EL PROYECTO DE CONDONACIÓN DE DEUDAS A LOS CAFICULTORES

El senador del MOIR, Jorge Santos, presentó al Congreso, el 27 de julio de 1995, el Proyecto de Ley 36, “por el cual se condonan las deudas bancarias de los caficultores”. El cual, con modificaciones de los ponentes, fue aprobado por el Senado y hace trámite en la Cámara. Santos preparó el proyecto con base en las declaraciones de Unidad Cafetera y de sus dirigentes Fabio Trujillo, Jorge Robledo, Aurelio Suárez y Fernando Ruiz.

Desde su ingreso al parlamento, Santos ha respaldado la lucha de los cultivadores. El 27 de agosto, Santos manifestó que el gobierno debía condonar las deudas a los caficultores, fortalecer las instituciones, controlar la broca e incrementar el precio interno.

El 9 de julio de 1995, en una declaración de apoyo al Paro convocado por Unidad Cafetera, afirmó: “Los caficultores tienen toda la razón al protestar para impedir que se les lleve a la ruina como consecuencia del rompimiento del Pacto Mundial del Café, de las políticas oficiales y la falta de respaldo del Estado al gremio, secuelas del neoliberalismo impuesto por los gringos”.

Luego de la exitosa Marcha de Armenia, a la que acompañó. Santos presentó el proyecto, consignando en sus artículos lo y 5o: “Por medio de la presente ley quedan condonadas las deudas bancarias de los caficultores colombianos, contraídas hasta el 30 de marzo del año en curso en el proceso de explotación de sus cultivos de café. (…) Los caficultores a quienes se condonen sus deudas no podrán ser excluidos por los bancos de nuevos créditos. El gobierno pondrá en ejecución un programa de créditos blandos y en cantidad suficiente para el fomento de la producción.”

Santos afirmó: “Desde el año pasado, los obispos de Colombia y la Unidad Cafetera propusieron la condonación. Aunque en un principio, desde lo alto de los medios se rechazó la propuesta, a fines de 1994, ante la extrema gravedad de la situación, el Comité Nacional de Cafeteros decidió terciar en el asunto. Aprobó, a través de los TAC, una condonación del 30% de las deudas a vencerse este año”. La medida implicaba un viraje respecto del categórico rechazo inicial. En marzo del mismo año el Comité extendió la condonación a los productores endeudados con el Fondo Rotatorio. “La condenación parcial de las deudas –dijo Santos- sacó la discusión del plano de la imposibilidad absoluta en que se la consideraba oficialmente y la colocó en el más realista de cuáles formas debían adoptarse. Este resultado, aunque muy limitado, marcó un logro en la prolongada batalla que los caficultores han venido librando. Desde luego, se debió a la enorme presión que ellos vienen ejerciendo sobre el gobierno y la opinión pública, controvirtiendo la política cafetera oficial con sus movilizaciones y foros.”

Y concluía: “La pasada y precaria refinanciación de las deudas apenas ha servido a los deudores para sobreaguar, acrecer los intereses que corren y aplazar el remate de sus predios. Urge que el Congreso, el gobierno y el país entero acudan en su auxilio. Se necesita una condonación completa y pronta.”

Como consecuencia del Paro, en noviembre el gobierno incluyó en la Ley 223 de reforma tributaria recursos para aliviar las deudas, reglamentada en el decreto 0303, que condonó las obligaciones no inferiores a tres millones de pesos contraídas antes del 31 de diciembre de 1994, borrando deudas de capital, intereses corrientes y de mora. La norma estableció para las deudas de capital original mayor de tres millones una disminución de 50% a la tasa de interés.

La situación sigue siendo sumamente difícil. Aunque un gran número de personas quedó libre de deudas viejas, las acreencias tomadas en 1995 y 1996 persisten junto a las antiguas, no tomadas directamente para el café, que también están intactas. Los ingresos siguen siendo precarios, aun con el aumento de los precios internacionales, los que no se han podido aprovechar, dada la escasez del grano.

Santos ha llamado al presidente de la Comisión Tercera de Cámara para que designe ponente, y al Congreso para que descargue a los caficultores del peso abrumador de las deudas.

POLÍTICA DE APERTURA DE LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS LLEVÓ A LA RUINA EL AGRO

(Carta abierta al presidente de la República, aprobada por unanimidad, a manera de conclusiones, en el Congreso Nacional de Unidad Agropecuaria, realizado en Pereira el 10 de abril de 1997)

Congreso Nacional de Unidad Agropecuaria.

Muchas cosas han pasado en Colombia desde cuando se decidió someter el país al modelo neoliberal. Ya no es posible decir, como se dijo hace siete años, que la apertura y la privatización recomendadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional generarían progreso entre los que laboramos en el campo. Nuestra dolorosa experiencia ya dio su veredicto: quienes defendieron la apertura y la privatización se equivocaron en materia grave, como lo demuestran hechos que no pueden ser negados con retórica.

Es tal el desastre de la producción campesina y son tantos los problemas del sector empresarial, que las bajas rentabilidades se convirtieron en la norma y son ya muchos los que perdieron sus tierras, en tanto que más todavía transitan por el mismo camino. Hasta el café y la ganadería sufren como no se recuerda en la larga historia de padecimientos del sector agropecuario. De ahí que el empobrecimiento y la miseria hayan generado una cifra que resume lo que ocurre y que debiera avergonzar al gobierno: más de 70 de cada 100 habitantes de las áreas rurales sobreviven por debajo de la llamada “línea de pobreza”.

Esto no ocurre porque los productores agropecuarios del país sean “ineficientes”, como con cinismo afirman los neoliberales. Esta catástrofe -que es tan grave que hasta corroe los cimientos mismos de la nacionalidad, porque tiende a eliminar la seguridad alimentaria del país- se explica por la actual orientación que agrava el viejo sesgo antiagrario de la economía nacional. Las importaciones agropecuarias, que ya superan los cuatro millones de toneladas al año, golpean de manera directa la producción interna de esos productos y lesionan, de forma indirecta, a los que no se importan porque los empujan hacia su producción excesiva. Los precios de sustentación prácticamente desaparecieron en los pocos renglones que los tuvieron y los intermediarios compran a como se les antoja. El crédito es escaso e inoportuno, y las altas tasas de interés convierten a los deudores en siervos del capital financiero. Las débiles instituciones oficiales que en algo respaldaban al sector, vienen siendo sistemáticamente eliminadas. Y el gobierno no sólo no controla los costos de los insumos que proveen los monopolios privados, sino que eleva los impuestos y las tarifas de los servicios públicos. Hasta la política cambiaria azota a los que producen para exportar y a los que padecen por las importaciones. En conclusión, sostenerse en el agro nacional es cada vez más imposible.

Al fracaso de la teoría y de la práctica aperturistas hay que sumarle un conocimiento que descalifica de plano a quienes insisten en defender el dogma neoliberal: con el pretexto de hacer lo que se hace en Estados Unidos y en las otras potencias, en Colombia se orienta el agro exactamente al revés de como se orienta en esos países. Todo el mundo sabe que en esas naciones se trabaja en medio de las facilidades de unos Estados que aseguran abundantes tierras, potente maquinaria, ciencia e investigación en grande, formidable asistencia técnica, leves inflaciones, créditos abundantes y baratísimos, amplios mercados y, como si fuera poco, más de 300 mil millones de dólares en subsidios al año, así como todo tipo de medidas que protegen contra los pocos productos extranjeros que así y todo pueden competirles.

En estas circunstancias, señor presidente, es obvio que la política de salvación que requiere el sector agropecuario exige un profundo cambio en la orientación que su gobierno viene aplicando, empezando por el desmonte de la apertura y la privatización impuestas por el modelo neoliberal. Así, la garantía de la seguridad alimentaria nacional requiere de, por lo menos, las siguientes medidas:
1. Precios de sustentación remunerativos, estables y garantizados por el Estado.

2. Créditos suficientes, oportunos y baratos. Adecuadas soluciones al problema de las deudas.

3. Control al incremento de los costos de producción y, especialmente, a los precios de los insumos y a los pagos de impuestos, gravámenes y servicios.

4. Mantenimiento y fortalecimiento de las instituciones estatales de crédito, comercialización, investigación y demás que requiere el sector agropecuario.

5. Modificación de los acuerdos y políticas que facilitan las importaciones agropecuarias y diseño de una estrategia de protección que garantice el autoabastecimiento nacional.

Atentamente,
Congreso Nacional de Unidad Agropecuaria.

Sobre las instituciones agropecuarias: ES DEBER DEL ESTADO APOYAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL

(Ponencia presentada en el Congreso de Unidad Agropecuaria por Álvaro Rodríguez Soto, miembro del comité directivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, ACIA)

Dos épocas distintas
La Reforma Constitucional de 1968 transformó las instituciones del sector agropecuario. El Instituto Nacional de Alimentos, INA, se convirtió en Idema; el antiguo Departamento de Investigaciones Agropecuarias, DIA, pasó a ser ICA, y se creó el Inderena.

El Incora nació después de los acuerdos del Frente Nacional, por Ley 135 de 1961 que obedece a la política trazada por Estados Unidos en la reunión de mandatarios latinoamericanos de Punta del Este, en Uruguay, como respuesta al advenimiento de la Revolución Cubana.

La Caja Agraria, el Fondo Nacional del Café, el Banco Cafetero y el Banco Ganadero ya existían y sobreviven, pero estos dos bancos ya están privatizados y a la Caja pretenden llevarla por el mismo camino.

Lo que va de Punta del Este a nuestros días marca una importante diferencia. La Iniciativa para las Américas, de George Bush, anunciada en su discurso del 27 de junio de 1990 como una política global, es la más grande ofensiva de recolonización. Trae consigo la absoluta libertad comercial y cambiaría, conocida entre nosotros como apertura; la confinación del país a la microempresa; la subasta del sector estatal de la economía; la entrega de la banca al agio y a la especulación internacionales, valga decir, el desvalijamiento y el vasallaje.

Con la Alianza para el Progreso se promueven las reformas agrarias, los pactos y convenios comerciales ante las necesidades políticas que imponían la guerra fría entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, que se disputaban el control del mundo. En ese período, gracias a que Estados Unidos estaba ocupado en su enfrentamiento con los soviéticos, vivimos un despunte en algunos cultivos y negocios pecuarios: por ejemplo, en los años setenta se llegaron a exportar más de 200 mil cabezas de ganado anuales. Pero la banca multilateral y los monopolios, especialmente los norteamericanos, salieron gananciosos con la venta de sus insumos, implementos y créditos a tutiplén, que todavía pagamos como parte de la deuda, cuyo servicio asciende hoy a la cuarta parte del presupuesto nacional. Porque fueron fundamentalmente las importaciones de excedentes agrícolas norteamericanos, hechas a través del Idema, las que endeudaron al Instituto favoreciendo a los agricultores extranjeros. En 1990, tales importaciones pasaban del millón de toneladas. Con la política del Incora se endeudó al país y los monopolios de agroquímicos incrementaron sus ventas. El ICA promovió la Revolución Verde, paquete tecnológico fuera del cual no había salvación, y que creó el mercado nacional para toda clase de agroquímicos.
“Los países que juegan su destino al azar, los que mariposean frívolamente sobre todas las teorías económicas sin preocuparse por identificar aquella que corresponde a la índole genuina de la nación, terminan tarde o temprano en el debilitamiento y la extinción de sus instituciones en medio del caos y la violencia”. Sentencia premonitoria de Raimundo Sojo Zambrano, ex presidente de Fedegan, una víctima más del caos que él denunciara.

El 10 de octubre de 1990, Francisco Mosquera, gran pensador y consecuente batallador por los intereses de la nación y del pueblo, alertó al país sobre las amenazas contenidas en el aluvión de medidas permisivas de la apertura económica del mandato recién impuesto, y dijo: “Las labores del agro, además de perder el soporte de los créditos de fomento y de los precios de sustentación, tendrían que enfrentarse a la competencia devastadora de los suministros extranjeros”. En ese momento denunció que “el gerente del Idema, Darío Bustamante Roldán, egresado de la Universidad de los Andes como muchas de las nuevas figuras que aspiran desde los altos puestos a ganarse el título de Padres Destructores de la Nación, fue el encargado de exponer el desmantelamiento del Instituto, cuyas ejecutorias se irán limitando a ‘las regiones apartadas’, en procura de que ‘gradualmente y sin traumatismos, los agentes particulares se hagan cargo de las importaciones de alimentos’ “.

El resultado, siete años después, son importaciones agrícolas que pasan de cuatro y medio millones de toneladas, lo cual ha significado la ruina del sector empresarial más importante y avanzado del agro colombiano en beneficio del capital extranjero. Quebrada la espina dorsal de la economía agropecuaria, el país comienza a transitar por un túnel en el cual la producción y las ciencias naturales retroceden y el trabajo se envilece. Desaparece lo mejor de nuestras tradiciones y lo más avanzado de nuestras experiencias y conocimientos del sector. Liquidado prácticamente el Idema, privatizado el ICA, el Inderena convertido en Ministerio del Medio Ambiente, destinado a cumplir el humillante papel de entregar sumisamente nuestros incomparables recursos de la biodiversidad a los traficantes de las patentes de la vida. El Incora, “redimensionado” por la Ley 160 de 1994, “dinamizará el mercado de tierras estimulando la oferta mediante la promoción y participación de sociedades inmobiliarias rurales privadas”, según su gerente de entonces, Tiberio Alzate Vargas. Los nuevos adalides del “redimensionamiento” dicen que los campesinos se acostumbraron al paternalismo estatal y, para oponerse a eso, dicen que la reforma agraria también debe ser un negocio de carácter privado en el que el papel del Incora-sea asesorar a campesinos y propietarios en las negociaciones sobre tierras y crear zonas de reserva.

“cuando se trate de ejecución de proyectos de alto interés nacional, tales como los relacionados con la exploración y explotación de recursos minerales y otros de igual significación”, como es el caso de las zonas de especial riqueza biológica, tan apetecidas por los monopolios. Con la avalancha de compañías y consorcios multinacionales disputándose el control de nuestros territorios, es bien diciente la prohibición de “titular baldíos en un radio de 5 km alrededor de explotaciones mineras o petroleras”, mientras proponen crear “reservas con el objeto de prevenir asentamientos en zonas aledañas a las zonas donde se adelantan exploraciones o explotaciones petroleras o mineras”. Ante la ausencia de una política seria y coherente que respalde al campesino, se le convoca a la “participación ciudadana” en toda clase de juntas y comités donde terminan ahogadas sus aspiraciones; se le concede el derecho de revocar mandatos, de constituir veedurías, de entablar tutelas y, al fin, termina imponiéndose un modelo de economía para indigentes. Jamás se propone un plan que contenga metas para desarrollar el campo.

La Caja Agraria también fue “modernizada”: eliminados la asistencia técnica y 540 agropuntos, que prestaban servicios a los campesinos; rematadas las plantas de semillas, todo un patrimonio público nacional perdido. Sus 846 oficinas, de las cuales 471 están en sitios donde no existe otro servicio, pero todas en franco retroceso por la política privatizadora que paso a paso descapitaliza esta institución.

Urge un cambio en la política agropecuaria
En defensa de las instituciones del sector, es indudable que se requiere la derrota del modelo neoliberal imperante. Además de la posición asumida por la Unidad Cafetera Nacional, se advierte igual orientación en varios sectores de la opinión pública, que bien vale la pena destacar a manera de conclusiones:

Con la firma de los magistrados Humberto Mora Osejo, Jaime Betancurt Cuartas y Diego Younes, el Consejo de Estado, el 20 de noviembre de 1992, conceptuó a propósito de la privatización del ICA: “El proyecto no solo deroga la función esencial del ICA que constituye su razón de ser, la investigación, sino que le prohíbe realizarla directamente, para que la asuman, sobre todo, entidades privadas”. Y concluye: “El ICA, una vez reestructurado, perdería la atribución de contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario y de la economía nacional, a través de la investigación, la transferencia de tecnología, la capacitación y la producción agropecuaria.”

En el XV Congreso Nacional de Cultivadores de Cereales, la Contraloría General de la República, planteó: “El sector agropecuario se compone básicamente por numerosos productores pequeños y medianos que, por el nivel de sus ingresos, no pueden asumir por sí solos, o a través del mercado, tareas que conlleven un mayor nivel de desarrollo. Todo esto justifica la participación estatal en el agro, porque de lo contrario la mano invisible del mercado llevará a un cambio de actividad a muchos agricultores. En este país el Estado no puede reducirse a ser simplemente un árbitro de las luchas de las fuerzas del mercado.

El XV Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, celebrado en Pereira en julio de 1993, se pronunció en apoyo a un “Plan de defensa de la producción y los intereses nacionales”.

Finalmente, esta comisión debe concluir en el convencimiento de que las instituciones agropecuarias sólo servirán si su actividad beneficia el desarrollo nacional y la vida material de la población, y no al capital extranjero. Por tanto, su carácter no puede ser privado, puesto que se regiría por ley del máximo lucro en detrimento del interés público, del avance científico, de la seguridad alimentaria de la nación.

NO A LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS

Durante todo el siglo XX los colombianos han tenido que trabajar con el lastre de las importaciones agropecuarias. En la historia del país abundan los reclamos de los productores contra esa política. No se olvidan las masivas importaciones de trigo que quebraron a los cultivadores nacionales en la década de 1950, a pesar de que ese cereal lo exportaban los norteamericanos subsidiado y que Colombia lo producía con suficiencia. Una situación similar se ha vivido con el maíz, un cultivo tan ligado a las tradiciones culturales de los pueblos americanos.

Sin embargo, la apertura ha llevado las importaciones agropecuarias a niveles nunca vistos. De las 728 mil toneladas que se importaron en 1991 se pasa a más de cuatro millones en 1996, sin contar lo que entra de contrabando con la alcahuetería de las autoridades y lo que ingresa en los productos procesados, como ocurre con el algodón de las telas y confecciones. La invasión de productos extranjeros que arruina a los productores cubre casi todos los renglones de lo agrícola y lo pecuario. Aunque parezca mentira, y así sea en poca cantidad, Colombia está importando hasta café procesado, pero ya se habla de aumentar considerablemente esos volúmenes, y el gobierno insiste en profundizar la apertura en los próximos años.

Esta dolorosa realidad no es producto del azar. Ella se explica por las características externas e internas de la apertura económica. De un lado, los veinte países más desarrollados de la tierra gastan cerca de 300 mil millones de dólares en subsidios a sus productores. Por ejemplo, con respecto a los precios que rigen en el mercado mundial, Estados Unidos subsidia a sus trigueros en 72%; Canadá subsidia a sus lecheros en 178%; la Unión Europea subsidia a sus azucareros en 180% y Japón subsidia a sus arroceros en 617%. Además, esos países también emplean las cuotas, los gravámenes y hasta las medidas fitosanitarias para impedir que a su mercado interno ingresen productos foráneos que puedan perjudicarlos.

Por el contrario, los gobiernos colombianos no sólo no propician las mejores condiciones para que los nacionales laboren, sino que, cumpliendo con las orientaciones de la banca internacional, toman medidas que facilitan el ingreso de los productos extranjeros, como ocurre con la baja de los aranceles a las importaciones.

La llamada ” globalización” de la economía significa, entonces, que las potencias obtengan el monopolio de los bienes agrícolas y pecuarios que constituyen la dieta básica del mundo y que las demás naciones se las arreglen como puedan; es decir, que limiten su agro a aquellas actividades que por razones del clima no pueden darse en Estados Unidos y en los restantes imperios, como ocurre, por ejemplo, con el café y el banano.

Esta división internacional del trabajo genera vencedores y vencidos. Mientras a ellos su sector agropecuario contribuye al progreso de toda la economía y los enriquece con sus exportaciones -que en el caso norteamericano ya ascienden a 50 mil millones de dólares al año-, en países como Colombia la producción para el mercado interno no prospera o decrece y no fundamenta el desarrollo industrial, el empleo y los buenos ingresos de sus habitantes, en tanto los cultivos de exportación sufren por los bajos precios que causan las maniobras de las trasnacionales y su tendencia a producirse en exceso.

Pero a pesar del enorme daño que le significa a un país el que sus tierras no actúen como plataformas para el desarrollo, ése no es todo el problema de las importaciones y de la ruina del sector agropecuario.

Con la destrucción del agro se pierde la seguridad alimentaria y se queda sometido, para la propia sobrevivencia de la nación, al chantaje de los países que monopolicen la producción de alimentos. Esto es lo que en últimas explica por qué las potencias hacen lo que esté a su alcance para garantizar la producción de la dieta de sus pueblos y por qué hacen esfuerzos por inundar con sus productos al resto del mundo.

Si Estados Unidos trata a Colombia como lo hace cuando todavía no hemos perdido del todo la seguridad alimentaria nacional, cómo la tratará el día en que haya que importar la totalidad de los alimentos para nuestra población.

De ahí que Colombia requiere de la protección de las actividades agrícolas y pecuarias. Y de ahí que la política de apertura tiene que ser rechazada sin vacilaciones.

La consigna de que el sector agropecuario colombiano debe abastecer el consumo nacional ha de ser uno de los principales reclamos de los campesinos y de los empresarios.

Si la lucha unificada de las agremiaciones del sector consiguiera el cese de las importaciones, se daría un enorme paso en favor del progreso del país.

JOSÉ ISIDORO LEYTON

José Isidoro Leyton, presidente de la CGTD-seccional Tolima, fue asesinado en Ibagué, el 22 de marzo, por sicarios desconocidos. A eso de las siete de la noche los criminales fueron hasta su casa, en donde lo ultimaron en presencia de su familia.

A su sepelio concurrieron numerosos sindicalistas, encabezados °por el comité ejecutivo de la CGTD y por directivos de Tolima y Quindío.

El Primero de Mayo en Ibagué será celebrado como homenaje a su memoria.

CORRESPONDE AL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR ENFRENTAR LA AGRESIÓN GRINGA CONTRA COLOMBIA Y EL ENTREGUISMO DE SAMPER

Está viviendo Colombia una de las etapas más procelosas de su historia y una de sus peores crisis políticas y económicas. En medio de ella se ha celebrado el Encuentro de Organizaciones Sindicales y Sociales. Nunca antes el país se había visto tan agredido, tan sometido y tan intervenido por la política de Estados Unidos como en este momento. Chantajes, amenazas, presiones, presencia de agentes, firma de tratados como el de interdicción marítima, órdenes directas, fórmulas de justicia, recetas constitucionales, descertificación y toda clase de acciones dirigidas a someter a la nación y violentar la soberanía. Ahí está la agenda Frechette con un plazo fijo para el mes de agosto, cuando el gobierno debe cumplir las demandas del imperio, la más acuciosa de las cuales es la extradición de nacionales, repudiada por el pueblo colombiano que, sin embargo, rechaza sin ambages el delito del narcotráfico. El país del Norte se ha propuesto imponerle a Colombia su política antinarcóticos, así como la ampliación y profundización del programa neoliberal. Es allí donde radica la verdadera esencia de los males que hoy sufre la nación.

Samper se ha postrado a los dictámenes de Washington como ningún otro mandatario en la historia nacional, apresurándose a obedecer sus órdenes para mantenerse en el gobierno. No sólo en materia judicial, en política antinarcóticos, en reformas constitucionales, sino especialmente en las medidas económicas y sociales de la apertura económica y del modelo neoliberal. Se amplían las privatizaciones por doquier, dos de las cuales, las de Ecopetrol y Telecom, adquieren especial gravedad, por operarse en el campo de los recursos naturales y de las comunicaciones como sectores estratégicos. Se está preparando una mayor entrega de los hidrocarburos a las multinacionales. Pero la crisis de la industria está tocando fondo, en medio de quiebras, concordatos, liquidaciones y deterioro general. Es ya una desindustrialización, es la aniquilación de la producción nacional para dejarles el campo libre a las multinacionales y reducir la actividad económica de la nación al mero intercambio. La postración de la agricultura y la ganadería, con el deterioro de la industria cafetera, la disminución progresiva de hectáreas sembradas en los principales productos, la miseria acelerada de los campesinos sin tierra y crédito adecuado, no resiste más. Ésta es la consecuencia dramática de la sumisión de este gobierno y de los anteriores al dominio económico de los Estados Unidos, del Fondo Monetario y del Banco Mundial.

La crisis lo abarca todo. El Estado abandona la salud y la educación; entrega los servicios públicos domiciliarios para encarecerlos: generaliza la reestratificación para exprimir a los ciudadanos; privatiza la educación pública mediante la asfixia y los subsidios a la educación cooperativa y privada; liquida la salud pública y la entrega al capital privado en detrimento del servicio; abandona la universidad a la autofinanciación; permite aumentos exagerados en la educación privada y la sobreexplotación de sus profesores; prepara más aumentos de impuestos; y lleva la corrupción tan inherente al sistema capitalista a niveles inimaginados como consecuencia lógica de toda la marca neoliberal.

Se han agudizado los problemas sociales en esta situación de deterioro generalizado. Ha aumentado el desempleo; la informalidad se ha generalizado con el deterioro de la industria y la falta de puestos de trabajo: la regla consiste en la flexibilización laboral que genera subempleo y subcontratación con el propósito de destruir el movimiento sindical; los salarios han sufrido menoscabo progresivo; las mesadas de los pensionados, al no permitirse su actualización, han disminuido su poder adquisitivo; en todas las ciudades se desaloja a los vendedores ambulantes. Y la respuesta del Estado es la de apretar más a la población, recortar sus derechos, violentar la democracia, imponer una legislación retardataria de justicia, violentar las normas sobre la propiedad, establecer regulaciones arbitrarias para el funcionamiento de los partidos políticos, tratar de manipular las elecciones y, en unión con el Congreso de la República, desarrollar un régimen antidemocrático de corte fascista.

Entre tanto, el país se ve envuelto como nunca en toda clase de violencia: terrorismo, asesinatos, amenazas, atentados, exilios, migraciones forzadas, éxodos campesinos obligados que el Encuentro condena. Pero, sobre todo, la penalización de la lucha popular y sindical mediante toda clase de componendas y trampas jurídicas para perseguir y condenar a los dirigentes, parapetándose en la justicia sin rostro y en las maniobras de la Fiscalía. Así están en las cárceles muchos luchadores sociales y sindicales. Y como si fuera poco, el Estado multiplica las cooperativas Convivir que agudizan el conflicto y exacerban la violencia. Todo ello hace más urgente la búsqueda de una solución política negociada que ponga fin a la confrontación y al derramamiento de sangre. Es la necesidad de que se civilice la contienda política, basada en la igualdad de los partidos y de los particulares ante la ley, con garantías democráticas y reglas de juego claras para todos. En esta situación de violencia altamente explosiva, la defensa de los derechos humanos protege la sociedad civil, a los luchadores y a los dirigentes populares, de la agresión estatal.

El pueblo colombiano y el movimiento obrero no se han quedado quietos. Los campesinos, los indígenas, los vendedores ambulantes, los obreros, los camioneros, los chanceros, los maestros, los pensionados, los empleados, han salido a la lucha, a la huelga, a las marchas, a las movilizaciones. Pero, sobre todo, el paro estatal, que constituyó un triunfo del movimiento sindical, de la unidad de los trabajadores, de la movilización combativa, de la dirección de las tres centrales sindicales y la confederación de pensionados. Hacía dos décadas no se daba una unidad combativa de semejante envergadura. Y esa unidad, esa combatividad, esa fuerza de movilización crea el ambiente para este gran Encuentro de Organizaciones Sindicales y Sociales. Es la demostración de que avanza la oposición al modelo neoliberal, a la política del gobierno y a la injerencia norteamericana. Por todo el mundo, también, el movimiento obrero se levanta contra el neoliberalismo que, como una plaga del capitalismo, se ensañó contra los trabajadores, las clases medias y el campesinado, en favor de los grandes pulpos monopolistas y financieros.

A las grandes crisis hay que dar grandes respuestas. Corresponde al movimiento obrero y al movimiento social colombiano en este momento dramático de la historia nacional, enfrentar la agresión estadounidense contra la patria, movilizarse contra la entrega de Samper y derrotar la política neoliberal y sus medidas antiobreras y antipopulares. Con el paro estatal y con este Encuentro se están acumulando fuerzas, se está fortaleciendo la unidad, se están clarificando los objetivos, se está preparando una acción de mayor envergadura. Así van dándose las condiciones para una nueva protesta obrera nacional que movilice al conjunto de los trabajadores y de los demás sectores sociales. Y en medio de la lucha, hay que practicar la solidaridad con los sectores en conflicto, con los presos políticos, apoyándose en la defensa de los derechos humanos.

En este momento histórico se impone la unidad de acción en todos los niveles, en las ciudades, en las pequeñas poblaciones, en el campo, en los sindicatos, en las organizaciones de masas, coordinando los conflictos y estimulando las movilizaciones. El compromiso es con el plan de acción aprobado por el Encuentro con miras a un Primero de Mayo unitario, a una gran jornada de protesta y a acciones de mayor alcance nacional. Este Encuentro está por el combate al modelo neoliberal, en pro de uno auténticamente democrático y autónomo, por una salida negociada al conflicto armado, por la recuperación y preservación de las garantías democráticas y por la defensa de la soberanía nacional.

Otro atentado de Samper contra el campo: LA ESTRATIFICACIÓN RURAL

(Ponencia presentada en el Congreso de Unidad Agropecuaria por Carlos Arturo Clavijo V., director ejecutivo de la Federación de Ganaderos del Magdalena Medio, Fedemedio. Se publican apartes)

Hay consenso en que la sociedad colombiana está sumida en una profunda y prolongada crisis en los distintos órdenes de la vida nacional. Hoy nos encontramos en Pereira, auscultando los más disímiles factores coadyuvantes del drama que nos agobia.

El telón de fondo que ha venido a complicar nuestro desarrollo tiene que ver con las políticas aperturistas de los últimos gobiernos que han expuesto el país a las importaciones masivas, arrasando importantes productos agrícolas e implementando reformas de todo tipo.

En este marco fue expedida la Ley 142 de servicios públicos. (…) Con ella, el Estado le entrega los servicios públicos esenciales al capital privado, la inversión social se esfuma y el negocio para ser rentable tiene que serlo a través de la estructura tarifaria.

Para este propósito, o mejor despropósito, el gobierno importó la llamada estratificación socioeconómica urbana y rural, para la cual se tuvieron en cuenta aspectos metodológicos, socio-económicos y jurídicos.

Aspectos metodológicos
Según Planeación, en el área rural cada predio se estratifica ponderando su tamaño, el valor de la Unidad Agrícola Familiar media del municipio y la zona geoeconómica donde está ubicado.

Al analizar el método empleado encontramos algunas inconsistencias que inducen a la obtención de resultados equívocos, o no acordes con la realidad del agro:

Se aplican las mismas variables en todas las regiones del país, cuando la realidad es que cada una de ellas tiene grandes diferencias en la conformación de los predios, la idiosincrasia de sus gentes y las características productivas. Las configuraciones de la tenencia de la tierra no son las mismas, como tampoco lo es la cultura y las tradiciones de las diferentes zonas.

Se desconoció la participación de los estamentos afectados por la misma estratificación, como lo señala la ley, y se despreció la experiencia de las empresas de servicios públicos. (…)

Al realizar el trabajo de campo no se elaboraron las encuestas socio-económicas necesarias para la obtención de resultados válidos en ese tipo de investigación, trasladando al sistema de información del Departamento Nacional de Planeación, DNP, la base predial catastral y así se generaron automáticamente los estratos de los predios. Algunos municipios ni siquiera tienen la formación catastral, dando pie a la improvisación.

Los estudios de estratificación y de Sisben en la mayoría de los casos se llevaron a cabo simultáneamente. Sin embargo, al confrontarlos arrojaron resultados inconsistentes.

Recordemos que los estratos uno y dos reciben subsidios del Estado. (…) Para lograr que los estratos altos subsidien a los más bajos, se buscó por todos los medios incrementar el número de los primeros. Por ello las generalidades de los predios rurales fueron clasificados en estratos 4 y 5.

Aspectos socio-económicos
En lo relativo a la parte socio-económica, que es el aspecto relevante de esta investigación, se encuentran varios puntos de divergencias con los principios económicos y sociales que lo sustentan:

La estratificación no debí usarse como una forma adiciona de crearle impuestos al campo.

(…) Hay dos aspectos fundamentales de carácter social que no han sido tenidos en cuenta e este proceso de estratificación.

En primer lugar, los funcionarios de Planeación Nacional parecen ignorar que la estructura social del campo, debido a las relaciones de producción allí existentes, es absolutamente diferente a la de las urbes. Por esta razón no es dable pensar en un modelo de estratificación para el sector rural.

En segundo lugar, la vivienda en el campo no sólo tiene el objeto de satisfacer la necesidad de techo, sino que además en ella funcionan la bodega, las oficinas y otras dependencias necesarias para el desempeño de la actividad productiva agropecuaria. (…)

El sector industrial y comercial, como sectores secundarios y terciarios de la economía, son tratados, para efectos de prestación de servicios, como tales, mientras que al sector primario -el agropecuario- se le ubica en un contexto diferente, asimilándolo al residencial. En palabras del DNP: “Es importante resaltar que el estrato se asigna a la vivienda y no al usuario, ya que ésta es la que recibe los servicios públicos y no al contrario” (…).

El sector agropecuario contempla su unidad productiva como tal, y se define en un sector absolutamente diferente e independiente en la economía. Por consiguiente debe ser tratado para todos los efectos en ese contexto: debe tener tarifas, impuestos y tasas de acuerdo con esa realidad, y en el caso particular de los servicios públicos, debe existir una “tarifa rural” justa y proporcional al servicio recibido. (…)

En la región del Magdalena Medio los resultados de esta estratificación han sido traumáticos. La gran mayoría de predios dedicados a la explotación ganadera han sido clasificados en los estratos 5 y 6, lo que de aplicarse implicaría unas tarifas de servicios públicos y de impuestos confiscatorios.

Dichos niveles de estratificación no deben ser aplicables a los predios destinados a la actividad agropecuaria, pues corresponden exclusivamente a viviendas suntuarias situadas en las grandes ciudades o excepcionalmente a fincas de recreo ubicadas en zonas turísticas.

A esto debe agregarse que, en el sector rural, la infraestructura de servicios públicos como energía, vías de penetración, acueducto, telefonía, ha sido construida con recursos propios y esfuerzos mancomunados de los propietarios, para hacer más digna la vida en el campo, y no con fines de ostentación.

Una estratificación como la que se presenta en la región aumentaría ruinosamente la base impositiva y la de servicios públicos, lo cual, sumado a la crisis de inseguridad, productividad, comercialización y consumo que ya padece el sector agropecuario, nos llevaría inexorablemente al abandono de las fincas. (…)

La propuesta
El campo tiene diferencias claras desde el punto de vista social y productivo -es el sector primario de la economía-, y por lo tanto solo deberán asignarse dos clasificaciones: una para los caseríos y viviendas dispersas pertenecientes a los trabajadores del campo, y otra que sería una “tarifa rural” para la unidad productiva agropecuaria. Esta deberá estar por fuera de los rangos de las tarifas comercial e industrial.

Conclusión
Debe desmontarse la estratificación, que ha originado el descontento, las protestas y levantamientos en diferentes regiones, o de lo contrario estaremos muy pronto frente al acta de defunción del sector primario, base de la economía del país.

SALUDO DEL MOIR AL ENCUENTRO

Presentado por el senador Jorge Santos Núñez

La lucha del movimiento obrero colombiano, particularmente el pasado paro nacional de los trabajadores estatales, guía como potente faro la lucha del pueblo colombiano. En el complejo y convulsivo cuadro de la situación nacional, en el cual sobresale la intromisión norteamericana en nuestros asuntos internos y la agudización de todos los males económico-sociales como consecuencia de los seis años largos de apertura económica y neoliberalismo, tenemos la esperanza de que el encuentro que ustedes realizan trace orientaciones y defina tareas que contribuyan al avance de la movilización popular.

La hora apremia para el desarrollo de una política de unidad nacional contra la injerencia imperialista de Estados Unidos, ‘de denuncia y combate contra el gobierno colaboracionista y lacayo de Samper, de rechazo general a la apertura y el neoliberalismo, y de preparación inmediata de una gran movilización nacional que generalice la protesta multitudinaria del movimiento obrero v el pueblo. El país reclama una salida negociada que ponga fin al enfrentamiento y al derramamiento de sangre, que civilice la contienda política y traiga una paz basada en la igualdad de los partidos y particulares ante la ley.

RECESIÓN: LEJOS DE CEDER, EMPEORA

(Posición fijada por la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores del Risaralda Ltda., Codegar)

Entre las fuerzas que explican la evolución de la oferta de ganado en los últimos años, se destaca el proceso de “ganaderización” de la agricultura debido a la baja rentabilidad de varios cultivos después de la apertura, en parte por la depreciación de la tasa de cambio y en parte por el deterioro de los precios internacionales.

Fue 1996 otro año en que de manera espontánea continuó el reacomodo del sector agropecuario, para contrarrestar de alguna manera el impacto de la crisis.

El agro ha debido enfrentar solo semejante tarea, sometido a las presiones de un entorno macroeconómico claramente adverso, y todo ello en medio de una recesión que se ve agravada por el incremento generalizado de los costos de producción; tendencia que no lejos de ceder, con el paso del tiempo empeora.

Vale la pena destacar que sida situación no ha sido aún más severa, es por el tesón, el instinto de conservación y el amor al oficio, a la tierra y a la patria que tenemos la mayoría de grandes, medianos y pequeños productores, quienes seguimos en la lucha, rumiando nuestra frustración, con el alma en vilo porque no sabemos qué nos deparará el mañana.

Sólo sabemos que debemos continuar como el equilibrista: si para, se cae.

Es inútil seguir esperando que el gobierno conteste la pregunta del millón:

“¿Hacia dónde puede y debe dirigirse el sector productivo rural?”

La situación nacional y el movimiento obrero: TRABAJADORES, FACTOR PRINCIPAL DE LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA Y LA UNIDAD NACIONAL

(Intervención de Yezid García Abello en el Encuentro de Organizaciones Sindicales y Populares del 16 y 17 de abril de 1997).

Con su airoso parte de victoria, el pasado paro nacional de los trabajadores estatales trajo un refrescante viento de confianza en las fuerzas propias y renovados bríos a las filas del movimiento obrero. Ahora corresponde descifrar con tino el curso actual de los acontecimientos y deducir la más apropiada línea de acción para el conjunto de la clase.

La intervención yanqui es el problema principal
Bajo el ultimátum de Washington, Colombia marcha trabajosamente hacia el mes de agosto. Se agotará en esa fecha el más reciente y perentorio plazo fijado por el imperio norteamericano al gobierno de Samper para que satisfaga las demandas en turno, especialmente las de carácter antinarcóticos. Es decir, extradición retroactiva, reforma carcelaria y mayor penalización al lavado de dólares. Desde el revuelo producido por el reportaje de Frechette de comienzos de año, dos de sus nuevas intromisiones en los asuntos internos del país se tradujeron en sendos reveses para el gobierno: el ministro de Defensa González se cayó y la reforma política naufragó. En el ínterin, en el marco del repudio nacional a la colonial “descertificación” gringa a Colombia, el gobierno dijo que se había “envenenado el ambiente para la aprobación de la extradición”. Mas pronto quedó claro el rumbo real por el que marchaban las cosas. El ministro de Justicia, esforzado servidor de la Casa Blanca, volvió a desgañitarse con su “sí, y 20 mil veces sí” al restablecimiento de la extradición de colombianos, encontró “doctrina” legal para tan oscura causa y presentó ante el Consejo de Política Criminal la propuesta de derogar el artículo 35 de la Constitución que la prohíbe. Se anticipó que una vez removido por el Congreso dicho obstáculo principal, quedaría allanado el camino para establecer por vía legal la monstruosidad exigida por Estados Unidos: la retroactividad de dicha medida. Lejos de constituir una iniciativa aislada, la del ministro Medellín refleja a cabalidad la política del gobierno de Samper. Los sectores patriotas y democráticos del país han presenciado con ira la aprobación de la extinción del dominio que arrasó la presunción de inocencia, del aumento de penas votado en un santiamén, la inspección de cárceles colombianas por comisiones del gobierno estadounidense y la firma del convenio que le permite a la marina gringa abordar barcos en las aguas territoriales colombianas de nuestra zona económica exclusiva. De consumarse la infamia en curso, con el restablecimiento de la extradición de colombianos, plato fuerte de las imposiciones norteamericanas, la agenda Frechette quedaría prácticamente satisfecha. Cumplidos casi dos años del inicio de la actual crisis política, desatada y ahondada de modo principal por la injerencia sin precedentes de Estados Unidos, los hechos dan paso a una constatación irrebatible: que la postración del gobierno de Samper ante el imperio yanqui configura una degradación en materia de lacayismo y entreguismo, sin parangón en la historia nacional.

Todos los males se agudizan
La combinación de un agudo deterioro de la situación económica y social, con la crisis política y el recrudecimiento de la violencia a escala nacional, confieren al cuadro de conjunto un clima altamente explosivo. De la agudización de la violencia actual sólo pueden derivarse más pérdidas para el país, el deterioro total de la democracia política, mayores atrocidades contra el pueblo y, sobre todo, el incremento del alarmante fenómeno de balcanización interna, más peligroso cuanto mayor es la necesidad de la unidad nacional para enfrentar la agresión del imperialismo. El país reclama una salida negociada que ponga fin a los enfrentamientos y al derramamiento de sangre, que civilice la contienda política y traiga una paz basada en la igualdad de los partidos y particulares ante la ley.

En el terreno político, el hundimiento del proyecto sobre cambio de fecha de las elecciones -que ni siquiera se atrevió a apoyar el gobierno-, y la caída de la emergencia económica mediante fallo de la Corte Constitucional, hacen manifiesta la debilidad de la actual administración. Gobierno, gremios económicos y críticos progringos yerran del todo cuando cierran los ojos ante la raíz de los males patrios: la continuidad y ahondamiento de la apertura económica y el modelo neoliberal, verdadera causa de las afugias de la economía. La revaluación, la restricción del gasto público, la congelación salarial y las altas tasas de interés, las privatizaciones y la desaparición de entidades del Estado, más el mantenimiento de la apertura comercial, cambiaria y financiera, todo ello, entrelazado, condujo a la recesión actual de la economía.

Lejos de corregir el rumbo, el gobierno ha preferido enfrentarse al descontento creciente del pueblo y el movimiento obrero, en aras de la observancia del dictado fondomonetarista. Promete mayores entregas de nuestros hidrocarburos a las multinacionales petroleras gringas en Cartagena. Proyecta descargar sobre la canasta familiar del pueblo llano el detestado impuesto del IVA. Y se obstina en proseguir su obtusa política privatizadora en Telecom, Ecopetrol y una larga lista de empresas y entidades estatales. De manera simultánea, “el tiempo de la gente” se traduce en un desempleo rampante que subió de 9.5 a 12.7%, en el peor año de la industria en los noventas, en la dramática crisis del agro y la angustiosa situación de los productores endeudados, en los desalojos brutales de vendedores ambulantes y de los ocupantes de predios urbanos y en la entrega de las cárceles a la policía.

La lucha obrera, guía del país
En el maremágnum de enfoques y opiniones respecto de la crisis política y la situación general del país, el movimiento obrero ha respondido a las exigencias del momento. Con sus movilizaciones, los trabajadores han dado un mentís rotundo a la vergonzosa opinión colonial que aprecia la intrusión gringa como un percance inevitable y hasta constructivo. El escandaloso grado de intervención alcanzado por el gobierno norteamericano en los asuntos internos de Colombia hace prever nuevas, prontas y más graves coyunturas críticas. Por todo ello es imperativo que la clase obrera, al tiempo que redobla su lucha de resistencia contra la embestida neoliberal, adopte una política que permita aglutinar y acrecer las fuerzas patrióticas en una gran coalición antimperialista para librar el combate por el cese definitivo de la injerencia y la dominación gringas sobre el país.

Debe denunciarse al gobierno Samper por colaboracionista y lacayo. Se entiende que la acumulación de fuerzas para enfrentar batallas de mayor envergadura está al orden del día. Debe reforzarse el Comando Nacional Unitario surgido de la lucha, comenzando por las labores preparatorias de una nueva protesta obrera nacional que movilice al conjunto de los trabajadores y que desate la protesta multitudinaria de los demás sectores del pueblo. Para los trabajadores colombianos, en el horizonte se perfila con claridad la irrupción de las luchas obreras y populares contra la apertura y el neoliberalismo, en defensa de los derechos y por un mejor nivel de vida de los asalariados, en rechazo a la represión de las protestas y movilizaciones y, sobre todo, por la soberanía de Colombia.