ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA CONDENA GENOCIDIO OFICIAL

Desde el 1º. de octubre, día en que se iniciaron las sesiones ordinarias de la Asamblea, correspondientes al presente año, Cesar Pardo Villalba, diputado del MOIR, ha venido desarrollando una permanente e infatigable labor de denuncia de las acciones antipopulares, deshonestas y despóticas con las que el gobierno de las oligarquías traiciona los intereses nacionales y fustiga al pueblo colombiano.

Censura a la matanza

El compañero Pardo figuró entre los proponentes y firmantes de una enérgica moción de censura al gobierno por la masacre cometida contra el pueblo el 14 de septiembre, el día del paro cívico nacional. El pronunciamiento reza textualmente:

“La Asamblea de Cundinamarca, interpretando la voluntad mayoritaria de las gentes del departamento, propone:
1. Su más profundo rechazo por la manera como el gobierno ha venido tratando los problemas económicos y sociales que afectan al departamento y al país, situación que en buena hora provocó la resuelta protesta de los trabajadores organizados, mediante un acto que se constituyó en el primer anuncio de lo que el pueblo es capaz en defensa de sus propios intereses.
2. La diputación señala al gobierno como responsable del genocidio del 14 de septiembre en Bogotá, con el cual pretendió acallar la voz y la solidaridad de un pueblo sumido en la más grande frustración.
3. Exige la inmediata libertad de presos y la restauración de las personerías jurídicas suspendidas a las organizaciones sindicales”.

Esta proposición resultó acogida por 18 votos a favor y 12 en contra, lo cual demuestra hasta donde ha llegado el desprestigio del lopismo.
Igualmente fue aprobada otra iniciativa presentada por Pardo, en la que se manifiesta la solidaridad de la Asamblea con las luchas de los trabajadores de la USO y FECODE, se repudia el terror desatado por el gobierno contra los petroleros y se exige la solución inmediata y positiva de estos conflictos y demás huelgas que se adelantan en el país.

Tropelías y despilfarros

César Pardo, junto con el diputado Fabio Rodríguez Cedeño, citó al Gerente de la Beneficencia de Cundinamarca para que rindiera informe sobre la situación actual de la entidad y sus dependencias.

El dirigente del MOIR, en una extensa y categórica intervención, denunció las actividades persecutorias de las autoridades departamentales contra sus trabajadores, la población en general y los partidos de la oposición.

Durante el debate, Pardo condenó el incalificable atropello cometido por la fuerza pública al detener a los representantes del sindicato de la Beneficencia de Cundinamarca, cuando se dirigían a las oficinas de la entidad para indagar por el estado de su pliego de peticiones.

También acusó a las directivas de la Empresa Electrificadora, seccional de Girardot, quienes se han ensañado contra los obreros sindicalizados. Remarcó que el tratamiento de los problemas laborales por parte del departamento es el recorte de las libertades de movilización y expresión mediante el uso de la bota militar y el encarcelamiento de los dirigentes sindicales.

En sus intervenciones reprobó igualmente la actitud intransigente de la junta directiva de la Beneficencia y del Gobernador para resolver las justas demandas de los trabajadores. Después de dos años sin reajuste salarial, se ofrece a los obreros un magro aumento de diez pesos diarios. Por otra parte, peligran sus prestaciones sociales, ya que el Fondo creado para ellas, incorporado directamente al presupuesto de la Beneficencia, está en bancarrota, debido a los malos y oscuros manejos.

Como caso típico de los despilfarros, Pardo señaló la destinación de tres millones de pesos, aprobada por la Lotería de Cundinamarca, la cual pertenece a la Beneficencia, para regalos de Navidad que serán distribuidos por todo el departamento, dentro de la campaña electoral de los gamonales políticos del liberalismo y el conservatismo.

Al censurar el prolongado cierre del Hospital de la Hortua, precisó que esta situación hace parte de la política del Plan Nacional de Salud, cuyo fin es limitar el acceso de la población a una atención médica adecuada.

Presupuesto gravoso
César Pardo, manteniendo una nítida posición de principio, se opuso al proyecto presupuestal, y sustentó su voto negativo manifestando que dentro del panorama económico general del país, todos estos presupuestos son deficitarios, están sometidos a préstamos de corporaciones imperialistas, condicionados a una serie de requisitos que van contra los intereses nacionales y, por último, causan “impuestos y gravámenes que nosotros no compartimos y consideramos lesivos a la mayoría de la población y al desarrollo del país en general”.

VÍTORES Y HONORES A LA VALIENTE USO

En la madrugada del 31 de octubre, los trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos regresaron a sus labores después de 66 días de una huelga que se constituyó en la batalla más dura que ha logrado el proletariado colombiano en los últimos tiempos. A pesar de la cerrada intransigencia patronal ante las justas exigencias de los obreros, a pesar del régimen de terror implantado en Barrancabermeja y Tibú, a pesar de los despidos masivos, a pesar de los incontables detenidos, a pesar de la múltiples prohibiciones oficiales, los petroleros realizaron un aguerrido mitin en las puertas de la refinería, en el momento de reintegrarse al trabajo. Bajo la lluvia y en las narices de la tropa que custodiaba las instalaciones de Ecopetrol, el grito de “¡Viva la USO!” estremeció a Barranca, Casabe y Cantagallo.

Aunque sus objetivos están aún por realizarse, la huelga tuvo características que significaron un decisivo paso adelante en la conciencia antiimperialista del proletariado y el pueblo de Barranca. El cúmulo de experiencias recogidas en el fragor del combate, constituye un aporte elocuente e insustituible a la lucha por nuestra emancipación.

La empresa violó los compromisos
En noviembre del año pasado, cuando se discutía el pliego de peticiones de la USO, Ecopetrol presentó a la mesa de negociaciones un contrapliego que implicaba la pérdida de una serie de derechos adquiridos por los trabajadores en arduas confrontaciones. Después de cinco meses, la USO derrotó la posición patronal y se firmó el acuerdo del 25 de marzo de 1977, mediante el cual los obreros lograron salvaguardar sus anteriores conquistas.

Sin embargo, no habían transcurrido dos meses cuando ya Ecopetrol había violado varios compromisos convencionales. Mantuvo cerca de 3.000 trabajadores temporales, enganchados mediante el sistema de contratistas, en labores de carácter regular y permanente como reacondicionamiento de pozos, refinación, servicios administrativos, sanidad, transportes, casinos, comisariatos y conservación de vías. Se negó a integrar la comisión de control de precios en los comisariatos, como también a congelar el valor de la carne en Tibú. Intentó imponer unilateralmente un nuevo escalafón que debió haber elaborado conjuntamente con los trabajadores. Despidió a varios médicos sindicalizados y 20 profesionales quedaron así a cargo de 20.000 pacientes entre obreros, jubilados y sus familias.

Estos incumplimientos de sus obligaciones contractuales eran “justificados” por Ecopetrol con el desgastado argumento de que su crisis financiera se debe a los gastos que le ocasiona el personal a su servicio.

Lo cierto es que los salarios y prestaciones – incluyendo la nómina de los ejecutivos – apenas constituyen el 16% de los costos.

Pero había algo más. Los trabajadores le habían salido al paso a la verdadera causa de la agonía de Ecopetrol; la política de entrega de la principal industria estratégica del país al imperialismo norteamericano, que el gobierno y los directivos vienen ejecutando mediante el mecanismo de las “compañías asociadas”, y que consiste en que la empresa estatal financia a los monopolios extranjeros que vienen a desplazarla. Fue así como, contra la prohibición expresa del Capitulo Segundo de la Convención, Ecopetrol entregó su equipo “National 130” a la compañía perforadora y explotadora An-Son Drilling, contratista para el campo de Cantagallo y propiedad de un amigo personal del presidente López. Como si esto fuera poco, le mantiene arrendado su equipo de perforación “Cabría No. 5”, Además, Ecopetrol pretendía entregar la planta de polietileno, Policolsa, la más rentable de cuantas tiene, a la firma gringa Dow Chemical. Este último atentado contra los intereses nacionales fue derrotado temporalmente por la altiva huelga del proletariado petrolero.

Estalla el conflicto
Los obreros elevaron su protesta, no solamente por las violaciones que afectaban sus intereses gremiales, sino también por la entrega de Ecopetrol a los consorcios yanquis. Cuando su memorial fue ignorado por los gerentes de distrito, realizaron un paro de una hora en Refinería, el 26 de julio. La empresa respondió expulsando a varios trabajadores. Diez días después, el 5 de agosto ante la andanada represiva se realizó un nuevo cese parcial, esta vez en El Centro, ante el cual el gobierno suspendió la personería jurídica del sindicato. Comenzó a perfilarse que lo que ambicionaba a toda costa era la destrucción de la Unión Sindical Obrera. Con un comité de huelga formado básicamente por dirigentes jóvenes, la huelga estalló al amanecer del 25 de agosto.
Desde un principio el presidente de la Empresa, un ex alumno de la Facultad de Ciencias del estado de Pennysilvania y ex director del laboratorio de La Texas Petroleum Company, el tristemente celebre Juan Francisco Villarreal, difundió por todos los medios su hipócrita disposición a un “diálogo abierto y franco”. Pero en íntima relación con los despachos ministeriales se determinaba la prolongación de la suspensión de la personería jurídica del sindicato, y se inundaban las calles de Barranca y Tibú con cerca de 10.000 soldados provenientes de 8 batallones, que se tomaron las instalaciones industriales.

El plan de la reacción
La reacción trazó un plan meticuloso tendiente a quebrar la resistencia obrera:

1). Para garantizar el abastecimiento de combustible en el país, importó gasolina, mediante un convenio con La Texas, acción que encubría tras la farsa del mantenimiento de unas cuantas plantas funcionando precariamente.
2). Para impedir la actividad del sindicato, clausuró por la fuerza la sede de la USO y declaró ilegales las asambleas y reuniones de más de tres personas; implantó el toque de queda y la ley seca; expidió boleta de captura para el comité de huelga, el cual tuvo que eludir permanentemente desde la clandestinidad la nube de sabuesos.
3). Para bloquear la manutención de los obreros, prohibió a las cooperativas, so pena de arresto contra sus gerentes, la venta a crédito a los huelguistas de los artículos de primera necesidad.

En conclusión. El imperialismo y sus agentes habían declarado una verdadera guerra a muerte contra el proletariado petrolero. A ello se sumó el regateo de la mezquina solidaridad de las cuatro centrales, cuando no la obstrucción abierta de éstas, como el hecho de postergar indefinidamente la manifestación pública de Bogotá, tantas veces prometida y aplazada hasta el 18 de noviembre, para cuando ya el movimiento hubiese sido aplastado.

Ambiente de subversión
De otro lado, obreros de diversas ramas de la industria, campesinos, maestros, estudiantes, empleados, amas de casa y aun los comerciantes y el clero, dieron su colaboración decisiva para el éxito de reuniones secretas, mítines relámpago, movilizaciones, actos de propaganda y protección de los huelguistas. Barranca entera respiraba un ambiente de subversión generalizada. Algo similar sucedía en Tibú.

Cien mil barranqueños participaron en el Paro Cívico Nacional colocándose a la altura de su tradición revolucionaria, y además llevaron a cabo, el 3 y 4 de octubre una nueva paralización total de 48 horas, vigorosa demostración de cohesión y lucha. Por su parte, Tibú dio un heroico ejemplo desafiando las medidas represivas que debieron soportar sus habitantes, como el corte de agua y luz a que fue sometido el sector obrero. 4.500 asalariados y contratistas de la Unidad de Balance y Optimización llevaron a cabo dos victoriosos paros, hombro a hombro con la USO. La táctica reaccionaria de aislar al sindicato del resto de la población fue un rotundo fracaso.

Pese a que portar un boletín se había convertido en grave delito, el Diario del Paro, volante mimeografiado por el comité de huelga, no dejó de llegar ni uno solo de los 66 días de batalla a manos de las bases.

Con tal fin se desplegaron los recursos más ingeniosos e inverosímiles; pelotas de béisbol que volaban de barrio en barrio por sobre las cabezas de los uniformados, vendedores de frutas que a cada cliente le encimaban un boletín, árboles misteriosamente florecidos de hojas impresas, audaces niños cuyos avioncitos de papel transportaban la palabra de la clase obrera.

Resistencia al terror fascista
La criminal y sospechosa explosión de una granada de fabricación norteamericana, de uso privativo de las fuerzas armadas, en el interior de un bus que transportaba directivos y esquiroles, fue el calculado pretexto para desatar el más pavoroso terror fascista contra toda la población. Ya no se allanaban las casas, se allanaban manzanas enteras. Los soldados ya no tocaban a las puertas, las derribaban. Ya no buscaban pruebas, las llevaban. Las cárceles y el batallón no dieron abasto. Centenares de detenidos fueron enviados a Bucaramanga y otros municipios. El corresponsal de Tribuna Roja, Esteban Navajas, fue encarcelado cuando cumplía su labor periodística. Igual suerte corrieron los dirigentes del MOIR James García, Norman Alarcón y César Loaiza, los dos últimos condenados a seis meses de prisión.

La represión, con todo, se sentía acorralada y llegó a extremos grotescos. Un día, por ejemplo, unas maestras que hacían cola para cobrar su sueldo frente al Banco de Comercio, lanzaron algunas vivas a la USO. El alcalde del puerto, coronel Bonilla, pistola en mano, irrumpió energúmeno, declaró disuelta la manifestación y arrestó a varias personas al azar. En otra ocasión, con sus lanceros y agentes secretos detuvo un cortejo fúnebre, hizo bajar el ataúd, lo destapó y se halló con el cadáver profanado, en lugar del agitador que buscaba.

Es que el vinagre, las bolitas de cristal, las ollas, botellas, corchos, llantas, se volvieron “material estratégico” y “cuerpos de delito”. Los estridentes pitos de los niños exasperaban a la tropa. El vendedor que los llevó desde Bucaramanga fue detenido, acusado de “distribuir implementos bélicos”.

Hasta las madres regaron tachuelas desde sus bolsos, canastos y cochecitos infantiles.

Un alto en el camino
El pasado 4 de noviembre, cuando ya se había levantado la huelga, el comité Nacional de solidaridad llevó a efecto, frente a la Plaza de Toros de Bogotá, una concentración de caluroso respaldo a la Unión Sindical Obrera.

A nombre de la organizaciones petrolera llevó la palabra el dirigente Eliécer Benavides, quien advirtió que si el gobierno y la empresa persisten en la traición en los intereses nacionales, los despidos y las detenciones, no habrá paz laboral en Ecopetrol. Denunció asimismo la actitud vacilante y la casi nula solidaridad económica de las centrales sindicales con la huelga, y terminó exaltando las profundas enseñanzas de esta batalla, invaluables para el pueblo colombiano en la zigzagueante marcha hacia la patria independiente y soberana.

Los trabajadores están decidios a aprovechar este alto en el camino para pasar revista a sus filas, resumir las experiencias y prepararse para continuar en el futuro esta coalición histórica, iniciada hace más de medio siglo, cuando la Troco comenzó el saqueo del subsuelo colombiano, y en el cual el proletariado petrolero ha sido el más esforzado defensor de nuestras riquezas naturales y el más consecuente abanderado de la causa antiimperialista. Vítores y honores a la valiente USO

SIGUE REPRESIÓN AL MOIR

Las autoridades civiles, militares y policivas de varios departamentos han continuado en forma cada vez más intensa su persecución contra la militancia del MOIR, con el objeto de sabotear la campaña electoral de nuestro Partido y el FUP.

Los agentes del lopismo han recurrido a las detenciones, condenas, allanamientos y destierros de numerosos dirigentes de diversos municipios. Ha sido también de común ocurrencia la prohibición de vender nuestro periódico, por parte de las autoridades locales. Veamos algunos de estos casos en los que el régimen intenta vanamente apartarnos de las masas populares.

En Antioquia, además de los detenidos de Amagá, que registramos en la primera página de esta edición, en Turbo fue encarcelado el dirigente moirista y asesor del Frente Sindical Autónomo de Antioquia, Álvaro Bedoya. En el Bagre fue detenido el concejal del MOIR en Zaragoza, Gustavo Saldarriaga, el 28 de octubre. Por otra parte, José López, de Yolombó; Albeiro Franco de Segovia, y Apolinar Tamayo, de Yarumal, han sido conminados por alcaldes y oficiales del ejército a abandonar esos municipios.

En San Pablo, Bolívar, fue detenido el 12 de octubre el compañero Jaime Salazar. En Magangué, fueron arbitrariamente arrestados los militantes del MOIR Mercedes Páez Guerrero, Nidia Dávila y Ernesto Acuña y sometidos a numerosas vejaciones.

En Duitama, cumplen condenas de seis meses de prisión, impuestas a mediados de septiembre, Octavio Bermúdez y Lino Granados.

En Manizales, permanecieron detenidos varias semanas Ramón López Gómez y Diego Galvis.

En Garzón, Huila, fue apresado «preventivamente» el 19 de octubre, el dirigente del MOIR Luis González Gómez.

El 8 de octubre, en Mercaderes, Cauca, el ejército arrestó a los moiristas Hernán Rodríguez, Demetrio Galíndez, Libardo Romero, Francisco Ramos, Jerónimo Mutis y Rufo López.

FUNDADA ASOCIACIÓN DE AMISTAD COLOMBO – CHINA

La víspera del 28º. Aniversario de la República Popular China, el viernes 30 de septiembre, tuvo lugar en Bogotá la Asamblea de la Fundación de la Asociación de la Amistad Colombo China, entidad que según rezan los estatutos aprobados esa noche, busca “promover el intercambio científico y cultural, y en general, el conocimiento mutuo y la amistad entre los pueblos colombiano y chino”.

La asamblea fue presidida por los promotores de la Asociación, Samuel Klahr, Gabriel Peláez, Guillermo Perry y José Maria Gómez. El Dr. Perry dio inicio al acto con un breve discurso en el que exaltó los grandes avances de China, dijo: “El pueblo chino ha dado a las naciones pobres y atrasadas una lección ejemplar de esfuerzo y de dignidad. Tras casi un siglo de depredación y humillación por poderes extranjeros y de luchas intestinas, basado en sus propias fuerzas, conquistó su independencia y logró desprenderse de la miseria, la desnutrición, el analfabetismo, la corrupción y el vicio, la sumisión y la desintegración nacional. Y hoy en día, en escasas tres décadas, ha conseguido para todos sus miembros una dieta balanceada y suficiente, servicios de salud, acceso a la educación, la cultura y el arte, y un mínimo de bienestar material. Más aún, ello ha sido acompañado por la elevación de la dignidad propia y de la seguridad en sí mismos, que procede de saberse forjadores de su propio destino”.

El Dr. Perry señaló que, “como nos consta a quienes hemos tenido el privilegio de visitar la China Popular a título de simples amigos”, los chinos han demostrado el deseo fraternal por estrechar los vínculos con Colombia. “En Cuanto al interés y la amistad de los colombianos hacia el pueblo chino – añadió – da testimonio esta reunión de personas de todas las corrientes políticas y que representan diferentes esferas de la actividad cultural, artística, universitaria, profesional, gremial y privada en el país”.
En efecto, cerca de 300 personas colmaron la sede de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes, lugar donde se efectuó la reunión.

Filiales en varias ciudades
Por su parte, correspondió al Dr. Samuel Klahr rendir un informe sobre las actividades adelantadas por los promotores en preparación de la primera asamblea.

Señaló el entusiasmo con que se recibió esta iniciativa y al respecto dijo: “Poco a poco y en la medida en que la noticia se difundió comenzamos a recibir mensajes de todo el país; en Medellín, en Cali, en Cartagena, en Pasto y en Tunja, se están creando filiales y esta noche tenemos con nosotros a varias delegaciones de diferentes partes del país”. Se refirió también a los contactos establecidos con la Asociación de Amistad Chino-Latinoamericana, organismo con sede en Pekín dedicado al fomento de las relaciones entre los pueblos y China y América Latina; con el director de la Asociación de la Amistad entre los pueblos Estadounidense y Chino, Gerald Tennebaum, y con el presidente de la Asociación de la Amistad Franco-China, Regis Bergeron.

Durante la discusión del proyecto de estatutos, numerosos asistentes hicieron uso de la palabra para expresar su beneplácito por el nacimiento de esta organización, que es producto de la profunda simpatía que alberga nuestro pueblo hacia la nación china. Fue unánime la voluntad de la asamblea por que la Asociación promueva el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Consejo Directivo
Posteriormente, fue elegido un Consejo Directivo de 31 miembros cuyos integrantes por orden alfabético son: Francisco Barrero, Juan Sebastián Betancourt, Mauro Cabrera, Jorge Cárdenas Gutiérrez, Héctor J. Céspedes, Giovanni Ciardelli, Guillermo Fergusson, Lía de Ganitsky, José Girón, Jesús María Gómez Duque, José María Gómez, Carlos José González, Fernando Granda, Saúl Hernández Gómez, María Teresa Herrán, María Teresa de Hoyos, Pedro Gustavo Huertas, Dionisio Ibáñez, Valentín Jiménez, Samuel Klahr, Consuelo de Montejo, Lope Hugo Ortegón, Gabriel Peláez, Guillermo Perry, Guillermo Puyana, Benjamín de los Ríos, Fernando Sanz Manrique, Guillermo Sha, Luis Guillermo Vasco, Álvaro Velasco y Luis Villar Borda.

En reunión del 24 de octubre, este Consejo constituyó una Junta Administrativa compuesta por Lía de Ganitsky, María Teresa Herrán, Francisco Barrero, Samuel Klahr, José Girón y Guillermo Puyana. José María Gómez y Mauro Cabrera fueron nombrados director y subdirector, respectivamente.

Entre las actividades que llevará a cabo la Asociación está programar el intercambio de grupos artísticos, culturales y científicos, así como organizar conferencias, seminarios y exposiciones sobre diversos temas y publicar e intercambiar material informativo. “Con la fe que anima a los hombres en la amistad entre los pueblos”, como lo expresó uno de los fundadores, la Asociación difundirá en nuestro país los grandes avances y logros de China y efectuará todas las actividades que propendan a un acercamiento cada vez mayor entre nuestros pueblos.

EL GOBIERNO NO ENCONTRARÁ SOSIEGO EN LA UNIVERSIDAD

Tras cuatro cierres violentos que han mantenido a la Universidad Nacional clausurada intermitentemente por cerca de 500 días en los tres años y tres meses que van corridos de su gobierno, el demagogo de San Carlos ha decido reabrir el principal centro de educación del país, bajo un régimen rectoral despótico, con la bandera de una “reestructuración a fondo”.

Amparados en el decreto 1162, López Michelsen, su ministro Rivas Posada y el nuevo rector policía Emilio Aljure Nasser, perteneciente a la corriente llerista del liberalismo, se empeñan en implantar los programas educativos elaborados en los Estados Unidos. Con este fin, piensan llevar a cabo una tenebrosa reestructuración que consiste en instaurar cuerpos policivos internos, cercar el plantel como si fuera un campo de concentración, imponer el sistema de carnetización, despojar al estudiantado y al profesorado de todos sus derechos y suprimir por completo las libertades democráticas.

Pronunciamiento de los profesores

Ante esta andanada, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) señaló en una declaración que López Michelsen ha intentado imponer durante todo su gobierno, a la sombra de las Naciones Unidas, una reforma educativa reaccionaria en la Universidad para que ésta quede “al servicio de los partidos liberal y conservador” y para “ suprimir la libertad de cátedra y de expresión, dividir la organización profesoral, clasificar al profesorado como empleados públicos, adelantar una política de autofinanciamiento suprimiendo las residencias estudiantiles, fomentando el crédito educativo mediante la fórmula “estudie ahora pague después”, disminuyendo el presupuesto real y quitándole la autonomía en la fijación de sus necesidades presupuestales”.

“El cierre de los centros de educación superior, sus repetidas militarizaciones, los decretos de Estado de Sitio de tinte fascistoide – continua – no son sino el efecto y el resultado de una política que ha contado con la repulsa de los estamentos universitarios en las distintas universidades del país, como la de Nariño, la de Caldas, la del Atlántico, la Surcolombiana, la de Santander y otras, en donde se ha recrudecido la lucha en oposición a la arremetida reaccionaria contra la educación colombiana”.

Luego de desenmascarar la alianza de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional (APUN) con el rector Aljure a cambio de cargos directivos y decanaturas, ASPU resumió las condiciones en que fue reabierto el claustro docente: “Los organismos académicos del profesorado quedaron disueltos y anulada la representación profesoral y estudiantil en los cuerpos directivos; se atomizó la Facultad de Ciencias Humanas y se suprimió el Departamento de Ciencias de la Educación”.

“El gran movimiento de la clase obrera y el pueblo que fue el Paro Cívico Nacional, la lucha de FECODE, los trabajadores petroleros y otros sectores, así como avances importantes en la unidad de acción en la lucha cotidiana, son elementos que conforman un marco positivo para la recuperación del movimiento universitario”, concluyó el documento.

Declaración de la Jupa
Por su parte, la Juventud Patriótica (JUPA), organización juvenil del MOIR, expidió un comunicado en el que señala que el actual gobierno quiere poner en marcha en la universidad a sangre y fuego “el dictado de los monopolios imperialistas en materia educativa, en concordancia con los programas de explotación y saqueo de nuestra nación. La mentalidad servil de este mandato no puede hacer cosa distinta que incorporar a la legislación colombiana lo aprobado en los distintos organismos internacionales manipulados desde Washington y pugnar con el apoyo de las bayonetas, porque se ponga en práctica, continuando la antipatriótica obra de la microscópica coalición gobernante”.

Denuncio además que el rector ordenó “revisar la hoja de vida de todos los estudiantes, para preparar la masacre académica” en lo que el ministro entiende por “reducir la universidad a proporciones manejables”.

Asimismo, hace un llamado a combatir contra el nuevo reglamento académico y “por la recuperación del bienestar estudiantil, la libertad de cátedra e investigación, la adecuada financiación estatal, la reapertura total del Hospital de la Hortua, la expulsión del rector policía y de todo su aparato inquisitorial y la implantación de un régimen democrático con participación decisoria de profesores y estudiantes”.

“De lo que puede estar seguro este gobierno, agobiado por el desprestigio, descompuesto por la corrupción y condenado históricamente por la lucha de las masas laboriosas, es que no será en los claustros universitarios en los que encontrará el sosiego que no pudo alcanzar en el resto de la sociedad para sus días postreros”, puntualizó la JUPA.

EN MINHACIENDA: OBLIGADO EL GOBIERNO A INICIAR NEGOCIACIONES

El 5 de noviembre, los trabajadores del Ministerio de Hacienda levantaron el cese de actividades, que concentró la atención del país durante tres semanas, mantuvo en jaque al régimen y se ganó la simpatía de las fuerzas populares. Las asambleas sindicales celebradas el 3 de noviembre en las 24 seccionales concluyeron que algunos importantes objetivos del paro se habían conseguido, pero acordaron reanudarlo si en 30 días el gobierno no había resuelto definitivamente el pliego de peticiones, cuyo trámite se inició en la segunda semana de noviembre.

Origen del conflicto
El 23 de septiembre, cuando estaba a punto de viajar a Washington el ministro Espinosa Valderrama para asistir a la asamblea del Fondo Monetario Internacional, el sindicato denunció en carta abierta que aún estaba pendiente la discusión del pliego de peticiones presentado desde agosto. Espinosa, por toda respuesta, afirmó que ningún empleado público podía apelar a la contratación colectiva, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, el gobierno no se creía obligado a negociar. Propuso en cambio que los trabajadores se contentaran con un 8% de aumento salarial, y remató así su esquela: “Deseo resaltar que las medidas económicas adoptadas en el curso del año han permitido bajar el ritmo de crecimiento de los precios, de suerte que hoy y hacia el futuro se ha superado lo que podría haberse considerado como una tendencia inflacionaria”.

Tan cínica actitud provocó en el acto la airada reacción del sindicato. El 6 de octubre, centenares de empleados iniciaron en Antioquia una huelga de brazos caídos. El 17, con base en las decisiones de la Asamblea Delegataria, la Directiva Nacional extendió la consigna a todo el país. Resueltamente, 15.000 trabajadores adhirieron al paro.

El movimiento interrumpió la expedición de paz y salvos y demás servicios en la Administración de Impuestos, las Aduanas y la Tesorería Nacional, con la consiguiente suspensión de muchos gastos públicos y el entrabamiento del presupuesto. Más de $100 millones dejaron de recaudarse diariamente. De esta forma, la huelga afectó por completo una de las actividades esenciales del Estado.

Vencida la represión
Luego de que el Ministerio de Trabajo ilegalizó el paro y suspendió la personería jurídica del sindicato, comenzaron los despidos y detenciones masivos. Juan Botero, presidente de la subdirectiva de Medellín, fue conducido, junto con cinco de sus compañeros, a los calabozos de la Cuarta Brigada, en donde tuvo que enfrentar intensos interrogatorios. El 19 de octubre la policía arrestó a 25 trabajadores cuando realizaban un mitin frente a las oficinas del edificio Urano de Bogotá. El Ministerio de Hacienda declaró insubsistente a la casi totalidad del comité ejecutivo, incluido el presidente, Alfredo Morales.

La actitud del nuevo almojarife, Palacio Rudas, no fue diferente a la del anterior. Dos días después de posesionado exigió la suspensión del movimiento como condición para iniciar conversaciones con los directivos del sindicato. La beligerancia de las acciones, en las que participaron millares de asalariados, obligó al gobierno a dar comienzo a las negociaciones del pliego, a reintegrar los 87 destituidos y a derogar las sanciones contra el sindicato.

TRABAJADORES DEL ESTADO COORDINAN LUCHAS

Centenares de asalariados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, sitiaron el 20 de octubre las oficinas administrativas e impidieron toda actividad laboral durante 24 horas. Ante el éxito de la iniciativa, el sindicato anunció nuevos paros escalonados en apoyo al pliego de peticiones presentado el 29 de julio. Las tareas que se avecinan serán coordinadas con los sindicatos del Ministerio de Hacienda y de la Administración Postal, a través de un comité unitario.

Los 2.170 trabajadores del Codazzi fueron clasificados desde 1968 como empleados públicos, recién expedida la Reforma Administrativa de Lleras Restrepo. Ahora, siguiendo el ejemplo de sus compañeros del Ministerio de Hacienda, se disponen a quebrantar la arbitraria legalidad que les cercenó los derechos de huelga, organización y contratación colectiva.

La Administración Postal
6.200 empleados de la Administración Postal se aprestaban entretanto para iniciar la batalla por aumentos salariales, congelados desde hace dos años. El Consejo Consultivo del sindicato, que se reunió el 1 de noviembre, aprobó un plan de lucha y autorizó al comité ejecutivo para poner en práctica las medidas que considere indispensables. El sindicato protestó contra la persecución desatada por la Administración Postal en Barranquilla y denunció que continúa detenido Diego Hoyos, directivo de la seccional de Manizales.

El Dane
Los trabajadores del DANE dieron comienzo a una jornada nacional de lucha aprobada por el sindicato, para presionar el pago de salarios retenidos en los dos años anteriores. Se calcula que el valor total dejado de pagar por esa entidad asciende a $5 millones. La organización sindical reclamó además la libertad de varios trabajadores detenidos y la solución del pliego de peticiones.

El Banco Popular
El 7 de noviembre se iniciaron las negociaciones del pliego de peticiones presentado por 6.000 trabajadores del Banco Popular, que exigen $2.500 de aumento salarial al mes y el reintegro de 517 destituidos a raíz de la pasada huelga. Directivos del Sindicato dijeron que el Banco Popular, con sede principal en Calí, se niega a dar solución al problema de los despedidos. Los trabajadores están presionando, mediante mítines y movilizaciones, la satisfacción de sus reclamos.

La Caja Agraria
La junta directiva nacional de Sintracreditario, reunida en Bogotá el 1 y 2 de noviembre, denunció el despido de 600 trabajadores y anunció la realización de marchas por las principales ciudades el 18 de noviembre, como respuesta inmediata a la persecución desatada por la entidad. El sindicato condenó los resientes comunicados de prensa en los que el gerente de la Caja Agraria divulgó un supuesto plan de sabotaje contra la administración. Esta provocación ha sido el pretexto para lanzar a la calle a 25 asalariados semana tras semana.

Con las acciones programadas, los 13.000 trabajadores enfrentarán también la rebaja de los salarios, ocasionada por recientes medidas oficiales.

Idema
Según denuncia formulada por el sindicato, el Idema ha despedido en 10 meses a más de 2.500 empleados, alegando el «recorte de burocracia». Dejando al descubierto la falacia de tal argumento, un resiente boletín sindical afirmó que la cancelación de contratos no afecta a los empleados situados en los niveles superiores del escalafón, sino a los que perciben los salarios más bajos.

Los sindicalizados culparon directamente al gobierno de la situación: «Se trata de una táctica novedosa en la aplicación de la Reforma lopista que busca eliminar los derechos democráticos de los asalariados del Estado; ella consiste en suprimir, mediante la destitución colectiva, los cargos de los trabajadores que todavía figuran como oficiales». Tal atropello cuenta con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, que en abril autorizó al Idema para proceder al recorte masivo de personal.

Los 3.500 trabajadores se disponen a lanzarse al combate en defensa de la estabilidad. El sindicato convocó a la asamblea nacional para comienzos de 1978.

CONTINUA GIRA TRIUNFAL DE PIEDRAHITA

Cumpliendo intensas jornadas y presidiendo más de 50 manifestaciones en otros tantos municipios de Antioquia, Chocó, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Casanare, Norte de Santander, Risaralda, Quindío y Caldas, Jaime Piedrahita, José Jaramillo Giraldo y numerosos dirigentes del Frente por la Unidad del Pueblo prosiguieron, el 27 de septiembre al 30 de octubre, la gira nacional iniciada hace cuatro meses en el sur del país. El candidato presidencial y la delegación del FUP fueron entusiastamente acogidos por miles de trabajadores y gentes sencillas en todas las regiones que recorrieron, divulgando el programa de la revolución anti-imperialista.

EN COLCARBUROS: MÁS DE CIEN DÍAS DURÓ LA CONTIENDA

20 trabajadores de la planta de Colcarburos de Zipaquirá han quedado inválidos, con sus brazos y manos inutilizados por la acción del cloruro de vinilo, empleado como materia prima en la elaboración de plásticos.

Este elemento, usado sin ninguna medida de seguridad, produce la “osteoporosis”, enfermedad que resquebraja los huesos haciéndolos tan débiles que pueden fracturarse con el más mínimo movimiento.

Aunque se sabe con certeza cual es la causa del mal, la empresa ni siquiera ha dispuesto las mínimas medidas de protección. “Simplemente no están interesados – dijo Augusto Orjuela, directivo del sindicato-. La vida de los 400 trabajadores no cabe dentro de los cálculos financieros de Colcarburos ni es contabilizable como utilidad en los balances semestrales”.

Por esta razón en la planta se vive un clima de tensión y angustia. Es la agonía de horas con la dolorosa perspectiva de la incapacidad para laborar. A la desidia patronal añade la actitud criminal del ICSS, cuyos directivos, como buenos mercaderes de la salud, se rehúsan a clasificar la osteoporosis como enfermedad profesional, para así ahorrarse las pensiones e indemnizaciones correspondientes. Allí, contra este mal, el único tratamiento que se prescribe es un simple menjurje. El sindicato exigió en el pliego que se cumplieran las disposiciones internacionales sobre seguridad industrial suscritas por el gobierno colombiano. Ante la negativa de Colcarburos y el silencio cómplice del Ministerio de Trabajo, se lanzó la huelga el 26 de julio. Con manifestaciones públicas los obreros celebraron en Nare y Zipaquirá, el 1º. de noviembre, los cien días del movimiento.

Avance convencional
Colombiana de Carburos y Derivados (Colcarburos), empresa química fundada por Cementos Argos, paga diariamente entre $84.oo y $90.oo. mientras que las utilidades ascendieron en 1976 casi a $70 millones, los sueldos, incluidos los de los ejecutivos, apenas llegaron a $13 millones.

Cuando hace unos meses el sindicato movilizó sus efectivos para exigir la instalación de un restaurante, la empresa contestó a la legítima aspiración con el despido de numerosos activistas. Como los trabajadores insistieron en la mesa de negociaciones, los representantes patronales lanzaron un desafío abierto: “Aquí no habrá casino aunque la huelga dure un año”.

Los obreros saben que el acuerdo convencional firmado en la primera semana de noviembre representa un nuevo punto de partida en la lucha por sus más sentidas reivindicaciones.

LIBERADO HERNÁN TABORDA

Después de 27 días de arresto arbitrario en la cárcel de Bellavista de Medellín, entre el 14 de octubre y el 10 de noviembre, fue dejado en libertad incondicional el concejal del MOIR en Amagá y presidente del Sindicato de la Industria Minera de Antioquia, Hernán Taborda. Las autoridades pretendieron involucrarlo a toda costa en el asesinato de dos ejecutivos de Industrial Hullera de Amagá, sucedido el 11 de octubre en la capital antioqueña. Durante el tiempo en que permaneció incomunicado, el dirigente sindical fue sometido a intensos interrogatorios en un vano intento por inculparlo.

Asimismo, fueron privados de la libertad, por varios días el vicepresidente y el secretario del sindicato minero, Manuel Montoya y Miguel Ángel Puerta. Nuestro partido en Antioquia destapó «las verdaderas intenciones de la empresa y el gobierno, consistentes en achacarles a los camaradas detenidos responsabilidades que no tienen en la muerte de los dos funcionarios, para birlar así las obligaciones y deudas surgidas de la explosión del 14 de julio», en la que perdieron la vida alrededor de un centenar de obreros.