La liberación de precios del gas natural: OTRA ONEROSA CONCESIÓN A LAS TRASNACIONALES

Por Gustavo Triana

El gobierno de Pastrana, en su carrera desenfrenada por entregar la nación al imperialismo, está tramitando ante el Congreso la ley de exportaciones de gas natural y liberación de precios. El proyecto se presentó como el número 308 de 2000, y recibió aprobación en la Comisión Quinta de la Cámara el 27 de septiembre. De llegar a aprobarse, será otro severísimo golpe al interés nacional.

La producción y uso del gas natural ha sido principalmente un esfuerzo de Ecopetrol. El aprovechamiento en las refinerías, la masificación de gas residencial, el uso en el transporte, las industrias y la petroquímica, fueron impulsados y alimentados por la estatal petrolera. La instalación del primer medio millón de redes domiciliarias fue fruto de la política de la estatal. Históricamente las trasnacionales siempre quemaron el gas que surgía asociado con el petróleo, a pesar de la prohibición expresa del Código de Minas.

Desarrollado el transporte con la red nacional de gasoductos, masificado el uso residencial (dos millones de usuarios y en la perspectiva de alcanzar los tres millones en un par de años), montadas varias termoeléctricas a gas, convertidas muchas industrias al mismo en remplazo de carbón, combustóleo y crudo Castilla, se procede ahora a la desnacionalización y a la liberación de los precios. Primero fue la venta al capital español (Gas Natural S. A.) de Gas Oriente, Metrogas, Gases Barranca, Gas Natural de Bogotá, entre otras empresas encargadas de la distribución en Santander y la capital del país. Igual suerte corrió Promigas, que transporta todo el gas de la Costa y en la que Ecopetrol tenía 48% de las acciones, subastada a la Enron Corporation, gringa. Españoles y franceses se apropiaron el transporte y distribución en el Eje Cafetero, Valle y Cauca. Sólo Alkanos del Huila, Empresas Públicas de Medellín y algunas de los Llanos quedan como distribuidores nacionales. En la actualidad, todas las actividades de distribución tienen un precio administrado por el Estado, que les garantiza a las empresas 14% de rentabilidad y con ello un control al precio final del consumidor.

En el pasado, la camarilla gobernante pretendió además privatizar la red de gasoductos, que le había costado a la nación, a través de Ecopetrol, más de 600 millones de dólares, paso frustrado por la lucha que libró la USO y que mantuvo a Ecogas como empresa estatal.

El proyecto dispone liberar el gas para exportación y también sus precios una vez se adicionen cien millones de pies cúbicos a la producción diaria actual y se garantice una reserva estratégica para seis años. El precio que será liberado es el que se paga por un pie cúbico de gas en la boca del pozo o en los sitios de entrega a la red nacional de transporte. Esta liberación cobijaría producciones viejas y nuevas.

El precio está hoy regulado por el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y se calcula para cada yacimiento, de tal manera que los precios obedecen a factores objetivos de producción y rentabilidad de cada yacimiento. Por ejemplo, el gas de La Guajira, que explota la Texas, tiene un precio de 0.53 dólares el pie cúbico, y el de Cusiana, Cupiagua y Piedemonte, 0.74 dólares. Estos tres yacimientos representan cerca de 90% de la producción, asunto que pone a la BP y la Texas en posición de monopolio. La liberación llevaría de manera inmediata a un precio de por lo menos 1.10 dólares, según la misma CREG, con repercusiones graves e inevitables para los consumidores de la generación eléctrica, el uso industrial, la petroquímica, el transporte y el uso domiciliario.

La medida obedece a las presiones de Texas y BP, que han puesto como condición para liberar sus producciones una mejora en los precios y más facilidades para la exportación.

El nefasto proyecto también contempla la entrega a terceros, para su comercialización, de la participación del Estado por concepto de regalías en todas las explotaciones, quitándole de esta manera una facultad vital a Ecopetrol.

El proyecto es la base para conceder la construcción de un gasoducto entre Coveñas y Ciudad de Panamá, en el que está interesada la Enron Corporation, y cuya adjudicación salpicó con su escándalo al ex ministro Luis Carlos Valenzuela.

El debate en torno a la liberación de precios y exportaciones ha enfrentado a los consumidores y distribuidores representados en la CREG, opuestos a su aprobación, contra el ministro de Minas y Energía y el presidente de Ecopetrol, sus principales impulsores. La doctora Carmenza Chaín, directora saliente de la CREG, ha advertido: «Así como está planteado el proyecto es perverso, porque indefectiblemente se subirán los precios del gas», y advierte que el costo para los usuarios de liberar por completo los precios del gas, a partir de 2003, puede ser cercano a los 800 millones de dólares en tres años, afectando a los consumidores nacionales y restándole competitividad a la industria local. Sobra aclarar que los 800 millones de dólares irán al bolsillo de las trasnacionales como ganancia adicional.

Caballero Argáez, ministro saliente de Minas y Energía, y Alberto Calderón, presidente de Ecopetrol, han declarado que harán todo lo que les toque por sacar adelante el proyecto, y que su política, en consecuencia, es el estímulo a los productores y exploradores foráneos. Está claro que tal empeño no tendrá en cuenta el interés de los consumidores ni el de la nación.

La medida se tramita en el preciso momento en que ocupa las primeras planas el debate sobre los abusos cometidos con las tarifas por las generadoras de energía y otras prestadoras privadas de servicios públicos. Ante los desmanes de los privados y su manifiesta corruptela, Pastrana le propone a Colombia más de lo mismo en un servicio público que se ha convertido en estratégico para la nación, como lo es el gas domiciliario.

A la USO le corresponde elevar la más amplia denuncia sobre este atentado que se cocina en el Congreso y unirse a los millones de colombianos que hoy se movilizan en distintas asociaciones de usuarios de los servicios públicos, para detener la entrega de la soberanía nacional y echar atrás las privatizaciones.

UNA RUTA DE CONSECUENCIA Y DE PRINCIPIOS

Por Martín Muñoz

Los trabajadores agrupados en Sintagal y Sintraindega, que hace seis años se atrevieron a romper el control cultural y político que sobre ellos hacía recaer la embotelladora de Coca-Cola, Panamco Colombia, han registrado importantes avances en materia convencional y en el prestigio y consolidación de sus organismos sindicales. Pese a que poco después de la exitosa fundación de Sintraindega –por primera vez se aclimató la existencia de un sindicato en Bogotá— tuvieron que soportar más de 150 despidos para quedar en el límite de poder ejercer la negociación colectiva, hoy han reconstruido su base social, surtiéndola con los trabajadores reintegrados, más las afiliaciones logradas con el esfuerzo inmancable de atender los muchos problemas con los que Panamco pretende ahogar cotidianamente a quienes le sirven.

La fusión de las plantas de Panamco del centro del país, operada después del desalojo de algunos inversionistas nacionales, como las de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Villavicencio y Girardot, trajo consigo la difícil tarea de agrupar en un solo cuerpo las convenciones existentes. Lo anterior también entrañó atender un conglomerado de tres mil asalariados, aunque tan sólo 1.800 de ellos, aproximadamente, estén bajo contrato directo y al resto le hayan impuesto las modalidades de la flexibilización aperturista, como la temporalidad, regímenes de contratistas, cooperativas, contratos a término fijo, recurrentes oleadas de despidos, etc.

Para hacer un tanto más complejas las circunstancias sindicales, en estas plantas conviven más de seis organizaciones, lo cual presupone una cuidadosa política de unidad de acción cuando de enfrentar a la compañía se trata, dadas las divergencias aparecidas en el manejo de los asuntos obreros.

En octubre pasado se firmó una nueva convención colectiva, sobre todo para los trabajadores de Bogotá y para la población sindicalizada en general, que aún es minoritaria. Los puntos que no hicieron parte del cuerpo único convencional fueron objeto de una tutela instaurada por el presidente de Sintigal, José María Barrero, resultando favorable a los intereses de los trabajadores. Sin embargo, un notable juez, también entutelado, terminó exonerando a la compañía del incidente de desacato.

La conducta asumida por Sintraindega y Sintigal se ha basado siempre en señalar a los verdaderos causantes de la crisis nacional y de las aflicciones de los trabajadores –al imperialismo norteamericano y a la burguesía vendepatria—, y en establecer una táctica acertada, dentro de la cual aparece la porfía en la defensa de los principios del proletariado y en dejar a un lado los aspectos que nada tienen que ver con la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y el logro de su mejorestar.

Sintigal alimenta la expectativa de convertirse en un sindicato de industria fuerte nacionalmente, para lo cual ha iniciado contactos con varias organizaciones existentes en el país.

Los exámenes del Icfes: ATROPELLO A LOS ESTUDIANTES

Por José Fernando Ocampo

Las nuevas pruebas de Estado, que comenzó a ensayar el Icfes el año pasado, son una muestra de la irresponsabilidad y la manipulación con que se está manejando el ingreso de los estudiantes colombianos a la educación superior. Es irresponsable que se aplique una teoría sobre la educación y sobre las pruebas de manera improvisada, con unos cuestionarios que carecen de validación alguna, cuyos supuestos ideológicos no resisten una controversia seria. Pero, además, se está manipulando a las instituciones y a los maestros para obligarlos a adoptar la educación por competencias desde la oficina del Icfes. En esta forma convierten a los estudiantes en conejillos de Indias para demostrar, con el fracaso de los resultados, que la educación que actualmente imparten los maestros no sirve y que, por tanto, ellos tampoco.

En efecto, el cambio a pruebas de competencias de las de conocimientos y aptitudes, como eran antes, han mostrado unos resultados catastróficos. Por ejemplo, solamente el 3 ó 4% alcanza puntajes por encima de 80 sobre 100. Es decir, casi nadie obtiene calificaciones altas y menos de 4% está por encima de 70 puntos en las diferentes áreas. Los colegios son clasificados basándose en una de las cuatro formas de calificar los cuestionarios y no por las pruebas mismas. Por eso cunden el desconcierto, la confusión, el caos y la preocupación entre las instituciones, que no alcanzan a comprender por qué sus estudiantes, que antes lograban buenos resultados, hayan fracasado con las nuevas pruebas. Entonces la conclusión de las instituciones, simplemente para proteger a sus estudiantes, es la de moverse hacia una educación por competencias.

Casi cada actividad humana es una competencia. Por eso las competencias son innumerables. Algunos expertos han identificado más de 30 grupos de ellas y solamente en las laborales señalan más de 350. En las pruebas del Icfes seleccionaron tres: la interpretativa, las argumentativa y la propositiva. Es decir, que el ingreso a la educación superior depende de que los estudiantes demuestren su capacidad en estas tres competencias. Para ello han elaborado cuestionarios que no resisten un análisis riguroso. De aquí surge una serie de preguntas: ¿por qué estas tres competencias definen el ingreso de los estudiantes a la universidad? ¿Qué interpretación le dan los funcionarios del Icfes a cada una de las tres competencias? ¿Cómo se aplican estas competencias a cada una de las disciplinas en las cuales se examina a los estudiantes? ¿Están probando la capacidad de los estudiantes, o lo que se proponen es inducir la implantación de una determinada teoría psicológica en la educación colombiana?

En las áreas de ciencias sociales el cuestionario es absurdo. En primer lugar, todas las opciones de respuesta a las preguntas son pertinentes y la respuesta valedera depende de la particular visión del funcionario del Icfes. ¿Cómo hacen, entonces, los estudiantes para acertar? En segundo lugar, la carga ideológica de las preguntas es insoportable, porque para acertar en la respuesta el estudiante tiene que coincidir con la concepción del interro­gador. Es decir, las preguntas son completamente sesgadas y los estudiantes deben someterse al pensamiento de un in­terrogador que ni conoce. En tercer lugar, la respuesta no depende del conocimiento de los hechos, o sea, de que los hechos hayan sucedido o existan, sino de la manipulación del lenguaje, y lo que los estudiantes interpreten, no importa lo absurdo de la pregunta. En cuarto lugar, la definición de cada una de las tres competencias responde a una concepción lingüística y ética muy particular. Por ejemplo, la argumentación no es la capacidad de aducir argumentos para sostener una opinión; consiste es «en la acción promo­tora del fortalecimiento de la intersub­jetividad en las decisiones de carácter moral». No tiene sentido, por otra parte, que se cambie la comprensión de un texto por su interpretación, la cual depende de posiciones o situaciones completamente subjetivas o ideológicas. En quinto lugar, la obligación que se les impone a los estudiantes de «proponer» se vuelve imposible cuando se aplica a los hechos históricos o a la geografía física, dos áreas fundamentales del examen.

Pero en las áreas de ciencias naturales las tres competencias son aún más absurdas. Cuando los resultados califican la capacidad de argumentar o proponer en materias como la física, química y biología, una de tres: o se considera que el nivel científico de los estudiantes debe estar a la altura de la más alta investigación para proponer o argumentar; o lo que se quiere es que los estudiantes hagan proposiciones insubstanciales, simplemente con el prurito de que propongan en materias que superarán siempre su preparación de bachillerato o de la misma universidad especializada; o se espera sólo que los estudiantes se refieran a las consecuencias «morales» de aplicaciones científicas o técnicas que no son estrictamente del conocimiento de ellas.

Es muy claro. El Icfes se propone inducir una reforma educativa desde los exámenes de Estado, con una ideología, con una teoría, con una tendencia psicológica de determinada orientación. Ni la ha discutido con nadie, ni la ha puesto a consideración del país, ni la conocen los maestros, ni la han practicado los estudiantes, ni la han aplicado las instituciones educativas. Todo proviene de un grupo de psicólogos intelectuales de la Universidad Nacional—Bogoya, Jurado, Torrado, Acevedo, Solsona y otros—que desprecian a los maestros, que no conocen la educación colombiana, que se basan en la teoría filosófica posmoderna del caos y la incertidumbre, que se confiesan defensores radicales del relativismo científico, que confunden en un mismo saco la ciencia y la moral.

Las pruebas por competencias del Icfes tienen propósitos muy diferentes a los de definir el ingreso de los estudiantes a la educación superior. Basándose en una teoría, en una ideología, en una tendencia psicológica, lo que intentan es imponer la educación por competencias en todas las instituciones, probar que los maestros colombianos no sirven, que la educación pública hay que cambiarla y abrirle camino a la nueva reforma educativa auspiciada por los organismos internacionales de crédito y que se denomina Nuevo Sistema Escolar, hoy experimen­tán­dose en cinco departamentos y 500 colegios.

Primero, se viola la autonomía escolar de la Ley General de Educación para volver al currículo único, obligatorio y uniforme. Segundo, se atenta contra la libertad de cátedra consagrada en la Constitución Nacional, al imponérsele una determinada concepción ideológica a los maestros. Tercero, se violenta la Constitución Nacional, que sometió la dirección de la educación nacional a las determinaciones de una ley y le quitó al Ejecutivo la función omnímoda de su manejo. Cuarto, los postulados ideológicos de la evaluación por competencias y de la educación por competencias son inmensamente contro­vertibles. Quinto, se convierte en un atropello con los estudiantes sometidos a una experimentación de conejillos de Indias de una prueba improvisada, mal preparada, ambigua, poco comprensible, con cuestionarios absurdos, de todo lo cual depende su ingreso a la educación superior. Sexto, con resultados catastróficos debidos a la prueba, no a la educación, se quiere desacreditar la educación pública y abrirle camino a la privatización del Nuevo Sistema Escolar.

Con los mismos postulados, igual metodología y propósitos idénticos se ha adelantado en Bogotá una evaluación de la calidad de la educación con resultados más catastróficos que los del examen del Icfes. Es allí donde se pone en evidencia el objetivo perverso de estas pruebas por competencias, porque se han utilizado para privatizar la educación, aplicar el Nuevo Sistema Escolar y adelantar una campaña orquestada contra los maestros. El terror hoy recorre el servicio educativo de Bogotá y las instituciones, que, sin mucho criterio o sistematización, acuden a la educación por competencias para ponerse a tono con las imposiciones de la Secretaría de Educación dirigida por Cecilia María Vélez. Esta misma evaluación fracasó en Manizales por la oposición de los maestros, los directivos docentes, el sindicato y los estudiantes.

Fecode rechazó la evaluación por competencias y los exámenes del Icfes en el XVII Congreso celebrado en Santa Marta, el pasado mes de marzo. Igualmente, condenó su aplicación a la educación básica en la capital de la República. Así como en Manizales los maestros y los estudiantes boicotearon la pruebas de calidad de educación, los bachilleres deben hacer lo propio con los exámenes de Estado que adelante actualmente el Icfes con pruebas por competencias.

Invitamos a los estudiantes de últimos años de bachillerato a unirse a este movimiento en contra del atropello que significan estos exámenes

MOCKUS: FILOSOFíA ALCABALERA

Por Francisco Cabrera

El alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, presentó el pasado 30 de marzo ante el Concejo una confiscatoria reforma tributaria distrital, que según él significará un incremento de 33% en la tributación de los bogotanos. El plato fuerte del paquete alcabalero es una elevación de hasta el doble en las tarifas del predial, acompañada del aumento de dos y tres puntos en la tasa de industria y comercio, el cobro del alumbrado público, el establecimiento de peajes en las entradas de la ciudad, la llamada «contribución por plusvalía» de 50% y un «impuesto de pobres» de 10% por el ingreso a espectáculos públicos. Esta reforma, que busca esquilmarles a los bogotanos $300 mil millones de pesos adicionales al año, se presentó a sólo tres meses de que Pastrana le impusiera al país una antipopular reforma tributaria que elevó el IVA a 16%, condenó a muerte a miles de pequeños negocios con su incorporación al Régimen Común y elevó de dos a tres por mil el impuesto a las transacciones financieras.

La reforma ha levantado entre la ciudadanía un inmenso rechazo y fue criticada por los gremios de la industria y el comercio. Mockus se apresuró a defender su engendro diciendo que sin ella no habrá obras y argumentó que en Miami la gente tributa un predial de 20×1.000. Para justificar la lesiva reforma Mockus está dispuesto a decir lo que sea, llegando al absurdo de comparar a Bogotá con Miami, la una atascada en una prolongada recesión, con 20% de desempleo y abrumada por la pobreza, y la otra con un ingreso per cápita 20 veces el de la capital colombiana. Y está dispuesto a ello para mantener el ritmo de las inversiones con las cuales se busca hacer atractiva la ciudad para el capital extranjero, considerado por los tecnócratas de turno como la única alternativa hacia la prosperidad.

La reforma es una de las tres fuentes de financiación con las cuales Mockus piensa recoger los $7,1 billones que le hacen falta para financiar su plan de desarrollo, que tiene un costo de $13,3 billones. Por ello, aunque se vio obligado a retirar el proyecto del Concejo, anunció que después de corregir las inconsistencias legales que algunos sectores le criticaron, volverá a presentarlo. Los otros recursos para el Plan saldrán de una nueva descapitalización de Codensa, de la que le corresponderían al Distrito $487 mil millones, y de créditos por $1,3 billones.

Al profesor Mockus lo obsesiona poder mantener el nivel de inversiones de la administración anterior, lo que le permitió a Peñalosa salir de la Alcaldía con un alto índice de popularidad. Y como para poder invertir Peñalosa patrocinó el fraude que significó la descapitalización de la Empresa de Energía, de donde obtuvo ingresos extraordinarios por cerca de $1 billón de pesos, Mockus propone una segunda edición del saqueo, esta vez por medio billón de pesos. Sin contar las utilidades, al socio extranjero le correspondió en la primera descapitalización, y le corresponderá en la que se urde, una cantidad equivalente, con lo cual suman entre los dos socios ¡$3 billones! Dinero que en últimas ha salido de los bolsillos de los usuarios. Si los bogotanos buscan una explicación a las alzas en las tarifas de la energía, aquí tienen una buena: la complicidad de las tres últimas administraciones con la trasnacional Endesa para que esta exprima sin piedad a la población con tal de recibir una parte del botín.

En cuanto al endeudamiento proyectado, es de tal magnitud, que la ciudad duplica sus compromisos y queda completamente entrampada con el capital financiero, principalmente internacional. Por ese camino Bogotá terminará corriendo la misma suerte de la nación, a la que hoy le toca destinar 44% de su presupuesto al pago de la deuda.

Ahora bien, ¿a quién benefician las inversiones de los últimos gobiernos? El grueso de las obras programadas para los próximos nueve años, según el Plan de Ordenamiento Territorial, tiene como fin primordial adecuar la infraestructura vial y de servicios y embellecer ciertas zonas de la ciudad, para convertirla en sede de operaciones de las firmas trasnacionales en el Área Andina y en Sudamérica, con vocación de proveedora de servicios. Según la creencia oficial, sólo poniendo la ciudad al servicio del capital extranjero podremos «insertarnos en la economía globalizada». Los otros beneficiarios han sido algunos grupos oligárquicos ligados al capital financiero y a la industria de la construcción y un sector que, en asocio con capital internacional, emerge como nuevo monopolio en el transporte, para lo cual el Estado juega un papel clave a través de Transmilenio.

En su papel de agente de la recolonización, el profesor Mockus no ve, o no quiere ver el estruendoso fracaso universal de la globalización imperialista, con sus secuelas de ruina y miseria en los países pobres, y de concentración sin precedentes de la riqueza en un puñado de especuladores financieros y en unas cuantas corporaciones trasnacionales en los países ricos. Su actitud servil lo conduce a acorralar a la población con más y mayores cargas tributarias. Su régimen alcabalero, al servicio de la dominación de Colombia por el imperialismo, nos recuerda que fue precisamente contra un régimen extorsivo similar que comenzó a gestarse la revolución de Independencia contra el colonialismo español.

LA TOMA DE BOGOTÁ POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA SALVACIÓN AGROPECUARIA

Del Discurso de Ángel María Caballero

Saludo a todos los productores agrícolas que con tanto esfuerzo y sacrificio se han desplazado por su cuenta desde todas las regiones del país hasta esta Plaza de Bolívar, con una vocación irreductible de cambiarle el rumbo al agro colombiano y para señalarle al gobierno que hay un profundo descontento con la política agraria que está arruinando el campo.

Al doctor Pastrana vinimos a decirle que deje de estar negociando tratados como el Alca, que con la apertura completa van a traer la ruina generalizada de los países de América Latina, mientras se fortalece aún más la economía de Estados Unidos, que hoy representa 80% de la del Continente. Que el presidente se preocupe más bien por los problemas de Colombia y por la producción nacional. No más aplicación de las órdenes del FMI y el Banco Mundial, cuya única solución para el campo es la de remplazar los cultivos transitorios por cultivos permanentes.

Exigimos velar por la seguridad alimentaria, que es nada más y nada menos que la defensa de la soberanía nacional y el respeto por los productores del campo. Es que es muy grande la irresponsabilidad de este gobierno. No encontramos de dónde puede sacar el ministro de Agricultura sus declaraciones de que el agro colombiano jalonó el PIB con más de 5.5%. Es una gran mentira. El año pasado, el banano bajó de 90 a 83 millones de cajas; el café cayó de 17 millones de sacos a 9 millones entre 1997 y 2000; el arroz cayó en 10% y la papa apenas se sostuvo, pero después de más de 700 mil millones de pérdidas durante dieciocho meses, con la consiguiente quiebra para muchos. Se importaron hasta hortalizas y frutas, pero, según el ministro de Agricultura, la reactivación del agro tuvo como base las hortalizas.

No son hábiles ni para mentir. La reactivación es una farsa; se da solo en los titulares de prensa. Como no hay reactivación del agro, reactivan las cifras, pretendiendo engañar a los agricultores y al país, montando un espejismo con la gran falacia del desarrollo del agro colombiano.

Por eso estamos en esta plaza. Porque no vamos a permitir que nos sigan mintiendo. Recorreremos el país aglutinando a las gentes laboriosas de Colombia para decirles que no podrá haber progreso mientras el campo pierda poder adquisitivo y baje su demanda de bienes y servicios; que no puede crecer la economía si se aplican todas las medidas del FMI, cuyo solo objetivo es el de expoliar a los colombianos, y si se continúa con los tratados que entregan de par en par las puertas de nuestro mercado para que la producción y el trabajo nacionales sean únicamente para beneficio de la economía extranjera.

Pedimos respeto para los productores, pedimos respeto para los cultivos transitorios y pedimos la emergencia económica para el agro, pues si el sector parasitario de la economía, el sector financiero, tuvo el apoyo del gobierno con más de siete billones de pesos, es apenas justo que los agricultores tengan condonación general para sus deudas que, acumuladas por años y años, no alcanzan a sumar ni el medio billón.

Salvación Agropecuaria le entregará al doctor Pastrana una carta en la cual se plantean las soluciones básicas para la verdadera reactivación del campo. Pero como es bien posible que ni respuesta protocolaria tengamos del gobierno, aquí, en este mismo instante, en el corazón de la República y frente a los miles de dirigentes llegados de todas las regiones de Colombia en representación de millones de compatriotas, pilares de nuestra economía y de nuestra nacionalidad, ¡pido que quienes estén de acuerdo con el Paro Nacional Agropecuario para el mes de julio, levanten conmigo la mano! Miles de puños en alto en esta histórica plaza señalan que está aprobado el Paro en la fecha y hora que fije Salvación Agropecuaria.


Del discurso de Jorge Enrique Robledo

Que tome nota el doctor Pastrana; que tomen nota los demás correveidiles de las potencias extranjeras en Colombia, porque si esta notificación perentoria que hoy le hacemos de manera civilizada a Pastrana y a la pandilla que lo rodea no tiene una respuesta satisfactoria, la próxima cita que les pondremos a esos personajes será en el mes de julio en las carreteras de Colombia, como ya lo notificó Ángel María Caballero.

Nunca la situación, compañeros campesinos, empresarios e indígenas de Colombia, había sido peor en un país donde jamás el agro ha contado con garantías suficientes. En la última década desaparecieron 800 mil hectáreas de cultivos transitorios y temporales. Perdimos 200 mil hectáreas de café y, lo que es aún más vergonzoso y humillante, esta panda que nos gobierna convirtió a Colombia en un país que importa ocho millones de toneladas de comida, entregándoles a monopolios extranjeros, cuyos dueños no abonan con su sudor los surcos de la patria, lo que se les niega a los campesinos y empresarios del campo. Y en su cinismo, estos señoritos, que hablan mejor inglés que español y que se inclinan temblorosos ante el amo norteamericano, han venido a salirnos con el cuento de que si el campo está quebrado, es porque los productores colombianos son perezosos e ineficientes . ¡Mienten, mienten! Faltan a la verdad en materia grave. Esas manos callosas que hoy les parecen ineficientes son las que han sostenido a este país por más de 150 años. No son los señoritos de Palacio los que han creado la riqueza nacional.

¿Qué es lo que está ocurriendo con el agro colombiano? Todo el mundo lo sabe, y por eso está hoy aquí con nosotros el presidente del Senado, el doctor Mario Uribe Escobar, en gesto que lo enaltece. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo que hay en el campo es una batalla de intereses: la batalla de las trasnacionales extranjeras, sobre todo norteamericanas, contra los capitalistas no monopolistas y el campesinado colombianos. Y esa batalla no la ganaremos hablando bonito, compañeros, sino en actos como este y parándonos firmes en las carreteras de Colombia.

Como lo dijo Ángel María Caballero, hoy vamos a definir aquí el más grande paro nacional agropecuario que se haya hecho en la República de Colombia. Un paro que no busca otro propósito distinto a que el gobierno, de una manera seria, se siente con nosotros a negociar y a acordar los puntos fundamentales del programa de Salvación Agropecuaria.

Este paro lo vamos a hacer al lado de donde vive la gente, gritándole a Pastrana con firmeza que si al agro nacional lo van a acabar, van a tener que acabarlo peleando, porque Salvación Agropecuaria no se arrodillará.

Estamos proponiendo una política de unidad e invito a todas las organizaciones del agro a que en los próximos días convengamos los mecanismos pertinentes para que todas, sin excepción, se paren con nosotros en las carreteras de Colombia.

Y esta propuesta de unidad va más allá. Me complace anunciar que hoy está acompañándonos Julio Roberto Gómez, presidente de la CGTD y uno de los miembros del Comando Nacional de Paro de las Centrales Obreras, a las que extendemos, por su conducto, una invitación formal para que en ese día se lancen, también ellos, a un paro general en todo el territorio de la patria.

Los llamo a que salgamos, cada uno de nosotros, a decirles a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, que en medio de la oscuridad en que está hundida la nación hay una luz prendida, la de la rebeldía, la luz de la Salvación Agropecuaria.

¡Démosle todos, el próximo mes de julio, un viraje trascendental a la política agropecuaria de Colombia!


Del discurso de Mario Uribe Escobar

Presidente del Senado

Un saludo fraternal para todos ustedes, campesinos productores agropecuarios de Colombia. Estamos aquí acompañándolos porque los entendemos, los justificamos, porque sabemos de la bondad de sus reclamos pero, sobre todo, por la necesidad de resolver cuanto antes los reclamos y quejas de todos ustedes.

Y vine a decirles que apoyamos las demandas sobre la condonación total, absoluta de las deudas que ustedes han contraído en estos años. Es que los cafeteros, y en general los productores de Colombia no han pagado no porque no se les dé la gana, o porque quieran guardar su dinero, ni porque sean malos sujetos de crédito, no, presidente Pastrana, los agricultores de Colombia no han pagado sus deudas lisa y llanamente porque no pueden hacerlo, porque es tan profunda la crisis, porque son tantas las amenazas que soportan, que les ha sido imposible acumular los recursos necesarios para devolverlos a las entidades crediticias y a los acreedores extrabancarios.

Los bajos precios, las importaciones de productos venidos de manera subsidiada y la violencia generalizada han hecho que los productores agrarios hayan tenido durante todos estos años una rentabilidad operacional negativa, que no les ha permitido pagar los créditos sin poner en riesgo su propia subsistencia y la de sus familias.

Por no ser ellos los responsables de la crisis, sino las medidas equivocadas que se han venido tomando a lo largo de los años, particularmente en la última década, es por lo que se requiere el perdón total de sus deudas.

Este país necesita que se ponga freno a la importación indiscriminada de productos agropecuarios, financiados preferencialmente por los países desarrollados, subsidiados por ellos. Mientras al país sigan entrando miles de toneladas sin control alguno, no será posible que ustedes obtengan un precio retributivo por la actividad que estén desarrollando.

Por esta apertura indiscriminada, los campesinos de Colombia han sido condenados por los gobiernos de turno a una pobreza irredimible. Mientras tengan que soportar el peso de importaciones de productos más baratos, no tendrán redención posible.

Este país, en fin, necesita que se suspendan las demandas, los secuestros, los embargos y los remates contra los productores pequeños y medianos del sector agropecuario. Las autoridades no pueden darse el lujo de privar a los productores rurales de las propiedades que ellos han defendido con sudor durante años y años, para bien suyo, para bien de sus familias y para bien de la patria.

En nombre de todos ustedes, quiero decir: oiga, presidente Pastrana, donde se encuentre, por favor entienda que este es un clamor generalizado de los productores de Colombia que no admiten, que no van a admitir que se les rematen sus bienes por cuenta de unas deudas impagables.

Finalmente, queridos compatriotas, hombres y mujeres venidos de todos los confines de esta patria martirizada, con convencimiento pleno quiero decirles que los vamos a seguir acompañando; que ojalá ustedes no tengan que hacer el paro que han decretado con toda justicia, dada la indolencia, la desatención, la falta de oídos de estos gobiernos y dirigentes que no entienden sus reclamos, sus clamores, sus exigencias.


Otras intervenciones

Orlando Fernández

Presidente Asociación Agropecuaria del Huila

Con la dirección de Salvación Agropecuaria, vamos a proseguir esta lucha. Y con esta marcha le estamos dando un campanazo de alerta al señor Pastrana, porque los campesinos estamos cansados, hastiados, indignados de tanto abandono, de tanta burla del gobierno nacional. Ratificamos nuestra decisión de redoblar esfuerzos para preparar ese gran paro nacional agropecuario de carácter indefinido que hoy hemos aprobado en esta plaza, frente al Libertador Simón Bolívar, contra la indolencia e incapacidad de quienes nos gobiernan.


Adolfo León Palacio

Unidad Cafetera de Antioquia

Permítanme resaltar la tarea de defensa de los cafeteros que de manera permanente hacen la Unidad Cafetera e instituciones como el Grupo Candela del municipio de Andes, en el suroeste antioqueño. Permítanme decir que dada esa crisis terrible que está viviendo el café, que se requieren medidas del gobierno para enfrentarla, medidas profundas y realistas: condonación total de la deuda, y no sólo la que es irrecuperable, también la deuda buena; de aquella que con muchísimo esfuerzo han mantenido al día muchos productores.


Leonel Juvinao

Presidente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria del Magdalena

El Banco Agrario es un banco abierto para los poderosos y un banco blindado para los pobres y los campesinos, que no tienen acceso a ningún crédito. Cuando nosotros pedimos la condonación de las deudas agropecuarias no estamos pidiendo limosnas ni dádivas, pues consideramos que es una deuda social del Estado para el sector agropecuario, que se ha visto arruinado después de diez años de política aperturista. Nosotros estamos al lado de todo el sector agropecuario, y estamos listos; ojalá, como decía el doctor Uribe, no sea necesario el paro; pero si es necesario, estamos listos para hacerlo.


Alberto Caro

Federación de Cultivadores de Papa

Los productores de papa estamos sometidos a los mismos problemas que sufre toda la agricultura colombiana: créditos con tasas de interés confiscatorias, falta de precios de sustentación, carencia de apoyo estatal en transferencia de tecnología e investigación científica, costos de los insumos que suben como en ascensor, e inseguridad en algunas regiones.

Y también como todos ustedes, nos vemos amenazados por las importaciones masivas. En los dos últimos años, el gobierno ha aprobado la importación de papa con su consabida y demagógica disculpa de que los precios están altos y que se debe defender al consumidor. Sin embargo, cuando el precio estuvo bien bajo durante dieciocho meses y los papicultores perdimos más de 700 mil millones de pesos, el gobierno no mostró la más mínima preocupación. Por todo esto, muchos de nosotros apoyamos la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria.

Además hubo intervenciones de Luis Élver Vergara, de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Cauca, Agropemca; Eudoro Álvarez, de la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta; y delegados de la Asociación Agropecuaria de Nariño, en representación de trece municipios, y de la Unidad Panelera Nacional, quienes respaldaron fervorosamente el paro nacional agrario.

CARTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria
Carta enviada a la Presidencia de la República el 24 de abril de 2001 por la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, con las firmas de su presidente, Ángel María Caballero, y su coordinador, Jorge Enrique Robledo.

Señor Presidente:

En medio del empobrecimiento y la miseria nacional –la peor que se registre en la historia del país–, el agro ha llevado la peor parte. El 75 por ciento de los habitantes en las zonas rurales ya no son pobres; ahora son miserables, porque están por debajo de la «línea de pobreza» definida por el gobierno. Y casi todos los restantes viven en la pobreza.

A esta situación se ha llegado luego de décadas de políticas antiagrarias, pero, sobre todo, por las definidas en la última década, a partir de que Estados Unidos y las agencias internacionales de crédito implantaron en el mundo y en Colombia la globalización neoliberal. Que en este lapso hayan desaparecido 800 mil hectáreas de cultivos transitorios y 100 mil de café y que las importaciones de productos del agro hayan llegado a siete millones de toneladas, resumen el desastre ocurrido. Y sus causas inmediatas son sabidas. De un lado, el desmonte de los precios de sustentación garantizados por el Estado que existían, la reducción y eliminación de los créditos para el sector mientras se aplican tasas de interés usurarias, la libre fijación de los precios por parte de los monopolios de agroquímicos, las alzas escandalosas en los combustibles y en la energía eléctrica de las fincas y los distritos de riego y la eliminación o el debilitamiento de las instituciones oficiales que en algo protegían las actividades de campesinos, indígenas y empresarios, como lo ilustran el cierre del Idema y de la Caja Agraria. Y del otro, la apertura de nuestro mercado y las bajas a los aranceles para los productos extranjeros importados, los cuales se producen, como se sabe, con el respaldo de los descomunales subsidios de sus Estados, todo lo cual tiene al país importando trigo, maíz, cebada y arroz; papa, plátano y panela; hortalizas, zapotes y aguacates; carnes de todos los tipos, leche y huevos, para solo mencionar algunos productos, en una política que les otorga a los productores extranjeros lo que les niega a los nacionales y que se hace con la complicidad de los intermediarios criollos que se lucran de ella. Es el caso reciente de las licencias para importar masivamente arroz.

A los paneleros, además, los golpean los derretideros de azúcar que funcionan con la complicidad del gobierno nacional, y no podrán sobrevivir si el Estado autoriza la entrada en operación del ingenio industrial panelero de Padilla.

El cuadro de la desgracia del agro nacional se completa cuando se sabe que la orden del Fondo Monetario Internacional es que el país se especialice en los cultivos tropicales, a pesar de que los problemas del banano y la ruina del café demuestran sus estrechos límites. En estos casos las trasnacionales y sus gobiernos imponen los precios que se les antojan en el mercado mundial, para lo cual recurren a todo tipo de maniobras, entre las que está la agresión contra los productores nacionales de estimular la superproducción en el mundo. Y los cafeteros están al borde de desaparecer también por el descarado saqueo de los recursos del Fondo Nacional del Café por parte de todos los gobiernos y porque avanza el proceso de eliminar las instituciones que aún los protegen, para entregarle todo el negocio a las transnacionales.

Además de la pobreza y la miseria, la crisis agraria nacional también se expresa en los miles y miles de compatriotas que están al borde de perder hasta sus tierras por su incapacidad para pagar las deudas bancarias contraídas, mientras los gobiernos hacen demagogia con planes de refinanciación que les sirven es a los banqueros y que apenas alargan el momento del remate de los endeudados.

Entonces, nuestras peticiones son las siguientes: que el Estado elimine de manera inmediata las políticas que facilitan las importaciones de productos del agro que puedan producirse en el país; que fije precios de sustentación remunerativos que hagan viable la economía del sector; que suspenda los procesos judiciales en curso y que condone totalmente las deudas de campesinos, indígenas y empresarios; que garantice créditos abundantes y baratos; que controle los precios de todos los insumos, los impuestos y las tarifas; que respalde al agro con redes de comercialización, asistencia técnica y distritos de riego, que cierre los derretideros de azúcar y que impida que entren en funcionamiento ingenios paneleros industriales.

En el caso del café, además, también exigimos que el gobierno que usted preside, en unión de los de los otros países productores, les reclame con toda firmeza al de Estados Unidos y a los de los países desarrollados para que cesen en sus políticas orientadas a deprimir los precios internacionales del café.

De no ser atendidos estos reclamos, que apuntan a salvar al agro y a Colombia, nos veremos en la obligación de adelantar nuevas protestas, entre las que podría estar la realización de un paro nacional agropecuario para mediados del año.

El gobierno de Pastrana: TRES AÑOS DE FELONÍA

Por Alfonso Hernández

En pocos meses se cumplirán tres largos años del gobierno de Andrés Pastrana. Durante la campaña electoral, muchos de los editorialistas y otras plumas, a cargo de los cuales corren los análisis sesudos, presentaron al delfín de la Casa Pastrana como el San Jorge que daría la lanzada mortal al dragón de la corrupción, como el paladín de la democracia que pondría coto al clientelismo y como el estadista capaz de alentar el aparato productivo, disminuir el desempleo y entronizar la paz. Promesas que se resumían en el lema de «el cambio es ahora». Cierto que en muchas de esas apologías se percibía una sensación de desgano, algo de falta de convicción, pues la hoja de vida del aspirante no lo acreditaba para capitanear semejante cruzada.

Por cierto, los rasgos de la personalidad de Andrés Pastrana se revelaron de manera precoz, según afirman sus profesores y compañeros de estudio en el colegio San Carlos. Coinciden en que era un desastre en matemáticas, química, física, historia, geografía y aún peor en las demás materias. El sacerdote Sebastián Schmidt1 dice que se le veía siempre con su grupo de amigos de toda la vida y que «Andrés no sumó ni restó, simplemente estaba ahí». Su costumbre de arrebujarse con una ruana durante las clases fastidió tanto a los profesores, pues ignoraban si el mozalbete estaba despierto o dormitaba –semejante a lo que a veces le ocurre hoy al país—, que terminaron prohibiendo el uso de esa prenda. Eso sí, compensaba su nulidad intelectual con una cierta destreza en la trampa en los exámenes y una tendencia a comprar las notas, invitando a los profesores a Palacio a jugar billar. Ya en sus últimos años de bachillerato andaba con sus amigotes de farra en un carro blindado. Con el correr de los años, lo cambiaría por el blindaje de la Casa de Nariño, para mantenerse siempre apartado de los afanes de sus conciudadanos.

En 1994, aspiró a la Presidencia y, ante la inminente derrota por parte de Ernesto Samper, Pastrana recibió de un agente de la DEA los que se conocerían como los narcocasetes, que entregó a Gaviria y al embajador de Estados Unidos, y a partir de los cuales quiso desconocer el resultado de las urnas: con el rostro bañado en lloro, alegó que «Samper había obtenido el triunfo numérico pero no el moral». Detrás de esa pataleta se escondía el interés norteamericano de provocar una profunda discordia en la sociedad colombiana, que le permitiera tiranizarla aún más. La treta resultó. Los partidos políticos tradicionales, algunos de los proclamados independientes, los intelectuales, la prensa, la burguesía, grande y pequeña, se fraccionaron y enfrascaron en una agria polémica. Unos se alistaron, por cálculo o ingenuidad, en las filas de los conspiretas, condenaron con vehemencia el narcotráfico y a la clase política corrupta y juraron que el Tío Sam rescataría a Colombia del reino del delito y la redimiría de su carácter de paria internacional. También pregonaron que la crisis económica se originaba en el distanciamiento del gobierno y los inversionistas del Norte, quienes asqueados se alejaban de un país cuyo gobernante había recibido dineros de la mafia. La solución consistiría en atraer al coloso, en ganar su benevolencia, adecuando las políticas y escogiendo el candidato que lograran esa reconciliación; con ello habría inversión, se reactivaría la economía y se reduciría el desempleo. El sector de los acusados se afanó también por mostrar a la Casa Blanca su inocencia. Así, Estados Unidos, supremo juez de la reyerta que había provocado en su propio interés, disfrutó de la obsequiosidad de ambos bandos. Algo ha cambiado la política interna desde el fin de la Guerra Fría, cuando Washington prefería mantener la unidad de las clases dominantes; ahora, como línea general, alienta y saca provecho de sus fisuras y choques.

Tras la candidatura de Andrés Pastrana se aglutinó la facción de los moralizantes. Esto, a la postre, sería determinante para que una persona tan «incompetente y frívola» llegara a la Presidencia de la República. El candidato poseía, además, algunas virtudes de político posmoderno, que le facilitaban la labor a las firmas Shrum, Devine & Donylon: sabía posar para las cámaras y repetir, al pie de la letra, los eslóganes que le dictaban sus asesores de imagen, quienes elaboraron los lemas sobre la base de encuestas que establecieron el querer de la gente y lo que deseaba que le prometieran. El político no expresa ni el programa de gobierno ni cómo lo va a llevar a cabo, pronuncia frases vagas pero efectistas. Una verdadera estafa política. Él mismo quedó tan impresionado de los logros de la pantalla chica, que está gobernando como quien hace programas televisivos: ¡en una reunión de Gabinete dio orden perentoria a todos sus ministros para que en ocho días, máximo, resolvieran el problema del desempleo!

En materia política hay que señalar que el país ha sido manejado por una excluyente camarilla pastrano-gavirista, que no atiende sino la voz de Washington; copó con avidez todos los cargos y desde el primer día empezó a devorar el presupuesto en desfalcos, jugosos contratos oficiales con familiares y amigos y viajes a todos los confines; desde antes de posesionarse inició una gigantesca operación de compra del parlamento; provocó un cisma con las fuerzas armadas y, en otro de los gestos teatrales, se enfrentó con el Congreso cuando trató de revocarlo por las malversaciones que el propio Ejecutivo había propiciado. Sólo a alguien tan miope se le podía ocurrir meterse en semejante lío, siendo tan impopular. Al huérfano presidente hubo de acudir a socorrerlo, con paternal reproche, el secretario general de la OEA, quien le aconsejó echar pie atrás. A fuerza de denuncias de corrupción removió funcionarios, que reemplazó por otros de la misma colada. Eso sí cooptó al solitario exponente de la «tercera vía», para que le ayudara a extraerles a los colombianos «sudor y lágrimas». También echó mano de un sindicalista ansioso por trepar, a quien le asignó la misión de darle un airecillo «concertador» a la imposición de las políticas del Fondo Monetario, destinadas a arrebatar viejas conquistas de los trabajadores en materia de prestaciones y seguridad social.

Después de mucho zafarrancho, Pastrana hizo acuerdos de importancia con el candidato de la «oposición patriótica», que acepta el Plan Colombia pero si se lo explican funcionarios gringos, no importa que sean de cuarta categoría, por algo se empieza; que quiere el ajuste fiscal pero con lo social, que se reduzcan las transferencias, pero con consentimiento de los gobernadores. Que acepta todo, pero si se concede alguna fruslería. Pastrana ha mantenido una posición de intransigencia frente a los reclamos de los trabajadores, los campesinos y los productores. En otra muestra de su actitud antidemocrática, ha ejercido toda clase de presiones para silenciar críticas de la prensa. Un conocido periodista señaló, con harta razón, que «cada vez que hay colisión entre los intereses empresariales y periodísticos, se resuelve a favor de los primeros». Los críticos han tenido que abandonar sus sitios de trabajo, lo que muestra cómo el contubernio entre el poder y los monopolios de los medios convierte la libertad de prensa en una farsa.

Casi por unanimidad, en el país se reconoce el fracaso del gobierno, sin embargo quienes pretenden defenderlo dicen que su política exterior ha sido exitosa. Pero justamente es en ese aspecto en el que se inflige el mayor daño al país. La fórmula del régimen para «insertar de nuevo la Nación en la comunidad internacional» es sencilla. Traducir del inglés el Plan Colombia y, sin discutirlo aquí con nadie, ponerlo en práctica. Abrir de ese modo las puertas a una injerencia directa del Pentágono y del Departamento de Estado en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Militares, en la Policía y en los organismos de inteligencia; del Departamento del Tesoro en el Ministerio de Hacienda y en la DIAN, instituciones en las que establecen bases de datos que les permiten conocer la situación económica de cada empresa y casi de cada ciudadano. El Departamento de Justicia, por su parte, afinca su control sobre la Fiscalía, la Policía Judicial y el Inpec; el Departamento de Estado también mangonea al Ministerio de Justicia, al Plante y a la Red de Solidaridad. La DEA, el FBI, la CIA y asesores militares y compañías armadas privadas actúan con descaro en el país. Contrario a lo prometido, la reconciliación del gobierno colombiano con el de Estados Unidos agravó los padecimientos de la Nación. La lección es clara: Colombia no encontrará su bienestar entregándose al imperialismo.

La dirección de la economía se la entregó, ya desde antes de la protocolización del acuerdo, al Fondo Monetario Internacional, que dispone aumentar los impuestos a la población, disminuir el gasto público en salud y educación y las transferencias a los departamentos y municipios, privatizar la banca pública, despedir trabajadores, reducir pensiones y desmantelar el Seguro Social. Todo con el fin de garantizar el pago de la deuda pública.

Dragando las finanzas del Estado

Uno de los aspectos que mayor repugnancia e ira han provocado es el saqueo de las arcas públicas, por parte de la camarilla palaciega.

Henry Ávila, nombrado gerente del Banco del Estado, autorizó giros millonarios a favor de clientes insolventes, y prestó 600 millones de pesos a Diego Pardo Koppel, embajador en México e íntimo de Pastrana, quien canceló dicha deuda mediante pauta publicitaria del mismo Banco en TV Andina, entidad del Estado de la cual era contratista. Juan Camilo Restrepo sobornó con más de cinco mil millones de pesos a Armando Pomárico y a otros parlamentarios para que fortalecieran la Gran Alianza por el Cambio. Pastrana designó a Luis Alberto Moreno embajador en Washington y a Fernando Araújo ministro de Desarrollo. Ambos personajes, junto con Héctor García Romero, terminaron adquiriendo Chambacú, un lote de 27 hectáreas, ubicado frente al castillo de San Felipe en Cartagena. Moreno y García, el uno ministro de Desarrollo y el otro gerente del Inurbe, en la administración de Gaviria, ante el hecho de que el gobierno ya no construiría vivienda para la pobrería, pusieron en venta ese terreno. Feriaron 10 hectáreas, las otras 17 quedaron en manos del Distrito, para construir parques que valorizarían la zona. La firma Araújo y Segovia, de propiedad del padre de Fernando Araújo, fue contratada para poner el precio base. Resultó favorecido un consorcio formado por Fernando Araújo, el hijo, que luego creó la compañía Chambacú de Indias S.A., Chisa. Los compradores no dieron un solo peso; al Inurbe le pagaron con bonos del propio Inurbe, que les prestaron los bancos estatales. A la sociedad se sumaron Luis Alberto Moreno, su esposa, Héctor García Romero y un ex gerente del Banco del Estado. En el lote en que se iba a construir vivienda para gente de bajos recursos se está levantando, por lo pronto, un lujoso edificio.

Juan Hernández, amigo entrañable del primer mandatario, fue designado secretario general de la Presidencia, cargo que aprovechó para incrementar los negocios de su familia, mediante la venta de uniformes a la policía y al DAS, entre otras instituciones del Estado. Jaime Ruiz, compañero de colegio del mandatario y su colaborador de toda la vida, utilizó sus altos cargos para impulsar planes que valorizaran sus terrenos en el norte de Bogotá.

Dragacol, la Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe, se constituyó en febrero de 1994 con un capital de apenas 200 millones de pesos. En octubre del mismo año contrataba por 7.464 millones, con el Ministerio de Transporte, el dragado del río Magdalena en el sector de Chingalé-Regidor. Poco después, los funcionarios gubernamentales se dieron cuenta de que habían «olvidado» nombrar los interventores de la obra, lo que impedía darle comienzo.Esa demora le costó al fisco 13 millones de pesos diarios. Para mayor gravedad, cada vez que la empresa reclamaba los pagos y los intereses, el Ministerio no respondía, lo cual se conoce como silencio administrativo positivo, que obliga a reconocer los requerimientos del demandante. Eso terminó costándole al gobierno más de 1.300 millones de pesos. Después de muchos ires y venires, el 27 de abril de 1998, el ministro Marín Bernal y Reginaldo Bray, presidente de Dragacol, firmaron una solicitud de conciliación por 4.787 millones de pesos. Ya en el gobierno de Pastrana, el 23 de septiembre, el recién posesionado ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas, llegó a una nueva conciliación, pero esta vez por un valor de 26.000 millones de pesos.2 De éstos, el Ministerio de Hacienda le giró, antes de que estallara el escándalo, 18.000 millones. Dragacol también logró birlarle 9.000 millones al estatizado Banco Uconal. Ante las denuncias del senador Javier Cáceres, Mauricio Cárdenas dijo haber sido asaltado en su buena fe. La «ingenuidad» del inteligente Cárdenas les costó a los colombianos 18.000 millones, y el capital inicial de la empresita saltó de 200 a 18.000 millones, en solo cuatro años. Es una de esas compañías que merecen el premio a la «competitividad» y la «eficiencia». Con razón los financistas afirman que la crisis es una oportunidad. Claro que el negocio tiene sus costos. Reginaldo Bray, contribuyente de la campaña de Pastrana, agasajó al precandidato Juan Camilo Restrepo en el restaurante que, por una de esas deliciosas casualidades de la vida, se llama «La Sartén por el Mango».3 La fórmula para enriquecerse rápidamente es sencilla: ser amigo del presidente, ocupar altos cargos y aprovecharlos para hacer jugosos contratos oficiales con las empresas propias o de la familia, o poner en venta al malbarato los bienes públicos y salir a comprarlos con generosos préstamos estatales o hacer que las obras valoricen sus bienes. Y uno de los procedimientos más fructíferos es «olvidar» algún requisito de los contratos para atrapar las multimillonarias indemnizaciones.

Los robos legales

La Nación está siendo saqueada de manera inmisericorde mediante toda clase de contratos. El gobierno de Gaviria, con el pretexto de evitar nuevos racionamientos eléctricos, expidió el decreto 700 que abrió las puertas de la generación eléctrica a los inversionistas privados. El negocio es un verdadero atraco al fisco y a las electrificadoras regionales. Así se dio cabida a los PPA, Power Purchase Agreement, o acuerdos de compra de energía. El inversionista construye una planta de generación térmica y la electrificadora y la Nación garantizan pagarle durante 15 ó 20 años por el derecho potencial de adquirir la energía, así las plantas permanezcan apagadas y no generen un solo kilovatio. Esto le cuesta al país unos 460.000 millones al año, y unos 10 billones en el lapso del contrato. Por ejemplo, Corelca desembolsa 25.000 millones de pesos mensuales por los PPA de Termoflores y Tebsa; Emcali debe desembolsar 4 millones de dólares mensuales por disponer de las reservas de Termoemcali y pagarle facturas anuales por 15 millones de dólares por concepto de gas. Otro tanto ocurre con las electrificadoras de Boyacá, Tolima y la Central Hidroeléctrica de Caldas.

Este tipo de contrato es el mismo que firmó la Electrificadora del Atlántico con Termo Río, un consorcio del cual hace parte Sithe Energy. La empresa del Atlántico, si se hubiera llevado a cabo el negocio, habría de cancelarle a Termo Río unos 158.000 millones de pesos en dos años y medio. Como hubo reparos al contrato y no se ejecutó, el Tribunal de arbitramento internacional condenó a la estatal a pagar 61 millones de dólares, que Termo Río se gana sin haber construido planta alguna ni generado un solo kilovatio. En este caso, el superintendente de Servicios Públicos, Enrique Ramírez Yáñez, quien le hacía los discursos al entonces senador Andrés Pastrana, pagó varios miles de millones a un abogado para que hiciera un memorialito y no defendiera a la nación.

Los ejemplos continúan abundando. En 1993, Telecom y Nortel Networks firmaron un contrato del mal llamado riesgo compartido (joint venture), con vigencia de ocho años. Nortel instalaría 308 mil líneas telefónicas que se pagarían con la facturación. Al quinto año, debía tener ingresos mínimos por 143 millones de dólares o Telecom pagaría la diferencia. Por la crisis económica y la competencia que el sector privado le ha hecho a Telecom, no se dio el volumen de facturación estipulado, por lo cual Nortel demandó a la estatal ante un tribunal de arbitramento que la condenó a cancelar 72 millones de dólares. Lo más grave es que hay catorce contratos de este tipo con distintos consorcios extranjeros, lo que le representaría a Telecom un costo de 500 millones de dólares. Igual ocurre con las concesiones viales, a las que se les garantiza un flujo vehicular inflado con el que el erario siempre pierde. En estos contratos el Estado garantiza superganancias a las multinacionales, que no corren el menor riesgo. Mientras que los profesores neoliberales predican que el Estado no debe intervenir en la economía, es éste el que garantiza, y a través del cual, se hacen los grandes negocios. Así ocurre con los fabulosos de la deuda externa, los servicios , los fondos de salud: del presupuesto salen miles de millones que engordan a los pulpos, mientras las masas pagan la dadivosidad con recortes salariales, despidos, menor inversión, «sudor y lágrimas». El asunto no es cuánto interviene el Estado, sino en favor de qué intereses. Como lo plantea el marxismo, lo determinante es la naturaleza de clase del Estado.

El periodo presidencial de Pastrana ha sido doloroso, pero las lecciones son de gran importancia. En estos años se han impuesto sacrificios a los colombianos so pretexto de reducir el déficit y cancelar la deuda pública: ambos se han incrementado. Se prometió poner fin a los desfalcos bajo el tutelaje ético norteamericano y los hechos muestran que se trata de un trágico error; los gringos no quieren acabar el robo sino monopolizarlo. Igual ocurre con sus consignas de derechos humanos y de paz, carnadas para sojuzgar a los pueblos. La Nación tiene un solo camino para poder edificar un país en el que no sea robado el fruto del trabajo de los colombianos: derrotar el dominio imperialista y a las marionetas de los gavirias y a los pastranas.

NOTAS

1 Semana, agosto 10-17 de 1998, edición 849.
2 Semana, marzo 8-15 de 1999, edición 879, «El caso Moreno», págs 30-33.
3 Cambio, junio 26 a julio 3 de 2000, edición 366, «¿Relaciones peligrosas?», págs.15 a 25.

En Yugoslavia: LOS TENEBROSOS MÉTODOS DEL IMPERIO

Por Alejandro Torres

En los últimos meses Yugoslavia ha sido sacudida por hechos que reeditan algunos aspectos de la agresión imperialista, principalmente norteamericana, contra esa atormentada región. En este escrito nos referiremos únicamente a los que rodearon la caída del poder de Slobodan Milosevic, quien el pasado 31 de marzo fue detenido por el actual gobierno fantoche de su país y quien, probablemente, termine por ser entregado al espurio Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de La Haya, montado por las potencias para condenar a quienes se atrevan a desafiar sus designios. Milosevic dejó el gobierno el 5 de octubre de 2000, luego de que Estados Unidos, confabulado con la oposición interna, urdiera una gigantesca manipulación de la primera vuelta electoral para la Presidencia de la República, efectuada el 24 de septiembre, y amenazara con sumir nuevamente al país en el caos y la guerra si el gobierno insistía en llevar a cabo la segunda ronda.

Milosevic pronunció el 2 de octubre un discurso en televisión, que se constituiría en una especie de testamento político. En él, aunque no expuso su renuncia, que se produciría tres días después, sí constan las razones que lo obligaban a ello: «Hoy, al borde de unas nuevas elecciones, como la Oposición Democrática de Serbia duda que pueda conseguir el resultado que necesita, sus líderes, con dineros introducidos fraudulentamente al país, están sobornando, acosando y chantajeando a los ciudadanos; y organizando huelgas, malestar y violencia, dirigidos a bloquear la producción, todo trabajo, toda actividad. Su objetivo es paralizar la vida en Serbia para poder aducir que ella empezará de nuevo y marchará sana y exitosamente, cuando esté organizada por aquellos que representan las intenciones, planes e intereses de los ocupacionistas».1

Qué mejor forma de corroborar la justeza de las anteriores denuncias que reproducir lo plasmado por las propias cajas de resonancia imperiales, los monopolios de la información, que a lo largo del último decenio se dedicaron a esparcir la más infame deformación de las acciones de los líderes yugoslavos. El 11 de diciembre, The Washington Post refiere que en octubre de 1999, en una reunión en el lujoso hotel Marriot de Budapest, capital de Hungría, organizada por el National Democratic Institute, NDI, aparato del Partido Demócrata, con los más prominentes líderes de la oposición yugoslava y la agencia encuestadora Penn, Schoen & Berland Associates, se dio inicio a «un extraordinario esfuerzo de Estados Unidos para tumbar a un jefe de Estado extranjero, no a través de una acción encubierta del estilo de las realizadas por la CIA, en sitios como Irán y Guatemala, sino mediante las modernas técnicas electorales».2 La labor se encomendaría entonces, no a la siniestra Central de Inteligencia, sino a sus socios, el Departamento de Estado y la Agencia Internacional de Desarrollo, AID, que actuarían a través de contratos comerciales y grupos «sin ánimo de lucro», como el mencionado NDI y su contraparte republicana, el International Republican Institute, IRI.

Lo primero era unificar a las dos docenas de grupos de oposición y escogerles un candidato presidencial, misión que recaería en Vojislav Kostunika, un «nacionalista moderado», que tenía, además, como «parte de su atractivo», el ser «percibido ampliamente como anti norteamericano», y haber «criticado los bombardeos de la Otan, lo que hacía difícil calificarlo como traidor a los intereses serbios». Una lección sobre cómo para facilitar la explotación de los pueblos, a los imperialistas hasta les convienen algunos personajes que posan de díscolos, en quienes no se identifica claramente la felonía y que se caracterizan porque no exigen la radical supresión del dominio extranjero, sino que abogan porque se reblandezca, o al menos porque se le pongan afeites. Milosevic, en la alocución mencionada, había desenmascarado así la patraña: «Su verdadero líder no es su candidato presidencial. Su jefe por muchos años ha sido el presidente del Partido Democrático (Vuk Draskovic), colaborador de la alianza militar que condujo la guerra contra nuestro pueblo, quien, incluso, ni siquiera disfrazó su colaboración. El país conoce de su apelación a la Otan para que bombardeara Serbia por el tiempo que fuera necesario, hasta quebrar su resistencia. (…) La agrupación organizada de esta manera (…) representa a los gobiernos y ejércitos que recientemente comandaron la guerra contra Yugoslavia». La crónica de The Washington Post, cuenta que incluso los otros partícipes de la confabulación calificaban de «actitud vacía» la del Partido Democrático de Serbia, del taimado candidato escogido, que alardeaba de rechazar la ayuda externa, mientras la campaña presidencial se beneficiaba «de la asesoría y del apoyo finaciero recibidos del extranjero, y especialmente de los Estados Unidos».

Luego se decidió «elaborar un mensaje simple sobre la situación económica», callando, desde luego, que la crisis tenía como inmediato responsable el arrasamiento del país por diez años consecutivos de agresión política y militar; y, además, actuar sobre la base de que los serbios querían «el cambio por medios electorales y no a través de manifestaciones», como creían los conspiradores internos que habría de lograrse.

Resueltos la unidad, el candidato, y el sentido del «mensaje», la máquina se puso en acción. Así, «por primera vez en Serbia», se utilizaron «las técnicas occidentales de publicidad en la propaganda política». Por medio de «sondeos de opinión» se probaba permanentemente el efecto de los eslóganes, de la misma forma que se hace «con la goma de mascar o las gaseosas». El diario norteamericano dice que Srdan Bogosavljevic, cabeza de la firma encargada del marketing, manifestó: «Abordamos el proceso como si se tratara de vender una marca y golpear otra. La marca a vender era Kostunika; la que debía golpearse: Milosevic». Cada palabra de los voceros políticos de la oposición «era discutida con consultores de los Estados Unidos», y los aspirantes al parlamento y decenas de miles de los postulados a los gobiernos locales recibían intenso entrenamiento, que incluía, ante todo, la forma de «hacer llegar el mensaje».

Según el cínico relato, los mencionados aparatos, NDI e IRI, se repartieron el trabajo sucio. El primero, se concentró en los partidos de oposición y el otro, en Otpor, la tan celebrada organización estudiantil que fungía dentro del pérfido proyecto, según la propaganda gringa, como «columna vertebral ideológica y organizativa». En marzo de 2000, por ejemplo, el IRI les pagó en el Hilton de Budapest a un grupo grande de jóvenes, dos semanas de entrenamiento sobre resistencia pacífica. Ésta última orientación era obvia: la violencia había corrido a cargo de la Otan con sus inclementes bombardeos de más de un lustro. A los muchachos se les enseñaba, entre otras cosas, «a organizar huelgas, a comunicarse con símbolos, a sobreponerse al miedo, a minar la autoridad del régimen». El seminario conspirativo lo orientó el coronel retirado del ejército gringo Robert Helvey quien ostentaba, entre los tantos galones de su currículo, estudios sobre métodos de resistencia no violenta usados en Burma y en «la lucha por los derechos civiles en América del Sur». Helvey instruía a los activistas de Otpor en las teorías de un tal Gene Sharpe, «el Clausewitz del movimiento de la no violencia», cuyo principal aforismo: «Despojar la autoridad del gobernante es el elemento más importante de la lucha pacífica», declamaban arrobados los alumnos. Los conspiradores se ufanan de que en una de las sesiones con su amaestrador fue adoptada la consigna del movimiento: «Gotov je» o «Él está terminado», que se convirtió, al lado del puño cerrado, símbolo de Otpor, en el lema de todo el mercadeo. La AID financió millones de calcomanías con tal consigna, que se enviaron a Serbia y se pegaron en baños, ascensores, sobre la propaganda de Milosevic; así como costeó los miles de potes de spray con los que se hizo la agitación mural.

Otro caso de adoctrinamiento juvenil fue un curso para testigos electorales en Szeged, población húngara a pocos kilómetros de la frontera con Serbia, al cual asistieron 400 jóvenes, quienes de regreso entrenaron a 15 mil más, que se agruparon en el llamado Centro Serbio por Elecciones Libres y Democracia para organizar un sistema paralelo de escrutinio. El adiestramiento fue financiado totalmente por Estados Unidos. The Washington Post continúa: «Cada testigo recibía 5 dólares, en un país donde el promedio salarial mensual era de menos de US$ 30». Y agrega: «Una regla de hierro tanto en Otpor como en el grupo opositor era nunca hablar del apoyo logístico y financiero occidental, para evitarse ser tratados como traidores o lacayos de la Otan».

Por contraste, Milosevic, al borde de su salida del poder, prevenía a los jóvenes y a los intelectuales sobre los fines proditorios de los opresores extranjeros en contra de sus sentidas aspiraciones: «Me gustaría enfatizar el porqué a los jóvenes, intelectuales y científicos, en los países privados de su soberanía, por regla general se les niega el derecho al trabajo creativo, especialmente en el campo de la ciencia: los grandes centros y los grandes poderes financian el trabajo científico, controlan sus realizaciones y deciden sobre la aplicación de sus resultados. Los Estados dependientes, si tienen institutos y laboratorios científicos, éstos actúan como ramas controladas por un centro. Sus logros deberán ser tan limitados que no introduzcan en los países y pueblos ocupados las semillas de la rebelión y la emancipación».

Ahora que en Colombia nos hallamos en la efeméride de la tan ponderada Constitución de 1991, viene a cuento recordar que también aquí se ha abusado de «la candidez virginal de los universitarios». Los conspiradores emboscados en la Casa de Nariño los utilizaron en uno de los episodios más oscuros de la gestación de la Carta con la que se le pusieron bases jurídicas y políticas a la apertura. El movimiento estudiantil conocido como de la «séptima papeleta», fue el instrumento utilizado por el sanedrín de Barco y Gaviria para darle a su conjura antinacional el cariz de rebeldía que le aportaban los jóvenes embaucados, que se desgañitaban contra la corrupción y los descaecidos barones de los partidos tradicionales.

Vista a grandes rasgos la «operación pacífica» montada por el imperialismo para defenestrar al presidente yugoslavo, debe anotarse que sólo a los propietarios de los grandes medios de comunicación en el globo se les podía ocurrir la mendaz cantinela de que fue Milosevic quien organizó un gran fraude electoral para mantenerse en el poder. Como observa el prestigioso profesor de la Universidad de Ottawa, Michel Chossudovsky, en un artículo escrito en octubre pasado: «En los Estados Unidos, aceptar dinero de un poder extranjero hostil (…) para financiar los gastos de una campaña sería considerado muy legítimamente como un acto anti estadinense. Pero, en Yugoslavia, la oposición se autocalifica de patriótica y no considera anti yugoslavo, aceptar 100 millones de dólares para ese fin de quienes bombardearon su país».

El pasado 31de marzo, el gobierno títere de Kostunika encarceló al presidente Slobodan Milosevic. Anteriormente, el 3 de marzo, The Economist había informado que varios figurones de la coalición de gobierno planteaban que su detención y el montaje de unas amañadas acusaciones, por la compra de una vivienda en las afueras de Belgrado y unos supuestos envíos de oro a Suiza en los días en que abandonó el poder, conducirían a «un corto juicio en Serbia y luego a su extradición a La Haya».

Cualquiera sea la suerte que los yanquis le impongan a Milosevic, los pueblos del mundo sabrán, contra lo que propalan los plumíferos reaccionarios, que esos diez años de agresión, resistidos enhiestamente por él y por la mayoría de sus compatriotas, demostraron con creces sus asertos acerca de los imperialistas querían hacer de los Balcanes «una zona de conflictos permanentes lo cual les proporcionaría una coartada para volver permanente su presencia», y que por eso «los agresores no atacaron a Serbia a causa de Milosevic, sino a Milosevic a causa de Serbia». En tanto, a la camarilla que lo ha perseguido por orden gringa, los pueblos la condenarán por siempre como la hez de la patria de los partisanos.

Notas

1 El discurso del Milosevic que se cita en este artículo fue puesto en internet, el 2 de octubre de 2000, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Yugoslavia; y reproducido en el sitio www.onelist.com/polls/marxist.

2 La crónica a la que se hace referencia en este artículo se titula U.S. advice guided Milosevic opposition, escrita por Michael Dobbs de The Washington Post, publicada en la edición web de ese diario el 11 de diciembre de 2000.

LAS JORNADAS DE SEATTLE

Dos dirigentes norteamericanos que estuvieron en Seattle el año pasado relatan su experiencia

Entrevista de los compañeros Jeff Isbell y Brad Smoyr, dirigentes de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos de Estados Unidos y Canadá, con Gustavo Triana y Enrique Daza, dirigente de Funtraenergetica y director de Cedetrabajo, respectivamente.

Enrique Daza: Háblenos de la lucha librada en Seattle el año pasado y qué experiencias les dejó.

Jeff Isbell. En Norteamérica se está practicando mucho el dumping en la industria del acero. Es un tema muy importante para nosotros, porque debido a este problema han tenido que cerrar quince compañías del sector en Estados Unidos y han sido despedidos diez mil trabajadores.

Son varios los países que recurren a estas prácticas, y todos se caracterizan porque padecen serios problemas económicos. Han copado su propio mercado, pero siguen produciendo acero con la esperanza de que eso reactive su economía. Y salen a venderlo en el extranjero por debajo del costo de producción, pues disfrutan de subsidios de sus propios gobiernos.

Ante la grave amenaza que se cierne sobre los trabajadores del acero, nos fuimos a Seattle, sin sospechar la magnitud de la protesta que allí se iba a dar. De la Unión Metalúrgica, nos hicimos presentes muchos afiliados de todo el país, y también de otros sindicatos y organizaciones. Llegamos a reunirnos en las calles más de cincuenta mil trabajadores. Los manifestantes planteaban frente a la OMC las reivindicaciones laborales, protestando en particular por los despidos en centenares de fábricas. También había por lo menos otras veinte mil personas de universidades y grupos feministas y ambientalistas. Me sorprendió ver a miles de estudiantes, pues la última vez que yo recuerde una participación tan activa de la juventud fue durante la guerra de Vietnam.

Brad Smoyr. El éxito de la concentración fue tan grande, que el primer día logramos impedir que sesionara la OMC. Todo fue registrado para el mundo por los medios de comunicación. El planeta entero supo de nuestra lucha. Hasta ese momento, tampoco la gran mayoría de la población estadinense conocía nada de la OMC, qué era, qué hacía. Lo que estamos viendo con esta Organización es el inicio de una especie de gobierno mundial, y no particularmente democrático. Fue pues un paso muy importante para abrirle los ojos a mucha gente e iniciar el debate en nuestro país.

En medio de semejante conmoción, con millares de manifestantes ocupando las calles, un ministro de la OMC declaró en forma provocadora que dentro del Tratado no había lugar para los derechos laborales ni para los ambientalistas. Eso nos permitió profundizar en nuestras críticas.

Jeff Isbell. Paralelamente a las sesiones de la OMC, hicimos cientos de mítines y conferencias. A ellos asistieron importantes líderes del Partido Demócrata.

Una de las tareas que yo tenía era acompañar a un congresista de Estados Unidos llamado Charlie Cunningham, que ha ganado prestigio por sus campañas contra algunas grandes corporaciones, y en especial, contra una textilera que basa su publicidad en la imagen de Katherine Keever, una de las tres presentadoras de televisión más populares de nuestro país. Esa compañía produce ropa en Centroamérica en condiciones laborales de extrema miseria, en las llamadas maquilas. Ella es una chica muy decente, muy bonita, que dona dinero a los pobres, pero que está ganando miles y miles de dólares por día con un trabajo de desfalco como lo es la maquila. La línea de ropa de esta compañía presenta la imagen de Katherine Keever con una leyenda que dice: «Ayuda a un niño pobre». Por cada prenda que usted compra, la empresa da dos dólares para la ayuda a la infancia en Estados Unidos. Pero quienes producen esa ropa son trabajadores centroamericanos paupérrimos, entre ellos menores de edad, con sueldos miserables.

Enrique Daza. ¿Cómo fueron las jornadas de protesta en Seattle?

Jeff Isbell. El primer día, el grueso de los manifestantes formamos una cadena humana por el centro de la ciudad para impedir las sesiones de la OMC. A esto lo llamamos Manos alrededor de Seattle, y fueron miles y miles de personas tomadas de la mano a lo largo de varios kilómetros, un espectáculo muy emocionante. Aunque la policía nos tiró gases lacrimógenos, nuestra actitud fue de no violencia, de resistir en la calle y de hacer mítines permanentes y reuniones de denuncia, sobre todo en las iglesias.

El segundo día nos reunimos para defender los derechos laborales. Fue el día que hubo más gente, y a partir de ese instante la policía adoptó medidas más fuertes y alcanzó a disolver muchas protestas, aunque de todos modos concretamos dos inmensas marchas en los siguientes días.

Gustavo Triana. En su opinión, ¿cuáles fueron los logros más importantes?

Brad Smoyr. Hubo dos muy importantes. Uno, el haber enfocado la atención nacional y mundial sobre la OMC. Y segundo, el haber conseguido unificar movimientos que marchaban por sendas muy distintas: los de los estudiantes, los trabajadores, las mujeres, los pequeños productores y los indígenas, como también los de los derechos humanos, el medio ambiente y muchos otros, afectados por las cláusulas de la OMC.

Cada día de esa semana fue dedicado a un interés especial, con marchas y mítines de protesta, y la jornada terminaba con una sesión plenaria, lo que al final nos permitía una visión general sobre los distintos temas. Fue un verdadero proceso de educación, en el que logramos sentar bases para una futura coordinación de los distintos intereses.

Como luchador de los derechos laborales, salí de Seattle con una gran claridad sobre cómo la OMC y las multinacionales afectan los derechos humanos, el medio ambiente, los derechos de la mujer, de los indígenas y demás grupos sin poder, no sólo en mi país sino en todo el mundo.

Rhett Doumtt. Soy dirigente de la AFL-CIO. Nosotros tenemos oficinas en algunas capitales latinoamericanas y nos dedicamos a prestar apoyo a los sindicatos. A raíz de los despidos en masa, hemos llevado a Estados Unidos a dirigentes del acero de México, Brasil y otros países para que nos relaten sus problemas y experiencias, porque estamos viendo que en todo el mundo se deterioran las condiciones de trabajo y se abarata cada día más la mano de obra.

Vinimos a Colombia a estrechar lazos con los dirigentes sindicales de este país y a fortalecer todo lo que nos une en la batalla por los derechos humanos y laborales. Quiero decir al respecto que el balance de nuestra gira es muy positivo.

BOLIVIA: FRENTE DE BATALLA ANTIMPERIALISTA

La convulsión social que esta semana se aviva en Bolivia tiene causas que no han sido resueltas desde hace muchísimos años y que han tocado fondo. Miles de hombres y mujeres, ancianos y niños se lanzan a las calles y caminos reclamando sus derechos, pan, techo, educación y justicia y marchan con los dientes apretados porque la situación es de caos absoluto.

Miles de desempleados, sin ninguna esperanza de futuro, la educación fiscal en sus peores niveles, la escasa producción
casi estancada, sin fuentes de financiamiento; el Estado manejado con una improvisación desesperante, la salubridad en una escala nunca antes vista. El pueblo hambriento recurre a la acción directa y ha empezado a tomar su destino en sus manos.

En estos días nadie duerme tranquilo en Bolivia. El gobierno corrupto se
tambalea ante la colosal crisis política, económica y social que se ha abatido como una plaga siniestra y que amenaza, no sólo con acortarle el periodo al ex dictador, sino con destruir el Estado actual.

La Coordinadora de Movilización Única Nacional (Comunal) la conforman la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Colonizadores de Bolivia, la Confederación de Trabajadores por cuenta propia, la Coordinadora del Agua y de la Vida de Cochabamba, la Federación de Regentes, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas, el Consejo de Suyus Quechuas – Aymaras y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Comunal elaboró para la marcha nacional iniciada el 9 de abril, denominada «por la vida y la soberanía», una extensa plataforma de demandas que recoge las reivindicaciones de todos los sectores que la componen. Exigen la modificación de las leyes vigentes en beneficio de los sectores desfavorecidos del país: indígenas, colonizadores, etc; respecto de la coca, piden la suspensión de la erradicación de arbustos de coca en los Yungas de La Paz (zona de cultivo tradicional) y se oponen a la construcción de cuarteles y bases militares en los Yungas y en el resto del país.

Pero entre sus reinvindicaciones
más importantes están la anulación del decreto 21060, que impuso el neoliberalismo en Bolivia, de la ley de capitalización que privatizó todas las empresas estatales. Además de ello se pugna por el cese de procesos penales contra sindicalistas y la libertad para los detenidos, la condonación de 20 millones de dólares a 30 mil pequeños prestatarios de bancos y entidades financieras, la investigación de las fortunas y la lucha contra la corrupción; y reclaman mejoras salariales para todos los trabajadores.

El gobierno ordenó seis acciones de tipo policial en catorce díasde marcha y no pudo frenar la movilización, que sin interrumpir el tráfico de vehículos recorrió más de 400 kilómetros. En una franca violación al derecho de movilización y expresión, el gobierno reprimió brutalmente alos caminantes, obligándolos a trasladarse por montañas, ríos y caminos.

Hubo cientos de detenidos y torturados por el ejército y la policía, pero la marcha llegó a La Paz entre vítores y aplausos de los habitantes de los pueblos y caseríos, quienes se sumaron a los obreros, campesinos, estudiantes y maestros en su camino al centro de la ciudad, donde se pretendía realizar una Asamblea Popular que determinaría el inicio del bloqueo nacional de caminos, para exigir el cambio de modelo económico, buscando reivindicaciones sociales y decisiones políticas.

La Comunal llamó al bloqueo generalizado a partir del Primero de Mayo. Y por su parte, la Central Obrera Boliviana convocó a la huelga general indefinida, también desde la misma fecha.

La situación se torna grave y los trabajadores muestran completo escepticismo sobre la capacidad de liderazgo de los dirigentes sindicales, que por no quedarse atrás han radicalizado su discurso. Sin
embargo, la acción directa es ya familiar para los sectores en lucha y no van a dejarse arrebatar la victoria fácilmente.

El régimen despótico se hunde, la clase dominante se ha agotado totalmente
y se pudre en medio de la corrupción, haciéndose más y más sirviente del imperialismo que ha convertido a Bolivia en su hacienda.

Las masas ya no pueden tolerar las condiciones de miseria extrema a las que las condena la crisis la política imperialista y el entreguismo del gobierno antinacional.

El gobierno del general Banzer tiene el apoyo del régimen norteamericano, pero el pueblo boliviano, fogueado en largas luchas, especialmente en la segunda mitad del Siglo XX, resumirá experiencias, unificará cada vez más sus fuerzas, encontrará sus verdaderos dirigentes y avanzará en su lucha por la emancipación definitiva.