SE AGIGANTA EL PELIGRO DE INVASIÓN RUSA

Los últimos acontecimientos de la crisis de Polonia han vuelto a colocar sobre el tapete los peligros de una intervención militar soviética para impedir por la fuerza el resquebrajamiento del pacto de Varsovia. Entre los elementos nuevos que influyen en la actual situación sobresalen el fortalecimiento de las organizaciones de los obreros y los campesinos; el predominio, en el seno del gobierno del Partido Unificado Polaco (POUP), de aquellos dirigentes que se muestran favorables a hacer las concesiones y las reformas exigidas por las masas laboriosas, y el ultimátum enviado por Moscú a Varsovia advirtiendo enérgicamente contra cualquier “desviación” que erosione la hegemonía rusa sobre Polonia.
La afrentosa carta de Moscú.

La ininterrumpida cadena de huelgas y movimientos de protesta populares, que se iniciara en junio de 1980 y se conquistara importantes reivindicaciones para la clase obrera polaca, continuó durante todo el primer semestre de este año. En febrero cayó el tercer Primer Ministro en lo que va de la crisis y el cuarto, Jaruzelski, se vio obligado a pedir a “Solidaridad” una tregua de 90 días a modo de respiro para el gobierno, la cual fue aceptada por los líderes sindicales, este acuerdo estuvo a punto de romperse bruscamente, a mediados de marzo, a raíz de los actos de brutalidad policial contra varios activistas gremiales en la ciudad de Bydgoszcz. Los obreros respondieron de inmediato con una huelga de advertencia de cuatro horas, mientras delegados del régimen y de “Solidaridad” negociaban una salida al incidente. El 31 de marzo se llegó a un acuerdo por medio del cual la dirigencia obrera, encabezada por Lech Walesa, suspendió la orden de un paro nacional. Entre los afiliados al sindicato se produjeron enfrentamientos, puesto que muchos de ellos señalaron que Walesa había cedido ante simples promesas del gobierno de que investigaría los hechos de Bydgoszcz. Por esos días se acentuaron los rumores acerca de una posible invasión rusa a tiempo que tropas del Pacto de Varsovia realizaban sus maniobras regulares precisamente en suelo polonés.

Después de la prueba de fuego de marzo, en la que se evidenció un acercamiento entre los principales cabecillas del gobierno y del Partido y de “Solidaridad”, las autoridades principiaron a mostrar un tono abiertamente conciliador. A comienzos de abril se comprometieron a reconocer legalmente la organización campesina denominada “Solidaridad Rural” que agrupa unos 800.000 agricultores particulares. Ese mismo mes, Stanislaw Kania, dirigente máximo del POUP, afirmó que “tenemos la voluntad indeclinable de continuar el proceso de renovación social, desarrollar la democracia en el Partido y el Estado, reformar la economía nacional y la vida social”. Y refiriéndose al sindicato independiente indicó que se trataba de “una organización de trabajadores que comprenden a millones de personas de buena voluntad, en la cual participan muchos cientos de miles de miembros del Partido”. En efecto, cerca del 40% de los militantes del POUP está afiliado a “Solidaridad” y cumple con las tareas que ésta impulsa, lo cual dota a esta federación de un poderío excepcional e impele a la alta burocracia partidista a pensar más de dos veces sus determinaciones respecto al movimiento obrero.

Iniciado junio, el Primer Ministro Jaruzelski presentó al Parlamento un proyecto de ley laboral que garantiza el derecho de huelga de los trabajadores, con lo que se cumplía uno de los puntos principales de los acuerdos de Gdansk de agosto de 1980. Fue entonces cuando el Partido Comunista de la URSS escribió a su homólogo polonés una misiva, firmada por Leonid Brezhnev, que contenía un verdadero ultimátum. La carta reprende a Kania y Jaruzelski por no tomar “medidas prácticas” para combatir “la creciente amenaza contrarrevolucionaria”. El documento los socialimperialistas dice que el “serio peligro” que se cierne sobre Polonia “constituye una amenaza a la existencia misma de un Estado polaco independiente”. Más adelante se lee: “desde los primeros días de la crisis, juzgamos importante que el Partido resistiera en forma decisiva los intentos de los enemigos del socialismo de sacar ventaja de las dificultades. Sin embargo, esto no se ha hecho. Las constantes concesiones a las fuerzas antisocialistas y sus exigencias han llevado a la retirada del Partido ante la presión de la contrarrevolución doméstica”. Y culmina diciendo que “estamos preocupados por el hecho de que la ofensiva de las fuerzas enemigas en Polonia amenaza los intereses de toda nuestra comunidad y la seguridad de sus fronteras …” Tan grosera intromisión en la vida de la nación polaca despertó una ola de repudio entre vastos sectores populares, que vieron en esta carta la referencia más clara a una invasión soviética. Asimismo, se puso de manifiesto la hipocresía de los mandamases del Kremlin, quienes por boca de Brezhnev afirmaron en noviembre de 1968, con motivo del V Congreso del Partido Obrero Unificado Polaco: “Los Estados socialistas son partidarios de que se observe estrictamente la soberanía de todos los países. Nos pronunciamos resueltamente contra la injerencia en los asuntos internos de cualquier Estado, contra la violación de su soberanía”.

Continúa la bancarrota
La polonés y su lacayismo con la URSS se han evidenciado particularmente en la quiebra económica que sufre el país hace ya más de cinco años. Desde cuando los revisionistas instauraron su hegemonía en Rusia, las relaciones entre ésta y la mayoría de los países de Europa Oriental comenzaron a parecerse cada vez más a los lazos existentes entre una potencia imperialista y sus neocolonias. Con los argumentos de la “división internacional del trabajo socialista” y la “integración económica”, los nuevos zares sujetaron las economías de varias naciones del Este europeo, entre ellas la de Polonia, a los planes de desarrollo soviético y a las necesidades de Moscú. EL CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica), manejado por los rusos, se puso al servicio de esta política. Lo que prima en el esquema no son lo requerimientos propios de cada economía nacional, sino los de la Unión Soviética, impidiéndose así el curso ascendente, autónomo y armónico de la producción en cada país. Uno de los resultados ha sido, como en el caso polaco, el descuido o el abandono oficial de importantes sectores que por una u otra razón no interesan a la URSS. Ello ha generado la escasez de numerosos artículos de consumo de origen agropecuario e industrial como carne, mantequilla, leche, repuestos, etc.

Con el fin de aliviar un poco la crisis, el gobierno polonés ha recurrido al crédito externo. En la actualidad, la deuda de Polonia con el exterior sobrepasa los 27 mil millones de dólares y este año deberá pagar 4 mil millones en servicio de la misma. Debido a la falta crónica de divisas que padece Rusia, Varsovia obtiene la mayor parte de los préstamos de bancos de Occidente, en especial de Alemania Federal, Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

Al clausurarse el congreso del Partido, el Primer Ministro Jaruzelski indicó que este año la deuda externa de su país aumentará en cerca de 3.000 millones de dólares, como resultado de la importación de alimentos y materias primas. Asimismo, advirtió que el ingreso nacional decrecerá en un 15%, aproximadamente.

El sombrío panorama de la economía polonesa tiende a empeorar aún más, sobre todo si se tiene en cuenta que el gobierno se halla comprometido a cumplir con una serie de promesas hechas a “Solidaridad”, para lo cual deberá contar con ingentes sumas de dinero. Si la crisis se profundiza, habrá una mayor indisciplina social y un mayor peligro de una intervención militar soviética.

La aguda escasez de artículos de consumo básico, los aumentos de los precios y la negativa del gobierno a elevar los salarios han creado, desde la última semana de julio, una situación extremadamente tensa. A lo anterior se agrega un fuerte racionamiento en los suministros de carne. En numerosas ciudades las masas se tomaron las calles para protestar contra este estado de cosas, a tiempo que “Solidaridad” organizaba paros parciales y movilizaciones a nivel nacional.

¡CON CONSUELO, UNIÓN DE LOS OPRIMIDOS!

Nosotros, el Frente por la Unidad del Pueblo, hemos tomado la decisión de presentar a las clases democráticas en general, el nombre de Consuelo de Montejo como la mejor reserva con que, a nuestro juicio, cuenta la izquierda colombiana para librar la batalla electoral que se avecina. Sus méritos hablan por sí solos. El respaldo que constantemente ha brindado a las luchas de las masas desposeídas y oprimidas; la intrépida defensa de los derechos democráticos y las libertades públicas que ha pagado incluso con la cárcel, la denuncia de los latrocinios y arbitrariedades del régimen que ha promovido durante años, y el odio con que la denigran desde las esferas más reaccionarias y oportunistas, son algunos de los relevantes atributos de su trayectoria rebelde y que en definitiva nos han convencido para postularla.

Sin embargo, debido a que queremos escuchar la opinión de organizaciones y personas no ligadas todavía a nosotros pero que combaten a los opresores, deliberadamente lanzamos la pre-candidatura presidencial de Consuelo de Montejo a manera de propuesta, con miras a cuajar un frente más amplio. En consecuencia convocamos el IV Foro del FUP para el próximo 14 de noviembre, en la ciudad de Cali, en donde examinaremos los resultados de las diligencias unitarias y refrendaremos las resoluciones atinentes a la participación en los comicios.

A pesar del descarado manipuleo de los sufragios por parte de las clases dominantes y de no hacernos ilusiones electorales, las fuerzas revolucionarias habrán de sacar en la campaña el máximo provecho a las mutaciones favorables de la situación y a los percances crecientes de sus adversarios. Por la manifiesta gravedad, la presente coyuntura no tiene paralelo en los anales de la nación. Salvo el gobierno y el pequeño círculo de beneficios, que se empecinan aún en pintar de color el sombrío panorama, nadie ignora ni niega el caos reinante. Para captarlo basta posar la vista sobre cualesquiera de los ámbitos económico, político y social, sin necesidad de excavar, puesto que la descomposición está ya a flor de tierra. Lo que antes era del conocimiento exclusivo de los destacamentos avanzados, hoy comienza a tornarse evidente para el grueso de la población. Lo pregonan a gritos la bancarrota de la industria y de la agricultura, el descenso de las exportaciones, el multimillonario déficit fiscal, las miasmas de la corrupción administrativa, la insoportable carestía, el hambre, la miseria y el resto de lacras propias de esta sociedad oligárquica, sujeta a la inclemente explotación del imperialismo norteamericano. En medio de tantas privaciones del pueblo, la agudización de la crisis trae, no obstante, el aspecto altamente positivo de que las condiciones varían cada vez más en pro de las profundas transformaciones que venimos propugnando y desvirtúan los embelecos de la reacción.

Los datos acerca de la quiebra de decenas de factorías y del drástico recorte del área de los cultivos ponen al descubierto, cual ningún otro fenómeno reciente, el hecho incontrastable de que el país no conseguirá reavivar realmente la producción nacional hasta cuando no arranque de raíz los asfixiantes impedimentos que se yerguen contra ella. Tal contradicción terminará por precipitar inevitablemente la revolución colombiana.

Resulta irritante, por decir lo menos, achacar las dificultades de las empresas a las modestísimas reivindicaciones sindicales de los obreros, a quienes se les escatima el pan y se les prodiga el palo, mientras el imperialismo recibe incontables franquicias para invertir a sus anchas, saturar el mercado con sus géneros, controlar y encarecer los suministros de materias básicas, maquinarias, repuestos, etc., todo en detrimento de los fabricantes criollos, y mientras se absuelve a las traidoras sanguijuelas del capital financiero que, a través de la regulación del crédito, los elevados intereses y miles de ardides más, arruinan y someten a las industrias. Con uno u otro matiz esta ha sido la farisaica postura de los candidatos abiertos o tapados de la coalición gobernante.

Nosotros condenamos a los responsables del atraso y a los impostores de las mayorías trabajadoras. Llamamos a la unidad por la salvación y prosperidad de Colombia, cuyas crónicas dolencias reclaman claros y precisos cambios revolucionarios. Con las soluciones reformistas de las camarillas dirigentes de los dos partidos tradicionales, coreadas por los oportunistas de todos los pelambres, el país no saldrá de la postración ni dejará de ser un mero botín de los monopolios extranjeros y de los intermediarios vendepatria. Y el despotismo continuará pavoneándose con o sin ropaje republicano.

Urge suprimir el saqueo de los consorcios imperialistas y la extorsión de los pulpos financieros, principales factores de nuestro estancamiento económico; rescatar y utilizar racionalmente los recursos naturales, obtener plenamente la soberanía y la autodeterminación de la nación; apoyar sin reservas a las masas laboriosas de la ciudad y el campo para que puedan desplegar a cabalidad sus infinitas aptitudes en las tareas materiales y espirituales del desarrollo y crearles también a los empresarios y comerciantes no monopolistas una atmósfera que facilite sus aportes correspondientes en esta etapa histórica de la construcción de Colombia. Los sectores parasitarios, que se enriquecen con el agio y la especulación, que impiden el progreso y que son sólo una ínfima minoría, deben ser confiscados mediante la entrega de los latifundios ociosos a los campesinos que los trabajen y el paso de los otros monopolios al Estado. Pero un Estado diametralmente distinto al actual, el que impondrán todas las clases y corrientes revolucionarias, patrióticas y democráticas como garantía de que las conquistas enunciadas serán llevadas a cabo consecuentemente.

Por eso, en aras de la claridad, insistimos en la unión alrededor de un programa revolucionario y no de una componenda reformista; de unas normas democráticas de relación y funcionamiento que proscriban las imposiciones arbitrarias de unos aliados sobre otros, y del no alineamiento, contrapuesto a las estratagemas del social imperialismo y sus agentes que pretenden valerse de los anhelos de emancipación de los pueblos para subordinarlos a la hegemonía soviética. De acuerdo con estos tres principios reiteramos el ánimo de buscar el entendimiento con quienes deseen coordinar sus esfuerzos con los nuestros en la brega por transformar a Colombia.

Con Consuelo, ¡Unión de los oprimidos contra los opresores!

FRENTE POR LA UNIDAD DEL PUEBLO (FUP)
Jaime Piedrahíta Cardona, de Anapo Revolucionaria.
Francisco Mosquera, del MOIR.
Álvaro Bernal Segura, de Anapo Revolucionaria
Avelino Niño, del MOIR
Enrique Molinares del Movimiento Unitario Liberal.
Enrique Hernández, del Movimiento de Insurgencia Liberal.
Germán Pérez Ariza, del MIL.
José Zamudio, del MIL.

V CONGRESO DE ASA: SE COHESIONA SINDICALISMO INDEPENDIENTE EN ANTIOQUIA

Del 29 al 31 de mayo la Acción Sindical Antioqueña (ASA), fundada en 1961, y con 20 sindicatos afiliados, realizó en Medellín su 5º. Congreso regional al que asistieron 365 delegados bajo la consigna de “por un sindicalismo revolucionario al servicio de los intereses de la clase obrera”. En el evento se oficializó el ingreso de las organizaciones del Frente Sindical Autónomo y se eligió el nuevo comité ejecutivo integrado por Jairo Gutiérrez, Jesús Hernández, Rubén Holguín, Julio César González, Hernán Taborda, Raúl Gallego, Rosario Fonnegra, Noe Arango, Jorge Iván Castañeda, Elizabeth Zárate y Beatriz Cano.

El discurso de apertura estuvo a cargo de Jesús Hernández, presidente del Sindicato de Vicuña y vicepresidente de ASA, quien señaló: “El congreso que hoy inauguramos es la culminación de un proceso de convergencia y afinidad, vivido con mayor fuerza en los últimos años, y que se concreta ahora con la decisión del Frente Sindical Autónomo de sumar sus fuerzas a las de ASA para avanzar en la construcción de un fortín del sindicalismo revolucionario, con base en la defensa de los principios mínimos que ha resumido el proletariado tras largos años de batallar”. Al referirse a la situación del movimiento obrero colombiano, Hernández anotó: “El sindicalismo independiente se ha abierto paso contra las posiciones traidoras y conciliadoras representadas en la actualidad por el Consejo Nacional Sindical. Ha compendiado en esta experiencia los principios esclarecedores de la unidad revolucionaria, que hacen parte del arsenal ideológico con que cuenta el proletariado en la lucha frontal contra sus opresores; defender los intereses de la clase obrera y el pueblo, aislar a las camarillas de la UTC y la CTC, y practicar la democracia sindical. Nuestra propuesta de unidad, que sólo excluye a los enemigos y traidores, se desarrolla aceleradamente ante los ojos atónitos de los conciliadores que ven cómo se derrumban sus ilusiones de atar el movimiento sindical al carro del oportunismo”. Finalmente, Hernández repudió el régimen antipopular de Turbay y exhortó a avanzar por el camino de los principios revolucionarios, con la seguridad, “de que llegará más temprano que tarde la ocasión propicia para saltar a la ofensiva y capitalizar en favor de los explotados las llamas de la insurrección”.

Al certamen concurrieron delegaciones fraternales de 15 organizaciones de carácter nacional, 18 de Antioquia y 20 ligas campesinas. Jaime Piedrahita Cardona y Enrique Molinares, dirigentes del Frente por la Unidad del Pueblo (FUP), así como la revista norteamericana Colombia Report, enviaron saludos al congreso. En acto especial, la artista Clemencia Lucena hizo entrega a la Federación de tres réplicas de sus pinturas.

Entre las numerosas intervenciones cabe mencionar las de Manuel Mejía, en nombre de los trabajadores de Coltejer; Eliseo Arango, directivo de Sittelecom; Víctor Carreño, de la USO; Emilio Troncoso, por el Sindicato de Pescadores del río Magdalena; Lácides Benítez, por las ligas campesinas del Magangué; Emilio Zea, presidente de la liga campesina de Remedios, y Luis Rodríguez, de la liga campesina de Cerro Grande. El congreso fue clausurado por Agustín González, presidente de Sittelecom, quien habló en representación del Comité Nacional de Solidaridad.

JUSTA MOVILIZACIÓN DE FERROVIARIOS

Como producto de las políticas impuestas por el BID, la crisis de los ferrocarriles llegó a su punto más álgido este mes; no sólo no hay combustible ni repuestos para decenas de locomotoras abandonadas en los patios, sino que a los trabajadores se les debía hasta hace poco la prima semestral y tres quincenas de sueldo, a más del atraso en la cancelación de las pensiones a 11.000 jubilados. Los servicios médicos y cooperativos y el pago del subsidio familiar se encontraban asimismo suspendidos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Sinatrafer, lanzó el 13 de julio un paro indefinido y llevó a cabo nutridas manifestaciones frente a las oficinas de la administración en todo el país, señalando a los organismos financieros del imperialismo y al gobierno turbayista como los verdaderos responsables de la caótica situación. El cese de actividades terminó el 17 de julio, con la garantía patronal de liquidar la prima y las quincenas de junio.

La Regional Magdalena y un gran número de sub-directivas de Santander, así como las divisiones de Centrales y Antioquia, apoyaron el comité ejecutivo. Los dirigentes de Pacífico y Santander, en cambio, se negaron a dar su visto bueno al movimiento, pretextando que antes de llevarlo a la práctica debía haberse convocado la asamblea nacional. Santander Orellanos, presidente de Sinatrafer, explicó que “Tal argucia no es más que otro sofisma para obstaculizar la lucha, puesto que es en momentos como éste cuando el comité ejecutivo ha de asumir plenamente su papel conductor; las asambleas nacionales no son viables ahora por cuanto convocarlas lleva mínimo unas cuantas semanas y, además, porque resultan muy costosas y hace meses que la empresa no descuenta las cuotas sindicales”. Orellanos formuló un llamamiento a las distintas regionales para que se respeten las directrices del comité ejecutivo, conforme a la disciplina sindical y al centralismo democrático.

REELEGIDO HUGO CRUZ COMO PRESIDENTE DE ACEB

Del 1º. Al 6 de junio deliberó en Pereira la XVII Asamblea Nacional de ACEB con la presencia de 124 delegados oficiales, 50 observadores y 20 fraternales, entre quienes se hallaban los dirigentes más representativos del sindicalismo independiente. El acto había despertado justificable expectativa entre los 15.000 afiliados de la organización sindical, mayoritaria en el sector bancario, debido a la reciente defección de algunos de sus directivos hacia las filas del oportunismo, tras la huella de los hermanos Ñañez.

Estimulados por el impacto inicial de este incidente, tanto los sectores patronales como el Partido Comunista y Firmes se lanzaron a la ofensiva secundando la torpe y fraudulenta campaña de los desertores del MOIR. Pero no pudieron alcanzar su objetivo. En el transcurso de la polémica, los trabajadores despejaron la confusión y consiguieron avizorar el alma traidora del PC y sus adláteres. Las asambleas de las 40 seccionales, encargadas de escoger los delegados al evento nacional, arrojaron un resultado aplastante: 71 representantes del sector definidamente revolucionario, contra 54 de la informe amalgama de renegados, mamertos, indecisos, etc.

La asamblea
En alianza con la delegación independiente que comandaba Augusto Casallins, los moiristas, desde el comienzo mismo de la asamblea, precisaron diáfanamente su posición contra el gobierno pro-yanqui de Turbay, los monopolios financieros y el Consejo Nacional Sindical. Repudiaron las entregas de la UTC y la CTC, al igual que las componendas de su carnal, la CSTC. Al intervenir en la plenaria, Hugo Cruz, presidente de ACEB, denunció las felonías del social imperialismo soviético contra los pueblos de Polonia y Afganistán y, además, reiteró el principio del no alineamiento como base para el frente único revolucionario en Colombia. Por último, rindió un informe detallado y claro de su gestión al frente del sindicato.

Al llegar el momento de las primeras votaciones, el bloque oportunista pretendió vetar a nueve delegados, todos precisamente del MOIR. Tan avieso propósito originó un largo debate de dos días, que terminó por destapar las maniobras y oscuras ambiciones burocráticas de la fracción que dentro de nuestro Partido posaba de “defensora de la democracia”.

La asamblea nombró la nueva junta directiva y Hugo Cruz fue reelegido como presidente, en rotunda demostración de apoyo a su actividad. Asimismo ratificó los tres principios de la unidad sindical; reprobó las continuas traiciones del CNS; denunció el aleve asesinato del Oscar Restrepo, concejal del MOIR en Puerto Triunfo, perpetrado por elementos adscritos a los servicios de inteligencia, y, finalmente, sancionó pliegos de peticiones para los bancos de Bogotá, Anglo-colombiano, Comercial Antioqueño, Ganadero y del Comercio, que serán tramitados entre julio y octubre del corriente año.

Otro campo de confrontación

En la XXVIII Asamblea Nacional del Sindicato de la Caja Agraria, realizada en Villeta, Cundinamarca, el 20 y 25 de abril, nuestro Partido demostró que continúa siendo el destacamento mayoritario. De los 124 delegados que asistieron al evento, en representación de 13.000 trabajadores, 42 pertenecían al MOIR, 40 a los distintos grupos m-l 30 a la fracción renegada, 8 al revisionismo y 14 a otros partidos.

Tras prolongada discusión en que se ventilaron los candentes asuntos que dividieron al proletariado mundial, y en que de nuevo abundaron las condenas a las concepciones revisionistas de la revolución colombiana, la reunión adoptó resoluciones contra el social imperialismo soviético y el Consejo Nacional Sindical ratificó la fusión de Sintracreditario con ACEB, y rechazó la reciente declaratoria de los asalariados creditarios como empleados públicos.

La fracción de los Ñañez, confabulada con los grupos ml y el revisionismo, logró imponer sin embargo, la participación de Sintracreditario en la llamada Coordinación Nacional de Conflictos, conforme a su posición contradictoria y vacilante.

La votación para la junta directiva arrojó un resultado positivo. La plancha encabezada por Ángel Peñuela, del MOIR, obtuvo cuatro directivos, tres la de los grupos m-l, dos la de la fracción desertora y uno la de los independientes. Rafael Conde fue destituido de la presidencia y en su lugar quedó elegido Joaquín Saray.

ALECCIONADORAS JORNADAS DE LA JUVENTUD PANAMEÑA

Bajo las últimas lluvias del invierno, miles de jóvenes desfilaron en repetidas ocasiones por las principales avenidas de Ciudad de Panamá para repudiar la ley que organiza la universidad y que fue sancionada el 9 de junio por el gobierno que preside Arístides Royo. Desde finales de mayo las demostraciones contra el proyecto oficial se habían acrecentado y vuelto más beligerantes. En una clara provocación, uniformados de la Guardia Nacional ocuparon violentamente una noche los predios universitarios. Diez estudiantes resultaron con heridas de consideración. Sin dejarse arredrar, una vez más, el 11 de junio, los alumnos recorrieron la Avenida Central con una larga marcha. Al pasar frente al Palacio Legislativo, fueron saludados exclusivamente por centenares de obreros del sector de la construcción que permanecían allí para exigir la aprobación de un decreto de reajuste de salarios.

El actual movimiento de los estudiantes panameños se inició desde septiembre del año pasado, cuando se reanudaron las protestas contra el decreto 144 de 1969, que reglamentó el funcionamiento de la Universidad de Panamá, única entidad de educación superior pública que existe en el vecino país. Por medio de ese decreto, el gobierno militar que consiguió el poder luego del golpe de Estado de 1968 quiso someter y controlar a las mayorías del alma mater. La medida eliminó la autonomía de la institución, abolió la libertad de cátedra, integró un consejo directivo con personas ajenas a los problemas de la docencia, dio vía libre para que el Ejecutivo interviniera en los asuntos internos de la universidad y la manejara como un Ministerio más, creó un llamado “cuerpo de seguridad” para reprimir a la izquierda y liquidó las posibilidades de organización política del estudiantado.

En el segundo semestre de 1980 los alumnos, el profesorado y los trabajadores del centro docente prosiguieron la batalla y se fusionaron en un organismo de dirección, la Coordinadora Estudiantil Universitaria. A nivel de masas se discutió entonces un proyecto de ley para oponerlo al 144, conocido como “decreto mordaza”. Una vez más volvieron a escucharse las consignas que demandaban “una educación nacional, democrática, científica y popular”; la derogatoria del 144; la instauración de un efectivo gobierno con la participación paritaria y proporcional de profesores y estudiantes; la eliminación del “cuerpo de seguridad”; el aumento del presupuesto; la elección democrática del rector, decanos y demás integrantes de los organismos colegiados; el respeto a la autonomía y a la inviabilidad del alma mater por parte de los militares; el reconocimiento de las organizaciones de los profesores y educandos, y otras reivindicaciones.

Ante la combativa posición de la mayoría de los 29.000 matriculados y de los 2.000 catedráticos, el Consejo Nacional de Legislación se vio obligado a discutir un proyecto de ley que sustituyera el decreto 144. Sin embargo, el régimen de Royo-Torrijos y los parlamentarios voceros de las corrientes gobiernistas, como el Partido Revolucionario Democrático, la Democracia Cristiana y el Partido Liberal, vetaron el proyecto 51, presentado por la comunidad universitaria, y respaldaron el proyecto 67, auspiciado por la reacción. En esta tarea contaron con el apoyo del Frente de Reforma Universitaria, organización juvenil del Partido Revolucionario Democrático, principal sostén de Royo y Torrijos, y con la labor de zapa del Frente Antiimperialista Universitario, instrumento del Partido del Pueblo, agente del socialimperialismo soviético en el Istmo.

En la concordancia con la política melindrosa con la que La Habana le da su visto bueno a Royo y a Torrijos, los revisionistas panameños decidieron torpedear la batalla estudiantil, aduciendo que no querían favorecer las posibilidades de un golpe de Estado de la derecha. Años atrás, en 1976, estos mamertos centroamericanos habían incurrido en una traición igualmente execrable, cuando numerosos sectores de la clase obrera se levantaron a combatir contra la ley 95, que recortó importantes derechos sindicales. Entonces el llamado Partido del Pueblo se marginó de la pelea y descaradamente anunció que era preferible aceptar la voluntad oficial para no entorpecer la firma del tratado Carter-Torrijos, que ya también había sido criticado por varias organizaciones de la izquierda, entre ellas el Buró de Reconstrucción del Partido Comunista de Panamá.

Después de ignorar los planteamientos estudiantiles y de sofocar con gases lacrimógenos y a bayoneta las concentraciones públicas, el presidente Arístides Royo estampó su firma en la nueva ley que reglamenta la Universidad de Panamá. Millares de alumnos y profesores regresaron a las vías y dieron rienda suelta a su indignación. Las muestras de repulsa a la injusta medida se extendieron a los centros regionales universitarios de provincia, dependientes de la sede central. Todo el pueblo panameño vio con manifiestas pruebas de simpatía la beligerancia estudiantil. Sólo los partidos de la oligarquía y los intermediarios de Moscú y La Habana aprecian con buenos ojos los dictados de Royo y Torrijos, que han conducido a Panamá a una grave situación económica y social, con una tasa de desempleo que sobrepasa el 20 por ciento y una deuda externa de casi 4.000 millones de dólares. Contra este estado de cosas han venido mostrando su desavenencia los de abajo. Apenas en lo que va corrido del año se destacan las movilizaciones de los trabajadores de la caña, de las fábricas de aceite, de la bananera Chiriquí Land Company, de los puertos de Cristóbal y Balboa, del Ministerio de Obras Públicas, de Air Panamá, de la construcción y de las factorías de utensilios de aseo. Hay que subrayar además la creciente hostilidad de las masas contra la prolongación de la presencia norteamericana en la Zona del Canal y contra el tratado Carter-Torrijos.

SANGRIENTA REPRESIÓN EN BARBOSA

El incumplimiento de un pacto entre el gobierno y el movimiento Comuneros 81, referente a los servicios públicos de Barbosa y Vélez, y la imposición de los exorbitantes reajustes de tarifas exigidos por el Banco Mundial, aparte del pésimo estado de las carreteras de la región, constituyeron suficientes motivos para que los habitantes de estos municipios organizaran y realizaran un aguerrido paro cívico el 5 de junio.

A las ocho de la mañana se dieron cita en Barbosa más de 2.000 personas procedentes de Vélez, quienes a pie o en vehículos que se atrevieron a transitar por la “carretera trocha”, fueron agrupándose junto con otros tantos habitantes del lugar.

Con el objeto de interrumpir el tráfico, las gentes, en número aproximado de cinco mil, desfilaron combativamente por la carretera central, encabezadas por Jorge Velandia, cura párroco de Vélez y máximo dirigente de Comuneros 81. Sabían de antemano que si no se llevaba a cabo una acción efectiva, el gobierno no daría la más mínima solución a sus problemas.

Cuando se iban acercando al Puente de la Libertad, sobre el río Suárez, divisaron en él algo más de mil soldados fuertemente armados. Un oficial, al percatarse de la magnitud de la manifestación, ordenó a su tropa iniciar el “paso de carga”, y al mismo tiempo se escucharon varias detonaciones. Sin embargo, el pueblo con decisión y guapeza se sobrepuso a la intimidación, hasta encontrarse frente a frente con la soldadesca amenazante. Las masas continuaron avanzando para cumplir el objetivo de tomarse el puente, ante lo cual el ejército disparó a quemarropa. La primera en caer fue Lucy Carrillo, una joven de 14 años. Las balas oficiales alcanzaron a otras siete personas. La sevicia de los uniformados llegó a tal extremo que arremetieron a bayoneta calada, dejando a su paso numerosos heridos.

Los manifestantes tuvieron que replegarse hasta la plaza de mercado. Allí el padre Jorge Velandia continuó su valiente intervención, en la que señaló: “Venimos a hablar de nuestras necesidades y nos han respondido con violencia”.

El comercio cerró sus puertas y la Junta de Comuneros 81 decidió iniciar una “Marcha del silencio” hasta la Alcaldía, a fin de exigir la libertad de los detenidos. Cuando el desfile pasó frente a la casa de la joven asesinada se hizo un minuto de silencio. El padre de Lucy Carrillo dijo: “El Ejército mató a mi hija y hubiera podido matar a cualquiera de ustedes. Yo entiendo que en las luchas del pueblo siempre hay muertos y hoy le tocó a mi hija, esta es la primera víctima de Comuneros 81. Ahora que ya sabemos que nos quieren masacrar debemos organizarnos y unidos defendernos”.

Ha sido una batalla más del pueblo en defensa de sus derechos y en busca de su bienestar, a la cual el régimen turbayista replicó como siempre, despóticamente, pues su mandato sólo se encamina a proteger a una minoría oligárquica y a negar las más elementales reivindicaciones de las mayorías populares.

Paro cívico en Paipa

A raíz del montaje anti-técnico de cuatro unidades termoeléctricas en Paipa, sin la instalación de filtros que impidan la lluvia de cenizas industriales, los habitantes de este municipio boyacense promovieron un paro cívico el día 12 de junio. Desde luego, las distintas organizaciones populares habían presentado ante el gobierno las peticiones de rigor y agotado los trámites necesarios.

En la lucha participó un alto porcentaje de la población, movilizándose por las principales vías e impidiendo el tránsito de vehículos. Después de las acciones aparecieron los pregoneros de la demagogia turbayista, ofreciendo ficticias y mentirosas soluciones que no satisfacen el justo reclamo de vecinos y trabajadores de la comarca. La pelea proseguirá, ya que los moradores de Paipa y demás municipios circundantes continúan gravemente amenazados por la contaminación originada en la termoeléctrica.

EN LA COSTA ATLÁNTICA: LA NEGRA HISTORIA DEL TABACO NEGRO

Para los cosecheros del tabaco de la Costa Atlántica parece que el tiempo no hubiera transcurrido. Allí este producto aún se rige por métodos de cultivo y formas de elaboración y de comercio propios del pasado. Sembrar la hoja no ha dejado de ser un riesgo funesto. Sin tierra, sometidas a las vetustas relaciones de aparcería y a los “adelantos”, sistema de pago establecido desde 1856, diez mil familias de campesinos pobres están condenadas a trabajar como siervos y comprometidas de antemano a entregar la cosecha por los exiguos precios que fijan unilateralmente las firmas exportadoras.

Hace poco más de un siglo, el tabaco figuraba entre los principales productos de exportación del país, al lado de la quina, el oro y los sobreros. Hoy es apenas un renglón en las exportaciones menores. En los departamentos de Bolívar, Magdalena y Sucre se cultivan anualmente diez mil hectáreas, con una producción de 15 mil toneladas, de las cuales el 97 por ciento se destina a los mercados internacionales. Las compañías que lo alistan y comercian ocupan cinco mil obreros. Estos asalariados laboran a destajo cerca de seis meses al año. Su remuneración es irrisoria y de ella tienen que sobrevivir largas temporadas sin empleo. Mientras tanto, las empresas no han cesado de obtener en los últimos años pingües ganancias. En el solo periodo de 1980 a 1981, vendieron en el exterior el kilo de tabaco aproximadamente a 106 pesos, cuando a los campesinos se lo compraron a un promedio de 25 pesos.

Tamaño despojo se refleja en la miseria de los pueblos de la zona tabacalera. El Carmen y Ovejas, el primero municipio de Bolívar y el segundo de Sucre, son poblaciones que reviven apenas durante el lapso de la cosecha. En menor medida, el fenómeno se palpa en los municipios cercanos de San Jacinto, Plato, Zambrano, San Juan, San Pablo y Palmitos. Inmediatamente finaliza el proceso de 7 meses de recolectar, secar, alisar, clasificar y empacar, viene la desocupación forzosa; la mitad de los almacenes cierra sus puertas, crece la lista de los alimentos fiados en las tiendas y los hombres viajan a buscar el jornal en otras regiones, incluso Venezuela. Los empresarios humillan a las mujeres que les piden anticipos y las que los reciben se ven obligadas a compromete su trabajo futuro por recortados estipendios. No hace mucho, en Ovejas y en El Carmen de Bolívar era frecuente que los patronos, luego de prestar a las obreras dos o tres mil pesos propusieron desvergonzadamente “¡con tu hija me los pagarás!”.

“El Carmen de Bolívar, productora de dólares”, dice una valla a la entrada del más antiguo centro tabacalero de la Costa, un viejo pueblo de calles polvorientas y desiguales que carece de servicios durante la mayor parte del año. En el verano se llega a pagar hasta 60 pesos por un tarro de agua maloliente. Las madres bendicen al cielo cuando sus hijos llegan a los cinco años sin haber perecido por las infecciones y las enfermedades gastrointestinales. Ciertamente lo único que ha acopiado El Carmen de Bolívar, después de ciento treinta y cinco años de cultivar tabaco, ha sido la pobreza con todas sus trágicas secuelas.

La accidentada trayectoria de la solanácea
El tabaco fue un arbusto desconocido para el Viejo Mundo hasta el descubrimiento de América. Originario de las Antillas, las comunidades indígenas precolombinas lo aprovechaban con fines medicinales. Además practicaron la costumbre de mascar y fumar sus hojas o de aspirar el polvo que de ellas extraían.

Se relata que en 1518 el misionero español fray Romano Pane remitió a Carlos V semillas de la planta, que el emperador mandó a sembrar. Desde entonces se cuenta la introducción de la solanácea a Europa. Al navegante, político y poeta inglés Sir Walter Releigh, colonizador de la Guyana y fundador de la colonia de Virginia en territorio norteamericano, cúpole la distinción de impulsar la costumbre de fumar en Inglaterra. Aunque la manía de inhalar humo se conocía en la milenaria China, mediante la utilización del cáñamo especialmente preparado en preciosos recipientes, le correspondió al tabaco allanar el camino para que aquel hábito se impusiera en los continentes. Las terribles condenas que pesaron sobre los primeros adictos – en Rusia se les castigaba con la amputación de la nariz- no lograron impedir su propagación. La República Popular China, Estados Unidos, India, Brasil, la Unión Soviética, Turquía, Japón y Bulgaria, son hoy, en este orden, los mayores productores de la planta. Colombia ocupó en 1979 el puesto 17 entre los países cosechadores, con un total de 63.000 toneladas.

Siete gigantescas compañías monopolizan en la actualidad el mercado de los cigarros y los cigarrillos en el orbe. Se trata de la British American Tobacco, la Imperial, Tobacco Company, la Philip Morris (fabricante de Marlboro), la R.J. Reynolds, la Gulf and Western, el Grupo Rembrandt Rothmans y la American Brands. Estos pulpos, que surgieron a finales del siglo pasado, controlan aproximadamente nueve décimas partes de todo el tabaco elaborado en Occidente.

Durante la Colonia, en la medida en que el negocio se iba consolidando, la Corona Española estableció controles al cultivo y al comercio de la hoja en la Nueva Granada. La explotación del entonces llamado “tabaco de humo” había llevado cierta prosperidad a las provincias de Socorro, Vélez, Cauca, Antioquia y Mompox, y a las regiones de Ocaña, Honda y Ambalema. Mientras tanto, España estaba acosada por sus cuantiosas deudas externas y cercada militar y económicamente por Inglaterra y Francia. En esta situación la metrópoli aumentó la expoliación de sus posesiones de ultramar. A mediados del siglo XVIII, Carlos III implantó los denominados estancos. El aplicado al tabaco fue a lo largo y ancho del imperio hispano, uno de los que mayores ingresos le reportó a la Real Hacienda.

A causa de las inicuas cortapisas que obstruían el desarrollo, los cultivadores y comerciantes se levantaron en numerosas ocasiones contra las autoridades españolas. En el movimiento comunero de 1781, los tabacaleros, al lado de las resueltas huestes de Galán, ocuparon un puesto digno de mención. Casi cien años después, a mediados del siglo XIX, el tabaco sería de nuevo un decisivo factor en la vida de la naciente República.

Desde 1854 y hasta 1874 figuró a la cabeza de los principales productos de exportación y que más divisas le generaban a Colombia. Ambalema y Honda, en las llanuras del Tolima, constituían cabeceras de importantes plantaciones. Los aletargados pueblos nacidos durante la Conquista reverdecieron con la prosperidad traída por el comercio del tabaco. La navegación por el río Magdalena se modernizó con la introducción de poderosos vapores y el país comenzó a romper el enclaustramiento y a ponerse en contacto con determinados inventos venidos de Norteamérica y Europa. A estos adelantos contribuyó en no poca medida la abolición del monopolio del tabaco, conseguida bajo la administración de José Hilario López, en 1850, luego de ser derrotadas las fuerzas retardatarias que se beneficiaban de aquel privilegio. Otra consecuencia del apogeo de la explotación de la hoja fue la aparición de algunos núcleos precursores del proletariado colombiano. En Ambalema, por ejemplo, se instalaron las llamadas “casas de aliños”, con concentraciones de hasta 500 trabajadores, donde se manufacturaban los cigarros.

El tabaco colombiano llegó a cotizarse exitosamente en la bolsa de Londres. Pero la competencia de calidades mejoradas y las trabas aduaneras de algunos países europeos, los altos gravámenes internos y la insuficiencia de los mercados domésticos hicieron que el efímero auge en la explotación de la planta llegara a su fin. Desde entonces pasó a ser un renglón secundario.

Todavía bajo la noche feudal
A comienzos de este siglo en Colombia se inició la industrialización del tabaco; sin embargo, su cultivo continúa entrabado por los mismos métodos primitivos que se empleaban en la Colonia. En pequeños fundos, por lo general menores de 2 hectáreas, los tabacaleros laboraban infatigable y desesperanzadamente. “La vida del cosechero, tanto antes como ahora ha sido angustiosa. Las ganancias son para el terrateniente, el intermediario y los explotadores”, dice un anciano que se dedicó siempre a estos menesteres. Con la rabia y la amargura asomadas en su rostro curtido, explica, mientras señala la inmensa llanura tapizada de pastos: “Nuestra suerte es injusta y cruel. Somos miles de campesinos errantes que hemos trabajado estas regiones. Con nuestras manos derribamos la selva y domesticamos las sabanas; y luego los terratenientes nos arrebataron las tierras. Desde entonces hemos estado sometidos a sus infamias”.

En efecto, solamente una contada minoría es dueña de sus parcelas. Las estadísticas oficiales registran como propietarios a los usuarios de las empresas comunitarias, en las que realmente el derecho de propiedad les ha sido burlado por el Estado. El resto de los labriegos, miles de familias, vaga errante, cual primitivas tribus nómadas. Terminadas las faenas, desbaratan sus caneyes que son unos grandes bohíos rectangulares, sin paredes y con techos de palma amarga que llegan hasta el suelo, en los cuales secan las hojas y en donde reservan un pequeño rincón para dormir. Luego, con sus escasas pertenencias a cuestas, emprenden una incierta marcha a pie, en búsqueda de un nuevo terruño para arrendar.

A través del supérstite sistema de aparcería, los latifundistas les entregan a los campesinos, pequeñas extensiones denominadas “cuarterones”, con la contraprestación de que una vez cumplido el ciclo productivo del tabaco, las devuelvan cubierta de pastos, para sus vacadas. Sin recursos monetarios suficientes, ni maquinaria, los siervos tienen que doblar su espinazo de sol a sol, acompañados por sus mujeres y sus pequeños, para cancelar con esta prestación personal la obligación contraída de extender los potreros de los déspotas del campo.

Otros, los arrendatarios, pagan altas sumas por el terraje. En época de elecciones los gamonales exigen hasta 30 cédulas a cambio de ceder una hectárea. Estas ataduras han provocado en el pasado enconadas luchas. Entre las más recientes sobresalen las libradas, por los aparceros de Sucre, quienes entre 1970 y 1973 efectuaron más de 300 invasiones. En 1972, en El Carmen de Bolívar, los arrendatarios, que generación tras generación habían trabajado medio siglo para los terratenientes de las haciendas “La Soledad” y “buenos Aires”, protagonizaron una batalla tenaz por conquistar la tierra, en la que varios de los cultivadores fueron vilmente asesinados.

Como respuesta del gobierno, miles de trabajadores fueron apeñuscados en empresas comunitarias, después de que el Incora les comprara a los latifundistas los peores suelos por mucho más de lo que en realidad valían. Para principios de la década del 70, en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre se concentraba el 50 por ciento de aquellos proyectos de la demagógica reforma agraria del régimen oligárquico. Hoy, la inmensa mayoría de tales concentraciones agrícolas, en muchas de las cuales se cultiva el tabaco, está en la ruina. En la finca “La Esperanza”, del Carmen de Bolívar, por ejemplo, donde se asentaron quince empresas comunitarias, solo una logra aún subsistir con muchas dificultades, 4 desaparecieron por quiebra y en los 10 restantes el Incora hace esfuerzos desesperados por reagruparlas y mantenerlas. Acorralados por la bancarrota y por los cobros apremiantes, centenares de labriegos han tomado conciencia del engaño oficial y les han dado la espalda.

La penosa existencia de los cosecheros
Desde los primeros días de febrero, los hombres más fuertes pican y preparan los terrenos. En abril se disponen los semilleros. Los menores se encargan de regar los esquejes y de mantener húmedos los surcos. Tienen que traer el agua desde lejanos jagüeyes, apoyando sobre sus hombros los balancines con las vasijas. En mayo y en junio toda la familia, más los jornaleros contratados, se dedican a la siembra, que realizan a mano. También a mano irrigan y recogen la hoja.

Esta última faena se completa de agosto a diciembre y hállase a cargo de los hombres. Las mujeres y los niños son los responsables de clasificar las hojas según su calidad y de ensartarlas en cabuyas, que luego los mayores guindan en hileras bajo el techo del caney. Con el objeto de acelerar el secado los campesinos prenden hogueras; grandes y pequeños se turnan día y noche para alimentar y vigilar el fuego. Concluida la operación, la familia arma los mazos, los empaca por bultos y los entrega finalmente a los corredores o intermediarios de las exportadoras. Por todas estas meticulosas tareas, el tabaco ha sido considerado un quehacer artesanal, “en el cual prácticamente hay que fabricar hoja por hoja”.

Según cifras del Ministerio de Agricultura, en 1978 el tabaco negro es el cultivo que ocupa el mayor número de jornales por hectárea. Mientras al café se le calculan 124, a los frutales 150, a la caña panelera 120, a la yuca 100, a la papa 110, al algodón 60, aquel requiere 300 jornales anuales.

A pesar de lo duro, lo prolongado y absorbente de su trabajo, los ingresos que obtienen los campesinos pobres apenas les alcanzan para sobrevivir con una ración diaria de arroz, ñame y yuca. Los vegueros, sin un céntimo de ahorro, siempre negados de crédito, se hallan inexorablemente en las garras de los corredores mencionados, a través de los cuales los empresarios les adelantan víveres, ropas y diversos utensilios, y los comprometen a entregar la cosecha a precios bajos fijados arbitrariamente. Los compradores califican a su antojo la hoja y adulteran las romanas en que pesan los bultos de mazos. A los agricultores se les recibe la mayoría de su tabaco como si fuera “jamiche”, que es de tercera calidad, y en mínimas proporciones como “capote”, que es el de segunda, o “capa”, que es el de primera. Además, los precios difícilmente se incrementan y, en algunos años, por el contrario, se han reducido. Mientras en 1972 las cotizaciones de la primera, segunda y tercera categoría fueron respectivamente de 18, 15 y 12 pesos por kilo, cinco años más tarde los pagos para esas mismas clasificaciones bajaron a 16, 13 y 10 pesos. En 1980, la “capa” se canceló a 35 pesos, el “capote” a 25 y el “jamiche” a 16, y para 1981 los sembradores no obtendrán aumentos sustanciales.

Es tal la bancarrota, que el ICA, en una evaluación hecha en las sabanas de Sucre, calculó que los tabacaleros habían perdido 920 pesos por hectárea sembrada en 1977. Merced a los procedimientos anacrónicos y al empleo de la fuerza de trabajo no remunerada de sus mujeres y de sus hijos, los cosecheros apegados a la costumbre y sin otra alternativa, aún se aventuran en la siembra del tabaco.

La política tradicional del gobierno para esta labranza ha sido la de no otorgar crédito a sus cultivadores. En la Costa, en 1976, a tiempo que las exportadoras repartieron 45 millones de pesos en anticipos, la Caja Agraria apenas suministró 3 millones en préstamos a los campesinos.

Vale la pena recordar que en 1973, en Sucre, como respuesta a la fuerte presión de los aparceros sobre los latifundistas y al grave problema del desempleo, el Incora diseñó un plan de emergencia que contemplaba amplios créditos. Se presentó entonces una superproducción y los exportadores, amos absolutos del mercado, aprovecharon el momento para disminuir drásticamente los precios. Hubo ocasiones en que beneficiándose de la bonanza, pagaban a peso el kilo de tabaco. De vereda en vereda, cultivadores iracundos fueron aunando su inconformidad. En El Carmen de Bolívar, en Ovejas, en Palmitos, se protagonizaron combativas manifestaciones en las que, por indignación contra el gobierno, los campesinos quemaron arrumes de pacas de tabaco.

Sacando lecciones de estas amargas experiencias, los tabacaleros costeños empiezan a enrumbarse por nuevos caminos. Ahora se organizan en ligas campesinas, cuya orientación y manejo están bajo su control, sin ninguna injerencia del Incora ni del gobierno. Además incitan a la lucha por la tierra y proyectan diversificar su producción buscando sacudirse el yugo centenario.

Las contiendas de los proletarios
El 80 por ciento de los cinco mil obreros que alisan la hoja en las factorías esparcidas a lo largo de la zona tabacalera costeña, son mujeres, algunas menores de edad. Ellas laboran al lado de los hombres, enclaustradas en inhóspitos galpones inundados por el acre olor de la nicotina que impregna el ambiente. Son frecuentes las náuseas y la neumoconiosis, conocida en la región como “tabacosis”, afección crónica causada por la adherencia en el aparato respiratorio del polvillo que desprende la hoja.

Quien lo contrae queda por lo general expuesto a otras enfermedades del pulmón. Los patronos se han negado a atender los reclamos de los trabajadores para que en los depósitos se instalen adecuados sistemas de ventilación.

Después de superar numerosos inconvenientes, los asalariados consiguieron crear, en 1972, el Sindicato de Trabajadores de Empresa de la Industria del Tabaco de la Costa Atlántica. Diez años atrás, los obreros habían realizado un paro por mejores salarios.

En 1973, la naciente organización obtuvo una resonante victoria tras nueve días de huelga, en la que contó con el apoyo de los cosechadores del tabaco. Los vegueros caminaban desde sus parcelas hasta las carpas de los huelguistas para llevarles provisiones y darles su aliento. Los combatientes alcanzaron a imponer 42 de los 50 puntos exigidos.

En 1975, los explotadores se negaron a negociar el pliego pretextando que se encontraban al borde de la quiebra. Desconocieron el sindicato y coaccionaron a los afiliados a firmar pactos colectivos, dentro de una maquiavélica maniobra para dividirlos. Cuando los explotados, en legítima defensa, declararon el cese, la entonces Ministra del Trabajo, María Helena de Crovo, ilegalizó el movimiento y suspendió la personaría jurídica de la agrupación sindical.

Los capitalistas recurrieron a distribuir en patios, garajes y otros locales los oficios que antes se efectuaban en loa galpones, con el objeto de subcontratar grupos de alisadores de no más de 20 personas, a los que pagan menos y les niegan cualquier tipo de prestación. Pero los pulpos exportadores ‘Espinosa Hermanos’, ‘Tabacos Bolívar’, ‘Tabarama’ y ‘Tabacos Caribe’, con fuertes inversiones de capital holandés y norteamericano, Tabacalera El Carmen y Tabacos E. Pérez V, supieron del tesón y la entereza de la masa proletaria, y del odio que ha acumulado durante años de vejación y expoliación.

Marchando al lado de los diez mil cultivadores del tabaco de la Costa, los cinco mil proletarios que manipulan la hoja esperan sobreponerse algún día a la miseria. Como lo dijera el Comité Municipal del Frente por la Unidad del Pueblo, FUP, de El Carmen de Bolívar, “un buen día de éstos los cosecheros y los jornaleros abrirán de par en par las compuertas que represan su cólera y se lanzarán por campos y ciudades a saldar cuentas con sus explotadores y verdugos”.

REPORTAJE SOBRE LA HISTORIA COMUNERA

La siguiente es la primera parte de una entrevista con el compañero Gustavo Quesada, historiador y dirigente del MOIR, quien ha estado estrechamente vinculado a las tareas conmemorativas del bicentenario de la Revolución Comunera. En el próximo periódico publicaremos la segunda parte de este reportaje.

¿Cuáles fueron las causas del movimiento de los Comuneros?
La causa más general la encontramos en la contradicción entre la masa de campesinos, artesanos y comerciantes, surgidos en el Virreinato primordialmente a lo largo del siglo XVIII, por una parte, y los amos de la sociedad colonial feudal y esclavista, por la otra. El primer sector, representante de los más avanzado de las fuerzas productivas en el Nuevo Reino, tenía su más acabada expresión en el norte de la provincia de Tunja, hoy Santander, donde proliferaron las pequeñas y medianas estancias dedicadas al cultivo del tabaco, la caña, el algodón, el cacao y el banano. Los artesanos, que procesaban el algodón, el fique y la lana, y los comerciantes que distribuían los productos agrícolas y manufacturados se asentaron en los embrionarios centros urbanos. En los valles del Magdalena y el Cauca, estimulados por el fácil transporte fluvial; en el piedemonte de los Llanos Orientales y en las fronteras con la Capitanía General de Venezuela se repetían, aunque en menor escala, condiciones semejantes. Simultáneamente se presentaban otros fenómenos.

Las tribus indígenas se descomponían aceleradamente rompiendo las “reducciones” establecidas por España; el contrabando acicateaba el desarrollo de la producción y el comercio, y los mercaderes, en contacto con los contrabandistas ingleses, iban adquiriendo noción de los cambios que sacudían al orbe entero.

Era inevitable el choque. La nueva sociedad en gestación exigía liquidar la economía natural, mediante la abolición de los resguardos, de los impedimentos a las actividades comerciales y de los múltiples tributos eclesiásticos y civiles.

El mundo era escenario del combate a muerte entre el capitalismo ascendente, cuyo campeón era Inglaterra, y el feudalismo en declive, cuyo bastión era España. En esta lid, que caracteriza la época y que sirve de marco a la insurrección comunera, estaban a la orden del día, la supresión del viejo sistema colonial, el entierro del feudalismo y el triunfo de la revolución democrático – burguesa.

En junio de 1979 España le declara la guerra a Inglaterra. La poderosa armada inglesa se adueña del Caribe y amenaza los puertos españoles. ¿Cómo hacerle frente si las cajas reales están vacías? Los regentes visitadores saben la respuesta: monopolio estatal del tabaco y del aguardiente y aumento de sus precios; cobro de la alcabala para distinta clase de artículos; impuestos de pulperías, únicas autorizadas para el comercio al detal; restablecimiento del gravamen para la Armada de Barlovento; recaudación del Gracioso donativo, etc. Los guardas de la renta acechan por los caminos, husmean en los fundos campesinos, decomisan tabaco, queman cosechas, encarcelan, torturan, azotan.

El encadenamiento de los sucesos internacionales con los locales crea las condiciones necesarias para el estallido de la insurrección. A la contradicción entre la economía mercantil y el régimen colonial y feudal se agregan la reforma tributaria borbónica y calamidades naturales que hicieron aún más agobiante la situación del pueblo.

La guerra da el toque a rebato. El ambiente, caldeado por las disposiciones de Gutiérrez de Piñeres, hierve con los rumores del alzamiento de Túpac-Amaru en el virreinato del Perú, que llegan al Socorro por miles de conductos secretos. El virrey Flores, con los pocos soldados del Reino, se encuentra en Cartagena preparando la defensa del puerto contra un posible ataque inglés. El 22 de octubre de 1780 se amotinan los de Simacota, el 29 del mismo mes los de Mogotes. El 18 de diciembre los de Charalá. Ni un alabardero del Rey se hace presente. Y el 16 de marzo de 1781, cuando los habitantes del Socorro rabian a más no poder por el bando sobre los nuevos impuestos, el motín se desata también en la Plazuela de Chiquinquirá. Los aldeanos del oriente salen del anonimato y entran con todos los honores en las páginas de la historia.

¿Qué clases sociales tomaron parte en la insurrección?
La fuerza fundamental y la vanguardia son los productores y comerciantes de la hoy llamada provincia comunera. Ellos son quienes protagonizan los primeros incidentes y quienes conmueven el Reino. Galán era un campesino cultivador de tabaco de Charalá. Alcantuz, un talabartero radicado en Simacota. Isidro Molina, cosechero de tabaco. Roque Cristancho, los hermanos Ardila, Miguel de Uribe, José Delgadillo y el mismo Juan Francisco Berbeo eran comerciantes adinerados del Socorro, los dueños de las mejores tiendas, los únicos que se codeaban con las autoridades de la Villa y de Santafé. A algunos de estos, como Berbeo, sus negocios los obligaban a viajar hasta Curazao. Ellos son quienes preparan los motines del 16 de marzo y quienes figuran a la cabeza del movimiento hasta la capitulación. Y era lógico que así fuese. Las exacciones y la política retardataria española recaían principalmente sobre quienes labraban la tierra y atendían las artes y el comercio. Alcabalas, diezmos, peajes, pontazgos y estancos los esquilmaban a diario. Para mejor apreciar la importancia de este sector social y de la provincia comunera durante la colonia, y por ende, en la insurrección, señalemos que la Villa del Socorro constituía la mayor fuente de diezmos eclesiásticos de la Nueva Granada. Recaudaba 39.993 pesos, mientras Tunja apenas 25.360 y Santafé 10.692, los ingresos de su cura párroco superaban a los del obispo de Santa Marta. Los días de mercado configuraban verdaderas ferias que reunían a campesinos y comerciantes de todas las aldeas y comarcas circunvecinas.

A finales del siglo XVIII, ante la expoliación colonial y el “despotismo ilustrado”, comienza a despuntar el sentimiento nacional, al cual no serán ajenos ni siquiera los representantes de la gran propiedad inmobiliaria. Terratenientes como el Marqués de San Jorge, Jorge Tadeo Lozano, Javier Mendoza y los Jaramillo, de Antioquia, alentaron el alzamiento. Funcionarios como Manuel García Olano, administrador del correo de Santafé, y Fernando de Vergara, miembro de la Real Audiencia, hacían de informadores de los comuneros.

Clérigos como Francisco de Vargas, de la parroquia del Socorro, y Efray Ciriaco de Archila, lego del convento de Santo Domingo y vate de la revolución, conspiran permanentemente. La mayoría de los cabildos del Nuevo Reino ratifica los nombramientos de los capitanes del Común y se pliega a los comuneros.

A diferencia de la rebelión de Túpac-Amaru, en la cual los indígenas fueron cabeza y base del movimiento, en la del Común éstos jugaron un papel secundario, aunque se incorporaron activamente a la lucha. Cuando, en mayo de 1781, los insurrectos nombran a Ambrosio Pisco Señor de Chía y Príncipe de Bogotá, no realizan un acto simbólico para ganar la adhesión de la indiada, ni una treta para comprometer al pacífico comerciante de Güepsa. Se trataba de conseguir la abolición del tributo de indios, la entrega de los resguardos en propiedad a sus legítimos dueños y la devolución a los naturales de las minas de sal de Zipaquirá, Tausa y Nemocón.

Los negros también se sumaron a la revuelta. Cuando José Antonio Galán llega a la hacienda “La Niña” y a la mina de “Malpaso”, el 18 de junio y libera a los esclavos, la noticia se esparce a los cuatro vientos. Los trabajadores forzados de la hacienda Villavieja azotan a sus amos; el esclavo Vicente de La Cruz encabeza el común en Tumaco, y el mulato Pelayo Lora organiza la sublevación en Santa Fe de Antioquia.

Cada clase, cada sector social participó de la revuelta motivado por sus propias reivindicaciones que, en conjunto, configuran elementos esenciales de la veja revolución democrática en Colombia. Faltó quien las clarificara, a la luz del pensamiento revolucionario de la época, y quien condujera las masas a la victoria.

¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos?
El 16 de marzo en las horas de la mañana se inician los motines en el Socorro. Era viernes y día de mercado. A primera hora los guardias de la renta le decomisan a una mujer del pueblo, Manuela Beltrán, campesina entrada en años, un ovillo de hilo y un manojo de algodón, acusándola de no haber pagado la alcabala. Cuando la discusión genera el tumulto, por una esquina de la plaza aparece José Delgadillo tocando tambor, seguido por los hermanos Ardila, roque Cristancho y Miguel de Uribe, conocidos en el lugar como los “Magnates de la plazuela”. Se forma un desfile que, a los gritos de “Viva nuestro rey de España, pero no admitimos el impuesto de Barlovento”, desembocó frente a la casa del alcalde ordinario de la villa, don José Ignacio de Angulo y Olarte, quien era a su vez recaudador del impuesto de Armada de Barlovento.

Desde el balcón y acompañado por don Salvador Plata, el funcionario pide cumplimiento de las órdenes del rey y promete interceder ante el regente para lograr la rebaja de algunos tributos. La multitud se enardece, y Manuela Beltrán despedaza el edicto fijado el día anterior. ¡Muera el Regente!, ¡muera el Fiscal Moreno!, corean las gentes. La casa del alcalde es apedreada, y el motín se prolonga por el resto del día.

El incendio se extiende por las villas y aldeas aledañas al Socorro. El 17 hay disturbios en Simacota que sólo se aplacan en la tarde cuando los guardas disparan sobre los sublevados. El 24 de marzo las mujeres de los cosecheros de tabaco se toman el cabildo de San Gil, donde hacen una parodia de sesión del órgano administrativo y acusan a los varones de cobardes. Luego asaltan el estanco, riegan el aguardiente y queman el tabaco, conducta que se repetirá en todas las asonadas. El 25, mujeres de Pinchote hacen lo propio. El 30, en Socorro, una manifestación de más de cuatro mil personas ocupa la plaza, encabezadas por un mulato que lleva un manojo de tabaco en llamas como símbolo del alzamiento. Este segundo motín del Socorro tiene mayores dimensiones e implicaciones que el anterior.

El 31 se suceden nuevos desórdenes en Simacota. El 1 de abril en Confines, Barichara, Valle de San José y Chima. El 2 en Oiba y San José de La Robada (hoy Galán). El 3 repite Simacota, el 8 irrumpe Guadalupe, el 10 Charalá y el 16 Santa Ana. En esos días llegaron a Socorro los versos conocidos como la “cédula del pueblo”, elaborados por Fray Ciriaco de Archila y en los que por primera vez se habla de independencia. Reproducidos en centenares de copias, se convirtieron en una especie ce programa comunero. El nombramiento de capitanes recae sobre quienes han venido instigando el movimiento y que a su vez son los personajes más notables de la localidad: Juan Francisco Berbeo, Salvador Plata, Antonio Monsalve y Diego de Ardila. Los aldeanos se arman con estacas, lanzas, dagas, chuzos y uno que otro arcabuz. El común del Socorro es transformado en pleno consejo de guerra, y a Juan Francisco Berbeo se le designa comandante general y se le otorga el título de generalísimo. El 8 de mayo los comuneros, bajo la dirección de Ignacio Calviño, se toman el Puente Real de Vélez. Los soldados del rey rinden las armas amedrentados por la ira popular. La marcha hacia la capital del virreinato había comenzado. El actual departamento de Boyacá entra a la revuelta. Tunja elige como sus capitanes a la flor y nata de la nobleza lugareña: don Juan Agustín Niño Maldonado, don Francisco José de Vargas y León, don José del Castillo y Santamaría. El cabildo también nombra a sus propios voceros: don Fernando de Pavón y Gallo, don Augusto de Medina, don Juan Bautista de Vargas, don Salvador Rodríguez del Lago. Unos y otros serán personajes de ingrata recordación para el Común. José Antonio Galán quien aparece en el Puente Real, como cabo de la tropa comunera, es nombrado Capitán Volante y de allí pasa hacia Nemocon, cruzando Chiquinquirá, Ubaté, Sutatausa, Tausa. Durante este recorrido subleva a los indígenas e instaura el poder del Común.

Antes de huir a Honda, Gutiérrez de Piñeres, deposita la autoridad en la junta del Real Acuerdo y nombra una comisión integrada por el arzobispo Caballero y Góngora, el odioso Joaquín Vasco y Vargas y el alcalde ordinario de Santafé, Eustaquio Galvis, para que salga el encuentro de los alzados. La comisión arriba a Zipaquirá el 1 de mayo.

A partir del 23 aparecen las avanzadillas de los comuneros en Nemocón y el grueso de la marcha, de 20.000 hombres, el 25. Las negociaciones se inician el 27 de mayo y se prolongan hasta el 7 de junio. En esta fecha, el Real Acuerdo de Justicia ordena que se acepten en su totalidad las peticiones de los comuneros redactadas por Berbeo y los capitanes de Tunja, Joaquín del Castillo, Agustín Justo de Medina, Juan Bautista de Vargas, Salvador Rodríguez del Lago; sobre los evangelios se oficia un Te Deum. Berbeo desmoviliza las tropas y se dirigen a Santafé con el arzobispo Caballero y Góngora, a reclamar el cargo de corregidor y Justicia Mayor de las villas del Socorro de San Gil. El alcalde Eustaquio Galavis había dejado en la escribanía de Zipaquirá una protesta secreta en la que lo pactado era dado por falso, “como que lo ejecutará precisado por la fuerza”. Lo mismo hizo la Junta Suprema del Real Acuerdo de Justicia, reunida de urgencia el 7 de junio para aprobar las capitulaciones. En acta separada y secreta dijo que “procedió a la admisión, aprobación y confirmación de dichas capitulaciones, bajo el seguro concepto de su nulidad”. Pese a la oposición de la mayoría del Común y a que la insurrección se había generalizado, los capitanes generales del Socorro, San Gil, Tunja, Sogamoso, pactaron un acuerdo que ya desde entonces muchos denunciaron como una traición.
Con la firma de las capitulaciones concluyó la primera fase de la insurrección comunera.

POLÍTICA ECONÓMICA DE TURBAY: INFLACIÓN GALOPANTE Y QUIEBRA DE LA PRODUCCIÓN

La disminución del 5% de la producción y del 3.6% en el empleo durante el primer trimestre del año en curso, la puesta en concordato de decenas de empresas, el cierre de numerosas fábricas medianas y pequeñas y el despido masivo de miles de obreros, son los hechos que han puesto de relieve la aguda crisis por la que atraviesa la industria colombiana.

Pero los problemas no sólo se circunscriben a esa rama de la economía. La agricultura registra año tras año bajas considerables tanto en el área cultivada como en el volumen de alimentos cosechados, la avicultura padece una acentuada recesión y la construcción presenta índices negativos de crecimiento.

A las quejas formuladas por los distintos gremios económicos, el gobierno contesta con cifras amañadas del Dane con argumentos falaces, como el de que la raquítica industria y la atrasada agricultura nacional deben someterse a la competencia extranjera.

Sin embargo, la realidad ha mostrado la funesta que ha sido para el pueblo la política antinacional y antipopular del mandato turbayista. En los dos últimos años los precios de los alimentos, el transporte, los arrendamientos etc, se han más que duplicado. La inflación continúa golpeando los exiguos presupuestos familiares enriqueciendo a los especuladores e intermediarios financieros. A la producción nacional se la arrincona con la importación de toda clase de mercancías. El desempleo, el hambre y la miseria son cada vez mayores.

Receso en confecciones textiles
Los 420 obreros que aún quedan en Ropa El Roble no reciben salarios desde hace un año. Esta importante fábrica de Bucaramanga, que llegó a contar con más de mil operarios, se encuentra paralizada y sus trabajadores se niegan a abandonar las instalaciones en tanto el gobierno y los patronos no les den solución a sus justos reclamos.

En septiembre pasado, en Armenia y Pereira, 16 empresas dedicadas a la confección habían cerrado y otras cinco reducido su producción causando el licenciamiento de cerca de 1.600 obreros. Las razones dadas por los empresarios para suspender sus actividades fueron: falta de capital de trabajo, altos intereses bancarios, escaso crédito, aumento en los costos de la producción y reducción de demanda.

A mediados de octubre la Federación Interamericana de Trabajadores de la Industria Textil, Vestuario y Cuero, Fititvc, denunció el cierre de 56 empresas y la disminución del personal en otras 204, lo cual ocasionó más de 6.000 despidos laborales. Entre las primeras se destacan Coltexco, confecciones El Cóndor y Camisas Jarcano, y entre las segundas, La Esmeralda, Tricolana, Corayco, Hilos Cadena, Valer, Curtiembres Titán, Britilana y Enka.

En ese mismo mes el gobierno había autorizado el cierre definitivo de Cigarrillos Cruz, Colar Ltda., Navenal y Berkshire, y permitido el licenciamiento de 355 obreros, por disminución de la producción y cierre temporal, a Celanese, Industrias Yidi, Grupo Baiz, Confecciones de la Costa, Plásticos Itaralfa y Grupo Fasa. El Ministerio de Trabajo, admitió, también, tener 21 solicitudes para despedir trabajadores de empresas como Siderúrgica Medellín, Metalúrgica Boyacá, Editorial Panorama, Incabe, Incora, etc.

La industria textil, por su parte, se ve abocada a grandes dificultades ante la pérdida de sus mercados por la entrada, tanto legal como ilegal, de géneros del exterior. Pero mientras los pequeños y medianos productores enfrentan innumerables trabas, los monopolios textileros hallan eficaz y oportuna ayuda del Estado. Debido a los trastornos de 1975-1976, estos últimos obtuvieron del gobierno de López Michelsen, préstamos subsidiados por más de 3.000 millones de pesos. Ante los presentes problemas, vuelven a ser socorridos por Turbay con una suma parecida y con intereses inferiores a los del sistema bancario.

Estancamiento industrial
Fedemetal Antioquia, en agosto último, había alertado sobre un inquietante receso en la rama metalmecánica, el cual se originaba en la disminución de las ventas, la lentitud en el cobro de cartera y el aumento de las existencias de productos terminados. Estos fenómenos obedecen, según Fedemetal, al descenso en la construcción y a la introducción de toda clase de bienes del sector como consecuencia de la política oficial de liberar las importaciones y rebajar los aranceles. Afirmaba la misma agremiación que, al contrabando del acero desde Venezuela, debían agregarse como elementos perturbadores el excesivo costo del dinero y la incapacidad del sistema bancario para atender las necesidades de capital de trabajo, teniendo que recurrir la industria al crédito bancario, sumamente costoso.

Como la metalúrgica, tienen problemas las demás ramas que están relacionadas con la construcción, a causa de la parálisis que ésta sufre. En 1980, comparando con el año anterior, las diez principales ciudades del país presentaron una reducción del 4.5% del área construida.

Aunque la estadística oficial manipula las cifras y modifica la metodología para la obtención de los índices, buscando artificiosamente resultados satisfactorios a la gestión gubernamental, se ve obligada a reconocer, para el período de enero a marzo del presente año, una disminución del 5% en la producción industrial y una reproducción en el empleo del 3.6%. Estas cifras adquieren proporciones más alarmantes si se tiene en cuenta que durante 1980 el crecimiento fabril fue apenas del 1.2%.

El DANE registra en el primer trimestre de 1981 guarismos negativos de crecimiento para las industrias de alimentos, bebidas, textiles, prendas de vestir, cuero, calzado, papel y sus productos, imprentas y editoriales, substancias y productos químicos, productos de caucho y plástico, minerales no metálicos, maquinaria, aparatos eléctricos y equipo y material de transporte.

En la actualidad, catorce sociedades anónimas están en concordato ante la Superintendencia de Sociedad y, en distintos juzgados de Medellín y Bogotá, 101 pequeñas y medianas empresas adelantan trámites semejantes.

Importamos hasta escobas
El presidente de Acopi, Francisco de Paula Ossa Uribe, en declaración al periódico El Tiempo, en septiembre 7 de 1980, decía que “los colombianos estamos importando escobas, papas fritas, bombillos, salsa de tomate, mayonesa, camisas francesas y otra infinidad de productos suntuarios”.

La Industria Colombiana de Incubación, Incubar, advertía, a fines de septiembre, en torno al estado de ruina que se avecinaba sobre la avicultura, por el contrabando y la importación de carne de pollo.

Al oscuro panorama industrial y avícola hay que agregar el descalabro de la agricultura. En 1980 el área cultivada fue interior en 14.7% con respecto a 1979 y se presentaron disminuciones en la producción del maíz, arroz, papa, sorgo, ajonjolí y cebada.

La situación para 1981 es todavía más calamitosa. Los algodoneros sostienen que han tenido pérdidas por 1.200 millones de pesos y se niegan a seguir sembrando mientras el Estado no tome medidas para mejorar su situación. Como causas del desastre de la agricultura, la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC , da las siguientes: importación de gran cantidad de alimentos, estrechez del crédito y altos costos de los insumos agrícolas.

Fenalce, Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, afirma que en 1980 las importaciones de trigo, sorgo, maíz y cebada superaron el millón doscientos mil toneladas, por un valor cercano a los 12.000 millones de pesos, mientras que la producción nacional de estos cuatro granos sólo llegó a un millón de toneladas.

Una política desastrosa
La traída del exterior de enormes cantidades de alimentos y mercancías; el mantenimiento de la inflación; el incremento del endeudamiento externo; la estrechez del crédito y las altas tazas de intereses; la entrega de nuestros recursos naturales, y las alzas en los combustibles y en las tarifas de los servicios públicos; son elementos de la antipopular política económica de Turbay Ayala, la cual no puede producir más que la quiebra de los pequeños y medianos empresarios, la miseria de las masas y el mayor sometimiento del país al imperialismo norteamericano.

En una época de crisis de superproducción, como la que vive hoy en día el mundo capitalista, los grandes monopolios usan toda clase de medios, hasta el de reducir temporalmente los precios, para inundar los mercados de las naciones atrasadas con sus productos. En tanto, el régimen turbayista revive viejas teorías librecambistas que, a la vez que permiten a los pulpos extranjeros salir de sus excedentes y llenar las arcas de los grandes traficantes del comercio exterior e interior, sumen en la bancarrota a los productores nacionales.

Gracias a las exportaciones preferencialmente de café, marihuana y cocaína, Colombia cuenta con unas reservas internacionales de 5.400 millones de dólares, suma que las autoridades gubernamentales están dispuestas a cederle al imperialismo por concepto del servicio de la deuda externa y el incremento desbocado de las importaciones.
A tiempo que las actividades productivas registran retrocesos y se ven sometidas a un crédito deficiente y caro, los intermediarios financieros muestran jugosas ganancias. Los 25 bancos que funcionan en el país obtuvieron en 1980 un aumento en sus utilidades del 47%. La quiebra de la producción y las calamidades subsecuentes, inflación, escasez de alimentos, desempleo y represión, es todo lo que les ofrecen a las masas populares quienes detentan el poder.

El pueblo dejará de sufrir tales males, y los pequeños y medianos empresarios agrícolas e industriales encontrarán un clima propicio para su desarrollo, sólo cuando el país se libere del yugo del imperialismo norteamericano y de la oligarquía vendepatria para expolia la riqueza y el trabajo colombianos.