Aurelio Suárez Montoya
En el mensaje del Comité Ejecutivo Central del MOIR del Primero de Mayo de 1992, suscrito por Francisco Mosquera bajo el título «¡Por la soberanía económica, Resistencia Civil!», se preveía el futuro de las naciones del sur del Continente a medida que se intensificara la aplicación de los artículos de fe del neoliberalismo: «¿No tiende acaso la tan zarandeada apertura hacia la plena colonización económica de Latinoamérica? ¿No nos vaticina daños sin cuento, como las quiebras en la incipiente producción; la subasta de los bienes públicos; el apoderamiento de recursos, servicios y plantas fabriles por parte de los monopolios extranjeros; la supresión de las reivindicaciones laborales; los despidos sin tasa ni medida en los sectores público y privado; el endémico y doloroso espectáculo de las bautizadas ocupaciones informales; el establecimiento de las tenebrosas maquilas; la dolarización de la economía; la eliminación de aranceles junto a la consiguiente alza de los impuestos indirectos, antitécnicos y regresivos, y, en fin, la ruina, con su rostro macabro?».
Una buena porción de las calamidades previstas por Mosquera han ocurrido en Latinoamérica en la última década: el Producto Interno Bruto por Habitante ha crecido por debajo de la población; la deuda externa se ha incrementado en más de 50%; el desempleo se ha duplicado en los últimos veinte años y la desigualdad social se ensancha. Algunas, que todavía no se han manifestado a cabalidad, lo harán en los años por venir en la medida en que se imponga la Iniciativa de las Américas de George Bush (padre): «Hacer una zona franca desde Alaska hasta la Tierra del Fuego».
La mencionada Iniciativa, y las iniciales reformas y los ajustes incubados por el Consenso de Washington a comienzos de los años 90, no son una equivocación teórica de ortodoxos académicos sino el desarrollo del proyecto de expansión del imperialismo norteamericano en su globalización, como lo ratificó uno de sus principales voceros, Robert Zoellick, en reciente audiencia ante el Senado norteamericano. Para él, la estrategia comercial imperial es «un abrazo palmo a palmo del globo con acuerdos bilaterales de libre comercio». Con ello aclara además que el plan B de Estados Unidos es imponer este tipo de acuerdos a las naciones más proclives en su principal área de influencia, ante la defección temporal del ALCA por las renuencias de Brasil y sus colegas de Mercosur y Venezuela. No es, entonces, el TLC con los países andinos un acto de especial deferencia del Tío Sam con «las sufridas naciones víctimas del narcoterrorismo», sino una pieza más dentro de lo que el mismo Zoellick denominó «una dinámica fresca que coloca a Estados Unidos en papel de liderazgo».
En los TLC, si bien se arraiga la desigual competencia comercial de mercancías agrícolas e industriales entre la metrópoli y sus satélites, se aumenta la dependencia alimentaria, y seguirán avanzando la desnacionalización y privatización de las economías, lo clave es que la impronta del capital financiero se imprimirá con la adhesión a un voluminoso texto de normas y reglas con cláusulas, capítulos, artículos, ordinales, numerales, anexos, notas de pie de página, entre una sofisticada red de disposiciones que versan sobre lo divino y lo humano. Los TLC consagran un nuevo ordenamiento institucional donde el protagonista es el inversionista extranjero, que al adquirir el estatus de nacional podrá capturar lo poco que todavía no le pertenece a punta de prerrogativas y privilegios, ante los cuales los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales, quedan valiendo un bledo. Es la típica Constitución colonialista, que le cae como anillo al dedo al «país de propietarios» propalado por Álvaro Uribe en Colombia, sólo que aquí se trata de los más propietarios entre los propietarios: los consorcios trasnacionales.
La nueva Constitución de la recolonización
En ese nuevo ordenamiento se jerarquizan los criterios particulares del Imperio sobre materias que son objeto de las negociaciones y en las cuales no se somete a los arreglos que ha alcanzado la comunidad internacional. Las dos terceras partes de los convenios de la OIT, los principales protocolos ambientales (incluyendo los relacionados con la biodiversidad, los productos transgénicos y la disposición de residuos tóxicos especiales), los pactos internacionales sustantivos en materia de Derechos Humanos, la Convención Internacional del Mar (que reconoce las 200 millas de explotación económica) son, entre muchos otros, ignorados por la superpotencia. Esto se tendrá que subsanar con la renuncia a esa normatividad internacional por parte de Colombia y, a la vez, con la adhesión a lo que desde Washington se disponga. A las enormes desigualdades entre Estados Unidos y Colombia en comercio, producción, número de patentes, infraestructura o salarios, ha de añadirse esta abismal contradicción.
La especialización en géneros tropicales de lo que quede de nuestra agricultura; de nuestro sector primario en recursos naturales no renovables y de nuestra industria en actividades de maquila, conducirá a términos de intercambio mercantil cada vez peores. Así, nuestras exportaciones estarán encabezadas por las de ahorro público y privado, por la vía del pago anual del servicio de la deuda que financiará los descuadres, y por las de colombianos emigrados en busca de enviar las remesas con las cuales aquí puedan seguirse comprando bienes importados. Un círculo vicioso infernal en el cual la única política económica es la política fiscal dictada por el FMI, que apenas persigue el pago cumplido y honrado del endeudamiento. En 2002, los intereses y amortizaciones de los créditos externos se quedaron con lo obtenido por el 89% de las ventas de todas las mercancías exportadas. Y en el solo periodo 1996-2001 emigraron más de un millón doscientos mil compatriotas (35% de los tres millones y medio de colombianos que residían en el exterior en 2001). El nuevo llamado a la competitividad no es más que la convocatoria, en la misma lógica, a aguantar más hambre, a entregar más trabajo por menos salario y a vender nuestros productos más baratos a fin de que otras naciones, también enzarzadas en las redes del «libre comercio», no nos releguen a estadios de mayor miseria. Es el perverso fenómeno conocido como «competencia entre pobres».
Esto se subrayará con las nuevas cargas que trae la letra menuda del TLC. Empezando por la desgravación arancelaria, incluida la de las mercancías usadas, que quitará nuevos recursos tributarios al Estado. El embeleco de la propiedad intelectual no sólo establecerá la prioridad de los inventores sobre la nutrición, la salud, los insumos agropecuarios, la aplicación provechosa de la nueva tecnología, el entretenimiento masivo y la cultura, sino que con noveles artilugios legales se garantizarán las rentas de monopolio que consagran las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor y de obtentor y otros análogos. La voracidad imperialista en este campo no tiene tapujos: quieren echar en su saco, sin pagar por ellos, hasta los recursos genéticos con los conocimientos tradicionales concomitantes. No se contenta con recibir los beneficios exclusivos de sus invenciones, sino que la organización monopolística de propiedad intelectual va asegurada al solicitarse la supresión del derecho de oposición de terceros contra toda solicitud de registro de patentes y, además, con la fijación de sanciones penales severas contra quienes osen irrespetarla, lo cual incluiría también a menores de edad bajo el régimen acusatorio.
El corazón del Tratado son las concesiones infinitas otorgadas a la inversión extranjera. La «liberalización» de los servicios crea nichos de negocio que van desde los ambientales, que abarcan las fuentes de agua y los territorios, pasan por los consabidos servicios públicos domiciliarios y la salud, la seguridad social y la educación, tanto la básica como la técnica y la superior, los financieros, el transporte, el turismo y las telecomunicaciones y el petróleo y los energéticos. Y eso sin reparar en las profesiones libres que quedan al garete esperando que los prestadores gringos se tomen la contabilidad de las grandes empresas, los diseños y las obras y los contratos más llamativos, privados y públicos. Con relación a estos últimos, las licitaciones, concursos y compras estatales se abren como nuevo filón de atracción al capital foráneo.
El capítulo de Inversiones es un cúmulo de absurdos. Al ofrecerse el carácter de «inversión», además de las acciones y participaciones en empresas, a los bonos y títulos de deuda, los «contratos en mano» y los de «riesgo compartido», las operaciones especulativas en «opciones y futuros», las de leasing y las concesiones para todo este conjunto, con un nuevo sistema legal que lo protege contra todo riesgo que pueda menguar sus utilidades. Con ese fin aparece la figura de «expropiación indirecta», que lo blinda contra cualquier disposición estatal posterior que contradiga las canonjías regladas en el Tratado. Al amparo de esa figura, los inversores podrán entablar controversia contra el respectivo Estado, que se dirimirá en instituciones ajenas a la justicia administrativa ordinaria: los tribunales internacionales de arbitraje.
El debilitamiento de la soberanía jurídica del Estado se materializa igualmente con la desaparición de todo requisito de desempeño exigible al capital extranjero privado, incluidos los que atañen a la tan vanagloriada «función social», con la imposibilidad de ejercer control de cambios a los flujos externos de dinero y con el reforzamiento de los prejuicios neoliberales sobre las empresas estatales, al calificarlas, de acuerdo con las políticas de competencia del TLC, como competidores desleales.
El nuevo modelo de justicia, hecho sobre medidas para el capital extranjero privado, es una criatura del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, merced al cual, entre 1997 y julio de 2001 se habían presentado 15 casos contra entidades estatales de México, Estados Unidos y Canadá, por parte de firmas trasnacionales. Todos los fallos emitidos hasta entonces favorecieron a los demandantes, cuyos pleitos alcanzaban un valor de 2.911 millones de dólares. «Es una bancarrota de la democracia, una compulsión privada en un tratado público»: así se expresan al respecto diversas organizaciones ciudadanas de Norteamérica ante semejante iniquidad.
La hoja de parra del Aptdea: ¿Premio o pieza del TLC?
Para cubrir tan ignominiosa negociación y también las indignas condiciones de secretismo, celeridad y envilecimiento en las cuales se ha llevado a cabo, los gobiernos de Uribe, Toledo y Lucio Gutiérrez buscan con afán una hoja de parra con la que puedan cubrir las vergüenzas aquí expuestas, y que en menos de 50 días hábiles se hubieran apegado a los nuevos designios coloniales sin chistar y haciendo todos los preparativos para llegar a la fecha señalada con la casa lista para cederla al saqueo.
En Perú se ventilan nuevas leyes de propiedad intelectual y se apura a los tribunales para fallar a favor y a la carrera los pleitos pendientes de algunas empresas gringas; igual sucede en Ecuador, al dictarse normas y crearse mecanismos para ajustarse a los requisitos del TLC, los laborales, de inversión y biodiversidad. Simultáneamente se nombra un procurador especial que acelere los fallos pendientes que tiene con ChevronTexaco y otras trasnacionales. En Colombia, la agenda legislativa oficial ajusta los códigos al nuevo dogma. La reforma a la justicia y al régimen penal, a los sistemas de jubilación, salud, educación y contratación pública, y el despiece y liquidación de empresas como Ecopetrol, Telecom o Inravisión, abonan el terreno. Decretos sobre propiedad intelectual o educación universitaria intentan aplicarse a rajatabla y en el Congreso se intentó aprobar un Estatuto del Inversionista. Todos se desvelan por comportarse al tenor del inexorable axioma de Zoellick: «El capital es cobarde, no va sino a donde se siente seguro».
Pese a ese proceder común, engañar a los pueblos es parte del proceso. Para ello la herramienta predilecta es la supuesta necesidad de mantener las ventajas en impuestos aduaneros que Estados Unidos concedió a los países andinos, inicialmente llamadas ATPA y en 2002 renovadas como Aptdea, y sobre las cuales se avisó que podrían desaparecer a partir de 2006 si el TLC no era satisfactorio. Esto es, el Imperio arrodilla a estas naciones por un beneficio del cual ahora gozan, pero cuya permanencia no está avalada por el TLC. El objetivo es continuar con esa zanahoria al costo que sea menester.
¿Qué tan benéfica es la zanahoria del Aptdea? No hay un solo estudio que diga que tales preferencias son indispensables para el sostenimiento de nuestras economías. Para Colombia, varios estudios han evaluado el monto real de estos beneficios. Planeación concluye que «las exportaciones a Estados Unidos no muestran un aprovechamiento de las ventajas otorgadas a través del ATPA» (hasta 2002). Se basa en que de los 5.319 millones de dólares anuales que en promedio se exportaron a ese país entre 1998 y 2002, el 48% correspondieron a petróleo, que está por fuera del sistema de ventajas. Del resto, solo 1.017 millones de dólares anuales gozaron de las preferencias, siendo notorias las brindadas al renglón de flores y a pigmentos para pinturas y fuel oil. Las ventajas para cada uno de estos renglones en ese periodo valen 45 millones de dólares en promedio anual. Una suma insignificante en proporción al valor total de lo exportado, menos del 1% en términos monetarios. Esto se explica por varias razones: Colombia no produce muchos de los 5.528 productos beneficiados; 80% de las ventas a Estados Unidos se concentran en 14 productos, de los cuales el café, el carbón y el banano ya gozan de aranceles iguales a cero; en otros rubros, distintas naciones son más «competitivas» a pesar del Aptdea; y, en no pocos, Estados Unidos aplica restricciones como barreras no arancelarias por normas fitosanitarias, normas técnicas, cuotas o contingentes, lo que deja entrever que el Atpdea es en realidad un embrujo.
La Sociedad de Agriculturas de Colombia, SAC, estima en 39 las partidas beneficiadas en un universo de casi 6.000. Y el conocido economista Germán Umaña, afirma que «la tasa de participación promedio correspondiente a Atpdea o al ATPA en el periodo 1996 agosto 2003 llega apenas al 14% del total de las exportaciones colombianas a Estados Unidos». Añade que los estudios que han calculado el valor agregado nacional de esas exportaciones lo tasan en 280 millones de dólares y los empleos creados en sólo 13.037 anuales; una contribución mínima en ambos casos y que para el conjunto de la economía no es más de 0,4% del PIB.
Vale recordar que la mayor porción de las exportaciones no petroleras a Estados Unidos las hacen filiales de empresas multinacionales, como la Dole, Chiquita Brands y Del Monte en flores y banano, la Drummond en carbón y los exportadores privados en casi todo el café.
El sistema Aptdea, que opera desde 2003 y se extiende hasta diciembre de 2006, es la ampliación del ATPA a nuevas mercancías como oro, telas impregnadas, confecciones, atún, crisantemos, bombones y cigarrillos, de lo cual gozará la Philip Morris, recientemente instalada en nuestro territorio. El último reporte de Proexport para el primer semestre de 2004 da en 1.959 millones de dólares las exportaciones colombianas por el mecanismo Aptdea, y cuatro renglones cubren 1.907 millones, 97% del total: flores, 302 millones; materiales de construcción, 28 millones; petróleo y sus derivados, 1.302, y confecciones 275 millones. Respecto a las prendas de vestir, Colombia apenas ocupa el lugar número 26 entre los proveedores, superado por Perú, y su aprovechamiento está amenazado por la próxima terminación del Acuerdo Multifibras, que hoy nos da esa ínfima participación. En cuanto a los combustibles, el auge está referido a los altos precios del petróleo. Así, el Aptdea es transitorio, se concentra en muy pocas ramas y no llega a 150 millones de dólares anuales.
La justificación del Aptdea para firmar el TLC es más un ardid para engañar a los colombianos que un objetivo negociador. Es la ilusión tras la cual se aceptan todas las ignominiosas reglas y dictados imperiales para instaurar su nuevo régimen colonial. Son las mismas razones con las cuales a los africanos, en el peor colonialismo, se les engañaba con el acceso de sus productos como café, almendras, cacao y diamantes al Viejo Continente.
En un acto casi histriónico, en vísperas de la ronda de Tucson, los negociadores colombianos señalan el derrumbamiento de los subsidios a la exportación de los productos agropecuarios gringos como una victoria. En realidad es una farsa, ya que un acuerdo en ese sentido se viene firmando en la OMC. Con relación a estos subsidios, lo primero para señalar es que son una parte ínfima del paquete general de apoyo a los productores agropecuarios en Estados Unidos. De los 71.269 millones de transferencias, no más de 15% podrían catalogarse en el conjunto de subsidios a la exportación. Algunos piensan que si hay ajustes, éstos empezarán después del año 2013. No es ningún trofeo de batalla el que en ese sentido piensan traer de Tucson los negociadores colombianos. Es otro ardid para engañar a los colombianos.
Por todo lo anotado, a los trabajadores y a los sectores productivos nacionales, a todos aquellos que guarden una mínima esperanza de desarrollo autónomo para nuestro país y de progreso para sus gentes, no les queda otro camino que participar decididamente en las tareas de resistencia civil que contra la recolonización estadounidense empiezan a multiplicarse en Colombia y en los demás países del Continente. El enemigo común es la política imperialista. La solución es la lucha común.
