Argentina: DESMANTELADA DESPENSA DEL MUNDO

Por Rosario Valenzuela

Argentina desde finales del siglo pasado ya era una potencia agrícola y ganadera. En 1880 fue el principal exportador de carne en el mercado mundial desplazando a Australia y Nueva Zelanda. Durante la Primera Guerra Mundial compartió con Ucrania la denominación de ser la despensa del mundo.

La política imperialista de acabar con el agro en los países tercermundistas, debido a la importancia estratégica del sector en la dominación política y económica, se refleja en la situación de crisis que hoy sufre el país austral.

Por ejemplo, en 1929 se cultivaban 9.200.000 hectáreas de trigo. En 1992, bajó a 4.750.000, es decir, una reducción de 50%. Cuando durante buena parte del siglo ocupó primerísimos lugares, en 1995 sólo ocupa un modesto decimoquinto lugar en superficie sembrada y en producción.

En maíz, pasó de ser el primer productor mundial a comienzos de siglo a un séptimo lugar en 1994.

En 1976, cuando se impuso la dictadura militar, el país adoptó el modelo económico neoliberal y desde entonces la producción agrícola e industrial ha venido disminuyendo. La deuda externa, el desempleo, las tasas de interés y el déficit fiscal son los únicos que han crecido vertiginosamente, así como la inflación, que alcanzó la asombrosa cifra de 5.000%.

En 1989 subió al poder Carlos Saúl Menem cuyas medidas en el marco de la política de apertura y privatización, han hecho de este país un paraíso para las inversiones extranjeras.
La creación de Mercosur integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que cuenta con 200 millones de consumidores es un botín atractivo para el pillaje internacional.

A pesar de que el capital foráneo siempre estuvo presente, la compra por éste de grandes extensiones de tierra es un fenómeno nuevo, gracias a las facilidades que ofrece la actual legislación: ingreso y egreso de divisas sin restricciones ni pago de impuestos; no existen áreas vedadas para la inversión extranjera; repatriación total de utilidades y de capitales al país de origen, igual tratamiento en el acceso al crédito en moneda local o extranjera y un desempleo galopante acompañado de una reforma laboral que abarató la mano de obra. Para completar el cuadro, en abril de 1991 se estableció la paridad entre el peso y el dólar. El magnate Carlo Benetton ilustró estas ventajas cuando le preguntaron por qué la firma italiana había escogido a la Argentina para invertir:»En Australia no hubiéramos podido comprar tanta tierra».

Un factor importante que incide en la compra de grandes haciendas es la calidad de la tierra de la pampa y su precio, muy bajo frente al de los países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos una hectárea de tierra cuesta en promedio 7.000 dólares, en Canadá 3.300, en Australia 4.700 y en la Argentina únicamente 2.400 dólares.

Acaparadores de tierras
George Soros, el famoso especulador de Wall Street, es uno de los mayores compradores a través de sus empresas Cresud e IRSA. En la actualidad, es dueño de 350.000 hectáreas y sus inversiones abarcan desde la ganadería y la agricultura hasta la reforestación.

En 1994, cuando empezó a operar con Cresud, contaba con siete grandes haciendas y un total de 22 mil reses. En 1996, son 17 las haciendas y 62 mil las cabezas de ganado.

Al preguntársele por qué invertía en el sector agropecuario, su respuesta fue: «Por las ventajas comparativas en la relación precio del suelo con el de los productos. Encontramos un sector en crisis y la gente del campo quejándose, pero esa tendencia se puede volver favorable si se parte de mejores condiciones que las que tiene el productor típico».

A partir de 1991, el grupo Benneton adquirió 837 mil hectáreas por la ridícula suma de 50 millones de dólares. Uno de sus objetivos es producir su propia materia prima, la lana, que sólo utiliza en 50% para sus confecciones; el otro 50% lo vende en Europa. La empresa cría 265 mil ovejas de raza merino, cuya lana exporta cruda a Europa. En Argentina no la industrializa, ni siquiera la lava.

Posee 10.500 reses hereford y 2.100 hectáreas plantadas con dos millones de pinos.
Sobre la caída del ministro de Economía, Domingo Cavallo, Benetton opinó: «No me importa el cambio de ministro de Economía, la lana se vende en dólares».

Ted Turner, el magnate de las comunicaciones norteamericanas, también compró grandes extensiones de tierra.

Sun Syung Moon, líder de una secta cristiana, compró 9.700 hectáreas en las riberas del río Paraná.

Estos inversionistas son sólo unos pocos de los muchos que están acaparando las mejores tierras. No contentos con la quiebra de la industria, el arrasamiento de la actividad agropecuaria, la privatización y la reducción del estado, la política neoliberal impuesta por Estados Unidos viene por la apropiación física de estos países como parte de su ofensiva recolonizadora.

Situación de los productores nacionales
Las exigencias del FMI de reducir la evasión fiscal, elevar el IVA del 18 al 21 %, aumentar el impuesto a la gasolina, y una cascada de gravámenes, han sumido en la pobreza una parte considerable de estos sectores. Valentin Levisman, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coinagro, afirmó: «El modelo económico excluye a los pequeños y medianos productores».

El endeudamiento de los agricultores se calcula en 10 mil millones de dólares. Se acentuó durante el período de 1990-1992 por la acumulación de intereses vencidos, los que a su vez se dolarizaron con la equiparación del peso con el dólar. Lo anterior tuvo como consecuencia que entre enero de 1991 y diciembre de 1994, el costo de la intermediación financiera alcanzara 380%. Un estudio realizado por la Asociación Agrícola de la Pampa demostró que «una deuda que en 1990 significó una jaula de novillos, a febrero de 1994 implicara 9.7 jaulas, es decir, diez veces más».

La protesta se ha generalizado y los agricultores argentinos han parado varias veces, siendo su reclamo el mismo: refinanciación de las deudas y prohibición a la entrada de productos agrícolas. La Federación Agraria Argentina, FAA, con apoyo de las organizaciones políticas, gremiales y sociales, realizó el 26 de octubre de 1996, una manifestación en Rosario, estacionando los tractores frente a la sucursal del Banco de la Nación, lo que se llamó «el tractorazo». Los manifestantes se concentraron contra el modelo neoliberal, reclamaron la inmediata suspensión de las ejecuciones por deudas y la refinanciación de las mismas.

Esta protesta, enmarcada en la Semana de Resistencia al Modelo Económico, se extendió a todo el país e incluyó la defensa de las entidades de crédito estatales que el gobierno pretende privatizar. René Bonetto, presidente de la FAA, declaró: «Ésta es una cruzada en defensa del Banco de la Nación y los bancos oficiales de provincia, herramientas imprescindibles para el desarrollo de la producción». El dirigente gremial alertó:»Si se sigue profundizando el modelo se va a llevar a los chacareros al límite de sus fuerzas, y quien sabe quién sobrevivirá».

COMERCIALIZACIÓN DEL PLANTE, UNA BURLA AL CAMPESINO

(El Comité Prodefensa del Idema, conformado en Caquetá por destacadas personalidades, organizaciones sindicales y gremiales del Caquetá, envió el 10 de marzo una carta al presidente de la República. Se publican apartes).

Debe usted saber que en plenas zonas cocaleras del Caquetá hay campesinos sembrando maíz. En estos momentos hay cosechas de este grano en Solano, La Tagua, Solita, Cartagena del Chairá, entre otros. Pero la tragedia de nuestros colonos consiste en que en Florencia se está pagando la carga de maíz a escasos $30.000, cuando hace cuatro meses se pagaba a $60.000. Desde hace año y medio su gobierno no le ha autorizado al Idema de Caquetá ni precios de sustentación ni compras directas de cosechas. Antes bien, está en el proceso de desaparecer esta entidad, y con ella todo asomo de que en forma directa el gobierno intervenga como comprador y vendedor de bienes agropecuarios.

En consecuencia, con su política de «libre comercio», catastrófica para el sector agrario, que entrega maniatada la producción agropecuaria nacional a las importaciones indiscriminadas de alimentos, se ha definido por parte del gobierno nacional, como estrategia para las zonas del Plante, un mecanismo de apoyo a la comercialización de granos secos de maíz, fríjol y arroz, consistente en el pago de los costos del transporte del producto desde el sitio de producción hasta el epicentro comercial, que para el caso del Caquetá es su capital, Florencia. Al Idema sólo se le otorga como función la de abrir una cuenta nacional en la Caja Agraria, para que pague al campesino que haya logrado cumplir con la tramitomanía que le da derecho a un certificado para que se le reconozca el costo del transporte de su cosecha. El precio de la carga será el que exista en el mercado, que como sabemos, será bajo, por ser cosecha. No hay precios de sustentación ni de garantía. El Idema no comprará las cosechas, y su infraestructura, con capacidad para almacenar 60.000 toneladas anuales en el Caquetá, continuará deteriorándose por falta de uso hasta el día en que el gobierno consiga alguien del sector privado que compre a precio de feria o asuma en ventajoso comodato este patrimonio público. En tales condiciones queda claro para el país y para el Caquetá, que lo que pretende el gobierno es desembarazarse de toda intervención de apoyo a la producción agropecuaria, y con ello condenar a zonas apartadas y marginales a la degradación total.

Señor presidente: si todavía está usted por que haya de veras un Caquetá sin coca, demandamos su directa e inmediata intervención para que a través del Idema o de su sustituto, se garantice una presencia estatal vigorosa que fije precios rentables a las cosechas.

Los actuales mecanismos de subsidios en la región, para reemplazar la acción estatal, son una burla al país, a los campesinos y al Caquetá.

UNIDAD CAFETERA EN SANTANDER

Por Rafael Reyes

Con una reunión realizada en la Casa de la Cultura de San Gil, en la cual participaron cerca de 300 caficultores provenientes de Ocamonte, Barichara, Valle de San José, Páramo, Chima, Pinchote, Curití, Aratoca, Mogotes y San Gil, el pasado 16 de marzo, fecha en que se recordaba la gesta Comunera, se dio creación a Unidad Cafetera en esta parte del país.

El senador del MOIR, Jorge Santos, denunció que «en el rompimiento del Pacto Mundial del Café que causó la quiebra de tantos productores hubo un personaje que jugó un funesto papel, como representante del gobierno yanqui: Myles Frechette, el arrogante virrey».

Eduardo Muñetón, al explicar la plataforma de la organización, señaló: «Venimos a plantar la bandera de la Unidad Cafetera en la tierra de José Antonio Galán. Nuestra nación les debe mucho a los cafeteros. Hoy, en época de vacas flacas, estamos exigiendo que se condonen todas sus deudas».

Reinaldo Moreno, presidente del Sindicato de la Caja Agraria, seccional Santander, brindó todo el respaldo a la tarea de construir la Unidad Cafetera en el departamento: «Los trabajadores creditarios estamos comprometidos en este propósito y apoyamos las justas reclamaciones de los cafeteros», anunció el dirigente.

El 17, los dirigentes mencionados, acompañados por Gildardo Jiménez, coordinador departamental de Unidad Cafetera, presidieron en Rionegro una reunión con más de 50 cafeteros, evento que contó con la presencia de Juan Esparza, alcalde de ese municipio.

El 23 de marzo se reunieron en el Valle de San José 36 caficultores quienes eligieron su directiva, conformada por Evelio Díaz y Luis Carreño como coordinadores, Olga Barragán, Eneida Díaz, Graciliano Sánchez, Oscar Mújica, Esperanza Sánchez y Alfonso Porras.

La reunión estuvo presidida por Rafael Reyes, coordinador regional, e igualmente por Julio Martín Ríos, de la Junta Nacional de Sintracreditario, Salvador Reyes y Ricardo Orjuela, de la seccional del mismo sindicato.

Liquidación de la Flota Mercante Grancolombiana: DE CÓMO FUE ECHADA A PIQUE LA PATRIA EN LOS MARES

Por Guillermo Alberto Arévalo

El 17 de enero de este año en el diario económico norteamericano Wall Street Journal, en la versión destinada a Latinoamérica (Américas) se consignaba que en esa fecha la Flota Mercante Grancolombiana, FMG, sería comprada por Transportación Marítima Mexicana, TMM, por un precio «relativamente bajo»: 20 millones de dólares, con lo cual lograría el control de 60% de nuestra naviera. Antes propiedad de la Federación de Cafeteros en 80%, pasó a ser una empresa de inversiones o holding, bautizada Transportación Marítima Grancolombiana, TGM, que no transportará nada: pasó «de los mares a los escritorios», como lo lamentaba El Tiempo en nota editorial del 30 de noviembre pasado, nota que significativamente fue reproducida por el periódico Unión Cafetera, vocero de los cultivadores que han decidido defender sus intereses frente a los garrotazos que viene propinándoles el gobierno.

Los nuevos dueños y sus viejos amos
En un vano intento por apaciguar la indignación que provoca en los pueblos latinoamericanos su ofensiva recolonizadora, Estados Unidos ha optado por hacerse con el patrimonio de estos países presentando las privatizaciones y la apertura como simples asuntos de negocios entre iguales; utiliza con tal fin empresas de las que previamente se ha adueñado como intermediarias de sus intereses. La manera como patrocinó y usufructuó el colapso de la Mercante Grancolombiana es apenas uno entre muchos ejemplos ilustrativos de lo que ocurre con todo lo-que era nuestro.

El consorcio mexicano tiene una década menos de experiencia que la Flota; sin embargo maneja activos cinco veces mayores, gracias a que cotizó en la Bolsa de Nueva York acciones que fueron compradas y negociadas por diferentes multinacionales, como la Gulfstream Global Investors, que le ayudaron a concentrar en sus manos el movimiento de carga de su país y la salvaguardaron de la recesión, al depositar sus reservas en el exterior. Hoy domina sin rivales el transporte marítimo, ferroviario y de carretera; lo que, según los analistas de Rears, Stearns & Co., «a la larga podría ser un tremendo negocio».

La firma del Tratado de Libre Comercio o TLC, entre Estados Unidos, Canadá y México, facilitó a los gringos adueñarse de toda la economía mexicana; para ello necesitaban asegurar el dominio sobre su sistema de transportes. «Verticalmente», claro, porque como escribió sobre el caso de la TMM Christopher Taylor, uno de los asesores de Bankers Trust Securities Corp., «lo importante es que uno pueda controlar el proceso a cada paso». Así pues, resulta que la mercante azteca duplicó su facturación hasta llegar a los 800 millones de dólares, y entre 1994 y 1996 ganó una concesión para administrar el puerto de Manzanillo, sobre el Pacífico. Ahora, asociada con el conglomerado alemán Basf GA, proyecta la ampliación de parte de la red de bodegas que acaba de construir para agilizar sus envíos, y el establecimiento de un terminal de combustible líquido; también compró Tacomar S.A., otra naviera, eliminando la posibilidad de competencia: ganó la licitación de la Línea Noroeste, la más importante de las ferrovías mexicanas y adquirió la Flota Mercante Grancolombiana. Su presidente ejecutivo, Juan Merodio, declaró a propósito de estas adquisiciones que, simplemente, bodegas, puertos, barcos, ferrocarriles, camiones, etcétera, le ofrecen a TMM «muchas sinergias».

Vergüenzas del cuaderno de bitácora final
Hace escasos doce años todo indicaba que la Flota navegaba viento en popa. En efecto, tras una ardua tarea de consolidación iniciada en 1946, había llegado a ser considerada la más importante del área latinoamericana. Poseía veinte buques nuevos que valían 500 millones de dólares y manejaba otros treinta y cinco arrendados; contaba con reservas en bancos de Nueva York por 54 millones de dólares; controlaba una red de bodegas y terminales de contenedores en puertos sobre los océanos Atlántico y Pacífico.

Pero desde aquel momento la Grancolombiana comenzó a hacer agua. La puesta en marcha de la apertura fue reduciendo una a una sus operaciones, desvió el rumbo de la empresa nacional y la condujo al naufragio. La medida que significó el comienzo del fin de la Flota fue la eliminación de la reserva de carga, una patriótica conquista de los marinos, obreros y empleados de la naviera; consistía en la obligatoriedad de garantizarle a ésta la primera opción en todos los despachos de carga del país. Tal garantía contribuía notablemente a la prosperidad de la FMG.

Quien implantó la derogación de las disposiciones que consagraban la reserva de carga fue el por entonces ministro de Hacienda del gobierno de Barco, Luis Fernando Alarcón. Luego este mismo personaje funge como presidente de la Flota, con resultados previsibles: entre 1990 y 1996 las utilidades cayeron de 9.471 a 237 millones de pesos. Desde el inicio de su misión despidió trabajadores y vendió lo vendible, escudado tras la manida y mentirosa teoría de que un supuesto «lastre pensional» resultaba muy gravoso. Y hoy, consumada la depredación, indigna la frescura con que sostiene que «la alianza con TMM de México fortalece la posición competitiva de la empresa en el transporte marítimo internacional.» ¿De cuál empresa? Sólo le quedaban cuatro naves, ahora arrendadas a TMM. Los activos que vendió habían descendido a 220 millones de dólares representados en contenedores, equipos de sistemas, oficinas, repuestos, algunas propiedades de finca raíz y un portafolio de inversiones en el que pueden destacarse participaciones en compañías tales como Granportuaria, Aces, Almadelco, Terminal de Contenedores de Cartagena, Serviport y la panameña Promotora de Navegación.

Compraventa y feria de intangibles
Lo que no parece haberse estimado en el «relativamente bajo» precio de venta de la Flota es que la operación les ha abierto a los monopolios norteamericanos, escondidos tras la fachada mexicana, las puertas para aprovecharse, a través de su empresa de nombre «Grancolombiano», de los tratados de libre comercio entre Colombia y Chile, y de los del Pacto Andino en Ecuador, Perú y Venezuela.

Esto para no hablar del llamado good will, el prestigio comercial, un patrimonio invaluable y fundamental para operar en e ámbito del transporte marítimo el cual forjó la Flota a lo largo de medio siglo gracias al esfuerzo de miles de operarios y marinos que acaban de perder sus empleos e incluso encuentran sus pensiones en manos de una incierta fiducia. Por esto las asociaciones de pensionados y la de oficiales de la marina mercante, Apenflota, Asommecol y Asommec, rechazaron la entrega, denunciaron a los patrocinadores y gestores de la apertura e invocaron en un comunicado conjunto la solidaridad de todos los colombianos para que a ellos y a sus familias se les respete el pago de sus pensiones que «no son otra cosa que su salario diferido, al cual tienen absoluto derecho porque con su trabajo en tierra y mar engrandecieron la empresa, sirvieron al país y llevaron la bandera colombiana por todos los mares del mundo.»

Vienen por todo
Con la política de recolonización imperialista en América Latina Estados Unidos se lanzó a la cacería de las comunicaciones, las empresas de servicios públicos, lo imaginable y lo inimaginable. Pero para referirnos únicamente al sistema de transporte, ojalá el colapso de nuestra Flota Mercante nos haga tener presente la agonía del río Magdalena, la ruina de las carreteras, que según los dictámenes oficiales sólo serán recuperadas si las administran las empresas particulares que, claro está, se verán en la penosa obligación de instalar nuevos peajes, encarecidos, para poder garantizar su mantenimiento; la privatización de los aeropuertos, uno por uno, y el contrato de concesión de la segunda pista de aterrizaje de Eldorado.

Y como si fuera poco, el proceso de deterioro que vivieron los Ferrocarriles Nacionales, liquidados, privatizados y en trance de ser objeto de otra concesión, sólo porque su demanda de carga para el año 2002 ha sido estimada en cerca de 19.000 toneladas, 85 % de las cuales serán de carbón, un producto que exporta el consorcio norteamericano Drummond.

Toda esta política de entrega del patrimonio nacional a las compañías gringas se llevará a cabo según el criterio expresado por otro ex ministro, Carlos Rodado Noriega, en declaración a la revista Cambio 16, según la cual lo conveniente es que el Estado les garantice a los beneficiarios de la piñata de las concesiones lo que él llama «un ingreso mínimo», dado que «como no hay forma de predecir la demanda de manera sólida, los particulares no pueden correr ese riesgo».

Pero los nuevos peajes han soliviantado a muchas poblaciones, los impuestos asfixian a toda la población, el ultraje del poder imperialista enardece los ánimos. Por algo Santiago Peña Daza, columnista de El Espectador, recordó la siguiente lección histórica ocurrida en el momento mismo del nacimiento de nuestra marina mercante: «En 1946 Estados Unidos, que siempre ha querido el monopolio en los mares, bloqueó los puertos de su país para impedir que los buques colombianos atracaran en sus muelles. Tras un gran movimiento de masas que en protesta sacó a los colombianos a las calles de Bogotá, el Tío Sam entendió que la voluntad soberana de los colombianos sería, esa vez, inquebrantable. Supo que cuando un pueblo lucha por su soberanía no es posible doblegarlo.»

Llegará el día en que, entre otras cosas, para utilizar el saludo que solía escucharse por la radio dirigido a quienes enarbolaban en sus buques nuestro tricolor, podamos volver a proclamar:

¡Marinos de Colombia, buen viento y buena mar!

LAS FALACIAS DEL «MILAGRO CHILENO» (II)

Por Violeta Osorno

En el número anterior de Tribuna Roja hicimos un balance de la situación económica y social de Chile desde los inicios de la aplicación de la apertura con la Dictadura Militar y su profundización durante los gobiernos de la «concertación» en los últimos siete años. Como quedó demostrado, lejos de haber traído desarrollo, en el país austral se ha agudizado la crisis de la producción nacional y ha empeorado la miseria del pueblo. Pinochet, Aylwin y Frei han cumplido con las imposiciones del Banco Mundial y del FMI, para colocar la economía al servicio del capital financiero.

Si bien estas imposiciones han tenido un efecto siniestro sobre la industria y sobre las condiciones de vida de los asalariados, han vapuleado también y de manera violenta al sector agrario.

Dos décadas de penuria
Como consecuencia de las medidas neoliberales, la producción alimentaria básica de Chile fue desplazada por la siembra de manzanas, uvas, albaricoques y árboles para la exportación. Mientras el área de cultivos de frutas se duplicó entre 1968 y 1985 y ha seguido aumentando cada año, y los bosques de plantación alcanzan ya dos millones de hectáreas, se redujo la cantidad de tierras destinadas a los cultivos esenciales, los cuales, entre 1958 y 1972, ocupaban 1.263.000 hectáreas. Para 1983 esta superficie había disminuido a 877 mil hectáreas y la tendencia se ha profundizado en los últimos años : en el período 19861993, el área total cultivada mermó en 10%, debido a la brusca caída en 32.6% de la tierra dedicada a los productos alimenticios. El cambio más dramático se registró en el trigo. Pese a ello, y debido a la reducción de la demanda interna que trajo el empobrecimiento general de la población, y a la competencia generada por las importaciones, los precios de algunos cultivos básicos, particularmente los cereales, sufrieron una disminución considerable: de 1987 a 1993 los precios reales recibidos por los agricultores se redujeron 25% en el caso del trigo, 18% en el del maíz, 30% en el de semilla de colza y 29% en la remolacha.

A lo anterior se agrega la progresiva quiebra de la ganadería bovina. Este sector sufrió pérdidas de 21 % en 1996 con respecto al año anterior y, lo ha denunciado el Servicio Agrícola y Ganadero adscrito a Minagricultura, por tipificación fraudulenta de las carnes importadas, obligando a los productores a bajar precios. Se espera que las importaciones de carne aumenten pues esta actividad está siendo abandonada por poco rentable. La crisis se ha extendido a los avicultores por la caída vertiginosa del precio del huevo y por los altos costos de los insumos, en su mayoría extranjeros.

Como lo han expresado técnicos del mismo gobierno, quienes critican las medidas aperturistas, la seguridad alimentaria dependerá de las importaciones, y estará sometida a la variabilidad de los precios y los excedentes internacionales, haciendo a Chile más vulnerable ante cualquier contingencia política.

Para corroborar la tesis de que la economía de mercado abierto no deja piedra sobre piedra, las dificultades se han extendido a los productores de bienes de exportación. Los precios de la harina de pescado y el salmón, que representan 69% de las exportaciones pesqueras, están estancados y se prevé que el volumen de ventas al exterior será menor. Aunque las frutas aumentaron su precio así como el volumen de envíos, han sido objeto de mayores exigencias de calidad y presentación y de aranceles discriminatorios, debido entre otros a la competencia alentada por los capitales extranjeros en países de Latinoamérica, Asia, y África, e incluso Estados Unidos. Es por ello que el sector exportador ha presionado a los productores para que rebajen los precios, lo cual ha ocasionado fuertes controversias entre sus agremiaciones. El Kiwi, uno de los promocionados frutos exóticos para la diversificación, no fue recibido en 1996 por Estados Unidos alegando deficiencias de calidad. Irónico caso, cuando de ese país proviene 29% del total de las importaciones. El sector forestal vio reducido tanto el volumen como los precios de exportación. Sólo se salvaron los vinos y las manzanas, a causa de las sequías presentadas en California, lo cual hace incierto el panorama si este fenómeno se controla.

Tal como lo denunció el presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, José Miguel Steigmeyer, 1996 fue el peor año para la agricultura en la historia de Chile. El dirigente denunció el desamparo al que el Estado tiene sometido al agro y el verdadero sentido de las medidas aplicadas, pues “están orientadas a que el sector productivo desaparezca sin tanto escándalo y a desembarcarnos de nuestra actividad sin un costo social demasiado alto”. Estás declaraciones, hechas frente al ministro de agricultura en exposocabío-1996, recibieron el respaldo de las agremiaciones de otras regiones y de algunos parlamentarios.

Las dificultades han derivado en un mayor desempleo y condiciones desventajosas para los trabajadores rurales: en 1996 se registraron cerca de 550 mil temporeros, sin ningún tipo de seguridad social ni régimen prestacional. A ellos se suman 260 mil pequeños productores, quienes, con sus familias, están en un proceso acelerado de migración a la ciudad. Es de resaltar que 19% de la fuerza laboral chilena trabaja en el campo, y de ella, más de la mitad es asalariada. Cerca de la mitad de la población rural vive en la pobreza. La debilidad organizativa de los trabajadores rurales es un obstáculo para sus reclamos: en 1993, la agricultura, silvicultura y pesca reportaban una sindicalización de sólo 7.5% de los trabajadores, en sindicatos independientes con muy poca capacidad de negociación. En 1995, se creó el sindicato nacional Esperanza de los Temporeros, con la expectativa de conseguir mejores condiciones de vida.

El ingreso de Chile a Mercosur agravará la crisis. Los estudios demuestran que la desgravación para productos importados esenciales será más rápida que para otros renglones, por lo cual habrá una caída acelerada de la producción doméstica de arroz, maíz, carne bovina, trigo, oleaginosas y remolacha, lo que en quince años significará una reducción de 25% de tierras empleadas y pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares. Lamentablemente todavía existen sectores como el cooperativo que se hacen ilusiones con un mercado de 200 millones de personas, cuando en la realidad éste es férreamente controlado por el imperialismo.

La actitud arrodillada del gobierno ante las imposiciones aperturistas ha provocado una airada protesta de la Sociedad Nacional de. Agricultores, cuyo presidente, Ernesto Correa, ha demandado en repetidas ocasiones políticas proteccionistas para que el sector pueda sobrevivir. Frente a la vinculación de Chile a Mercosur, contra la cual se realizaron amplias movilizaciones de campesinos, Correa expresó: “La crisis que enfrentan ciertos rubros de nuestra producción sectorial, por su profundidad y prolongación, no registra precedentes en los anales de la agricultura nacional…desde hace años, la agricultura viene acusando un sostenido deterioro de su rentabilidad…nuestra vinculación con Mercosur amagará seriamente rubros de relevancia de nuestra producción agraria, como son ciertos cultivos anuales y la ganadería bovina. Varias regiones verán seriamente comprometido su devenir productivo”.

Tal como ha sucedido ya en varios países de Latinoamérica, en Chile irrumpió la práctica’ de los grandes monopolios extranjeros de no solamente expoliar sus riquezas, sino de apoderarse de sus tierras. Douglas Tompkins, dueño de la cadena de tiendas de ropa Esprit, compró el año pasado 260mil hectáreas para el llamado Proyecto Ecológico Parque Pumalín. Para el 2000 habrá hecho inversiones por más de 17 millones de dólares. Y tal será la desvergüenza del gobierno, que ante la protesta de diferentes sectores por permitir esta venta con fines tan poco claros, incluso para la seguridad nacional, la ministra de Bienes Nacionales, Adriana Delpiano, dijo: «No estamos acostumbrados a la filantropía». Esta zona, de bosques lluviosos se considera uno de los ecosistemas más productivos del planeta. Tompkins es dueño de una cantidad similar en Argentina, y en ambos casos hubo denuncias de los colonos sobre las presiones a que se vieron sometidos para vender. Como en Chile no hay límite para la propiedad de la tierra, excepto para los habitantes de países limítrofes, en enero otro inversionista norteamericano, Jeremías Henderson, compró 120 mil hectáreas en la isla de Chiloé, zona que posee 10 millones de metros cúbicos de recursos madereros explotables. En plena Tierra del Fuego, la compañía estadounidense Trillium Corporation, cuyo presidente y único dueño es David Sires, quien también posee grandes extensiones y un consorcio forestal en Argentina denominado lenga patagonia, compró una cantidad de hectáreas similares a la Tompkins y ha comenzado a talar unas 100 mil de bosque nativo. Este proyecto forestal, denominado Río Cóndor, contempla 97.000 hectáreas de explotación comercial de lenga, de un patrimonio total de 257.000 hectáreas. Ante los recursos interpuestos por varias agremiaciones y parlamentarios, el embajador de Estados Unidos salió en su defensa aduciendo que «el proyecto no debe preocupar, pues existe un adecuado equilibrio entre el desarrollo y la protección del ambiente».

La respuesta del Ministerio de Agricultura al descalabro rural ha sido ofrecer apoyo especial a quienes introduzcan proyectos innovativos para cultivar productos no tradicionales, mejoren el sistema de riego, mejoren los suelos o quieran exportar, con la promesa de incentivar al sector privado para que dinamite la agricultura, y mejorar la infraestructura de vías y transportes que requiere el sector exportador, lo que no es otra cosa que engaños para los productores nacionales y una mayor entrega a los monopolios foráneos.

No se puede concluir esta denuncia sobre las falacias con que se nos ha querido vender el «milagro chileno» sin traer a colación las declaraciones de la FAO en cabeza de su mayor ideólogo Polan Lacki, publicadas en El Mercurio el pasado 7 de Enero y en las que se evidencia su política neoliberal. Aunque el mismo organismo reconoció que para 1992, los países industrializados otorgaron 356 mil millones de dólares en subsidios, casi equivalentes a la deuda externa de Latinoamérica (418 mil millones de dólares), la salida que señala para estos países es el total desamparo frente a la depredación imperialista: “La agricultura latinoamericana presenta una profunda contradicción…que se mantendrá debido a tres razones: los países desarrollados seguirán prestando apoyo en forma de subsidio a sus agricultores. Segundo, los gobiernos latinoamericanos carecen de recursos para subsidiar a sus productores aunque quisieran. Y tercero, si subsidiaran, protegerían a una minoría y perjudicarían a la mayoría (consumidores) que tendrían que pagar precios altos por el producto protegido…Es un planteamiento utópico y perjudicial pedir a los gobiernos que contrarresten las distorsiones con proteccionismo y subsidio… y si no se corrigen tales distorsiones los cada vez más remotos artificialismos paternalistas seguirán siendo ineficientes e ineficaces”. Corresponde a la clase obrera chilena despejar el camino y orientar la lucha revolucionaria contra esta nueva forma de dominación.

Legado de Mosquera: DEFENDAMOS Y APROVECHEMOS NUESTROS RECURSOS

Hace veinte días los cerealeros reprodujeron en la prensa unas declaraciones en nombre de su gremio, Fenalce, a través de las cuales repudian sin pestañear los lineamientos, o mejor, los tumbos e inconsecuencias de la rama ejecutiva con respecto a la problemática del agro colombiano, como también lo expusiera por su lado la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Aquellos ponen énfasis en el encarecimiento de la maquinaria y de los servicios de preparación, siembra y cosecha, debido a la sobrecarga de los aranceles y del IVA. Alertan acerca de las cláusulas exigidas por el Banco Mundial para adjudicarnos un crédito de US$ 250 millones con destino a la agricultura, por cuanto implican abrir el camino al ingreso indiferenciado de productos alimenticios extranjeros de los que nuestra «vocación agraria» ya depende en un millón cien mil toneladas cada doce meses. Y demandan, en forma textual, «una política agropecuaria coherente, decidida y estable que incentive la producción agrícola». El MOI R estampa su firma en este pedido, a semejanza de muchos aliados que nos han dicho estar dispuestos a adherir la suya a nuestras cuatro sugerencias unitarias. No es cuestión de inquirir si los empresarios del campo hacen de la necesidad virtud: la ciega y traumática evolución de los acontecimientos se ha encargado de enseñarnos a la maravilla en donde yacen los obstáculos para el normal avance del engranaje productivo de la nación.

Los procederes inequitativos vienen de atrás y nos han ocasionado la ruina en ocupaciones como el laboreo del trigo, del que prácticamente nos autoabastecíamos a principios de la década del sesenta, mientras ahora importamos 600 mil toneladas, uno de los muchos asoladores efectos de la conocida Ley 480 de 1954 por la cual el congreso de Norteamérica ha financiado la venta en nuestros países de buena porción de sus excedentes agrícolas. El cerco va estrechándose con el correr del tiempo, al punto de que a la tempestad de protestas se han unido actualmente hasta los afortunados exportadores de flores de la Sabana de Bogotá. En ninguna parte el futuro de los pueblos se ha edificado con pétalos de rosa; no obstante, a los floricultores colombianos les asiste la razón al quejarse de los artilugios discriminatorios de la Comunidad Europea, máxime cuando algunas repúblicas de esta alianza, por ejemplo Francia, han obtenido, u obtienen, innegable beneficio de sus intercambios con nosotros. De suerte que la prosperidad del país se cifra tanto en un justo desenvolvimiento de sus vínculos con los monopolios foráneos como en una competente y planificada utilización de sus recursos.

Dos factores que se hallan al arbitrio de quienes controlan el Estado, el centro supremo que en la Colombia de hoy interviene en todo, desde graduar el coste de los bienes y servicios hasta definir los contratos de asociación con los dueños de medio planeta. Pero ni lo uno ni lo otro. Ahí están los casos del petróleo, o del carbón y del níquel, cuyas explotaciones se efectúan mediante sendos convenios estipulados preferentemente con compañías norteamericanas, los cuales, a causa de sus ilicitudes y de los perjuicios que nos acarrean, han recibido las desaprobaciones de los más dispares matices de la opinión. O el precedente no menos infausto del Pacto Andino, con el que, conforme a los pronunciamientos oficiales, las naciones del área arribarían, firme y mancomunadamente, a la edad madura de su crecimiento, siendo que siguen en mantillas al cabo de tres lustros y pico, sin haber coronado los programas sectoriales de desarrollo, ni la conversión de las empresas extranjeras y mixtas en nacionales, ni el acoplamiento entre los países signatarios, demostrándose cómo el experimento escasamente tendía hacia la creación de un mercado ampliado que tornase atractivas y gananciosas las multimillonarias inversiones de los conglomerados de las potencias industrializadas.

No es que nos opongamos a tales transacciones y menos a la integración latinoamericana, o que nos rehusemos por principio a la entrada del capital extranjero, o a asociarnos con él: por el contrario, estos elementos pueden transformarse en palancas de la modernización nacional, siempre y cuando se encaucen a suplir los vacíos dejados por el atraso secular y no a extraer a rodo nuestras riquezas y sin contraprestación alguna. El proceso que vivimos de nacionalizaciones y la correspondiente e inexorable expansión del sector público, su robustecimiento económico, su papel regulador cada día más descollante, en suma, el apogeo del capitalismo de Estado, representa una herramienta formidable con la cual Colombia respondería a las acucias de su propia reconstrucción, de manera «coherente, decidida y estable» para expresarlo con las palabras de Fenalce, si ese poderío fuese otorgado a los obreros, campesinos, empresarios, comerciantes, valga decir, a las clases interesadas en el incremento de la producción, y, por ende, se orientara no sólo hacia la defensa de nuestros medios y disponibilidades sino hacia el aprovechamiento armónico de los mismos.

Mas no planificamos ni protegemos lo que nos pertenece. Se asiente a cuanto indiquen los monitores internacionales y se confía demasiado en las leyes de la oferta y la demanda. El ministro de Agricultura, durante el lanzamiento en Cali del Programa Nacional de Tenderos, contestó a los reparos de los gremios admitiendo, como si tal cosa, que a su cartera le había faltado continuidad en sus prospecciones. De este tenor son las providencias y los mea culpa de nuestros funcionarios.

(«Defendamos y aprovechemos nuestros recursos», 6 de marzo de 1986, en Resistencia civil, Editor Tribuna Roja, 1995, páginas 367-369).

No transijamos con ninguna de las disposiciones lesivas al bienestar supremo de Colombia. Rechacemos en los diversos foros la grosera interferencia de Washington, cuyo Departamento de Comercio nos tilda de «proteccionistas», cuando a nuestra marioneta la obsesionan los caprichos del libre cambio requerido por el Fondo Monetario Internacional. (…)

Escuchemos la voz de El Espinal, desde donde los empresarios del campo denunciaron la crisis sin precedentes de la agroindustria, «un cuadro que puede derivar en movimientos unificados de imprevisibles consecuencias», según advirtieron. Allí, en concreto, se propuso por algunos sacar a las vías, en vez de las cacerolas venezolanas, los equipos, maquinarias y automotores para exigir un cambio en la pérfida actitud del régimen. Lo mismo que hicieran a principio del año los algodoneros del Cesar, quienes bloquearon con sus tractores y vehículos la transitada arteria entre Bosconia y Codazzi, tras el incumplimiento de las promesas gubernamentales.

Hagámonos eco de la inconformidad de los cafeteros que, desde los ricos hasta los pobres, ven con sorpresa e ira los propósitos de la panda gavirista de los Andes, pues se hallan en peligro los haberes de la Federación, comenzando por el banco de sus transacciones, transfigurado en sociedad mixta conforme al decreto 1748 de mediados de 1991. Se trata de un «irrespeto y una burla según la enardecida polémica de los caldenses. Resulta obvio que sin aquellos instrumentos o instalaciones, levantados piedra a piedra, durante lustros, dentro y fuera de nuestros linderos, no podría Colombia influir en la comercialización del grano ni negociar con medios eficaces un nuevo pacto mundial del café en Londres. (…)

Seamos solidarios con la mediana y pequeña industria, en especial con las declaraciones de los dirigentes de Acopi, mediante las cuales aquellos vastos sectores, uno de los más golpeados y dispuestos ano asumir una posición «acrítica y pasiva», coadyuvan, deliberada o indeliberadamente, a exacerbar los ánimos de la sufrida población. (…)

Recojamos, en cuanto rezuman validez, los múltiples pronunciamientos del prepotente gremio de la ANDI acerca del irregular manejo monetario y tributario, la escasez de crédito y estímulos, la competencia desleal foránea, los malos convenios internacionales y el resto de desatinos de la administración. Así esos estratos altos crean en las supuestas bondades de determinadas medidas del modelo neoliberal, como el flujo franco de las inversiones imperialistas, la privatización de las empresas del Estado o el retroceso en las relaciones obrero-patronales, sus reclamos también caen y caben en la retorta de la resistencia colectiva.. (…)

Si los colombianos anhelan preservar lo suyo, sus carreteras, puertos, plantaciones, hatos, pozos petroleros, minas, factorías, medios de comunicación y de transporte, firmas constructoras y de ingeniería, todo cuanto han cimentado generación tras generación, y si, en procura de un brillante porvenir, simultáneamente aspiran a ejercer el control soberano sobre su economía, han de darle mayores proyecciones a la resistencia iniciada contra las nuevas modalidades del vandalismo de la metrópoli americana, empezando por cohesionar a la ciudadanía entera, o al menos a sus contingentes mayoritarios y decisorios que protestan con denuedo pero en forma todavía dispersa. Entrelazar las querellas de los gremios productivos, de los sindicatos obreros, de las masas campesinas, de las comunidades indígenas, de las agrupaciones de intelectuales, estudiantes v artistas, sin excluir al clero consecuente ni a los estamentos patrióticos de las Fuerzas Armadas, de manera que, gracias a la unión, los pleitos desarticulados converjan en un gran pleito nacional. (…)

En esta dramática contienda la burguesía personificará siempre al elemento vacilante: pero el proletariado, por esencia, no. A él le corresponde entonces la orientación y animación del movimiento.

(«¡Por la soberanía económica, resistencia civil!», en Resistencia civil, op. cit., páginas. 466-468).

En Pereira, el 10 de abril: UN ROTUNDO ÉXITO, EL CONGRESO DE UNIDAD AGROPECUARIA NACIONAL

El evento reunió 73 organizaciones y 478 delegados provenientes de 102 municipios del país
En un importante avance para la defensa del sector agropecuario se constituyó el Congreso convocado por Unidad Cafetera y realizado en Pereira el 10 de abril. En dicho evento se acreditaron 478 delegados provenientes de doce departamentos y 102 municipios de Colombia.

Al Congreso llegaron numerosos mensajes de apoyo de diferentes personalidades y organizaciones. Entre los principales, el saludo de Juan Manuel Ospina, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC; los de monseñor José Luis Serna, obispo de El Líbano, y monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social de la Iglesia Católica; el de Ciro Ramírez, presidente del Comité Intergremial de Norte de Santander y presidente de la junta directiva nacional de Fedecacao; de la Cooperativa Porcícola de Antioquia; del sindicato del Incora, regionales de Cauca y el Viejo Caldas; de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas, Anmucic; de la Asociación Agropecuaria de Gigante, Huila; de la Asociación de Productores de Leche del Quindío; de la Asociación de Productores del Ariari; de la Asociación de Productores de la Cordillera Patiana; de la Asociación de Moreros de Quinchía; y de un buen número de concejos de las zonas cafeteras.

Los asistentes, en representación de 73 organizaciones, entre las cuales cabe mencionar a la ANUC, Fensuagro, Acción Campesina Colombiana, Asociación de Pequeños y Medianos Productores -Asopema-, Federación de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio -Fedemedio-, Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta -Agameta-, Movimiento Agrario del Cauca, Anmucic, Federación de Ingenieros Agrónomos de Colombia -FIAC-, Asociación Agropecuaria del Huila y la convocante, Unidad Cafetera Nacional, se dividieron en seis comisiones para realizar un juicioso análisis de cada uno de los principales problemas que afectan la producción agropecuaria del país.

Sus puntos de vista se resumieron en la carta enviada al presidente de la República, en la que se le exige una profunda modificación de la política económica para el agro, dado el evidente y ruinoso fracaso del modelo neoliberal.

Digno de resaltar fue el hecho de que un grupo tan heterogéneo depusiera sus diferencias y se comprometiera a unir esfuerzos para conquistar las reivindicaciones centrales del agro en el actual período:

1. Precios de sustentación remunerativos, estables y garantizados por el Estado.

2. Créditos suficientes, oportunos y baratos. Adecuada solución al problema de las deudas.

3. Control al incremento de los costos de producción, y especialmente a los precios de los insumos y a los pagos de impuestos, gravámenes y servicios.

4. Mantenimiento y fortalecimiento de las instituciones estatales de crédito, comercialización, investigación y demás que requiere el sector agropecuario.

5. Modificación de los acuerdos y políticas que facilitan las importaciones agropecuarias, y diseño de una estrategia de protección que garantice el autoabastecimiento nacional.

Como una de sus conclusiones fundamentales, el Congreso constituyó el Consejo Nacional de Unidad Agropecuaria, que se encargará de coordinar las tareas y establecer acercamientos con otras organizaciones. El Consejo quedó constituido así:

Fernando Dorado, por el Movimiento Agrario del Cauca.
Fernel Amaya, por la Anuc.
Eudoro Álvarez, por Agameta.
Carlos Ancízar Rico, por Acción Campesina Colombiana.
Jorge Enrique Robledo Castillo, por Unidad Cafetera
Orlando Fernández, por la Asociación Agropecuaria del Huila.
Nolasco Présiga, por Fensuagro.
Hermes Vallejo, por Asopema.
Ernesto Clavijo, por Fedemedio.

No sobra advertir que cada organización podrá sustituir a su delegado y continuar con las labores que le sean propias y que considere convenientes.

CARTA DE LA SAC AL CONGRESO DE UNIDAD

(Apartes de la misiva dirigida por la SAC, y suscrita por Francisco Dávila R. y Juan Manuel Ospina R., presidente de la junta directiva y presidente de la asociación, respectivamente)

Nuestros esfuerzos deben estar concentrados en la búsqueda de decisiones que hagan viable la aspiración de contar con una sola agricultura, que supere el anacrónico dualismo y asistencialismo que han caracterizado la mayoría de las políticas tradicionalmente aplicadas para el sector, lo cual supone comprometer las voluntades y los recursos de los sectores públicos y privados. Sólo en la medida en que se den pasos firmes en esta dirección, será posible concretar la aspiración válida hacia la unidad gremial.

Estos elementos de unidad de propósitos y organización de los productores son necesarios para enfrentar el desafío de construir unas alternativas de futuro viables y que partan de nuestra realidad presente. Amarrar el corto y el largo plazo, las medidas para contrarrestar los efectos negativos de la crisis y las requeridas para abrirles paso a esas alternativas de futuro, es una tarea urgente, para pasar de lo simplemente reactivo a lo proactivo.

La sociedad colombiana debe entender que su futuro está indisolublemente ligado al de su economía rural, y que mal haría en subestimar tanto la gravedad de su situación, como las posibilidades que encierra. (…) Si esto se entiende, la solidaridad con las dificultades que vivimos se verá acrecentada y con ello las posibilidades de superarlas, incluyendo el desgarrador conflicto armado que compromete las mínimas bases de convivencia y la estabilidad política e institucional de la Nación. (… )

POR CRÉDITO BARATO, OPORTUNO Y SUFICIENTE

(Apartes de la ponencia sobre crédito presentada por Fernando Ruiz B., coordinador de Unidad Cafetera en Quindío)

El crédito es una exigencia de la inmensa mayoría de productores rurales para poder realizar sus actividades. La debilidad económica de los campesinos y empresarios, el bajo margen de ganancia y de acumulación de capital, y los crecientes costos de producción, imponen la necesidad de contraer deudas con las entidades financieras. Éstas, al controlar el crédito, adquieren un papel determinante en la suerte del agro.

El modelo neoliberal imperante en la economía del país generaliza el control por el sector privado monopolista de las actividades rentables y, en primer lugar, de la más lucrativa de éstas: la financiera. A través del proceso de privatización de las entidades estatales, el gobierno traspasa a bajo precio a monopolios trasnacionales las entidades financieras de propiedad de la nación, como en los casos de los bancos Cafetero. Popular o Ganadero: impone por intermedio de la Superbancaria normas que procuran y garantizan la máxima ganancia para los nuevos dueños de la banca y descapitalizan a la Caja Agraria: entregando así, paso a paso, el control del crédito al capital especulativo internacional, a cuya cabeza marcha la banca norteamericana.

El resultado de esta antinacional política ha sido la elevación de las tasas de interés a niveles de usura. Se bloquea, por esta vía, la producción nacional y se arruina a los productores, al tiempo que se estimula la masiva importación de alimentos y materias primas, acelerando la crisis agropecuaria. Y como consecuencia de los altos intereses, acrecentados con los moratorios, y ante los demás costos de producción y los bajos precios de compra, las obligaciones bancarias de agricultores y ganaderos han terminado por convertirse en impagables.

Tal insolvencia, originada por la propia política agropecuaria oficial, ha sido la causa básica de la justa exigencia de condonación de las deudas bancarias. Esta lucha ha logrado importantes avances, especialmente en el sector cafetero. No obstante las medidas de alivio, incluido el Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria, son aún insuficientes. La amenaza permanente de cobros jurídicos que ponen en grave peligro la propiedad de fincas y parcelas obliga a proseguir demandando la condonación para todo el sector agropecuario. Urge la suspensión de cobros y procesos jurídicos, sin límite de monto, actividad o fecha de contratación de los créditos.

Pero recuperar el agro implica, además -entre otras medidas inmediatas- modificar la política oficial en materia de crédito. Al contrario de las fórmulas neoliberales vigentes, el sector agropecuario necesita de créditos baratos, suficientes y oportunos, Baratos, significa subsidiados por el Estado de modo que fomenten la producción: suficientes, quiere decir que la banca estatal asegure la disponibilidad de los recursos financieros necesarios, los irrigue a nivel nacional y otorgue a cada productor el monto requerido para desarrollar su actividad: y oportunos, es decir, tan pronto el productor los solicite, lo que implica simplificar los trámites, reducir requisitos, eliminar categorías discriminatorias de los clientes y suprimir sobrecostos.

La lucha por la cabal solución de las impagables deudas acumuladas y por el crédito suficiente, oportuno y barato, debe ser parte integral del programa común de las organizaciones agropecuarias.

Urge la condonación de deudas para todo el sector agropecuario, y la suspensión de cobros y procesos.

CRISIS AGROPECUARIA COLOMBIANA POR CAUSA DE LA LLAMADA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Por Aurelio Suárez Montoya

La producción agraria también quedó incluida en el proceso de la globalización de la economía mundial puesto en pleno vigor a finales de los años ochenta. Eso lleva a la competencia entre los agricultores de todos los países por los mercados, tanto de alimentos como de los demás géneros agropecuarios.

La globalización se ha desarrollado en Colombia a través de la llamada apertura económica, aplicada a los distintos sectores productivos, incluido el campo.

Con el pretexto de que los campesinos y productores agrarios de Colombia iban a competir con los demás países teniendo ciertas ventajas adicionales, se han adelantado las siguientes medidas:

a) Eliminación de aranceles y tarifas e impuestos de aduana para los productos extranjeros dejando, por tanto, desprotegidos a los nacionales. b) Eliminación de los precios de sustentación o precio mínimo de compra, los que ahora se fijan dizque por la oferta y la demanda. c) Eliminación de subsidios y estímulos para exportadores. d) Eliminación de la garantía de compra de las cosechas. e) Eliminación de todo tipo de subsidios, por ejemplo, para compra de fertilizantes e insumos, para asistencia técnica y otros. f) Eliminación del crédito de fomento agropecuario y su transformación en crédito comercial. g) Eliminación de las instituciones de apoyo: ICA, Idema, Flota Mercante, DRI y, en no pocas oportunidades, se han manifestado similares intenciones con el Fondo Nacional del Café. h) Privatización de la investigación científica y de la tecnología agrícola y biológica. i) Clasificación del campesinado como un sector vulnerable sujeto sólo a limosnas y a programas asistenciales y no a políticas productivas y de apoyo económico. j) Persecución a la agricultura moderna y empresarial con nuevas cargas y tributos, estratificación rural, impuestos prediales confiscatorios, peajes y otros. Así como su inclusión en las zonas rurales especiales, sujetas a expropiación.

Tan nefasta política tuvo sus primeras aplicaciones desde 1985, con la monitoría del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Belisario Betancur. Luego se amplió en 1989 con la reducción arancelaria a las importaciones, en el gobierno de Barco, y se profundizó en el gobierno de Gaviria y Hommes. En el de Samper se ha continuado llevando a la ruina a miles y miles de productores.

Resultados de la apertura
Mencionamos algunos de ellos:

• En 1988 había en las áreas rurales del país 6.612.000 personas bajo la línea de pobreza. En 1995 ya eran 7.581.000, 72% de toda la población campesina.

• Mientras el crecimiento de la economía de Colombia entre 1990 y 1995 suma 30.4%, el de la agricultura, para esos mismos años, sólo alcanza a 21.8%. El agro se ha rezagado 2% por cada año.

• Los cultivos de cereales y oleaginosas han visto disminuida su área sembrada en 600 mil hectáreas. De 2.500.00 hectáreas en 1990 a 1.900.000 en 1995.

• La producción de maíz, sorgo, cebada, trigo y soya ha disminuido 36.3% entre 1992 y 1996.

• La producción de cacao ha descendido en 15 % y la de café en
25%, de 1992 a 1996.

• La exportación de cacao se redujo en 95% entre 1990 y 1995.

• El área de producción de arroz descendió de 365 mil hectáreas en 1990 a menos de 200 mil en 1995.

• En el mismo período hemos pasado de exportadores a importadores de arroz.

• Las tierras de uso ganadero aumentaron, entre 1990 y 1995, en 13%, como refugio de los agricultores, presentando como consecuencia el deterioro de la rentabilidad en la producción pecuaria

• En El Cesar se cultivaban 90 mil hectáreas de algodón en 1990 y en 1996 se cultivaron sólo 5.796 hectáreas.

• La comercialización de la panela de caña cada vez pierde terreno ante los «derretideros de azúcar».

• Los ingresos de los productores agrícolas han disminuido 30% en promedio (Cuadro 1).

• Las tasas de interés efectivo anual del crédito agropecuario, de 1974 a 1996, se han multiplicado por dos y hasta por tres (Cuadro 2)

• Entre 1990 y 1995, las importaciones de cereales (maíz, sorgo, cebada, trigo y soya) sumaron 10.879.000 toneladas.

• Las importaciones de alimentos y productos agrícolas totales superan, entre 1990 y 1996, los 16 millones de toneladas (Gráfica 1).

• Las importaciones de plátano, en 1995, fueron de 53.500 toneladas, sin contar el contrabando.

• Las importaciones de frutas y hortalizas en 1996 fueron de 190 mil toneladas.

• Las importaciones de arroz fueron de 218 milton en 1995.

• En 1996 se importaron 17.488 toneladas de carne en canal. Si una res en canal equivale a 243 kilos, porcada tonelada son cuatro reses. Por tanto, para 17.488 toneladas, da un total de 70 mil cabezas, el consumo semestral de una ciudad del tamaño de Pereira.

• Las importaciones de leche en polvo llegaron a 22.600 toneladas en el período 1991-1996 (Gráfica 2).

• 52.6% de los minifundios colombianos, casi un millón de predios, tienen uso pecuario. Por tanto las importaciones de carne y leche los afectan en grado sumo. En Córdoba, Atlántico, Sucre y Bolívar, son más de 75% de los minifundios.

Los gringos, únicos beneficiarios
Las exportaciones de alimentos de Estados Unidos hacia los países en desarrollo (19861993) suman 127.500 millones de dólares (Gráfica 3). Por ejemplo, el consorcio Cargill tuvo ingresos por 60 mil millones de dólares en 1996. Esta trasnacional procesa algodón en Tanzania, produce casi la mitad del jugo de naranja que se consume en Moscú y compra café en Colombia. Tiene activos en 65 países y comercia con cien naciones. Se llama a sí misma «el supermercado del mundo». Controla 25% de las exportaciones estadounidenses de granos. Es la novena empresa de Estados Unidos y tiene 79 mil empleados.

Contra pulpos de esta categoría tienen que enfrentarse nuestros desprotegidos productores. Es la relación del caballo y el jinete, impuesta por la apertura. El único camino para enfrentar tamaña agresión es impulsar el proceso organizativo de nuestros campesinos y empresarios agrícolas.

……………….
* Ponencia ante el Primer Congreso de Unidad Agropecuaria. Pereira. 10 de abril. Aurelio Suárez es el coordinador departamental de Unidad Cafetera y diputado a la asamblea de Risaralda.

Ponencia de la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta

«EXIGIMOS PRECIOS DE SUSTENTACIÓN»
(Aspectos de la ponencia presentada en el Congreso por Eudoro Álvarez C., en nombre de Agameta).

El precio de sustentación es un mecanismo mediante el cual, si ningún agente del comercio o la industria compra sus productos, el Estado le garantiza al productor la venta de sus cosechas y un precio adecuado para ellas, que en parte redima lo invertido, más una justa rentabilidad por el esfuerzo económico efectuado. Es la garantía de que su actividad no será ruinosa. Asegura además la permanencia de esa población en el cumplimiento de la tarea asignada dentro de la sociedad.

El Estado en Colombia nunca ha cumplido esta función. Y ahora, la política neoliberal anula la escasa intervención que se efectuaba a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema.

Varios males le impidieron al Idema cumplir el encargo: uno, la carencia de recursos permanentes y crecientes que le permitieran comprar a los precios previamente establecidos y de una manera rápida los productos; otro, la carencia de criterios administrativos ágiles y modernos y la injerencia de las prácticas clientelistas que ocasionaron en muchas ocasiones despilfarros y desfalcos de los escasos recursos. Y, lo más importante, la injerencia norteamericana en la política agraria del país.

Hubo etapas en que al Idema se le transfirieron los recursos provenientes del diferencial de precios entre el mercado nacional y el externo, ingresos que hubiesen podido significar una fuente sólida de capital para la compra de los productos cultivados por nuestros agricultores. Esfuerzo que se echó a perder por la desastrosa política oficial. Es la manera como se ha conformado el Fondo Nacional de Café, institución que ha jugado su papel en la supervivencia del grano como primer renglón nacional, a pesar del rompimiento del Pacto Mundial de Cuotas y del establecimiento del «libre mercado».

El grueso de los agricultores, como resultado de la política aperturista de los tres últimos gobiernos, hemos sido privados hasta del más mínimo apoyo institucional. Este abandono constituye un componente de ese conjunto de medidas que han golpeado la agricultura, llevándola al estado de postración que ya nadie se atreve a negar.

El mecanismo fue reemplazado por los precios mínimos de garantía, que no están referidos a los costos internos de producción, sino a los precios de los productos importados. Este nuevo sistema, hijo de la apertura, no tiene en cuenta que los precios de los productos agrícolas foráneos están preñados de subvenciones y subsidios, abiertos o encubiertos, que los distorsionan y los separan de la realidad de sus verdaderos costos. Como ocurre con todo en la apertura, la pelea del producto nacional con el extranjero «es de tigre con burro amarrado».

Resultante de la presión de los productores rurales y sus organizaciones, se crearon los acuerdos de absorción de productos entre industriales y productores, mecanismo que equivale a «un mejoral para curar un cáncer». Paralelamente, el gobierno impulsa convenios regionales de comercio, que lo que han permitido es la triangulación, por la cual entran productos de países diferentes a los firmantes, con lo cual simultáneamente se hicieron el convenio y su violación. Además, los acuerdos de absorción no tienen los dientes necesarios que obliguen a la industria a cumplirlos y sí, paralelamente, se les da la posibilidad de abastecerse ventajosamente en el mercado externo, pues buscarán, y encontrarán, las formas de ponerles conejo y dejar a los agricultores sin compradores oportunos y efectivos para sus productos.

La Ley 101 de 1993 introdujo el concepto de precios de intervención, que contemplan solamente costos de producción sin rentabilidad y sólo operan en casos de graves distorsiones del mercado, es decir, coyunturalmente.

El golpe de gracia a esta tímida política estatal de intervención en el mercado de productos rurales se da con el anuncio de la liquidación del organismo ejecutor de la misma, el Idema.
El mascarón de proa con que se defiende esta decisión es el de la lucha contra la corrupción, cínico argumento si lo esgrime el propio Ministerio de Agricultura, responsable de que esos desafueros no ocurran.

La alternativa, que más parece una burla que una solución, es el otorgamiento de subsidios directos al productor. Los cuales se van a convertir en otra rapiña por las migajas sobrantes de la mesa del rico Epulón.

La reactivación del campo tiene que contemplar una política integral de apoyo a la producción, uno de cuyos componentes debe ser la intervención del Estado en la compra de cosechas a través de precios remunerativos de sustentación. Ése será un puntal para crear una producción agropecuaria fuerte, que sirva de sustento al desarrollo nacional.