¡ATRÁS LOS DESALOJOS DE MOCKUS!

La recuperación del río Bogotá, la construcción de grandes avenidas por valorización, la delimitación de humedales y chuceas, o cualquier otro argumento, pueden ser tomados como excusa para desalojar a miles de familias en la zona occidental. Todo para favorecer los intereses del capital extranjero y de los especuladores.

El MOIR llama a sus militantes y amigos a respaldar decididamente la lucha iniciada por los afectados con la política antipopular y proimperialista de Mockus y Samper.

“NUESTRO FIRME PROPÓSITO, DEFENDER LO QUE NOS PERTENECE, ASÍ NOS CUESTE LA VIDA”

(Luis Morales es el presidente de Abasubri, organización creada en 1995, para la defensa de los barrios subnormales y ribereños del río Bogotá)

“El conflicto es muy delicado. El principal problema que enfrentamos consiste en que el gobierno no respeta la propiedad privada de los pobres. El Acuerdo 6 de 1990, sancionado por el alcalde Andrés Pastrana, es una de las utopías más grandes que puede haber. Ordena que no se puede construir en una ronda de 300 metros a lado y lado del río Bogotá. El Acuerdo desconoció que miles de familias tenían ya levantadas allí sus viviendas y adquirido sus propios lotes.

La vivienda digna es un derecho que en Colombia se está pisoteando. ¿Cuál tiempo de la gente? En Bogotá hay más de cien mil familias que no pueden hacer arreglos en sus casas porque la policía los está golpeando.

También se viola el derecho a formar una familia. ¡Cómo es posible que un hombre se, case y no tenga derecho a hacerles una casa a la mujer y a los hijos, porque ahí mismo se lo llevan para la cárcel! Yo de leyes no entiendo nada. Lo que sí entiendo es que los derechos de las familias deben ser respetados, por encima de todo.

Los barrios en problemas en Bogotá son 650, y el conflicto se agrava porque el doctor Antanas Mockus se niega a entrar en diálogo con nosotros. Hemos llevado nuestras exigencias al concejo. La semana pasada realizamos un cabildo abierto. Y le hemos hecho saber al general Gilibert, director de la policía en la capital, que el problema no es económico sino social. Lo que exigimos es que a la gente se le respeten sus derechos. Resulta un descaro decirle a un señor que tiene una casa de 50 ó 60 millones, o un lote de diez, que le compran la propiedad por dos millones y medio, más un préstamo de millón y medio. Con eso no se compra ni un lote en la peor parte de Bogotá. Está bien que desvíen los ríos y que construyan las avenidas y demás obras, pero que a la gente no la perjudiquen.

El conflicto no es sólo de los barrios de Fontibón. En Suba, tenemos un proceso similar en Villa Cindy, Santa Cecilia, Santa Rita y San Pedro. En Kennedy, una gran cantidad de barrios se encuentran por debajo del nivel del río. El problema es general. La prueba es que al cabildo abierto de la semana pasada llegaron 38 barrios nuevos.

La orden que hemos dado en Abasubri es que todo el que tenga un terreno, ¡a defenderlo!, así sea con la vida.

¡LEVANTÉMONOS CONTRA LAS ALZAS DE LAS TARIFAS, LAS PRIVATIZACIONES Y LOS IMPUESTOS!

COMUNICADO DEL MOIR

El gobierno de Samper ha anunciado alzas escandalosas en las tarifas de luz, agua y teléfonos, tras reiteradas amenazas sobre apagones y racionamientos. Así allana el camino para entregar las empresas de servicios a la voracidad de las multinacionales.

Además del alza anual acostumbrada, los incrementos en 1996 serán exorbitantes, so pretexto de eliminar los “subsidios”. Mockus dice con cinismo que “será castigado el derroche” en los estratos 1, 2 y 3. En el estrato 2 las alzas llegarán a 98%.

Para tratar de justificar el raponazo, se dice que las empresas vienen regalándole a la población parte de los servicios que consume, y que tanta generosidad las está llevando a la quiebra. La verdad fue que la obsecuencia con la banca imperialista las condujo a un endeudamiento usurero que obligaba a permanentes alzas, cosa que hicieron con cautela para evitar el estallido popular. Los subsidios a las tarifas no han sido pues un obsequio; los usuarios no tienen por qué pagar los costos de una entreguista política financiera, y, además, los servicios siempre han representado una pesada carga para el bolsillo de las familias de los desposeídos. A la postre, las empresas terminaron prestando para pagar, y quedaron cada vez más amarradas a los dictados de los prestamistas. Nos prestaron para hacer las empresas, y después de exprimirnos para pagarlas, vienen a quedarse con ellas. El afán privatizador del samperismo ha desenmascarado su “apertura con corazón”.

Los salarios tendrán un irrisorio aumento de 17%, quedando al descubierto el manido “pacto social”, cuyo objetivo no es otro que el de atracar a los trabajadores.

Tras un farisaico forcejeo, el Congreso aprobó el aumento de otros dos puntos en el IVA, castigando al pueblo y a la producción nacional, al tiempo que anuncia favorecer a las multinacionales con la eliminación del impuesto a las remesas de utilidades.

Y en Bogotá, para financiar las obras que el capital extranjero pide con miras a facilitar la apertura, como la Zona Franca y los parques industriales, un Concejo postrado terminó aprobando el presupuesto presentado por Mockus, el cual contempla recursos adicionales que serán recaudados mediante la valorización por beneficio local (255 mil millones), y una reforma tributaria (488 mil millones),lo que golpeará sin clemencia a los de abajo, como también a pequeños y medianos industriales y comerciantes.

¡Atrás las alzas en las tarifas de servicios!
¡Atrás los regresivos impuestos!

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS DESALOJOS EN LA ZONA OCCIDENTAL DE BOGOTÁ?

Por Francisco Cabrera

“Nos conceden empréstitos con la finalidad de que les preparemos el terreno para la extracción de nuestras riquezas”.

Francisco Mosquera
Miles de desalojos se preparan a lo largo de la franja occidental de la ciudad, sobre el río Bogotá. El motivo: hacer de la zona un paraíso para las inversiones de capital extranjero y los especuladores en propiedad raíz. Lo cual exige convertirla en un infierno para los humildes.

El cabildo abierto convocado por Abasubri, Asociación de Barrios Subnormales Ribereños, realizado en Fontibón el 3 de diciembre, reveló el grado extremo de acorralamiento al que la administración está sometiendo a los 400 mil moradores de este extenso sector de la capital. Con el fin de contribuir a desenmascarar la estrategia gubernamental y su origen imperialista, Tribuna Roja ha elaborado el presente trabajo.

Terreno para la apertura y la especulación
En la actualidad los monopolios privados y el gobierno ubican en el occidente varios proyectos claves: la Zona Franca, los parques industriales para el ensamblaje (maquilas), y el Plan de Ordenamiento del Borde Occidental. Para ello han emprendido grandes obras de infraestructura que sirvan a esos intereses, tales como la recuperación del río Bogotá, las avenidas Longitudinal y Ciudad de Cali, la segunda pista del aeropuerto El Dorado, las redes de acueducto, alcantarillado, electrificación, teléfono y gas, y la recuperación de humedales y chucuas mencionando sólo los más importantes.

Para sacar adelante semejante plan se necesita mucha plata. Problema que las dos últimas administraciones han resuelto sometiendo a la población a la más perversa sobrecarga tributaria. Por supuesto, todo lo anterior se hace a nombre del “progreso” y la “modernidad”.

El río Bogotá cambia de manos
¿Quién habría imaginado hace algunos años a la serpenteante cloaca que es el río Bogotá convertida en prioridad dentro de los planes oficiales? En el pasado todas las campañas sobre su recuperación no pasaron de ser retórica ecologista. Pues bien, en julio de 1994, Jaime Castro, luego de un afanoso trámite licitatorio, firmó con los consorcios franceses Degremont y Lyonnaise des Eaux, un contrato de concesión para descontaminar el río, cuya duración será de30 años prorrogables. La primera etapa, una planta de tratamiento en la desembocadura del río Salitre, tiene un costo de $US326 millones (más de 300 mil millones de pesos). En diciembre, cuatro días antes de la culminación de su período, el alcalde apróbó una adición al contrato en la que se pignoran en un ciento por ciento las rentas que el Distrito recauda por el impuesto predial.

Para 1998 el consorcio se comprometió a entregar agua descontaminada en 60%, y comenzará a cobrar por metro cúbico una tarifa que se cargará a las facturas del alcantarillado. En el 2000, la descontaminación será de 95%. El río Bogotá, en su tramo entre el Salitre y el Fucha, será de aguas claras, y las tierras a su alrededor, las más valorizadas del país. Con las plantas que se instalarán sucesivamente en el Fucha y el Tunjuelito, en 17 años se habrá recuperado todo el río, a costa de los bolsillos del pueblo bogotano.
Sólo tienen un problema. Son las miles de humildes familias de los barrios que de diferentes formas se han ido asentando en la ribera. Por esta razón, la palabrería ecologista, las disposiciones emanadas del Acuerdo 06 de 1990, y hasta la prevención de desastres, comienzan a blandirse ahora como arma para iniciar los despiadados desalojos.

El MOIR no se opone a que se descontamine el río Bogotá. No estaremos de acuerdo jamás es con que esto se haga pisoteando los derechos del pueblo que habita esa zona y en beneficio de un puñado de monopolios extranjeros y nativos. Si hay familias en situación de verdadero riesgo, que sean reubicadas con la garantía de que se les mejoren sus condiciones de vida. También nos oponemos con decisión a la firma de contratos leoninos que lesionan los intereses nacionales.

Las vías del saqueo
Los bogotanos nos hemos venido acostumbrando a escuchar, como justificación a cada nueva exacción tributaria, la necesidad de superar el retraso de 15 ó 20 años en la red vial. Se pagan las contribuciones, y al final nos encontramos con que las nuevas avenidas que se construyen son para beneficio de quienes sacan jugosas utilidades especulando con la vivienda. En la actualidad se adelantan dos proyectos de grandes vías que atraviesan el occidente de la ciudad desde el extremo norte hasta el extremo sur. Se trata de las avenidas Ciudad de Cali y la Longitudinal, que en su trayectoria incluye la avenida Cundinamarca.

Estas obras buscan hacer expedito el acceso a la Zona Franca desde cualquiera de las autopistas en los cuatro puntos cardinales. A la Longitudinal, con un costo estimado de $252 mil millones, el Plan de Desarrollo de Samper le asignó la suma de $97 mil millones, y del Plan de Mockus recibirá un aporte de $60 mil millones. Se estima que $141 mil millones se invertirán en la compra de predios, revelándose la magnitud de los desalojos que se avecinan. La construcción se le entregará al sector privado mediante el sistema de concesiones. Será una vía rápida de tráfico pesado.

Para la terminación de la Avenida Ciudad de Cali, Mockus ha presentado al Concejo un proyecto de acuerdo que contempla financiarla, junto con treinta y nueve obras más, por el sistema de valorización por beneficio local. Esta avenida y siete obras complementarias exigirán un recaudo de $132 mil millones entre los habitantes del occidente, o sea, el 55 % del total de la valorización que Mockus pretende cobrarle a la ciudad.

Con estas inversiones también se quiere beneficiar el desarrollo de programas de construcción de bodegas para las maquilas en los parques industriales que varias firmas ya están vendiendo en áreas cercanas a la Zona Franca, y planes de vivienda, en lo que se conoce como el “ordenamiento del borde occidental”, en especial, dos de grandes dimensiones: Tintal, con 40 mil viviendas, y otro de 20 mil en Bosa, en el sector llamado Agrológicas III.

Además de las avenidas proyectadas para Bogotá, Samper destinó cerca de un billón de pesos para varias obras que conforman el Parque Vial de la Sabana, dentro de las que cabe mencionar la Perimetral, el fortalecimiento de los accesos Norte, Occidental y oriental, la carretera a Villavicencio y la carretera a Puerto Salgar.

La apertura pide pista
Como hemos visto, para los neoliberales los argumentos de carácter ecológico son válidos cuando se los utiliza para atropellar al pueblo con tal de sacar adelante los mezquinos intereses de los monopolios, pero no lo son, cuando estos mismos intereses atentan contra la salud y la seguridad de las personas.

Los aperturistas plantean convertir a Bogotá en puerto seco de primera importancia en América Latina, lo cual exige prepararla para el aumento de su tráfico aéreo. Por eso se arma tanto revuelo con la necesidad de construir la segunda pista del aeropuerto El Dorado, pese a las objeciones de todo orden esgrimidas en su contra, principalmente por el daño que la trepidación y el ruido causarían en la salud y en las viviendas de los habitantes de los barrios vecinos.

Ningún argumento ha sido suficiente. El frío cálculo de la rentabilidad para los inversionistas de la futura Zona Franca exige la mayor cercanía de ésta con el aeropuerto. Por eso se han rechazado las propuestas de su traslado a otro lugar de la Sabana o a Villavicencio. Con la licencia otorgada para su construcción, ha quedado al descubierto el verdadero papel para el que fue creado el Ministerio del Medio Ambiente.

Todo lo que pidan se les dará
Cuando los gobiernos oligárquicos al servicio del imperialismo, representados en estos tiempos de recolonización por personajes como el profesor Mockus, hablan de grandes cifras para llevarnos a la “modernidad”, se hace ineludible responder a la pregunta: ¿a quién le sirven?

Cuando se nos dice que el programa Santafé I construirá una red matriz de acueducto, cuatro tanques al suroccidente, tres en Suba, tres estaciones de bombeo y 350 Km de redes secundarias de distribución a las que se conectarán 180 mil acometida; que tenderá un sistema troncal de alcantarillado con 770 Km de redes y 200 mil acometidas; cuando se habla de inversiones por estos conceptos cercanas a los US$700 millones, se nos quiere también hacer creer que tanta belleza será para beneficiar al 90% más pobre de la población. Pero es necesario señalar que, según el acuerdo 05 de 1994, los empréstitos internacionales serán pagados con valorización local, lo que agobiará a los moradores actuales y será uno de los caminos expeditos para su desalojo.

El Programa Santafé I, la construcción de dos subestaciones de energía, una de megavatios para la Zona Franca y de 115 megavatios la otra para los parques industriales, una red telefónica de fibra óptica, una red especial de gas natural, más las vías la segunda pista de El Dorado, y la recuperación el río Bogotá, de las que ya hemos hablado, están unidos por un lazo común: satisfacer las exigencias que pone el capital extranjero para hacer sus inversiones en la ciudad.

Al pueblo sí se le reserva hoy una participación, y muy importante: pagar los impuestos y las tarifas que cada mandatario multiplica. Con el agravante de que las obras realizadas con crédito externo hay que pagarlas varias veces por cuenta de los elevados réditos, y debido a la devaluación del peso frente a las monedas fuertes en las que se contratan los préstamos.

“Formar ciudad”, ¿para quién?
Cualquier análisis objetivo del Plan de Desarrollo del profesor Mockus, muestra su afán obsesivo por abrumar al pueblo con toda clase de impuestos, e invertirlos en función de la estrategia imperialista que venimos comentando.

Sus prioridades y megaproyectos concentran la inversión en la infraestructura necesaria para la Zona Franca privada y así colmar de ventajas a los inversionistas extranjeros y a los pulpos urbanizadores.

Dentro de las prioridades del Plan está la “productividad urbana”, en la que figuran las obras arriba mencionadas, cuyo monto es de un billón 685 mil millones de pesos, y representa 32.5% de los $5.1 billones, que son el total de los recursos del Plan de Desarrollo para los tres años. Si sumamos los $447 mil millones dedicados a la prioridad del medio ambiente, cuyas inversiones se localizan casi todas en la recuperación del río Bogotá, tendremos que 41% de los recursos serán un subsidio a las multinacionales y a los monopolios.

La misma tendencia se observa en los megaproyectos. Se denominan así porque se considera que su ejecución no está sujeta a la vigencia de una administración, o sea, son de largo plazo. Cuatro de los seis, contienen las obras que venimos mencionando. Ellos Son el Plan Integrado de Transporte, la Recuperación del Río Bogotá, el Desarrollo del Borde Occidental de la Ciudad y el de Infraestructura Metropolitana Especial: Santafé I.

El occidente se calienta
En la medida en que se desarrollan los proyectos para el occidente, va surgiendo el conflicto ineludible. Abrir cualquier hueco plantea el desalojo de familias del lugar. Y como se trata de amplias autopistas, de tender tuberías hasta de dos metros de diámetro que cruzan la ciudad de extremo a extremo y, en últimas, de desterrar a los pobres de la zona, estamos hablando de miles de familias lanzadas a la total incertidumbre. Fuera de las que están siendo forzadas a abandonar la ribera del río y sus afluentes, las áreas delimitadas como humedales y chucuas y las cercanías de el aeropuerto. Los pobladores han visto la necesidad de organizarse y de unirse. No hay alternativa distinta a la de iniciar la resistencia.

El éxito en la brega será el resultado de la conformación de un amplio frente que unifique a todos los sectores afectados, sin exclusiones de ninguna naturaleza. Se necesitará el concurso de las organizaciones comunales, los comités cívicos, las organizaciones de los jóvenes y de las mujeres, las fuerzas políticas, los comerciantes, los pequeños y medianos industriales afectados y, en general, el apoyo solidario de la clase obrera, y de todo el pueblo capitalino.

El MOIR ha asumido como tarea principal en los barrios, comprometerse con la batalla que se anuncia. Nuestros militantes y cuadros, de todos los frentes, deben contribuir con su esfuerzo y experiencia a este compromiso con el pueblo.

***
“Las necesidades de las gentes son sentidas y lo que están pidiendo no sólo no lo causaron ellos, sino que lo causó la ineficiencia estatal… Hay que decirle al señor Antanas Mockus que los habitantes de los barrios subnormales no esperan que les lleven zanahorias para solucionar sus problemas”

Jesús Eduardo Alfonso, presidente de la JAL de Fontibón

***

“Mi barrio se encuentra en la misma situación. Quizás va a recibir la mayor afectación, ya que consta de 1.859 lotes, la mayor parte construidos, Seremos afectados por el trazado de la avenida Cundinamarca, por la preservación ambiental, y por la ronda del río…

No estamos dispuestos a dejarnos sacar de allí y que tampoco nos vayan a reubicar en otros sitios, ya que como lo han confirmado los demás compañeros, ha sido con sacrificios que hemos adquirido estos terrenos

Luis Alfredo González, presidente de la junta de Acción Comunal del barrio El Recuerdo de Santafé Zona 7 de Bosa
***
Trazaron los 30 metros para dejarlos fuera y meterle servicios al resto del barrio, dejándonos a 170 familias de la ribera del río sin los servicios y no somos permitidos allí.
Dora Lilia Nieto, Barrio Luis Carlos Galán de la ronda del río Juan Jaramillo.
***
Solicitamos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado reconsiderar la medida adoptada respecto al desalojo de 38 familias del barrio Las Palmas Norte, quienes quedarían a la deriva, sin techo para su familia y sin el único patrimonio que han levantado durante muchos años de esfuerzo y privaciones.
Samuel Valencia Gómez, Barrio Las Palmas Norte
***
En muchos barrios ya existíamos cuando dictaron el Acuerdo 6 de 1990, el cual es muy perjudicial…Las vías que están en estudio, que son un proyecto hasta ahora, pueden ser desviadas, un asentamiento humano no.
Mery Isaura de Porras, Barrio Florencia

ALGUNOS ANTECEDENTES

Cuando Virgilio Barco decidió lanzar el país por el despeñadero de la apertura económica, Andrés Pastrana iniciaba el proceso de acondicionamiento de la capital al nuevo modelo, privatizando el servicio de la recolección de basuras y expidiendo el Acuerdo 06 de 1990, llamado a regular el ordenamiento físico de la urbe. La estrategia definida por aquellos días fue el desarrollo del borde occidental de la ciudad a lo largo del río Bogotá.

Su sucesor, Juan Martín Caicedo, y el Concejo de esa época, fueron colocados como escarmiento para que la llamada clase política supiera de los alcances de la Constitución recién promulgada como instrumento para aclimatar la política de la nueva era. La espectacularidad del proceso sirvió de preparativo para dictar el antidemocrático Estatuto Orgánico.

En 1992, el Banco Mundial realizó el seminario “Bogotá problemas y soluciones”, en el cual formuló la línea para enrumbar la ciudad hacia los destinos que le tienen trazados los organismos de crédito internacional. Jaime Castro sería el encargado de cumplir las órdenes: construcción de la infraestructura para hacer atractiva la ciudad a las inversiones del capital extranjero, y una reforma institucional, condensada en el Decreto 1421, o Estatuto Orgánico, orientada a concentrar el poder en el ejecutivo, reducir las facultades administrativas y legislativas del Concejo, facilitar las privatizaciones y permitir la aplicación de la más regresiva política tributaria.

El alcalde no tardó en utilizarlas nuevas herramientas, sometiendo a la ciudadanía a una sobrecarga fiscal con la valorización por beneficio general, el autoavalúo y el doble cobro del impuesto de industria y comercio. Y para darle continuidad al plan iniciado bajo Pastrana, Castro puso en marcha varios proyectos, la mayoría relacionados con la construcción de la Zona Franca privada en cercanías de Fontibón.

BOGOTÁ, BOTÍN PARA LA APERTURA

Existen fundadas razones para que el proceso de recolonización imperialista tome la capital del país como una presa apetecida. Resumiremos aquellas que Mockus y otros representantes de la apátrida tendencia destacan como las “fortalezas” de la ciudad.

• Posee seis millones de habitantes, una sexta parte de la población total del país.

• Participa con 20% del producto interno bruto nacional

• Concentra 25% de la producción y 35% del empleo industrial, la producción más diversificada y la mayor cobertura de servicios públicos.

• En ella se realiza 50% de las actividades financieras y es la sede del gobierno nacional y el principal centro de negocios.

• Tiene los menores índices de analfabetismo y la mano de obra mejor calificada.

Todas estas ventajas podrían ser utilizadas en pro del desarrollo independiente de la nación; en su lugar, se arruina a nuestros productores, como ha sucedido con la industria textil, a la que el ministro de Comercio Exterior le firmó la condena de muerte al aceptar un “programa especial de exportaciones de textiles” en el que los imperialistas le otorgan unas supuestas “ventajas” a Colombia, siempre y cuando “en las confecciones se utilice tela formada y cortada en los Estados Unidos (maquila)”.

Lo que equivale a renunciar a una de las grandes industrias nacionales a cambio de talleres de ensamblaje de confecciones con tela norteamericana.

Amenaza de demoliciones en Selva Dorada: MOCKUS, GARROTE PARA LOS BOGOTANOS

Por Nelson Osorio Ramírez

Con un desproporcionado despliegue de efectivos militares se iniciaba un operativo con vistas a demoler 23 casas de Selva Dorada, en Fontibón, y desalojar con la fuerza bruta a colombianos humildes. De nada les valió que esgrimieran títulos y escrituras ante los arrogantes funcionarios samperistas. No era barrio de invasión, y ni siquiera estaba en la ronda del río Bogotá. Se había levantado a la vera del aeropuerto Eldorado, tan importante para la apertura económica, zona hoy apetecida por los monopolios para levantar bodegas y maquilas. Una típica barriada sin parque infantil y donde las calles en invierno son un lodazal. Todas las propiedades pagan impuestos y cancelan los servicios públicos, mes tras mes. Así no les lleguen.

La violencia del alcalde
Al filósofo proimperialista, al Mockus real, nada simbólico, ya lo conocían los vendedores ambulantes a quienes viene reprimiendo con particular saña. También en barriadas populares, como La Pichosa y Zoratama, las demoliciones que ordenó habían hecho presa de colombianos necesitados. A los bogotanos les estaba demostrando que su pedagogía era la misma de los verdugos: la represión.

Cruel e inicuo fue el atropello cometido contra los pobladores aquella mañana de octubre. Y el despliegue apabullante del poder del Estado, para aplastar a gentes del común, contrastaba con la criminal ausencia de programas sociales para remediar las mínimas necesidades de los compatriotas desposeídos.

Cuando amaneció el 26 de octubre, las calles estaban inundadas de policías. Más de dos mil efectivos taponaban cuadras arriba de Atahualpa. La cancha del barrio estaba repleta de carros antimotines y de tanquetas. No faltaron los perros policías, ni los helicópteros que zumbaban por encima de la rabia de la multitud. Situaron bomberos y agentes de tránsito. La profusión de ambulancias, y la presencia de médicos y enfermeras, en suburbios sin puestos de salud, advertía sobre las negras intenciones de los agentes del gobierno.

Con su torcido enfoque sobre la protección de la familia, Bienestar Familiar había ido la víspera de casa en casa intentando trastear a los niños fuera del barrio para sacarlos del peligro. Pero, como en toda pedagogía, los hijos de los asalariados también iban aprendiendo desde chiquitos cómo es eso de Formar Ciudad. “No dejé ir a mis hijos al Bienestar Familiar, dijo uno de los vecinos, porque ellos me tienen que ayudar a defender lo que es suyo”. Por ello, este 26 de octubre será inolvidable para los habitantes de este barrio al occidente de Bogotá.
Defender lo que les pertenece.

Ni Mockus ni el coronel de la policía tuvieron en cuenta que estos pobladores asumirían la rebeldía en defensa de su predio, de su hogar, de su necesidad de techo. La primera casa demolida sería el fin del barrio y de los aledaños. Pedían obras públicas, pero, irónicamente, el primer buldózer enviado por los mandamases sería, no para remendar las destartaladas calles, sino para demolerlo. Para impedir que se consumara tamaño desafuero, los jefes de hogar faltaron a sus trabajos, arriesgando sus puestos porque iban a perder sus viviendas, y se unieron con sus mujeres y demás familias para defenderlo que les pertenece.

La zanahoria de Mockus, un garrote para las gentes sencillas
La firme determinación de los pobladores logró que, hacia las dos de la tarde, los funcionarios de la alcaldía tuvieran que abandonar los predios con el rabo entre las piernas.

La diligencia de demolición fue aplazada para el próximo 9 de mayo de 1996. El MOIR hace un llamado urgente a los sindicatos, a las organizaciones populares, a los sectores políticos consecuentes y a todos los pobladores, para que nos organicemos y unamos fuerzas en un gran frente de resistencia contra las atrabiliarias medidas del proyanqui gobierno de Samper.

Mockus, el arribista privatizador de la Universidad Nacional, tuvo que retroceder ante la resistencia civil de los habitantes del barrio. La zanahoria encubre el garrote siempre esgrimido por los opresores del pueblo. Así lo han entendido las masas bogotanas que, al emprender estas valerosas luchas, demuestran que están hastiadas con la despótica política del funambulesco personaje capitalino.

“NOS SACAN PARA HACER UN PARQUE INDUSTRIAL”

(Leonor Fonseca de López es presidenta de la acción comunal del barrio Casandra, en Fontibón, del que es una de las fundadoras. Bogotana, casada y con seis hijos, reside allí desde 1987)

“Yo tenía una caseta de comestibles frente a Los Faroles. Tuve que venderla por atropellos de las autoridades, y con esos centavos di la cuota inicial de un lote. Primero hice un cambuche en latas. Coloqué una venta de gaseosas y ahí fui consiguiendo para el hogar de mis hijos.

Al principio teníamos que traer la luz desde el transformador instalado frente a la empresa de gas. El agua nos la vendía el carro del Acueducto tres veces por semana, a 170 pesos la caneca. Fuimos construyendo poco a poco. Jamás ninguna autoridad nos dijo que no podíamos hacerlo. Hoy nuestro barrio tiene 465 viviendas.

Después nos organizamos y empezamos a adelantar los trámites en las empresas de servicios públicos. A costa de nuestros propios bolsillos hemos tendido las redes por el barrio. Aportamos un transformador de 112 kw y suscribimos un convenio con la Energía para cancelar una tarifa fija de seis mil pesos. Lo del agua sí fue más difícil. Nos tocó hacer una huelga en 1990. Logramos que la empresa pasara el agua por la Avenida Centenario. Cada propietario cancela por este servicio 9.900 pesos al mes.

La casa la hemos levantado con el trabajo y el sacrificio de cada uno en mi familia. Así se ha hecho el barrio entero, por autoconstrucción. Los terrenos fueron adquiridos con todas las de la ley.

Ahora el alcalde Mockus resolvió sacarnos de aquí. Los pobres no valen nada para el gobierno, porque las sumas que nos ofrecen por el lote y las casas son irrisorias. El Distrito nos promete una reubicación en Dindalito, con lote y subsidio del Inurbe, por dos millones de pesos. Pero el valor de lo que nos quitan es mucho mayor: el promedio de las viviendas está en 18, 20 y 22 millones.

Los funcionarios nos han dicho que tarde o temprano nos sacan de aquí, porque los terrenos están destinados a un parque industrial. Nosotros somos conscientes de que la vida para el colombiano debe mejorar en cuanto a su medio ambiente. Pero no en la forma en que lo pretenden hacer las autoridades, desalojando por la fuerza a las comunidades que ya tienen resuelto su problema de vivienda, para meternos a unas conejeras. Uno no es una maleta vieja para que lo quiten de un lado y lo pongan en otro.

Esto no es del gobierno. Esto es de nosotros. Lo que tenemos no nos lo dio nadie, lo hemos conseguido con nuestro sacrificio y nuestro trabajo.

Vamos a dialogar con la alcaldía a ver si llegamos a un acuerdo. Si esto no se logra, nosotros, como Abasubri, ya agotadas las vías de de derecho, daríamos un paso, que consiste en unir a todos los barrios subnormales. Si no se atiende nuestra petición de respetar lo construido y echar atrás el Acuerdo 6 de 1990, daremos un paso adelante y será un conflicto que le traerá un gran dolor de cabeza al gobierno.

Que a la gente se le respete lo que ha hecho y que no sea reubicada. Las fuentes de trabajo se hallan en Fontibón. Nuestros hijos estudian aquí. De manera que un traslado, por ejemplo, a Ciudad Bolívar, causaría un enorme traumatismo social”.

“LA POLICÍA NOS HOSTIGA A MAÑANA Y TARDE”

(Carlos Calvo encabeza en Prados de la Alameda de Fontibón el comité pro junta, aledaño al río, cuyas obras se iniciaron en julio de 1993)

“Mientras estuve trabajando en levantar la casa, nadie vino a protestarme o a preguntar por qué estaba construyendo. Sólo en junio de 1994, se presentó el alcalde a decirnos que no teníamos licencia, que éramos invasores. Él nos pidió que pasáramos los planos a Planeación, y así lo hicimos. En septiembre radicamos los documentos. Nos quedamos tranquilos porque pensamos que ése era el único problema que teníamos. Pero en diciembre este mismo señor llegó con la sorpresa de que el conflicto no era por las licencias, sino por estar nosotros dentro de los 300 metros de la ronda del río y que, por lo tanto, no debíamos existir aquí. Ahí comenzó la lucha. En el cabildo abierto que se llevó a cabo en Fontibón la semana pasada, les explicamos a las autoridades nuestro punto de vista. Nadie nos dio respuesta.

Podemos demostrar con testigos que el anterior alcalde de Fontibón participó en la inauguración de nuestro barrio. ¿Por qué entonces la policía nos atropella? Aquí hay compañeros que pueden atestiguar que los han metido a la cárcel hasta dos y tres veces. ¿Por qué? Porque la orden del señor coronel es que toda persona que empuñe un palustre o que esté manejando una pala sea remitida a la alcaldía menor para después llevarla a la cárcel. La gente debe construir a las escondidas, esquivando los patrullajes. Se nos sigue además negando el agua, con el pretexto de que Prados es un barrio subnormal. Nos vemos obligados a sacarla, después de las 11 de la noche, de una manguera de media pulgada que pasa hacia Mosquera.

En este momento hay más de cien casas terminadas. Muchas otras, que están ya listas para echar la primera plancha, no se han podido continuar porque la policía viene a hostigar mañana y tarde. Las personas sufren grandes perjuicios, porque para construir sus viviendas se endeudaron con las cooperativas o con las empresas donde trabajan.

El anterior alcalde de Fontibón dejó orden de demoler 39 casas. La actual alcaldesa sale ahora con que todas las del barrio deben ser echadas por tierra. De esta amenaza no se salva nadie.

Jaime Castro puso en marcha un plan, por millones y millones de dólares, para hacer aquí un parque industrial, sin tener en cuenta a las comunidades que residen en el área. Para el gobierno no vale nada la gente pobre. El señor Mockus y el gerente del Acueducto han continuado la persecución. Pero lo que dicen que van a recuperar no es de ellos. Estos terrenos no pertenecen al Distrito. Son propiedad privada de nosotros. Todos unidos, con Abasubri a la cabeza, vamos a defender lo que es nuestro.