Categoría: Tribuna Roja Nº 30, Bogotá segunda quincena de noviembre de 1977

Centenares de asalariados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, sitiaron el 20 de octubre las oficinas administrativas e impidieron toda actividad laboral durante 24 horas. Ante el éxito de la iniciativa, el sindicato anunció nuevos paros escalonados en apoyo al pliego de peticiones presentado el 29 de julio. Las tareas que se avecinan serán coordinadas con los sindicatos del Ministerio de Hacienda y de la Administración Postal, a través de un comité unitario.

Los 2.170 trabajadores del Codazzi fueron clasificados desde 1968 como empleados públicos, recién expedida la Reforma Administrativa de Lleras Restrepo. Ahora, siguiendo el ejemplo de sus compañeros del Ministerio de Hacienda, se disponen a quebrantar la arbitraria legalidad que les cercenó los derechos de huelga, organización y contratación colectiva.

La Administración Postal
6.200 empleados de la Administración Postal se aprestaban entretanto para iniciar la batalla por aumentos salariales, congelados desde hace dos años. El Consejo Consultivo del sindicato, que se reunió el 1 de noviembre, aprobó un plan de lucha y autorizó al comité ejecutivo para poner en práctica las medidas que considere indispensables. El sindicato protestó contra la persecución desatada por la Administración Postal en Barranquilla y denunció que continúa detenido Diego Hoyos, directivo de la seccional de Manizales.

El Dane
Los trabajadores del DANE dieron comienzo a una jornada nacional de lucha aprobada por el sindicato, para presionar el pago de salarios retenidos en los dos años anteriores. Se calcula que el valor total dejado de pagar por esa entidad asciende a $5 millones. La organización sindical reclamó además la libertad de varios trabajadores detenidos y la solución del pliego de peticiones.

El Banco Popular
El 7 de noviembre se iniciaron las negociaciones del pliego de peticiones presentado por 6.000 trabajadores del Banco Popular, que exigen $2.500 de aumento salarial al mes y el reintegro de 517 destituidos a raíz de la pasada huelga. Directivos del Sindicato dijeron que el Banco Popular, con sede principal en Calí, se niega a dar solución al problema de los despedidos. Los trabajadores están presionando, mediante mítines y movilizaciones, la satisfacción de sus reclamos.

La Caja Agraria
La junta directiva nacional de Sintracreditario, reunida en Bogotá el 1 y 2 de noviembre, denunció el despido de 600 trabajadores y anunció la realización de marchas por las principales ciudades el 18 de noviembre, como respuesta inmediata a la persecución desatada por la entidad. El sindicato condenó los resientes comunicados de prensa en los que el gerente de la Caja Agraria divulgó un supuesto plan de sabotaje contra la administración. Esta provocación ha sido el pretexto para lanzar a la calle a 25 asalariados semana tras semana.

Con las acciones programadas, los 13.000 trabajadores enfrentarán también la rebaja de los salarios, ocasionada por recientes medidas oficiales.

Idema
Según denuncia formulada por el sindicato, el Idema ha despedido en 10 meses a más de 2.500 empleados, alegando el «recorte de burocracia». Dejando al descubierto la falacia de tal argumento, un resiente boletín sindical afirmó que la cancelación de contratos no afecta a los empleados situados en los niveles superiores del escalafón, sino a los que perciben los salarios más bajos.

Los sindicalizados culparon directamente al gobierno de la situación: «Se trata de una táctica novedosa en la aplicación de la Reforma lopista que busca eliminar los derechos democráticos de los asalariados del Estado; ella consiste en suprimir, mediante la destitución colectiva, los cargos de los trabajadores que todavía figuran como oficiales». Tal atropello cuenta con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, que en abril autorizó al Idema para proceder al recorte masivo de personal.

Los 3.500 trabajadores se disponen a lanzarse al combate en defensa de la estabilidad. El sindicato convocó a la asamblea nacional para comienzos de 1978.

Cumpliendo intensas jornadas y presidiendo más de 50 manifestaciones en otros tantos municipios de Antioquia, Chocó, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Casanare, Norte de Santander, Risaralda, Quindío y Caldas, Jaime Piedrahita, José Jaramillo Giraldo y numerosos dirigentes del Frente por la Unidad del Pueblo prosiguieron, el 27 de septiembre al 30 de octubre, la gira nacional iniciada hace cuatro meses en el sur del país. El candidato presidencial y la delegación del FUP fueron entusiastamente acogidos por miles de trabajadores y gentes sencillas en todas las regiones que recorrieron, divulgando el programa de la revolución anti-imperialista.

20 trabajadores de la planta de Colcarburos de Zipaquirá han quedado inválidos, con sus brazos y manos inutilizados por la acción del cloruro de vinilo, empleado como materia prima en la elaboración de plásticos.

Este elemento, usado sin ninguna medida de seguridad, produce la “osteoporosis”, enfermedad que resquebraja los huesos haciéndolos tan débiles que pueden fracturarse con el más mínimo movimiento.

Aunque se sabe con certeza cual es la causa del mal, la empresa ni siquiera ha dispuesto las mínimas medidas de protección. “Simplemente no están interesados – dijo Augusto Orjuela, directivo del sindicato-. La vida de los 400 trabajadores no cabe dentro de los cálculos financieros de Colcarburos ni es contabilizable como utilidad en los balances semestrales”.

Por esta razón en la planta se vive un clima de tensión y angustia. Es la agonía de horas con la dolorosa perspectiva de la incapacidad para laborar. A la desidia patronal añade la actitud criminal del ICSS, cuyos directivos, como buenos mercaderes de la salud, se rehúsan a clasificar la osteoporosis como enfermedad profesional, para así ahorrarse las pensiones e indemnizaciones correspondientes. Allí, contra este mal, el único tratamiento que se prescribe es un simple menjurje. El sindicato exigió en el pliego que se cumplieran las disposiciones internacionales sobre seguridad industrial suscritas por el gobierno colombiano. Ante la negativa de Colcarburos y el silencio cómplice del Ministerio de Trabajo, se lanzó la huelga el 26 de julio. Con manifestaciones públicas los obreros celebraron en Nare y Zipaquirá, el 1º. de noviembre, los cien días del movimiento.

Avance convencional
Colombiana de Carburos y Derivados (Colcarburos), empresa química fundada por Cementos Argos, paga diariamente entre $84.oo y $90.oo. mientras que las utilidades ascendieron en 1976 casi a $70 millones, los sueldos, incluidos los de los ejecutivos, apenas llegaron a $13 millones.

Cuando hace unos meses el sindicato movilizó sus efectivos para exigir la instalación de un restaurante, la empresa contestó a la legítima aspiración con el despido de numerosos activistas. Como los trabajadores insistieron en la mesa de negociaciones, los representantes patronales lanzaron un desafío abierto: “Aquí no habrá casino aunque la huelga dure un año”.

Los obreros saben que el acuerdo convencional firmado en la primera semana de noviembre representa un nuevo punto de partida en la lucha por sus más sentidas reivindicaciones.

Después de 27 días de arresto arbitrario en la cárcel de Bellavista de Medellín, entre el 14 de octubre y el 10 de noviembre, fue dejado en libertad incondicional el concejal del MOIR en Amagá y presidente del Sindicato de la Industria Minera de Antioquia, Hernán Taborda. Las autoridades pretendieron involucrarlo a toda costa en el asesinato de dos ejecutivos de Industrial Hullera de Amagá, sucedido el 11 de octubre en la capital antioqueña. Durante el tiempo en que permaneció incomunicado, el dirigente sindical fue sometido a intensos interrogatorios en un vano intento por inculparlo.

Asimismo, fueron privados de la libertad, por varios días el vicepresidente y el secretario del sindicato minero, Manuel Montoya y Miguel Ángel Puerta. Nuestro partido en Antioquia destapó «las verdaderas intenciones de la empresa y el gobierno, consistentes en achacarles a los camaradas detenidos responsabilidades que no tienen en la muerte de los dos funcionarios, para birlar así las obligaciones y deudas surgidas de la explosión del 14 de julio», en la que perdieron la vida alrededor de un centenar de obreros.

Hace siete meses, los dueños de Pasteurizadora San Luis registraron en las notarías de Bogotá un cambio de personería jurídica, se declararon al punto en quiebra y desaparecieron sin dejar rastro, abandonando máquinas avaluadas en $80 millones y 37 camiones repartidores. Por extraño que parezca, valiosos equipos, embargados por el juzgado 12 Civil, salieron misteriosamente días después hacia depósitos particulares. Nadie supo a ciencia cierta qué ocurrió entre bastidores, ni siquiera los 200 obreros, que ven esfumarse las prestaciones sociales y la jubilación ante el silencio tolerante del Ministerio de Trabajo.

Mientras el expediente se apolilla, los obreros resisten sin vacilaciones el prolongado cerco al que los han sometido el gobierno, el Idema, el ICSS y un acuciosos juez de la República, cuya única medida ha sido declarar insubsistentes los contratos de trabajo.
Los trabajadores, por boca del presidente del sindicato, José Gregorio Cortés, propusieron ya hace meses poner en funcionamiento la fábrica, para costearse los salarios atrasados y las prestaciones. Pero ni el Idema quiere suministrar la materia prima ni el juzgado lo permite. Millones de pesos se convierten en inútil chatarra en espera de un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, que no llega.

“La estafa de los patronos fue completa – denuncia Cortés -, porque cuando tocamos a las puertas del ICSS reclamando la jubilación de compañeros con 25 y 28 años de servicios, quienes siempre estuvieron al día en las cotizaciones, resultó que habían perdido el derecho porque la empresa estaba atrasada en los pagos”.

Sin desmayar ni un momento, los obreros lanzaron un llamamiento al movimiento sindical, reclamando mayor solidaridad. “Sin ella será imposible – sostuvieron los directivos – hacer frente a la justicia de un Estado que quiere someternos por hambre”.

Cerca de 300 personas de todas las vertientes políticas y de varias regiones del país, representantes de diversas áreas de la actividad cultural, artística, profesional, universitaria y gremial, concurrieron a la fundación de la Asociación de Amistad Colombo-China. El evento tuvo lugar el 30 de septiembre pasado, víspera del 28 aniversario de la República Popular China, en la sede de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes.

El acto de fundación estuvo presidido por sus promotores, Samuel Klahr, Gabriel Peláez, Guillermo Perry y José María Gómez, quienes exaltaron los grandes adelantos logrados por China y saludaron su fraternal deseo de estrechar los vínculos con Colombia.

La Junta Nacional Ampliada de FECODE, que se dio cita en Bogotá el 13 y 14 de octubre para escuchar los informes de las seccionales, sostuvo que la reciente huelga de seis semanas significó un avance en la prolongada batalla contra el Estatuto oficial. Los sindicatos asistentes destacaron la vinculación de los 150.000 afiliados a las jornadas del 25 de agosto, 1º. y 9º. de septiembre y, en especial, su presencia en el Paro Cívico Nacional. Resaltaron asimismo, como nuevo método de lucha, la toma de gobernaciones y alcaldías. Como lo señaló el Comité Intersindical de Trabajadores de la Educación (Ciste) de Risaralda, «a pesar de no lograrse acuerdos escritos con la viceministra, es indudable que el paro nacional del magisterio logró la congelación del decreto 128».

Sin embargo, la Junta Ampliada alertó a las bases sobre la inminente expedición de un nuevo Estatuto Docente, fraguado por el régimen en contra del magisterio, y aprobó un plan de tareas inmediatas para cerrarle el paso.

En Antioquia
Durante las últimas semanas, millares de institutores en paro desfilaron casi a diario hasta la Plazuela Nutibara de Medellín, exigiendo del gobierno la nivelación salarial entre primaria y secundaria, así como otras reivindicaciones. Reclamaban además la libertad de 14 activistas conducidos a las cárceles de Bellavista y el Buen Pastor.

El 19 de octubre, tras dos meses de lucha, la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y la Asociación de Profesores de Secundaria (PROAS), en nombre de 25.000 afiliados, suscribieron acuerdos con el gobierno departamental, que se vio obligado a reconocer exigencias magisteriales. Los representantes oficiales se comprometieron a no tomar represalias contra quienes participaron más activamente en las acciones.

En Nariño
El gobierno arreció la persecución contra los institutores de primaria de Nariño al trasladar a centenares de ellos a lejanas regiones con el propósito de aislar el combativo movimiento huelguístico. Al mismo tiempo, la Secretaria de Educación suprimió la atención médica y farmacéutica a los principales activistas y sus familias. Pese a la intimidación, los 7.000 maestros sostuvieron con firmeza el paro durante más de dos meses, exigiendo la cancelación de los aumentos salariales de enero a esta parte. El sindicato regional filial de FECODE, Simana, levantó el cese el 28 de octubre al obtener la solución de muchas de sus reclamaciones.

Un grupo del Partido Comunista revisionista trató infructuosamente de sabotear la importante manifestación que el Frente por la Unidad del Pueblo realizó en el Parque Colón de la ciudad de Cúcuta, el pasado 21 de octubre.

Días antes de efectuarse el acto, Julio César Pernía, el nuevo compañero de la UNO, imprimió y distribuyó un pasquín titulado “David”, del que figura como director, en donde se persiste en la andanada de calumnias contra nuestro Partido y el FUP. Lo más revelador es que el libelo está financiado con avisos oficiales de la Empresas Municipales y de la Lotería de Cúcuta.

Posteriormente, los dirigentes de la UNO soltaron su jauría con la orden de estropear la propaganda que invitaba a la concentración del FUP y de agredir a nuestros activistas. Se dedicaron a embardunar con aceite quemado los avisos que no pudieron tapar o desgarrar.

El día de la manifestación, ensoberbecidos por el gran número de personas que concurrió a pesar del persistente torpedeo, los mamertos mezclaron a su chusma entre los asistentes, con el propósito de romper el acto. Empezaron provocando a las masas con gritos injuriosos y empujones. Como esto les faltara, lanzaron varias veces consecutivas un cable mojado contra las cuerdas de la luz, privando momentáneamente del fluido eléctrico al sector. Ni aun así lograron su torvo cometido. Entonces, en el límite del desespero, desataron una cobarde pedrea contra manifestantes y oradores.

Ante este último desafuero, los militantes del FUP, firmemente apoyados por el pueblo, hicieron poner pies en polvorosa a los vándalos, lo que permitió la culminación exitosa del mitin.

Hechos similares a los anteriores, que seguiremos denunciando sistemáticamente, han venido sucediendo en diferentes partes del país, evidenciando en esta forma la consigna de la dirección del Partido Comunista de formar grupos de choque para desencadenar la violencia contra el FUP, en un vano intento por atajar nuestra campaña electoral revolucionaria.

Estos procedimientos dejan al desnudo una vez más la tendencia del Partido Comunista a degenerar en una secta socialfascista, a medida que aumenta la crisis de su política de división y traición. Mientras se muestra vacilante ante el régimen de López, envenena a su militancia con el más hirsuto sectarismo contra los partidos y sectores revolucionarios. A la larga, sólo logrará ganarse el repudio de las mayorías populares, forjadoras de la nueva Colombia, quienes sabrán sancionar a los saboteadores y vendepatria.

En solidaridad son los sindicatos en conflicto y en señal de protesta por el despido de 51 activistas en Cementos Caldas y 10 en Argos, la Federación de Trabajadores del Cemento y la Construcción (Fenaltraconcem) decretó un paro nacional de 24 horas para los próximos días.

Los dirigentes sindicales exigieron la firma de la convención colectiva en Cementos Diamante, dilatada irresponsablemente por los empresarios. Urgieron además la solución directa del conflicto en Cementos Caldas, donde el pliego fue sometido por el gobierno a un tribunal de arbitramento de mayoría patronal. Alertaron finalmente contra el despido inminente de miles de obreros de la construcción, ante la escasez artificial de cemento provocada por los grandes fabricantes. La decisión de paro fue tomada por el Consejo Consultivo de Fenaltraconcem reunido en Bogotá, el 22 de octubre.

Lenin escribió este comunicado, en nombre del Comité Militar Revolucionario, a las 10 de la mañana del día de la insurrección.

El gobierno provisional ha depuesto. El poder del Estado ha pasado a manos del órgano del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, el Comité Militar Revolucionario, que encabeza al proletariado y a la guarnición del Petrogrado.

La causa por la cual luchó el pueblo: el ofrecimiento inmediato de una paz democrática, la abolición de la propiedad terrateniente sobre la tierra, el control obrero sobre la producción y la creación de un gobierno soviético, esa causa esta asegurada.

¡Viva la revolución de los obreros, soldados y campesinos!