ARGENTINA BAJO EL PESO DEL PESO

Los salarios y las pensiones se rebajaron en más de 30%, parte de los cuales se pagan en bonos, los llamados patacones.

Por Alfonso Hernández

En los últimos meses, el mundo del agio se ha estremecido ante el riesgo de un cese de pagos de la deuda externa por parte de los países latinoamericanos. El epicentro de las actuales sacudidas es Argentina, que con la Ley de Convertibilidad fue aplaudida como el remanso de la moneda y las finanzas.

Los afanes no son injustificados. Su deuda pública externa alcanza la fabulosa suma de 127 mil millones de dólares, más de 50% del producto interno bruto; los pocos recursos frescos que recibe están recargados con tasas de interés doce puntos por encima de las que se pagan en Estados Unidos y superiores también a las que se cobran a México o Brasil. Desde junio, se han retirado más de diez mil millones de los bancos, y el apurado gobierno enfrenta las airadas protestas de la población, a la que se le abruma con recortes salariales y se le asedia con el desempleo y mayores impuestos. El paquete de “ayuda” por ocho mil millones de dólares, recientemente aprobado por el Fondo Monetario Internacional, después de numerosos regateos y condiciones lesivas, no logrará sino aplazar el desencadenamiento de una crisis más profunda. Ya en 1995 y en diciembre pasado, el FMI había hecho otros millonarios desembolsos y las aulagas en vez de aliviarse, se agravaron. La exangüe Argentina, tras una década de saqueo inmisericorde, ya no se vale por sí sola y requiere de más y más financiamiento, cuyas posibilidades de pago están harto envolatadas.

Para colmo, todo esto ocurre cuando en Estados Unidos la producción se abate, caen persistentemente las bolsas de valores y se incrementa la tasa de desempleo. En Japón, el estancamiento se prolonga ya por una década y la Comunidad Europea, en particular Alemania, ha entrado en graves dificultades. Al parecer, las dolencias de los países pobres y las de los desarrollados se reforzarán mutuamente. La euforia capitalista de los años noventas se torna en guayabo y en el nuevo orden mundial cunde el desorden.

Los problemas de Argentina no son sólo financieros. La recesión, que comenzó hace más de tres años, no amaina; el desempleo se ha trepado a 16% y cerca de 40% de quienes figuran como ocupados se rebuscan en la economía informal. Los precios internacionales de los alimentos, uno de los renglones de mayor importancia en la economía gaucha, se desploman y la producción industrial y el comercio exterior se resienten por la sobrevaluación del peso. Las propias multinacionales automotrices han rebajado en más de 30% su producción y trasladado parte de sus operaciones a Brasil.

Al comenzar los años noventas, se vociferó contra la inflación, la corruptela gubernamental, la acrecida deuda externa, el magro desarrollo. Estas verdades se utilizaron sólo para abrirles campo a manipulaciones financieras más lucrativas y seguras. El evangelio capitalista se radicalizó: el progreso se lograría atrayendo a toda costa a los inversionistas extranjeros y la pobreza se erradicaría enriqueciendo a los ricos. Argentina se distinguió por el celo con que ejecutó el dogma en boga. A la cabeza de la nación, de tiempo atrás mancillada por chafarotes y demagogos, se pusieron los funambulescos personajes que se requerían para alentar a la víctima y luego ultimarla. Como presidente asumió Carlos Menem, calificado por su pueblo como la pesadilla de cualquier sicoanalista, personaje escaso de ideas y nulo en principios. Sus desafueros de arribista hicieron enrojecer de vergüenza a todos los que habían ocupado la Casa Rosada. Nombró como ministro de economía a Domingo Cavallo, para que la emprendiera a coces contra los renglones que les daban el sustento a sus conciudadanos.

Las empresas públicas se privatizaron en masa. Yacimientos Petrolíferos Fiscales se remató en la Bolsa de Nueva York. Igualmente se feriaron compañías eléctricas, de gas y agua, de acero y petroquímicas, canales de televisión y Aerolíneas Argentinas, entre otras. Se dieron en concesión miles de kilómetros de carreteras, y el sistema de pensiones pasó a manos de la banca. De la subasta no escaparon los aeropuertos ni el servicio postal ni las represas hidroeléctricas.

Con el pretexto de orientar el país hacia la exportación y de insertarlo en la economía global, se rebajaron drásticamente los aranceles y se impuso la llamada disciplina de mercado. La banca se concentró fuertemente y pasó a manos del capital extranjero.

Pero Argentina, llevando al colmo la pérdida de soberanía, implantó la Ley de Convertibilidad, consistente en garantizar el valor del peso poniéndolo a la par con el dólar y asegurando que por cada uno que entre en circulación, habrá un dólar en las reservas del Banco Central. Así, los inversionistas no corren ningún peligro al invertir en Argentina, pues cuando quieren sacar sus capitales, el banco les entrega tantos dólares cuantos pesos tengan. Al pueblo se le aseguró que con esa disposición quedaba conjurada la tendencia inflacionista.

Dicha política económica provocó un ingreso importante de capitales. Rápidamente los financistas se adueñaron de las compañías privatizadas, de numerosos supermercados, de la banca y de enormes extensiones de tierra. Las importaciones y el consumo se dispararon y la balanza comercial se resintió. Los fondos de inversión, alentados por la estabilidad monetaria, se apresuraron a hacer allí un centro de operaciones.

La propia movilidad de capitales facilitada por la Ley de Convertibilidad hizo que Argentina se conmocionara con cada remezón de cualquier país. Padeció el “efecto tequila” en 1995, cuando su producto interno sufrió una fuerte caída. De nuevo, en 1997, cuando la tormenta financiera asoló a los pueblos asiáticos, entró en una recesión de la que aún no se recupera. Los problemas financieros de Rusia, Brasil y Turquía, agrandaron el descalabro. Los inversionistas empezaron a mirar con mayor desconfianza a los países del tercer mundo y a retirar los capitales de algunos de ellos. Además, era evidente que la Argentina, acorralada en el comercio internacional por una moneda sobrevaluada y por unos precios declinantes de sus productos de exportación, enfrentaría enormes tropiezos para pagar sus deudas. Lo más grave: la restricción del gasto público, el desestímulo a la producción nacional y la merma drástica de los salarios, restringieron el mercado interno y llevaron a la quiebra a multitud de empresas. Como ya se señaló, las propias multinacionales entraron en dificultades y empezaron a retirar parte de las operaciones.

La convertibilidad, al limitar la emisión de pesos a los dólares que ingresan, determinó una drástica reducción del dinero en circulación. Cada vez que, por cualquier motivo, los inversionistas extranjeros retiran sus fondos de Argentina, la economía interna padece iliquidez, las tasas de interés se disparan y las actividades productivas supérstites se lesionan. Diríase que Argentina cruje bajo el peso de su peso. Las mismas disposiciones adoptadas para darles seguridad a los capitales terminan por amenazarlos.

La solución que ofrece el FMI consiste en aplicar a los vapuleados gauchos una dosis más fuerte de la misma medicina que los tiene postrados. Ya se aprobó “la ley de déficit cero”, por la cual el gobierno sólo puede gastar el dinero que recaude por impuestos. En 1999 el déficit público se estimó en 3.8 del PIB, el FMI ordenó bajarlo a 2,2%, lo que significó el despido de 255 mil empleados federales, cifra que se incrementará con la nueva medida. Los salarios y las pensiones se rebajaron en más de 30%, parte de los cuales se pagan en bonos, los llamados patacones. Además, se han de restringir los gastos de las provincias y la participación de éstas en los ingresos del gobierno federal.

Cuando Menem asumió el poder, la deuda externa era de 58 mil millones de dólares, hoy se ha casi triplicado; la economía no crecía, hoy declina; la gente trataba de sacar su dinero del país, ahora se precipita a hacerlo. El desempleo y la pobreza se han multiplicado y la nación ha transferido su riqueza a las trasnacionales. En lo único que los reformadores pueden reclamar éxito, triste éxito, es en el control de la inflación. La acabaron llevando a la deflación. Frenaron el alza de los precios agotando la capacidad de compra. Curaron la enfermedad, matando al paciente.

En toda esta catástrofe el Estado ha sido protagonista. Les entregó a los especuladores las empresas oficiales libres de cargas y a precios de ganga. Les otorgó el control sobre los servicios públicos, garantizándoles rentabilidad mediante disposiciones de toda índole. En 1995, destinó ingentes recursos públicos a financiar los grandes bancos y demás instituciones financieras. Ha eliminado casi totalmente los impuestos a los grandes inversionistas. Y mediante la Ley de Convertibilidad asegura utilidades a los financistas, echando mano de los dineros del Estado. Dineros públicos, disposiciones legales y contingentes policiales son los instrumentos de intervención del Estado para traspasar la mayor parte del producto nacional a un puñado de plutócratas. A pesar de esas evidencias, los neoliberales siguen parlando y garlando sobre reducir la intervención del Estado en la economía y no faltan quienes se han tragado el cuento. En realidad, las órdenes del Fondo Monetario, que los gobiernos de estos países aplican a rajatabla, no son más que una intervención masiva y burda en pro de los monopolistas internacionales.

Mientras que al pueblo se le imponen cargas enormes para que responda por las acreencias, el FMI y el gobierno norteamericano juegan a la devaluación de la deuda pública argentina con el fin de que las empresas españolas, en particular los bancos Santander y Bilbao Vizcaya, sean presa fácil del City Bank y del Lloyds. Desde su rancho de Texas, George Bush, el hijo tarambana del ex presidente, dijo que un paquete de salvamento del FMI podía entorpecer las reformas (es decir, los mayores sacrificios) que deben llevar a cabo los argentinos. Estas declaraciones, y otras emitidas por altos funcionarios del Tesoro y del Fondo, han provocado verdaderas caídas en la Bolsa de Madrid, de los precios de las acciones de los bancos ibéricos y de los bonos de deuda pública argentina, mayoritariamente en manos de esos bancos.

La situación social es ya insufrible. El hambre, la mortalidad infantil, la insalubridad, hacen mella en grandes masas. El trueque se ha vuelto a imponer. Miles de desempleados o empleados de medio tiempo acuden a unos lugares irónicamente llamados clubes donde cambian algún artículo por comida o por ropa. Numerosos profesionales, con unos cuantos cachivaches en la mano, intentan venderlos de casa en casa. Son muy amargas las privaciones que se les han impuesto a los argentinos. Tan grande como su amargura es su ira. Ya no hay día en que las ciudades y las carreteras no se vean conmocionadas por los miles de enfurecidos obreros, empleados públicos, mujeres, campesinos y desempleados o piqueteros. A medida que crece el descontento, se hace patente que los argentinos van a conformar uno de los más bravíos destacamentos de la gesta latinoamericana contra el dominio gringo.

Crisis cafetera: PRESIDENTE PASTRANA LANZA CORTINA DE HUMO

Es el gobierno el que tiene la principal responsabilidad por los errores cometidos en la orientación de la caficultura nacional

Por la gran importancia que tiene para la comprensión de los principales problemas de la crisis cafetera, publicamos completo el comunicado de Unidad Cafetera Nacional, en referencia a la carta que el presidente de la República les enviara a los directivos de la Federación Nacional de Cafeteros, acusándolos de ser los culpables de los problemas actuales de la caficultura colombiana

Como es sabido, Unidad Cafetera Nacional ha tenido no pocas diferencias con la Federación de Cafeteros, principalmente en lo que deben ser las relaciones entre los gremios de productores y los gobiernos nacionales. De ahí que les corresponda a los dirigentes de la Federación responder como les parezca a la carta de críticas que les envió el presidente de la República sobre su papel en la definición de la política cafetera colombiana.

Pero también es claro que el gobierno tiene la principal responsabilidad en los errores cometidos en la orientación de la caficultura nacional. Y la tiene porque quienes dicen la última palabra en las decisiones del Comité Nacional de Cafeteros son el ministro de Hacienda y el propio presidente de la República. En efecto, el Artículo 13 de los estatutos de la Federación de Cafeteros señala: “El ministro de Hacienda y Crédito Público tendrá tantos votos cuantos sean necesarios para equilibrar el poder de voto entre el gobierno y los representantes cafeteros. Cuando ocurran empates al votarse una medida, los dirimirá el señor presidente de la República”.

Y es fácil poner ejemplos de posiciones recientes del Comité Nacional de Cafeteros en las que se ha perjudicado a los caficultores, bien sea por acción o por omisión. A diferencia de lo que ocurrió con las corporaciones de ahorro y vivienda, salvadas con recursos del Estado y en favor de sus propietarios, el gobierno rescató al Bancafé pero se quedó con todas sus acciones y, además, en el proceso de apropiárselo, le impuso al Fondo Nacional del Café botar en ese banco 300 mil millones de pesos del dinero del precio interno del grano. También es sabido que esta administración no ha hecho nada por modificar la Ley 9 de 1991, la cual grava con un impuesto discriminatorio de cien mil millones de pesos anuales a los cafeteros colombianos.

Tampoco puede el gobierno cerrar los ojos ante las consecuencias del rompimiento del Pacto Internacional del Café, la indudable base de la crisis de la caficultura nacional, porque el presidente de la República es, según la Constitución, el “encargado de dirigir las relaciones internacionales”. Cómo se nota su silencio frente a las maniobras de Estados Unidos y de los otros países desarrollados para generar superproducción cafetera en el mundo y envilecer el precio internacional.

En la carta hay otros dos aspectos que tampoco pueden dejarse pasar. En ella es notorio el malestar del presidente porque se le estén pidiendo “cuantiosas inversiones” del gobierno para atender la crisis de los caficultores, como si se preparara el terreno para negar dicha solicitud. Y allí se pone en duda que las “instituciones cafeteras” sean “instrumentos válidos” en este momento, con lo que podría estarse preparando su desmonte, lo que significaría un verdadero puntillazo a la caficultura nacional, porque se eliminaría el precio de sustentación del café y se les acabaría de entregar la totalidad del comercio interno y externo del grano a las mismas trasnacionales que tienen postradas las cotizaciones internacionales.

Que el gobierno no tire cortinas de humo para velar las causas de la crisis, para no dar los recursos necesarios que permitan elevar de manera inmediata el precio interno del café y condonar las deudas impagables de los productores, para terminar atentando contra la estabilidad de las instituciones cafeteras y para permanecer indiferente ante las bajas cotizaciones en el mercado mundial. Hoy más que nunca se requiere de la unidad de los productores en la exigencia de que el Estado no puede abandonarlos a su suerte.

TRANSMILENIO, MONOPOLIO PRIVADO QUE CONTROLARÁ TRANSPORTE DE LA CAPITAL

Por Francisco Cabrera

Hay algunos planteamientos que a fuerza de ser repetidos terminan siendo aceptados como verdades por el común de la gente, así los hechos presenten abrumadoras evidencias en su contra. Es el avasallamiento ideológico de los opresores sobre los oprimidos, para lo cual los primeros tienen en los medios masivos de comunicación una herramienta inmensamente poderosa. Uno de esos planteamientos al que recurren los tecnócratas neoliberales es que el Estado no debe intervenir en la economía, así en la práctica suceda todo lo contrario. Otro, tan viejo como la explotación misma, es presentar los intereses de los monopolios como si fuesen los de toda la sociedad. El caso de Transmilenio nos muestra la mano visible del Estado en la economía para poner al servicio del gran capital los recursos de toda la sociedad.

Transmilenio se creó mediante Acuerdo 04 de 1999, que dio autorización a la administración para constituir una sociedad anónima de carácter comercial con aportes de entidades públicas distritales. El papel de esa empresa era planear, organizar y gestionar un sistema de transporte masivo; establecer las condiciones para la selección de los operadores, concesionarios y contratistas; asignar a las empresas operadoras los servicios, frecuencias y horarios; controlar los recorridos mediante monitoreo satelital y suministrar al pagador la información para liquidar los recursos y repartirlos entre las diferentes empresas del sistema. El Distrito le asignó al IDU la administración de la malla vial, es decir, su construcción por etapas hasta cubrir todas las vías arterias de la ciudad, los 388 km de troncales y su mantenimiento a largo plazo.

A los consorcios Sistema Integrado de Transporte, SI-99 S.A., Consorcio Internacional de Transporte Masivo, Metrobus y Express del Futuro se les entregaron en concesión las troncales; a Sidauto S.A., Codatermil y Consorcio Uribe Uribe, se les dieron las rutas alimentadoras; y el sistema de recaudo fue asignado a Angelcom S.A. El gobierno impuso condiciones de entrada al negocio, exigiendo grandes capitales, condiciones que los inversionistas nacionales sólo podían cumplir asociándose con capital extranjero, como en efecto sucedió. La administración y el reparto de las utilidades del negocio se contrató mediante fiducia con la firma Lloyds Trust.

Se calcula que el costo total de la infraestructura (troncales, estaciones, patios y garajes), sumando las diferentes etapas que culminan en el año 2016, será de 1.970 millones de dólares, de los cuales 1.296 millones serán aportados por la nación y los restantes 674 millones por el Distrito; estos últimos recursos saldrán principalmente de la sobretasa a la gasolina.

La inversión de los concesionarios privados se calcula en 974 millones de dólares, de los cuales 900 millones corresponden a la compra de los 4.475 buses articulados que deben entrar en operación, y los otros 74 millones al costo de los equipos de recaudo. Según las proyecciones de Planeación Nacional, será tal la rentabilidad del negocio que “la relación beneficio-costo muestra cómo para un periodo de evaluación de 15 años los beneficios generados por TransMilenio serán prácticamente el doble de sus costos”

La conclusión es clara: el papel del Estado es canalizar una enorme cantidad de recursos de los presupuestos nacional y distrital para ponerlos al servicio de un fabuloso negocio para beneficio de unos cuantos inversionistas privados que controlarán monopólicamente el transporte en la capital del país.

Mientras tanto, miles de pequeños y medianos transportadores están siendo aplastados por un alud de disposiciones coercitivas, y sin contemplación alguna el alcalde Mockus les niega la posibilidad de trabajo y no les brinda alternativa, razón por la cual se preparan para otra gran lucha en defensa de sus derechos.

Garras de oro: VALIOSA RECUPERACIÓN CINEMATOGRÁFICA

Por Guillermo Alberto Arévalo

Desde el pasado 12 de septiembre, y hasta comienzos de octubre, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y la Cinemateca Distrital llevaron a cabo la Primera muestra del cine mudo colombiano, con cintas producidas entre 1924 y 1926. Las copias, prolijamente restauradas y rescatadas de lugares inverosímiles, tales como cabinas de proyección enmohecidas, se presentaron de manera profesional y digna.

Descuella la película titulada Garras de oro, atribuida a P. P. Jambrina, de quien no existen mayores datos. Se trata, posiblemente, de un seudónimo; pues la obra se refiere al rapto de Panamá por parte de Estados Unidos, al que se menciona como “yanquilandia”.

Se ha descubierto, según lo relató El Tiempo, en los archivos de la Biblioteca del Congreso, en Washington, que las autoridades gringas enviaron comunicados a todas sus embajadas en América Latina, solicitando que por todos los medios se evitara en los diferentes países la proyección de la película. Y con razón; pues el primer recuadro subtitulado del filme dice: “Cine-novela para defender del olvido un precioso episodio de la historia contemporánea, que hubo la fortuna de ser piedra inicial contra uno que despedazó nuestro escudo y abatió nuestras águilas”.

Dice la revista Semana que “la bandera de Colombia ondeando altiva es la primera imagen pintada a mano en una cinta colombiana”. Y agrega que se trata de la película más censurada en la historia del cine del país.

La película, además, caricaturizaba a Teodoro Roosevelt y mostraba las garras del Tío Sam usurpando el Canal de Panamá sobre un mapa.

Bienvenido este rescate, que demuestra que el arte colombiano tiene raíces antiimperialistas, y pone de presente el patriotismo de nuestro pueblo y de nuestros creadores desde los mismos orígenes de las agresiones de Estados Unidos contra Colombia.

Declaración del MOIR: ANTE LA “GUERRA CONTRA EL TERRORISMO” DESATADA POR ESTADOS UNIDOS

Para el imperialismo las guerras son un importante y necesario factor de su poderío, pues con ellas fortalece su hegemonía y, además, retroalimenta su aparato económico. De allí que no sea extraño que Estados Unidos esté permanentemente inmerso en guerras -declaradas o no, de baja o alta intensidad, regionales o mundiales- y que, por ende, esté sometido a la fatalidad de no poder adoptar actitudes pacíficas auténticas y duraderas. Con posterioridad a la segunda conflagración mundial, y aun dentro del contexto de la guerra fría, nunca cesó sus preparativos bélicos y todos sus presidentes emprendieron guerras regionales. En un esfuerzo por enmascarar su conducta agresiva, siempre enarboló banderas de “defensa de la libertad, la democracia y la civilización”.

Estados Unidos fue asentando su superioridad a medida que declinaba el social-imperialismo soviético y cuando finalmente éste se desplomó, se revelaron con tétrico esplendor las formas definidas de su hegemonía. Para consolidarla, los sucesivos gobiernos norteamericanos ya se habían apresurado a emprender, con el mote de globalización, una recolonización del planeta, imponiendo por doquier criterios neoliberales de apertura económica que le facilitan la toma de los mercados de otras naciones, la expoliación de los recursos naturales, la inversión segura y rentable de sus capitales y el estrujamiento de la fuerza de trabajo nativa.

Semejante designio impelió a Estados Unidos a intensificar sus políticas de quebrantamiento de la soberanía de las naciones. Sin renunciar a las tradicionales intervenciones abiertas, recurrió a otras más refinadas escudándose en pretendidas batallas contra males que se incuban en el propio sistema económico y político que hace prevalecer. Contando para esas estratagemas con el colaboracionismo que le brindan no pocos jefes de Estado, como Pastrana, o aprovechando la pusilanimidad que ante ellas exhiben otros, Washington prescribe a voluntad sobre el manejo presupuestal, las disposiciones monetarias y comerciales, el marco para la inversión de capitales y los regímenes salarial y pensional, y le fija parámetros a la legislación y a la política estatal en asuntos claves, entre otros los que atañen a justicia, seguridad, fuerzas militares, salud, educación, cultura y orden interno. Cuando encuentra en gobiernos que aún conservan alguna raigambre nacional oposición en diversos grados a tales imposiciones, o se topa con la resistencia de sectores patrióticos de la población, entonces recurre, según el caso, a presiones y chantajes, represalias comerciales, bloqueos, conspiraciones o a la intervención militar directa. Ningún país del mundo escapa a sus tropelías.

Proporcional a la escala que alcance la implantación de la nueva política colonial, es el desastre económico y social que se produce. Son millares de millones los seres en el mundo arrojados a niveles de pobreza y miseria insoportables. A los trabajadores se les exprime al máximo y se les niegan sus reivindicaciones o se les arrebatan las que han conquistado; a las mayorías se las priva de elementales derechos democráticos, y los productores nacionales son llevados a la ruina. Sectores enteros de la población son sometidos a la exclusión o, si resisten, a la represión violenta. En los países del Tercer Mundo, solo un puñado de magnates ligados al capital financiero internacional le sacan tajada a la expoliación generalizada, aunque cada vez son más los casos en que algunos de ellos también caen víctimas de sus zarpazos.

En muchas regiones Estados Unidos persigue su cometido hegemónico apelando a la división y desmembración de los países, armando y lanzando a que se enfrenten entre sí naciones o sectores de sus poblaciones; exacerbando contradicciones étnicas o religiosas; atropellando sin miramientos costumbres y culturas ancestrales; emprendiendo campañas intervencionistas con la excusa de combatir delitos como el narcotráfico, el lavado de dineros, la corrupción y la violación de los “derechos humanos”; y, en fin, hasta asolando con sus bombardeos las instalaciones y la población civil de naciones que por una u otra razón no se someten a sus dictados.

En medio de esta situación, y cuando con soberbia infinita el gobierno de Bush le daba rienda suelta a la codicia connatural a su política de dominación, los Estados Unidos recibieron el pasado 11 de septiembre el azote de un atentado destructor y mortífero, perpetrado contra dos símbolos de su poderío: las torres gemelas situadas en la zona de Manhattan, Nueva York, en cuyos recintos se concentraban la administración y las transacciones de buena parte del capital financiero mundial, y las instalaciones del Pentágono, centro de operaciones del alto mando militar norteamericano. Peor que la devastación material fue el hecho de que el atentado aniquilara a miles de personas indefensas e inocentes.

La atrocidad cometida dejó al desnudo la debilidad y las fallas de los sistemas de seguridad nacional a cargo de los organismos militares, policiacos y de inteligencia. Una presunta invulnerabilidad de la nación norteamericana había sido motivo de vanagloria para sus gobernantes, no obstante que anteriores acciones terroristas, como las bombas en la base de las mismas encumbradas torres y las de la ciudad de Oklahoma, además de los atentados, fallidos o no, contra sus presidentes, ya habían puesto en evidencia sus falencias ante ataques de la misma naturaleza. Ni que decir tiene que esa impotencia es aún más protuberante en los dominios que ha instaurado en todos los confines del mundo, como lo demuestran los varios ataques que han sufrido en ultramar algunos de sus dispositivos y sedes diplomáticas.

2

El terrorismo se incuba frecuentemente en sociedades y comunidades sometidas al apabullamiento económico, político, cultural y religioso. En su forma más nuda, esa práctica corresponde a respuestas viscerales por parte de personas o agrupaciones que tratan de sacudirse condiciones sociales exasperantes impuestas por el imperialismo y gobiernos nacionales reaccionarios. Se dirige hacia objetivos y personas que de alguna manera representan o simbolizan esa opresión, no hacia sus causas; de allí que nunca produzca cambios cualitativos en las condiciones que justamente se rechazan. Hoy, estamos en un mundo donde más de tres mil millones de seres superviven con menos de tres mil pesos diarios; donde la mayoría de la población carece de elementales derechos democráticos y donde el poder y la riqueza se concentran en capas cada vez más reducidas, dando lugar a desigualdades sin precedentes; un mundo donde la intolerancia racial, cultural y religiosa se mantiene o es francamente promovida con fines económicos por los poderes imperantes a nivel mundial o nacional; en donde la lucha por la soberanía económica y política de las naciones se la intenta cortar en flor recurriendo a todas las gamas del intervencionismo; en tal mundo, donde en los últimos lustros la política de globalización que lidera Estados Unidos amplía, refina e intensifica estos fenómenos abominables que abruman a la mayoría de la humanidad ¿es extraño acaso que se generen desesperadas arremetidas terroristas?

Ese terrorismo, como modalidad de operación revestida de motivaciones religiosas o étnicas, o como método de lucha, tiene consecuencias indefectiblemente nefastas para los principales y auténticos intereses de la sociedad en su conjunto. Al reemplazar la voluntad y la acción colectivas y al acudir a procedimientos bárbaros, los terroristas entran en contradicción con las masas, por lo que éstas, abominando sus métodos, terminan rechazándolos.

En el terreno político, el terrorismo, más que una táctica equivocada, es la negación de toda táctica. Aunque, al desconocer o despreciar la correlación de fuerzas con el enemigo que enfrenta, quienes lo practican comparten la irracionalidad presente en todas las otras manifestaciones de terrorismo, aquí lo que prima la mayoría de las veces no es el candor sino un franco y dañino oportunismo.

La clase obrera tiene suficientes razones éticas y políticas propias para oponerse y condenar las acciones terroristas. Víctima de las agobiantes formas de la opresión moderna, no se deja alienar por ellas y, consciente de ser la sal de la tierra, atesora justeza y espíritu democráticos que la alejan de los métodos del imperialismo y de las minorías dominantes. Por su misma experiencia sabe que estos le sirven a un terror mayor: el desastre económico y social, y conoce su incidencia contraproducente para el inexorable desarrollo de su lucha de clases, sobre todo la que actualmente se presenta en el campo internacional contra el imperialismo. El combate por causas antagónicas -opresión y revolución- entre protagonistas antagónicos -el imperialismo y los pueblos- se libra con métodos opuestos. Genocidios y asesinatos, destrucción de bienes y atentados de tipo fascista contra las libertades, derechos e integridad de los ciudadanos, métodos aplicados a diario y de manera sistemática por las fuerzas del imperialismo y las clases opresoras para imponer la subyugación y la dictadura, son de naturaleza contraria a los métodos necesarios para liberarse de ellas.

Infaliblemente, el imperialismo aprovecha las demasías del terrorismo para desacreditar la rebeldía y para autoconcederse licencias en el desencadenamiento de la represión en mayor escala. Peor aún, extiende su blanco de ataque hacia las organizaciones patrióticas y revolucionarias, así como a naciones enteras, enmascarando con argumentos antiterroristas su tendencia constante hacia la reacción, el racismo y la discriminación cultural y religiosa.

En razón de las anteriores consideraciones, y ante hechos como los atentados en Nueva York y Washington, existen diferencias abismales entre el rechazo al terrorismo que proclama el gobierno norteamericano y el rechazo que expresan las gentes progresistas, democráticas y revolucionarias. Unirse hoy a Bush en la condena al terrorismo, equivale a avalar la política que viene poniendo en curso y el incremento e intensificación que se ha apresurado a imprimirle a raíz de los recientes hechos. Ni siquiera las condolencias por las víctimas inocentes tienen naturaleza similar: Washington llora más por lo expuestas que quedaron las falencias de su poderío y por la pérdida de una porción ínfima de sus capitales, que por las personas fallecidas, mientras que los pueblos deploran en primer lugar la pérdida de vidas, sabiendo que se suma a la de los millones de seres que durante más de un siglo han sido objeto de la opresión y carnicería imperialistas en todas las latitudes de la tierra, seres no menos preciosos ni menos inocentes.

3

Desde sus inicios, la administración Bush venía perfilando gradual y firmemente una política unilateral para infringir acuerdos internacionales y oponerse a iniciativas de nuevos convenios entre las naciones. Despreció el vigente Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares, al empeñarse en el desarrollo de su plan de Defensa Nacional contra Misiles (NMD); se opuso a los acuerdos que prohibían desarrollar armas químicas y bacteriológicas así como la fabricación y comercio de armas cortas; rechazó el Protocolo de Kioto sobre el medio ambiente; se negó a ratificar el Tratado de Derechos del Niño; boicoteó los esfuerzos de la OCDE para controlar los paraísos fiscales de ultramar y socavó la reciente Conferencia Internacional contra el Racismo. Dejando así en claro que iba a actuar de manera unilateral en el fortalecimiento de su hegemonía mundial, procedió simultáneamente a aumentar el presupuesto militar de defensa, calculado en 320 mil millones de dólares, pretextando eventuales ataques de naciones como Corea del Norte, Afganistán e Irak, a las que calificó de “Estados rufianes”, o de China, considerada “adversario estratégico”.

Para justificar sus planes militares y el voluminoso gasto que demandaban, el actual secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, venía arguyendo incluso desde antes de posesionarse la “creciente vulnerabilidad” de Estados Unidos y el peligro en aumento proveniente de “gente como Osama Ben Laden”, mientras el director de la CIA, George Tenet, había testimoniado siete meses atrás que Ben Laden y su organización eran “la más seria e inmediata amenaza terrorista contra Norteamérica”. Semejantes señalamientos correspondían al afán por configurar y hacer creíble una “amenaza estratégica” que, agotada la que había constituido el socialimperialismo soviético, fundamentara la necesidad de los ambiciosos y costosos planes militares. Premura comprensible si se tiene en cuenta que estos planes cumplen múltiples propósitos: aprovechamiento de su gran desarrollo tecnológico, incremento de la precisión y capacidad destructiva de los dispositivos bélicos, impulso a la recuperación de la economía, y enormes ganancias para las empresas involucradas en la industria militar.

La nueva ofensiva imperialista, con énfasis en el desarrollo del poderío armado y escudada en la guerra contra el terrorismo, estaba no sólo enunciada sino que los preparativos para emprenderla se habían puesto en marcha desde mucho tiempo. Es sintomático que los cargos claves en el gobierno de Bush sean ocupados por gente civil o militar versada en estrategia militar, todos con experiencia en cuestiones de defensa o inteligencia: Cheney, Powell, Rumsfeld, Wolfowitz, Armitage, Kelly, Libby y Negroponte.

Además de estar destinados directamente a la consolidación violenta de su hegemonía, los planes militares constituyen un aspecto indispensable de la respuesta a las enormes dificultades que atraviesa la economía norteamericana. Quince meses de reducción de su actividad económica, hasta caer en la franca recesión de hoy, es un hecho que viene produciendo estragos en la política de globalización, esa clave de la bonanza que durante hace más de una década ha disfrutado Estados Unidos. Conocedores de su gravedad para la política imperial, los círculos dominantes en Washington y Wall Street han intentado disimular el fenómeno recesivo para “no poner nerviosos” a los inversionistas financieros y evitar la “pérdida de confianza” que frenaría el ritmo de consumo interno, factor éste que hasta hace unas semanas había amortiguado una mayor caída de la economía. Entre el surtido de medidas a las cuales se ha apelado infructuosamente tratando de impedir el declive, se destaca la ineficacia cada vez mayor de las recurrentes rebajas en las tasas de interés impuestas por la Reserva Federal.

Estados Unidos experimentaba antes de septiembre una situación de incertidumbre que empeoraba persistentemente debido a las convulsiones en la economía mundial; la proliferación de protestas contra el neoliberalismo; las contradicciones con el resto de naciones, incluidas las protuberantes con Europa, Japón, China y Rusia; la represión a la resistencia de los pueblos contra los efectos de la globalización y el quebrantamiento de su autodeterminación, como es el caso de la población palestina; la repulsión al asentamiento de sus avanzadas militares en puntos económica y políticamente estratégicos del planeta. Y entonces vino el tremendo golpe en Nueva York y Washington.

Cuando el equipo de gobierno logró reponerse del susto que le causó la mortífera eficacia y la magnitud de los impactos terroristas, las deliberaciones de los organismos gubernamentales se dedicaron a la adopción de medidas de reacción inmediata ante la conmoción material y social producida, e iniciaron el diseño y ejecución de respuestas que encabaran tanto con una intensificación general de la política nacional e internacional en curso como con los proyectos estratégicos a más largo plazo que se tenían en remojo. Por sus resultados, es razonable deducir que los más concienzudos análisis en esas sesiones estuvieron dirigidos a refinar y darle mayor intensidad a la política de dominación.

4

Al igual que en todo tiempo de crisis, las determinaciones tomadas en Washington durante las últimas semanas, así como la sarta de argumentos y declaraciones que las precedieron, revelan de manera nítida la catadura de los dirigentes y los diversos rasgos y objetivos de la política imperialista. Sin duda los pueblos los examinarán cabalmente y avistarán sus contras.

La primera reacción del gobierno norteamericano fue ponerse en estado de guerra. Sin poder determinar el enemigo, optó por declarársela al terrorismo en general, acusando por parejo a los terroristas y a los Estados que los alberguen. Como aun así no salía de lo abstracto en algo tan concreto como una guerra, procedió a buscar la identificación de los blancos de ataque y poco a poco fue configurando como sospechoso a Osama Ben Laden, aduciendo tan solo que éste había manifestado hostilidad hacia Estados Unidos y su política norteamericana en el Medio Oriente, y que ya antes lo había declarado posible culpable de otros atentados. Como “estaba por debajo de la dignidad de Estados Unidos declarar la guerra contra el señor Ben Laden”, dirigió sus acusaciones contra una nación y su gobierno: Afganistán y el régimen talibán. Sin una sola prueba de estas sindicaciones y, por tanto, sin ninguna razón legítima, el gobierno que encabeza Bush desata la retaliación contra un Estado soberano, la nación afgana. El ataque, que considera como el primer acto de futuras acciones a emprender contra otras organizaciones y naciones, luego de estigmatizarlas con el mismo rasero arbitrario e ilegítimo, mostrará a los ojos de todo el mundo la naturaleza de la “civilización” que proclamó atacada el 11 de septiembre, la misma que preside la recolonización que lleva a cabo.

Como el contenido de esa “civilización” no puede menos que reflejarse en los conceptos de los líderes políticos norteamericanos, el mero enunciado de algunos de ellos permite una comprensión de lo que defiende el gobierno de Bush: “(a Ben Laden) lo quiero vivo o muerto”. “Sabemos que Dios no es neutral”. “Exterminar a los Estados que patrocinan el terrorismo”. “Es necesario desechar a quienes hacen encuestas”. “Hay que tener en la nómina (de los servicios secretos y policiales) a personajes muy ofensivos moralmente, repugnantes, perversos”. “Es preciso revisar la disposición que les prohíbe a los agentes secretos asesinar”. “La ley internacional no existe”. “Vamos a utilizar cualquier arma de guerra que sea necesaria”.

Para la preparación y despliegue de su “guerra contra el terrorismo”, el gobierno norteamericano se esmeró por formar una coalición de países a partir del criterio maniqueo de que se está con los Estados Unidos o se está con el terrorismo; recurriendo a este expediente para obtener apoyo y legitimidad internacional, suprimir la oposición o reticencia a su proceder belicoso y relegar las múltiples contradicciones que tiene con otras naciones.

Muchos gobernantes, por pusilanimidad u oportunismo, han aceptado el llamamiento norteamericano, auténtico ucase, cayendo así en un ordinario colaboracionismo. La gama de actitudes contrarias a los intereses nacionales de sus respectivos países es amplia: el primer ministro de Gran Bretaña e ideólogo socialdemócrata, Tony Blair, que semeja un redivivo e histérico colonizador vociferando desde las sombras del fenecido imperio británico, pedía no detenerse en tecnicismos o cuestiones legales para ir a la guerra; el ministro de Finanzas paquistaní abogaba por la entrega de su país a los propósitos de Washington, a cambio de beneficios económicos, como “mejor acceso a los mercados, mejor tratamiento en la reestructuración de la deuda y más dinero”; de la Rúa, otro gobernante socialdemócrata, se derretía en solidaridades con la política norteamericana en las que se asomaba una barata súplica por las onerosas ayudas monetarias para las derrumbadas finanzas argentinas, y el ruso Putin prometía facilidades para el ataque estadounidense contra Afganistán, en contraprestación a que le dejaran las manos libres para someter la resistencia en Chechenia e iniciar la reconquista de la región del Asia Central, tan rica en petróleo y otros recursos naturales. En contraste, aunque parezca insólito, el Papa en su visita a uno de los países llamados a verse envueltos en el conflicto que preparan en esa región los gobiernos de Washington y Moscú, hizo una exhortación que constituye un repudio al tono y actitud medrosos que han adoptado no pocos jefes de Estado al escuchar los tambores de guerra: “Kazajstan, tierra de mártires y de creyentes, tierra de desterrados y de héroes, tierra de intelectuales y de artistas, ¡no temas!”.

Aprovechando las repercusiones de los ataques a las torres gemelas y al Pentágono, el gobierno norteamericano se propone frenar la caída de la economía. A contrapelo de su acendrada fe en los dogmas neoliberales, sacó de las arcas estatales cuantiosas sumas y las insufló en la corriente monetaria mediante las medidas destinadas a cubrir los costos de la reconstrucción en Nueva York, financiar la cruzada bélica emprendida, sufragar el gasto implicado en las medidas de seguridad interna que está implementando, y subsidiar las principales compañías aéreas. En aras de enfrentar la emergencia, se pusieron a disposición de las grandes entidades bancarias miles de millones de dólares para garantizar la suficiente liquidez monetaria, mientras sigue rondando la posibilidad de que se reduzcan los impuestos a las ganancias de capital o de las corporaciones, lo que arrojaría pingües beneficios a las grandes empresas, pues como dice Paul Krugman, economista libre de toda sospecha anti-neoliberal, “proporcionaría beneficios principalmente a las familias más pudientes”, a la “minúscula, acaudalada, minoría”.

Pero nada de esto bastará para darle vuelta a la recesión. De allí que las esperanzas estén cifradas en la escalada de las operaciones militares, pues el quid de la “guerra contra el terrorismo” radica en que constituye un poderoso factor de reactivación económica. Cuestión que corrobora, casi como agradeciendo que se hubiese dado el calamitoso golpe terrorista, el ex secretario del Tesoro, Robert Rubin, al afirmar: “La catástrofe también agregará incentivos a la economía en la forma de sustancial gasto nuevo por parte del gobierno federal para seguridad, defensa y reconstrucción… creo que lo que suceda nacional e internacionalmente al combatir el terrorismo tendrá una mayor repercusión en nuestra economía que todo lo que hagamos ahora en el terreno económico”.

Y, obviamente, a esto se sumarán los esfuerzos para que la globalización no pierda dinámica, los cuales estarán enmarcados en los criterios expuestos por Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal: “Como una consecuencia del apoyo espontáneo y casi universal que hemos recibido proveniente de todo el mundo, un acuerdo sobre una nueva ronda de negociaciones multilaterales de comercio parece ahora más probable. Tal desenlace conduciría a un vigoroso sistema de mercado global. Una ronda exitosa no solo incrementaría significativamente el crecimiento económico mundial sino que respondería asimismo al terrorismo con una firme reafirmación de nuestro compromiso con sociedades abiertas y libres”. También, en lo que se considera una jugada dentro del esquema “comercio contra terror”, funcionarios del gobierno están presionando con afán la aprobación en el Congreso de facultades especiales a Bush para negociar el acuerdo sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La concesión de tales facultades está siendo presentada como un acto de patriotismo.

Todo esto evidencia la estrecha ligazón entre la actual campaña bélica antiterrorista y la afanosa búsqueda tanto de remedios para el desfallecimiento de la economía norteamericana como de nuevos impulsos a la globalización. Correspondientemente, la resistencia a las guerras del imperialismo y la resistencia a las políticas de globalización se amalgamarán abriendo un período de portentosas luchas de masas.

La cacareada “primera guerra del siglo XXI” no es sino la intensificación de los esfuerzos de Estados Unidos por conservar su hegemonía. Se entiende así porqué los más altos funcionarios de Washington han puesto énfasis en que esta será una guerra de larga duración, que no se reducirá a una sola operación bélica y que se librará en todos los frentes: militar, económico, político, financiero, diplomático y de inteligencia, es decir, los mismos que usualmente atiende Estados Unidos, acosado en su condición de potencia imperialista. Es claro que la caracterización del golpe terrorista como un acto perpetrado contra la civilización, la democracia y la libertad, sirve al propósito de conformar una gran coalición internacional liderada por su víctima y convertir las condolencias y el apoyo que ofrecieron los gobiernos de casi todos los países en un beneplácito a las acciones que emprenda el gobierno norteamericano. Como tras estas pretensiones se esconde un redoblado esfuerzo por consolidar su supremacía, no tardará en revelarse la tendencia hacia el progresivo avivamiento de las contradicciones que tiene Estados Unidos con el resto de naciones.

Obligado a tener en cuenta las justas preocupaciones de su población respecto a los riesgos puestos de presente por los atentados y a tomar medidas adecuadas para garantizar la tranquilidad social, el gobierno norteamericano aprovechó la ocasión para obtener un rotundo respaldo interno a su política de guerra y, en aras de ella, contar con carta blanca para suprimir o menoscabar preciadas reivindicaciones democráticas estipuladas en la Ley de Derechos Civiles. Para ello, siguiendo una pauta común a todo imperialismo, procedió a despertar un nacionalismo a ultranza y a exacerbar el racismo. Promovió un mefítico ambiente de fanatismo pro gubernamental y se esforzó por convencer a la gente de “callarse y tener paciencia” a fin de silenciar las eventuales críticas a medidas propias de los regímenes fascistas: interceptación de llamadas telefónicas y del correo electrónico, detenciones arbitrarias, campañas de “cacería de brujas”, restricciones a la libre movilización, presiones soterradas contra la libertad de expresión, etc. Mientras tanto, se apresuró a preparar proyectos para hacer aprobar del Congreso leyes que impongan nuevas restricciones a las libertades ciudadanas.

En medio de las actuales tensiones internas -originadas en la creciente concentración de la riqueza, la asfixiante explotación del trabajo, el aumento del desempleo, y la discriminación racial y cultural- el régimen policivo que implanta la administración Bush mientras promueve con ahínco la proliferación de desapacibles posturas chovinistas, terminará por despertar al pueblo norteamericano hacia nuevas batallas por sus derechos y libertades.

***********************

Como le ocurre a todo imperio, la ampliación de sus campañas de conquista en regiones cada vez más alejadas de su centro de poder lo somete a compromisos día a día más complejos. Al dispersar en mayor grado sus fuerzas, y extender sus tentáculos, llega un momento en que se vuelve altamente vulnerable, lo que le exige multiplicar su agresividad. Tal parece ser el significado que deja traslucir Rumsfeld al situar las operaciones bélicas que ahora emprende Estados Unidos en el contexto de que “la mejor defensa es el ataque”.

Los pueblos no le temen a que los jefes del imperialismo se pongan furiosos, que se dispongan para las guerras, o que las desaten. No las quieren, pero no se encogen ante ellas, como lo demostraron los pueblos de Corea, Cuba y Vietnam al enfrentar las que lanzó Estados Unidos en las últimas décadas, y como lo demostró el de Afganistán ante la embestida del socialimperialismo soviético.

Frente al intervencionismo generalizado al que se abalanza hoy el gobierno norteamericano de Bush con el pretexto del combate al terrorismo, las masas de cada nación acendrarán la vigilancia de su soberanía y se dispondrán para una resistencia igualmente generalizada. En Colombia y dentro de esta causa, el MOIR cumplirá con su deber de ser aguzado vigía y esforzado combatiente.

Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario (MOIR)

Comité Ejecutivo Central
Héctor Valencia, Secretario General
Bogotá, octubre 4 de 2001

LA MÁXIMA DISTINCIÓN QUE CONFIERE LA UNIVERSIDAD NACIONAL LE FUE OTORGADA A JORGE ENRIQUE ROBLEDO

Palabras de Jorge E. Robledo al recibir la Orden Gerardo Molina, máxima distinción que otorga la Universidad Nacional. El acto se celebró en el Auditorio León de Greiff, de Bogotá, el 21 de septiembre de 2001.

Una buena tarde me llamó el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor Manuel Moncayo, a contarme que el Consejo Superior me había otorgado la Orden Gerardo Molina, en reconocimiento a mis labores académicas. Pero también me explicó que en la decisión contó mi vinculación a la luchas sociales del país, y particularmente a las del café y el agro, pues este aspecto coincidía con el espíritu de dicha Orden, creada en homenaje a quien, como el académico Gerardo Molina, no dejó de fijar posición sobre las contradicciones generales de la sociedad de su tiempo. Antes de despedirse, el doctor Moncayo en algo me amargó ese momento: “Profesor —me dijo— a usted le corresponde decir unas palabras en el acto en el que también se les entregarán otras distinciones a otros profesores de la Universidad”.

Para empezar a cumplir con la tarea encomendada, señalo que en mi caso la Orden Gerardo Molina es, ante todo, un reconocimiento a la propia Universidad Nacional, como institución. Primero, porque a lo largo de más de 25 años he disfrutado del ambiente democrático y de la libertad de cátedra e investigación que caracterizan a las auténticas instituciones educativas, dado que la ciencia y el conocimiento no pueden desarrollarse donde los profesores y los estudiantes son sometidos a cualquier forma de pensamiento oficial. Y, segundo, porque valorar mis actividades sociales y políticas resalta la importancia de convertir el estudio en un instrumento de transformación social, y más cuando la globalización neoliberal apunta contra los más elementales derechos de casi todas las personas y naciones, incluido el que quiero resaltar en este acto: que en el progreso científico y tecnológico podamos aportar todos los pueblos del mundo y no, como se pretende, someterlo al monopolio de unos pocos.

Intentaré, por tanto, hacer evidente el vínculo indisoluble que ha existido, existe y existirá entre el progreso de la ciencia y el conocimiento, por un lado, y el de la sociedad en su conjunto, por el otro.

En estos días en los que tantas necedades se presentan como genialidades de los encargados de insuflar el totalitarismo del pensamiento único, la ideología neoliberal suele cubrirse con un ropaje seudocientífico. Con ese propósito sueltan boberías que suenan bien, pero sólo si se miran a la carrera, y que se diseñan con turbios propósitos. Veamos un ejemplo: que, ahora, afirman, “lo importante es el conocimiento”, lo que no les impide disminuir los aportes estatales para la educación pública y las instituciones encargadas de orientar y financiar la investigación. Si las cosas no van peor en las universidades oficiales es porque le temen a la airada reacción de profesores y estudiantes.

Si señalo que la afirmación de que, “ahora, lo importante es el conocimiento” constituye una necedad, es porque éste ha sido decisivo siempre, desde que los cerebros de nuestros primeros antepasados les ordenaron a sus manos que utilizaran y crearan los primeros instrumentos, acción que solo pudo desarrollarse con éxito en el momento en que tuvieron el conocimiento suficiente para comprender la naturaleza de la materia que se convertiría en instrumento y de la materia sobre la que éste se aplicaría en el trabajo. “La tecnología no es otra cosa que la expresión material del conocimiento”, explicó el peruano Luis Guillermo Lumbreras. La diferencia entre antes y hoy no consiste, entonces, en la importancia del conocimiento, sino en que su cantidad y calidad dependen cada vez más de factores que superan de lejos la simple capacidad del cerebro propia de la especie, porque la inteligencia sólo puede desarrollar todas sus potencialidades si se la respalda con mayores y mejores tecnologías.

El astrónomo egipcio pudo ampliar el conocimiento sobre el universo con escasísimos recursos, diferentes a los que su propia humanidad le brindaba. Con sus ojos y su cerebro, más el respaldo de una buena estera sobre la cual recostarse a mirar el cielo y una sociedad con el grado de organización suficiente para sostenerle los pequeños costos de su “ocio creador”, fue suficiente. Algo parecido ocurrió con muchos de los aportes de matemáticos, físicos y químicos. En esas calendas, el conocimiento se desarrolló casi que sólo a punta de cerebro. Hoy, en cambio, los astrónomos que apenas posean su vista para trabajar poco o nada que valga la pena verán en el firmamento. Este hecho no puede taparse con charlatanería.

Tan cruciales se volvieron unos instrumentos cada vez más poderosos en el desarrollo de la ciencias, que en los países capitalistas más desarrollados, el Estado —el superpoder económico por excelencia— ha debido asumir en lo fundamental su financiamiento, a la par que el pago de los muchos especialistas que se requieren. Y si eso es cierto en esas latitudes, qué decir en países como el nuestro, con una acumulación de la riqueza privada tan enclenque que es incapaz de financiar la más pequeña investigación digna de ese nombre.

Las otras diferencias entre antes y ahora residen en el tipo de instituciones que respaldan la creación y transmisión del conocimiento y en el número de personas involucradas en el asunto. Hasta el feudalismo bastaron los relativamente pequeños recursos de los mecenas y las comunidades religiosas y fue suficiente con que tuvieran acceso a las letras apenas unos cuantos escogidos. Pero con el capitalismo, por lo menos en los países en donde se ha buscado que este crezca de verdad, se convirtió en una necesidad del desarrollo económico y social alfabetizar a todo el mundo y convertir en especialistas de la enseñanza y la investigación a muchos. Si algo marcó la caducidad histórica del oscurantismo medieval fue su intento por mantener la sabiduría como el monopolio de unos pocos, seleccionándolos, para mayor limitación, por el supuesto color de su sangre o por su papel como ideólogos religiosos. Y para poder generalizar la educación y seleccionar entre todos los habitantes de las naciones a los más capaces de correr las fronteras de la ciencia y el conocimiento, a la par que garantizarles métodos científicos, la naciente burguesía definió, como una de sus políticas más progresistas, la educación universal, no confesional y gratuita, responsabilidad que le trasladó al Estado, el único capaz de pagarla. Si la educación de los pueblos se les deja a lo que puedan hacer la empresa privada y la capacidad de pago de los padres de los estudiantes, y más en países pobres como Colombia, pasará lo que a la vista tenemos: será tan mediocre como tan burdo es el truco mediante el cual, con la complicidad oficial, se convierte a cada garaje desocupado en una institución educativa.

Es difícil encontrar una política más regresiva que el conjunto de medidas neoliberales destinadas a privatizar la creación y transmisión del conocimiento en todos sus niveles, así tiendan cortinas de humo como la que espero haber despejado.

¿Pero cómo empata esto con las luchas sociales, y no sólo por la normal indignación que nos deben provocar a los demócratas el marginamiento, la pobreza y la miseria? El nivel de la ciencia y el conocimiento guardan una relación —tienen que guardarla— con el desarrollo de la producción industrial y agropecuaria, porque ésta es su base material y su primer objetivo, e incluso carece de sentido pugnar por los más altos desarrollos científicos si se decide que la industria y el agro van a mantenerse en el atraso. Además, de la riqueza que una nación sea capaz de crear dependerá que el Estado, e incluso el esfuerzo privado, tenga o no los recursos necesarios para poder llevar los avances científicos y la educación a su cúspide, a lo que hay que sumarle la voluntad política para conseguir tal propósito, el otro requisito indispensable. Para no dejar a las ciencias sociales y a las artes por fuera de este análisis, digamos que cualquier sociedad podrá tener los antropólogos, sociólogos, músicos y pintores que desee… pero siempre y cuando pueda pagárselos.

Y para estos efectos, las luchas sociales y políticas tienen como propósito definir cuáles son las orientaciones que deben establecerse para poder desarrollar ininterrumpidamente la industria y el agro y cuál debe ser el papel del Estado en el progreso material y cultural de la sociedad, asuntos que espero haber relacionado bien con las necesidades y posibilidades del aparato científico y educativo. El principal problema de Colombia es que, desde hace décadas, pero principalmente a partir de 1990, quienes la dirigen han impuesto concepciones que no pueden entrar en contradicción con las que les convienen a los negocios de los extranjeros con el país, a las que, como mucha gracia, les suman que éstos les permitan embolsillarse las sumas suficientes para que una minoría pueda comprar los bienes de consumo que la ciencia y el trabajo foráneo sí son capaces de generar.

Unas preguntas finales pueden ayudarme a ilustrar este análisis: si, como aspiran los neoliberales, Colombia debe resignarse a una economía y una sociedad de pacotilla, ¿para qué ciencia, educación y conocimientos que no sean de la misma mediocridad? Si el más ambicioso sueño de progreso material que nos quieren imponer es una industria maquiladora, la cual se limita a asumir las partes de los procesos de menor tecnología, ¿para qué científicos que les aporten a la alta química, física o electrónica? Si de lo que se trata es de mirarnos al ombligo, en medio de discursos de vacua universalidad, para qué poderosos instrumentos que nos permitan acercarnos a las estrellas o a las partículas más elementales? Si el país debe olvidarse del concepto de la seguridad alimentaria, porque los gringos han decidido producir nuestra dieta básica y especializarnos en cultivos tropicales, en los que la clave de la competitividad es la capacidad para aguantar hambre de los productores, ¿para qué meternos en eso de la genética de las plantas? Si el pensamiento sobre lo económico y lo social lo dictan los norteamericanos que dirigen el Fondo Monetario Internacional, ¿necesitarán nuestros especialistas en estos asuntos algo más que espinazos bien flexibles y parlar en inglés? Y más grave aún, si logran acostumbrar a los colombianos a pertenecer a una nación sin aspiraciones mayores, ¿qué sentido tiene la soberanía nacional?

La especialización es un imperativo del desarrollo científico, económico y social. Pero si ésta se convierte en un equivocado pretexto para que cada uno clave la cabeza en su plato, mientras permite que los neoliberales impongan sus paradigmas como los únicos de valor general, no solo dejaremos de ser sujetos de nuestra existencia y regresaremos a formas de relaciones entre los seres humanos y las naciones que hacen parte de la historia universal de la infamia. También seremos cada vez más excluidos de la creación y transmisión de la ciencia y el conocimiento y, a la larga, hasta facilitaremos que en estos asuntos los imperios profundicen su decadencia.

Pero no obstante las evidentes dificultades, soy optimista en que los colombianos, y entre ellos la gente de la academia, seremos capaces de unirnos para oponerle resistencia civil a ese designio detestable.

PASTRANA, SANTOS Y ANGELINO, TRABAJANDO EN LLAVE PARA EL FMI Y EL IMPERIALISMO

Por Gustavo Triana

La invitación del ministro de Trabajo a las centrales obreras para concertar las reformas laboral y pensional, en términos más regresivos que las impuestas con las leyes 50 de 1990 y 100 de 1993, es un insulto a los trabajadores colombianos. Pretenden Pastrana, Santos y Garzón que las centrales obreras se hagan cómplices de semejante raponazo a las ya menguadas condiciones laborales de los asalariados. Negar el derecho a la pensión, regresar al contrato civil, poner de pretexto el desempleo para envilecer aún más las condiciones de trabajo de los pocos empleados y cumplir así con el plan de ajuste impuesto por el FMI, pone al descubierto la verdadera naturaleza del “ministro obrero”, que a bastantes incautos ha confundido con sus retozos de disidente del gobierno pastranista.

Nada podría ser más nefasto para la situación de los trabajadores que seguir rebajando sus condiciones remunerativas, negar y pauperizar las pensiones y, en conclusión, llevar el abaratamiento de la mano de obra a límites extremos, siempre con el sofisma de “combatir el desempleo”.

Tal como lo señalan las centrales obreras en uno de los apartes de su respuesta al gobierno: “Hace diez años, cuando el índice de desempleo no llegaba al 9%, se propuso la reforma laboral contemplada en la ley 50, argumentándose su necesidad para acabar con el desempleo. Hoy, cuando supera el 20%, se repite la historia tratando de poner contra la pared a los asalariados para ocultarle al país el fracaso de la política aperturista”.

Las reformas son presentadas como una medida para crear empleo, cuando en realidad son para desmejorar el existente, para descargar sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo la grave crisis a que ha conducido la política imperialista de apertura y privatizaciones. La esencia de estas modificaciones son el envilecimiento de la mano de obra y el ahorro fiscal para cumplirle al imperialismo con el pago de la deuda externa.

Tal como lo admiten vastos sectores de la sociedad, las causas del desempleo están en la pérdida de la soberanía económica y sus nefastas consecuencias: bancarrota de la producción nacional, pérdida del mercado interno, exorbitante crecimiento de la deuda externa y aumento acelerado de los niveles de pobreza. Asunto también debidamente recogido por las centrales, cuando señalan: “La quiebra de la producción agraria, base de la seguridad alimentaria de todo el país y pilar de cualquier desarrollo económico, la desindustrialización y la informalización, se reflejan en los índices crecientes de pobreza y miseria que viven muchos colombianos”.

Entonces, no guarda relación alguna con la necesidad de combatir el desempleo el despropósito que llevan implícito las reformas. Sus principales objetivos son los siguientes:

* No remuneración de horas extras.

* No pago del recargo por trabajo en días dominicales y festivos.

* Rebaja de la indemnización por despido, de 45 a 25 días de salario por año de servicio.

* Prolongación de la jornada diurna hasta las ocho de la noche.

* Establecimiento de salario integral a partir de cuatro salarios mínimos legales.

* Aumento de la edad de jubilación a 62 años para mujeres y a 65 para hombres.

* Incremento en 1% de la cotización para pensiones.

* Aumento del aporte mínimo de semanas cotizadas: de mil a 1.300.

* Se toma como base de liquidación de la pensión el 55% del promedio de ingreso de toda la vida laboral, en lugar del 65% del promedio de los últimos diez años.

No hay lugar a concertación alguna. La conducta que corresponde al movimiento obrero es la de rechazar tajantemente este atropello. Y que las centrales obreras se sostengan en su afirmación de la carta mencionada, que a la letra dice: “El desempleo y la crisis fiscal han servido para poner al descubierto el estado de postración en que se encuentra nuestra economía y para pensar que la fiebre no está en las sábanas, como se pretende hacer creer con los argumentos esgrimidos para justificar la nueva reforma laboral. Por lo mismo, las propuestas del movimiento sindical van más allá de sentarse a discutir en la comisión de concertación dónde se le quitan comas o ponen puntos al borrador de reforma laboral que el gobierno entregó a las centrales”.

La propuesta del gobierno se plantea en el momento en que el avasallamiento de los pueblos del mundo por parte de Estados Unidos está acompañado por la mayor concentración de riqueza jamás vista; y cuando el capital financiero internacional, con cada fusión o compra de empresas, lanza a miles de trabajadores a la calle y extorsiona en sus andanzas no sólo a empresarios sino a naciones enteras, para sumirlas en el atraso y la miseria, mientras se alza con los recursos naturales y el trabajo de millones de explotados.

Es en este contexto en el que se les pide a las centrales obreras ceder las pocas prestaciones conquistadas en más de un siglo de luchas, objetivo hoy de los permanentes reclamos del FMI y el Banco Mundial, cada vez que les pasan revista a las actuaciones de los lacayos gobiernos de turno. Así quedó demostrado con el llamado de atención que por la demora en el trámite de la reforma pensional, recientemente les dirigió al Congreso y al gobierno el señor Olaf Gronlie, miembro de la misión técnica del FMI para Colombia.

Se ha convertido en un mal hábito de las centrales concurrir a los constantes llamados a la mesa de concertación, sin condicionamiento alguno por su parte, contribuyendo así a mantener falsas expectativas respecto a las intenciones del gobierno y, de paso, a confundir y desorientar al movimiento sindical. La cristalización de una protesta nacional pasa obligatoriamente por descalificar los ofrecimientos del gobierno y concentrar a todos los dirigentes y activistas del país en la preparación de la tarea propuesta. La actitud consecuente no puede limitarse a un simple llamamiento a paro; se trata es de emplear a fondo toda la capacidad de organización y propaganda del movimiento obrero, para dar una respuesta acorde con la magnitud de la embestida imperialista sobre los trabajadores y la nación. Para ello, el Comando Nacional Unitario es la forma de coordinación que ha mostrado mayor funcionalidad en tal propósito. Y por tanto, es tarea prioritaria fortalecer su poder de convocatoria con la presencia y representación de otros sectores sociales.

A mediados de septiembre se dieron por terminadas las conversaciones de las centrales obreras con los empresarios y el gobierno, sin acuerdo alguno, para fortuna de los trabajadores. Se desterraron de esta manera las expectativas en la concertación y, tal como se esperaba, los voceros del gobierno y de los empresarios declararon de inmediato su apoyo al lesivo proyecto de reforma laboral que ya hace curso en el Congreso por iniciativa parlamentaria. Éste contiene, además de las propuestas de Santos y Garzón, un recorte a las rentas parafiscales que acabaría de estrangular a instituciones tan importantes para el pueblo como el ICBF, el SENA y las Cajas de Compensación.

Se hace urgente recuperar el tiempo perdido en los diálogos infructuosos y adelantar toda la organización y propaganda para concretar, tal como lo ha propuesto la CUT, el Paro Cívico Nacional a partir del 31 de octubre. Desechemos cualquier ilusión en los resultados del lobby parlamentario y, por el contrario, alentemos la lucha de las masas. Es imprescindible incluir en los reclamos de este paro toda la problemática concerniente a los servicios públicos, el cierre de hospitales, la reglamentación del acto legislativo 012, las reivindicaciones del sector agrario y de los transportadores, entre otras.

Oscuro será el futuro de los trabajadores si caemos en las trampas de la concertación y la mal denominada actitud propositiva, dejando pasar que la causa real de todos nuestros males radica en la dominación que Estados Unidos ejerce en todos los campos de la vida nacional. Si no nos sacudimos ese yugo, no se vislumbra salida alguna para las penurias de la población.

Todo recetario que mantenga intacta la dominación imperialista servirá solamente para prolongar el saqueo de nuestras riquezas y la esclavización de nuestro pueblo.

NUESTRO SALUDO FRATERNAL AL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ (PATRIA ROJA), EN SU 73º ANIVERSARIO.

El 7 de octubre de este año, el Partido Comunista del Perú (Patria Roja) conmemoró el 73º aniversario de su fundación por el insigne comunista peruano y latinoamericano José Carlos Mariátegui.

Estos años constituyen una historia ininterrumpida de lucha por la revolución democrática y antiimperialista y por el socialismo en el país hermano, al lado de la clase obrera y el pueblo y en solidaridad con el proletariado y los pueblos y naciones oprimidos del mundo.

En vida de Francisco Mosquera, el MOIR estrechó lazos de hermandad con el Partido Comunista del Perú (Patria Roja). Da testimonio de ello la visita que su secretario general, Alberto Moreno, hizo a nuestro país, visita que fue devuelta posteriormente por Mosquera.

Nuestros dos partidos coinciden en que, en la actual situación internacional, urge la unidad de todos los comunistas y patriotas contra la dominación norteamericana. Reafirman además que el imperialismo de Estados Unidos es el principal enemigo de los pueblos del mundo.

EL MOIR CONDENA ASESINATO DE RODOLFO HERNÁNDEZ

El sábado 11 de agosto, cuando viajaba cerca de Tibú, Norte de Santander, con trabajadores de la Termoeléctrica de Centrales, el camarada Rodolfo Hernández, dirigente de nuestro Partido en dicho municipio, fue secuestrado por un grupo armado no identificado. El miércoles 15 de agosto, apareció vilmente asesinado en un paraje de la carretera Tibú-Oru-Filogringo.

El camarada Rodolfo Hernández se vinculó al MOIR en la década de los setentas, se desplazó como cuadro descalzo a realizar su trabajo político entre los campesinos del Magdalena Medio, y luego se trasladó al Catatumbo donde durante veinte años adelantó las tareas partidarias y echó raíces entre la población, trabajando estrechamente con los trabajadores del petróleo, la salud, la educación, la electricidad y el carbón en esa extensa zona de Norte de Santander. Al encabezar los reclamos de las masas y apoyar decididamente las corrientes progresistas y democráticas de la región, demostró en los hechos su consecuencia en la lucha contra el imperialismo y los gobiernos de turno. Esta posición revolucionaria redundó en que alcanzara gran ascendencia y cariño entre las gentes de bien en esa región, como quedó demostrado cuando la población toda abominó el execrable crimen y acompañó solidariamente a sus padres Matilde y Luis David, a su esposa Vilma Esther García, a sus hijos Kelly y Cristian y a la delegación de nuestro Partido, durante los actos funerales.

El MOIR rechaza el ignominioso asesinato de nuestro camarada, denuncia la abyección política de quienes lo perpetraron, presenta las más sentidas condolencias a sus familiares y agradece las expresiones de solidaridad de los sindicatos y la población de Tibú.

Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario, MOIR

Comité Ejecutivo Central

Bogotá, agosto 20 de 2001.

A UN AÑO DEL FALLECIMIENTO DEL CAMARADA MIGUEL ANGEL ALARCÓN

El 23 de septiembre de 2000 falleció en Rionegro, Antioquia, el camarada Miguel Ángel Alarcón Sánchez, cuando apenas se asomaba a sus cincuenta años de vida.

Al conmemorar el primer aniversario de su temprana desaparición, el MOIR destaca su fecunda existencia revolucionaria en su natal Sonsón, donde desarrolló un notable trabajo de expansión de nuestra política.

Acompañamos a su familia evocando las virtudes patrióticas de Miguel Ángel y poniéndolas como ejemplo.