Categoría: Tribuna Roja Nº 24, diciembre de 1976

A continuación publicamos la declaración conjunta por la ANAPO y el MOIR de Caldas en la que se desenmascararon la verdadera naturaleza de los Títulos de Ahorro Cafetero del “mandato de hambre”. Firman el documento por la ANAPO, Gildardo Arcila García, Germán Gutiérrez Arroyo y Alirio Mendieta Pacheco y, por el MOIR, Jorge Robledo, Gonzalo Arango J. y Carlos Giraldo H.

Con la carga de café vendiéndose en Nueva York por QUINCE MIL PESOS aproximadamente, el gobierno y la Federación elevaron los impuestos cafeteros hasta más del 50% del valor de la cosecha, resultando que al productor sólo le pagan, en el mejor de los casos, SEIS MIL QUINIENTOS PESOS por cada carga del grano y MIL PESOS de éstos no son en efectivo, sino en un Bono, el Título de Ahorro Cafetero TAC. Papeles que sólo se podrán cobrar a los tres años, ganan bajos intereses y sobre los cuales hay que pagar también impuestos. Pretende López demostrar que los Títulos son para impulsar el ahorro, cuando la mayoría de los cafeteros, con hambre en sus hogares, tendrán que entregarlos por menos de su valor a un puñado de usureros que harán grandes ganancias como intermediarios, negociándolos con el imperialismo norteamericano según el uso que le dio a los Tac el gobierno de López. Además, con estos bonos la Federación ha logrado que la mayoría de los productores no vendan su café en las Cooperativas de Cafeteros, lesionados así gravemente a estas organizaciones.

Los casi OCHO MIL QUINIENTOS PESOS en cada carga que le quitan por impuestos al cafetero, además de los impuestos corrientes, de renta, patrimonio y complementarios, producirán TREINTA MIL MILLONES DE PESOS este ano al gobierno y a la Federación, dinero que sale del trabajo de los cafeteros y que como el caso de los TAC terminará en manos de los monopolistas que controlan la Federación y los exportadores. Para los pequeños y medianos productores la llamada “Bonanza Cafetera” sólo representa la elevación de los precios de la comida, el transporte, los servicios públicos, los implementos agrícolas y más impuestos para la Federación y el gobierno antipopular que nos oprime.
Conocedores de este gran atraco oficial contra el gremio cafetero, invitamos a todas las organizaciones gremiales y políticas y a los productores de café, para que organizados democráticamente nos unamos y luchemos contra los Títulos de Ahorro y los impuestos cafeteros.

Esta lucha, contra la oligarquía liberal – conservadora y su representante ahora Alfonso López Michelsen, es una de las muchas que librará el pueblo en la defensa de sus intereses y debe servir para que las organizaciones en la defensa de sus intereses y debe servir para que las organizaciones que combatimos contra las clases dominantes y el imperialismo norteamericano, avancemos en el camino de la unión definitiva de los oprimidos contra los opresores y hagamos realidad el anhelo popular de conquistar la totalidad independencia nacional de nuestra patria.

Resonante debate en defensa de los trabajadores del ICSS

Durante las sesiones plenarias de la Cámara del 16 y el 21 de septiembre el representante del MOIR, compañero Ricardo Samper, adelantó una vigorosa defensa de la justa lucha de los trabajadores del Instituto Colombiano de Seguros Sociales por sus derechos democráticos. En brillante debate contra la ministra de Trabajo, el camarada Samper utilizó revolucionariamente la tribuna parlamentaria para fustigar la política antiobrera del “mandato de hambre” y de sus acólitos de UTC y CTC, así como para ofrecer el apoyo irrestricto del MOIR al movimiento de los médicos y el personal paramédico.

Las mentiras oficiales

El compañero Samper refutó una por una las declaraciones del Presidente y su ministra en contra de los médicos del ICSS. Refiriéndose a lo dicho por López en su ultimo mensaje al Congreso en el que afirma que los dirigentes sindicales del instituto gastan varios millones de pesos anualmente, Ricardo Samper señaló: “En ese mensaje el presidente de la República abrió fuego por primera vez contra los médicos del Seguro Social. Me puse a investigar, porque uno jamas logra penetrar la totalidad de esa conciencia astrosa y nefaria que dirige los destinos del país. Que dizque 26 millones de pesos gastan los dirigentes sindicales, mientras que apenas 27 millones destinan para drogas, dice ‘la palabra de oro’ del Presidente. Pero aquí tengo la cuenta de los pagos que ha hecho el ICSS por concepto de gastos sindicales en los años de 1973, 1974 y 1975: la suma de 113.090 pesos. Eso se convierte dentro de la alquimia presidencial en 26 millones anuales! Ese ha sido el sistema con el que atacan a los médicos!”.
Sobre el discurso presidencial televisado del 13 de septiembre, el compañero Samper anotó: “El Presidente dijo a toda una serie de inexactitudes en ese mensaje. López con su acostumbrada truculencia, López el manipulador de la verdad y la mentira, López que todo lo confunde, atacó a los médicos por haberse lanzado a las vías de hecho, a la huelga, cuando según él no había un ‘acto jurídico perfecto’. Dice a los médicos que por qué no demandaron. Pero eso lo vino a decir López cuando le había fallado completamente su estrategia de detracción y de calumnia contra los médicos en huelga. Cuando también había fallado la tergiversación acomodaticia de la señora Ministra en el Senado y ante las cámaras de televisión. Declararon ilegal la huelga, como es costumbre en el Ministerio de Trabajo, y destituyeron como empleados públicos a numerosos médicos por resolución del consejo directivo del ICSS. No obstante, al país le dicen que el gobierno tiene ánimo de conciliación, que no habrá vencedores ni vencidos, que quedan los recursos legales”.
En relación con algunas afirmaciones hechas por la ministra, el compañero Samper dijo: “La señora ministra presenta unas cifras y dice que los médicos van a quebrar el instituto porque el 40% del presupuesto se destina al pago del personal científico y paramédico. Es natural que en una institución como los Seguros Sociales se pague el 40% de su presupuesto a los médicos ya que la materia prima fundamental de los Seguros es el trabajo que realizan estos profesionales y que no son parte de la gigantesca burocracia chanchullera y viatiquera que sí ha venido desangrando al Instituto. Ese 40% es la única plata bien gastada y que se sabe cómo se gastó!”.

La justeza del movimiento

El compañero Samper hizo una enérgica defensa del paro adelantando por los trabajadores del ICSS en defensa de sus más sagrados derechos en los siguientes términos: “El gobierno estaba convencido de que iba a resultarle muy fácil arrebatarle a los médicos sus derechos fundamentales de prestar pliegos de peticiones, de utilizar la huelga, de contratación colectiva, como lo han hecho otros gobiernos con decenas de miles de trabajadores oficiales. El poder concentrado del capital monopolista, que no tolera ningún derecho democrático, ha venido desarrollando la más tenebrosa ofensiva contra el derecho de huelga. El derecho de huelga es una conquista fundamental de la clase obrera. Sin embargo en Colombia cualquier gobierno puede en cualquier momento declarar ilegal cualquier huelga. En este sistema, mientras el capital busca mayores ganancias, los trabajadores necesitan organizarse como fuerza para hacer valer sus derechos. Cuando hay un proceso inflacionario que recorta enormemente el valor de los salarios reales, no le queda a los trabajadores más recurso que acudir a la huelga, no le queda a los trabajadores de cualquier índole más recurso que su organización para defender la estabilidad de su trabajo. Es monstruosa la situación que la inmensa mayoría de los empleados públicos tiene que padecer en este país donde se ha hecho famoso el dicho popular: Cambio de Ministro, que tiemblen los porteros. Todos estos empleados públicos son funcionarios de libre nombramiento y remoción que se ven obligados por los caciques de turno a prestar toda clase de servicios contrarios a su propia dignidad porque de otra manera son declarados insubsistentes. Y ahora quiere el gobierno que los trabajadores del Seguro acepten con los brazos cruzados y mansamente la eliminación de sus derechos democráticos conquistados”.

“Este conflicto ha puesto de manifiesto entre otras cosas –prosiguió Ricardo Samper– cómo es de deplorable la situación de los pobres de Colombia frente a los servicios de salud. A Asmedas y demás organizaciones sindicales les debemos el que se esté cobrando conciencia nacional ante tan grave situación. Pero ahora vienen las lagrimas de cocodrilo de quienes jamas les ha importado la salud del pueblo”. Sobre este tema puntualizó ante la defensa del derecho de huelga. Aquí se trata de una guerra entre el capital y el trabajo. Qué gran ejemplo para la clase obrera de todo el país ver a esos profesionales tomando en sus manos iuna gloriosa bandera proletaria! Por eso tiene una trascendencia y una importancia gigantesca el actual movimiento!”

La traición de las camarillas patronales

El compañero Samper condenó a lo largo del debate la actitud entreguista, traidora y falaz de los dirigentes de UTC y CTC ante el paro médico. Al respecto dijo: “Pero resulta que el gobierno y la oligarquía tienen aliados fieles en el seno del movimiento obrero. El país vio a Tulio Cuevas, presidente de la UTC, paseándose en la pasada campaña electoral haciendo las manifestaciones del más despreciable servillismo ante Gómez Hurtado, verdugo de este pueblo, dizque a nombre de la clase obrera. Y ahora el señor Tulio Cuevas en el consejo directivo del ICSS firma con el actual gobierno la reclasificación de los trabajadores de ese instituto, sumándose a la ANDI y a la SAC, los chacales más crueles del sistema. Los señores de UTC y CTC han sido cómplices de toda la legislación laboral existente y que ahora el ‘mandato claro’ quiere hacer aún más regresiva. Y podríamos señalar una tras otra las huelgas que han sido vendidas por esas centrales controladas por burócratas amarillos y esquiroles. Es una pagina siniestra la que han escrito en nuestro país los dirigentes de esas centrales en contubernio con el gobierno y los patronos. Han traicionado todos los movimientos, venden las huelgas. Porque uno sabe que si los trabajadores piden cinco pesos diarios de aumento y son mil trabajadores serían cinco mil pesos diarios; luego es más fácil para el patrón darle a los burócratas treinta o cuarenta mil pesos para que entreguen el movimiento”.

Al referirse a algunas afirmaciones del representante conservador Tulio Cuevas, Ricardo Samper indicó: “El señor Cuevas reconoce que desde la reforma administrativa de sus derechos de contratación colectiva, organización y huelga, y dice calumniosamente que porque se trataba de humildes obreros nadie protestó en su tiempo. Resulta que el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) en 1970, convocando sindicatos de todas las centrales a encuentros nacionales, llamó a un Paro Nacional Patriótico precisamente en contra del Decreto 3135 y de la aplicación de la reforma administrativa. Los primeros en oponerse a este movimiento fueron los señores dirigentes de la UTC”.

El gobierno culpable

El representante del MOIR concluyó su intervención agregando: “Están pasando miles y miles de masas por el camino de la unidad y del combate. Ya se suman a las huestes proletarias pisoteadas sectores que los esquiroles y el gobierno llaman privilegiados. Es el sentido patriótico de los médicos que comprometen que Colombia por donde va no puede seguir. ¡Mientras el gobierno no reconozca los derechos democráticos de los trabajadores, restituya a los despedidos y se abstenga de tomar represalias, seguirá siendo el único culpable de todas las consecuencias que tenga su absurda, terca y provocadora actitud en contra del Seguro Social!”.

El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), el Partido Comunista de Colombia y la Alianza Nacional Popular, por iniciativa de este último partido, realizaron en la tarde del 18 de septiembre una gran manifestación de rechazo a las políticas lopistas en la ciudad de Cali.

En el acto intervinieron José Ignacio Giraldo, senador de la República y dirigente de la Anapo, el representante a la Cámara José Cardona Hoyos en nombre del Partido Comunista y el concejal del MOIR en Cali, Jorge Gamboa.

José Ignacio Giraldo:
“La unidad, exigencia perentoria”

En primer término habló el compañero José Ignacio Giraldo. Emocionado por la combatividad y el espíritu unitario dijo: “La convocatoria de la oposición, expresada en los movimientos y partidos políticos más significativos, para que desde esta plaza pública exprese su inconformidad con un solo grito de protesta, tiene una honda significación en nuestro universo político”.

En otro aparte señaló: “Una política de alianzas de fuerzas diversas, desde luego, encuentra tropiezos difíciles de superar. Peligrosa, por ejemplo, la tendencia muy marcada en otras experiencias, de que la parte sustituya al todo, traducida en el afán vehemente de muchos militantes y de no pocos dirigentes de hacer prevalecer, de imponer el liderazgo del partido o grupo de sus apetencias. Una sana política de alianza implica el respeto mutuo, la garantía total de que serán respetadas en su autonomía de las distintas vertientes que confluyen a ese prodigioso de la unidad popular”.

Jorge Gamboa:
“Por un frente que no excluya a nadie”.

A continuación hizo uso de la palabra al compañero Jorge Gamboa del MOIR quien, refiriéndose al problema de la unidad de las diferentes fuerzas revolucionarias expresó: “Si nos decidimos sinceramente por una política unitaria, podemos realizar grandes jornadas revolucionarias. Podemos poner en aprietos a la oligarquía liberal – conservadora y en aprietos al imperialismo norteamericano. Somos del criterio también de que a la unidad no debemos ponerle trabas, que los problemas fundamentales que nos deben unificar son el combate contra el imperialismo y la oligarquía y la conquista de las transformaciones democráticas de nuestro pueblo. Creemos que sobre estas bases, que cada vez encuentran mayor aceptación, podemos conformar un portentoso Frente Único de lucha y combate. Y creemos, compañeros, que hay que hacerlo sin excluir a nadie…”

José Cardona Hoyos:
“Superar obstáculos para la unidad”

El compañero José Cardona Hoyos, en nombre del Partido Comunista de Colombia, clausuró la concentración. En su intervención señaló que deben unirse: “No solamente los grupos políticos aquí presentes sino también aquella masa inmensa que todavía está engañada con los represores y los explotadores del trabajo colombiano”.

El representante de la ANAPO Socialista y miembro del Frente Parlamentario de Oposición, Carlos Toledo Plata, hizo uso de la palabra durante el debate sobre el ICSS para formular una serie de importantes denuncias, a la vez que realizó una enérgica defensa del paro medico. El compañero Toledo Plata resumió el problema de la siguiente manera:

“La Ministra de Trabajo ha querido presentar este conflicto como un conflicto de un gremio privilegiado y llama a los obreros para que respalden al gobierno, porque es un gremio privilegiado el que está atentando contra la salud del pueblo. Este ha demostrado ser un argumento falso y ridículo. Dice el gobierno que trasladando al personal medico de trabajadores oficiales a empleados públicos se va a resolver el problema del Instituto de Seguros Sociales. ¿Acaso se ha solucionado el problema de los servicios médicos en la Caja Nacional de Previsión con el simple hecho que sus médicos sean empleados públicos? Lo que ocurre es que el gobierno quiere pasar el problema del gran déficit del Instituto a sus trabajadores. El problema del Seguro no se soluciona desmejorando las condiciones de sus trabajadores. Aunque se diga en la resolución que se van a respetar los derechos adquiridos, no se están respetando ni se van a respetar porque el hecho de pasar a ser empleado publico automáticamente elimina todas las conquistas adquiridas como la de huelga y contratación colectiva.

El compañero Toledo Plata continuó: “Usted dice, señora Ministra, que los médicos gastan mucho dinero, que reciben sueldos muy altos. Lo que no dice es que usted misma aumentó de $250 a $2.000 lo que se paga a los miembros del consejo directivo del ICSS por cada junta, según resolución Nº 102 del 4 de mayo de 1976. Y si el ICSS está en crisis, señora Ministra, ¿usted por qué destina $500.000 para una fiesta en Cúcuta para el Encuentro de las dos Colombias? Y si el ICSS está en crisis, ¿qué significan $75.499.95 trasladados a la Ministra en funciones del consejo directivo del Instituto para actividades en Santa Marta, Barranquilla y Bogotá (resolución Nº 1098 del 23 y 24 de agosto de 1976)? Y si el ICSS está en crisis, señora Ministra, ¿por qué se gasta usted en los viajes a Cali $35.333.75, según resolución Nº 917 de julio de 1976?”

A lo largo de 1976, y a todo lo ancho de Colombia, desde los frentes de lucha de los obreros y estudiantes en las ciudades hasta los más apartados rincones donde los campesinos libran su brega por la tierra, no cesaron de escucharse los llamamientos a la unidad de todas las fuerzas empeñadas en combatir al régimen del “mandato de hambre”, y que desean una nueva vida para la patria.

Movilizaciones
El pasado 30 de junio se llevó a cabo una nutrida concentración en el Parque Berrío de Medellín, organizada por el Comité Amplio contra la política alcista del gobierno. Asistieron, la ANAPO Socialista, Espartaco, la Liga M-L, el Bloque Socialista, la Liga Obrera Comunista, la Tendencia M-L, la URS, la ANAPO y el MOIR. Hablando a nombre del la ANAPO, el compañero Jaime Piedrahita Cardona señaló que “este acto es un gran paso en la necesaria unidad de los revolucionarios colombianos”.

En Barrancabermeja, la USO, Festra, los Comandos Camilitas, la URS, la Liga M-L, el Partido Comunista y el MOIR llevaron a cabo una manifestación para protestar contra el mal servicio de agua que se presta en esa ciudad. El 13 de agosto se llevó a cabo en Santa Marta un concurrido mitin convocado por la Liga M-L, el Partido Comunista y el MOIR, en repudio a las políticas antipopulares del gobierno lopista. En Sabanalarga, la ANAPO, la URS y el MOIR realizaron una concentración donde se condenaron las medidas del “mandato claro”. El 22 de agosto en Itagüí se realizó una manifestación citada por la ANAPO, Ruptura, la Liga Obrera Comunista, Espartaco, el Bloque Socialista, el Partido Comunista, la URS y el MOIR para exigir servicio permanente de agua y contra el alza en los servicios. En Barranquilla se realizaron actos en numerosos barrios populares convocados por la ANAPO Socialista, los Comités Cívicos, Fesutral–CSTC, el MOIR. Las mismas organizaciones emitieron un llamamiento a la lucha unitaria contra el régimen.

En los concejos

Los concejales de Popayán, Alvaro Pio Valencia del MOIR y Luis Carlos Olano de ANAPO, presentaron una constancia en la instalación del cabildo en la que llaman a “superar todos los obstáculos para unificar al pueblo en una sola voluntad, que haga marchar a más de veinte millones de personas en la misma dirección“. En Plato (Magdalena), el concejal de ANAPO, Alejandro Akle, señaló el 1º de noviembre en un discurso en el concejo, que los partidos de oposición, “atizaremos el descontento popular contra este gobierno frentenacionalista de López”. En El Copey, Aguachica y Chiriguaná, el concejal anapista Lugerio Huertas y los moiristas Maximiliano Leas, Nicolás Mendoza, Moisés Alvarez y Adolfo Kintín Martínez, han combatido unificadamente contra la coalición liberal–conservadora gobernante.

Declaraciones conjuntas

El 22 de septiembre, dirigentes de la ANAPO y el MOIR e Tuluá aprobaron un llamamiento “a las fuerzas democráticas y revolucionarias, sin excepción alguna, con la disposición de agotar todos los medios y el objeto de llegar a acuerdos temporales o permanentes dentro del espíritu de la creación de un Frente Único”. En Florencia, la UNO, la ANAPO y el MOIR dieron a conocer el 24 de agosto una declaración en la que convocan “a todas las fuerzas políticas y gremiales a la conformación del más amplio frente de lucha contra todas las medidas del régimen»” en San Vicente de Chucurí, la ANAPO Socialista, el Partido Comunista y el MOIR formularon un llamamiento “a todas las fuerzas populares, democráticas y patrióticas a que impulsemos en la lucha el más amplio frente unido de liberación guiado por un programa democrático antiimperialista”.

El 17 de agosto, el Comité Interuniversitario, la URS, la Juventud Comunista, el Bloque Socialista, la Liga M-L, Ruptura y la Juventud Patriótica, suscribieron en Medellín una declaración política unitaria en la que se anuncia la conformación del Comité Amplio contra la Política Educativa del Gobierno. En Betania y Belencito, el Comité de Lucha Popular conformado por la ANAPO y el MOIR, dio a conocer el 9 de agosto un comunicado en el que condena la represión contra el pueblo y el alza lopista en el transporte y los servicios públicos.

Expresidente y presidenciables exministros y candidatos, exalcaldes y aspirantes a burgomaestre, exfuncionarios distritales y pretendientes a cargos en el gabinete ministerial, hasta exreinas de belleza, lanzaron los partidos tradicionales en enconada rebatiña por ocupar las bancas del cabildo de la capital. Dada su importancia política y el botín burocrático que representa para los partidos liberal y conservador, éstos le han dedicado siempre la mayor importancia al Concejo de Bogotá. Pero, no obstante la presencia de los jerarcas de la coalición gobernante, el Concejo se hallaba, según palabras de El Tiempo “en jaque”, debido a la combativa labor de los concejales de la oposición.

En 1976, Carlos Bula Camacho, concejal del MOIR, junto con los concejales de la oposición, transformó el Concejo de la capital en terreno de enconados debates que sembraron la confusión y la división en las filas enemigas. Ante su ofensiva, los editorialistas de la gran prensa liberal y conservadora se rasgaron las vestiduras y fustigaron a sus compinches, llamándolos vanamente al orden. El Siglo acusó “el desfallecimiento más profundo”, y la existencia de “una angustiosa sensación de vacío, de desamparo, de que puede haber llegado el momento de la irredención” por la aparición en la corporación distrital de la voz revolucionaria de Carlos Bula, quien se yergue sin vacilación contra el orden putrefacto de explotación y opresión del imperialismo, la gran burguesía y los grandes terratenientes.

Llamado a la Unidad

El 3 de agosto, Carlos Bula, formuló ante el Concejo los principios que guían nuestra actividad en dicha corporación, al explicar la constancia que dejó junto con la concejal del Movimiento Amplio Colombiano (MAC), compañera Margoth Uribe de Camargo.

Bula remarcó la voluntad del MOIR de llegar a acuerdos con los partidos de la oposición para adelantar la defensa conjunta de las reivindicaciones de las masas. La oposición radical a la administración distrital fue asimismo subrayada por el compañero Bula, quien, además, anunció su lucha contra todas las componendas político–burocráticas que los partidos tradicionales realizan contra el pueblo.

Por el derecho al trabajo

El 3 y el 18 de agosto, los vendedores ambulantes realizaron manifestaciones frente al Concejo. Tras la insistencia de la bancada de la oposición se pudo escuchar a sus voceros. Carlos Bula, quien con Mario Upegui, concejal del Partido Comunista, había citado al Secretario de Gobierno Distrital, denunció a la administración por atentar a través del esquirolaje contra las auténticas organizaciones gremiales de los vendedores, por confiscar sus mercancías y vitrinas, y por negarles las licencias de funcionamiento mediante la imposición de requisitos imposible de cumplir, así como por demarcar como zonas prohibidas precisamente las calles comerciales de la ciudad. El concejal del MOIR dijo que el gobierno distrital, al no ofrecerles otras alternativas de trabajo, quiere llevar a los 50.000 vendedores ambulantes a la miseria total. La corporación aprobó una proposición de los dos concejales para que la Secretaría de Gobierno Distrital devuelva las vitrinas y mercancías confiscadas y agilice la expedición de las licencias de funcionamiento.

Contra los negociados de Chingaza

El debate que adelantó el vocero del MOIR el 10 de agosto sobre este proyecto Chingaza, se enfiló contra la dependencia nacional del imperialismo y la corrupción administrativa. Ante el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Carlos Bula demostró cómo en los contratos de empréstitos firmados con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción del Proyecto Chingaza, estas agencias yanquis imponen el alza gradual de las tarifas, descargando sobre los contribuyentes onerosas obligaciones. Agregó que los barcos mencionados tienen en sus manos el control sobre las operaciones e incluso sobre la designación del gerente y demás funcionarios.

Finalmente, el compañero Bula denunció el despilfarro de más de 500 millones de pesos por la Empresa de Acueducto en una serie de irregularidades cometidas en las obras del Proyecto Chingaza.

Atrás los desalojos

El 16 de agosto, Carlos Bula denunció la manera fraudulenta como las grandes urbanizadoras adquirieron extensos terrenos en la zona nororiental de Bogotá al saber de los programas de Planeación Distrital sobre la apertura de avenidas en ese sector. Comprobó que los habitantes del barrio Bosque Calderón, a quienes pretende desalojar la Alcaldía, son los auténticos propietarios, puesto que tomaron posesión del lugar en pago por prestaciones sociales hace 30 años. Añadió que los vecinos de El Paraíso, Pardo Rubio, Juan XXLLL, San Martín, Sucre y Bosque Calderón Norte se hallan en igual situación.

Autonomía en la Distrital

En las sesiones del 24 y 25 de agosto se discutió la crisis de la Universidad Distrital “Francisco José Caldas”, cuyos estudiantes habían desfilado el 5 de ese mes en demanda de fondos para cubrir el déficit del centro docente. El compañero Bula defendió: que se mantenga la autonomía de la Distrital, que el rector sea nombrado por el consejo superior universitario y no por el alcalde, que no pertenezcan a dicho consejo personas ajenas a los estamentos universitarios, y que los trabajadores del claustro no sean declarados empleados públicos y el Estado se comprometa a financiar adecuadamente la universidad y a cubrir su déficit.

Estos fueron los más importantes debates realizados durante el periodo de sesiones pasado, en los cuales el portavoz del MOIR estableció los derroteros para su batallar en defensa del pueblo de la capital. Consecuente con la oposición unitaria que ha marcado su actividad revolucionaria en el Concejo dijo: “allí donde se levante una voz digna a denunciar los atropellos contra el pueblo, allí donde haya un colombiano dispuesto a combatir, se puede contar con el respaldo firme y solidario del MOIR”.

Propone el MOIR a organizaciones y partidos revolucionarios

Los siguientes son los diez puntos de unidad, aprobados por la dirección del MOIR en diciembre de 1975, y que hemos venido sosteniendo a la consideración de dirigentes y partidos amigos:

1. Constitución de un frente unido revolucionario, integrado por todas las fuerzas políticas, gremiales y religiosas que se comprometan a respaldar y luchar por un programa nacional y democrático y a someterse a una normas mínimas democráticas de organización y funcionamiento.

2. El programa nacional y democrático debe responder e interpretar las inquietudes y reivindicaciones fundamentales del pueblo y la nación colombiana en la presente etapa de la revolución. Por lo tanto dicho programa ha de contemplar:

a) La conquista de la liberación nacional del yugo del imperialismo norteamericano y la construcción de una república independiente y libre de toda presión y sojuzgación externa, autónoma, soberana, popular, democrática y en marcha al socialismo.

b) La instauración como triunfo de la revolución colombiana de un Estado de unidad nacional conformado por las clases, capas, sectores, personalidades y demás fuerzas revolucionarias, democráticas y patrióticas, basado en la alianza obrero–campesina y bajo la dirección de la clase obrera.

c) La confiscación y nacionalización de los monopolios extranjeros y colombianos que en el territorio patrio explotan económicamente y oprimen la vida de las masas populares.

d) La confiscación de la tierra de los grandes terratenientes y su reparto entre los campesinos que la trabajan.

e) El logro y garantía de los derechos democráticos esenciales para el pueblo colombiano, verbigracia: de organización, expresión y movilización de las clases revolucionarias; de huelga para la clase obrera; de libertad de cultos; de igualdad de sexos y razas; de protección de la niñez y de la vejez.

f) El apoyo de las luchas del pueblo colombiano por sus reivindicaciones económicas y políticas y de las minorías indígenas nacionales por sus tierras, costumbres y creencias.

g) El respaldo y protección a los pequeños y medianos industriales y comerciantes y demás sectores que contribuyen al desarrollo de la producción nacional.

h) La estrecha colaboración con los educadores, estudiantes, intelectuales, escritores y artistas que combaten por la creación y consolidación de una cultura nacional y científica al servicio de las grandes masas.

i) El apoyo a los movimientos de liberación nacional de Asia, Africa y América Latina, a los países socialistas, al movimiento obrero internacional y a los movimientos revolucionarios de todos los países.

3. El programa nacional y democrático estará basado en el principio supremo de propiciar la alianza de todas las clases, capas y fuerzas revolucionarias colombianas en el más amplio frente de lucha antiimperialista.

4. Las fuerzas integrantes del frente revolucionario aplicarán y defenderán el programa nacional y democrático en una lucha consecuente contra el régimen oligárquico liberal–conservador, cuya cabeza visible es ahora el presidente Alfonso López Michelsen.

5. La acción parlamentaria en las corporaciones públicas por parte de las fuerzas integrantes del frente unido revolucionario se guiará por el programa nacional y democrático y promoverá la lucha consecuente contra el régimen oligárquico.

6. Las normas mínimas de organización y funcionamiento del frente unido revolucionario estarán basadas en los siguientes principios democráticos:

a) La dirección del frente a distinto nivel se estructurará con representación de todos los partidos y organizaciones integrantes en pie de igualdad.

b) Las decisiones se tomarán por unanimidad, previa consulta y discusión democrática.

c) Se auspiciará constantemente la coordinación y cooperación de todas las fuerzas integrantes en las luchas que se libren en pro de la causa revolucionaria.

d) Se respetará la independencia ideológica y organizativa de las fuerzas integrantes del frente, entendiendo por tal que ningún partido se inmiscuirá en los asuntos internos de otro, ni lo infiltrará con cuadros de doble militancia, ni le sustraerá sus efectivos.

e) Las contradicciones internas del frente se resolverán mediante el método de unidad – critica – unidad.

f) Se permitirá la participación dentro del frente de todas las fuerzas políticas, sin excepción alguna, siempre y cuando estén dispuestas a respaldar el programa y a someterse disciplinadamente a las normas mínimas de organización y funcionamiento.

7. La lucha electoral habrá de ser adelantada conjunta y coordinadamente a través del frente unido revolucionario, para lo cual se agitará el programa nacional y democrático acordado. Las listas a las corporaciones publicas serán únicas al nivel respectivo, y para su elaboración se tendrá en cuenta el criterio de garantizar al máximo la preservación de las posiciones que en las mencionadas corporaciones mantengan los diversos partidos integrantes.

8. En las elecciones previstas para 1978 se designará un candidato presidencial del frente unido revolucionario, mediante el procedimiento democrático de que las distintas fuerzas integrantes presentarán precandidatos a su asamblea nacional, para que ésta ratifique el nombre que haya logrado el respaldo unánime.

9. El frente unido revolucionario impartirá durante la campaña electoral, y con su acción en las corporaciones públicas, una especial educación a las masas sobre el verdadero papel reaccionario y antipopular de las instituciones parlamentarias del régimen neocolonial y semifeudal de Colombia. Igualmente combatirá la ilusión de que los grandes problemas de la revolución colombiana, y entre ellos la cuestión de la toma del Poder por el pueblo, puedan encontrar una salida adecuada con el hipotético triunfo de un candidato presidencial de izquierda. Si participamos en la lucha electoral y parlamentaria es para avanzar en la preparación de las condiciones subjetivas de organización y conciencia de las masas populares para destruir el Estado opresor de las oligarquías vendepatrias y en su lugar erigir un Estado democrático–popular, con sus propias instituciones representativas y auténticamente democráticas, que desbroce el camino hacia el socialismo.

10. El acuerdo alrededor de estos puntos se deberá conseguir con el intercambio multilateral de opiniones entre las fuerzas políticas interesadas. Cumplido este paso se procederá de común acuerdo a convocar una reunión nacional de todos los partidos y organizaciones comprometidos en la alianza, la cual refrendara públicamente los postulados unitarios y dará fundación al frente unido revolucionario.

Publicamos a continuación apartes de la declaración emitida en noviembre por la Unión de Comités Pro–Defensa de los Barrios Orientales de Bogotá.

El pasado 25 de octubre, se hizo presente la maquinaria en el barrio Sucre, reiniciando las obras de los “Circuitos viales”, hecho que constituye la amenaza franca del desalojo a las familias que viven en este sector. Igual ocurrió en la primera semana de noviembre en el Bosque Calderón y en los barrios: Paraíso, San Martín, Pardo Rubio, Juan XXIII y, en general, en toda la zona oriental.

El pueblo colombiano, y el pueblo bogotano en particular, viene combatiendo desde hace más de cinco años uno de los planes más antipopulares e imperialistas como es el llamado «Plan Cerros» caído en un desprestigio tal a los ojos del pueblo el actual gobierno de López ha tenido que disfrazarlos con el nombre de “Anillos o circuitos viales” con el fin de meterle gato por liebre al pueblo, y darle paso a los “Planes de Desarrollo Urbano” que benefician exclusivamente a los pulpos urbanizadores y al imperialismo norteamericano.

La reanudación de estas obras es la respuesta servil del gobierno distrital y nacional a las órdenes del Banco interamericano de Desarrollo (BID) que exige que antes del 11 de diciembre deben haberse puesto en marcha todas las obras en la zona. Así lo confiesa el director del IDU, Emilio Saravia, en el reportaje a El Tiempo (oct. 25/76) y al discurso del alcalde mayor, Luis Prieto Ocampo, en la instalación del Concejo de Bogotá (nov. 2/76). Esto significa que los desalojos es otra de las obras que se ponen a la orden del día; ya sea directamente, porque las viviendas se encuentren sobre los trazados o indirectamente, a través del desalojador impuesto de valorización y la correspondiente y continua alza de los servicios públicos, más las intimidaciones de las autoridades distritales y las compañías urbanizadoras.

Ante este atropello que se cierne sobre el pueblo colombiano, en cabeza de los habitantes de la zona oriental de Bogotá, llamamos al pueblo en general a la solidaridad en torno a nuestras exigencias que son:

1. El reconocimiento de los habitantes de la zona oriental como los únicos y legítimos propietarios y de los Comités Pro–Defensa como nuestros auténticos voceros.

2. El gobierno debe asumir la responsabilidad de indemnizar a los habitantes afectados por las obras. La indemnización debe satisfacer las necesidades de vida y de trabajo; eximir a los habitantes de cualquier pago adicional y entregar los respectivos títulos de propiedad.

3. La paralización inmediata de las obras hasta tanto no se defina por parte del gobierno sobre nuestras exigencias, que ponga fin a la actual situación.

En los días que antecedieron a las pasadas elecciones de abril de este año, y ante la descarada represión desatada por el gobierno contra todos los movimientos de partidos revolucionarios de oposición –lo que hacia mas evidentemente necesaria la unidad de sus fuerzas-, la Unión Revolucionaria Socialista, la Anapo Socialista, La Línea Proletaria, el Movimiento Camilista (M-L) de Colombia, el Movimiento Amplio Colombiano y el MOIR, firmaron y dieron a conocer a la opinión pública una declaración conjunta. En ésta, al tiempo que denunciaban los atropellos oficiales y llamaban la atención sobre la grave situación que atraviesa el país, exhortaban a todas las agrupaciones políticas y de masas a conformar un instrumento organizativo que unificase sus fuerzas en la lucha contra la embestida antipopular de la reacción, el gobierno de López y la dominación imperialista yanqui. También se precisaba que, como medio de facilitar dicha aglutinación de esfuerzos, debería constituirse un comité que impulsara la más amplia unidad de los sectores revolucionarios y democráticos. Esta declaración, que fue publicada el 9 de abril pasado, sirvió posteriormente de base, a fines del mismo mes, para que un buen número de organizaciones de izquierda iniciara y mantuviera durante varios meses conversaciones tendientes a la construcción del comité de unidad aludido.

Las bases de la unidad

Así las cosas, los Comités Democráticos Populares y Revolucionarios, la Unión Comunista Revolucionaria, el Movimiento Camilista (M-L) de Colombia, el Movimiento Amplio Colombiano y el MOIR decidieron continuar trabajando conjuntamente por la unidad, adoptando el siguiente orden de puntos a discutir: 1) el programa del comité, 2) posición ante el gobierno de López. 3) normas de funcionamiento, 4) posición ante las elecciones presidenciales de 1978.
En la actualidad, estas mismas organizaciones han llegado a un acuerdo inicial, ad–referendum de las direcciones de las respectivas agrupaciones políticas, sobre el primero de los puntos arriba enumerados. Este, que versa sobre el programa, contempla la lucha por los objetivos que, de modo esencial, se señalan a continuación: la independencia nacional de la opresión imperialista yanqui, la instauración de un Estado democrático–popular, la nacionalización de los monopolios colombianos y extranjeros, la confiscación de la tierra de los terratenientes y su reparto entre los campesinos que la trabajan, la práctica efectiva de los derechos democráticos de la clase obrera y del pueblo, la protección a los pequeños y medianos industriales y comerciantes, el desarrollo de una cultura nacional y democrática basadas en la ciencia, la alianza de todas las clases, capas, sectores, grupos y personas revolucionarias y progresistas en el más amplio frente antiimperialista y democrático, el apoyo a la lucha de los pueblos oprimidos del mundo, del proletariado internacional, de los países socialistas, y el establecimiento de relaciones en pie de igualdad entre Colombia y el resto de los países del mundo.

En este momento se avanza sobre los demás puntos que figuran en la agenda de discusión establecida. Las organizaciones participantes han coincidido en que, de llegar a un acuerdo definitivo sobre la totalidad de los cuatro puntos señalados, éste deberá ser fraternalmente discutido con todas las otras fuerzas del campo revolucionario y democrático con miras a lograr la más amplia unidad de los sectores antiimperialistas del país. Esperemos, entretanto, a que las actuales conversaciones lleguen a buen término.

César Pardo y Jaime Moreno en la Asamblea

En la Asamblea de Cundinamarca, donde se arrellanan algunos exponentes de la parasitaria minoría oligárquica, los diputados del MOIR y de la oposición repudiaron los negociados del régimen, respaldaron las movilizaciones del pueblo y denunciaron numerosos atropellos.

Los compañeros César Pardo y Jaime Moreno García del MOIR; Armando Aljure y Jairo García de la ANAPO; Guillermo Benavides Melo y Eccelino Rodríguez del Movimiento Independiente Liberal; Luis Alberto Jiménez de la UNO; y Víctor J. Merchán, Gustavo Osorio y Raúl Herrera del Partido Comunista, firmaron en la sesión inaugural de la Asamblea una constancia en la que consignaron su compromiso de “luchar desde esta tribuna contra la política antipopular, represiva y proimperialista del gobierno de Alfonso López Michelsen y de su agente en Cundinamarca, Hernando Zuleta Holguín”. En varios debates se unieron al enjuiciamiento del sistema los diputados Consuelo de Montejo y Segundo Pastor Pastrán.
El negociado de El Salitre

El 30 de septiembre del presente año se firmó, ante el presidente López Michelsen, el acta de intención para vende a la Empresa de Desarrollo Urbano El Salitre Ltda, los enormes terrenos ubicados en aquellas zonas de la capital, pertenecientes a la Beneficencia de Cundinamarca. Durante la discusión suscitada alrededor de esta venta, el diputado del MOIR dejó en claro que “el plan de ciudades dentro de la ciudad no hace más que convertir al Estado en intermediario que ejecuta obras a favor de las gigantescas corporaciones de ahorro y vivienda”.
Las inversiones en la llamada “Ciudad Verde” que se construirá en estos terrenos, provendrán en un alto porcentaje de entidades financieras cuyo aporte inicial será de 900 millones de pesos. César Pardo señaló “que la amortización mediante el fraudulento sistema de UPAC descarta que la “Ciudad Verde” sea de vivienda popular como demagógicamente pretende el gobierno, sino que por el contrario su fin es el de buscar utilidades”, tal como lo afirmó cínicamente el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, René Caballero. El compañero Pardo calificó de chanchullo el proyecto de vender los terrenos de la Beneficencia según el precio establecido por el avalúo del Instituto Agustín Codazzi (700 millones de pesos) y no por el calor que le asignó la Contraloría Departamental (1.300 millones de pesos). Indicó además, que en su afán por entregar los 600 millones de diferencia a los monopolios urbanizadores, la Administración ha llegado incluso a violar disposiciones legales.

Ante las denuncias de los diputados de la oposición, la bancada de los partidos tradicionales, eludiendo todo debate, sepultó a pupitrazos cualquier investigación y trasladó el problema a la Comisión del Plan.

Apoyo a médicos

A raíz del paro de los trabajadores del ICSS, los diputados de la oposición presentaron una ejemplar y justa lucha. Los representantes de la coalición liberal–conservadora a falta de argumentos para defender al gobierno, optaron por hacer un llamado a que se reanudara el diálogo con los médicos.

Contra gravamen de valorización

El 27 de octubre el compañero César Pardo adelantó un debate condenado el antipopular sistema de valorización. Explicó cómo las clases dominantes contratan empréstitos con las agencias prestamistas norteamericanas para construir hasta las obras de servicio publico más sencillas, descargando sobre los pequeños y medianos propietarios el pago de los empréstitos y sus intereses, mientras que a los grandes terratenientes del departamento se les exime del pago del gravamen de valorización. Ante las denuncias formuladas por los diputados César Pardo y Eccelino Rodríguez, la corporación se vio obligada a aprobar una proposición en la que se condena las exenciones a los grandes propietarios.

La quiebra de la licorera

El diputado del MOIR, Jaime Moreno García, examinó la situación de quiebra en que se encuentra la Licorera Departamental y explicó que ésta se debe a los serruchos de la burocracia oficialista y a la política de escamoteo al presupuesto.