Contra el 012 unidad y lucha: FECODE SEÑALÓ EL CAMINO

Por Alejandro Torres

El episodio de la reforma constitucional mediante la cual se redujeron las transferencias de recursos de los ingresos corrientes de la nación a los departamentos y municipios, destinados a los gastos de salud y educación, dividió el país en dos bandos claramente definidos: de un lado, el pueblo que rechazaba la abrupta merma de los ya insuficientes fondos, y del otro, la cúspide oligárquica empecinada en «honrar», sin más dilaciones, su «pacto» de diciembre de 1999 con el Fondo Monetario Internacional.

El 20 de junio, al «final del comienzo» de la enconada batalla -frase de Churchill, citada por el editorialista de El Espectador, para expresar su contento por la aprobación de la reforma y pedir que se continuara la andanada antipopular-, el apátrida ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, hizo la V de la victoria asomado a los balcones del Capitolio. Los manifestantes, llenos de la más profunda indignación y el odio más acerbo estremecieron con sus consignas la Plaza Mayor de Colombia: «¡Abajo el 012! ¡Abajo las imposiciones del Fondo Monetario Internacional! ¡ Y no queremos y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana! ¡Abajo el gobierno de Pastrana!». La escena concentraba lo acontecido a lo largo de casi dos meses. El portentoso movimiento del pueblo había sido derrotado por el establecimiento, pero la conciencia de millones de colombianos, guiados consecuentemente por Fecode, había avanzado lustros. El transitorio fracaso se convirtió en halagüeña señal de que el avance de los relegados de siempre, en procura de sus anhelos libertarios, lo detendrán cada vez menos la confusión de las mentes y la falta de confianza en las propias fuerzas.

El XVII Congreso de Fecode elucidó que el combate contra el Acto Legislativo 012 era inevitable y orientó a las bases a apresurar los preparativos para librarlo. La Junta Nacional del 4 de mayo concretó este mandato ordenando un cese de 48 horas, los días 9 y 10 de mayo, y dispuso el inicio del paro nacional indefinido para el 15 del mismo mes. La grandiosidad de la primera jornada presagió que la lucha sería de enormes proporciones. Colombia estuvo semiparalizada hasta el 20 de junio. Los días en que no había tomas de las capitales, se hacían masivas asambleas o jornadas de agitación barrial para explicar las razones de la lucha. No obstante que la Plenaria del Senado aprobó el proyecto el 15 de mayo y que deberían pasar más de 20 días para que fuera abordado por la Cámara, el Comité Ejecutivo de la Federación tomó, unánimemente, una de las más cruciales y audaces decisiones: profundizar el paro y no suspenderlo. La consecuente jefatura puso el oído en tierra, y al sentir el tumulto que venía de abajo tomó la certera determinación. De no haber sido así, la eclosión del movimiento estudiantil y el apoyo popular se habrían frustrado y el paro entrado en bancarrota. La Toma de Bogotá del 5 de junio fue un río humano que llenó varias veces durante el día la Plaza de Bolívar. Igual sucedió el 7, en el paro nacional convocado por el Comando Unitario, acatado por la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales y que tuvo las características de un combativo movimiento cívico. Ni la represión ni la prohibición de los desfiles arredraron a nadie. El paro sólo paró cuando, aprobada la ley, el Frente Común, liderado por Fecode y Anthoc, dio la orden de tomar un respiro para afrontar los ingentes retos del próximo semestre. Y si los gringos a través de Alberto Alesina notificaron que se proponían «quebrarle el espinazo» a Fecode, para poder darles vía libre a las reformas, la Federación, que terminó más fortalecida que nunca, les demostró que los trabajadores colombianos seguirán contando con uno de sus bastiones más preciados, incluso cuando ya no quede ni sombra de los que hoy se proponen destruirlo.

El «frente común» de la reacción

y el oportunismo

En cambio la victoria pastranista fue poco menos que pírrica. Para lograrla hubo de utilizar los aviesos métodos que constituyen el acontecer normal en las lides parlamentarias: el chantaje, el halago, el soborno, la amenaza, el trueque. No es que los sectores más avanzados dentro del comando de la protesta se hubieran hecho ilusiones sobre que el establo parlamentario produjera nada distinto de lo que en efecto produjo; pero sabían que la pelea debía librarse con el telón de fondo del debate en las Cámaras, porque tal coyuntura facilitaba canalizar la energía popular contra el oprobioso designio.

Pero el gobierno no solamente recurrió al chalaneo parlamentario para imponer su política. Alineó tras de sí a los seis ex presidentes de la República, quienes suelen emitir sus sabias opiniones en favor de su congénere en el mando cuando pasa aprietos; recogió el aval de todos los aspirantes a la primera magistratura; puso a recitar la cartilla a los voceros de los gremios económicos; formó su «frente común» con los ministros de Hacienda, Educación, Salud, Trabajo y el director del Departamento Nacional de Planeación para marcar a los congresistas; sedujo a la plana mayor de los informadores, desde los más encumbrados, pasando por los infaltables don Juan y don Yamid, hasta llegar a las presentadoras de las notículas de farándula, quienes debían cacarear la salmodia de que el gobierno lo que quería era aumentarles los giros a las regiones pero que, inexplicablemente, maestros, médicos, enfermeras, estudiantes y padres de familia se oponían a tan loable propósito. Para esta «campaña de opinión», de harta utilidad resultaban los jefes de las Carteras que debían tramitar el asunto: dos vástagos de las encumbradas familias que han acumulado las ofensivas fortunas y privilegios que ostentan, traficando por décadas con la tergiversación consuetudinaria de las informaciones: los señoritos Juan Manuel Santos y Francisco José Lloreda, herederos de las casas editoriales El Tiempo y El País, respectivamente.

Todos los nombrados desempeñaron a fondo el papel que se les asignó. Comencemos por los ex presidentes. Éstos, como cuando ejercieron el mando, actuaron en el papel de embaucadores. Para no faltar a la verdad, el único que no se molestó en hipocresías fue Gaviria. López Michelsen favoreció la iniciativa porque «los economistas reconocidos no están contra el proyecto», argumento que demuestra más bien lo lesivo del mismo, si se tiene en cuenta que los más aureolados miembros de esa cofradía lo que hacen es balbucir las deformaciones imperialistas de esa ciencia. El «compañero jefe» agregó que se trataba no de reducir la plata sino de «cuantificarla de otro modo». Para Samper, lo que se perseguía era «racionalizar los recursos», y su «prueba reina» era que así se lo había manifestado el ministro de Hacienda. Turbay Ayala estimó que estábamos, evidentemente, ante una «nueva modalidad» de asignar los caudales. A Carlos Lemos, tan crítico de Pastrana, la utilidad del proyecto le pareció «indudable». Belisario Betancur, el poeta amagacita, atacó en acre prosa a los inconformes: la educación únicamente se privatizará «si triunfan los enemigos de la reforma». Por el contrario, Gaviria, el más influyente de todos, no se puso con los disimulos de sus colegas: «La situación de las finanzas públicas se está volviendo insostenible. El servicio de la deuda cada día pesa más en el presupuesto nacional y consume una proporción creciente de los ingresos corrientes. Sin una reforma constitucional a las transferencias la situación se torna explosiva»; y agregó que de ser así el gobierno quebraría. Es decir, la verdad monda y lironda: o se hacían los recortes o se suspendían los pagos del principal y los réditos de la deuda externa. Sobra anotar que la primera opción era la que aconsejaba el secretario general del Ministerio de Colonias, la OEA.

Si el anterior fue el comportamiento de los ex presidentes, qué decir de los que aspiran a serlo. Destaquemos apenas, y por si las dudas, a Horacio Serpa. El candidato de la «sensibilidad social», el de la «oposición patriótica», el hoy por hoy principal sustentáculo del desprestigiado Pastrana, a quien le viene sacando las castañas del fuego desde cuando se saldó el chico del referendo, le dio la orden a la bancada oficialista del liberalismo de apoyar sin reservas la iniciativa gubernamental. Sus objetivos eran obvios: buscar el favor de los amos del Norte, el del gobierno, el del ministro de Hacienda, su díscolo copartidario y competidor, que puede mover sus influencias para que la prensa se torne más benévola hacia su candidatura y para que hasta lo traten de «estadista». Una vez más se comprueba lo ya archisabido: que los doctores Serpa y Samper gustan posar de abanderados de las «causas sociales», pero siempre secundan las patrañas urdidas contra el pueblo y la nación. A pesar de esto quedan por ahí todavía algunos evadidos de las toldas izquierdistas, incluidos ciertos ex compañeros de viaje de nuestro Partido, que esperan que el susodicho impostor se dé a «sublevar la gleba» contra Pastrana y el imperio, cuando el país supo cómo, aún en los álgidos momentos en que sobre el gobierno anterior caía el azote gringo, el patriotismo de su ministro del Interior se ceñía, rigurosa y altivamente… a cobrar cada mes el cheque de la nómina.

Dentro del «frente común» oficialista, participó el ministro del Trabajo, Angelino Garzón. Éste, mientras los estudiantes eran golpeados salvajemente en las calles de todo el país y sus demostraciones atacadas a punta de bombas lacrimógenas, repetía, imperturbable, que el gobierno no profesaba otro ánimo que el de respetar la protesta social. Pero cada vez agregaba razones nuevas para justificar la anulación de la graciosa garantía: que no consentiría que «cualquier conflicto social o político trate de dirimirse atacando a la prensa, cuya única misión es informar»; que la protesta debía «ser compaginada con el derecho a la educación y a la salud». Como en los casos de Antonio Díaz, Jorge Carrillo u Orlando Obregón, el «ministro obrero» no pasaba de ser una comparsa del régimen reaccionario. La no declaratoria de ilegalidad del paro obedeció, antes que al respeto a la protesta, a la preocupación del gobierno por que se hiciera efectivo el nombramiento de la «comisión de encuesta» como una sanción de la OIT. Asunto que se puso de manifiesto con el tratamiento despótico dado a los maestros luego del paro como si éste se hubiera ilegalizado.

El hecho se presta para recordar la explicación que les diera Carlos Marx a los obreros franceses acerca de que los verdaderos ministerios del Trabajo en la sociedad capitalista son los de Hacienda, Comercio, Obras Públicas, en los cuales «se acuña la moneda que tiene circulación», y que junto a ellos «un ministerio proletario del trabajo tenía que ser necesariamente el ministerio de la impotencia, el ministerio de los piadosos deseos». Desde luego que no se nos ocurre pensar que al ministro Angelino GGarzón lo animen, para atornillarse al cargo, las mismas intenciones idealistas que a los obreros galos cuando levantaban la consigna del ministerio obrero, en el alba de las luchas del proletariado como clase independiente.

La anterior actitud guarda relación con la de algunos que también desde supuestas posiciones contestatarias, han decidido adoctrinar a las masas y a las fuerzas revolucionarias sobre cómo «modernizar» la llamada protesta social. Uno de los casos es el del académico Alejo Vargas, sedicente ideólogo de la «izquierda», quien mientras el pueblo libraba la desigual lucha se dedicó a divagar, desde el periódico santista, sobre presuntas lecciones de la huelga en torno a «como se relaciona la sociedad civil con lo político»; y sobre las larguezas de la Constitución de 1991 que permiten que se manifiesten los diversos intereses «incluida la protesta social». Empero, en sus vacuos raciocinios no le cupo ni siquiera una ligera alusión de apoyo al paro; apenas acotó, condescendiente, que estábamos ante «una manera distinta, aunque confusa, de expresión política de lo social». Dicho con todo respeto por el acatado profesor, las que resultan arrevesadas son sus especulaciones, ya que el movimiento no sólo fue claro sino que ayudó a despejar la oscuridad.

Licencias para los de arriba…

Las admoniciones del ministro Garzón sobre la sacrosanta y neutral misión de informar de la prensa, y las ponderaciones del profesor Vargas a la Carta de 1991, nos sirven para recabar en un aspecto de la naturaleza de las libertades en la sociedad burguesa. Las clases dominantes alardean sobre el inapreciable bien de la libertad de prensa que ellas defienden para todos, sin distingo alguno. Pero a la hora de nona las mayorías se enteran por su propia experiencia, que una cosa son las declaraciones solemnes sobre sus supuestas prerrogativas y otra muy distinta la posibilidad real de ejercitarlas. Y si no que se diga dónde estaban las rotativas para que maestros y trabajadores hospitalarios pudieran expresar ampliamente las razones reales de su lucha; dónde las potentes emisoras para que los padres de familia expusieran las causas por las que apoyaban tan decididamente la protesta de sus hijos; en qué lugar los canales televisivos a disposición de los líderes sindicales y estudiantiles para rechazar las calumnias proferidas contra ellos. En cambio el gobierno utilizaba sin tasa ni medida los grandes diarios y las estaciones públicas y privadas de radio y televisión, para esparcir un sartal de mentiras sobre la protesta popular, para maquillar las intenciones del Acto Legislativo, para presionar a los parlamentarios. Los dineros públicos corrieron a rodo para esto, hasta que inclusive sectores ajenos a los sucesos expresaron su rechazo por el descaro oficial, lo que obligó a la propia Comisión Nacional de Televisión, cuando el trabajo sucio estaba hecho, a «exigirle» al gobierno que cambiara los mensajes que empezaban con la frase malintencionada de «no se deje engañar». El ex ministro Jaime Castro señaló que la campaña publicitaria del gobierno era un evidente «abuso de poder». Por contraste, a Fecode, para dar a conocer la verdad verdadera de lo que estaba sucediendo, le tocaba entregarle a los Santos las sumas millonarias que valen los avisos en su diario. Y el ministro que derrochaba ilegalmente el erario en la campaña contra los huelguistas y en pro del 012, «denunciaba» a Fecode por no utilizar los dineros pagados a El Tiempo en comprar desayunos para los niños pobres; cínica provocación de un gobernante de esos que «exaltan los derechos de los niños mientras a sus padres los arrojan de los puestos de trabajo».

La infame campaña desinformadora del círculo palaciego se explica por la ira que le causaba la enorme dimensión que adquirió el combate popular. Primero dijeron que el aminoramiento de los recursos para salud y educación era una falacia de los sindicalistas, que se hallaban enzarzados disputándose la presidencia de la CUT. Sin embargo, al día siguiente de la aprobación del 012, El Espectador reconoció palmariamente: «El proyecto reduce, con respecto al régimen actual, en 9 billones de pesos las transferencias de la Nación a los municipios y departamentos, desde 2002 hasta 2008», que fue lo que sostuvieron desde el comienzo los líderes gremiales.

Posteriormente, cuando, a lo largo y ancho del país, cientos de miles de jóvenes se tomaron las calles, cerraron los pocos colegios en los que la campaña amedrentadora del gobierno había mellado el ánimo de algunos docentes, y le imprimieron un radicalismo refrescante a la pelea, los pontífices de la reacción se rasgaron las vestiduras en su infinita preocupación por la suerte de los muchachos que eran utilizados como «carne de cañón»; y adujeron que era imposible que los estudiantes entendieran un problema tan ajeno a ellos… el de la educación. Y eso que en la propia gran prensa en ocasiones excepcionales, y para mostrarse amplios, publicaron los razonamientos juveniles que desmentían las aseveraciones oficiales y oficiosas sobre su participación en la contienda; los mismos pensamientos que expresaban en las marchas, en los corrillos, en los bloqueos, en los foros, en las carpas, en los mítines. El Espectador del 25 de mayo publicó las opiniones de algunos: «Nos parece el colmo que el ministro nos trate de bobos y nos irrespete diciendo que no tenemos ni idea de por qué protestamos»; «Hay papás que no tienen plata para pagar pensiones ni matrículas»; «la plata que le descuentan en impuestos a la gente, y que siempre les daban a la educación y a la salud, la van a utilizar para pagar la deuda externa»; «como los recursos ya no van a alcanzar nos los van a cobrar a nosotros para mantener los colegios. Eso es privatizar»; «los papás de muchos de nosotros apenas consiguen para comer, ¿de dónde van a sacar para pagar pensiones?»; «Lo único que quieren es que nos quedemos ignorantes». Afirmaciones que demuestran no sólo el grado de comprensión de la juventud, sino que dilucidan que tal entendimiento tiene como caldo de cultivo las agobiantes penurias que se padecen en sus propios hogares. De ahí que el ímpetu de los adolescentes se manifestara con la furia de un ciclón. Un hecho no visto hacía décadas y que reclama orientaciones certeras y audaces de las fuerzas revolucionarias frente a las reivindicaciones particulares del estudiantado, que conduzcan a elevar su nivel ideológico, de organización, unidad y conciencia política, lo que permitirá forjar decenas de miles de cuadros, que las masas necesitan para que les ayuden a conducir las grandes luchas venideras, y para que aprendan desde un principio a ligarse estrechamente a los obreros y campesinos y a ser hombres, como subrayaba Mao, «de integridad inflexible, sin sombra de servilismo ni obsequiosidad, cualidad ésta la más valiosa en los pueblos coloniales y semicoloniales».

Obviamente, al señor ministro sólo le parecen válidas las opiniones de los jóvenes cuando son promovidas por alguno de los miembros de su clan y desde sus medios; como por ejemplo las escandolas de su primo Francisco sobre supuestos veredictos de millones de niños en torno a los más complejos temas de la paz y de la guerra que, según los dueños de Citytv, los impúberes sí entienden a las mil maravillas.

Otra ruindad del gobierno consistió en la harto increíble conseja de que los maestros no son más que una turba de privilegiados. Argumento manido contra los sectores más organizados y avanzados de los trabajadores para arrebatarles las conquistas logradas luego de procelosas luchas, y que vienen siendo conculcadas implacablemente, en especial a partir de la ley 50 de 1990 y de la 100 de 1993.

Los «privilegios» del magisterio, que tanto duelen a los plutócratas, se reducen a tener un escalafón laboral casi inmune a los tejemanejes politiqueros y electorales; un régimen de pensiones especial que apenas se compadece con el enorme desgaste propio de la enseñanza; y una organización sindical fuerte que propende a la dignificación de las condiciones materiales y espirituales de vida de los educadores. No puede sino encolerizar que Pastranas, Santos y Lloredas, ahítos de todo, vengan a cebarse en los maestros, entre quienes los más afortunados, luego de costearse de su propio bolsillo una larga carrera universitaria y decenas de cursos de capacitación, de laborar veinte o más años, llegan a la categoría 14 del escalafón, la más alta, con un sueldo que no alcanza a un millón y medio de pesos, lo cual los impele a sufrir, junto al resto del pueblo, las ásperas privaciones de la pobreza.

…Perfidia contra el pueblo

Como último paso de la comedia de las acusaciones, el gobierno, pecando por la boca, recurrió a su artillería más pesada: los dineros de las transferencias se despilfarran en francachelas y comilonas por los maestros, en connivencia con las autoridades departamentales y regionales. De manera que alcaldes y gobernadores son unos derrochadores. Pero Santos exhibió como uno de sus más resonantes éxitos, el aval de muchos mandatarios regionales y municipales, encabezados por los confesos serpistas Guillermo Gaviria, gobernador de Antioquia, y Luis Pérez, alcalde de Medellín; respaldo alcanzado susurrándoles a los ávidos mandatarios cómo se les facilitaría saquear los recursos del novedoso Sistema General de Participaciones, la famosa «bolsa común», al no discriminarse en ésta los montos destinados a educación y salud; y convenciéndolos de que los recortes se repondrían con la venidera reforma tributaria territorial y afincando en la educación los sistemas de subsidio a la demanda, pago por capitación, venta de servicios, nombramiento de rectores gerentes, en fin, privatizando. Y de adehala, endulzándoles el oído con la abolición del régimen pensional y el estatuto docente y la generalización de los contratos a término fijo, conocidos como Orden de Prestación de Servicios, OPS.

A los pocos días de la presentación «coincidencial» que hizo el Contralor, Carlos Ossa, de su «informe de auditoría al uso de las transferencias», en el cual se basó la campaña «moralista» contra los educadores y trabajadores de la salud; la presión de éstos y de otros sectores, llevó a que el mismo funcionario reconociera que de los problemas de ineficiencia, desgreño administrativo, ausencia de control y corrupción de que adolece el manejo de los recursos girados a los entes territoriales, los primeros responsables son el gobierno nacional, los gobernadores y alcaldes y las propias Contralorías. Como afirmaran los directivos de Fecode: a cuenta de qué iban a resultar comprometidos en el dolo los maestros, quienes no tienen que ver en la ordenación del gasto, y cuya única relación con el erario es la de cobrar su sueldo, cuando se lo pagan oportunamente.

Pero lo más exasperante de esas villanas acusaciones era que provinieran de Juan Manuel Santos, un fanfarrón que por largos años se lucró de los fondos públicos administrados por la Federación de Cafeteros, para darse la gran vida en Europa, y quien hace parte de uno de los mandatos más descompuestos que haya padecido Colombia. Parecía de manicomio ver y oír cómo impartía cátedra de moral un gobierno que exhibe entre sus principales realizaciones las siguientes: los robos al Banco del Estado; el negociado de Chambacú; el regalo de 26 mil millones de pesos a los socios de Dragacol, aportantes de su campaña electoral, y a quienes pusieron libres recientemente mediante la maniobra de dejar vencer los términos; las raterías del secretario privado del presidente y amigo del alma, Juan Hernández; el escándalo de Commsa, en el que resaltan las obsequiosidades de su ministro de Transporte con los contratistas; el aberrante caso destapado, en medio del paro, por El Nuevo Herald, un periódico gringo, en el que aparecen conchabados el embajador estrella, Luis Alberto Moreno, también socio en Chambacú, y un hermano suyo; el ex ministro Luis Fernando Ramírez; la señora Fanny Kertzman, ex directora de la DIAN; el embajador en París, Juan Camilo Restrepo, también protagonista en Dragacol; y Jacky Bibliowicz uno de los importantes contribuyentes de la campaña de Pastrana a la presidencia, todos tejiendo una elaborada maniobra para no cobrarle al Banco del Pacífico, en Miami, una garantía a favor de Colombia por 140 millones de dólares. Sólo en este último estraperlo de los íntimos de Pastrana los colombianos estamos perdiendo más de 300 mil millones de pesos. Para colmo quieren hacerle creer a la nación atónita por la corruptela de cuello blanco, que las aulagas de las finanzas obedecen a los sueldos del magisterio y a que el alcalde de Ciénaga de Oro desvió cinco millones de pesos para apoyar las fiestas del cazabe, según cuentan las pesquisas del Contralor.

No obstante las inobjetables razones y la ardorosa pelea, el parlamento cumplió una vez más con su papel de celestina del Ejecutivo. Aunque no pocos congresistas optaron por oponerse cerradamente a las pretensiones de Pastrana: Jaime Dussán se destacó al frente del grupo oposicionista en el Senado y en más de una ocasión logró impedir las avivatadas del ministro, que se solazaba metiéndole «micos» al proyecto encaminados principalmente a cercenarles los derechos adquiridos a los educadores; el senador Darío Martínez hizo una encendida denuncia del imperialismo norteamericano y del papel que jugaba Santos como testaferro del FMI; en el Senado también lucharon denodadamente contra el proyecto Vivián Morales, Héctor Helí Rojas, Rodrigo Rivera, Carlos Corsi, Gustavo Guerra y Jesús Enrique Piñacué, entre otros. En la Cámara se destacaron por su consecuencia los representantes Nelly Moreno, Elsy Melo, Antonio Navarro, Germán Navas Talero, Zulema Jattin, William Vélez, Carlos Ramos, Jesús Ignacio García, Gustavo Petro, Edgar Ruiz y varias decenas más. Por el contrario, en el papel de apuntaladores de las órdenes del FMI, se distinguieron sicofantes al estilo de Luis Humberto Gómez Gallo, Juan Martín Caicedo Ferrer, Germán Vargas, Claudia Blum, Carlos Arturo Ángel, o rabiosos especímenes en busca de notabilidad y de prebendas como William Sicachá, José Darío Salazar, o un tal Luis Fernando Velasco, quien es de esos individuos a los que, como dijera Jorge Eliécer Gaitán, se les nota «la punta del cheque en el bolsillo», como que fue artífice junto con el ex ministro Humberto Martínez del «mico» en una ley que le permitía a Comcel birlarle una suma millonaria en dólares a Telecom, la ETB y Orbitel. El desdén frente a las exigencias de las masas y el comportamiento antipopular y antinacional de varios de estos personajes, fue la razón para que en algunos sitios el pueblo desfogara justamente su odio contra ellos, apedreándoles sus sedes políticas o sus viviendas; ante lo cual el gobierno y los medios elevaron una vez más el tono de sus imposturas contra la organización sindical del magisterio.

Contra la pertinaz agresión, extender la resistencia

Como si todo lo anterior fuera poco y a pesar del vasto movimiento desatado contra su Acto Legislativo, el gobierno, mientras transcurría el debate, salió con otro sartal de medidas contra el pueblo. Un día antes del inicio del paro indefinido, Pastrana convocó la llamada «Cumbre en Palacio», para que se ocupara de «desactivar la bomba pensional»; es decir, alterar las condiciones de jubilación en el ISS, el magisterio, Cajanal, Ecopetrol, Telecom, las Fuerzas Militares y de Policía y el Congreso. ¡Respecto a esto, militares y congresistas verán que hacen, pero los trabajadores no tienen nada que negociar!. Además vendrán las modificaciones de la ley 60, complemento necesario de los cambios a las transferencias; la anunciada reforma tributaria territorial para que mediante el «esfuerzo fiscal propio» se le saque al pueblo lo quitado por el 012; la elevación escandalosa de los impuestos en Bogotá, anunciada por Mockus; las notificadas nuevas alzas de las tarifas de los servicios. Para completar, en la legislatura se aprobaron las llamadas Zonas Económicas Especiales de Exportación, ZEEE, que serán el «laboratorio» para erigir en todo el país los tristemente célebres talleres de sudor, para estrujarles plusvalía a los obreros hasta que revienten.

Está caldeada la ofensiva del imperialismo y la oligarquía contra el pueblo. El momento exige acelerar los aprestos para la batalla, cuyo principal pulso será el paro cívico nacional aprobado por el Comando Unitario, al que precederá el gran paro nacional agropecuario indefinido a iniciarse el 31 de julio, y que preparan sin desmayo agricultores, empresarios e indígenas, dirigidos por la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. De acuerdo con esa necesidad y aunque nuestra fuerza se someterá a las decisiones que aprueben Fecode y el Comando Unitario, creemos que el propuesto referendo derogatorio del 012 podría convertirse en una trampa desmovilizadora, ya que la capacidad de maniobra del enemigo, en ese terreno suyo de la «democracia participativa», conduciría fácilmente a encajar una derrota innecesaria. Cuando el gobierno propaga, ante su éxito parlamentario, que las luchas son vanas e inútiles; lo que apremia es potenciar la envergadura del combate y apelar con aún mayor decisión al apoyo de todo el pueblo colombiano.

Los maestros, los estudiantes, miles de padres de familia, y los trabajadores de la salud, con su soberbia exhibición de organización y fuerza, marcaron durante mayo y junio el camino de la resistencia y demostraron que están en ascenso el inconformismo y la lucha de los explotados; condiciones, las primeras entre todas, para forjar el gran frente único de resistencia antimperialista por el que clama Colombia. En favor de éste también acude el hecho de que a pesar de que Pastrana logró la unanimidad de los privilegiados en torno a su reforma, por los mismos días del paro estallaron conflictos entre ellos, como el de la negativa a la fusión entre las aerolíneas Avianca y Aces, que expresan que las contradicciones en la cúspide tienden también a agudizarse. Señales si se quiere mínimas pero seguras de que no está tan lejos, como algunos pueden imaginarse, el día en que los de arriba no puedan y los de abajo no quieran seguir viviendo como antes.

Todo lo anterior se ahondará con la crisis de la economía imperialista, de la que ya se observan alentadores signos y la cual no podrán evitar los mandamases del orbe así hallen transitorio alivio arrasando la producción de las naciones relegadas y extenuando aún más a los pobres de todo el planeta, incluidos los de las propias metrópolis; y a lo que auspiciosamente los pueblos están respondiendo con luchas que estallan hoy en Quebec, al siguiente día en Manila, luego en Buenos Aires, más tarde en Salzburgo, en Seúl, ora en Atenas, muy posiblemente en Génova, Italia, y, de nuevo, en nuestra espléndida Colombia.

Con la mira puesta en el venturoso porvenir que deparan los anteriores hechos, los integrantes del Frente Común por la Defensa de la Educación y la Salud pueden repetir con Federico Engels, el maestro del proletariado: «Una derrota después de un tenaz combate es un hecho de mucho mayor importancia revolucionaria que una victoria ganada fácilmente».

En Bogotá marchas sin precedentes

Uno de los obstáculos que más pesaron al comienzo, cuando se estaba pertrechando el contingente, fue la debilidad en Bogotá. «El paro indefinido se aprobó –dice Carlina Polo, activista de la Asociación Distrital de Educadores— aun a sabiendas de que en la capital había baches. Fue un gran acierto de Fecode. No había otro camino. Los maestros debíamos librar la gran batalla».

Los hechos demostraron, en efecto, que al atreverse a dar la orden, el Comité Ejecutivo de la Federación de Educadores atinó en el análisis. Innumerables veces se colmó a reventar la Plaza de Bolívar, tras aguerridas marchas, sin precedentes en la historia del magisterio bogotano.

En Bogotá, la lucha acometida por Fecode y la ADE fue el canal de expresión del descontento ciudadano, que, en vez de apaciguarse con los días, se hizo más radical. Aquí, como en decenas de ciudades, la presencia masiva de padres de familia y estudiantes fue el rasgo principal del movimiento.

Su combatividad se hizo notoria en todas partes. En la localidad de Suba, desde el martes 22 de mayo hasta el levantamiento del paro, el Comité Pro Defensa de la Educación Pública, con el apoyo valeroso del director de la jornada mañanera, cerró el Nueva Gaitana, que alberga a 1.500 estudiantes. Y cuando, al mando de un piquete, un mayor de Carabineros quiso forzar la puerta, un padre de familia tomó la vocería: «Si usted, mayor, nos atropella, aténgase a las consecuencias». Después, con sangre fría, y ante el denuesto temerario que le lanzara el oficial, el hombre replicó: «Terroristas, no va a encontrar aquí, compañero. Nosotros somos padres de familia y estamos defendiendo con el paro la educación de nuestros hijos. Si usted desea entrar, vaya y me trae una orden de allanamiento».

En el aún más populoso sector de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, escuelas y colegios se vieron clausurados en su gran mayoría por las asociaciones de padres de familia y por los mismos estudiantes. En el Rodrigo Lara Bonilla, que agrupa en tres jornadas a 2.700 alumnos, se citó una asamblea comunal para votar el paro indefinido o la reapertura del colegio. Un maestro propuso abrir las puertas. Freddy, un muchacho de dieciséis años, invidente, que acabó convirtiéndose en el líder estudiantil, se paró a responderle, en medio del silencio más solemne: «Profesor, la educación comienza por tener dignidad. No haga que le perdamos el respeto».

Fue de allí de donde salió quizá el más resonante de los coros, cuyo estribillo pegajoso no tardó en ser cantado por millones de colombianos hasta en los más distantes rincones de la patria:

Y nó-que-re-mos

y-no-nos-da-la-gana

ser-una-colo-nia

norte-a-me-ri-ca-na.

Y sí-que-re-mos

Y juntos-lucha-re-mos

Por-una-Colom-bia

Libre-y-sobe-ra-na.

En Medellín: «Ejerciendo la autoridad»

«Es la palabra de ustedes contra la del gobierno, y les creemos es a ustedes», fue la expresión de un padre de familia en el Liceo Pedro Luis Villa, del populoso barrio de Manrique, en Medellín, cuando, en presencia de un vocero de Adida, se estaba dirimiendo en asamblea si se ratificaba el paro indefinido. Fue el mismo vecindario –pues «esta lucha es de nosotros»— el que por aplastante mayoría votó sellar las puertas con cerrojos, candados y cadenas, para que no quedaran dudas. Idénticas escenas se vivieron en el Liceo La Alcaldía, de Belén, el Lomalinda, de Itagüí, el La Granja-Taller, de San Antonio del Prado, y muchos más.

El diario El Colombiano sacó en primera plana la entrevista con una madre de familia, entrada en años, a quien la reportera preguntó: «Usted que opina de esto y esto que dice el doctor Mockus». La señora le dijo: «Al gobierno le duele que los niños peleen en las calles, defendiendo la educación, pero no le duelen esos niños que deambulan día y noche ofreciendo confites en los buses o soplando sacol».

Lady Johanna, estudiante de sexto grado, de doce años, es la actual personera del Manuela Beltrán, en Manrique Oriental. El 15 en la mañana, al iniciarse el paro, la muchacha madrugó a su colegio, cerró con fuertes lazos la puerta principal y empezó a devolver a todo el mundo. Diez minutos más tarde se hizo presente la rectora. La negativa de la alumna fue cortés pero terminante: no, lo sentía mucho, no había excepciones, no podía ingresar. Tras insistir unos minutos, la funcionaria pareció optar por la zalema: «Mi amor, déjame entrar, tengo la agenda en la oficina». La niña, muy tranquila, se limitó a observarle: «Pues de malas, señora. Aquí estamos en paro».

El 14, la víspera, Lady Johanna había estado en un simposio de personeros estudiantiles convocado por Alfonso Berrío, presidente de Adida, en el cual se explicó a los asistentes la Ley General de Educación, en el capítulo que versa sobre el gobierno en los colegios. Según reza la norma, al personero le compete «proteger los derechos de los estudiantes». Fue lo que hizo la menor. Lady Johanna comentaba después que, al clausurar la puerta con candados y lazos, ella no estaba quebrantando ley alguna, sino ejerciendo, «simplemente», su autoridad.

Salvo algunos lunares, muy escasos, tanto rectores y coordinadores, agrupados en Corodea, como directivos de núcleo, en Adnea, supervisores, en la Asda, y educadores de contratistas del municipio, en Asdem, se sumaron con decisión al paro indefinido.

No fueron a la zaga los alcaldes. Muchos de ellos, como los de Envigado, San Luis y Santa Bárbara, presidieron las asambleas de la comunidad educativa y expresaron su público rechazo al 012.

En medio del combate se fundó la Coordinadora Departamental de Asociaciones de Padres de Familia, que agrupa a más de 80 comités en igual número de colegios, y surgieron varias federaciones de estudiantes.

Fue una intrépida lucha, que Jorge Gómez, el secretario regional del MOIR, resume en esta frase: «Al SGP del FMI, Fecode respondió con DPR: dignidad, patriotismo y resistencia».

En Cartagena: la mejor fiesta

El 14 de mayo, en la tradicional Plaza de la Aduana, millares de personas celebraron el Día del Maestro respaldando la orden de paro indefinido. La gran carpa instalada en la Calle del Cuartel se mantuvo durante más de un mes con turnos rigurosos, día y noche. Hasta allí se acercaron a ponerse a la orden los integrantes de la Asociación de Directivos Docentes, Adidobol, de la Unión de Trabajadores de Bolívar, Utrabol, y de decenas de juntas comunales. También Luis Daniel Vargas, gobernador del departamento, apoyó el paro de los educadores y condenó el proyecto 012.

Luis Carlos Fuentes, presidente de Sudeb, evaluó en 95% la presencia del magisterio regional en la protesta y agregó que en Bolívar se presentó el mismo fenómeno que se dio en el país: la participación entusiasta de millares de padres de familia, que a mediados de junio lograron conformar su federación, bajo el nombre de Fedepadres.

Avanzó la conciencia de clase

El vivaz contenido de clase de consignas y cantos fue el otro de los rasgos del paro indefinido. Las satíricas coplas contra los gringos y el FMI, contra Pastrana, contra los congresistas tránsfugas, contra el ministro Santos, se aunaron con lemas, no menos combativos, en defensa de la salud y educación públicas.

En una marcha típica –por ejemplo, la del 7 de junio, en Bogotá—, no tardaba en oírse la mordaz ironía contra el talante mercenario del Congreso. El versito, muy rítmico, iba siendo bailado por los grupos de jóvenes que avanzaban tomados de la mano:

Vengan todos a ver

vengan todos a ver

esto no es un Congreso

éstas son tipas* de Cabaret.

Después, parlante en mano, una activista proponía esta ronda:

Ju-ga-re-mos-en-el-bos-que

mientras Andrés no está.

¿Dónde está, dónde está?

De todos lados brotaban las respuestas: «Privatizando la salud», o «Privatizando la educación», o «Entregando a Colombia». Claro que había otras, pero aquí, infortunadamente, impublicables.

Con la música de «La gota fría», se le enviaba un recado al presidente:

Yo tengo un paseo grosero

para el hijo´e Misael.

Él nos trata de embusteros

y más embustero es él.

Varios cientos de jóvenes, en la cabeza del desfile, pregonaban a una sola voz el siguiente Bando:

Se informa al público de la República

que la educación pública se va a acabar.

¿Qué hará el público de la República

sin educación pública donde estudiar?

Y remataban coreando:

El pue-blo-lo-re-pi-te-y-tie-ne-la-ra-zón

primero es lo primero, salud y educación.

El alboroto se hacía atronador cuando la muchachada, más atrás, restallaba:

Con las manos (palmas haciendo un ruido como ta-ta-ta-ta)

con los pies (zapateando en el pavimento, con mucho mayor fuerza y en tropel)

por-aquí-por-allá

¡el 0-12-ca-e-rá!

¡el 0-12-ca-e-rá!

¡el 0-12-ca-e-rá!

Y en seguida, de súbito, los cientos de estudiantes se lanzaban a gritos por la calle, corriendo en estampida.

* En esta cancioncilla, que entonaba entre risas la multitud, la palabra tipas solía ser remplazada por otra más sonora.

En Pereira: Villa Docente

Villa Docente, un vivaque de carpas que abigarraba el Parque Olaya, fue el eje de la huelga en Risaralda. Fue desde allí de donde el SER, el sindicato de educadores, se proyectó a los municipios y a la comunidad educativa mediante conferencias y videos.

La movilización permanente dio la nota. Cuando en medio del paro indefinido, la señorita Elsa Gladys Cifuentes, gobernadora del departamento, hizo aprobar el Plan de Desarrollo, que llevaba incluidos la restructuración hospitalaria y el obsoleto Nuevo Sistema Escolar, el comité de paro no tardó en repudiarlo como otra imposición imperialista, por conducto del Banco Interamericano de Desarrollo. Hubo mítines diarios de protesta frente al palacio de la Gobernación y masivos bloqueos en Cerritos. En el mismo sentido de condena resuelta fijó su posición el diputado Carlos Alberto Croswaithe.

En Cesar: se amplía el Frente Común

De los 25 Concejos con que cuenta el departamento, dieciséis rechazaron el 012. Merecen destacarse las bizarras declaraciones emitidas por los Concejos de Aguachica, Valledupar, Codazzi, Gamarra, Becerril, Bosconia y Chiriguaná. A finales de mayo, la Asamblea del departamento les pidió a los parlamentarios cesarenses no aprobar la medida. Acataron la exhortación ocho de ellos, entre representantes y senadores, pues sólo uno, el liberal Álvaro Araújo Castro, se plegó a las presiones del gobierno.

Una Resolución de apoyo al magisterio y de repudio al 012 recibió un plebiscito abrumador entre los padres de familia. «Se nos vienen cargando tal cantidad de cobros por cupos y derechos académicos –denunciaba una líder comunal al secundar el paro con su firma—, que ya no existe ni una escuela gratuita. Eso es privatizar: que el pueblo pague todo».

En la asamblea de maestros, la última del paro, hubo un momento emocionante cuando la mesa directiva, presidida por Francisco Rinaldi, entregó las menciones especiales. La primera de ellas, «a los dos viejos más queridos», don Edilberto Gómez y doña Cilia Castrillón, dos aguerridos veteranos que acompañaron sin desmayos los inmensos desfiles, haciendo suya la protesta, y estuvieron presentes todo el tiempo en carpas y bloqueos. La segunda, «al pelao de las marchas», Orlando Linares, de diez años, y a su señora madre, doña Julia Acosta. Y la tercera –¡zumba!— a la vieja Lola, maestra pensionada, guajira y sanjuanera, que estaba tan exhausta por los días de paro, que no le fue posible treparse a la tarima. No por eso se amilanó. Volviendo la cabeza y elevando la voz, se dirigió a un profesor, al que vio más a mano: «Ve, muchacho, ayúdame a subir».

«Fue un trabajo muy lindo ese del paro», resume una maestra. Y lo mejor de todo, el pueblo sigue en pie. Desde Nariño a La Guajira, Colombia ha hecho suyo el fustigante lema de los miles de piqueteros argentinos que se enfrentan por estos días al régimen lacayo de Fernando De la Rúa: «Trabajo para nuestros padres, educación para nuestros hijos».

CONTRA EL 012: UNA LUCHA DEMOCRÁTICA Y PATRIÓTICA

Entrevista a Raúl Arroyave, fiscal de Fecode

¿Qué importancia tuvo dentro de la crítica situación actual del país la lucha del magisterio contra el Acto Legislativo 012?

Lo más importante fue la formidable movilización de maestros, estudiantes, padres de familia, trabajadores de la salud y el apoyo del movimiento obrero y popular en repudio a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, ese implacable guardián del capital financiero internacional y del imperialismo norteamericano. Esta claridad en el enfoque hizo de esta lucha una grande y consciente movilización antiimperialista y patriótica. Mientras el ministro Santos pretendía demostrar que a su reforma la animaba el interés nacional, las amplias masas desentrañaron que no era más que el cumplimiento del Acuerdo firmado, el 22 de diciembre de 1999, con el Fondo Monetario Internacional.

¿Qué puede resaltar del proceso de aprobación de esta medida?

La férrea oposición obligó a que el gobierno tuviera que emplearse a fondo para lograr su aprobación: presionó burocráticamente a los congresistas; repartió auxilios parlamentarios, que ahora llaman cupos indicadores; canjeó la aprobación de proyectos de ley y de actos legislativos a cambio del voto por el 012; orquestó una costosa campaña por los medios de comunicación para confundir a la opinión pública; les prometió a gobernadores y alcaldes la más absoluta discrecionalidad en el manejo de la educación, incluida la planta de personal, y hasta les ofreció alargarles su mandato en un año más.

A lo anterior, hay que sumarle las fascistas declaraciones que hizo el gobierno contra la existencia misma de Fecode, a la que, según el señor Alesina, especie de Gurú tardío del neoliberalismo, tronando desde Washington, dijo que había que «romperle la espina dorsal»; además, debieron desempolvar a los ex presidentes de la República para que, todos a una, firmaran una declaración de apoyo a la antipopular reforma. A pesar de ello, el gobierno sólo pudo obtener en las votaciones finales una exigua mayoría de dos votos en la Cámara y de uno en el Senado.

Y luego de negar a lo largo de todo el debate que su iniciativa recortaría las transferencias para educación y salud, el 21 de junio Santos gritó alborozado que se iban a ahorrar 9 billones de pesos en los próximos siete años, reconociendo así una de nuestras razones para oponernos al 012.

¿Qué obligaba al gobierno a recurrir a tanta maniobra?

Es claro que echarle mano a las transferencias es producto del ahondamiento de la crisis en que la Apertura ha sumido al país: quebradas la agricultura y la industria; deteriorados los términos de intercambio; reducidos al máximo los aranceles y franqueadas las importaciones; endeudado el país hasta límites impagables; ahogada la población con la escalada de los precios y concluido en lo fundamental el remate de las empresas del Estado, lo único que quedaba para responderle a la insaciable voracidad de los prestamistas, eran los recortes presupuestales a la educación y la salud, y a fe que armados de cinismo y sin escrúpulos lo hicieron.

Desligadas las transferencias de los Ingresos Corrientes de la Nación en los próximos siete años, aquellas crecerán únicamente en el IPC más 2% en los primeros cuatro y 2.5% en los tres últimos, pero no se le dice al país que el crecimiento de la población es de 2% anual y que hay cerca de tres millones de niños y jóvenes por fuera del sistema educativo, con lo cual el tan promocionado crecimiento ‘real’ de los recursos es, en la práctica, nulo y su monto deficitario.

Además, el gobierno sólo tiene en cuenta los costos de la nómina docente y administrativa, preparándose para raponearles a los educadores varios derechos laborales. El resto de los costos educativos: como construcción, dotación, mantenimiento y mejoramiento de escuelas y colegios, y capacitación del personal docente, deberán ser cubiertos por la comunidad mediante más impuestos o directamente con la privatización.

¿El Acto Legislativo se aprobó tal como lo presentó el gobierno?

No todas sus pretensiones fueron satisfechas: fueron derrotados el intento de congelar a partir del año 2009 los recursos del SGP, Sistema General de Participaciones; la pretensión de fijar el monto inicial de la «bolsa común» en 8.9 billones de pesos; la decisión de dejar por fuera de nómina al personal administrativo y docente pagado con recursos propios de los entes territoriales; y el llamado subsidio a la demanda, o focalización, es decir, la supuesta atención «de los más pobres de los pobres».

Lo dicho en cierta medida explica el sabor amargo que le ha quedado al gobierno, al pensar que tanto desgaste y descrédito apenas le dejan una victoria pírrica. Por eso la actitud arrogante del ministro de Educación, quien en abuso de autoridad ha intentado impedir los acuerdos de recuperación de tiempo y el pago de los salarios para tratar de doblegar la creciente resistencia del magisterio. Es el absurdo, mientras maestros, estudiantes y padres de familia asisten a los colegios para reponer las clases y hacer las nivelaciones de los procesos curriculares y académicos, el gobierno y la policía llegan, en varias ciudades, en actitud de fuerza y barbarie a desalojarlos de los planteles. Es decir, al ministro no le importa la suerte final del año lectivo; su palabrería sobre los derechos de los niños es sólo una artimaña propagandística, pues su verdadero compromiso no es con la nación ni con la comunidad sino con el BID y su «flamante» Nuevo Sistema Escolar, en virtud del cual desvertebrarán mucho más el sistema educativo y convertirán escuelas y colegios en empresas independientes, dándole de esta manera vía libre a los procesos de privatización y a los pagos por subsidios sólo para «los más pobres de los pobres».

Fecode ha denunciado que el gobierno tiene listo un proyecto de modificación a la ley 60 de 1993, ¿qué nos dice al respecto?

Sí. En esencia, la batalla que se avecina se concretará en la discusión del proyecto que modifica la ley 60, que ya está elaborado por Planeación y que sin duda alguna tendrá funestos alcances: hacerles conejo a las regiones, disminuyendo la base de liquidación de los Ingresos Corrientes de la Nación, asunto grave pues ahora resulta algo que no dijeron en el pasado debate, que a la bolsa del SGP se le restarían los recursos del Fonpet, antes de su distribución entre los entes territoriales; también se crearía una comisión de regulación para el sector educativo, en la cual cinco expertos definirían antidemocráticamente la política educativa y tendrían como misión unificar nacionalmente el currículo y los contenidos mediante los llamados estándares de calidad y los contenidos «mínimos» para todas las áreas y asignaturas, y fijarían la llamada «canasta educativa» y los mecanismos de distribución del SGP. Todo a contrapelo de los avances en materia de autonomía académica y libertad de cátedra logrados en la Ley General de Educación.

Pero lo más grave es que se le abren múltiples puertas a la privatización, porque así Pastrana y sus ministros lo nieguen, no otra puede ser la consecuencia de permitir la contratación del servicio educativo con el sector privado a las tarifas que este ponga; y que se deseche la gratuidad de la educación, estableciendo tarifas para los costos educativos; y que no se haya creado, a pesar de que lo propusimos insistentemente, un Fondo Nacional de Cobertura Educativa, con lo cual cada año será más difícil obtener un cupo en el sistema público, y con la decisión del gobierno de no asumir el crecimiento futuro de la nómina docente y administrativa, que según este proyecto de ley será responsabilidad de los municipios, no quedará otra vía que trasladar la carga a los usuarios. Es decir, desaparecida la responsabilidad de la nación de financiar el servicio educativo, y entronizados el subsidio a la demanda y la «focalización» del gasto, queda al orden del día la privatización como política de Estado.

Con respecto a la administración de la educación, en tres años deberá cesar toda función de los departamentos, así este servicio quedará totalmente municipalizado y plantelizado. Una vez más las fuerzas neoliberales son factor disolvente de la Unidad Nacional, al atomizar los escasos recursos del SGP entre más de 1.080 municipios, la mayoría en bancarrota, y las entidades territoriales indígenas. Con la plantelización, que está en la base del Nuevo Sistema Escolar, se logra el doble propósito de ahondar la dispersión de los recursos y convertir escuelas y colegios en Empresas Sociales del Estado, que vivan de la venta de servicios y que tengan plena autonomía para que languidezcan y se marchiten en medio de la crisis, como ha sucedido con los hospitales. Se les entrega la administración de los colegios a los padres de familia, para que sean ellos quienes tomen las decisiones dolorosas de las alzas en los derechos académicos ante la insuficiencia de los recursos que transfiere el Estado. El Nuevo Sistema Escolar ya se ha venido aplicando, y se ha comprobado que trata de convertir a escuelas y colegios en Empresas autónomas administrativa y financieramente, dirigidas no por rectores sino por gerentes de libre nombramiento y autosostenidas con los pagos de los padres y con la venta de servicios. Todo envuelto en el discurso de la fementida autonomía de las comunidades, cuando éstas lo que exigen son cupos escolares suficientes, calidad educativa y la financiación por el Estado.

Pero la política estatal no está basada en el cubrimiento del costo creciente de las necesidades educativas; está en el pago por capitación (monto del SGP dividido entre el número de usuarios), la focalización del gasto en «los más pobres de los pobres», el subsidio a la demanda, la congelación de la nómina y las múltiples condiciones para nombrar maestros y cubrir vacantes, y otras linduras del recetario neoliberal que campean en ese proyecto reglamentario.

¿El proyecto de ley conculca derechos del magisterio?

Sí, y muchos. Pretende arrasar con los derechos laborales del magisterio: establece un régimen discrecional de traslados; suprime el Estatuto Docente y modifica hasta hacerlo nugatorio el escalafón nacional; los municipios definen los salarios y prestaciones de los maestros y en consecuencia prohíbe decisiones nacionales en esta materia; elimina el carácter docente de rectores y directivos y suprime su estabilidad laboral; sienta las bases para la evaluación-despido de los maestros y para la política de racionalización plasmada en los convenios de desempeño; da facultades extraordinarias al presidente para que legisle sobre el régimen laboral de los maestros; restringe la participación del magisterio en las Juntas de Educación y en los Consejos Directivos de los planteles.

¿Entonces, qué viene?

La batalla continúa y, en consecuencia, lo único que nos corresponde, con Fecode y las organizaciones del Frente Común, es «reiniciar con renovado brío el intento de la vez pasada», pues el imperialismo norteamericano, el Fondo Monetario Internacional y el régimen pastranista, continuarán con su ofensiva en contra de los intereses del pueblo y de la nación colombiana.

¡VAMOS AL PARO NACIONAL AGROPECUARIO!

Los objetivos del paro convocado por Salvación Agropecuaria son los siguientes: que cesen las importaciones de productos agropecuarios que puedan producirse en el país, la condonación de las deudas bancarias del sector, la fijación de precios de sustentación remunerativos garantizados por el Estado, la existencia de créditos suficientes, oportunos y baratos, el control a los costos de producción (agroquímicos, impuestos prediales y otros, combustibles, tarifas de energía eléctrica y demás servicios públicos), el respaldo estatal a redes de comercialización, asistencia técnica, distritos de riego e investigación científica, el cierre de los derretideros de azúcar, la prohibición a la entrada en funcionamiento del ingenio industrial panelero de Padilla y la atención a las peticiones democráticas de las comunidades indígenas. Y también, el rechazo a la decisión del gobierno de incluir a Colombia en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, porque la aplicación de ese acuerdo, diseñado en beneficio de Estados Unidos, acabará de destruir la producción agropecuaria nacional; y el rechazo a las medidas de los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos, de estimular la superproducción mundial del café.


De Agameta

¿Cuál reactivación?

La Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta, refuta al ministro de Agricultura sobre la reactivación agraria que el gobierno pregona a los cuatro vientos. Reproducimos la carta que los productores llaneros le dirigieron al ministro Rodrigo Villalba Mosquera, el pasado 22 de junio.

No pinta bien la agricultura llanera. Su principal cultivo semestral, el arroz, continúa sin un norte definido. La cadena arrocera sigue sin despegar. Continuamos esperando los créditos asociativos. La comercialización requiere medidas urgentes que complementen las tomadas hasta ahora.

El precio acordado en la resolución 047 de marzo no se compadece con los altísimos costos de producción que estamos soportando. El temor que un precio justo de la gramínea disparara las áreas de siembra no permitió que el gobierno avalara un precio de $58 mil carga, ya acordado entre los productores y la molinería. Esto nos recorta ingresos del orden de $4 mil millones en la presente cosecha.

El plazo de 45 días impuesto por el Ministerio, sin que la industria públicamente lo solicitara, institucionaliza una práctica mañosa en detrimento de los agricultores, contra la cual siempre hemos protestado. El costo financiero del pago retardado nos despoja de $9.720 por cada tonelada entregada, es decir, alrededor de $45 mil por hectárea.

La exclusión de los agricultores –como también del agrocomercio financiero y de la industria que no importó arroz extranjero— del incentivo al almacenamiento nos deja indefensos en un mercado imperfecto de sobreoferta estacional, que puede ser aprovechado para pagarnos el arroz a precios de quiebra.

La espiral alcista de los costos de producción, especialmente de los insumos, no ha tenido contención. La decisión sobre los genéricos fue un mejoral inocuo para tratar el cáncer que constituye uno de los factores flagelantes de la rentabilidad rural. Los oídos del Ministerio han sido sordos para citar la Comisión acordada desde 1998, que pretende iniciar el estudio y la búsqueda de remedios a este grave mal.

El tan promocionado crédito asociativo se constituye en una burla más para los productores arroceros, quienes con arroces ya espigando, no han recibido un solo peso del mismo, con el consiguiente encarecimiento y demeritación de su proceso productivo. Son tantas las condiciones impuestas para su otorgamiento y tan excesivo el blindaje con que quiere guarecerse la banca, que de un lado se alarga dolorosamente el proceso y, de otro, nos sentimos tratados como delincuentes en potencia.

Todo lo anterior implica, señor ministro, que del dicho al hecho hay mucho trecho y que las medidas que se anuncian rimbombantemente en los medios de comunicación no están llegando a los productores. Nuevamente insistimos en la necesidad de que el Estado colombiano genere una política que llegue al productor y la reactivación se vuelva realidad, por lo cual clamamos que estos problemas brevemente expuestos sean estudiados y resueltos lo antes posible.

Hasta otra oportunidad.

Guillermo León Reina, presidente de Agameta


EU, agro protegido

Por Hernán Pérez Zapata

Neil E. Harl, profesor de Agricultura de la Universidad Estatal de Iowa, declaró que «en el año 2000 más del 50% del ingreso neto de las fincas vino del apoyo gubernamental. El año pasado el Estado pagó un récord de US$28.000 millones directos, que no eran tan altos desde los años 80» (The New York Times, abril 29 de 2001).

La historia de la agricultura en Estados Unidos presenta dos fases contradictorias. La de su revolución democrática en el siglo XIX y la actual, en que se da al mismo tiempo la protección a sus propios productores y el impulso a la apertura total en los países bajo su órbita de dominación.

Una referencia de la primera la tenemos entre 1860 y 1863, durante el gobierno de Abraham Lincoln, cuando se puso coto a las importaciones de cereales de Europa. El propio presidente Lincoln se puso resueltamente del lado de quienes proponían apoyo gubernamental a la producción nacional estadounidense y en contra de los importadores, que defendían la necesidad de traer el alimento europeo, de mejor calidad y a menor costo. El gobierno federal se orientó decididamente en favor de los primeros, argumentando que se ocupaban las ricas tierras del país, se generaba empleo y no salía del país el dinero de las importaciones.

Otra importante medida fue la del Morrill Act de 1862, conocido como Ley de los Land Grand Colleges, o colegios de tierras donadas por las municipalidades, que dieron origen a las universidades. Se basaba en la integración de la enseñanza con la investigación de los problemas de los productores y la extensión a todo el país de las soluciones encontradas.

Estos apoyos gubernamentales se tomaron en desarrollo de la via farmer o campesina, como resultante de la Guerra de Secesión que destruyó el régimen esclavista del sur. Se acumularon así capitales para la industria, todo lo cual abonó el terreno para que Estados Unidos se convirtiera en una avanzada industrial y agroindustrial desde finales del siglo XIX.

Además, la fuerte organización de los agricultores les permitió conquistar políticas gubernamentales, luego acogidas por el Congreso, que afianzaron la protección de ese rubro tan estratégico para la industria y la seguridad alimentaria nacional. Además, se impulsaron obras públicas de fomento como electrificación, vías, mecanización, distritos de riego, conservación y correctivos del suelo, créditos baratos, control de plagas y enfermedades y malezas, subsidios, comercialización y almacenamiento de excedentes de la producción. Es decir, el Estado les prestó a los agricultores todos los apoyos que éstos necesitaban.

El aspecto contradictorio se presentó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos comenzó a utilizar sus excedentes de alimentos como un instrumento para quebrar las producciones nacionales de otros países, e impuso sus dictados a las naciones sobre las que ejerce dominio económico y político, arruinando los esfuerzos realizados por las burguesías nacionales, los trabajadores y los campesinos.

En el caso colombiano, hemos visto la quiebra de importantes sectores, uno tras otro. El primero fue el del trigo en la década de los años 60, con aplicación de la Ley Pública 480. Se nos impuso trigo barato, fiado y con bajísimas tasas de interés. De unas escasas toneladas iniciales, hoy importamos 1.100.000 toneladas anuales. Terminaron siendo arrasadas impunemente, con la complicidad de los gobiernos, las zonas productoras de Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Cauca, Caldas y Antioquia.

Ahora, a raíz de la apertura económica aplicada desde 1990, se repite la misma historia con el maíz. Pasamos de importar 20 mil toneladas en 1990 a más de dos millones de toneladas en 2000. Casos similares se presentan con los casi ocho millones de toneladas de alimentos que se importaron el año pasado, cuando hace diez años importábamos menos de un millón. También se pretende importar hasta café, que exportamos desde 1830.

La globalización neoliberal norteamericana, implementada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y ahora por el Plan Colombia y el ALCA, lleva a la ruina total del campo colombiano. Con ello se provoca la crisis en la industria, en el empleo y en general en toda la economía de nuestra nación.

Sólo con un programa como el propuesto por la Asociación por la Salvación Agropecuaria de Colombia podremos salir de la crisis, aprovechando incluso las lecciones positivas que nos enseña la experiencia norteamericana de hace más de 140 años. Las fundamentales: eliminar las importaciones de alimentos y proteger la producción nacional.


ALCA, el puntillazo

Por Jorge Enrique Robledo Castillo

Una vez Colombia empezó a sentir la baja de sus aranceles a las mercancías extranjeras impuesta por la apertura, las importaciones superaron a las exportaciones en un promedio de dos mil quinientos millones de dólares anuales. Y si en 1999 se igualaron fue porque lo importado cayó en picada, dada la brutal reducción del consumo generada por el hundimiento de la economía nacional. En la lona está el agro, de donde desaparecieron ochocientas mil hectáreas de cultivos transitorios bajo el peso de más de siete millones de toneladas de productos importados al año, y sufrió muchísimo la industria, aunque sus dirigentes gremiales lo callen, como lo ilustra que su producto disminuyera 12.8% en 1999. Todos los restantes males económicos que nos azotan tienen origen en que el país no pudo competir contra los grandes capitales y subsidios foráneos y en que para «atender» ese desastre, anunciado, los neoliberales convirtieron a Colombia en un paraíso de la especuladores financieros, empezando por los de allende las fronteras.

No obstante lo anterior —o mejor, precisamente por ello— Pastrana decidió someter el país al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, el acuerdo que deberá terminar de «negociarse» el 31 de diciembre de 2004 y que apunta a crear un sólo gran mercado desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, lo que significa agravar aún más la desprotección del mercado nacional, incluso reduciendo los aranceles por debajo de los establecidos por la Organización Mundial del Comercio. Antes de continuar es bueno advertir que toda la producción agraria e industrial colombiana sobreviviente mantiene, frente a países diferentes a Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia, algún tipo de protección por aranceles o por cuotas de importación, con lo que, por ejemplo, el arroz, el azúcar y los automóviles importados deben pagar impuestos del 72, el 46 y el 30%, siendo esos gravámenes los que explican por qué esos productos no han desaparecido de la producción nacional.

Como la mayor apertura que busca imponer el ALCA es con todos los países del Continente, unos nos golpearán por sus desarrollos y otros por sus pobrezas. Entre los primeros aparecen Estados Unidos, obviamente, y Canadá y México, este último simple maquilador de los monopolios gringos que exportan desde allí, aunque también son de temer Brasil y Argentina, con establecimientos industriales y agropecuarios más poderosos que los colombianos. En el segundo grupo están los demás, fuertes competidores en razón de sus miserables condiciones laborales, como lo vienen demostrando las crecientes importaciones a Colombia de productos del Ecuador, incluidas las de café. Pero, de lejos, las grandes beneficiadas con el ALCA serán las transnacionales norteamericanas, así algunas decidan instalarse en otros países del Continente a la caza de mano de obra barata y de acuerdo con los intereses nacionales estadounidenses, como en cada decisión que toman les gusta refregarlo a sus presidentes. Tan difíciles aparecen las cosas que, en El Tiempo del 2 de febrero de 2001, Myles Frechette advirtió que Bush escogerá los acuerdos «que sean más provechosos para EU» y preguntó: «¿Estará listo el sector privado para competir con los productos norteamericanos antes del año 2004?».

Claro que los colombianos que trabajan con las trasnacionales asentadas en el país y la tecnocracia neoliberal criolla ya salieron con la baratija de que todo el problema se limita a «saber negociar» el ALCA, como si no se supiera que fueron ellos quienes «negociaron» los acuerdos en la Organización Mundial del Comercio, que desquiciaron la industria y el agro nacionales, y «negociarán» los que vienen, y como si alguien dudara de que las suertes de estos personajes están atadas a las de sus patrones y socios y a los puestos que logren conseguir en las agencias internacionales de crédito.

Ante la decisión de insistir en africanizar a Colombia, habrá que repetir más allá del cansancio que la globalización sin el tamiz de la soberanía nacional, que garantice intercambios internacionales de beneficio recíproco, no pasa de ser una simple reedición del colonialismo.


No más embargos y remates

Informaciones llegadas a Unidad Cafetera Nacional desde todo el país, señalan que han cobrado nuevamente fuerza los procesos judiciales, embargos y remates por parte del Bancafé y la desaparecida Caja Agraria, en contra de caficultores y propietarios rurales en general.

No obstante la demagogia del Ministerio de Agricultura con respecto a que el llamado «Pran» está resolviéndoles los problemas a quienes la crisis del agro colocó en incapacidad de pagar sus deudas, lo cierto es que miles están siendo acosados por los abogados.

Para agravar lo que ocurre, también se sabe que lo normal es que las fincas embargadas terminen abandonadas por los secuestres, sumándose al brutal despojo de familias enteras el hecho ignominioso de empeorar la producción y el desempleo en el campo.

Esto ocurre en un país en el que el gobierno «rescató» a los multimillonarios propietarios de un puñado de corporaciones de ahorro y vivienda con varios billones de pesos, marcando un escandaloso contraste con quienes bien poco tienen.

Unidad Cafetera Nacional, entonces, protesta en contra de estas medidas antisociales que, además, agravan aún más la profunda crisis del café y de la producción rural e insiste en que la única solución seria y cierta para los endeudados consiste en la condonación total e inmediata de sus deudas impagables, reclamo que respaldarán los miles de cafeteros, paneleros, arroceros, paperos, plataneros y demás productores en el Paro Nacional Agropecuaria el 31 de julio próximo.

A 130 AÑOS DE LA COMUNA DE PARIS

Por Alfonso Hernández

«En los más apartados y escondidos parajes se instalarán factorías semejantes entre sí que pondrán en oferta géneros idénticos o parecidos. La inevitable superproducción traerá consigo la estrechez relativa de los mercados, el desempleo, la explosión de los conflictos laborales a una escala jamás conocida. Los problemas de los pueblos continúan siendo los mismos de ayer aunque ahora enfrenten enemigos distintos. Las verdades de Marx y Lenin, lejos de marchitarse, cual lo pregona la burguesía que carece de respuesta para los interrogantes de la actualidad, volverán a ponerse de moda. Parece que el socialismo, al igual de lo acontecido al sistema capitalista, adolecerá de tropiezos y altibajos durante un interregno prolongado, antes del triunfo definitivo. Y los obreros, con sus batallas revolucionarias, proseguirán tejiendo el hilo ininterrumpido de la evolución histórica».

Francisco Mosquera1

Desde hace más de una década, la gran burguesía imperialista se lanzó, con renovados bríos, a demoler las conquistas de la clase obrera, a arrasar las empresas rivales por todo el orbe y a derribar las barreras que protegían los mercados de las naciones pobres. A la vez, los monopolios de Estados Unidos se entregaron a una feroz disputa con los de Europa y Japón. El grito de batalla de libertad de mercados apareció como una amenaza para la subsistencia de una porción considerable de la humanidad. Los pregoneros de los mandamases del mundo declararon que la historia había llegado a su fin, que el dominio del sistema capitalista sería perpetuo y que los objetivos proletarios y las reivindicaciones socialistas habían perecido para siempre. La lucha de clases y la de liberación nacional fueron declaradas obsoletas y al marxismo, una vez más, se le expidió certificado de defunción.

Las predicciones de los «científicos sociales» a sueldo resultaron erradas de palmo a palmo. Las crisis económicas, secuela del saqueo, se suceden y las batallas de los inconformes en vez de disminuir, se agigantan y proliferan. Los obreros de Daewoo contienden con la policía coreana, enfrentando la amenaza del desempleo y la toma de esa compañía por General Motors. En Argentina no cesan las movilizaciones de trabajadores contra las políticas del Fondo Monetario Internacional. Los indígenas y campesinos de Bolivia y Ecuador mantienen en permanente agitación a esas naciones. Empleados públicos y maestros, en diversas latitudes, expresan indignación y rechazo por la conculcación de sus derechos. En las propias metrópolis se siente la protesta de los trabajadores. Ya no hay reunión de las entidades encargadas de trazar y adelantar la política imperialista que no sea objeto de un 1masivo repudio, sea en Seattle o en Washington, en Bruselas o en Davos.

Como lo señala Francisco Mosquera, el marxismo y el socialismo cobran aún mayor actualidad. Es por ello de cardinal importancia que el proletariado consciente repase sus experiencias internacionales y tome las lecciones necesarias en un periodo en el que, en medio de inmensas dificultades, ha de ponerse al frente de transformaciones históricas de una profundidad y extensión nunca antes vistas.

Una de la batallas más memorables y ricas en enseñanzas fue la Comuna de París, primera ocasión en que el proletariado revolucionario conquistó el poder político. El 19 de julio de 1870, Napoleón III desató contra Prusia una guerra movida por intereses dinásticos y financieros. Mientras que la burguesía se entregaba a la conflagración, el proletariado, guiado por la Asociación Internacional de los Trabajadores, denunciaba el carácter rapaz del conflicto. En Réveil, periódico parisiense, en un manifiesto A los obreros de todas las naciones, se decía: «¡Obreros de Francia, de Alemania, de España! ¡Unamos nuestras voces en un grito unánime de reprobación contra la guerra!… ¡Guerrear por una cuestión de preponderancia o por una dinastía tiene que ser forzosamente considerado por los obreros como un absurdo criminal! (…) ¡Hermanos de Alemania! ¡Nuestras disensiones no harían más que asegurar el triunfo completo del despotismo en ambas orillas del Rin!» A su vez, la clase obrera alemana se esfuerza porque el gobierno de Bismarck limite las hostilidades a repeler el ataque, sin agredir a Francia. El obrerismo da una hermosa lección de espíritu internacionalista.

El 2 de septiembre de 1870, el ejército prusiano derrota en Sedán a los ejércitos del emperador, quien es tomado prisionero con parte considerable de sus tropas. La guerra, como lo había previsto Marx, da al traste con el Segundo Imperio, y el 4 de septiembre del mismo año, en medio de un levantamiento obrero en París, se proclama la República de Francia y se forma el Gobierno de la Defensa Nacional. Este importante triunfo democrático fue usurpado al instante por personajes como Adolfo Thiers y Luis Julio Trochu, quienes aliados con otros representantes de la gran burguesía financiera y de una rama de la casa de Orleáns, establecen el gobierno en el Hotel de Ville. Tras la victoria en Sedán, el rey Guillermo I de Prusia emprende la ocupación de Francia, mientras que los obreros alemanes exigen que se reconozca la república francesa. Marx celebra su advenimiento, pero no deja de señalar los peligros que se ciernen, principalmente por la catadura de clase de Thiers y demás personajes que se han empotrado en el poder; no se ha derribado el trono, se ha reemplazado; y los orleanistas se han apoderado de los cargos con gran poder efectivo como la policía y el ejército. «Marx puso en guardia al proletariado francés contra el peligro de dejarse llevar del entusiasmo por una falsa idea nacional (…) si en 1789 la lucha contra la reacción de toda Europa unía a toda la nación revolucionaria, ahora el proletariado ya no podía fundir sus intereses con los intereses de otras clases, que le eran hostiles; (…) la misión del proletariado era luchar por la emancipación socialista del trabajo frente al yugo de la burguesía».2

En el Segundo Manifiesto del Consejo de la Internacional, Marx advierte que la situación de la clase obrera francesa es sumamente difícil: cualquier intento de derribar al gobierno republicano, con el enemigo llamando casi a las puertas de París, sería una locura desesperada. Aconseja a los proletarios que aprovechen serena y resueltamente las oportunidades que les ofrece la libertad republicana para organizar a su propia clase. De la fuerza y prudencia del proletariado, dice, depende la suerte de la República.

El Gobierno de la Defensa Nacional pronto se convierte en el gobierno de traición nacional. Se niega a armar al pueblo, medida indispensable para afrontar el ataque alemán y ya el 31 de octubre de 1870, anuncia el comienzo de negociaciones con los prusianos. Como respuesta, los obreros se sublevan, toman el Ayuntamiento y crean el Comité de Salud Pública, órgano de poder revolucionario, en el que se elige a Luis Augusto Blanqui, quien se encontraba preso. Thiers recurre a los batallones del ejército y retoma el Ayuntamiento.

El 28 de enero de 1871 el gobierno burgués capituló ante Bismarck, y entonces Thiers, apoyado por Prusia se abalanzó contra París sublevado, pero fue rechazado y tuvo que batirse en retirada ante la respuesta de los sublevados y todo el gobierno hubo de huir a Versalles.

París tenía dos caminos: rendir las armas o seguir luchando como el campeón abnegado de Francia. La ciudad, extenuada por cinco meses de hambre, no vaciló. A partir del 18 de marzo, hace 130 años, a los gritos de ¡Vive la Commune!, la revolución obrera se adueñó de París, dando comienzo al primer poder obrero de la historia de la humanidad. «Marx, que en septiembre de 1870 consideraba la insurrección como una locura, en abril de 1871, al ver el carácter popular y de masas del movimiento, lo trata con la máxima atención de quien participa en los grandes acontecimientos que marcan un paso adelante en el histórico movimiento revolucionario mundial»Ibid. Marx, con gran entusiasmo destacó el arrojo de estos obreros que toman el cielo por asalto: «¡Qué flexibilidad, qué iniciativa histórica y qué capacidad de sacrificio tienen estos parisienses. (…) La historia no conoce todavía otro ejemplo de heroísmo semejante».

La bandera roja ondeó en el Hôtel de Ville y los proletarios, de oprimidos y humillados pasaron a dirigir la sociedad, adoptando disposiciones que llenaron de espanto y odio a los explotadores, pero de alegría y entusiasmo a los pueblos. A lo largo de Europa se celebraron mítines de respaldo a la hazaña de los comuneros.

El Comité Central de la Guardia Nacional se constituyó en gobierno provisional y acometió la gloriosa tarea de transformar a París de acuerdo con los intereses de la clase obrera. Sin embargo, incurrió en dos graves errores: se mantuvo en una actitud meramente defensiva, no marchó sobre Versalles, adonde se había retirado en derrota el gobierno burgués de Thiers, con lo cual, en vez de aniquilarlo, le dio tiempo a que se recuperara y reiniciara el ataque contrarrevolucionario. Además, con santo temor «aquellos hombres se detuvieron respetuosamente en los umbrales del Banco de Francia. Fue este un error político muy grave. El Banco de Francia en manos de la Comuna hubiera valido más que diez mil rehenes. Hubiera significado la presión de toda la burguesía francesa sobre el gobierno de Versalles para que negociase la paz con la Comuna» (Engels, pág. 196)3

No obstante, fueron muchas las medidas que tomó la Comuna que señalan un camino para los trabajadores. París resistió porque se deshizo del ejército y lo sustituyó por la Guardia Nacional, que fue el primer decreto de la Comuna; al ejército permanente lo reemplazó el pueblo en armas. Como señaló Marx: «El proletariado no puede simplemente tomar el control de la máquina del Estado», debe destruirla y crear su propio órgano de poder.

La Comuna estaba formada por consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos; responsables ante sus electores, podían ser revocados por ellos en cualquier momento. Era una corporación de trabajo, a la vez legislativa y ejecutiva. Los sueldos de los funcionarios tenían un monto similar al de los obreros.

El antiguo gobierno centralizado tendría que dar paso a la autoadministración de los productores; una asamblea nacional constituida por los delegados de las provincias garantizaría la unidad y organizaría a la nación, factor poderoso de la producción social, mediante un régimen comunal. La Comuna decretó la separación de la Iglesia y el Estado y liberó la enseñanza de la influencia de esas dos instituciones. Además, estableció la educación gratuita. Los órganos puramente represivos del Estado habían de ser amputados; los necesarios, arrancados al control de los usurpadores. Así la Comuna dotó a la república de instituciones auténticamente democráticas. Su fin último era emancipar el trabajo, pues la dominación política de los productores es incompatible con la perpetuación de su esclavitud social. La Comuna buscaba la expropiación de los expropiadores.

Por primera vez en la historia, los obreros tomaron el trabajo de sus superiores «naturales»; es decir, la iniciativa en la dirección de la sociedad. Justamente, la labor del partido del proletariado consiste en poner en pie a los oprimidos y en dar seguridad y altivez a los humildes para que se labren su propio destino.

Desde el comienzo, el obrerismo buscó la alianza con los pequeños productores, prorrogó el pago de las deudas por tres años y abolió sus intereses. Salvó así a los tenderos y artesanos, que estaban arruinados. Abolió el trabajo nocturno para una serie de actividades y prohibió a los patrones imponer multas a los trabajadores. Las fábricas y los talleres que estaban cerrados por los traidores, los entregó a las asociaciones obreras. La Unión republicana, partido de la clase media, se puso bajo la bandera de la Comuna apenas el gobierno huyó a Versalles. A los campesinos la Comuna los habría redimido de los costos de la guerra y de la opresión de los tiranos. Los obreros decían a los labriegos: nuestro triunfo es vuestra única esperanza.

La Comuna fue un gobierno verdaderamente nacional de Francia, en él estaba representado todo lo sano de la nación y luchó con denuedo contra la agresión prusiana, pero, a la vez, era un gobierno internacional, tendía la mano al proletariado de los distintos países y en su dirección participaron alemanes y polacos.

La Comuna «no pretendía tener el don de la infalibilidad, que se atribuían sin excepción todos los gobiernos de viejo tipo. Publicaba sus hechos y sus dichos y daba a conocer al público todas sus imperfecciones». 4

Sin embargo, luego de firmar bajo condiciones vergonzosas la paz con Bismarck, y con el apoyo de éste al entregarle los prisioneros de guerra para que fortalecieran las fuerzas de asalto contra la Comuna, Thiers pasó a la contraofensiva. Sus carniceros entraron a París el 21 de mayo, teniendo que afrontar la heroica resistencia de hombres, mujeres y niños, quienes, aunque extenuados por el cerco y el hambre combatieron con denuedo hasta el 28 de mayo, día en que los últimos luchadores sucumbieron en las faldas de Belleville.

El asiduo trabajo de Marx garantizó que las enseñanzas de la Comuna se convirtieran en patrimonio del proletariado y fueran asimiladas por los luchadores en el transcurso mismo de los acontecimientos. Como ya se dijo arriba, el 19 de julio de 1870 estalló la guerra franco-prusiana y el 23 de julio se publicaba el Primer Manifiesto de la Asociación Internacional de los Trabajadores, redactado por Marx, trazando orientaciones frente al conflicto. El 4 de septiembre se proclamó la República y el 9 se publicó el Segundo Manifiesto. El 28 de mayo de mayo de 1871 fue derrotada la Comuna y ya el 30, dos días después, Marx leía al Consejo General el texto de esbozo de la significación histórica de tan importante acontecimiento.

Del estudio de esta experiencia y de las batallas de los bolcheviques y de los comunistas chinos, entre otros, las clases revolucionarias obtendrán luces para proseguir su avance hacia la conquista de la democracia popular y el fin de la explotación del hombre por el hombre.

NOTAS

1. Francisco Mosquera, Resistencia civil, «Hagamos del debate un cursillo que eduque a las masas». Pág. 490. Editorial Tribuna Roja, 1995.
2. Lenin. Enseñanzas de la Comuna. Pág 20
3. Engels, en «Guerra civil en Francia». Obras escogidas de Marx y Engels. Editorial Progreso, 1976, pág 196.
4. Marx y Engels. Op cit, pág 242.

Contra privatización y altas tarifas de servicios en Antioquia: CREADA FEDERACIÓN DE LIGAS DE USUARIOS

El 21 de junio, en multitudinario Congreso, nació en Medellín la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios.

El evento, que contó con la presencia de 61 delegaciones, provenientes de todo el departamento y de barrios de la capital, fue instalado por voceros del alcalde y el gobernador y por Jorge Enrique Robledo Castillo, coordinador de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y asesor de las ligas de usuarios.

El Congreso, celebrado en el auditorio de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, por entonces en paro, debatió en cuatro comisiones la situación de los servicios. Las ponencias presentadas a la plenaria coincidieron en condenar la política oficial de entrega de los servicios públicos a la voracidad de los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, a quienes responsabilizaron por la tragedia que hoy viven los hogares colombianos, víctimas de impagables tarifas. Los ponentes señalaron a los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana como agentes del interés foráneo, principalmente norteamericano.

El Congreso aprobó una Declaración de Principios y una Plataforma de Lucha. En ambas se aboga por una política soberana de servicios públicos, sin imposiciones del FMI ni de los monopolios imperialistas, y se reclama la defensa del patrimonio estatal, la eliminación del cobro de cargos fijos, de alumbrado público, de intereses por mora y de aportes por reconexión y reinstalación.

Se aprobó también una resolución de respaldo a la justa lucha que libran los habitantes de Jardín en contra de Ingeniería Total. Por último, los casi quinientos delegados eligieron al comité ejecutivo, integrado por trece miembros, representativos de las distintas regiones. Como primer presidente de la Asociación fue escogido Javier Gaviria Betancur, de la Liga de Medellín.

COBRO DE ABUSIVAS TARIFAS LES LLENO LA TAZA A LOS JARDINEÑOS

Por Javier Gaviria Betancur

Los habitantes de Jardín, municipio cafetero localizado al final de la carretera que de Medellín conduce al suroeste antioqueño, están librando una ejemplar lucha de resistencia civil contra las exorbitantes cuentas del servicio de acueducto y alcantarillado.

En 1997, el gobernador Álvaro Uribe Vélez ordenó liquidar Acuantioquia, empresa pública departamental que era la dueña y administradora de los sistemas de acueducto y, mediante contratos de concesión, los entregó a particulares.

Los acueductos de Jardín, Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Salgar y Segovia los recibió en octubre de 1997 la firma Ingeniería Total, constituida cuatro meses antes, con un capital de tan sólo 21 millones de pesos.

Muy rápidamente las tarifas empezaron a reflejar el desmesurado interés de lucro de los nuevos propietarios, que chocaba con los escasos presupuestos familiares. Miles de quejas y reclamos fueron desatendidos y la fórmula única con que se respondía a los usuarios era: «Las tarifas están autorizadas por la Comisión Reguladora y se ciñen a la ley 142».

En enero del presente año, jardineños y andinos empezaron a organizar sus Ligas de Usuarios para encauzar el descontento popular hacia la búsqueda de soluciones. En marzo, una asamblea multitudinaria decretó en Jardín la desobediencia civil contra Ingeniería Total. Fue elegido un comité cívico, integrado, entre otros, por Gerardo Alzate, Juan Esteban Rendón, Fernando Lenis, Darío Cañaveral y Pedro Pablo Velásquez.

La desobediencia civil arrancó en mayo, con la entrega al Comité de alrededor de 1.900 cuentas, sobre un total de 2.307 usuarios, y para impedir los cortes se creó un comité de reconexión. Pero el ingenio y la sabiduría populares rebasaron todas las fronteras. Con el aporte de módicos 500 pesos por casa o por negocio, los usuarios sellaron con cemento los contadores, impidiendo que se hicieran lecturas de consumo o cortes de servicio.

En el pleito ya ha tenido que intervenir el gobernador. Pero los valientes pobladores mantienen inamovible su voluntad de sacar adelante la desobediencia civil y alcanzar su principal objetivo: que salga el operador privado y que el sistema pase ciento por ciento al municipio.

El Cuarto Protocolo de la OMC: A PUNTO DE LIQUIDAR EMPRESAS NACIONALES DE TELECOMUNICACIONES

Por Ramón Barrios Iriarte

Tras diez años de apertura y privatización en las telecomunicaciones, Telecom y los demás operadores nacionales acaban de recibir el golpe definitivo, con la ratificación por parte del Congreso colombiano del Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General de la OMC sobre el Comercio de Servicios de Telecomunicaciones suscrito por el gobierno de Samper en febrero de 1997. El Protocolo acelera la liquidación de Telecom, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Orbitel, Empresas Públicas de Medellín y las compañías telefónicas locales. Tan estratégico servicio será entregado a las trasnacionales, principalmente norteamericanas, lo cual creará una mayor dependencia del país frente al imperialismo.

Antecedentes

La apertura de las telecomunicaciones comenzó con la ley 72 de 1989, expedida al término de la administración Barco, en los albores de la apertura general de la economía. Dicha ley se anticipó, junto con los decretos 1900 y 1901 de 1990, a la Constitución de 1991 en conceptos como privatización, desmonopolización, competencia, servicios públicos domiciliarios, sistemas de concesiones, etc.

La ley 72 suprimió el control de Telecom sobre servicios como informática, telemática y valor agregado, adscribiéndolo al Ministerio de Comunicaciones. Definió las telecomunicaciones como un servicio público y permitió su prestación por particulares a través del sistema de concesión, mediante contratos o licencias y el pago de derechos, tasa o tarifas.

En virtud de las facultades de la ley 72, fue expedido el decreto 1900 de 1990 , a los doce días de instalada la administración Gaviria, que otorgó amplias potestades al Ministerio de Comunicaciones y estableció el régimen para usuarios y operadores.

Al definir como operador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que gestione servicio de telecomunicaciones, suprimió la exigencia de la nacionalidad colombiana que se había establecido para poder serlo. Además, definió que las telecomunicaciones pueden ser prestadas por particulares en forma directa o mediante concesión.

El decreto 1980 de 1990 abrió la prestación de todos los servicios al capital privado, excepto el básico de telecomunicación internacional, el cual sería mantenido para Telecom.

El Cuarto Protocolo

El paso más nefasto para los intereses nacionales, dentro de este proceso de apertura, acaba de darse con la ratificación del Cuarto Protocolo por el Congreso, por cuanto su aplicación acarrea para el país las siguientes consecuencias:

 Las multinacionales se toman el servicio portador nacional e internacional, llegando al usuario final y explotando los servicios básicos.

 Se apoderan igualmente de servicios que presta Telecom, como arrendamiento de pares aislados, y de circuitos dedicados a la prestación de los servicios de cable submarino, redes satelitales y redes terrestres.

 Se le quita a Telecom la ventaja de ser el único operador del servicio portador internacional autorizado por el Ministerio.

 Se acrecienta el fraude en la prestación de los servicios, dado que el servicio portador es la base de todos los demás. La violación las normas en materia de licencia y de tipo de servicio se va a generalizar, causando pérdidas a los operadores de telefonía pública y de larga distancia internacional y a los operadores locales. Y para mayor deterioro del interés nacional, el arrendamiento de los canales soportados en cable submarino, por su calidad y capacidad frente a las redes satelitales, será un medio que facilitará el fraude, desde el punto de vista técnico y financiero.

 El Protocolo acelera la liquidación de Telecom, por cuanto al acabar con el concepto de local extendida, servicio que cobra la empresa por dejar que otros operadores utilicen su infraestructura a nivel departamental y que le representa aproximadamente el 22% de sus ingresos totales, permite la interconexión en los nodos técnicamente viables, sin cancelarle un centavo a la empresa estatal.

Estados Unidos, único beneficiado

Es importante destacar que la aprobación de este Protocolo fue considerado por Clinton, en su momento, como un «acuerdo histórico», ya que le permitió el primer paso a Estados Unidos para tomarse monopólicamente las telecomunicaciones mundiales, en contra de los países que protegían sus empresas telefónicas, resaltando que el convenio en mención se formalizó dentro del marco de fuertes presiones ejercidas contra países que trataron de preservar su red nacional, entre ellos, Canadá, Japón, México, España, Portugal e Italia, que resistieron, pero acabaron cediendo.

La política de desregulación o apertura se ha venido imponiendo en América Latina con casos extremos como los de Chile o Argentina, donde la apropiación extranjera de las empresas de telecomunicaciones llegó al ciento por ciento.

En Colombia, este proceso está bien avanzado. La permanente expedición de normas por parte de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, CRT, tiene a Telecom a punto de su ruina definitiva. Los estragos privatizadores quedan a la vista con indicadores deficitarios en todos sus rubros de ingresos. Es tan inminente la bancarrota que, al final del presente año, Telecom va a arrastrar pérdidas por encima de los 700 mil millones de pesos, y quedará en cero el rubro de inversiones para los próximos cinco años. A lo anterior se suma el robo perpetrado contra la empresa a través de las ampliaciones telefónicas con varias multinacionales por el sistema de los «contratos de asociación a riesgo compartido» o joint venture, cuyo monto se calcula, entre lo ya pagado y lo que pretenden los «socios extranjeros», en más de 2.5 billones de pesos.

Con la liquidación de las empresas estatales de telecomunicaciones, los primeros afectados serán la mayoría de los municipios y las comunidades del país, cuya comunicación hoy se presta dentro del marco de la telefonía social. Son más de setecientas localidades y más de mil municipios que se cubren con telefonía local. Esta tiene un gran contenido social, en cuanto integra el mercado interior del país, apalanca el desarrollo y cohesiona a la población. Cabe anotar que este mercado, por debajo de las tres mil líneas telefónicas por localidad, es poco atractivo para el capital privado nacional y extranjero por sus bajos márgenes de utilidades, altos costos de instalación, administración, operación y mantenimiento. Es decir, volvemos a los años cuarentas, cuando había una empresa multinacional norteamericana que tenía interconectada a las principales capitales, pero el resto del país se hallaba incomunicado telefónicamente.

Ante este nuevo raponazo contra nuestra soberanía económica, la única alternativa es la batalla unificada en defensa del interés de la nación. Convocamos a todos los patriotas a que acompañen la resistencia civil de los trabajadores de las telecomunicaciones.

ACC SE IRÍA AL PARO NACIONAL

La Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, se iría a un paro de actividades en los próximos días si el gobierno no brinda solución a sus justas demandas, informó el fiscal de la junta directiva nacional, Jorge García. La Asociación, con apenas seis años de fundada, reúne quince seccionales.

«El futuro es muy incierto para nuestro gremio, pues en la actualidad estamos trabajando a pérdida –denunció el directivo, quien también es presidente de la seccional de Caldas—. Los costos fijos de operación de un camión o un dobletroque oscilan entre nueve y diez millones de pesos al mes, mientras que los ingresos –por tres viajes con carga, en promedio— sólo suben a nueve millones, dinero con el que debe atender a las necesidades, también crecientes, de su familia. Lo grave es que este saldo en rojo va creciendo a medida que su vehículo se deprecian por el uso continuo. En resumen, los camioneros nos estamos comiendo nuestros carros».

Si se toman como referencia tres viajes mensuales de ida y vuelta entre Bogotá y Cartagena, en solo ACPM se gastan tres millones; en peajes, $1.200.000, sin contabilizar en esta suma los cuatro peajes internos que vienen siendo instalados en el Corredor de Carga de Cartagena; en alimentación y hospedaje, $600 mil; por cargue, descargue y descarrozada en puerto, $900 mil al mes; para el fondo de reposición del juego de llantas, que vale 20 millones y dura alrededor de un año, $1.600.000. El mantenimiento, incluidos el cambio de aceite y bandas de frenos y las reparaciones periódicas de motor y caja de transmisión, demandan erogaciones mensuales o reservas para el fondo de reposición por $700 mil. En primas de seguros, incluidos el obligatorio o SOAT, y el contractual y extracontractual, $700 mil mensuales. A todo lo anterior deben añadirse el sueldo, las prestaciones y la seguridad social del conductor –no se contabiliza la del mismo propietario, quien aparece afiliado al ISS como independiente—, que fluctúan entre $1.200.000 y $1.500.000. Y eso sin tener en cuenta la liberación de los precios de los combustibles decretada por el gobierno y la escalada de costos de las autopartes.

Si se consiguen los tres viajes, lo que es más bien aleatorio, por la sobreoferta existente en el parque automotor de carga y por la crisis de la industria y la agricultura , el dueño sólo obtiene ingresos por algo más de nueve millones de pesos.

«A tan grave problemática social –agrega Jorge García—, ha de añadirse la discriminación, pues el Ministerio de Transporte les redujo el tope de carga a los camiones o C-2, como también a los dobletroques o C-3. Más ruinosa aún para los pequeños y medianos propietarios es la discriminación que vienen practicando Colfecar, Acecarga y otras empresas de transporte contra los vehículos con más de quince años, pues se niegan a darles carga con la clara intención de sacarlos a la brava del mercado, para beneficio de los grandes monopolios de carga, de los fabricantes gringos y de las firmas importadoras de vehículos. En Colombia, los camiones o dobletroques anteriores a 1985 constituyen el 70% del total del parque automotor».

La ACC ha demostrado que los motores de la casi totalidad de estos vehículos se han repotenciado, y, en consecuencia, no es justo que se los discrimine. «Nuestros carros –dice el fiscal— son la única fuente de subsistencia para decenas de miles de camioneros. Hemos hecho cálculos con base en estudios técnicos y estamos en capacidad de comprobar que de los camiones, dobletroques y tractocamiones dependen directamente un millón cincuenta mil personas, e indirectamente, cerca de seis millones».

La negativa de los últimos gobiernos a brindar solución a tan graves problemas ha ocasionado cinco paros nacionales de camioneros. Pese a ello, el Ministerio del Transporte sigue dando largas a las sentidas exigencias del gremio. Por tal motivo, la ACC ha anunciado que se encuentra preparando el sexto paro nacional, que podría coincidir con el que iniciarán el próximo 31 de julio millares de campesinos, agroempresarios, jornaleros e indígenas, convocados por Salvación Agropecuaria.

URGE RECONSTRUCCIÓN DE SUROCCIDENTE DE SOLEDAD, ATLÁNTICO

Asociación de Viviendistas, Asovivir, exige entrega rápida de viviendas dignas en tamaño y calidad

Por Leila Delgado Almanza

El vendaval que con fuerza destructora azotó en junio el suroccidente de Soledad, en el Atlántico, dejó miles de familias damnificadas, todas en la absoluta miseria, como ocurre en Villa Adela, Renacer, Zarabanda, Ciudadela Metropolitana, Las Colinas, Villa del Carmen, Villa María y Villa Katanga, barrios convertidos desde hace muchos años en refugio para los desplazados de la violencia y para los desempleados por la industria barranquillera en bancarrota.

Están por tierra las esperanzas en la ayuda oficial. «Aquí no hay condiciones para empezar de cero, y por eso creímos que ésta era una buena ocasión para contar con buenos auxilios», comenta Stewart Aguilar, un padre de familia por cuya casa en ruinas pasara el presidente Andrés Pastrana días después de la tragedia prometiendo la salvación.

De nada sirven los gaseosos llamados de las autoridades, como el del alcalde Alfredo Arraut, a buscar soluciones «con el concurso de todos». La reconstrucción de las áreas destruidas tomará mucho tiempo si siguen demorándose en afluir los recursos del gobierno central, así se cuente con la solidaridad del pueblo atlanticense y del resto de colombianos.

El gran obstáculo sigue siendo la política neoliberal al mando. Cuando aún la oleada privatizadora no había liquidado al Instituto de Crédito Territorial, ICT, su respuesta al tornado que en junio de 1983 arrasó el barrio Siete de Julio permitió levantar la Ciudadela Veinte de Julio. No sucedió lo mismo con el reciente vendaval, pues el gobierno ha dejado que sean las llamadas ONG, por la vía de la autoconstrucción, las que promuevan soluciones de vivienda. «Éstas no cuentan con adecuadas especificaciones de resistencia, por cuanto sus propietarios son familias pobres obviamente sin conocimientos técnicos sobre construcción», dice Víctor Ballú, líder comunal del barrio popular Renacer, construido sobre un lote de invasión en la cabecera del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortíssoz. Para Gabriel Salazar, delegado de la organización internacional Médicos sin Fronteras, «si bien la sociedad civil debe demostrar su solidaridad, la tarea principal le corresponde al Estado, que es el que tiene la capacidad económica, la infraestructura y la experiencia en el manejo de este tipo de emergencias».

La segunda alternativa que se ha puesto en marcha es convertir la reconstrucción en un jugoso negocio, por la vía de privatizar las tragedias del pueblo. Ya el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Arnold Gómez, propuso «crear una entidad mixta» y que sea el sector privado el que se encargue de administrarla, «como lo hizo el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, en el caso del Eje Cafetero con el fin de que los recursos se canalicen de la forma más eficiente». Ya hay más de doce cuentas en las distintas corporaciones para la recepción de las ayudas brindadas por el público, cuentas abiertas a nombre de conocidos grupos financieros, como la Fundación Santodomingo, de grupos radiales poderosos o de primeras damas.

La atención a los menores de edad está siendo cubierta por el ICBF con el fácil expediente de abrir un hueco para tapar otro. A las madres comunitarias de la Ciudadela Metropolitana se les ha exigido que abandonen a su suerte a los menores de los hogares comunitarios en los sectores no afectados, para así recibir en sus casas a los infantes de los barrios semidestruidos.

Para cubrir tan sólo las necesidades básicas de los 8.340 damnificados, reubicar a 1.700 familias, reparar 1.200 casas y edificar otras 478, totalmente arrasadas, los costos han sido estimados por la Asamblea departamental en $8 mil millones. A comienzos de junio el gobierno central anunció aportes para la reconstrucción de Soledad por $2.500 millones (El Tiempo, 3 de junio), que aumentó después a $4.200 millones, suma todavía muy por debajo de lo que realmente se precisa.

Ante tan grave situación, ya ha empezado a concretarse la Asociación de Viviendistas del Barrio Renacer, Asovir, que está exigiendo perentoriamente la entrega de viviendas dignas en extensión y calidad. La organización ha hecho suya la exigencia de la Asamblea departamental de que el gobierno declare la emergencia económica en Soledad, acometa las obras con la mayor celeridad, aumente las partidas del gobierno central hasta cubrir el monto requerido y que los barrios sean reubicados en zonas al margen de riesgos, sean legalizados centenares de lotes y se cree una comisión especial en la que tengan voz y voto los voceros de los damnificados.

CORREDOR DE CARGA NO PUEDE SER UNA CARGA MÁS PARA LOS CARTAGENEROS

Por Carlos Carrascal
Finaliza este año la adecuación y construcción de los 90.4 kilómetros del Corredor de Carga, o vía de acceso rápido a Cartagena. La obra fue incluida dentro del Plan Vial de Infraestructura del Distrito y busca, según sus promotores, «el manejo de la carga con acceso rápido desde la Sociedad Portuaria, pasando por los muelles y por la Zona Industrial de Mamonal, hasta Pasacaballos». Será la vía para la importación de mercancías.

El costo, estimado inicialmente en 66 mil millones de pesos, ya va en $150 mil millones. En la ejecución de la obra serán expropiados o comprados, total o parcialmente, 267 predios. La entidad que está a cargo de avaluarlos, y de las negociaciones en general, es la Inmobiliaria Islas del Rosario, que hace los avalúos a su arbitrio. A la Sociedad Portuaria, por ejemplo, se le pagó el metro cuadrado a $300 mil, mientras que a los habitantes de Poseidón y La Cuchilla, a sólo $150 mil.

La obra la lleva a cabo la Concesión Vial de Cartagena, conformada por Álvarez & Collins, KMC Ltda. y Gercón Ltda., la cual recibe, por solo cobro de valorización, el 20% del total de los costos. El 80% restante lo obtendrá del producto de los cuatro peajes que serán instalados en la vía.

36 barrios y dieciséis mil predios –72% residenciales, en su gran mayoría de los estratos 1, 2 y 3— serán gravados con el impuesto de valorización. La Sociedad Portuaria, así como las empresas importadoras, las grandes privilegiadas, no pagarán la contribución. Los cobros a las familias, que serán garantizados por el Distrito, oscilan entre los $12 mil y los $60 mil.

Ya los pobladores de los barrios Martínez Martelo, Bruselas, Amberes y otros habían pagado recientemente gravámenes por la Avenida Crisanto Luque, la Avenida del Lago, la Loma de Bazurto y la pavimentación de las respectivas calles de sus barrios. Ahora les tocará seguir pagando.

De las 10.628 familias que viven en los barrios Nelson Mandela, Pasacaballos, Bocachica, Ceballos, Santa Clara, Policarpa, Santana, Arroz Barato, Las Brisas, Antonio José de Sucre, Caño de Loro, Membrilla, Veinte de Julio, Albornoz, Ararca, Río Alba, La Gloria, Puerta de Hierro, Bella Vista, Libertador, Bernardo Jaramillo, Henequén, Quindío y Villa Barraza, el 93.9% percibe ingresos por debajo de los $200 mil mensuales. Todos son afectados por los gravámenes del Corredor de Carga.

Ha habido constante amenaza de desalojo sobre los pobladores de los barrios Zapatero, La Cuchilla y Manzanillo en el Bosque. No sería extraño que las autoridades distritales aprovecharan la valorización para lograr al fin sus torvos propósitos.

La obra acarreará innumerables perjuicios a los sectores circunvecinos. Al cambiar las rutas de los buses, a mucha gente se la obligará a caminar kilómetros. Los niños de las ocho concentraciones escolares se verán expuestos a las altas velocidades de las tractomulas, máxime cuando, de los 90 puentes peatonales requeridos, el concesionario sólo prevé la construcción de nueve.

En días pasados se conoció el Informe Técnico del Sedic, de Medellín, en el cual advierte sobre el peligro de la obra y demanda su inmediata suspensión, hasta que se cuente con un estudio de drenajes adelantado con el debido rigor técnico.

En varias audiencias públicas, los habitantes se han opuesto tajantemente al cobro de valorización y a los peajes y han exigido que se rectifique el trazado. En idéntico sentido han fijado su posición el Frente Común de Acción Cívica de Cartagena, la Asociación Colombiana de Camioneros, la Corporación Social de Transportadores de Cartagena, la Cooperativa Social de Transportadores de Cartagena, la Asociación de Transportadores Urbanos, el Sindicato de Conductores de Taxis, los ediles y juntas de acción comunal de las Comunas 9, 10 y 11, los vocales de control, la Red de Veedurías, Utradebol y Sudeb.

Si las trasnacionales, la gran burguesía compradora y el concesionario son los beneficiados, deben ser ellos y el Estado los que costeen el proyecto en su totalidad.

* Integrante del Comité Ejecutivo de la Unión de Trabajadores de Bolívar, Utradebol.