CONTRA EL 012: UNA LUCHA DEMOCRÁTICA Y PATRIÓTICA

Entrevista a Raúl Arroyave, fiscal de Fecode

¿Qué importancia tuvo dentro de la crítica situación actual del país la lucha del magisterio contra el Acto Legislativo 012?

Lo más importante fue la formidable movilización de maestros, estudiantes, padres de familia, trabajadores de la salud y el apoyo del movimiento obrero y popular en repudio a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, ese implacable guardián del capital financiero internacional y del imperialismo norteamericano. Esta claridad en el enfoque hizo de esta lucha una grande y consciente movilización antiimperialista y patriótica. Mientras el ministro Santos pretendía demostrar que a su reforma la animaba el interés nacional, las amplias masas desentrañaron que no era más que el cumplimiento del Acuerdo firmado, el 22 de diciembre de 1999, con el Fondo Monetario Internacional.

¿Qué puede resaltar del proceso de aprobación de esta medida?

La férrea oposición obligó a que el gobierno tuviera que emplearse a fondo para lograr su aprobación: presionó burocráticamente a los congresistas; repartió auxilios parlamentarios, que ahora llaman cupos indicadores; canjeó la aprobación de proyectos de ley y de actos legislativos a cambio del voto por el 012; orquestó una costosa campaña por los medios de comunicación para confundir a la opinión pública; les prometió a gobernadores y alcaldes la más absoluta discrecionalidad en el manejo de la educación, incluida la planta de personal, y hasta les ofreció alargarles su mandato en un año más.

A lo anterior, hay que sumarle las fascistas declaraciones que hizo el gobierno contra la existencia misma de Fecode, a la que, según el señor Alesina, especie de Gurú tardío del neoliberalismo, tronando desde Washington, dijo que había que «romperle la espina dorsal»; además, debieron desempolvar a los ex presidentes de la República para que, todos a una, firmaran una declaración de apoyo a la antipopular reforma. A pesar de ello, el gobierno sólo pudo obtener en las votaciones finales una exigua mayoría de dos votos en la Cámara y de uno en el Senado.

Y luego de negar a lo largo de todo el debate que su iniciativa recortaría las transferencias para educación y salud, el 21 de junio Santos gritó alborozado que se iban a ahorrar 9 billones de pesos en los próximos siete años, reconociendo así una de nuestras razones para oponernos al 012.

¿Qué obligaba al gobierno a recurrir a tanta maniobra?

Es claro que echarle mano a las transferencias es producto del ahondamiento de la crisis en que la Apertura ha sumido al país: quebradas la agricultura y la industria; deteriorados los términos de intercambio; reducidos al máximo los aranceles y franqueadas las importaciones; endeudado el país hasta límites impagables; ahogada la población con la escalada de los precios y concluido en lo fundamental el remate de las empresas del Estado, lo único que quedaba para responderle a la insaciable voracidad de los prestamistas, eran los recortes presupuestales a la educación y la salud, y a fe que armados de cinismo y sin escrúpulos lo hicieron.

Desligadas las transferencias de los Ingresos Corrientes de la Nación en los próximos siete años, aquellas crecerán únicamente en el IPC más 2% en los primeros cuatro y 2.5% en los tres últimos, pero no se le dice al país que el crecimiento de la población es de 2% anual y que hay cerca de tres millones de niños y jóvenes por fuera del sistema educativo, con lo cual el tan promocionado crecimiento ‘real’ de los recursos es, en la práctica, nulo y su monto deficitario.

Además, el gobierno sólo tiene en cuenta los costos de la nómina docente y administrativa, preparándose para raponearles a los educadores varios derechos laborales. El resto de los costos educativos: como construcción, dotación, mantenimiento y mejoramiento de escuelas y colegios, y capacitación del personal docente, deberán ser cubiertos por la comunidad mediante más impuestos o directamente con la privatización.

¿El Acto Legislativo se aprobó tal como lo presentó el gobierno?

No todas sus pretensiones fueron satisfechas: fueron derrotados el intento de congelar a partir del año 2009 los recursos del SGP, Sistema General de Participaciones; la pretensión de fijar el monto inicial de la «bolsa común» en 8.9 billones de pesos; la decisión de dejar por fuera de nómina al personal administrativo y docente pagado con recursos propios de los entes territoriales; y el llamado subsidio a la demanda, o focalización, es decir, la supuesta atención «de los más pobres de los pobres».

Lo dicho en cierta medida explica el sabor amargo que le ha quedado al gobierno, al pensar que tanto desgaste y descrédito apenas le dejan una victoria pírrica. Por eso la actitud arrogante del ministro de Educación, quien en abuso de autoridad ha intentado impedir los acuerdos de recuperación de tiempo y el pago de los salarios para tratar de doblegar la creciente resistencia del magisterio. Es el absurdo, mientras maestros, estudiantes y padres de familia asisten a los colegios para reponer las clases y hacer las nivelaciones de los procesos curriculares y académicos, el gobierno y la policía llegan, en varias ciudades, en actitud de fuerza y barbarie a desalojarlos de los planteles. Es decir, al ministro no le importa la suerte final del año lectivo; su palabrería sobre los derechos de los niños es sólo una artimaña propagandística, pues su verdadero compromiso no es con la nación ni con la comunidad sino con el BID y su «flamante» Nuevo Sistema Escolar, en virtud del cual desvertebrarán mucho más el sistema educativo y convertirán escuelas y colegios en empresas independientes, dándole de esta manera vía libre a los procesos de privatización y a los pagos por subsidios sólo para «los más pobres de los pobres».

Fecode ha denunciado que el gobierno tiene listo un proyecto de modificación a la ley 60 de 1993, ¿qué nos dice al respecto?

Sí. En esencia, la batalla que se avecina se concretará en la discusión del proyecto que modifica la ley 60, que ya está elaborado por Planeación y que sin duda alguna tendrá funestos alcances: hacerles conejo a las regiones, disminuyendo la base de liquidación de los Ingresos Corrientes de la Nación, asunto grave pues ahora resulta algo que no dijeron en el pasado debate, que a la bolsa del SGP se le restarían los recursos del Fonpet, antes de su distribución entre los entes territoriales; también se crearía una comisión de regulación para el sector educativo, en la cual cinco expertos definirían antidemocráticamente la política educativa y tendrían como misión unificar nacionalmente el currículo y los contenidos mediante los llamados estándares de calidad y los contenidos «mínimos» para todas las áreas y asignaturas, y fijarían la llamada «canasta educativa» y los mecanismos de distribución del SGP. Todo a contrapelo de los avances en materia de autonomía académica y libertad de cátedra logrados en la Ley General de Educación.

Pero lo más grave es que se le abren múltiples puertas a la privatización, porque así Pastrana y sus ministros lo nieguen, no otra puede ser la consecuencia de permitir la contratación del servicio educativo con el sector privado a las tarifas que este ponga; y que se deseche la gratuidad de la educación, estableciendo tarifas para los costos educativos; y que no se haya creado, a pesar de que lo propusimos insistentemente, un Fondo Nacional de Cobertura Educativa, con lo cual cada año será más difícil obtener un cupo en el sistema público, y con la decisión del gobierno de no asumir el crecimiento futuro de la nómina docente y administrativa, que según este proyecto de ley será responsabilidad de los municipios, no quedará otra vía que trasladar la carga a los usuarios. Es decir, desaparecida la responsabilidad de la nación de financiar el servicio educativo, y entronizados el subsidio a la demanda y la «focalización» del gasto, queda al orden del día la privatización como política de Estado.

Con respecto a la administración de la educación, en tres años deberá cesar toda función de los departamentos, así este servicio quedará totalmente municipalizado y plantelizado. Una vez más las fuerzas neoliberales son factor disolvente de la Unidad Nacional, al atomizar los escasos recursos del SGP entre más de 1.080 municipios, la mayoría en bancarrota, y las entidades territoriales indígenas. Con la plantelización, que está en la base del Nuevo Sistema Escolar, se logra el doble propósito de ahondar la dispersión de los recursos y convertir escuelas y colegios en Empresas Sociales del Estado, que vivan de la venta de servicios y que tengan plena autonomía para que languidezcan y se marchiten en medio de la crisis, como ha sucedido con los hospitales. Se les entrega la administración de los colegios a los padres de familia, para que sean ellos quienes tomen las decisiones dolorosas de las alzas en los derechos académicos ante la insuficiencia de los recursos que transfiere el Estado. El Nuevo Sistema Escolar ya se ha venido aplicando, y se ha comprobado que trata de convertir a escuelas y colegios en Empresas autónomas administrativa y financieramente, dirigidas no por rectores sino por gerentes de libre nombramiento y autosostenidas con los pagos de los padres y con la venta de servicios. Todo envuelto en el discurso de la fementida autonomía de las comunidades, cuando éstas lo que exigen son cupos escolares suficientes, calidad educativa y la financiación por el Estado.

Pero la política estatal no está basada en el cubrimiento del costo creciente de las necesidades educativas; está en el pago por capitación (monto del SGP dividido entre el número de usuarios), la focalización del gasto en «los más pobres de los pobres», el subsidio a la demanda, la congelación de la nómina y las múltiples condiciones para nombrar maestros y cubrir vacantes, y otras linduras del recetario neoliberal que campean en ese proyecto reglamentario.

¿El proyecto de ley conculca derechos del magisterio?

Sí, y muchos. Pretende arrasar con los derechos laborales del magisterio: establece un régimen discrecional de traslados; suprime el Estatuto Docente y modifica hasta hacerlo nugatorio el escalafón nacional; los municipios definen los salarios y prestaciones de los maestros y en consecuencia prohíbe decisiones nacionales en esta materia; elimina el carácter docente de rectores y directivos y suprime su estabilidad laboral; sienta las bases para la evaluación-despido de los maestros y para la política de racionalización plasmada en los convenios de desempeño; da facultades extraordinarias al presidente para que legisle sobre el régimen laboral de los maestros; restringe la participación del magisterio en las Juntas de Educación y en los Consejos Directivos de los planteles.

¿Entonces, qué viene?

La batalla continúa y, en consecuencia, lo único que nos corresponde, con Fecode y las organizaciones del Frente Común, es «reiniciar con renovado brío el intento de la vez pasada», pues el imperialismo norteamericano, el Fondo Monetario Internacional y el régimen pastranista, continuarán con su ofensiva en contra de los intereses del pueblo y de la nación colombiana.

¡VAMOS AL PARO NACIONAL AGROPECUARIO!

Los objetivos del paro convocado por Salvación Agropecuaria son los siguientes: que cesen las importaciones de productos agropecuarios que puedan producirse en el país, la condonación de las deudas bancarias del sector, la fijación de precios de sustentación remunerativos garantizados por el Estado, la existencia de créditos suficientes, oportunos y baratos, el control a los costos de producción (agroquímicos, impuestos prediales y otros, combustibles, tarifas de energía eléctrica y demás servicios públicos), el respaldo estatal a redes de comercialización, asistencia técnica, distritos de riego e investigación científica, el cierre de los derretideros de azúcar, la prohibición a la entrada en funcionamiento del ingenio industrial panelero de Padilla y la atención a las peticiones democráticas de las comunidades indígenas. Y también, el rechazo a la decisión del gobierno de incluir a Colombia en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, porque la aplicación de ese acuerdo, diseñado en beneficio de Estados Unidos, acabará de destruir la producción agropecuaria nacional; y el rechazo a las medidas de los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos, de estimular la superproducción mundial del café.


De Agameta

¿Cuál reactivación?

La Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta, refuta al ministro de Agricultura sobre la reactivación agraria que el gobierno pregona a los cuatro vientos. Reproducimos la carta que los productores llaneros le dirigieron al ministro Rodrigo Villalba Mosquera, el pasado 22 de junio.

No pinta bien la agricultura llanera. Su principal cultivo semestral, el arroz, continúa sin un norte definido. La cadena arrocera sigue sin despegar. Continuamos esperando los créditos asociativos. La comercialización requiere medidas urgentes que complementen las tomadas hasta ahora.

El precio acordado en la resolución 047 de marzo no se compadece con los altísimos costos de producción que estamos soportando. El temor que un precio justo de la gramínea disparara las áreas de siembra no permitió que el gobierno avalara un precio de $58 mil carga, ya acordado entre los productores y la molinería. Esto nos recorta ingresos del orden de $4 mil millones en la presente cosecha.

El plazo de 45 días impuesto por el Ministerio, sin que la industria públicamente lo solicitara, institucionaliza una práctica mañosa en detrimento de los agricultores, contra la cual siempre hemos protestado. El costo financiero del pago retardado nos despoja de $9.720 por cada tonelada entregada, es decir, alrededor de $45 mil por hectárea.

La exclusión de los agricultores –como también del agrocomercio financiero y de la industria que no importó arroz extranjero— del incentivo al almacenamiento nos deja indefensos en un mercado imperfecto de sobreoferta estacional, que puede ser aprovechado para pagarnos el arroz a precios de quiebra.

La espiral alcista de los costos de producción, especialmente de los insumos, no ha tenido contención. La decisión sobre los genéricos fue un mejoral inocuo para tratar el cáncer que constituye uno de los factores flagelantes de la rentabilidad rural. Los oídos del Ministerio han sido sordos para citar la Comisión acordada desde 1998, que pretende iniciar el estudio y la búsqueda de remedios a este grave mal.

El tan promocionado crédito asociativo se constituye en una burla más para los productores arroceros, quienes con arroces ya espigando, no han recibido un solo peso del mismo, con el consiguiente encarecimiento y demeritación de su proceso productivo. Son tantas las condiciones impuestas para su otorgamiento y tan excesivo el blindaje con que quiere guarecerse la banca, que de un lado se alarga dolorosamente el proceso y, de otro, nos sentimos tratados como delincuentes en potencia.

Todo lo anterior implica, señor ministro, que del dicho al hecho hay mucho trecho y que las medidas que se anuncian rimbombantemente en los medios de comunicación no están llegando a los productores. Nuevamente insistimos en la necesidad de que el Estado colombiano genere una política que llegue al productor y la reactivación se vuelva realidad, por lo cual clamamos que estos problemas brevemente expuestos sean estudiados y resueltos lo antes posible.

Hasta otra oportunidad.

Guillermo León Reina, presidente de Agameta


EU, agro protegido

Por Hernán Pérez Zapata

Neil E. Harl, profesor de Agricultura de la Universidad Estatal de Iowa, declaró que «en el año 2000 más del 50% del ingreso neto de las fincas vino del apoyo gubernamental. El año pasado el Estado pagó un récord de US$28.000 millones directos, que no eran tan altos desde los años 80» (The New York Times, abril 29 de 2001).

La historia de la agricultura en Estados Unidos presenta dos fases contradictorias. La de su revolución democrática en el siglo XIX y la actual, en que se da al mismo tiempo la protección a sus propios productores y el impulso a la apertura total en los países bajo su órbita de dominación.

Una referencia de la primera la tenemos entre 1860 y 1863, durante el gobierno de Abraham Lincoln, cuando se puso coto a las importaciones de cereales de Europa. El propio presidente Lincoln se puso resueltamente del lado de quienes proponían apoyo gubernamental a la producción nacional estadounidense y en contra de los importadores, que defendían la necesidad de traer el alimento europeo, de mejor calidad y a menor costo. El gobierno federal se orientó decididamente en favor de los primeros, argumentando que se ocupaban las ricas tierras del país, se generaba empleo y no salía del país el dinero de las importaciones.

Otra importante medida fue la del Morrill Act de 1862, conocido como Ley de los Land Grand Colleges, o colegios de tierras donadas por las municipalidades, que dieron origen a las universidades. Se basaba en la integración de la enseñanza con la investigación de los problemas de los productores y la extensión a todo el país de las soluciones encontradas.

Estos apoyos gubernamentales se tomaron en desarrollo de la via farmer o campesina, como resultante de la Guerra de Secesión que destruyó el régimen esclavista del sur. Se acumularon así capitales para la industria, todo lo cual abonó el terreno para que Estados Unidos se convirtiera en una avanzada industrial y agroindustrial desde finales del siglo XIX.

Además, la fuerte organización de los agricultores les permitió conquistar políticas gubernamentales, luego acogidas por el Congreso, que afianzaron la protección de ese rubro tan estratégico para la industria y la seguridad alimentaria nacional. Además, se impulsaron obras públicas de fomento como electrificación, vías, mecanización, distritos de riego, conservación y correctivos del suelo, créditos baratos, control de plagas y enfermedades y malezas, subsidios, comercialización y almacenamiento de excedentes de la producción. Es decir, el Estado les prestó a los agricultores todos los apoyos que éstos necesitaban.

El aspecto contradictorio se presentó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos comenzó a utilizar sus excedentes de alimentos como un instrumento para quebrar las producciones nacionales de otros países, e impuso sus dictados a las naciones sobre las que ejerce dominio económico y político, arruinando los esfuerzos realizados por las burguesías nacionales, los trabajadores y los campesinos.

En el caso colombiano, hemos visto la quiebra de importantes sectores, uno tras otro. El primero fue el del trigo en la década de los años 60, con aplicación de la Ley Pública 480. Se nos impuso trigo barato, fiado y con bajísimas tasas de interés. De unas escasas toneladas iniciales, hoy importamos 1.100.000 toneladas anuales. Terminaron siendo arrasadas impunemente, con la complicidad de los gobiernos, las zonas productoras de Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Cauca, Caldas y Antioquia.

Ahora, a raíz de la apertura económica aplicada desde 1990, se repite la misma historia con el maíz. Pasamos de importar 20 mil toneladas en 1990 a más de dos millones de toneladas en 2000. Casos similares se presentan con los casi ocho millones de toneladas de alimentos que se importaron el año pasado, cuando hace diez años importábamos menos de un millón. También se pretende importar hasta café, que exportamos desde 1830.

La globalización neoliberal norteamericana, implementada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y ahora por el Plan Colombia y el ALCA, lleva a la ruina total del campo colombiano. Con ello se provoca la crisis en la industria, en el empleo y en general en toda la economía de nuestra nación.

Sólo con un programa como el propuesto por la Asociación por la Salvación Agropecuaria de Colombia podremos salir de la crisis, aprovechando incluso las lecciones positivas que nos enseña la experiencia norteamericana de hace más de 140 años. Las fundamentales: eliminar las importaciones de alimentos y proteger la producción nacional.


ALCA, el puntillazo

Por Jorge Enrique Robledo Castillo

Una vez Colombia empezó a sentir la baja de sus aranceles a las mercancías extranjeras impuesta por la apertura, las importaciones superaron a las exportaciones en un promedio de dos mil quinientos millones de dólares anuales. Y si en 1999 se igualaron fue porque lo importado cayó en picada, dada la brutal reducción del consumo generada por el hundimiento de la economía nacional. En la lona está el agro, de donde desaparecieron ochocientas mil hectáreas de cultivos transitorios bajo el peso de más de siete millones de toneladas de productos importados al año, y sufrió muchísimo la industria, aunque sus dirigentes gremiales lo callen, como lo ilustra que su producto disminuyera 12.8% en 1999. Todos los restantes males económicos que nos azotan tienen origen en que el país no pudo competir contra los grandes capitales y subsidios foráneos y en que para «atender» ese desastre, anunciado, los neoliberales convirtieron a Colombia en un paraíso de la especuladores financieros, empezando por los de allende las fronteras.

No obstante lo anterior —o mejor, precisamente por ello— Pastrana decidió someter el país al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, el acuerdo que deberá terminar de «negociarse» el 31 de diciembre de 2004 y que apunta a crear un sólo gran mercado desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, lo que significa agravar aún más la desprotección del mercado nacional, incluso reduciendo los aranceles por debajo de los establecidos por la Organización Mundial del Comercio. Antes de continuar es bueno advertir que toda la producción agraria e industrial colombiana sobreviviente mantiene, frente a países diferentes a Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia, algún tipo de protección por aranceles o por cuotas de importación, con lo que, por ejemplo, el arroz, el azúcar y los automóviles importados deben pagar impuestos del 72, el 46 y el 30%, siendo esos gravámenes los que explican por qué esos productos no han desaparecido de la producción nacional.

Como la mayor apertura que busca imponer el ALCA es con todos los países del Continente, unos nos golpearán por sus desarrollos y otros por sus pobrezas. Entre los primeros aparecen Estados Unidos, obviamente, y Canadá y México, este último simple maquilador de los monopolios gringos que exportan desde allí, aunque también son de temer Brasil y Argentina, con establecimientos industriales y agropecuarios más poderosos que los colombianos. En el segundo grupo están los demás, fuertes competidores en razón de sus miserables condiciones laborales, como lo vienen demostrando las crecientes importaciones a Colombia de productos del Ecuador, incluidas las de café. Pero, de lejos, las grandes beneficiadas con el ALCA serán las transnacionales norteamericanas, así algunas decidan instalarse en otros países del Continente a la caza de mano de obra barata y de acuerdo con los intereses nacionales estadounidenses, como en cada decisión que toman les gusta refregarlo a sus presidentes. Tan difíciles aparecen las cosas que, en El Tiempo del 2 de febrero de 2001, Myles Frechette advirtió que Bush escogerá los acuerdos «que sean más provechosos para EU» y preguntó: «¿Estará listo el sector privado para competir con los productos norteamericanos antes del año 2004?».

Claro que los colombianos que trabajan con las trasnacionales asentadas en el país y la tecnocracia neoliberal criolla ya salieron con la baratija de que todo el problema se limita a «saber negociar» el ALCA, como si no se supiera que fueron ellos quienes «negociaron» los acuerdos en la Organización Mundial del Comercio, que desquiciaron la industria y el agro nacionales, y «negociarán» los que vienen, y como si alguien dudara de que las suertes de estos personajes están atadas a las de sus patrones y socios y a los puestos que logren conseguir en las agencias internacionales de crédito.

Ante la decisión de insistir en africanizar a Colombia, habrá que repetir más allá del cansancio que la globalización sin el tamiz de la soberanía nacional, que garantice intercambios internacionales de beneficio recíproco, no pasa de ser una simple reedición del colonialismo.


No más embargos y remates

Informaciones llegadas a Unidad Cafetera Nacional desde todo el país, señalan que han cobrado nuevamente fuerza los procesos judiciales, embargos y remates por parte del Bancafé y la desaparecida Caja Agraria, en contra de caficultores y propietarios rurales en general.

No obstante la demagogia del Ministerio de Agricultura con respecto a que el llamado «Pran» está resolviéndoles los problemas a quienes la crisis del agro colocó en incapacidad de pagar sus deudas, lo cierto es que miles están siendo acosados por los abogados.

Para agravar lo que ocurre, también se sabe que lo normal es que las fincas embargadas terminen abandonadas por los secuestres, sumándose al brutal despojo de familias enteras el hecho ignominioso de empeorar la producción y el desempleo en el campo.

Esto ocurre en un país en el que el gobierno «rescató» a los multimillonarios propietarios de un puñado de corporaciones de ahorro y vivienda con varios billones de pesos, marcando un escandaloso contraste con quienes bien poco tienen.

Unidad Cafetera Nacional, entonces, protesta en contra de estas medidas antisociales que, además, agravan aún más la profunda crisis del café y de la producción rural e insiste en que la única solución seria y cierta para los endeudados consiste en la condonación total e inmediata de sus deudas impagables, reclamo que respaldarán los miles de cafeteros, paneleros, arroceros, paperos, plataneros y demás productores en el Paro Nacional Agropecuaria el 31 de julio próximo.

A 130 AÑOS DE LA COMUNA DE PARIS

Por Alfonso Hernández

«En los más apartados y escondidos parajes se instalarán factorías semejantes entre sí que pondrán en oferta géneros idénticos o parecidos. La inevitable superproducción traerá consigo la estrechez relativa de los mercados, el desempleo, la explosión de los conflictos laborales a una escala jamás conocida. Los problemas de los pueblos continúan siendo los mismos de ayer aunque ahora enfrenten enemigos distintos. Las verdades de Marx y Lenin, lejos de marchitarse, cual lo pregona la burguesía que carece de respuesta para los interrogantes de la actualidad, volverán a ponerse de moda. Parece que el socialismo, al igual de lo acontecido al sistema capitalista, adolecerá de tropiezos y altibajos durante un interregno prolongado, antes del triunfo definitivo. Y los obreros, con sus batallas revolucionarias, proseguirán tejiendo el hilo ininterrumpido de la evolución histórica».

Francisco Mosquera1

Desde hace más de una década, la gran burguesía imperialista se lanzó, con renovados bríos, a demoler las conquistas de la clase obrera, a arrasar las empresas rivales por todo el orbe y a derribar las barreras que protegían los mercados de las naciones pobres. A la vez, los monopolios de Estados Unidos se entregaron a una feroz disputa con los de Europa y Japón. El grito de batalla de libertad de mercados apareció como una amenaza para la subsistencia de una porción considerable de la humanidad. Los pregoneros de los mandamases del mundo declararon que la historia había llegado a su fin, que el dominio del sistema capitalista sería perpetuo y que los objetivos proletarios y las reivindicaciones socialistas habían perecido para siempre. La lucha de clases y la de liberación nacional fueron declaradas obsoletas y al marxismo, una vez más, se le expidió certificado de defunción.

Las predicciones de los «científicos sociales» a sueldo resultaron erradas de palmo a palmo. Las crisis económicas, secuela del saqueo, se suceden y las batallas de los inconformes en vez de disminuir, se agigantan y proliferan. Los obreros de Daewoo contienden con la policía coreana, enfrentando la amenaza del desempleo y la toma de esa compañía por General Motors. En Argentina no cesan las movilizaciones de trabajadores contra las políticas del Fondo Monetario Internacional. Los indígenas y campesinos de Bolivia y Ecuador mantienen en permanente agitación a esas naciones. Empleados públicos y maestros, en diversas latitudes, expresan indignación y rechazo por la conculcación de sus derechos. En las propias metrópolis se siente la protesta de los trabajadores. Ya no hay reunión de las entidades encargadas de trazar y adelantar la política imperialista que no sea objeto de un 1masivo repudio, sea en Seattle o en Washington, en Bruselas o en Davos.

Como lo señala Francisco Mosquera, el marxismo y el socialismo cobran aún mayor actualidad. Es por ello de cardinal importancia que el proletariado consciente repase sus experiencias internacionales y tome las lecciones necesarias en un periodo en el que, en medio de inmensas dificultades, ha de ponerse al frente de transformaciones históricas de una profundidad y extensión nunca antes vistas.

Una de la batallas más memorables y ricas en enseñanzas fue la Comuna de París, primera ocasión en que el proletariado revolucionario conquistó el poder político. El 19 de julio de 1870, Napoleón III desató contra Prusia una guerra movida por intereses dinásticos y financieros. Mientras que la burguesía se entregaba a la conflagración, el proletariado, guiado por la Asociación Internacional de los Trabajadores, denunciaba el carácter rapaz del conflicto. En Réveil, periódico parisiense, en un manifiesto A los obreros de todas las naciones, se decía: «¡Obreros de Francia, de Alemania, de España! ¡Unamos nuestras voces en un grito unánime de reprobación contra la guerra!… ¡Guerrear por una cuestión de preponderancia o por una dinastía tiene que ser forzosamente considerado por los obreros como un absurdo criminal! (…) ¡Hermanos de Alemania! ¡Nuestras disensiones no harían más que asegurar el triunfo completo del despotismo en ambas orillas del Rin!» A su vez, la clase obrera alemana se esfuerza porque el gobierno de Bismarck limite las hostilidades a repeler el ataque, sin agredir a Francia. El obrerismo da una hermosa lección de espíritu internacionalista.

El 2 de septiembre de 1870, el ejército prusiano derrota en Sedán a los ejércitos del emperador, quien es tomado prisionero con parte considerable de sus tropas. La guerra, como lo había previsto Marx, da al traste con el Segundo Imperio, y el 4 de septiembre del mismo año, en medio de un levantamiento obrero en París, se proclama la República de Francia y se forma el Gobierno de la Defensa Nacional. Este importante triunfo democrático fue usurpado al instante por personajes como Adolfo Thiers y Luis Julio Trochu, quienes aliados con otros representantes de la gran burguesía financiera y de una rama de la casa de Orleáns, establecen el gobierno en el Hotel de Ville. Tras la victoria en Sedán, el rey Guillermo I de Prusia emprende la ocupación de Francia, mientras que los obreros alemanes exigen que se reconozca la república francesa. Marx celebra su advenimiento, pero no deja de señalar los peligros que se ciernen, principalmente por la catadura de clase de Thiers y demás personajes que se han empotrado en el poder; no se ha derribado el trono, se ha reemplazado; y los orleanistas se han apoderado de los cargos con gran poder efectivo como la policía y el ejército. «Marx puso en guardia al proletariado francés contra el peligro de dejarse llevar del entusiasmo por una falsa idea nacional (…) si en 1789 la lucha contra la reacción de toda Europa unía a toda la nación revolucionaria, ahora el proletariado ya no podía fundir sus intereses con los intereses de otras clases, que le eran hostiles; (…) la misión del proletariado era luchar por la emancipación socialista del trabajo frente al yugo de la burguesía».2

En el Segundo Manifiesto del Consejo de la Internacional, Marx advierte que la situación de la clase obrera francesa es sumamente difícil: cualquier intento de derribar al gobierno republicano, con el enemigo llamando casi a las puertas de París, sería una locura desesperada. Aconseja a los proletarios que aprovechen serena y resueltamente las oportunidades que les ofrece la libertad republicana para organizar a su propia clase. De la fuerza y prudencia del proletariado, dice, depende la suerte de la República.

El Gobierno de la Defensa Nacional pronto se convierte en el gobierno de traición nacional. Se niega a armar al pueblo, medida indispensable para afrontar el ataque alemán y ya el 31 de octubre de 1870, anuncia el comienzo de negociaciones con los prusianos. Como respuesta, los obreros se sublevan, toman el Ayuntamiento y crean el Comité de Salud Pública, órgano de poder revolucionario, en el que se elige a Luis Augusto Blanqui, quien se encontraba preso. Thiers recurre a los batallones del ejército y retoma el Ayuntamiento.

El 28 de enero de 1871 el gobierno burgués capituló ante Bismarck, y entonces Thiers, apoyado por Prusia se abalanzó contra París sublevado, pero fue rechazado y tuvo que batirse en retirada ante la respuesta de los sublevados y todo el gobierno hubo de huir a Versalles.

París tenía dos caminos: rendir las armas o seguir luchando como el campeón abnegado de Francia. La ciudad, extenuada por cinco meses de hambre, no vaciló. A partir del 18 de marzo, hace 130 años, a los gritos de ¡Vive la Commune!, la revolución obrera se adueñó de París, dando comienzo al primer poder obrero de la historia de la humanidad. «Marx, que en septiembre de 1870 consideraba la insurrección como una locura, en abril de 1871, al ver el carácter popular y de masas del movimiento, lo trata con la máxima atención de quien participa en los grandes acontecimientos que marcan un paso adelante en el histórico movimiento revolucionario mundial»Ibid. Marx, con gran entusiasmo destacó el arrojo de estos obreros que toman el cielo por asalto: «¡Qué flexibilidad, qué iniciativa histórica y qué capacidad de sacrificio tienen estos parisienses. (…) La historia no conoce todavía otro ejemplo de heroísmo semejante».

La bandera roja ondeó en el Hôtel de Ville y los proletarios, de oprimidos y humillados pasaron a dirigir la sociedad, adoptando disposiciones que llenaron de espanto y odio a los explotadores, pero de alegría y entusiasmo a los pueblos. A lo largo de Europa se celebraron mítines de respaldo a la hazaña de los comuneros.

El Comité Central de la Guardia Nacional se constituyó en gobierno provisional y acometió la gloriosa tarea de transformar a París de acuerdo con los intereses de la clase obrera. Sin embargo, incurrió en dos graves errores: se mantuvo en una actitud meramente defensiva, no marchó sobre Versalles, adonde se había retirado en derrota el gobierno burgués de Thiers, con lo cual, en vez de aniquilarlo, le dio tiempo a que se recuperara y reiniciara el ataque contrarrevolucionario. Además, con santo temor «aquellos hombres se detuvieron respetuosamente en los umbrales del Banco de Francia. Fue este un error político muy grave. El Banco de Francia en manos de la Comuna hubiera valido más que diez mil rehenes. Hubiera significado la presión de toda la burguesía francesa sobre el gobierno de Versalles para que negociase la paz con la Comuna» (Engels, pág. 196)3

No obstante, fueron muchas las medidas que tomó la Comuna que señalan un camino para los trabajadores. París resistió porque se deshizo del ejército y lo sustituyó por la Guardia Nacional, que fue el primer decreto de la Comuna; al ejército permanente lo reemplazó el pueblo en armas. Como señaló Marx: «El proletariado no puede simplemente tomar el control de la máquina del Estado», debe destruirla y crear su propio órgano de poder.

La Comuna estaba formada por consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos; responsables ante sus electores, podían ser revocados por ellos en cualquier momento. Era una corporación de trabajo, a la vez legislativa y ejecutiva. Los sueldos de los funcionarios tenían un monto similar al de los obreros.

El antiguo gobierno centralizado tendría que dar paso a la autoadministración de los productores; una asamblea nacional constituida por los delegados de las provincias garantizaría la unidad y organizaría a la nación, factor poderoso de la producción social, mediante un régimen comunal. La Comuna decretó la separación de la Iglesia y el Estado y liberó la enseñanza de la influencia de esas dos instituciones. Además, estableció la educación gratuita. Los órganos puramente represivos del Estado habían de ser amputados; los necesarios, arrancados al control de los usurpadores. Así la Comuna dotó a la república de instituciones auténticamente democráticas. Su fin último era emancipar el trabajo, pues la dominación política de los productores es incompatible con la perpetuación de su esclavitud social. La Comuna buscaba la expropiación de los expropiadores.

Por primera vez en la historia, los obreros tomaron el trabajo de sus superiores «naturales»; es decir, la iniciativa en la dirección de la sociedad. Justamente, la labor del partido del proletariado consiste en poner en pie a los oprimidos y en dar seguridad y altivez a los humildes para que se labren su propio destino.

Desde el comienzo, el obrerismo buscó la alianza con los pequeños productores, prorrogó el pago de las deudas por tres años y abolió sus intereses. Salvó así a los tenderos y artesanos, que estaban arruinados. Abolió el trabajo nocturno para una serie de actividades y prohibió a los patrones imponer multas a los trabajadores. Las fábricas y los talleres que estaban cerrados por los traidores, los entregó a las asociaciones obreras. La Unión republicana, partido de la clase media, se puso bajo la bandera de la Comuna apenas el gobierno huyó a Versalles. A los campesinos la Comuna los habría redimido de los costos de la guerra y de la opresión de los tiranos. Los obreros decían a los labriegos: nuestro triunfo es vuestra única esperanza.

La Comuna fue un gobierno verdaderamente nacional de Francia, en él estaba representado todo lo sano de la nación y luchó con denuedo contra la agresión prusiana, pero, a la vez, era un gobierno internacional, tendía la mano al proletariado de los distintos países y en su dirección participaron alemanes y polacos.

La Comuna «no pretendía tener el don de la infalibilidad, que se atribuían sin excepción todos los gobiernos de viejo tipo. Publicaba sus hechos y sus dichos y daba a conocer al público todas sus imperfecciones». 4

Sin embargo, luego de firmar bajo condiciones vergonzosas la paz con Bismarck, y con el apoyo de éste al entregarle los prisioneros de guerra para que fortalecieran las fuerzas de asalto contra la Comuna, Thiers pasó a la contraofensiva. Sus carniceros entraron a París el 21 de mayo, teniendo que afrontar la heroica resistencia de hombres, mujeres y niños, quienes, aunque extenuados por el cerco y el hambre combatieron con denuedo hasta el 28 de mayo, día en que los últimos luchadores sucumbieron en las faldas de Belleville.

El asiduo trabajo de Marx garantizó que las enseñanzas de la Comuna se convirtieran en patrimonio del proletariado y fueran asimiladas por los luchadores en el transcurso mismo de los acontecimientos. Como ya se dijo arriba, el 19 de julio de 1870 estalló la guerra franco-prusiana y el 23 de julio se publicaba el Primer Manifiesto de la Asociación Internacional de los Trabajadores, redactado por Marx, trazando orientaciones frente al conflicto. El 4 de septiembre se proclamó la República y el 9 se publicó el Segundo Manifiesto. El 28 de mayo de mayo de 1871 fue derrotada la Comuna y ya el 30, dos días después, Marx leía al Consejo General el texto de esbozo de la significación histórica de tan importante acontecimiento.

Del estudio de esta experiencia y de las batallas de los bolcheviques y de los comunistas chinos, entre otros, las clases revolucionarias obtendrán luces para proseguir su avance hacia la conquista de la democracia popular y el fin de la explotación del hombre por el hombre.

NOTAS

1. Francisco Mosquera, Resistencia civil, «Hagamos del debate un cursillo que eduque a las masas». Pág. 490. Editorial Tribuna Roja, 1995.
2. Lenin. Enseñanzas de la Comuna. Pág 20
3. Engels, en «Guerra civil en Francia». Obras escogidas de Marx y Engels. Editorial Progreso, 1976, pág 196.
4. Marx y Engels. Op cit, pág 242.

Contra privatización y altas tarifas de servicios en Antioquia: CREADA FEDERACIÓN DE LIGAS DE USUARIOS

El 21 de junio, en multitudinario Congreso, nació en Medellín la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios.

El evento, que contó con la presencia de 61 delegaciones, provenientes de todo el departamento y de barrios de la capital, fue instalado por voceros del alcalde y el gobernador y por Jorge Enrique Robledo Castillo, coordinador de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y asesor de las ligas de usuarios.

El Congreso, celebrado en el auditorio de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, por entonces en paro, debatió en cuatro comisiones la situación de los servicios. Las ponencias presentadas a la plenaria coincidieron en condenar la política oficial de entrega de los servicios públicos a la voracidad de los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, a quienes responsabilizaron por la tragedia que hoy viven los hogares colombianos, víctimas de impagables tarifas. Los ponentes señalaron a los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana como agentes del interés foráneo, principalmente norteamericano.

El Congreso aprobó una Declaración de Principios y una Plataforma de Lucha. En ambas se aboga por una política soberana de servicios públicos, sin imposiciones del FMI ni de los monopolios imperialistas, y se reclama la defensa del patrimonio estatal, la eliminación del cobro de cargos fijos, de alumbrado público, de intereses por mora y de aportes por reconexión y reinstalación.

Se aprobó también una resolución de respaldo a la justa lucha que libran los habitantes de Jardín en contra de Ingeniería Total. Por último, los casi quinientos delegados eligieron al comité ejecutivo, integrado por trece miembros, representativos de las distintas regiones. Como primer presidente de la Asociación fue escogido Javier Gaviria Betancur, de la Liga de Medellín.

COBRO DE ABUSIVAS TARIFAS LES LLENO LA TAZA A LOS JARDINEÑOS

Por Javier Gaviria Betancur

Los habitantes de Jardín, municipio cafetero localizado al final de la carretera que de Medellín conduce al suroeste antioqueño, están librando una ejemplar lucha de resistencia civil contra las exorbitantes cuentas del servicio de acueducto y alcantarillado.

En 1997, el gobernador Álvaro Uribe Vélez ordenó liquidar Acuantioquia, empresa pública departamental que era la dueña y administradora de los sistemas de acueducto y, mediante contratos de concesión, los entregó a particulares.

Los acueductos de Jardín, Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Salgar y Segovia los recibió en octubre de 1997 la firma Ingeniería Total, constituida cuatro meses antes, con un capital de tan sólo 21 millones de pesos.

Muy rápidamente las tarifas empezaron a reflejar el desmesurado interés de lucro de los nuevos propietarios, que chocaba con los escasos presupuestos familiares. Miles de quejas y reclamos fueron desatendidos y la fórmula única con que se respondía a los usuarios era: «Las tarifas están autorizadas por la Comisión Reguladora y se ciñen a la ley 142».

En enero del presente año, jardineños y andinos empezaron a organizar sus Ligas de Usuarios para encauzar el descontento popular hacia la búsqueda de soluciones. En marzo, una asamblea multitudinaria decretó en Jardín la desobediencia civil contra Ingeniería Total. Fue elegido un comité cívico, integrado, entre otros, por Gerardo Alzate, Juan Esteban Rendón, Fernando Lenis, Darío Cañaveral y Pedro Pablo Velásquez.

La desobediencia civil arrancó en mayo, con la entrega al Comité de alrededor de 1.900 cuentas, sobre un total de 2.307 usuarios, y para impedir los cortes se creó un comité de reconexión. Pero el ingenio y la sabiduría populares rebasaron todas las fronteras. Con el aporte de módicos 500 pesos por casa o por negocio, los usuarios sellaron con cemento los contadores, impidiendo que se hicieran lecturas de consumo o cortes de servicio.

En el pleito ya ha tenido que intervenir el gobernador. Pero los valientes pobladores mantienen inamovible su voluntad de sacar adelante la desobediencia civil y alcanzar su principal objetivo: que salga el operador privado y que el sistema pase ciento por ciento al municipio.

El Cuarto Protocolo de la OMC: A PUNTO DE LIQUIDAR EMPRESAS NACIONALES DE TELECOMUNICACIONES

Por Ramón Barrios Iriarte

Tras diez años de apertura y privatización en las telecomunicaciones, Telecom y los demás operadores nacionales acaban de recibir el golpe definitivo, con la ratificación por parte del Congreso colombiano del Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General de la OMC sobre el Comercio de Servicios de Telecomunicaciones suscrito por el gobierno de Samper en febrero de 1997. El Protocolo acelera la liquidación de Telecom, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Orbitel, Empresas Públicas de Medellín y las compañías telefónicas locales. Tan estratégico servicio será entregado a las trasnacionales, principalmente norteamericanas, lo cual creará una mayor dependencia del país frente al imperialismo.

Antecedentes

La apertura de las telecomunicaciones comenzó con la ley 72 de 1989, expedida al término de la administración Barco, en los albores de la apertura general de la economía. Dicha ley se anticipó, junto con los decretos 1900 y 1901 de 1990, a la Constitución de 1991 en conceptos como privatización, desmonopolización, competencia, servicios públicos domiciliarios, sistemas de concesiones, etc.

La ley 72 suprimió el control de Telecom sobre servicios como informática, telemática y valor agregado, adscribiéndolo al Ministerio de Comunicaciones. Definió las telecomunicaciones como un servicio público y permitió su prestación por particulares a través del sistema de concesión, mediante contratos o licencias y el pago de derechos, tasa o tarifas.

En virtud de las facultades de la ley 72, fue expedido el decreto 1900 de 1990 , a los doce días de instalada la administración Gaviria, que otorgó amplias potestades al Ministerio de Comunicaciones y estableció el régimen para usuarios y operadores.

Al definir como operador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que gestione servicio de telecomunicaciones, suprimió la exigencia de la nacionalidad colombiana que se había establecido para poder serlo. Además, definió que las telecomunicaciones pueden ser prestadas por particulares en forma directa o mediante concesión.

El decreto 1980 de 1990 abrió la prestación de todos los servicios al capital privado, excepto el básico de telecomunicación internacional, el cual sería mantenido para Telecom.

El Cuarto Protocolo

El paso más nefasto para los intereses nacionales, dentro de este proceso de apertura, acaba de darse con la ratificación del Cuarto Protocolo por el Congreso, por cuanto su aplicación acarrea para el país las siguientes consecuencias:

 Las multinacionales se toman el servicio portador nacional e internacional, llegando al usuario final y explotando los servicios básicos.

 Se apoderan igualmente de servicios que presta Telecom, como arrendamiento de pares aislados, y de circuitos dedicados a la prestación de los servicios de cable submarino, redes satelitales y redes terrestres.

 Se le quita a Telecom la ventaja de ser el único operador del servicio portador internacional autorizado por el Ministerio.

 Se acrecienta el fraude en la prestación de los servicios, dado que el servicio portador es la base de todos los demás. La violación las normas en materia de licencia y de tipo de servicio se va a generalizar, causando pérdidas a los operadores de telefonía pública y de larga distancia internacional y a los operadores locales. Y para mayor deterioro del interés nacional, el arrendamiento de los canales soportados en cable submarino, por su calidad y capacidad frente a las redes satelitales, será un medio que facilitará el fraude, desde el punto de vista técnico y financiero.

 El Protocolo acelera la liquidación de Telecom, por cuanto al acabar con el concepto de local extendida, servicio que cobra la empresa por dejar que otros operadores utilicen su infraestructura a nivel departamental y que le representa aproximadamente el 22% de sus ingresos totales, permite la interconexión en los nodos técnicamente viables, sin cancelarle un centavo a la empresa estatal.

Estados Unidos, único beneficiado

Es importante destacar que la aprobación de este Protocolo fue considerado por Clinton, en su momento, como un «acuerdo histórico», ya que le permitió el primer paso a Estados Unidos para tomarse monopólicamente las telecomunicaciones mundiales, en contra de los países que protegían sus empresas telefónicas, resaltando que el convenio en mención se formalizó dentro del marco de fuertes presiones ejercidas contra países que trataron de preservar su red nacional, entre ellos, Canadá, Japón, México, España, Portugal e Italia, que resistieron, pero acabaron cediendo.

La política de desregulación o apertura se ha venido imponiendo en América Latina con casos extremos como los de Chile o Argentina, donde la apropiación extranjera de las empresas de telecomunicaciones llegó al ciento por ciento.

En Colombia, este proceso está bien avanzado. La permanente expedición de normas por parte de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, CRT, tiene a Telecom a punto de su ruina definitiva. Los estragos privatizadores quedan a la vista con indicadores deficitarios en todos sus rubros de ingresos. Es tan inminente la bancarrota que, al final del presente año, Telecom va a arrastrar pérdidas por encima de los 700 mil millones de pesos, y quedará en cero el rubro de inversiones para los próximos cinco años. A lo anterior se suma el robo perpetrado contra la empresa a través de las ampliaciones telefónicas con varias multinacionales por el sistema de los «contratos de asociación a riesgo compartido» o joint venture, cuyo monto se calcula, entre lo ya pagado y lo que pretenden los «socios extranjeros», en más de 2.5 billones de pesos.

Con la liquidación de las empresas estatales de telecomunicaciones, los primeros afectados serán la mayoría de los municipios y las comunidades del país, cuya comunicación hoy se presta dentro del marco de la telefonía social. Son más de setecientas localidades y más de mil municipios que se cubren con telefonía local. Esta tiene un gran contenido social, en cuanto integra el mercado interior del país, apalanca el desarrollo y cohesiona a la población. Cabe anotar que este mercado, por debajo de las tres mil líneas telefónicas por localidad, es poco atractivo para el capital privado nacional y extranjero por sus bajos márgenes de utilidades, altos costos de instalación, administración, operación y mantenimiento. Es decir, volvemos a los años cuarentas, cuando había una empresa multinacional norteamericana que tenía interconectada a las principales capitales, pero el resto del país se hallaba incomunicado telefónicamente.

Ante este nuevo raponazo contra nuestra soberanía económica, la única alternativa es la batalla unificada en defensa del interés de la nación. Convocamos a todos los patriotas a que acompañen la resistencia civil de los trabajadores de las telecomunicaciones.

ACC SE IRÍA AL PARO NACIONAL

La Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, se iría a un paro de actividades en los próximos días si el gobierno no brinda solución a sus justas demandas, informó el fiscal de la junta directiva nacional, Jorge García. La Asociación, con apenas seis años de fundada, reúne quince seccionales.

«El futuro es muy incierto para nuestro gremio, pues en la actualidad estamos trabajando a pérdida –denunció el directivo, quien también es presidente de la seccional de Caldas—. Los costos fijos de operación de un camión o un dobletroque oscilan entre nueve y diez millones de pesos al mes, mientras que los ingresos –por tres viajes con carga, en promedio— sólo suben a nueve millones, dinero con el que debe atender a las necesidades, también crecientes, de su familia. Lo grave es que este saldo en rojo va creciendo a medida que su vehículo se deprecian por el uso continuo. En resumen, los camioneros nos estamos comiendo nuestros carros».

Si se toman como referencia tres viajes mensuales de ida y vuelta entre Bogotá y Cartagena, en solo ACPM se gastan tres millones; en peajes, $1.200.000, sin contabilizar en esta suma los cuatro peajes internos que vienen siendo instalados en el Corredor de Carga de Cartagena; en alimentación y hospedaje, $600 mil; por cargue, descargue y descarrozada en puerto, $900 mil al mes; para el fondo de reposición del juego de llantas, que vale 20 millones y dura alrededor de un año, $1.600.000. El mantenimiento, incluidos el cambio de aceite y bandas de frenos y las reparaciones periódicas de motor y caja de transmisión, demandan erogaciones mensuales o reservas para el fondo de reposición por $700 mil. En primas de seguros, incluidos el obligatorio o SOAT, y el contractual y extracontractual, $700 mil mensuales. A todo lo anterior deben añadirse el sueldo, las prestaciones y la seguridad social del conductor –no se contabiliza la del mismo propietario, quien aparece afiliado al ISS como independiente—, que fluctúan entre $1.200.000 y $1.500.000. Y eso sin tener en cuenta la liberación de los precios de los combustibles decretada por el gobierno y la escalada de costos de las autopartes.

Si se consiguen los tres viajes, lo que es más bien aleatorio, por la sobreoferta existente en el parque automotor de carga y por la crisis de la industria y la agricultura , el dueño sólo obtiene ingresos por algo más de nueve millones de pesos.

«A tan grave problemática social –agrega Jorge García—, ha de añadirse la discriminación, pues el Ministerio de Transporte les redujo el tope de carga a los camiones o C-2, como también a los dobletroques o C-3. Más ruinosa aún para los pequeños y medianos propietarios es la discriminación que vienen practicando Colfecar, Acecarga y otras empresas de transporte contra los vehículos con más de quince años, pues se niegan a darles carga con la clara intención de sacarlos a la brava del mercado, para beneficio de los grandes monopolios de carga, de los fabricantes gringos y de las firmas importadoras de vehículos. En Colombia, los camiones o dobletroques anteriores a 1985 constituyen el 70% del total del parque automotor».

La ACC ha demostrado que los motores de la casi totalidad de estos vehículos se han repotenciado, y, en consecuencia, no es justo que se los discrimine. «Nuestros carros –dice el fiscal— son la única fuente de subsistencia para decenas de miles de camioneros. Hemos hecho cálculos con base en estudios técnicos y estamos en capacidad de comprobar que de los camiones, dobletroques y tractocamiones dependen directamente un millón cincuenta mil personas, e indirectamente, cerca de seis millones».

La negativa de los últimos gobiernos a brindar solución a tan graves problemas ha ocasionado cinco paros nacionales de camioneros. Pese a ello, el Ministerio del Transporte sigue dando largas a las sentidas exigencias del gremio. Por tal motivo, la ACC ha anunciado que se encuentra preparando el sexto paro nacional, que podría coincidir con el que iniciarán el próximo 31 de julio millares de campesinos, agroempresarios, jornaleros e indígenas, convocados por Salvación Agropecuaria.

URGE RECONSTRUCCIÓN DE SUROCCIDENTE DE SOLEDAD, ATLÁNTICO

Asociación de Viviendistas, Asovivir, exige entrega rápida de viviendas dignas en tamaño y calidad

Por Leila Delgado Almanza

El vendaval que con fuerza destructora azotó en junio el suroccidente de Soledad, en el Atlántico, dejó miles de familias damnificadas, todas en la absoluta miseria, como ocurre en Villa Adela, Renacer, Zarabanda, Ciudadela Metropolitana, Las Colinas, Villa del Carmen, Villa María y Villa Katanga, barrios convertidos desde hace muchos años en refugio para los desplazados de la violencia y para los desempleados por la industria barranquillera en bancarrota.

Están por tierra las esperanzas en la ayuda oficial. «Aquí no hay condiciones para empezar de cero, y por eso creímos que ésta era una buena ocasión para contar con buenos auxilios», comenta Stewart Aguilar, un padre de familia por cuya casa en ruinas pasara el presidente Andrés Pastrana días después de la tragedia prometiendo la salvación.

De nada sirven los gaseosos llamados de las autoridades, como el del alcalde Alfredo Arraut, a buscar soluciones «con el concurso de todos». La reconstrucción de las áreas destruidas tomará mucho tiempo si siguen demorándose en afluir los recursos del gobierno central, así se cuente con la solidaridad del pueblo atlanticense y del resto de colombianos.

El gran obstáculo sigue siendo la política neoliberal al mando. Cuando aún la oleada privatizadora no había liquidado al Instituto de Crédito Territorial, ICT, su respuesta al tornado que en junio de 1983 arrasó el barrio Siete de Julio permitió levantar la Ciudadela Veinte de Julio. No sucedió lo mismo con el reciente vendaval, pues el gobierno ha dejado que sean las llamadas ONG, por la vía de la autoconstrucción, las que promuevan soluciones de vivienda. «Éstas no cuentan con adecuadas especificaciones de resistencia, por cuanto sus propietarios son familias pobres obviamente sin conocimientos técnicos sobre construcción», dice Víctor Ballú, líder comunal del barrio popular Renacer, construido sobre un lote de invasión en la cabecera del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortíssoz. Para Gabriel Salazar, delegado de la organización internacional Médicos sin Fronteras, «si bien la sociedad civil debe demostrar su solidaridad, la tarea principal le corresponde al Estado, que es el que tiene la capacidad económica, la infraestructura y la experiencia en el manejo de este tipo de emergencias».

La segunda alternativa que se ha puesto en marcha es convertir la reconstrucción en un jugoso negocio, por la vía de privatizar las tragedias del pueblo. Ya el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Arnold Gómez, propuso «crear una entidad mixta» y que sea el sector privado el que se encargue de administrarla, «como lo hizo el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, en el caso del Eje Cafetero con el fin de que los recursos se canalicen de la forma más eficiente». Ya hay más de doce cuentas en las distintas corporaciones para la recepción de las ayudas brindadas por el público, cuentas abiertas a nombre de conocidos grupos financieros, como la Fundación Santodomingo, de grupos radiales poderosos o de primeras damas.

La atención a los menores de edad está siendo cubierta por el ICBF con el fácil expediente de abrir un hueco para tapar otro. A las madres comunitarias de la Ciudadela Metropolitana se les ha exigido que abandonen a su suerte a los menores de los hogares comunitarios en los sectores no afectados, para así recibir en sus casas a los infantes de los barrios semidestruidos.

Para cubrir tan sólo las necesidades básicas de los 8.340 damnificados, reubicar a 1.700 familias, reparar 1.200 casas y edificar otras 478, totalmente arrasadas, los costos han sido estimados por la Asamblea departamental en $8 mil millones. A comienzos de junio el gobierno central anunció aportes para la reconstrucción de Soledad por $2.500 millones (El Tiempo, 3 de junio), que aumentó después a $4.200 millones, suma todavía muy por debajo de lo que realmente se precisa.

Ante tan grave situación, ya ha empezado a concretarse la Asociación de Viviendistas del Barrio Renacer, Asovir, que está exigiendo perentoriamente la entrega de viviendas dignas en extensión y calidad. La organización ha hecho suya la exigencia de la Asamblea departamental de que el gobierno declare la emergencia económica en Soledad, acometa las obras con la mayor celeridad, aumente las partidas del gobierno central hasta cubrir el monto requerido y que los barrios sean reubicados en zonas al margen de riesgos, sean legalizados centenares de lotes y se cree una comisión especial en la que tengan voz y voto los voceros de los damnificados.

CORREDOR DE CARGA NO PUEDE SER UNA CARGA MÁS PARA LOS CARTAGENEROS

Por Carlos Carrascal
Finaliza este año la adecuación y construcción de los 90.4 kilómetros del Corredor de Carga, o vía de acceso rápido a Cartagena. La obra fue incluida dentro del Plan Vial de Infraestructura del Distrito y busca, según sus promotores, «el manejo de la carga con acceso rápido desde la Sociedad Portuaria, pasando por los muelles y por la Zona Industrial de Mamonal, hasta Pasacaballos». Será la vía para la importación de mercancías.

El costo, estimado inicialmente en 66 mil millones de pesos, ya va en $150 mil millones. En la ejecución de la obra serán expropiados o comprados, total o parcialmente, 267 predios. La entidad que está a cargo de avaluarlos, y de las negociaciones en general, es la Inmobiliaria Islas del Rosario, que hace los avalúos a su arbitrio. A la Sociedad Portuaria, por ejemplo, se le pagó el metro cuadrado a $300 mil, mientras que a los habitantes de Poseidón y La Cuchilla, a sólo $150 mil.

La obra la lleva a cabo la Concesión Vial de Cartagena, conformada por Álvarez & Collins, KMC Ltda. y Gercón Ltda., la cual recibe, por solo cobro de valorización, el 20% del total de los costos. El 80% restante lo obtendrá del producto de los cuatro peajes que serán instalados en la vía.

36 barrios y dieciséis mil predios –72% residenciales, en su gran mayoría de los estratos 1, 2 y 3— serán gravados con el impuesto de valorización. La Sociedad Portuaria, así como las empresas importadoras, las grandes privilegiadas, no pagarán la contribución. Los cobros a las familias, que serán garantizados por el Distrito, oscilan entre los $12 mil y los $60 mil.

Ya los pobladores de los barrios Martínez Martelo, Bruselas, Amberes y otros habían pagado recientemente gravámenes por la Avenida Crisanto Luque, la Avenida del Lago, la Loma de Bazurto y la pavimentación de las respectivas calles de sus barrios. Ahora les tocará seguir pagando.

De las 10.628 familias que viven en los barrios Nelson Mandela, Pasacaballos, Bocachica, Ceballos, Santa Clara, Policarpa, Santana, Arroz Barato, Las Brisas, Antonio José de Sucre, Caño de Loro, Membrilla, Veinte de Julio, Albornoz, Ararca, Río Alba, La Gloria, Puerta de Hierro, Bella Vista, Libertador, Bernardo Jaramillo, Henequén, Quindío y Villa Barraza, el 93.9% percibe ingresos por debajo de los $200 mil mensuales. Todos son afectados por los gravámenes del Corredor de Carga.

Ha habido constante amenaza de desalojo sobre los pobladores de los barrios Zapatero, La Cuchilla y Manzanillo en el Bosque. No sería extraño que las autoridades distritales aprovecharan la valorización para lograr al fin sus torvos propósitos.

La obra acarreará innumerables perjuicios a los sectores circunvecinos. Al cambiar las rutas de los buses, a mucha gente se la obligará a caminar kilómetros. Los niños de las ocho concentraciones escolares se verán expuestos a las altas velocidades de las tractomulas, máxime cuando, de los 90 puentes peatonales requeridos, el concesionario sólo prevé la construcción de nueve.

En días pasados se conoció el Informe Técnico del Sedic, de Medellín, en el cual advierte sobre el peligro de la obra y demanda su inmediata suspensión, hasta que se cuente con un estudio de drenajes adelantado con el debido rigor técnico.

En varias audiencias públicas, los habitantes se han opuesto tajantemente al cobro de valorización y a los peajes y han exigido que se rectifique el trazado. En idéntico sentido han fijado su posición el Frente Común de Acción Cívica de Cartagena, la Asociación Colombiana de Camioneros, la Corporación Social de Transportadores de Cartagena, la Cooperativa Social de Transportadores de Cartagena, la Asociación de Transportadores Urbanos, el Sindicato de Conductores de Taxis, los ediles y juntas de acción comunal de las Comunas 9, 10 y 11, los vocales de control, la Red de Veedurías, Utradebol y Sudeb.

Si las trasnacionales, la gran burguesía compradora y el concesionario son los beneficiados, deben ser ellos y el Estado los que costeen el proyecto en su totalidad.

* Integrante del Comité Ejecutivo de la Unión de Trabajadores de Bolívar, Utradebol.

EL GOBIERNO APLAZA SU BOLETEO, LA BOLETA FISCAL Y LOS LIQUIDADORES DE LA DIAN

Por Aurelio Suárez Montoya

En la década de los noventa se aprobaron seis reformas tributarias. En ellas el IVA aumentó seis puntos, al pasar de 9 a 15%, y el impuesto de renta, cinco, de 30 a 35%. Los ingresos tributarios de la Hacienda pasaron de $4.1 billones en 1992 a $19 billones en 2000. Sin embargo, los efectos de tales incrementos no tuvieron una contrapartida igual en la solvencia de las finanzas públicas. Por el contrario, el más grande resultado de los últimos años ha sido el desequilibrio de las Cuentas Nacionales, tanto que ocasionó, por la desconfianza transmitida al sistema mundial, un abierto intervencionismo del FMI, inspirado en conocidos brevajes como el incremento de las bases gravables, la reestructuración del aparato estatal, la represión salarial, las privatizaciones, el recorte en el gasto público social y la prioridad en el pago de los intereses de la deuda pública interna y externa.

Es verdad sabida que las penurias fiscales emanan de un modelo económico que, tras la libertad comercial y financiera, permitió, a muy bajos aranceles, el ingreso de mercancías y productos extranjeros que superaron nuestras ventas externas y que esos déficit comerciales, en particular de 1993 a 1998, se financiaron con créditos a altas tasas de interés. Éstos entramparon al país en un endeudamiento del que no se sale fácilmente. Debemos más de $85 billones –¡billones!— y el presupuesto nacional del año 2001 vale menos de $57 billones. Por cada peso que se presupuesta, se adeuda uno y medio. Y de cada cien pesos que el gobierno gasta, casi 40 son para abonar al capital y para pagar intereses. No sólo prestamos para cubrir operaciones de comercio exterior, sino también para pagar gastos de funcionamiento y, últimamente, estamos pagando para prestar y nos prestan para que paguemos. La conocida dinámica del deudor impenitente.

Las políticas impositivas del Estado para conjurar tan terribles quebrantos han tomado las sendas de la injusticia social. Se expresan en la preponderancia dada a los impuestos indirectos y regresivos: al consumo, como el IVA, el de la gasolina o el tres por mil, que gravan a los contribuyentes por igual, independientemente de su estrato económico. Mientras tanto, los impuestos directos y progresivos, como el de la renta directa, van perdiendo importancia en los ingresos estatales. No es entendible que los inversionistas de las zonas francas y las compañías petroleras sean eximidos del impuesto de renta, o que los que cobran intereses por los bonos de deuda pública externa tampoco lo paguen, o que las corporaciones financieras puedan deducir de sus impuestos los bienes que recogen de sus clientes en dación de pago. Pero, en cambio, los hogares más humildes pagan IVA por el jabón, la mantequilla o el aceite. La forma como el Estado cobra sus tarifas tributarias refleja los privilegios existentes en un país.

Tan distorsionado está el perfil fiscal que, según la Regional Centro Occidente de la DIAN, el recaudo por IVA en Pereira pasó de $31 mil millones en 1995 a $68 mil millones en 1999 y, por el contrario, el recaudo por impuesto a la renta bajó de $35 mil millones a $33 mil millones en esos cinco años. Claro que lo anterior también encuentra explicación en el bajón de la actividad económica productiva, sobre todo de la agraria. Las exenciones y deducciones consagradas para los grandes agentes beneficiados valen $7.4 billones. Entre tanto, el Estado se da maña este año para recoger $2 billones a punta de ampliar el IVA o con el tres por mil.

Los estatutos tributarios se complican, porque recoger impuestos entre las capas menos adineradas exige métodos sumamente engorrosos.

Dentro de estas avivatadas, está la de trasladar el costo del control a los contribuyentes. En cada reforma se ha intentado un mecanismo que vaya incorporando a los pequeños contribuyentes al torrente tributario y que sirva de instrumento de inspección para sí mismos y para otros. En los últimos años, la DIAN ha hecho hasta lo imposible para acabar con el Régimen Simplificado. El RUI, el RIS y las cartas de los administradores de impuestos incorporando a tenderos, vendedores estacionarios y famiempresas al Régimen Común fracasaron por inconstitucionales o por la resistencia de los afectados.

El último embeleco en esa tendencia ha sido la boleta fiscal. Los pequeños comerciantes , artesanos y profesionales independientes debían entregarla a sus clientes por transacciones mayores de $10 mil, inicialmente. Era tan absurda la medida, que debieron cambiarla a las volandas, dejándola para transacciones mayores de $40 mil. No quiere decir, como afirma el presidente de Fenalco, que al aumentar la cifra se convierta en buena . No, el asunto, según lo ha aclarado el abogado demandante de la norma, Santiago Salah Argüello, radica en que, cualquiera que sea su valor, se trata de un mecanismo que contraría los principios legales del Régimen Simplificado, no está establecido en el Estatuto Tributario para estos contribuyentes.

Aunque el gobierno ha decidido suspender la boleta fiscal, es simplemente para calmar las protestas y esperar un momento más oportuno para aplicarla. O, en las propias palabras del ministro Juan Manuel Santos, para cambiarle el nombre y hacer campañas «educativas» buscando que los afectados la acepten.

Pero no sólo la boleta fiscal acosa a los asociados. Los avisos «Cerrado por evasión» y «Yo le juego sucio a Colombia» en miles de pequeños locales, y por razones nimias, constituyen castigos de la Santa Inquisición de la DIAN, tal como me escribiera una corresponsal.

El costo de montar un sistema informativo en torno a algo con la misma esencia de la boleta fiscal significa un ahorro incontable, una gran relación beneficio-costo para la DIAN, y se hará por cuenta de millones de contribuyentes, podemos estar seguros de ello. He ahí una insólita forma de cobrar una contribución adicional, al trasladar a los cientos de miles ciudadanos del común los costos que el Estado no asume.

¡Qué boleta!, como dicen los jóvenes.¡ Lo que tienen que hacer para cumplirle al FMI!