El FMI: UNA RECETA DELETÉREA

Por Alfonso Hernández

El Fondo Monetario Internacional, verdugo con ropaje de galeno, aplica sus sapientísimas e invariable fórmulas sin requerir de diagnóstico específico del país paciente. Bien podría, como el médico de la Mama Grande, adelantar sus tratamientos a través de suposiciones, correveidiles y recados. Con actitud adusta y proclamando la necesidad de severos planes de ajuste, prescribe a los pobres la miseria, a las economías languidecientes, la asfixia, y a las naciones que buscan el sendero de su propio desarrollo, las cadenas del neocolonialismo. No pocas veces sus emplastos e intervenciones han desembocado en verdaderas sangrías, como en la República Dominicana hace cerca de diez años y en Venezuela más recientemente.

La Misión Colombia, adscrita al mencionado organismo multilateral, presentó en noviembre pasado a la directiva del Banco de la República, como todos los años, el paquete de “recomendaciones” a las que han de ceñirse durante 1996 tanto el Emisor como el gobierno. Dichas recomendaciones, que pretenden fundamentarse en la urgencia del control de la inflación, poseen tres rasgos característicos.

1. Onerosas cargas para el pueblo
El Fondo exige, nuevamente, enormes alzas en las tarifas de los servicios públicos, en los precios del petróleo y en la gasolina, ya incrementados por la sobretasa en muchos de los municipios, y mayores impuestos. Sin importar que en los últimos cinco años ya se preparan otras dos: una de carácter nacional y otra para los entes territoriales como consecuencia de la reducción, también ordenada por el fondo, de las transferencias de la nación a los municipios y departamentos, a los que pretende forzar a alcanzar la llamada autonomía fiscal. ¡Trago amargo de la política de descentralización!

Desde luego, la rebaja de los salarios es parte esencial del recetario. En él se afirma que el sueldo mínimo sólo debe incrementarse con base en la inflación proyectada. El FMI, instrumento de los monopolios imperialistas, está decidido a reducir los costos de la mano de obra a niveles que hacen muy precaria la subsistencia del proletariado.

2. Mayores restricciones a la economía nacional
A juicio de los cerebros del ente financiero internacional, la economía colombiana debe evitar el gasto, sobre todo el gasto en desarrollo. Por eso ordena ahorrar los recursos del Fondo de Estabilización Petrolera, creado por consejo del Banco Mundial, con el fin de que el país consigne en el exterior los dineros de Cusiana. Con miras a lograr un superávit fiscal, el gobierno debe reducir sus erogaciones, suspender subsidios y cualquier otro apoyo a renglón alguno de la producción nacional.
Cuando la industria y la agricultura, e incluso la construcción, se debaten ante la quiebra por la competencia externa, y entre las pocas cifras que crecen constantemente están las de los concordatos, el FMI exige un drástico ajuste monetario y el aumento de las tasas de interés, que figuran ya entre las más altas del mundo. Las consecuencias no pueden ser otras que la mayor quiebra empresarial y la escalada del desempleo.

3. Aún más ventajas al capital extranjero
El memorando insiste en que se debe acelerar el proceso de privatizaciones. A un Estado cuyos súbditos viven agobiados por la carga impositiva, y que padece un crónico déficit fiscal, se le obliga con el pretexto de superar este desbalance a deshacerse de las pocas empresas rentables como Ecopetrol y Telecom, para entregarlas a las multinacionales que controlan esas ramas de la actividad económica.

Además, el Fondo dispone que, mientras se restringen los movimientos monetarios y crediticios nacionales, se abran las puertas al endeudamiento externo privado a corto plazo, con lo que el capital extranjero alcanzará un mayor dominio sobre los diferentes renglones de la producción del país. Los capitales golondrina, cuyas maniobras especulativas jugaron un papel determinante en la crisis mexicana, tienen franqueado el acceso a la economía de Colombia.

El gobierno de Samper ha venido aplicando, con la sumisión que le es característica, las imposiciones del Fondo Monetario. El alegato del ministro de Hacienda en la carta que le dirige al presidente de la Misión Colombia, Paulo Neuhaus, es sólo para reclamar que se le reconozca que ha cumplido el mandado a cabalidad.

Los prepotentes economistas del imperialismo están notificados de la decisión de los colombianos de rechazar sus planes de desajuste. Esto es lo que indican las luchas de los trabajadores de Ecopetrol y de la Caja Agraria. La perentoria advertencia viene también de los asalariados del sector eléctrico del Ecuador, de los proletarios del petróleo en el Perú, de los mineros de Chile, de los habitantes de las favelas de Río, y de las gigantescas protestas del pueblo de Córdoba y otras provincias de Argentina. Es cierto que los tejemanejes del Fondo Monetario acrecen las ganancias de los magnates, pero, como contrapartida, están adunando las voluntades de los pueblos latinoamericanos en contra de sus fechorías.

LA SERVIDUMBRE DEL FISCAL VALDIVIESO

Por Alfredo Camelo (Revista Deslinde, No. 18)
Una de las afirmaciones más claras y sinceras que reflejan el estado de animo y la condición de postración de ese otro país que en nombre de la “interdependencia” recolonizadora desprecia la soberanía nacional y suspira obsecuente por una candidatura presidencial o por un puesto en un organismo internacional, es la “célebre” afirmación del señor fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento: “La soberanía hay que merecerla”.

Frente a esta sordidez, resplandece la sentencia del filósofo Hegel cuando, al analizar la Ilustración como la edad de la emancipación del espíritu moderno y del surgimiento de las naciones, afirmaba:

“La luz pone al hombre en situación de elegir y el hombre sólo puede elegir cuando ha salido de la servidumbre” (Hegel, Filosofía de la Historia).

No hubo tal narcomico: SE ACENTÚA FASCISTIZACIÓN PROGRINGA DE LA JUSTICIA

Por Marcelo Torres Benavides

A mediados de diciembre del año pasado sobrevino el escándalo del llamado “narcomico”. Inicialmente, una abrumadora mayoría del Senado, en la cual se contaba el senador Jorge Santos Núñez, aprobó lo que en otros tiempos se habría considerado loable y normal reafirmación del principio democrático del debido proceso. Sin embargo, los medios de comunicación afirmaron, y así quedó registrado en la mente de muchos colombianos, que la mayoría de los parlamentarios de Senado y Cámara habían tratado de consagrar la impunidad para los narcotraficantes y sus cómplices. Según la amañada versión de las cosas, sólo la inmediata denuncia de los medios y el repudio unánime de la “parte sana” del país habría evitado el despropósito. El hecho muestra hasta qué punto ha llegado la adulteración, monstruosa, del proceso real que padece el país y la urgencia de librar una consecuente lucha contra el desmantelamiento de las conquistas democráticas.

Un alboroto prefabricado
La “parte sana” de Colombia a que aludieron los dicterios de la prensa y los demás medios se refería especialmente a la posición asumida por el fiscal Valdivieso, Andrés Pastrana y los otros candidatos presidenciales liberales y conservadores. En perfecta identificación, sobra decirlo, con la del Departamento de Estado norteamericano y el embajador Frechette. Según todos ellos, la modificación aprobada por el Senado en torno del delito tipificado como enriquecimiento ilícito conducía a la imposibilidad de investigar, enjuiciar y condenar a quienes incurrieron en tal conducta criminal. Lo que echaría por tierra, como lo afirmó el fiscal, el Proceso 8.000. Con lo cual se desactivaría una de las piezas claves de la actual injerencia norteamericana en los asuntos internos del país. Aquí reside la raíz del escándalo armado alrededor del llamado “narcomico”.

Bastó entonces con que el gobierno de Estados Unidos advirtiera que, para expedir un comunicado sobre el asunto, esperaría la respectiva alocución presidencial televisada acerca del tema para que Samper, como ha sido habitual, se sumara presuroso a la posición norteamericana. Con lo cual, como se sabe, la modificación legislativa aprobada se hundió en la Cámara aquella misma noche.

El debido proceso, piedra de escándalo
¿Y cuál era la modificación objeto de tantas iras? Sencillamente, la reafirmación de que los ciudadanos sólo podían ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito si previamente se comprobaba que la fuente de tal enriquecimiento era un delito. La Corte Suprema, dos años atrás, había señalado que tal comprobación consistía en la sentencia correspondiente proferida en juicio; ello debía ser así; insistía la Corte, para preservar el debido proceso. Precisamente en dicha sentencia del alto tribunal se basaba el proyecto de modificación legislativo constituido en piedra de escándalo. Es decir, más clara y justa no podía ser la motivación que llevó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley. La argumentación contraria, la de la fiscal norteamericana Janet Reno, la del Departamento de Estado gringo y sus corifeos colombianos, se basa en que a los narcotraficantes y sus secuaces no puede juzgárseles según tales procedimientos y principios, que universalmente constituyen las bases democráticas de la justicia.

La tesis implícita es que en la lucha contra el narcotráfico se justifica la supresión de tales preceptos. Viene al caso recordar que, muy explícitamente, el proyecto de reforma constitucional del gobierno de Gaviria, presentado a la Constituyente de 1990, propuso suspender y limitar el derecho de defensa para determinados juicios y delitos. Tal abominación, como las que -especialmente desde 1989- vienen mutilando garantías procesales y preceptos democráticos han sido inspiradas por la política norteamericana antinarcóticos. En su cumplimiento se suprimió el jurado y se erigió la justicia encapuchada. Así, se ha impuesto a la justicia colombiana el falso dilema de impunidad o fascismo, y la conclusión de arrasar las conquistas democrático-burguesas en aras de la lucha contra la delincuencia organizada. En el caso del enriquecimiento ilícito, si ya no es necesario probar previamente el ilícito del cual provendría la riqueza malhabida, equivale ello a exonerar al Estado de la carga de la prueba y en adelante será el acusado quien deberá demostrar su inocencia.

Lo peor del asunto ha residido en que, paralelamente a tales restricciones de la justicia colombiana, los medios masivos de comunicación han venido apabullando y lanzando sobre quienes defiendan los derechos conculcados el anatema de voceros del narcotráfico. El hecho de que se asimile sin más ni más toda defensa de los derechos democráticos en el terreno de ¡ajusticia a un oscuro interés ligado al narcotráfico, no puede calificarse más que como un deplorable envilecimiento de la opinión pública. Tal es el contexto en que se dio el alboroto decembrino contra el Congreso.

Se equipara la democracia a la delincuencia
En el clima de escarnio público y cacería de brujas que se desató en seguida, no fue extraño que la Corte Suprema de Justicia renegara de su propia doctrina como lo hizo, ni que aterrorizados parlamentarios de ambas Cámaras votaran negativamente el mismo proyecto que aprobaron la víspera. La doble afrenta a Colombia -echar atrás una garantía democrática y que ello obedeciera a la voluntad de complacer a un gobierno foráneo- constituye un turbio logro norteamericano sobre el país. El que congresistas y jueces se avergüencen por defender las conquistas democráticas a la luz del día, dice de la magnitud del dominio gringo sobre la nación.

A pesar de todo, abogados y organizaciones de juristas demócratas, empleados de la rama judicial y distintas personalidades, han denunciado valerosamente los pasos concretos de la fascistización de la justicia colombiana. Las varias iniciativas de dentro y de fuera del Congreso por suprimir la llamada justicia sin rostro, son muy justas y merecen el apoyo de los colombianos. No puede admitirse ni justificarse que por el hecho de que voceros o defensores de los traficantes de narcóticos reclamen garantías y esgriman preceptos democráticos, tales garantías y preceptos sean desconocidos.

La experiencia demuestra que tales prácticas, lejos de limitarse a la delincuencia se extienden y aplican a los reclamos y protestas de las masas y contra dirigentes y miembros de las fuerzas opositoras y contrarias al régimen. En los tiempos recientes, el país ha padecido la persecución y el encarcelamiento de huelguistas del movimiento obrero y de líderes políticos bajo la vigencia de esta caricatura de justicia. Es claro que la tendencia apunta a extender esta justicia de excepción a todos los colombianos rasos.

Urge la defensa de las bases democráticas de la justicia
Cuando, luego de la perentoria orden de reversa dada por el gobierno a instancias del imperio, los parlamentarios de Senado y Cámara echaron atrás el proyecto aprobado, el senador Jorge Santos mantuvo su posición. Sostuvo que, lejos de lamentar la aprobación de un proyecto que reafirmaba una garantía democrática, lo vergonzoso era que las mayorías que lo habían realizado reversaran ahora bajo la presión del macartismo y el interés extranjero. No podemos admitir, insistió, que se equipare la defensa de las conquistas democráticas a actos delictivos: cuando un país acepta pasivamente semejante cosa, advirtió, puede ser más fácilmente esclavizado por sus opresores extranjeros.

Santos recordó que el MOIR ha sido partidario de la cooperación internacional para reprimir el narcotráfico en ese ámbito, pero aclaró que lo que impera hoy es una injustificable y descarada imposición de la política antinarcóticos de Estados Unidos en los países de América Latina, especialmente en aquéllos donde se producen las drogas o sirven de puntos intermedios del ilícito tráfico. Una nación, reiteró el senador del MOIR, puede combatir la delincuencia organizada y al mismo tiempo preservar las libertades y garantías democráticas.

El bochornoso episodio del llamado “narcomico” pone de presente la urgente necesidad de la lucha por impedir que prosiga el socavamiento de las bases democráticas de la justicia. Hace casi 150 años, resumiendo las lecciones de la lucha de clases en Francia, Marx aseveró que, después de conquistado el poder, es inherente a la burguesía la tendencia a anular las armas que forjó y le sirvieron en su lucha contra el feudalismo: el parlamento, las libertades públicas, la ilustración, etc., impulso que se acentúa en la época del imperialismo. Entonces, como lo aclarara Lenin, la defensa de las conquistas de la democracia burguesa corre por cuenta de los obreros y las capas más progresivas de la población. Es lo que Jorge Santos, entre otros deberes, cumple en el Senado.

JORGE SANTOS EN EL SENADO

La actividad del senador Jorge Santos Núñez, del BDR-MOIR, ha encarnado la más clara resistencia a la intrusión norteamericana, al gobierno de Samper y a su política de sumisión nacional y de continuismo en la apertura económica.

Levantando la bandera de la soberanía, Santos ha presidido numerosos actos públicos, entre ellos, en la isla de San Andrés, ante la embajada norteamericana en Bogotá, y ante la cumbre de los Países No Alineados en Cartagena. En todos quemó la bandera gringa.

El senador moirista ha votado y dejado constancia contra los antipopulares proyectos gubernamentales. “El Pacto Social, un plan demagógico y antinacional” fue una de sus posiciones en defensa de los trabajadores. Ha dado también importantes debates defendiendo a los productores nacionales en contra de las privatizaciones y la fascistización de la justicia. Su voto el fue único consignado en contra de la Ley 200, el despótico régimen disciplinario único.

Santos sigue estrechamente ligado a los proletarios. En sus giras ha visitado cuarenta ciudades. Marchó de Calarcá a Armenia en el paro de los caficultores; y en Bucaramanga y Florencia contra la privatización de los servicios y en la capital con los vendedores ambulantes y los habitantes de las riberas del río Bogotá contra los desalojos de Mockus.

En respaldo a las luchas populares ha presentado tres proyectos de ley: el de condonación de las deudas bancarias de los caficultores, el de garantías sindicales para los trabajadores del Estado, aprobados en el Senado, y el de la patriótica ley de hidrocarburos preparado por la USO y suscrito por otros nueve senadores.

“QUIEREN ACALLARME PARA QUE NO DENUNCIE LA TRAICIÓN”

(El siguiente es el texto del mensaje enviado por el camarada José Fernando Ocampo a la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, el 15 de diciembre de 1995, al serle informado que sería destituido de dicho organismo, como en efecto sucedió en enero de 1996 por decisión de la mayoría del comité ejecutivo. La carta está dirigida a Celio Nieves, fiscal de la Federación)

Acuso recibo de su carta, y de los documentos adjuntos, en la que me notifica que se declarará mi vacancia en el comité ejecutivo de Fecode, a menos que pruebe mi vinculación con la Asociación Distrital de Educadores y la Universidad Distrital. No me extraña que usted haga recaer la carga de la prueba sobre mí, no obstante que defendió que la Ley 200 contiene aspectos positivos al incorporar elementos del Código Penal para que le sean aplicados al magisterio, y que no reconozca en mi caso el principio de la favorabilidad en la interpretación de los estatutos de la organización sindical.

Pero esto es lo de menos. Usted y quienes lo acolitan en el comité ejecutivo interpretarán los estatutos de la Federación y las leyes de Colombia de la manera amañada que sea necesario con tal de acomodarlas al propósito de declarar arbitrariamente mi vacancia. La inferencia que sacarán de los términos “para ser miembro del comité ejecutivo”, del artículo 21 de los estatutos, servirá a su propósito atrabiliario. Pero lo que no podrán es probar que mi elección no fue ajustada a los estatutos, a pesar de las demandas ante la Fiscalía General de la Nación por parte de los amigos de Boris Montes de Oca en la Universidad Distrital contra el certificado dado por el rector, las cuales no solamente no prosperaron sino que se les revirtieron por falsa acusación.

En efecto, la comisión electoral de las elecciones de 1993 convalidó mi inscripción, el tarjetón nacional ratificó el derecho que había sido reconocido para encabezar una lista, y mi nombre ha sido inscrito por el Ministerio de Trabajo por lo menos en tres ocasiones en este lapso, siempre que ha sido necesario para reconocer los cambios en el comité ejecutivo. El período de mi elección no ha vencido. En su calidad de fiscal usted conocía desde hace dos años mis circunstancias personales, que le sirven ahora de argumento para su torcida aplicación de los estatutos. Sin embargo, permitió que fuera elegido por la junta nacional a la comisión negociadora, que actuara como secretario de asuntos pedagógicos y, en calidad de tal, fuera nombrado coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEID, que hiciera parte de la organización del Congreso Pedagógico, que se me incluyera en la terna para la Junta Nacional de Educación, que votara en las juntas nacionales y que ejerciera mi derecho de ser miembro del comité ejecutivo.

Lo que pasa es que el propósito suyo, en unión de Boris Montes de Oca, Nelson Franco, Jorge Guevara, Luis Ernesto Romero, Carlos Higuita, Max Correa, Gabriel Manrique y Rafael Cuello, radica en acallarme para que no siga denunciando la traición histórica que han cometido contra el magisterio, al haber cohonestado con el gobierno de Ernesto Samper para que derogara el régimen disciplinario del Estatuto Docente y quedaran los educadores bajo la Ley 200. Me están cobrando también el hecho de no haber firmado el acuerdo de mayo, que entregó los intereses económicos de los maestros colombianos.
¿Qué democracia es la que ustedes predican? En la elección directa del comité ejecutivo de 1993 obtuve 13 mil votos, cuatro veces más que el presidente de Fecode. Esta mayoría abrumadora convierte mi legitimidad en indiscutible, por encima de la arbitraria interpretación del artículo 21 de los estatutos de la Federación. Como es la costumbre de ustedes, pisotean los mismos principios de los que se hacen voceros, en este caso la “democratización” de la organización sindical de que tanto alardearon al proponer la elección por voto directo. Están echando por tierra la legitimidad democrática de los resultados electorales. Yo sé que para ustedes los principios no son sino bagatelas.
¿Cuál es el pluralismo de que tanto se ufanan? En mis veinte años de pertenencia a la dirección de Fecode y desde que el MOIR llegó en la década del 70 a la dirección de los sindicatos del magisterio, jamás hemos interpretado los estatutos para acallar a los contrincantes. Pero eso es lo que ustedes hacen ahora. No soportan mi oposición a la incompetente, arbitraria, antidemocrática, unilateral, progobiernista, antimagisterial dirección que han instaurado en mala hora en Fecode. Su cantinela sobre el pluralismo es una farsa. No soportan ni la diversidad de pensamiento. Lo único que toleran es el sometimiento de los demás a su manera de pensar.

El catálogo de sus traiciones al magisterio durante este año es asombroso. En la negociación del paro de mayo pusieron la independencia de la organización sindical en manos de los senadores Dussán y Pizano, quienes suplantaron a la comisión negociadora de Fecode con el patrocinio de ustedes. Por primera vez los negociadores del paro esperaron sumisamente que sus nuevos agentes les comunicaran los resultados en la sala de espera del ministro Sarabia.

Pero igualmente firmaron un acuerdo aceptando un aumento salarial basado en la inflación proyectada y no en la inflación causada, permitiendo la aplicación del concepto de productividad -del más puro cuño neoliberal- a la educación como si fuera una mercancía, y se contentaron con un 8% de salario profesional, totalmente hipotético, para cada uno de los tres años siguientes.

Jamás los educadores de Colombia se habrían imaginado que iban a perder el Estatuto Docente precisamente con la aprobación de la mayoría del comité ejecutivo y de la junta nacional de Fecode. Han acudido ustedes a todos los subterfugios posibles para disfrazar su defensa de una ley fascista como la Ley 200. Negociaron la aplicación de ésta con el decreto 1726. Propiciaron un proyecto de ley que no deja clara la excepcionalidad de los educadores al régimen único disciplinario. Rechazaron la propuesta de un paro nacional indefinido para defender el Estatuto, esperando que Samper -a quien han defendido no obstante su entrega sin precedentes a Estados Unidos- y sus amigos los saquen del atolladero. Se negaron a exigirle al gobierno la vigencia del artículo 6° de la Ley 60 que mantiene el Estatuto Docente.

Después que Fecode había hecho respetar el puesto de preeminencia que le corresponde con sus propuestas en la discusión de la Ley General de Educación, defendidas con el paro de 1993; después que hubo derrotado las pretensiones de sustituirla encabezadas por la “constituyente educativa”, logrado sacarla avante en las vicisitudes del Congreso de la República y haberla constituido en un factor fundamental del proceso educativo del país, ustedes se plegaron a la maniobra de la ministra María Emma Mejía, para entregarles a dos fundaciones enemigas del magisterio y de la educación pública, como Viva la Ciudadanía y La Fundación Social, el proceso espúreo de discusión y elaboración del plan decenal educativo. De un plumazo, Fecode dejó perder lo que había ganado con tanto esfuerzo.

Entre su incapacidad para dirigir, su concepción gobiernista del sindicalismo y su apoyo descarado a Samper, usted y los otros ocho miembros del ejecutivo, que componen la mayoría han conducido la Federación a la peor y más lamentable crisis de sus treinta y cinco años de historia. Y eso es lo que pretenden tapar con la persecución desatada contra mí y contra mi organización política, mediante amañadas interpretaciones estatutarias. ¡Qué lamentable impotencia! ¡Qué desfachatez! ¡Qué descarada negación de la democracia! ¡Qué mentís a su tan cacareado pluralismo!

Procedan como van a proceder. Si declaran mi vacancia, apelo su decisión a la junta nacional como un organismo superior al comité ejecutivo.

USO ARRECIA BATALLA EN DEFENSA DE ECOPETROL

Por Gustavo Triana

Empeñado en privatizar a Ecopetrol, Samper ha propuesto reestructurarla en cuatro negocios diferentes, cada uno con plena autonomía financiera y administrativa. Ya en 1994 lo había intentado, pero se lo impidió la disposición de los trabajadores de salir a la huelga en defensa del patrimonio público de la nación.

Esta segunda arremetida pretende acabar con la integridad de la empresa, poniendo a cada división a competir con las demás, lo que permitirá al capital privado apropiarse de las actividades que hoy adelanta en forma unificada la petrolera estatal. El gobierno, al mismo tiempo, ha modificado los plazos existentes en los contratos de asociación, extendiendo su vigencia hasta el agotamiento de los pozos. Se comprometió además a pagar el 50% de los gastos en perforación y estudios de superficie cuando los nuevos yacimientos resulten secos. Liberó la importación de combustibles. Mientras que permitió la inversión privada en los campos reservados a Ecopetrol, a ésta le limitó sus inversiones y la obligó a vender sus activos en Terpel, Monómeros, Promigás, Colgás, Gas Natural y otras. El objetivo no es otro que dejar por completo en manos de las voraces multinacionales el estratégico renglón de los hidrocarburos.

Para enfrentar la arremetida privatizadora, la USO realizó en diciembre un paro nacional de la producción, tarea que no se adelantaba desde 1977. El cese fue exitoso y contó incluso con la aceptación de la mayor parte de la administración.

En la actualidad, el sindicato viene efectuando negociaciones con la empresa y el Ministerio de Minas. La USO continúa empeñada en defender que Ecopetrol se mantenga como una entidad de carácter comercial e industrial del Estado. Exige además que se preserve su unidad y que sean destinados recursos suficientes al urgente objetivo de fortalecerla, condición clave para poder lograr nuestra soberanía económica.

Al cierre de esta edición, en la Refinería de Barrancabermeja se llevaba a cabo un paro de 1.700 trabajadores temporales y de contratistas contra las violaciones a la convención colectiva y en defensa de la empresa.

Hoy como ayer, la USO está al frente de los más preciados intereses de la nación.

EL MOVIMIENTO OBRERO RECHAZA POLÍTICA PRIVATIZADORA

Por Iván Toro L.
Los sucesos de los postreros días del año pasado y de los inicios del presente son abundantes y aleccionadores, y corroboran que se abren nuevos horizontes en el panorama de la lucha obrera. El Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT y los posteriores realinderamientos en su dirección, la reedición del “Pacto de productividad, precios y salarios”, y el nombramiento de Orlando Obregón en el Ministerio de Trabajo, han sido, entre otros, los hechos más connotados del cambio de año. Para el futuro inmediato se proyectan acontecimientos como el Congreso de la Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD, las negociaciones de los pliegos de peticiones en la Caja Agraria y Telecom, así como el conflicto derivado de los intentos de privatizar a Ecopetrol, que marcan esta etapa como crucial para el porvenir del movimiento sindical.

Mientras el centro de la atención de la opinión pública se ha dirigido hacia la tormenta política orquestada por los Estados Unidos en torno de la presencia de dineros calientes en la campaña presidencial de Ernesto Samper, durante el año largo de ese mandato no ha cesado la agresión contra los trabajadores y sus organizaciones, uno de los blancos principales de la arremetida imperialista. Tal como lo había anunciado en sus discursos preelectorales, Samper adelantó con diligencia las tareas indispensables para la consolidación del modelo aperturista y privatizador ordenado por los mandamases del Norte. Profundizar la descentralización; reducir el déficit fiscal mediante la reforma tributaria y el recorte del gasto público; implementar la privatización de la salud y la seguridad social; desarrollar la participación del capital privado en los servicios públicos; establecer un régimen policivo para reprimir a los servidores del Estado; reducir aún más el costo de la mano de obra nacional, han sido algunas de las gestiones que, adobadas con palabrería social, la última recomendación de Washington, forman parte de la carta de presentación del actual régimen.

En medio de la intensa disputa que libra con otras facciones de la proyanqui oligarquía criolla, Samper hace todos los méritos posibles para mantener el indigno puesto de encomendero de los intereses extranjeros y convoca a los trabajadores a la defensa de un “liberalismo social”, presuntamente enfrentado al capitalismo salvaje. Al sindicalismo se le ha invitado en reiteradas ocasiones a brindar su respaldo al apurado gobernante. Ante estos llamados la CGTD y el sector mayoritario de la CUT han mantenido su independencia y el rechazo a la política económica y laboral del régimen, condenan la intromisión norteamericana y se aprestan a librar trascendentales batallas en contra de la privatización y las demás medidas en perjuicio de la nación y el pueblo los que sí han respondido a las convocatorias oficiales son el denominado Frente Unitario de Trabajadores Democráticos, el ala de la CUT que lidera el ministro de Trabajo y se encuentra afiliado a la Organización Regional Interamericana del Trabajo, ORIT, que se pliega cada vez más a las corrientes patronales del sindicalismo norteamericano. También han corrido presurosos en auxilio de Samper los dirigentes de la CTC, la otra pata del “gremialismo sociopolítico”, abanderado de la nueva cultura de la concertación, la cultura de la entrega.

Caldeado Congreso
A finales de noviembre pasado deliberó en Bogotá el III Congreso de la CUT que tuvo como temas centrales la reforma de los estatutos para darle vía libre a la manipulable elección directa y universal del Comité Ejecutivo, la propuesta de vinculación a la ya mencionada ORIT y la posición de la Central acerca de los acuerdos del Pacto Social. Más de trescientos delegados de los novecientos presentes, señalaron que el Pacto Social es una trampa para rebajar los ingresos de los asalariados. Con excepción de la promovida afiliación internacional, que fue nuevamente postergada, Orlando Obregón, pocos meses después miembro del gabinete samperista, logró imponer sus proditorias concepciones.

Agitación laboral
A los pocos días de celebrado el nuevo año, la CGTD y numerosas organizaciones de la CUT convocaron un Plenario General de Juntas Directivas y Activistas Sindicales y Sociales, con el fin de establecer un plan de trabajo y de acción contra las medidas antiobreras contenidas en el Pacto Social, el conjunto de la política económica del gobierno y la injerencia norteamericana en el país. La concurrida asamblea, en un ambiente de unidad y de combate, aprobó respaldar todas las acciones programadas por los sectores en conflicto y organizar una Jornada Nacional de Protesta, que se llevará a cabo el próximo 6 de marzo. Quizás sea este el punto de partida del resurgir de la lucha obrera, siguiendo el ejemplo de la población y los trabajadores de Francia y otros países de Europa y América Latina, que han echado mano de la movilización y la huelga, los instrumentos más eficaces para enfrentar la ofensiva contra sus naciones, sus conquistas y sus derechos.

Preludio de una nueva época
Los cambios que se están presentando en la cúpula de la CUT, que pueden significar una positiva reorientación, la perspectiva de un exitoso y unitario congreso de la CGTD, a partir del 27 de abril, que la consolide como la alternativa democrática y patriótica de los asalariados colombianos, y el desenlace de la resistencia de sectores importantes del movimiento obrero a las progringas políticas de Samper, presagian que el viento sople a favor de los intereses de la nación y del pueblo, y se desate así la tormenta tropical que detenga la ofensiva imperialista.

CREDITARIOS AL COMBATE

Desde que se puso en marcha la apertura económica, ésta es la cuarta vez en la cual los 8.250 trabajadores de la Caja Agraria se lanzan al combate por sus derechos y por la permanencia de la institución frente a gobiernos empecinados en liquidarla. Este último propósito forma parte de la quiebra en que se quiere sumir al campo colombiano para entregar la seguridad alimentaria de la nación en manos de los pulpos foráneos.

De tiempo atrás se la ha venido desangrando comprometiéndola en la cobertura de responsabilidades que corresponden al gobierno nacional. Los desastres de Armero y el río Páez fueron atendidos con dineros de la Caja, así como el problema de los desplazados por el conflicto fronterizo con Venezuela y las inundaciones en la Costa Atlántica. Los reinsertados de los procesos de paz, con la sola presentación de la cédula, también recibieron créditos que nunca fueron cubiertos por el gobierno. Recientemente se echó mano de recursos de la entidad para paliar las angustias de los pequeños agricultores afectados por la importación indiscriminada de productos subsidiados y de caficultores que atraviesan por su más aguda crisis.

Por todos estos conceptos, el gobierno le adeuda a la Caja Agraria 658 mil millones de pesos, de los que hasta la fecha no ha querido pagar un centavo.

Aparte de ello, los cambios en el régimen financiero la han debilitado á tal punto que acumula una pérdida de 339 mil millones de pesos; la resolución 1980 de 1994, por ejemplo, eliminó una serie de ventajas que tenía, tales como las provisiones por cartera vencida. Durante la larga crisis financiera, que finalmente la tiene en causal de liquidación, la Caja y el gobierno, a través de agencias como Fogafin, han firmado sucesivos convenios de recapitalización que deberían haberle reportado 342 mil millones de pesos, pero de los cuales sólo han ingresado 5 mil.

A esto se suma la complacencia de los altos directivos con deudores morosos que han contraído cuantiosas obligaciones. Tal es el caso de Cocosilk, cuya cartera vencida asciende a 3 mil millones de pesos, y el de algunos gerentes regionales que han incurrido en ilícitos por más de 2 mil millones. Cosa parecida ocurre con las deudas de grandes terratenientes, sobre los cuales recae el más alto porcentaje de la deuda morosa.

Tales son las verdaderas causas de las dificultades económicas por las que pasa la entidad.

¿Quién asumirá la carga?
Al ser presentado el pliego de peticiones, la administración de Carlos Gustavo Cano respondió que la culpa de la crítica situación corresponde a la carga laboral y que, como “el 60% de los trabajadores eran pícaros”, le causaban más pérdidas que la guerrilla y la delincuencia juntas. Con esa concepción procedió a presentar un contrapliego, instrumento inventado y utilizado cada vez con más frecuencia por los patronos para escamotear las conquistas del movimiento sindical y con el cual hoy el presidente de la Caja y el gobierno de Samper pretenden eliminar el 90% de los derechos convencionales.

Comoquiera que esa actitud implicaba un enfrentamiento abierto con el sindicato, para contrarrestar una virtual parálisis de actividades Cano organizó un “plan de contingencia”, que ha costado más de 3 mil millones de pesos.

Ante la intransigencia de la empresa 8.170 de los 8.250 trabajadores, el 97%, votaron a favor de la huelga y exigen el respeto a la convención colectiva vigente, el pago de la deuda contraída por el gobierno nacional, un régimen especial que le permita a la Caja, como entidad de fomento, contar con ventajas en el sector financiero, y que el Estado maneje en sus agencias un alto porcentaje de las cuentas oficiales, hoy en día colocadas en la banca privada.

Ésta sería la solución del conflicto que todos los patriotas debemos apoyar.

¡DERROTEMOS EL PACTO SOCIAL SAMPERISTA!

(Intervención del camarada Yesid García, miembro de la Dirección Nacional del MOIR, en el programa de TV del 12 de enero de 1996)

En diciembre, el gobierno, los representantes de los gremios económicos y un sector del sindicalismo firmaron por segunda vez el Pacto Social sobre productividad, precios y salarios. Lo que el gobierno llama un mecanismo de concertación es en realidad un pacto contra la nación, los trabajadores y el pueblo.

El pacto firmado acepta implícitamente el conjunto de la política económica aperturista del gobierno. Acepta la meta de inflación fijada por el Banco de la República, bajo la exigencia del FMI; da por sentado el escandaloso aumento al 16% del IVA, la aplicación de “los reajustes puntuales extraordinarios” y el desmonte de los supuestos subsidios en los servicios públicos domiciliarios; aprueba la sobretasa de los combustibles, el reajuste y la eventual libertad de tarifas de las telecomunicaciones, los proyectos de incremento de las tarifas de atención médica y la continuación de la rebaja de aranceles.

Los firmantes del atropello no ignoran que esta política encaja perfectamente con el siniestro plan de recolonización imperialista adelantado por Estados Unidos contra las naciones que, como la nuestra, hacen parte de lo que ellos consideran su patio trasero. El pacto pretende legitimar la imposición de la apertura económica, las privatizaciones y el avasallamiento político general. Cumple con los objetivos específicos de abaratar la mano de obra y envilecer la conciencia de los trabajadores al intentar que éstos renuncien mansamente a la conquista y preservación de sus derechos y se integren a la cadena de superexplotación que el imperialismo organiza desde Alaska hasta la Patagonia, con la vana ilusión de salvarse de su propia y profunda crisis.

El Pacto Social complementa el conjunto de leyes que han tenido en los últimos años el propósito neoliberal de abaratar la mano de obra, es decir, la regresiva reforma laboral plasmada en la Ley 50 de 1990, la 100 de 1993 que privatizó la seguridad social y la reciente Ley 200 de 1995 que establece un auténtico régimen de arbitrariedad y represión contra los servidores públicos.

El gobierno de Samper no sólo cuenta con una gran campaña respaldada por los medios masivos, para hacerles bombo a las cifras mentirosas del DANE, y con unos dirigentes gremiales que no chistan a pesar de que la mayoría de sus representantes se arruinan por la misma política que aquéllos respaldan, sino también con el apoyo de un puñado de vendeobreros enquistados en la cúpula de la CUT y de la CTC.

El control de los precios de los bienes y servicios de los que depende la inflación es responsabilidad del gobierno. Sin embargo, en el Pacto Social se acepta que los empresarios, el gobierno, el sector financiero y los comerciantes condicionen el cumplimiento de las alzas de precios, tasas de interés y tarifas a factores muy variables e imprecisos. El año pasado las altas tasas de interés quebraron a medio país y las perspectivas para este año son aún más oscuras. Mientras el gobierno hace demagogia con pactos que nadie cumplirá, los únicos que fueron sometidos por decreto a un compromiso claro y rotundo son los trabajadores. Para colmo el Pacto liga la remuneración de la fuerza de trabajo a la productividad, una de las prácticas predilectas del neoliberalismo. La clase obrera debe rechazar este criterio porque el aumento de la productividad implica una disminución de los salarios y un incremento de las ganancias del gran capital con respecto al valor total de la producción del país.

El salario mínimo decretado no compensará la amañada cifra de la inflación causada, tal como sucedió en el Pacto pasado y se repite en el actual, sin recuperar ninguno de los diez puntos perdidos en el lustro anterior. Los servidores del Estado que acumulaban un deterioro salarial superior al 30% en el último decenio, perdieron el año pasado 4.5% de su ingreso y recibirán, en 1996, un pírrico 17% ponderado, inferior al IPC. Cada año se acumula así la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario mínimo y del salario de los trabajadores estatales.

Mención aparte merece el nombramiento del presidente de la CUT, Orlando Obregón, como ministro de Trabajo. Recibe de esta manera el pago por los servicios prestados a la estrategia global de las multinacionales y el imperialismo, de abaratar al máximo el precio de la mano de obra. Este paso abierto al bando del gobierno pretende plegar el rumbo del movimiento sindical a la política antiobrera de Samper. Utilizó su cargo en esa Central para convertirla en caja de resonancia de la llamada política social samperista. En el último congreso de la CUT, respaldado por otros sectores, obtuvo una mayoría precaria, no sólo para defender el anterior Pacto Social sino para comprometer su Central en la nueva negociación. Sin esta posición traidora el Pacto Social hoy no sería posible y hubiera sido rechazado por la totalidad del movimiento sindical, dado que la CGTD ha expresado, por segunda vez, su contundente rechazo a avalar la componenda antiobrera.

En 1996 el gobierno acentuará la aplicación del recetario del FMI. En particular, el movimiento sindical tendrá que enfrentar la oleada de privatizaciones que incluye sectores estratégicos de la producción como la minería y el petróleo, las comunicaciones, los servicios públicos y el sector financiero, en especial la Caja Agraria. La única manera de evitar esta política de arrasamiento contra la nación es a través de un amplio movimiento de resistencia que la derrote. Debemos seguir el ejemplo de la población y los trabajadores de Francia y otros países de Europa y América Latina, que mediante la movilización y la huelga, los instrumentos más eficaces en la lucha obrera, enfrentan valerosamente la ofensiva contra sus naciones, sus conquistas y sus derechos.

Buenas noches y a preparar las protestas de 1996.

NUEVAS CONQUISTAS DE LOS TRABAJADORES BANCARIOS

El anuncio hecho por Luis C. Sarmiento Angulo, acerca de que su aporte al éxito del Pacto Social consistía en imponerles a los trabajadores de los bancos de su propiedad un aumento salarial de 18%, no se cumplió. La firmeza de la dirección y de las bases de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEB, lo disuadieron de tal propósito, al igual que a los directivos del Grupo Santodomingo, propietario del Banco Comercial Antioqueño. En esta última entidad financiera, en el Anglo Colombiano y en el Banco de Bogotá, propiedad del señor Sarmiento, la combatividad de los asalariados derrotó el nefasto “pacto”, establecido por el gobierno de Samper con la complicidad de la mayoría de la CUT. Los aumentos salariales son de los mejores conquistados en las negociaciones colectivas durante el año 1995. En las dos últimas instituciones se acordó 25.5% de incremento para el primer año de vigencia y, para el segundo, el Índice de Precios al Consumidor más un punto. En Bancoquia, la fórmula fue de 24.5% e IPC más 1.5%, respectivamente.

El presidente de ACEB, Luis Alfredo Sánchez, señaló que los sucesivos paros escalonados de 24 horas, realizados en el curso de los dos meses largos que duró la negociación, fueron el factor determinante en la superación de los topes establecidos por el gobierno para abaratar más aún el precio de la fuerza de trabajo nacional, en beneficio del gran capital nacional y extranjero. En el Banco Comercial Antioqueño, aparte de los logros salariales, la convención firmada a comienzos de octubre pasado significó avances importantes en materia de auxilios educativos y enganche de trabajadores temporales a término indefinido.

En el Bogotá se pactaron también mejoras en la reglamentación de los préstamos de vivienda, la prima de vacaciones y las partidas para atender la educación de los trabajadores y sus hijos. En materia de derechos sindicales, se acordaron permisos adicionales y la garantía de que no habría represalias contra quienes participaron en las jornadas de agitación con las cuales se presionó a los dos mayores grupos financieros del país.

Otro tanto sucedió en el Banco Ganadero, donde ACEB compartió la mesa de negociación con UNEB y Sintrabagán. Allí se alcanzó un alza de 24% para la vigencia 1995-1996 y el IPC más 1.5 para la siguiente, amén de sustanciales mejoras en materia prestacional.

Nuevamente la táctica de la Resistencia Civil fue la garantía de triunfo de los trabajadores para enfrentar las políticas antinacionales y antipopulares.