abierto el camino a una mayor privatización de los servicios, de manera que sean los usuarios, como en el caso de la salud, los que terminen asumiendo los costos.

No son las madres comunitarias las únicas que se ven afectadas por el replanteamiento del programa. A la directora del Instituto, Beatriz Londoño, poco le importó despedir a 328 funcionarios, un presagio sombrío de los planes en cierne, que persiguen dejar al Instituto como mero “formulador y director de las políticas”.

Convocamos al pueblo a rechazar los planes oficiales y a combatir unido por el mejoramiento de los programas de atención a la niñez, única forma de resistir las embestidas que buscan marchitarlos.