LAS FALACIAS DEL «MILAGRO CHILENO» (II)

Por Violeta Osorno

En el número anterior de Tribuna Roja hicimos un balance de la situación económica y social de Chile desde los inicios de la aplicación de la apertura con la Dictadura Militar y su profundización durante los gobiernos de la «concertación» en los últimos siete años. Como quedó demostrado, lejos de haber traído desarrollo, en el país austral se ha agudizado la crisis de la producción nacional y ha empeorado la miseria del pueblo. Pinochet, Aylwin y Frei han cumplido con las imposiciones del Banco Mundial y del FMI, para colocar la economía al servicio del capital financiero.

Si bien estas imposiciones han tenido un efecto siniestro sobre la industria y sobre las condiciones de vida de los asalariados, han vapuleado también y de manera violenta al sector agrario.

Dos décadas de penuria
Como consecuencia de las medidas neoliberales, la producción alimentaria básica de Chile fue desplazada por la siembra de manzanas, uvas, albaricoques y árboles para la exportación. Mientras el área de cultivos de frutas se duplicó entre 1968 y 1985 y ha seguido aumentando cada año, y los bosques de plantación alcanzan ya dos millones de hectáreas, se redujo la cantidad de tierras destinadas a los cultivos esenciales, los cuales, entre 1958 y 1972, ocupaban 1.263.000 hectáreas. Para 1983 esta superficie había disminuido a 877 mil hectáreas y la tendencia se ha profundizado en los últimos años : en el período 19861993, el área total cultivada mermó en 10%, debido a la brusca caída en 32.6% de la tierra dedicada a los productos alimenticios. El cambio más dramático se registró en el trigo. Pese a ello, y debido a la reducción de la demanda interna que trajo el empobrecimiento general de la población, y a la competencia generada por las importaciones, los precios de algunos cultivos básicos, particularmente los cereales, sufrieron una disminución considerable: de 1987 a 1993 los precios reales recibidos por los agricultores se redujeron 25% en el caso del trigo, 18% en el del maíz, 30% en el de semilla de colza y 29% en la remolacha.

A lo anterior se agrega la progresiva quiebra de la ganadería bovina. Este sector sufrió pérdidas de 21 % en 1996 con respecto al año anterior y, lo ha denunciado el Servicio Agrícola y Ganadero adscrito a Minagricultura, por tipificación fraudulenta de las carnes importadas, obligando a los productores a bajar precios. Se espera que las importaciones de carne aumenten pues esta actividad está siendo abandonada por poco rentable. La crisis se ha extendido a los avicultores por la caída vertiginosa del precio del huevo y por los altos costos de los insumos, en su mayoría extranjeros.

Como lo han expresado técnicos del mismo gobierno, quienes critican las medidas aperturistas, la seguridad alimentaria dependerá de las importaciones, y estará sometida a la variabilidad de los precios y los excedentes internacionales, haciendo a Chile más vulnerable ante cualquier contingencia política.

Para corroborar la tesis de que la economía de mercado abierto no deja piedra sobre piedra, las dificultades se han extendido a los productores de bienes de exportación. Los precios de la harina de pescado y el salmón, que representan 69% de las exportaciones pesqueras, están estancados y se prevé que el volumen de ventas al exterior será menor. Aunque las frutas aumentaron su precio así como el volumen de envíos, han sido objeto de mayores exigencias de calidad y presentación y de aranceles discriminatorios, debido entre otros a la competencia alentada por los capitales extranjeros en países de Latinoamérica, Asia, y África, e incluso Estados Unidos. Es por ello que el sector exportador ha presionado a los productores para que rebajen los precios, lo cual ha ocasionado fuertes controversias entre sus agremiaciones. El Kiwi, uno de los promocionados frutos exóticos para la diversificación, no fue recibido en 1996 por Estados Unidos alegando deficiencias de calidad. Irónico caso, cuando de ese país proviene 29% del total de las importaciones. El sector forestal vio reducido tanto el volumen como los precios de exportación. Sólo se salvaron los vinos y las manzanas, a causa de las sequías presentadas en California, lo cual hace incierto el panorama si este fenómeno se controla.

Tal como lo denunció el presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, José Miguel Steigmeyer, 1996 fue el peor año para la agricultura en la historia de Chile. El dirigente denunció el desamparo al que el Estado tiene sometido al agro y el verdadero sentido de las medidas aplicadas, pues “están orientadas a que el sector productivo desaparezca sin tanto escándalo y a desembarcarnos de nuestra actividad sin un costo social demasiado alto”. Estás declaraciones, hechas frente al ministro de agricultura en exposocabío-1996, recibieron el respaldo de las agremiaciones de otras regiones y de algunos parlamentarios.

Las dificultades han derivado en un mayor desempleo y condiciones desventajosas para los trabajadores rurales: en 1996 se registraron cerca de 550 mil temporeros, sin ningún tipo de seguridad social ni régimen prestacional. A ellos se suman 260 mil pequeños productores, quienes, con sus familias, están en un proceso acelerado de migración a la ciudad. Es de resaltar que 19% de la fuerza laboral chilena trabaja en el campo, y de ella, más de la mitad es asalariada. Cerca de la mitad de la población rural vive en la pobreza. La debilidad organizativa de los trabajadores rurales es un obstáculo para sus reclamos: en 1993, la agricultura, silvicultura y pesca reportaban una sindicalización de sólo 7.5% de los trabajadores, en sindicatos independientes con muy poca capacidad de negociación. En 1995, se creó el sindicato nacional Esperanza de los Temporeros, con la expectativa de conseguir mejores condiciones de vida.

El ingreso de Chile a Mercosur agravará la crisis. Los estudios demuestran que la desgravación para productos importados esenciales será más rápida que para otros renglones, por lo cual habrá una caída acelerada de la producción doméstica de arroz, maíz, carne bovina, trigo, oleaginosas y remolacha, lo que en quince años significará una reducción de 25% de tierras empleadas y pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares. Lamentablemente todavía existen sectores como el cooperativo que se hacen ilusiones con un mercado de 200 millones de personas, cuando en la realidad éste es férreamente controlado por el imperialismo.

La actitud arrodillada del gobierno ante las imposiciones aperturistas ha provocado una airada protesta de la Sociedad Nacional de. Agricultores, cuyo presidente, Ernesto Correa, ha demandado en repetidas ocasiones políticas proteccionistas para que el sector pueda sobrevivir. Frente a la vinculación de Chile a Mercosur, contra la cual se realizaron amplias movilizaciones de campesinos, Correa expresó: “La crisis que enfrentan ciertos rubros de nuestra producción sectorial, por su profundidad y prolongación, no registra precedentes en los anales de la agricultura nacional…desde hace años, la agricultura viene acusando un sostenido deterioro de su rentabilidad…nuestra vinculación con Mercosur amagará seriamente rubros de relevancia de nuestra producción agraria, como son ciertos cultivos anuales y la ganadería bovina. Varias regiones verán seriamente comprometido su devenir productivo”.

Tal como ha sucedido ya en varios países de Latinoamérica, en Chile irrumpió la práctica’ de los grandes monopolios extranjeros de no solamente expoliar sus riquezas, sino de apoderarse de sus tierras. Douglas Tompkins, dueño de la cadena de tiendas de ropa Esprit, compró el año pasado 260mil hectáreas para el llamado Proyecto Ecológico Parque Pumalín. Para el 2000 habrá hecho inversiones por más de 17 millones de dólares. Y tal será la desvergüenza del gobierno, que ante la protesta de diferentes sectores por permitir esta venta con fines tan poco claros, incluso para la seguridad nacional, la ministra de Bienes Nacionales, Adriana Delpiano, dijo: «No estamos acostumbrados a la filantropía». Esta zona, de bosques lluviosos se considera uno de los ecosistemas más productivos del planeta. Tompkins es dueño de una cantidad similar en Argentina, y en ambos casos hubo denuncias de los colonos sobre las presiones a que se vieron sometidos para vender. Como en Chile no hay límite para la propiedad de la tierra, excepto para los habitantes de países limítrofes, en enero otro inversionista norteamericano, Jeremías Henderson, compró 120 mil hectáreas en la isla de Chiloé, zona que posee 10 millones de metros cúbicos de recursos madereros explotables. En plena Tierra del Fuego, la compañía estadounidense Trillium Corporation, cuyo presidente y único dueño es David Sires, quien también posee grandes extensiones y un consorcio forestal en Argentina denominado lenga patagonia, compró una cantidad de hectáreas similares a la Tompkins y ha comenzado a talar unas 100 mil de bosque nativo. Este proyecto forestal, denominado Río Cóndor, contempla 97.000 hectáreas de explotación comercial de lenga, de un patrimonio total de 257.000 hectáreas. Ante los recursos interpuestos por varias agremiaciones y parlamentarios, el embajador de Estados Unidos salió en su defensa aduciendo que «el proyecto no debe preocupar, pues existe un adecuado equilibrio entre el desarrollo y la protección del ambiente».

La respuesta del Ministerio de Agricultura al descalabro rural ha sido ofrecer apoyo especial a quienes introduzcan proyectos innovativos para cultivar productos no tradicionales, mejoren el sistema de riego, mejoren los suelos o quieran exportar, con la promesa de incentivar al sector privado para que dinamite la agricultura, y mejorar la infraestructura de vías y transportes que requiere el sector exportador, lo que no es otra cosa que engaños para los productores nacionales y una mayor entrega a los monopolios foráneos.

No se puede concluir esta denuncia sobre las falacias con que se nos ha querido vender el «milagro chileno» sin traer a colación las declaraciones de la FAO en cabeza de su mayor ideólogo Polan Lacki, publicadas en El Mercurio el pasado 7 de Enero y en las que se evidencia su política neoliberal. Aunque el mismo organismo reconoció que para 1992, los países industrializados otorgaron 356 mil millones de dólares en subsidios, casi equivalentes a la deuda externa de Latinoamérica (418 mil millones de dólares), la salida que señala para estos países es el total desamparo frente a la depredación imperialista: “La agricultura latinoamericana presenta una profunda contradicción…que se mantendrá debido a tres razones: los países desarrollados seguirán prestando apoyo en forma de subsidio a sus agricultores. Segundo, los gobiernos latinoamericanos carecen de recursos para subsidiar a sus productores aunque quisieran. Y tercero, si subsidiaran, protegerían a una minoría y perjudicarían a la mayoría (consumidores) que tendrían que pagar precios altos por el producto protegido…Es un planteamiento utópico y perjudicial pedir a los gobiernos que contrarresten las distorsiones con proteccionismo y subsidio… y si no se corrigen tales distorsiones los cada vez más remotos artificialismos paternalistas seguirán siendo ineficientes e ineficaces”. Corresponde a la clase obrera chilena despejar el camino y orientar la lucha revolucionaria contra esta nueva forma de dominación.

Legado de Mosquera: DEFENDAMOS Y APROVECHEMOS NUESTROS RECURSOS

Hace veinte días los cerealeros reprodujeron en la prensa unas declaraciones en nombre de su gremio, Fenalce, a través de las cuales repudian sin pestañear los lineamientos, o mejor, los tumbos e inconsecuencias de la rama ejecutiva con respecto a la problemática del agro colombiano, como también lo expusiera por su lado la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Aquellos ponen énfasis en el encarecimiento de la maquinaria y de los servicios de preparación, siembra y cosecha, debido a la sobrecarga de los aranceles y del IVA. Alertan acerca de las cláusulas exigidas por el Banco Mundial para adjudicarnos un crédito de US$ 250 millones con destino a la agricultura, por cuanto implican abrir el camino al ingreso indiferenciado de productos alimenticios extranjeros de los que nuestra «vocación agraria» ya depende en un millón cien mil toneladas cada doce meses. Y demandan, en forma textual, «una política agropecuaria coherente, decidida y estable que incentive la producción agrícola». El MOI R estampa su firma en este pedido, a semejanza de muchos aliados que nos han dicho estar dispuestos a adherir la suya a nuestras cuatro sugerencias unitarias. No es cuestión de inquirir si los empresarios del campo hacen de la necesidad virtud: la ciega y traumática evolución de los acontecimientos se ha encargado de enseñarnos a la maravilla en donde yacen los obstáculos para el normal avance del engranaje productivo de la nación.

Los procederes inequitativos vienen de atrás y nos han ocasionado la ruina en ocupaciones como el laboreo del trigo, del que prácticamente nos autoabastecíamos a principios de la década del sesenta, mientras ahora importamos 600 mil toneladas, uno de los muchos asoladores efectos de la conocida Ley 480 de 1954 por la cual el congreso de Norteamérica ha financiado la venta en nuestros países de buena porción de sus excedentes agrícolas. El cerco va estrechándose con el correr del tiempo, al punto de que a la tempestad de protestas se han unido actualmente hasta los afortunados exportadores de flores de la Sabana de Bogotá. En ninguna parte el futuro de los pueblos se ha edificado con pétalos de rosa; no obstante, a los floricultores colombianos les asiste la razón al quejarse de los artilugios discriminatorios de la Comunidad Europea, máxime cuando algunas repúblicas de esta alianza, por ejemplo Francia, han obtenido, u obtienen, innegable beneficio de sus intercambios con nosotros. De suerte que la prosperidad del país se cifra tanto en un justo desenvolvimiento de sus vínculos con los monopolios foráneos como en una competente y planificada utilización de sus recursos.

Dos factores que se hallan al arbitrio de quienes controlan el Estado, el centro supremo que en la Colombia de hoy interviene en todo, desde graduar el coste de los bienes y servicios hasta definir los contratos de asociación con los dueños de medio planeta. Pero ni lo uno ni lo otro. Ahí están los casos del petróleo, o del carbón y del níquel, cuyas explotaciones se efectúan mediante sendos convenios estipulados preferentemente con compañías norteamericanas, los cuales, a causa de sus ilicitudes y de los perjuicios que nos acarrean, han recibido las desaprobaciones de los más dispares matices de la opinión. O el precedente no menos infausto del Pacto Andino, con el que, conforme a los pronunciamientos oficiales, las naciones del área arribarían, firme y mancomunadamente, a la edad madura de su crecimiento, siendo que siguen en mantillas al cabo de tres lustros y pico, sin haber coronado los programas sectoriales de desarrollo, ni la conversión de las empresas extranjeras y mixtas en nacionales, ni el acoplamiento entre los países signatarios, demostrándose cómo el experimento escasamente tendía hacia la creación de un mercado ampliado que tornase atractivas y gananciosas las multimillonarias inversiones de los conglomerados de las potencias industrializadas.

No es que nos opongamos a tales transacciones y menos a la integración latinoamericana, o que nos rehusemos por principio a la entrada del capital extranjero, o a asociarnos con él: por el contrario, estos elementos pueden transformarse en palancas de la modernización nacional, siempre y cuando se encaucen a suplir los vacíos dejados por el atraso secular y no a extraer a rodo nuestras riquezas y sin contraprestación alguna. El proceso que vivimos de nacionalizaciones y la correspondiente e inexorable expansión del sector público, su robustecimiento económico, su papel regulador cada día más descollante, en suma, el apogeo del capitalismo de Estado, representa una herramienta formidable con la cual Colombia respondería a las acucias de su propia reconstrucción, de manera «coherente, decidida y estable» para expresarlo con las palabras de Fenalce, si ese poderío fuese otorgado a los obreros, campesinos, empresarios, comerciantes, valga decir, a las clases interesadas en el incremento de la producción, y, por ende, se orientara no sólo hacia la defensa de nuestros medios y disponibilidades sino hacia el aprovechamiento armónico de los mismos.

Mas no planificamos ni protegemos lo que nos pertenece. Se asiente a cuanto indiquen los monitores internacionales y se confía demasiado en las leyes de la oferta y la demanda. El ministro de Agricultura, durante el lanzamiento en Cali del Programa Nacional de Tenderos, contestó a los reparos de los gremios admitiendo, como si tal cosa, que a su cartera le había faltado continuidad en sus prospecciones. De este tenor son las providencias y los mea culpa de nuestros funcionarios.

(«Defendamos y aprovechemos nuestros recursos», 6 de marzo de 1986, en Resistencia civil, Editor Tribuna Roja, 1995, páginas 367-369).

No transijamos con ninguna de las disposiciones lesivas al bienestar supremo de Colombia. Rechacemos en los diversos foros la grosera interferencia de Washington, cuyo Departamento de Comercio nos tilda de «proteccionistas», cuando a nuestra marioneta la obsesionan los caprichos del libre cambio requerido por el Fondo Monetario Internacional. (…)

Escuchemos la voz de El Espinal, desde donde los empresarios del campo denunciaron la crisis sin precedentes de la agroindustria, «un cuadro que puede derivar en movimientos unificados de imprevisibles consecuencias», según advirtieron. Allí, en concreto, se propuso por algunos sacar a las vías, en vez de las cacerolas venezolanas, los equipos, maquinarias y automotores para exigir un cambio en la pérfida actitud del régimen. Lo mismo que hicieran a principio del año los algodoneros del Cesar, quienes bloquearon con sus tractores y vehículos la transitada arteria entre Bosconia y Codazzi, tras el incumplimiento de las promesas gubernamentales.

Hagámonos eco de la inconformidad de los cafeteros que, desde los ricos hasta los pobres, ven con sorpresa e ira los propósitos de la panda gavirista de los Andes, pues se hallan en peligro los haberes de la Federación, comenzando por el banco de sus transacciones, transfigurado en sociedad mixta conforme al decreto 1748 de mediados de 1991. Se trata de un «irrespeto y una burla según la enardecida polémica de los caldenses. Resulta obvio que sin aquellos instrumentos o instalaciones, levantados piedra a piedra, durante lustros, dentro y fuera de nuestros linderos, no podría Colombia influir en la comercialización del grano ni negociar con medios eficaces un nuevo pacto mundial del café en Londres. (…)

Seamos solidarios con la mediana y pequeña industria, en especial con las declaraciones de los dirigentes de Acopi, mediante las cuales aquellos vastos sectores, uno de los más golpeados y dispuestos ano asumir una posición «acrítica y pasiva», coadyuvan, deliberada o indeliberadamente, a exacerbar los ánimos de la sufrida población. (…)

Recojamos, en cuanto rezuman validez, los múltiples pronunciamientos del prepotente gremio de la ANDI acerca del irregular manejo monetario y tributario, la escasez de crédito y estímulos, la competencia desleal foránea, los malos convenios internacionales y el resto de desatinos de la administración. Así esos estratos altos crean en las supuestas bondades de determinadas medidas del modelo neoliberal, como el flujo franco de las inversiones imperialistas, la privatización de las empresas del Estado o el retroceso en las relaciones obrero-patronales, sus reclamos también caen y caben en la retorta de la resistencia colectiva.. (…)

Si los colombianos anhelan preservar lo suyo, sus carreteras, puertos, plantaciones, hatos, pozos petroleros, minas, factorías, medios de comunicación y de transporte, firmas constructoras y de ingeniería, todo cuanto han cimentado generación tras generación, y si, en procura de un brillante porvenir, simultáneamente aspiran a ejercer el control soberano sobre su economía, han de darle mayores proyecciones a la resistencia iniciada contra las nuevas modalidades del vandalismo de la metrópoli americana, empezando por cohesionar a la ciudadanía entera, o al menos a sus contingentes mayoritarios y decisorios que protestan con denuedo pero en forma todavía dispersa. Entrelazar las querellas de los gremios productivos, de los sindicatos obreros, de las masas campesinas, de las comunidades indígenas, de las agrupaciones de intelectuales, estudiantes v artistas, sin excluir al clero consecuente ni a los estamentos patrióticos de las Fuerzas Armadas, de manera que, gracias a la unión, los pleitos desarticulados converjan en un gran pleito nacional. (…)

En esta dramática contienda la burguesía personificará siempre al elemento vacilante: pero el proletariado, por esencia, no. A él le corresponde entonces la orientación y animación del movimiento.

(«¡Por la soberanía económica, resistencia civil!», en Resistencia civil, op. cit., páginas. 466-468).

En Pereira, el 10 de abril: UN ROTUNDO ÉXITO, EL CONGRESO DE UNIDAD AGROPECUARIA NACIONAL

El evento reunió 73 organizaciones y 478 delegados provenientes de 102 municipios del país
En un importante avance para la defensa del sector agropecuario se constituyó el Congreso convocado por Unidad Cafetera y realizado en Pereira el 10 de abril. En dicho evento se acreditaron 478 delegados provenientes de doce departamentos y 102 municipios de Colombia.

Al Congreso llegaron numerosos mensajes de apoyo de diferentes personalidades y organizaciones. Entre los principales, el saludo de Juan Manuel Ospina, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC; los de monseñor José Luis Serna, obispo de El Líbano, y monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social de la Iglesia Católica; el de Ciro Ramírez, presidente del Comité Intergremial de Norte de Santander y presidente de la junta directiva nacional de Fedecacao; de la Cooperativa Porcícola de Antioquia; del sindicato del Incora, regionales de Cauca y el Viejo Caldas; de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas, Anmucic; de la Asociación Agropecuaria de Gigante, Huila; de la Asociación de Productores de Leche del Quindío; de la Asociación de Productores del Ariari; de la Asociación de Productores de la Cordillera Patiana; de la Asociación de Moreros de Quinchía; y de un buen número de concejos de las zonas cafeteras.

Los asistentes, en representación de 73 organizaciones, entre las cuales cabe mencionar a la ANUC, Fensuagro, Acción Campesina Colombiana, Asociación de Pequeños y Medianos Productores -Asopema-, Federación de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio -Fedemedio-, Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta -Agameta-, Movimiento Agrario del Cauca, Anmucic, Federación de Ingenieros Agrónomos de Colombia -FIAC-, Asociación Agropecuaria del Huila y la convocante, Unidad Cafetera Nacional, se dividieron en seis comisiones para realizar un juicioso análisis de cada uno de los principales problemas que afectan la producción agropecuaria del país.

Sus puntos de vista se resumieron en la carta enviada al presidente de la República, en la que se le exige una profunda modificación de la política económica para el agro, dado el evidente y ruinoso fracaso del modelo neoliberal.

Digno de resaltar fue el hecho de que un grupo tan heterogéneo depusiera sus diferencias y se comprometiera a unir esfuerzos para conquistar las reivindicaciones centrales del agro en el actual período:

1. Precios de sustentación remunerativos, estables y garantizados por el Estado.

2. Créditos suficientes, oportunos y baratos. Adecuada solución al problema de las deudas.

3. Control al incremento de los costos de producción, y especialmente a los precios de los insumos y a los pagos de impuestos, gravámenes y servicios.

4. Mantenimiento y fortalecimiento de las instituciones estatales de crédito, comercialización, investigación y demás que requiere el sector agropecuario.

5. Modificación de los acuerdos y políticas que facilitan las importaciones agropecuarias, y diseño de una estrategia de protección que garantice el autoabastecimiento nacional.

Como una de sus conclusiones fundamentales, el Congreso constituyó el Consejo Nacional de Unidad Agropecuaria, que se encargará de coordinar las tareas y establecer acercamientos con otras organizaciones. El Consejo quedó constituido así:

Fernando Dorado, por el Movimiento Agrario del Cauca.
Fernel Amaya, por la Anuc.
Eudoro Álvarez, por Agameta.
Carlos Ancízar Rico, por Acción Campesina Colombiana.
Jorge Enrique Robledo Castillo, por Unidad Cafetera
Orlando Fernández, por la Asociación Agropecuaria del Huila.
Nolasco Présiga, por Fensuagro.
Hermes Vallejo, por Asopema.
Ernesto Clavijo, por Fedemedio.

No sobra advertir que cada organización podrá sustituir a su delegado y continuar con las labores que le sean propias y que considere convenientes.

CARTA DE LA SAC AL CONGRESO DE UNIDAD

(Apartes de la misiva dirigida por la SAC, y suscrita por Francisco Dávila R. y Juan Manuel Ospina R., presidente de la junta directiva y presidente de la asociación, respectivamente)

Nuestros esfuerzos deben estar concentrados en la búsqueda de decisiones que hagan viable la aspiración de contar con una sola agricultura, que supere el anacrónico dualismo y asistencialismo que han caracterizado la mayoría de las políticas tradicionalmente aplicadas para el sector, lo cual supone comprometer las voluntades y los recursos de los sectores públicos y privados. Sólo en la medida en que se den pasos firmes en esta dirección, será posible concretar la aspiración válida hacia la unidad gremial.

Estos elementos de unidad de propósitos y organización de los productores son necesarios para enfrentar el desafío de construir unas alternativas de futuro viables y que partan de nuestra realidad presente. Amarrar el corto y el largo plazo, las medidas para contrarrestar los efectos negativos de la crisis y las requeridas para abrirles paso a esas alternativas de futuro, es una tarea urgente, para pasar de lo simplemente reactivo a lo proactivo.

La sociedad colombiana debe entender que su futuro está indisolublemente ligado al de su economía rural, y que mal haría en subestimar tanto la gravedad de su situación, como las posibilidades que encierra. (…) Si esto se entiende, la solidaridad con las dificultades que vivimos se verá acrecentada y con ello las posibilidades de superarlas, incluyendo el desgarrador conflicto armado que compromete las mínimas bases de convivencia y la estabilidad política e institucional de la Nación. (… )

POR CRÉDITO BARATO, OPORTUNO Y SUFICIENTE

(Apartes de la ponencia sobre crédito presentada por Fernando Ruiz B., coordinador de Unidad Cafetera en Quindío)

El crédito es una exigencia de la inmensa mayoría de productores rurales para poder realizar sus actividades. La debilidad económica de los campesinos y empresarios, el bajo margen de ganancia y de acumulación de capital, y los crecientes costos de producción, imponen la necesidad de contraer deudas con las entidades financieras. Éstas, al controlar el crédito, adquieren un papel determinante en la suerte del agro.

El modelo neoliberal imperante en la economía del país generaliza el control por el sector privado monopolista de las actividades rentables y, en primer lugar, de la más lucrativa de éstas: la financiera. A través del proceso de privatización de las entidades estatales, el gobierno traspasa a bajo precio a monopolios trasnacionales las entidades financieras de propiedad de la nación, como en los casos de los bancos Cafetero. Popular o Ganadero: impone por intermedio de la Superbancaria normas que procuran y garantizan la máxima ganancia para los nuevos dueños de la banca y descapitalizan a la Caja Agraria: entregando así, paso a paso, el control del crédito al capital especulativo internacional, a cuya cabeza marcha la banca norteamericana.

El resultado de esta antinacional política ha sido la elevación de las tasas de interés a niveles de usura. Se bloquea, por esta vía, la producción nacional y se arruina a los productores, al tiempo que se estimula la masiva importación de alimentos y materias primas, acelerando la crisis agropecuaria. Y como consecuencia de los altos intereses, acrecentados con los moratorios, y ante los demás costos de producción y los bajos precios de compra, las obligaciones bancarias de agricultores y ganaderos han terminado por convertirse en impagables.

Tal insolvencia, originada por la propia política agropecuaria oficial, ha sido la causa básica de la justa exigencia de condonación de las deudas bancarias. Esta lucha ha logrado importantes avances, especialmente en el sector cafetero. No obstante las medidas de alivio, incluido el Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria, son aún insuficientes. La amenaza permanente de cobros jurídicos que ponen en grave peligro la propiedad de fincas y parcelas obliga a proseguir demandando la condonación para todo el sector agropecuario. Urge la suspensión de cobros y procesos jurídicos, sin límite de monto, actividad o fecha de contratación de los créditos.

Pero recuperar el agro implica, además -entre otras medidas inmediatas- modificar la política oficial en materia de crédito. Al contrario de las fórmulas neoliberales vigentes, el sector agropecuario necesita de créditos baratos, suficientes y oportunos, Baratos, significa subsidiados por el Estado de modo que fomenten la producción: suficientes, quiere decir que la banca estatal asegure la disponibilidad de los recursos financieros necesarios, los irrigue a nivel nacional y otorgue a cada productor el monto requerido para desarrollar su actividad: y oportunos, es decir, tan pronto el productor los solicite, lo que implica simplificar los trámites, reducir requisitos, eliminar categorías discriminatorias de los clientes y suprimir sobrecostos.

La lucha por la cabal solución de las impagables deudas acumuladas y por el crédito suficiente, oportuno y barato, debe ser parte integral del programa común de las organizaciones agropecuarias.

Urge la condonación de deudas para todo el sector agropecuario, y la suspensión de cobros y procesos.

CRISIS AGROPECUARIA COLOMBIANA POR CAUSA DE LA LLAMADA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Por Aurelio Suárez Montoya

La producción agraria también quedó incluida en el proceso de la globalización de la economía mundial puesto en pleno vigor a finales de los años ochenta. Eso lleva a la competencia entre los agricultores de todos los países por los mercados, tanto de alimentos como de los demás géneros agropecuarios.

La globalización se ha desarrollado en Colombia a través de la llamada apertura económica, aplicada a los distintos sectores productivos, incluido el campo.

Con el pretexto de que los campesinos y productores agrarios de Colombia iban a competir con los demás países teniendo ciertas ventajas adicionales, se han adelantado las siguientes medidas:

a) Eliminación de aranceles y tarifas e impuestos de aduana para los productos extranjeros dejando, por tanto, desprotegidos a los nacionales. b) Eliminación de los precios de sustentación o precio mínimo de compra, los que ahora se fijan dizque por la oferta y la demanda. c) Eliminación de subsidios y estímulos para exportadores. d) Eliminación de la garantía de compra de las cosechas. e) Eliminación de todo tipo de subsidios, por ejemplo, para compra de fertilizantes e insumos, para asistencia técnica y otros. f) Eliminación del crédito de fomento agropecuario y su transformación en crédito comercial. g) Eliminación de las instituciones de apoyo: ICA, Idema, Flota Mercante, DRI y, en no pocas oportunidades, se han manifestado similares intenciones con el Fondo Nacional del Café. h) Privatización de la investigación científica y de la tecnología agrícola y biológica. i) Clasificación del campesinado como un sector vulnerable sujeto sólo a limosnas y a programas asistenciales y no a políticas productivas y de apoyo económico. j) Persecución a la agricultura moderna y empresarial con nuevas cargas y tributos, estratificación rural, impuestos prediales confiscatorios, peajes y otros. Así como su inclusión en las zonas rurales especiales, sujetas a expropiación.

Tan nefasta política tuvo sus primeras aplicaciones desde 1985, con la monitoría del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Belisario Betancur. Luego se amplió en 1989 con la reducción arancelaria a las importaciones, en el gobierno de Barco, y se profundizó en el gobierno de Gaviria y Hommes. En el de Samper se ha continuado llevando a la ruina a miles y miles de productores.

Resultados de la apertura
Mencionamos algunos de ellos:

• En 1988 había en las áreas rurales del país 6.612.000 personas bajo la línea de pobreza. En 1995 ya eran 7.581.000, 72% de toda la población campesina.

• Mientras el crecimiento de la economía de Colombia entre 1990 y 1995 suma 30.4%, el de la agricultura, para esos mismos años, sólo alcanza a 21.8%. El agro se ha rezagado 2% por cada año.

• Los cultivos de cereales y oleaginosas han visto disminuida su área sembrada en 600 mil hectáreas. De 2.500.00 hectáreas en 1990 a 1.900.000 en 1995.

• La producción de maíz, sorgo, cebada, trigo y soya ha disminuido 36.3% entre 1992 y 1996.

• La producción de cacao ha descendido en 15 % y la de café en
25%, de 1992 a 1996.

• La exportación de cacao se redujo en 95% entre 1990 y 1995.

• El área de producción de arroz descendió de 365 mil hectáreas en 1990 a menos de 200 mil en 1995.

• En el mismo período hemos pasado de exportadores a importadores de arroz.

• Las tierras de uso ganadero aumentaron, entre 1990 y 1995, en 13%, como refugio de los agricultores, presentando como consecuencia el deterioro de la rentabilidad en la producción pecuaria

• En El Cesar se cultivaban 90 mil hectáreas de algodón en 1990 y en 1996 se cultivaron sólo 5.796 hectáreas.

• La comercialización de la panela de caña cada vez pierde terreno ante los «derretideros de azúcar».

• Los ingresos de los productores agrícolas han disminuido 30% en promedio (Cuadro 1).

• Las tasas de interés efectivo anual del crédito agropecuario, de 1974 a 1996, se han multiplicado por dos y hasta por tres (Cuadro 2)

• Entre 1990 y 1995, las importaciones de cereales (maíz, sorgo, cebada, trigo y soya) sumaron 10.879.000 toneladas.

• Las importaciones de alimentos y productos agrícolas totales superan, entre 1990 y 1996, los 16 millones de toneladas (Gráfica 1).

• Las importaciones de plátano, en 1995, fueron de 53.500 toneladas, sin contar el contrabando.

• Las importaciones de frutas y hortalizas en 1996 fueron de 190 mil toneladas.

• Las importaciones de arroz fueron de 218 milton en 1995.

• En 1996 se importaron 17.488 toneladas de carne en canal. Si una res en canal equivale a 243 kilos, porcada tonelada son cuatro reses. Por tanto, para 17.488 toneladas, da un total de 70 mil cabezas, el consumo semestral de una ciudad del tamaño de Pereira.

• Las importaciones de leche en polvo llegaron a 22.600 toneladas en el período 1991-1996 (Gráfica 2).

• 52.6% de los minifundios colombianos, casi un millón de predios, tienen uso pecuario. Por tanto las importaciones de carne y leche los afectan en grado sumo. En Córdoba, Atlántico, Sucre y Bolívar, son más de 75% de los minifundios.

Los gringos, únicos beneficiarios
Las exportaciones de alimentos de Estados Unidos hacia los países en desarrollo (19861993) suman 127.500 millones de dólares (Gráfica 3). Por ejemplo, el consorcio Cargill tuvo ingresos por 60 mil millones de dólares en 1996. Esta trasnacional procesa algodón en Tanzania, produce casi la mitad del jugo de naranja que se consume en Moscú y compra café en Colombia. Tiene activos en 65 países y comercia con cien naciones. Se llama a sí misma «el supermercado del mundo». Controla 25% de las exportaciones estadounidenses de granos. Es la novena empresa de Estados Unidos y tiene 79 mil empleados.

Contra pulpos de esta categoría tienen que enfrentarse nuestros desprotegidos productores. Es la relación del caballo y el jinete, impuesta por la apertura. El único camino para enfrentar tamaña agresión es impulsar el proceso organizativo de nuestros campesinos y empresarios agrícolas.

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* Ponencia ante el Primer Congreso de Unidad Agropecuaria. Pereira. 10 de abril. Aurelio Suárez es el coordinador departamental de Unidad Cafetera y diputado a la asamblea de Risaralda.

Ponencia de la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta

«EXIGIMOS PRECIOS DE SUSTENTACIÓN»
(Aspectos de la ponencia presentada en el Congreso por Eudoro Álvarez C., en nombre de Agameta).

El precio de sustentación es un mecanismo mediante el cual, si ningún agente del comercio o la industria compra sus productos, el Estado le garantiza al productor la venta de sus cosechas y un precio adecuado para ellas, que en parte redima lo invertido, más una justa rentabilidad por el esfuerzo económico efectuado. Es la garantía de que su actividad no será ruinosa. Asegura además la permanencia de esa población en el cumplimiento de la tarea asignada dentro de la sociedad.

El Estado en Colombia nunca ha cumplido esta función. Y ahora, la política neoliberal anula la escasa intervención que se efectuaba a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema.

Varios males le impidieron al Idema cumplir el encargo: uno, la carencia de recursos permanentes y crecientes que le permitieran comprar a los precios previamente establecidos y de una manera rápida los productos; otro, la carencia de criterios administrativos ágiles y modernos y la injerencia de las prácticas clientelistas que ocasionaron en muchas ocasiones despilfarros y desfalcos de los escasos recursos. Y, lo más importante, la injerencia norteamericana en la política agraria del país.

Hubo etapas en que al Idema se le transfirieron los recursos provenientes del diferencial de precios entre el mercado nacional y el externo, ingresos que hubiesen podido significar una fuente sólida de capital para la compra de los productos cultivados por nuestros agricultores. Esfuerzo que se echó a perder por la desastrosa política oficial. Es la manera como se ha conformado el Fondo Nacional de Café, institución que ha jugado su papel en la supervivencia del grano como primer renglón nacional, a pesar del rompimiento del Pacto Mundial de Cuotas y del establecimiento del «libre mercado».

El grueso de los agricultores, como resultado de la política aperturista de los tres últimos gobiernos, hemos sido privados hasta del más mínimo apoyo institucional. Este abandono constituye un componente de ese conjunto de medidas que han golpeado la agricultura, llevándola al estado de postración que ya nadie se atreve a negar.

El mecanismo fue reemplazado por los precios mínimos de garantía, que no están referidos a los costos internos de producción, sino a los precios de los productos importados. Este nuevo sistema, hijo de la apertura, no tiene en cuenta que los precios de los productos agrícolas foráneos están preñados de subvenciones y subsidios, abiertos o encubiertos, que los distorsionan y los separan de la realidad de sus verdaderos costos. Como ocurre con todo en la apertura, la pelea del producto nacional con el extranjero «es de tigre con burro amarrado».

Resultante de la presión de los productores rurales y sus organizaciones, se crearon los acuerdos de absorción de productos entre industriales y productores, mecanismo que equivale a «un mejoral para curar un cáncer». Paralelamente, el gobierno impulsa convenios regionales de comercio, que lo que han permitido es la triangulación, por la cual entran productos de países diferentes a los firmantes, con lo cual simultáneamente se hicieron el convenio y su violación. Además, los acuerdos de absorción no tienen los dientes necesarios que obliguen a la industria a cumplirlos y sí, paralelamente, se les da la posibilidad de abastecerse ventajosamente en el mercado externo, pues buscarán, y encontrarán, las formas de ponerles conejo y dejar a los agricultores sin compradores oportunos y efectivos para sus productos.

La Ley 101 de 1993 introdujo el concepto de precios de intervención, que contemplan solamente costos de producción sin rentabilidad y sólo operan en casos de graves distorsiones del mercado, es decir, coyunturalmente.

El golpe de gracia a esta tímida política estatal de intervención en el mercado de productos rurales se da con el anuncio de la liquidación del organismo ejecutor de la misma, el Idema.
El mascarón de proa con que se defiende esta decisión es el de la lucha contra la corrupción, cínico argumento si lo esgrime el propio Ministerio de Agricultura, responsable de que esos desafueros no ocurran.

La alternativa, que más parece una burla que una solución, es el otorgamiento de subsidios directos al productor. Los cuales se van a convertir en otra rapiña por las migajas sobrantes de la mesa del rico Epulón.

La reactivación del campo tiene que contemplar una política integral de apoyo a la producción, uno de cuyos componentes debe ser la intervención del Estado en la compra de cosechas a través de precios remunerativos de sustentación. Ése será un puntal para crear una producción agropecuaria fuerte, que sirva de sustento al desarrollo nacional.

MANUEL DE LOS REYES MOSCOTE

Trabajador desde muy joven de Hilanderías Titán, de cuyo sindicato fue fundador, ya en 1959 comenzó a destacarse como líder de la organización, actividad que le valió ser promovido a la Utral.

En la secretaría general de la federación inició su tarea de formador de cuadros y activistas, que nunca abandonó. Durante muchos años desempeñó la secretaría de finanzas del comité ejecutivo y, más tarde, la fiscalía. La muerte lo sorprendió en el cargo de secretario general, en el mejor momento de su larga carrera.

«Era un hombre franco. Siempre decía la verdad. No toleraba adulaciones ni adhesiones a costa de esconder deshonestidades», sentencia Efraín Castro, durante muchos años su compañero de batallas.

Fue gestor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Utral.

También de la «cuota por convención». Favoreció el proceso de unidad entre la UTC y el sindicalismo independiente y fue pilar de la naciente CTDC. Tomó parte activa en la fundación de la CGTD.

Perteneció Moscote a ese grupo selecto de veteranos del sindicalismo costeño que se compenetraron con la lucha de los trabajadores. Fallecido el 28 de marzo, su perfil de combatiente ha de ponerse como ejemplo para las nuevas generaciones.

EL PROYECTO DE CONDONACIÓN DE DEUDAS A LOS CAFICULTORES

El senador del MOIR, Jorge Santos, presentó al Congreso, el 27 de julio de 1995, el Proyecto de Ley 36, «por el cual se condonan las deudas bancarias de los caficultores». El cual, con modificaciones de los ponentes, fue aprobado por el Senado y hace trámite en la Cámara. Santos preparó el proyecto con base en las declaraciones de Unidad Cafetera y de sus dirigentes Fabio Trujillo, Jorge Robledo, Aurelio Suárez y Fernando Ruiz.

Desde su ingreso al parlamento, Santos ha respaldado la lucha de los cultivadores. El 27 de agosto, Santos manifestó que el gobierno debía condonar las deudas a los caficultores, fortalecer las instituciones, controlar la broca e incrementar el precio interno.

El 9 de julio de 1995, en una declaración de apoyo al Paro convocado por Unidad Cafetera, afirmó: «Los caficultores tienen toda la razón al protestar para impedir que se les lleve a la ruina como consecuencia del rompimiento del Pacto Mundial del Café, de las políticas oficiales y la falta de respaldo del Estado al gremio, secuelas del neoliberalismo impuesto por los gringos».

Luego de la exitosa Marcha de Armenia, a la que acompañó. Santos presentó el proyecto, consignando en sus artículos lo y 5o: «Por medio de la presente ley quedan condonadas las deudas bancarias de los caficultores colombianos, contraídas hasta el 30 de marzo del año en curso en el proceso de explotación de sus cultivos de café. (…) Los caficultores a quienes se condonen sus deudas no podrán ser excluidos por los bancos de nuevos créditos. El gobierno pondrá en ejecución un programa de créditos blandos y en cantidad suficiente para el fomento de la producción.»

Santos afirmó: «Desde el año pasado, los obispos de Colombia y la Unidad Cafetera propusieron la condonación. Aunque en un principio, desde lo alto de los medios se rechazó la propuesta, a fines de 1994, ante la extrema gravedad de la situación, el Comité Nacional de Cafeteros decidió terciar en el asunto. Aprobó, a través de los TAC, una condonación del 30% de las deudas a vencerse este año». La medida implicaba un viraje respecto del categórico rechazo inicial. En marzo del mismo año el Comité extendió la condonación a los productores endeudados con el Fondo Rotatorio. “La condenación parcial de las deudas –dijo Santos- sacó la discusión del plano de la imposibilidad absoluta en que se la consideraba oficialmente y la colocó en el más realista de cuáles formas debían adoptarse. Este resultado, aunque muy limitado, marcó un logro en la prolongada batalla que los caficultores han venido librando. Desde luego, se debió a la enorme presión que ellos vienen ejerciendo sobre el gobierno y la opinión pública, controvirtiendo la política cafetera oficial con sus movilizaciones y foros.”

Y concluía: «La pasada y precaria refinanciación de las deudas apenas ha servido a los deudores para sobreaguar, acrecer los intereses que corren y aplazar el remate de sus predios. Urge que el Congreso, el gobierno y el país entero acudan en su auxilio. Se necesita una condonación completa y pronta.»

Como consecuencia del Paro, en noviembre el gobierno incluyó en la Ley 223 de reforma tributaria recursos para aliviar las deudas, reglamentada en el decreto 0303, que condonó las obligaciones no inferiores a tres millones de pesos contraídas antes del 31 de diciembre de 1994, borrando deudas de capital, intereses corrientes y de mora. La norma estableció para las deudas de capital original mayor de tres millones una disminución de 50% a la tasa de interés.

La situación sigue siendo sumamente difícil. Aunque un gran número de personas quedó libre de deudas viejas, las acreencias tomadas en 1995 y 1996 persisten junto a las antiguas, no tomadas directamente para el café, que también están intactas. Los ingresos siguen siendo precarios, aun con el aumento de los precios internacionales, los que no se han podido aprovechar, dada la escasez del grano.

Santos ha llamado al presidente de la Comisión Tercera de Cámara para que designe ponente, y al Congreso para que descargue a los caficultores del peso abrumador de las deudas.

POLÍTICA DE APERTURA DE LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS LLEVÓ A LA RUINA EL AGRO

(Carta abierta al presidente de la República, aprobada por unanimidad, a manera de conclusiones, en el Congreso Nacional de Unidad Agropecuaria, realizado en Pereira el 10 de abril de 1997)

Congreso Nacional de Unidad Agropecuaria.

Muchas cosas han pasado en Colombia desde cuando se decidió someter el país al modelo neoliberal. Ya no es posible decir, como se dijo hace siete años, que la apertura y la privatización recomendadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional generarían progreso entre los que laboramos en el campo. Nuestra dolorosa experiencia ya dio su veredicto: quienes defendieron la apertura y la privatización se equivocaron en materia grave, como lo demuestran hechos que no pueden ser negados con retórica.

Es tal el desastre de la producción campesina y son tantos los problemas del sector empresarial, que las bajas rentabilidades se convirtieron en la norma y son ya muchos los que perdieron sus tierras, en tanto que más todavía transitan por el mismo camino. Hasta el café y la ganadería sufren como no se recuerda en la larga historia de padecimientos del sector agropecuario. De ahí que el empobrecimiento y la miseria hayan generado una cifra que resume lo que ocurre y que debiera avergonzar al gobierno: más de 70 de cada 100 habitantes de las áreas rurales sobreviven por debajo de la llamada «línea de pobreza».

Esto no ocurre porque los productores agropecuarios del país sean «ineficientes», como con cinismo afirman los neoliberales. Esta catástrofe -que es tan grave que hasta corroe los cimientos mismos de la nacionalidad, porque tiende a eliminar la seguridad alimentaria del país- se explica por la actual orientación que agrava el viejo sesgo antiagrario de la economía nacional. Las importaciones agropecuarias, que ya superan los cuatro millones de toneladas al año, golpean de manera directa la producción interna de esos productos y lesionan, de forma indirecta, a los que no se importan porque los empujan hacia su producción excesiva. Los precios de sustentación prácticamente desaparecieron en los pocos renglones que los tuvieron y los intermediarios compran a como se les antoja. El crédito es escaso e inoportuno, y las altas tasas de interés convierten a los deudores en siervos del capital financiero. Las débiles instituciones oficiales que en algo respaldaban al sector, vienen siendo sistemáticamente eliminadas. Y el gobierno no sólo no controla los costos de los insumos que proveen los monopolios privados, sino que eleva los impuestos y las tarifas de los servicios públicos. Hasta la política cambiaria azota a los que producen para exportar y a los que padecen por las importaciones. En conclusión, sostenerse en el agro nacional es cada vez más imposible.

Al fracaso de la teoría y de la práctica aperturistas hay que sumarle un conocimiento que descalifica de plano a quienes insisten en defender el dogma neoliberal: con el pretexto de hacer lo que se hace en Estados Unidos y en las otras potencias, en Colombia se orienta el agro exactamente al revés de como se orienta en esos países. Todo el mundo sabe que en esas naciones se trabaja en medio de las facilidades de unos Estados que aseguran abundantes tierras, potente maquinaria, ciencia e investigación en grande, formidable asistencia técnica, leves inflaciones, créditos abundantes y baratísimos, amplios mercados y, como si fuera poco, más de 300 mil millones de dólares en subsidios al año, así como todo tipo de medidas que protegen contra los pocos productos extranjeros que así y todo pueden competirles.

En estas circunstancias, señor presidente, es obvio que la política de salvación que requiere el sector agropecuario exige un profundo cambio en la orientación que su gobierno viene aplicando, empezando por el desmonte de la apertura y la privatización impuestas por el modelo neoliberal. Así, la garantía de la seguridad alimentaria nacional requiere de, por lo menos, las siguientes medidas:
1. Precios de sustentación remunerativos, estables y garantizados por el Estado.

2. Créditos suficientes, oportunos y baratos. Adecuadas soluciones al problema de las deudas.

3. Control al incremento de los costos de producción y, especialmente, a los precios de los insumos y a los pagos de impuestos, gravámenes y servicios.

4. Mantenimiento y fortalecimiento de las instituciones estatales de crédito, comercialización, investigación y demás que requiere el sector agropecuario.

5. Modificación de los acuerdos y políticas que facilitan las importaciones agropecuarias y diseño de una estrategia de protección que garantice el autoabastecimiento nacional.

Atentamente,
Congreso Nacional de Unidad Agropecuaria.

Sobre las instituciones agropecuarias: ES DEBER DEL ESTADO APOYAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL

(Ponencia presentada en el Congreso de Unidad Agropecuaria por Álvaro Rodríguez Soto, miembro del comité directivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, ACIA)

Dos épocas distintas
La Reforma Constitucional de 1968 transformó las instituciones del sector agropecuario. El Instituto Nacional de Alimentos, INA, se convirtió en Idema; el antiguo Departamento de Investigaciones Agropecuarias, DIA, pasó a ser ICA, y se creó el Inderena.

El Incora nació después de los acuerdos del Frente Nacional, por Ley 135 de 1961 que obedece a la política trazada por Estados Unidos en la reunión de mandatarios latinoamericanos de Punta del Este, en Uruguay, como respuesta al advenimiento de la Revolución Cubana.

La Caja Agraria, el Fondo Nacional del Café, el Banco Cafetero y el Banco Ganadero ya existían y sobreviven, pero estos dos bancos ya están privatizados y a la Caja pretenden llevarla por el mismo camino.

Lo que va de Punta del Este a nuestros días marca una importante diferencia. La Iniciativa para las Américas, de George Bush, anunciada en su discurso del 27 de junio de 1990 como una política global, es la más grande ofensiva de recolonización. Trae consigo la absoluta libertad comercial y cambiaría, conocida entre nosotros como apertura; la confinación del país a la microempresa; la subasta del sector estatal de la economía; la entrega de la banca al agio y a la especulación internacionales, valga decir, el desvalijamiento y el vasallaje.

Con la Alianza para el Progreso se promueven las reformas agrarias, los pactos y convenios comerciales ante las necesidades políticas que imponían la guerra fría entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, que se disputaban el control del mundo. En ese período, gracias a que Estados Unidos estaba ocupado en su enfrentamiento con los soviéticos, vivimos un despunte en algunos cultivos y negocios pecuarios: por ejemplo, en los años setenta se llegaron a exportar más de 200 mil cabezas de ganado anuales. Pero la banca multilateral y los monopolios, especialmente los norteamericanos, salieron gananciosos con la venta de sus insumos, implementos y créditos a tutiplén, que todavía pagamos como parte de la deuda, cuyo servicio asciende hoy a la cuarta parte del presupuesto nacional. Porque fueron fundamentalmente las importaciones de excedentes agrícolas norteamericanos, hechas a través del Idema, las que endeudaron al Instituto favoreciendo a los agricultores extranjeros. En 1990, tales importaciones pasaban del millón de toneladas. Con la política del Incora se endeudó al país y los monopolios de agroquímicos incrementaron sus ventas. El ICA promovió la Revolución Verde, paquete tecnológico fuera del cual no había salvación, y que creó el mercado nacional para toda clase de agroquímicos.
«Los países que juegan su destino al azar, los que mariposean frívolamente sobre todas las teorías económicas sin preocuparse por identificar aquella que corresponde a la índole genuina de la nación, terminan tarde o temprano en el debilitamiento y la extinción de sus instituciones en medio del caos y la violencia». Sentencia premonitoria de Raimundo Sojo Zambrano, ex presidente de Fedegan, una víctima más del caos que él denunciara.

El 10 de octubre de 1990, Francisco Mosquera, gran pensador y consecuente batallador por los intereses de la nación y del pueblo, alertó al país sobre las amenazas contenidas en el aluvión de medidas permisivas de la apertura económica del mandato recién impuesto, y dijo: «Las labores del agro, además de perder el soporte de los créditos de fomento y de los precios de sustentación, tendrían que enfrentarse a la competencia devastadora de los suministros extranjeros». En ese momento denunció que «el gerente del Idema, Darío Bustamante Roldán, egresado de la Universidad de los Andes como muchas de las nuevas figuras que aspiran desde los altos puestos a ganarse el título de Padres Destructores de la Nación, fue el encargado de exponer el desmantelamiento del Instituto, cuyas ejecutorias se irán limitando a ‘las regiones apartadas’, en procura de que ‘gradualmente y sin traumatismos, los agentes particulares se hagan cargo de las importaciones de alimentos’ «.

El resultado, siete años después, son importaciones agrícolas que pasan de cuatro y medio millones de toneladas, lo cual ha significado la ruina del sector empresarial más importante y avanzado del agro colombiano en beneficio del capital extranjero. Quebrada la espina dorsal de la economía agropecuaria, el país comienza a transitar por un túnel en el cual la producción y las ciencias naturales retroceden y el trabajo se envilece. Desaparece lo mejor de nuestras tradiciones y lo más avanzado de nuestras experiencias y conocimientos del sector. Liquidado prácticamente el Idema, privatizado el ICA, el Inderena convertido en Ministerio del Medio Ambiente, destinado a cumplir el humillante papel de entregar sumisamente nuestros incomparables recursos de la biodiversidad a los traficantes de las patentes de la vida. El Incora, «redimensionado» por la Ley 160 de 1994, «dinamizará el mercado de tierras estimulando la oferta mediante la promoción y participación de sociedades inmobiliarias rurales privadas», según su gerente de entonces, Tiberio Alzate Vargas. Los nuevos adalides del «redimensionamiento» dicen que los campesinos se acostumbraron al paternalismo estatal y, para oponerse a eso, dicen que la reforma agraria también debe ser un negocio de carácter privado en el que el papel del Incora-sea asesorar a campesinos y propietarios en las negociaciones sobre tierras y crear zonas de reserva.

«cuando se trate de ejecución de proyectos de alto interés nacional, tales como los relacionados con la exploración y explotación de recursos minerales y otros de igual significación», como es el caso de las zonas de especial riqueza biológica, tan apetecidas por los monopolios. Con la avalancha de compañías y consorcios multinacionales disputándose el control de nuestros territorios, es bien diciente la prohibición de «titular baldíos en un radio de 5 km alrededor de explotaciones mineras o petroleras», mientras proponen crear «reservas con el objeto de prevenir asentamientos en zonas aledañas a las zonas donde se adelantan exploraciones o explotaciones petroleras o mineras». Ante la ausencia de una política seria y coherente que respalde al campesino, se le convoca a la «participación ciudadana» en toda clase de juntas y comités donde terminan ahogadas sus aspiraciones; se le concede el derecho de revocar mandatos, de constituir veedurías, de entablar tutelas y, al fin, termina imponiéndose un modelo de economía para indigentes. Jamás se propone un plan que contenga metas para desarrollar el campo.

La Caja Agraria también fue «modernizada»: eliminados la asistencia técnica y 540 agropuntos, que prestaban servicios a los campesinos; rematadas las plantas de semillas, todo un patrimonio público nacional perdido. Sus 846 oficinas, de las cuales 471 están en sitios donde no existe otro servicio, pero todas en franco retroceso por la política privatizadora que paso a paso descapitaliza esta institución.

Urge un cambio en la política agropecuaria
En defensa de las instituciones del sector, es indudable que se requiere la derrota del modelo neoliberal imperante. Además de la posición asumida por la Unidad Cafetera Nacional, se advierte igual orientación en varios sectores de la opinión pública, que bien vale la pena destacar a manera de conclusiones:

Con la firma de los magistrados Humberto Mora Osejo, Jaime Betancurt Cuartas y Diego Younes, el Consejo de Estado, el 20 de noviembre de 1992, conceptuó a propósito de la privatización del ICA: «El proyecto no solo deroga la función esencial del ICA que constituye su razón de ser, la investigación, sino que le prohíbe realizarla directamente, para que la asuman, sobre todo, entidades privadas». Y concluye: «El ICA, una vez reestructurado, perdería la atribución de contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario y de la economía nacional, a través de la investigación, la transferencia de tecnología, la capacitación y la producción agropecuaria.»

En el XV Congreso Nacional de Cultivadores de Cereales, la Contraloría General de la República, planteó: «El sector agropecuario se compone básicamente por numerosos productores pequeños y medianos que, por el nivel de sus ingresos, no pueden asumir por sí solos, o a través del mercado, tareas que conlleven un mayor nivel de desarrollo. Todo esto justifica la participación estatal en el agro, porque de lo contrario la mano invisible del mercado llevará a un cambio de actividad a muchos agricultores. En este país el Estado no puede reducirse a ser simplemente un árbitro de las luchas de las fuerzas del mercado.

El XV Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, celebrado en Pereira en julio de 1993, se pronunció en apoyo a un «Plan de defensa de la producción y los intereses nacionales».

Finalmente, esta comisión debe concluir en el convencimiento de que las instituciones agropecuarias sólo servirán si su actividad beneficia el desarrollo nacional y la vida material de la población, y no al capital extranjero. Por tanto, su carácter no puede ser privado, puesto que se regiría por ley del máximo lucro en detrimento del interés público, del avance científico, de la seguridad alimentaria de la nación.