Categoría: Tribuna Roja Nº 98, diciembre 4 de 2004

(Entrevista concedida en octubre por el doctor Carlos Gaviria Díaz al equipo de redacción de TRIBUNA ROJA y en que hace referencia a los problemas principales de la actualidad política y del país)

Tribuna Roja: ¿Cómo ve la situación de los sectores populares?

Carlos Gaviria: Se encuentran en una situación cada vez más precaria, más pobres, con mayores y más numerosas necesidades insatisfechas, porque no hay duda de que atenderlas no es una prioridad del Gobierno ni de lo que pudiéramos llamar «el establecimiento».

TR: ¿Qué nos dice de la pretensión del gobierno de aplicar el IVA de 4% a una nueva cantidad de productos de consumo popular y a los servicios públicos? ¿Y los golpes que se preparan contra los pensionados? Impuestos a las pensiones, aumentar los años para acceder a ellas, eliminar la mesada 14 y los regímenes especiales.

CG: El impuesto al consumo es un símbolo de la distribución inequitativa de los gravámenes: que los ricos y los pobres paguen lo mismo. Con las pensiones lo que se pretende reducir es su monto, aumentar la edad y el número y la cuantía de las cuotas, para que quienes han tenido que trabajar toda una vida no tengan posibilidad de un justo reposo cuando su ciclo vital ya concluye. Se pretende que la pensión de vejez no es un asunto de justicia retributiva sino de generosa beneficencia.

TR: Mientras esto ocurre con los sectores populares, el gobierno de Uribe Vélez hace aprobar en el Congreso nuevas garantías para las inversiones extranjeras y, además, rebajarles 7% de los impuestos. ¿Qué opina sobre eso, doctor Gaviria?

CG: La ley de garantías a las inversiones, recientemente aprobada, implica una vergonzosa renuncia del Estado a lo que hasta ahora se pensaba que era irrenunciable: a legislar y a interpretar su legislación. Hay una curiosa aceptación unilateral de las leyes de mercado: los países pobres necesitan inversiones que presuntamente generarán empleo, pero los inversionistas no necesitan invertir y en consecuencia son ellos los que ponen las condiciones cuando se deciden a hacerlo. El llamado que se nos hace parece ser a que compitamos con los países vecinos en mano de obra barata y en laxitud de la soberanía.

TR: Existe también un proceso muy grave de deterioro de los servicios públicos de salud y educación y hasta las promesas del gobierno en cuanto a la vivienda de interés social han sido incumplidas. ¿Qué se debería hacer?

CG: El proceso de deterioro de los servicios públicos es uniformemente acelerado porque el Gobierno, que ha aceptado la política económica neoliberal hasta las últimas consecuencias, no tiene interés en detenerlo. Así pretende imponer su tesis de que la privatización es el único camino.

TR: El gobierno insiste en firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TLC. ¿Cuál es su posición?

CG: Si el país tiene que celebrar tratados comerciales, porque la autosuficiencia no es ni siquiera pensable, debe hacerlo en condiciones de equidad y mutuo beneficio. Las primeras rondas en torno al TLC les han mostrado, aun a los más optimistas, que la primera potencia económica del mundo no está animada precisamente de propósitos altruistas.

TR: ¿Qué opinión tiene usted sobre la política de unilateralidad que introdujo Estados Unidos en las relaciones internacionales, bien marcada en los hechos de la invasión a Irak?

CG: El supuesto en el que descansa la democracia consiste en que la fuerza no crea derecho, éste sólo es creado por el consentimiento; pero el país que pretende erigirse en ejemplo de democracia desdeña olímpicamente el derecho internacional y en su lugar coloca su voluntad omnímoda. Creo que ninguna persona decente puede aceptar esa actitud prepotente, arrogante y definitivamente imperial.

TR: Doctor Gaviria, ¿qué nos puede comentar sobre la reforma a la Justicia?

CG: No conozco el proyecto final. Lo que hasta ahora se ha conocido no hace más que ratificar el propósito del Gobierno de echar al olvido las cosas buenas de la Carta Constitucional de 1991: debilitar la tutela, que es la única forma de justicia que funciona, en beneficio de las que no funcionan, y quitarle facultades de control a la Corte Constitucional, que se ha erigido en un incómodo símbolo del Estado de derecho y del Estado social de derecho.

TR: Uno de los temas de mayor discusión en la política colombiana hoy es el proyecto que se tramita en el Congreso sobre la reelección presidencial y que está a punto de ser aprobado por la Plenaria de la Cámara. ¿Qué opina al respecto?

CG: No sé si la palabra adecuada para calificarlo sea vergüenza o desvergüenza. Que un presidente propicie un cambio constitucional en su propio beneficio, así arguya que es en aras del bien del país, implica un mesianismo impúdico: «La salvación de la patria la encarno yo». Y si para lograrlo seduce congresistas (compra conciencias), contradiciendo su propio eslogan de «Contra la politiquería y la corrupción», su conducta desvergonzada es vergonzosa. En un país con conciencia política madura, esa actitud sería suficiente para salir derrotado. Pero su habilidad mediática es tal, que ha obrado el efecto nocivo de anestesiar amplios sectores de la opinión.

TR: ¿Cree usted que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez lesiona las libertades democráticas?

CG: Este Gobierno repite una parábola bien conocida: hay que salvar la democracia suprimiéndola y hay que salvar las libertades pasando por encima de ellas. Dígalo si no el estatuto antiterrorista que tiene disposiciones tan peligrosas como las facultades judiciales a las Fuerzas Armadas, y otras medidas restrictivas ya ensayadas entre nosotros por más de cincuenta años, con resultados desastrosos, devastadores de los Derechos Humanos.

TR: ¿Qué representa Alternativa Democrática para la nación?

CG: Alternativa Democrática aspira a hacer honor a su nombre. Nacida de una coalición de congresistas demócratas, de izquierda y alérgicos al terrorismo, cualquiera sea su origen, pretende constituirse en una opción popular, buscando acercamiento con sectores políticos afines que deseen contraponer a la política autoritaria una política de democracia moderna, deliberativa, y una política económica que rescate la necesidad de que el Estado controle los efectos perversos que inevitablemente siguen al «libre juego de las leyes del mercado», cuyos efectos devastadores para los sectores pobres y de ingresos medios, están a la vista.

Desde el 4 de noviembre hasta el 10 de diciembre, el doctor Carlos Gaviria Díaz, precandidato de Alternativa Democrática a la Presidencia para el período 2006-2010, inició una exitosa gira que ha congregado a miles de sus seguidores y activistas del Frente Social y Político, el MOIR, el Partido Unidad Democrática, el Movimiento Ciudadano de Colombia, el Partido Comunitario Opción Siete y las Autoridades Indígenas de Colombia.

La gira empezó el 4 de noviembre en la capital del Valle del Cauca, en el auditorio Pedro Elías Serrano de la Universidad Santiago de Cali. Continuó el 5 en Villavicencio, donde los asistentes colmaron el auditorio de la Biblioteca Germán Arciniegas. El 7 en Chinchiná, en el Sindicato de los Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros, Sintrafec, y el 8 en Manizales, en el auditorio central de la Universidad de Caldas, se hicieron también nutridas concentraciones de apoyo al candidato de Alternativa Democrática. El 11 de noviembre se celebró el acto de Medellín, en el auditorio de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, y el 19 el de Bucaramanga, en el Centro Comercial Sanandresito.

Bogotá
Antier, 2 de diciembre, Alternativa Democrática colmó las instalaciones del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, para lanzar la precandicatura presidencial del doctor Carlos Gaviria Díaz. a quien acompañaron en la mesa directiva los senadores de AD, Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio J. Peñalosa y un vocero del senador indígena Efrén Tarapués, y los representantes Wilson Borja, Alexander López, Venus Albeiro Silva y Ermínsul Sinisterra, además del maestro Orlando Fals Borda, a quien el precandidato presentó un saludo especial, el Padre Bernardo Hoyos, quien proclamó en forma oficial al doctor Carlos Gaviria Díaz, y la esposa del candidato, doña María Cristina Gómez de Gaviria. Como invitados especiales asistieron la senadora Piedad Córdoba, los representantes María Isabel Urrutia, Luis Reyes y Pedro Arenas; los dirigentes del Polo Democrático Independiente, Daniel García-Peña y Ana Teresa Bernal, a más de los concejales de Bogotá Bruno Díaz y Alvaro Argote; y la dirigente indígena Ati Quigua, elegida al Concejo de Bogotá.

Cartagena, 10 de diciembre
La gira culmina en Cartagena el 10 de diciembre. La dirección nacional de AD dedicará lo que resta del año a definir programa, normas de funcionamiento y mecanismos de relación con otras fuerzas políticas.

Jorge Enrique Robledo

Con respecto a la propuesta tributaria del Gobierno, lo primero que hay que decir es que de los 1,7 billones de pesos que aspira a recaudar la administración con su propuesta, el 87%, casi la totalidad del impuesto, corre por cuenta del IVA. Además, van a abrir una nueva etapa en la historia tributaria del país, que es empezar a grabar las pensiones, y van a hacerlo con el pretexto de gravar las más altas. Pero ojo, colombianos, que la historia de los tributos en Colombia es la historia de abrir el boquete para los impuestos regresivos con cualquier subterfugio y después terminar aplicándoselos a todo el mundo. Lo que se va iniciar es la etapa de gravar las pensiones, cosa que nadie nunca antes se había atrevido a hacer.

Recordemos cómo el IVA empezó con una tasa muy baja y con una base gravable pequeña, llegándoles no a todos los productos sino apenas a unos cuantos. ¡Y vean cómo vamos! La historia de las reformas tributarias posteriores es la de ampliar la base y aumentar la tasa al punto que ya sólo quedarían sin gravarse, de acuerdo con la nueva propuesta, la educación, los servicios públicos y los gastos básicos de salud, lo que anuncia que la próxima reforma tributaria, me imagino que la de 2006, estará encaminada a gravarlos.

El impuesto que recae sobre las pensiones, así por ahora sea sobre las superiores a dos millones de pesos, es por definición un impuesto sobre el trabajo y no sobre el capital. Es la otra discusión que debe hacerse.
Al mismo tiempo, la reforma tributaria propone disminuir de 36% a 32% el impuesto de renta, que es el que básicamente pagan los monopolios y las trasnacionales; pero si tenemos en cuenta la sobretasa vigente, la disminución sería en realidad de 38.5% a 32%. Entonces, con una mano se les aumentan los impuestos a los más pobres y a las capas medias, y con la otra se les disminuyen los impuestos a los monopolios y a las trasnacionales. Pero además, hace unas semanas, al día siguiente de haber anunciado el presidente Uribe Vélez esta nueva andanada de impuestos regresivos, el periódico Portafolio informó que el gobierno había acordado con el Fondo Monetario Internacional eliminar el impuesto de remesas que pagan las petroleras extranjeras que invierten en Colombia. Nuevamente queda demostrado que el corazón grande es para los monopolios y las trasnacionales y la mano dura para los trabajadores colombianos, los jubilados, los pobres y las capas medias.

Aquí se hace mucha alharaca con los impuestos que supuestamente pagan los Grandes Contribuyentes, como llama el Estado a los monopolios y a las trasnacionales. Pero es bueno que se sepa que los Grandes Contribuyentes se llaman así no porque paguen muchos impuestos de su propio peculio, sino porque recaudan mucho IVA y mucha retención en la fuente, gravámenes que se les cobran a los pobres y a las capas medias. Porque la verdadera contribución de los Grandes Contribuyentes –contando a las empresas del Estado, que convendría clasificar por separado–, propietarios de 80% del capital empresarial del país, apenas llega a menos de 11% del total del recaudo. El gobierno hace ruido con el impuesto de renta que pagan los monopolios y las trasnacionales, pero se olvida de que, por trucos semánticos, la DIAN incluye en renta las retenciones en la fuente cobradas a los asalariados. Y estas retenciones no son renta, porque no es lo mismo gravar el capital que gravar los salarios. Son las astucias de la estructura tributaria colombiana, montada para caer sobre el pueblo y para no cobrarles impuestos a los monopolios y a las trasnacionales, o cobrarles muy pocos, como lo pretendió el recientemente hundido proyecto, presentado por la administración Uribe Vélez, que buscaba congelarles los impuestos a los nuevos inversionistas, monopolios y trasnacionales que aspiren a trabajar en el país, proyecto que muy seguramente se terminará aprobando con el TLC que se va a firmar con Estados Unidos.

Esta es la realidad de la estructura tributaria, montada sobre los impuestos de los colombianos más pobres, que son los que pagan el IVA. Y como cosa novedosa, este gobierno, que dice ser de tan alta sensibilidad social, pretende extender el IVA a la carne, a la leche y al huevo, y aumentar el impuesto al calzado y a la ropa. Va a haber incluso impuestos para los indigentes.

Cuando hace años discutíamos sobre los impuestos cafeteros, también impuestos indirectos como el IVA y por esencia regresivos, el padre del doctor Fernando Londoño Hoyos, el doctor Fernando Londoño Londoño, pronunció una frase que no se me olvida. ¿Cómo definía él los impuestos indirectos? Los llamó «¡inicuos y detestables!» Y al preguntarle el porqué, explicó: «Caen con la misma fuerza sobre quien no tiene nada y sobre quien tiene mucho».

Cualquier sistema tributario elementalmente democrático tiene que estar inspirado por una lógica muy simple: deben pagar mucho los que tienen mucho, menos los que tienen un poco menos y nada los que nada tienen. Es que caerle como buitres con impuestos al arroz y a los plátanos que comen los 13 millones de indigentes de Colombia, gravándolos con IVA, es el colmo de la crueldad, diría yo. Lo mismo cabe para la gente del salario mínimo o del medio salario mínimo, o para los 30 millones de pobres. Es a estos a quienes persigue la reforma tributaria con el único propósito de favorecer a los monopolios y a las trasnacionales. Denle las vueltas que le den, ¡esa es la realidad de la estructura tributaria nacional y es lo que especialmente este Gobierno viene profundizando! Viene un alud de impuestos sobre el pueblo, pero al mismo tiempo ya se anunció que no se eliminarán las muchas exenciones de que goza el gran capital, que es el que está exceptuado y que tiene enormes deducciones y ventajas tributarias.

Pienso que este es el eje del debate. Porque últimamente los neoliberales nos han salido con el cuento de que lo que hace que un impuesto sea progresivo es que se gaste en los pobres. No. Lo que hace progresiva una estructura tributaria no es que el impuesto lo paguen los pobres y que una partecita se gaste en ellos mismos, sino que los impuestos los paguen los que más tienen y se gasten en los que menos tienen.
Porque coger a los indigentes y sacarles diez pesos de un bolsillo para echárselos en el otro, si es que de verdad se los echan, por supuesto que no resiste análisis. Todas estas son las nuevas ondas de la concepción neoliberal. Decía George Soros, uno los grandes especuladores financieros del mundo, resumiendo el fenómeno, que en esta etapa de la historia los impuestos tienden a pasar del capital a los ciudadanos. Pero salvan al gran capital, los monopolios y las trasnacionales, porque incluso a los pequeños y medianos capitales los siguen sacrificando con tasas que, si existiera la proporcionalidad, debieran ser menores a la renta que se les cobra a los monopolios y a las trasnacionales. Porque la proporcionalidad y la progresividad también debieran ser características del impuesto de renta, tal como ocurría antes de iniciarse la reforma neoliberal, cuando los gobiernos igualaron los impuestos de los monopolios y las trasnacionales con los de la sociedades limitadas, con lo cual hicieron el truco político de que cuando en Colombia se habla de subir el impuesto de renta, se sienten amenazados un buen número de pequeños y medianos capitalistas, a quienes convirtieron en escuderos de los intereses de los monopolios y las trasnacionales.

Y una última consideración, probablemente más importante a la hora de resolver los problemas nacionales. El déficit fiscal no se debe a que en Colombia se gaste mucho. Eso no es cierto. Pregúntenle a la mitad de los colombianos que carecen del derecho a la salud si es que sobra salud en Colombia, o al millón y medio de colombianos que no tienen vivienda si es que el Estado hace muchas viviendas. Es una curiosa manera de ver las cosas eso de afirmar que el gasto público es muy alto. Aquí lo que sucede es que el recaudo termina siendo bajo, no tanto porque las tasas sean bajas, sino porque al ser destruida con la apertura la economía nacional, la industria, el agro, solo quedaron vivos los monopolios y las trasnacionales y a ellos no se les cobran impuestos. Es por eso que vivimos en una crisis fiscal permanente. La única solución es montar una estructura tributaria progresiva, en el sentido democrático e histórico de lo progresivo. ¡No vengan los neoliberales a inventarnos teorías peregrinas para negar la progresividad que debe tener la estructura tributaria en un país como el nuestro!

La solución clave es que desarrollemos un agro y una industria y una economía prósperas, que permitan con tasas bajas aumentar los recaudos, tal como sucede en los países más industrializados del planeta. El TLC, por el contrario, va a profundizar la estructura tributaria regresiva y acabará agravando la situación, porque al sobrevenir una total y manifiesta destrucción del aparato productivo nacional, vendrán nuevas reformas tributarias que, en la lógica neoliberal, caerán con IVA sobre todo el mundo; con retención en salario sobre los asalariados; con golpes cada vez mayores a los pensionados; con golpes a los pequeños y medianos capitalistas, donde pueden caber casos como el impuesto al patrimonio; y con seguirles bajando los impuestos a los monopolios y a las trasnacionales, los únicos ricos que de verdad tiene esta sociedad, y sobre quienes debería recaer la mayor carga tributaria, porque son los que más tienen.

Aurelio Suárez Montoya

En el mensaje del Comité Ejecutivo Central del MOIR del Primero de Mayo de 1992, suscrito por Francisco Mosquera bajo el título «¡Por la soberanía económica, Resistencia Civil!», se preveía el futuro de las naciones del sur del Continente a medida que se intensificara la aplicación de los artículos de fe del neoliberalismo: «¿No tiende acaso la tan zarandeada apertura hacia la plena colonización económica de Latinoamérica? ¿No nos vaticina daños sin cuento, como las quiebras en la incipiente producción; la subasta de los bienes públicos; el apoderamiento de recursos, servicios y plantas fabriles por parte de los monopolios extranjeros; la supresión de las reivindicaciones laborales; los despidos sin tasa ni medida en los sectores público y privado; el endémico y doloroso espectáculo de las bautizadas ocupaciones informales; el establecimiento de las tenebrosas maquilas; la dolarización de la economía; la eliminación de aranceles junto a la consiguiente alza de los impuestos indirectos, antitécnicos y regresivos, y, en fin, la ruina, con su rostro macabro?».

Una buena porción de las calamidades previstas por Mosquera han ocurrido en Latinoamérica en la última década: el Producto Interno Bruto por Habitante ha crecido por debajo de la población; la deuda externa se ha incrementado en más de 50%; el desempleo se ha duplicado en los últimos veinte años y la desigualdad social se ensancha. Algunas, que todavía no se han manifestado a cabalidad, lo harán en los años por venir en la medida en que se imponga la Iniciativa de las Américas de George Bush (padre): «Hacer una zona franca desde Alaska hasta la Tierra del Fuego».

La mencionada Iniciativa, y las iniciales reformas y los ajustes incubados por el Consenso de Washington a comienzos de los años 90, no son una equivocación teórica de ortodoxos académicos sino el desarrollo del proyecto de expansión del imperialismo norteamericano en su globalización, como lo ratificó uno de sus principales voceros, Robert Zoellick, en reciente audiencia ante el Senado norteamericano. Para él, la estrategia comercial imperial es «un abrazo palmo a palmo del globo con acuerdos bilaterales de libre comercio». Con ello aclara además que el plan B de Estados Unidos es imponer este tipo de acuerdos a las naciones más proclives en su principal área de influencia, ante la defección temporal del ALCA por las renuencias de Brasil y sus colegas de Mercosur y Venezuela. No es, entonces, el TLC con los países andinos un acto de especial deferencia del Tío Sam con «las sufridas naciones víctimas del narcoterrorismo», sino una pieza más dentro de lo que el mismo Zoellick denominó «una dinámica fresca que coloca a Estados Unidos en papel de liderazgo».

En los TLC, si bien se arraiga la desigual competencia comercial de mercancías agrícolas e industriales entre la metrópoli y sus satélites, se aumenta la dependencia alimentaria, y seguirán avanzando la desnacionalización y privatización de las economías, lo clave es que la impronta del capital financiero se imprimirá con la adhesión a un voluminoso texto de normas y reglas con cláusulas, capítulos, artículos, ordinales, numerales, anexos, notas de pie de página, entre una sofisticada red de disposiciones que versan sobre lo divino y lo humano. Los TLC consagran un nuevo ordenamiento institucional donde el protagonista es el inversionista extranjero, que al adquirir el estatus de nacional podrá capturar lo poco que todavía no le pertenece a punta de prerrogativas y privilegios, ante los cuales los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales, quedan valiendo un bledo. Es la típica Constitución colonialista, que le cae como anillo al dedo al «país de propietarios» propalado por Álvaro Uribe en Colombia, sólo que aquí se trata de los más propietarios entre los propietarios: los consorcios trasnacionales.

La nueva Constitución de la recolonización
En ese nuevo ordenamiento se jerarquizan los criterios particulares del Imperio sobre materias que son objeto de las negociaciones y en las cuales no se somete a los arreglos que ha alcanzado la comunidad internacional. Las dos terceras partes de los convenios de la OIT, los principales protocolos ambientales (incluyendo los relacionados con la biodiversidad, los productos transgénicos y la disposición de residuos tóxicos especiales), los pactos internacionales sustantivos en materia de Derechos Humanos, la Convención Internacional del Mar (que reconoce las 200 millas de explotación económica) son, entre muchos otros, ignorados por la superpotencia. Esto se tendrá que subsanar con la renuncia a esa normatividad internacional por parte de Colombia y, a la vez, con la adhesión a lo que desde Washington se disponga. A las enormes desigualdades entre Estados Unidos y Colombia en comercio, producción, número de patentes, infraestructura o salarios, ha de añadirse esta abismal contradicción.

La especialización en géneros tropicales de lo que quede de nuestra agricultura; de nuestro sector primario en recursos naturales no renovables y de nuestra industria en actividades de maquila, conducirá a términos de intercambio mercantil cada vez peores. Así, nuestras exportaciones estarán encabezadas por las de ahorro público y privado, por la vía del pago anual del servicio de la deuda que financiará los descuadres, y por las de colombianos emigrados en busca de enviar las remesas con las cuales aquí puedan seguirse comprando bienes importados. Un círculo vicioso infernal en el cual la única política económica es la política fiscal dictada por el FMI, que apenas persigue el pago cumplido y honrado del endeudamiento. En 2002, los intereses y amortizaciones de los créditos externos se quedaron con lo obtenido por el 89% de las ventas de todas las mercancías exportadas. Y en el solo periodo 1996-2001 emigraron más de un millón doscientos mil compatriotas (35% de los tres millones y medio de colombianos que residían en el exterior en 2001). El nuevo llamado a la competitividad no es más que la convocatoria, en la misma lógica, a aguantar más hambre, a entregar más trabajo por menos salario y a vender nuestros productos más baratos a fin de que otras naciones, también enzarzadas en las redes del «libre comercio», no nos releguen a estadios de mayor miseria. Es el perverso fenómeno conocido como «competencia entre pobres».

Esto se subrayará con las nuevas cargas que trae la letra menuda del TLC. Empezando por la desgravación arancelaria, incluida la de las mercancías usadas, que quitará nuevos recursos tributarios al Estado. El embeleco de la propiedad intelectual no sólo establecerá la prioridad de los inventores sobre la nutrición, la salud, los insumos agropecuarios, la aplicación provechosa de la nueva tecnología, el entretenimiento masivo y la cultura, sino que con noveles artilugios legales se garantizarán las rentas de monopolio que consagran las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor y de obtentor y otros análogos. La voracidad imperialista en este campo no tiene tapujos: quieren echar en su saco, sin pagar por ellos, hasta los recursos genéticos con los conocimientos tradicionales concomitantes. No se contenta con recibir los beneficios exclusivos de sus invenciones, sino que la organización monopolística de propiedad intelectual va asegurada al solicitarse la supresión del derecho de oposición de terceros contra toda solicitud de registro de patentes y, además, con la fijación de sanciones penales severas contra quienes osen irrespetarla, lo cual incluiría también a menores de edad bajo el régimen acusatorio.

El corazón del Tratado son las concesiones infinitas otorgadas a la inversión extranjera. La «liberalización» de los servicios crea nichos de negocio que van desde los ambientales, que abarcan las fuentes de agua y los territorios, pasan por los consabidos servicios públicos domiciliarios y la salud, la seguridad social y la educación, tanto la básica como la técnica y la superior, los financieros, el transporte, el turismo y las telecomunicaciones y el petróleo y los energéticos. Y eso sin reparar en las profesiones libres que quedan al garete esperando que los prestadores gringos se tomen la contabilidad de las grandes empresas, los diseños y las obras y los contratos más llamativos, privados y públicos. Con relación a estos últimos, las licitaciones, concursos y compras estatales se abren como nuevo filón de atracción al capital foráneo.

El capítulo de Inversiones es un cúmulo de absurdos. Al ofrecerse el carácter de «inversión», además de las acciones y participaciones en empresas, a los bonos y títulos de deuda, los «contratos en mano» y los de «riesgo compartido», las operaciones especulativas en «opciones y futuros», las de leasing y las concesiones para todo este conjunto, con un nuevo sistema legal que lo protege contra todo riesgo que pueda menguar sus utilidades. Con ese fin aparece la figura de «expropiación indirecta», que lo blinda contra cualquier disposición estatal posterior que contradiga las canonjías regladas en el Tratado. Al amparo de esa figura, los inversores podrán entablar controversia contra el respectivo Estado, que se dirimirá en instituciones ajenas a la justicia administrativa ordinaria: los tribunales internacionales de arbitraje.

El debilitamiento de la soberanía jurídica del Estado se materializa igualmente con la desaparición de todo requisito de desempeño exigible al capital extranjero privado, incluidos los que atañen a la tan vanagloriada «función social», con la imposibilidad de ejercer control de cambios a los flujos externos de dinero y con el reforzamiento de los prejuicios neoliberales sobre las empresas estatales, al calificarlas, de acuerdo con las políticas de competencia del TLC, como competidores desleales.

El nuevo modelo de justicia, hecho sobre medidas para el capital extranjero privado, es una criatura del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, merced al cual, entre 1997 y julio de 2001 se habían presentado 15 casos contra entidades estatales de México, Estados Unidos y Canadá, por parte de firmas trasnacionales. Todos los fallos emitidos hasta entonces favorecieron a los demandantes, cuyos pleitos alcanzaban un valor de 2.911 millones de dólares. «Es una bancarrota de la democracia, una compulsión privada en un tratado público»: así se expresan al respecto diversas organizaciones ciudadanas de Norteamérica ante semejante iniquidad.

La hoja de parra del Aptdea: ¿Premio o pieza del TLC?
Para cubrir tan ignominiosa negociación y también las indignas condiciones de secretismo, celeridad y envilecimiento en las cuales se ha llevado a cabo, los gobiernos de Uribe, Toledo y Lucio Gutiérrez buscan con afán una hoja de parra con la que puedan cubrir las vergüenzas aquí expuestas, y que en menos de 50 días hábiles se hubieran apegado a los nuevos designios coloniales sin chistar y haciendo todos los preparativos para llegar a la fecha señalada con la casa lista para cederla al saqueo.

En Perú se ventilan nuevas leyes de propiedad intelectual y se apura a los tribunales para fallar a favor y a la carrera los pleitos pendientes de algunas empresas gringas; igual sucede en Ecuador, al dictarse normas y crearse mecanismos para ajustarse a los requisitos del TLC, los laborales, de inversión y biodiversidad. Simultáneamente se nombra un procurador especial que acelere los fallos pendientes que tiene con ChevronTexaco y otras trasnacionales. En Colombia, la agenda legislativa oficial ajusta los códigos al nuevo dogma. La reforma a la justicia y al régimen penal, a los sistemas de jubilación, salud, educación y contratación pública, y el despiece y liquidación de empresas como Ecopetrol, Telecom o Inravisión, abonan el terreno. Decretos sobre propiedad intelectual o educación universitaria intentan aplicarse a rajatabla y en el Congreso se intentó aprobar un Estatuto del Inversionista. Todos se desvelan por comportarse al tenor del inexorable axioma de Zoellick: «El capital es cobarde, no va sino a donde se siente seguro».

Pese a ese proceder común, engañar a los pueblos es parte del proceso. Para ello la herramienta predilecta es la supuesta necesidad de mantener las ventajas en impuestos aduaneros que Estados Unidos concedió a los países andinos, inicialmente llamadas ATPA y en 2002 renovadas como Aptdea, y sobre las cuales se avisó que podrían desaparecer a partir de 2006 si el TLC no era satisfactorio. Esto es, el Imperio arrodilla a estas naciones por un beneficio del cual ahora gozan, pero cuya permanencia no está avalada por el TLC. El objetivo es continuar con esa zanahoria al costo que sea menester.

¿Qué tan benéfica es la zanahoria del Aptdea? No hay un solo estudio que diga que tales preferencias son indispensables para el sostenimiento de nuestras economías. Para Colombia, varios estudios han evaluado el monto real de estos beneficios. Planeación concluye que «las exportaciones a Estados Unidos no muestran un aprovechamiento de las ventajas otorgadas a través del ATPA» (hasta 2002). Se basa en que de los 5.319 millones de dólares anuales que en promedio se exportaron a ese país entre 1998 y 2002, el 48% correspondieron a petróleo, que está por fuera del sistema de ventajas. Del resto, solo 1.017 millones de dólares anuales gozaron de las preferencias, siendo notorias las brindadas al renglón de flores y a pigmentos para pinturas y fuel oil. Las ventajas para cada uno de estos renglones en ese periodo valen 45 millones de dólares en promedio anual. Una suma insignificante en proporción al valor total de lo exportado, menos del 1% en términos monetarios. Esto se explica por varias razones: Colombia no produce muchos de los 5.528 productos beneficiados; 80% de las ventas a Estados Unidos se concentran en 14 productos, de los cuales el café, el carbón y el banano ya gozan de aranceles iguales a cero; en otros rubros, distintas naciones son más «competitivas» a pesar del Aptdea; y, en no pocos, Estados Unidos aplica restricciones como barreras no arancelarias por normas fitosanitarias, normas técnicas, cuotas o contingentes, lo que deja entrever que el Atpdea es en realidad un embrujo.

La Sociedad de Agriculturas de Colombia, SAC, estima en 39 las partidas beneficiadas en un universo de casi 6.000. Y el conocido economista Germán Umaña, afirma que «la tasa de participación promedio correspondiente a Atpdea o al ATPA en el periodo 1996 agosto 2003 llega apenas al 14% del total de las exportaciones colombianas a Estados Unidos». Añade que los estudios que han calculado el valor agregado nacional de esas exportaciones lo tasan en 280 millones de dólares y los empleos creados en sólo 13.037 anuales; una contribución mínima en ambos casos y que para el conjunto de la economía no es más de 0,4% del PIB.

Vale recordar que la mayor porción de las exportaciones no petroleras a Estados Unidos las hacen filiales de empresas multinacionales, como la Dole, Chiquita Brands y Del Monte en flores y banano, la Drummond en carbón y los exportadores privados en casi todo el café.

El sistema Aptdea, que opera desde 2003 y se extiende hasta diciembre de 2006, es la ampliación del ATPA a nuevas mercancías como oro, telas impregnadas, confecciones, atún, crisantemos, bombones y cigarrillos, de lo cual gozará la Philip Morris, recientemente instalada en nuestro territorio. El último reporte de Proexport para el primer semestre de 2004 da en 1.959 millones de dólares las exportaciones colombianas por el mecanismo Aptdea, y cuatro renglones cubren 1.907 millones, 97% del total: flores, 302 millones; materiales de construcción, 28 millones; petróleo y sus derivados, 1.302, y confecciones 275 millones. Respecto a las prendas de vestir, Colombia apenas ocupa el lugar número 26 entre los proveedores, superado por Perú, y su aprovechamiento está amenazado por la próxima terminación del Acuerdo Multifibras, que hoy nos da esa ínfima participación. En cuanto a los combustibles, el auge está referido a los altos precios del petróleo. Así, el Aptdea es transitorio, se concentra en muy pocas ramas y no llega a 150 millones de dólares anuales.

La justificación del Aptdea para firmar el TLC es más un ardid para engañar a los colombianos que un objetivo negociador. Es la ilusión tras la cual se aceptan todas las ignominiosas reglas y dictados imperiales para instaurar su nuevo régimen colonial. Son las mismas razones con las cuales a los africanos, en el peor colonialismo, se les engañaba con el acceso de sus productos como café, almendras, cacao y diamantes al Viejo Continente.

En un acto casi histriónico, en vísperas de la ronda de Tucson, los negociadores colombianos señalan el derrumbamiento de los subsidios a la exportación de los productos agropecuarios gringos como una victoria. En realidad es una farsa, ya que un acuerdo en ese sentido se viene firmando en la OMC. Con relación a estos subsidios, lo primero para señalar es que son una parte ínfima del paquete general de apoyo a los productores agropecuarios en Estados Unidos. De los 71.269 millones de transferencias, no más de 15% podrían catalogarse en el conjunto de subsidios a la exportación. Algunos piensan que si hay ajustes, éstos empezarán después del año 2013. No es ningún trofeo de batalla el que en ese sentido piensan traer de Tucson los negociadores colombianos. Es otro ardid para engañar a los colombianos.

Por todo lo anotado, a los trabajadores y a los sectores productivos nacionales, a todos aquellos que guarden una mínima esperanza de desarrollo autónomo para nuestro país y de progreso para sus gentes, no les queda otro camino que participar decididamente en las tareas de resistencia civil que contra la recolonización estadounidense empiezan a multiplicarse en Colombia y en los demás países del Continente. El enemigo común es la política imperialista. La solución es la lucha común.

Francisco Valderrama Mutis

Finalizó el disputado debate electoral en Estados Unidos con la victoria de George W. Bush y del Partido Republicano, a pesar de su evidente desprestigio por la falsedad de las razones aducidas para desatar la agresión contra Irak, el compromiso de los más altos niveles de la administración en las torturas de Abu Ghraib, los gigantescos déficit fiscal y comercial, la calamitosa situación de los trabajadores y el incremento de la pobreza durante los primeros cuatro años de su administración. Los demócratas, que contaron con un partido unificado, el recaudo por primera vez en los últimos tiempos de tanto dinero como los republicanos para financiar la campaña, con 55% de los estadounidenses opinando que habían sido dirigidos equivocadamente (según las encuestas), una victoria clara en los tres debates por televisión entre los dos candidatos, el apoyo de más de 800 organizaciones sindicales y sociales fuertemente motivadas contra la reelección de Bush, y la reducción al mínimo de la influencia de Ralph Nader, el candidato independiente, fracasaron tanto en el voto popular como en la consecución de la mayoría en el organismo electoral que define la presidencia de Estados Unidos.

El apoyo mayoritario del capital financiero y los monopolios, especialmente los petroleros, fue para quien en su primer período los benefició con largueza por medio de recortes de impuestos y jugosos contratos gubernamentales, que incrementaron sus ganancias en un 75% en los últimos tres años y elevaron los márgenes de rentabilidad. La demostración de esta preferencia fue evidente cuando el valor de las acciones empezó a caer aceleradamente mientras las encuestas en boca de urna daban como ganador a Kerry; y cuando los resultados oficiales señalaron que Bush iba a ser el ganador absoluto, cambiaron de curso abruptamente, como lo registró la revista The Economist. Este apoyo no pudo ser contrarrestado por los sectores financieros y monopolistas que respaldaron a Kerry, como fue el caso de George Soros, aunque invocaron las graves consecuencias que para la posición hegemónica norteamericana, y, desde luego, para sus negocios, tiene la política unilateral de ataques preventivos y el errático desarrollo de la recolonización imperialista de Irak y Afganistán adelantada por Bush.

Bush ganó su segundo período con la mayor votación de la historia y los republicanos incrementaron su control del congreso con ocho nuevas curules, incluyendo la del líder de la minoría demócrata Tom Daschle, derrotado en el Estado de Dakota del Sur. Este resultado electoral fue posible por: en primer lugar, la aplicación a rajatabla de una política de fidelidad integral con el capital financiero y los monopolios, cuyos representantes fueron integrados a su gobierno, permitiendo que participaran decisivamente en la definición de la política energética, y a los que premió con la desregulación o eliminación de los controles gubernamentales, la ampliación de los subsidios a la agricultura y la imposición de medidas proteccionistas frente a la competencia extranjera.

La apelación al fundamentalismo cristiano, en segundo lugar, al cual halaga con frecuentes referencias a su fe de converso, con el apoyo incondicional a su cruzada contra las minorías y contra el desarrollo de la ciencia, y con la inclusión cada vez mayor de sus representantes en las tareas gubernamentales.

Y, por último, a diferencia del primer Bush, que los apartó no bien resultó elegido en 1988, con el nombramiento de los dirigentes del movimiento neoconservador en puestos clave de rango ministerial, reconociendo su trabajo de más de 40 años en la creación de instituciones y centros de análisis, de evidente peso en la orientación del partido republicano, la organización de los activistas de la American Conservative Union y de la National Rifle Association, así como de la creación de grupos de presión locales a lo largo y ancho de todo el país, que fueron efectivos en la movilización del electorado. Bush apeló abiertamente a infundir temor a los ciudadanos sobre la posibilidad de un nuevo ataque terrorista y a las posiciones más retrógradas frente a la investigación científica, el aborto y los derechos de las minorías.

Kerry fracasó en su aspiración de derrotar a Bush, a pesar de que también obtuvo la mayor votación de la historia de los candidatos demócratas en los Estados Unidos. La ambivalencia de sus posiciones frente a los problemas centrales de la campaña no pudo ser compensada por la movilización inusitada de las organizaciones sindicales y sociales que hicieron todos los esfuerzos posibles para derrotar a Bush, silenciando sus críticas frente a su propio candidato, que jamás logró interpretar sus intereses con respecto a la guerra y a sus propios derechos sindicales.

Aunque el mapa electoral está estrechamente dividido entre Bush que ganó 57 a 42% en las zonas rurales y suburbanas, principalmente en los estados del Medio Oeste central y el sur, y Kerry que ganó 54 a 45% en las ciudades de más de 50 mil habitantes, en los estados de las dos costas y el norte del Medio Oeste, Cheney señaló que el presidente había ganado sobre la base de «una agenda clara para el futuro y la nación le respondió otorgándole un mandato». Agenda que ratifica, en lo interno, su política de beneficios y reforma del código tributario para las empresas y los más ricos, la privatización del seguro social, la restricción de las libertades civiles y los derechos democráticos y, en lo externo, la imposición de su «Política de Seguridad Nacional», con la utilización de la guerra preventiva y la obligación de adherir al libre comercio y la dictadura de los mercados.

Lo que se viene

Los primeros cambios en el gabinete marcan un endurecimiento del núcleo gobernante en cumplimiento de ese «mandato». Se está rodeando de los neoconservadores más fieles, muchos de ellos viejos colaboradores de su gobernación en Texas, y va a cobrar todo asomo de disentimiento o de crítica en los organismos gubernamentales con la pérdida de los puestos, como está sucediendo en la CIA, vista como un «¡semillero de liberales!» El nombramiento de Alberto Gonzales como fiscal general es la ratificación de su desprecio por la Convención de Ginebra y la ONU, y la legitimación del sistema de torturas instaurado en las guarniciones militares de ultramar, que ha tenido sus más degradantes y escandalosos sucesos en Guantánamo y Abu Ghraib. El nombramiento de Condoleezza Rice en la Secretaría de Estado, ex integrante de la junta directiva de ChevronTexaco y asesora de negocios petroleros de la familia Bush, significa un endurecimiento y la coordinación mayor de las políticas de agresión militar con el manejo de los canales diplomáticos. La dirección del Partido Demócrata, por su parte, ha dado señales de plegarse a la política de Bush, con el nombramiento de Harold Reid, senador por Nevada, como líder de la minoría en el Congreso, quien se ha caracterizado por haber apoyado incondicionalmente al gobierno republicano, tanto en sus aventuras militares en el mundo como en sus posiciones contra el aborto y el desarrollo de la investigación científica, y a favor de la política impositiva y la privatización del seguro social.

De esta manera se consolida la implantación de los peores rasgos del régimen fascista que Bush y el fundamentalismo neoconservador le están imponiendo al pueblo norteamericano: el establecimiento de un nacionalismo autoritario, el desprecio por el respeto de las libertades civiles y los derechos democráticos, la identificación del terrorismo como una causa unificadora, la supremacía del militarismo, el control de los medios de comunicación, la utilización del temor para enfatizar la obsesión por la seguridad nacional, el entrelazamiento de religión y gobierno, el poder de las corporaciones cada vez más ligado directamente a la administración, la supresión de las organizaciones sindicales y de los derechos de los trabajadores, el desprecio por los intelectuales y los artistas, la persecución de las minorías para las cuales no rigen los derechos, las elecciones fraudulentas, la utilización de los medios para destruir adversarios, el nepotismo y la corrupción en todos los niveles de la administración.

Asegurado el control del poder ejecutivo y del legislativo, ahora va por la toma del poder judicial, para completar su hegemonía interna. Y con el control de todas las ramas del poder en el interior de su propio país, pugnará por mantener la hegemonía global mediante el redespliegue y la reforma de sus fuerzas militares y las guerras de agresión por el control de las fuentes de energía y el cerco militar a los potenciales competidores del mañana, Europa, Rusia, China y la India. Sus más recientes acciones internacionales así lo ratifican.Entre ellas podemos señalar las constantes amenazas contra el desarrollo del programa nuclear en Irán, mientras mantiene en silencio el poderío atómico de Israel; el apoyo incondicional a la agresión sionista contra el pueblo palestino; las requisitorias contra Corea del Norte para que se desarme y se ponga literalmente en sus fauces; la ofensiva militar contra Faluja, ciudad arrasada y tomada a sangre y fuego, para tratar de garantizar la realización de las elecciones «democráticas» programadas en Irak para enero de 2005; el llamamiento de Rumsfeld a los ministros de defensa de América Latina, reunidos en Quito, el pasado 17 de noviembre, para unificar la labor de todas las fuerzas militares, la policía y el poder judicial de cada país para combatir el narcotráfico y el terrorismo e impedir la porosidad de las fronteras, así como la conformación de una fuerza militar panamericana que le diera visos de legalidad a la violación de la soberanía nacional de cualquiera de nuestros países; la visita relámpago de Bush a Uribe Vélez en Colombia, cuyo objetivo fundamental fue respaldar un régimen incondicional; la citación de una reunión de presidentes de Europa con Condoleezza Rice, excluyendo la presencia de España que se atrevió a retirar sus soldados de Irak; y, ahora, el entrometimiento arbitrario en los asuntos internos de Ucrania, donde aspiran imponer una decisión electoral que favorezca a su candidato, en un duro enfrentamiento con Rusia, confirmando la intención de convertir a los observadores de las potencias, especialmente de Estados Unidos, en la verdadera autoridad electoral de última instancia en todos los países.

Dificultades sin fin

Sin embargo, su capacidad de maniobra es limitada. Con 140 mil soldados desplegados en Irak y Afganistán, otros tantos en las centenares de bases militares que rodean el planeta, y centenares de miles ocupándose de los suministros, o entrenándose para poder efectuar los necesarios relevos, o de regreso porque ya cumplieron el tiempo de servicio, la capacidad militar de Estados Unidos para atender situaciones de crisis que se puedan presentar alrededor del mundo es notablemente inferior a la que Bush y Rice encontraron hace cuatro años, máxime cuando se han comprometido en el mayor esfuerzo de reconstrucción de una región, desde que se lanzó el Plan Marshall en Europa, después de la II Guerra Mundial.

Necesitan mayor cantidad de tropas en Irak y un mayor esfuerzo financiero, pero el cuantioso déficit fiscal y comercial y la oposición generalizada a un reclutamiento obligatorio en Estados Unidos, son serios obstáculos para el cumplimiento de estas metas. Si la guerra se prolonga, los mercados pueden entrar en pánico y perder la confianza en la economía norteamericana, flanco que tiene que ser cuidado por el gobierno de Bush. Europa no acudirá en su ayuda con hombres y dinero, de acuerdo con recientes declaraciones del presidente francés, Jacques Chirac, y otros países han confirmado su intención de retirar sus tropas de Irak el año próximo. La toma de Faluja confirmó los temores de los norteamericanos a la guerra urbana pues pagaron su pírrica victoria con cerca de 500 bajas, entre muertos y heridos, y el pueblo iraquí está demostrando día a día su voluntad indeclinable de luchar contra la recolonización imperialista. Las negociaciones del ALCA para extender sus fronteras comerciales a toda América han sido contenidas por las posiciones de Brasil y Argentina, agriamente denunciadas por Zoellick en la cumbre de la Organización para la Cooperación de Asia y el Pacífico, APEC, realizada en Chile el pasado 22 de noviembre. Venezuela se niega a participar en cualquier negociación de libre comercio con Washington y ha derrotado todos los intentos de la oposición interna, públicamente financiada por los norteamericanos. Los pueblos de los países del Área Andina y Centroamérica luchan denodadamente contra la imposición de tratados bilaterales de libre comercio.

Las enormes debilidades de la superpotencia norteamericana están quedando al desnudo día tras día. La competencia económica con las demás potencias se incrementa en todas las regiones del mundo y se extiende la oposición política y diplomática a los designios de Washington. Aprovechando esta situación, los pueblos del mundo harán mayores esfuerzos de unidad y de lucha contra la recolonización imperialista.

Más de 50 dirigentes pertenecientes a Sintratextil, Sinaltradihitexco, Sintracolibrí, Sindelhato, Sintrasatexco, Sintrasadeco y Sinaltrafecol, acudieron a la convocatoria para iniciar un proceso de unidad de los trabajadores de la cadena textil en una sola organización. La reunión fue auspiciada por las juntas nacionales de Sintratextil y Sinaltadihitexco, con el concurso de la CUT, y se realizó los días 19 y 20 de noviembre en Palestina, Caldas. Este importante evento dispuso la conformación de comisiones para coordinar el plan de acción, los estatutos, la plataforma de lucha y demás tareas. El plan de acción contempla la edición de un periódico unitario, la coordinación de los conflictos y la convocatoria a asambleas conjuntas, preparar una movilización del sector contra el TLC, realizar un Foro sobre TLC y textiles y conformar una escuela sindical nacional, entre otras.

La declaración política del encuentro destacó: «Los Estados Unidos extienden su dominio en el planeta para apoderarse de los mercados, saquear los recursos naturales nacionales y abaratar la mano de obra, para lo cual recurre a las ocupaciones militares, la imposición de políticas neoliberales como resultado del chantaje que ejerce con la deuda externa y el impulso de tratados de libre comercio con los que somete las economías de los países pobres». Agrega: «Particularmente el sector textil ha padecido las consecuencias del modelo neoliberal. En catorce años de apertura se han perdido más de 50 mil empleos en toda la cadena; pululan las formas desreguladas de trabajo y el Tratado de Libre Comercio, TLC, amenaza con hacer desaparecer totalmente el sector. Por ello es perentorio defender la producción nacional de la amenaza del libre comercio y así defender nuestros empleos y derechos».

El llamamiento del encuentro recoge la concreción del frente antiimperialista: «La nación entera se está movilizando contra estos males. La Gran Coalición Democrática, y dentro de ella la CUT, intentan con éxito el más grande proyecto de unidad de todos los sectores sociales y políticos para defender la soberanía, el bienestar de la población, oponerse a las reformas que se cocinan contra el pueblo, rechazar el TLC y el ALCA, derrotar la reelección uribista y reclamar una salida política negociada al conflicto interno». La proclama unitaria remata: «Los sindicatos textileros que firmamos esta declaración, estamos comprometidos a adelantar una efectiva unidad de acción y a establecer las comisiones y cronogramas que nos lleven a lograr en el menor tiempo posible la unidad orgánica en un solo sindicato que aglutine a toda la cadena textil».

La reunión hermanó a compañeros provenientes de Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, Satexco, Enka, Leonisa, Rionegro, Riotex, Texpinal, Tesicol, Vanylon, Vesta, Qualitex, Everfit, Quintex, Nateza y Colibrí. A la reunión se excusaron de asistir los obreros de Hilos Cadena, de Pereira, y Fibrilana, de Cali, quienes no obtuvieron los permisos de la patronal.

En el encuentro fue presentada una importante investigación sobre el TLC y la situación del sector, hecha por el compañero Jorge Gómez, de Cedetrabajo, capítulo de Antioquia.

Unos mil quinientos delegados, en representación de sindicatos, sociedades científicas, asociaciones de usuarios, pensionados, comités por la defensa de los hospitales públicos, entre profesores y estudiantes de las facultades de salud, a más de muchos otros asistentes, deliberaron en doce comisiones que trataron la crisis en que se ha sumido a la seguridad social como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales. Estuvieron representadas todas las vertientes opositoras de la Ley 100 de 1993, a la que se condenó unánimemente como la causante del descalabro que vive la salud pública. El 19 de noviembre, tercero del evento, los participantes realizaron una combativa marcha que terminó en la Plaza de Bolívar, pidiendo la derogatoria de la Ley 100, salvar la red pública hospitalaria y lograr el respeto de los derechos laborales de trabajadores y profesionales.

Dos temas concitaron la mayor polémica del evento, el apoyo a los proyectos de reforma a la Ley 100 y la centralización de los recursos financieros en manos de la nación. A la condena unánime del actual sistema corresponde el pedido de que se establezca uno nuevo. Por tanto no hay lugar a respaldar proyectos de reforma que no resuelven la actual crisis y cuyo alcance es inocuo frente al padecimiento que por esta causa vive la gran mayoría de la población. La plenaria se dividió frente al tema y votó 124 contra 104. Al cierre de esta edición, los proyectos de ley alternativos fueron hundidos por la bancada uribista, mientras que la reforma que empeora las condiciones de la nefasta Ley 100 recibe todo el apoyo de la bancada gobiernista. El segundo debate correspondió a la descalificación que la mayoría del congreso hizo a la propuesta de crear un fondo con los recursos de la salud para ser manejado autónomamente por fuera del Estado, dando cabida a las ONG privadas y a otras organizaciones y propiciando la descentralización de los recursos en las entidades territoriales.

Con grandes coincidencias en el diagnóstico y en la necesidad de ampliar y coordinar la lucha, el congreso aprobó un plan de lucha que incluye un paro nacional por la salud de los colombianos y contra el TLC en marzo de 2005, así como la convocatoria a un plenario en febrero de todas las organizaciones involucradas. Todos al unísono aprobaron la derogatoria de la Ley 100, la eliminación de la intermediación, el rechazo al TLC y la creación de facultades de salud por parte de las EPS, y defendieron el restablecimiento de la red publica hospitalaria y el sistema nacional de salud, el respeto de los derechos laborales de trabajadores y profesionales de la salud, la salvación del ISS y la supresión de los fondos privados de pensiones.

Los delegados orientados por nuestro Partido difundieron con gran acogida el siguiente programa mínimo para el sector y cuyo contenido básico fue presentado como propuesta en el congreso.

Programa nacional por la defensa de la salud pública
Derogatoria de la Ley 100 e implementación de un nuevo modelo de salud, que persiga el acceso equitativo, oportuno y de calidad a la atención médica, un Instituto del Seguro Social fortalecido, una red pública hospitalaria financiada e innovada tecnológicamente y unos programas de prevención dirigidos y financiados por un sistema único nacional estatal.

Desaparición de la intermediación del capital financiero en el sistema, que asume para sí el cobro de una especie de peaje como compensación de su innecesaria labor de intermediación. Aún peor, sus ganancias derivan de la especulación con el dinero de los usuarios del sistema, restringiendo derechos, negando un acceso oportuno y pleno a la atención y sacrificando la calidad por las utilidades. En el nuevo modelo, la intermediación en la salud debe suspenderse, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado. Los recaudos del contributivo deben ir al ISS y a los fondos estatales, con el único objetivo de prestar o contratar los servicios de atención y prevención de salud. Los recursos del régimen subsidiado deben pasar a financiar la red pública hospitalaria y el sistema nacional de salud.

Demandar una actitud responsable del Estado frente a las necesidades de la población y el restablecimiento de un sistema nacional de salud pública, para materializar el concepto de la salud como un derecho y no como una mercancía. La adopción de este criterio por parte del gobierno implica el desmonte del subsidio a la demanda y de la facturación como fuentes de financiación de las instituciones públicas, lo que implica eliminar la obligación de los hospitales públicos y las clínicas del ISS a autofinanciarse. De lo anterior se desprende exigir la financiación de la capacidad instalada de la red pública hospitalaria y la desaparición de la concepción de empresa.

Recuperar las condiciones financieras y la capacidad operativa del ISS, unificándolo nuevamente en una sola estructura administrativa e inyectándole los recursos necesarios para recuperar la oportunidad y la calidad en la presentación de sus servicios preventivos y asistenciales. La recuperación del liderazgo del Seguro Social en la atención de los trabajadores colombianos es una necesidad para millones de usuarios y solo es posible mediante el apoyo administrativo y financiero del Estado.

Reivindicar unas condiciones dignas de trabajo para los profesionales y trabajadores de la salud. La demora y retención de salarios, el no pago de primas y prestaciones de ley, la revisión de las convenciones, la implementación de formas desreguladas de contratación, a más de increíbles limitaciones en recursos e instalaciones, son hoy la norma. Muchos hospitales funcionan con las mesadas no canceladas a los trabajadores. Las EPS privadas promueven prácticas que atentan contra las bases del profesionalismo, como la ausencia de recursos y espacios para la discusión académica y científica y la presión sobre la toma de decisiones para controlar costos: tiempo reducido para la atención de pacientes, prohibir remisiones a otros profesionales y reducción de pruebas diagnósticas y de medicamentos prescritos.

Defender los hospitales universitarios y las facultades de salud ante la pretensión de las EPS privadas de convertirse en centros de formación profesional, bajo la permisibilidad gubernamental. Estas vienen «creciendo verticalmente», creando clínicas propias por medio de las cuales se venden a sí mismas la atención, aumentando sus jugosas ganancias y desplazando la red de clínicas privadas del país y, finalmente, aspirando a crear sus propias facultades de medicina, en busca de contar con un recurso humano «ajustado a sus necesidades». Proponemos entonces la defensa de los hospitales universitarios como centros de alto nivel de atención para la población y de prácticas indispensables para la formación calificada de los profesionales de los centros superiores.

El pasado 1º. de diciembre murió en Medellín, Efraín Hincapié Hincapié, familiarmente conocido como El Maestro, viejo militante de la Juventud Patriótica de la Universidad de Antioquia, en donde se graduó de Abogado.

Este querido militante de nuestro Partido había nacido en Sonsón el 8 de noviembre de 1946, ciudad en la cual cumplió durante largos años gran parte de sus tareas como moirista.

Convocados por la Internacional de Servicios Públicos, ISP, el Movimiento de Usuarios Financieros y Consumidores Vital, el Sindicato de Trabajadores de Emcali, Sintraemcali, el Sindicato de Trabajadores de Emsirva, Sintraemsirva, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Municipios y Empresas Descentralizadas, Sintraemdes, y el Comité Pro Coordinadora Nacional de Usuarios, constituido en el encuentro de Medellín y del cual son partícipes la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Empresa Distrital de Teléfonos de Barranquilla, las Ligas de Usuarios de Bogotá, Antioquía y Caldas, la Alianza por Servicios Esenciales Dignos de Medellín, el Comité Popular de Usuarios de Manizales y Villamaría, el Sindicato de Trabajadores de Interconexión Eléctrica S.A., Sintraisa, y el Sindicato de Trabajadores de Isagen Sintraisagen, se reunieron el 25 de noviembre, en Cali, en un Encuentro Nacional llamado: Servicios Públicos Domiciliarios, una década de Miseria y Exclusión.

Con la asistencia de más de cien delegados, provenientes de casi toda la geografía nacional, y teniendo como derrotero las conclusiones acordadas en Medellín, el 14 y 15 de octubre, el Encuentro fue, sin lugar a dudas, un importante avance en el proceso de construcción de la Organización Nacional de Usuarios.

El evento acordó fortalecer las relaciones entre los usuarios y los sindicatos de las empresas de servicios públicos para adelantar acciones en defensa del patrimonio público.

El evento consideró que el modelo neoliberal ha traído consecuencias supremamente lesivas para el pueblo colombiano al expedir las Leyes 142 y 143 de 1994, que permiten la privatización de las empresas de servicios públicos, facilitan el alza continua en las tarifas, crean nuevas contribuciones para los sectores industriales y comerciales no monopolistas y eliminan los subsidios para los sectores más pobres de la población, y con ello niegan el acceso de millones de colombianos a los servicios públicos y benefician los negocios privados de las grandes multinacionales. Al acoger los dictados del Fondo Monetario Internacional, FMI, y del capital financiero monopolista norteamericano, se entregan la soberanía, el patrimonio y los recursos naturales del país. Ante esta realidad, el Encuentro ratificó la oposición a todas las políticas que Estados Unidos le impone a nuestra nación, y que han sido aceptadas por los últimos gobiernos, desde el de César Gaviria hasta el de Álvaro Uribe Vélez.

El Encuentro reafirmó igualmente la necesidad de promover una discusión amplia entre todas las organizaciones sociales participantes, para definir el nombre, el programa, las normas de funcionamiento y los métodos de lucha que habrán de orientar la organización que se constituya. Para tal fin este Encuentro convocó un Congreso Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos, que habrá de reunirse durante los días 21 y 22 de julio de 2005, en Bogotá.

Como parte de la preparación de ese Congreso y de la necesidad de avanzar en el proceso de organización, educación y lucha de los usuarios, se acordó adelantar un plan de acción que tenga como punto esencial la denuncia, oposición y lucha contra el Tratado de Libre Comercio, TLC, que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez “negocia” con los Estados Unidos.

Las organizaciones comprometidas con la constitución de la organización nacional de usuarios de los servicios públicos ratificaron la existencia y composición del comité creado en Medellín y decidieron ampliarlo con nuevas organizaciones. Se comprometieron también a aportar sus mejores esfuerzos para adelantar las tareas acordadas y cumplir el plan de acción que fue acogido. Todos los delegados asistentes al Encuentro de Cali salieron de allí decididos a trabajar con entusiasmo y dedicación para llevar a cabo en forma exitosa el Congreso Nacional de julio 21 y 22 de 2005 y las demás tareas acordadas.

Las Organizaciones firmantes de los acuerdos, son:

Internacional de Servicios Públicos, ISP; Sindicato de Trabajadores de Emsirva, Sintraemsirva; Asociación de Pensionados y Jubilados de la Empresa Distrital de Teléfonos de Barranquilla; Liga de Usuarios de Bogotá; Liga de Usuarios de Antioquia; Liga de Usuarios de Caldas; Liga de Usuarios de Risaralda; Liga de Usuarios del Quindío; Liga de Usuarios del Atlántico; Liga de Usuarios del Cesar; Liga de Usuarios de La Dorada y el Magdalena Medio; Liga de Usuarios del Cauca y Valle del Cauca; Comité Ciudadano de Usuarios de Servicios Públicos de Cali; Liga Municipal de Asociaciones de Padres de Familia de Cali; Movimiento de Usuarios Financieros y Consumidores Vital; Sindicato de Trabajadores de Emcali, Sintraemcali; Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Municipios y Empresas Descentralizadas, Sintraemdes. Junta Directiva Nacional; Censat-Agua Viva, Bogotá; Comité por la Unidad, Defensa y Salvación de Buenaventura; Alianza por Servicios Esenciales Dignos de Medellín, Alianza SED; Consumidores Colombia -COCO- Medellín; Compromiso Comunitario de Medellín; Red de Mujeres Populares de Medellín; Instituto Popular de Capacitación, IPC. Medellín; Escuela Nacional Sindical, ENS; Comité Popular de Usuarios de Manizales y Villamaría; Asociación de Usuarios de Servicios Públicos del Huila; Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, Sintraelecol, Sindicato de la ETB de Bogotá. Subdirectivas de Caldas y Valle del Cauca; Unión de Usuarios de Servicios Públicos de Caquetá, Usepca; Usuarios de Servicios Públicos Agropemca, Cauca; Comité Municipal de Servicios Públicos de Caloto, Cauca; Comité de Usuarios de Popayán. Barrio Las Américas.

Cali, noviembre 25 de 2004

Plan de Acción de la Unidad Nacional de Usuarios

Las organizaciones asistentes al Foro Servicios Públicos: una Década de Miseria y Exclusión, que tuvo lugar en Cali, el 25 de noviembre, nos comprometemos con el siguiente Plan de Acción:

1. Participación en el Foro Social Colombia 2, Bogotá, 4 y 5 de diciembre.

2. Participación en la Atarraya Nacional, Cartagena, 10 de diciembre.

3. Encuentro de la Coordinadora de Usuarios de Servicios Públicos de la Costa Atlántica, Valledupar, Cesar, el 15 de diciembre.

4. Participación en el Foro Social Mundial, Sao Paulo, Brasil, en enero de 2005.

5. Marchas, desfiles y foros de usuarios de servicios públicos en todo el país, el 24 de febrero de 2005. Declarar el 24 de febrero como Día Nacional del Usuario.

6. Foros sobre la nueva estratificación promovida por el gobierno.

7. Promoción, como señal de protesta por las elevadas tarifas de la electricidad, de un apagón de media hora en todo el país, el 24 de febrero de 2005.

8. Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2005, foros en todas las capitales sobre el Tratado de Libre Comercio, TLC, y servicios públicos.

9. Durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2005, encuentros departamentales y regionales para acordar el nombre, programa, normas de funcionamiento y métodos de lucha de la Organización Nacional de Usuarios.

10. Congreso Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, para crear la Organización Nacional de Usuarios, el 21 y 22 de julio de 2005.

11. Creación de una comisión encargada de discutir y proponer una ley marco sobre los servicios públicos domiciliarios.

12. Creación de una página web del Comité Pro Coordinadora Nacional de Usuarios.

Álvaro Morales Sánchez

Con la participación de 743 delegadas y la presencia solidaria de varias delegaciones internacionales, el 2 y 3 de noviembre se realizó en Bogotá el IV Congreso Nacional de la Mujer Trabajadora convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

El evento se inició con dos horas de retraso debido al atropello de que fueron víctimas varios dirigentes del movimiento sindical internacional que tenían previsto participar. Por orden del gobierno, agentes de inmigración del DAS les impidieron el ingreso al país y ordenaron la deportación inmediata de Víctor Báez, secretario general de la ORIT; Cameron Duncan, secretario general de la Internacional de los Servicios Públicos; Rodolfo Benítez, secretario general de la Internacional de los Servicios y Antonio Rodríguez, secretario general de la Internacional del Transporte. Algunas de las dirigentes de España, Francia y Gran Bretaña fueron retenidas por varias horas en el aeropuerto, amenazadas con calabozo al protestar por el atropello y conminadas a presentarse en la Cancillería.

Pese al comportamiento fascista del gobierno de Uribe Vélez, que llega a estos extremos en el afán de aislar a los trabajadores colombianos de la solidaridad del movimiento sindical mundial, las participantes en el Congreso de la Mujer analizaron la grave situación por la que atraviesa la clase obrera y en particular la población laboral femenina y definieron el plan de acción y las propuestas organizativas.

Las reformas que presentó a discusión del Congreso de la República en materia pensional, tributaria y de la justicia, la negociación del TLC con Estados Unidos, la violación de las libertades ciudadanas y los derechos democráticos y las pretensiones reeleccionistas de Uribe Vélez, fueron temas centrales en las deliberaciones.

Declaración política
La declaración política aprobada por unanimidad caracterizó la ofensiva de Estados Unidos sobre los pueblos del continente como de recolonización imperialista, lanzada con la sumisa complacencia en nuestro país del gobierno de Uribe Vélez.

La declaración señala textualmente: «El futuro de Colombia está en juego con la firma del Tratado de Libre Comercio que no solo expropiará los bienes económicos y los recursos naturales del país, sino que pondrá en manos de los Estados Unidos el destino de todos los asuntos de la vida de colombianos y colombianas, significando la entrega de la Nación entera».
El Congreso de Mujeres denunció: «Colombia ha visto impávida como se acalla la voz y se siega la vida de dirigentes sindicales y líderes sociales, se vulneran los derechos democráticos, se esquilma el bolsillo de colombianas y colombianos con impuestos regresivos, se le niega a millares de infantes y jóvenes el derecho a la educación y a la salud, millones de mujeres y hombres hacinados y hambrientos no conocen un solo derecho que los haga sentir ciudadanos, parecen condenados a soportar la ignominia impuesta por las políticas neoliberales».

Precisó: «Las mujeres trabajadoras hemos enfrentado el recorte sistemático de los derechos laborales, la pérdida del empleo y en consecuencia nos hemos echado en hombros responsabilidades familiares, porque allí donde no queda cesante una mujer es al compañero a quien le toca afrontar esta situación, enfrentamos la violencia intrafamiliar, el desplazamiento y soportamos las consecuencias de la guerra. Nuestros hijos e hijas miran con incertidumbre el mañana». El Congreso constató los niveles de empobrecimiento y exclusión femenina, sobre todo en las áreas de empleo, educación, salud, sector agrario y formal y señaló: «Trabajamos por la construcción de un modelo económico basado en la justicia social, en la defensa de la producción, el trabajo, en la solidaridad y la soberanía nacional».

Reconociendo la importancia que ha tenido el proceso de unidad de acción, la declaración política señaló: «El Congreso hace un llamado a todas las trabajadoras y mujeres del movimiento social a fortalecer la Gran Coalición Democrática, como escenario para la defensa de los intereses nacionales y la movilización como expresión de resistencia civil contra las medidas de gobierno, asumiendo como objetivos del Plan de acción de los cinco ejes».

Este IV Congreso de la Mujer Trabajadora de la CUT estuvo precedido de cerca de treinta encuentros regionales y sectoriales en los que se discutieron más de cincuenta ponencias. Las coincidencias fueron consignadas en un solo documento para las Comisiones de trabajo que sesionaron en el Congreso. Este proceso de discusión amplia y democrática fue posible gracias a que en el Comité Ejecutivo de la CUT se logró un acuerdo unánime encaminado a garantizar que el trabajo de la mujer de la Central se fortaleciera con la participación de todas las fuerzas políticas.

Las tesis del MOIR en relación con el trabajo político entre la población femenina fueron adecuadamente representadas por una nutrida delegación encabezada por María Victoria Forero, presidenta del Sindicato del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien estuvo como moderadora del Panel sobre Libre Comercio y su Impacto sobre las Mujeres y fue ponente en el Panel sobre la Mujer y los Movimientos Sociales.