Categoría: Tribuna Roja N° 52, Bogotá; julio 29- agosto 11 de 1993

José Fernando Ocampo, Vicepresidente de Fecode.
No había realizado Fecode en sus treinta años de historia una movilización victoriosa de tanta envergadura y significación patriótica como el paro indefinido de este año. Cien mil personas, entre maestros, padres de familia y estudiantes, con el entusiasta respaldo de todo el pueblo, colmaron el 26 de mayo la Plaza de Bolívar para defender la educación pública y oponerse a la política neoliberal de Gaviria.

Por primera vez Fecode había elaborado una propuesta revolucionaria de reforma educativa y tras negociarla con el gobierno, había logrado su aprobación en la Cámara de Representantes. Pero la ministra de Educación, Maruja Pachón, en acatamiento a las órdenes del Banco Mundial consignadas en una carta del 9 de abril del presente año, desconoció los acuerdos del gobierno con el magisterio.

La táctica oficial, entonces, consistió en hundir el proyecto de ley “general de educación” convenido con el Ejecutivo y hacer aprobar otro proyecto, el de “distribución de recursos y competencias”, elaborado por Planeación y Hacienda, que instauraba toda la política neoliberal de la “apertura educativa”, impulsada por el imperialismo.

Desde el principio del proceso, hace dos años, se había conformado una santa alianza entre el ministro de Hacienda, el director de Planeación y los representantes de la educación privada, para derrotar esta propuesta de reforma. Y dentro de la misma Fecode, algunos sectores le hicieron el juego a Gaviria, con su oposición al proyecto de ley general y a la táctica aprobada por la Federación.
El paro lo clarificó todo. En primer lugar, el contenido de la ley. El secreto de la política neoliberal del gobierno residía en municipalizar y privatizar la educación publica y en arrebatarles a los educadores las conquistas logradas en ardua lucha. Como resultado de la batalla Fecode logró desmontar la autonomía de los municipios e incorporar a todos los docentes bajo un solo régimen especial de vinculación, de salarios, cesantías y pensiones dejando incólume el Estatuto Docente y el Fondo de Prestaciones; asegurar el giro del situado fiscal a los FER y no a las tesorerías municipales y suprimir la facultad de departamentos y municipios para contratar la educación pública con “empresas” privadas. En esta forma se obtenía una centralización financiera y una descentralización administrativa sin municipalización, y se detenía la privatización.

Además el movimiento confirmó que la táctica había sido correcta: l,) al elaborar y negociar el proyecto de ley de educación que fue la base para el acuerdo del paro; y 2) al lanzar la pelea en el momento preciso, para defender el proyecto de ley de educación y derrotar el otro, el de “distribución de recursos y competencias”, en lugar de embarcarse en escaramuzas que lo habrían dejado sin arrestos a la hora de la verdad.

La respuesta masiva del magisterio, su conciencia sobre la política neoliberal, el apoyo del pueblo a esta lucha patriótica, las propuestas acertadas de solución a la crisis educativa, fueron los elementos que condujeron al triunfo.

El proyecto de ley de “distribución de recursos y competencias” fue aprobado ya en el Congreso con la incorporación de todos los logros del paro. Resta ahora el segundo debate en el Senado sobre el otro proyecto de ley, el de educación. Fecode tiene que seguir alerta en este debate para defender una enseñanza del más alto nivel científico y técnico, que le sirva al desarrollo del país.

Guillermo Alberto Arévalo

Crescencio Salcedo, uno de los más importantes compositores colombianos de música popular, nació en Palomino, departamento de Bolívar, en 1913. Sesenta años después, en julio de 1973, un puñado de estudiantes cultores del arte dramático decidió constituirse como grupo estable y fundó el Teatro libre de Bogotá, el cual ahora, para celebrar dos décadas de fructífera labor artística, ha puesto en escena el espectáculo Crescencio, la leyenda y la música, en homenaje al artista fallecido en Medellín en 1976.

Múltiples logros artísticos
La nueva obra es la culminación de este período en el que el grupo ha llevado a cabo más de cuarenta montajes de autores tanto extranjeros (Shakespeare, Moliére, Arthur Miller, Sartre, Pirandello, Tennessee Williams, Edward Albee, Pablo Neruda o Milan Kundera), como colombianos vinculados en diferentes momentos a su taller de dramaturgia (Esteban Navajas, Jairo Aníbal Niño, Jorge Plata, Sebastián Ospina, Eduardo Camacho, Piedad Bonnett, José Domingo Garzón y Armando Múnera). Después de haber iniciado labores en el desvencijado salón de una sede sindical, el Teatro Libre logró construir en cinco años su primera sede, una sala pequeña en el barrio de La Candelaria, donde funciona su Escuela de Formación de Actores, que ofrece una carrera de cuatro años; en 1988 adquirió el antiguo Teatro de La Comedia, ubicado en Chapinero, lo restauró y lo dotó con modernos equipos técnicos. Ha invitado para diversas producciones a prestigiosos artistas y directores invitados, y ha realizado numerosas giras, por ciudades y pueblos colombianos y por diversos países extranjeros.

Homenaje a un artista popular
Con motivo de la celebración de estos veinte años, Tribuna Roja realizó una entrevista al fundador y director del grupo, Ricardo Camacho, sobre su montaje de Crescencio, la obra que exalta al genial compositor de Santa Marta y Cartagena, La múcura, Mi cafetal, El caimán y tantas otras imperecederas composiciones musicales y poéticas; el “Compae Mochila”, como fuera llamado con cariño, el hombre que viviera en Palomino, Barranquilla, La Guajira, Cartagena, Santa Marta, Bogotá y Medellín, siempre de pata al suelo “para mejor sentir el contacto de la Madre Tierra”, con su sombrero “vueltiao”, su flauta y su mochila, recogiendo motivos que luego vertía en sus canciones “para alentar a la materia cuando está triste”, El mismo que desde 1957, en Medellín, quedó semiparalizado por un derrame cerebral y murió en la miseria, vendiendo flautas a los transeúntes, mientras los avivatos del negocio de la música registraban a nombre propio sus partituras, aprovechando el abandono oficial del artista con el cual las instituciones colombianas fueron, como dice el programa del Teatro Libre, “tan pródigos en elogios cuando muerto, como mezquinos en apoyar al hombre vivo”.

La Asamblea fue elegida el 9 de diciembre y sesionó de enero a julio de 1991, cuando procreó la contrahecha criatura de sus afanes, la Carta de la neocolonización económica.

Marcelo Torres

El nacimiento de la actual Constitución tuvo lugar después de una cadena de violaciones a la anterior Carta política, en la que cada paso era peor y se apoyaba en el precedente. Los reveses iniciales, el plebiscito propuesto por Virgilio Barco en las elecciones del 11 de marzo de 1988 –frente al cual el expresidente Pastrana amenazó con declarar la abstención-, y el hundimiento en el Congreso del proyecto de reforma constitucional del gobierno, en 1989, no hicieron desistir a los inspiradores de la llamada consulta popular, que al final quedó anulada por el pronunciamiento del Consejo de Estado. Y el gobierno de entonces se resignó a someterse a los canales habituales presentando al Congreso la enmienda mediante un proyecto de acto legislativo. La pantomima llegó a su fin cuando el gobierno retiró la iniciativa, tras el artificial alegato contra la no extradición, después de que los parlamentarios la habían aprobado en las dos legislaturas correspondientes.

Para reformar la Constitución por la vía plebiscitaria -procedimiento prohibido por la Carta entonces vigente- había que desprestigiar y someter tanto al Congreso como a la justicia. La nefanda campaña puesta en movimiento desde la Casa de Nariño no tardó en rendir frutos, ante la pasividad de los órganos del Estado afectados.

La llamada “séptima papeleta”, en marzo de 1990, con ocasión de la consulta para escoger candidato oficial del liberalismo, materializó un definitivo avance en esa dirección. Era la introducción de una insólita cláusula en las reglas de juego electoral, bajo la mascarada de una supuesta iniciativa estudiantil, impelida por el gobierno y sin fundamento alguno. El decreto 927 del 3 de mayo del mismo año, también de Barco, al convocar el referéndum en tomo a la urgencia de reunir una Constituyente, retomó claramente el camino plebiscitario, vale decir, inconstitucional, para reformar la Constitución. El intenso apremio ejercido desde las altas esferas sobre la Corte Suprema de Justicia para obtener de ella un fallo favorable, desembocó en la inevitable aprobación de la consulta, la cual se llevó a cabo en los comicios presidenciales del 27 de mayo de aquel año, abriéndole así una tronera al ordenamiento constitucional.

El 2 de agosto de 1990, el presidente electo César Gaviria, en su calidad de director nacional de su partido, encabezó el acto en que se firmaron por parte del liberalismo, el conservatismo, el Movimiento de Salvación Nacional y el M-19, varios acuerdos cuya médula era la convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente. El 23 del mismo mes las fuerzas políticas implicadas ratificaron los compromisos y el 24 el nuevo gobierno las convirtió en norma legal, expidiendo el decreto 1926. Otra vez la Corte Suprema fue presionada sin pudor alguno. Desconociendo el fallo de su Sala Constitucional que declaraba inexequible el decreto, el máximo Tribunal dio luz verde a la convocatoria de la Asamblea. Esta fue elegida el 9 de diciembre y sesionó de enero a julio de 1991, cuando procreó la contrahecha criatura de sus afanes, la Carta de la neocolonización económica.

En el curso de sus deliberaciones no sólo desconoció olímpicamente una providencia del Consejo de Estado que suspendía algunas de sus decisiones sobre materias electorales, sino que declaró, desafiante, que sus determinaciones configuraban actos de “vigencia inmediata” y elevó su reglamento interno a rango constitucional. Domesticada la Corte Suprema, desconocido el Consejo de Estado y derrumbado todo el orden jurídico, sólo le faltaba rematar al arrinconado Congreso, y fue lo que hizo a continuación. Antes de desaparecer, disolvió el órgano legislativo y convocó a nuevas elecciones parlamentarias.

La Corte rechazó el que se incluyera en la convocatoria de la Constituyente un temario oficial, mas la abrumadora mayoría de los 380 artículos permanentes y de los 59 transitorios de la nueva Constitución recogieron lo esencial de lo propuesto por el gobierno: unos basamentos más regresivos, antidemocráticos y antinacionales que las antiguas normas abolidas, Se había puesto en marcha el “revolcón”.

Tribuna Roja: ¿Cuál ha sido la visión del Teatro Libre acerca de la dramaturgia nacional?

Ricardo Camacho: Desde nuestros comienzos el norte fue lograr una producción dramática enraizada en los problemas y la historia de la realidad colombiana. El proceso de un grupo teatral es, sin embargo, zigzagueante, y por lo tanto ha habido muchos ires y venires. En nuestra primera etapa tuvimos un taller de dramaturgia, algo que era inédito en el país, el cual produjo al menos diez obras de las cuales la más importante es, sin duda, La agonía del difunto, de Esteban Navajas. Se trata de la obra teatral latinoamericana más montada en el mundo. Desde 1977, sabemos de escenificaciones no sólo en todo el continente sino en lugares como la antigua República Democrática Alemana, Polonia, Hungría…

Después vimos que nos faltaba mucha experiencia, no sólo en lo dramatúrgico sino también en lo referente a la producción de espectáculos. Para aprender escogimos las obras de los autores clásicos, y la primera obra que nos ayudó a pulir las herramientas fue El Rey Lear de Shakespeare. Tal inquietud tiene sus raíces en la formación que recibimos en la universidad, y nos llevó a diversos montajes de piezas del repertorio universal. Hace algunos años retomamos la producción de obras propias y de este nuevo proceso han surgido, entre otras, Un muro en el jardín , de Jorge Plata, Gato por liebre, de Piedad Bonnett, Muchacho, no salgas, de José Domingo Garzón, o Crescencio , de Armando Múnera; hemos reconstruido el taller, y en su seno se gestan nuevos proyectos.

De otra parte es bueno recordar que el Teatro es cada vez más un hecho internacional, y por lo tanto nuestra dramaturgia debe lograr una proyección que trascienda las fronteras. Los nuevos esfuerzos colombianos en este campo necesitan, pues, superar el costumbrismo, el folclorismo, lo inmediato, el “color local” y entrar de lleno, sin complejos, en los grandes temas contemporáneos. Por eso, creo que Crescencio, la leyenda y la música es, para nosotros, la culminación de una etapa.

T. R: ¿Qué actividades investigativas les demandó esta realización?

Ricardo Camacho: Contamos con una base documental amplia, efectuamos entrevistas y nos apoyamos en la bibliografía existente sobre Crescencio Salcedo y su música. Pero quiero aclarar que en ningún momento fue nuestro propósito transplantar al escenario investigaciones de tipo antropológico o sociológico. No partimos de teorías sino de una recuperación de nuestras raíces dormidas, que son las de la mitología popular, la música, el aire que se respiró, los colores que se vieron, los sonidos que se escucharon.
La investigación, pues, fue mediatizada en busca de una dimensión teatral. En La agonía del difunto, por ejemplo, después de conocer el texto de Navajas los actores hicieron un exhaustivo trabajo de campo en la Costa Atlántica. En Crescencio no tuvimos inicialmente una partitura. La obra no pretende una ilustración biográfica; ni se basa en un documento, ni es una pieza costumbrista o una comedia musical. Se aprovecha al máximo la capacidad de creación de imágenes de los actores.

T.R.: ¿Cómo influyó en este trabajo la confrontación con el teatro universal?

Ricardo Camacho: El grupo analizó decenas de espectáculos dé todas las vertientes. Incluso llegamos a ver videos de danza japonesa contemporánea y hasta de producciones de Broadway, en fin. Pero luego nos importó cómo asimilar la realidad, partiendo no de lo leído sino de nuestros propios recursos, posibilidades y vivencias; por ello la obra no es una copia de ningún estilo, sino una creación verdaderamente original.

T.R.: Hablando de los actores, parece destacable que, de los trece, seis son debutantes que provienen de las dos promociones que ha graduado ya la Escuela de Formación de Actores. ¿Cómo consiguieron acoplarlos?

Ricardo Camacho: Sin mayores dificultades estos jóvenes actores y actrices se integraron con el resto del elenco, dentro del cual hay algunos con muchísimos años de experiencia profesional, y brindaron aportes importantes para la creación del espectáculo. Por ejemplo el protagonista, Ramsés Ramos, quien interpreta a Crescencio, realizaba su primer trabajo después de haberse graduado en la escuela.

T.R.: Uno de los temas tratados en la obra es el del abandono de los artistas por parte del Estado. ¿Cómo ha sido la relación del Teatro Libre con las instancias oficiales de la cultura a lo largo de sus veinte años?

Ricardo Camacho: Hagamos la salvedad de que el verdadero artista crea su obra con o sin apoyo del Estado. Ahí está la viva imagen de Crescencio Salcedo. Frente al Teatro Libre, la relación ha oscilado desde la hostilidad hasta un tibio reconocimiento, pasando por la indiferencia. Hoy en día, en el mundo entero, el neoliberalismo hace estragos en el terreno de las artes. Valga el caso de la desaparecida Alemania oriental, donde hay miles de músicos lavando carros o pintando casas, o el de los Estados Unidos, país que en los últimos diez años no ha producido una sola obra teatral importante. Y Colombia no es la excepción. Nosotros perseveraremos en nuestro oficio, tengamos o no el apoyo oficial. No usaremos esto como excusa para el inmovilismo, pero eso sí, jamás hemos dejado de luchar por las reivindicaciones de los artistas colombianos.

El pasado 15 de julio cumplió seis meses de encarcelamiento el dirigente del MOIR en Sucre, Javier Alberto Zapata Jaramillo. Se encuentra recluido en la cárcel de Sincelejo por acusaciones absolutamente infundadas.

Nuestro dirigente se ha caracterizado por servir a los pobladores de la región y goza de gran aprecio por su desprendimiento y sencillez, desde los tiempos en que se vinculó al departamento.

El 15 de enero, cuando caminaba por una céntrica calle de la capital sucreña, después de salir a mediodía del Almacén Stela, donde trabaja, fue arrestado al pasar coincidencialmente ante un piquete de infantes de marina que detenía a un sujeto con el cual Javier no tiene ningún vínculo.

Las autoridades levantaron además el infundio de que el compañero pertenece a las Farc. Semejante atropello ha encontrado eco en la Fiscalía de Barranquilla. La verdad es que dicha oficina carece de pruebas y ha dilatado la decisión sobre su libertad, la que exigimos perentoriamente.

Si la batalla se adelanta con la movilización unitaria y sin vacilaciones, el éxito es altamente probable.

Paro nacional indefinido aprobaron los trabajadores y estudiantes del SENA si el régimen determina convertir cualquiera de sus 92 centros en corporación privada.

La patriótica decisión va encaminada a tumbar el decreto 2149 de 1992, que entrega la entidad a los particulares. Las fuerzas sindicales se hallan resueltas a seguir el camino de Telecom, la Caja Agraria y Fecode, cuyas resonantes batallas hicieron frente a las medidas neoliberales.

La orden de paro busca preservar al SENA como parte del patrimonio nacional y evitar su atomización. La actual infraestructura, construida en 36 años, es fruto del esfuerzo de varias generaciones de colombianos y no sólo de la empresa privada, cual lo pregona la propaganda oficial.

El SENA capacita a los trabajadores en forma gratuita y transfiere conocimientos tecnológicos requeridos por las empresas del país.

Pero con una industria y un agro en bancarrota, sobre todo después de la apertura, la mínima capacitación de los asalariados deja de ser un objetivo importante. Aún menos se preocuparán por ella los monopolios foráneos que terminen por adueñarse de Colombia. Como ya se vio en México, los talleres de la maquila se reducen a emplear mano de obra temporal y de muy baja preparación.

En la actualidad cursan ocho demandas contra el 2149 ante el Consejo de Estado, que ha suspendido provisionalmente algunos artículos. El comité prodefensa del SENA, integrado por sus sindicatos, presentó además ante el Congreso un proyecto de ley, respaldado por un millón de firmas, en procura de echar atrás el decreto. El Senado le impartió su aprobación el 17 de junio, pero la Cámara no se pronunció al respecto. Fiel al espíritu dictatorial que orienta la apertura económica, el presidente Gaviria anticipó que, de ser aprobada la ley, se abstendría de sancionarla.

Nuestro Partido apoya decididamente esta lucha. Si la batalla se sigue adelantando como hasta hoy, con la movilización unitaria y sin vacilaciones, el éxito es altamente probable.

La Caja Agraria es otra de las empresas afectada por los decretos privatizadores en donde los asalariados enfrentan con el paro la arremetida gavirista y salen victoriosos.

El gobierno se ha propuesto arrasar con la agricultura y destruir las entidades de fomento a la producción agrícola.

La portentosa batalla contra la privatización obtuvo como resultado el reintegro de unos 600 trabajadores y la congelación de más de mil despidos. Queda probado que tan sólo con el combate podrá el pueblo impedir la destrucción en marcha del patrimonio nacional.

Bajo la dirección del comité ejecutivo del sindicato, encabezado por Jesús Bernal, los nueve mil trabajadores de la entidad paralizaron actividades el 6 de abril. La hora cero fue fijada a las 11: 30 a.m., tan pronto se conocieron los primeros despidos que afectaban a directivos sindicales, a veintidós trabajadoras en embarazo y a varios empleados enfermos.

A pesar de las amenazas patronales, la militarización de las oficinas y la renuencia de la empresa a negociar, los trabajadores dieron una lección de valor encarando a la administración y al esquirolaje.

La solidaridad del movimiento obrero fue un hecho determinante en la contienda: las centrales, en especial la CGTD, movilizaron a sus activistas. Merece destacarse la participación de Sittelecom, ACEB, Utradec, Sindes, Sinucom y el sindicato del SENA.

La industria del tabaco, tan estrechamente unida a nuestra historia, con las gestas de los Comuneros, y que durante el siglo pasado se constituyera en la actividad económica predominante y en el primer renglón de exportación, languidece hoy golpeada por la apertura gavirista. Las importaciones sin control, el contrabando y el “dumping” son los causantes de que el 50% del mercado interno haya caído en manos de los cigarrillos extranjeros.

La Compañía Colombiana de Tabaco viene denunciando al Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, por propiciar prácticas desleales al certificar, con fines arancelarios, precios muy por debajo de los reales de comercialización de los cigarrillos importados. Asimismo, el presidente de Coltabaco afirma que durante 1992 las ventas se redujeron en una cuarta parte.

Numerosos campesinos de Bolívar, Sucre y los Santanderes han sido lanzados a la ruina. Según estadísticas de Finagro, mientras en el primer semestre de 1991 se financiaron 2.184 hectáreas de tabaco negro, en igual período de 1992 solamente recibieron crédito 492. Con respecto al tabaco rubio, las cifras son también dicientes. Durante los mismos períodos analizados el hectareaje se redujo de 2.715 a 1.876.

Los 200 mil trabajadores dedicados al cultivo, cosecha, manufactura y comercio del tabaco se ven abocados al cese de labores.

Jorge Enrique Robledo C., Coordinador Unidad Cafetera Nacional
Con la eliminación de las cuotas en el Pacto Internacional del Café, lo que tenía que pasar pasó: las cotizaciones cayeron en picada en los mercados mundiales. Los ingresos de las naciones cafeteras se han reducido en cerca de diez mil millones de dólares, los mismos que han terminado en las arcas del puñado de transnacionales que controla el negocio del grano en el mundo. Con tal fin los consumidores, en especial Estados Unidos, impusieron el llamado “mercado libre”, el cual se caracteriza precisamente por su falta de libertad.

Para Colombia las pérdidas superan los mil millones de dólares, a pesar de que las ventas crecieron en cerca de 50%. El precio interno real del café ha bajado a la mitad y la reducción de la cosecha nacional en tres millones de sacos aumenta la pobreza de los productores sobre todo de las capas más bajas de la población de las regiones cafeteras. Tan grave se presenta la situación que muchos cultivadores podrían perder hasta la propiedad de sus parcelas.

Pero el desastre de los productores no se explica exclusivamente por los acontecimientos internacionales. La administración Gaviria no sólo se ha negado a escuchar al gremio sino que con sus funestas y múltiples medidas generales le propina el golpe de gracia. Los funcionarios del Banco Mundial ya propusieron el desmonte del Fondo del Café, el instrumento institucional creado para colaborar con los productores y que explica por qué Colombia es el único país en donde el capital extranjero no controla el ciento por ciento del comercio interno y externo del grano. Se quiere imponer además la privatización del Banco Cafetero y de la Flota Mercante Grancolombiana.

Ante las realidades de esta catástrofe, los cultivadores mantienen su firme resistencia a través de una organización independiente: la Unidad Cafetera Nacional, la cual ha realizado movilizaciones tan importantes y de tanta resonancia como la “Marcha a Bogotá”. La agremiación impulsa una política aglutinante en torno a los siguientes planteamientos: que se combatan las maniobras del imperialismo que buscan deprimir aún más los precios internacionales; y que se luche contra las lesivas disposiciones oficiales, la privatización de las instituciones cafeteras y la baja del precio interno. Que se presione la adecuada financiación de las deudas bancarias y se respalde efectivamente la campaña contra la broca, entre otras justas peticiones.

La situación actual del sector agropecuario nos permite abundar en razones para señalarle al país que la política de apertura económica no es apta para una economía mundial donde el pez grande se come al chico, las prácticas monopolistas son las que rigen el “mercado libre” y las grandes potencias imponen sus condiciones a los países bajo su férula, mientras se enfrentan por ampliar sus respectivas esferas de influencia.

Muchos creían que Colombia iba a inscribirse, como lo decía la propaganda oficial, en los mercados mundiales y a ampliar sus exportaciones. Al contrario, nos inundan con mercancías extranjeras y la producción nacional está seriamente golpeada; se corre el riesgo de perder en poco tiempo lo construido en tantos años de titánicos esfuerzos; las grandes potencias imponen la apertura de nuestros mercados pero no abren los suyos y, en esa aplicación de la ley del embudo sale maltrecha nuestra ya de por sí débil economía.

Para los productores rurales, el campesinado y los asalariados agrícolas, los últimos años han sido catastróficos. A los diferentes tipos de violencia que han debido soportar se ha sumado la extorsión económica del gobierno. Lo que deja la delincuencia común lo están empezando a recoger los bancos, con el beneplácito oficial.

Unos pocos se salvan de la crisis, pero sobre sus cabezas también está pendiente la amenaza. La gran confrontación que desde el derrumbamiento del imperio soviético se ha intensificado entre los grandes bloques económicos mundiales, arrastra con su oleaje a las pequeñas naciones. Las escaramuzas en el GATT, la “guerra de los vinos” entre Francia y Estados Unidos, los forcejeos japoneses para proteger su producción arrocera, hacen parte del enfrentamiento de los fuertes contendientes, enfrentamiento que se hará cada vez más agudo.

Como están las cosas, sólo con la erguida movilización de las fuerzas populares se conseguirá echar atrás las medidas de los intermediarios del imperialismo y rescatar el control del mercado interno para nuestros productos. Con la apertura económica, la importación de miles de toneladas de cebada, trigo, maíz, fríjol, leche, huevos y ganado para el sacrificio, y de otros de arraigada o de posible producción nacional, se ha convertido en un atentado contra el desarrollo agropecuario del país. La llegada de arroz venezolano y de carne de pollo y sorgo desde Estados Unidos, está afectando industrias que habían logrado importantes avances y que satisfacían con suficiencia las necesidades internas de consumo.

“Es mejor la cizaña de tu país que el trigo del extranjero”, reza un proverbio árabe. Aunque resultara cierto que buena parte de nuestra producción agrícola sea de inferior calidad a la importada, los intereses nacionales deben prevalecer. La modernización y el mejoramiento permanente de la calidad y eficiencia de la producción es una ley histórico natural que se impondrá por encima de los obstáculos artificiales de los mandatarios. La mayor parte de los dos millones y cuarto de toneladas importadas en 1992 pueden ser perfectamente generadas en Colombia. ¿Qué razón hay para abrir nuestras fronteras a las mercaderías extranjeras altamente subsidiadas y causar la ruina de miles de agricultores colombianos?

La cuestión ha de empezar por imponer barreras arancelarias y no arancelarias que impidan la entrada de productos foráneos que perjudiquen nuestra producción, a semejanza de como lo han hecho siempre las burguesías de las diversas naciones.

Para solucionar la situación de pobreza, es decir, el nivel de vida de los treinta millones de colombianos, no existe otro camino que impulsar el desarrollo. En lugar de estar pensando en las migajas del extranjero y echando teoría, los gobernantes deberían velar por el progreso material, social y cultural de toda la población. Cuando se recortan los salarios reales de los trabajadores y se disminuyen o anulan las ganancias de los productores agrícolas e industriales, concentrando la riqueza en unos pocos privilegiados, lo que se está es impidiendo el crecimiento del consumo, causando entonces el constreñimiento del mercado interno. Debilitan la planta de cuyo jugo se alimentan.