ACC SE IRÍA AL PARO NACIONAL

La Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, se iría a un paro de actividades en los próximos días si el gobierno no brinda solución a sus justas demandas, informó el fiscal de la junta directiva nacional, Jorge García. La Asociación, con apenas seis años de fundada, reúne quince seccionales.

«El futuro es muy incierto para nuestro gremio, pues en la actualidad estamos trabajando a pérdida –denunció el directivo, quien también es presidente de la seccional de Caldas—. Los costos fijos de operación de un camión o un dobletroque oscilan entre nueve y diez millones de pesos al mes, mientras que los ingresos –por tres viajes con carga, en promedio— sólo suben a nueve millones, dinero con el que debe atender a las necesidades, también crecientes, de su familia. Lo grave es que este saldo en rojo va creciendo a medida que su vehículo se deprecian por el uso continuo. En resumen, los camioneros nos estamos comiendo nuestros carros».

Si se toman como referencia tres viajes mensuales de ida y vuelta entre Bogotá y Cartagena, en solo ACPM se gastan tres millones; en peajes, $1.200.000, sin contabilizar en esta suma los cuatro peajes internos que vienen siendo instalados en el Corredor de Carga de Cartagena; en alimentación y hospedaje, $600 mil; por cargue, descargue y descarrozada en puerto, $900 mil al mes; para el fondo de reposición del juego de llantas, que vale 20 millones y dura alrededor de un año, $1.600.000. El mantenimiento, incluidos el cambio de aceite y bandas de frenos y las reparaciones periódicas de motor y caja de transmisión, demandan erogaciones mensuales o reservas para el fondo de reposición por $700 mil. En primas de seguros, incluidos el obligatorio o SOAT, y el contractual y extracontractual, $700 mil mensuales. A todo lo anterior deben añadirse el sueldo, las prestaciones y la seguridad social del conductor –no se contabiliza la del mismo propietario, quien aparece afiliado al ISS como independiente—, que fluctúan entre $1.200.000 y $1.500.000. Y eso sin tener en cuenta la liberación de los precios de los combustibles decretada por el gobierno y la escalada de costos de las autopartes.

Si se consiguen los tres viajes, lo que es más bien aleatorio, por la sobreoferta existente en el parque automotor de carga y por la crisis de la industria y la agricultura , el dueño sólo obtiene ingresos por algo más de nueve millones de pesos.

«A tan grave problemática social –agrega Jorge García—, ha de añadirse la discriminación, pues el Ministerio de Transporte les redujo el tope de carga a los camiones o C-2, como también a los dobletroques o C-3. Más ruinosa aún para los pequeños y medianos propietarios es la discriminación que vienen practicando Colfecar, Acecarga y otras empresas de transporte contra los vehículos con más de quince años, pues se niegan a darles carga con la clara intención de sacarlos a la brava del mercado, para beneficio de los grandes monopolios de carga, de los fabricantes gringos y de las firmas importadoras de vehículos. En Colombia, los camiones o dobletroques anteriores a 1985 constituyen el 70% del total del parque automotor».

La ACC ha demostrado que los motores de la casi totalidad de estos vehículos se han repotenciado, y, en consecuencia, no es justo que se los discrimine. «Nuestros carros –dice el fiscal— son la única fuente de subsistencia para decenas de miles de camioneros. Hemos hecho cálculos con base en estudios técnicos y estamos en capacidad de comprobar que de los camiones, dobletroques y tractocamiones dependen directamente un millón cincuenta mil personas, e indirectamente, cerca de seis millones».

La negativa de los últimos gobiernos a brindar solución a tan graves problemas ha ocasionado cinco paros nacionales de camioneros. Pese a ello, el Ministerio del Transporte sigue dando largas a las sentidas exigencias del gremio. Por tal motivo, la ACC ha anunciado que se encuentra preparando el sexto paro nacional, que podría coincidir con el que iniciarán el próximo 31 de julio millares de campesinos, agroempresarios, jornaleros e indígenas, convocados por Salvación Agropecuaria.

URGE RECONSTRUCCIÓN DE SUROCCIDENTE DE SOLEDAD, ATLÁNTICO

Asociación de Viviendistas, Asovivir, exige entrega rápida de viviendas dignas en tamaño y calidad

Por Leila Delgado Almanza

El vendaval que con fuerza destructora azotó en junio el suroccidente de Soledad, en el Atlántico, dejó miles de familias damnificadas, todas en la absoluta miseria, como ocurre en Villa Adela, Renacer, Zarabanda, Ciudadela Metropolitana, Las Colinas, Villa del Carmen, Villa María y Villa Katanga, barrios convertidos desde hace muchos años en refugio para los desplazados de la violencia y para los desempleados por la industria barranquillera en bancarrota.

Están por tierra las esperanzas en la ayuda oficial. «Aquí no hay condiciones para empezar de cero, y por eso creímos que ésta era una buena ocasión para contar con buenos auxilios», comenta Stewart Aguilar, un padre de familia por cuya casa en ruinas pasara el presidente Andrés Pastrana días después de la tragedia prometiendo la salvación.

De nada sirven los gaseosos llamados de las autoridades, como el del alcalde Alfredo Arraut, a buscar soluciones «con el concurso de todos». La reconstrucción de las áreas destruidas tomará mucho tiempo si siguen demorándose en afluir los recursos del gobierno central, así se cuente con la solidaridad del pueblo atlanticense y del resto de colombianos.

El gran obstáculo sigue siendo la política neoliberal al mando. Cuando aún la oleada privatizadora no había liquidado al Instituto de Crédito Territorial, ICT, su respuesta al tornado que en junio de 1983 arrasó el barrio Siete de Julio permitió levantar la Ciudadela Veinte de Julio. No sucedió lo mismo con el reciente vendaval, pues el gobierno ha dejado que sean las llamadas ONG, por la vía de la autoconstrucción, las que promuevan soluciones de vivienda. «Éstas no cuentan con adecuadas especificaciones de resistencia, por cuanto sus propietarios son familias pobres obviamente sin conocimientos técnicos sobre construcción», dice Víctor Ballú, líder comunal del barrio popular Renacer, construido sobre un lote de invasión en la cabecera del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortíssoz. Para Gabriel Salazar, delegado de la organización internacional Médicos sin Fronteras, «si bien la sociedad civil debe demostrar su solidaridad, la tarea principal le corresponde al Estado, que es el que tiene la capacidad económica, la infraestructura y la experiencia en el manejo de este tipo de emergencias».

La segunda alternativa que se ha puesto en marcha es convertir la reconstrucción en un jugoso negocio, por la vía de privatizar las tragedias del pueblo. Ya el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Arnold Gómez, propuso «crear una entidad mixta» y que sea el sector privado el que se encargue de administrarla, «como lo hizo el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, en el caso del Eje Cafetero con el fin de que los recursos se canalicen de la forma más eficiente». Ya hay más de doce cuentas en las distintas corporaciones para la recepción de las ayudas brindadas por el público, cuentas abiertas a nombre de conocidos grupos financieros, como la Fundación Santodomingo, de grupos radiales poderosos o de primeras damas.

La atención a los menores de edad está siendo cubierta por el ICBF con el fácil expediente de abrir un hueco para tapar otro. A las madres comunitarias de la Ciudadela Metropolitana se les ha exigido que abandonen a su suerte a los menores de los hogares comunitarios en los sectores no afectados, para así recibir en sus casas a los infantes de los barrios semidestruidos.

Para cubrir tan sólo las necesidades básicas de los 8.340 damnificados, reubicar a 1.700 familias, reparar 1.200 casas y edificar otras 478, totalmente arrasadas, los costos han sido estimados por la Asamblea departamental en $8 mil millones. A comienzos de junio el gobierno central anunció aportes para la reconstrucción de Soledad por $2.500 millones (El Tiempo, 3 de junio), que aumentó después a $4.200 millones, suma todavía muy por debajo de lo que realmente se precisa.

Ante tan grave situación, ya ha empezado a concretarse la Asociación de Viviendistas del Barrio Renacer, Asovir, que está exigiendo perentoriamente la entrega de viviendas dignas en extensión y calidad. La organización ha hecho suya la exigencia de la Asamblea departamental de que el gobierno declare la emergencia económica en Soledad, acometa las obras con la mayor celeridad, aumente las partidas del gobierno central hasta cubrir el monto requerido y que los barrios sean reubicados en zonas al margen de riesgos, sean legalizados centenares de lotes y se cree una comisión especial en la que tengan voz y voto los voceros de los damnificados.

CORREDOR DE CARGA NO PUEDE SER UNA CARGA MÁS PARA LOS CARTAGENEROS

Por Carlos Carrascal
Finaliza este año la adecuación y construcción de los 90.4 kilómetros del Corredor de Carga, o vía de acceso rápido a Cartagena. La obra fue incluida dentro del Plan Vial de Infraestructura del Distrito y busca, según sus promotores, «el manejo de la carga con acceso rápido desde la Sociedad Portuaria, pasando por los muelles y por la Zona Industrial de Mamonal, hasta Pasacaballos». Será la vía para la importación de mercancías.

El costo, estimado inicialmente en 66 mil millones de pesos, ya va en $150 mil millones. En la ejecución de la obra serán expropiados o comprados, total o parcialmente, 267 predios. La entidad que está a cargo de avaluarlos, y de las negociaciones en general, es la Inmobiliaria Islas del Rosario, que hace los avalúos a su arbitrio. A la Sociedad Portuaria, por ejemplo, se le pagó el metro cuadrado a $300 mil, mientras que a los habitantes de Poseidón y La Cuchilla, a sólo $150 mil.

La obra la lleva a cabo la Concesión Vial de Cartagena, conformada por Álvarez & Collins, KMC Ltda. y Gercón Ltda., la cual recibe, por solo cobro de valorización, el 20% del total de los costos. El 80% restante lo obtendrá del producto de los cuatro peajes que serán instalados en la vía.

36 barrios y dieciséis mil predios –72% residenciales, en su gran mayoría de los estratos 1, 2 y 3— serán gravados con el impuesto de valorización. La Sociedad Portuaria, así como las empresas importadoras, las grandes privilegiadas, no pagarán la contribución. Los cobros a las familias, que serán garantizados por el Distrito, oscilan entre los $12 mil y los $60 mil.

Ya los pobladores de los barrios Martínez Martelo, Bruselas, Amberes y otros habían pagado recientemente gravámenes por la Avenida Crisanto Luque, la Avenida del Lago, la Loma de Bazurto y la pavimentación de las respectivas calles de sus barrios. Ahora les tocará seguir pagando.

De las 10.628 familias que viven en los barrios Nelson Mandela, Pasacaballos, Bocachica, Ceballos, Santa Clara, Policarpa, Santana, Arroz Barato, Las Brisas, Antonio José de Sucre, Caño de Loro, Membrilla, Veinte de Julio, Albornoz, Ararca, Río Alba, La Gloria, Puerta de Hierro, Bella Vista, Libertador, Bernardo Jaramillo, Henequén, Quindío y Villa Barraza, el 93.9% percibe ingresos por debajo de los $200 mil mensuales. Todos son afectados por los gravámenes del Corredor de Carga.

Ha habido constante amenaza de desalojo sobre los pobladores de los barrios Zapatero, La Cuchilla y Manzanillo en el Bosque. No sería extraño que las autoridades distritales aprovecharan la valorización para lograr al fin sus torvos propósitos.

La obra acarreará innumerables perjuicios a los sectores circunvecinos. Al cambiar las rutas de los buses, a mucha gente se la obligará a caminar kilómetros. Los niños de las ocho concentraciones escolares se verán expuestos a las altas velocidades de las tractomulas, máxime cuando, de los 90 puentes peatonales requeridos, el concesionario sólo prevé la construcción de nueve.

En días pasados se conoció el Informe Técnico del Sedic, de Medellín, en el cual advierte sobre el peligro de la obra y demanda su inmediata suspensión, hasta que se cuente con un estudio de drenajes adelantado con el debido rigor técnico.

En varias audiencias públicas, los habitantes se han opuesto tajantemente al cobro de valorización y a los peajes y han exigido que se rectifique el trazado. En idéntico sentido han fijado su posición el Frente Común de Acción Cívica de Cartagena, la Asociación Colombiana de Camioneros, la Corporación Social de Transportadores de Cartagena, la Cooperativa Social de Transportadores de Cartagena, la Asociación de Transportadores Urbanos, el Sindicato de Conductores de Taxis, los ediles y juntas de acción comunal de las Comunas 9, 10 y 11, los vocales de control, la Red de Veedurías, Utradebol y Sudeb.

Si las trasnacionales, la gran burguesía compradora y el concesionario son los beneficiados, deben ser ellos y el Estado los que costeen el proyecto en su totalidad.

* Integrante del Comité Ejecutivo de la Unión de Trabajadores de Bolívar, Utradebol.

EL GOBIERNO APLAZA SU BOLETEO, LA BOLETA FISCAL Y LOS LIQUIDADORES DE LA DIAN

Por Aurelio Suárez Montoya

En la década de los noventa se aprobaron seis reformas tributarias. En ellas el IVA aumentó seis puntos, al pasar de 9 a 15%, y el impuesto de renta, cinco, de 30 a 35%. Los ingresos tributarios de la Hacienda pasaron de $4.1 billones en 1992 a $19 billones en 2000. Sin embargo, los efectos de tales incrementos no tuvieron una contrapartida igual en la solvencia de las finanzas públicas. Por el contrario, el más grande resultado de los últimos años ha sido el desequilibrio de las Cuentas Nacionales, tanto que ocasionó, por la desconfianza transmitida al sistema mundial, un abierto intervencionismo del FMI, inspirado en conocidos brevajes como el incremento de las bases gravables, la reestructuración del aparato estatal, la represión salarial, las privatizaciones, el recorte en el gasto público social y la prioridad en el pago de los intereses de la deuda pública interna y externa.

Es verdad sabida que las penurias fiscales emanan de un modelo económico que, tras la libertad comercial y financiera, permitió, a muy bajos aranceles, el ingreso de mercancías y productos extranjeros que superaron nuestras ventas externas y que esos déficit comerciales, en particular de 1993 a 1998, se financiaron con créditos a altas tasas de interés. Éstos entramparon al país en un endeudamiento del que no se sale fácilmente. Debemos más de $85 billones –¡billones!— y el presupuesto nacional del año 2001 vale menos de $57 billones. Por cada peso que se presupuesta, se adeuda uno y medio. Y de cada cien pesos que el gobierno gasta, casi 40 son para abonar al capital y para pagar intereses. No sólo prestamos para cubrir operaciones de comercio exterior, sino también para pagar gastos de funcionamiento y, últimamente, estamos pagando para prestar y nos prestan para que paguemos. La conocida dinámica del deudor impenitente.

Las políticas impositivas del Estado para conjurar tan terribles quebrantos han tomado las sendas de la injusticia social. Se expresan en la preponderancia dada a los impuestos indirectos y regresivos: al consumo, como el IVA, el de la gasolina o el tres por mil, que gravan a los contribuyentes por igual, independientemente de su estrato económico. Mientras tanto, los impuestos directos y progresivos, como el de la renta directa, van perdiendo importancia en los ingresos estatales. No es entendible que los inversionistas de las zonas francas y las compañías petroleras sean eximidos del impuesto de renta, o que los que cobran intereses por los bonos de deuda pública externa tampoco lo paguen, o que las corporaciones financieras puedan deducir de sus impuestos los bienes que recogen de sus clientes en dación de pago. Pero, en cambio, los hogares más humildes pagan IVA por el jabón, la mantequilla o el aceite. La forma como el Estado cobra sus tarifas tributarias refleja los privilegios existentes en un país.

Tan distorsionado está el perfil fiscal que, según la Regional Centro Occidente de la DIAN, el recaudo por IVA en Pereira pasó de $31 mil millones en 1995 a $68 mil millones en 1999 y, por el contrario, el recaudo por impuesto a la renta bajó de $35 mil millones a $33 mil millones en esos cinco años. Claro que lo anterior también encuentra explicación en el bajón de la actividad económica productiva, sobre todo de la agraria. Las exenciones y deducciones consagradas para los grandes agentes beneficiados valen $7.4 billones. Entre tanto, el Estado se da maña este año para recoger $2 billones a punta de ampliar el IVA o con el tres por mil.

Los estatutos tributarios se complican, porque recoger impuestos entre las capas menos adineradas exige métodos sumamente engorrosos.

Dentro de estas avivatadas, está la de trasladar el costo del control a los contribuyentes. En cada reforma se ha intentado un mecanismo que vaya incorporando a los pequeños contribuyentes al torrente tributario y que sirva de instrumento de inspección para sí mismos y para otros. En los últimos años, la DIAN ha hecho hasta lo imposible para acabar con el Régimen Simplificado. El RUI, el RIS y las cartas de los administradores de impuestos incorporando a tenderos, vendedores estacionarios y famiempresas al Régimen Común fracasaron por inconstitucionales o por la resistencia de los afectados.

El último embeleco en esa tendencia ha sido la boleta fiscal. Los pequeños comerciantes , artesanos y profesionales independientes debían entregarla a sus clientes por transacciones mayores de $10 mil, inicialmente. Era tan absurda la medida, que debieron cambiarla a las volandas, dejándola para transacciones mayores de $40 mil. No quiere decir, como afirma el presidente de Fenalco, que al aumentar la cifra se convierta en buena . No, el asunto, según lo ha aclarado el abogado demandante de la norma, Santiago Salah Argüello, radica en que, cualquiera que sea su valor, se trata de un mecanismo que contraría los principios legales del Régimen Simplificado, no está establecido en el Estatuto Tributario para estos contribuyentes.

Aunque el gobierno ha decidido suspender la boleta fiscal, es simplemente para calmar las protestas y esperar un momento más oportuno para aplicarla. O, en las propias palabras del ministro Juan Manuel Santos, para cambiarle el nombre y hacer campañas «educativas» buscando que los afectados la acepten.

Pero no sólo la boleta fiscal acosa a los asociados. Los avisos «Cerrado por evasión» y «Yo le juego sucio a Colombia» en miles de pequeños locales, y por razones nimias, constituyen castigos de la Santa Inquisición de la DIAN, tal como me escribiera una corresponsal.

El costo de montar un sistema informativo en torno a algo con la misma esencia de la boleta fiscal significa un ahorro incontable, una gran relación beneficio-costo para la DIAN, y se hará por cuenta de millones de contribuyentes, podemos estar seguros de ello. He ahí una insólita forma de cobrar una contribución adicional, al trasladar a los cientos de miles ciudadanos del común los costos que el Estado no asume.

¡Qué boleta!, como dicen los jóvenes.¡ Lo que tienen que hacer para cumplirle al FMI!

FMI Y ALCA ACONDICIONAN REFORMA LABORAL EN ZONAS ESPECIALES

Por Winston Petro

Casi a hurtadillas, el Congreso de la República aprobó la ley 293 por medio de la cual se crean las Zonas Especiales Económicas de Exportación, ZEEE, localizadas en los municipios de Buenaventura, Cúcuta, Valledupar e Ipiales y sus áreas metropolitanas creadas por ley. Los inexorables requerimientos del Fondo Monetario Internacional y la proximidad de la vinculación del país al mercado común previsto por el ALCA hicieron que Angelino Garzón, Juan Manuel Santos y Marta Lucía Ramírez apremiaran a los legisladores para aprobar de modo relámpago la nueva reforma laboral que esquilma de manera casi definitiva a la clase obrera colombiana.

Los funcionarios neoliberales aprovecharon el caos que caracteriza las ejecutorias del actual gobierno y los afanes de concertación que obsesionan a algunos contingentes obreros. Si bien en la ley se consagran normas de aplicación en los mencionados municipios, se le da potestad al gobierno para extenderlas a otros ubicados también en las fronteras, de acuerdo con la evaluación de las ganancias que los monopolios vayan obteniendo. Se introducen la mayoría de los atentados contra las conquistas de los trabajadores, contenidos en varios de los proyectos de reforma laboral que después de las leyes 50 y 100 han intentado imponerse, y que sólo por motivos de orden político no cristalizaron en el inmediato pasado.

De tal manera que, si por los avatares de la misma descomposición social en que se encuentra el país los monopolios no llegasen a anidar en este pequeño paraíso que se les crea, el gobierno habrá avanzado en la imposición de las normas laborales más regresivas dentro del plan de recolonización norteamericana: el abaratamiento, aún mayor, del costo de la mano de obra.

Las ventajas ofrecidas a los monopolios, tanto nacionales como extranjeros, que se pongan una nueva careta para participar en el convite, podrán ser incrementados por otras establecidas en leyes, ordenanzas, etc., es decir, no tendrán límites.

En la ley 50 de 1990 no se pudo incluir la negación del pago del recargo nocturno ni el previsto para el trabajo dominical o festivo. Esta vez el gobierno se sale con la suya y establece la pérdida para los trabajadores de estas mínimas garantías, a más de estipular la jornada de 36 horas semanales. Se institucionalizan igualmente la jornada de 18 horas semanales y el pago por hora de la remuneración y al salario se le incluyen el valor del recargo por festivo dominical, el de las prestaciones y el de beneficios tales como las primas legales, las cesantías y sus intereses y los subsidios cuando se habla de la jornada limitada. El salario integral baja del rango actual de diez salarios mínimos a tres para el trabajador que pudiera ganarlos. Las fatídicas sociedades intermediarias quedan facultadas para atender las demandas de la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, así como la prestación de servicios individuales o conjuntos por parte de sus miembros, algo que calca lo que de antiguo se denominó el contrato sindical, puesto en boga por el abogado Marcel Silva y sus allegados.

Continuando con el debilitamiento del SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación, los aportes sobre los salarios de los trabajadores a estas instituciones serán sólo del 50% de los que exige la legislación laboral. La seguridad social en salud y riesgos profesionales del trabajador y su familia podrá incluso ser regulada por modalidades aún peores que las de la regresiva ley 100 de 1993. Lo mismo ocurre con las pensiones, para las cuales se anota que sus aportes serán realizados por las horas efectivamente trabajadas, lo cual hace infinito el número de años necesarios para obtener la jubilación, ateniéndose al recorte de la jornada en su versión de 36 horas semanales o de la limitada.

Si para la ejecución de la apertura se necesitó de algún respaldo político de los empresarios engatusándolos con el desmonte de la precaria estabilidad existente y la eliminación de la retroactividad de las cesantías, esta vez el gobierno se valió del papel de alcahuete desempeñado por el ministro de Trabajo, quien a la vez que presta su concurso para estas trapisondas, de vez en cuando saca a brillar sus galones como integrante de los bandos sindicales en no muy lejanas épocas. El atentado es de tales proporciones, que la clase obrera está obligada a elevar su nivel de resistencia, a evitar que la cartera del Ministerio de Trabajo se le convierta permanentemente en una trampa y a exigirles a las centrales obreras que se pongan al frente de la batalla contra la política imperial que practica Estados Unidos sobre nuestra nación.

EL RAPONAZO A LAS PENSIONES

Por Olger Forero

El gobierno cocina un proyecto de reforma pensional para el que, con el sofisma de la concertación, su ministro del Trabajo pretende conseguir el aval del movimiento obrero. Esta reforma hace parte de las exigencias del FMI dentro del Plan de Ajuste Económico, que tiene especial mención en el Plan Colombia. En ambos está dirigido a liberar recursos del Estado para cumplir con los pagos de la deuda externa.

El aspecto central de la reforma es poner mayores trabas para que los trabajadores puedan alcanzar el derecho de la pensión, para lo cual aumentan los requisitos, reducen la prestación y le facilitan a los Fondos Privados la canalización de dichos recursos. Esto se logra aumentando la edad de jubilación de 62 a 67 años, y las semanas de cotización, de 1.000 a 1.300, subiendo los aportes de patronos y trabajadores y disminuyendo la mesada pensional al establecerla en 50% del promedio salarial de la vida laboral, en cambio del 60% de los últimos diez años, en que la había situado la ley 100.

Lo que se propone el gobierno es: 1. Pagar lo menos posible por las pensiones 2. Darle un impulso al sistema de ahorro individual en los Fondos Privados de Pensiones, que es en esencia una negación del derecho.3. Acabar con los regímenes especiales y 4. Ahondar en el debilitamiento del sistema pensional del ISS.

Cálculos actuariales del gobierno, meras especulaciones

Para entender a cabalidad la posición del gobierno sobre el problema pensional, basta conocer los datos expuestos por el director de Planeación Nacional, Juan Carlos Echeverry. Según informa Portafolio (28-V-01), el funcionario dijo que en 1990 las pensiones significaban el 0,9%% del PIB; en el año 2000 eran el 2,8 y, según él, pueden llegar a 5%. «Esa senda se considera explosiva, y por eso hay que agilizar la reforma», agregó. No obstante, en muchos países este indicador es mucho más alto: llega en Estados Unidos a 6,8% del PIB y pasa de 10% en países de Europa como Bélgica, España, Finlandia y Grecia. El gobierno, entonces, funda su argumentación exagerando el pasivo pensional.

El pasivo pensional a cargo del Estado se ha incrementado por culpa del incumplimiento de sus obligaciones con el ISS, que llegan a 42 billones de pesos, y con los fondos pensionales que atienden a los trabajadores del Estado. No obstante, el gobierno sobreestima ese pasivo pues no todos los trabajadores se pensionan al mismo tiempo y los desembolsos son graduales.

Las cuentas deben hacerse sobre la base de los trabajadores activos en el país y de los que efectivamente estén en edad y tiempo de pensión. Conocido el número real de pensionados, debe verificarse si los recursos asignados cubren la obligación, teniendo en cuenta que se necesita un volumen de cotizantes activos suficientes para sostener el sistema. Esta forma de evaluar, ajustada por completo a la realidad, mostrará una cifra infinitamente menor para pensiones. Y para garantizar su pago, en lugar de recortar las nóminas, se requiere aumentar el empleo para irrigar el sistema de cotizantes. Que la proporción de pensionados crezca sin que aumente la cantidad de los cotizantes se debe al estancamiento de la economía, por la política neoliberal.

.La responsabilidad de otorgar las pensiones es del Estado y de los patronos. Cuando se creó el ISS, los trabajadores fueron obligados a contribuir para su propia pensión; después, el Estado incumplió con sus aportes, los patronos impusieron la evasión y, posteriormente, con los Fondos Privados de Pensiones y cesantías y con la Ley 100, se abolió el concepto de pensión y se sustituyó por el de ahorro individual en cabeza del trabajador.

De los 4.5 millones de afiliados del ISS, 46.1 % son inactivos, es decir, no cotizan por más de seis meses, y en los Fondos Privados, 50.2% de sus 3.750.000 afiliados tampoco lo hacen. Asunto clave en la crisis pensional y que tiene como única causa la quiebra del aparato productivo nacional y la desmejora en la calidad del empleo, con el predominio de la inestabilidad.

Capital financiero, el gran beneficiado

Las reformas en pensiones y cesantías han beneficiado exclusivamente a la banca privada. Dentro del esquema neoliberal, las pensiones dejaron de ser un aspecto de la seguridad social para convertirse, como la salud, en un pingüe negocio de los grandes banqueros, quienes desde la crisis de 1982-1984 vieron en las pensiones una fuente de recursos: «El problema radica en la dificultad de acceso a fondos de largo alcance. En busca de alguna solución valdría la pena estudiar… alternativas. La primera se refiere al Fondo de Pensiones, estos podrán ser administrados por las Corporaciones Financieras con lo cual se podría tener recursos estables a largo plazo» (del libro Banca 84, publicado por la Asociación Bancaria, p. 183).

Según el Banco Mundial, la administración del sistema debe ser privada, porque permite una mejor asignación de los recursos y hay menos posibilidades de presionar el déficit fiscal por la vía del mayor gasto público (Banco Mundial, 1994, James 1995:6)

Actualmente, dos de los grandes grupos colombianos, AVAL y Sindicato Antioqueño, controlan 47% de las captaciones. El capital español controla 35%. O sea, entre ambos controlan 82% de las captaciones.

La inversión de los fondos se ha destinado a la especulación financiera. En 2001 estos rendimientos dependen en más de 90% de: bonos de deuda pública externa e interna, de inversiones en el exterior y, por supuesto, reciben una consideración muy especial los títulos o bonos del sector financiero. En cambio, el llamado sector real de la economía recibe una inversión por debajo de 10%.

Estos fondos, a diciembre de 2000 captaron ocho billones de pesos y en la actualidad manejan captaciones por 13 billones, que equivalen a 20% del total de activos de la banca. En la cifra anterior se incluyen 2,3 billones de cesantías.

El sentido de las reformas propuestas por el gobierno es fortalecer aún más los Fondos Privados y con ellos al sector financiero; dificultar el acceso de los trabajadores a los beneficios pensionales y arrebatar de un tajo las conquistas que el movimiento sindical ha logrado en décadas de lucha, nivelándolos por lo bajo. La tesis de que son las pensiones las causantes del déficit fiscal, mientras se entregan millonarios recursos al sector bancario, no es más que una cortina de humo que pretende ocultar el nefasto papel del endeudamiento externo y de la apertura económica en la actual crisis. Los trabajadores deben defender sus conquistas, luchando por mantener su nivel de vida y con la convicción de que sus ingresos, al aumentar la demanda de bienes y servicios, contribuirán decisivamente al desarrollo de la economía nacional.

Corresponde a las centrales obreras y al Comando Nacional Unitario, organizar esta batalla y desechar las ilusiones en una concertación cuyo único efecto es desmovilizar al pueblo.

DISTRITO LE PONE CONEJO A HOSPITALES PUBLICOS EN MAS DE $30 MIL MILLONES ANUALES

Más de $30 mil millones dejó de cancelar el Distrito en el 2000 a sus hospitales públicos por concepto de atención a la población vinculada, la cual, con limitaciones, sigue siendo atendida en Bogotá con recursos del Estado. Esta cifra fácilmente podría superar los $40 mil millones, si se contabilizan las pérdidas de todos los 22 hospitales públicos de la capital.

El secretario de Salud, representante legal del Fondo Financiero Distrital de Salud, desde noviembre de 1996, estableció unas tarifas irrisorias para el sector público en la atención de vinculados, sustancialmente inferiores a lo establecido por el decreto 2423 de 1996 y a los costos hospitalarios. La falta de recursos de los hospitales públicos del Distrito facilitó la imposición de la siniestra medida, diseñada para burlar el decreto y acelerar la ruina y liquidación de los hospitales públicos del Distrito.

En febrero de este año empezó a conocerse la magnitud del daño ocasionado. La lista de pérdidas en el 2000 la encabezan los hospitales de El Tunal y Simón Bolívar, con más de $7 mil millones cada uno. Les siguen, el Hospital Occidente de Kennedy, con poco más de $6 mil millones y La Victoria, con más de $2.500 millones, para sólo mencionar los del tercer nivel.

Y, mientras el Fondo Financiero Distrital de Salud les pone conejo a los hospitales públicos al no cancelarles las tarifas del decreto, al sector privado sí le cancela éstas, como punto de partida. Un ejemplo clarifica el asunto. Con las tarifas impuestas por la Secretaría, el valor pagado por la atención de un paciente vinculado en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, demórese los días que se demore su atención, es de $3.300.000. En cambio, el valor pagado al hospital o clínica privada por cada día de atención a tarifas del decreto es de un millón. Así, si la recuperación de un paciente en la UCI requiere 40 días de atención, el Distrito les paga a los hospitales privados $40 millones. Al hospital público, tan sólo $3.300.000. De aquí que la sola UCI del Hospital Occidente de Kennedy durante el 2000 perdiera más de $1.500 millones, pues el promedio de estadía de los pacientes ampliamente supera los cuatro días, y es irresponsable forzar la salida de un paciente dentro de los tres primeros días de atención para cumplir con los parámetros de muerte (eficiencia) de la Secretaría de Salud.

Enfrentar a Mockus

Cuando aún era candidato, Mockus anunció que seguiría con las fusiones de hospitales. Ahora, sin desechar aquella idea, viene preparando los hospitales para que sufran nuevas restructuraciones. Las que tiene programadas para este año se concretarían a más tardar el 28 de septiembre, según lo establece el cronograma de la Alcaldía, dictado dentro de los lineamientos liquidacionistas que estableció la Secretaría de Salud para el período del 2001 al 2004.

Siguiendo el camino de lucha trazado por Fecode y Anthoc contra el Acto Legislativo 012, los trabajadores de salud en Bogotá y sus organizaciones deben volcarse a fortalecer el Frente Común por la Defensa de la Educación y la Salud, con miras a enfrentar en mejores condiciones a la administración Mockus. Facilita la concreción de este planteamiento el hecho de que el paro adelantado por Fecode y Anthoc no fue levantado sino suspendido, anunciando con ello que se librarán nuevas batallas en el segundo semestre contra la reforma pensional y de la ley 60 de 1993, con lo cual el portentoso frente seguirá avanzando.

Unido a ello, se debe elevar la denuncia pública del estruendoso y anunciado fracaso de las fusiones y restructuraciones realizadas en el 2000. Y enrostrarle a Mockus que él, al igual que Peñalosa, viene sistemáticamente violando la ley en materia de tarifas de servicios de salud, con el fin de tumbarles importantes recursos a los hospitales públicos y acelerar su cierre y liquidación.

EN LOS 25 AÑOS DEL PEQUEÑO TEATRO DE MEDELLÍN

Palabras del director de Pequeño Teatro , Rodrigo Saldarriaga, en el homenaje que le rindieron a esta agrupación artística la Universidad de Antioquia, la Universidad Cooperativa de Colombia, Adida, el Teatro Águila Descalza y Cedetrabajo, al cumplirse los 25 años de su fundación.

9.125 vueltas atrás para llegar al mismo punto: el encuentro de los amigos que aman la vida en el teatro y el teatro en la vida.

Me corresponde, en nombre de los cientos de personas que han pasado por Pequeño Teatro en estos 25 años, dar un profundo agradecimiento a los oferentes de este homenaje.

9.125 vueltas atrás, éramos los mismos: la noria nos ha traído de nuevo más gordos, más canosos, más viejos, pero los mismos.

Me recuerdo hoy, 25 años atrás, en la Universidad de Antioquia recibiendo las llaves de la oficina del Maestro Gustavo Yepes, que generosamente nos entregó para hacer nuestro primer ensayo de Pequeño Teatro.

Me recuerdo hoy, 9.125 vueltas atrás, en la discusión con Gabriel Restrepo, con Felipe y con todos los compañeros del MOIR sobre el teatro, el arte y la sociedad.

Me recuerdo hoy, 50 montajes atrás, con Efraim, Eduardo, Villita, John Jairo, Óscar, Pedro, Blanca, con las esperanzas infinitas.

Me recuerdo hoy, 25 años atrás, en el Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, con el Negro, con Mario, con Llerena, con Gilberto, y en Indesco de La Playa, en una de las primeras funciones del Anacleto…

Me recuerdo hoy, 9.125 vueltas atrás, en el apartamento de Guayaquil con Gregorio y con Gabriela, en donde fuimos felices.

9.125 vueltas atrás para llegar al mismo punto: el encuentro de los amigos que aman la vida en el teatro y el teatro en la vida.

Hoy, 9.125 vueltas atrás, pienso: si la fuerza centrífuga me ha impelido a pensar en el perenne futuro del teatro o si la fuerza centrípeta me arraiga en un presente desolador que ya dura 25 años. De cualquier manera, es imposible huir de esta máquina que pusimos a girar al unísono del tiempo y que amamos por su armónica disonancia.

Los que no están hoy con nosotros es porque ya nos llevan una vuelta, pero pronto los vamos a alcanzar. Les dejamos a los jóvenes, con Andrés y Omaira a la cabeza, esta herencia que esperamos no sea una carga.


El ejército de los guerreros

Extractos de la intervención de Carlos Mario Aguirre, director del Teatro Águila Descalza, en el homenaje a Pequeño Teatro.

Ellos eran, si mal no recuerdo, la brigada de trabajadores del arte revolucionario. A nosotros en realidad nos producían miedo. Digo nos como plural de humildad y para que la carga me sea más fácil de compartir, pero lo correcto es: me provocaban pavor. No creían en nada, estaban dispuestos a destruir la sociedad, a derruir hasta sus cimientos.

Ahí conocí a Efraim y a Moure y nos regalaron Intervenciones en el Foro de Yenán sobre literatura y arte. A Rodrigo en realidad lo conocería mucho después, en 1975 ó 1974, cuando cierta vez, bajando de un ensayo en el Teatro Camilo Torres, lo vi a él, a punta de ese trueno que tiene en las manos cuando hace chasquear los dedos, dirigiendo un ensayo rítmico de una de las obras más bellas que vi en mi vida, Anacleto Morones, en versión del naciente Pequeño Teatro.

Ejercieron en mí esa fascinación por lo prohibido, por la guerra, con una mano me tapaba los ojos y con la otra les enviaba besos, no sabía por qué, no lo sé ahora, pero esos tiempos de Un extraño y felpudo llamado tigrudo, encendieron llamas que nunca se apagaron.

Después vino Diles que no me maten, Drama en la buhardilla, Nos han dado la tierra. Yo pasaría por otros rumbos. Ellos harían Macbeth, y yo me fui para La Polilla con Llerena, para el taller de Vásquez… Pude haber pertenecido al Pequeño Teatro si lo hubiera aceptado cuando John Jairo o el viejo Efra, de derecho, el Maestro, me lo propusieron. Tuve miedo. El Pequeño era y es un grupo de guerreros y yo tuve la valentía de ser cobarde, de hacer de la pereza mi insignia y del desinterés un sagrario, cosas que no iban con esa dura guerra que ellos emprendían… De la mansión bajaron para hacer Aceite, Hola y adiós, Asesinato en la catedral, para llenar este pueblo de obras: Poeta, en qué quedamos; El cumpleaños de Alicia; La ruptura.

El Pequeño Teatro nos mostró caminos con valentía. Rodrigo y su equipo tuvieron, lo recuerdo siempre, la mano abierta y el secreto compartido. ¡Verdaderos camaradas estos del Pequeño Teatro! Omaira, Moure, Rojo, Vicky, Héctor, Suaza, los que se fueron, tantos que alinearon en este equipo, Eduardito, Efraim, Patricia, Patricia, tantas cosas que pasaron, amores, rupturas, tu forma de guardar las llaves, tu amor por Shakespeare, la gran literatura, Goyeneche, tus grandes pasiones… Yo no sé cómo un tipo que tiene los ojos tan distintos puede mirar tan claro.

El brillador de metales, Signos de la ciudad, Escuela de mujeres, El día en que todas las putas, El precio, Zoológico, De ratones y de hombres, el hermoso montaje de Esperando a Godot, Sonata de los espectros, El ejército de los Guerreros…

Rodrigo es un hombre… iba a decir que Rodrigo no es un hombre sino una plomada, pero me arrepentí, me censuré, porque para utilizar una figura iba a desestimar algo que, para poder decirlo, se necesita haberlo hecho constar en una vida: un hombre. «Un hombre es un hombre», como diría Bertolt Brecht y qué hombre es Saldarriaga, con todas las haches, con todas las letras… A ese no le quedó grande la palabra. Su padre, que tenía manos de árbol y alma de trompo canuto, don Fabio, engendró un hijo que es un río.


Patrimonio cultural paisa

Por Reinaldo Spitaletta

No basta con soñar en volar sino que hay que construir las alas. Y eso es lo que, desde 1975, viene haciendo Pequeño Teatro.

Muchas cosas importantes en el mundo son el producto de un prolongado sueño. Así, por ejemplo, el avión es la realización de una vieja aspiración de Leonardo, uno de los hombres más polifacéticos e interesantes de la historia de la humanidad.

Bueno, en rigor lo que se quiere decir es que, como en el caso del hombre de Da Vinci, no basta con soñar en volar sino que hay que construir las alas. Y eso es lo que, desde 1975, viene haciendo Pequeño Teatro. Llegó, al principio, como la concreción de unos ideales, de un apasionado amor al arte, y, claro, a la política, que, en general, son dos maneras, a veces la misma, de ver el mundo.

Quizá suene a demasiado obvio aquel poema de Brecht en el cual se anuncia, como una verdad incontrovertible, que hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Hay, para jugar al símil, grupos de teatro que, al modo del hombre modelo brechtiano, se la juegan toda por el arte, por una causa estética y ética, y eso se podría decir de este elenco que hace 25 años sigue renovando su sueño original.

Los días primeros, con más entusiasmo que técnica y conocimiento, y por supuesto, con más búsqueda y fascinación por la ejecución de una idea, fueron los del aprendizaje, que tampoco termina nunca. Los cuentos de Rulfo, como Anacleto Morones, Diles que no me maten y Nos han dado la tierra, les sirvieron a los fundadores de Pequeño Teatro como un bautismo artístico, en una época en que todo se sometía a la discusión política, se observaba con las lentes de la dialéctica y se hablaba de si el arte debía estar al servicio de una causa determinada.

Lo esencial en aquellos días era crear una compañía estable, profesional, con dedicación día y noche a las artes representativas, a la búsqueda de repertorio que permitiera el desarrollo de aquella y elevar el nivel de sus integrantes. Llegaron montajes diversos, desde el teatro callejero hasta el clásico, en una combinación que permitió a los noveles actores giras, presentaciones en distintas partes de la geografía colombiana, donde jamás ningún grupo teatral se había mostrado.

De obras de la dramaturgia nacional, como Tiempo vidrio, de Sebastián Ospina, pasaron a Macbeth, de Shakespeare. Ya, desde entonces, se veía una intención de ser universales, de estudiarlo todo, de aprender todo lo referido a ese arte. Hurgar en los griegos, en la tradición europea, en el incipiente movimiento teatral colombiano, en las corrientes de América Latina. No había otra manera más eficaz de consolidación.

En sus 25 años, Pequeño Teatro es un paradigma de lucha por apropiarse de lo mejor para verterlo en las escena. Y por hacer un arte profesional. Por hacer, en últimas, lo que se quiere. En su ya rico recorrido puede ostentar, como parte también del teatro en la ciudad, desde obras de Eugene O´Neill, de su director Rodrigo Saldarriaga, de Sófocles, de Jacinto Benavente, hasta lecturas dramáticas basadas en la prosa hermosa de José Saramago.

Pequeño Teatro es un referente fundamental en las artes representativas colombianas y un patrimonio cultural de Medellín. Y lo mejor del cuento es que, tras un cuarto de siglo, las alas les siguen creciendo. El sueño está vivo.

Contra el 012 unidad y lucha: FECODE SEÑALÓ EL CAMINO

Por Alejandro Torres

El episodio de la reforma constitucional mediante la cual se redujeron las transferencias de recursos de los ingresos corrientes de la nación a los departamentos y municipios, destinados a los gastos de salud y educación, dividió el país en dos bandos claramente definidos: de un lado, el pueblo que rechazaba la abrupta merma de los ya insuficientes fondos, y del otro, la cúspide oligárquica empecinada en «honrar», sin más dilaciones, su «pacto» de diciembre de 1999 con el Fondo Monetario Internacional.

El 20 de junio, al «final del comienzo» de la enconada batalla -frase de Churchill, citada por el editorialista de El Espectador, para expresar su contento por la aprobación de la reforma y pedir que se continuara la andanada antipopular-, el apátrida ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, hizo la V de la victoria asomado a los balcones del Capitolio. Los manifestantes, llenos de la más profunda indignación y el odio más acerbo estremecieron con sus consignas la Plaza Mayor de Colombia: «¡Abajo el 012! ¡Abajo las imposiciones del Fondo Monetario Internacional! ¡ Y no queremos y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana! ¡Abajo el gobierno de Pastrana!». La escena concentraba lo acontecido a lo largo de casi dos meses. El portentoso movimiento del pueblo había sido derrotado por el establecimiento, pero la conciencia de millones de colombianos, guiados consecuentemente por Fecode, había avanzado lustros. El transitorio fracaso se convirtió en halagüeña señal de que el avance de los relegados de siempre, en procura de sus anhelos libertarios, lo detendrán cada vez menos la confusión de las mentes y la falta de confianza en las propias fuerzas.

El XVII Congreso de Fecode elucidó que el combate contra el Acto Legislativo 012 era inevitable y orientó a las bases a apresurar los preparativos para librarlo. La Junta Nacional del 4 de mayo concretó este mandato ordenando un cese de 48 horas, los días 9 y 10 de mayo, y dispuso el inicio del paro nacional indefinido para el 15 del mismo mes. La grandiosidad de la primera jornada presagió que la lucha sería de enormes proporciones. Colombia estuvo semiparalizada hasta el 20 de junio. Los días en que no había tomas de las capitales, se hacían masivas asambleas o jornadas de agitación barrial para explicar las razones de la lucha. No obstante que la Plenaria del Senado aprobó el proyecto el 15 de mayo y que deberían pasar más de 20 días para que fuera abordado por la Cámara, el Comité Ejecutivo de la Federación tomó, unánimemente, una de las más cruciales y audaces decisiones: profundizar el paro y no suspenderlo. La consecuente jefatura puso el oído en tierra, y al sentir el tumulto que venía de abajo tomó la certera determinación. De no haber sido así, la eclosión del movimiento estudiantil y el apoyo popular se habrían frustrado y el paro entrado en bancarrota. La Toma de Bogotá del 5 de junio fue un río humano que llenó varias veces durante el día la Plaza de Bolívar. Igual sucedió el 7, en el paro nacional convocado por el Comando Unitario, acatado por la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales y que tuvo las características de un combativo movimiento cívico. Ni la represión ni la prohibición de los desfiles arredraron a nadie. El paro sólo paró cuando, aprobada la ley, el Frente Común, liderado por Fecode y Anthoc, dio la orden de tomar un respiro para afrontar los ingentes retos del próximo semestre. Y si los gringos a través de Alberto Alesina notificaron que se proponían «quebrarle el espinazo» a Fecode, para poder darles vía libre a las reformas, la Federación, que terminó más fortalecida que nunca, les demostró que los trabajadores colombianos seguirán contando con uno de sus bastiones más preciados, incluso cuando ya no quede ni sombra de los que hoy se proponen destruirlo.

El «frente común» de la reacción

y el oportunismo

En cambio la victoria pastranista fue poco menos que pírrica. Para lograrla hubo de utilizar los aviesos métodos que constituyen el acontecer normal en las lides parlamentarias: el chantaje, el halago, el soborno, la amenaza, el trueque. No es que los sectores más avanzados dentro del comando de la protesta se hubieran hecho ilusiones sobre que el establo parlamentario produjera nada distinto de lo que en efecto produjo; pero sabían que la pelea debía librarse con el telón de fondo del debate en las Cámaras, porque tal coyuntura facilitaba canalizar la energía popular contra el oprobioso designio.

Pero el gobierno no solamente recurrió al chalaneo parlamentario para imponer su política. Alineó tras de sí a los seis ex presidentes de la República, quienes suelen emitir sus sabias opiniones en favor de su congénere en el mando cuando pasa aprietos; recogió el aval de todos los aspirantes a la primera magistratura; puso a recitar la cartilla a los voceros de los gremios económicos; formó su «frente común» con los ministros de Hacienda, Educación, Salud, Trabajo y el director del Departamento Nacional de Planeación para marcar a los congresistas; sedujo a la plana mayor de los informadores, desde los más encumbrados, pasando por los infaltables don Juan y don Yamid, hasta llegar a las presentadoras de las notículas de farándula, quienes debían cacarear la salmodia de que el gobierno lo que quería era aumentarles los giros a las regiones pero que, inexplicablemente, maestros, médicos, enfermeras, estudiantes y padres de familia se oponían a tan loable propósito. Para esta «campaña de opinión», de harta utilidad resultaban los jefes de las Carteras que debían tramitar el asunto: dos vástagos de las encumbradas familias que han acumulado las ofensivas fortunas y privilegios que ostentan, traficando por décadas con la tergiversación consuetudinaria de las informaciones: los señoritos Juan Manuel Santos y Francisco José Lloreda, herederos de las casas editoriales El Tiempo y El País, respectivamente.

Todos los nombrados desempeñaron a fondo el papel que se les asignó. Comencemos por los ex presidentes. Éstos, como cuando ejercieron el mando, actuaron en el papel de embaucadores. Para no faltar a la verdad, el único que no se molestó en hipocresías fue Gaviria. López Michelsen favoreció la iniciativa porque «los economistas reconocidos no están contra el proyecto», argumento que demuestra más bien lo lesivo del mismo, si se tiene en cuenta que los más aureolados miembros de esa cofradía lo que hacen es balbucir las deformaciones imperialistas de esa ciencia. El «compañero jefe» agregó que se trataba no de reducir la plata sino de «cuantificarla de otro modo». Para Samper, lo que se perseguía era «racionalizar los recursos», y su «prueba reina» era que así se lo había manifestado el ministro de Hacienda. Turbay Ayala estimó que estábamos, evidentemente, ante una «nueva modalidad» de asignar los caudales. A Carlos Lemos, tan crítico de Pastrana, la utilidad del proyecto le pareció «indudable». Belisario Betancur, el poeta amagacita, atacó en acre prosa a los inconformes: la educación únicamente se privatizará «si triunfan los enemigos de la reforma». Por el contrario, Gaviria, el más influyente de todos, no se puso con los disimulos de sus colegas: «La situación de las finanzas públicas se está volviendo insostenible. El servicio de la deuda cada día pesa más en el presupuesto nacional y consume una proporción creciente de los ingresos corrientes. Sin una reforma constitucional a las transferencias la situación se torna explosiva»; y agregó que de ser así el gobierno quebraría. Es decir, la verdad monda y lironda: o se hacían los recortes o se suspendían los pagos del principal y los réditos de la deuda externa. Sobra anotar que la primera opción era la que aconsejaba el secretario general del Ministerio de Colonias, la OEA.

Si el anterior fue el comportamiento de los ex presidentes, qué decir de los que aspiran a serlo. Destaquemos apenas, y por si las dudas, a Horacio Serpa. El candidato de la «sensibilidad social», el de la «oposición patriótica», el hoy por hoy principal sustentáculo del desprestigiado Pastrana, a quien le viene sacando las castañas del fuego desde cuando se saldó el chico del referendo, le dio la orden a la bancada oficialista del liberalismo de apoyar sin reservas la iniciativa gubernamental. Sus objetivos eran obvios: buscar el favor de los amos del Norte, el del gobierno, el del ministro de Hacienda, su díscolo copartidario y competidor, que puede mover sus influencias para que la prensa se torne más benévola hacia su candidatura y para que hasta lo traten de «estadista». Una vez más se comprueba lo ya archisabido: que los doctores Serpa y Samper gustan posar de abanderados de las «causas sociales», pero siempre secundan las patrañas urdidas contra el pueblo y la nación. A pesar de esto quedan por ahí todavía algunos evadidos de las toldas izquierdistas, incluidos ciertos ex compañeros de viaje de nuestro Partido, que esperan que el susodicho impostor se dé a «sublevar la gleba» contra Pastrana y el imperio, cuando el país supo cómo, aún en los álgidos momentos en que sobre el gobierno anterior caía el azote gringo, el patriotismo de su ministro del Interior se ceñía, rigurosa y altivamente… a cobrar cada mes el cheque de la nómina.

Dentro del «frente común» oficialista, participó el ministro del Trabajo, Angelino Garzón. Éste, mientras los estudiantes eran golpeados salvajemente en las calles de todo el país y sus demostraciones atacadas a punta de bombas lacrimógenas, repetía, imperturbable, que el gobierno no profesaba otro ánimo que el de respetar la protesta social. Pero cada vez agregaba razones nuevas para justificar la anulación de la graciosa garantía: que no consentiría que «cualquier conflicto social o político trate de dirimirse atacando a la prensa, cuya única misión es informar»; que la protesta debía «ser compaginada con el derecho a la educación y a la salud». Como en los casos de Antonio Díaz, Jorge Carrillo u Orlando Obregón, el «ministro obrero» no pasaba de ser una comparsa del régimen reaccionario. La no declaratoria de ilegalidad del paro obedeció, antes que al respeto a la protesta, a la preocupación del gobierno por que se hiciera efectivo el nombramiento de la «comisión de encuesta» como una sanción de la OIT. Asunto que se puso de manifiesto con el tratamiento despótico dado a los maestros luego del paro como si éste se hubiera ilegalizado.

El hecho se presta para recordar la explicación que les diera Carlos Marx a los obreros franceses acerca de que los verdaderos ministerios del Trabajo en la sociedad capitalista son los de Hacienda, Comercio, Obras Públicas, en los cuales «se acuña la moneda que tiene circulación», y que junto a ellos «un ministerio proletario del trabajo tenía que ser necesariamente el ministerio de la impotencia, el ministerio de los piadosos deseos». Desde luego que no se nos ocurre pensar que al ministro Angelino GGarzón lo animen, para atornillarse al cargo, las mismas intenciones idealistas que a los obreros galos cuando levantaban la consigna del ministerio obrero, en el alba de las luchas del proletariado como clase independiente.

La anterior actitud guarda relación con la de algunos que también desde supuestas posiciones contestatarias, han decidido adoctrinar a las masas y a las fuerzas revolucionarias sobre cómo «modernizar» la llamada protesta social. Uno de los casos es el del académico Alejo Vargas, sedicente ideólogo de la «izquierda», quien mientras el pueblo libraba la desigual lucha se dedicó a divagar, desde el periódico santista, sobre presuntas lecciones de la huelga en torno a «como se relaciona la sociedad civil con lo político»; y sobre las larguezas de la Constitución de 1991 que permiten que se manifiesten los diversos intereses «incluida la protesta social». Empero, en sus vacuos raciocinios no le cupo ni siquiera una ligera alusión de apoyo al paro; apenas acotó, condescendiente, que estábamos ante «una manera distinta, aunque confusa, de expresión política de lo social». Dicho con todo respeto por el acatado profesor, las que resultan arrevesadas son sus especulaciones, ya que el movimiento no sólo fue claro sino que ayudó a despejar la oscuridad.

Licencias para los de arriba…

Las admoniciones del ministro Garzón sobre la sacrosanta y neutral misión de informar de la prensa, y las ponderaciones del profesor Vargas a la Carta de 1991, nos sirven para recabar en un aspecto de la naturaleza de las libertades en la sociedad burguesa. Las clases dominantes alardean sobre el inapreciable bien de la libertad de prensa que ellas defienden para todos, sin distingo alguno. Pero a la hora de nona las mayorías se enteran por su propia experiencia, que una cosa son las declaraciones solemnes sobre sus supuestas prerrogativas y otra muy distinta la posibilidad real de ejercitarlas. Y si no que se diga dónde estaban las rotativas para que maestros y trabajadores hospitalarios pudieran expresar ampliamente las razones reales de su lucha; dónde las potentes emisoras para que los padres de familia expusieran las causas por las que apoyaban tan decididamente la protesta de sus hijos; en qué lugar los canales televisivos a disposición de los líderes sindicales y estudiantiles para rechazar las calumnias proferidas contra ellos. En cambio el gobierno utilizaba sin tasa ni medida los grandes diarios y las estaciones públicas y privadas de radio y televisión, para esparcir un sartal de mentiras sobre la protesta popular, para maquillar las intenciones del Acto Legislativo, para presionar a los parlamentarios. Los dineros públicos corrieron a rodo para esto, hasta que inclusive sectores ajenos a los sucesos expresaron su rechazo por el descaro oficial, lo que obligó a la propia Comisión Nacional de Televisión, cuando el trabajo sucio estaba hecho, a «exigirle» al gobierno que cambiara los mensajes que empezaban con la frase malintencionada de «no se deje engañar». El ex ministro Jaime Castro señaló que la campaña publicitaria del gobierno era un evidente «abuso de poder». Por contraste, a Fecode, para dar a conocer la verdad verdadera de lo que estaba sucediendo, le tocaba entregarle a los Santos las sumas millonarias que valen los avisos en su diario. Y el ministro que derrochaba ilegalmente el erario en la campaña contra los huelguistas y en pro del 012, «denunciaba» a Fecode por no utilizar los dineros pagados a El Tiempo en comprar desayunos para los niños pobres; cínica provocación de un gobernante de esos que «exaltan los derechos de los niños mientras a sus padres los arrojan de los puestos de trabajo».

La infame campaña desinformadora del círculo palaciego se explica por la ira que le causaba la enorme dimensión que adquirió el combate popular. Primero dijeron que el aminoramiento de los recursos para salud y educación era una falacia de los sindicalistas, que se hallaban enzarzados disputándose la presidencia de la CUT. Sin embargo, al día siguiente de la aprobación del 012, El Espectador reconoció palmariamente: «El proyecto reduce, con respecto al régimen actual, en 9 billones de pesos las transferencias de la Nación a los municipios y departamentos, desde 2002 hasta 2008», que fue lo que sostuvieron desde el comienzo los líderes gremiales.

Posteriormente, cuando, a lo largo y ancho del país, cientos de miles de jóvenes se tomaron las calles, cerraron los pocos colegios en los que la campaña amedrentadora del gobierno había mellado el ánimo de algunos docentes, y le imprimieron un radicalismo refrescante a la pelea, los pontífices de la reacción se rasgaron las vestiduras en su infinita preocupación por la suerte de los muchachos que eran utilizados como «carne de cañón»; y adujeron que era imposible que los estudiantes entendieran un problema tan ajeno a ellos… el de la educación. Y eso que en la propia gran prensa en ocasiones excepcionales, y para mostrarse amplios, publicaron los razonamientos juveniles que desmentían las aseveraciones oficiales y oficiosas sobre su participación en la contienda; los mismos pensamientos que expresaban en las marchas, en los corrillos, en los bloqueos, en los foros, en las carpas, en los mítines. El Espectador del 25 de mayo publicó las opiniones de algunos: «Nos parece el colmo que el ministro nos trate de bobos y nos irrespete diciendo que no tenemos ni idea de por qué protestamos»; «Hay papás que no tienen plata para pagar pensiones ni matrículas»; «la plata que le descuentan en impuestos a la gente, y que siempre les daban a la educación y a la salud, la van a utilizar para pagar la deuda externa»; «como los recursos ya no van a alcanzar nos los van a cobrar a nosotros para mantener los colegios. Eso es privatizar»; «los papás de muchos de nosotros apenas consiguen para comer, ¿de dónde van a sacar para pagar pensiones?»; «Lo único que quieren es que nos quedemos ignorantes». Afirmaciones que demuestran no sólo el grado de comprensión de la juventud, sino que dilucidan que tal entendimiento tiene como caldo de cultivo las agobiantes penurias que se padecen en sus propios hogares. De ahí que el ímpetu de los adolescentes se manifestara con la furia de un ciclón. Un hecho no visto hacía décadas y que reclama orientaciones certeras y audaces de las fuerzas revolucionarias frente a las reivindicaciones particulares del estudiantado, que conduzcan a elevar su nivel ideológico, de organización, unidad y conciencia política, lo que permitirá forjar decenas de miles de cuadros, que las masas necesitan para que les ayuden a conducir las grandes luchas venideras, y para que aprendan desde un principio a ligarse estrechamente a los obreros y campesinos y a ser hombres, como subrayaba Mao, «de integridad inflexible, sin sombra de servilismo ni obsequiosidad, cualidad ésta la más valiosa en los pueblos coloniales y semicoloniales».

Obviamente, al señor ministro sólo le parecen válidas las opiniones de los jóvenes cuando son promovidas por alguno de los miembros de su clan y desde sus medios; como por ejemplo las escandolas de su primo Francisco sobre supuestos veredictos de millones de niños en torno a los más complejos temas de la paz y de la guerra que, según los dueños de Citytv, los impúberes sí entienden a las mil maravillas.

Otra ruindad del gobierno consistió en la harto increíble conseja de que los maestros no son más que una turba de privilegiados. Argumento manido contra los sectores más organizados y avanzados de los trabajadores para arrebatarles las conquistas logradas luego de procelosas luchas, y que vienen siendo conculcadas implacablemente, en especial a partir de la ley 50 de 1990 y de la 100 de 1993.

Los «privilegios» del magisterio, que tanto duelen a los plutócratas, se reducen a tener un escalafón laboral casi inmune a los tejemanejes politiqueros y electorales; un régimen de pensiones especial que apenas se compadece con el enorme desgaste propio de la enseñanza; y una organización sindical fuerte que propende a la dignificación de las condiciones materiales y espirituales de vida de los educadores. No puede sino encolerizar que Pastranas, Santos y Lloredas, ahítos de todo, vengan a cebarse en los maestros, entre quienes los más afortunados, luego de costearse de su propio bolsillo una larga carrera universitaria y decenas de cursos de capacitación, de laborar veinte o más años, llegan a la categoría 14 del escalafón, la más alta, con un sueldo que no alcanza a un millón y medio de pesos, lo cual los impele a sufrir, junto al resto del pueblo, las ásperas privaciones de la pobreza.

…Perfidia contra el pueblo

Como último paso de la comedia de las acusaciones, el gobierno, pecando por la boca, recurrió a su artillería más pesada: los dineros de las transferencias se despilfarran en francachelas y comilonas por los maestros, en connivencia con las autoridades departamentales y regionales. De manera que alcaldes y gobernadores son unos derrochadores. Pero Santos exhibió como uno de sus más resonantes éxitos, el aval de muchos mandatarios regionales y municipales, encabezados por los confesos serpistas Guillermo Gaviria, gobernador de Antioquia, y Luis Pérez, alcalde de Medellín; respaldo alcanzado susurrándoles a los ávidos mandatarios cómo se les facilitaría saquear los recursos del novedoso Sistema General de Participaciones, la famosa «bolsa común», al no discriminarse en ésta los montos destinados a educación y salud; y convenciéndolos de que los recortes se repondrían con la venidera reforma tributaria territorial y afincando en la educación los sistemas de subsidio a la demanda, pago por capitación, venta de servicios, nombramiento de rectores gerentes, en fin, privatizando. Y de adehala, endulzándoles el oído con la abolición del régimen pensional y el estatuto docente y la generalización de los contratos a término fijo, conocidos como Orden de Prestación de Servicios, OPS.

A los pocos días de la presentación «coincidencial» que hizo el Contralor, Carlos Ossa, de su «informe de auditoría al uso de las transferencias», en el cual se basó la campaña «moralista» contra los educadores y trabajadores de la salud; la presión de éstos y de otros sectores, llevó a que el mismo funcionario reconociera que de los problemas de ineficiencia, desgreño administrativo, ausencia de control y corrupción de que adolece el manejo de los recursos girados a los entes territoriales, los primeros responsables son el gobierno nacional, los gobernadores y alcaldes y las propias Contralorías. Como afirmaran los directivos de Fecode: a cuenta de qué iban a resultar comprometidos en el dolo los maestros, quienes no tienen que ver en la ordenación del gasto, y cuya única relación con el erario es la de cobrar su sueldo, cuando se lo pagan oportunamente.

Pero lo más exasperante de esas villanas acusaciones era que provinieran de Juan Manuel Santos, un fanfarrón que por largos años se lucró de los fondos públicos administrados por la Federación de Cafeteros, para darse la gran vida en Europa, y quien hace parte de uno de los mandatos más descompuestos que haya padecido Colombia. Parecía de manicomio ver y oír cómo impartía cátedra de moral un gobierno que exhibe entre sus principales realizaciones las siguientes: los robos al Banco del Estado; el negociado de Chambacú; el regalo de 26 mil millones de pesos a los socios de Dragacol, aportantes de su campaña electoral, y a quienes pusieron libres recientemente mediante la maniobra de dejar vencer los términos; las raterías del secretario privado del presidente y amigo del alma, Juan Hernández; el escándalo de Commsa, en el que resaltan las obsequiosidades de su ministro de Transporte con los contratistas; el aberrante caso destapado, en medio del paro, por El Nuevo Herald, un periódico gringo, en el que aparecen conchabados el embajador estrella, Luis Alberto Moreno, también socio en Chambacú, y un hermano suyo; el ex ministro Luis Fernando Ramírez; la señora Fanny Kertzman, ex directora de la DIAN; el embajador en París, Juan Camilo Restrepo, también protagonista en Dragacol; y Jacky Bibliowicz uno de los importantes contribuyentes de la campaña de Pastrana a la presidencia, todos tejiendo una elaborada maniobra para no cobrarle al Banco del Pacífico, en Miami, una garantía a favor de Colombia por 140 millones de dólares. Sólo en este último estraperlo de los íntimos de Pastrana los colombianos estamos perdiendo más de 300 mil millones de pesos. Para colmo quieren hacerle creer a la nación atónita por la corruptela de cuello blanco, que las aulagas de las finanzas obedecen a los sueldos del magisterio y a que el alcalde de Ciénaga de Oro desvió cinco millones de pesos para apoyar las fiestas del cazabe, según cuentan las pesquisas del Contralor.

No obstante las inobjetables razones y la ardorosa pelea, el parlamento cumplió una vez más con su papel de celestina del Ejecutivo. Aunque no pocos congresistas optaron por oponerse cerradamente a las pretensiones de Pastrana: Jaime Dussán se destacó al frente del grupo oposicionista en el Senado y en más de una ocasión logró impedir las avivatadas del ministro, que se solazaba metiéndole «micos» al proyecto encaminados principalmente a cercenarles los derechos adquiridos a los educadores; el senador Darío Martínez hizo una encendida denuncia del imperialismo norteamericano y del papel que jugaba Santos como testaferro del FMI; en el Senado también lucharon denodadamente contra el proyecto Vivián Morales, Héctor Helí Rojas, Rodrigo Rivera, Carlos Corsi, Gustavo Guerra y Jesús Enrique Piñacué, entre otros. En la Cámara se destacaron por su consecuencia los representantes Nelly Moreno, Elsy Melo, Antonio Navarro, Germán Navas Talero, Zulema Jattin, William Vélez, Carlos Ramos, Jesús Ignacio García, Gustavo Petro, Edgar Ruiz y varias decenas más. Por el contrario, en el papel de apuntaladores de las órdenes del FMI, se distinguieron sicofantes al estilo de Luis Humberto Gómez Gallo, Juan Martín Caicedo Ferrer, Germán Vargas, Claudia Blum, Carlos Arturo Ángel, o rabiosos especímenes en busca de notabilidad y de prebendas como William Sicachá, José Darío Salazar, o un tal Luis Fernando Velasco, quien es de esos individuos a los que, como dijera Jorge Eliécer Gaitán, se les nota «la punta del cheque en el bolsillo», como que fue artífice junto con el ex ministro Humberto Martínez del «mico» en una ley que le permitía a Comcel birlarle una suma millonaria en dólares a Telecom, la ETB y Orbitel. El desdén frente a las exigencias de las masas y el comportamiento antipopular y antinacional de varios de estos personajes, fue la razón para que en algunos sitios el pueblo desfogara justamente su odio contra ellos, apedreándoles sus sedes políticas o sus viviendas; ante lo cual el gobierno y los medios elevaron una vez más el tono de sus imposturas contra la organización sindical del magisterio.

Contra la pertinaz agresión, extender la resistencia

Como si todo lo anterior fuera poco y a pesar del vasto movimiento desatado contra su Acto Legislativo, el gobierno, mientras transcurría el debate, salió con otro sartal de medidas contra el pueblo. Un día antes del inicio del paro indefinido, Pastrana convocó la llamada «Cumbre en Palacio», para que se ocupara de «desactivar la bomba pensional»; es decir, alterar las condiciones de jubilación en el ISS, el magisterio, Cajanal, Ecopetrol, Telecom, las Fuerzas Militares y de Policía y el Congreso. ¡Respecto a esto, militares y congresistas verán que hacen, pero los trabajadores no tienen nada que negociar!. Además vendrán las modificaciones de la ley 60, complemento necesario de los cambios a las transferencias; la anunciada reforma tributaria territorial para que mediante el «esfuerzo fiscal propio» se le saque al pueblo lo quitado por el 012; la elevación escandalosa de los impuestos en Bogotá, anunciada por Mockus; las notificadas nuevas alzas de las tarifas de los servicios. Para completar, en la legislatura se aprobaron las llamadas Zonas Económicas Especiales de Exportación, ZEEE, que serán el «laboratorio» para erigir en todo el país los tristemente célebres talleres de sudor, para estrujarles plusvalía a los obreros hasta que revienten.

Está caldeada la ofensiva del imperialismo y la oligarquía contra el pueblo. El momento exige acelerar los aprestos para la batalla, cuyo principal pulso será el paro cívico nacional aprobado por el Comando Unitario, al que precederá el gran paro nacional agropecuario indefinido a iniciarse el 31 de julio, y que preparan sin desmayo agricultores, empresarios e indígenas, dirigidos por la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. De acuerdo con esa necesidad y aunque nuestra fuerza se someterá a las decisiones que aprueben Fecode y el Comando Unitario, creemos que el propuesto referendo derogatorio del 012 podría convertirse en una trampa desmovilizadora, ya que la capacidad de maniobra del enemigo, en ese terreno suyo de la «democracia participativa», conduciría fácilmente a encajar una derrota innecesaria. Cuando el gobierno propaga, ante su éxito parlamentario, que las luchas son vanas e inútiles; lo que apremia es potenciar la envergadura del combate y apelar con aún mayor decisión al apoyo de todo el pueblo colombiano.

Los maestros, los estudiantes, miles de padres de familia, y los trabajadores de la salud, con su soberbia exhibición de organización y fuerza, marcaron durante mayo y junio el camino de la resistencia y demostraron que están en ascenso el inconformismo y la lucha de los explotados; condiciones, las primeras entre todas, para forjar el gran frente único de resistencia antimperialista por el que clama Colombia. En favor de éste también acude el hecho de que a pesar de que Pastrana logró la unanimidad de los privilegiados en torno a su reforma, por los mismos días del paro estallaron conflictos entre ellos, como el de la negativa a la fusión entre las aerolíneas Avianca y Aces, que expresan que las contradicciones en la cúspide tienden también a agudizarse. Señales si se quiere mínimas pero seguras de que no está tan lejos, como algunos pueden imaginarse, el día en que los de arriba no puedan y los de abajo no quieran seguir viviendo como antes.

Todo lo anterior se ahondará con la crisis de la economía imperialista, de la que ya se observan alentadores signos y la cual no podrán evitar los mandamases del orbe así hallen transitorio alivio arrasando la producción de las naciones relegadas y extenuando aún más a los pobres de todo el planeta, incluidos los de las propias metrópolis; y a lo que auspiciosamente los pueblos están respondiendo con luchas que estallan hoy en Quebec, al siguiente día en Manila, luego en Buenos Aires, más tarde en Salzburgo, en Seúl, ora en Atenas, muy posiblemente en Génova, Italia, y, de nuevo, en nuestra espléndida Colombia.

Con la mira puesta en el venturoso porvenir que deparan los anteriores hechos, los integrantes del Frente Común por la Defensa de la Educación y la Salud pueden repetir con Federico Engels, el maestro del proletariado: «Una derrota después de un tenaz combate es un hecho de mucho mayor importancia revolucionaria que una victoria ganada fácilmente».

En Bogotá marchas sin precedentes

Uno de los obstáculos que más pesaron al comienzo, cuando se estaba pertrechando el contingente, fue la debilidad en Bogotá. «El paro indefinido se aprobó –dice Carlina Polo, activista de la Asociación Distrital de Educadores— aun a sabiendas de que en la capital había baches. Fue un gran acierto de Fecode. No había otro camino. Los maestros debíamos librar la gran batalla».

Los hechos demostraron, en efecto, que al atreverse a dar la orden, el Comité Ejecutivo de la Federación de Educadores atinó en el análisis. Innumerables veces se colmó a reventar la Plaza de Bolívar, tras aguerridas marchas, sin precedentes en la historia del magisterio bogotano.

En Bogotá, la lucha acometida por Fecode y la ADE fue el canal de expresión del descontento ciudadano, que, en vez de apaciguarse con los días, se hizo más radical. Aquí, como en decenas de ciudades, la presencia masiva de padres de familia y estudiantes fue el rasgo principal del movimiento.

Su combatividad se hizo notoria en todas partes. En la localidad de Suba, desde el martes 22 de mayo hasta el levantamiento del paro, el Comité Pro Defensa de la Educación Pública, con el apoyo valeroso del director de la jornada mañanera, cerró el Nueva Gaitana, que alberga a 1.500 estudiantes. Y cuando, al mando de un piquete, un mayor de Carabineros quiso forzar la puerta, un padre de familia tomó la vocería: «Si usted, mayor, nos atropella, aténgase a las consecuencias». Después, con sangre fría, y ante el denuesto temerario que le lanzara el oficial, el hombre replicó: «Terroristas, no va a encontrar aquí, compañero. Nosotros somos padres de familia y estamos defendiendo con el paro la educación de nuestros hijos. Si usted desea entrar, vaya y me trae una orden de allanamiento».

En el aún más populoso sector de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, escuelas y colegios se vieron clausurados en su gran mayoría por las asociaciones de padres de familia y por los mismos estudiantes. En el Rodrigo Lara Bonilla, que agrupa en tres jornadas a 2.700 alumnos, se citó una asamblea comunal para votar el paro indefinido o la reapertura del colegio. Un maestro propuso abrir las puertas. Freddy, un muchacho de dieciséis años, invidente, que acabó convirtiéndose en el líder estudiantil, se paró a responderle, en medio del silencio más solemne: «Profesor, la educación comienza por tener dignidad. No haga que le perdamos el respeto».

Fue de allí de donde salió quizá el más resonante de los coros, cuyo estribillo pegajoso no tardó en ser cantado por millones de colombianos hasta en los más distantes rincones de la patria:

Y nó-que-re-mos

y-no-nos-da-la-gana

ser-una-colo-nia

norte-a-me-ri-ca-na.

Y sí-que-re-mos

Y juntos-lucha-re-mos

Por-una-Colom-bia

Libre-y-sobe-ra-na.

En Medellín: «Ejerciendo la autoridad»

«Es la palabra de ustedes contra la del gobierno, y les creemos es a ustedes», fue la expresión de un padre de familia en el Liceo Pedro Luis Villa, del populoso barrio de Manrique, en Medellín, cuando, en presencia de un vocero de Adida, se estaba dirimiendo en asamblea si se ratificaba el paro indefinido. Fue el mismo vecindario –pues «esta lucha es de nosotros»— el que por aplastante mayoría votó sellar las puertas con cerrojos, candados y cadenas, para que no quedaran dudas. Idénticas escenas se vivieron en el Liceo La Alcaldía, de Belén, el Lomalinda, de Itagüí, el La Granja-Taller, de San Antonio del Prado, y muchos más.

El diario El Colombiano sacó en primera plana la entrevista con una madre de familia, entrada en años, a quien la reportera preguntó: «Usted que opina de esto y esto que dice el doctor Mockus». La señora le dijo: «Al gobierno le duele que los niños peleen en las calles, defendiendo la educación, pero no le duelen esos niños que deambulan día y noche ofreciendo confites en los buses o soplando sacol».

Lady Johanna, estudiante de sexto grado, de doce años, es la actual personera del Manuela Beltrán, en Manrique Oriental. El 15 en la mañana, al iniciarse el paro, la muchacha madrugó a su colegio, cerró con fuertes lazos la puerta principal y empezó a devolver a todo el mundo. Diez minutos más tarde se hizo presente la rectora. La negativa de la alumna fue cortés pero terminante: no, lo sentía mucho, no había excepciones, no podía ingresar. Tras insistir unos minutos, la funcionaria pareció optar por la zalema: «Mi amor, déjame entrar, tengo la agenda en la oficina». La niña, muy tranquila, se limitó a observarle: «Pues de malas, señora. Aquí estamos en paro».

El 14, la víspera, Lady Johanna había estado en un simposio de personeros estudiantiles convocado por Alfonso Berrío, presidente de Adida, en el cual se explicó a los asistentes la Ley General de Educación, en el capítulo que versa sobre el gobierno en los colegios. Según reza la norma, al personero le compete «proteger los derechos de los estudiantes». Fue lo que hizo la menor. Lady Johanna comentaba después que, al clausurar la puerta con candados y lazos, ella no estaba quebrantando ley alguna, sino ejerciendo, «simplemente», su autoridad.

Salvo algunos lunares, muy escasos, tanto rectores y coordinadores, agrupados en Corodea, como directivos de núcleo, en Adnea, supervisores, en la Asda, y educadores de contratistas del municipio, en Asdem, se sumaron con decisión al paro indefinido.

No fueron a la zaga los alcaldes. Muchos de ellos, como los de Envigado, San Luis y Santa Bárbara, presidieron las asambleas de la comunidad educativa y expresaron su público rechazo al 012.

En medio del combate se fundó la Coordinadora Departamental de Asociaciones de Padres de Familia, que agrupa a más de 80 comités en igual número de colegios, y surgieron varias federaciones de estudiantes.

Fue una intrépida lucha, que Jorge Gómez, el secretario regional del MOIR, resume en esta frase: «Al SGP del FMI, Fecode respondió con DPR: dignidad, patriotismo y resistencia».

En Cartagena: la mejor fiesta

El 14 de mayo, en la tradicional Plaza de la Aduana, millares de personas celebraron el Día del Maestro respaldando la orden de paro indefinido. La gran carpa instalada en la Calle del Cuartel se mantuvo durante más de un mes con turnos rigurosos, día y noche. Hasta allí se acercaron a ponerse a la orden los integrantes de la Asociación de Directivos Docentes, Adidobol, de la Unión de Trabajadores de Bolívar, Utrabol, y de decenas de juntas comunales. También Luis Daniel Vargas, gobernador del departamento, apoyó el paro de los educadores y condenó el proyecto 012.

Luis Carlos Fuentes, presidente de Sudeb, evaluó en 95% la presencia del magisterio regional en la protesta y agregó que en Bolívar se presentó el mismo fenómeno que se dio en el país: la participación entusiasta de millares de padres de familia, que a mediados de junio lograron conformar su federación, bajo el nombre de Fedepadres.

Avanzó la conciencia de clase

El vivaz contenido de clase de consignas y cantos fue el otro de los rasgos del paro indefinido. Las satíricas coplas contra los gringos y el FMI, contra Pastrana, contra los congresistas tránsfugas, contra el ministro Santos, se aunaron con lemas, no menos combativos, en defensa de la salud y educación públicas.

En una marcha típica –por ejemplo, la del 7 de junio, en Bogotá—, no tardaba en oírse la mordaz ironía contra el talante mercenario del Congreso. El versito, muy rítmico, iba siendo bailado por los grupos de jóvenes que avanzaban tomados de la mano:

Vengan todos a ver

vengan todos a ver

esto no es un Congreso

éstas son tipas* de Cabaret.

Después, parlante en mano, una activista proponía esta ronda:

Ju-ga-re-mos-en-el-bos-que

mientras Andrés no está.

¿Dónde está, dónde está?

De todos lados brotaban las respuestas: «Privatizando la salud», o «Privatizando la educación», o «Entregando a Colombia». Claro que había otras, pero aquí, infortunadamente, impublicables.

Con la música de «La gota fría», se le enviaba un recado al presidente:

Yo tengo un paseo grosero

para el hijo´e Misael.

Él nos trata de embusteros

y más embustero es él.

Varios cientos de jóvenes, en la cabeza del desfile, pregonaban a una sola voz el siguiente Bando:

Se informa al público de la República

que la educación pública se va a acabar.

¿Qué hará el público de la República

sin educación pública donde estudiar?

Y remataban coreando:

El pue-blo-lo-re-pi-te-y-tie-ne-la-ra-zón

primero es lo primero, salud y educación.

El alboroto se hacía atronador cuando la muchachada, más atrás, restallaba:

Con las manos (palmas haciendo un ruido como ta-ta-ta-ta)

con los pies (zapateando en el pavimento, con mucho mayor fuerza y en tropel)

por-aquí-por-allá

¡el 0-12-ca-e-rá!

¡el 0-12-ca-e-rá!

¡el 0-12-ca-e-rá!

Y en seguida, de súbito, los cientos de estudiantes se lanzaban a gritos por la calle, corriendo en estampida.

* En esta cancioncilla, que entonaba entre risas la multitud, la palabra tipas solía ser remplazada por otra más sonora.

En Pereira: Villa Docente

Villa Docente, un vivaque de carpas que abigarraba el Parque Olaya, fue el eje de la huelga en Risaralda. Fue desde allí de donde el SER, el sindicato de educadores, se proyectó a los municipios y a la comunidad educativa mediante conferencias y videos.

La movilización permanente dio la nota. Cuando en medio del paro indefinido, la señorita Elsa Gladys Cifuentes, gobernadora del departamento, hizo aprobar el Plan de Desarrollo, que llevaba incluidos la restructuración hospitalaria y el obsoleto Nuevo Sistema Escolar, el comité de paro no tardó en repudiarlo como otra imposición imperialista, por conducto del Banco Interamericano de Desarrollo. Hubo mítines diarios de protesta frente al palacio de la Gobernación y masivos bloqueos en Cerritos. En el mismo sentido de condena resuelta fijó su posición el diputado Carlos Alberto Croswaithe.

En Cesar: se amplía el Frente Común

De los 25 Concejos con que cuenta el departamento, dieciséis rechazaron el 012. Merecen destacarse las bizarras declaraciones emitidas por los Concejos de Aguachica, Valledupar, Codazzi, Gamarra, Becerril, Bosconia y Chiriguaná. A finales de mayo, la Asamblea del departamento les pidió a los parlamentarios cesarenses no aprobar la medida. Acataron la exhortación ocho de ellos, entre representantes y senadores, pues sólo uno, el liberal Álvaro Araújo Castro, se plegó a las presiones del gobierno.

Una Resolución de apoyo al magisterio y de repudio al 012 recibió un plebiscito abrumador entre los padres de familia. «Se nos vienen cargando tal cantidad de cobros por cupos y derechos académicos –denunciaba una líder comunal al secundar el paro con su firma—, que ya no existe ni una escuela gratuita. Eso es privatizar: que el pueblo pague todo».

En la asamblea de maestros, la última del paro, hubo un momento emocionante cuando la mesa directiva, presidida por Francisco Rinaldi, entregó las menciones especiales. La primera de ellas, «a los dos viejos más queridos», don Edilberto Gómez y doña Cilia Castrillón, dos aguerridos veteranos que acompañaron sin desmayos los inmensos desfiles, haciendo suya la protesta, y estuvieron presentes todo el tiempo en carpas y bloqueos. La segunda, «al pelao de las marchas», Orlando Linares, de diez años, y a su señora madre, doña Julia Acosta. Y la tercera –¡zumba!— a la vieja Lola, maestra pensionada, guajira y sanjuanera, que estaba tan exhausta por los días de paro, que no le fue posible treparse a la tarima. No por eso se amilanó. Volviendo la cabeza y elevando la voz, se dirigió a un profesor, al que vio más a mano: «Ve, muchacho, ayúdame a subir».

«Fue un trabajo muy lindo ese del paro», resume una maestra. Y lo mejor de todo, el pueblo sigue en pie. Desde Nariño a La Guajira, Colombia ha hecho suyo el fustigante lema de los miles de piqueteros argentinos que se enfrentan por estos días al régimen lacayo de Fernando De la Rúa: «Trabajo para nuestros padres, educación para nuestros hijos».

CONTRA EL 012: UNA LUCHA DEMOCRÁTICA Y PATRIÓTICA

Entrevista a Raúl Arroyave, fiscal de Fecode

¿Qué importancia tuvo dentro de la crítica situación actual del país la lucha del magisterio contra el Acto Legislativo 012?

Lo más importante fue la formidable movilización de maestros, estudiantes, padres de familia, trabajadores de la salud y el apoyo del movimiento obrero y popular en repudio a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, ese implacable guardián del capital financiero internacional y del imperialismo norteamericano. Esta claridad en el enfoque hizo de esta lucha una grande y consciente movilización antiimperialista y patriótica. Mientras el ministro Santos pretendía demostrar que a su reforma la animaba el interés nacional, las amplias masas desentrañaron que no era más que el cumplimiento del Acuerdo firmado, el 22 de diciembre de 1999, con el Fondo Monetario Internacional.

¿Qué puede resaltar del proceso de aprobación de esta medida?

La férrea oposición obligó a que el gobierno tuviera que emplearse a fondo para lograr su aprobación: presionó burocráticamente a los congresistas; repartió auxilios parlamentarios, que ahora llaman cupos indicadores; canjeó la aprobación de proyectos de ley y de actos legislativos a cambio del voto por el 012; orquestó una costosa campaña por los medios de comunicación para confundir a la opinión pública; les prometió a gobernadores y alcaldes la más absoluta discrecionalidad en el manejo de la educación, incluida la planta de personal, y hasta les ofreció alargarles su mandato en un año más.

A lo anterior, hay que sumarle las fascistas declaraciones que hizo el gobierno contra la existencia misma de Fecode, a la que, según el señor Alesina, especie de Gurú tardío del neoliberalismo, tronando desde Washington, dijo que había que «romperle la espina dorsal»; además, debieron desempolvar a los ex presidentes de la República para que, todos a una, firmaran una declaración de apoyo a la antipopular reforma. A pesar de ello, el gobierno sólo pudo obtener en las votaciones finales una exigua mayoría de dos votos en la Cámara y de uno en el Senado.

Y luego de negar a lo largo de todo el debate que su iniciativa recortaría las transferencias para educación y salud, el 21 de junio Santos gritó alborozado que se iban a ahorrar 9 billones de pesos en los próximos siete años, reconociendo así una de nuestras razones para oponernos al 012.

¿Qué obligaba al gobierno a recurrir a tanta maniobra?

Es claro que echarle mano a las transferencias es producto del ahondamiento de la crisis en que la Apertura ha sumido al país: quebradas la agricultura y la industria; deteriorados los términos de intercambio; reducidos al máximo los aranceles y franqueadas las importaciones; endeudado el país hasta límites impagables; ahogada la población con la escalada de los precios y concluido en lo fundamental el remate de las empresas del Estado, lo único que quedaba para responderle a la insaciable voracidad de los prestamistas, eran los recortes presupuestales a la educación y la salud, y a fe que armados de cinismo y sin escrúpulos lo hicieron.

Desligadas las transferencias de los Ingresos Corrientes de la Nación en los próximos siete años, aquellas crecerán únicamente en el IPC más 2% en los primeros cuatro y 2.5% en los tres últimos, pero no se le dice al país que el crecimiento de la población es de 2% anual y que hay cerca de tres millones de niños y jóvenes por fuera del sistema educativo, con lo cual el tan promocionado crecimiento ‘real’ de los recursos es, en la práctica, nulo y su monto deficitario.

Además, el gobierno sólo tiene en cuenta los costos de la nómina docente y administrativa, preparándose para raponearles a los educadores varios derechos laborales. El resto de los costos educativos: como construcción, dotación, mantenimiento y mejoramiento de escuelas y colegios, y capacitación del personal docente, deberán ser cubiertos por la comunidad mediante más impuestos o directamente con la privatización.

¿El Acto Legislativo se aprobó tal como lo presentó el gobierno?

No todas sus pretensiones fueron satisfechas: fueron derrotados el intento de congelar a partir del año 2009 los recursos del SGP, Sistema General de Participaciones; la pretensión de fijar el monto inicial de la «bolsa común» en 8.9 billones de pesos; la decisión de dejar por fuera de nómina al personal administrativo y docente pagado con recursos propios de los entes territoriales; y el llamado subsidio a la demanda, o focalización, es decir, la supuesta atención «de los más pobres de los pobres».

Lo dicho en cierta medida explica el sabor amargo que le ha quedado al gobierno, al pensar que tanto desgaste y descrédito apenas le dejan una victoria pírrica. Por eso la actitud arrogante del ministro de Educación, quien en abuso de autoridad ha intentado impedir los acuerdos de recuperación de tiempo y el pago de los salarios para tratar de doblegar la creciente resistencia del magisterio. Es el absurdo, mientras maestros, estudiantes y padres de familia asisten a los colegios para reponer las clases y hacer las nivelaciones de los procesos curriculares y académicos, el gobierno y la policía llegan, en varias ciudades, en actitud de fuerza y barbarie a desalojarlos de los planteles. Es decir, al ministro no le importa la suerte final del año lectivo; su palabrería sobre los derechos de los niños es sólo una artimaña propagandística, pues su verdadero compromiso no es con la nación ni con la comunidad sino con el BID y su «flamante» Nuevo Sistema Escolar, en virtud del cual desvertebrarán mucho más el sistema educativo y convertirán escuelas y colegios en empresas independientes, dándole de esta manera vía libre a los procesos de privatización y a los pagos por subsidios sólo para «los más pobres de los pobres».

Fecode ha denunciado que el gobierno tiene listo un proyecto de modificación a la ley 60 de 1993, ¿qué nos dice al respecto?

Sí. En esencia, la batalla que se avecina se concretará en la discusión del proyecto que modifica la ley 60, que ya está elaborado por Planeación y que sin duda alguna tendrá funestos alcances: hacerles conejo a las regiones, disminuyendo la base de liquidación de los Ingresos Corrientes de la Nación, asunto grave pues ahora resulta algo que no dijeron en el pasado debate, que a la bolsa del SGP se le restarían los recursos del Fonpet, antes de su distribución entre los entes territoriales; también se crearía una comisión de regulación para el sector educativo, en la cual cinco expertos definirían antidemocráticamente la política educativa y tendrían como misión unificar nacionalmente el currículo y los contenidos mediante los llamados estándares de calidad y los contenidos «mínimos» para todas las áreas y asignaturas, y fijarían la llamada «canasta educativa» y los mecanismos de distribución del SGP. Todo a contrapelo de los avances en materia de autonomía académica y libertad de cátedra logrados en la Ley General de Educación.

Pero lo más grave es que se le abren múltiples puertas a la privatización, porque así Pastrana y sus ministros lo nieguen, no otra puede ser la consecuencia de permitir la contratación del servicio educativo con el sector privado a las tarifas que este ponga; y que se deseche la gratuidad de la educación, estableciendo tarifas para los costos educativos; y que no se haya creado, a pesar de que lo propusimos insistentemente, un Fondo Nacional de Cobertura Educativa, con lo cual cada año será más difícil obtener un cupo en el sistema público, y con la decisión del gobierno de no asumir el crecimiento futuro de la nómina docente y administrativa, que según este proyecto de ley será responsabilidad de los municipios, no quedará otra vía que trasladar la carga a los usuarios. Es decir, desaparecida la responsabilidad de la nación de financiar el servicio educativo, y entronizados el subsidio a la demanda y la «focalización» del gasto, queda al orden del día la privatización como política de Estado.

Con respecto a la administración de la educación, en tres años deberá cesar toda función de los departamentos, así este servicio quedará totalmente municipalizado y plantelizado. Una vez más las fuerzas neoliberales son factor disolvente de la Unidad Nacional, al atomizar los escasos recursos del SGP entre más de 1.080 municipios, la mayoría en bancarrota, y las entidades territoriales indígenas. Con la plantelización, que está en la base del Nuevo Sistema Escolar, se logra el doble propósito de ahondar la dispersión de los recursos y convertir escuelas y colegios en Empresas Sociales del Estado, que vivan de la venta de servicios y que tengan plena autonomía para que languidezcan y se marchiten en medio de la crisis, como ha sucedido con los hospitales. Se les entrega la administración de los colegios a los padres de familia, para que sean ellos quienes tomen las decisiones dolorosas de las alzas en los derechos académicos ante la insuficiencia de los recursos que transfiere el Estado. El Nuevo Sistema Escolar ya se ha venido aplicando, y se ha comprobado que trata de convertir a escuelas y colegios en Empresas autónomas administrativa y financieramente, dirigidas no por rectores sino por gerentes de libre nombramiento y autosostenidas con los pagos de los padres y con la venta de servicios. Todo envuelto en el discurso de la fementida autonomía de las comunidades, cuando éstas lo que exigen son cupos escolares suficientes, calidad educativa y la financiación por el Estado.

Pero la política estatal no está basada en el cubrimiento del costo creciente de las necesidades educativas; está en el pago por capitación (monto del SGP dividido entre el número de usuarios), la focalización del gasto en «los más pobres de los pobres», el subsidio a la demanda, la congelación de la nómina y las múltiples condiciones para nombrar maestros y cubrir vacantes, y otras linduras del recetario neoliberal que campean en ese proyecto reglamentario.

¿El proyecto de ley conculca derechos del magisterio?

Sí, y muchos. Pretende arrasar con los derechos laborales del magisterio: establece un régimen discrecional de traslados; suprime el Estatuto Docente y modifica hasta hacerlo nugatorio el escalafón nacional; los municipios definen los salarios y prestaciones de los maestros y en consecuencia prohíbe decisiones nacionales en esta materia; elimina el carácter docente de rectores y directivos y suprime su estabilidad laboral; sienta las bases para la evaluación-despido de los maestros y para la política de racionalización plasmada en los convenios de desempeño; da facultades extraordinarias al presidente para que legisle sobre el régimen laboral de los maestros; restringe la participación del magisterio en las Juntas de Educación y en los Consejos Directivos de los planteles.

¿Entonces, qué viene?

La batalla continúa y, en consecuencia, lo único que nos corresponde, con Fecode y las organizaciones del Frente Común, es «reiniciar con renovado brío el intento de la vez pasada», pues el imperialismo norteamericano, el Fondo Monetario Internacional y el régimen pastranista, continuarán con su ofensiva en contra de los intereses del pueblo y de la nación colombiana.