Categoría: Tribuna Roja Nº 95; abril 27 de 2004

Francisco Valderrama Mutis

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ESN, promulgada por el gobierno de Bush en septiembre de 2002, es la carta de navegación para desarrollar una política de dominación mundial imperialista. Los lineamientos principales de este plan son: la guerra preventiva unilateral contra cualquier Estado que represente un peligro para Washington, o que lo pueda representar, o lo que es lo mismo, actuar contra cualquier amenaza antes de que acabe de formarse(!), con base en un “internacionalismo norteamericano”, definido como la “unión de nuestros valores y nuestros intereses nacionales”; imponer “los mercados libres y el libre mercado” en todo el mundo como el modelo de desarrollo económico a seguir; y la modernización y cualificación de sus fuerzas militares y el despliegue de un sistema de bases por todo el globo, para disuadir a cualquier nación que quiera emular con Estados Unidos.

Para poder asegurar un crecimiento sostenido y revertir el grave fenómeno de desempleo, baja tasa de ganancia, crecientes déficit fiscal y comercial, y estancamiento relativo, Washington necesita asegurar que sus mercancías, sus inversiones y capitales campeen libremente en el mundo. Para ello acosa a los gobiernos para que aprueben reformas jurídicas, políticas y económicas que aseguren a los monopolios norteamericanos leyes de propiedad intelectual, protección a los capitales especulativos y de inversión, trato nacional a sus compañías en los mercados internos y tribunales de arbitramento no sujetos a las legislaciones nacionales.

Este paraíso terrenal para las compañías norteamericanas no se puede concretar sin que en los países sometidos a este proceso de recolonización intensiva se produzca una quiebra devastadora de las producciones nacionales y un aumento vertiginoso de los índices de pobreza y miseria, acompasado con las reformas internas tendientes a despojar a los trabajadores de garantías y conquistas laborales. Además, Bush, después de la crisis de suministro de gas y petróleo y los cortes de energía en California, elaboró una estrategia energética, cuyo objetivo central es asegurar fuentes extranjeras para el suministro confiable de gas y petróleo, cumpliendo la meta de blindar la economía norteamericana y controlar el abastecimiento de otras potencias que puedan retar su hegemonía mundial. Y tales fuentes están principalmente en América Latina, Africa, Medio Oriente y Asia Central, sobre todo en los países alrededor del Mar Caspio.

Para tal fin, la estrategia militar de la política imperialista ha pasado a jugar un papel preponderante. El presupuesto militar se acerca a la fabulosa cifra de 750.000 millones de dólares, incluidas las apropiaciones para Irak y Afganistán, mayor que los presupuestos militares sumados de las demás potencias. Alrededor de 500.000 soldados y personal de servicio están inmersos en el extranjero en escaramuzas, acciones policivas y guerras soterradas o abiertas. Chalmers Johnson, especialista en temas militares, plantea que EU ha construido más de 900 bases por el mundo, incluyendo las doce que se están edificando en Irak, ha desplegado trece fuerzas de tarea naval, cada una de las cuales incluye un portaaviones, y mantiene en el territorio de Estados Unidos más de 6.000 guarniciones para la seguridad interna. El arco de las bases militares, llamadas “nenúfares” porque sirven de punto de apoyo para la rápida movilización y despliegue de las fuerzas de agresión, cubre desde Manta en el Ecuador, pasa por Africa y el Medio Oriente y va hasta Indonesia y Filipinas en el sureste asiático, y sirve para mantener dentro de un cerco de hierro las regiones ricas en gas y petróleo. Según el American Enterprise Institute se trata de crear una “caballería mundial” que pueda actuar rápidamente en las nuevas “fronteras” y “barrer a tiros” a los “tipos malos”, utilizando el lenguaje característico de la sangrienta colonización del oeste norteamericano.

La guerra contra Irak, basada en falsos argumentos y engaños, buscaba derrocar un gobierno que se había convertido en un dolor de cabeza para sus planes de dominación en el Medio Oriente. Washington abría así camino a la construcción de una nueva infraestructura militar que le permitiera coaccionar y doblegar a Siria e Irán, naciones que han mantenido una posición de rechazo a la guerra de terror que desarrolla Sharon contra los palestinos. También le permitiría apoderarse de reservas de petróleo iraquíes, las segundas más grandes del mundo, garantizar con su puño militar el flujo vital para su economía, aliviar la dependencia del crudo saudita, y sacar de la competencia a Francia, Alemania y Rusia, países a los cuales les fue negada la participación en la reconstrucción de la infraestructura iraquí.

Este despliegue bélico global ha estado acompañado por el desarrollo creciente de la nueva “industria” de las corporaciones de mercenarios que contratan sus servicios con el Pentágono. Estas compañías tienen el segundo destacamento desplegado en Irak con más de 15.000 mercenarios dedicados a prestar servicios de protección en campos petroleros, oleoductos, empresas, instalaciones de gobierno, entrenar a las fuerzas locales, entregar suministros a las tropas y desarrollar operaciones tácticas de alto riesgo. En la nómina de estas compañías se reúnen veteranos represores argentinos, chilenos y surafricanos, “gurkas” entrenados por el ejército británico, antiguos integrantes del SAS inglés y de la CIA gringa, en suma, toda la hez de los ejércitos y los servicios de inteligencia que va en busca fortuna. Esta fuerza mercenaria acompaña al ejército norteamericano en más de 50 países del mundo, cumpliendo las labores más sucias de sus actuales guerras de recolonización. Vinnell, Global Risk, DynCorp, MPRI Inc. y la curiosamente llamada Compañía Internacional de Aplicaciones Científicas (Science Applications Internacional Company), SAIC, constituyen un fenómeno de los negocios en EU, superando los índices de crecimiento de los sectores informático y biotecnológico. Las empresas que producen los suministros militares para el Pentágono se han lanzado a adquirirlas, después de constatar las grandes ganancias que están por venir. Northrop Grumman compró Vinnell, L-3 y CSC, compañías que venden sistemas de comunicación al ejército y la marina, se hicieron a MPRI Inc. y Dyncorp, respectivamente. En Colombia, DynCorp reemplaza a los miembros del ejército norteamericano y participan directamente en combate.

Estados Unidos planea el traslado de las grandes bases de Alemania hacia los países bálticos y de Europa Oriental. Esto, sumado al despliegue de destacamentos militares en los países del Asia Central, produjo ya la protesta de Rusia, que rechaza este avance sobre su llamado espacio vital como una amenaza directa a su seguridad. A lo anterior se suma la necesidad estratégica de contener a potencias mundiales emergentes, como India y China, tratando de disuadirlas de que continúen desarrollando su poderío militare, para evitar que le planteen un desafío a su dominación imperialista en el mediano plazo.

En América Latina, las bases norteamericanas se expanden, al mismo tiempo que se acrecientan las dificultades de los gobiernos que aplican sumisamente el recetario neoliberal. Después del retiro de Panamá, en donde sin embargo mantiene una guarnición, EU conserva y ha creado instalaciones militares, a lo largo y ancho de la región. Así lo demuestra un breve recuento de las antiguas y las nuevas: Guantánamo en Cuba; Aruba, Puerto Rico, Curazao, en las Islas del Caribe; Costa Rica, Honduras y El Salvador en Centroamérica; Colombia, Ecuador y Perú, en Suramérica. Ambiciona la base de Alcántara en el Amazonas brasileño, establecer una en Bolivia y otra en la triple frontera, norte de Argentina, además de la planeada en la Patagonia. A este cerco se une la estrategia de maniobras militares y navales, impuestas a cambio del financiamiento de las fuerzas militares locales, cuyos oficiales son entrenados en las escuelas norteamericanas y puestos bajo control de sus mentores, al igual que los tecnócratas de los gobiernos son educados en las universidades norteamericanas y sometidos a la influencia política de los gurús de la economía imperialista. A las intervenciones directas pero de “baja intensidad” se unen sus intromisiones en los asuntos internos. El “oro de Washington”, como ha quedado claro en Venezuela y Haití, financia medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, y personajes, a los cuales promete un futuro promisorio en sus compañías o en las instituciones multilaterales. A través de ellos desarrolla la “guerra de las ideas” para facilitar la implantación de su dominio. Cuando un país se le sale de las manos, utiliza estos “recursos” para promover disturbios, golpes de Estado y revueltas que lo desestabilicen y preparen el camino para su intervención militar.

Los planes de “guerra permanente” de los neoconservadores, que preveían una rápida solución del problema iraquí, y la continuación de las aventuras militares en los países clasificados dentro del maniqueo “eje del mal”, han sufrido contratiempos que forzaron a Bush a bajar el volumen de sus amenazas a Irán, Siria y Corea del Norte. Después de que declarara apresuradamente el fin de la guerra, la lucha de resistencia iraquí ha demostrado que la dominación fácil de su país era una quimera y ha llevado al gobierno norteamericano a impedir el retorno de una gran número de unidades desplegadas y a pensar en una posible restauración del servicio militar obligatorio.

Esta situación se ha visto agravada por la negativa rotunda de Alemania, Francia y Rusia de contribuir con destacamentos militares y financiación a aliviar la presión que las fuerzas norteamericanas están sufriendo. Además, la coalición se ha debilitado con la derrota de Aznar y la decisión de Zapatero de retirar las tropas españolas, medida rechazada tanto por Bush como por el candidato demócrata a la presidencia John F. Kerry.

El Pentágono ha desplegado en Irak tácticas de guerra similares a las que utilizó Francia en Argelia. Bajo el nombre de “conmoción y pavor”, recurre a una guerra de aplastamiento, destrucción de casas y sembradíos, asesinatos selectivos, masacres y torturas, como la que está desarrollando en Fallujah y en los barrios chiítas de Bagdad. Los franceses salieron derrotados de Argelia en medio del más profundo odio de toda la población unificada contra la brutalidad del ejército colonial. EU no prevalecerá sobre el pueblo de Irak con esta táctica terrorista. Cada nuevo hecho acrecentará el odio de la población contra las fuerzas ocupantes.

Decenas de miles de manifestantes han salido a las calles a protestar contra la guerra en casi todos los países del mundo. Los medios de comunicación independientes difunden rápidamente las barbaridades que cometen las fuerzas norteamericanas y los esfuerzos de los iraquíes por oponerse a la recolonización de su país. Es altamente significativo que el pueblo norteamericano se manifieste en diversos escenarios contra la guerra. Oficiales de alto rango renuncian a su cargo y se dedican a escribir en la prensa contra las mentiras de Bush, integrantes del ejército se refugian en Canadá para evadir el regreso al campo de batalla, familiares de los soldados sacrificados en esta guerra imperialista se manifiestan frente a la Casa Blanca, algunos medios de comunicación empiezan a abandonar su silencio y publican las fotos de decenas de ataúdes norteamericanos, cuyas bajas tuvieron el mes pasado un dramático incremento, a pesar de la prohibición del Pentágono.

En la actual campaña electoral presidencial que se desarrolla en Estados Unidos, los demócratas han aprovechado la catarata de denuncias sobre el engaño y las falsedades con que Bush, quien se autoproclama como el “presidente de la guerra”, logró el apoyo del Congreso y el pueblo norteamericano para su aventura militar. El fracaso de la comisión norteamericana para encontrar armas de destrucción masiva en Irak; los libros publicados por importantes ex funcionarios del actual gobierno, así como el reciente de Bob Woodward, periodista que saltó a la fama cuando destapó el escándalo de Watergate, que condujo a la caída de Richard Nixon, dejaron en claro que Bush tenía la obsesión de agredir a Irak desde el comienzo de su mandato, antes del ataque terrorista de Al Qaeda a las torres gemelas.

Algunos analistas señalan que la única diferencia entre Kerry y Bush es la retórica. No obstante, si Kerry gana las elecciones seguramente habrá cambios en los énfasis y métodos de la política internacional norteamericana. La estrategia de dominación mundial seguirá su implacable curso. Solamente la lucha decidida de los pueblos por la liberación nacional y la libre autodeterminación podrá contener la ofensiva militar imperialista de recolonización global.

Raúl Arroyave

Con la abolición del situado fiscal y las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la nación perpetrada en 2001 con el Acto Legislativo 01, se inició el desmonte exigido por el Fondo Monetario Internacional, de las transferencias territoriales para el financiamiento de la salud y la educación.

A partir de entonces dejaron de ser un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación para transformarse en una cifra fija que, con el nombre de Sistema General de Participaciones (SGP), sufrirá sucesivos y sistemáticos recortes a través de la ley 715 de 2001 y de los documentos Conpes aprobados desde enero de 2002.

El SGP, que para el año 2001 era de 10.962 billones de pesos, fue cercenado en 4% (438 mil millones de pesos) con destino a los municipios ribereños del río Magdalena, los resguardos indígenas, los programas marginales de alimentación escolar y el Fonpet. La misma ley 715 asignó para educación el 58,5% del disminuido SGP, a pesar de que durante la vigencia del situado fiscal la asignación para educación correspondía a 60% del mismo.

Con esta premisa, el Conpes empezó a distribuir el presupuesto con el método de once doceavas, para birlarles a las entidades territoriales la última doceava, en virtud de lo exigido por las políticas de recorte de las plantas de personal o, de no ser posible, cargársela al presupuesto de la vigencia siguiente.

Bajo estos parámetros poco auspiciosos se fue aplicando toda la política de recorte en los años 2002 y 2003. Con las decisiones presupuestales y las definiciones en materia de política educativa se da inicio a la escalada de normas y nuevos documentos Conpes que han conducido al actual proceso de ajuste y a la escalada sin precedentes en contra de la estabilidad laboral y los históricos derechos del magisterio.

Todo esto, sumado a arbitrarias directivas ministeriales, terminó hacinando a los estudiantes en las aulas; recargó de trabajo a docentes y directivos; sacó a miles de maestros de sus tradicionales puestos de trabajo, abolió áreas y procesos académicos claves para una educación de calidad y para una formación integral y amenazó con traslados discrecionales y masivos.

Además, el gobierno levantó la espada de Damocles de la evaluación-sanción y afinó un perverso mecanismo de concurso para impedir la vinculación en propiedad de los maestros; congeló los salarios, no sólo por los montos irrisorios de los incrementos forzados sino por la vía de negar un régimen de escalafón que sea estímulo para la labor de los docentes; burló la vinculación en propiedad de los educadores provisionales y en fin, confinó la educación pública a la marginalidad, reduciendo su calidad y lanzando absurdas y oprobiosas prohibiciones contra los menores de cinco años y mayores de 16 para que hagan parte del sistema formal educativo, todo en aras de la radical «racionalización» exigida por el FMI y el Banco Mundial.

Y en la misma medida en que avanza el recorte de las transferencias territoriales, se presiona que concluya el proceso de certificación de los municipios en los marcos de la nefasta ley 715. En esa perspectiva se inscribe la última reforma a las transferencias propuesta al Congreso a finales del año pasado y que se hundió en la segunda votación, como parte de la derrota que le propinó a Uribe la abstención activa al referendo. El mismo día de su hundimiento, el ministro del Interior anunció su nueva presentación en próximas legislaturas.

El proyecto congela hasta el año 2008 las transferencias territoriales, al suprimirse su crecimiento real del 2 y 2,5%; se eleva a norma constitucional el embeleco de las regiones formadas por varios departamentos y las provincias conformadas por un grupo de municipios; se establece que estos sean los responsables de la prestación de los servicios básicos como la educación, salud, vivienda, saneamiento ambiental, seguridad, tránsito e infraestructura básica, mientras que la responsabilidad de la nación pasa a ser residual; se estipula que el cofinanciamiento de la nación hacia los entes territoriales siga sólo hasta que ellos generen sus propios recursos y que las Asambleas Departamentales pueden establecer dentro de su territorio sobretasas a los impuestos nacionales o departamentales en los términos y hasta los límites que determine la ley, lo que implica recortar y suprimir las transferencias y delegar en los entes territoriales, por primera vez en la historia republicana, la facultad de decretar nuevos tributos, lo que era privativo del Congreso.

Establecía que el gobierno les puede suprimir las participaciones y regalías, intervenir en su manejo y destinación, y declarar la inexistencia de rentas de destinación específica, con lo cual la educación y la salud quedan a merced de los ordenadores del gasto. Se deja sentado que el monto de las transferencias queda sujeto a las limitaciones y «equilibrios» de la ley de presupuesto y a las políticas de ajuste exigidas por el FMI para garantizar a el pago de la deuda pública.

Estas, entre otras, son las razones que condujeron el 2 de marzo a Fecode a convocar al magisterio a un paro nacional indefinido en defensa de las transferencias territoriales y del régimen prestacional especial. Los militantes y activistas del MOIR y de Tribuna Magisterial estaremos en la primera línea de esta justa lucha.

Mao Tsetung

El 25 de septiembre de 1956, Mao Tsetung sostuvo una conversación con delegados de diversos partidos comunistas latinoamericanos en la que, luego de sintetizar importantes aspectos del proceso revolucionario atravesado por el Partido Comunista de China, advertía: «Les aconsejo a ustedes que tengan mucho cuidado de no copiar mecánicamente la experiencia china. La experiencia de cualquier país extranjero sólo puede servir de referencia y no debe ser tomada como dogma. Es imperativo integrar estos dos aspectos: la verdad universal del marxismo-leninismo y las condiciones concretas del propio país». Se transcriben apartes destacados de dicha conversación (Nota de TR).

En los países que sufren la opresión imperialista, hay dos tipos de burguesía: la burguesía nacional y la burguesía compradora. ¿Existen estos dos tipos de burguesía en sus países? Seguramente en todos ellos existen.

La burguesía compradora es siempre lacaya del imperialismo y blanco de la revolución. Ella se desglosa, a su vez, en diferentes sectores dependientes de diversos grupos monopolistas: los de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países imperialistas. En la lucha contra los sectores de la burguesía compradora, hay que utilizar las contradicciones interimperialistas y enfrentar primero a uno de esos sectores, golpeando al enemigo principal del momento. Por ejemplo, en el pasado, la burguesía compradora china tenía un sector proinglés, otro pronorteamericano y otro projaponés. Durante la Guerra de Resistencia contra el Japón, explotamos las contradicciones entre Inglaterra y los Estados Unidos, por un lado, y el Japón, por el otro, para echar abajo primero a los invasores japoneses y al sector de la burguesía compradora que dependía de ellos. Luego pasamos a combatir a las fuerzas agresoras de los Estados Unidos e Inglaterra y a derribar los sectores pronorteamericano y proinglés de la burguesía compradora.

Dentro de la clase terrateniente también hay fracciones. Entre los terratenientes, los más reaccionarios representan una minoría y, cuando se los golpea, no hay que revolver con ellos a los que son patriotas y están en favor de la lucha contra el imperialismo. Es preciso, además, hacer una distinción entre los terratenientes grandes y los pequeños. No se debe asestar golpes a un mismo tiempo a demasiados enemigos, sino a un pequeño número, e incluso de entre los grandes terratenientes hay que dirigir el golpe sólo contra el reducido número de los más reaccionarios. Golpear a todos a la vez parece muy revolucionario, pero en realidad causa mucho daño.

La burguesía nacional es nuestra contrincante. En China hay un proverbio que reza: «Los contrincantes se encuentran siempre.» La experiencia de la revolución china enseña que es necesario tratar con prudencia a la burguesía nacional. Ella es contraria a la clase obrera y, al mismo tiempo, contraria al imperialismo. En vista de que nuestra tarea principal reside en luchar contra el imperialismo y el feudalismo y que sin haber derribado a estos dos enemigos el pueblo no puede emanciparse, debemos esforzarnos por hacer que la burguesía nacional luche contra el imperialismo. Esta no tiene interés en la lucha contra el feudalismo, porque mantiene estrechos vínculos con la clase terrateniente. Además, oprime y explota a los obreros. Por lo tanto, debemos luchar contra ella. Sin embargo, con el propósito de lograr que combata junto con nosotros al imperialismo, nuestra lucha contra ella no debe ir más allá de lo conveniente, debe librarse con razón, con ventaja y sin sobrepasarse. Valga decir, al librar la lucha, debemos contar con la razón, tener la seguridad de vencer y no sobrepasarnos una vez alcanzada determinada victoria. De ahí la necesidad de investigar la situación de ambas partes, tanto la de los obreros como la de los capitalistas. Si sólo conocemos a los obreros y desconocemos a los capitalistas, no sabremos cómo celebrar negociaciones con éstos. En este terreno también hace falta investigar ejemplos típicos, hacer la disección de uno o dos «gorriones»; igualmente es menester emplear los dos métodos, el de ver las flores desde un caballo al trote y el de desmontar para ver las flores.*

En todo el período histórico de la lucha contra el imperialismo y el feudalismo, debemos ganarnos a la burguesía nacional y unirnos con ella para que se coloque del lado del pueblo y combata al imperialismo. Después de terminada en lo fundamental la tarea de la lucha antiimperialista y antifeudal, todavía tenemos que mantener la alianza con ella durante un determinado tiempo. Esta manera de proceder es favorable para enfrentar la agresión imperialista, desarrollar la producción y estabilizar el mercado, así como para ganarnos y remodelar a los intelectuales burgueses.

Ustedes no han conquistado todavía el Poder y están preparándose para tomarlo. Frente a la burguesía nacional, se debe seguir la política de «unidad y lucha». Hay que unirse con ella en la lucha común contra el imperialismo y apoyar todos sus actos y palabras antiimperialistas, y asimismo luchar en forma adecuada contra todos sus actos y palabras reaccionarias, opuestos a la clase obrera y al Partido Comunista. Es erróneo limitarse a un solo lado: Mera lucha sin unidad es error de «izquierda», y mera unidad sin lucha, error de derecha. Ambos errores los cometió nuestro Partido, y la experiencia fue dolorosa. Luego, resumimos estos dos tipos de experiencia y adoptamos la política de «unidad y lucha», luchando contra la burguesía nacional cuando era necesario y uniéndonos con ella cuando era posible. El objetivo de esta lucha era unirnos con la burguesía nacional para conquistar la victoria sobre el imperialismo.

En los países víctimas de la opresión imperialista y feudal, el partido político del proletariado debe tomar en sus manos la bandera de la lucha nacional, darse un programa de unión nacional y unirse con todas las fuerzas unibles, exceptuando, desde luego, a los lacayos del imperialismo. Debemos dejar ver a todo el pueblo cuán patriota es el Partido Comunista, cómo ama la paz y cómo quiere la unión nacional. Actuar así contribuirá a aislar al imperialismo y sus lacayos, aislar a los grandes terratenientes y la gran burguesía.

* Nota de TR.: Respecto a estos métodos Mao Tsetung expresa: «Hay dos maneras de investigar: Una consiste en ver las flores desde un caballo al trote y la otra, en desmontar para ver las flores. Viendo las flores desde un caballo al trote, uno no puede lograr un conocimiento profundo de ellas, pues ¡son tan abundantes! (…) Se necesita entonces acudir a la segunda manera: desmontar para ver las flores, observándolas minuciosamente, analizando una «flor» o haciendo la disección de un «gorrión». Y sobre este último método explica que consiste en investigar una, dos o varias aldeas y, en el término de unas semanas, adquirir una clara idea sobre las fuerzas de clase, la situación económica, las condiciones de vida y otros problemas del campo (…) Aunque son muchos los gorriones, no hay necesidad de examinar a cada uno de ellos; basta con hacer la disección de uno o dos».

Wilson García Quiceno

Organizaciones agropecuarias, indígenas, sindicales, femeninas, de investigación, medioambientalistas, políticas, estudiantiles y no gubernamentales que hacen parte en Caldas de la Coalición Democrática contra el ALCA y el TLC, se movilizaron el jueves 15 de abril a El Palo, en el municipio de Supía, en cumplimiento de la Jornada Andina, para protestar contra la política norteamericana y sus tratados de anexión, a los cuales sumisamente se someten los gobiernos de Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.

La concentración se hizo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y participaron cerca de mil manifestantes de varios municipios del departamento, y de Quinchía, en Risaralda, encabezados estos por el ex concejal Jesús Guevara. Se destacó la presencia del diputado del MOIR, Oscar Gutiérrez, del concejal de Supía, Manuel Canaval, de varios concejales indígenas de Riosucio, entre ellos Leonardo Gañán, de las comunidades del resguardo de San Lorenzo, encabezada por su gobernador Luis Arbey Gañán, y del cabildo de la Trina, dirigida por el concejal Fernain Hernández, así como importantes líderes comunales de los diferentes municipios. Estudiantes del Sena, de varios colegios de secundaria y de las universidades de Manizales, de Caldas y la Nacional, sede Manizales, se desplazaron masivamente desde la capital del departamento. Líderes cívicos y campesinos de La Merced, Salamina, Neira, Aguadas, Filadelfia, Marmato, Supía, Riosucio, Chinchiná, Villamaría y Manizales; maestros y trabajadores del sector eléctrico (Sintraelecol); la CUT, subdirectiva Caldas; las madres comunitarias (Sintracihobi); los mineros de Marmato, afiliados a Funtraenergética, trabajadores de la salud, ligas y comités de servicios públicos, entre otros, también participaron activamente en la protesta.

La Jornada se cumplió con el mayor entusiasmo y quedaron sentadas las bases para las futuras actividades que programen la Red de Acción frente al ALCA, el Comité de Lucha contra el ALCA, la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y demás organizaciones dispuestas a resistir las ominosas políticas trazadas por el imperio.

Por decisión propia, los senadores Camilo Sánchez, Habib Merheg, Luis Humberto Gómez Gallo y Jorge Enrique Robledo constituyeron el Observatorio Parlamentario al TLC y al Alca, que propone hacer el seguimiento a todo el proceso de negociaciones del gobierno colombiano con el de Estados Unidos en lo que respecta al libre comercio. Hasta el momento y dentro de las actividades programadas, se han realizado un taller para periodistas, los nutridos Foros del 9 de marzo en Bogotá, en el recinto del Senado, y del 22 de abril en el auditorio de Empresas Públicas de Medellín, con la participación en ambos casos de importantes representantes nacionales y regionales de la política, la economía,la academia y los gremios, además de los parlamentarios del Observatorio. Están programados también foros para Cartagena y Barranquilla (19 y 20 de mayo), Cali, en junio y Pereira en julio. En esta páginas prsentamos los principales apartes de algunas de las intervenciones del Foro que tuvo lugar en Bogotá el 9 de marzo.

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Senador Habib Merheg

En el Senado debe decidirse sobre TLC

No podemos negociar el TLC como nos lo quieren imponer. Por nuestra parte, y se lo garantizo, ministro, los senadores no vamos a tragar entero. Será en este recinto donde debe decidirse la suerte finaldel TLC, pues constitucionalmente tenemos la potestad de aprobarlo en su integridad o de no aprobarlo. En mi caso particular, no voy a permitir que se someta a Colombia a una esclavitud de toda la vida con unos acuerdos internacionales que no le convienen.

Después de oír las inquietudes expresadas en este foro, preguntamos: ¿Cuál es el plan de desarrollo, ministro, frente al TLC? ¿Cuál es el criterio del gobierno frente al TLC? Yo lo he buscado por doquier y no lo he podido encontrar. Lo único son unas posiciones de Planeación Nacional y de Fedesarrollo en contravía de los hermosos resultados que el ministro predice. Y los argumentos de un buen número de organizaciones económicas que afirman que esto del TLC es como un túnel sin salida (…)

Al país se le acaba el tiempo. Ya no más demagogia. Los gremios deben ser más concretos, menos acomodados a los intereses del gobierno y más a los suyos propios, pues los tienen que hacer valer. Los de la industria y los de los servicios son los intereses de todos los colombianos. Esperamos verlos con una actitud mucho más combativa en todo este proceso, porque ahí se les va la vida.

¿Estamos en capacidad de lograr un buen acuerdo?¿Acaso los diez últimos años, durante los cuales hemos gozado de preferencias arancelarias en Estados Unidos, nos han traído el desarrollo? De ninguna manera. Seguimos con los mismos niveles de 10 mil millones de dólares exportados, al igual que hace diez años. Quizá haya cambiado el componente interno, pero la pregunta es: ¿Sí estamos vinculados a la realidad nacional como para entender que hay un problema de infraestructura que no se borra de un plumazo? Pido que se revise nuestra capacidad, si el país cuenta con suficiente infraestructura de vías, financiera, tecnológica, industrial y educativa (…) Porque a lo que nos veremos abocados es a una guerra de comercio y no a un diálogo con la madre Teresa. Presidente, ministro, la responsabilidad recaerá sobre sus hombros.

Senador Camilo Sánchez

Congreso no está a la venta

Desde el principio se le ha visto a este gobierno la improvisación en lo del TLC. No hace mucho le decíamos, doctor Botero, y al ministro de Agricultura, que no se compadece que el Plan Nacional de Desarrollo solo le dedique una hoja al TLC, el programa más importante que va a tener Colombia en su bitácora. Esto nos pone a pensar que no va por el mejor camino (…) Porque no tenemos más oportunidades. Ya vivimos lo que hizo el doctor Hommes, y su mano invisible, que sigue más presente que nunca. Hoy es el hombre tras bambalinas, aunque no cobre, porque si nos preocupan quienes cobran, más los que no lo hacen (…)

Pregonamos que vamos a pelear por los subsidios, pero la realidad muestra que los estamos acabando sin haber empezado la negociación (…) Los regalamos de antemano y seguimos aduciendo que negociaremos de igual a igual, cuando no tenemos capacidad económica para entrar en esa competencia desleal. Estados Unidos advirtió que no le quitará los subsidios a su sector agropecuario y que el tema ni siquiera entrará en las negociaciones. Quisiera verlo, señor ministro, pararse firme y espetarles: señores, eso no puede ser así, no negociamos en esas condiciones. Y quiero verlo cuando les diga a los negociadores norteamericanos: me niego a aceptar que el plazo para la firma del tratado sea el año 2005. Ese es otro de los errores, pues cuando uno se sienta a negociar y de antemano acepta un plazo límite, queda todo bastante complicado (…)

En este Observatorio invitaremos a expertos de México y de Chile, pero no a los que vinieron hace unos días a presentar recomendaciones, como que no pongan plazos, que hagamos lo del cuarto de al lado, sino a otros más vinculados con la cruda realidad. En México, los salarios reales disminuyeron y el empleo cayó. Lo cierto es que aumentar las exportaciones no significa necesariamente crecimiento económico. Pueden multiplicarse por veinte, como lo hicieron los mexicanos, y aun así mostrar un crecimiento irrisorio. Ahí están las cifras. ¿Quiénes ganaron? Las trasnacionales. Son las que se quedan con la plata.

El Congreso no está a la venta, ni arrodillado, y se dispone a hacer lo mejor para Colombia.

Senador Luis Humberto Gómez G.

TLC y Alca, el gran tema del país

En el Observatorio nos reunimos senadores de distintos matices ideológicos para escuchar voceros de los distintos sectores afectados por el desarrollo de los acuerdos de libre comercio. Los congresistas, como bien lo señala el doctor Emilio Sardi, nos aprestamos a ejercer el control político que nos corresponde. No es el primer debate que se hace, pues desde agosto del año pasado se fijaron unos criterios que quiero resumirles. Recuerde usted, señor ministro, que yo le dije en el Senado que no la va a tener fácil con el Congreso, pues estamos resueltos a hacer valer las facultades que la Constitución Política le otorga al Congreso. entre ellas la de aprobar o desaprobar los tratados internacionales, en este caso sobre las relaciones comerciales (…)

La suerte del tratado de libre comercio va a depender de cómo y en qué términos se haga la negociación. Como lo reclamaba hoy el representante de Salvación Agropecuaria, Ángel María Caballero, el país necesita saber cuáles sectores van a salir favorecidos y quiénes son los damnificados. Si hay sectores que van a entrar en crisis, que se diga con toda claridad. Necesitamos saber cuáles son esos sectores, cuáles las ventajas y las desventajas, cuáles las potencialidades. Todo esto es necesario saberlo para poder definir la estrategia, no solo frente a la negociación, sino también frente a la reconversión (…)

Este grupo de senadores que nos hemos constituido en Observatorio tenemos claro que el libre comercio es el gran tema para el país y para el Congreso en las próximas legislaturas (…)

Queremos saber quiénes van a negociar en nombre de todos los colombianos. Si de verdad están ahí los hombres y mujeres más capaces para ese tipo de negociación, en fin, creo que todas esas cosas deben quedar muy claras.

El Congreso no puede ejercer en este momento el control político sobre algo que todavía no existe, pues las negociaciones apenas se van a iniciar. Pero toda la información que podamos recibir por parte de cada uno de los sectores que ven comprometido su futuro será fundamental para trazar una estrategia que al país le convenga.

Ángel M. Caballero, Salvación Agropecuaria

Apertura, causa de la década perdida de los 90

No estamos de acuerdo en negociar y firmar el TLC o el ALCA. Con tales procedimientos perdimos el trigo en la década de los 60; luego la cebada, y en los 90 el maíz, el algodón, el sorgo y la soya (…) Quedamos sometidos en tierra caliente al monocultivo del arroz. De esos seis productos se importan casi cuatro millones de toneladas al año, que se pueden producir en Colombia (…)

Para los ingenuos que creen en la reconversión, que nos digan de dónde van a salir los recursos, si sobre los productos anteriormente mencionados no hubo ninguna reconversión, ni la indemnización para los agricultores que los cultivaban, y que vieron desaparecer la base de su sustento y sus ilusiones mismas (…) Nadie negocia sin saber lo que va a ganar o a perder, y menos, poniendo en peligro el empleo de 4 millones de colombianos del sector rural y la paz del país. No se deben arriesgar las pocas empresas del sector industrial o manufacturero que subsistieron con gran esfuerzo después de la década perdida de los 90.

Con la apertura de Gaviria y Hommes nos dijeron que íbamos a llenar el mundo de productos made in Colombia, y que seríamos más competitivos, y ahí están las cifras de áreas y empleos perdidos. (…)

Debemos movilizar la nación entera en defensa de nuestra producción, nuestro mercado interno, nuestros agricultores e industriales y defender a capa y espada la soberanía nacional.

Amylkar D. Acosta Medina

Estamos dejando lo cierto por lo dudoso

El gobierno ha seguido una política errática. Da la impresión de que no sabe para dónde va. La constante ha sido la imprevisión y la improvisación. Cada funcionario tiene su propio libreto. Los funcionarios se contradicen entre sí, cada quien jala para su lado. Son frecuentes los altercados entre unos y otros y las desautorizaciones (…)

La posición sumisa de la representación de Colombia, le ha hecho perder respeto y confianza por parte de nuestros amigos y aliados. El gobierno colombiano se comporta como satélite, que se mueve en la órbita de la política exterior de Estados Unidos, con una actitud genuflexa. Muchos de quienes representan al Estado colombiano, actúan como si fueran peleles de Estados Unidos Hemos terminado convertidos en la mascota de ellos (…)

Al país no se lo puede estar embaucando con este manejo goebeliano de la información, la cual es objeto de constante manipulación. El país tiene que conocer cuál es el otro lado de la moneda, pues de eso tan bueno, como dice el bugueño, no dan tanto (…) Con el embeleco del ALCA-TLC, le hemos terminado dando la espalda a nuestros socios y vecinos, dejando lo cierto por lo dudoso.

Del gobierno de Washington se puede decir, como en la cátedra de Moisés, cuando se sentaban los letrados y fariseos, según San Mateo: «Haced y cumplid lo que os digan. Pero, no hagais lo que hacen, por que ellos no hacen lo que dicen».

Emilio Sardi

Allá no van a dar almuerzo gratis

Moderemos las exageraciones sobre los beneficios del Atpdea. Es cierto que las exportaciones de textiles y confecciones a Estados Unidos aumentaron US $147 millones en 2003. Como las importaciones de esos rubros crecieron US $44 millones, la mejora neta fue apenas de US $103 millones, 0,8% de nuestras exportaciones totales. Lo cierto es que el beneficio arancelario real del Atpdea para Colombia no excede US $60 millones al año, en total.

Simultáneamente incrementamos las importaciones de otros rubros. Química básica, que incluye farmacéuticos y agroquímicos, pasó de US $978 millones a US $1.182 millones. Su déficit, incluyendo exportaciones, creció en US $251 millones, más del doble de lo generado por textiles y confecciones. Mucho cacarea el Ministerio acerca del Atpdea, pero allá no dan almuerzo gratis.

Lo cierto es que las ventajas del Atpdea son más retóricas que reales. Sobre el ALCA y el TLC Planeación Nacional explica este hecho así: «1) Colombia no produce muchos de los productos beneficiados por las preferencias o no hay beneficios para productos que actualmente exporta…; 2) existen países que producen más barato y de forma más competitiva algunos productos, aun teniendo en cuenta las preferencias; y 3) hay otro tipo de restricciones que impiden el libre acceso a las mercancías». No hay ningún estudio serio que muestre que no sucederá lo mismo con el TLC o el ALCA. Chistosamente, concluye «que un acuerdo bilateral con Estados Unidos genera mejores resultados en términos de bienestar, competitividad y creación de valor agregado». Todo porque estima una mejora teórica en el bienestar de 0,79%. Una mejora en el bienestar inferior al 1% no es significante (…)

La simulación arroja que el TLC aumentará perpetuamente nuestro déficit comercial, ya que incrementará mucho más las importaciones que las exportaciones, lo cuál no es viable ni siquiera a mediano plazo. Y también precisa que con el TLC los ingresos tributarios caerán en US $591 millones, lo que añadirá $1,7 billones a nuestro abultado déficit fiscal.

Y muestra algo aún peor: Solamente dos sectores productivos crecerán con el TLC, y todos los demás caerán. No es justo, ni democrático, causar un daño tan generalizado solamente para beneficio de una minoría excluyente. No hay argumentos para favorecer a tan pocos a cambio de un daño tan evidente para tantos. Con el estribillo de que «algunos deben sacrificarse», funcionarios gubernamentales ignoran que los damnificados serán la mayoría. Para beneficiar a unos pocos, se generará un nuevo tipo de desplazados: los desplazados del TLC. Las implicaciones éticas son aterradoras (…)

La excesiva protección de unos derechos de propiedad intelectual arbitrariamente amplios no se limita a lo farmacéutico. Desde los agricultores hasta los fabricantes de autopartes, desde los farmacéuticos hasta los metalúrgicos, todos los sectores pueden verse afectados por nuevas normas en propiedad intelectual. Y lo mismo pasa con todos los otros capítulos del TLC.

Carlos Rodríguez

Que el gobierno no suscriba el TLC

(En el Foro del 9 de marzo que se llevó a cabo en Bogotá, el compañero Carlos Rodríguez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, entregó a los parlamentarios del Observatorio del Congreso al ALCA y el TLC una importante declaración con la firma de más de 400 organizaciones contra esos tratados).

Doctores

Habib Merheg

Jorge Enrique Robledo

Camilo Sánchez

Luis Humberto Gómez

Senadores de la República

El pasado 21 de noviembre nos reunimos en Bogotá 1.500 representantes de más de 200 organizaciones sociales, sindicales, femeninas, no gubernamentales, culturales, profesionales y otras y examinamos las implicaciones que la suscripción del ALCA o un tratado bilateral de libre comercio tendrían para la sociedad colombiana. Dicha asamblea emitió un pronunciamiento que señala que los tratados de libre comercio obedecen a decisiones políticas adoptadas por los círculos gobernantes y están siendo presionadas por Estados Unidos, país que, utilizando su poderío económico y militar– impone sus condiciones.

La declaración añade que existen otros caminos para fortalecer y diversificar los vínculos comerciales y económicos entre los países, y la ampliación de nuestros mercados internos, de manera que en lugar de una relación de supeditación a la política y la economía estadounidenses se logre una verdadera integración de América Latina con la economía mundial que cuente con la participación de los sectores populares y productivos y preserve la unidad latinoamericana.

La declaración señala que «teniendo en cuenta los enormes daños que estos tratados implicarán para toda la nación, consideramos que el gobierno colombiano no debe suscribir el ALCA ni el acuerdo bilateral con los Estados Unidos».

La Central Unitaria de Trabajadores, las demás centrales sindicales, la Gran coalición democrática contra el referendo y diversos sectores políticos y gremiales, hemos venido trabajando en el esclarecimiento de este tema conjuntamente con la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el Comité Colombia de lucha contra el ALCA. Queremos aprovechar este importante Foro para solicitar al Observatorio del Congreso al ALCA y al TLC con Estados Unidos, que entregue a la mesa directiva del Senado de la República y al gobierno nacional esta declaración que ha sido suscrita por más de 400 organizaciones que representan a varios millones de colombianos.

Tanto en la Comisión Quinta como en la plenaria, el senador del MOIR y Alternativa Democrática, Jorge Enrique Robledo, ha librado resonantes debates, transmitidos por televisión. Se destaca el del 9 de marzo, en el que cuestionó duramente las fumigaciones con roundup (glifosato) sobre los parques naturales. Y se ha hecho presente en numerosos foros, conferencias y mítines, junto a trabajadores y productores en sus luchas por los derechos democráticos, las reivindicaciones laborales y la defensa de la producción nacional.

El país no saldrá adelante si los corruptos imponen sus condiciones Commsa

(Apartes, plenaria, 13 de abril de 2004)

¡Cómo será de escandaloso esto de Commsa, que ha sido registrado en los medios masivos de comunicación con lujo de detalles! (…) Ahí están los fraudes de los concesionarios, y también el despropósito de pretender premiarlos con una conciliación que además de llenarles los bolsillos los deja convertidos en gentes de bien (…)

Nos tropezamos con un consorcio que se sienta de manera calculada a defraudar a la nación, como lo han demostrado el senador Cáceres y quienes aquí han hablado al respecto. Y la propia Procuraduría declara que no hay conciliación posible, porque no se puede conciliar con quienes han delinquido contra el Estado. Pero ahora lo que se está planteando, por parte del gobierno, es premiar a estos personajes (…)

¿De dónde salió la orden de conciliar? Sabemos que es condición del gobierno norteamericano, para TLC o el Alca, que haya conciliación o arreglo en los distintos diferendos con las trasnacionales (…)

Tengo aquí un memorando del presidente Uribe, del 12 de mayo de 2003, dirigido a toda la jefatura del Estado, en el que dice: «Aspiro a que se le indique al presidente no por qué no se puede negociar, sino, por el contrario, qué debemos hacer para que el acuerdo sea posible». Agregó: «La solución de las disputas pendientes con inversionistas extranjeros es una tarea prioritaria» y que «para la presentación de fórmulas a las contenciones pendientes con inversionistas extranjeros ordeno crear comisiones ad hoc, las cuales estarán integradas por el ministro en cuyo ámbito el conflicto se presente, el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, el alto consejero presidencial José Roberto Arango y el asesor presidencial Rudolf Hommes». Es una orden que viene desde arriba.

La directora del Invías decía en Semana: se trata «es de cumplir con un sueño del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (…) Estamos en un gobierno que concilia y es generoso». Y sí que es generoso, pero no con el pueblo, porque esa generosidad no la hemos visto en los dos últimos años. Y en una de las tertulias del palacio presidencial, el doctor Uribe celebró el acuerdo al que estaba a punto de llegarse con Commsa, poniéndolo como ejemplo de lo que debería ser el buen trato al capital extranjero para que viniera a invertir. Todo dentro de la lógica disparatada de que Colombia será feliz si, primero, hacemos felices a los gringos y a los inversionistas extranjeros (…)

Se ha terminado montando es un sistema de extorsión, mediante el cual cualquier avivato y, en especial, los extranjeros, si demandan o amenazan con una demanda obligan al Estado a someterse a estos personajes.

Hay inmensos poderes que se han movido tras bastidores para que el acuerdo se dé. Hasta el presidente de España, Aznar, intrigó a favor de una solución. El mensaje que se le envía al mundo es algo así como «pillos del universo, venid a Colombia, donde hay un Estado que se pliega a las acciones de los rábulas» (…) Llamo a que se reflexione sobre este tipo de pragmatismos, porque el país no podrá salir adelante mientras los corruptos sigan imponiendo sus condiciones (…)

Transmilenio: un negocio privado, con recursos del Estado

(Apartes, plenaria, 30 de marzo de 2004)

Sin duda, Transmilenio, en lo técnico, es un avance. Frente a ese caos premoderno que hay todavía en una parte de Bogotá, sin duda es un avance (…) Se monta sobre el modelo de la privatización; el Estado pone 1.900 millones de dólares, para que siete señoritos tengan un negocio fabuloso, que está dando utilidades del orden del 20% (…) Utilidad que se obtiene sobre un hecho: los buses lucen muy bonitos, pero los colombianos viajan dentro como sardinas en lata, en condiciones iguales o peores a las del desastroso transporte al que supuestamente está sustituyendo (…) Y es un desastre financiero: se presupuestó construir vías a cinco millones de dólares el kilómetro, y están costando quince. Hoy se dice que la nación tendría que poner 2.400 ó 2.500 millones de dólares más para poder alcanzar las metas hacia el 2015 (…) Y al entrar más troncales, va a disminuir el promedio de viajeros, lo que llevará al alza de las tarifas para mantener la tasa de ganancias de los inversionistas privados, o hacinarán aún más a los bogotanos en los buses (…)

¡No a las fumigaciones!

(Apartes, Comisión V, marzo 30 de 2004)

La semana pasada la ministra del Medio Ambiente anunció que suspendía la fumigación aérea sobre cultivos de coca y amapola en los parques naturales. Celebro la decisión y llamo la atención de cómo cuando las gentes se movilizan para reclamar sus derechos es posible derrotar inclusive a fuerzas que se presentan como imbatibles.

Como la decisión no cancela las fumigaciones y mantiene vigente la resolución 013 de 1993, motivo del presente debate, pido que se derogue de inmediato (…) La resolución autoriza fumigar también zonas de reserva, resguardos indígenas, cuerpos de agua, subpáramos, cultivos intercalados e incluso zonas pobladas, pues reduce las franjas de protección de 2 mil a 100 metros. Caerán tóxicos sobre zonas donde no debieran hacerse fumigaciones. Por eso insisto en la derogatoria, porque es una medida que avergüenza a Colombia ante el mundo (…)

Para entender lo que ocurre es conveniente revisar el problema del narcotráfico en el mundo. Problema de consumidores, de producción de coca y amapola y de cocaína y heroína –que no es lo mismo–, y de tráfico de ilícitos, que deja fabulosas ganancias. El grueso del consumo está en los países desarrollados y particularmente en Estados Unidos. Una encuesta reciente hecha por ese gobierno señala que hay 19,5 millones de gringos consumidores de droga. La primera conclusión es que el consumo se localiza principalmente en los países desarrollados. Como cualquier consumo, está relacionado con el desarrollo material (…)

Esos consumidores gastaron 35 mil 300 millones de dólares (…) y a los cultivadores solamente les llegó 1%; a los procesadores 4%, a los traficantes internacionales 20%, y a los países desarrollados 75%. El negocio principal es la venta al detal; la ganancia se queda principalmente allá. Y ganan los vendedores de precursores químicos, sin los cuales no es posible producir la droga, y los banqueros que lavan las enormes sumas. Lavar es una parte grande del negocio, y no se puede hacer sin la banca norteamericana y sin los paraísos financieros. Ganan los traficantes de armas y, así sea de carambola, gana Monsanto, el fabricante del herbicida que se usa en las fumigaciones.

¿Quiénes son los que siembran coca y amapola, si no estoy mal, en 180 municipios? Son sobre todo pobres que no se enriquecen con el negocio (…) El narcotráfico es boyante, y los cultivadores (campesinos, indígenas y jornaleros), a duras penas se sostienen, con el agravante de que en esas zonas el costo de la vida es muy alto y la salud y la educación muy escasas. ¿Qué diablos hacen por allá, si no salen de la pobreza y se convierten en ilegales y los fumigan como cucarachas desde aviones? La respuesta es fácil. Desde siempre, en Colombia, la pobreza ha sido mayor en las zonas rurales que en las urbanas, pero particularmente desde 1990. No es casual que el auge de los cultivos de amapola y coca coincida con la apertura impuesta por el FMI, que se tradujo en la pérdida de 1,8 millones de hectáreas agrícolas y en la desaparición de 234 mil hectáreas de cafetales. Esos compatriotas siembran coca y amapola porque el Estado no les ofrece otra posibilidad. Cabe preguntar: ¿Qué le sucederá al país una vez se aplique el TLC o el ALCA y se nos arrebaten los dos millones de hectáreas de agricultura lícita que aún quedan; cuando los arruinados del campo tengan la coca y la amapola como única alternativa?

La ineficacia de la política de control. La prueba reina de que no funciona la política antinarcóticos aplicada en Colombia es que no sube el precio de la droga (…) ¿Cuál es el problema? Que hay demanda, hay consumidores. Y hay tierras para sembrarla, no solo en la zona andina sino en el resto del mundo tropical. Y por la enorme pobreza de la región y de la humanidad, hay cultivadores. Y hay oferta, hay narcotraficantes, porque las utilidades son excelentes. En el capitalismo siempre que haya ganancia habrá quien se arriesgue. Todos los factores están dados: consumidores, tierras, cultivadores y narcotraficantes, los cuatro requisitos necesarios.

Hagamos una acotación. Los cultivo de coca y amapola son ilegales en Colombia. Y no tendrían por qué serlo, pues una cosa es la coca y otra la cocaína. Es muy importante tener en cuenta que las comunidades indígenas son consumidoras habituales de coca, es una costumbre ancestral.

En la medida en que es ilegal el narcotráfico, debe castigarse. ¿De qué manera? Hay dos posiciones. La de quienes decimos que el Estado debe sujetarse a la ley y mantener una actitud ética, democrática, en la persecución del traficante, tal como debe hacerlo en la persecución de cualquier delito. El Estado no puede asesinar al asesino, ni torturar al torturador. ¿Cuál es la concepción democrática? Que la cocaína y la heroína deben ser perseguidas, pero mediante sistemas de erradicación manual que respeten la fauna, las plantas y las personas. Y tener una política social y económica que les ofrezca a campesinos, indígenas y jornaleros alternativas en otras actividades económicas. Ellos son profesionales del trabajo agrícola, no delincuentes. En el campo se realizan y se convierten en gente respetable. La política opuesta, antidemocrática, es la de fumigarlos como cucarachas y, de paso, convertirlos en delincuentes o en vendedores de chontaduros en las calles de Bogotá.

El daño de las fumigaciones. ¿Con qué se fumiga? Con roundup (glifosato), con herbicidas de amplio espectro, químicos para matar plantas de distintas especies. Matan la coca y la amapola, pero también otros vegetales. Y son productos tóxicos, tal como lo establecen las propias etiquetas de la trasnacional gringa que vende el roundup, con una serie de recomendaciones precisas, que restringen su uso. Los investigadores previenen sobre el riesgo de carcenogénesis, o sea, que puede producir cáncer, presentar mutaciones genéticas por cambios en el DNA, y teratogénesis, daños severos en los fetos de personas y animales (…) En 2003 se aplicaron en Colombia un millón 381 mil litros de roundup, y en las aspersiones aéreas se emplea un roundup entre siete y catorce veces más poderoso que el de uso agrícola.

En las fumigaciones el viento, por el efecto deriva, hace que el herbicida caiga en sembradíos y en sitios habitados. Y la resolución 013 autoriza fumigar sobre cultivos intercalados, o sea coca y amapola mezclados con plátano, yuca y lo que haya (…) ¿Sobre qué y quiénes cae el veneno? Esta es la parte crucial. Cae también sobre cultivos no ilícitos y sobre las vacas y los perros y las gallinas y sobre el que siembra, y la señora y la abuela y los hijos. Están fumigando a nuestros campesinos, gente honrada y trabajadora a quienes las condiciones del país los obligan a emigrar.

Y los reclamos por daños no se atienden. Según el Ministerio del Interior, de 4.497 reclamos por daños, han admitido cinco. Las normas están mañosamente redactadas; la última exige que los reclamantes sean propietarios del predio, cuando todos sabemos que en zonas de colonización no se tienen escrituras. Y la policía es juez y parte: da las órdenes de fumigaciones y es la que determina si hubo daño y cuánto vale. Esas normas son una burla.

Principio de precaución. Se pide suspender la fumigación aérea porque los riesgos de daños agudos y crónicos a la salud y al medio ambiente son inmensos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Defensoría del Pueblo piden aplicar el principio de precaución. Si no estoy seguro, no lo hago. Este principio es un avance de la humanidad. Si no hay certeza de que el roundup produce cáncer, pero existe el riesgo, lo sensato es no aplicarlo. Y lo mismo con los demás efectos que este veneno puede tener sobre personas, animales y plantas. La Defensoría del Pueblo defiende el principio de discriminación positiva, es decir, reconocer que los campesinos que cultivan coca más que beneficiarios son víctimas de ese negocio y de esa realidad.

Estados Unidos impone la política. Por último, digamos que estas no son decisiones soberanas del gobierno de Colombia. Son órdenes de Estados Unidos, que convierte la política antidrogas en asunto de seguridad nacional. Y si Colombia no hace lo que Washington quiere, viene la orden de paralizar los créditos de Colombia con las agencias internacionales. Estamos sometidos a la extorsión. El Atpdea, concede preferencias arancelarias para algunas exportaciones colombianas con la condición de aplicar la política antinarcóticos de Estados Unidos. Ellos consumen el bazuco y nos fumigan; se quedan con la plata y los muertos los ponemos aquí. Tanto es el sometimiento de Colombia que El Tiempo, de marzo de 2004, dice que no fumigar los parques sería anteponerle a Estados Unidos por una honrosa vez el interés nacional de un país que posee el segundo patrimonio ambiental del planeta.

Que Estados Unidos controle sus fronteras. Digamos que 50 países pueden producir coca y amapola y que el narcotráfico se puede hacer en 150 países. Lo curioso es que el centro de la política norteamericana no sea blindar sus fronteras, lo que sería más fácil, sino que riega la guerra por el mundo entero. Pero si se acaba la coca en Colombia, se va para Perú, Ecuador, África o Asia. A los gringos, si es verdad que están en una guerra contra las drogas, los debería preocupar que llegue droga, no de dónde les llega. El problema debería ser el consumo.¿Por qué aplican la estrategia más absurda, salir a perseguir el flagelo en 150 sitios, en vez de concentrar la interdicción en sus fronteras? Es demasiado inconsistente. ¿No será más bien un pretexto para intervenir en Colombia y en todas partes, e imponernos lo que se les dé la gana?

Que los parques no sean fumigados, que no se envenene el ambiente. Necesitamos una política de erradicación manual, que les dé alternativas a los cultivadores. Una política soberana; no podemos entregarle las decisiones a Estados Unidos. Su lógica no puede producir efectos positivos para nuestro país, ni en el terreno del narcotráfico, ni en el del medio ambiente, ni en nada.

Jorge Enrique Robledo

La humanidad en su inevitable transformación de la naturaleza puede causarle a ésta impactos indeseables, hasta el punto de producirles consecuencias catastróficas a las sociedades que generan esas modificaciones. Y esto, que se sabe desde hace siglos, es más cierto hoy cuando las enormes fuerzas de la tecnología son capaces de provocar alteraciones tan grandes que incluso llegan a afectar la estabilidad medioambiental del planeta.

Al mismo tiempo, hay que precisar que el cuidado del medio ambiente debe tener como principales beneficiarios a los seres humanos, y que son las tremebundas condiciones de existencia de miles de millones de estos el más grave problema medioambiental de la Tierra.

Es obvio, entonces, que no se es demócrata consecuente si no se pugna por un país y un mundo en los que al cuidado del medio ambiente se le dé importancia primordial.

Otros elementos cuya consideración es imprescindible, son los que establecen que no son la ciencia y la tecnología en sí mismas las que dañan el medio ambiente, sino su indebida concepción y aplicación, y que estas prácticas erradas tienen como causa principal unas relaciones entre las personas y entre las naciones que algún día harán parte de la prehistoria de la humanidad. El objetivo consiste, entonces, en lograr en esos dos ámbitos unas nuevas relaciones que permitan desarrollar las fuerzas productivas y, al mismo tiempo, alcanzar el mejor cuidado del entorno natural.

Por décadas, los dirigentes de Estados Unidos y otros países industrializados definieron las preocupaciones medioambientales como salidas en falso de algunos despistados. Pero en algún momento concluyeron que los daños a la naturaleza –porque los que sufren las personas les siguen siendo en lo fundamental indiferentes– podían terminar por afectarlos a ellos mismos, así como que el cuidado de algunos de sus aspectos redundaba en un excelente negocio para sus monopolios.

A partir de ese momento, en todo el mundo, y en especial en América Latina y en Colombia, los gobiernos y las trasnacionales se han esforzado por cooptar al mayor número de ambientalistas e imponer un pensamiento oficial al respecto. Y esa concepción, impuesta por las agencias financieras internacionales que modelan la economía global, nació preñada por las mismas deformaciones que son la causa de los problemas del medio ambiente.

Hay evidencias suficientes para demostrar que la política estadounidense en este campo, que define a la vez la del gobierno de Colombia, oscila entre dos polos: por un lado, ambientalismo extremo, de forma que los colombianos reduzcan al mínimo las modificaciones de la naturaleza que requiere el desarrollo nacional o establezcan normas ambientales desproporcionadas que también lastran el progreso del país, y, por el otro, ningún cuidado del medio ambiente, de manera que algunos puedan dañarlo a su antojo. En cada caso, supeditando el interés de los colombianos a la ganancia extranjera. La parálisis impuesta al progreso del Chocó y las fumigaciones aéreas de la coca y la amapola, ilustran dicha concepción.

En este aspecto, como en todos, urge que los colombianos pugnemos por definir, de manera soberana, una política ambiental que se ajuste a nuestras realidades y posibilidades. Que si bien aprenda de las buenas enseñanzas extranjeras, parta de que debe establecerse una teoría y una práctica de base nacional. Y que tenga como uno de sus propósitos generar la más amplia unidad en torno a algunos problemas principales, como podrían ser el rechazo al Alca y el TLC por su negativo impacto en el medio ambiente y el intento neoliberal de privatizar las fuentes de agua de los colombianos. El éxito alcanzado en contra de las fumigaciones en los parques nacionales es un buen ejemplo de que esas coincidencias son posibles y que la resistencia civil puede generar victorias para los intereses populares y nacionales.

El apego morboso al poder, lo que se conoce como libido imperandi, es un rasgo inequívoco de los gobernantes con vocación autoritaria y dictatorial. Su apelación a la voluntad del electorado es apenas una estratagema para engañar incautos y dar una apariencia de legitimidad a su decisión de aferrarse al poder, supremo bien que les permite identificar sus intereses políticos particulares con el interés general.

El propósito del actual Presidente de promover y auspiciar su propia reelección es un acto a la vez devergonzado y vergonzoso que pone en evidencia el riesgo en que se encuentra lo poco que hay de democracia en Colombia. Ya se conoce el talante del doctor Uribe Vélez quien, para el logro de sus propósitos, no tiene empacho en desconocer y manipular las reglas que en el Estado de Derecho limitan la actividad de los gobernantes. El Referendo es un antecedente ejemplar al respecto. Primero quiso ejercer presión indebida sobre la Corte Constitucional, invadió los medios de comunicación y la intimidad de los hogares más allá de lo razonable, y, luego, frente al resultado adverso no encontró ilegítimo solicitar a un ex Presidente que influyera en los Magistrados del Consejo Nacional Electoral a fin de que cambiaran, a posteriori, las reglas del juego. La controversia impertinente e insólita (de su parte) que hoy protagonizó con un Senador de la República sin que aún se haya aprobado siquiera en primer debate el proyecto de Acto Legislativo destinado a aprobar la reelección del Presidente de la República es un anticipo de lo que vivirá el país en breve término si se tolera la intervención desmesurada e ilegítima del más alto funcionario del Estado en la actividad política y de la desigualdad manifiesta en que se encontrarán sus competidores en busca de la Presidencia de la República.

Firman: Carlos Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Jesús Bernal, Édgar Artunduaga, Luis Carlos Avellaneda, Juan C. Restrepo, Efrén Tarapués, Samuel Moreno, Antonio J. Peñalosa, Piedad Córdoba, Jaime Dussán y Wilson Borja.

Uribe Vélez está empeñado en darle pábulo a un proyecto dictatorial, sostuvieron los congresistas

Alternativa Democrática se consolida como bancada parlamentaria dispuesta a combatir el autoritarismo del gobierno, las medidas neoliberales y la ofensiva recolonizadora del imperio del Norte.

A la bancada pertenecen los senadores Carlos Gaviria Díaz (Frente Social y Político), Jorge Enrique Robledo (MOIR), Luis Carlos Avellaneda (Partido Unidad Democrática), Efrén Tarapués Cuaical (Autoridades Indígenas de Colombia, AICO) y Antonio Javier Peñalosa (Movimiento Ciudadano), y los representantes a la Cámara Wilson Borja y Alexánder López (Frente Social y Político), Venus Albeiro Silva (Partido Comunitario Opción Siete), y Ermínsul Sinisterra (Partido Unidad Democrática).

Contra la reforma a la justicia

Los nueve congresistas condenaron en forma unánime el proyecto de reforma a la justicia como un «camino hacia la dictadura».

Cada nueva propuesta del gobierno de Uribe, señaló en marzo Alternativa Democrática en un comunicado de prensa, ratifica sus propósitos regresivos, en contravía de las urgentes y legítimas demandas populares.

Lo que Uribe pretende hacer pasar en el Congreso «obstaculiza el funcionamiento independiente y autónomo de la rama judicial y debilita la acción de tutela para derechos económicos y sociales, pues como lo expresaron los integrantes de la Corte Constitucional, ‘so pretexto de introducir ajustes menores a la tutela, realmente le quita por completo la eficacia y estimula la inseguridad jurídica».

Los congresistas concluyeron: «El estado de Emergencia Judicial, una de las figuras propuestas, le da al Presidente de la República la facultad de modificar a su amaño los códigos penales, civiles y laborales y para suspender términos, trasladar expedientes y cambiar, incluso, ‘procedimientos penales como las detenciones preventivas y las medidas de aseguramiento’. En resumen, el gobierno lo que busca es quitarse los controles, por lo que renombrados juristas han manifestado que lo que propone el gobierno simplemente da como resultado una dictadura».

Alternativa Democrática respaldó plenamente el erguido pronunciamiento de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, que con valor civil rechazaron el proyecto de reforma a la justicia.

No al Acuerdo Político uribista

También en marzo, los congresistas de Alternativa Democrática acordaron no concurrir a las reuniones convocadas en la Casa de Nariño por el primer mandatario y encaminadas a allanarle el camino a un Acuerdo Político.

Señalaron en un comunicado: «Tanto en el Referendo del 25 de octubre como en el Congreso de la República han sido derrotadas las pretensiones de Uribe Vélez de generalizar el IVA a todos los productos y servicios, disminuir nuevamente las transferencias a las regiones, elevar aún más los años para que los asalariados, hombres y mujeres, puedan empezar a gozar de su derecho a la pensión, eliminar los regímenes especiales para el magisterio y los trabajadores del Seguro Social y Ecopetrol e imponerles impuestos a los pensionados.

«Y como en esas estas instancias no ha podido lograr la aprobación de esas propuestas regresivas, entonces el uribismo insiste en conseguirlas mediante el llamado Acuerdo Político, como bien lo han informado los medios de comunicación».

Con este tipo de maniobras, denunció Alternativa Democrática, Uribe Vélez pretende restringir el debate democrático que ha de darse en el parlamento, sustituyéndolo por exclusivos conciliábulos a puerta cerrada.

El proyecto de reforma constitucional en que viene empeñado el presidente Uribe para abrirle el camino a la propia reelección fue rechazado en forma enérgica por los doce congresistas (Ver Recuadro, a la izquierda), encabezados por los senadores de Alternativa Democrática Carlos Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Efrén Félix Tarapués y Luis Carlos Avellaneda, además de otros parlamentarios.

Ferviente llamado a mantener firme la posición de pelea y a desechar las promesas de patronos y gobierno.

Gustavo Triana

La toma imperialista del país por parte de Estados Unidos se ha profundizado durante el gobierno de Uribe Vélez. Así lo indica la imposición de los acuerdos de libre comercio, el saqueo de los recursos naturales y el abaratamiento de la mano de obra, objetivos sobre los cuales el gobierno tiene un apresuramiento manifiesto.

Luego de las reformas pensional y laboral del año 2002, Uribe anuncia el trámite de nuevos actos legislativos para recortar las transferencias a departamentos y municipios, y negarles a los trabajadores el derecho a una pensión de jubilación, reafirmando la importancia que para los propósitos imperiales tiene rebajar los costos de la mano de obra a niveles de superexplotación, propios del esclavismo. Esta es una característica connatural a las políticas neoliberales.

Es un hecho que los trabajadores cobijados por convención colectiva son una minoría y que los que aún conservan contrato de trabajo individual desaparecen rápidamente ante la imposición de modalidades laborales desregularizadas. La inmensa mayoría de los asalariados está siendo vinculada por cooperativas de trabajo asociado, agencias de empleo temporal, contratos sindicales, órdenes para prestación de servicios y contratos civiles, que acaban con la contratación colectiva y las organizaciones sindicales.

La ofensiva es de tal magnitud que no es exagerado señalar que borra del sistema jurídico cualquier vestigio del derecho laboral. El modelo requiere suprimir toda normatividad y llegar hasta la más cruda represión. Equivocar el análisis sobre esta característica de la política imperialista conduce inevitablemente a cometer errores tácticos y a desarmar política e ideológicamente a los trabajadores.

En busca de una respuesta adecuada

Las respuestas dadas por el movimiento sindical no han alcanzado la coordinación ni la contundencia suficientes para enfrentar la ofensiva neoliberal. No pocas veces se ha vacilado al confrontar las medidas antinacionales y antiobreras, renunciando a defender los derechos conquistados en un siglo de luchas. Algunos pretextan para ello la necesidad de preservar las fuerzas, ser propositivos, abandonar lo «contestatario» o simplemente abrazan como alternativa la reaccionaria convocatoria del sindicalismo sociopolítico a convertirse en accionistas de las empresas o en nuevos contratistas e intermediarios.

Varios factores han entrabado la concreción de una respuesta adecuada: el pesimismo ante la brutal ofensiva imperialista, las inconsecuencias y el burocratismo, la introducción de métodos de lucha ajenos a la clase obrera, la negativa a centrar el ataque en las políticas imperialistas y sus ejecutores en Colombia, y la por lo menos ingenua actitud de esperanzarse en la concertación. Se ha perdido la oportunidad de adelantar protestas de gran magnitud, a pesar del favorable estado de ánimo de las bases. No obstante se libraron combates que mostraron cómo las masas alcanzan grados de movilización y lucha insospechados, si se les organiza y encamina a defender sus más caros intereses y reivindicaciones con una táctica correcta. Ejemplo de ello han sido el paro nacional estatal de 21 días en octubre de 1998, el Paro Cívico Nacional del 31 de agosto y 1 de septiembre y las movilizaciones de Fecode contra el Plan Nacional de Desarrollo y el Acto Legislativo 01.

Por lo demás fue aleccionadora la victoria alcanzada contra el referendo uribista, la más importante contra las políticas neoliberales. El acierto radicó en la amplitud de la convocatoria y la firmeza en la posición. Se probó la capacidad de convocatoria y de movilización de recursos de todo tipo por parte de las Centrales Obreras y la Gran Coalición Democrática, cualidad que con frecuencia se ignora o subvalora.

Aleccionadoras experiencias

Algunas de las recientes experiencias del movimiento sindical arrojaron resultados negativos, que deben movernos a reflexión para sacar las respectivas lecciones. Los procesos vividos por los trabajadores de las Telecomunicaciones, Acerías Paz de Río, Cajanal, el Seguro Social, Emcali, Caja Agraria, Bancafé, demuestran hasta la saciedad y con graves repercusiones para el país y los trabajadores, que el imperialismo viene por las empresas, las convenciones y los sindicatos.

Para frenar los propósitos gubernamentales de privatizar las empresas y entidades y pauperizar los salarios, ha sido inútil hacer concesiones tales como suprimir derechos convencionales; entregar la retroactividad de las cesantías; firmar contratos sindicales y participar en la constitución de cooperativas de trabajo asociado; capitalizar las empresas con las prestaciones sociales; excluir a los trabajadores nuevos de las convenciones; renunciar al derecho de presentar pliegos de peticiones.

Por el contrario, los resultados son altamente positivos para los trabajadores y el pueblo cuando la posición de pelea se mantiene firme y se desechan las promesas de patronos y gobiernos. En 1997, la USO impidió la privatización de Ecogas con la lucha y la defensa de la empresa como objetivo prioritario; Fecode frenó la política neoliberal sobre financiación de la educación pública, peleando en el marco de la expedición de la ley 60 de 1993; los maestros y los petroleros ganaron el régimen de excepción en la ley 100 de 1993 con una posición de batalla; los trabajadores de Enka y El Cerrejón defendieron con éxito sus convenciones y puestos de trabajo; Sintrainagro recurrió recientemente a la huelga, y preservó las convenciones y la estabilidad de los trabajadores de la palma en Puerto Wilches; los aprendices, alumnos, instructores y trabajadores del Sena llevan 12 años de incesante lucha por la defensa de la Institución y de sus derechos y, en forma ejemplar, persisten ahora en la movilización como herramienta principal para lograr sus metas.

Urgencia de la batalla

Por estos días la situación se ha agudizado para sectores cuyo peso en la economía y en el movimiento sindical son determinantes en el pulso contra el gobierno de Uribe y las políticas imperialistas.

La reforma a la justicia que se tramitará en el Congreso y la reestructuración de dicha rama, socava importantes derechos democráticos de la población, y golpea contundentemente reivindicaciones de jueces y trabajadores de la rama judicial, Asonal ha respondido con la aprobación de un paro nacional indefinido.

El Comité Ejecutivo y la Junta Nacional de Fecode aprobaron dar igual respuesta al recorte de las transferencias, la abolición del régimen pensional y el resto de medidas que privatizan la educación y eliminan los derechos del magisterio.

Los sindicatos del SENA y sus estudiantes y aprendices vienen realizando movilizaciones y foros para ambientar el paro por la defensa de la formación profesional estatal y gratuita, contra la entrega de las instalaciones y dotaciones de la Institución al sector privado y por preservar los derechos de instructores y trabajadores administrativos.

En su Asamblea Nacional de Delegados, la USO resolvió, por unanimidad, adelantar la huelga en Ecopetrol, y en efecto la inició el pasado jueves 22, para oponerse a la prórroga de los contratos de asociación, el restablecimiento de las concesiones, la venta de los campos de producción a las multinacionales, la imposición del laudo arbitral, exigir el reintegro de los dirigentes arbitrariamente despedidos y, en suma, defender el principal patrimonio público de Colombia.

Con determinaciones tan lesivas y ante anuncios como la eliminación del derecho a la pensión de jubilación, la reelección de Uribe y el inicio de las negociaciones con Estados Unidos para el establecimiento del Tratado de Libre Comercio, el movimiento sindical puede contribuir a la concreción de batallas imprescindibles para la dignidad nacional y tan ansiadas por las bases sindicales que sufren el inclemente deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo. Estamos ante la necesidad de reactivar la resistencia y con ello recobrar la confianza en la lucha de las masas, como única salida para resolver los problemas que aquejan a los trabajadores y al país. Las Centrales Obreras deben poner todo su empeño en la coordinación de estos conflictos, brindarles la más vigorosa solidaridad y jalonar la oposición de la inmensa mayoría de los colombianos al TLC, a la reelección uribista y, en general, a las políticas antipopulares y antidemocráticas del gobierno.