Contra privatización y altas tarifas de servicios en Antioquia: CREADA FEDERACIÓN DE LIGAS DE USUARIOS

El 21 de junio, en multitudinario Congreso, nació en Medellín la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios.

El evento, que contó con la presencia de 61 delegaciones, provenientes de todo el departamento y de barrios de la capital, fue instalado por voceros del alcalde y el gobernador y por Jorge Enrique Robledo Castillo, coordinador de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y asesor de las ligas de usuarios.

El Congreso, celebrado en el auditorio de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, por entonces en paro, debatió en cuatro comisiones la situación de los servicios. Las ponencias presentadas a la plenaria coincidieron en condenar la política oficial de entrega de los servicios públicos a la voracidad de los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, a quienes responsabilizaron por la tragedia que hoy viven los hogares colombianos, víctimas de impagables tarifas. Los ponentes señalaron a los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana como agentes del interés foráneo, principalmente norteamericano.

El Congreso aprobó una Declaración de Principios y una Plataforma de Lucha. En ambas se aboga por una política soberana de servicios públicos, sin imposiciones del FMI ni de los monopolios imperialistas, y se reclama la defensa del patrimonio estatal, la eliminación del cobro de cargos fijos, de alumbrado público, de intereses por mora y de aportes por reconexión y reinstalación.

Se aprobó también una resolución de respaldo a la justa lucha que libran los habitantes de Jardín en contra de Ingeniería Total. Por último, los casi quinientos delegados eligieron al comité ejecutivo, integrado por trece miembros, representativos de las distintas regiones. Como primer presidente de la Asociación fue escogido Javier Gaviria Betancur, de la Liga de Medellín.

COBRO DE ABUSIVAS TARIFAS LES LLENO LA TAZA A LOS JARDINEÑOS

Por Javier Gaviria Betancur

Los habitantes de Jardín, municipio cafetero localizado al final de la carretera que de Medellín conduce al suroeste antioqueño, están librando una ejemplar lucha de resistencia civil contra las exorbitantes cuentas del servicio de acueducto y alcantarillado.

En 1997, el gobernador Álvaro Uribe Vélez ordenó liquidar Acuantioquia, empresa pública departamental que era la dueña y administradora de los sistemas de acueducto y, mediante contratos de concesión, los entregó a particulares.

Los acueductos de Jardín, Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Salgar y Segovia los recibió en octubre de 1997 la firma Ingeniería Total, constituida cuatro meses antes, con un capital de tan sólo 21 millones de pesos.

Muy rápidamente las tarifas empezaron a reflejar el desmesurado interés de lucro de los nuevos propietarios, que chocaba con los escasos presupuestos familiares. Miles de quejas y reclamos fueron desatendidos y la fórmula única con que se respondía a los usuarios era: «Las tarifas están autorizadas por la Comisión Reguladora y se ciñen a la ley 142».

En enero del presente año, jardineños y andinos empezaron a organizar sus Ligas de Usuarios para encauzar el descontento popular hacia la búsqueda de soluciones. En marzo, una asamblea multitudinaria decretó en Jardín la desobediencia civil contra Ingeniería Total. Fue elegido un comité cívico, integrado, entre otros, por Gerardo Alzate, Juan Esteban Rendón, Fernando Lenis, Darío Cañaveral y Pedro Pablo Velásquez.

La desobediencia civil arrancó en mayo, con la entrega al Comité de alrededor de 1.900 cuentas, sobre un total de 2.307 usuarios, y para impedir los cortes se creó un comité de reconexión. Pero el ingenio y la sabiduría populares rebasaron todas las fronteras. Con el aporte de módicos 500 pesos por casa o por negocio, los usuarios sellaron con cemento los contadores, impidiendo que se hicieran lecturas de consumo o cortes de servicio.

En el pleito ya ha tenido que intervenir el gobernador. Pero los valientes pobladores mantienen inamovible su voluntad de sacar adelante la desobediencia civil y alcanzar su principal objetivo: que salga el operador privado y que el sistema pase ciento por ciento al municipio.

El Cuarto Protocolo de la OMC: A PUNTO DE LIQUIDAR EMPRESAS NACIONALES DE TELECOMUNICACIONES

Por Ramón Barrios Iriarte

Tras diez años de apertura y privatización en las telecomunicaciones, Telecom y los demás operadores nacionales acaban de recibir el golpe definitivo, con la ratificación por parte del Congreso colombiano del Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General de la OMC sobre el Comercio de Servicios de Telecomunicaciones suscrito por el gobierno de Samper en febrero de 1997. El Protocolo acelera la liquidación de Telecom, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Orbitel, Empresas Públicas de Medellín y las compañías telefónicas locales. Tan estratégico servicio será entregado a las trasnacionales, principalmente norteamericanas, lo cual creará una mayor dependencia del país frente al imperialismo.

Antecedentes

La apertura de las telecomunicaciones comenzó con la ley 72 de 1989, expedida al término de la administración Barco, en los albores de la apertura general de la economía. Dicha ley se anticipó, junto con los decretos 1900 y 1901 de 1990, a la Constitución de 1991 en conceptos como privatización, desmonopolización, competencia, servicios públicos domiciliarios, sistemas de concesiones, etc.

La ley 72 suprimió el control de Telecom sobre servicios como informática, telemática y valor agregado, adscribiéndolo al Ministerio de Comunicaciones. Definió las telecomunicaciones como un servicio público y permitió su prestación por particulares a través del sistema de concesión, mediante contratos o licencias y el pago de derechos, tasa o tarifas.

En virtud de las facultades de la ley 72, fue expedido el decreto 1900 de 1990 , a los doce días de instalada la administración Gaviria, que otorgó amplias potestades al Ministerio de Comunicaciones y estableció el régimen para usuarios y operadores.

Al definir como operador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que gestione servicio de telecomunicaciones, suprimió la exigencia de la nacionalidad colombiana que se había establecido para poder serlo. Además, definió que las telecomunicaciones pueden ser prestadas por particulares en forma directa o mediante concesión.

El decreto 1980 de 1990 abrió la prestación de todos los servicios al capital privado, excepto el básico de telecomunicación internacional, el cual sería mantenido para Telecom.

El Cuarto Protocolo

El paso más nefasto para los intereses nacionales, dentro de este proceso de apertura, acaba de darse con la ratificación del Cuarto Protocolo por el Congreso, por cuanto su aplicación acarrea para el país las siguientes consecuencias:

 Las multinacionales se toman el servicio portador nacional e internacional, llegando al usuario final y explotando los servicios básicos.

 Se apoderan igualmente de servicios que presta Telecom, como arrendamiento de pares aislados, y de circuitos dedicados a la prestación de los servicios de cable submarino, redes satelitales y redes terrestres.

 Se le quita a Telecom la ventaja de ser el único operador del servicio portador internacional autorizado por el Ministerio.

 Se acrecienta el fraude en la prestación de los servicios, dado que el servicio portador es la base de todos los demás. La violación las normas en materia de licencia y de tipo de servicio se va a generalizar, causando pérdidas a los operadores de telefonía pública y de larga distancia internacional y a los operadores locales. Y para mayor deterioro del interés nacional, el arrendamiento de los canales soportados en cable submarino, por su calidad y capacidad frente a las redes satelitales, será un medio que facilitará el fraude, desde el punto de vista técnico y financiero.

 El Protocolo acelera la liquidación de Telecom, por cuanto al acabar con el concepto de local extendida, servicio que cobra la empresa por dejar que otros operadores utilicen su infraestructura a nivel departamental y que le representa aproximadamente el 22% de sus ingresos totales, permite la interconexión en los nodos técnicamente viables, sin cancelarle un centavo a la empresa estatal.

Estados Unidos, único beneficiado

Es importante destacar que la aprobación de este Protocolo fue considerado por Clinton, en su momento, como un «acuerdo histórico», ya que le permitió el primer paso a Estados Unidos para tomarse monopólicamente las telecomunicaciones mundiales, en contra de los países que protegían sus empresas telefónicas, resaltando que el convenio en mención se formalizó dentro del marco de fuertes presiones ejercidas contra países que trataron de preservar su red nacional, entre ellos, Canadá, Japón, México, España, Portugal e Italia, que resistieron, pero acabaron cediendo.

La política de desregulación o apertura se ha venido imponiendo en América Latina con casos extremos como los de Chile o Argentina, donde la apropiación extranjera de las empresas de telecomunicaciones llegó al ciento por ciento.

En Colombia, este proceso está bien avanzado. La permanente expedición de normas por parte de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, CRT, tiene a Telecom a punto de su ruina definitiva. Los estragos privatizadores quedan a la vista con indicadores deficitarios en todos sus rubros de ingresos. Es tan inminente la bancarrota que, al final del presente año, Telecom va a arrastrar pérdidas por encima de los 700 mil millones de pesos, y quedará en cero el rubro de inversiones para los próximos cinco años. A lo anterior se suma el robo perpetrado contra la empresa a través de las ampliaciones telefónicas con varias multinacionales por el sistema de los «contratos de asociación a riesgo compartido» o joint venture, cuyo monto se calcula, entre lo ya pagado y lo que pretenden los «socios extranjeros», en más de 2.5 billones de pesos.

Con la liquidación de las empresas estatales de telecomunicaciones, los primeros afectados serán la mayoría de los municipios y las comunidades del país, cuya comunicación hoy se presta dentro del marco de la telefonía social. Son más de setecientas localidades y más de mil municipios que se cubren con telefonía local. Esta tiene un gran contenido social, en cuanto integra el mercado interior del país, apalanca el desarrollo y cohesiona a la población. Cabe anotar que este mercado, por debajo de las tres mil líneas telefónicas por localidad, es poco atractivo para el capital privado nacional y extranjero por sus bajos márgenes de utilidades, altos costos de instalación, administración, operación y mantenimiento. Es decir, volvemos a los años cuarentas, cuando había una empresa multinacional norteamericana que tenía interconectada a las principales capitales, pero el resto del país se hallaba incomunicado telefónicamente.

Ante este nuevo raponazo contra nuestra soberanía económica, la única alternativa es la batalla unificada en defensa del interés de la nación. Convocamos a todos los patriotas a que acompañen la resistencia civil de los trabajadores de las telecomunicaciones.

ACC SE IRÍA AL PARO NACIONAL

La Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, se iría a un paro de actividades en los próximos días si el gobierno no brinda solución a sus justas demandas, informó el fiscal de la junta directiva nacional, Jorge García. La Asociación, con apenas seis años de fundada, reúne quince seccionales.

«El futuro es muy incierto para nuestro gremio, pues en la actualidad estamos trabajando a pérdida –denunció el directivo, quien también es presidente de la seccional de Caldas—. Los costos fijos de operación de un camión o un dobletroque oscilan entre nueve y diez millones de pesos al mes, mientras que los ingresos –por tres viajes con carga, en promedio— sólo suben a nueve millones, dinero con el que debe atender a las necesidades, también crecientes, de su familia. Lo grave es que este saldo en rojo va creciendo a medida que su vehículo se deprecian por el uso continuo. En resumen, los camioneros nos estamos comiendo nuestros carros».

Si se toman como referencia tres viajes mensuales de ida y vuelta entre Bogotá y Cartagena, en solo ACPM se gastan tres millones; en peajes, $1.200.000, sin contabilizar en esta suma los cuatro peajes internos que vienen siendo instalados en el Corredor de Carga de Cartagena; en alimentación y hospedaje, $600 mil; por cargue, descargue y descarrozada en puerto, $900 mil al mes; para el fondo de reposición del juego de llantas, que vale 20 millones y dura alrededor de un año, $1.600.000. El mantenimiento, incluidos el cambio de aceite y bandas de frenos y las reparaciones periódicas de motor y caja de transmisión, demandan erogaciones mensuales o reservas para el fondo de reposición por $700 mil. En primas de seguros, incluidos el obligatorio o SOAT, y el contractual y extracontractual, $700 mil mensuales. A todo lo anterior deben añadirse el sueldo, las prestaciones y la seguridad social del conductor –no se contabiliza la del mismo propietario, quien aparece afiliado al ISS como independiente—, que fluctúan entre $1.200.000 y $1.500.000. Y eso sin tener en cuenta la liberación de los precios de los combustibles decretada por el gobierno y la escalada de costos de las autopartes.

Si se consiguen los tres viajes, lo que es más bien aleatorio, por la sobreoferta existente en el parque automotor de carga y por la crisis de la industria y la agricultura , el dueño sólo obtiene ingresos por algo más de nueve millones de pesos.

«A tan grave problemática social –agrega Jorge García—, ha de añadirse la discriminación, pues el Ministerio de Transporte les redujo el tope de carga a los camiones o C-2, como también a los dobletroques o C-3. Más ruinosa aún para los pequeños y medianos propietarios es la discriminación que vienen practicando Colfecar, Acecarga y otras empresas de transporte contra los vehículos con más de quince años, pues se niegan a darles carga con la clara intención de sacarlos a la brava del mercado, para beneficio de los grandes monopolios de carga, de los fabricantes gringos y de las firmas importadoras de vehículos. En Colombia, los camiones o dobletroques anteriores a 1985 constituyen el 70% del total del parque automotor».

La ACC ha demostrado que los motores de la casi totalidad de estos vehículos se han repotenciado, y, en consecuencia, no es justo que se los discrimine. «Nuestros carros –dice el fiscal— son la única fuente de subsistencia para decenas de miles de camioneros. Hemos hecho cálculos con base en estudios técnicos y estamos en capacidad de comprobar que de los camiones, dobletroques y tractocamiones dependen directamente un millón cincuenta mil personas, e indirectamente, cerca de seis millones».

La negativa de los últimos gobiernos a brindar solución a tan graves problemas ha ocasionado cinco paros nacionales de camioneros. Pese a ello, el Ministerio del Transporte sigue dando largas a las sentidas exigencias del gremio. Por tal motivo, la ACC ha anunciado que se encuentra preparando el sexto paro nacional, que podría coincidir con el que iniciarán el próximo 31 de julio millares de campesinos, agroempresarios, jornaleros e indígenas, convocados por Salvación Agropecuaria.

URGE RECONSTRUCCIÓN DE SUROCCIDENTE DE SOLEDAD, ATLÁNTICO

Asociación de Viviendistas, Asovivir, exige entrega rápida de viviendas dignas en tamaño y calidad

Por Leila Delgado Almanza

El vendaval que con fuerza destructora azotó en junio el suroccidente de Soledad, en el Atlántico, dejó miles de familias damnificadas, todas en la absoluta miseria, como ocurre en Villa Adela, Renacer, Zarabanda, Ciudadela Metropolitana, Las Colinas, Villa del Carmen, Villa María y Villa Katanga, barrios convertidos desde hace muchos años en refugio para los desplazados de la violencia y para los desempleados por la industria barranquillera en bancarrota.

Están por tierra las esperanzas en la ayuda oficial. «Aquí no hay condiciones para empezar de cero, y por eso creímos que ésta era una buena ocasión para contar con buenos auxilios», comenta Stewart Aguilar, un padre de familia por cuya casa en ruinas pasara el presidente Andrés Pastrana días después de la tragedia prometiendo la salvación.

De nada sirven los gaseosos llamados de las autoridades, como el del alcalde Alfredo Arraut, a buscar soluciones «con el concurso de todos». La reconstrucción de las áreas destruidas tomará mucho tiempo si siguen demorándose en afluir los recursos del gobierno central, así se cuente con la solidaridad del pueblo atlanticense y del resto de colombianos.

El gran obstáculo sigue siendo la política neoliberal al mando. Cuando aún la oleada privatizadora no había liquidado al Instituto de Crédito Territorial, ICT, su respuesta al tornado que en junio de 1983 arrasó el barrio Siete de Julio permitió levantar la Ciudadela Veinte de Julio. No sucedió lo mismo con el reciente vendaval, pues el gobierno ha dejado que sean las llamadas ONG, por la vía de la autoconstrucción, las que promuevan soluciones de vivienda. «Éstas no cuentan con adecuadas especificaciones de resistencia, por cuanto sus propietarios son familias pobres obviamente sin conocimientos técnicos sobre construcción», dice Víctor Ballú, líder comunal del barrio popular Renacer, construido sobre un lote de invasión en la cabecera del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortíssoz. Para Gabriel Salazar, delegado de la organización internacional Médicos sin Fronteras, «si bien la sociedad civil debe demostrar su solidaridad, la tarea principal le corresponde al Estado, que es el que tiene la capacidad económica, la infraestructura y la experiencia en el manejo de este tipo de emergencias».

La segunda alternativa que se ha puesto en marcha es convertir la reconstrucción en un jugoso negocio, por la vía de privatizar las tragedias del pueblo. Ya el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Arnold Gómez, propuso «crear una entidad mixta» y que sea el sector privado el que se encargue de administrarla, «como lo hizo el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, en el caso del Eje Cafetero con el fin de que los recursos se canalicen de la forma más eficiente». Ya hay más de doce cuentas en las distintas corporaciones para la recepción de las ayudas brindadas por el público, cuentas abiertas a nombre de conocidos grupos financieros, como la Fundación Santodomingo, de grupos radiales poderosos o de primeras damas.

La atención a los menores de edad está siendo cubierta por el ICBF con el fácil expediente de abrir un hueco para tapar otro. A las madres comunitarias de la Ciudadela Metropolitana se les ha exigido que abandonen a su suerte a los menores de los hogares comunitarios en los sectores no afectados, para así recibir en sus casas a los infantes de los barrios semidestruidos.

Para cubrir tan sólo las necesidades básicas de los 8.340 damnificados, reubicar a 1.700 familias, reparar 1.200 casas y edificar otras 478, totalmente arrasadas, los costos han sido estimados por la Asamblea departamental en $8 mil millones. A comienzos de junio el gobierno central anunció aportes para la reconstrucción de Soledad por $2.500 millones (El Tiempo, 3 de junio), que aumentó después a $4.200 millones, suma todavía muy por debajo de lo que realmente se precisa.

Ante tan grave situación, ya ha empezado a concretarse la Asociación de Viviendistas del Barrio Renacer, Asovir, que está exigiendo perentoriamente la entrega de viviendas dignas en extensión y calidad. La organización ha hecho suya la exigencia de la Asamblea departamental de que el gobierno declare la emergencia económica en Soledad, acometa las obras con la mayor celeridad, aumente las partidas del gobierno central hasta cubrir el monto requerido y que los barrios sean reubicados en zonas al margen de riesgos, sean legalizados centenares de lotes y se cree una comisión especial en la que tengan voz y voto los voceros de los damnificados.

CORREDOR DE CARGA NO PUEDE SER UNA CARGA MÁS PARA LOS CARTAGENEROS

Por Carlos Carrascal
Finaliza este año la adecuación y construcción de los 90.4 kilómetros del Corredor de Carga, o vía de acceso rápido a Cartagena. La obra fue incluida dentro del Plan Vial de Infraestructura del Distrito y busca, según sus promotores, «el manejo de la carga con acceso rápido desde la Sociedad Portuaria, pasando por los muelles y por la Zona Industrial de Mamonal, hasta Pasacaballos». Será la vía para la importación de mercancías.

El costo, estimado inicialmente en 66 mil millones de pesos, ya va en $150 mil millones. En la ejecución de la obra serán expropiados o comprados, total o parcialmente, 267 predios. La entidad que está a cargo de avaluarlos, y de las negociaciones en general, es la Inmobiliaria Islas del Rosario, que hace los avalúos a su arbitrio. A la Sociedad Portuaria, por ejemplo, se le pagó el metro cuadrado a $300 mil, mientras que a los habitantes de Poseidón y La Cuchilla, a sólo $150 mil.

La obra la lleva a cabo la Concesión Vial de Cartagena, conformada por Álvarez & Collins, KMC Ltda. y Gercón Ltda., la cual recibe, por solo cobro de valorización, el 20% del total de los costos. El 80% restante lo obtendrá del producto de los cuatro peajes que serán instalados en la vía.

36 barrios y dieciséis mil predios –72% residenciales, en su gran mayoría de los estratos 1, 2 y 3— serán gravados con el impuesto de valorización. La Sociedad Portuaria, así como las empresas importadoras, las grandes privilegiadas, no pagarán la contribución. Los cobros a las familias, que serán garantizados por el Distrito, oscilan entre los $12 mil y los $60 mil.

Ya los pobladores de los barrios Martínez Martelo, Bruselas, Amberes y otros habían pagado recientemente gravámenes por la Avenida Crisanto Luque, la Avenida del Lago, la Loma de Bazurto y la pavimentación de las respectivas calles de sus barrios. Ahora les tocará seguir pagando.

De las 10.628 familias que viven en los barrios Nelson Mandela, Pasacaballos, Bocachica, Ceballos, Santa Clara, Policarpa, Santana, Arroz Barato, Las Brisas, Antonio José de Sucre, Caño de Loro, Membrilla, Veinte de Julio, Albornoz, Ararca, Río Alba, La Gloria, Puerta de Hierro, Bella Vista, Libertador, Bernardo Jaramillo, Henequén, Quindío y Villa Barraza, el 93.9% percibe ingresos por debajo de los $200 mil mensuales. Todos son afectados por los gravámenes del Corredor de Carga.

Ha habido constante amenaza de desalojo sobre los pobladores de los barrios Zapatero, La Cuchilla y Manzanillo en el Bosque. No sería extraño que las autoridades distritales aprovecharan la valorización para lograr al fin sus torvos propósitos.

La obra acarreará innumerables perjuicios a los sectores circunvecinos. Al cambiar las rutas de los buses, a mucha gente se la obligará a caminar kilómetros. Los niños de las ocho concentraciones escolares se verán expuestos a las altas velocidades de las tractomulas, máxime cuando, de los 90 puentes peatonales requeridos, el concesionario sólo prevé la construcción de nueve.

En días pasados se conoció el Informe Técnico del Sedic, de Medellín, en el cual advierte sobre el peligro de la obra y demanda su inmediata suspensión, hasta que se cuente con un estudio de drenajes adelantado con el debido rigor técnico.

En varias audiencias públicas, los habitantes se han opuesto tajantemente al cobro de valorización y a los peajes y han exigido que se rectifique el trazado. En idéntico sentido han fijado su posición el Frente Común de Acción Cívica de Cartagena, la Asociación Colombiana de Camioneros, la Corporación Social de Transportadores de Cartagena, la Cooperativa Social de Transportadores de Cartagena, la Asociación de Transportadores Urbanos, el Sindicato de Conductores de Taxis, los ediles y juntas de acción comunal de las Comunas 9, 10 y 11, los vocales de control, la Red de Veedurías, Utradebol y Sudeb.

Si las trasnacionales, la gran burguesía compradora y el concesionario son los beneficiados, deben ser ellos y el Estado los que costeen el proyecto en su totalidad.

* Integrante del Comité Ejecutivo de la Unión de Trabajadores de Bolívar, Utradebol.

EL GOBIERNO APLAZA SU BOLETEO, LA BOLETA FISCAL Y LOS LIQUIDADORES DE LA DIAN

Por Aurelio Suárez Montoya

En la década de los noventa se aprobaron seis reformas tributarias. En ellas el IVA aumentó seis puntos, al pasar de 9 a 15%, y el impuesto de renta, cinco, de 30 a 35%. Los ingresos tributarios de la Hacienda pasaron de $4.1 billones en 1992 a $19 billones en 2000. Sin embargo, los efectos de tales incrementos no tuvieron una contrapartida igual en la solvencia de las finanzas públicas. Por el contrario, el más grande resultado de los últimos años ha sido el desequilibrio de las Cuentas Nacionales, tanto que ocasionó, por la desconfianza transmitida al sistema mundial, un abierto intervencionismo del FMI, inspirado en conocidos brevajes como el incremento de las bases gravables, la reestructuración del aparato estatal, la represión salarial, las privatizaciones, el recorte en el gasto público social y la prioridad en el pago de los intereses de la deuda pública interna y externa.

Es verdad sabida que las penurias fiscales emanan de un modelo económico que, tras la libertad comercial y financiera, permitió, a muy bajos aranceles, el ingreso de mercancías y productos extranjeros que superaron nuestras ventas externas y que esos déficit comerciales, en particular de 1993 a 1998, se financiaron con créditos a altas tasas de interés. Éstos entramparon al país en un endeudamiento del que no se sale fácilmente. Debemos más de $85 billones –¡billones!— y el presupuesto nacional del año 2001 vale menos de $57 billones. Por cada peso que se presupuesta, se adeuda uno y medio. Y de cada cien pesos que el gobierno gasta, casi 40 son para abonar al capital y para pagar intereses. No sólo prestamos para cubrir operaciones de comercio exterior, sino también para pagar gastos de funcionamiento y, últimamente, estamos pagando para prestar y nos prestan para que paguemos. La conocida dinámica del deudor impenitente.

Las políticas impositivas del Estado para conjurar tan terribles quebrantos han tomado las sendas de la injusticia social. Se expresan en la preponderancia dada a los impuestos indirectos y regresivos: al consumo, como el IVA, el de la gasolina o el tres por mil, que gravan a los contribuyentes por igual, independientemente de su estrato económico. Mientras tanto, los impuestos directos y progresivos, como el de la renta directa, van perdiendo importancia en los ingresos estatales. No es entendible que los inversionistas de las zonas francas y las compañías petroleras sean eximidos del impuesto de renta, o que los que cobran intereses por los bonos de deuda pública externa tampoco lo paguen, o que las corporaciones financieras puedan deducir de sus impuestos los bienes que recogen de sus clientes en dación de pago. Pero, en cambio, los hogares más humildes pagan IVA por el jabón, la mantequilla o el aceite. La forma como el Estado cobra sus tarifas tributarias refleja los privilegios existentes en un país.

Tan distorsionado está el perfil fiscal que, según la Regional Centro Occidente de la DIAN, el recaudo por IVA en Pereira pasó de $31 mil millones en 1995 a $68 mil millones en 1999 y, por el contrario, el recaudo por impuesto a la renta bajó de $35 mil millones a $33 mil millones en esos cinco años. Claro que lo anterior también encuentra explicación en el bajón de la actividad económica productiva, sobre todo de la agraria. Las exenciones y deducciones consagradas para los grandes agentes beneficiados valen $7.4 billones. Entre tanto, el Estado se da maña este año para recoger $2 billones a punta de ampliar el IVA o con el tres por mil.

Los estatutos tributarios se complican, porque recoger impuestos entre las capas menos adineradas exige métodos sumamente engorrosos.

Dentro de estas avivatadas, está la de trasladar el costo del control a los contribuyentes. En cada reforma se ha intentado un mecanismo que vaya incorporando a los pequeños contribuyentes al torrente tributario y que sirva de instrumento de inspección para sí mismos y para otros. En los últimos años, la DIAN ha hecho hasta lo imposible para acabar con el Régimen Simplificado. El RUI, el RIS y las cartas de los administradores de impuestos incorporando a tenderos, vendedores estacionarios y famiempresas al Régimen Común fracasaron por inconstitucionales o por la resistencia de los afectados.

El último embeleco en esa tendencia ha sido la boleta fiscal. Los pequeños comerciantes , artesanos y profesionales independientes debían entregarla a sus clientes por transacciones mayores de $10 mil, inicialmente. Era tan absurda la medida, que debieron cambiarla a las volandas, dejándola para transacciones mayores de $40 mil. No quiere decir, como afirma el presidente de Fenalco, que al aumentar la cifra se convierta en buena . No, el asunto, según lo ha aclarado el abogado demandante de la norma, Santiago Salah Argüello, radica en que, cualquiera que sea su valor, se trata de un mecanismo que contraría los principios legales del Régimen Simplificado, no está establecido en el Estatuto Tributario para estos contribuyentes.

Aunque el gobierno ha decidido suspender la boleta fiscal, es simplemente para calmar las protestas y esperar un momento más oportuno para aplicarla. O, en las propias palabras del ministro Juan Manuel Santos, para cambiarle el nombre y hacer campañas «educativas» buscando que los afectados la acepten.

Pero no sólo la boleta fiscal acosa a los asociados. Los avisos «Cerrado por evasión» y «Yo le juego sucio a Colombia» en miles de pequeños locales, y por razones nimias, constituyen castigos de la Santa Inquisición de la DIAN, tal como me escribiera una corresponsal.

El costo de montar un sistema informativo en torno a algo con la misma esencia de la boleta fiscal significa un ahorro incontable, una gran relación beneficio-costo para la DIAN, y se hará por cuenta de millones de contribuyentes, podemos estar seguros de ello. He ahí una insólita forma de cobrar una contribución adicional, al trasladar a los cientos de miles ciudadanos del común los costos que el Estado no asume.

¡Qué boleta!, como dicen los jóvenes.¡ Lo que tienen que hacer para cumplirle al FMI!

FMI Y ALCA ACONDICIONAN REFORMA LABORAL EN ZONAS ESPECIALES

Por Winston Petro

Casi a hurtadillas, el Congreso de la República aprobó la ley 293 por medio de la cual se crean las Zonas Especiales Económicas de Exportación, ZEEE, localizadas en los municipios de Buenaventura, Cúcuta, Valledupar e Ipiales y sus áreas metropolitanas creadas por ley. Los inexorables requerimientos del Fondo Monetario Internacional y la proximidad de la vinculación del país al mercado común previsto por el ALCA hicieron que Angelino Garzón, Juan Manuel Santos y Marta Lucía Ramírez apremiaran a los legisladores para aprobar de modo relámpago la nueva reforma laboral que esquilma de manera casi definitiva a la clase obrera colombiana.

Los funcionarios neoliberales aprovecharon el caos que caracteriza las ejecutorias del actual gobierno y los afanes de concertación que obsesionan a algunos contingentes obreros. Si bien en la ley se consagran normas de aplicación en los mencionados municipios, se le da potestad al gobierno para extenderlas a otros ubicados también en las fronteras, de acuerdo con la evaluación de las ganancias que los monopolios vayan obteniendo. Se introducen la mayoría de los atentados contra las conquistas de los trabajadores, contenidos en varios de los proyectos de reforma laboral que después de las leyes 50 y 100 han intentado imponerse, y que sólo por motivos de orden político no cristalizaron en el inmediato pasado.

De tal manera que, si por los avatares de la misma descomposición social en que se encuentra el país los monopolios no llegasen a anidar en este pequeño paraíso que se les crea, el gobierno habrá avanzado en la imposición de las normas laborales más regresivas dentro del plan de recolonización norteamericana: el abaratamiento, aún mayor, del costo de la mano de obra.

Las ventajas ofrecidas a los monopolios, tanto nacionales como extranjeros, que se pongan una nueva careta para participar en el convite, podrán ser incrementados por otras establecidas en leyes, ordenanzas, etc., es decir, no tendrán límites.

En la ley 50 de 1990 no se pudo incluir la negación del pago del recargo nocturno ni el previsto para el trabajo dominical o festivo. Esta vez el gobierno se sale con la suya y establece la pérdida para los trabajadores de estas mínimas garantías, a más de estipular la jornada de 36 horas semanales. Se institucionalizan igualmente la jornada de 18 horas semanales y el pago por hora de la remuneración y al salario se le incluyen el valor del recargo por festivo dominical, el de las prestaciones y el de beneficios tales como las primas legales, las cesantías y sus intereses y los subsidios cuando se habla de la jornada limitada. El salario integral baja del rango actual de diez salarios mínimos a tres para el trabajador que pudiera ganarlos. Las fatídicas sociedades intermediarias quedan facultadas para atender las demandas de la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, así como la prestación de servicios individuales o conjuntos por parte de sus miembros, algo que calca lo que de antiguo se denominó el contrato sindical, puesto en boga por el abogado Marcel Silva y sus allegados.

Continuando con el debilitamiento del SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación, los aportes sobre los salarios de los trabajadores a estas instituciones serán sólo del 50% de los que exige la legislación laboral. La seguridad social en salud y riesgos profesionales del trabajador y su familia podrá incluso ser regulada por modalidades aún peores que las de la regresiva ley 100 de 1993. Lo mismo ocurre con las pensiones, para las cuales se anota que sus aportes serán realizados por las horas efectivamente trabajadas, lo cual hace infinito el número de años necesarios para obtener la jubilación, ateniéndose al recorte de la jornada en su versión de 36 horas semanales o de la limitada.

Si para la ejecución de la apertura se necesitó de algún respaldo político de los empresarios engatusándolos con el desmonte de la precaria estabilidad existente y la eliminación de la retroactividad de las cesantías, esta vez el gobierno se valió del papel de alcahuete desempeñado por el ministro de Trabajo, quien a la vez que presta su concurso para estas trapisondas, de vez en cuando saca a brillar sus galones como integrante de los bandos sindicales en no muy lejanas épocas. El atentado es de tales proporciones, que la clase obrera está obligada a elevar su nivel de resistencia, a evitar que la cartera del Ministerio de Trabajo se le convierta permanentemente en una trampa y a exigirles a las centrales obreras que se pongan al frente de la batalla contra la política imperial que practica Estados Unidos sobre nuestra nación.

EL RAPONAZO A LAS PENSIONES

Por Olger Forero

El gobierno cocina un proyecto de reforma pensional para el que, con el sofisma de la concertación, su ministro del Trabajo pretende conseguir el aval del movimiento obrero. Esta reforma hace parte de las exigencias del FMI dentro del Plan de Ajuste Económico, que tiene especial mención en el Plan Colombia. En ambos está dirigido a liberar recursos del Estado para cumplir con los pagos de la deuda externa.

El aspecto central de la reforma es poner mayores trabas para que los trabajadores puedan alcanzar el derecho de la pensión, para lo cual aumentan los requisitos, reducen la prestación y le facilitan a los Fondos Privados la canalización de dichos recursos. Esto se logra aumentando la edad de jubilación de 62 a 67 años, y las semanas de cotización, de 1.000 a 1.300, subiendo los aportes de patronos y trabajadores y disminuyendo la mesada pensional al establecerla en 50% del promedio salarial de la vida laboral, en cambio del 60% de los últimos diez años, en que la había situado la ley 100.

Lo que se propone el gobierno es: 1. Pagar lo menos posible por las pensiones 2. Darle un impulso al sistema de ahorro individual en los Fondos Privados de Pensiones, que es en esencia una negación del derecho.3. Acabar con los regímenes especiales y 4. Ahondar en el debilitamiento del sistema pensional del ISS.

Cálculos actuariales del gobierno, meras especulaciones

Para entender a cabalidad la posición del gobierno sobre el problema pensional, basta conocer los datos expuestos por el director de Planeación Nacional, Juan Carlos Echeverry. Según informa Portafolio (28-V-01), el funcionario dijo que en 1990 las pensiones significaban el 0,9%% del PIB; en el año 2000 eran el 2,8 y, según él, pueden llegar a 5%. «Esa senda se considera explosiva, y por eso hay que agilizar la reforma», agregó. No obstante, en muchos países este indicador es mucho más alto: llega en Estados Unidos a 6,8% del PIB y pasa de 10% en países de Europa como Bélgica, España, Finlandia y Grecia. El gobierno, entonces, funda su argumentación exagerando el pasivo pensional.

El pasivo pensional a cargo del Estado se ha incrementado por culpa del incumplimiento de sus obligaciones con el ISS, que llegan a 42 billones de pesos, y con los fondos pensionales que atienden a los trabajadores del Estado. No obstante, el gobierno sobreestima ese pasivo pues no todos los trabajadores se pensionan al mismo tiempo y los desembolsos son graduales.

Las cuentas deben hacerse sobre la base de los trabajadores activos en el país y de los que efectivamente estén en edad y tiempo de pensión. Conocido el número real de pensionados, debe verificarse si los recursos asignados cubren la obligación, teniendo en cuenta que se necesita un volumen de cotizantes activos suficientes para sostener el sistema. Esta forma de evaluar, ajustada por completo a la realidad, mostrará una cifra infinitamente menor para pensiones. Y para garantizar su pago, en lugar de recortar las nóminas, se requiere aumentar el empleo para irrigar el sistema de cotizantes. Que la proporción de pensionados crezca sin que aumente la cantidad de los cotizantes se debe al estancamiento de la economía, por la política neoliberal.

.La responsabilidad de otorgar las pensiones es del Estado y de los patronos. Cuando se creó el ISS, los trabajadores fueron obligados a contribuir para su propia pensión; después, el Estado incumplió con sus aportes, los patronos impusieron la evasión y, posteriormente, con los Fondos Privados de Pensiones y cesantías y con la Ley 100, se abolió el concepto de pensión y se sustituyó por el de ahorro individual en cabeza del trabajador.

De los 4.5 millones de afiliados del ISS, 46.1 % son inactivos, es decir, no cotizan por más de seis meses, y en los Fondos Privados, 50.2% de sus 3.750.000 afiliados tampoco lo hacen. Asunto clave en la crisis pensional y que tiene como única causa la quiebra del aparato productivo nacional y la desmejora en la calidad del empleo, con el predominio de la inestabilidad.

Capital financiero, el gran beneficiado

Las reformas en pensiones y cesantías han beneficiado exclusivamente a la banca privada. Dentro del esquema neoliberal, las pensiones dejaron de ser un aspecto de la seguridad social para convertirse, como la salud, en un pingüe negocio de los grandes banqueros, quienes desde la crisis de 1982-1984 vieron en las pensiones una fuente de recursos: «El problema radica en la dificultad de acceso a fondos de largo alcance. En busca de alguna solución valdría la pena estudiar… alternativas. La primera se refiere al Fondo de Pensiones, estos podrán ser administrados por las Corporaciones Financieras con lo cual se podría tener recursos estables a largo plazo» (del libro Banca 84, publicado por la Asociación Bancaria, p. 183).

Según el Banco Mundial, la administración del sistema debe ser privada, porque permite una mejor asignación de los recursos y hay menos posibilidades de presionar el déficit fiscal por la vía del mayor gasto público (Banco Mundial, 1994, James 1995:6)

Actualmente, dos de los grandes grupos colombianos, AVAL y Sindicato Antioqueño, controlan 47% de las captaciones. El capital español controla 35%. O sea, entre ambos controlan 82% de las captaciones.

La inversión de los fondos se ha destinado a la especulación financiera. En 2001 estos rendimientos dependen en más de 90% de: bonos de deuda pública externa e interna, de inversiones en el exterior y, por supuesto, reciben una consideración muy especial los títulos o bonos del sector financiero. En cambio, el llamado sector real de la economía recibe una inversión por debajo de 10%.

Estos fondos, a diciembre de 2000 captaron ocho billones de pesos y en la actualidad manejan captaciones por 13 billones, que equivalen a 20% del total de activos de la banca. En la cifra anterior se incluyen 2,3 billones de cesantías.

El sentido de las reformas propuestas por el gobierno es fortalecer aún más los Fondos Privados y con ellos al sector financiero; dificultar el acceso de los trabajadores a los beneficios pensionales y arrebatar de un tajo las conquistas que el movimiento sindical ha logrado en décadas de lucha, nivelándolos por lo bajo. La tesis de que son las pensiones las causantes del déficit fiscal, mientras se entregan millonarios recursos al sector bancario, no es más que una cortina de humo que pretende ocultar el nefasto papel del endeudamiento externo y de la apertura económica en la actual crisis. Los trabajadores deben defender sus conquistas, luchando por mantener su nivel de vida y con la convicción de que sus ingresos, al aumentar la demanda de bienes y servicios, contribuirán decisivamente al desarrollo de la economía nacional.

Corresponde a las centrales obreras y al Comando Nacional Unitario, organizar esta batalla y desechar las ilusiones en una concertación cuyo único efecto es desmovilizar al pueblo.

DISTRITO LE PONE CONEJO A HOSPITALES PUBLICOS EN MAS DE $30 MIL MILLONES ANUALES

Más de $30 mil millones dejó de cancelar el Distrito en el 2000 a sus hospitales públicos por concepto de atención a la población vinculada, la cual, con limitaciones, sigue siendo atendida en Bogotá con recursos del Estado. Esta cifra fácilmente podría superar los $40 mil millones, si se contabilizan las pérdidas de todos los 22 hospitales públicos de la capital.

El secretario de Salud, representante legal del Fondo Financiero Distrital de Salud, desde noviembre de 1996, estableció unas tarifas irrisorias para el sector público en la atención de vinculados, sustancialmente inferiores a lo establecido por el decreto 2423 de 1996 y a los costos hospitalarios. La falta de recursos de los hospitales públicos del Distrito facilitó la imposición de la siniestra medida, diseñada para burlar el decreto y acelerar la ruina y liquidación de los hospitales públicos del Distrito.

En febrero de este año empezó a conocerse la magnitud del daño ocasionado. La lista de pérdidas en el 2000 la encabezan los hospitales de El Tunal y Simón Bolívar, con más de $7 mil millones cada uno. Les siguen, el Hospital Occidente de Kennedy, con poco más de $6 mil millones y La Victoria, con más de $2.500 millones, para sólo mencionar los del tercer nivel.

Y, mientras el Fondo Financiero Distrital de Salud les pone conejo a los hospitales públicos al no cancelarles las tarifas del decreto, al sector privado sí le cancela éstas, como punto de partida. Un ejemplo clarifica el asunto. Con las tarifas impuestas por la Secretaría, el valor pagado por la atención de un paciente vinculado en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, demórese los días que se demore su atención, es de $3.300.000. En cambio, el valor pagado al hospital o clínica privada por cada día de atención a tarifas del decreto es de un millón. Así, si la recuperación de un paciente en la UCI requiere 40 días de atención, el Distrito les paga a los hospitales privados $40 millones. Al hospital público, tan sólo $3.300.000. De aquí que la sola UCI del Hospital Occidente de Kennedy durante el 2000 perdiera más de $1.500 millones, pues el promedio de estadía de los pacientes ampliamente supera los cuatro días, y es irresponsable forzar la salida de un paciente dentro de los tres primeros días de atención para cumplir con los parámetros de muerte (eficiencia) de la Secretaría de Salud.

Enfrentar a Mockus

Cuando aún era candidato, Mockus anunció que seguiría con las fusiones de hospitales. Ahora, sin desechar aquella idea, viene preparando los hospitales para que sufran nuevas restructuraciones. Las que tiene programadas para este año se concretarían a más tardar el 28 de septiembre, según lo establece el cronograma de la Alcaldía, dictado dentro de los lineamientos liquidacionistas que estableció la Secretaría de Salud para el período del 2001 al 2004.

Siguiendo el camino de lucha trazado por Fecode y Anthoc contra el Acto Legislativo 012, los trabajadores de salud en Bogotá y sus organizaciones deben volcarse a fortalecer el Frente Común por la Defensa de la Educación y la Salud, con miras a enfrentar en mejores condiciones a la administración Mockus. Facilita la concreción de este planteamiento el hecho de que el paro adelantado por Fecode y Anthoc no fue levantado sino suspendido, anunciando con ello que se librarán nuevas batallas en el segundo semestre contra la reforma pensional y de la ley 60 de 1993, con lo cual el portentoso frente seguirá avanzando.

Unido a ello, se debe elevar la denuncia pública del estruendoso y anunciado fracaso de las fusiones y restructuraciones realizadas en el 2000. Y enrostrarle a Mockus que él, al igual que Peñalosa, viene sistemáticamente violando la ley en materia de tarifas de servicios de salud, con el fin de tumbarles importantes recursos a los hospitales públicos y acelerar su cierre y liquidación.