SALUDO DEL MOIR AL ENCUENTRO

Presentado por el senador Jorge Santos Núñez

La lucha del movimiento obrero colombiano, particularmente el pasado paro nacional de los trabajadores estatales, guía como potente faro la lucha del pueblo colombiano. En el complejo y convulsivo cuadro de la situación nacional, en el cual sobresale la intromisión norteamericana en nuestros asuntos internos y la agudización de todos los males económico-sociales como consecuencia de los seis años largos de apertura económica y neoliberalismo, tenemos la esperanza de que el encuentro que ustedes realizan trace orientaciones y defina tareas que contribuyan al avance de la movilización popular.

La hora apremia para el desarrollo de una política de unidad nacional contra la injerencia imperialista de Estados Unidos, ‘de denuncia y combate contra el gobierno colaboracionista y lacayo de Samper, de rechazo general a la apertura y el neoliberalismo, y de preparación inmediata de una gran movilización nacional que generalice la protesta multitudinaria del movimiento obrero v el pueblo. El país reclama una salida negociada que ponga fin al enfrentamiento y al derramamiento de sangre, que civilice la contienda política y traiga una paz basada en la igualdad de los partidos y particulares ante la ley.

RECESIÓN: LEJOS DE CEDER, EMPEORA

(Posición fijada por la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda., Codegar)

Entre las fuerzas que explican la evolución de la oferta de ganado en los últimos años, se destaca el proceso de «ganaderización» de la agricultura debido a la baja rentabilidad de varios cultivos después de la apertura, en parte por la depreciación de la tasa de cambio y en parte por el deterioro de los precios internacionales.

Fue 1996 otro año en que de manera espontánea continuó el reacomodo del sector agropecuario, para contrarrestar de alguna manera el impacto de la crisis.

El agro ha debido enfrentar solo semejante tarea, sometido a las presiones de un entorno macroeconómico claramente adverso, y todo ello en medio de una recesión que se ve agravada por el incremento generalizado de los costos de producción; tendencia que no lejos de ceder, con el paso del tiempo empeora.

Vale la pena destacar que sida situación no ha sido aún más severa, es por el tesón, el instinto de conservación y el amor al oficio, a la tierra y a la patria que tenemos la mayoría de grandes, medianos y pequeños productores, quienes seguimos en la lucha, rumiando nuestra frustración, con el alma en vilo porque no sabemos qué nos deparará el mañana.

Sólo sabemos que debemos continuar como el equilibrista: si para, se cae.

Es inútil seguir esperando que el gobierno conteste la pregunta del millón:

«¿Hacia dónde puede y debe dirigirse el sector productivo rural?»

La situación nacional y el movimiento obrero: TRABAJADORES, FACTOR PRINCIPAL DE LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA Y LA UNIDAD NACIONAL

(Intervención de Yezid García Abello en el Encuentro de Organizaciones Sindicales y Populares del 16 y 17 de abril de 1997).

Con su airoso parte de victoria, el pasado paro nacional de los trabajadores estatales trajo un refrescante viento de confianza en las fuerzas propias y renovados bríos a las filas del movimiento obrero. Ahora corresponde descifrar con tino el curso actual de los acontecimientos y deducir la más apropiada línea de acción para el conjunto de la clase.

La intervención yanqui es el problema principal
Bajo el ultimátum de Washington, Colombia marcha trabajosamente hacia el mes de agosto. Se agotará en esa fecha el más reciente y perentorio plazo fijado por el imperio norteamericano al gobierno de Samper para que satisfaga las demandas en turno, especialmente las de carácter antinarcóticos. Es decir, extradición retroactiva, reforma carcelaria y mayor penalización al lavado de dólares. Desde el revuelo producido por el reportaje de Frechette de comienzos de año, dos de sus nuevas intromisiones en los asuntos internos del país se tradujeron en sendos reveses para el gobierno: el ministro de Defensa González se cayó y la reforma política naufragó. En el ínterin, en el marco del repudio nacional a la colonial «descertificación» gringa a Colombia, el gobierno dijo que se había «envenenado el ambiente para la aprobación de la extradición». Mas pronto quedó claro el rumbo real por el que marchaban las cosas. El ministro de Justicia, esforzado servidor de la Casa Blanca, volvió a desgañitarse con su «sí, y 20 mil veces sí» al restablecimiento de la extradición de colombianos, encontró «doctrina» legal para tan oscura causa y presentó ante el Consejo de Política Criminal la propuesta de derogar el artículo 35 de la Constitución que la prohíbe. Se anticipó que una vez removido por el Congreso dicho obstáculo principal, quedaría allanado el camino para establecer por vía legal la monstruosidad exigida por Estados Unidos: la retroactividad de dicha medida. Lejos de constituir una iniciativa aislada, la del ministro Medellín refleja a cabalidad la política del gobierno de Samper. Los sectores patriotas y democráticos del país han presenciado con ira la aprobación de la extinción del dominio que arrasó la presunción de inocencia, del aumento de penas votado en un santiamén, la inspección de cárceles colombianas por comisiones del gobierno estadounidense y la firma del convenio que le permite a la marina gringa abordar barcos en las aguas territoriales colombianas de nuestra zona económica exclusiva. De consumarse la infamia en curso, con el restablecimiento de la extradición de colombianos, plato fuerte de las imposiciones norteamericanas, la agenda Frechette quedaría prácticamente satisfecha. Cumplidos casi dos años del inicio de la actual crisis política, desatada y ahondada de modo principal por la injerencia sin precedentes de Estados Unidos, los hechos dan paso a una constatación irrebatible: que la postración del gobierno de Samper ante el imperio yanqui configura una degradación en materia de lacayismo y entreguismo, sin parangón en la historia nacional.

Todos los males se agudizan
La combinación de un agudo deterioro de la situación económica y social, con la crisis política y el recrudecimiento de la violencia a escala nacional, confieren al cuadro de conjunto un clima altamente explosivo. De la agudización de la violencia actual sólo pueden derivarse más pérdidas para el país, el deterioro total de la democracia política, mayores atrocidades contra el pueblo y, sobre todo, el incremento del alarmante fenómeno de balcanización interna, más peligroso cuanto mayor es la necesidad de la unidad nacional para enfrentar la agresión del imperialismo. El país reclama una salida negociada que ponga fin a los enfrentamientos y al derramamiento de sangre, que civilice la contienda política y traiga una paz basada en la igualdad de los partidos y particulares ante la ley.

En el terreno político, el hundimiento del proyecto sobre cambio de fecha de las elecciones -que ni siquiera se atrevió a apoyar el gobierno-, y la caída de la emergencia económica mediante fallo de la Corte Constitucional, hacen manifiesta la debilidad de la actual administración. Gobierno, gremios económicos y críticos progringos yerran del todo cuando cierran los ojos ante la raíz de los males patrios: la continuidad y ahondamiento de la apertura económica y el modelo neoliberal, verdadera causa de las afugias de la economía. La revaluación, la restricción del gasto público, la congelación salarial y las altas tasas de interés, las privatizaciones y la desaparición de entidades del Estado, más el mantenimiento de la apertura comercial, cambiaria y financiera, todo ello, entrelazado, condujo a la recesión actual de la economía.

Lejos de corregir el rumbo, el gobierno ha preferido enfrentarse al descontento creciente del pueblo y el movimiento obrero, en aras de la observancia del dictado fondomonetarista. Promete mayores entregas de nuestros hidrocarburos a las multinacionales petroleras gringas en Cartagena. Proyecta descargar sobre la canasta familiar del pueblo llano el detestado impuesto del IVA. Y se obstina en proseguir su obtusa política privatizadora en Telecom, Ecopetrol y una larga lista de empresas y entidades estatales. De manera simultánea, «el tiempo de la gente» se traduce en un desempleo rampante que subió de 9.5 a 12.7%, en el peor año de la industria en los noventas, en la dramática crisis del agro y la angustiosa situación de los productores endeudados, en los desalojos brutales de vendedores ambulantes y de los ocupantes de predios urbanos y en la entrega de las cárceles a la policía.

La lucha obrera, guía del país
En el maremágnum de enfoques y opiniones respecto de la crisis política y la situación general del país, el movimiento obrero ha respondido a las exigencias del momento. Con sus movilizaciones, los trabajadores han dado un mentís rotundo a la vergonzosa opinión colonial que aprecia la intrusión gringa como un percance inevitable y hasta constructivo. El escandaloso grado de intervención alcanzado por el gobierno norteamericano en los asuntos internos de Colombia hace prever nuevas, prontas y más graves coyunturas críticas. Por todo ello es imperativo que la clase obrera, al tiempo que redobla su lucha de resistencia contra la embestida neoliberal, adopte una política que permita aglutinar y acrecer las fuerzas patrióticas en una gran coalición antimperialista para librar el combate por el cese definitivo de la injerencia y la dominación gringas sobre el país.

Debe denunciarse al gobierno Samper por colaboracionista y lacayo. Se entiende que la acumulación de fuerzas para enfrentar batallas de mayor envergadura está al orden del día. Debe reforzarse el Comando Nacional Unitario surgido de la lucha, comenzando por las labores preparatorias de una nueva protesta obrera nacional que movilice al conjunto de los trabajadores y que desate la protesta multitudinaria de los demás sectores del pueblo. Para los trabajadores colombianos, en el horizonte se perfila con claridad la irrupción de las luchas obreras y populares contra la apertura y el neoliberalismo, en defensa de los derechos y por un mejor nivel de vida de los asalariados, en rechazo a la represión de las protestas y movilizaciones y, sobre todo, por la soberanía de Colombia.

Proteccionismo agrícola en EU: EL CURA PREDICA PERO NO APLICA

Por Raúl Fernández

La producción agrícola en los países capitalistas desarrollados ha contado históricamente con el apoyo de sus respectivos Estados, contrariamente a lo que se les viene exigiendo a las naciones débiles del resto del mundo.

Por ejemplo. Estados Unidos impulsa la investigación científica, construye obras descomunales de infraestructura, subsidia a sus productores y los protege de la competencia externa, en contraste con la apertura que le ha impuesto a América Latina.

Desde hace más de un siglo el gobierno de Estados Unidos lanzó un ambicioso plan de universidades dedicadas a respaldar el desarrollo agrícola. Una red de centros de este tipo se estableció por el país, entre los cuales destacaban los de Cornell, Michigan, Iowa, Minnesota, Ohio State y California. En estas universidades, y en sus anexos de extensión agrícola, se desarrollaron todo tipo de semillas, fungicidas, fertilizantes, nuevas variedades resistentes, arados y tractores, actividades que se intensificaron después de 1945, cuando Estados Unidos, al resumir la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, entendió que sin el control de la producción alimentaria no podría dominar el mundo. Hace poco este autor tuvo la oportunidad de entrevistar a un científico de la Universidad de California, quien se encontraba atareadísimo con un proceso para desarrollar un nuevo tipo de arroz, que teniendo el mismo gusto y ‘pegosidad’ del típico arroz japonés, resultara de más crecimiento al cocerlo. Todo esto con miras a tratar de penetrar el mercado de Japón con un arroz sembrado en Estados Unidos. En la actualidad el tamaño de las grandes compañías agrícolas de Estados Unidos es tal que han desarrollado sus propios centros de investigación, por lo cual el papel -de las universidades no es ya tan importante, en términos relativos, como lo fuera por más de un siglo. No hay duda de que la supremacía de las gigantescas trasnacionales se debe en buena medida a un siglo de apoyo por parte del Estado. Sin embargo, los centros de investigación y extensión universitarios se mantienen activos.

Durante el siglo XX el gobierno federal de Estados Unidos ha auspiciado una serie de grandes proyectos de infraestructura, principalmente en California y otros estados del Oeste. La represa del río Colorado en Hoover Dam, la del río Columbia en Grand Coule Dam, no son sino dos ejemplos. Todas, o casi todas, las corrientes fluviales de los estados de Texas, California y Washington fueron controladas con el propósito de hacer productivo el desértico oeste norteamericano. La irrigación de los valles de California se hizo posible mediante el agua barata proveniente de una inmensa red de represas estatales. Por más de sesenta años su producción no sólo fue posible debido a estas obras sino que fue subsidiada con la provisión de agua de riego casi regalada. La Unión Europea ha entablado por muchos años litigios comerciales con Estados Unidos debido a este colosal subsidio a la agricultura californiana.
En Estados Unidos los subsidios se manifiestan de muchas otras maneras. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura gasta millones de dólares cada año en investigación y en abrir mercados para las compañías privadas. A principios de esta década, Campbell Soup recibió cerca de medio millón para hacer publicidad de sus productos. Todo patrocinado por el Programa de Promoción de Mercados del Departamento de Agricultura, que gasta cerca de doscientos millones de dólares anuales en dicha actividad. Empresas que reciben este subsidio incluyen también a Del Monte, Nahisco, Quaker y MacDonalds, lo cual permite a las diferentes compañías entrar con pie derecho a la competencia internacional, y, bajo la supervisión y apoyo económico estatal, promocionar ventajosamente sus productos.
Además, Estados Unidos aplica toda una serie de barreras para impedir el ingreso a su mercado de aquellos productos del agro que puedan competir con los suyos. En 1993 la Unión Europea dio a conocer un informe en el que detallaba dichas trabas: requisitos unilaterales de estándares de producción, de uso de pesticidas, a más de restricciones sanitarias y fitosanitarias.

Los gringos a menudo obstaculizan las importaciones con u n simple requisito, a saber, demandando una facturación extremadamente detallada de todos los estadios en la producción de un artículo agrícola, especificando el tipo, porcentaje, composición de cada uno de los fertilizantes, insecticidas y todo insumo utilizado, algo casi imposible de cumplir para la mayoría de los agricultores.

No es que las tarifas hayan desaparecido. Hace poco el Departamento de Agricultura aprobó un alza de ellas, inclusive contra un renglón tan ínfimo como son las escobas de paja producidas en México, país con el cual Estados Unidos firmó el cacareado Nafta, que supone la existencia del libre comercio entre sus integrantes. El mismo México no sabe cómo arreglárselas para venderles sus aguacates. La exportación estuvo paralizada por casi dos años después de la firma de dicho Tratado, mientras el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura gringo desarrollaba un programa de nueve requisitos, que incluyen inspección en territorio mexicano de plantíos y depósitos. Se espera que a partir de este mes sea posible la exportación, si es que los mexicanos pasan la prueba de los nueve requisitos. Sólo que esa exportación será permitida únicamente durante los meses de invierno, ¡cuando las matas gringas de aguacates no producen!

Otro problema que México confronta es el de las fresas. En Estados Unidos existe un programa de almuerzos escolares subvencionados por el gobierno federal. La ley exige que todo alimento proporcionado a los niños debe ser cosechado dentro del propio territorio de la Unión. La semana pasada, unas fresas congeladas distribuidas para ese programa resultaron estar contaminadas con el virus de la hepatitis B. De inmediato corrió la voz por todos los medios de que «las fresas habían sido cosechados en México». Aunque fueron procesadas en San Diego, California, en donde muy probablemente se haya originado la infección, la histeria apunta a liquidar la importación de ese producto desde el país vecino.

Hace cinco años ocurrió un caso similar con uvas traídas desde Chile, otro de los grandes amigos de Estados Unidos. Al llegar a Nueva York un barco cargado de uvas chilenas, los inspectores oficiales se limitaron a abrir un contenedor y a sacar un par de uvas, lo que bastó, según ellos, para desechar todo el cargamento, pues estaba contaminado con cianuro de potasio. Como es obvio, cundió el pánico y las importaciones se interrumpieron por varios meses, en beneficio de las uvas californianas. Para los gringos todo vale, cuando se trata de proteger su propia agricultura.

Si la cosa es así con su vecino, su socio comercial, firmante de un tratado de libre comercio, ¿cómo será con los demás? Hace tres años, en un informe sobre «desarrollo humano» de la ONU se reportó que las barreras de los países ricos hacen que sus mercados sean casi impenetrables para las exportaciones del Tercer Mundo. Decía el informe que estos obste culos les cuestan a los países pobres aproximadamente quinientos mil millones de dólares al año.

La lucha comercial entre las potencias es feroz y aquí los Estados juegan un papel crucial. Ejemplo: mientras Estados Unidos es prolijo en identificar violaciones sanitarias, fitosanitarias y otras, se molesta sobremanera cuando sus métodos de producción son cuestionados. Recientemente el gobierno de Clinton ha entablado una querella contra la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio por la negativa de aquélla de importar carne de vacas inyectadas con estrógeno. En este país es rutinario implantar hormonas, principalmente estrógenos, en las orejas del ganado de engorde, lo cual le hace aumentar rápidamente de peso. Aunque el Departamento de Agricultura asegura que la práctica no es peligrosa, el procedimiento fue cuestionado por la Unión Europea, por lo que Estados Unidos le ha puesto un pleito. En fin, las medidas sanitarias son para los demás.

América Latina ha venido desmontando sus instituciones rurales para dar cumplimiento a la siguiente frase neoliberal: “Tanto mercado como sea posible y tan poco Estado como sea imprescindible,” pero como hemos visto, lo contrario sucede con la política proteccionista de Estados Unidos.

Falleció el padre del camarada Marcelo Torres: SE MARCHÓ VIEJO AMIGO DEL MOIR

El 19 de abril, en Barranquilla, luego de una penosa enfermedad, falleció Ricardo Torres Galindo, padre de nuestro compañero y miembro del Comité Ejecutivo del MOIR, Marcelo Torres. Al sepelio concurrieron, además de sus familiares, numerosos militantes de Bolívar, Atlántico y Magdalena.

Don Ricardo había nacido hace 76 años en Magangué, donde se le conoció como dirigente cívico y deportivo. Al comienzo de los setenta colaboró en la construcción de nuestro Partido cuando apenas éste iniciaba labores en la región.

Poco después se trasladó a Montecristo, población del sur de Bolívar, donde vivió hasta poco antes de su muerte, dedicado al oficio de boticario y comerciante de medicamentos, labor que las gentes apreciaron por las difíciles condiciones de vida allí reinantes.
Cuando los activistas del MOIR adelantaban la organización de cooperativas campesinas, siempre encontraron en él su entusiasta y oportuno concurso.

A finales de 1983 participó activamente en la realización del encuentro de la Unión Campesina Independiente de Bolívar, que presidió Francisco Mosquera, jefe máximo del MOIR.

Más tarde, cuando el resurgimiento de la violencia obligó a nuestros militantes a replegarse, él debió permanecer en la riesgosa zona. Desde allí, a pesar de la forzosa separación, siguió con interés profundo el desenvolvimiento del Partido y sus luchas.

Disuelta la organización campesina local, la casa que servía de sede no volvió a abrir sus puertas. Pero él guardó las llaves porque, como solía decir, «uno de estos días regresa el MOIR».

Con su desaparición sentimos la pérdida de un amigo inolvidable. Por eso nos unimos a Marcelo y a su hermano Ricardo en el dolor.

MARIHUANA SE CONVIERTE EN PRINCIPAL PRODUCTO AGRÍCOLA DE EU

El 13 de marzo el director de noticias de la cadena televisiva ABC, Peter Jennings, reveló que la marihuana constituye el ramo agrícola de mayor importancia en Estados Unidos, estimado en un valor anual de 40 a 50 mil millones de dólares.

El país, primer consumidor del mundo, se ha vuelto ya autosuficiente.

La marihuana es ilegal en Estados Unidos. Se considera un acto criminal cosecharla para la venta. Cuando allí se habla de consumo de drogas, 90% se refiere a la marihuana.

La planta la siembran tanto a campo abierto como en los sótanos de las casas. En los estados de California, Washington y Oregón, los tres principales abastecedores, existen zonas suburbanas donde en cada cuadra hay al menos una casa que la produce. En el mercado estadounidense, según Jennings, la onza de marihuana vale lo mismo que la onza de oro.

En el sur, muchos farmers (granjeros) aseguran que sin el cultivo de marihuana no podrían comprar tractores ni pagar sus deudas a los bancos. El maíz, su rubro tradicional, se ha visto golpeado por los bajos precios y por los altos costos de producción.

Hace un tiempo, al jefe de policía o sheriff de Bacon Country, Georgia, le dio por arrestar a los cultivadores de la hierba. En las siguientes elecciones fue derrotado por mayoría abrumadora y obtuvo el cargo el hermano de un finquero que produce marihuana. El nuevo sheriff dice que él ignora si la gente de esta región se dedica o no a dicha actividad ilícita. Y se opone a que la fuerza antinarcóticos del estado actúe en Bacon Country.

Por Internet, en 1996, se realizaron más de cinco mil encargos de semillas, que fueron enviados a dos mil direcciones diferentes en 40 estados de la Unión.

¿No es hora de que descertifiquemos a estos gringos?

MONOPOLIOS GRINGOS ABATEN AGRICULTURA LATINOAMERICANA

Por Alejandro Torres

El 24 de marzo, el periódico bogotano La República tituló a todo lo ancho: «Estados Unidos reclama por barreras al comercio en América Latina». Semejante despropósito fue planteado por el Representante de Comercio norteamericano como conclusión de la consulta que hace anualmente a diferentes entidades y empresas sobre las barreras impuestas a su comercio en el planeta.

Los gringos le exigen al resto del continente abolir hasta el más mínimo obstáculo. Citemos algunos ejemplos. El Instituto del Vino rechaza los aranceles, las normas para el etiquetado de sus productos y la exigencia de establecer un distribuidor o importador nativo autorizado. Campbell Soup, uno de los gigantes de los alimentos, alega contra las pocas barreras arancelarias que perviven en casi todas las naciones sureñas y que afectan sus sopas enlatadas, galletas, confites y alimentos procesados. A México, la Junta Asesora de Productores de Durazno de California lo conmina a eliminar las tarifas a los duraznos frescos y en conserva y a otras frutas enlatadas; la Asociación de Productores Forestales y de Papel le pide suprimir las clasificaciones y sellos de las maderas que importa, y otras entidades le reclaman que arrumbe los aranceles a la papa procesada, lo mismo que las restricciones de tipo sanitario para otros productos. A los venezolanos se les apremia a derogar la norma que inhibe las importaciones de carne de cerdo de los países afectados por el síndrome respiratorio reproductivo porcino.

Lo anterior enseña claramente una de las tendencias norteamericanas, cual es la de perforar los mercados allende sus fronteras hasta para sus productos menos importantes, mientras levanta infranqueables valladares con el fin de proteger a sus grandes productores. Pero los países pobres tienen que enfrentarse además a otras zalagardas que auguran un negro porvenir para su producción autóctona. Tendrán que vérselas con la cada vez mayor concentración de la producción alimentaria estratégica en el propio territorio gringo y en el de los demás países imperialistas, que pugnan por controlar los mercados que se amplían con el crecimiento demográfico y la integración de extensas zonas como por ejemplo China. Tienen a su favor el monopolio de los grandiosos descubrimientos científicos que en vez de aplicarse a resolver las grandes carencias de la humanidad se dedican a acrecer las ganancias de las multinacionales. A los países tercermundistas se les conmina a competir entre sí en la producción de especies exóticas cuyo mercadeo, la parte más grande de la torta, cae en manos de los trusts. Se les somete, así mismo, al arbitrio de los grandes consorcios que se instalan en sus territorios, se lucran de los llamados mercados subregionales y luego de causar quiebras a granel entre los productores nativos, se dedican a comprar en malbarato instalaciones, bosques, sembradíos y praderas agrícolas y pecuarias, a la vez que apuntalan formas atrasadas de producción para aprovechar la mano de obra barata de millones de familias campesinas lanzadas por debajo de la “línea de pobreza”.

Veamos el caso de los cereales. Sus rendimientos se triplicaron entre 1965 y se calcula que en 1990 se duplicarán de aquí al 2015, como fruto de los desarrollos científicos y tecnológicos en biotecnología e informática, el control mediante satélites, la utilización más eficiente del agua y la menor dependencia de grandes cantidades de ésta, el uso de semillas mejoradas, la aplicación de fertilizantes, el mejoramiento de las técnicas de almacenaje, la mayor resistencia a plagas y enfermedades. Los agricultores gringos, que disfrutan de estas poderosas herramientas, cuentan además con generoso subsidio estatal, y ahora, con la nueva ley agrícola de 1996, sin exigírseles el requisito de mantener tierras en reposo, lo cual llevó a que el año anterior sembraran 6% más de superficie de los 15 cultivos más importantes, incluidos trigo, maíz, soya, arroz, cebada, avena y algodón. Esta ampliación va orientada a incrementar su participación en el mercado mundial del que ya sacan alrededor de 60 mil millones de dólares al año. Los granjeros estadinenses también son respaldados mediante inversión pública en investigación agrícola, infraestructura, educación rural, crédito subsidiado, apoyo por desastres naturales, diferenciales de precio interno y de exportación, tarifas y cuotas para las importaciones. Aunque el renglón ganadero no tiene subsidios monetarios, se beneficia de los recibidos por los granos, uno de sus principales insumos.

Estados Unidos pone mayores limitaciones a las exportaciones del sur de sus fronteras y a sus vestigios de protección. Lo atestiguan, además de los casos citados, las restricciones al ingreso de tomate de México, y las presiones a esta nación para que corte los subsidios al maíz, base de la alimentación azteca; el de los bananeros de Costa Rica y Colombia, golpeados por su «acuerdo marco» con la Unión Europea, que contraría los cometidos de Chiquita Brands; las investigaciones a los floricultores y las barreras fitosanitarias.

La avalancha de trasnacionales sobre la heredad latinoamericana es arrasadora. Archer-Daniels-Midland Co., que suele comprar participación minoritaria en compañías agrícolas y «explorar» mercados extranjeros a través de empresas conjuntas, negoció acciones de la mexicana Gruma pensando en el proceso de eliminación de los subsidios a las tortillas de maíz, con el fin de caer sobre ese mercado de 80 millones de caer sobre ese mercado de 80 millones de personas; antes, en 1993, había presentado ofertas por más de US$ 100 millones al gobierno de Salinas de Gortari para quedarse con cinco molinos estatales de arroz. Carguío Inc., de Minneapolis, quizá el más grande monopolio mundial de los alimentos y del agro, construye una planta procesadora de soya cerca de ciudad de México por US $ 30 milllones e invierte en grande para servirse de la creciente demanda del Mercosur.

Su historia es ya larga en América Latina: es un importantísimo comprador de café; desde hace más de dos décadas vende semillas y fertilizantes en Chile para los cultivos de frutas de exportación, obteniendo allí ingresos por 125 millones de dólares en los últimos cinco años; apunta al Perú donde los proyectos de irrigación abren inmensas perspectivas a sus semillas y agroquímicos; y sólo en Argentina factura anualmente unos US $ 1.800 millones.

Como resultado de esta expansión a la que incluso le quedan estrechos los límites de los pactos subregionales, los países más débiles verán arrasado su agro en poco tiempo. Les sobra razón a los gremios del exánime Pacto Andino cuando temen por su sobrevivencia ante la andanada que provendrá desde Mercosur, que cuenta con 90 millones de hectáreas agrícolas especializadas en cosechas que son también la base de la producción de aquéllos, tales como trigo, soya, maíz arroz, fríjol, lenteja, hortalizas, frutas, además de leche, quesos, pollos y huevos, que quedarán totalmente en manos de gigantes como los descritos.

Los teóricos del imperialismo dan toda clase de argumentos para que abandonemos en sus manos el mercado de los productos esenciales. Al sur del río Grande nos quieren reducir a la siembra de productos exóticos o marginales, intensivos en el uso de mano de obra, que no padezcan los «males» de los granos que tienen “economías de escala” y muy baja “elasticidad de la demanda”. No es que esto sea un nuevo designio, sino que como todo lo de la apertura es una profundización de medidas ya antañonas. Si lo sabremos los colombianos con nuestro secular café.

El mundo pobre acudirá al mercado con una sobreoferta de frutos, muchos de ellos extravagantes, y el minúsculo grupo de compradores impondrá sus condiciones. Desde hace un tiempo se viene hablando de la competencia que para América Latina significará la reciente orientación agraria de la India. Ésta, para alimentar a su inmensa población, se dedicó durante decenios al cultivo de cereales lo cual limitó, según la casta intelectual proyanqui las «exportaciones de más elevado precio». Ahora ha consentido en «diversificar» declarando la agricultura de exportación como «área de atención extrema». Sus ventas externas de flores, frutas y verduras frescas, que en 1991 fueron de US $ 53 millones, pasaron en 1995 a US $ 136 millones, empezando a transformarse en fuerte competidor de los floricultores colombianos, los sembradores de verduras de México y Perú, y los de la fruta fresca de Chile y Argentina. Detrás de este otro «milagro» se halla la estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, que allanó el camino indio a sus trasnacionales que se hicieron lenguas con su buen clima, sus tierras fértiles, y ante todo con su baratísima mano de obra. En 1991, más de la mitad de la inversión extranjera que en alimentos sobrepasó los mil millones de dólares fue hecha por Quaker, Pepsi y Cargill.

Frente a tal panorama, no causa sino indignación la actitud del mandatario peruano, el imperturbable señor Fujimori, quien hiciera su primera campaña electoral a bordo de un tractor, cuando en reciente emisión del programa Panorama de la televisión del Perú increpó a su entrevistador, sobre si le parecía de poca monta su plan de «redimir» de la pobreza a decenas de miles de familias, cultivadoras ancestrales de coca, mediante la extensión de los «muy prometedores» plantíos del camucamo y el palmito.

En la cumbre de la Junta Interamericana de Agricultura, órgano superior del «famoso» Instituto de Cooperación para la Agricultura, IICA, llevada a cabo en San José de Costa Rica, del 18 al 22 de septiembre de 1995, los ministros iberoamericanos sancionaron estas calamitosas imposiciones aduciendo que se trataba del advenimiento de una dizque «agricultura sistémica», con la cual quedaría en el pasado «la visión sectorialista, primario productiva, que imperó gracias al esquema macroeconómico de sustitución de importaciones». Galimatías que en buen romance se podría traducir en el ofrecimiento de colaboración para depredar, en pro del avance imperialista, los pocos logros que en el campo han alcanzado estos países.

Los agricultores nativos, ante las irrefutables notificaciones de la quiebra, comenzaron a calar el fondo de los dictámenes de la internacionalización, que en sus inicios saludaron alborozados. De ahí que sus reclamos se hacen cada vez menos apacibles. Los más pobres han vuelto a exigir tierra para trabajarla. Y en estas condiciones, que entre otras impulsan el crecimiento de sus filas, los obreros, a lo largo y ancho de estas feraces tierras, forjaran los más amplios frentes de liberación nacional que se apoyaran unos a otros y de los que sólo excluirán a los apátridas.

Ley Helms-Burton: CRECE PROTESTA MUNDIAL CONTRA ESTADOS UNIDOS

Por Edgar Piñeros

La legislación de efectos extraterritoriales que le ha venido imponiendo Estados Unidos a la comunidad de naciones, ha conseguido avivar la indignación de los pueblos y echar leña al fuego en la disputa entre la Unión Europea, Japón y la superpotencia norteamericana por un nuevo reparto de zonas de influencia.

Promulgada en marzo de 1996, con la ley Helms-Burton se presiona el cambio del régimen cubano y, además, la devolución a sus antiguos propietarios, cubanos exiliados o estadounidenses, de las empresas que fueron nacionalizadas por la revolución. La Ley para la Libertad de Cuba y la Solidaridad Democrática (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act), como se denomina oficialmente el estatuto, permite indemnizaciones hasta por tres veces el valor original de los bienes expropiados, o la conversión de éstos en inversión, como forma para allanar la penetración de las empresas gringas en la Isla. Clinton firmó el instrumento, no obstante que los fallos de la Suprema Corte y de Tribunales de su país habían reconocido la legitimidad del título adquirido por Cuba mediante las nacionalizaciones decretadas a partir de 1959.

El gobierno de La Habana, como medida para neutralizar el ucase, expidió en diciembre de 1996 una ley en la cual se consideran ilícitas y sin ningún efecto jurídico las disposiciones de la Helms-Burton y declara sin ningún valor toda reclamación que se haga al amparo de ella. El ordenamiento cubano, á su vez, abre las puertas para la negociación con Estados Unidos sobre este asunto, siempre y cuando se haga sobre las bases de igualdad y respeto mutuos, de modo que las indemnizaciones demandadas por la nacionalización de bienes de norteamericanos tendrían que ser examinadas conjuntamente con las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho por razón de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de Washington. Como se sabe, el asedio imperialista ocasiona a la Isla, entre otros, sacrificios en la consecución de medicinas, alimentos básicos y tecnología, y le crea enormes dificultades en su comercio con el extranjero.

En las Naciones Unidas, una abrumadora mayoría de países se ha pronunciado en franco apoyo a la Resolución 50/10 del 2 de diciembre de 1995, que consagra la «necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba». La legislación de fuerza que pretende aplicar la Casa Blanca fue rechazada en la ONU por ser contraria a la soberanía de las naciones, a la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y porque socava el derecho de éstos a adoptar libremente el régimen de propiedad de los bienes que existan dentro de su territorio.

México, algunas de cuyas empresas ya han sido afectadas por la Ley, envió una nota diplomática al gobierno de Clinton en la que señala como desafueros las prácticas que aprueba la Helms-Burton, puesto que van más allá de los tratados firmados con la gran potencia y crean conflictos de jurisdicción entre las naciones. Canadá declaró que dará seguridades a sus compañías para continuar operando en la república caribeña, donde tienen inversiones del orden de los 500 millones de dólares en carbón y níquel. «Estados Unidos no nos tiene que decir con quiénes debemos comerciar o no», han dicho sus autoridades. Los representantes de ambos Estados le reclamaron a la Casa Blanca su violación al Tratado de Libre Comercio y a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, que la misma potencia hizo sancionar.

La disensión con la Unión Europea seguirá levantando tempestades, habida cuenta de que este bloque es el mayor inversionista en Cuba, pero tiene en Estados Unidos su principal campo comercial. En 1994, por ejemplo, la Isla importó 37% de sus bienes desde el Viejo Continente y exportó hacia allá 27% de sus productos, la mayoría de los cuales como alimentos, minerales y materias primas, tienen tratamiento preferencial.

La Casa Blanca ha hecho «listas negras» y ha requerido a algunas firmas de origen europeo que tienen negocios en territorio cubano con la amenaza de sancionarlos.

Como respuesta, la Unión Europea expidió un reglamento que rechaza cualquier sentencia apoyada en aquellas normas, exhorta al incumplimiento de las mismas y reconoce el derecho a demandara empresas gringas para compensarlos perjuicios causados a personas o sociedades pertenecientes a la alianza.

Además emplazó a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio para zanjar la pugna.

No obstante, Europa también constriñe a Cuba en sus designios de afianzar su mercado e imponerle más apertura. Con esta finalidad, en diciembre del año pasado el bloque de Los Quince adoptó criterios de política exterior y de seguridad respecto del país latinoamericano, haciéndole exigencias que las autoridades cubanas consideran inadmisibles.

El Japón, que ha tenido que levantar sus barreras a algunos productos norteamericanos, y que se abstuvo de condenar a Estados Unidos en la ONU, se vio obligado a hacer pública su inconformidad con las órdenes de alcance extraterritorial proferidas por su gran rival, como la Helms-Burton y la Ley de Comercio 301 de 1974, con la cual Washington se arroga el derecho a sancionar comercialmente a cualquier país del globo. El gobierno nipón dice que semejantes disposiciones amenazan el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio.

Tal como lo han denunciado los representantes cubanos en los foros internacionales, mediante la Ley Helms-Burton Estados Unidos pretende abrogar la soberanía de su pueblo y forzar una alianza internacional para hacer de la patria de Martí una neocolonia más del imperio.

Por ello el arma esgrimida nos hace prever que el bloqueo y la extorsión serán utilizados por Washington con más frecuencia para afianzar su hegemonía en todos los rincones del planeta.

Lo cual traerá inevitablemente la encendida resistencia de los oprimidos.

Argentina: DESMANTELADA DESPENSA DEL MUNDO

Por Rosario Valenzuela

Argentina desde finales del siglo pasado ya era una potencia agrícola y ganadera. En 1880 fue el principal exportador de carne en el mercado mundial desplazando a Australia y Nueva Zelanda. Durante la Primera Guerra Mundial compartió con Ucrania la denominación de ser la despensa del mundo.

La política imperialista de acabar con el agro en los países tercermundistas, debido a la importancia estratégica del sector en la dominación política y económica, se refleja en la situación de crisis que hoy sufre el país austral.

Por ejemplo, en 1929 se cultivaban 9.200.000 hectáreas de trigo. En 1992, bajó a 4.750.000, es decir, una reducción de 50%. Cuando durante buena parte del siglo ocupó primerísimos lugares, en 1995 sólo ocupa un modesto decimoquinto lugar en superficie sembrada y en producción.

En maíz, pasó de ser el primer productor mundial a comienzos de siglo a un séptimo lugar en 1994.

En 1976, cuando se impuso la dictadura militar, el país adoptó el modelo económico neoliberal y desde entonces la producción agrícola e industrial ha venido disminuyendo. La deuda externa, el desempleo, las tasas de interés y el déficit fiscal son los únicos que han crecido vertiginosamente, así como la inflación, que alcanzó la asombrosa cifra de 5.000%.

En 1989 subió al poder Carlos Saúl Menem cuyas medidas en el marco de la política de apertura y privatización, han hecho de este país un paraíso para las inversiones extranjeras.
La creación de Mercosur integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que cuenta con 200 millones de consumidores es un botín atractivo para el pillaje internacional.

A pesar de que el capital foráneo siempre estuvo presente, la compra por éste de grandes extensiones de tierra es un fenómeno nuevo, gracias a las facilidades que ofrece la actual legislación: ingreso y egreso de divisas sin restricciones ni pago de impuestos; no existen áreas vedadas para la inversión extranjera; repatriación total de utilidades y de capitales al país de origen, igual tratamiento en el acceso al crédito en moneda local o extranjera y un desempleo galopante acompañado de una reforma laboral que abarató la mano de obra. Para completar el cuadro, en abril de 1991 se estableció la paridad entre el peso y el dólar. El magnate Carlo Benetton ilustró estas ventajas cuando le preguntaron por qué la firma italiana había escogido a la Argentina para invertir:»En Australia no hubiéramos podido comprar tanta tierra».

Un factor importante que incide en la compra de grandes haciendas es la calidad de la tierra de la pampa y su precio, muy bajo frente al de los países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos una hectárea de tierra cuesta en promedio 7.000 dólares, en Canadá 3.300, en Australia 4.700 y en la Argentina únicamente 2.400 dólares.

Acaparadores de tierras
George Soros, el famoso especulador de Wall Street, es uno de los mayores compradores a través de sus empresas Cresud e IRSA. En la actualidad, es dueño de 350.000 hectáreas y sus inversiones abarcan desde la ganadería y la agricultura hasta la reforestación.

En 1994, cuando empezó a operar con Cresud, contaba con siete grandes haciendas y un total de 22 mil reses. En 1996, son 17 las haciendas y 62 mil las cabezas de ganado.

Al preguntársele por qué invertía en el sector agropecuario, su respuesta fue: «Por las ventajas comparativas en la relación precio del suelo con el de los productos. Encontramos un sector en crisis y la gente del campo quejándose, pero esa tendencia se puede volver favorable si se parte de mejores condiciones que las que tiene el productor típico».

A partir de 1991, el grupo Benneton adquirió 837 mil hectáreas por la ridícula suma de 50 millones de dólares. Uno de sus objetivos es producir su propia materia prima, la lana, que sólo utiliza en 50% para sus confecciones; el otro 50% lo vende en Europa. La empresa cría 265 mil ovejas de raza merino, cuya lana exporta cruda a Europa. En Argentina no la industrializa, ni siquiera la lava.

Posee 10.500 reses hereford y 2.100 hectáreas plantadas con dos millones de pinos.
Sobre la caída del ministro de Economía, Domingo Cavallo, Benetton opinó: «No me importa el cambio de ministro de Economía, la lana se vende en dólares».

Ted Turner, el magnate de las comunicaciones norteamericanas, también compró grandes extensiones de tierra.

Sun Syung Moon, líder de una secta cristiana, compró 9.700 hectáreas en las riberas del río Paraná.

Estos inversionistas son sólo unos pocos de los muchos que están acaparando las mejores tierras. No contentos con la quiebra de la industria, el arrasamiento de la actividad agropecuaria, la privatización y la reducción del estado, la política neoliberal impuesta por Estados Unidos viene por la apropiación física de estos países como parte de su ofensiva recolonizadora.

Situación de los productores nacionales
Las exigencias del FMI de reducir la evasión fiscal, elevar el IVA del 18 al 21 %, aumentar el impuesto a la gasolina, y una cascada de gravámenes, han sumido en la pobreza una parte considerable de estos sectores. Valentin Levisman, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coinagro, afirmó: «El modelo económico excluye a los pequeños y medianos productores».

El endeudamiento de los agricultores se calcula en 10 mil millones de dólares. Se acentuó durante el período de 1990-1992 por la acumulación de intereses vencidos, los que a su vez se dolarizaron con la equiparación del peso con el dólar. Lo anterior tuvo como consecuencia que entre enero de 1991 y diciembre de 1994, el costo de la intermediación financiera alcanzara 380%. Un estudio realizado por la Asociación Agrícola de la Pampa demostró que «una deuda que en 1990 significó una jaula de novillos, a febrero de 1994 implicara 9.7 jaulas, es decir, diez veces más».

La protesta se ha generalizado y los agricultores argentinos han parado varias veces, siendo su reclamo el mismo: refinanciación de las deudas y prohibición a la entrada de productos agrícolas. La Federación Agraria Argentina, FAA, con apoyo de las organizaciones políticas, gremiales y sociales, realizó el 26 de octubre de 1996, una manifestación en Rosario, estacionando los tractores frente a la sucursal del Banco de la Nación, lo que se llamó «el tractorazo». Los manifestantes se concentraron contra el modelo neoliberal, reclamaron la inmediata suspensión de las ejecuciones por deudas y la refinanciación de las mismas.

Esta protesta, enmarcada en la Semana de Resistencia al Modelo Económico, se extendió a todo el país e incluyó la defensa de las entidades de crédito estatales que el gobierno pretende privatizar. René Bonetto, presidente de la FAA, declaró: «Ésta es una cruzada en defensa del Banco de la Nación y los bancos oficiales de provincia, herramientas imprescindibles para el desarrollo de la producción». El dirigente gremial alertó:»Si se sigue profundizando el modelo se va a llevar a los chacareros al límite de sus fuerzas, y quien sabe quién sobrevivirá».

COMERCIALIZACIÓN DEL PLANTE, UNA BURLA AL CAMPESINO

(El Comité Prodefensa del Idema, conformado en Caquetá por destacadas personalidades, organizaciones sindicales y gremiales del Caquetá, envió el 10 de marzo una carta al presidente de la República. Se publican apartes).

Debe usted saber que en plenas zonas cocaleras del Caquetá hay campesinos sembrando maíz. En estos momentos hay cosechas de este grano en Solano, La Tagua, Solita, Cartagena del Chairá, entre otros. Pero la tragedia de nuestros colonos consiste en que en Florencia se está pagando la carga de maíz a escasos $30.000, cuando hace cuatro meses se pagaba a $60.000. Desde hace año y medio su gobierno no le ha autorizado al Idema de Caquetá ni precios de sustentación ni compras directas de cosechas. Antes bien, está en el proceso de desaparecer esta entidad, y con ella todo asomo de que en forma directa el gobierno intervenga como comprador y vendedor de bienes agropecuarios.

En consecuencia, con su política de «libre comercio», catastrófica para el sector agrario, que entrega maniatada la producción agropecuaria nacional a las importaciones indiscriminadas de alimentos, se ha definido por parte del gobierno nacional, como estrategia para las zonas del Plante, un mecanismo de apoyo a la comercialización de granos secos de maíz, fríjol y arroz, consistente en el pago de los costos del transporte del producto desde el sitio de producción hasta el epicentro comercial, que para el caso del Caquetá es su capital, Florencia. Al Idema sólo se le otorga como función la de abrir una cuenta nacional en la Caja Agraria, para que pague al campesino que haya logrado cumplir con la tramitomanía que le da derecho a un certificado para que se le reconozca el costo del transporte de su cosecha. El precio de la carga será el que exista en el mercado, que como sabemos, será bajo, por ser cosecha. No hay precios de sustentación ni de garantía. El Idema no comprará las cosechas, y su infraestructura, con capacidad para almacenar 60.000 toneladas anuales en el Caquetá, continuará deteriorándose por falta de uso hasta el día en que el gobierno consiga alguien del sector privado que compre a precio de feria o asuma en ventajoso comodato este patrimonio público. En tales condiciones queda claro para el país y para el Caquetá, que lo que pretende el gobierno es desembarazarse de toda intervención de apoyo a la producción agropecuaria, y con ello condenar a zonas apartadas y marginales a la degradación total.

Señor presidente: si todavía está usted por que haya de veras un Caquetá sin coca, demandamos su directa e inmediata intervención para que a través del Idema o de su sustituto, se garantice una presencia estatal vigorosa que fije precios rentables a las cosechas.

Los actuales mecanismos de subsidios en la región, para reemplazar la acción estatal, son una burla al país, a los campesinos y al Caquetá.