En defensa del Instituto de los Seguros Sociales: RECHACEMOS LA CELADA DEL GOBIERNO DE PASTRANA

(Comunicado de la Comisión Obrera Nacional del MOIR
De tiempo atrás, destacados voceros del gobierno, encabezados por Angelino Garzón, ministro del Trabajo, Jaime Arias, presidente del ISS, y Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda, han planteado insistentemente que las Centrales Obreras y el Comité Central de Pensionados asuman la dirección del Instituto de Seguros Sociales.)

Esta propuesta aparece en el preciso momento en que la crisis de dicha institución ha tocado fondo, como consecuencia de la política neoliberal adelantada por los distintos gobiernos en el campo de la seguridad social. La ley 100 le abrió al ISS una competencia desleal, al dar vía libre a numerosas entidades y fondos privados manejados por el capital financiero, de los cuales Jaime Arias Ramírez fue su caracterizado representante. Esta ley, cuya aplicación le ha causado al ISS la pérdida de la mitad de sus afiliados, también ha sido utilizada por la Superintendencia de Salud para acelerar su marchitamiento, al sancionarlo con el impedimento de nuevas afiliaciones.

El gobierno nacional, gran responsable de la crisis, tiene una elevadísima deuda histórica con el ISS, por aportes jamás cancelados. En el origen del ISS estaba comprometido a ser el tercer aportante, junto a trabajadores y patronos, pero, a más de no cumplir con esta obligación, le dio una administración desastrosa al manejo de tan cuantiosos recursos. Actualmente intenta responsabilizar a los trabajadores y los sindicatos de las dificultades financieras que abruman a la entidad, y con la pretensión de resolver la crisis, se ha lanzado a arrebatarles los derechos adquiridos y las conquistas convencionales como primas, retroactividad de las cesantías, régimen de pensiones y estabilidad laboral. De hecho, ya en la planta de personal del Seguro existen más de diez mil cargos desempeñados por personas enganchadas mediante la oprobiosa modalidad del contrato civil, lo que implica laborar sin estabilidad, sin seguridad social y sin prestación convencional ni legal alguna.

Para rematar, ahora el gobierno pastranista invita a las Centrales Obreras a que le presenten una terna para de allí escoger al presidente del Instituto de Seguros Sociales. Aceptar tan astuta como estrambótica invitación sería prestarse a que el gobierno se lave las manos y eluda toda la responsabilidad que le cabe por haberlo llevado a la ruina. Además, sería contribuir a sembrar la confusión en el movimiento sindical para debilitar su resistencia resuelta ante la embestida del gobierno y el gran capital financiero contra la principal institución de seguridad social con que cuentan los colombianos.

Junto a la reforma laboral y del régimen de pensiones, la privatización o liquidación del ISS hace parte del paquete de medidas regresivas que el gobierno de Pastrana está impulsando para cumplir servilmente los mandatos del Fondo Monetario Internacional y beneficiar así al capital financiero internacional y las multinacionales de la salud.

El movimiento sindical debe emprender acciones concretas de solidaridad y lucha respecto a la actual situación del Instituto de Seguros Sociales, centrándolas en los siguientes objetivos:

 Impulsar el más amplio frente para su defensa y la preservación de sus distintos servicios.

 Exigirle al gobierno nacional que sanee sus finanzas, suprima las trabas legales y administrativas que le impiden ampliar su cobertura y cese en la política de convertir la seguridad social en un lucrativo negocio del capital financiero.

 Hacer respetar los derechos y prestaciones de sus trabajadores.

Frente Común contra el Acto Legislativo 012: DENUNCIA SOBORNO Y PRESIÓN PARA IMPONERLO EN EL CONGRESO

La CUT, Fecode, Anthoc, Sindess, Sindesena, Fenaltrase, Aspu, Sindodic, Usde, Acopalma, Fedepadres, Sinbienestar, Aceu, Andes, Sintrenal, Ascontrol, Sintraunicol, Federación Nacional de Profesores Universitarios, integrantes del Frente Común, en estrecha colaboración con la Federación Nacional de Concejales y con el apoyo de un buen número de alcaldes municipales y algunos gobernadores, rechazan enérgicamente la aprobación del Acto Legislativo 012, que se votó el pasado 25 de abril en la Comisión Primera del Senado de la República, y denuncian las indebidas presiones y sobornos, desgraciadamente aceptados por miembros del Congreso y mandatarios territoriales, que canjean así intereses particulares por los más sensibles y mínimos derechos: el derecho a la salud, la educación y la supervivencia de la mayoría de los municipios de Colombia, que dicen o pretenden representar en el futuro inmediato.

El Frente Común considera un acto de traición inaceptable a los colombianos el acta de compromiso firmada entre el gobierno nacional y los alcaldes del país, en cabeza de los alcaldes de Medellín, Manizales, Pasto y Barranquilla, así como los votos favorables al Acto Legislativo 012 de los senadores de la Comisión Primera, Carlos Arturo Ángel, José Amado Araméndiz, Claudia Blum, Juan Martín Caicedo, Jesús Ángel Carrizosa, María Isabel Cruz, Carlos Espinosa Faciolince, Luis Humberto Gallo, José Manuel Moscote, José Renán Trujillo y Germán Vargas Lleras. Condena también la posición asumida por el Partido Liberal y su candidato presidencial, Horacio Serpa Uribe, quienes, al apoyar la reforma constitucional, demuestran una vez más estar en contra de las mayorías populares.

Reconoce y resalta el Frente Común, de otra parte, la posición altamente positiva y patriótica de los senadores Viviane Morales H., Darío Martínez B., Rodrigo Rivera S., Héctor Helí Rojas J., Gustavo Guerra L. y Jesús Enrique Piñacué, quienes, al votar negativamente el proyecto, aun por fuera de los mandatos partidistas, demuestran su actitud consecuente con la defensa de la salud y la educación públicas, derechos fundamentales e irrenunciables de los colombianos, que se verían profundamente lesionados si permitimos que se apruebe definitivamente en las instancias subsiguientes del Congreso de la República: plenaria del Senado, Comisión Primera y plenaria de la Cámara.

El Frente Común convoca en esta multitudinaria y combativa celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, a todo el pueblo colombiano para hacerle frente al Acto Legislativo 012, preparando el gran Paro Nacional contra esa reforma y las demás que ha anunciado el genuflexo gobierno de Pastrana a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, y a desarrollar el plan de acción trazado por el Comando Nacional Unitario y el Frente Común.

Los derechos no son privilegios. ¡Defendámoslos!

¡Contra el Acto Legislativo 012: unidad de acción y Paro Nacional!

PROTESTA CONTRA LA CUMBRE DE QUEBEC

La Cumbre de Presidentes de América, del 20 al 22 de abril, tuvo como objetivo central crear los mecanismos y estrategias para convertir en realidad, a partir de 2005, la política de mercado común, el Alca, al servicio del capital norteamericano. Miles de manifestantes, en representación de importantes organizaciones de masas de todo el continente, expresaron en las calles de Québec, Canadá, su rechazo enérgico a esta pretensión imperialista, que intensificará la explotación y el saqueo para nuestros pueblos.

Contra el Acto Lefislativo 012: PARO NACIONAL INDEFINIDO EL 15 DE MAYO

Por Raúl Arroyave Arango, fiscal de Fecode

Cabalgando en el mentiroso argumento de que todos tenemos que hacer sacrificios, el régimen pastranista ha venido impulsando la aprobación en el Congreso del proyecto de Acto Legislativo 012 de 2000, en virtud del cual se reforman los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución. Aquél tiene que ver con las limitaciones a los gastos de funcionamiento, léase sueldos de los empleados del Estado, que no pueden superar la inflación proyectada más el 1.5% y, además, con la abolición del situado fiscal y de las participaciones de los municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN, para crear el llamado Sistema General de Participaciones de las Entidades Territoriales, SGPT, que le asesta mortal golpe a la financiación de la educación y la salud públicas.

Toda la mediocre perorata del ministro Santos está basada en que la aprobación es necesaria para lograr «la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales, sin lo cual no es posible el crecimiento económico ni la generación de empleo» y que los argumentos de los contradictores no son más que «sofismas para tergiversar aprovechando la etapa preelectoral…y en el caso de Fecode, la oposición es para conservar los privilegios, beneficios y prebendas que el actual sistema les ha dado».

Es cierto que en el país hay una crisis económica y fiscal. Pero lo que no es cierto es que se deba al situado fiscal, a las participaciones de los municipios en los ICN o a los ‘privilegios’ de los maestros. Por el contrario, la crisis obedece a las consecuencias desastrosas que para el desarrollo nacional han tenido diez años de apertura económica y modelo neoliberal: 25 mil fábricas cerradas; 800 mil hectáreas de tierra dejadas de sembrar; aumento de las importaciones de alimentos, de un millón a más de siete millones de toneladas; desempleo que creció de 10 a 21%; endeudamiento que pasó de 14 mil millones de dólares en 1990 a más de 40 mil millones, devaluación del peso frente al dólar, que supera en los últimos cuatro años a la de todo el siglo XX, y privatización a precio de remate de las empresas del Estado, lo que ha significado una enajenación sin precedentes del patrimonio público en favor de particulares, en medio de la peor ola de corrupción de que se tenga noticia en el país. Son todos ellos factores causantes de la crisis que hoy pretende ser resuelta con el drástico recorte de los dineros para la educación y la salud.

Las transferencias no han tenido un crecimiento desbordado, pero el servicio de la deuda sí. Mientras en 1994 las transferencias territoriales sumaban 2.7 billones de pesos y el servicio de la deuda llegaba a 2.4 billones de pesos, siete años después, en 2001, las transferencias suman 9.7 billones de pesos, mientras el servicio de la deuda alcanza la escalofriante cifra de 21.4 billones de pesos. Lo que realmente pasa es que el modelo neoliberal ha llevado al país al límite: ya no tiene capacidad de endeudamiento, ni empresas para privatizar, porque en lo fundamental ese proceso concluyó; ya no se resisten más reformas tributarias nacionales, pues las exacciones en impuestos también llegaron al tope en un país empobrecido. A la pandilla pastranista no le queda otra alternativa que meterles mano a las transferencias territoriales.

Es lo que hace el 012 al abolir la disposición constitucional que ordena que tanto el situado fiscal como las participaciones municipales sean un porcentaje de los ICN, y convertir el SGPT en una cifra fija, originada en la sumatoria de tres rubros hoy deficitarios y que tendrá un incremento insuficiente para cubrir el crecimiento real de las necesidades educativas. En consecuencia, el recorte se origina no en que se les va a girar menos dinero a las regiones de lo que actualmente se les transfiere, sino en que se les gira menos de lo que se les debería girar para cubrir las crecientes necesidades del sector educativo.

Si los actuales rubros del presupuesto son deficitarios, su sumatoria también lo será. Con ello lo que se logra es que el déficit actual se eleve a norma constitucional, con el agravante que la Nación ya no tendrá responsabilidad alguna en subsanarlo, pues lo definido en el Acto Legislativo es que la Nación no podrá reasumir competencias territoriales ni contribuir en forma directa o indirecta a su pago. En otras palabras, les toca a las regiones compensar los excedentes de los costos educativos, creando más impuestos o cobrándoles elevados derechos académicos a los padres de familia. Se le da así vía libre a la privatización de la educación.

Esta reforma se venía cocinando desde el gobierno de Samper con el informe de la llamada Misión Social, pero entró en su proceso definitorio el 22 de diciembre de 1999, cuando Pastrana firmó el llamado ‘acuerdo extendido’ con el FMI. Allí quedó establecido que su propósito central era ahorrarle al gobierno entre 0.4 y 0.8% del PIB, a costa de recortar las transferencias territoriales, para poderle cumplir a la banca internacional. Por eso quien miente es el ministro de Hacienda cuando afirma que no hay tales recortes.

La conspiración contra el país ha tomado tal dimensión que se ha vuelto una farsa de complicidades y encubrimientos. Ante las dificultades que el proyecto comenzaba a tener en el Congreso, el ministro se jugó la carta de reunir a puerta cerrada a los gobernadores y alcaldes hasta lograr declaraciones públicas de apoyo de sus voceros más gobiernistas, como son el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, el de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el alcalde de Medellín, Luis Pérez. En esas reuniones, el ministro Santos apeló a acrecentar el odio que muchos mandatarios seccionales y el propio gobierno sienten contra el magisterio y sus organizaciones sindicales, garantizándoles que en el segundo semestre, con el paquete de reformas asociadas al Acto Legislativo, se les resolverán todos sus problemas. El ministro también les dijo que las modificaciones al proyecto sólo podrán ser marginales so pena de que se hunda por vicios en su trámite.

En el último texto, aprobado por once votos contra cinco en la Comisión Primera del Senado, se mantiene lo esencial: los limites constitucionales a los gastos de funcionamiento; la abolición del Situado Fiscal y las participaciones de los municipios; la creación de una bolsa común, el SGPT, ya no como porcentaje de los ICN sino como deficitaria cifra fija; la municipalización sin reversa y los principios de reparto para aplicar el pago por capitación, es decir, un subsidio por alumno matriculado y no el pago real de todas las necesidades educativas.

Para intentar doblegar a los gobernadores, todo se ha valido: desde el engaño con las cuentas nacionales sobre Situado Fiscal y participaciones a mandatarios recién elegidos y posesionados, muchos de ellos desconocedores de los verdaderos alcances de las normas en materia de financiación para la educación y la salud, pasando por la promesa de incluir en la reforma política el alargue del período en un año más y hacerlos parte de esa especie de piñata que es el famoso Fondo de los cupos indicativos del presupuesto, o mandarlos al ostracismo y al abandono oficial si no aceptan dócilmente la férula del prepotente ministro de Hacienda.

Queda claro entonces que lo único que el gobierno les podrá cumplir del ‘acuerdo’ a gobernadores y alcaldes es la derogatoria de la ley 60, para abolir el régimen especial de los maestros y entronizar los pagos por capitación para subsidiar la demanda; congelar el escalafón y derogar el Estatuto Docente, para recortar los salarios de los maestros; reformar la Ley General de Educación, para generalizar los contratos a término fijo, con Orden de Prestación de Servicios, OPS, y con autonomía para definir escalas salariales en cada ente territorial; aprobar en el Congreso las leyes de Reforma Tributaria Territorial y de Ordenamiento Territorial, para aumentar la municipalización y dejar a las regiones abandonadas a su suerte; y presentar el proyecto de reforma pensional, para endurecer las condiciones de pensión de trece millones de trabajadores y arrasar el régimen prestacional especial de los maestros colombianos.

Merece mención especial la posición adoptada por el jefe de la deslucida ‘oposición patriótica’, Horacio Serpa Uribe. Desde el primer día del actual gobierno, este personaje anda como alma en pena buscando el aval de Pastrana y de los amos imperiales para ser el próximo presidente de Colombia. Su papel se ha reducido a apoyar los aspectos fundamentales de la política pastranista, desde el Plan Colombia, que, según confesó, lo entendió cuando se lo explicaron en inglés en Washington, hasta las sucesivas reformas tributarias, pasando por toda la estrategia de paz. En un momento crucial, cuando se daba por sentado que el proyecto de Acto Legislativo se hundiría, convocó a rueda de prensa el 23 de abril para anunciar su apoyo al proyecto y ordenar a los parlamentarios liberales que lo votaran afirmativamente. Con semejante espaldarazo, la suerte estaba echada y así efectivamente sucedió en la Comisión Primera.

El MOIR seguirá en la brega al lado de todos los sectores sociales y políticos agrupados en el Frente Común para impedir la aprobación del 012 en el Congreso. Aún faltan tres votaciones y nos corresponde templar nuestras fuerzas para la batalla final. Así lo expresamos en la Junta Nacional del 4 de mayo, en la cual aprobamos la realización del paro de 48 horas para los días 9 y 10 de mayo y el inicio de un Paro Nacional Indefinido para el 15 de mayo, con la seguridad de que sólo la más decidida resistencia del magisterio y de toda la comunidad educativa podrá dar al traste con este brutal atentado contra la educación pública y los derechos del magisterio.

Lo que está en juego es el Estatuto Docente y con él toda la estabilidad laboral de los educadores colombianos. De ellos esperamos que comprendan la gravedad de la amenaza que se cierne y que respondan a nuestro llamado de lucha con toda la consecuencia que sea necesaria y sin importar los sacrificios.

¡Participemos todos en el gran Paro Nacional del próximo 15 de mayo!

La liberación de precios del gas natural: OTRA ONEROSA CONCESIÓN A LAS TRASNACIONALES

Por Gustavo Triana

El gobierno de Pastrana, en su carrera desenfrenada por entregar la nación al imperialismo, está tramitando ante el Congreso la ley de exportaciones de gas natural y liberación de precios. El proyecto se presentó como el número 308 de 2000, y recibió aprobación en la Comisión Quinta de la Cámara el 27 de septiembre. De llegar a aprobarse, será otro severísimo golpe al interés nacional.

La producción y uso del gas natural ha sido principalmente un esfuerzo de Ecopetrol. El aprovechamiento en las refinerías, la masificación de gas residencial, el uso en el transporte, las industrias y la petroquímica, fueron impulsados y alimentados por la estatal petrolera. La instalación del primer medio millón de redes domiciliarias fue fruto de la política de la estatal. Históricamente las trasnacionales siempre quemaron el gas que surgía asociado con el petróleo, a pesar de la prohibición expresa del Código de Minas.

Desarrollado el transporte con la red nacional de gasoductos, masificado el uso residencial (dos millones de usuarios y en la perspectiva de alcanzar los tres millones en un par de años), montadas varias termoeléctricas a gas, convertidas muchas industrias al mismo en remplazo de carbón, combustóleo y crudo Castilla, se procede ahora a la desnacionalización y a la liberación de los precios. Primero fue la venta al capital español (Gas Natural S. A.) de Gas Oriente, Metrogas, Gases Barranca, Gas Natural de Bogotá, entre otras empresas encargadas de la distribución en Santander y la capital del país. Igual suerte corrió Promigas, que transporta todo el gas de la Costa y en la que Ecopetrol tenía 48% de las acciones, subastada a la Enron Corporation, gringa. Españoles y franceses se apropiaron el transporte y distribución en el Eje Cafetero, Valle y Cauca. Sólo Alkanos del Huila, Empresas Públicas de Medellín y algunas de los Llanos quedan como distribuidores nacionales. En la actualidad, todas las actividades de distribución tienen un precio administrado por el Estado, que les garantiza a las empresas 14% de rentabilidad y con ello un control al precio final del consumidor.

En el pasado, la camarilla gobernante pretendió además privatizar la red de gasoductos, que le había costado a la nación, a través de Ecopetrol, más de 600 millones de dólares, paso frustrado por la lucha que libró la USO y que mantuvo a Ecogas como empresa estatal.

El proyecto dispone liberar el gas para exportación y también sus precios una vez se adicionen cien millones de pies cúbicos a la producción diaria actual y se garantice una reserva estratégica para seis años. El precio que será liberado es el que se paga por un pie cúbico de gas en la boca del pozo o en los sitios de entrega a la red nacional de transporte. Esta liberación cobijaría producciones viejas y nuevas.

El precio está hoy regulado por el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y se calcula para cada yacimiento, de tal manera que los precios obedecen a factores objetivos de producción y rentabilidad de cada yacimiento. Por ejemplo, el gas de La Guajira, que explota la Texas, tiene un precio de 0.53 dólares el pie cúbico, y el de Cusiana, Cupiagua y Piedemonte, 0.74 dólares. Estos tres yacimientos representan cerca de 90% de la producción, asunto que pone a la BP y la Texas en posición de monopolio. La liberación llevaría de manera inmediata a un precio de por lo menos 1.10 dólares, según la misma CREG, con repercusiones graves e inevitables para los consumidores de la generación eléctrica, el uso industrial, la petroquímica, el transporte y el uso domiciliario.

La medida obedece a las presiones de Texas y BP, que han puesto como condición para liberar sus producciones una mejora en los precios y más facilidades para la exportación.

El nefasto proyecto también contempla la entrega a terceros, para su comercialización, de la participación del Estado por concepto de regalías en todas las explotaciones, quitándole de esta manera una facultad vital a Ecopetrol.

El proyecto es la base para conceder la construcción de un gasoducto entre Coveñas y Ciudad de Panamá, en el que está interesada la Enron Corporation, y cuya adjudicación salpicó con su escándalo al ex ministro Luis Carlos Valenzuela.

El debate en torno a la liberación de precios y exportaciones ha enfrentado a los consumidores y distribuidores representados en la CREG, opuestos a su aprobación, contra el ministro de Minas y Energía y el presidente de Ecopetrol, sus principales impulsores. La doctora Carmenza Chaín, directora saliente de la CREG, ha advertido: «Así como está planteado el proyecto es perverso, porque indefectiblemente se subirán los precios del gas», y advierte que el costo para los usuarios de liberar por completo los precios del gas, a partir de 2003, puede ser cercano a los 800 millones de dólares en tres años, afectando a los consumidores nacionales y restándole competitividad a la industria local. Sobra aclarar que los 800 millones de dólares irán al bolsillo de las trasnacionales como ganancia adicional.

Caballero Argáez, ministro saliente de Minas y Energía, y Alberto Calderón, presidente de Ecopetrol, han declarado que harán todo lo que les toque por sacar adelante el proyecto, y que su política, en consecuencia, es el estímulo a los productores y exploradores foráneos. Está claro que tal empeño no tendrá en cuenta el interés de los consumidores ni el de la nación.

La medida se tramita en el preciso momento en que ocupa las primeras planas el debate sobre los abusos cometidos con las tarifas por las generadoras de energía y otras prestadoras privadas de servicios públicos. Ante los desmanes de los privados y su manifiesta corruptela, Pastrana le propone a Colombia más de lo mismo en un servicio público que se ha convertido en estratégico para la nación, como lo es el gas domiciliario.

A la USO le corresponde elevar la más amplia denuncia sobre este atentado que se cocina en el Congreso y unirse a los millones de colombianos que hoy se movilizan en distintas asociaciones de usuarios de los servicios públicos, para detener la entrega de la soberanía nacional y echar atrás las privatizaciones.

UNA RUTA DE CONSECUENCIA Y DE PRINCIPIOS

Por Martín Muñoz

Los trabajadores agrupados en Sintagal y Sintraindega, que hace seis años se atrevieron a romper el control cultural y político que sobre ellos hacía recaer la embotelladora de Coca-Cola, Panamco Colombia, han registrado importantes avances en materia convencional y en el prestigio y consolidación de sus organismos sindicales. Pese a que poco después de la exitosa fundación de Sintraindega –por primera vez se aclimató la existencia de un sindicato en Bogotá— tuvieron que soportar más de 150 despidos para quedar en el límite de poder ejercer la negociación colectiva, hoy han reconstruido su base social, surtiéndola con los trabajadores reintegrados, más las afiliaciones logradas con el esfuerzo inmancable de atender los muchos problemas con los que Panamco pretende ahogar cotidianamente a quienes le sirven.

La fusión de las plantas de Panamco del centro del país, operada después del desalojo de algunos inversionistas nacionales, como las de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Villavicencio y Girardot, trajo consigo la difícil tarea de agrupar en un solo cuerpo las convenciones existentes. Lo anterior también entrañó atender un conglomerado de tres mil asalariados, aunque tan sólo 1.800 de ellos, aproximadamente, estén bajo contrato directo y al resto le hayan impuesto las modalidades de la flexibilización aperturista, como la temporalidad, regímenes de contratistas, cooperativas, contratos a término fijo, recurrentes oleadas de despidos, etc.

Para hacer un tanto más complejas las circunstancias sindicales, en estas plantas conviven más de seis organizaciones, lo cual presupone una cuidadosa política de unidad de acción cuando de enfrentar a la compañía se trata, dadas las divergencias aparecidas en el manejo de los asuntos obreros.

En octubre pasado se firmó una nueva convención colectiva, sobre todo para los trabajadores de Bogotá y para la población sindicalizada en general, que aún es minoritaria. Los puntos que no hicieron parte del cuerpo único convencional fueron objeto de una tutela instaurada por el presidente de Sintigal, José María Barrero, resultando favorable a los intereses de los trabajadores. Sin embargo, un notable juez, también entutelado, terminó exonerando a la compañía del incidente de desacato.

La conducta asumida por Sintraindega y Sintigal se ha basado siempre en señalar a los verdaderos causantes de la crisis nacional y de las aflicciones de los trabajadores –al imperialismo norteamericano y a la burguesía vendepatria—, y en establecer una táctica acertada, dentro de la cual aparece la porfía en la defensa de los principios del proletariado y en dejar a un lado los aspectos que nada tienen que ver con la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y el logro de su mejorestar.

Sintigal alimenta la expectativa de convertirse en un sindicato de industria fuerte nacionalmente, para lo cual ha iniciado contactos con varias organizaciones existentes en el país.

Los exámenes del Icfes: ATROPELLO A LOS ESTUDIANTES

Por José Fernando Ocampo

Las nuevas pruebas de Estado, que comenzó a ensayar el Icfes el año pasado, son una muestra de la irresponsabilidad y la manipulación con que se está manejando el ingreso de los estudiantes colombianos a la educación superior. Es irresponsable que se aplique una teoría sobre la educación y sobre las pruebas de manera improvisada, con unos cuestionarios que carecen de validación alguna, cuyos supuestos ideológicos no resisten una controversia seria. Pero, además, se está manipulando a las instituciones y a los maestros para obligarlos a adoptar la educación por competencias desde la oficina del Icfes. En esta forma convierten a los estudiantes en conejillos de Indias para demostrar, con el fracaso de los resultados, que la educación que actualmente imparten los maestros no sirve y que, por tanto, ellos tampoco.

En efecto, el cambio a pruebas de competencias de las de conocimientos y aptitudes, como eran antes, han mostrado unos resultados catastróficos. Por ejemplo, solamente el 3 ó 4% alcanza puntajes por encima de 80 sobre 100. Es decir, casi nadie obtiene calificaciones altas y menos de 4% está por encima de 70 puntos en las diferentes áreas. Los colegios son clasificados basándose en una de las cuatro formas de calificar los cuestionarios y no por las pruebas mismas. Por eso cunden el desconcierto, la confusión, el caos y la preocupación entre las instituciones, que no alcanzan a comprender por qué sus estudiantes, que antes lograban buenos resultados, hayan fracasado con las nuevas pruebas. Entonces la conclusión de las instituciones, simplemente para proteger a sus estudiantes, es la de moverse hacia una educación por competencias.

Casi cada actividad humana es una competencia. Por eso las competencias son innumerables. Algunos expertos han identificado más de 30 grupos de ellas y solamente en las laborales señalan más de 350. En las pruebas del Icfes seleccionaron tres: la interpretativa, las argumentativa y la propositiva. Es decir, que el ingreso a la educación superior depende de que los estudiantes demuestren su capacidad en estas tres competencias. Para ello han elaborado cuestionarios que no resisten un análisis riguroso. De aquí surge una serie de preguntas: ¿por qué estas tres competencias definen el ingreso de los estudiantes a la universidad? ¿Qué interpretación le dan los funcionarios del Icfes a cada una de las tres competencias? ¿Cómo se aplican estas competencias a cada una de las disciplinas en las cuales se examina a los estudiantes? ¿Están probando la capacidad de los estudiantes, o lo que se proponen es inducir la implantación de una determinada teoría psicológica en la educación colombiana?

En las áreas de ciencias sociales el cuestionario es absurdo. En primer lugar, todas las opciones de respuesta a las preguntas son pertinentes y la respuesta valedera depende de la particular visión del funcionario del Icfes. ¿Cómo hacen, entonces, los estudiantes para acertar? En segundo lugar, la carga ideológica de las preguntas es insoportable, porque para acertar en la respuesta el estudiante tiene que coincidir con la concepción del interro­gador. Es decir, las preguntas son completamente sesgadas y los estudiantes deben someterse al pensamiento de un in­terrogador que ni conoce. En tercer lugar, la respuesta no depende del conocimiento de los hechos, o sea, de que los hechos hayan sucedido o existan, sino de la manipulación del lenguaje, y lo que los estudiantes interpreten, no importa lo absurdo de la pregunta. En cuarto lugar, la definición de cada una de las tres competencias responde a una concepción lingüística y ética muy particular. Por ejemplo, la argumentación no es la capacidad de aducir argumentos para sostener una opinión; consiste es «en la acción promo­tora del fortalecimiento de la intersub­jetividad en las decisiones de carácter moral». No tiene sentido, por otra parte, que se cambie la comprensión de un texto por su interpretación, la cual depende de posiciones o situaciones completamente subjetivas o ideológicas. En quinto lugar, la obligación que se les impone a los estudiantes de «proponer» se vuelve imposible cuando se aplica a los hechos históricos o a la geografía física, dos áreas fundamentales del examen.

Pero en las áreas de ciencias naturales las tres competencias son aún más absurdas. Cuando los resultados califican la capacidad de argumentar o proponer en materias como la física, química y biología, una de tres: o se considera que el nivel científico de los estudiantes debe estar a la altura de la más alta investigación para proponer o argumentar; o lo que se quiere es que los estudiantes hagan proposiciones insubstanciales, simplemente con el prurito de que propongan en materias que superarán siempre su preparación de bachillerato o de la misma universidad especializada; o se espera sólo que los estudiantes se refieran a las consecuencias «morales» de aplicaciones científicas o técnicas que no son estrictamente del conocimiento de ellas.

Es muy claro. El Icfes se propone inducir una reforma educativa desde los exámenes de Estado, con una ideología, con una teoría, con una tendencia psicológica de determinada orientación. Ni la ha discutido con nadie, ni la ha puesto a consideración del país, ni la conocen los maestros, ni la han practicado los estudiantes, ni la han aplicado las instituciones educativas. Todo proviene de un grupo de psicólogos intelectuales de la Universidad Nacional—Bogoya, Jurado, Torrado, Acevedo, Solsona y otros—que desprecian a los maestros, que no conocen la educación colombiana, que se basan en la teoría filosófica posmoderna del caos y la incertidumbre, que se confiesan defensores radicales del relativismo científico, que confunden en un mismo saco la ciencia y la moral.

Las pruebas por competencias del Icfes tienen propósitos muy diferentes a los de definir el ingreso de los estudiantes a la educación superior. Basándose en una teoría, en una ideología, en una tendencia psicológica, lo que intentan es imponer la educación por competencias en todas las instituciones, probar que los maestros colombianos no sirven, que la educación pública hay que cambiarla y abrirle camino a la nueva reforma educativa auspiciada por los organismos internacionales de crédito y que se denomina Nuevo Sistema Escolar, hoy experimen­tán­dose en cinco departamentos y 500 colegios.

Primero, se viola la autonomía escolar de la Ley General de Educación para volver al currículo único, obligatorio y uniforme. Segundo, se atenta contra la libertad de cátedra consagrada en la Constitución Nacional, al imponérsele una determinada concepción ideológica a los maestros. Tercero, se violenta la Constitución Nacional, que sometió la dirección de la educación nacional a las determinaciones de una ley y le quitó al Ejecutivo la función omnímoda de su manejo. Cuarto, los postulados ideológicos de la evaluación por competencias y de la educación por competencias son inmensamente contro­vertibles. Quinto, se convierte en un atropello con los estudiantes sometidos a una experimentación de conejillos de Indias de una prueba improvisada, mal preparada, ambigua, poco comprensible, con cuestionarios absurdos, de todo lo cual depende su ingreso a la educación superior. Sexto, con resultados catastróficos debidos a la prueba, no a la educación, se quiere desacreditar la educación pública y abrirle camino a la privatización del Nuevo Sistema Escolar.

Con los mismos postulados, igual metodología y propósitos idénticos se ha adelantado en Bogotá una evaluación de la calidad de la educación con resultados más catastróficos que los del examen del Icfes. Es allí donde se pone en evidencia el objetivo perverso de estas pruebas por competencias, porque se han utilizado para privatizar la educación, aplicar el Nuevo Sistema Escolar y adelantar una campaña orquestada contra los maestros. El terror hoy recorre el servicio educativo de Bogotá y las instituciones, que, sin mucho criterio o sistematización, acuden a la educación por competencias para ponerse a tono con las imposiciones de la Secretaría de Educación dirigida por Cecilia María Vélez. Esta misma evaluación fracasó en Manizales por la oposición de los maestros, los directivos docentes, el sindicato y los estudiantes.

Fecode rechazó la evaluación por competencias y los exámenes del Icfes en el XVII Congreso celebrado en Santa Marta, el pasado mes de marzo. Igualmente, condenó su aplicación a la educación básica en la capital de la República. Así como en Manizales los maestros y los estudiantes boicotearon la pruebas de calidad de educación, los bachilleres deben hacer lo propio con los exámenes de Estado que adelante actualmente el Icfes con pruebas por competencias.

Invitamos a los estudiantes de últimos años de bachillerato a unirse a este movimiento en contra del atropello que significan estos exámenes

MOCKUS: FILOSOFíA ALCABALERA

Por Francisco Cabrera

El alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, presentó el pasado 30 de marzo ante el Concejo una confiscatoria reforma tributaria distrital, que según él significará un incremento de 33% en la tributación de los bogotanos. El plato fuerte del paquete alcabalero es una elevación de hasta el doble en las tarifas del predial, acompañada del aumento de dos y tres puntos en la tasa de industria y comercio, el cobro del alumbrado público, el establecimiento de peajes en las entradas de la ciudad, la llamada «contribución por plusvalía» de 50% y un «impuesto de pobres» de 10% por el ingreso a espectáculos públicos. Esta reforma, que busca esquilmarles a los bogotanos $300 mil millones de pesos adicionales al año, se presentó a sólo tres meses de que Pastrana le impusiera al país una antipopular reforma tributaria que elevó el IVA a 16%, condenó a muerte a miles de pequeños negocios con su incorporación al Régimen Común y elevó de dos a tres por mil el impuesto a las transacciones financieras.

La reforma ha levantado entre la ciudadanía un inmenso rechazo y fue criticada por los gremios de la industria y el comercio. Mockus se apresuró a defender su engendro diciendo que sin ella no habrá obras y argumentó que en Miami la gente tributa un predial de 20×1.000. Para justificar la lesiva reforma Mockus está dispuesto a decir lo que sea, llegando al absurdo de comparar a Bogotá con Miami, la una atascada en una prolongada recesión, con 20% de desempleo y abrumada por la pobreza, y la otra con un ingreso per cápita 20 veces el de la capital colombiana. Y está dispuesto a ello para mantener el ritmo de las inversiones con las cuales se busca hacer atractiva la ciudad para el capital extranjero, considerado por los tecnócratas de turno como la única alternativa hacia la prosperidad.

La reforma es una de las tres fuentes de financiación con las cuales Mockus piensa recoger los $7,1 billones que le hacen falta para financiar su plan de desarrollo, que tiene un costo de $13,3 billones. Por ello, aunque se vio obligado a retirar el proyecto del Concejo, anunció que después de corregir las inconsistencias legales que algunos sectores le criticaron, volverá a presentarlo. Los otros recursos para el Plan saldrán de una nueva descapitalización de Codensa, de la que le corresponderían al Distrito $487 mil millones, y de créditos por $1,3 billones.

Al profesor Mockus lo obsesiona poder mantener el nivel de inversiones de la administración anterior, lo que le permitió a Peñalosa salir de la Alcaldía con un alto índice de popularidad. Y como para poder invertir Peñalosa patrocinó el fraude que significó la descapitalización de la Empresa de Energía, de donde obtuvo ingresos extraordinarios por cerca de $1 billón de pesos, Mockus propone una segunda edición del saqueo, esta vez por medio billón de pesos. Sin contar las utilidades, al socio extranjero le correspondió en la primera descapitalización, y le corresponderá en la que se urde, una cantidad equivalente, con lo cual suman entre los dos socios ¡$3 billones! Dinero que en últimas ha salido de los bolsillos de los usuarios. Si los bogotanos buscan una explicación a las alzas en las tarifas de la energía, aquí tienen una buena: la complicidad de las tres últimas administraciones con la trasnacional Endesa para que esta exprima sin piedad a la población con tal de recibir una parte del botín.

En cuanto al endeudamiento proyectado, es de tal magnitud, que la ciudad duplica sus compromisos y queda completamente entrampada con el capital financiero, principalmente internacional. Por ese camino Bogotá terminará corriendo la misma suerte de la nación, a la que hoy le toca destinar 44% de su presupuesto al pago de la deuda.

Ahora bien, ¿a quién benefician las inversiones de los últimos gobiernos? El grueso de las obras programadas para los próximos nueve años, según el Plan de Ordenamiento Territorial, tiene como fin primordial adecuar la infraestructura vial y de servicios y embellecer ciertas zonas de la ciudad, para convertirla en sede de operaciones de las firmas trasnacionales en el Área Andina y en Sudamérica, con vocación de proveedora de servicios. Según la creencia oficial, sólo poniendo la ciudad al servicio del capital extranjero podremos «insertarnos en la economía globalizada». Los otros beneficiarios han sido algunos grupos oligárquicos ligados al capital financiero y a la industria de la construcción y un sector que, en asocio con capital internacional, emerge como nuevo monopolio en el transporte, para lo cual el Estado juega un papel clave a través de Transmilenio.

En su papel de agente de la recolonización, el profesor Mockus no ve, o no quiere ver el estruendoso fracaso universal de la globalización imperialista, con sus secuelas de ruina y miseria en los países pobres, y de concentración sin precedentes de la riqueza en un puñado de especuladores financieros y en unas cuantas corporaciones trasnacionales en los países ricos. Su actitud servil lo conduce a acorralar a la población con más y mayores cargas tributarias. Su régimen alcabalero, al servicio de la dominación de Colombia por el imperialismo, nos recuerda que fue precisamente contra un régimen extorsivo similar que comenzó a gestarse la revolución de Independencia contra el colonialismo español.

LA TOMA DE BOGOTÁ POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA SALVACIÓN AGROPECUARIA

Del Discurso de Ángel María Caballero

Saludo a todos los productores agrícolas que con tanto esfuerzo y sacrificio se han desplazado por su cuenta desde todas las regiones del país hasta esta Plaza de Bolívar, con una vocación irreductible de cambiarle el rumbo al agro colombiano y para señalarle al gobierno que hay un profundo descontento con la política agraria que está arruinando el campo.

Al doctor Pastrana vinimos a decirle que deje de estar negociando tratados como el Alca, que con la apertura completa van a traer la ruina generalizada de los países de América Latina, mientras se fortalece aún más la economía de Estados Unidos, que hoy representa 80% de la del Continente. Que el presidente se preocupe más bien por los problemas de Colombia y por la producción nacional. No más aplicación de las órdenes del FMI y el Banco Mundial, cuya única solución para el campo es la de remplazar los cultivos transitorios por cultivos permanentes.

Exigimos velar por la seguridad alimentaria, que es nada más y nada menos que la defensa de la soberanía nacional y el respeto por los productores del campo. Es que es muy grande la irresponsabilidad de este gobierno. No encontramos de dónde puede sacar el ministro de Agricultura sus declaraciones de que el agro colombiano jalonó el PIB con más de 5.5%. Es una gran mentira. El año pasado, el banano bajó de 90 a 83 millones de cajas; el café cayó de 17 millones de sacos a 9 millones entre 1997 y 2000; el arroz cayó en 10% y la papa apenas se sostuvo, pero después de más de 700 mil millones de pérdidas durante dieciocho meses, con la consiguiente quiebra para muchos. Se importaron hasta hortalizas y frutas, pero, según el ministro de Agricultura, la reactivación del agro tuvo como base las hortalizas.

No son hábiles ni para mentir. La reactivación es una farsa; se da solo en los titulares de prensa. Como no hay reactivación del agro, reactivan las cifras, pretendiendo engañar a los agricultores y al país, montando un espejismo con la gran falacia del desarrollo del agro colombiano.

Por eso estamos en esta plaza. Porque no vamos a permitir que nos sigan mintiendo. Recorreremos el país aglutinando a las gentes laboriosas de Colombia para decirles que no podrá haber progreso mientras el campo pierda poder adquisitivo y baje su demanda de bienes y servicios; que no puede crecer la economía si se aplican todas las medidas del FMI, cuyo solo objetivo es el de expoliar a los colombianos, y si se continúa con los tratados que entregan de par en par las puertas de nuestro mercado para que la producción y el trabajo nacionales sean únicamente para beneficio de la economía extranjera.

Pedimos respeto para los productores, pedimos respeto para los cultivos transitorios y pedimos la emergencia económica para el agro, pues si el sector parasitario de la economía, el sector financiero, tuvo el apoyo del gobierno con más de siete billones de pesos, es apenas justo que los agricultores tengan condonación general para sus deudas que, acumuladas por años y años, no alcanzan a sumar ni el medio billón.

Salvación Agropecuaria le entregará al doctor Pastrana una carta en la cual se plantean las soluciones básicas para la verdadera reactivación del campo. Pero como es bien posible que ni respuesta protocolaria tengamos del gobierno, aquí, en este mismo instante, en el corazón de la República y frente a los miles de dirigentes llegados de todas las regiones de Colombia en representación de millones de compatriotas, pilares de nuestra economía y de nuestra nacionalidad, ¡pido que quienes estén de acuerdo con el Paro Nacional Agropecuario para el mes de julio, levanten conmigo la mano! Miles de puños en alto en esta histórica plaza señalan que está aprobado el Paro en la fecha y hora que fije Salvación Agropecuaria.


Del discurso de Jorge Enrique Robledo

Que tome nota el doctor Pastrana; que tomen nota los demás correveidiles de las potencias extranjeras en Colombia, porque si esta notificación perentoria que hoy le hacemos de manera civilizada a Pastrana y a la pandilla que lo rodea no tiene una respuesta satisfactoria, la próxima cita que les pondremos a esos personajes será en el mes de julio en las carreteras de Colombia, como ya lo notificó Ángel María Caballero.

Nunca la situación, compañeros campesinos, empresarios e indígenas de Colombia, había sido peor en un país donde jamás el agro ha contado con garantías suficientes. En la última década desaparecieron 800 mil hectáreas de cultivos transitorios y temporales. Perdimos 200 mil hectáreas de café y, lo que es aún más vergonzoso y humillante, esta panda que nos gobierna convirtió a Colombia en un país que importa ocho millones de toneladas de comida, entregándoles a monopolios extranjeros, cuyos dueños no abonan con su sudor los surcos de la patria, lo que se les niega a los campesinos y empresarios del campo. Y en su cinismo, estos señoritos, que hablan mejor inglés que español y que se inclinan temblorosos ante el amo norteamericano, han venido a salirnos con el cuento de que si el campo está quebrado, es porque los productores colombianos son perezosos e ineficientes . ¡Mienten, mienten! Faltan a la verdad en materia grave. Esas manos callosas que hoy les parecen ineficientes son las que han sostenido a este país por más de 150 años. No son los señoritos de Palacio los que han creado la riqueza nacional.

¿Qué es lo que está ocurriendo con el agro colombiano? Todo el mundo lo sabe, y por eso está hoy aquí con nosotros el presidente del Senado, el doctor Mario Uribe Escobar, en gesto que lo enaltece. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo que hay en el campo es una batalla de intereses: la batalla de las trasnacionales extranjeras, sobre todo norteamericanas, contra los capitalistas no monopolistas y el campesinado colombianos. Y esa batalla no la ganaremos hablando bonito, compañeros, sino en actos como este y parándonos firmes en las carreteras de Colombia.

Como lo dijo Ángel María Caballero, hoy vamos a definir aquí el más grande paro nacional agropecuario que se haya hecho en la República de Colombia. Un paro que no busca otro propósito distinto a que el gobierno, de una manera seria, se siente con nosotros a negociar y a acordar los puntos fundamentales del programa de Salvación Agropecuaria.

Este paro lo vamos a hacer al lado de donde vive la gente, gritándole a Pastrana con firmeza que si al agro nacional lo van a acabar, van a tener que acabarlo peleando, porque Salvación Agropecuaria no se arrodillará.

Estamos proponiendo una política de unidad e invito a todas las organizaciones del agro a que en los próximos días convengamos los mecanismos pertinentes para que todas, sin excepción, se paren con nosotros en las carreteras de Colombia.

Y esta propuesta de unidad va más allá. Me complace anunciar que hoy está acompañándonos Julio Roberto Gómez, presidente de la CGTD y uno de los miembros del Comando Nacional de Paro de las Centrales Obreras, a las que extendemos, por su conducto, una invitación formal para que en ese día se lancen, también ellos, a un paro general en todo el territorio de la patria.

Los llamo a que salgamos, cada uno de nosotros, a decirles a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, que en medio de la oscuridad en que está hundida la nación hay una luz prendida, la de la rebeldía, la luz de la Salvación Agropecuaria.

¡Démosle todos, el próximo mes de julio, un viraje trascendental a la política agropecuaria de Colombia!


Del discurso de Mario Uribe Escobar

Presidente del Senado

Un saludo fraternal para todos ustedes, campesinos productores agropecuarios de Colombia. Estamos aquí acompañándolos porque los entendemos, los justificamos, porque sabemos de la bondad de sus reclamos pero, sobre todo, por la necesidad de resolver cuanto antes los reclamos y quejas de todos ustedes.

Y vine a decirles que apoyamos las demandas sobre la condonación total, absoluta de las deudas que ustedes han contraído en estos años. Es que los cafeteros, y en general los productores de Colombia no han pagado no porque no se les dé la gana, o porque quieran guardar su dinero, ni porque sean malos sujetos de crédito, no, presidente Pastrana, los agricultores de Colombia no han pagado sus deudas lisa y llanamente porque no pueden hacerlo, porque es tan profunda la crisis, porque son tantas las amenazas que soportan, que les ha sido imposible acumular los recursos necesarios para devolverlos a las entidades crediticias y a los acreedores extrabancarios.

Los bajos precios, las importaciones de productos venidos de manera subsidiada y la violencia generalizada han hecho que los productores agrarios hayan tenido durante todos estos años una rentabilidad operacional negativa, que no les ha permitido pagar los créditos sin poner en riesgo su propia subsistencia y la de sus familias.

Por no ser ellos los responsables de la crisis, sino las medidas equivocadas que se han venido tomando a lo largo de los años, particularmente en la última década, es por lo que se requiere el perdón total de sus deudas.

Este país necesita que se ponga freno a la importación indiscriminada de productos agropecuarios, financiados preferencialmente por los países desarrollados, subsidiados por ellos. Mientras al país sigan entrando miles de toneladas sin control alguno, no será posible que ustedes obtengan un precio retributivo por la actividad que estén desarrollando.

Por esta apertura indiscriminada, los campesinos de Colombia han sido condenados por los gobiernos de turno a una pobreza irredimible. Mientras tengan que soportar el peso de importaciones de productos más baratos, no tendrán redención posible.

Este país, en fin, necesita que se suspendan las demandas, los secuestros, los embargos y los remates contra los productores pequeños y medianos del sector agropecuario. Las autoridades no pueden darse el lujo de privar a los productores rurales de las propiedades que ellos han defendido con sudor durante años y años, para bien suyo, para bien de sus familias y para bien de la patria.

En nombre de todos ustedes, quiero decir: oiga, presidente Pastrana, donde se encuentre, por favor entienda que este es un clamor generalizado de los productores de Colombia que no admiten, que no van a admitir que se les rematen sus bienes por cuenta de unas deudas impagables.

Finalmente, queridos compatriotas, hombres y mujeres venidos de todos los confines de esta patria martirizada, con convencimiento pleno quiero decirles que los vamos a seguir acompañando; que ojalá ustedes no tengan que hacer el paro que han decretado con toda justicia, dada la indolencia, la desatención, la falta de oídos de estos gobiernos y dirigentes que no entienden sus reclamos, sus clamores, sus exigencias.


Otras intervenciones

Orlando Fernández

Presidente Asociación Agropecuaria del Huila

Con la dirección de Salvación Agropecuaria, vamos a proseguir esta lucha. Y con esta marcha le estamos dando un campanazo de alerta al señor Pastrana, porque los campesinos estamos cansados, hastiados, indignados de tanto abandono, de tanta burla del gobierno nacional. Ratificamos nuestra decisión de redoblar esfuerzos para preparar ese gran paro nacional agropecuario de carácter indefinido que hoy hemos aprobado en esta plaza, frente al Libertador Simón Bolívar, contra la indolencia e incapacidad de quienes nos gobiernan.


Adolfo León Palacio

Unidad Cafetera de Antioquia

Permítanme resaltar la tarea de defensa de los cafeteros que de manera permanente hacen la Unidad Cafetera e instituciones como el Grupo Candela del municipio de Andes, en el suroeste antioqueño. Permítanme decir que dada esa crisis terrible que está viviendo el café, que se requieren medidas del gobierno para enfrentarla, medidas profundas y realistas: condonación total de la deuda, y no sólo la que es irrecuperable, también la deuda buena; de aquella que con muchísimo esfuerzo han mantenido al día muchos productores.


Leonel Juvinao

Presidente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria del Magdalena

El Banco Agrario es un banco abierto para los poderosos y un banco blindado para los pobres y los campesinos, que no tienen acceso a ningún crédito. Cuando nosotros pedimos la condonación de las deudas agropecuarias no estamos pidiendo limosnas ni dádivas, pues consideramos que es una deuda social del Estado para el sector agropecuario, que se ha visto arruinado después de diez años de política aperturista. Nosotros estamos al lado de todo el sector agropecuario, y estamos listos; ojalá, como decía el doctor Uribe, no sea necesario el paro; pero si es necesario, estamos listos para hacerlo.


Alberto Caro

Federación de Cultivadores de Papa

Los productores de papa estamos sometidos a los mismos problemas que sufre toda la agricultura colombiana: créditos con tasas de interés confiscatorias, falta de precios de sustentación, carencia de apoyo estatal en transferencia de tecnología e investigación científica, costos de los insumos que suben como en ascensor, e inseguridad en algunas regiones.

Y también como todos ustedes, nos vemos amenazados por las importaciones masivas. En los dos últimos años, el gobierno ha aprobado la importación de papa con su consabida y demagógica disculpa de que los precios están altos y que se debe defender al consumidor. Sin embargo, cuando el precio estuvo bien bajo durante dieciocho meses y los papicultores perdimos más de 700 mil millones de pesos, el gobierno no mostró la más mínima preocupación. Por todo esto, muchos de nosotros apoyamos la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria.

Además hubo intervenciones de Luis Élver Vergara, de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Cauca, Agropemca; Eudoro Álvarez, de la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta; y delegados de la Asociación Agropecuaria de Nariño, en representación de trece municipios, y de la Unidad Panelera Nacional, quienes respaldaron fervorosamente el paro nacional agrario.

CARTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria
Carta enviada a la Presidencia de la República el 24 de abril de 2001 por la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, con las firmas de su presidente, Ángel María Caballero, y su coordinador, Jorge Enrique Robledo.

Señor Presidente:

En medio del empobrecimiento y la miseria nacional –la peor que se registre en la historia del país–, el agro ha llevado la peor parte. El 75 por ciento de los habitantes en las zonas rurales ya no son pobres; ahora son miserables, porque están por debajo de la «línea de pobreza» definida por el gobierno. Y casi todos los restantes viven en la pobreza.

A esta situación se ha llegado luego de décadas de políticas antiagrarias, pero, sobre todo, por las definidas en la última década, a partir de que Estados Unidos y las agencias internacionales de crédito implantaron en el mundo y en Colombia la globalización neoliberal. Que en este lapso hayan desaparecido 800 mil hectáreas de cultivos transitorios y 100 mil de café y que las importaciones de productos del agro hayan llegado a siete millones de toneladas, resumen el desastre ocurrido. Y sus causas inmediatas son sabidas. De un lado, el desmonte de los precios de sustentación garantizados por el Estado que existían, la reducción y eliminación de los créditos para el sector mientras se aplican tasas de interés usurarias, la libre fijación de los precios por parte de los monopolios de agroquímicos, las alzas escandalosas en los combustibles y en la energía eléctrica de las fincas y los distritos de riego y la eliminación o el debilitamiento de las instituciones oficiales que en algo protegían las actividades de campesinos, indígenas y empresarios, como lo ilustran el cierre del Idema y de la Caja Agraria. Y del otro, la apertura de nuestro mercado y las bajas a los aranceles para los productos extranjeros importados, los cuales se producen, como se sabe, con el respaldo de los descomunales subsidios de sus Estados, todo lo cual tiene al país importando trigo, maíz, cebada y arroz; papa, plátano y panela; hortalizas, zapotes y aguacates; carnes de todos los tipos, leche y huevos, para solo mencionar algunos productos, en una política que les otorga a los productores extranjeros lo que les niega a los nacionales y que se hace con la complicidad de los intermediarios criollos que se lucran de ella. Es el caso reciente de las licencias para importar masivamente arroz.

A los paneleros, además, los golpean los derretideros de azúcar que funcionan con la complicidad del gobierno nacional, y no podrán sobrevivir si el Estado autoriza la entrada en operación del ingenio industrial panelero de Padilla.

El cuadro de la desgracia del agro nacional se completa cuando se sabe que la orden del Fondo Monetario Internacional es que el país se especialice en los cultivos tropicales, a pesar de que los problemas del banano y la ruina del café demuestran sus estrechos límites. En estos casos las trasnacionales y sus gobiernos imponen los precios que se les antojan en el mercado mundial, para lo cual recurren a todo tipo de maniobras, entre las que está la agresión contra los productores nacionales de estimular la superproducción en el mundo. Y los cafeteros están al borde de desaparecer también por el descarado saqueo de los recursos del Fondo Nacional del Café por parte de todos los gobiernos y porque avanza el proceso de eliminar las instituciones que aún los protegen, para entregarle todo el negocio a las transnacionales.

Además de la pobreza y la miseria, la crisis agraria nacional también se expresa en los miles y miles de compatriotas que están al borde de perder hasta sus tierras por su incapacidad para pagar las deudas bancarias contraídas, mientras los gobiernos hacen demagogia con planes de refinanciación que les sirven es a los banqueros y que apenas alargan el momento del remate de los endeudados.

Entonces, nuestras peticiones son las siguientes: que el Estado elimine de manera inmediata las políticas que facilitan las importaciones de productos del agro que puedan producirse en el país; que fije precios de sustentación remunerativos que hagan viable la economía del sector; que suspenda los procesos judiciales en curso y que condone totalmente las deudas de campesinos, indígenas y empresarios; que garantice créditos abundantes y baratos; que controle los precios de todos los insumos, los impuestos y las tarifas; que respalde al agro con redes de comercialización, asistencia técnica y distritos de riego, que cierre los derretideros de azúcar y que impida que entren en funcionamiento ingenios paneleros industriales.

En el caso del café, además, también exigimos que el gobierno que usted preside, en unión de los de los otros países productores, les reclame con toda firmeza al de Estados Unidos y a los de los países desarrollados para que cesen en sus políticas orientadas a deprimir los precios internacionales del café.

De no ser atendidos estos reclamos, que apuntan a salvar al agro y a Colombia, nos veremos en la obligación de adelantar nuevas protestas, entre las que podría estar la realización de un paro nacional agropecuario para mediados del año.