Categoría: Tribuna Roja Nº 30, Bogotá segunda quincena de noviembre de 1977

En el curso de la primera semana de octubre, cuatro de los grupos teatrales más importantes del país. “El Alacrán”, “La Mama”, “El Local”, y el “Teatro Taller de Colombia”, dirigidos respectivamente por Carlos José Reyes, Edyy Armando, Miguel Torres y Jorge Vargas, anunciaron su retiro de la Corporación Colombiana de Teatro (CCT) y del III Festival Nacional del Nuevo Teatro organizado por esta, en protesta por el cúmulo de atropellos y maniobras de la dirección de dicha corporación. Posteriormente, como solidaridad con la determinación de aquellos cuatro grupos, decenas de conjuntos escénicos de las principales ciudades y la provincia, exteriorizaron así mismo su decisión de abstenerse de participar en el mencionado evento.

En esta forma, la CCT quedó reducida a un fantasmagórico aparato del Partido Comunista revisionista, y el III Festival, a un desteñido conciliábulo, cuyo muestreo previo tuvo que hacerse, como en Bogotá, a puerta cerrada, por el temor de los organizadores a que sus torvos procedimientos y las causas reales que originaron la crisis, fueran ampliamente denunciados por el movimiento teatral colombiano.

Es mucha la tela por cortar en cuanto a los antecedentes que motivaron el actual descalabro de la CCT, originados todos en los manejos antidemocráticos y despóticos de su burocracia. Los últimos hechos que se presentaron con ocasión de la Muestra Internacional de Teatro, celebrada recientemente en varias capitales del país, y la convocatoria al III Festival Nacional del Nuevo Teatro, vinieron a constituirse en la gota que desbordó la copa de la paciencia de los conjuntos teatrales independientes.

Colcultura, en asocio de una entidad denominada Federación de Festivales de Teatro de América, organizó una Muestra Internacional de Teatro, en septiembre pasado. Es menester destacar aquí que el movimiento escénico colombiano ha librado una dura pelea para que él mismo pueda escoger, mediante mecanismos democráticos, a quienes hayan de representar a nuestro país en los certámenes internacionales que se realicen en Colombia. Pues bien, los participantes criollos en la Muestra Internacional de 1977, fueron designados por el gobierno, a través de Colcultura. Esto configuró el precedente aleve de que, por primera vez, el Estado determinaba a dedo los exponentes del teatro colombiano para un evento internacional. Se estableció así, en la práctica, un acto patente de censura oficial, a lo que se prestaron con benévola complacencia los congraciados de la dádiva gubernamental. De esta manera, los dos conjuntos elegidos, “La Candelaria” y el “Teatro Popular de Bogotá”, fueron inscritos merced a la anuencia del régimen lopista. Si a esto se añade la inquietante “coincidencia” de que el director de la primera de las agrupaciones favorecidas es empleado de Colcultura y el director de la segunda es miembro de la Federación de Festivales de Teatro de América, se deducirá fácilmente que nos hallamos en presencia de un tráfico de influencias de la má rancia estirpe manzanillesca.

De otra parte, a lo largo de las dos ocasiones en que ha tenido efecto el Festival Nacional del Nuevo Teatro (1975-1976), el Teatro Libre de Bogotá y otros trabajadores de la escena habían formulado repetidas críticas contra las burdas maniobras de la rosca dirigente de la CCT, referentes a los requisitos de inscripción y de evaluación y al manejo general del evento. Los figurones de los grupos revisionistas son los que definen tales requisitos, como los relativos al tiempo de trabajo, número de obras montadas, etc., pero ellos mismos los violan cínicamente. Todo tendiente a prefabricar teatristas que desaparecen tan pronto finaliza el Festival y que tienen como único fin el de proporcionar la maquinaria que allegue el número suficiente de votos que les permita ser elegidos, año tras año, como “representativos” del Teatro Nacional.

Aparte de lo anterior, a los elencos que protesten contra las arbitrariedades se les descalifica fulminantemente, o se les tiende una red de halagos y chantajes para acallar las críticas. En repudio a estas triquiñuelas, 12 de los 20 participantes de la muestra regional de Barranquilla en 1976, se retiraron de ella.

Lo que viene a quedar en claro de todo este proceso es, entonces, obvio: la CCT es una mera pantalla para la excluyente promoción de los momificados conjuntos que orienta el Partido Comunista, que ya nada tienen que ofrecerle al movimiento artístico colombiano y a las masas populares, como no sea el testimonio caricaturesco de la bancarrota política del revisionismo en todos los órdenes.

Nuevos vientos unitarios y renovadores soplan ahora en las toldas del joven teatro nacional. Los grupos independientes, decididamente respaldados por el Teatro Libre de Bogotá, han iniciado una etapa de fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación, con el designio de propender por una amplia difusión de la actividad cultural firmemente enraizada en el pueblo. Este auge revolucionario se extiende inconteniblemente por todo el país. Entretanto, los verdaderos divisionistas quedarán condenados al papel que señalara don Quijote: “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”.

Confirmando las advertencias que las fuerzas mayoritarias de ANAPO hemos venido haciendo últimamente sobre su proceder oportunista, María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, en un espurio congreso de bolsillo, montado a su arbitrario y en franca violación a los estatutos del Partido, dejó por completo al descubierto el 12 de octubre sus negras intenciones de adherir a Belisario Betancur y de pasarse a las filas del conservatismo. El engaño de la ex directora produjo tal indignación en el ánimo de los pocos anapistas desprevenidos presentes que, al conocerse la maniobra, explotaron en cólera, y, por encima de la maquinaria de la melancólica reunión, se interpusieron enérgicamente a que el respaldo a Betancur se concretara. En vista del serio traspié y de que las cosas no le salieron como las había planeado, María Eugenia resolvió posponer su determinación de focalizar su ingreso a la desvencijada coalición bipartidista oligárquica para una ocasión propicia. Con este fin demandó de sus conmilitones plenos poderes en materia de definición de candidaturas presidenciales.

Sea cual fuere el peligro de esta traición, los genuinos anapistas no permitiremos que se pisotee indecorosamente la trayectoria de lucha del Partido creado por el general Gustavo Rojas Pinilla, cuyo recuerdo histórico antes que nada se halla vinculado al batallar por extirpar del país la hegemonía del bipartidismo tradicional, que tantos males le ha acarreado a la República en más de 150 años de existencia. El fundador de ANAPO fue encarnizadamente combatido hasta los últimos minutos de su vida por esa oligarquía con la cual hoy María Eugenia pacta a espaldas del pueblo. Pero no dejaremos profanar la memoria de Rojas Pinilla por quienes están más obligados a ser leales a su mensaje revolucionario. Por eso, al través de dos congresos sucesivos del Partido, del 11 de diciembre de 1976 y del 23 de abril de 1977, convocados democráticamente con el lleno de los requisitos estatutarios, decidimos proseguir la pelea contra las camarillas liberales y conservadoras que detentan el Poder y venden la nación a los amos imperialistas norteamericanos. En consecuencia hemos propuesto la más amplia alianza de todas las vertientes políticas patrióticas y revolucionarias, buscando satisfacer las reivindicaciones apremiantes del pueblo colombiano, como son la recuperación de los recursos naturales, la tierra para los campesinos que la laboran, el derecho al trabajo para los desocupados, la vivienda para los destechados, la educación para las nuevas generaciones y las demás conquistas que harán de Colombia una patria grande para todos sus hijos.

Hasta el momento ya son cinco los partidos y organizaciones que se han identificado con nosotros en los propósitos revolucionarios y con ellos logramos conformar el Frente por la Unidad del Pueblo, cuyo programa común estamos agitando a lo largo y ancho de la geografía nacional y cuyo candidato presidencial, Jaime Piedrahita Cardona, registra en todas partes la emocionada acogida no sólo de sus copartidarios, los anapistas, sino del resto de los perseguidos y explotados. Esta es la única política que puede llevar a la práctica la ANAPO, si no desea desaparecer definitivamente.
María Eugenia recibió el más grande caudal de masas de que se tenga noticia en los anales del país, y en menos de un lustro lo dilapidó lamentablemente, hasta colocar el Partido al borde de la extinción. Lo cual se ha debido a su orientación esencialmente derechista y a su natural inclinación al perjurio. Ahora, desvergonzadamente, después de largo abandono de sus deberes de dirigente y en íntimo contubernio con la reacción, conviene el apoyo a uno de los caracterizados personajes de las clases dominantes, Belisario Betancur, responsable de crímenes contra las masas trabajadoras, como la masacre de Santa Bárbara de 1963, que el pueblo no olvidará nunca.

Al quedar destapado el juego reaccionario de María Eugenia, la ANAPO, tiene dos caminos muy demarcados para escoger: el de la traición, o el de la lealtad a la lucha revolucionaria al lado de los verdaderos amigos; el de la deshonra a la memoria de Rojas Pinilla, o el de continuar la batalla contra los declarados enemigos de ANAPO; el de adherir al candidato de Álvaro Gómez, o el de rodear entusiastamente el nombre limpio y combativo de Jaime Piedrahita Cardona; el de la división, o el de la unidad; el de la extinción, o el del resurgir glorioso en las nuevas contiendas por el porvenir.

Llamamos una vez más a todos los anapistas a que condenemos a una sola voz las invitaciones a transitar por el atajo del oportunismo y la claudicación y nos unifiquemos para abrir la anchurosa senda de la liberación y la grandeza de Colombia.

Desde el 1º. de octubre, día en que se iniciaron las sesiones ordinarias de la Asamblea, correspondientes al presente año, Cesar Pardo Villalba, diputado del MOIR, ha venido desarrollando una permanente e infatigable labor de denuncia de las acciones antipopulares, deshonestas y despóticas con las que el gobierno de las oligarquías traiciona los intereses nacionales y fustiga al pueblo colombiano.

Censura a la matanza

El compañero Pardo figuró entre los proponentes y firmantes de una enérgica moción de censura al gobierno por la masacre cometida contra el pueblo el 14 de septiembre, el día del paro cívico nacional. El pronunciamiento reza textualmente:

“La Asamblea de Cundinamarca, interpretando la voluntad mayoritaria de las gentes del departamento, propone:
1. Su más profundo rechazo por la manera como el gobierno ha venido tratando los problemas económicos y sociales que afectan al departamento y al país, situación que en buena hora provocó la resuelta protesta de los trabajadores organizados, mediante un acto que se constituyó en el primer anuncio de lo que el pueblo es capaz en defensa de sus propios intereses.
2. La diputación señala al gobierno como responsable del genocidio del 14 de septiembre en Bogotá, con el cual pretendió acallar la voz y la solidaridad de un pueblo sumido en la más grande frustración.
3. Exige la inmediata libertad de presos y la restauración de las personerías jurídicas suspendidas a las organizaciones sindicales”.

Esta proposición resultó acogida por 18 votos a favor y 12 en contra, lo cual demuestra hasta donde ha llegado el desprestigio del lopismo.
Igualmente fue aprobada otra iniciativa presentada por Pardo, en la que se manifiesta la solidaridad de la Asamblea con las luchas de los trabajadores de la USO y FECODE, se repudia el terror desatado por el gobierno contra los petroleros y se exige la solución inmediata y positiva de estos conflictos y demás huelgas que se adelantan en el país.

Tropelías y despilfarros

César Pardo, junto con el diputado Fabio Rodríguez Cedeño, citó al Gerente de la Beneficencia de Cundinamarca para que rindiera informe sobre la situación actual de la entidad y sus dependencias.

El dirigente del MOIR, en una extensa y categórica intervención, denunció las actividades persecutorias de las autoridades departamentales contra sus trabajadores, la población en general y los partidos de la oposición.

Durante el debate, Pardo condenó el incalificable atropello cometido por la fuerza pública al detener a los representantes del sindicato de la Beneficencia de Cundinamarca, cuando se dirigían a las oficinas de la entidad para indagar por el estado de su pliego de peticiones.

También acusó a las directivas de la Empresa Electrificadora, seccional de Girardot, quienes se han ensañado contra los obreros sindicalizados. Remarcó que el tratamiento de los problemas laborales por parte del departamento es el recorte de las libertades de movilización y expresión mediante el uso de la bota militar y el encarcelamiento de los dirigentes sindicales.

En sus intervenciones reprobó igualmente la actitud intransigente de la junta directiva de la Beneficencia y del Gobernador para resolver las justas demandas de los trabajadores. Después de dos años sin reajuste salarial, se ofrece a los obreros un magro aumento de diez pesos diarios. Por otra parte, peligran sus prestaciones sociales, ya que el Fondo creado para ellas, incorporado directamente al presupuesto de la Beneficencia, está en bancarrota, debido a los malos y oscuros manejos.

Como caso típico de los despilfarros, Pardo señaló la destinación de tres millones de pesos, aprobada por la Lotería de Cundinamarca, la cual pertenece a la Beneficencia, para regalos de Navidad que serán distribuidos por todo el departamento, dentro de la campaña electoral de los gamonales políticos del liberalismo y el conservatismo.

Al censurar el prolongado cierre del Hospital de la Hortua, precisó que esta situación hace parte de la política del Plan Nacional de Salud, cuyo fin es limitar el acceso de la población a una atención médica adecuada.

Presupuesto gravoso
César Pardo, manteniendo una nítida posición de principio, se opuso al proyecto presupuestal, y sustentó su voto negativo manifestando que dentro del panorama económico general del país, todos estos presupuestos son deficitarios, están sometidos a préstamos de corporaciones imperialistas, condicionados a una serie de requisitos que van contra los intereses nacionales y, por último, causan “impuestos y gravámenes que nosotros no compartimos y consideramos lesivos a la mayoría de la población y al desarrollo del país en general”.

En la madrugada del 31 de octubre, los trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos regresaron a sus labores después de 66 días de una huelga que se constituyó en la batalla más dura que ha logrado el proletariado colombiano en los últimos tiempos. A pesar de la cerrada intransigencia patronal ante las justas exigencias de los obreros, a pesar del régimen de terror implantado en Barrancabermeja y Tibú, a pesar de los despidos masivos, a pesar de los incontables detenidos, a pesar de la múltiples prohibiciones oficiales, los petroleros realizaron un aguerrido mitin en las puertas de la refinería, en el momento de reintegrarse al trabajo. Bajo la lluvia y en las narices de la tropa que custodiaba las instalaciones de Ecopetrol, el grito de “¡Viva la USO!” estremeció a Barranca, Casabe y Cantagallo.

Aunque sus objetivos están aún por realizarse, la huelga tuvo características que significaron un decisivo paso adelante en la conciencia antiimperialista del proletariado y el pueblo de Barranca. El cúmulo de experiencias recogidas en el fragor del combate, constituye un aporte elocuente e insustituible a la lucha por nuestra emancipación.

La empresa violó los compromisos
En noviembre del año pasado, cuando se discutía el pliego de peticiones de la USO, Ecopetrol presentó a la mesa de negociaciones un contrapliego que implicaba la pérdida de una serie de derechos adquiridos por los trabajadores en arduas confrontaciones. Después de cinco meses, la USO derrotó la posición patronal y se firmó el acuerdo del 25 de marzo de 1977, mediante el cual los obreros lograron salvaguardar sus anteriores conquistas.

Sin embargo, no habían transcurrido dos meses cuando ya Ecopetrol había violado varios compromisos convencionales. Mantuvo cerca de 3.000 trabajadores temporales, enganchados mediante el sistema de contratistas, en labores de carácter regular y permanente como reacondicionamiento de pozos, refinación, servicios administrativos, sanidad, transportes, casinos, comisariatos y conservación de vías. Se negó a integrar la comisión de control de precios en los comisariatos, como también a congelar el valor de la carne en Tibú. Intentó imponer unilateralmente un nuevo escalafón que debió haber elaborado conjuntamente con los trabajadores. Despidió a varios médicos sindicalizados y 20 profesionales quedaron así a cargo de 20.000 pacientes entre obreros, jubilados y sus familias.

Estos incumplimientos de sus obligaciones contractuales eran “justificados” por Ecopetrol con el desgastado argumento de que su crisis financiera se debe a los gastos que le ocasiona el personal a su servicio.

Lo cierto es que los salarios y prestaciones – incluyendo la nómina de los ejecutivos – apenas constituyen el 16% de los costos.

Pero había algo más. Los trabajadores le habían salido al paso a la verdadera causa de la agonía de Ecopetrol; la política de entrega de la principal industria estratégica del país al imperialismo norteamericano, que el gobierno y los directivos vienen ejecutando mediante el mecanismo de las “compañías asociadas”, y que consiste en que la empresa estatal financia a los monopolios extranjeros que vienen a desplazarla. Fue así como, contra la prohibición expresa del Capitulo Segundo de la Convención, Ecopetrol entregó su equipo “National 130” a la compañía perforadora y explotadora An-Son Drilling, contratista para el campo de Cantagallo y propiedad de un amigo personal del presidente López. Como si esto fuera poco, le mantiene arrendado su equipo de perforación “Cabría No. 5”, Además, Ecopetrol pretendía entregar la planta de polietileno, Policolsa, la más rentable de cuantas tiene, a la firma gringa Dow Chemical. Este último atentado contra los intereses nacionales fue derrotado temporalmente por la altiva huelga del proletariado petrolero.

Estalla el conflicto
Los obreros elevaron su protesta, no solamente por las violaciones que afectaban sus intereses gremiales, sino también por la entrega de Ecopetrol a los consorcios yanquis. Cuando su memorial fue ignorado por los gerentes de distrito, realizaron un paro de una hora en Refinería, el 26 de julio. La empresa respondió expulsando a varios trabajadores. Diez días después, el 5 de agosto ante la andanada represiva se realizó un nuevo cese parcial, esta vez en El Centro, ante el cual el gobierno suspendió la personería jurídica del sindicato. Comenzó a perfilarse que lo que ambicionaba a toda costa era la destrucción de la Unión Sindical Obrera. Con un comité de huelga formado básicamente por dirigentes jóvenes, la huelga estalló al amanecer del 25 de agosto.
Desde un principio el presidente de la Empresa, un ex alumno de la Facultad de Ciencias del estado de Pennysilvania y ex director del laboratorio de La Texas Petroleum Company, el tristemente celebre Juan Francisco Villarreal, difundió por todos los medios su hipócrita disposición a un “diálogo abierto y franco”. Pero en íntima relación con los despachos ministeriales se determinaba la prolongación de la suspensión de la personería jurídica del sindicato, y se inundaban las calles de Barranca y Tibú con cerca de 10.000 soldados provenientes de 8 batallones, que se tomaron las instalaciones industriales.

El plan de la reacción
La reacción trazó un plan meticuloso tendiente a quebrar la resistencia obrera:

1). Para garantizar el abastecimiento de combustible en el país, importó gasolina, mediante un convenio con La Texas, acción que encubría tras la farsa del mantenimiento de unas cuantas plantas funcionando precariamente.
2). Para impedir la actividad del sindicato, clausuró por la fuerza la sede de la USO y declaró ilegales las asambleas y reuniones de más de tres personas; implantó el toque de queda y la ley seca; expidió boleta de captura para el comité de huelga, el cual tuvo que eludir permanentemente desde la clandestinidad la nube de sabuesos.
3). Para bloquear la manutención de los obreros, prohibió a las cooperativas, so pena de arresto contra sus gerentes, la venta a crédito a los huelguistas de los artículos de primera necesidad.

En conclusión. El imperialismo y sus agentes habían declarado una verdadera guerra a muerte contra el proletariado petrolero. A ello se sumó el regateo de la mezquina solidaridad de las cuatro centrales, cuando no la obstrucción abierta de éstas, como el hecho de postergar indefinidamente la manifestación pública de Bogotá, tantas veces prometida y aplazada hasta el 18 de noviembre, para cuando ya el movimiento hubiese sido aplastado.

Ambiente de subversión
De otro lado, obreros de diversas ramas de la industria, campesinos, maestros, estudiantes, empleados, amas de casa y aun los comerciantes y el clero, dieron su colaboración decisiva para el éxito de reuniones secretas, mítines relámpago, movilizaciones, actos de propaganda y protección de los huelguistas. Barranca entera respiraba un ambiente de subversión generalizada. Algo similar sucedía en Tibú.

Cien mil barranqueños participaron en el Paro Cívico Nacional colocándose a la altura de su tradición revolucionaria, y además llevaron a cabo, el 3 y 4 de octubre una nueva paralización total de 48 horas, vigorosa demostración de cohesión y lucha. Por su parte, Tibú dio un heroico ejemplo desafiando las medidas represivas que debieron soportar sus habitantes, como el corte de agua y luz a que fue sometido el sector obrero. 4.500 asalariados y contratistas de la Unidad de Balance y Optimización llevaron a cabo dos victoriosos paros, hombro a hombro con la USO. La táctica reaccionaria de aislar al sindicato del resto de la población fue un rotundo fracaso.

Pese a que portar un boletín se había convertido en grave delito, el Diario del Paro, volante mimeografiado por el comité de huelga, no dejó de llegar ni uno solo de los 66 días de batalla a manos de las bases.

Con tal fin se desplegaron los recursos más ingeniosos e inverosímiles; pelotas de béisbol que volaban de barrio en barrio por sobre las cabezas de los uniformados, vendedores de frutas que a cada cliente le encimaban un boletín, árboles misteriosamente florecidos de hojas impresas, audaces niños cuyos avioncitos de papel transportaban la palabra de la clase obrera.

Resistencia al terror fascista
La criminal y sospechosa explosión de una granada de fabricación norteamericana, de uso privativo de las fuerzas armadas, en el interior de un bus que transportaba directivos y esquiroles, fue el calculado pretexto para desatar el más pavoroso terror fascista contra toda la población. Ya no se allanaban las casas, se allanaban manzanas enteras. Los soldados ya no tocaban a las puertas, las derribaban. Ya no buscaban pruebas, las llevaban. Las cárceles y el batallón no dieron abasto. Centenares de detenidos fueron enviados a Bucaramanga y otros municipios. El corresponsal de Tribuna Roja, Esteban Navajas, fue encarcelado cuando cumplía su labor periodística. Igual suerte corrieron los dirigentes del MOIR James García, Norman Alarcón y César Loaiza, los dos últimos condenados a seis meses de prisión.

La represión, con todo, se sentía acorralada y llegó a extremos grotescos. Un día, por ejemplo, unas maestras que hacían cola para cobrar su sueldo frente al Banco de Comercio, lanzaron algunas vivas a la USO. El alcalde del puerto, coronel Bonilla, pistola en mano, irrumpió energúmeno, declaró disuelta la manifestación y arrestó a varias personas al azar. En otra ocasión, con sus lanceros y agentes secretos detuvo un cortejo fúnebre, hizo bajar el ataúd, lo destapó y se halló con el cadáver profanado, en lugar del agitador que buscaba.

Es que el vinagre, las bolitas de cristal, las ollas, botellas, corchos, llantas, se volvieron “material estratégico” y “cuerpos de delito”. Los estridentes pitos de los niños exasperaban a la tropa. El vendedor que los llevó desde Bucaramanga fue detenido, acusado de “distribuir implementos bélicos”.

Hasta las madres regaron tachuelas desde sus bolsos, canastos y cochecitos infantiles.

Un alto en el camino
El pasado 4 de noviembre, cuando ya se había levantado la huelga, el comité Nacional de solidaridad llevó a efecto, frente a la Plaza de Toros de Bogotá, una concentración de caluroso respaldo a la Unión Sindical Obrera.

A nombre de la organizaciones petrolera llevó la palabra el dirigente Eliécer Benavides, quien advirtió que si el gobierno y la empresa persisten en la traición en los intereses nacionales, los despidos y las detenciones, no habrá paz laboral en Ecopetrol. Denunció asimismo la actitud vacilante y la casi nula solidaridad económica de las centrales sindicales con la huelga, y terminó exaltando las profundas enseñanzas de esta batalla, invaluables para el pueblo colombiano en la zigzagueante marcha hacia la patria independiente y soberana.

Los trabajadores están decidios a aprovechar este alto en el camino para pasar revista a sus filas, resumir las experiencias y prepararse para continuar en el futuro esta coalición histórica, iniciada hace más de medio siglo, cuando la Troco comenzó el saqueo del subsuelo colombiano, y en el cual el proletariado petrolero ha sido el más esforzado defensor de nuestras riquezas naturales y el más consecuente abanderado de la causa antiimperialista. Vítores y honores a la valiente USO

Las autoridades civiles, militares y policivas de varios departamentos han continuado en forma cada vez más intensa su persecución contra la militancia del MOIR, con el objeto de sabotear la campaña electoral de nuestro Partido y el FUP.

Los agentes del lopismo han recurrido a las detenciones, condenas, allanamientos y destierros de numerosos dirigentes de diversos municipios. Ha sido también de común ocurrencia la prohibición de vender nuestro periódico, por parte de las autoridades locales. Veamos algunos de estos casos en los que el régimen intenta vanamente apartarnos de las masas populares.

En Antioquia, además de los detenidos de Amagá, que registramos en la primera página de esta edición, en Turbo fue encarcelado el dirigente moirista y asesor del Frente Sindical Autónomo de Antioquia, Álvaro Bedoya. En el Bagre fue detenido el concejal del MOIR en Zaragoza, Gustavo Saldarriaga, el 28 de octubre. Por otra parte, José López, de Yolombó; Albeiro Franco de Segovia, y Apolinar Tamayo, de Yarumal, han sido conminados por alcaldes y oficiales del ejército a abandonar esos municipios.

En San Pablo, Bolívar, fue detenido el 12 de octubre el compañero Jaime Salazar. En Magangué, fueron arbitrariamente arrestados los militantes del MOIR Mercedes Páez Guerrero, Nidia Dávila y Ernesto Acuña y sometidos a numerosas vejaciones.

En Duitama, cumplen condenas de seis meses de prisión, impuestas a mediados de septiembre, Octavio Bermúdez y Lino Granados.

En Manizales, permanecieron detenidos varias semanas Ramón López Gómez y Diego Galvis.

En Garzón, Huila, fue apresado «preventivamente» el 19 de octubre, el dirigente del MOIR Luis González Gómez.

El 8 de octubre, en Mercaderes, Cauca, el ejército arrestó a los moiristas Hernán Rodríguez, Demetrio Galíndez, Libardo Romero, Francisco Ramos, Jerónimo Mutis y Rufo López.

La víspera del 28º. Aniversario de la República Popular China, el viernes 30 de septiembre, tuvo lugar en Bogotá la Asamblea de la Fundación de la Asociación de la Amistad Colombo China, entidad que según rezan los estatutos aprobados esa noche, busca “promover el intercambio científico y cultural, y en general, el conocimiento mutuo y la amistad entre los pueblos colombiano y chino”.

La asamblea fue presidida por los promotores de la Asociación, Samuel Klahr, Gabriel Peláez, Guillermo Perry y José Maria Gómez. El Dr. Perry dio inicio al acto con un breve discurso en el que exaltó los grandes avances de China, dijo: “El pueblo chino ha dado a las naciones pobres y atrasadas una lección ejemplar de esfuerzo y de dignidad. Tras casi un siglo de depredación y humillación por poderes extranjeros y de luchas intestinas, basado en sus propias fuerzas, conquistó su independencia y logró desprenderse de la miseria, la desnutrición, el analfabetismo, la corrupción y el vicio, la sumisión y la desintegración nacional. Y hoy en día, en escasas tres décadas, ha conseguido para todos sus miembros una dieta balanceada y suficiente, servicios de salud, acceso a la educación, la cultura y el arte, y un mínimo de bienestar material. Más aún, ello ha sido acompañado por la elevación de la dignidad propia y de la seguridad en sí mismos, que procede de saberse forjadores de su propio destino”.

El Dr. Perry señaló que, “como nos consta a quienes hemos tenido el privilegio de visitar la China Popular a título de simples amigos”, los chinos han demostrado el deseo fraternal por estrechar los vínculos con Colombia. “En Cuanto al interés y la amistad de los colombianos hacia el pueblo chino – añadió – da testimonio esta reunión de personas de todas las corrientes políticas y que representan diferentes esferas de la actividad cultural, artística, universitaria, profesional, gremial y privada en el país”.
En efecto, cerca de 300 personas colmaron la sede de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes, lugar donde se efectuó la reunión.

Filiales en varias ciudades
Por su parte, correspondió al Dr. Samuel Klahr rendir un informe sobre las actividades adelantadas por los promotores en preparación de la primera asamblea.

Señaló el entusiasmo con que se recibió esta iniciativa y al respecto dijo: “Poco a poco y en la medida en que la noticia se difundió comenzamos a recibir mensajes de todo el país; en Medellín, en Cali, en Cartagena, en Pasto y en Tunja, se están creando filiales y esta noche tenemos con nosotros a varias delegaciones de diferentes partes del país”. Se refirió también a los contactos establecidos con la Asociación de Amistad Chino-Latinoamericana, organismo con sede en Pekín dedicado al fomento de las relaciones entre los pueblos y China y América Latina; con el director de la Asociación de la Amistad entre los pueblos Estadounidense y Chino, Gerald Tennebaum, y con el presidente de la Asociación de la Amistad Franco-China, Regis Bergeron.

Durante la discusión del proyecto de estatutos, numerosos asistentes hicieron uso de la palabra para expresar su beneplácito por el nacimiento de esta organización, que es producto de la profunda simpatía que alberga nuestro pueblo hacia la nación china. Fue unánime la voluntad de la asamblea por que la Asociación promueva el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Consejo Directivo
Posteriormente, fue elegido un Consejo Directivo de 31 miembros cuyos integrantes por orden alfabético son: Francisco Barrero, Juan Sebastián Betancourt, Mauro Cabrera, Jorge Cárdenas Gutiérrez, Héctor J. Céspedes, Giovanni Ciardelli, Guillermo Fergusson, Lía de Ganitsky, José Girón, Jesús María Gómez Duque, José María Gómez, Carlos José González, Fernando Granda, Saúl Hernández Gómez, María Teresa Herrán, María Teresa de Hoyos, Pedro Gustavo Huertas, Dionisio Ibáñez, Valentín Jiménez, Samuel Klahr, Consuelo de Montejo, Lope Hugo Ortegón, Gabriel Peláez, Guillermo Perry, Guillermo Puyana, Benjamín de los Ríos, Fernando Sanz Manrique, Guillermo Sha, Luis Guillermo Vasco, Álvaro Velasco y Luis Villar Borda.

En reunión del 24 de octubre, este Consejo constituyó una Junta Administrativa compuesta por Lía de Ganitsky, María Teresa Herrán, Francisco Barrero, Samuel Klahr, José Girón y Guillermo Puyana. José María Gómez y Mauro Cabrera fueron nombrados director y subdirector, respectivamente.

Entre las actividades que llevará a cabo la Asociación está programar el intercambio de grupos artísticos, culturales y científicos, así como organizar conferencias, seminarios y exposiciones sobre diversos temas y publicar e intercambiar material informativo. “Con la fe que anima a los hombres en la amistad entre los pueblos”, como lo expresó uno de los fundadores, la Asociación difundirá en nuestro país los grandes avances y logros de China y efectuará todas las actividades que propendan a un acercamiento cada vez mayor entre nuestros pueblos.

Tras cuatro cierres violentos que han mantenido a la Universidad Nacional clausurada intermitentemente por cerca de 500 días en los tres años y tres meses que van corridos de su gobierno, el demagogo de San Carlos ha decido reabrir el principal centro de educación del país, bajo un régimen rectoral despótico, con la bandera de una “reestructuración a fondo”.

Amparados en el decreto 1162, López Michelsen, su ministro Rivas Posada y el nuevo rector policía Emilio Aljure Nasser, perteneciente a la corriente llerista del liberalismo, se empeñan en implantar los programas educativos elaborados en los Estados Unidos. Con este fin, piensan llevar a cabo una tenebrosa reestructuración que consiste en instaurar cuerpos policivos internos, cercar el plantel como si fuera un campo de concentración, imponer el sistema de carnetización, despojar al estudiantado y al profesorado de todos sus derechos y suprimir por completo las libertades democráticas.

Pronunciamiento de los profesores

Ante esta andanada, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) señaló en una declaración que López Michelsen ha intentado imponer durante todo su gobierno, a la sombra de las Naciones Unidas, una reforma educativa reaccionaria en la Universidad para que ésta quede “al servicio de los partidos liberal y conservador” y para “ suprimir la libertad de cátedra y de expresión, dividir la organización profesoral, clasificar al profesorado como empleados públicos, adelantar una política de autofinanciamiento suprimiendo las residencias estudiantiles, fomentando el crédito educativo mediante la fórmula “estudie ahora pague después”, disminuyendo el presupuesto real y quitándole la autonomía en la fijación de sus necesidades presupuestales”.

“El cierre de los centros de educación superior, sus repetidas militarizaciones, los decretos de Estado de Sitio de tinte fascistoide – continua – no son sino el efecto y el resultado de una política que ha contado con la repulsa de los estamentos universitarios en las distintas universidades del país, como la de Nariño, la de Caldas, la del Atlántico, la Surcolombiana, la de Santander y otras, en donde se ha recrudecido la lucha en oposición a la arremetida reaccionaria contra la educación colombiana”.

Luego de desenmascarar la alianza de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional (APUN) con el rector Aljure a cambio de cargos directivos y decanaturas, ASPU resumió las condiciones en que fue reabierto el claustro docente: “Los organismos académicos del profesorado quedaron disueltos y anulada la representación profesoral y estudiantil en los cuerpos directivos; se atomizó la Facultad de Ciencias Humanas y se suprimió el Departamento de Ciencias de la Educación”.

“El gran movimiento de la clase obrera y el pueblo que fue el Paro Cívico Nacional, la lucha de FECODE, los trabajadores petroleros y otros sectores, así como avances importantes en la unidad de acción en la lucha cotidiana, son elementos que conforman un marco positivo para la recuperación del movimiento universitario”, concluyó el documento.

Declaración de la Jupa
Por su parte, la Juventud Patriótica (JUPA), organización juvenil del MOIR, expidió un comunicado en el que señala que el actual gobierno quiere poner en marcha en la universidad a sangre y fuego “el dictado de los monopolios imperialistas en materia educativa, en concordancia con los programas de explotación y saqueo de nuestra nación. La mentalidad servil de este mandato no puede hacer cosa distinta que incorporar a la legislación colombiana lo aprobado en los distintos organismos internacionales manipulados desde Washington y pugnar con el apoyo de las bayonetas, porque se ponga en práctica, continuando la antipatriótica obra de la microscópica coalición gobernante”.

Denuncio además que el rector ordenó “revisar la hoja de vida de todos los estudiantes, para preparar la masacre académica” en lo que el ministro entiende por “reducir la universidad a proporciones manejables”.

Asimismo, hace un llamado a combatir contra el nuevo reglamento académico y “por la recuperación del bienestar estudiantil, la libertad de cátedra e investigación, la adecuada financiación estatal, la reapertura total del Hospital de la Hortua, la expulsión del rector policía y de todo su aparato inquisitorial y la implantación de un régimen democrático con participación decisoria de profesores y estudiantes”.

“De lo que puede estar seguro este gobierno, agobiado por el desprestigio, descompuesto por la corrupción y condenado históricamente por la lucha de las masas laboriosas, es que no será en los claustros universitarios en los que encontrará el sosiego que no pudo alcanzar en el resto de la sociedad para sus días postreros”, puntualizó la JUPA.

El 5 de noviembre, los trabajadores del Ministerio de Hacienda levantaron el cese de actividades, que concentró la atención del país durante tres semanas, mantuvo en jaque al régimen y se ganó la simpatía de las fuerzas populares. Las asambleas sindicales celebradas el 3 de noviembre en las 24 seccionales concluyeron que algunos importantes objetivos del paro se habían conseguido, pero acordaron reanudarlo si en 30 días el gobierno no había resuelto definitivamente el pliego de peticiones, cuyo trámite se inició en la segunda semana de noviembre.

Origen del conflicto
El 23 de septiembre, cuando estaba a punto de viajar a Washington el ministro Espinosa Valderrama para asistir a la asamblea del Fondo Monetario Internacional, el sindicato denunció en carta abierta que aún estaba pendiente la discusión del pliego de peticiones presentado desde agosto. Espinosa, por toda respuesta, afirmó que ningún empleado público podía apelar a la contratación colectiva, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, el gobierno no se creía obligado a negociar. Propuso en cambio que los trabajadores se contentaran con un 8% de aumento salarial, y remató así su esquela: “Deseo resaltar que las medidas económicas adoptadas en el curso del año han permitido bajar el ritmo de crecimiento de los precios, de suerte que hoy y hacia el futuro se ha superado lo que podría haberse considerado como una tendencia inflacionaria”.

Tan cínica actitud provocó en el acto la airada reacción del sindicato. El 6 de octubre, centenares de empleados iniciaron en Antioquia una huelga de brazos caídos. El 17, con base en las decisiones de la Asamblea Delegataria, la Directiva Nacional extendió la consigna a todo el país. Resueltamente, 15.000 trabajadores adhirieron al paro.

El movimiento interrumpió la expedición de paz y salvos y demás servicios en la Administración de Impuestos, las Aduanas y la Tesorería Nacional, con la consiguiente suspensión de muchos gastos públicos y el entrabamiento del presupuesto. Más de $100 millones dejaron de recaudarse diariamente. De esta forma, la huelga afectó por completo una de las actividades esenciales del Estado.

Vencida la represión
Luego de que el Ministerio de Trabajo ilegalizó el paro y suspendió la personería jurídica del sindicato, comenzaron los despidos y detenciones masivos. Juan Botero, presidente de la subdirectiva de Medellín, fue conducido, junto con cinco de sus compañeros, a los calabozos de la Cuarta Brigada, en donde tuvo que enfrentar intensos interrogatorios. El 19 de octubre la policía arrestó a 25 trabajadores cuando realizaban un mitin frente a las oficinas del edificio Urano de Bogotá. El Ministerio de Hacienda declaró insubsistente a la casi totalidad del comité ejecutivo, incluido el presidente, Alfredo Morales.

La actitud del nuevo almojarife, Palacio Rudas, no fue diferente a la del anterior. Dos días después de posesionado exigió la suspensión del movimiento como condición para iniciar conversaciones con los directivos del sindicato. La beligerancia de las acciones, en las que participaron millares de asalariados, obligó al gobierno a dar comienzo a las negociaciones del pliego, a reintegrar los 87 destituidos y a derogar las sanciones contra el sindicato.

Centenares de asalariados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, sitiaron el 20 de octubre las oficinas administrativas e impidieron toda actividad laboral durante 24 horas. Ante el éxito de la iniciativa, el sindicato anunció nuevos paros escalonados en apoyo al pliego de peticiones presentado el 29 de julio. Las tareas que se avecinan serán coordinadas con los sindicatos del Ministerio de Hacienda y de la Administración Postal, a través de un comité unitario.

Los 2.170 trabajadores del Codazzi fueron clasificados desde 1968 como empleados públicos, recién expedida la Reforma Administrativa de Lleras Restrepo. Ahora, siguiendo el ejemplo de sus compañeros del Ministerio de Hacienda, se disponen a quebrantar la arbitraria legalidad que les cercenó los derechos de huelga, organización y contratación colectiva.

La Administración Postal
6.200 empleados de la Administración Postal se aprestaban entretanto para iniciar la batalla por aumentos salariales, congelados desde hace dos años. El Consejo Consultivo del sindicato, que se reunió el 1 de noviembre, aprobó un plan de lucha y autorizó al comité ejecutivo para poner en práctica las medidas que considere indispensables. El sindicato protestó contra la persecución desatada por la Administración Postal en Barranquilla y denunció que continúa detenido Diego Hoyos, directivo de la seccional de Manizales.

El Dane
Los trabajadores del DANE dieron comienzo a una jornada nacional de lucha aprobada por el sindicato, para presionar el pago de salarios retenidos en los dos años anteriores. Se calcula que el valor total dejado de pagar por esa entidad asciende a $5 millones. La organización sindical reclamó además la libertad de varios trabajadores detenidos y la solución del pliego de peticiones.

El Banco Popular
El 7 de noviembre se iniciaron las negociaciones del pliego de peticiones presentado por 6.000 trabajadores del Banco Popular, que exigen $2.500 de aumento salarial al mes y el reintegro de 517 destituidos a raíz de la pasada huelga. Directivos del Sindicato dijeron que el Banco Popular, con sede principal en Calí, se niega a dar solución al problema de los despedidos. Los trabajadores están presionando, mediante mítines y movilizaciones, la satisfacción de sus reclamos.

La Caja Agraria
La junta directiva nacional de Sintracreditario, reunida en Bogotá el 1 y 2 de noviembre, denunció el despido de 600 trabajadores y anunció la realización de marchas por las principales ciudades el 18 de noviembre, como respuesta inmediata a la persecución desatada por la entidad. El sindicato condenó los resientes comunicados de prensa en los que el gerente de la Caja Agraria divulgó un supuesto plan de sabotaje contra la administración. Esta provocación ha sido el pretexto para lanzar a la calle a 25 asalariados semana tras semana.

Con las acciones programadas, los 13.000 trabajadores enfrentarán también la rebaja de los salarios, ocasionada por recientes medidas oficiales.

Idema
Según denuncia formulada por el sindicato, el Idema ha despedido en 10 meses a más de 2.500 empleados, alegando el «recorte de burocracia». Dejando al descubierto la falacia de tal argumento, un resiente boletín sindical afirmó que la cancelación de contratos no afecta a los empleados situados en los niveles superiores del escalafón, sino a los que perciben los salarios más bajos.

Los sindicalizados culparon directamente al gobierno de la situación: «Se trata de una táctica novedosa en la aplicación de la Reforma lopista que busca eliminar los derechos democráticos de los asalariados del Estado; ella consiste en suprimir, mediante la destitución colectiva, los cargos de los trabajadores que todavía figuran como oficiales». Tal atropello cuenta con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, que en abril autorizó al Idema para proceder al recorte masivo de personal.

Los 3.500 trabajadores se disponen a lanzarse al combate en defensa de la estabilidad. El sindicato convocó a la asamblea nacional para comienzos de 1978.

Cumpliendo intensas jornadas y presidiendo más de 50 manifestaciones en otros tantos municipios de Antioquia, Chocó, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Casanare, Norte de Santander, Risaralda, Quindío y Caldas, Jaime Piedrahita, José Jaramillo Giraldo y numerosos dirigentes del Frente por la Unidad del Pueblo prosiguieron, el 27 de septiembre al 30 de octubre, la gira nacional iniciada hace cuatro meses en el sur del país. El candidato presidencial y la delegación del FUP fueron entusiastamente acogidos por miles de trabajadores y gentes sencillas en todas las regiones que recorrieron, divulgando el programa de la revolución anti-imperialista.