Categoría: Tribuna Roja Nº 24, diciembre de 1976

El miércoles 28 de julio, cuando el pueblo de Bucaramanga se lanzaba a las calles, en su segunda semana, a protestar contra el alza en las tarifas de transporte, caía asesinado Pedro Vicente Rueda Montañez. Un balazo disparado a sangre fría por un militar destrozó su cerebro. Exaltamos la memoria del compañero, militante del MOIR, quien sacrificó su vida en defensa de una causa justa.
A los 18 años, Pedro Vicente ya se había distinguido por su modestia y sencillez, por su abnegación y espíritu de sacrificio; obligada a su cuerpo enfermo a realizar agotadoras jornadas de labor revolucionaria. El día en que su vida fue cegada unas vendas improvistas cubrían sus piernas. Todavía estaban frescas las heridas de recientes luchas.
Vivía con su madre y sus hermanos menores en el barrio Nariño, en una humilde casa amenazada por la erosión. Su madre, Ana Montañez de Rueda, sacrificada vendedora callejera de empanadas recuerda como él “se encaprichaba más contra el gobierno”, cada vez que ella era víctima de un atropello de la policía: “Antes me oponía a sus ideas por temor a que le ocurriera algo malo, ahora pienso como él pensaba”.
Hijo de un obrero, y aprendiz de sastrería. Pedro Vicente estudiaba por las noches en el Tecnológico Santandereano. Los agobios de su familia y de su pueblo, forjaron su temple de rebelde, cimentaron su odio de clase y lo convirtieron en un militante de la revolución, íntegro y sin tacha: en mayo de este año, cuando el gobierno departamental decretó al lugar zona erosionada de emergencia, en compañía de otros vecinos se dirigió a la alcaldía y allí, ante el secretario de gobierno, culpó a la administración publica del estado en que se encontraba su barrio, señaló al gobierno como el único responsable de la situación de miseria del pueblo y le advirtió al funcionario que se jugarían la vida si intentaban arrojarlos a la calle.
La noche de su muerte, los militantes, temiendo la ira popular, estuvieron asediando a Ana de Rueda para que les entregara el cadáver. Esta mujer de 60 años, viuda y con el cuerpo doblado por los sufrimientos y las condiciones de pobreza en que vive, rechazó todas las propuestas: “Yo no vendo a mi hijo y mucho menos después de muerto. Y si ustedes no me dejan velarlo –les dijo a los oficiales- lo entrego a los estudiantes para que esté entre sus compañeros”. Ella ha heredado su voluntad fuerte y proletaria de su hijo. El odio por los asesinos de Pedro Vicente transformó su pena en una fortaleza de orgullo: “Mi hijo murió –les ha dicho a los militantes del MOIR- debiendo una cuotas. Voy a trabajar para pagarlas. El habría hecho lo mismo de haber sido yo quien ahora faltara”.

La humilde vendedora ya no es la misma de antes: “Dios me favorezca, pero quisiera tener delante de mí al hombre que mató a mi hijo y que me dijeran: ese fue! … Dios me perdone!”.

Porque la sangre de los mejores hijos del pueblo no corre en vano, miles de jóvenes como él tomarán en sus manos las banderas que Pedro Vicente empuñó hasta el sacrificio, para luchar por una patria independiente y próspera, sin amos ni señores.

El pueblo combatió en las calles contra el alza lopista del transporte

El mismo día en que el gobierno sancionó el decreto antipopular del alza del transporte, el 13 de julio, las calles de Bucaramanga se llenaron de afiches y gritos de protesta y durante quince días consecutivos los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y los alumnos de secundaria, los trabajadores y los habitantes de los barrios populares, se enfrentaron una y otra vez a la policía.

Los barrios: retaguardia segura

En las zonas populares se organizaron espontáneamente bloqueos con llantas y objetos encendidos, se apagaron las luces para hacer de ellas un sitio impenetrable y con violentas pedreas se respaldó la retirada de los manifestantes. Así se convirtieron los barrios en retaguardia segura. Los trabajadores de dos pequeñas fabricas bloquearon la vía a Girón durante 24 horas.

Los días 20 y 24 de julio se llevaron a cabo dos importantes actos unitarios, programados por la Anapo Socialista, el Partido Comunista, la Liga Marxista–Leninista y el MOIR, y contaron con la amplia acogida del pueblo bumangués y la participación de Utrasan, Festra, Audesa, Ciban, Fecode y otros sindicatos independientes.

Cae Pedro Vicente

El 27, la tropa invadió los terrenos universitarios, lanzando gases y abriendo fuego contra los estudiantes. Humberto Naranjo, herido por uno de los disparos, quedó parapléjico. El rector de la UIS, Santiago Pinto, acusó públicamente al gobierno y a las Fuerzas Armadas por el allanamiento y los hizo responsables de los hechos.

Al día siguiente, la asamblea estudiantil se convirtió en manifestación y la manifestación en lucha callejera. Pocos instantes después, en medio de la vigorosa pelea, caía asesinado el camarada Pedro Vicente Rueda Montañez. Su cuerpo se desplomó exánime en medio de la multitud combatiente.

Testimonio a su memoria

Miles de gentes sencillas, desafiando los esfuerzos del ejército por impedir el acceso a la casa de Pedro Vicente desfilaron silenciosamente por su vivienda, expresando así su dolor y solidaridad. En el barrio San Francisco, sus habitantes clavaban, todos los días, sencillas cruces de madera en el sitio del crimen. La policía las arrancaba al amanecer.

Cuando el ejército, empecinado en contener la afluencia de gente, cerró las vías y detuvo a numerosas delegaciones, el pueblo llegó a la casa de Pedro Vicente, subiendo por los barrancos de la erosión.

Como lo hiciera con Jorge Eliécer Ariza, el estudiante sacrificado por las fuerzas militares durante el paro cívico del año pasado, el pueblo de Bucaramanga despidió a su héroe con un multitudinario desfile. El féretro iba cubierto con las banderas de Colombia y del MOIR, partido en el que militaba Pedro Vicente.

Bucaramanga una vez más

En menos de un año y por dos ocasiones, el pueblo bumangués se ha levantado contra el “mandato de hambre” a reclamar sus derechos y a manifestar su repudio total a las medidas antipopulares. En ambas ocasiones no se ha titubeado un solo instante en hacer uso de la metralla para acallar la protesta del pueblo, pero el pueblo no se arredra y su ejemplo traza, ante los ojos de los pobres de Colombia, un claro sendero de lucha y unidad.

Compañeros
JOSE JARAMILLO GIRALDO y demás miembros de la COMISION COORDINADORA NACIONAL ANAPO

Estimados Compañeros:

Con la presente acusamos recibo de la comunicación en la que ustedes fraternalmente nos invitan a participar en el Foro Nacional de la Oposición Popular y Revolucionaria, así como de la resolución de convocatoria de dicho evento, en la que consignan lo sustancial de las razones que los llevaron a promover una política de unidad de todas las fuerzas contrapuestas al régimen antinacional y antipopular que asfixia a Colombia.

Sea lo primero manifestar el vivo interés que han suscitado tal determinación en las filas del MPOIR y en especial el hecho de que hayan sido ustedes, como reconocidos y autorizados dirigentes de la Alianza Nacional Popular, quienes, en momento tan crítico para la suerte del país, hayan tomado la iniciativa de buscar el acercamiento de diversas corrientes políticas con miras a la integración de un frente de lucha contra los enemigos consuetudinarios del pueblo colombiano. Esta actitud cobra mayor relieve si se recuerda que la antigua dirección anapista, aunque libró batallas de alguna valía contra el oficialismo liberal – conservador, vaciló siempre en tomar una clara ubicación antiimperialista y democrática y se mostró recalcitrantemente renuente a propiciar el entendimiento y la coordinación con las clases y partidos revolucionarios. Equívocos ambos le costaron a la ANAPO no pocos de sus muchos traspiés e influyeron con el tiempo en su gradual desmoronamiento y pérdida considerable de sus efectivos. En contraste con semejante panorama, en el anapismo persistió una tendencia de izquierda, propugnadora de una orientación acorde con las verdaderas necesidades y demandas del pueblo y favorable al proceso revolucionario colombiano. Al enarbolar las banderas de unidad y combate de la revolución, ustedes interpretan cabalmente las inclinaciones políticas y el animo de la tendencia de izquierda de la abrumadora mayoría de los miembros de su propio partido. Y al hacerlo proveen a la ANAPO de una perspectiva cierta, porque el futuro político no tendrán los que vivan a la caza de los éxitos mezquinos, oscuros y efímeros que pueda proporcionar la sociedad en bancarrota de la reducida camarilla oligárquica gobernante, sino las fuerzas que contribuyan a minarla y a socavar su existencia, tras los grandiosos objetivos de los cambios históricos que abrirán un porvenir brillante a Colombia.

Hemos seguido con atención el desarrollo de las contradicciones internas surgidas en la ANAPO, en relación a los indicados aspectos de notable incidencia en el ámbito revolucionario, como son los concernientes a la obligatoriedad de fijar una pautas de lucha por la independencia nacional y las realizaciones democráticas, y precisar uno puntos mínimos de unidad con el resto de partidos y agrupaciones de avanzada. Nos complace registrar que a través de los informes y documentos emanados de las varias reuniones regionales, que ustedes vienen llevando a cabo en diferentes departamentos, se perfilan alentadoras conclusiones sobre aquellos problemas fundamentales. Los aportes que un sector tan extendido de la ANAPO brinde en la actualidad a la línea unitaria de las fuerzas revolucionarias colombianas adquieren una magnitud inobjetable. Y constituyen una genuina expresión de las tesis, cada día mas aceptadas, de que Colombia está abocada a una revolución democrático–popular de liberación nacional, y de que ésta será el fruto de la alianza de todas las clases y partidos antiimperialistas y revolucionarios. En idéntica forma un número apreciable de organizaciones partidarias y personalidades democráticas reconocen el imperialismo de pugnar por la conformación de un frente unido revolucionario, que encarne la alternativa de salvación nacional ante las deplorable consecuencias de atraso, miseria y podredumbre congénitas al régimen vigente. La corriente unitaria del pueblo colombiano gana terreno y quienes pretendan entrabarla con clamoreos de dogma o de secta pasarán aprietos tratando de justificar su conducta.

Desde su fundación el MOIR ha venido sustentando, como aplicación de su teoría frente único antiimperialista. A la prédica de esta condigna destinamos la mayor parte de nuestra actividad de agitación y propaganda entre las masas y no escatimamos esfuerzos, ni en el pasado ni en el presente, para conseguir en la practica acuerdos con aliados dentro del gigantesco campo de la revolución, que faciliten la campaña educativa acerca del frente único y allanen el camino hacia su estructuración. Tampoco nos hemos enredado en la discusión metafísica que plantean infantilmente algunos compañeros sobre qué es primero: el partido o el frente, el ejército o el frente. Para nosotros el crecimiento del Partido y las demás tareas de la revolución dependen, y no en cualquier grado, de la correcta interpretación y ejecución de la política por unir el 90 por ciento y más de la población colombiana, bajo una sola dirección compartida por todas las clases y organizaciones revolucionarias. Este convencimiento brota de la concepción que tenemos del carácter de la revolución en su etapa actual como una revolución democrático–popular de liberación nacional y aún no socialista. Por sus condiciones históricas, económica y políticas al socialismo sólo arribará Colombia como culminación de las grandes conquistas democráticas, indefinidamente postergadas, y entre ellas principales la autodeterminación nacional. La experiencia nos ha enseñado que contra la unidad del pueblo conspiran consciente o inconscientemente quienes, desde una posición de derecha, prefieren que el país siga postergado en el subdesarrollo y la dependencia externa, a que se convierta en una nación prospera, soberana y respetable; y quienes, desde una posición de “izquierda”, blandiendo un falso doctrinarismo, preconizan que se debe pasar directamente a la sociedad socialista, haciendo caso omiso de la situación concreta neocolonial y semifeudal del país y antes de efectuar las transformaciones democráticas.

Por el contrario, con el frente único del pueblo estarán consecuentemente quienes comprendan, primero, que Colombia padece la dominación imperialista norteamericana a través de la alianza de la gran burguesía y los grandes terratenientes, cuya expresión política ha sido la coalición liberal–conservadora y que, por lo tanto, necesita alcanzar la liberación y destruir el Poder vendepatria burgués–terrateniente con un Poder democrático, popular y patriótico; segundo, que el pueblo colombiano no está conformado por una sola clase sino disperso y dividido entre varias clases como el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía urbana y la capa de pequeños y medianos productores, las cuales sufren, unas más que otras menos, la expoliación de los monopolios imperialistas y sus intermediarios y que, por lo tanto, necesitan de la unidad y de la cohesión política para defenderse y derrotar a los enemigos comunes, y, tercero, que las clases y sectores antiimperialistas del pueblo colombiano no se movilizarán ni se cohesionarán mientras la revolución no tenga en cuenta sus particulares intereses de clase y que, por lo tanto, necesitan un programa nacional y democrático que recoja las demandas de todas las fuerzas revolucionarias, cuyo feliz cumplimiento el más beneficiado a la larga será el proletariado, que verá surgir las condiciones materiales y políticas para el advenimiento del socialismo.

En Colombia la obtención de la plena soberanía es requisito previo sin el cual no tendrá autenticidad real ninguno de los demás derechos populares. Dentro de un mundo de prevalencia de las fuerzas imperialistas, en el que aún son relativamente pocos los países que han alcanzado su completa independencia y construyen el socialismo, las grandes potencias monopolísticas se apoderan de las naciones pequeñas o atrasadas y las someten a un saqueo despiadado y cruento. Esta es la característica más general de la época histórica que vivimos. En la división internacional contemporánea, condenada a desaparecer como todas las formas de explotación del hombre por el hombre, a nuestro país le ha correspondido el lugar del siervo. La expropiación de nuestras riquezas no la efectúa el imperialismo norteamericano como en el anacrónicosistema colonial, por conducto de gobernantes procedentes de la misma metrópoli, sino por intermedio de círculos privilegiados de negociantes y políticos colombianos inescrupulosos y traidores. El estado proimperialista erigido sobre tan frágiles cimientos instituye el cuchillo y la ergástula como símbolos de la ley y el orden. Bajo este reino de los monopolios Colombia nunca ahuyentará el hambre, el desempleo y la miseria, a pesar de que las masas laboren sin descanso sobre suelos pródigos. Sólo mediante la expulsión del imperialismo se darán las premisas internas del desarrollo económico y de la implantación de la democracia de las inmensas mayorías. No obstante, la victoria de la revolución no implica que desaparezcan de golpe los factores externos negativos. Hasta cuando el proletariado no ajuste cuentas a la burguesía en los centros del capital imperialista, las grandes potencias monopolísticas continuarán insistiendo en su vandálico propósito de explotación y dominación de pueblos y naciones, como el único medio que disponen de supervivencia. La revolución colombiana después del triunfo deberá preservar su soberanía nacional contra cualquier intento de opresión, no sólo de los viejos amos, sino de quien quiera aprovecharse de las dificultades de la nueva República. Para ello tendrá que instaurar un Estado revolucionario que, al mantener relaciones en pie de igualdad con todos los países del planeta, haga valer el derecho de la autodeterminación de la nación colombiana en el concierto universal. Este Estado no puede ser otro que el Estado de la clases revolucionarias, basado en la alianza obrero–campesina y dirigido por el proletariado. Un Estado popular. Un Estado democrático. Un Estado insobornable.

De las consideraciones anteriores se deduce que apoyamos la inquietud encaminada a discutir y elaborar conjuntamente un programa mínimo, que proporcione al proyectado frente unido de los lineamientos básicos de su acción política, tal y como sugiere la carta de invitación al Foro Nacional de la Oposición Popular y Revolucionaria. En el informe de nuestro Comité Ejecutivo Central a la III Conferencia del MOIR sobre la Lucha Electoral, de diciembre del año pasado, incluimos una propuesta de unidad de diez puntos, dirigida a todas las organizaciones revolucionarias, que consta de un bosquejo de programas y dos asuntos más, también tratados en la comunicación aludida: las normas orgánicas de funcionamiento del frente, o “el establecimiento de las reglas del juego que ofrezcan garantías a todos los sectores”, como ustedes han preferido llamarlas, y el procedimiento de escogencia del candidato presidencial único de la izquierda para las elecciones de 1978. Por otra parte hemos estudiado la exhortación unitaria de cinco puntos que el compañero Jaime Piedrahita Cardona formula en el Mensaje a los Anapistas del ultimo 13 de junio. Sustancialmente estamos identificados en la naturaleza del programa a proclamar. El frente de la revolución colombiana ha de acoger y combatir en pro de las reivindicaciones económicas y políticas primordiales de todas las clases y fuerzas revolucionarias, que podemos compendiar en la liberación nación del yugo imperialista norteamericano, la instauración de un Estado democrático y popular, la supresión y nacionalización de todo monopolio que oprima al pueblo, la confiscación de la tierra de los terratenientes y su reparto entre los campesinos, la defensa de derechos de las minorías indígenas, la protección de los pequeños y medianos industriales y comerciantes, la promoción de una cultura nacional y científica al servicio de las masas, la garantía del derecho de huelga para la clase obrera y del resto de derechos democráticos para el pueblo, el respaldo a la liberación de los países sometidos, al proletariado internacional, a los países socialistas y a los movimientos revolucionarios del mundo entero.

Partiendo del postulado de que la revolución democrática y nacional no será la empresa de una sola clase ni de un solo partido, la trascendencia de un frente revolucionario en las condiciones de Colombia radica en la cooperación que oportunamente se ofrezcan en la lucha mutua las distintas organizaciones aliadas. Colaboración no de papel sino de eficacia creciente, impidiendo desde luego lesionar la autonomía organizativa e ideológica de los respectivos partidos. Los avances de la revolución en su conjunto implican el auge de todas y cada una de las fuerzas por cuya acción aquellos fueron conseguidos. Resultan incompatibles con la esencia misma del frente revolucionario todas las practicas sectarias que procuren sacar ventaja de grupo, a costa del progreso de la revolución o en desmedro de los destacamentos que lealmente la impulsan. Sin atacar y desterrar de la manera más severa estos procedimientos oportunistas sería imposible mantener una ayuda recíproca y efectiva. Para vigilar el cumplimiento del programa acordado, garantizar una cooperación progresivamente eficaz, salvaguardar la autonomía organizativa e ideológica de los distintos partidos y proscribir los procedimientos oportunistas, el frente revolucionario tendrá que da4rse unas normas orgánicas y funcionamiento. Deberá estipularse la igualdad de derechos y obligaciones para todas las agrupaciones integrantes. El frente se regirá por principios democráticos de organización y dirección, respetando la consulta previa, la libre discusión y la critica. A ningún partido se le permitirá inmiscuirse en las cuestiones internas de otro, ni infiltrarlo, ni sustraerle militantes. Y asimismo se auspiciará siempre la coordinación en las luchas políticas y de masas. Estas directrices de funcionamiento probablemente aparecerán ante algunos como engorrosas y demasiado complicadas. Pero si se medita sobre ellas muy pronto se comprenderá su utilidad. Sintetizando lo mínimo en materia organizativa para un frente que aspira a movilizar y cohesionar la lucha de fuerzas y sectores tan abigarrados y dispares. Son compromisos que se pactan para materializar objetivos de innegable grandeza, que de otra manera resultarían de dudosa realización, por decir lo menos. Como lo hemos promulgado y cumplido en otras ocasiones, queremos reiterarle a ustedes que el MOIR está dispuesto a hacer éstas y las demás concesiones positivas necesarias para aglutinar en una gran alianza revolucionaria a las fuerzas políticas susceptibles de unirse actualmente contra el imperialismo norteamericano y sus lacayuelos colombiano, depredadores de Colombia durante tres cuartos de siglo ininterrumpidos.

Cuando planteamos que en las próximas elecciones las fuerzas revolucionarias requerirán desplegar la táctica de presentarse a esa lucha, respaldando un programa unitario y un candidato presidencial único, no hacemos más que prever las particularidades del periodo a que nos avecinamos, de tener efecto sin variante la contienda electoral de 1978. El liberalismo y el conservatismo atraviesan por la peor crisis de su historia, como producto del desastre total de su estrategia traidora a los intereses de la nación y del pueblo. Las disensiones internas dentro de cada partido y dentro de la coalición gobernante amenazan con ahondarse inevitablemente. Si las fuerzas revolucionarias logran conformar una amplia alianza para los comicios venideros, que abarque el mayor numero de partidos, sectores y personalidades contrarios al régimen, es evidente que aprovecharían una excelente, oportunidad para aislara aún más a la camarilla vendepatria dominante y agudizar su quiebra.

Sin embargo, no han faltado voces, con más espíritu polémico que practico, que el escuchar este llamamiento, se ponen a desvariar alrededor de sí será que el MOIR piensa en el frente con un criterio electoral. La construcción del frente único y la participación en elecciones representados tareas distintas. El frente es un objetivo a largo plazo, como la revolución misma, y habrá de levantar, organizar y lanzar al combate al 90 por ciento y, más de la población colombiana. Las elecciones son una batalla con fecha fija y que los revolucionarios deben utilizar al igual que otras formas legales de lucha. Ahora bien, en Colombia el debate electoral les ha permitido a las fuerzas revolucionarias concretar alianzas que redundan a favor de la teoría y la experiencia del frente y a su turno, éste es un instrumento de la revolución que le sirve entre otras muchas cosas para ir a elecciones. El caso es así de sencillo. Pero ahora nos preocupa que haya claridad en torno a la importancia del periodo que comienza con el fracaso del gobierno del Alfonso López Michelsen, incluyendo los sufragios de 1978, y el cual puede repercutir en saltos hacia delante del movimiento revolucionario o reveses no absolutamente inevitables. Por eso hemos insistido que en las características imperantes no se debe excluir de antemano o vetar a ningún movimiento, grupo o dirigente político que demuestre dispuesto a coadyuvar en el logro de la unidad revolucionaria reclamada. Y de ahí que estemos plenamente de acuerdo en concurrir al Foro del 18 de febrero y en que a él asistan, sin discriminación alguna, las organizaciones y personalidades que expresen su concordancia con las finalidades de la citación.
Que la crisis del régimen ha evolucionado velozmente y que los días por venir traerán consigo vitales definiciones, tanto para los opresores como para los oprimidos, nos lo dicen a diario las incontables muestras del caos oficial, que no perdona a ninguna de las ramas del aparato burocrático militar de la República oligárquica; la ola de descomposición que saca violentamente a la superficie todas las pestilencias, guardadas antaño cual sagrados secretos de la minoría traficante; la creencia generalizada de que no hará cura con los métodos rutinarios, y sobre todo las explosiones de rebeldía de las masas que confían ya mas en la acción que en las palabras. Las clases dominantes no disponen de una solución política viable, como sí la tuvieron en 1974, cuando al final de la alteración exaltaron al consentido de la Handel y de las veleidades del MRL, para engañar al pueblo. Los partidos tradicionales salieron momentáneamente airosos de los cuatro cuatrienios del mal denominado Frente Nacional y cayeron en el atolladero del “gobierno–puente”.

Ninguno de los prospectos del lopismo ha tenido éxito. Para subsanar las finanzas publicas y evitar la emisión primaria de moneda, López Michelsen, recurriendo a los decretos de la emergencia económica, impuso una reforma tributaria con base en el incremento de los gravámenes al consumo, a las rentas de trabajo y a los pequeños y medianos productores; y a los dos años de observancia de la nueva ley de impuestos se ha conocido que se siguen emitiendo pesos desvalorizados y el déficit fiscal se agranda. El Mandato Claro prometió una política de ingresos y salarios fundamentada en un supuesto pacto social entre magnates, asalariados y gobierno; y ante el naufragio de la misma, el propio López confesó en uno de sus últimos discursos que sólo estaba aspirando a mantener bajo el porcentaje de aumento de los sueldos y salarios. La nueva administración desde sus albores anunció con inusitado ruido un plan demagógico para la educación; hoy en la Universidad Nacional, principal casa de estudios, no ha logrado completar su ciclo lectivo y se debate como muchos otros planteles oficiales, en medio del desbarajuste directivo, la penuria de recursos y la férula de los cuerpos armados. El ministro de Hacienda apostó su cabeza a que en 1976 la inflación no pasaría del 15 por ciento y ésta será de diez puntos mas, según el DANE, cuyas estadísticas todo mundo sabe que se alteran al gusto de la presidencia. Y en ese orden el índice del desempleo crece, la deuda externa e interna del Estado se agiganta, los precios de los artículos y las tarifas de los servicios públicos se multiplican, el hambre asola a campos y ciudades. Hasta la lotería que se sacó el régimen con la llamada “bonanza cafetera”, fuera de enriquecer a los pulpos intermediarios en deterioro de la economía de los pequeños y medianos cultivadores del grano, terminó por acentuar el alto costo de la vida de todo el pueblo. Descartando la claque que aplaude y disfruta de las medidas oficiales, la aplastante mayoría de la nación en una forma u otra se muestra tremendamente descontenta por el rumbo de los acontecimientos. Las fuerzas más radicalizadas, conscientes y combativas están representadas por las grandes masas de obreros y campesinos. Pero aún las capas medias de la población han exteriorizado su exacerbada protesta como en el caso reciente de la valerosa y admirable huelga de los médicos del ICSS. Son modificaciones considerables de la situación económica y política, demostrativas de las hondas contradicciones de la reacción, que explican el desconcierto de los partidos liberal y conservador y la incertidumbre admitida por reconocidos ideológicos del sistema, respecto al desenlace de la grave coyuntura. Ultimamente, con no disimulado escepticismo, el Parlamento inició el embrollado trámite del acto legislativo por el cual se crea la “Asamblea Constitucional”, de exclusiva conformación bipartidista. Esta seria la enésima enmienda a la Constitución, dentro del afán reformista que ha atormentado a los mandatarios de la coalición, con el objeto de prolongar a como de lugar la apariencia democratera del Poder, trasquilando, remendando y entablillando las instituciones despóticas prevalecientes.

En vista de que su capacidad de embuste quedó desgastada con las disposiciones económicas altamente lesivas a los intereses populares, López Michelsen ha recurrido, como cualquier hijo de Bendición Alvarado, a los instrumentos más torcidos de atemorización en el intento de sofocar la resistencia de las masas. Decenas y decenas de obreros, campesinos y estudiantes han caído acribillados por el delito de exigir sus derechos. Las huelgas reivindicativas son perseguidas encarnizadamente. Con el estado de sitio el gobierno prohibe las manifestaciones de sus contradictores, detiene arbitrariamente a dirigentes y activistas del pueblo y monta los juicios sumarios de la justicia castrense. Del tratamiento policivo tampoco escapan sacerdotes y religiosas, cuyos templos han sido irrespetados y allanados y sus personas injuriadas y arrojadas a prisión.
Hay dos indicios que demuestran las verdaderas inclinaciones del régimen. El uno la injerencia militar en el manejo de los asuntos espinosos del Estado y el otro la campaña de opinión que desesperadamente se ha venido orquestando, para implantar una reforma judicial que arrase hasta con el último recurso de defensa del acusado, con todo lo que aquello significa dentro de una justicia eminentemente clasista y antidemocrática como la colombiana. La vertiginosa secuencia de los hechos descritos obliga a recapacitar seriamente sobre la situación, junto con el fenómeno de que la reacción carece de una salida política gananciosa, ya que ni el señor Lleras Restrepo, ficha quemada por haber ocupado el sillón presidencial, ni el señor Turbay Ayala, padrino y manzanillo de negra reputación, ni un tercero en discordia que no encuentran por ningún lado, ni mucho menos un candidato conservador, logrará personificar y revivir las ilusiones frustradas en la coalición gobernante. La fiera acorralada se vuelve peligrosa y esto lo debe saber por experiencia propia y ajena el movimiento revolucionario colombiano. La sistemática explotación y dominación del gran capital monopolístico sobre la nación colombiana enruta naturalmente el carro del Estado oligárquico proimperialista hacia la represión violenta y la fascistización de la vida del país. Por consiguiente el problema no se puede reducir a las estrechas dimensiones de que en el gobierno o en las Fuerzas Armadas medra una facción partidaria de la línea dura. Se descarta que en la algazara reaccionaria ciertas gargantas resuenan más que otras. Lo importante de averiguar es si existen o no fundamentos económicos y políticos para que los acontecimientos desemboquen precipitadamente en aquella dirección. Si es posible mediante el desarrollo de un poderoso movimiento popular desbaratar los planes del imperialismo norteamericano y sus testaferros colombianos, quienes son al fin y al cabo los mantenedores y promotores de la dictadura sanguinaria contra las masas. Si la revolución estaría en condiciones de presentar sus fuerzas y pasar a la ofensiva en la eventualidad de que Colombia rastree de pronto tras las huellas del Brasil, Argentina, Chile y de la mayoría de las repúblicas de América del Sur.

Es obvio que la respuesta a estas preocupaciones se halla en la política de unir en un frente a todos los partidos, organizaciones gremiales y religiosas y personalidades democráticas opuestas al régimen. En ello y sólo en ello estriba la táctica principal de la revolución en las actuales circunstancias. Apliquémosla decidida y consecuentemente que el pueblo apoyará nuestros esfuerzos.

Adjuntamos nuestra proposición de unidad de diez puntos atinentes al programa, a las normas de funcionamiento y al procedimiento de escogencia del candidato presidencial de izquierda (1). Es nuestro deseo continuar intercambiando opiniones con ustedes, en reuniones bilaterales, o multilaterales con otras agrupaciones políticas, que nos permitan preparar los acuerdos previos que hagan el Foro de febrero un buen comienzo en el proceso unitario el cual gracias a la iniciativa tomada por la Comisión Coordinadora Nacional de ANAPO, despierta tan justas esperanzas y pletórico entusiasmo.

Fraternalmente,
MOVIMIENTO OBRERO INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIO (MOIR)
Comité Ejecutivo Central
Francisco Mosquera
Secretario General
Bogotá, noviembre 17 de 1976

(1). En la pagina 7 de esta edición publicamos los diez puntos de unidad a que se hace referencia.

El 31 de agosto, el presidente de la República realizó una corta y accidentada visita a la ciudad de Manizales. Su sola presencia bastó como acicate para que afloraran en la capital del viejo Caldas múltiples problemas y reclamaciones de las masas.

Los habitantes del barrio Malabares reclamaron, con sus pancartas, una reducción en las cuotas de amortización al Instituto de Crédito Territorial; los universitarios denunciaron los atropellos del “mandato de hambre”; los sectores populares protestaron por el costo de la vida y exigieron servicios públicos y los estudiantes de secundaria, uniformados, en la Plaza de Bolívar, rompieron filas, se encaramaron a los postes, bajaron las pancartas de saludo de Manizales repudiaba la demagogia.
Más tarde, López aludió al problema del costo de la vida diciendo que todo radicaba en dotar con máquinas de coser a un buen numero de amas de casa. Así se combatiría el desempleo y aumentarían los ingresos familiares.

Provocación Lopista

Dos días después de la turbulenta visita, el gobierno destituyó al rector de la Universidad de Caldas, haciendo eco a la solicitud de los sectores más reaccionarios del departamento, expresada en editorial de La Patria. Como nuevo rector, en abierta provocación, fue nombrado uno de los personajes más odiados por los estamentos universitarios.
En señal de rechazo, los estudiantes decidieron realizar una manifestación pacífica. Cuando se preparaban para partir, la fuerza publica allanó las universidades de Caldas y nacional.

Vandalismo

La tropa irrumpió disparando a mansalva, violentando puertas, destrozando pupitres y laboratorios y destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Saquearon las oficinas llevándose dinero de los empleados e instrumentos que podían ocultar entre sus ropas.

Rigoberto Escudero creyó inútil correr. Un oficial del ejército lo derribó y le disparó a quemarropa. La barbarie continuó en las calles de la ciudad. A Jorge Echeverry, de 14 años, y a Reynel Arturo Betancourt, de 12, la policía les atravesó las piernas con disparos de revólver. Durante la noche de ese viernes 3 de septiembre se escucharon detonaciones por toda la ciudad. Muchos de los heridos debieron esperar hasta el domingo para poder salir en busca de atención medica.

Cae Carlos Fernando Henao

El lunes, los estudiantes de secundaria se sumaron a la protesta. Al anochecer, la policía volvió a abrir fuego. En el parque de Caldas, Francisco Reinaldo Castaño fue gravemente herido.

Dos policías de guardia en el Banco de la República, descargaron los proveedores de sus fusiles contra un grupo de 500 manifestantes. Carlos Fernando Henao, estudiante de 5º de Bachillerato, cayó de bruces sobre las gradas de la catedral. El corresponsal de El Tiempo en Manizales, testigo presencial, relató cómo un empleado de Telecom cargó a Carlos Fernando y gritó a la policía que se movilizaba en volquetas: “Llévenlo que está herido”, “pero los agentes lo levantaron y volvieron a arrojarlo en el cemento”. En medio de los disparos, la gente abría sus puertas para albergar a los estudiantes.

En las calles se conquistó la victoria

El salvajismo desatado desde los cuarteles no intimidó a las masas. Las balas y la sangre solamente habían logrado sellar más estrechamente la unión del pueblo. El miércoles 8 de septiembre las manifestaciones recorrían incontenibles las calles de Manizales. Esa noche, más de 5.000 personas se congregaron en la Plaza de Bolívar, mientras representantes de todos los sectores en lucha ingresaban a la gobernación. La gente ignoró el toque de queda y permaneció allí hasta que sus representantes salieron para anunciar la victoria.

Una de las características más alarmantes de la actual situación colombiana no es sólo la tremenda gravitación de los problemas que pesan sobre las condiciones de vida del pueblo, sino el inexorable proceso de descomposición social que no encuentra otra respuesta en el Estado que el endurecimiento de las políticas represivas y la creciente legalización de las luchas de las clases trabajadoras. Ese proceso de descomposición social –que se expresa en la propagación de todas las formas de la inseguridad y la violencia reaccionaria– es la expresión del acentuamiento de la dominación imperialista norteamericana sobre el país; de un creciente desbordamiento de los problemas de desocupación abierta, subempleo, inflación, deterioro de los salarios reales, ruina creciente del campesinado y el recorte sistemático de los derechos democráticos del pueblo.

La estrategia de aniquilamiento de la capacidad de lucha de las clases trabajadoras se ha fundamentado en dos elementos: la preservación del sistema de control oligárquico del estado por medio del frente constituido por los dos partidos oficiales y la sistematiza destrucción y parcelación de las organizaciones populares, de carácter sindical, comunitario y político.

La experiencia actual de la América Latina demuestra que existe un proceso de unidad política de las clases dominantes identificadas con la estrategia de dominación imperialista norteamericana en los planos hemisférico y mundial. En nuestro caso, sin la activa participación del imperialismo norteamericano, no podrían explicarse los procesos contrarrevolucionarios, que así mismo ha instaurado gobiernos no sólo autoritarios sino fascistas en la casi totalidad de los países latinoamericanos.

Ahora bien: estamos en vísperas de que se convoque una pequeña Asamblea Constituyente -a espaldas de las grandes mayorías nacionales que no votan, ni se expresan políticamente- en la que no sólo han de participar exclusivamente los partidos liberal y conservador, sino que está destinada a perpetuar el sistema de hegemonía oligárquica y de renovar la conculcación de los derechos sociales y políticos de las clases trabajadoras.

Frente a estas circunstancias históricas, no basta militar en un movimiento revolucionario por respetable que éste sea: es necesario contribuir con todas las fuerzas, al desencadenamiento de un proceso que conduzca a la unidad de las clases trabajadoras, a la articulación de sus organizaciones de base, a su identificación programática y a la unificación de sus formas sindicales y políticas.

Este es el más importante objetivo estratégico de los movimientos revolucionarios en esta hora trágica de nuestro país. Y este debe ser, en consecuencia, el punto de identificación esencial de quienes creemos que la revolución no es un monopolio de nadie sino el resultado del esfuerzo organizado, solidario y conjunto de quienes estamos comprometidos con tal tarea histórica.

Estas circunstancias históricas y políticas han movido al Partido ALIANZA NACIONAL POPULAR a convocar, como en efecto convoca a través de esta declaración: UN FORO NACIONAL DE LA OPOSICION POPULAR Y REVOLUCIOANRIA con la participación de todas las fuerzas, para el 18 de febrero de 1977, con el objeto de propiciar un diálogo abierto, democrático fraternal entre los representantes de esas fuerzas, sin exclusión alguna, y de llegar a un mínimo de acuerdos tendientes a la integración de un Frente Revolucionario conforme a las exigencias populares de la actual situación colombiana. La agenda y el programa de trabajo del Foro Nacional, serán preparados por un comité en el que estén auténticamente representadas las fuerzas de la oposición revolucionaria y en el que se garantice un absoluto y sincero respeto por la personalidad de cada una de las organizaciones participantes.

COMISION COORDINADORA NACIONAL DE ANAPO
JOSE JARAMILLO GIRALDO – JAIME PIEDRAHITA CARDONA – ANTONIO GARCIA – JULIO CESAR PERNIA – GERMAN GUTIERREZ ARROYO – JAIME JARAMILLO PANESSO – ALFONSO CABRERA – CAMILO GONZALEZ – ALVARO BERNAL SEGURA – JOSUE RODRÍGUEZ DIAZ GILDARDO ARCILA – GABRIEL DARIO LONDOÑO – JOSE ROBERTO VELEZ – LUIS EDUARDO ROJAS – ORLANDO DURANGO H.

En Piedecuesta explotó la ira popular

El 15 de julio Piedecuesta recibió el día con la noticia de un nuevo atropello del gobierno. El pasaje de allí a Bucaramanga había subido de cinco pesos a seis con cincuenta. En el Parque Santander, que los Piedecuesta llaman Plaza de Los Comuneros, se arremolinó la gente. En menos de un año el pasaje subía un ochenta y cinco por ciento, pues en diciembre de 1975 valía tres con cincuenta.
Al día siguiente la congregación fue mucho más numerosa, la policía dispersó los mítines estudiantiles y disolvió la manifestación de protesta que se iniciaba. A partir de ese momento no habría paz durante dos largas semanas. En asambleas populares los habitantes eligieron un Comité Cívico, determinaron no usar los buces y acordaron realizar una marcha de antorchas el 20 de julio. Ese día más de 4.000 personas recorrieron el pueblo con sus antorchas encendidas.

Se enciende ira popular

En actitud provocativa, las fuerzas policiales lanzaron gases y los manifestantes reaccionaron con furia: desarmaron sus antorchas, esgrimieron sus garrotes y se lanzaron contra la policía al grito de “¡Garroteros a pelar!”.
La violencia reaccionaria desatada contra los manifestantes no condujo a otra cosa distinta a que ellos se sumaran, cada vez más, amplios sectores de la población. Eso ocurrió con los profesores de la Normal y con grandes grupos de trabajadores.
Ante la inutilidad de los esfuerzos del ejército y la policía por controlar la situación, éstos abrieron fuego contra la multitud. La reacción fue contraria: se agigantó el coraje de los luchadores.
Día a día crecía la furia. Cuando los manifestantes se enfrentaban a los antimotines, descubrían sus pechos y les gritaban: “¡Disparen contra el pueblo, cobardes!”.

El gobierno capitula

Ante la firmeza y decisión del pueblo, las autoridades rebajaron el pasaje a cinco pesos con cincuenta. Pero el descontento continuó. El día 24, la policía disparó de nuevo contra el desfile pacífico. Los manifestantes, lejos de dispersarse, coreaban: “López, dos años de robo y engaños!” Muchos, armados de piedras, acompasaron la consigna golpeando una piedra contra otra.

El Doncello:

en la lucha se cosechan triunfos

En pleno corazón de la intendencia del Caquetá, en El Doncello, el pueblo organizó en un Comité Pro–defensa de los intereses del municipio y realizó entre los días 9 y 14 de septiembre un paro cívico que culmino con el compromiso por parte del gobierno, de instalar en la población una planta generadora de luz de 300 kilovatios, y no tomar represalias contra ninguno de los dirigentes ni participantes en el movimiento.
A finales de agosto, los habitantes del El Doncello conformaron, en una asamblea popular, un comité, que contó desde un principio con el apoyo de todos los sectores populares. Los campesinos y las juntas de acción comunal, los maestros y los consejos estudiantiles, y el Sindicato de Oficios Varios, se encontraban allí representados. A ellos se sumaron, posteriormente, los comerciantes, carniceros y transportadores. El Comité se erigió, así, en máxima autoridad, garantizando la participación de todos los sectores y operando siempre sobre la base de la consulta previa a las asambleas populares.
El pueblo se volcó a la calle y bloqueó el puente de acceso sobre el río Anayacito. Durante cinco días la población controló el puente impidiendo el paso del Ejército. Allí se ganó esta batalla contra el “mandato de hambre”, por eso sus pobladores lo rebautizaron: “Puente Boyacá”.
El triunfo de los habitantes de El Doncello es una muestra clara de cómo sólo la unidad del pueblo y su firme decisión de lucha pone a su alcance las justas aspiraciones y derechos que tanto anhelan.

Paro cívico en Sincelejo

En protesta por los pésimos servicios públicos, el pueblo de Sincelejo adelantó el 20 de septiembre un combativo paro cívico. Los sincelejanos se enfrentaron valerosamente a la infantería de Marina, bloqueando las calles una y otra vez. A la izquierda, dirigentes del paro, compañeros Jairo Tapias, Vicente Rodríguez y Angela Herazo.

San Vicente de Chucurí (Santander): invasión por la vivienda

Sesenta familias sin techo, en esta población de la región del Magdalena Medio, invadieron en la madrugada del lunes 30 de agosto, un lote de propiedad del municipio. Firmes y resueltos a conseguir un lugar dónde construir sus viviendas, esas familias se unen estrechamente para alcanzar la victoria.

Bogotá D.E.
Octubre 7 de 1976

Compañeros
Dirección Nacional
Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario

Apreciados compañeros:

Tenemos mucho gusto de adjuntar a la presente, la Convocatoria efectuada por el partido ALIANZA NACIONAL Y POPULAR, tendiente a la reunión de un Foro Nacional de la Oposición Popular y Revolucionaria, para integrar un Frente Revolucionario en nuestra patria.

Hemos efectuado esta invitación sin excluir a ningún partido o movimiento revolucionario de acuerdo a lo afirmado por nosotros en el documento anexo.

Pensamos que los siguientes pasos a dar, serían: la discusión de un programa mínimo, el establecimiento de las reglas de juego que ofrezcan garantías a todos los sectores, coordinar la lucha contra el gobierno y la discusión del procedimiento para escoger el candidato presidencial del Frente Revolucionario, en las elecciones de 1978, lo mismo que todo lo relacionado con la participación en el proceso electoral y en las luchas del pueblo.

Deseamos vivamente conocer sus opiniones iniciales sobre nuestra iniciativa, con el objeto de poder concretar una reunión para hacer entrega formal de nuestro proyecto de programa.

Fraternalmente,

COMISION COORDINADORA NACIONAL DE ANAPO
JOSE JARAMILLO GIRALDO, JAIME PIEDRAHITA CARDONA, ANTONIO GARCIA, JULIO CESAR PERNIA, GERMAN GUTIERREZ, JAIME JARAMILLO PANESSO, ALFONSO CABRERA, GILDARDO ARCILA, GABRIEL DARIO LONDOÑO, ALVARO BERNAL SEGURA, JOSUE RODRÍGUEZ DIAZ.

Exitosas las tareas programadas por el Encuentro Nacional de Emergencia

El campamento “Alexis Omaña”, conjunto de carpas levantado el 17 de noviembre en los predios de la Universidad Nacional, constituyó la primera respuesta del movimiento universitario al cierre de las residencias impuesto por el gobierno. Cerca de 3.000 estudiantes desalojados de sus habitaciones el 16 de octubre en el curso de un arbitrario allanamiento, anunciaron que construirán campamentos similares en los próximos días, al tiempo que repudiaron cualquier tipo de fórmula que conlleve el abandono de la lucha por la reapertura de las resistencias. Paros, marchas, manifestaciones y asambleas se cumplieron con pleno éxito en el resto del país durante los días 15, 16 y 17 de noviembre en desarrollo de las Jornadas Nacional de Lucha propuestas por el Encuentro de Emergencia de finales de octubre. Consecuente con las resoluciones de este evento, la asamblea general de estudiantes de la Universidad Nacional se negó por abrumadora mayoría a propiciar la “normalidad académica” hasta tanto no sean reabiertas las residencias, liberados los detenidos y limpiados de tropa los predios universitarios. Igual posición aprobó el Encuentro Nacional de profesores de la misma institución docente, que concluyó: “Hay que señalar que la Universidad no puede estar en normalidad mientras las residencias estén cerradas y vigiladas por la tropa. La presencia de la tropa en cualquier lugar de la Universidad es una provocación abierta por parte del gobierno.

Un encuentro ampliamente unitario

El 30 y 31 de octubre se reunió en Bogotá el Encuentro Nacional Estudiantil de Emergencia con delegados del Bloque Socialista, Unión Revolucionaria Socialista, Comandos Camilistas, Liga Obrera Comunista, Unión Comunista Revolucionaria, Espartaco, Ruptura, Movimiento Camilista (M-L), Comités de Trabajo Socialistas, Activistas Marxistas–Leninistas–Maoístas, Partido Socialista de Cúcuta y al Juventud Patriótica (JUPA) del MOIR, así como representantes de los Consejos Estudiantiles de las Universidades de Antioquia, Nariño, Caldas, Nacional de Manizales, Tecnológica de los Llanos, Surcolombiana de Florencia, Libre del Socorro, Facultad de Ingeniería Química de la Universidad del Valle, Veterinaria y Agronomía de la del Tolima, Medicina de la Libre de Barranquilla, Ciencias de la Educación de la Libre de Cúcuta, Federación de Estudiantes de La Tecnológica de Pereira. Audesa de Santander y numerosas organizaciones de masas de secundaria. El Encuentro de Emergencia rechazó la reforma educativa lopista y la reestructuración de la Universidad Nacional. Acordaron asimismo las fuerzas participantes realizar una jornada nacional de lucha durante los días 15, 16 y 17 de noviembre, la cual resultó exitosa.

Fracasa la reforma lopista

López aspiraba con la reestructuración a culminar la cruzada antidemocrática iniciada por los gobiernos anteriores. La presencia militar en la Universidad Nacional es el reconocimiento implícito del fracaso de esa política, impuesta durante el allanamiento del primer semestre de 1976, con sus cinco estatutos coercitivos y despóticos. Fracasado el invento de los “rectores democráticos” establecido sobre los pilotes de la reforma educativa imperialista, las únicas alternativas que le quedaban al gobierno no eran la clausura y la militarización de los claustros. “Lo que naufragó en consecuencia”, sostuvieron dirigentes de la JUPA, “fue la ilusión que el gobierno abrigaba de someter el estudiantado a sus oscuros designios, por medio demagógicos”.

A estas alturas, muchas universidades no han logrado cumplir su ciclo lectivo. Quedarán eliminadas a escala nacional, con la supresión del Bienestar Universitario, las residencias y cafeterías. El déficit de los centros de educación superior que dependen del Estado supera los $2.000 millones. La U. Nacional ha sido cerrada y allanada tres veces en el curso del “mandato de hambre”. El gobierno clausuró también en los últimos meses la UIS, las Universidades de Caldas, de Cartagena, de Nariño, Francisco de Paula Santander y Pamplona. El 17 de noviembre, la policía arremetió contra centenares de alumnos de la Incca de Bogotá, quienes protestaban por el aumento de matrículas y una serie de reglamentaciones antiestudiantiles. La mayoría de las universidades publicas, entre ellas la Distrital de Bogotá y la de Córdoba, se hallan al borde de la parálisis. Sin embargo, el gobierno, que pretende privatizar toda la enseñanza, se niega a sostenerlas económicamente. En cambio, extrae de su cubilete la gastada tesis de la autoendeudamiento externo y del alza en las matrículas.

Un sistema antidemocrático de enseñanza

Lideres estudiantiles denunciaron que el singular sistema de educación que López añora instituir en Colombia tiene logros concretos: 20 jóvenes asesinados en el corto lapso de dos años y medio; 22 estudiantes condenados por consejos de guerra en Medellín apenas de arresto que oscilan entre los 30 y los 180 días; 500 alumnos y 40 catedráticos expulsados del Liceo Bolívar de Cartagena; centenares más destituidos en Cúcuta y Pamplona, Valledupar, Codazzi, Aguachica, Ariguaná y otras ciudades intermedias; numerosas universidades y colegios cerrados por problemas de financiamiento y todo lo anterior sin hacer referencia a la escandalosa alza de las matrículas.

Avanzar en oleadas

Por espacio de una semana, desde el 8 de octubre, oleadas de estudiantes saltaron con arrojo a las calles de Medellín, reviviendo episodios de las grandes movilizaciones de comienzos de este decenio. Una manifestación efectuada en Yopal el 30 de septiembre para exigir el reintegro de varios compañeros expulsados del único colegio de Casanare, congregó a millares de personas. En otras poblaciones como Piedecuesta, El Doncello, El Banco y Santa Rosa de Cabal, significativas batallas libradas por la población remarcaron el papel destacado del movimiento juvenil de secundaria en las luchas populares. Asimismo, Bucaramanga y Manizales tuvieron en el estudiantado un contingente de avanzada cuando sus calles fueron escenario de heroicas jornadas en meses pasados. Presentes en los trances decisivos en que se jugó la suerte de las reivindicaciones de las masas, millares de muchachos enriquecieron su experiencia y capacidad de lucha. Como lo subrayó la JUPA, “ondean hoy, plenas de vigor, las banderas patrióticas y democráticas del Programa Mínimo de 1971, producto de la más grande movilización estudiantil que jamas haya presenciado el país. Las filas de la juventud antiimperialista se engrosan día a día con nuevos destacamentos”.

Al Encuentro de Emergencia, que marcó un nuevo punto de partida en el combate por la defensa de los derechos democráticos de estudiantes, profesores y trabajadores, se abstuvo de asistir la Juventud Comunista (JUCO). Después de adherir a los acuerdos durante el Encuentro, sin haber hecho objeciones, la URS, el Movimiento Camilista (M-L), Ruptura y los Activistas M-L-M, se retiraron días mas tarde de la comisión coordinadora alegando “diferencias tácticas”.

“El movimiento universitario derrotará
el chantaje de sumisión o plomo”.

Intervención del camarada Uriel Ramírez, secretario general de la Juventud Patriótica, ante el Encuentro Nacional Estudiantil de Emergencia, de octubre 30 y 31 del presente año.

“El Encuentro aglutina a los sectores organizados más esclarecidos del estudiantado, a importantes organizaciones de masas y a las fuerzas políticas revolucionarias. Quienes cumplimos con el compromiso de estar presentes en este acto, lo hicimos por respeto a los estudiantes detenidos, a los estudiantes sometidos a la reforma educativa y a la reestructuración, a los estudiantes cuyas universidades fueron cerradas.

Todas las fuerzas políticas aquí presente estamos de acuerdo en señalar la crisis del gobierno oligárquico proimperialista de López. La caracterizan el estancamiento de la economía, la corrupción generalizada, el desprestigio de los dos partidos tradicionales y de sus dirigentes. Y en medio de esa crisis, avanza arrolladora la lucha del pueblo y se desarrolla su proceso de unificación.

Qué participación le corresponde al estudiantado dentro de estas luchas y en este proceso de unificación? Qué tipo de acuerdos unitarios debe tomar este Encuentro Nacional de Emergencia? La reforma educativa lopista no es nueva: la gran burguesía y los grandes terratenientes, ligados al imperialismo norteamericano, siempre han pretendido recordar los derechos democráticos de organización, movilización y participación en las decisiones que tocan con la política educativa. Está amenazada la existencia misma de la universidad publica. El gobierno busca solucionar caos financiero aumentando las matriculas y suprimiendo el Bienestar Estudiantil. Pero lo que ha fracasado en la Universidad es la reestructuración. López quiere una universidad sumisa y como no lo logra, la atropella con la fuerza publica o la cierra. Por eso, todo cierre indica la incapacidad de este gobierno para someter al estudiantado, que es antiimperialista y ya se desgajó del control de los partidos tradicionales. Por eso las fuerzas políticas para impulsar las tareas de combate, así al principio no existan las óptimas condiciones organizativas, ante la carencia de una federación nacional estudiantil. El acuerdo es para impulsar las tareas de lucha contra la reforma educativa lopista. Este Encuentro sirve de caldera para atizar la lucha de clases y en esa forma agudice. La juventud Patriótica está de acuerdo con las tareas propuestas anteriormente y se compromete a poner de su parte todos los esfuerzos para materializarlas y llevarlas a la práctica”.

Bogotá, Octubre 2 de 1976

Señor
FRANCISCO MOSQUERA
Secretario General
MOVIMIENTO OBRERO INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIO MOIR

A nombre del Quinto Foro Democrático Nacional de ALIANZA NACIONAL POPULAR, nos es grato presentar a Ud. y al MOIR un fraternal saludo de agradecimiento para contestar el de ustedes con ocasión de nuestra Asamblea de Bogotá y Cundinamarca, reunida en el día de hoy.

Reciban asimismo, por nuestro conducto, el mensaje de solidaridad revolucionaria de los compañeros José Jaramillo Giraldo y Jaime Piedrahita Cardona, del Comité Regional Amplio de Bogotá y Cundinamarca elegido en el Foro, de los delegados y participantes y de la militancia en general.

Nos identificamos con ustedes- y fue ésta una de las conclusiones del Foro- en el sentido y necesidad de la Alianza de los Partido, Fuerzas y Personalidades progresistas y patrióticas, tendiente a consolidar una unidad revolucionaria de oposición democrática y antiimperialista.

Fue nuestro certamen un acto popular y democrático que subrayó, lo repetimos, los sentimientos revolucionarios que nos identifican.

Reciban un fraternal saludo.
GERMAN GUTIERREZ ARROYO
Presidente V Foro Democrático de ANAPO

PEDRO MANUEL RINCON
Secretario General del V Foro Democrático de ANAPO

Indignación general por los bárbaros allanamientos y capturas de tres sacerdotes y una monja en Cartagena.
El pueblo exige libertad de los religiosos y demás compañeros detenidos.

“Si esto se hace con miembros del clero, cuáles no serán los abusos contra las gentes humildes”

En los últimos días la opinión publica ha venido conociendo a traces de la gran prensa los detalles de una nueva farsa represiva montada por el gobierno y sus aparatos de seguridad. El sistema empleado por los esbirros del régimen consiste en “descubrir” poderosos arsenales en las viviendas y sitios de trabajo de las víctimas. Como en el caso de las residencias de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia, el ejército “incautó” un “arsenal suficiente para una matanza de incalculables proporciones” a tres sacerdotes y una religiosa en Cartagena. Con alarde de imaginación, el ejército aplica su novedoso sistema hasta en templos y residencias sacerdotales. Tan absurdo “hallazgo” motivó de inmediato la protesta del arzobispo de Cartagena, monseñor Rubén Isaza Restrepo, quien afirmó categóricamente: “Las armas de las cuales se ha dado cuenta no fueron halladas en los templos y casas parroquiales allanadas”. (El Tiempo; nov.7/76).

La detención

El 30 de octubre, fuerzas de la Infantería de Marina allanaron las iglesias y las casas parroquiales de San Jerónimo (corregimiento de Pasacaballos) y Santa Ana (isla de Barú) y detuvieron al sacerdote Rafael Geney y a la religiosa Herlinda Moisés. Tres días más tarde fueron privados de la libertad los sacerdotes César Augusto Rojas y Everardo Ramírez. Una quinta persona, José Manuel de Hoyos Arenilla, fue asimismo conducida a las instalaciones de la Base Naval de Cartagena. La acusación que formularon las autoridades contra los cinco detenidos fue la de tener en su poder numerosas granadas de fragmentación, dinero y drogas “con destino a los grupos subversivos” y de formar parte de una “red subversiva” que abarcaría una amplia zona de la Costa Atlántica.

Según lo denunció el clero de Cartagena en comunicado público del 5 de noviembre, durante el allanamiento de los templos los agentes de la Infantería de Marina “rompieron cielos rasos, levantaron pozos sépticos, bucearon aljibes, requisaron escaparates regando por el suelo todos los objetos personales; finalmente profanaron iglesia y sacristía tirando al suelo los ornamentos y vasos del culto y una caja fuerte destinada a sagrario de un templo en construcción. Arrojaron más tarde al suelo la custodia y se comieron las hostias.” (El Tiempo; nov.6/76). Todo esto con el fin de justificar el “descubrimiento” del arsenal, el dinero y las drogas.

Al servicio de la comunidad

Los cuatro religiosos arbitrariamente detenidos y acusados gozan de prestigio desde hace varios años entre las clases populares de la Bahía de Cartagena por su total dedicación y estrecha vinculación a los problemas cotidianos de las masas desposeídas. A este respecto dice el comunicado del clero cartagenero: “Queremos hacer resaltar ante los cristianos y la comunidad social en general, que tanto el padre Geney como los padres Rojas y Ramírez y la hermana Herlinda, se han distinguido por su trabajo evangélico de muchos años a favor de las gentes más pobres y olvidadas de la arquidiócesis. El padre Geney y la hermana Herlinda han venido trabajando ejemplarmente y en forma generosa en los 14 pueblos que integran la Bahía, en donde han construido importantes obras en beneficio de la comunidad”. A su vez, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor José de Jesús Pimiento, señaló: “Creo que se han hecho una novela alrededor de estas informaciones y que todo obedece más a una especulación de prensa que a la realidad de los hechos, porque los religiosos acusados son calificados plenamente en orden apostolado y han prestado grandes servicios en sectores marginados de la población”. (El País; nov. 9/76; p.1ª).

El atropello cometido contra los cuatro religiosos en Cartagena ha sido enérgicamente condenado por diversos estamentos y sectores de la opinión publica y el clero colombiano. El Comité de Sacerdotes y Religiosas para la Defensa de los Derechos Humanos emitió el 8 de noviembre una declaración publica solidarizándose con el comunicado del clero cartegenero. El Comité sienta una encandecida protesta “por la violación de los derechos humanos en la persona de los sacerdotes y de la religiosa citados, por la violación de sus domicilios; por su detención sin que haya mediado inicialmente información alguna sobre las causas; por el aislamiento casi completo al que se los ha sometido, de modo que al mismo señor obispo se le prohibió por mucho tiempo visitarlos; por la profanación de las formas eucarísticas y de los templos.” La declaración agrega: “Si esto se hace con los miembros del clero, que cuentan con un amplio respaldo institucional y de opinión publica es fácil suponer cuáles puedan ser los abusos y violaciones de los derechos de las gentes humildes de Colombia”.

Finalmente, el Comité “llama la atención de la opinión publica internacional para que se llame a engaño ante el aparente respeto de nuestros gobiernos a las instituciones democráticas.” (El Espectador; nov. 10/76: p.11A).

Por otra parte, la protesta publica del arzobispo de Cartagena fue respaldada íntegramente por las religiosas de esa ciudad mediante comunicado del 8 de noviembre. Luego de denunciar los irrespetos a que fuera sometido el jerarca eclesiástico por parte de los mandos militares, el comunicado anota: “Con respecto a la religiosa y los sacerdotes capturados, protestamos por: a) la forma abusiva como se procedió en el momento de la captura; b) el desacato con que se trataron los lugares y objetos sagrados.” (El Tiempo; nov. 9/76).

La farsa del gobierno

Hasta tal punto ha llegado la algarabía oficial sobre los sucesos de Cartagena y sobre la necesidad de justificar a toda costa los abusos y la represión del gobierno, que “en medios del comando del ejército” se divulgó la noticia sobre un “desembarco de fuerzas extremistas” en las costas colombianas, y que “las armas descubiertas en algunas iglesias y casas parroquiales de la Babia de Cartagena, formaban parte del gran plan que se estaba iniciando en la Costa Atlántica.” (La Patria; nov. 10/76; p.1ª).

Con tales informaciones sensacionalistas, rayanas en lo grotesco, el gobierno y los mandos militares pretenden embaucar al pueblo colombiano y cubrir con un manto de legitimidad la desaforada cacería de brujas en que están empeñados. No obstante, las fuerzas revolucionarias, los sectores democratices, las organizaciones populares y el clero consecuente han repudiado este atropello, continuarán batallando para derrotar esta nueva patraña macartista del “mandato de hambre” y exigiendo la libertad de los religiosos y demás compañeros detenidos.