Categoría: Tribuna Roja Nº 30, Bogotá segunda quincena de noviembre de 1977

La víspera del 28º. Aniversario de la República Popular China, el viernes 30 de septiembre, tuvo lugar en Bogotá la Asamblea de la Fundación de la Asociación de la Amistad Colombo China, entidad que según rezan los estatutos aprobados esa noche, busca “promover el intercambio científico y cultural, y en general, el conocimiento mutuo y la amistad entre los pueblos colombiano y chino”.

La asamblea fue presidida por los promotores de la Asociación, Samuel Klahr, Gabriel Peláez, Guillermo Perry y José Maria Gómez. El Dr. Perry dio inicio al acto con un breve discurso en el que exaltó los grandes avances de China, dijo: “El pueblo chino ha dado a las naciones pobres y atrasadas una lección ejemplar de esfuerzo y de dignidad. Tras casi un siglo de depredación y humillación por poderes extranjeros y de luchas intestinas, basado en sus propias fuerzas, conquistó su independencia y logró desprenderse de la miseria, la desnutrición, el analfabetismo, la corrupción y el vicio, la sumisión y la desintegración nacional. Y hoy en día, en escasas tres décadas, ha conseguido para todos sus miembros una dieta balanceada y suficiente, servicios de salud, acceso a la educación, la cultura y el arte, y un mínimo de bienestar material. Más aún, ello ha sido acompañado por la elevación de la dignidad propia y de la seguridad en sí mismos, que procede de saberse forjadores de su propio destino”.

El Dr. Perry señaló que, “como nos consta a quienes hemos tenido el privilegio de visitar la China Popular a título de simples amigos”, los chinos han demostrado el deseo fraternal por estrechar los vínculos con Colombia. “En Cuanto al interés y la amistad de los colombianos hacia el pueblo chino – añadió – da testimonio esta reunión de personas de todas las corrientes políticas y que representan diferentes esferas de la actividad cultural, artística, universitaria, profesional, gremial y privada en el país”.
En efecto, cerca de 300 personas colmaron la sede de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes, lugar donde se efectuó la reunión.

Filiales en varias ciudades
Por su parte, correspondió al Dr. Samuel Klahr rendir un informe sobre las actividades adelantadas por los promotores en preparación de la primera asamblea.

Señaló el entusiasmo con que se recibió esta iniciativa y al respecto dijo: “Poco a poco y en la medida en que la noticia se difundió comenzamos a recibir mensajes de todo el país; en Medellín, en Cali, en Cartagena, en Pasto y en Tunja, se están creando filiales y esta noche tenemos con nosotros a varias delegaciones de diferentes partes del país”. Se refirió también a los contactos establecidos con la Asociación de Amistad Chino-Latinoamericana, organismo con sede en Pekín dedicado al fomento de las relaciones entre los pueblos y China y América Latina; con el director de la Asociación de la Amistad entre los pueblos Estadounidense y Chino, Gerald Tennebaum, y con el presidente de la Asociación de la Amistad Franco-China, Regis Bergeron.

Durante la discusión del proyecto de estatutos, numerosos asistentes hicieron uso de la palabra para expresar su beneplácito por el nacimiento de esta organización, que es producto de la profunda simpatía que alberga nuestro pueblo hacia la nación china. Fue unánime la voluntad de la asamblea por que la Asociación promueva el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Consejo Directivo
Posteriormente, fue elegido un Consejo Directivo de 31 miembros cuyos integrantes por orden alfabético son: Francisco Barrero, Juan Sebastián Betancourt, Mauro Cabrera, Jorge Cárdenas Gutiérrez, Héctor J. Céspedes, Giovanni Ciardelli, Guillermo Fergusson, Lía de Ganitsky, José Girón, Jesús María Gómez Duque, José María Gómez, Carlos José González, Fernando Granda, Saúl Hernández Gómez, María Teresa Herrán, María Teresa de Hoyos, Pedro Gustavo Huertas, Dionisio Ibáñez, Valentín Jiménez, Samuel Klahr, Consuelo de Montejo, Lope Hugo Ortegón, Gabriel Peláez, Guillermo Perry, Guillermo Puyana, Benjamín de los Ríos, Fernando Sanz Manrique, Guillermo Sha, Luis Guillermo Vasco, Álvaro Velasco y Luis Villar Borda.

En reunión del 24 de octubre, este Consejo constituyó una Junta Administrativa compuesta por Lía de Ganitsky, María Teresa Herrán, Francisco Barrero, Samuel Klahr, José Girón y Guillermo Puyana. José María Gómez y Mauro Cabrera fueron nombrados director y subdirector, respectivamente.

Entre las actividades que llevará a cabo la Asociación está programar el intercambio de grupos artísticos, culturales y científicos, así como organizar conferencias, seminarios y exposiciones sobre diversos temas y publicar e intercambiar material informativo. “Con la fe que anima a los hombres en la amistad entre los pueblos”, como lo expresó uno de los fundadores, la Asociación difundirá en nuestro país los grandes avances y logros de China y efectuará todas las actividades que propendan a un acercamiento cada vez mayor entre nuestros pueblos.

Tras cuatro cierres violentos que han mantenido a la Universidad Nacional clausurada intermitentemente por cerca de 500 días en los tres años y tres meses que van corridos de su gobierno, el demagogo de San Carlos ha decido reabrir el principal centro de educación del país, bajo un régimen rectoral despótico, con la bandera de una “reestructuración a fondo”.

Amparados en el decreto 1162, López Michelsen, su ministro Rivas Posada y el nuevo rector policía Emilio Aljure Nasser, perteneciente a la corriente llerista del liberalismo, se empeñan en implantar los programas educativos elaborados en los Estados Unidos. Con este fin, piensan llevar a cabo una tenebrosa reestructuración que consiste en instaurar cuerpos policivos internos, cercar el plantel como si fuera un campo de concentración, imponer el sistema de carnetización, despojar al estudiantado y al profesorado de todos sus derechos y suprimir por completo las libertades democráticas.

Pronunciamiento de los profesores

Ante esta andanada, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) señaló en una declaración que López Michelsen ha intentado imponer durante todo su gobierno, a la sombra de las Naciones Unidas, una reforma educativa reaccionaria en la Universidad para que ésta quede “al servicio de los partidos liberal y conservador” y para “ suprimir la libertad de cátedra y de expresión, dividir la organización profesoral, clasificar al profesorado como empleados públicos, adelantar una política de autofinanciamiento suprimiendo las residencias estudiantiles, fomentando el crédito educativo mediante la fórmula “estudie ahora pague después”, disminuyendo el presupuesto real y quitándole la autonomía en la fijación de sus necesidades presupuestales”.

“El cierre de los centros de educación superior, sus repetidas militarizaciones, los decretos de Estado de Sitio de tinte fascistoide – continua – no son sino el efecto y el resultado de una política que ha contado con la repulsa de los estamentos universitarios en las distintas universidades del país, como la de Nariño, la de Caldas, la del Atlántico, la Surcolombiana, la de Santander y otras, en donde se ha recrudecido la lucha en oposición a la arremetida reaccionaria contra la educación colombiana”.

Luego de desenmascarar la alianza de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional (APUN) con el rector Aljure a cambio de cargos directivos y decanaturas, ASPU resumió las condiciones en que fue reabierto el claustro docente: “Los organismos académicos del profesorado quedaron disueltos y anulada la representación profesoral y estudiantil en los cuerpos directivos; se atomizó la Facultad de Ciencias Humanas y se suprimió el Departamento de Ciencias de la Educación”.

“El gran movimiento de la clase obrera y el pueblo que fue el Paro Cívico Nacional, la lucha de FECODE, los trabajadores petroleros y otros sectores, así como avances importantes en la unidad de acción en la lucha cotidiana, son elementos que conforman un marco positivo para la recuperación del movimiento universitario”, concluyó el documento.

Declaración de la Jupa
Por su parte, la Juventud Patriótica (JUPA), organización juvenil del MOIR, expidió un comunicado en el que señala que el actual gobierno quiere poner en marcha en la universidad a sangre y fuego “el dictado de los monopolios imperialistas en materia educativa, en concordancia con los programas de explotación y saqueo de nuestra nación. La mentalidad servil de este mandato no puede hacer cosa distinta que incorporar a la legislación colombiana lo aprobado en los distintos organismos internacionales manipulados desde Washington y pugnar con el apoyo de las bayonetas, porque se ponga en práctica, continuando la antipatriótica obra de la microscópica coalición gobernante”.

Denuncio además que el rector ordenó “revisar la hoja de vida de todos los estudiantes, para preparar la masacre académica” en lo que el ministro entiende por “reducir la universidad a proporciones manejables”.

Asimismo, hace un llamado a combatir contra el nuevo reglamento académico y “por la recuperación del bienestar estudiantil, la libertad de cátedra e investigación, la adecuada financiación estatal, la reapertura total del Hospital de la Hortua, la expulsión del rector policía y de todo su aparato inquisitorial y la implantación de un régimen democrático con participación decisoria de profesores y estudiantes”.

“De lo que puede estar seguro este gobierno, agobiado por el desprestigio, descompuesto por la corrupción y condenado históricamente por la lucha de las masas laboriosas, es que no será en los claustros universitarios en los que encontrará el sosiego que no pudo alcanzar en el resto de la sociedad para sus días postreros”, puntualizó la JUPA.

El 5 de noviembre, los trabajadores del Ministerio de Hacienda levantaron el cese de actividades, que concentró la atención del país durante tres semanas, mantuvo en jaque al régimen y se ganó la simpatía de las fuerzas populares. Las asambleas sindicales celebradas el 3 de noviembre en las 24 seccionales concluyeron que algunos importantes objetivos del paro se habían conseguido, pero acordaron reanudarlo si en 30 días el gobierno no había resuelto definitivamente el pliego de peticiones, cuyo trámite se inició en la segunda semana de noviembre.

Origen del conflicto
El 23 de septiembre, cuando estaba a punto de viajar a Washington el ministro Espinosa Valderrama para asistir a la asamblea del Fondo Monetario Internacional, el sindicato denunció en carta abierta que aún estaba pendiente la discusión del pliego de peticiones presentado desde agosto. Espinosa, por toda respuesta, afirmó que ningún empleado público podía apelar a la contratación colectiva, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, el gobierno no se creía obligado a negociar. Propuso en cambio que los trabajadores se contentaran con un 8% de aumento salarial, y remató así su esquela: “Deseo resaltar que las medidas económicas adoptadas en el curso del año han permitido bajar el ritmo de crecimiento de los precios, de suerte que hoy y hacia el futuro se ha superado lo que podría haberse considerado como una tendencia inflacionaria”.

Tan cínica actitud provocó en el acto la airada reacción del sindicato. El 6 de octubre, centenares de empleados iniciaron en Antioquia una huelga de brazos caídos. El 17, con base en las decisiones de la Asamblea Delegataria, la Directiva Nacional extendió la consigna a todo el país. Resueltamente, 15.000 trabajadores adhirieron al paro.

El movimiento interrumpió la expedición de paz y salvos y demás servicios en la Administración de Impuestos, las Aduanas y la Tesorería Nacional, con la consiguiente suspensión de muchos gastos públicos y el entrabamiento del presupuesto. Más de $100 millones dejaron de recaudarse diariamente. De esta forma, la huelga afectó por completo una de las actividades esenciales del Estado.

Vencida la represión
Luego de que el Ministerio de Trabajo ilegalizó el paro y suspendió la personería jurídica del sindicato, comenzaron los despidos y detenciones masivos. Juan Botero, presidente de la subdirectiva de Medellín, fue conducido, junto con cinco de sus compañeros, a los calabozos de la Cuarta Brigada, en donde tuvo que enfrentar intensos interrogatorios. El 19 de octubre la policía arrestó a 25 trabajadores cuando realizaban un mitin frente a las oficinas del edificio Urano de Bogotá. El Ministerio de Hacienda declaró insubsistente a la casi totalidad del comité ejecutivo, incluido el presidente, Alfredo Morales.

La actitud del nuevo almojarife, Palacio Rudas, no fue diferente a la del anterior. Dos días después de posesionado exigió la suspensión del movimiento como condición para iniciar conversaciones con los directivos del sindicato. La beligerancia de las acciones, en las que participaron millares de asalariados, obligó al gobierno a dar comienzo a las negociaciones del pliego, a reintegrar los 87 destituidos y a derogar las sanciones contra el sindicato.

Centenares de asalariados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, sitiaron el 20 de octubre las oficinas administrativas e impidieron toda actividad laboral durante 24 horas. Ante el éxito de la iniciativa, el sindicato anunció nuevos paros escalonados en apoyo al pliego de peticiones presentado el 29 de julio. Las tareas que se avecinan serán coordinadas con los sindicatos del Ministerio de Hacienda y de la Administración Postal, a través de un comité unitario.

Los 2.170 trabajadores del Codazzi fueron clasificados desde 1968 como empleados públicos, recién expedida la Reforma Administrativa de Lleras Restrepo. Ahora, siguiendo el ejemplo de sus compañeros del Ministerio de Hacienda, se disponen a quebrantar la arbitraria legalidad que les cercenó los derechos de huelga, organización y contratación colectiva.

La Administración Postal
6.200 empleados de la Administración Postal se aprestaban entretanto para iniciar la batalla por aumentos salariales, congelados desde hace dos años. El Consejo Consultivo del sindicato, que se reunió el 1 de noviembre, aprobó un plan de lucha y autorizó al comité ejecutivo para poner en práctica las medidas que considere indispensables. El sindicato protestó contra la persecución desatada por la Administración Postal en Barranquilla y denunció que continúa detenido Diego Hoyos, directivo de la seccional de Manizales.

El Dane
Los trabajadores del DANE dieron comienzo a una jornada nacional de lucha aprobada por el sindicato, para presionar el pago de salarios retenidos en los dos años anteriores. Se calcula que el valor total dejado de pagar por esa entidad asciende a $5 millones. La organización sindical reclamó además la libertad de varios trabajadores detenidos y la solución del pliego de peticiones.

El Banco Popular
El 7 de noviembre se iniciaron las negociaciones del pliego de peticiones presentado por 6.000 trabajadores del Banco Popular, que exigen $2.500 de aumento salarial al mes y el reintegro de 517 destituidos a raíz de la pasada huelga. Directivos del Sindicato dijeron que el Banco Popular, con sede principal en Calí, se niega a dar solución al problema de los despedidos. Los trabajadores están presionando, mediante mítines y movilizaciones, la satisfacción de sus reclamos.

La Caja Agraria
La junta directiva nacional de Sintracreditario, reunida en Bogotá el 1 y 2 de noviembre, denunció el despido de 600 trabajadores y anunció la realización de marchas por las principales ciudades el 18 de noviembre, como respuesta inmediata a la persecución desatada por la entidad. El sindicato condenó los resientes comunicados de prensa en los que el gerente de la Caja Agraria divulgó un supuesto plan de sabotaje contra la administración. Esta provocación ha sido el pretexto para lanzar a la calle a 25 asalariados semana tras semana.

Con las acciones programadas, los 13.000 trabajadores enfrentarán también la rebaja de los salarios, ocasionada por recientes medidas oficiales.

Idema
Según denuncia formulada por el sindicato, el Idema ha despedido en 10 meses a más de 2.500 empleados, alegando el «recorte de burocracia». Dejando al descubierto la falacia de tal argumento, un resiente boletín sindical afirmó que la cancelación de contratos no afecta a los empleados situados en los niveles superiores del escalafón, sino a los que perciben los salarios más bajos.

Los sindicalizados culparon directamente al gobierno de la situación: «Se trata de una táctica novedosa en la aplicación de la Reforma lopista que busca eliminar los derechos democráticos de los asalariados del Estado; ella consiste en suprimir, mediante la destitución colectiva, los cargos de los trabajadores que todavía figuran como oficiales». Tal atropello cuenta con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, que en abril autorizó al Idema para proceder al recorte masivo de personal.

Los 3.500 trabajadores se disponen a lanzarse al combate en defensa de la estabilidad. El sindicato convocó a la asamblea nacional para comienzos de 1978.

Cumpliendo intensas jornadas y presidiendo más de 50 manifestaciones en otros tantos municipios de Antioquia, Chocó, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Casanare, Norte de Santander, Risaralda, Quindío y Caldas, Jaime Piedrahita, José Jaramillo Giraldo y numerosos dirigentes del Frente por la Unidad del Pueblo prosiguieron, el 27 de septiembre al 30 de octubre, la gira nacional iniciada hace cuatro meses en el sur del país. El candidato presidencial y la delegación del FUP fueron entusiastamente acogidos por miles de trabajadores y gentes sencillas en todas las regiones que recorrieron, divulgando el programa de la revolución anti-imperialista.

20 trabajadores de la planta de Colcarburos de Zipaquirá han quedado inválidos, con sus brazos y manos inutilizados por la acción del cloruro de vinilo, empleado como materia prima en la elaboración de plásticos.

Este elemento, usado sin ninguna medida de seguridad, produce la “osteoporosis”, enfermedad que resquebraja los huesos haciéndolos tan débiles que pueden fracturarse con el más mínimo movimiento.

Aunque se sabe con certeza cual es la causa del mal, la empresa ni siquiera ha dispuesto las mínimas medidas de protección. “Simplemente no están interesados – dijo Augusto Orjuela, directivo del sindicato-. La vida de los 400 trabajadores no cabe dentro de los cálculos financieros de Colcarburos ni es contabilizable como utilidad en los balances semestrales”.

Por esta razón en la planta se vive un clima de tensión y angustia. Es la agonía de horas con la dolorosa perspectiva de la incapacidad para laborar. A la desidia patronal añade la actitud criminal del ICSS, cuyos directivos, como buenos mercaderes de la salud, se rehúsan a clasificar la osteoporosis como enfermedad profesional, para así ahorrarse las pensiones e indemnizaciones correspondientes. Allí, contra este mal, el único tratamiento que se prescribe es un simple menjurje. El sindicato exigió en el pliego que se cumplieran las disposiciones internacionales sobre seguridad industrial suscritas por el gobierno colombiano. Ante la negativa de Colcarburos y el silencio cómplice del Ministerio de Trabajo, se lanzó la huelga el 26 de julio. Con manifestaciones públicas los obreros celebraron en Nare y Zipaquirá, el 1º. de noviembre, los cien días del movimiento.

Avance convencional
Colombiana de Carburos y Derivados (Colcarburos), empresa química fundada por Cementos Argos, paga diariamente entre $84.oo y $90.oo. mientras que las utilidades ascendieron en 1976 casi a $70 millones, los sueldos, incluidos los de los ejecutivos, apenas llegaron a $13 millones.

Cuando hace unos meses el sindicato movilizó sus efectivos para exigir la instalación de un restaurante, la empresa contestó a la legítima aspiración con el despido de numerosos activistas. Como los trabajadores insistieron en la mesa de negociaciones, los representantes patronales lanzaron un desafío abierto: “Aquí no habrá casino aunque la huelga dure un año”.

Los obreros saben que el acuerdo convencional firmado en la primera semana de noviembre representa un nuevo punto de partida en la lucha por sus más sentidas reivindicaciones.

Después de 27 días de arresto arbitrario en la cárcel de Bellavista de Medellín, entre el 14 de octubre y el 10 de noviembre, fue dejado en libertad incondicional el concejal del MOIR en Amagá y presidente del Sindicato de la Industria Minera de Antioquia, Hernán Taborda. Las autoridades pretendieron involucrarlo a toda costa en el asesinato de dos ejecutivos de Industrial Hullera de Amagá, sucedido el 11 de octubre en la capital antioqueña. Durante el tiempo en que permaneció incomunicado, el dirigente sindical fue sometido a intensos interrogatorios en un vano intento por inculparlo.

Asimismo, fueron privados de la libertad, por varios días el vicepresidente y el secretario del sindicato minero, Manuel Montoya y Miguel Ángel Puerta. Nuestro partido en Antioquia destapó «las verdaderas intenciones de la empresa y el gobierno, consistentes en achacarles a los camaradas detenidos responsabilidades que no tienen en la muerte de los dos funcionarios, para birlar así las obligaciones y deudas surgidas de la explosión del 14 de julio», en la que perdieron la vida alrededor de un centenar de obreros.

Hace siete meses, los dueños de Pasteurizadora San Luis registraron en las notarías de Bogotá un cambio de personería jurídica, se declararon al punto en quiebra y desaparecieron sin dejar rastro, abandonando máquinas avaluadas en $80 millones y 37 camiones repartidores. Por extraño que parezca, valiosos equipos, embargados por el juzgado 12 Civil, salieron misteriosamente días después hacia depósitos particulares. Nadie supo a ciencia cierta qué ocurrió entre bastidores, ni siquiera los 200 obreros, que ven esfumarse las prestaciones sociales y la jubilación ante el silencio tolerante del Ministerio de Trabajo.

Mientras el expediente se apolilla, los obreros resisten sin vacilaciones el prolongado cerco al que los han sometido el gobierno, el Idema, el ICSS y un acuciosos juez de la República, cuya única medida ha sido declarar insubsistentes los contratos de trabajo.
Los trabajadores, por boca del presidente del sindicato, José Gregorio Cortés, propusieron ya hace meses poner en funcionamiento la fábrica, para costearse los salarios atrasados y las prestaciones. Pero ni el Idema quiere suministrar la materia prima ni el juzgado lo permite. Millones de pesos se convierten en inútil chatarra en espera de un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, que no llega.

“La estafa de los patronos fue completa – denuncia Cortés -, porque cuando tocamos a las puertas del ICSS reclamando la jubilación de compañeros con 25 y 28 años de servicios, quienes siempre estuvieron al día en las cotizaciones, resultó que habían perdido el derecho porque la empresa estaba atrasada en los pagos”.

Sin desmayar ni un momento, los obreros lanzaron un llamamiento al movimiento sindical, reclamando mayor solidaridad. “Sin ella será imposible – sostuvieron los directivos – hacer frente a la justicia de un Estado que quiere someternos por hambre”.

Cerca de 300 personas de todas las vertientes políticas y de varias regiones del país, representantes de diversas áreas de la actividad cultural, artística, profesional, universitaria y gremial, concurrieron a la fundación de la Asociación de Amistad Colombo-China. El evento tuvo lugar el 30 de septiembre pasado, víspera del 28 aniversario de la República Popular China, en la sede de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes.

El acto de fundación estuvo presidido por sus promotores, Samuel Klahr, Gabriel Peláez, Guillermo Perry y José María Gómez, quienes exaltaron los grandes adelantos logrados por China y saludaron su fraternal deseo de estrechar los vínculos con Colombia.

La Junta Nacional Ampliada de FECODE, que se dio cita en Bogotá el 13 y 14 de octubre para escuchar los informes de las seccionales, sostuvo que la reciente huelga de seis semanas significó un avance en la prolongada batalla contra el Estatuto oficial. Los sindicatos asistentes destacaron la vinculación de los 150.000 afiliados a las jornadas del 25 de agosto, 1º. y 9º. de septiembre y, en especial, su presencia en el Paro Cívico Nacional. Resaltaron asimismo, como nuevo método de lucha, la toma de gobernaciones y alcaldías. Como lo señaló el Comité Intersindical de Trabajadores de la Educación (Ciste) de Risaralda, «a pesar de no lograrse acuerdos escritos con la viceministra, es indudable que el paro nacional del magisterio logró la congelación del decreto 128».

Sin embargo, la Junta Ampliada alertó a las bases sobre la inminente expedición de un nuevo Estatuto Docente, fraguado por el régimen en contra del magisterio, y aprobó un plan de tareas inmediatas para cerrarle el paso.

En Antioquia
Durante las últimas semanas, millares de institutores en paro desfilaron casi a diario hasta la Plazuela Nutibara de Medellín, exigiendo del gobierno la nivelación salarial entre primaria y secundaria, así como otras reivindicaciones. Reclamaban además la libertad de 14 activistas conducidos a las cárceles de Bellavista y el Buen Pastor.

El 19 de octubre, tras dos meses de lucha, la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y la Asociación de Profesores de Secundaria (PROAS), en nombre de 25.000 afiliados, suscribieron acuerdos con el gobierno departamental, que se vio obligado a reconocer exigencias magisteriales. Los representantes oficiales se comprometieron a no tomar represalias contra quienes participaron más activamente en las acciones.

En Nariño
El gobierno arreció la persecución contra los institutores de primaria de Nariño al trasladar a centenares de ellos a lejanas regiones con el propósito de aislar el combativo movimiento huelguístico. Al mismo tiempo, la Secretaria de Educación suprimió la atención médica y farmacéutica a los principales activistas y sus familias. Pese a la intimidación, los 7.000 maestros sostuvieron con firmeza el paro durante más de dos meses, exigiendo la cancelación de los aumentos salariales de enero a esta parte. El sindicato regional filial de FECODE, Simana, levantó el cese el 28 de octubre al obtener la solución de muchas de sus reclamaciones.