PASTRANA, SANTOS Y ANGELINO, TRABAJANDO EN LLAVE PARA EL FMI Y EL IMPERIALISMO

Por Gustavo Triana

La invitación del ministro de Trabajo a las centrales obreras para concertar las reformas laboral y pensional, en términos más regresivos que las impuestas con las leyes 50 de 1990 y 100 de 1993, es un insulto a los trabajadores colombianos. Pretenden Pastrana, Santos y Garzón que las centrales obreras se hagan cómplices de semejante raponazo a las ya menguadas condiciones laborales de los asalariados. Negar el derecho a la pensión, regresar al contrato civil, poner de pretexto el desempleo para envilecer aún más las condiciones de trabajo de los pocos empleados y cumplir así con el plan de ajuste impuesto por el FMI, pone al descubierto la verdadera naturaleza del «ministro obrero», que a bastantes incautos ha confundido con sus retozos de disidente del gobierno pastranista.

Nada podría ser más nefasto para la situación de los trabajadores que seguir rebajando sus condiciones remunerativas, negar y pauperizar las pensiones y, en conclusión, llevar el abaratamiento de la mano de obra a límites extremos, siempre con el sofisma de «combatir el desempleo».

Tal como lo señalan las centrales obreras en uno de los apartes de su respuesta al gobierno: «Hace diez años, cuando el índice de desempleo no llegaba al 9%, se propuso la reforma laboral contemplada en la ley 50, argumentándose su necesidad para acabar con el desempleo. Hoy, cuando supera el 20%, se repite la historia tratando de poner contra la pared a los asalariados para ocultarle al país el fracaso de la política aperturista».

Las reformas son presentadas como una medida para crear empleo, cuando en realidad son para desmejorar el existente, para descargar sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo la grave crisis a que ha conducido la política imperialista de apertura y privatizaciones. La esencia de estas modificaciones son el envilecimiento de la mano de obra y el ahorro fiscal para cumplirle al imperialismo con el pago de la deuda externa.

Tal como lo admiten vastos sectores de la sociedad, las causas del desempleo están en la pérdida de la soberanía económica y sus nefastas consecuencias: bancarrota de la producción nacional, pérdida del mercado interno, exorbitante crecimiento de la deuda externa y aumento acelerado de los niveles de pobreza. Asunto también debidamente recogido por las centrales, cuando señalan: «La quiebra de la producción agraria, base de la seguridad alimentaria de todo el país y pilar de cualquier desarrollo económico, la desindustrialización y la informalización, se reflejan en los índices crecientes de pobreza y miseria que viven muchos colombianos».

Entonces, no guarda relación alguna con la necesidad de combatir el desempleo el despropósito que llevan implícito las reformas. Sus principales objetivos son los siguientes:

* No remuneración de horas extras.

* No pago del recargo por trabajo en días dominicales y festivos.

* Rebaja de la indemnización por despido, de 45 a 25 días de salario por año de servicio.

* Prolongación de la jornada diurna hasta las ocho de la noche.

* Establecimiento de salario integral a partir de cuatro salarios mínimos legales.

* Aumento de la edad de jubilación a 62 años para mujeres y a 65 para hombres.

* Incremento en 1% de la cotización para pensiones.

* Aumento del aporte mínimo de semanas cotizadas: de mil a 1.300.

* Se toma como base de liquidación de la pensión el 55% del promedio de ingreso de toda la vida laboral, en lugar del 65% del promedio de los últimos diez años.

No hay lugar a concertación alguna. La conducta que corresponde al movimiento obrero es la de rechazar tajantemente este atropello. Y que las centrales obreras se sostengan en su afirmación de la carta mencionada, que a la letra dice: «El desempleo y la crisis fiscal han servido para poner al descubierto el estado de postración en que se encuentra nuestra economía y para pensar que la fiebre no está en las sábanas, como se pretende hacer creer con los argumentos esgrimidos para justificar la nueva reforma laboral. Por lo mismo, las propuestas del movimiento sindical van más allá de sentarse a discutir en la comisión de concertación dónde se le quitan comas o ponen puntos al borrador de reforma laboral que el gobierno entregó a las centrales».

La propuesta del gobierno se plantea en el momento en que el avasallamiento de los pueblos del mundo por parte de Estados Unidos está acompañado por la mayor concentración de riqueza jamás vista; y cuando el capital financiero internacional, con cada fusión o compra de empresas, lanza a miles de trabajadores a la calle y extorsiona en sus andanzas no sólo a empresarios sino a naciones enteras, para sumirlas en el atraso y la miseria, mientras se alza con los recursos naturales y el trabajo de millones de explotados.

Es en este contexto en el que se les pide a las centrales obreras ceder las pocas prestaciones conquistadas en más de un siglo de luchas, objetivo hoy de los permanentes reclamos del FMI y el Banco Mundial, cada vez que les pasan revista a las actuaciones de los lacayos gobiernos de turno. Así quedó demostrado con el llamado de atención que por la demora en el trámite de la reforma pensional, recientemente les dirigió al Congreso y al gobierno el señor Olaf Gronlie, miembro de la misión técnica del FMI para Colombia.

Se ha convertido en un mal hábito de las centrales concurrir a los constantes llamados a la mesa de concertación, sin condicionamiento alguno por su parte, contribuyendo así a mantener falsas expectativas respecto a las intenciones del gobierno y, de paso, a confundir y desorientar al movimiento sindical. La cristalización de una protesta nacional pasa obligatoriamente por descalificar los ofrecimientos del gobierno y concentrar a todos los dirigentes y activistas del país en la preparación de la tarea propuesta. La actitud consecuente no puede limitarse a un simple llamamiento a paro; se trata es de emplear a fondo toda la capacidad de organización y propaganda del movimiento obrero, para dar una respuesta acorde con la magnitud de la embestida imperialista sobre los trabajadores y la nación. Para ello, el Comando Nacional Unitario es la forma de coordinación que ha mostrado mayor funcionalidad en tal propósito. Y por tanto, es tarea prioritaria fortalecer su poder de convocatoria con la presencia y representación de otros sectores sociales.

A mediados de septiembre se dieron por terminadas las conversaciones de las centrales obreras con los empresarios y el gobierno, sin acuerdo alguno, para fortuna de los trabajadores. Se desterraron de esta manera las expectativas en la concertación y, tal como se esperaba, los voceros del gobierno y de los empresarios declararon de inmediato su apoyo al lesivo proyecto de reforma laboral que ya hace curso en el Congreso por iniciativa parlamentaria. Éste contiene, además de las propuestas de Santos y Garzón, un recorte a las rentas parafiscales que acabaría de estrangular a instituciones tan importantes para el pueblo como el ICBF, el SENA y las Cajas de Compensación.

Se hace urgente recuperar el tiempo perdido en los diálogos infructuosos y adelantar toda la organización y propaganda para concretar, tal como lo ha propuesto la CUT, el Paro Cívico Nacional a partir del 31 de octubre. Desechemos cualquier ilusión en los resultados del lobby parlamentario y, por el contrario, alentemos la lucha de las masas. Es imprescindible incluir en los reclamos de este paro toda la problemática concerniente a los servicios públicos, el cierre de hospitales, la reglamentación del acto legislativo 012, las reivindicaciones del sector agrario y de los transportadores, entre otras.

Oscuro será el futuro de los trabajadores si caemos en las trampas de la concertación y la mal denominada actitud propositiva, dejando pasar que la causa real de todos nuestros males radica en la dominación que Estados Unidos ejerce en todos los campos de la vida nacional. Si no nos sacudimos ese yugo, no se vislumbra salida alguna para las penurias de la población.

Todo recetario que mantenga intacta la dominación imperialista servirá solamente para prolongar el saqueo de nuestras riquezas y la esclavización de nuestro pueblo.

NUESTRO SALUDO FRATERNAL AL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ (PATRIA ROJA), EN SU 73º ANIVERSARIO.

El 7 de octubre de este año, el Partido Comunista del Perú (Patria Roja) conmemoró el 73º aniversario de su fundación por el insigne comunista peruano y latinoamericano José Carlos Mariátegui.

Estos años constituyen una historia ininterrumpida de lucha por la revolución democrática y antiimperialista y por el socialismo en el país hermano, al lado de la clase obrera y el pueblo y en solidaridad con el proletariado y los pueblos y naciones oprimidos del mundo.

En vida de Francisco Mosquera, el MOIR estrechó lazos de hermandad con el Partido Comunista del Perú (Patria Roja). Da testimonio de ello la visita que su secretario general, Alberto Moreno, hizo a nuestro país, visita que fue devuelta posteriormente por Mosquera.

Nuestros dos partidos coinciden en que, en la actual situación internacional, urge la unidad de todos los comunistas y patriotas contra la dominación norteamericana. Reafirman además que el imperialismo de Estados Unidos es el principal enemigo de los pueblos del mundo.

EL MOIR CONDENA ASESINATO DE RODOLFO HERNÁNDEZ

El sábado 11 de agosto, cuando viajaba cerca de Tibú, Norte de Santander, con trabajadores de la Termoeléctrica de Centrales, el camarada Rodolfo Hernández, dirigente de nuestro Partido en dicho municipio, fue secuestrado por un grupo armado no identificado. El miércoles 15 de agosto, apareció vilmente asesinado en un paraje de la carretera Tibú-Oru-Filogringo.

El camarada Rodolfo Hernández se vinculó al MOIR en la década de los setentas, se desplazó como cuadro descalzo a realizar su trabajo político entre los campesinos del Magdalena Medio, y luego se trasladó al Catatumbo donde durante veinte años adelantó las tareas partidarias y echó raíces entre la población, trabajando estrechamente con los trabajadores del petróleo, la salud, la educación, la electricidad y el carbón en esa extensa zona de Norte de Santander. Al encabezar los reclamos de las masas y apoyar decididamente las corrientes progresistas y democráticas de la región, demostró en los hechos su consecuencia en la lucha contra el imperialismo y los gobiernos de turno. Esta posición revolucionaria redundó en que alcanzara gran ascendencia y cariño entre las gentes de bien en esa región, como quedó demostrado cuando la población toda abominó el execrable crimen y acompañó solidariamente a sus padres Matilde y Luis David, a su esposa Vilma Esther García, a sus hijos Kelly y Cristian y a la delegación de nuestro Partido, durante los actos funerales.

El MOIR rechaza el ignominioso asesinato de nuestro camarada, denuncia la abyección política de quienes lo perpetraron, presenta las más sentidas condolencias a sus familiares y agradece las expresiones de solidaridad de los sindicatos y la población de Tibú.

Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario, MOIR

Comité Ejecutivo Central

Bogotá, agosto 20 de 2001.

A UN AÑO DEL FALLECIMIENTO DEL CAMARADA MIGUEL ANGEL ALARCÓN

El 23 de septiembre de 2000 falleció en Rionegro, Antioquia, el camarada Miguel Ángel Alarcón Sánchez, cuando apenas se asomaba a sus cincuenta años de vida.

Al conmemorar el primer aniversario de su temprana desaparición, el MOIR destaca su fecunda existencia revolucionaria en su natal Sonsón, donde desarrolló un notable trabajo de expansión de nuestra política.

Acompañamos a su familia evocando las virtudes patrióticas de Miguel Ángel y poniéndolas como ejemplo.

LA REESTRUCTURACIÓN: SOFISMA PARA LIQUIDAR LA SALUD PÚBLICA

Por Nelly Chamorro, presidenta de Sinas

Las redes hospitalarias de Bogotá y de todo el país están siendo objeto de un llamado proceso de reestructuración que, según la propaganda del Ministerio de Salud, se propone alcanzar la racionalidad técnica, el equilibrio financiero, el control en el gasto, y la eficiencia en la prestación del servicio. Dicho proceso, al igual que aconteció con el que denominaron fusión, no significa otra cosa que el cierre o desmedro progresivo de los hospitales públicos para allanarles el camino a una mayor privatización de la salud, al despido masivo de trabajadores y a la conculcación de las conquistas laborales de quienes continúan al servicio de las entidades oficiales del sector. Semejante política que estruja a amplios sectores de la población, hace parte del afán de los gobiernos nacional y capitalino, de cumplir con las órdenes del Fondo Monetario Internacional de pagar cumplidamente hasta al último dólar de la deuda externa.

Con ese fin en la capital la Secretaría de Salud, en cumplimiento del plan de desarrollo Bogotá para vivir todos del mismo lado, acuñó una «Unidad de red de servicios», dizque encaminada a «ofrecer a la población el disfrute de mejores servicios de salud». Se zonificó la ciudad en cuatro subredes: Norte, que cobija los hospitales Simón Bolívar, Engativá, Usaquén, Chapinero y Suba; Occidente, con los de Kennedy, Fontibón, Bosa, Pablo VI de Bosa y el del Sur; Centro Oriente, compuesta por los hospitales de La Victoria, Santa Clara, San Blas, San Cristóbal y el del Centro Oriente; y, por último, la subred del Sur a la que se adscriben los hospitales de El Tunal, Meissen, Vista Hermosa, Tunjuelito, Rafael Uribe, Usme y Nazareth. La estrategia consiste en orientar a cada uno de estos hospitales a atender una sola especialización. Por ejemplo, el de La Victoria deberá convertirse en hospital materno infantil; El Tunal se centrará en traumatología; Santa Clara, en medicina interna; y así sucesivamente.

Es decir que la flamante unidad lo que busca es acabar con la integralidad de los servicios de salud por nivel de complejidad, ya que actualmente cada hospital de tercer nivel cuenta con las cuatro especialidades básicas: cirugía, ortopedia, medicina interna y maternidad; y el plan oficial está enderezado a suprimir en cada centro de atención algunos de estos servicios básicos. Lo mismo ocurre con las instituciones de segundo y primer nivel, en los que se viene suprimiendo una o varias especialidades básicas como otorrinolaringología, odontología, oftalmología, cirugía plástica.

La llamada fusión de hospitales es una muestra de lo que pasará con los que serán «reestructurados» proximamente, los de Nazareth, Vista Hermosa, El Tunal, Usaquén, San Blas, San Cristóbal y La Victoria, luego vendrán los de Kennedy y Simón Bolívar. Los 32 hospitales que existían en Bogotá fueron fusionados en 22 y agrupados en siete Empresas Sociales del Estado, ESE. En una de estas, la de Centro Oriente, que agrupó a los hospitales El Guavio, Perseverancia y Candelaria, del primero se suprimieron ortopedia, oftalmología, otorrinolaringología, gastroenterología y cirugía plástica para supuestamente prestarse en La Victoria, San Blas y Santa Clara; pero los hechos revelaron que la comunidad se quedó sin el servicio y los profesionales despedidos no fueron reubicados. Otra experiencia aleccionadora fue la fusión de la ESE Rafael Uribe que agrupó a los centros Olaya y San Jorge; en este caso no se reubicó ningún servicio pero se despidieron 100 trabajadores; sin embargo, la demanda por parte de la población del sector, obligó al secretario de salud a reabrir los servicios, pero con personal a contrato. En La Victoria se ordenó la eliminación del servicio de cardiología, y ya se han visto obligados a ordenar su reapertura. De este mismo hospital se eliminó hace alrededor de un año la atención de pacientes quemados, en lo que había acumulado una larga experiencia, y su tratamiento se localizó exclusivamente en el Simón Bolívar; lo que agrega al dolor de esta clase de accidentes la fatal dilación para atender a los afectados. Mejor dicho, «fusión» y «reestructuración» son también los nombres que nuestros gobernantes le dan al caos y a la indolencia.

En lo que se refiere a la calidad de la medicina, su abrumador deterioro contraría incluso resoluciones del Ministerio de Salud como las 4.445 y 5.042 de 1996 y la 4.252 de 1997, que fijan los requisitos que deben cumplir los hospitales en recurso humano, infraestructura y dotación tecnológica. Para el servicio de hospitalización esas resoluciones determinan que se debe contar con un médico presencial por turno para cada servicio; un médico especialista ya sea presencial y disponible (esto es que sin estar obligado a permanecer en el centro hospitalario los fines de semana debe hacerse presente cuando se le requiera) para cada especialidad: cirugía, ortopedia, medicina interna, gineco obstetricia, entre otras; una enfermera profesional por cada 20 pacientes durante el día; una enfermera profesional por cada 30 pacientes durante la noche; una auxiliar de enfermería por cada siete pacientes durante el día. De acuerdo con el número de camas se establece el índice de atención médico-paciente, es decir, el tiempo que debe dedicar el profesional al enfermo, así: para 45 camas de cirugía son necesarias 7.5 horas/médico; para 15 camas de medicina interna, 2.5 horas/médico; para 20 camas de pediatría, 3.3 horas/médico. Con la reestructuración desaparecen estos parámetros, pues se elimina la obligación de la disponibilidad médica; se asigna a una sola enfermera jefe el cubrimiento simultáneo de dos servicios de hospitalización, por ejemplo, medicina interna y piso quirúrgico; se dejan veinte pacientes al cuidado de una sola auxiliar de enfermería; y la dedicación médica por paciente disminuye drásticamente.

Como resultado de las fusiones de hospitales 1.049 trabajadores fueron echados a la calle, al tiempo que en las mismas entidades se crearon 431 cargos, la mayoría en míseras condiciones de contratación. Los despidos y la conculcación de derechos serán también el resultado principal de la llamada reestructuración que, además, profundizará la extinción de la salud pública.

Pero si a esto le sumamos, entre otros vejámenes, la nefasta política del gobierno distrital de establecer tarifas irrisorias para pagarles a los hospitales públicos la atención de los pacientes vinculados, mientras irriga fortunas para los negociantes privados de la salud, como se denunció en la pasada edición de Tribuna Roja, y el desmonte sistemático del Sisben para los estratos I y II, el panorama de la salud púbica en Bogotá se torna desastroso para los trabajadores y la población pobre que depende de este servicio.

Por fortuna, la resistencia de los trabajadores del sector, estimulada por una creciente unidad gremial, se ha hecho sentir con paros, mítines y marchas; y cada vez son mayores las acciones conjuntas que se emprenden con las comunidades en defensa del vital servicio. La derrota de estos atropellos sin nombre es posible porque la unidad del pueblo empieza a tomar fuerza.

OFENSIVA PRIVATIZADORA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Por Paula Ganitsky

La Universidad Distrital, entre otras muchas, es víctima de la política privatizadora, que persigue entregar las universidades públicas a «las leyes del mercado», sustituyendo la financiación estatal por el alza de matrículas, la venta de cursos e investigaciones y el endeudamiento de los estudiantes y sus familias con préstamos que deberán ser pagados a altas tasas de interés.

Con el pretexto de que la corrupción es un hecho corriente en la Distrital, se ha adelantado una campaña de desprestigio contra la institución, amenazando con su cierre inminente en caso de no adelantarse la reforma de la misma para convertirla en una empresa comercializadora de mercancías educativas. En pocas palabras, avanzar a grandes pasos con la privatización.

La pregunta sería: ¿porqué los lineamientos de educación son diseñados por agencias imperialistas y el gobierno les da todo su respaldo? El imperialismo exige que el gobierno disminuya el gasto público, y una forma de hacerlo son las privatizaciones. Pero no contento con esto, ordena que la mano de obra tiene que ser sumamente barata y por eso el estudiante no puede aspirar a muchos conocimientos, lo cual se puede comprobar con los nuevos pénsum de las carreras, que niegan el conocimiento científico para orientarse solamente a lo requerido por las empresas trasnacionales.

Se trata de poner la universidad al servicio de los intereses privados monopolistas, del capital financiero internacional, y convertirla en «uno de los ejes vertebrales del desarrollo social, político, económico y cultural en el contexto del mundo globalizado».1

En contra de esta política, los estudiantes han iniciado un proceso de discusión, organización y combate, en asambleas, reuniones, mítines y protestas, que han tenido su mayor expresión en la movilización del 6 de septiembre, durante la cual se hizo entrega al rector del Pliego de estudiantes Universidad Distrital. En él se recoge la exigencia de financiación total por parte del Estado, el rechazo a las prácticas privatizadoras, la democratización de la Universidad, la necesidad de organización, el reclamo de una educación científica y el rechazo al Plan de Desarrollo de la Universidad Distrital, que recoge sin reserva alguna la totalidad de las imposiciones del Banco Mundial.

El éxito de la defensa de la Universidad sólo puede ser resultado de la lucha de los sectores interesados en su existencia, y principalmente del estudiantado. Si la queremos llevar a cabo, debemos adelantar las tareas necesarias para construir una organización estudiantil independiente y democrática, que juegue el papel que le corresponde en contra del atraso y la dependencia económica y por el desarrollo de la ciencia, en la búsqueda de una Colombia soberana, con una economía firmemente asentada en el fortalecimiento de sus propias potencialidades económicas, la elevación del bienestar del pueblo y la defensa de la producción nacional.

La Juventud Patriótica, organización del MOIR, lucha por una educación gratuita, científica y al servicio de las masas e invita a los estudiantes colombianos a unirnos férreamente para la defensa del siguiente programa:

1. Educación gratuita, con adecuada financiación estatal a todos los niveles.

2. Fortalecimiento de la universidad pública, con suficiente dotación e inversión y profesorado tiempo completo.

3. Ampliación de la cobertura.

4. Sistemas de bienestar estudiantil, con residencias, restaurantes, fomento del deporte y actividades culturales.

5. Congelamiento de matrículas en la universidad pública y rebaja progresiva de las mismas hasta la completa gratuidad.

6. Dirección colegiada democrática, con participación mayoritaria de profesores y estudiantes, elegidos popularmente. Creación y fortalecimiento de consejos estudiantiles.

7. Investigación científica independiente de condicionamientos y al servicio de la nación.

NOTAS

1 Universidad Distrital FJC, Plan de Desarrollo 2001 – 2005, Educación de calidad para la equidad social.

CON EL PARO AVANZO LA RESISTENCIA CIVIL EN EL CAMPO. LLAMADO A LA UNIDAD EN DEFENSA DEL AGRO

Comunicado suscrito en Ibagué, el 10 de agosto de 2001, por Ángel María Caballero y Jorge Enrique Robledo, presidente y secretario de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria.

La mayor movilización realizada en Colombia en defensa de la producción agropecuaria concluyó con un éxito indiscutible. Porque desnudó la pavorosa crisis de cafeteros, paperos, arroceros, lecheros, algodoneros, paneleros, maiceros y del resto del agro; comprobó el acierto de las peticiones que motivaron la protesta; demostró que sí es posible unir en un solo haz de voluntades a campesinos, jornaleros, empresarios e indígenas y evidenció que existe una organización gremial de carácter nacional capaz de coordinar los esfuerzos de muchos en una misma dirección y de ganar la solidaridad de la gente de bien de todo el país.

En actos de ejemplar valor civil y patriotismo, miles y miles de colombianos de 250 municipios, en dieciséis departamentos, se manifestaron en vías y plazas de la república y se plantaron en 30 puntos de las carreteras de Colombia, exigiéndole al gobierno de Andrés Pastrana Arango la modificación sustancial de la política neoliberal que ha sumido al agro y al país en un gran desastre, el cual alcanzará proporciones incalculables si no se toman los correctivos del caso.

El Paro Nacional Agropecuario fue fruto del esfuerzo de las diferentes agremiaciones que conforman la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, con el respaldo de una diversa gama de organizaciones regionales y de algunas de las que hacen parte del Consejo Nacional Campesino. Además, la lucha se libró acompañada de un apoyo nacional pocas veces visto en el país: gremios, personalidades, sindicatos, asociaciones, cooperativas, asambleas departamentales, concejos municipales, gobernadores, alcaldes, curas párrocos, jerarcas de la Iglesia y medios de comunicación, de una u otra manera expresaron su simpatía o respaldo a la protesta.

Aislado como nunca quedó el gobierno de Andrés Pastrana, reconocido continuador de las políticas de apertura y privatización dictadas y mantenidas desde hace una década por el Fondo Monetario Internacional. De nada le valió al pastranismo su tentativa de confundir a los colombianos con medidas y afirmaciones que nunca pasaron de ser fugaces cortinas de humo diseñadas para ocultar que sus políticas conducen a la definitiva destrucción del aparato agropecuario nacional y de la producción de todo el país. Y la indignación de los colombianos llegó al colmo cuando la Presidencia de la República —pasando por encima de gobernadores y alcaldes— ordenó reprimir con brutalidad y saña a unos labriegos que protestaban a pecho descubierto e inermes, represión que produjo decenas de contusos, heridos y presos y la ignominiosa muerte de los campesinos huilenses Víctor Mauricio Carvajal y José Guzmán, razón principal, junto a su pliego departamental, para que la Asociación Agropecuaria del Huila mantenga algunos bloqueos en vías principales de la región.

La amplitud de la acogida se explica por la justeza de los objetivos del paro, dirigidos a lograr del Estado el soporte que el sector requiere para salvarse y prosperar: cese de las políticas que fomentan la importación de millones de toneladas anuales de productos que en sus países de origen reciben cuantiosos subsidios directos que ya llegan a los 370 mil millones de dólares anuales o que, en otros casos, se obtienen a bajo costo por la extrema miseria de los productores; precios de sustentación que garanticen una rentabilidad justa para la inversión en el agro; crédito suficiente, oportuno y barato; control a los aumentos en los precios de los insumos, los impuestos, los combustibles y la energía eléctrica; que se financien adecuadamente la investigación científica, la asistencia técnica y la ampliación y mantenimiento de distritos de riego; condonación de las deudas bancarias del sector, como medida excepcional por ser hoy impagables, y fin de los procesos judiciales contra los deudores.

También se plantea que se atiendan los reclamos democráticos de las comunidades indígenas y se aplique la Ley 40 de 1990, la cual prohíbe la elaboración de panela falsa en los derretideros de azúcar y su producción a escala industrial. Y se rechaza que se vincule el país al ALCA, porque ello significaría eliminar los aranceles y las cuotas de importación, que sería el fin de la producción nacional que hoy penosamente sobrevive en el campo.

Además, en cuanto a las 560 mil familias cafeteras se pugna porque el gobierno le transfiera suficientes recursos al Fondo Nacional del Café para elevar de manera inmediata el precio interno y que encabece el reclamo de los países productores ante los gobiernos de Estados Unidos y de los demás países desarrollados en contra de la agresión económica que significan sus estímulos a la superproducción mundial del grano.

Lo que sigue es promover la unidad más amplia y democrática que pueda concebirse con la totalidad de las organizaciones vinculadas a la producción rural —agremiaciones, sindicatos, cooperativas, resguardos indígenas, etc. —tendiente a realizar un gran congreso nacional agrario en el que se busquen coincidencias y se propicien acuerdos frente a la actual política agropecuaria con miras a que, con el respaldo de todas las fuerzas sociales, políticas y religiosas interesadas en el progreso de la nación, nos empeñemos en las tareas que permitan sacar el agro de la postración en que se encuentra.

«LOS PUNTOS PROGRAMÁTICOS DE SALVACIÓN AGROPECUARIA, MÁS VIVOS HOY QUE NUNCA»

El paro agropecuario en Antioquia

Taponadas principales arterias del suroeste

«Soy un enamorado de estas tierras, pero el banco sigue empeñado en que me saca», dice Esteban Restrepo, joven caficultor de Andes, de la vereda Guaymaral, cuya finca es una de las casi 300 que están para remate en ese solo municipio. La suya es una tierra de ladera trabajada empeñosamente por tres generaciones. Aun cuando el avalúo en catastro pasa de 120 millones de pesos, el juzgado la está feriando al 40% del valor. Ya Restrepo ha tenido que ir vendiendo la maquinaria del beneficiadero para empezar a amortizar la enorme deuda con el banco –62 millones de pesos. En una breve frase resume su tragedia: «Esta finca, mi abuelo la fundó, mi papá la consolidó y yo la estoy perdiendo».

El viernes 27 de julio, durante las jornadas preparatorias en las que Salvación Agropecuaria se lanzó a promover el paro, la Unidad Cafetera Nacional y el Grupo Candela* llamaron a la desobediencia civil para impedir los desalojos y remates que arrancaban esa mañana. Centenares de campesinos se plantaron frente a las puertas del juzgado y coronaron su objetivo.

La victoria infundió más ánimos a los miles de productores, ya resueltos a salir al combate. De las 75 veredas de Andes, estuvieron presentes en el paro delegaciones de cincuenta.

Misa de despedida

Desde esta misma población emprendieron camino el lunes por la noche 45 buses de escalera —cuyo alquiler costó en total trece millones—, con dos mil campesinos provenientes de siete municipios. Monseñor Jorge Álvarez, párroco de Andes, les celebró una misa hacia las nueve y, antes de despedirlos, les impartió la bendición.

Otras diez escaleras, llenas a reventar, trasladaron a la gente de Pácora y Aguadas, Titiribí, Santa Bárbara y Abejorral. Los unos y los otros fueron distribuidos en tres cruces, La Pintada, Puente Iglesia y Bolombolo, taponando los puentes que atraviesan el río Cauca.

El bloqueo entrañaba complejidades de logística, mucho más intrincadas por la severa crisis que afecta a la región. Buscando resolverlas, un grupo de activistas de Salvación Agropecuaria recorrió las veredas durante dos semanas en colecta de víveres. La USO, Adida, el movimiento sindical y la Cooperativa Cafetera Municipal de Andes, la mayor de su clase en el país, le brindaron al paro un fuerte apoyo financiero. Salvo contadas excepciones, los alcaldes del suroeste también prestaron su valioso concurso.

En el transporte y ayuda solidaria sobresalió el Grupo Candela, con Luis Norberto Restrepo a la cabeza. Seis de sus líderes, propietarios de fincas, le donaron al comité preparatorio quince reses y cinco cerdos.

El comité estuvo integrado, en representación de Unidad Cafetera, por Eugenio Ramírez, su presidente en el departamento, y Jorge Gómez, coordinador. Por Andes, Luis Norberto Restrepo, Jorge Escobar y Gabriel Gaviria. Por Támesis, Bernardo Restrepo y Javier Jaramillo. Por Pueblorrico, Noé Velásquez y Silvio Foronda. Por Tarso, Edith Nora Arcila y Emiro Valle. Por Betania, Pablo Álvarez y Johann Sánchez. Por Jardín, Nabor Giraldo y Gustavo Araque, y por Aguadas, Caldas, Aurelio Ramírez.

Al frente de los cuatrocientos indígenas embera-chamíes estuvieron el gobernador del Resguardo de Cristianía, Amado Carupia, y los dirigentes Rosa Elena Yagarí y Albeiro Tascón.

Arremete la policía

El paro en La Pintada se inició a medianoche, el martes 31. Todo ese día se mantuvo el bloqueo, pese al continuo hostigamiento.

Durante la segunda madrugada, la fuerza pública lanzó una operación envolvente con tres tanquetas y doscientos antimotines. La tensión siguió en alza hasta las seis y media de la mañana. A esa hora, el coronel amenazó por el micrófono: «Les damos diez minutos para desalojar». Transcurrido este plazo, volvió a oírse su voz por el parlante: «¿Qué respuesta me tienen?» En las carpas, allí delante, se escuchó un grito unánime: «Nos quedamos aquí». La policía, de inmediato, cargó contra la gente, saturando de gases la calzada y arrasando cambuches y fogones. Allí quedaron detenidos Jorge Gómez, la indígena embera Emilse Panchí, Javier Gaviria, Antonio Noreña, Mónica Franco y Viviana Restrepo.

La arremetida sembró algún desconcierto en los momentos iniciales, pero la multitud tornó a agruparse y taponó otra vez la carretera. Desalojados de un trayecto, los campesinos volvían a instalarse a pocas cuadras.

El jueves 2 de agosto, hacia la una de la tarde, irrumpieron de nuevo las tanquetas, lo que obligó a la gente a retirarse a unos potreros aledaños. El paro agrario en La Pintada logró llevar su resistencia hasta el viernes 3 de agosto a las dos de la tarde.

En Bolombolo, el martes, la policía entró a patadas y a bolillo, apoyada por las tanquetas, y alcanzó a despejar la carretera, aunque los dos millares de personas permanecieron agrupados coreando consignas y exigiendo negociación. Después de larga puja se llegó a un primer acuerdo con el coronel Galvis, que mandaba el operativo: cinco minutos cada hora, sería abierto el paso.

El miércoles, temprano, se apareció el coronel Arias y ordenó destruir fogones y cambuches. Gabriel Gaviria y algunos otros líderes se acercaron a protestar por el incumplimiento del acuerdo, y entonces Arias les gritó:

—Traigo una orden presidencial y me importan un c… los negocios que hayan hecho con Galvis.

—No es sólo Galvis, coronel –le replicó Gaviria—. Los alcaldes son los garantes del acuerdo. Vamos a hablar con ellos.

—¡Ja! Los alcaldes valen huevo.

Dos concejales de Andes, Manuel Felipe Suárez y Jaime Henao, intentaron reunir a la gente un kilómetro más allá, sobre la ye que sale hacia Concordia, pero la policía lo impidió.

El alcalde de Andes, Jaime Arbeláez, llegó poco después con las volquetas del municipio a trasladar a los labriegos de regreso a sus casas.

Buen balance

El séptimo aniversario de la muerte de Francisco Mosquera, el jefe del MOIR, se conmemoró frente al puente de La Pintada la noche del miércoles 1º de agosto. Ante los más de mil agricultores que ocupaban la vía, Jorge Gómez, el secretario regional, se trepó encima de un vehículo y desde allí explicó quién era el dirigente fallecido y por qué se exaltaba su memoria. Como cierre del acto resonó por el río Cauca la hermosa música de La Internacional, himno desconocido para la mayoría de la gente.

Dirigentes de Unidad Cafetera y otras agremiaciones hicieron un balance del paro. «Avanzamos en combatividad, conciencia y organización», expresa Rigoberto Hernández, de Unidad Cafetera de Andes. «Para todos nosotros fue una experiencia diría que invaluable —anota Héctor Darío Rendón, secretario de la Liga de Usuarios del mismo municipio—. Aprendimos muchísimo, entre otras cosas, a distinguir al enemigo».

«Quedó muy arraigada entre la gente la convicción de que el único método correcto es el de la lucha de masas —dice Gabriel Gaviria—. Para el próximo paro, lo que nos proponemos es atraer mucho mayor fuerza».

Un trovero profesional, Gustavo Zapata, que animó la jornada en Bolombolo desde la medianoche del martes, evoca emocionado: «Fue muy bella esa convivencia y enorme el espíritu de solidaridad que uno veía en los fogones».

Marino Zapata, dirigente de Asocomunal de Andes, que reúne 74 juntas, recuerda que al principio se creó cierta confusión. «Cuando la policía cargó contra nosotros, los ánimos fluctuaban entre el asombro y el temor, pues nadie imaginó que fuera a ser tan agresiva. Pero después la gente logró sobreponerse y continuar la resistencia. Hombre, y resulta que ahora a todo el mundo como que se le abrieron las ganas de seguir reclamando los derechos».

Luis Norberto Restrepo comenta: «Es la primera vez que tomo parte en un paro agropecuario de estas magnitudes, y me causó sorpresa e indignación el modo tan salvaje como el gobierno atropelló a los campesinos, congregados de manera pacífica. El desorden lo puso fue el gobierno. La policía se robó la comida, nos averió los carros y nos quemó los maletines donde traíamos la ropa. Eso fue un acto de barbarie».

También Jaime Arbeláez, el alcalde conservador de Andes, censuró lo excesivo del ataque y apoyó como justos los principales puntos de Salvación Agropecuaria.

«¿Cuándo vamos p´al otro?, es lo que a uno le preguntan en el campo», resume Luis Norberto Restrepo.

* Cafeteros de Andes, hoy Grupo de Apoyo Cafetero del Suroeste.


La crisis tocó fondo entre los productores de Andes. Cunde la desocupación. Los bancos de la plaza permanecen vacíos, cierran cada semana decenas de negocios y, en los medios rurales –salvo en cosecha cafetera–, tan sólo una persona de cada cuatro goza de algún empleo, así sea por dos o por tres días a la semana. Tan grave es lo que ocurre, que multitud de jornaleros cumplen las ocho horas sólo por la comida.

Se ha perdido la dieta básica o, en más crudas palabras, el campesino está aguantando física hambre. Por lo costoso del transporte, el campesino casi no usa ya las escaleras para bajar al pueblo. No pocas veces, una sola persona, en mula o a pie, hace el mercado para varias familias.

El trueque es habitual, como en la Antigüedad. El campesino cambia su pancoger por azúcar y aceite, legumbres y revuelto.

Cada fin de semana, los carniceros hacen lo que ya se conoce como la polla de la carne. A cincuenta, cien y doscientos pesos la boleta, según la calidad, se rifan unos kilos entre los centenares de familias.

33 bloqueos en todo el país durante el paro agropecuario

«Cuando el departamento de Boyacá, la cuna de la libertad, sale a la lucha es porque algo profundo está ocurriendo», manifestó Tarcicio Cuervo, líder de los pequeños y medianos papicultores que lograron paralizar por ocho días la carretera Bogotá-Tunja-Bucaramanga, en cercanías de Ventaquemada.

Hubo también bloqueos en Moniquirá, Togüí, Belén, Saboyá y San José de Pare, en Boyacá; Barbosa, Cite, Puente Nacional, Oiba y San Gil, en Santander; Sincerín, corregimiento de Arjona, en Bolívar; El Palo, en Caldas, con participación de trece municipios; Timbío, en Cauca, con delegados de ocho poblaciones, dirigidos por Agropemca, que reúne a los pequeños y medianos agricultores; La Virginia, en Risaralda, con labriegos de dieciocho localidades y la presencia del Consejo Regional Campesino, las comunidades indígenas y el Comité de Ganaderos; La Ye, Puente El Patá, El Tejar, Timaná y Puerto Seco, en Huila, donde más de diez mil agricultores mantuvieron el paro durante dieciocho días; Chachagüí y El Pilón, en Nariño; Calarcá, Quindío, sobre la vía que sube hacia La Línea; Lérida, Fresno, Cajamarca y Saldaña, en Tolima, este último hasta el viernes al mediodía; Villeta, Villapinzón y Sibaté, en Cundinamarca, y La Pintada, Puente Iglesia y Bolombolo, en Antioquia.

Con diez tractores y buen número de vehículos, los maiceros de Córdoba organizaron una marcha en Cereté. También con sus desmotadoras y tractores desfilaron por la capital del Cesar los arruinados algodoneros, quienes mostraron la dramática bancarrota de la producción, que cayó de 70 mil hectáreas a sólo 1.200 este año. Los agricultores del departamento del Magdalena organizaron resonantes marchas en Aracataca, Fundación, Ciénaga y Santa Marta.

En el Valle del Cauca, se hicieron mítines sobre la vía a Palmira y en la doble calzada que conduce a La Paila.


El 1o. de septiembre, en Ibagué, sesionó la junta directiva de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, con la presencia de 146 delegados en representación de 34 organizaciones. Los asistentes convinieron en centrar sus esfuerzos en las tareas de crecimiento, con el fin de ir paso a paso consolidando la propia fuerza. Aprobaron por unanimidad dar vía libre al Congreso de Fundación de la Unidad Nacional de Papicultores, que tendrá lugar en el departamento de Boyacá, en el mes de noviembre. Y, como aspecto cardinal de las conclusiones, acordaron por unanimidad convocar el Congreso Nacional Agropecuario, que será el más amplio y unitario de que se tenga noticia en la historia de Colombia.

Instaló la junta nacional el presidente de Salvación Agropecuaria, Ángel María Caballero, quien a lo largo de su discurso declaró:

«Los puntos programáticos que enarbolamos durante el Paro Nacional Agropecuario siguen más vivos hoy que nunca».

«Se han perdido en el campo un millón de empleos y se ha dejado marchitar la producción nacional, al irla remplazando por alimentos extranjeros. No están creciendo ni el café, ni el arroz, ni las exportaciones de banano. Entonces ¿cuál reactivación?»

«A países como Colombia, la Organización Mundial del Comercio los obligó a eliminarle al campo los subsidios, pero la misma OMC permite que los productores de Estados Unidos y otras naciones ricas sigan disfrutando de ellos».

Al rematar su enérgica denuncia con un rechazo al Plan Colombia, Caballero llamó a emprender por todo el país una jornada de protesta contra el ALCA, el acuerdo de libre comercio impulsado por Estados Unidos y que le dará el puntillazo a la producción nacional.

El paro en Villeta, Cundinamarca

36 horas de altiva resistencia

Disparadas a ras y a lo más denso del gentío, las cuatro latas salieron a presión y anegaron el sitio con humo lacrimógeno. Los mil perplejos campesinos, que por primera vez sentían su escozor, se replegaron hacia arriba, doblados de la asfixia. Tras quedarse al acecho unos minutos, la gran tanqueta negra embistió recia contra la barricada, quitando con la pala los gigantescos bloques de concreto, y enfiló hacia el rellano, seguida de no menos de cien antimotines. Eran las cuatro y once de la tarde. Agrupándose en torno a los cambuches, la multitud se quedó inmóvil, todo el mundo a la expectativa.

Desde dentro de la tanqueta, el coronel dio dos minutos por el altoparlante. Nadie pareció oírlo, y el robusto aparato, en viva arremetida, se metió entonces dando giros a destruir las enramadas y a tirar por el suelo los fogones, donde en indios inmensos humeaba el almuerzo.

Las filas de camiones calentaron motores y empezaron a circular en ambas direcciones. Justo en aquel instante, un tropel de muchachos se volcó a hostilizar a los choferes, ocupando un trayecto de la vía, y el coronel, al darse cuenta, se lanzó a perseguirlos. Un error infantil, pues al irse escudando a los camiones, atraído como una mosca por los grupos de jóvenes que se alejaban hacia el alto, el genial estratega en la tanqueta se aisló de sus líneas. Cuando advirtió su yerro, ya estaba distanciado por lo menos quinientos metros. En la parte de abajo, mientras tanto, otros piquetes de activistas, aprovechando la ocasión, obligaron a seis choferes a atravesar sus mulas. Eran las cuatro y veinticinco.

Tanqueta y coronel quedaron encerrados entre las filas de camiones y en un recodo muy estrecho. El resto de su fuerza, bastante dividida, no tuvo más remedio que desplazarse hacia el rellano.

Cuando el brioso piquete de muchachos llegó corriendo a dar el parte, se oyó un fuerte rugido de alegría. Los cientos de labriegos, que formaban ahora una herradura frente a la débil línea policial, no cabían en sí de excitación. En cosa de minutos, la derrota se les había transformado en victoria.

Don Anatolio, «berraco y con más ganas»

Por la unidad, por la denuncia, por la presencia altiva en los bloqueos de millares de mujeres y hombres, la airada protesta de Salvación Agropecuaria cumplió sus objetivos iniciales.

No fue menor el éxito de la acerada propaganda. Desde varias semanas antes, la noticia se regó como pólvora por todo el Gualivá. Se repartieron boletines, se pegaron carteles, se hicieron asambleas, se predicó en los púlpitos, se habló en las emisoras. Impulsándose al eco de los altoparlantes, que atronaba en los cerros, camionetas y yips se perdieron a veces por trochas sumergidas en caña panelera. Tan grande fue el impacto, que en varias reuniones, ya todo el vecindario en plan de broma, se empezó a hablar en clave.

—Aquí en Cocunche –preguntaba don Isaac, al hacer el listado de los participantes— ¿quiénes son los que el martes van a ir a la fiesta donde don Anatolio?

Y, en lógica chuscada, los paisanos que no habían podido ir al bloqueo lo atajaban por el camino, al sábado siguiente:

—Y qué, don Isaac —le preguntaban, socarrones—, ¿salió don Anatolio muy aplanchado de ese baile?

—No, aplanchado no –les respondía el dirigente—. Lo que salió fue muy berraco ¡y con más ganas!

***

Cristoviejo. Miércoles, 1º de agosto, dos y media de la mañana. Baja del cerro un viento frío y una lluvia ligera cae sobre las carpas. Decenas y decenas de personas se encuentran dormitando, tendidas sobre plásticos, pero algunas prefieren levantarse y se arriman a los fogones a calentar el cuerpo. En dos o tres de ellos se está sirviendo apenas la comida. Es otra vez sancocho, el plato de las huelgas, pero con buena carne, obsequio del comercio de Villeta. «Se puede repetir», anuncia a gritos la patrona.

Resguardados bajo un alero y hablando entre susurros, un puñado de hombres aquilata el qué hacer cuando despunte la mañana. Y en vívido contraste, a unos metros, Chucho ajusta dos horas ensartando sin pausa chistes verdes, todos algo subidos y aclamados con gritos exultantes y explosiones de risa.

Guitarra en mano y afinando las voces, se preparan Arcadio y don Vicente.


La provincia panelera del Gualivá madrugó el martes 31 de julio a la importante cita en Cristoviejo, una explanada que da a la carretera Bogotá-Medellín, dos kilómetros arriba de Villeta.

Útica estuvo encabezada por John Ávila, presidente del Concejo. Villeta, por Guillermo Gaitán. Quebradanegra, por Jesús Romero y el concejal Jairo Hernández. La Vega, por Carlos Cruz. San Francisco, por el párroco Luis Eduardo Orjuela, quien llegó a la cabeza de dos buses. Nocaima, por el ex alcalde Hernando Gaitán y los dirigentes Noralba Gaitán, Isaac Pinzón y Elvira Urrea. Vergara, por Alcira Velásquez. Nimaima, por Hernando García, y La Peña, por José Miguel Garzón y Luis Hernández, presidente del Concejo.

La resistencia se prolongó hasta el miércoles 1º de agosto, a la dos de la tarde, cuando los cientos de labriegos fueron desalojados por policía antimotines e infantería del ejército, apoyadas por la tanqueta lanzagases y por un tanque cascabel con ametralladora punto 50. En los desmanes policiales del martes resultaron heridos Libardo Martínez, de Villeta, y Luis Ángel Muñoz, de Quebradanegra

CONGRESO NACIONAL AGROPECUARIO

Convocatoria

Comunicado suscrito por Ángel María Caballero y Jorge Enrique Robledo, presidente y secretario de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, el 1o. de septiembre de 2001 en Ibagué.

Cada día los colombianos conocen y comprenden más la muy grave crisis que sufre el sector agropecuario. La reducción del área cultivada, el aumento de las importaciones, el incremento del desempleo, la caída de las utilidades de los sectores sobrevivientes y el agravamiento de la pobreza y la miseria son los hechos que amplían la corriente de opinión que pide profundas modificaciones en la política agraria nacional. También aumenta el acuerdo en torno a que el desastre tiene origen en las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y en que, de no modificarse éstas, los problemas deberán acentuarse y, con ellos, los de toda la nación.

Además, avanza la unidad de campesinos, jornaleros, indígenas y empresarios en la búsqueda de que se defina una política de Estado que le ponga coto a la avalancha de importaciones agropecuarias, asegure precios de sustentación remunerativos y estables, ofrezca créditos abundantes y baratos, condone las deudas bancarias del sector, controle los costos de producción, garantice la investigación científica y la asistencia técnica, respalde el mantenimiento y construcción de distritos de riego, atienda las peticiones democráticas de las comunidades indígenas y resuelva positivamente los demás reclamos de los productores y regiones en defensa del agro.

Pero contrario a lo que se requiere, el gobierno de Andrés Pastrana Arango insiste en las mismas orientaciones que han fallado para mantener y desarrollar el agro nacional, como bien lo ilustra su decisión de incluir a Colombia en el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, pacto que profundizará la apertura a las importaciones provenientes de naciones que les ofrecen grandes subsidios a sus agricultores y ganaderos o que producen con mano de obra de costos bajísimos, que impondrá una mayor disminución del respaldo estatal a los productores y que especializará al país en cultivos tropicales, los cuales sufren, agravadas por la indiferencia oficial, por las manipulaciones de su comercio y producción por parte de las trasnacionales.

Ante estas realidades, hemos decidido convocar el más amplio Congreso Nacional Agropecuario que pueda concebirse, en el que puedan participar, sin distinción alguna, todas las organizaciones del sector y todas las personalidades interesadas en su suerte, con el propósito de agrandar la base social de la resistencia civil a las políticas neoliberales, a partir de unirnos en el programa específico y las tareas democráticas capaces de sacar el campo de la encrucijada en que se encuentra. Dicho congreso se realizará en Bogotá, el día 18 de octubre de 2001, a partir de las 9 a.m., evento al que le estamos extendiendo cordial invitación.

«ANTES LOS AGRICULTORES ESTABAMOS DORMIDOS»

Luego del Paro Agrario ha tenido lugar un hecho de enorme significación: las vívidas reuniones de los agricultores para evaluar su lucha. La primera lección es que la brutalidad con que el gobierno de Pastrana trató la protesta, lejos de doblegarlos, se convirtió en poderoso acicate para futuras contiendas y les sirvió para identificar quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. Como nota común, en los distintos análisis se destaca el gran aprecio que Salvación Agropecuaria ha ganado entre los productores del campo.

En Villeta, en emotiva reunión de unos 150 labriegos celebrada en una cancha de tejo ubicada en el propio Mercado de la Panela, luego del informe del doctor José Fernando Ocampo, coordinador departamental de Unidad Panelera, don Jesús Romero, de Quebradanegra, y uno de los pilares de la naciente organización en el Gualivá, expresó con sencillez: «Lo importante fue que pudimos convivir sin importar el color político, ni otras diferencias. El paro nos dio la pauta para saber qué es el pueblo y qué es la oligarquía; aprendimos a protegernos unos con otros y hemos cogido experiencia para ser más fuertes la próxima vez».

Como la arrogante actitud del gobierno de no dar respuesta a una sola de las exigencias de los cultivadores preocupaba a algunos, don Guillermo Gaitán, también líder de Unidad Panelera, tranquilizó a sus compañeros: «Más tarde nos vamos a dar cuenta de que el paro fue un éxito, así hoy haya quienes se sientan derrotados». Y ante la patraña oficial acerca de que el paro lo manipuló la guerrilla, objetó rotundamente: «Esa es una disculpa para impedir las luchas», y agregó: «Debemos seguir apoyando al doctor Ocampo; ahora tenemos un líder, que ha demostrado que sí está al lado de nosotros». Un agricultor mencionó que el gobierno también dijo que el paro fue movido por intereses políticos y electorales: «Pues si son intereses políticos, estamos en condiciones de someternos a un cambio; yo no dudo en apoyar al que llegue a aportarnos, y si viene la maquinaria política ya no va a ser como antes».

Un dirigente anotó que el paro le hizo darse cuenta de cuál es el «Estado social de derecho del que tanto hablan. Estamos ante un Estado apático, al que no le duele la gente. Un Estado de represión. Nos quedó la enseñanza de para qué sirve el gobierno que hemos elegido. Lo que tenemos es que formar más líderes y tener mayor organización». Y otro remató: «Nos quedó el sabor de que el gobierno no quiere saber nada del campo».

Al rayar la una de la tarde, cuando la mayoría debía emprender el regreso a las veredas, sus afanes se concentraron en definir qué hacer para enviar una buena delegación a Ibagué, a la Junta Nacional de Salvación Agropecuaria, el 1 de septiembre. Alguno propuso que para ello se apropiaran unos dineros conseguidos para el paro y que no se habían gastado; la aprobación fue unánime. Además, todos acogieron clamorosamente la propuesta hecha por uno de los más pobres: «Hay que empezar a aportar para constituir un fondo con el cual cubrir los gastos que se vienen y continuar la lucha».

Ventaquemada

Al balance de Ventaquemada, escenario de uno de los más multitudinarios bloqueos, asistieron paperos de ese municipio y de Sibaté, Gachancipá, Villapinzón, Chocontá, Tuta, Paipa, Siachoque, San Pedro, Belén, Toca. El acto lo presidieron los dirigentes Jorge Robledo, Tarcicio Cuervo, Fulvio Ávila, Alberto Caro y Víctor Dávila.

Robledo profundizó en los puntos del comunicado de balance, publicado en El Tiempo; diseccionó los últimos diez años de política antiagraria oficial, ruinosos para todos los sectores; habló de los antecedentes de Salvación Agropecuaria; y enfatizó en que ésta es una organización de lucha, de resistencia civil, y absolutamente independiente del gobierno. Resaltó la ejemplar batalla de Ventaquemada, la cual, dijo, aumentaba su certeza de que a la larga vamos a ganar y les aseguró a los cultivadores que podían estar tranquilos porque los jefes de la organización «están en esto de verdad».

Tarcicio Cuervo, un papicultor que desde cuando tuvo noticia del paro se entregó a prepararlo, manifestó: «En Boyacá somos 16 mil paperos, casi todos pequeños y medianos. Con las políticas estultas de estos vendepatria, los primeros que caemos somos los pequeños. En buena hora apareció Salvación Agropecuaria; si no participamos en ella vamos a terminar hundidos. Debemos crear una organización, llámese como se llame. Fedepapa, amangualada con el gobierno, no ha hecho sino ayudar a quitarnos los derechos». Ante una pregunta sobre las reuniones sostenidas con el Ministerio de Agricultura, Cuervo fue claro: «Las comisiones nombradas por el gobierno son para dilatar. En las reuniones posteriores vamos a seguir las orientaciones de Salvación Agropecuaria. Si el gobierno no se compromete con la no importación y la baja de los insumos, no asistiremos a ninguna de las citas que nos ponga». Sus apreciaciones las apuntaló Juan Ruiz, de Ventaquemada, agricultor que siembra unas 500 cargas y que participó en el paro porque «a los grandes nos afectan también los problemas que padecen los pequeños. Quienes estuvimos en el paro protestamos por la ausencia de Fedepapa, que no pronunció ni una palabra en nuestro favor. Y ningún político tradicional nos acompañó».

Fulvio Ávila, uno de los fundadores de Unidad Panelera, contó cómo la ira que le causaron sus propias tragedias como agricultor lo llevaron a intentar en vano conformar una organización agraria de importancia; aspiración que hoy ve satisfecha con Salvación Agropecuaria, «que nos llevó a la marcha nacional, que aprobó el paro en el que estalló toda nuestra rabia, porque antes los campesinos estábamos dormidos».

Mari Zárate, viajó desde Sibaté. Ella es hija de don Pedro, un curtido cultivador. Los dos impulsaron la marcha con la que unos 200 productores de ese municipio se vincularon al paro. Mari felicitó a los boyacenses: «Ustedes sacaron la cara por nosotros. Debemos seguir en esta línea, porque cuando nos agrupamos sabemos qué cosas están fallando y qué podemos hacer». Luego denunció algunas de las dolencias de los paperos: «La asistencia técnica la dan las casas comerciales según lo que nos quieran vender. Los costos suben porque los de las casas dicen que sus productos se mueven de acuerdo con el cambio del dólar, pero con la papa no sucede igual. Estamos quedando en manos extranjeras: Papas Margarita ya no es nacional; Congelagro dice que las importaciones de la industria son apenas 5%, pero deben de ser mucho más; McDonalds trae la papa exclusivamente de Estados Unidos».

«Hemos ganado mucho en este paro porque lo hicimos alrededor de una organización sólida. Debemos apoyar decididamente el movimiento de Salvación Agropecuaria», dijo Gonzalo Pulido, de Villapinzón, otro de los sitios que se bloquearon en Cundinamarca. Y comentó su amarga experiencia como productor: «Yo llegué a sembrar 250 hectáreas de cebada y ahora cultivo 12 ó 13, porque a ese extremo me llevó la apertura. Los agricultores estamos dispuestos a librar la lucha. Y si toca que se desate una nueva pelea por la Independencia, aquí tenemos los antecedentes del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá». Epifanio Cuervo, de Chíquiza, insistió en la organización: «Debemos unirnos en torno de Salvación Agropecuaria, que es la única que lucha por el sector, la que tiene ideas claras para ganar la batalla. Debemos conformar un frente amplio de resistencia para defender el agro».

Aníbal González, de Ventaquemada, contó: «Yo fui de la ANUC, pero el gobierno la acabó; nos dividimos y eso lo terminaron manejando los oligarcas. El gobierno crea esas organizaciones y luego las dispersa. Pero si creamos una por fuera del gobierno, será fuerte y de todos los productores». Y Germán Grimaldos, de Belén, lo reforzó: «Debemos pensar en unirnos a Salvación Agropecuaria, para que se determine cuándo va a ser el próximo paro». Celestino Garzón, para ponerle piso firme a la idea, propuso: «Hagamos una gira de Robledo por Boyacá, porque a todos nos afecta la situación».

Al final intervinieron Víctor Dávila, coordinador departamental de Salvación Agropecuaria, y Alberto Caro quien, no obstante la campaña difamatoria contra él, por parte de altos directivos de Fedepapa, se dedicó incansablemente a organizar la lucha. Víctor destacó el apoyo que al paro en Boyacá le dieron la CUT, el sindicato de maestros, el del Incora, los trabajadores de Acerías Paz del Río, los estudiantes de agronomía de la Universidad. Con vivo entusiasmo concluyó: «Tenemos que llegar a los 123 municipios del departamento para promover el programa de Salvación Agropecuaria, que vamos a lograr que sea defendido por toda la nación». Caro señaló: «Esta reunión, así como el paro, son un hito en la lucha agraria.Vamos a retornar cargados de mensajes claros a nuestras veredas. Al oponernos a las importaciones debemos denunciar que la sobreproducción de papa, que repetidamente padecemos, se debe a que este es el único cultivo importante que nos queda en tierra fría, ya que las importaciones acabaron con la producción de cereales».

En la reunión estuvo la ex alcaldesa de Tenjo, Clementina del Pilar González, quien resaltó la «magistral intervención de Jorge Robledo» y la labor de Buenaventura Bonilla, concejal del MOIR en Gachancipá, «que ha venido sembrando la semilla en el centro de la Sabana de Bogotá para defender el campo, nuestro trabajo, nuestra familia». Al final de su saludo, expresó: «Si nos organizamos y por medio de Salvación Agropecuaria expresamos nuestros objetivos, podremos ser más fuertes y lograr lo que nos proponemos. Ojalá pueda participar mucho más, porque mi vida está en el campo». Con similares palabras se expresó el diputado Mario Moreno. A punto de concluir el acto arribó el gobernador Miguel Ángel Bermúdez, quien expresó su solidaridad con los productores y criticó al gobierno por recurrir «al facilismo de botar a todo el mundo de los trabajos cuando lo que hay que hacer es incrementar los ingresos y la producción».

La reunión se clausuró con un minuto de silencio en memoria de los dos campesinos alevemente asesinados por el gobierno en el Huila.