El gobierno de Pastrana: TRES AÑOS DE FELONÍA

Por Alfonso Hernández

En pocos meses se cumplirán tres largos años del gobierno de Andrés Pastrana. Durante la campaña electoral, muchos de los editorialistas y otras plumas, a cargo de los cuales corren los análisis sesudos, presentaron al delfín de la Casa Pastrana como el San Jorge que daría la lanzada mortal al dragón de la corrupción, como el paladín de la democracia que pondría coto al clientelismo y como el estadista capaz de alentar el aparato productivo, disminuir el desempleo y entronizar la paz. Promesas que se resumían en el lema de «el cambio es ahora». Cierto que en muchas de esas apologías se percibía una sensación de desgano, algo de falta de convicción, pues la hoja de vida del aspirante no lo acreditaba para capitanear semejante cruzada.

Por cierto, los rasgos de la personalidad de Andrés Pastrana se revelaron de manera precoz, según afirman sus profesores y compañeros de estudio en el colegio San Carlos. Coinciden en que era un desastre en matemáticas, química, física, historia, geografía y aún peor en las demás materias. El sacerdote Sebastián Schmidt1 dice que se le veía siempre con su grupo de amigos de toda la vida y que «Andrés no sumó ni restó, simplemente estaba ahí». Su costumbre de arrebujarse con una ruana durante las clases fastidió tanto a los profesores, pues ignoraban si el mozalbete estaba despierto o dormitaba –semejante a lo que a veces le ocurre hoy al país—, que terminaron prohibiendo el uso de esa prenda. Eso sí, compensaba su nulidad intelectual con una cierta destreza en la trampa en los exámenes y una tendencia a comprar las notas, invitando a los profesores a Palacio a jugar billar. Ya en sus últimos años de bachillerato andaba con sus amigotes de farra en un carro blindado. Con el correr de los años, lo cambiaría por el blindaje de la Casa de Nariño, para mantenerse siempre apartado de los afanes de sus conciudadanos.

En 1994, aspiró a la Presidencia y, ante la inminente derrota por parte de Ernesto Samper, Pastrana recibió de un agente de la DEA los que se conocerían como los narcocasetes, que entregó a Gaviria y al embajador de Estados Unidos, y a partir de los cuales quiso desconocer el resultado de las urnas: con el rostro bañado en lloro, alegó que «Samper había obtenido el triunfo numérico pero no el moral». Detrás de esa pataleta se escondía el interés norteamericano de provocar una profunda discordia en la sociedad colombiana, que le permitiera tiranizarla aún más. La treta resultó. Los partidos políticos tradicionales, algunos de los proclamados independientes, los intelectuales, la prensa, la burguesía, grande y pequeña, se fraccionaron y enfrascaron en una agria polémica. Unos se alistaron, por cálculo o ingenuidad, en las filas de los conspiretas, condenaron con vehemencia el narcotráfico y a la clase política corrupta y juraron que el Tío Sam rescataría a Colombia del reino del delito y la redimiría de su carácter de paria internacional. También pregonaron que la crisis económica se originaba en el distanciamiento del gobierno y los inversionistas del Norte, quienes asqueados se alejaban de un país cuyo gobernante había recibido dineros de la mafia. La solución consistiría en atraer al coloso, en ganar su benevolencia, adecuando las políticas y escogiendo el candidato que lograran esa reconciliación; con ello habría inversión, se reactivaría la economía y se reduciría el desempleo. El sector de los acusados se afanó también por mostrar a la Casa Blanca su inocencia. Así, Estados Unidos, supremo juez de la reyerta que había provocado en su propio interés, disfrutó de la obsequiosidad de ambos bandos. Algo ha cambiado la política interna desde el fin de la Guerra Fría, cuando Washington prefería mantener la unidad de las clases dominantes; ahora, como línea general, alienta y saca provecho de sus fisuras y choques.

Tras la candidatura de Andrés Pastrana se aglutinó la facción de los moralizantes. Esto, a la postre, sería determinante para que una persona tan «incompetente y frívola» llegara a la Presidencia de la República. El candidato poseía, además, algunas virtudes de político posmoderno, que le facilitaban la labor a las firmas Shrum, Devine & Donylon: sabía posar para las cámaras y repetir, al pie de la letra, los eslóganes que le dictaban sus asesores de imagen, quienes elaboraron los lemas sobre la base de encuestas que establecieron el querer de la gente y lo que deseaba que le prometieran. El político no expresa ni el programa de gobierno ni cómo lo va a llevar a cabo, pronuncia frases vagas pero efectistas. Una verdadera estafa política. Él mismo quedó tan impresionado de los logros de la pantalla chica, que está gobernando como quien hace programas televisivos: ¡en una reunión de Gabinete dio orden perentoria a todos sus ministros para que en ocho días, máximo, resolvieran el problema del desempleo!

En materia política hay que señalar que el país ha sido manejado por una excluyente camarilla pastrano-gavirista, que no atiende sino la voz de Washington; copó con avidez todos los cargos y desde el primer día empezó a devorar el presupuesto en desfalcos, jugosos contratos oficiales con familiares y amigos y viajes a todos los confines; desde antes de posesionarse inició una gigantesca operación de compra del parlamento; provocó un cisma con las fuerzas armadas y, en otro de los gestos teatrales, se enfrentó con el Congreso cuando trató de revocarlo por las malversaciones que el propio Ejecutivo había propiciado. Sólo a alguien tan miope se le podía ocurrir meterse en semejante lío, siendo tan impopular. Al huérfano presidente hubo de acudir a socorrerlo, con paternal reproche, el secretario general de la OEA, quien le aconsejó echar pie atrás. A fuerza de denuncias de corrupción removió funcionarios, que reemplazó por otros de la misma colada. Eso sí cooptó al solitario exponente de la «tercera vía», para que le ayudara a extraerles a los colombianos «sudor y lágrimas». También echó mano de un sindicalista ansioso por trepar, a quien le asignó la misión de darle un airecillo «concertador» a la imposición de las políticas del Fondo Monetario, destinadas a arrebatar viejas conquistas de los trabajadores en materia de prestaciones y seguridad social.

Después de mucho zafarrancho, Pastrana hizo acuerdos de importancia con el candidato de la «oposición patriótica», que acepta el Plan Colombia pero si se lo explican funcionarios gringos, no importa que sean de cuarta categoría, por algo se empieza; que quiere el ajuste fiscal pero con lo social, que se reduzcan las transferencias, pero con consentimiento de los gobernadores. Que acepta todo, pero si se concede alguna fruslería. Pastrana ha mantenido una posición de intransigencia frente a los reclamos de los trabajadores, los campesinos y los productores. En otra muestra de su actitud antidemocrática, ha ejercido toda clase de presiones para silenciar críticas de la prensa. Un conocido periodista señaló, con harta razón, que «cada vez que hay colisión entre los intereses empresariales y periodísticos, se resuelve a favor de los primeros». Los críticos han tenido que abandonar sus sitios de trabajo, lo que muestra cómo el contubernio entre el poder y los monopolios de los medios convierte la libertad de prensa en una farsa.

Casi por unanimidad, en el país se reconoce el fracaso del gobierno, sin embargo quienes pretenden defenderlo dicen que su política exterior ha sido exitosa. Pero justamente es en ese aspecto en el que se inflige el mayor daño al país. La fórmula del régimen para «insertar de nuevo la Nación en la comunidad internacional» es sencilla. Traducir del inglés el Plan Colombia y, sin discutirlo aquí con nadie, ponerlo en práctica. Abrir de ese modo las puertas a una injerencia directa del Pentágono y del Departamento de Estado en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Militares, en la Policía y en los organismos de inteligencia; del Departamento del Tesoro en el Ministerio de Hacienda y en la DIAN, instituciones en las que establecen bases de datos que les permiten conocer la situación económica de cada empresa y casi de cada ciudadano. El Departamento de Justicia, por su parte, afinca su control sobre la Fiscalía, la Policía Judicial y el Inpec; el Departamento de Estado también mangonea al Ministerio de Justicia, al Plante y a la Red de Solidaridad. La DEA, el FBI, la CIA y asesores militares y compañías armadas privadas actúan con descaro en el país. Contrario a lo prometido, la reconciliación del gobierno colombiano con el de Estados Unidos agravó los padecimientos de la Nación. La lección es clara: Colombia no encontrará su bienestar entregándose al imperialismo.

La dirección de la economía se la entregó, ya desde antes de la protocolización del acuerdo, al Fondo Monetario Internacional, que dispone aumentar los impuestos a la población, disminuir el gasto público en salud y educación y las transferencias a los departamentos y municipios, privatizar la banca pública, despedir trabajadores, reducir pensiones y desmantelar el Seguro Social. Todo con el fin de garantizar el pago de la deuda pública.

Dragando las finanzas del Estado

Uno de los aspectos que mayor repugnancia e ira han provocado es el saqueo de las arcas públicas, por parte de la camarilla palaciega.

Henry Ávila, nombrado gerente del Banco del Estado, autorizó giros millonarios a favor de clientes insolventes, y prestó 600 millones de pesos a Diego Pardo Koppel, embajador en México e íntimo de Pastrana, quien canceló dicha deuda mediante pauta publicitaria del mismo Banco en TV Andina, entidad del Estado de la cual era contratista. Juan Camilo Restrepo sobornó con más de cinco mil millones de pesos a Armando Pomárico y a otros parlamentarios para que fortalecieran la Gran Alianza por el Cambio. Pastrana designó a Luis Alberto Moreno embajador en Washington y a Fernando Araújo ministro de Desarrollo. Ambos personajes, junto con Héctor García Romero, terminaron adquiriendo Chambacú, un lote de 27 hectáreas, ubicado frente al castillo de San Felipe en Cartagena. Moreno y García, el uno ministro de Desarrollo y el otro gerente del Inurbe, en la administración de Gaviria, ante el hecho de que el gobierno ya no construiría vivienda para la pobrería, pusieron en venta ese terreno. Feriaron 10 hectáreas, las otras 17 quedaron en manos del Distrito, para construir parques que valorizarían la zona. La firma Araújo y Segovia, de propiedad del padre de Fernando Araújo, fue contratada para poner el precio base. Resultó favorecido un consorcio formado por Fernando Araújo, el hijo, que luego creó la compañía Chambacú de Indias S.A., Chisa. Los compradores no dieron un solo peso; al Inurbe le pagaron con bonos del propio Inurbe, que les prestaron los bancos estatales. A la sociedad se sumaron Luis Alberto Moreno, su esposa, Héctor García Romero y un ex gerente del Banco del Estado. En el lote en que se iba a construir vivienda para gente de bajos recursos se está levantando, por lo pronto, un lujoso edificio.

Juan Hernández, amigo entrañable del primer mandatario, fue designado secretario general de la Presidencia, cargo que aprovechó para incrementar los negocios de su familia, mediante la venta de uniformes a la policía y al DAS, entre otras instituciones del Estado. Jaime Ruiz, compañero de colegio del mandatario y su colaborador de toda la vida, utilizó sus altos cargos para impulsar planes que valorizaran sus terrenos en el norte de Bogotá.

Dragacol, la Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe, se constituyó en febrero de 1994 con un capital de apenas 200 millones de pesos. En octubre del mismo año contrataba por 7.464 millones, con el Ministerio de Transporte, el dragado del río Magdalena en el sector de Chingalé-Regidor. Poco después, los funcionarios gubernamentales se dieron cuenta de que habían «olvidado» nombrar los interventores de la obra, lo que impedía darle comienzo.Esa demora le costó al fisco 13 millones de pesos diarios. Para mayor gravedad, cada vez que la empresa reclamaba los pagos y los intereses, el Ministerio no respondía, lo cual se conoce como silencio administrativo positivo, que obliga a reconocer los requerimientos del demandante. Eso terminó costándole al gobierno más de 1.300 millones de pesos. Después de muchos ires y venires, el 27 de abril de 1998, el ministro Marín Bernal y Reginaldo Bray, presidente de Dragacol, firmaron una solicitud de conciliación por 4.787 millones de pesos. Ya en el gobierno de Pastrana, el 23 de septiembre, el recién posesionado ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas, llegó a una nueva conciliación, pero esta vez por un valor de 26.000 millones de pesos.2 De éstos, el Ministerio de Hacienda le giró, antes de que estallara el escándalo, 18.000 millones. Dragacol también logró birlarle 9.000 millones al estatizado Banco Uconal. Ante las denuncias del senador Javier Cáceres, Mauricio Cárdenas dijo haber sido asaltado en su buena fe. La «ingenuidad» del inteligente Cárdenas les costó a los colombianos 18.000 millones, y el capital inicial de la empresita saltó de 200 a 18.000 millones, en solo cuatro años. Es una de esas compañías que merecen el premio a la «competitividad» y la «eficiencia». Con razón los financistas afirman que la crisis es una oportunidad. Claro que el negocio tiene sus costos. Reginaldo Bray, contribuyente de la campaña de Pastrana, agasajó al precandidato Juan Camilo Restrepo en el restaurante que, por una de esas deliciosas casualidades de la vida, se llama «La Sartén por el Mango».3 La fórmula para enriquecerse rápidamente es sencilla: ser amigo del presidente, ocupar altos cargos y aprovecharlos para hacer jugosos contratos oficiales con las empresas propias o de la familia, o poner en venta al malbarato los bienes públicos y salir a comprarlos con generosos préstamos estatales o hacer que las obras valoricen sus bienes. Y uno de los procedimientos más fructíferos es «olvidar» algún requisito de los contratos para atrapar las multimillonarias indemnizaciones.

Los robos legales

La Nación está siendo saqueada de manera inmisericorde mediante toda clase de contratos. El gobierno de Gaviria, con el pretexto de evitar nuevos racionamientos eléctricos, expidió el decreto 700 que abrió las puertas de la generación eléctrica a los inversionistas privados. El negocio es un verdadero atraco al fisco y a las electrificadoras regionales. Así se dio cabida a los PPA, Power Purchase Agreement, o acuerdos de compra de energía. El inversionista construye una planta de generación térmica y la electrificadora y la Nación garantizan pagarle durante 15 ó 20 años por el derecho potencial de adquirir la energía, así las plantas permanezcan apagadas y no generen un solo kilovatio. Esto le cuesta al país unos 460.000 millones al año, y unos 10 billones en el lapso del contrato. Por ejemplo, Corelca desembolsa 25.000 millones de pesos mensuales por los PPA de Termoflores y Tebsa; Emcali debe desembolsar 4 millones de dólares mensuales por disponer de las reservas de Termoemcali y pagarle facturas anuales por 15 millones de dólares por concepto de gas. Otro tanto ocurre con las electrificadoras de Boyacá, Tolima y la Central Hidroeléctrica de Caldas.

Este tipo de contrato es el mismo que firmó la Electrificadora del Atlántico con Termo Río, un consorcio del cual hace parte Sithe Energy. La empresa del Atlántico, si se hubiera llevado a cabo el negocio, habría de cancelarle a Termo Río unos 158.000 millones de pesos en dos años y medio. Como hubo reparos al contrato y no se ejecutó, el Tribunal de arbitramento internacional condenó a la estatal a pagar 61 millones de dólares, que Termo Río se gana sin haber construido planta alguna ni generado un solo kilovatio. En este caso, el superintendente de Servicios Públicos, Enrique Ramírez Yáñez, quien le hacía los discursos al entonces senador Andrés Pastrana, pagó varios miles de millones a un abogado para que hiciera un memorialito y no defendiera a la nación.

Los ejemplos continúan abundando. En 1993, Telecom y Nortel Networks firmaron un contrato del mal llamado riesgo compartido (joint venture), con vigencia de ocho años. Nortel instalaría 308 mil líneas telefónicas que se pagarían con la facturación. Al quinto año, debía tener ingresos mínimos por 143 millones de dólares o Telecom pagaría la diferencia. Por la crisis económica y la competencia que el sector privado le ha hecho a Telecom, no se dio el volumen de facturación estipulado, por lo cual Nortel demandó a la estatal ante un tribunal de arbitramento que la condenó a cancelar 72 millones de dólares. Lo más grave es que hay catorce contratos de este tipo con distintos consorcios extranjeros, lo que le representaría a Telecom un costo de 500 millones de dólares. Igual ocurre con las concesiones viales, a las que se les garantiza un flujo vehicular inflado con el que el erario siempre pierde. En estos contratos el Estado garantiza superganancias a las multinacionales, que no corren el menor riesgo. Mientras que los profesores neoliberales predican que el Estado no debe intervenir en la economía, es éste el que garantiza, y a través del cual, se hacen los grandes negocios. Así ocurre con los fabulosos de la deuda externa, los servicios , los fondos de salud: del presupuesto salen miles de millones que engordan a los pulpos, mientras las masas pagan la dadivosidad con recortes salariales, despidos, menor inversión, «sudor y lágrimas». El asunto no es cuánto interviene el Estado, sino en favor de qué intereses. Como lo plantea el marxismo, lo determinante es la naturaleza de clase del Estado.

El periodo presidencial de Pastrana ha sido doloroso, pero las lecciones son de gran importancia. En estos años se han impuesto sacrificios a los colombianos so pretexto de reducir el déficit y cancelar la deuda pública: ambos se han incrementado. Se prometió poner fin a los desfalcos bajo el tutelaje ético norteamericano y los hechos muestran que se trata de un trágico error; los gringos no quieren acabar el robo sino monopolizarlo. Igual ocurre con sus consignas de derechos humanos y de paz, carnadas para sojuzgar a los pueblos. La Nación tiene un solo camino para poder edificar un país en el que no sea robado el fruto del trabajo de los colombianos: derrotar el dominio imperialista y a las marionetas de los gavirias y a los pastranas.

NOTAS

1 Semana, agosto 10-17 de 1998, edición 849.
2 Semana, marzo 8-15 de 1999, edición 879, «El caso Moreno», págs 30-33.
3 Cambio, junio 26 a julio 3 de 2000, edición 366, «¿Relaciones peligrosas?», págs.15 a 25.

En Yugoslavia: LOS TENEBROSOS MÉTODOS DEL IMPERIO

Por Alejandro Torres

En los últimos meses Yugoslavia ha sido sacudida por hechos que reeditan algunos aspectos de la agresión imperialista, principalmente norteamericana, contra esa atormentada región. En este escrito nos referiremos únicamente a los que rodearon la caída del poder de Slobodan Milosevic, quien el pasado 31 de marzo fue detenido por el actual gobierno fantoche de su país y quien, probablemente, termine por ser entregado al espurio Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de La Haya, montado por las potencias para condenar a quienes se atrevan a desafiar sus designios. Milosevic dejó el gobierno el 5 de octubre de 2000, luego de que Estados Unidos, confabulado con la oposición interna, urdiera una gigantesca manipulación de la primera vuelta electoral para la Presidencia de la República, efectuada el 24 de septiembre, y amenazara con sumir nuevamente al país en el caos y la guerra si el gobierno insistía en llevar a cabo la segunda ronda.

Milosevic pronunció el 2 de octubre un discurso en televisión, que se constituiría en una especie de testamento político. En él, aunque no expuso su renuncia, que se produciría tres días después, sí constan las razones que lo obligaban a ello: «Hoy, al borde de unas nuevas elecciones, como la Oposición Democrática de Serbia duda que pueda conseguir el resultado que necesita, sus líderes, con dineros introducidos fraudulentamente al país, están sobornando, acosando y chantajeando a los ciudadanos; y organizando huelgas, malestar y violencia, dirigidos a bloquear la producción, todo trabajo, toda actividad. Su objetivo es paralizar la vida en Serbia para poder aducir que ella empezará de nuevo y marchará sana y exitosamente, cuando esté organizada por aquellos que representan las intenciones, planes e intereses de los ocupacionistas».1

Qué mejor forma de corroborar la justeza de las anteriores denuncias que reproducir lo plasmado por las propias cajas de resonancia imperiales, los monopolios de la información, que a lo largo del último decenio se dedicaron a esparcir la más infame deformación de las acciones de los líderes yugoslavos. El 11 de diciembre, The Washington Post refiere que en octubre de 1999, en una reunión en el lujoso hotel Marriot de Budapest, capital de Hungría, organizada por el National Democratic Institute, NDI, aparato del Partido Demócrata, con los más prominentes líderes de la oposición yugoslava y la agencia encuestadora Penn, Schoen & Berland Associates, se dio inicio a «un extraordinario esfuerzo de Estados Unidos para tumbar a un jefe de Estado extranjero, no a través de una acción encubierta del estilo de las realizadas por la CIA, en sitios como Irán y Guatemala, sino mediante las modernas técnicas electorales».2 La labor se encomendaría entonces, no a la siniestra Central de Inteligencia, sino a sus socios, el Departamento de Estado y la Agencia Internacional de Desarrollo, AID, que actuarían a través de contratos comerciales y grupos «sin ánimo de lucro», como el mencionado NDI y su contraparte republicana, el International Republican Institute, IRI.

Lo primero era unificar a las dos docenas de grupos de oposición y escogerles un candidato presidencial, misión que recaería en Vojislav Kostunika, un «nacionalista moderado», que tenía, además, como «parte de su atractivo», el ser «percibido ampliamente como anti norteamericano», y haber «criticado los bombardeos de la Otan, lo que hacía difícil calificarlo como traidor a los intereses serbios». Una lección sobre cómo para facilitar la explotación de los pueblos, a los imperialistas hasta les convienen algunos personajes que posan de díscolos, en quienes no se identifica claramente la felonía y que se caracterizan porque no exigen la radical supresión del dominio extranjero, sino que abogan porque se reblandezca, o al menos porque se le pongan afeites. Milosevic, en la alocución mencionada, había desenmascarado así la patraña: «Su verdadero líder no es su candidato presidencial. Su jefe por muchos años ha sido el presidente del Partido Democrático (Vuk Draskovic), colaborador de la alianza militar que condujo la guerra contra nuestro pueblo, quien, incluso, ni siquiera disfrazó su colaboración. El país conoce de su apelación a la Otan para que bombardeara Serbia por el tiempo que fuera necesario, hasta quebrar su resistencia. (…) La agrupación organizada de esta manera (…) representa a los gobiernos y ejércitos que recientemente comandaron la guerra contra Yugoslavia». La crónica de The Washington Post, cuenta que incluso los otros partícipes de la confabulación calificaban de «actitud vacía» la del Partido Democrático de Serbia, del taimado candidato escogido, que alardeaba de rechazar la ayuda externa, mientras la campaña presidencial se beneficiaba «de la asesoría y del apoyo finaciero recibidos del extranjero, y especialmente de los Estados Unidos».

Luego se decidió «elaborar un mensaje simple sobre la situación económica», callando, desde luego, que la crisis tenía como inmediato responsable el arrasamiento del país por diez años consecutivos de agresión política y militar; y, además, actuar sobre la base de que los serbios querían «el cambio por medios electorales y no a través de manifestaciones», como creían los conspiradores internos que habría de lograrse.

Resueltos la unidad, el candidato, y el sentido del «mensaje», la máquina se puso en acción. Así, «por primera vez en Serbia», se utilizaron «las técnicas occidentales de publicidad en la propaganda política». Por medio de «sondeos de opinión» se probaba permanentemente el efecto de los eslóganes, de la misma forma que se hace «con la goma de mascar o las gaseosas». El diario norteamericano dice que Srdan Bogosavljevic, cabeza de la firma encargada del marketing, manifestó: «Abordamos el proceso como si se tratara de vender una marca y golpear otra. La marca a vender era Kostunika; la que debía golpearse: Milosevic». Cada palabra de los voceros políticos de la oposición «era discutida con consultores de los Estados Unidos», y los aspirantes al parlamento y decenas de miles de los postulados a los gobiernos locales recibían intenso entrenamiento, que incluía, ante todo, la forma de «hacer llegar el mensaje».

Según el cínico relato, los mencionados aparatos, NDI e IRI, se repartieron el trabajo sucio. El primero, se concentró en los partidos de oposición y el otro, en Otpor, la tan celebrada organización estudiantil que fungía dentro del pérfido proyecto, según la propaganda gringa, como «columna vertebral ideológica y organizativa». En marzo de 2000, por ejemplo, el IRI les pagó en el Hilton de Budapest a un grupo grande de jóvenes, dos semanas de entrenamiento sobre resistencia pacífica. Ésta última orientación era obvia: la violencia había corrido a cargo de la Otan con sus inclementes bombardeos de más de un lustro. A los muchachos se les enseñaba, entre otras cosas, «a organizar huelgas, a comunicarse con símbolos, a sobreponerse al miedo, a minar la autoridad del régimen». El seminario conspirativo lo orientó el coronel retirado del ejército gringo Robert Helvey quien ostentaba, entre los tantos galones de su currículo, estudios sobre métodos de resistencia no violenta usados en Burma y en «la lucha por los derechos civiles en América del Sur». Helvey instruía a los activistas de Otpor en las teorías de un tal Gene Sharpe, «el Clausewitz del movimiento de la no violencia», cuyo principal aforismo: «Despojar la autoridad del gobernante es el elemento más importante de la lucha pacífica», declamaban arrobados los alumnos. Los conspiradores se ufanan de que en una de las sesiones con su amaestrador fue adoptada la consigna del movimiento: «Gotov je» o «Él está terminado», que se convirtió, al lado del puño cerrado, símbolo de Otpor, en el lema de todo el mercadeo. La AID financió millones de calcomanías con tal consigna, que se enviaron a Serbia y se pegaron en baños, ascensores, sobre la propaganda de Milosevic; así como costeó los miles de potes de spray con los que se hizo la agitación mural.

Otro caso de adoctrinamiento juvenil fue un curso para testigos electorales en Szeged, población húngara a pocos kilómetros de la frontera con Serbia, al cual asistieron 400 jóvenes, quienes de regreso entrenaron a 15 mil más, que se agruparon en el llamado Centro Serbio por Elecciones Libres y Democracia para organizar un sistema paralelo de escrutinio. El adiestramiento fue financiado totalmente por Estados Unidos. The Washington Post continúa: «Cada testigo recibía 5 dólares, en un país donde el promedio salarial mensual era de menos de US$ 30». Y agrega: «Una regla de hierro tanto en Otpor como en el grupo opositor era nunca hablar del apoyo logístico y financiero occidental, para evitarse ser tratados como traidores o lacayos de la Otan».

Por contraste, Milosevic, al borde de su salida del poder, prevenía a los jóvenes y a los intelectuales sobre los fines proditorios de los opresores extranjeros en contra de sus sentidas aspiraciones: «Me gustaría enfatizar el porqué a los jóvenes, intelectuales y científicos, en los países privados de su soberanía, por regla general se les niega el derecho al trabajo creativo, especialmente en el campo de la ciencia: los grandes centros y los grandes poderes financian el trabajo científico, controlan sus realizaciones y deciden sobre la aplicación de sus resultados. Los Estados dependientes, si tienen institutos y laboratorios científicos, éstos actúan como ramas controladas por un centro. Sus logros deberán ser tan limitados que no introduzcan en los países y pueblos ocupados las semillas de la rebelión y la emancipación».

Ahora que en Colombia nos hallamos en la efeméride de la tan ponderada Constitución de 1991, viene a cuento recordar que también aquí se ha abusado de «la candidez virginal de los universitarios». Los conspiradores emboscados en la Casa de Nariño los utilizaron en uno de los episodios más oscuros de la gestación de la Carta con la que se le pusieron bases jurídicas y políticas a la apertura. El movimiento estudiantil conocido como de la «séptima papeleta», fue el instrumento utilizado por el sanedrín de Barco y Gaviria para darle a su conjura antinacional el cariz de rebeldía que le aportaban los jóvenes embaucados, que se desgañitaban contra la corrupción y los descaecidos barones de los partidos tradicionales.

Vista a grandes rasgos la «operación pacífica» montada por el imperialismo para defenestrar al presidente yugoslavo, debe anotarse que sólo a los propietarios de los grandes medios de comunicación en el globo se les podía ocurrir la mendaz cantinela de que fue Milosevic quien organizó un gran fraude electoral para mantenerse en el poder. Como observa el prestigioso profesor de la Universidad de Ottawa, Michel Chossudovsky, en un artículo escrito en octubre pasado: «En los Estados Unidos, aceptar dinero de un poder extranjero hostil (…) para financiar los gastos de una campaña sería considerado muy legítimamente como un acto anti estadinense. Pero, en Yugoslavia, la oposición se autocalifica de patriótica y no considera anti yugoslavo, aceptar 100 millones de dólares para ese fin de quienes bombardearon su país».

El pasado 31de marzo, el gobierno títere de Kostunika encarceló al presidente Slobodan Milosevic. Anteriormente, el 3 de marzo, The Economist había informado que varios figurones de la coalición de gobierno planteaban que su detención y el montaje de unas amañadas acusaciones, por la compra de una vivienda en las afueras de Belgrado y unos supuestos envíos de oro a Suiza en los días en que abandonó el poder, conducirían a «un corto juicio en Serbia y luego a su extradición a La Haya».

Cualquiera sea la suerte que los yanquis le impongan a Milosevic, los pueblos del mundo sabrán, contra lo que propalan los plumíferos reaccionarios, que esos diez años de agresión, resistidos enhiestamente por él y por la mayoría de sus compatriotas, demostraron con creces sus asertos acerca de los imperialistas querían hacer de los Balcanes «una zona de conflictos permanentes lo cual les proporcionaría una coartada para volver permanente su presencia», y que por eso «los agresores no atacaron a Serbia a causa de Milosevic, sino a Milosevic a causa de Serbia». En tanto, a la camarilla que lo ha perseguido por orden gringa, los pueblos la condenarán por siempre como la hez de la patria de los partisanos.

Notas

1 El discurso del Milosevic que se cita en este artículo fue puesto en internet, el 2 de octubre de 2000, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Yugoslavia; y reproducido en el sitio www.onelist.com/polls/marxist.

2 La crónica a la que se hace referencia en este artículo se titula U.S. advice guided Milosevic opposition, escrita por Michael Dobbs de The Washington Post, publicada en la edición web de ese diario el 11 de diciembre de 2000.

LAS JORNADAS DE SEATTLE

Dos dirigentes norteamericanos que estuvieron en Seattle el año pasado relatan su experiencia

Entrevista de los compañeros Jeff Isbell y Brad Smoyr, dirigentes de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos de Estados Unidos y Canadá, con Gustavo Triana y Enrique Daza, dirigente de Funtraenergetica y director de Cedetrabajo, respectivamente.

Enrique Daza: Háblenos de la lucha librada en Seattle el año pasado y qué experiencias les dejó.

Jeff Isbell. En Norteamérica se está practicando mucho el dumping en la industria del acero. Es un tema muy importante para nosotros, porque debido a este problema han tenido que cerrar quince compañías del sector en Estados Unidos y han sido despedidos diez mil trabajadores.

Son varios los países que recurren a estas prácticas, y todos se caracterizan porque padecen serios problemas económicos. Han copado su propio mercado, pero siguen produciendo acero con la esperanza de que eso reactive su economía. Y salen a venderlo en el extranjero por debajo del costo de producción, pues disfrutan de subsidios de sus propios gobiernos.

Ante la grave amenaza que se cierne sobre los trabajadores del acero, nos fuimos a Seattle, sin sospechar la magnitud de la protesta que allí se iba a dar. De la Unión Metalúrgica, nos hicimos presentes muchos afiliados de todo el país, y también de otros sindicatos y organizaciones. Llegamos a reunirnos en las calles más de cincuenta mil trabajadores. Los manifestantes planteaban frente a la OMC las reivindicaciones laborales, protestando en particular por los despidos en centenares de fábricas. También había por lo menos otras veinte mil personas de universidades y grupos feministas y ambientalistas. Me sorprendió ver a miles de estudiantes, pues la última vez que yo recuerde una participación tan activa de la juventud fue durante la guerra de Vietnam.

Brad Smoyr. El éxito de la concentración fue tan grande, que el primer día logramos impedir que sesionara la OMC. Todo fue registrado para el mundo por los medios de comunicación. El planeta entero supo de nuestra lucha. Hasta ese momento, tampoco la gran mayoría de la población estadinense conocía nada de la OMC, qué era, qué hacía. Lo que estamos viendo con esta Organización es el inicio de una especie de gobierno mundial, y no particularmente democrático. Fue pues un paso muy importante para abrirle los ojos a mucha gente e iniciar el debate en nuestro país.

En medio de semejante conmoción, con millares de manifestantes ocupando las calles, un ministro de la OMC declaró en forma provocadora que dentro del Tratado no había lugar para los derechos laborales ni para los ambientalistas. Eso nos permitió profundizar en nuestras críticas.

Jeff Isbell. Paralelamente a las sesiones de la OMC, hicimos cientos de mítines y conferencias. A ellos asistieron importantes líderes del Partido Demócrata.

Una de las tareas que yo tenía era acompañar a un congresista de Estados Unidos llamado Charlie Cunningham, que ha ganado prestigio por sus campañas contra algunas grandes corporaciones, y en especial, contra una textilera que basa su publicidad en la imagen de Katherine Keever, una de las tres presentadoras de televisión más populares de nuestro país. Esa compañía produce ropa en Centroamérica en condiciones laborales de extrema miseria, en las llamadas maquilas. Ella es una chica muy decente, muy bonita, que dona dinero a los pobres, pero que está ganando miles y miles de dólares por día con un trabajo de desfalco como lo es la maquila. La línea de ropa de esta compañía presenta la imagen de Katherine Keever con una leyenda que dice: «Ayuda a un niño pobre». Por cada prenda que usted compra, la empresa da dos dólares para la ayuda a la infancia en Estados Unidos. Pero quienes producen esa ropa son trabajadores centroamericanos paupérrimos, entre ellos menores de edad, con sueldos miserables.

Enrique Daza. ¿Cómo fueron las jornadas de protesta en Seattle?

Jeff Isbell. El primer día, el grueso de los manifestantes formamos una cadena humana por el centro de la ciudad para impedir las sesiones de la OMC. A esto lo llamamos Manos alrededor de Seattle, y fueron miles y miles de personas tomadas de la mano a lo largo de varios kilómetros, un espectáculo muy emocionante. Aunque la policía nos tiró gases lacrimógenos, nuestra actitud fue de no violencia, de resistir en la calle y de hacer mítines permanentes y reuniones de denuncia, sobre todo en las iglesias.

El segundo día nos reunimos para defender los derechos laborales. Fue el día que hubo más gente, y a partir de ese instante la policía adoptó medidas más fuertes y alcanzó a disolver muchas protestas, aunque de todos modos concretamos dos inmensas marchas en los siguientes días.

Gustavo Triana. En su opinión, ¿cuáles fueron los logros más importantes?

Brad Smoyr. Hubo dos muy importantes. Uno, el haber enfocado la atención nacional y mundial sobre la OMC. Y segundo, el haber conseguido unificar movimientos que marchaban por sendas muy distintas: los de los estudiantes, los trabajadores, las mujeres, los pequeños productores y los indígenas, como también los de los derechos humanos, el medio ambiente y muchos otros, afectados por las cláusulas de la OMC.

Cada día de esa semana fue dedicado a un interés especial, con marchas y mítines de protesta, y la jornada terminaba con una sesión plenaria, lo que al final nos permitía una visión general sobre los distintos temas. Fue un verdadero proceso de educación, en el que logramos sentar bases para una futura coordinación de los distintos intereses.

Como luchador de los derechos laborales, salí de Seattle con una gran claridad sobre cómo la OMC y las multinacionales afectan los derechos humanos, el medio ambiente, los derechos de la mujer, de los indígenas y demás grupos sin poder, no sólo en mi país sino en todo el mundo.

Rhett Doumtt. Soy dirigente de la AFL-CIO. Nosotros tenemos oficinas en algunas capitales latinoamericanas y nos dedicamos a prestar apoyo a los sindicatos. A raíz de los despidos en masa, hemos llevado a Estados Unidos a dirigentes del acero de México, Brasil y otros países para que nos relaten sus problemas y experiencias, porque estamos viendo que en todo el mundo se deterioran las condiciones de trabajo y se abarata cada día más la mano de obra.

Vinimos a Colombia a estrechar lazos con los dirigentes sindicales de este país y a fortalecer todo lo que nos une en la batalla por los derechos humanos y laborales. Quiero decir al respecto que el balance de nuestra gira es muy positivo.

BOLIVIA: FRENTE DE BATALLA ANTIMPERIALISTA

La convulsión social que esta semana se aviva en Bolivia tiene causas que no han sido resueltas desde hace muchísimos años y que han tocado fondo. Miles de hombres y mujeres, ancianos y niños se lanzan a las calles y caminos reclamando sus derechos, pan, techo, educación y justicia y marchan con los dientes apretados porque la situación es de caos absoluto.

Miles de desempleados, sin ninguna esperanza de futuro, la educación fiscal en sus peores niveles, la escasa producción
casi estancada, sin fuentes de financiamiento; el Estado manejado con una improvisación desesperante, la salubridad en una escala nunca antes vista. El pueblo hambriento recurre a la acción directa y ha empezado a tomar su destino en sus manos.

En estos días nadie duerme tranquilo en Bolivia. El gobierno corrupto se
tambalea ante la colosal crisis política, económica y social que se ha abatido como una plaga siniestra y que amenaza, no sólo con acortarle el periodo al ex dictador, sino con destruir el Estado actual.

La Coordinadora de Movilización Única Nacional (Comunal) la conforman la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Colonizadores de Bolivia, la Confederación de Trabajadores por cuenta propia, la Coordinadora del Agua y de la Vida de Cochabamba, la Federación de Regentes, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas, el Consejo de Suyus Quechuas – Aymaras y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Comunal elaboró para la marcha nacional iniciada el 9 de abril, denominada «por la vida y la soberanía», una extensa plataforma de demandas que recoge las reivindicaciones de todos los sectores que la componen. Exigen la modificación de las leyes vigentes en beneficio de los sectores desfavorecidos del país: indígenas, colonizadores, etc; respecto de la coca, piden la suspensión de la erradicación de arbustos de coca en los Yungas de La Paz (zona de cultivo tradicional) y se oponen a la construcción de cuarteles y bases militares en los Yungas y en el resto del país.

Pero entre sus reinvindicaciones
más importantes están la anulación del decreto 21060, que impuso el neoliberalismo en Bolivia, de la ley de capitalización que privatizó todas las empresas estatales. Además de ello se pugna por el cese de procesos penales contra sindicalistas y la libertad para los detenidos, la condonación de 20 millones de dólares a 30 mil pequeños prestatarios de bancos y entidades financieras, la investigación de las fortunas y la lucha contra la corrupción; y reclaman mejoras salariales para todos los trabajadores.

El gobierno ordenó seis acciones de tipo policial en catorce díasde marcha y no pudo frenar la movilización, que sin interrumpir el tráfico de vehículos recorrió más de 400 kilómetros. En una franca violación al derecho de movilización y expresión, el gobierno reprimió brutalmente alos caminantes, obligándolos a trasladarse por montañas, ríos y caminos.

Hubo cientos de detenidos y torturados por el ejército y la policía, pero la marcha llegó a La Paz entre vítores y aplausos de los habitantes de los pueblos y caseríos, quienes se sumaron a los obreros, campesinos, estudiantes y maestros en su camino al centro de la ciudad, donde se pretendía realizar una Asamblea Popular que determinaría el inicio del bloqueo nacional de caminos, para exigir el cambio de modelo económico, buscando reivindicaciones sociales y decisiones políticas.

La Comunal llamó al bloqueo generalizado a partir del Primero de Mayo. Y por su parte, la Central Obrera Boliviana convocó a la huelga general indefinida, también desde la misma fecha.

La situación se torna grave y los trabajadores muestran completo escepticismo sobre la capacidad de liderazgo de los dirigentes sindicales, que por no quedarse atrás han radicalizado su discurso. Sin
embargo, la acción directa es ya familiar para los sectores en lucha y no van a dejarse arrebatar la victoria fácilmente.

El régimen despótico se hunde, la clase dominante se ha agotado totalmente
y se pudre en medio de la corrupción, haciéndose más y más sirviente del imperialismo que ha convertido a Bolivia en su hacienda.

Las masas ya no pueden tolerar las condiciones de miseria extrema a las que las condena la crisis la política imperialista y el entreguismo del gobierno antinacional.

El gobierno del general Banzer tiene el apoyo del régimen norteamericano, pero el pueblo boliviano, fogueado en largas luchas, especialmente en la segunda mitad del Siglo XX, resumirá experiencias, unificará cada vez más sus fuerzas, encontrará sus verdaderos dirigentes y avanzará en su lucha por la emancipación definitiva.

MARINA DE ESTADOS UNIDOS ATROPELLA A PUERTORRIQUEÑOS

Mensaje enviado, desde San Juan, a los patriotas de América Latina y a los hombres libres de todo el mundo por el dramaturgo puertorriqueño Roberto Ramos-Perea

Durante más de sesenta años, la Marina de Estados Unidos ha bombardeado con sus prácticas militares la pequeña isla de Vieques, parte integral del archipiélago de Puerto Rico. La isla, habitada por una comunidad de nueve mil puertorriqueños, padece hoy altísimos niveles de cáncer, afecciones pulmonares y cardíacas y está privada del derecho a la pesca, al libre tránsito por su tierras y al pleno ejercicio de su vida civil por estas prácticas en las que se utiliza toda clase de armamentos sofisticados, como el uranio reducido.

Durante medio siglo, la resistencia de nuestro pueblo a estos bombardeos ha costado vidas y haciendas. Hace dos años, un avión de práctica de la Marina dejó caer una de sus bombas sobre un puesto de observación donde trabajaban viequenses civiles, asesinando al guardia civil puertorriqueño David Sanes e hiriendo a otros. Este asesinato coronó una larga lista de muertos y heridos, que la Marina de Estados Unidos ha dejado desde que invadió y usurpó los terrenos de Vieques, Puerto Rico, en la década de los cuarentas.

Desde el día de la muerte de Sanes, cientos de puertorriqueños ejercen el derecho a la desobediencia civil y penetran a los campos de tiro para poner sus cuerpos como escudo y proteger este espacio de nuestro territorio, ultrajado y violado.

Desde 1999 se mantuvieron campamentos de desobediencia civil en estos terrenos, pero el 4 de mayo, hordas de marshalls del Departamento de Justicia arrestaron a los desobedientes civiles. La respuesta no se hizo esperar. Después del cambio de gobierno, en noviembre de 2000, se iniciaron procesos legales para paralizar los ejercicios.

En las pasadas semanas, cuando la Marina volvió a anunciar la reanudación de sus prácticas y el gobierno de Puerto Rico se declaró impotente en sus estrategias legales, los desobedientes civiles han ocupado de nuevo las tierras que nos pertenecen, penetrando en la noche en los terrenos de prácticas para impedir que éstas continúen.

Sin embargo, la Marina, para aumentar su baldón ante el mundo, ha procedido contra ellos a balazos, con gases, detenciones violentas y registros y encarcelamientos inhumanos. Más de doscientos desobedientes han sido arrestados en los últimos días. Estos actos de represión y ultraje son el ejemplo que da al mundo una Marina salvaje, violadora de nuestra dignidad de pueblo; sus intereses de seguridad nacional y la preparación de sus soldados son mucho más importantes que la vida de nuestra gente, a la sazón también ciudadanos norteamericanos.

El 26 de abril, la Marina de Estados Unidos disparó sus bombas en el campo de tiro, con cientos de personas civiles en medio de la línea de fuego, en claro menosprecio por la vida humana.

Los arrestados han sido llevados a la prisión federal de Guaynabo, sin fianza muchos, y otros con altísimas fianzas por delitos menores como si fueran criminales y asesinos. En el momento en que escribo este mensaje, no sabemos del paradero de los arrestados, ni del estado en que se encuentran.

Los desobedientes civiles siguen entrando al terreno de tiro en las noches, docenas de ellos, hasta que Estados Unidos se vea obligado arrestar y perseguir a todo nuestro pueblo, que por primera vez en su historia ha logrado un consenso absoluto al rechazo de la presencia de la Marina de Estados Unidos en la pequeña pero brillante tierra nuestra. Este problema, secuela de nuestro inagotable problema colonial, no tendrá suficiente eco en la conciencia libre del mundo si no lo gritamos a voz en cuello, buscando el respaldo de la comunidad americana y europea que nos hermana.

Se encuentran arrestados artistas, intelectuales, senadores del pueblo de Puerto Rico de todos los partidos, artistas extranjeros como James Olmos y ambientalistas de Estados Unidos y el mundo. Ya son más de doscientos los arrestados, mañana pueden llegar a cuatrocientos; pasado mañana nos arrestarán a todos por el solo delito de exigirles que se larguen de aquí.

Hermano del mundo, riega la voz; que se avergüencen una vez más de su gigante y omnipotente hipocresía. Envía mensajes, haz pública esta noticia, ofrece conferencias en solidaridad con Puerto Rico.

«Mujer 1: Pero si ellos no lloran al morir, tampoco nosotras. ¡Mujeres de Vieques, en esta tierra no se llora! Aquí se lucha y se desangra; si cae uno, diez se levantan. Si las bombas nos matan un hijo, quince más les habremos de parir. En esta tierra no se llora… y si sale una lágrima porque ya no se pueda más… que el agua de esa lágrima alimente una planta nueva, que humedezca la flor de nuestro campo, que cure una herida de batalla… lágrimas, solo para vivir.

«Las viequenses: Que en esta Tierra no se llora, se lucha.»

Del legado de Mosquera: EL SECUESTRO DE MERCADO Y SUS IMPLICACIONES

En febrero de 1976 fue secuestrado José Raquel Mercado, uno de los más conocidos dirigentes sindicales de la época. Al conocerse la noticia que daba cuenta del inusual hecho, el camarada Francisco Mosquera, secretario general del MOIR, escribió un comunicado para fijar la posición de nuestro Partido al respecto. A los 25 años, creemos oportuno publicar apartes de dicho pronunciamiento, que ya desde ese entonces dejaba muy en claro nuestro modo de pensar y actuar sobre tales métodos. José Raquel Mercado apareció muerto meses después, en las afueras de Bogotá, y el M-19 reivindicó la acción.

«Jamás nuestro Partido ha recurrido a las acciones individuales separadas de la lucha de masas, al secuestro o al atentado personal».

La desaparición de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y la espectacularidad con que los principales medios informativos han reproducido comunicados y fotografías alusivas al hecho, atribuido a una organización conocida como M-19, sirven de pantalla para montar un bien preparado plan represivo y terrorista contra los partidos y las publicaciones contrarias al régimen. El ambiente creado facilita en las condiciones actuales los inconfesables propósitos de quienes en los últimos meses, con sorprendente libertad, han venido recurriendo a las bombas, a los atentados personales y al terror para acallar por la vía más rápida las voces chocantes a los oídos de los intereses prevalecientes. (…)

El secuestro de Mercado no se compagina en ningún momento con las formas de lucha que la clase obrera colombiana adelanta para desenmascarar, aislar y expulsar de las filas del movimiento sindical a los esquiroles y vendeobreros. El sindicalismo independiente contabiliza significativos triunfos en la gran batalla por debilitar a las camarillas directivas de UTC y CTC y desbrozar el camino de la unidad obrera. Desde la entrega del paro de enero de 1969, cientos y cientos de organizaciones sindicales han abandonado las centrales patronales. Cada vez resulta más claro para los trabajadores colombianos que tales camarillas son agentes de las clases dominantes proimperialistas y que su principal función consiste en prestar a los baluartes de la reacción ayuda oportuna, siempre que éstos se hallan en serias dificultades, lo mismo en la lucha económica que en la lucha política.

Pero no se crea que las luchas de la clase obrera contra la costra sindical oportunista han sido una reyerta pasajera. Representan años de combatir constante y duro, unas veces clandestinamente para eludir la carta de despido de los guardianes del orden, otras a través de las huelgas y paros para conquistar las justas peticiones y defender sus organizaciones. Siempre contra las oficinas del trabajo que ilegalizan asambleas desfavorables a los empresarios y a los esquiroles, congelan los fondos de los sindicatos combativos, persiguen en mil formas a los cuadros más activos y avanzados. Por su noble causa han muerto o purgado cárcel muchísimos obreros. La fiereza de la contienda radica en que el imperialismo y sus lacayos le temen como a la peste a un movimiento obrero independiente. Para tratar de impedir su desarrollo se encuentran decididos a emplear todos los medios a su alcance, preferencialmente los instrumentos represivos de la maquinaria burocrática y militar del gobierno de turno. En las sinuosidades de la lucha los obreros han aprendido que para derrotar a sus despiadados enemigos no sirven las acciones aisladas. Sólo las formas de combate que facilitan o resultan de la movilización y participación masiva de la aplastante mayoría de los trabajadores pueden garantizar el triunfo.(…)

Para nadie es un secreto que el MOIR impulsa desde su nacimiento la lucha frontal contra las camarillas vendeobreras y por la unidad del movimiento sindical, con el propósito de lograr a la postre la creación de una única central dirigida y controlada por los trabajadores colombianos. Jamás nuestro Partido ha recurrido a las acciones individuales separadas de la lucha de masas, ni al secuestro ni al atentado personal. Consideramos de principio que sólo el pueblo, mediante su lucha masiva y las formas de organización adecuadas podrá coronar la victoria y juzgar a sus enemigos y verdugos. (…)

La declaración (se refiere a la declaración conjunta que con motivo del secuestro de Mercado emitieron la CTC y la CSTC, y cuyo texto completo fue publicado por El Espectador el 28 de febrero de 1976: Nota del editor) silencia la naturaleza de dictadura abierta antipopular y represiva del régimen de López Michelsen, cuya política proimperialista es contraria a los intereses nacionales y responsable de la inseguridad social actual del país.(…)

En el fondo la declaración conjunta de la CTC y CSTC es una quejumbre por la situación, y las perspectivas de unidad sindical que se consignan se reducen a determinadas reivindicaciones económicas o a llamamientos liberales como éstos: «Conformemos un movimiento unitario capaz de garantizar la vida y derechos de los ciudadanos»; «luchar por la unificación del movimiento sindical para erradicar de nuestra patria la injusticia y la inmoralidad reinantes». Todo lo cual en abstracto, velando la realidad más palpitante de Colombia, que somos una neocolonia de los Estados Unidos y que únicamente la liberación nacional del yugo imperialista garantizará la solución a todos los males de la nación. La unidad del movimiento obrero debe girar alrededor de esta tesis correcta y revolucionaria, sin cambiarla por el economismo ciego y vulgar que aún campea en las filas sindicales.

* Editorial de Tribuna Roja, No. 20, primera quincena de marzo de 1976, escrito por Francisco Mosquera.


Los partidos políticos que como el MOIR plantean un cambio revolucionario, sobre la base de la unidad de todas las fuerzas y personas que nada tengan que ver con los turbios negocios del Estado ni con la entrega del país al imperialismo norteamericano y que estén dispuestas a sacrificarse por una Colombia verdaderamente soberana, democrática y próspera, no pueden menos de recibir el respaldo amplio, entusiasta y decidido de quienes nunca contaron con voz ni voto en la conducción de los destinos nacionales.

En esta política fundamenta nuestro Partido el éxito de su acción presente y futura. Dependemos, por tanto, de nuestros propios esfuerzos y de los esfuerzos de las masas. Cuestión incomprensible para la minoría dominante que deriva su poder y su riqueza del soporte y del contubernio con los neocolonialistas norteamericanos. Si el pueblo colombiano no apoya con sus inagotables recursos a la revolución, no habrá quien la sostenga ni financie, dentro o fuera de nuestras fronteras. Como tampoco habrá quien la contenga si se decide a hacerlo. A la liberación nacional y a las transformaciones democráticas por las que luchamos está supeditada la suerte de Colombia.

«A la revolución sólo la sostiene el pueblo», Tribuna Roja, Nº 21, segunda quincena de marzo de 1976.

En defensa del Instituto de los Seguros Sociales: RECHACEMOS LA CELADA DEL GOBIERNO DE PASTRANA

(Comunicado de la Comisión Obrera Nacional del MOIR
De tiempo atrás, destacados voceros del gobierno, encabezados por Angelino Garzón, ministro del Trabajo, Jaime Arias, presidente del ISS, y Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda, han planteado insistentemente que las Centrales Obreras y el Comité Central de Pensionados asuman la dirección del Instituto de Seguros Sociales.)

Esta propuesta aparece en el preciso momento en que la crisis de dicha institución ha tocado fondo, como consecuencia de la política neoliberal adelantada por los distintos gobiernos en el campo de la seguridad social. La ley 100 le abrió al ISS una competencia desleal, al dar vía libre a numerosas entidades y fondos privados manejados por el capital financiero, de los cuales Jaime Arias Ramírez fue su caracterizado representante. Esta ley, cuya aplicación le ha causado al ISS la pérdida de la mitad de sus afiliados, también ha sido utilizada por la Superintendencia de Salud para acelerar su marchitamiento, al sancionarlo con el impedimento de nuevas afiliaciones.

El gobierno nacional, gran responsable de la crisis, tiene una elevadísima deuda histórica con el ISS, por aportes jamás cancelados. En el origen del ISS estaba comprometido a ser el tercer aportante, junto a trabajadores y patronos, pero, a más de no cumplir con esta obligación, le dio una administración desastrosa al manejo de tan cuantiosos recursos. Actualmente intenta responsabilizar a los trabajadores y los sindicatos de las dificultades financieras que abruman a la entidad, y con la pretensión de resolver la crisis, se ha lanzado a arrebatarles los derechos adquiridos y las conquistas convencionales como primas, retroactividad de las cesantías, régimen de pensiones y estabilidad laboral. De hecho, ya en la planta de personal del Seguro existen más de diez mil cargos desempeñados por personas enganchadas mediante la oprobiosa modalidad del contrato civil, lo que implica laborar sin estabilidad, sin seguridad social y sin prestación convencional ni legal alguna.

Para rematar, ahora el gobierno pastranista invita a las Centrales Obreras a que le presenten una terna para de allí escoger al presidente del Instituto de Seguros Sociales. Aceptar tan astuta como estrambótica invitación sería prestarse a que el gobierno se lave las manos y eluda toda la responsabilidad que le cabe por haberlo llevado a la ruina. Además, sería contribuir a sembrar la confusión en el movimiento sindical para debilitar su resistencia resuelta ante la embestida del gobierno y el gran capital financiero contra la principal institución de seguridad social con que cuentan los colombianos.

Junto a la reforma laboral y del régimen de pensiones, la privatización o liquidación del ISS hace parte del paquete de medidas regresivas que el gobierno de Pastrana está impulsando para cumplir servilmente los mandatos del Fondo Monetario Internacional y beneficiar así al capital financiero internacional y las multinacionales de la salud.

El movimiento sindical debe emprender acciones concretas de solidaridad y lucha respecto a la actual situación del Instituto de Seguros Sociales, centrándolas en los siguientes objetivos:

 Impulsar el más amplio frente para su defensa y la preservación de sus distintos servicios.

 Exigirle al gobierno nacional que sanee sus finanzas, suprima las trabas legales y administrativas que le impiden ampliar su cobertura y cese en la política de convertir la seguridad social en un lucrativo negocio del capital financiero.

 Hacer respetar los derechos y prestaciones de sus trabajadores.

Frente Común contra el Acto Legislativo 012: DENUNCIA SOBORNO Y PRESIÓN PARA IMPONERLO EN EL CONGRESO

La CUT, Fecode, Anthoc, Sindess, Sindesena, Fenaltrase, Aspu, Sindodic, Usde, Acopalma, Fedepadres, Sinbienestar, Aceu, Andes, Sintrenal, Ascontrol, Sintraunicol, Federación Nacional de Profesores Universitarios, integrantes del Frente Común, en estrecha colaboración con la Federación Nacional de Concejales y con el apoyo de un buen número de alcaldes municipales y algunos gobernadores, rechazan enérgicamente la aprobación del Acto Legislativo 012, que se votó el pasado 25 de abril en la Comisión Primera del Senado de la República, y denuncian las indebidas presiones y sobornos, desgraciadamente aceptados por miembros del Congreso y mandatarios territoriales, que canjean así intereses particulares por los más sensibles y mínimos derechos: el derecho a la salud, la educación y la supervivencia de la mayoría de los municipios de Colombia, que dicen o pretenden representar en el futuro inmediato.

El Frente Común considera un acto de traición inaceptable a los colombianos el acta de compromiso firmada entre el gobierno nacional y los alcaldes del país, en cabeza de los alcaldes de Medellín, Manizales, Pasto y Barranquilla, así como los votos favorables al Acto Legislativo 012 de los senadores de la Comisión Primera, Carlos Arturo Ángel, José Amado Araméndiz, Claudia Blum, Juan Martín Caicedo, Jesús Ángel Carrizosa, María Isabel Cruz, Carlos Espinosa Faciolince, Luis Humberto Gallo, José Manuel Moscote, José Renán Trujillo y Germán Vargas Lleras. Condena también la posición asumida por el Partido Liberal y su candidato presidencial, Horacio Serpa Uribe, quienes, al apoyar la reforma constitucional, demuestran una vez más estar en contra de las mayorías populares.

Reconoce y resalta el Frente Común, de otra parte, la posición altamente positiva y patriótica de los senadores Viviane Morales H., Darío Martínez B., Rodrigo Rivera S., Héctor Helí Rojas J., Gustavo Guerra L. y Jesús Enrique Piñacué, quienes, al votar negativamente el proyecto, aun por fuera de los mandatos partidistas, demuestran su actitud consecuente con la defensa de la salud y la educación públicas, derechos fundamentales e irrenunciables de los colombianos, que se verían profundamente lesionados si permitimos que se apruebe definitivamente en las instancias subsiguientes del Congreso de la República: plenaria del Senado, Comisión Primera y plenaria de la Cámara.

El Frente Común convoca en esta multitudinaria y combativa celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, a todo el pueblo colombiano para hacerle frente al Acto Legislativo 012, preparando el gran Paro Nacional contra esa reforma y las demás que ha anunciado el genuflexo gobierno de Pastrana a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, y a desarrollar el plan de acción trazado por el Comando Nacional Unitario y el Frente Común.

Los derechos no son privilegios. ¡Defendámoslos!

¡Contra el Acto Legislativo 012: unidad de acción y Paro Nacional!

PROTESTA CONTRA LA CUMBRE DE QUEBEC

La Cumbre de Presidentes de América, del 20 al 22 de abril, tuvo como objetivo central crear los mecanismos y estrategias para convertir en realidad, a partir de 2005, la política de mercado común, el Alca, al servicio del capital norteamericano. Miles de manifestantes, en representación de importantes organizaciones de masas de todo el continente, expresaron en las calles de Québec, Canadá, su rechazo enérgico a esta pretensión imperialista, que intensificará la explotación y el saqueo para nuestros pueblos.

Contra el Acto Lefislativo 012: PARO NACIONAL INDEFINIDO EL 15 DE MAYO

Por Raúl Arroyave Arango, fiscal de Fecode

Cabalgando en el mentiroso argumento de que todos tenemos que hacer sacrificios, el régimen pastranista ha venido impulsando la aprobación en el Congreso del proyecto de Acto Legislativo 012 de 2000, en virtud del cual se reforman los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución. Aquél tiene que ver con las limitaciones a los gastos de funcionamiento, léase sueldos de los empleados del Estado, que no pueden superar la inflación proyectada más el 1.5% y, además, con la abolición del situado fiscal y de las participaciones de los municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN, para crear el llamado Sistema General de Participaciones de las Entidades Territoriales, SGPT, que le asesta mortal golpe a la financiación de la educación y la salud públicas.

Toda la mediocre perorata del ministro Santos está basada en que la aprobación es necesaria para lograr «la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales, sin lo cual no es posible el crecimiento económico ni la generación de empleo» y que los argumentos de los contradictores no son más que «sofismas para tergiversar aprovechando la etapa preelectoral…y en el caso de Fecode, la oposición es para conservar los privilegios, beneficios y prebendas que el actual sistema les ha dado».

Es cierto que en el país hay una crisis económica y fiscal. Pero lo que no es cierto es que se deba al situado fiscal, a las participaciones de los municipios en los ICN o a los ‘privilegios’ de los maestros. Por el contrario, la crisis obedece a las consecuencias desastrosas que para el desarrollo nacional han tenido diez años de apertura económica y modelo neoliberal: 25 mil fábricas cerradas; 800 mil hectáreas de tierra dejadas de sembrar; aumento de las importaciones de alimentos, de un millón a más de siete millones de toneladas; desempleo que creció de 10 a 21%; endeudamiento que pasó de 14 mil millones de dólares en 1990 a más de 40 mil millones, devaluación del peso frente al dólar, que supera en los últimos cuatro años a la de todo el siglo XX, y privatización a precio de remate de las empresas del Estado, lo que ha significado una enajenación sin precedentes del patrimonio público en favor de particulares, en medio de la peor ola de corrupción de que se tenga noticia en el país. Son todos ellos factores causantes de la crisis que hoy pretende ser resuelta con el drástico recorte de los dineros para la educación y la salud.

Las transferencias no han tenido un crecimiento desbordado, pero el servicio de la deuda sí. Mientras en 1994 las transferencias territoriales sumaban 2.7 billones de pesos y el servicio de la deuda llegaba a 2.4 billones de pesos, siete años después, en 2001, las transferencias suman 9.7 billones de pesos, mientras el servicio de la deuda alcanza la escalofriante cifra de 21.4 billones de pesos. Lo que realmente pasa es que el modelo neoliberal ha llevado al país al límite: ya no tiene capacidad de endeudamiento, ni empresas para privatizar, porque en lo fundamental ese proceso concluyó; ya no se resisten más reformas tributarias nacionales, pues las exacciones en impuestos también llegaron al tope en un país empobrecido. A la pandilla pastranista no le queda otra alternativa que meterles mano a las transferencias territoriales.

Es lo que hace el 012 al abolir la disposición constitucional que ordena que tanto el situado fiscal como las participaciones municipales sean un porcentaje de los ICN, y convertir el SGPT en una cifra fija, originada en la sumatoria de tres rubros hoy deficitarios y que tendrá un incremento insuficiente para cubrir el crecimiento real de las necesidades educativas. En consecuencia, el recorte se origina no en que se les va a girar menos dinero a las regiones de lo que actualmente se les transfiere, sino en que se les gira menos de lo que se les debería girar para cubrir las crecientes necesidades del sector educativo.

Si los actuales rubros del presupuesto son deficitarios, su sumatoria también lo será. Con ello lo que se logra es que el déficit actual se eleve a norma constitucional, con el agravante que la Nación ya no tendrá responsabilidad alguna en subsanarlo, pues lo definido en el Acto Legislativo es que la Nación no podrá reasumir competencias territoriales ni contribuir en forma directa o indirecta a su pago. En otras palabras, les toca a las regiones compensar los excedentes de los costos educativos, creando más impuestos o cobrándoles elevados derechos académicos a los padres de familia. Se le da así vía libre a la privatización de la educación.

Esta reforma se venía cocinando desde el gobierno de Samper con el informe de la llamada Misión Social, pero entró en su proceso definitorio el 22 de diciembre de 1999, cuando Pastrana firmó el llamado ‘acuerdo extendido’ con el FMI. Allí quedó establecido que su propósito central era ahorrarle al gobierno entre 0.4 y 0.8% del PIB, a costa de recortar las transferencias territoriales, para poderle cumplir a la banca internacional. Por eso quien miente es el ministro de Hacienda cuando afirma que no hay tales recortes.

La conspiración contra el país ha tomado tal dimensión que se ha vuelto una farsa de complicidades y encubrimientos. Ante las dificultades que el proyecto comenzaba a tener en el Congreso, el ministro se jugó la carta de reunir a puerta cerrada a los gobernadores y alcaldes hasta lograr declaraciones públicas de apoyo de sus voceros más gobiernistas, como son el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, el de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el alcalde de Medellín, Luis Pérez. En esas reuniones, el ministro Santos apeló a acrecentar el odio que muchos mandatarios seccionales y el propio gobierno sienten contra el magisterio y sus organizaciones sindicales, garantizándoles que en el segundo semestre, con el paquete de reformas asociadas al Acto Legislativo, se les resolverán todos sus problemas. El ministro también les dijo que las modificaciones al proyecto sólo podrán ser marginales so pena de que se hunda por vicios en su trámite.

En el último texto, aprobado por once votos contra cinco en la Comisión Primera del Senado, se mantiene lo esencial: los limites constitucionales a los gastos de funcionamiento; la abolición del Situado Fiscal y las participaciones de los municipios; la creación de una bolsa común, el SGPT, ya no como porcentaje de los ICN sino como deficitaria cifra fija; la municipalización sin reversa y los principios de reparto para aplicar el pago por capitación, es decir, un subsidio por alumno matriculado y no el pago real de todas las necesidades educativas.

Para intentar doblegar a los gobernadores, todo se ha valido: desde el engaño con las cuentas nacionales sobre Situado Fiscal y participaciones a mandatarios recién elegidos y posesionados, muchos de ellos desconocedores de los verdaderos alcances de las normas en materia de financiación para la educación y la salud, pasando por la promesa de incluir en la reforma política el alargue del período en un año más y hacerlos parte de esa especie de piñata que es el famoso Fondo de los cupos indicativos del presupuesto, o mandarlos al ostracismo y al abandono oficial si no aceptan dócilmente la férula del prepotente ministro de Hacienda.

Queda claro entonces que lo único que el gobierno les podrá cumplir del ‘acuerdo’ a gobernadores y alcaldes es la derogatoria de la ley 60, para abolir el régimen especial de los maestros y entronizar los pagos por capitación para subsidiar la demanda; congelar el escalafón y derogar el Estatuto Docente, para recortar los salarios de los maestros; reformar la Ley General de Educación, para generalizar los contratos a término fijo, con Orden de Prestación de Servicios, OPS, y con autonomía para definir escalas salariales en cada ente territorial; aprobar en el Congreso las leyes de Reforma Tributaria Territorial y de Ordenamiento Territorial, para aumentar la municipalización y dejar a las regiones abandonadas a su suerte; y presentar el proyecto de reforma pensional, para endurecer las condiciones de pensión de trece millones de trabajadores y arrasar el régimen prestacional especial de los maestros colombianos.

Merece mención especial la posición adoptada por el jefe de la deslucida ‘oposición patriótica’, Horacio Serpa Uribe. Desde el primer día del actual gobierno, este personaje anda como alma en pena buscando el aval de Pastrana y de los amos imperiales para ser el próximo presidente de Colombia. Su papel se ha reducido a apoyar los aspectos fundamentales de la política pastranista, desde el Plan Colombia, que, según confesó, lo entendió cuando se lo explicaron en inglés en Washington, hasta las sucesivas reformas tributarias, pasando por toda la estrategia de paz. En un momento crucial, cuando se daba por sentado que el proyecto de Acto Legislativo se hundiría, convocó a rueda de prensa el 23 de abril para anunciar su apoyo al proyecto y ordenar a los parlamentarios liberales que lo votaran afirmativamente. Con semejante espaldarazo, la suerte estaba echada y así efectivamente sucedió en la Comisión Primera.

El MOIR seguirá en la brega al lado de todos los sectores sociales y políticos agrupados en el Frente Común para impedir la aprobación del 012 en el Congreso. Aún faltan tres votaciones y nos corresponde templar nuestras fuerzas para la batalla final. Así lo expresamos en la Junta Nacional del 4 de mayo, en la cual aprobamos la realización del paro de 48 horas para los días 9 y 10 de mayo y el inicio de un Paro Nacional Indefinido para el 15 de mayo, con la seguridad de que sólo la más decidida resistencia del magisterio y de toda la comunidad educativa podrá dar al traste con este brutal atentado contra la educación pública y los derechos del magisterio.

Lo que está en juego es el Estatuto Docente y con él toda la estabilidad laboral de los educadores colombianos. De ellos esperamos que comprendan la gravedad de la amenaza que se cierne y que respondan a nuestro llamado de lucha con toda la consecuencia que sea necesaria y sin importar los sacrificios.

¡Participemos todos en el gran Paro Nacional del próximo 15 de mayo!