Categoría: Tribuna Roja N° 52, Bogotá; julio 29- agosto 11 de 1993

Si la batalla se adelanta con la movilización unitaria y sin vacilaciones, el éxito es altamente probable.

Paro nacional indefinido aprobaron los trabajadores y estudiantes del SENA si el régimen determina convertir cualquiera de sus 92 centros en corporación privada.

La patriótica decisión va encaminada a tumbar el decreto 2149 de 1992, que entrega la entidad a los particulares. Las fuerzas sindicales se hallan resueltas a seguir el camino de Telecom, la Caja Agraria y Fecode, cuyas resonantes batallas hicieron frente a las medidas neoliberales.

La orden de paro busca preservar al SENA como parte del patrimonio nacional y evitar su atomización. La actual infraestructura, construida en 36 años, es fruto del esfuerzo de varias generaciones de colombianos y no sólo de la empresa privada, cual lo pregona la propaganda oficial.

El SENA capacita a los trabajadores en forma gratuita y transfiere conocimientos tecnológicos requeridos por las empresas del país.

Pero con una industria y un agro en bancarrota, sobre todo después de la apertura, la mínima capacitación de los asalariados deja de ser un objetivo importante. Aún menos se preocuparán por ella los monopolios foráneos que terminen por adueñarse de Colombia. Como ya se vio en México, los talleres de la maquila se reducen a emplear mano de obra temporal y de muy baja preparación.

En la actualidad cursan ocho demandas contra el 2149 ante el Consejo de Estado, que ha suspendido provisionalmente algunos artículos. El comité prodefensa del SENA, integrado por sus sindicatos, presentó además ante el Congreso un proyecto de ley, respaldado por un millón de firmas, en procura de echar atrás el decreto. El Senado le impartió su aprobación el 17 de junio, pero la Cámara no se pronunció al respecto. Fiel al espíritu dictatorial que orienta la apertura económica, el presidente Gaviria anticipó que, de ser aprobada la ley, se abstendría de sancionarla.

Nuestro Partido apoya decididamente esta lucha. Si la batalla se sigue adelantando como hasta hoy, con la movilización unitaria y sin vacilaciones, el éxito es altamente probable.

La Caja Agraria es otra de las empresas afectada por los decretos privatizadores en donde los asalariados enfrentan con el paro la arremetida gavirista y salen victoriosos.

El gobierno se ha propuesto arrasar con la agricultura y destruir las entidades de fomento a la producción agrícola.

La portentosa batalla contra la privatización obtuvo como resultado el reintegro de unos 600 trabajadores y la congelación de más de mil despidos. Queda probado que tan sólo con el combate podrá el pueblo impedir la destrucción en marcha del patrimonio nacional.

Bajo la dirección del comité ejecutivo del sindicato, encabezado por Jesús Bernal, los nueve mil trabajadores de la entidad paralizaron actividades el 6 de abril. La hora cero fue fijada a las 11: 30 a.m., tan pronto se conocieron los primeros despidos que afectaban a directivos sindicales, a veintidós trabajadoras en embarazo y a varios empleados enfermos.

A pesar de las amenazas patronales, la militarización de las oficinas y la renuencia de la empresa a negociar, los trabajadores dieron una lección de valor encarando a la administración y al esquirolaje.

La solidaridad del movimiento obrero fue un hecho determinante en la contienda: las centrales, en especial la CGTD, movilizaron a sus activistas. Merece destacarse la participación de Sittelecom, ACEB, Utradec, Sindes, Sinucom y el sindicato del SENA.

La industria del tabaco, tan estrechamente unida a nuestra historia, con las gestas de los Comuneros, y que durante el siglo pasado se constituyera en la actividad económica predominante y en el primer renglón de exportación, languidece hoy golpeada por la apertura gavirista. Las importaciones sin control, el contrabando y el “dumping” son los causantes de que el 50% del mercado interno haya caído en manos de los cigarrillos extranjeros.

La Compañía Colombiana de Tabaco viene denunciando al Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, por propiciar prácticas desleales al certificar, con fines arancelarios, precios muy por debajo de los reales de comercialización de los cigarrillos importados. Asimismo, el presidente de Coltabaco afirma que durante 1992 las ventas se redujeron en una cuarta parte.

Numerosos campesinos de Bolívar, Sucre y los Santanderes han sido lanzados a la ruina. Según estadísticas de Finagro, mientras en el primer semestre de 1991 se financiaron 2.184 hectáreas de tabaco negro, en igual período de 1992 solamente recibieron crédito 492. Con respecto al tabaco rubio, las cifras son también dicientes. Durante los mismos períodos analizados el hectareaje se redujo de 2.715 a 1.876.

Los 200 mil trabajadores dedicados al cultivo, cosecha, manufactura y comercio del tabaco se ven abocados al cese de labores.

Jorge Enrique Robledo C., Coordinador Unidad Cafetera Nacional
Con la eliminación de las cuotas en el Pacto Internacional del Café, lo que tenía que pasar pasó: las cotizaciones cayeron en picada en los mercados mundiales. Los ingresos de las naciones cafeteras se han reducido en cerca de diez mil millones de dólares, los mismos que han terminado en las arcas del puñado de transnacionales que controla el negocio del grano en el mundo. Con tal fin los consumidores, en especial Estados Unidos, impusieron el llamado “mercado libre”, el cual se caracteriza precisamente por su falta de libertad.

Para Colombia las pérdidas superan los mil millones de dólares, a pesar de que las ventas crecieron en cerca de 50%. El precio interno real del café ha bajado a la mitad y la reducción de la cosecha nacional en tres millones de sacos aumenta la pobreza de los productores sobre todo de las capas más bajas de la población de las regiones cafeteras. Tan grave se presenta la situación que muchos cultivadores podrían perder hasta la propiedad de sus parcelas.

Pero el desastre de los productores no se explica exclusivamente por los acontecimientos internacionales. La administración Gaviria no sólo se ha negado a escuchar al gremio sino que con sus funestas y múltiples medidas generales le propina el golpe de gracia. Los funcionarios del Banco Mundial ya propusieron el desmonte del Fondo del Café, el instrumento institucional creado para colaborar con los productores y que explica por qué Colombia es el único país en donde el capital extranjero no controla el ciento por ciento del comercio interno y externo del grano. Se quiere imponer además la privatización del Banco Cafetero y de la Flota Mercante Grancolombiana.

Ante las realidades de esta catástrofe, los cultivadores mantienen su firme resistencia a través de una organización independiente: la Unidad Cafetera Nacional, la cual ha realizado movilizaciones tan importantes y de tanta resonancia como la “Marcha a Bogotá”. La agremiación impulsa una política aglutinante en torno a los siguientes planteamientos: que se combatan las maniobras del imperialismo que buscan deprimir aún más los precios internacionales; y que se luche contra las lesivas disposiciones oficiales, la privatización de las instituciones cafeteras y la baja del precio interno. Que se presione la adecuada financiación de las deudas bancarias y se respalde efectivamente la campaña contra la broca, entre otras justas peticiones.

La situación actual del sector agropecuario nos permite abundar en razones para señalarle al país que la política de apertura económica no es apta para una economía mundial donde el pez grande se come al chico, las prácticas monopolistas son las que rigen el “mercado libre” y las grandes potencias imponen sus condiciones a los países bajo su férula, mientras se enfrentan por ampliar sus respectivas esferas de influencia.

Muchos creían que Colombia iba a inscribirse, como lo decía la propaganda oficial, en los mercados mundiales y a ampliar sus exportaciones. Al contrario, nos inundan con mercancías extranjeras y la producción nacional está seriamente golpeada; se corre el riesgo de perder en poco tiempo lo construido en tantos años de titánicos esfuerzos; las grandes potencias imponen la apertura de nuestros mercados pero no abren los suyos y, en esa aplicación de la ley del embudo sale maltrecha nuestra ya de por sí débil economía.

Para los productores rurales, el campesinado y los asalariados agrícolas, los últimos años han sido catastróficos. A los diferentes tipos de violencia que han debido soportar se ha sumado la extorsión económica del gobierno. Lo que deja la delincuencia común lo están empezando a recoger los bancos, con el beneplácito oficial.

Unos pocos se salvan de la crisis, pero sobre sus cabezas también está pendiente la amenaza. La gran confrontación que desde el derrumbamiento del imperio soviético se ha intensificado entre los grandes bloques económicos mundiales, arrastra con su oleaje a las pequeñas naciones. Las escaramuzas en el GATT, la “guerra de los vinos” entre Francia y Estados Unidos, los forcejeos japoneses para proteger su producción arrocera, hacen parte del enfrentamiento de los fuertes contendientes, enfrentamiento que se hará cada vez más agudo.

Como están las cosas, sólo con la erguida movilización de las fuerzas populares se conseguirá echar atrás las medidas de los intermediarios del imperialismo y rescatar el control del mercado interno para nuestros productos. Con la apertura económica, la importación de miles de toneladas de cebada, trigo, maíz, fríjol, leche, huevos y ganado para el sacrificio, y de otros de arraigada o de posible producción nacional, se ha convertido en un atentado contra el desarrollo agropecuario del país. La llegada de arroz venezolano y de carne de pollo y sorgo desde Estados Unidos, está afectando industrias que habían logrado importantes avances y que satisfacían con suficiencia las necesidades internas de consumo.

“Es mejor la cizaña de tu país que el trigo del extranjero”, reza un proverbio árabe. Aunque resultara cierto que buena parte de nuestra producción agrícola sea de inferior calidad a la importada, los intereses nacionales deben prevalecer. La modernización y el mejoramiento permanente de la calidad y eficiencia de la producción es una ley histórico natural que se impondrá por encima de los obstáculos artificiales de los mandatarios. La mayor parte de los dos millones y cuarto de toneladas importadas en 1992 pueden ser perfectamente generadas en Colombia. ¿Qué razón hay para abrir nuestras fronteras a las mercaderías extranjeras altamente subsidiadas y causar la ruina de miles de agricultores colombianos?

La cuestión ha de empezar por imponer barreras arancelarias y no arancelarias que impidan la entrada de productos foráneos que perjudiquen nuestra producción, a semejanza de como lo han hecho siempre las burguesías de las diversas naciones.

Para solucionar la situación de pobreza, es decir, el nivel de vida de los treinta millones de colombianos, no existe otro camino que impulsar el desarrollo. En lugar de estar pensando en las migajas del extranjero y echando teoría, los gobernantes deberían velar por el progreso material, social y cultural de toda la población. Cuando se recortan los salarios reales de los trabajadores y se disminuyen o anulan las ganancias de los productores agrícolas e industriales, concentrando la riqueza en unos pocos privilegiados, lo que se está es impidiendo el crecimiento del consumo, causando entonces el constreñimiento del mercado interno. Debilitan la planta de cuyo jugo se alimentan.

Los ingenieros agrónomos colombianos reunidos en Pereira durante el XV Congreso Nacional, hacemos saber a la opinión nuestro rechazo absoluto y categórico a la denominada política de apertura económica adelantada por el gobierno del presidente Gaviria en detrimento incuestionable del sector agropecuario y que pone en grave riesgo la seguridad alimentaria de la nación y el pueblo colombianos.

Una disminución de 253 mil hectáreas en la superficie sembrada, según cálculos de la SAC, si se comparan los primeros semestres de 1991 y 1993, es prueba irrefutable de los efectos de una mala política agrícola o la ausencia de ella.

Los ingenieros agrónomos, actores en todos los campos de la producción agrícola nacional, y testigos de excepción del desamparo y la angustia de los agricultores y campesinos colombianos, no podemos permanecer impasibles ante esta realidad y debemos también alertar sobre las consecuencias desastrosas que sobrevendrán sobre nuestra patria. Más de 10 millones de jornales suprimidos durante el año anterior son un ingrediente aciago para la tranquilidad y seguridad ciudadanas.

La obstinación del señor Gaviria y el olimpismo de su equipo para mantener el modelo económico ante las denuncias de todos los gremios agropecuarios, y el desconocimiento de cifras y estudios, oficiales inclusive, que demuestran hechos concretos de los efectos de la apertura, diferentes al clima y la recesión mundial, nos llevan a solicitar un juicio de responsabilidades se contra los causantes del daño al sector primario.

Desde Pereira, tierra natal del Presidente, emporio agrícola y cafetero, subsector éste hoy tan duramente golpeado por distintas medidas del gobierno, la revaluación entre ellas, expresamos nuestro acuerdo con la decisión de la SAC de retirarse de la Comisión de Alto Nivel que había establecido con el gobierno, y solicitamos al máximo organismo de representación del sector agrario que abandone las demás comisiones de concertación y apoyo, de proyección y evaluación, en las cuales participa con el Estado.

La Junta Directiva de la Federación de Ingenieros Agrónomos de Colombia, FIAC, hace un llamado a todos sus afiliados y los demás colegas asistentes a este Congreso para que participen activamente en las jornadas de movilización civil y pacífica que sean convocadas por no los gremios para impulsar la urgencia de proteger la producción rural.

Frente al próximo debate electoral, la FIAC alerta a sus colegas para que el derecho al voto sea ejercido en beneficio de quienes sean garantía en la defensa de los intereses agropecuarios.

Debemos propiciar la más amplia unidad de todos los afectados por la apertura económica, para detener su aplicación y sus nefastas consecuencias.

El miércoles 17 de junio de 1992, El Tiempo informaba: “Desde abril pasado, las compras en el exterior por parte de los particulares han reaccionado en forma importante, hasta el punto que 16 buques se encuentran a la espera de descargue en el puerto de Buenaventura. Once más ya fueron evacuados… Al país están ingresando en forma importante maíz para concentrados, torta de soya, aceites y fríjol soya… Directivos gremiales han denunciado que la mayor parte de las importaciones se están realizando a precios subsidiados y que esa situación llevará a muchos agricultores a la quiebra”.

Simultáneamente, el gobierno, por intermedio de Álvaro Silva, gerente del Idema, señalaba que “no habrá problemas en el abastecimiento, por el comportamiento de las importaciones y porque el período duro de escasez ya pasó”. Silva añadió que “en días pasados llegaron al país 50.000 toneladas de trigo procedentes de Canadá… y en las próximas semanas llegará un cargamento de fríjol. El sector privado, por su parte, ha importado en los últimos meses 135.000 toneladas de maíz que entraron a engrosar la oferta interna y que le permiten al mercado tener un adecuado abastecimiento… Otras 65.000 toneladas del grano están en camino, así como 60.000 de torta de soya… Los particulares también están importando algo de Venezuela. Del vecino país vienen 800 toneladas de arroz”.

En 1992 se importaron más de dos millones de toneladas de productos agrícolas, frente a 896 mil en 1991, según Fenalce. “Con la puesta en práctica de la liberación del mercado agropecuario se han permitido importaciones masivas de maíz (en 1992 fueron de 500.000 toneladas), se han incrementado las de trigo y con ello se han deprimido los precios internos hasta desaparecer los márgenes de beneficio para los productores agrícolas, causando el retiro de su actividad”.

En el tintero se nos quedan infinidad de denuncias que a diario formulan voceros autorizados de los gremios agroindustriales de Colombia. Sus declaraciones dibujan un cuadro sombrío, fiel reflejo del oscuro panorama nacional.

Aunque en un principio las agremiaciones algodoneras se mostraron felices con la apertura económica y le brindaron todo su respaldo al gobierno, muy pronto sintieron el peso de la eliminación del crédito de fomento y la aplicación de tasas comerciales de interés, la demora en los pagos del Cert, los efectos de la tasa de cambio y la entrada masiva de algodones baratos provenientes de la antigua URSS que, a la vez, influyeron decididamente en la baja de los precios de la fibra a nivel mundial.

Para presionar soluciones a sus problemas, el 5 de junio de 1992 se realizó una asamblea intergremial en el Cesar y once organizaciones agrícolas de la Costa Atlántica enviaron una carta abierta al presidente Gaviria solicitándole garantías para poder continuar con sus cultivos. Terminan diciendo: “En caso negativo a nuestras solicitudes, señor presidente, ¿estará el Gobierno preparado para afrontar la difícil situación social y de orden público que se acrecentará en las zonas algodoneras? En las actuales circunstancias es imposible sembrar algodón”.

La respuesta ha llegado a cuentagotas. Primero fueron las refinanciaciones, prolongando la agonía de los agricultores. Luego se decidió mantener el Cert, pero aún el gobierno no cumple con el pago correspondiente a 1991. Después crearon un Fondo de Estabilización de Precios con muy baja capacidad de maniobra, ya que se asignara, sólo 1.400 millones de pesos cuando el cálculo al respecto supera los 10.000 millones.

Y, por último, el 20 de julio se anunció el establecimiento de un “subsidio” de 100 mil pesos por tonelada de fibra producida en la Costa y el Meta. Sin embargo, es bueno que se sepa que éste sólo equivale a poco más de 20 mil pesos por tonelada de algodón semilla, que es el producto que se entrega al Idema o a las agremiaciones compradoras.

Los paliativos llegan cuando el enfermo entró en coma. Las áreas de siembra para la cosecha Costa-Meta se han deprimido desde 180 mil hectáreas en 1991 a 50 mil en 1993, y Colombia pasó a ser nuevamente importador neto, lo que no ocurría desde 1959. En el año algodonero que terminó, importamos 26 mil toneladas de fibra subsidiada por Estados Unidos.

La miseria se multiplicará en aquellas zonas como sucede en las regiones cafeteras. Sólo en la Costa Atlántica se eliminarán 70 mil empleos como consecuencia de la caída de la extensión sembrada. Las agremiaciones se encuentran arruinadas, cierran oficinas, rematan activos. Incluso se habla de la liquidación de Federalgodón, que tiene 40 años de existencia y agrupa a casi la mitad de los productores. De lo anterior se puede deducir la desesperada situación que viven decenas de miles de recolectores y pequeños agricultores vinculados a los cultivos del que ayer fuera el oro blanco del Cesar.

Los precios internacionales no reaccionan. Las cotizaciones se mantienen entre 55 y 62 centavos de dólar la libra, lo que hace presumir que las difíciles condiciones se mantendrán.

Cuando la protesta agraria se hizo general y se entró en época preparatoria de las elecciones de 1994, el gobierno empezó a simular modificaciones en su actitud. Aceptó la renuncia de López Caballero y nombró a José Antonio Ocampo, quien, además de hacer gala de sus muchos pergaminos, había expresado desde Fedesarrollo opiniones contrarias a la política agropecuaria oficial. Con esto se buscaba crear ilusiones en los sectores vacilantes. Era fácil. Después de López cualquiera podía parecer mejor.

Como se necesitaba que Ocampo apareciera distinto, los miembros del equipo gubernamental se dedicaron a preparar algunas baratijas, desempolvaron viejas carpetas archivadas y en mayo divulgaron el “Plan de Reactivación del Sector Agropecuario”, supuesta solución a la profunda crisis que vive el sector rural.

El “Plan” busca acallar las crecientes voces de protesta que se levantan a lo largo y ancho del país. Se pone a la orden del día el promeserismo sin decidir nada concreto de importancia.

Todo es tan gaseoso que se habla de un choque tecnológico, con el cual se solucionarían los costos a corto plazo. “Choqué” que debió iniciarse en mayo de 1992. Posteriormente habría de orientarse “a los cultivos a sembrar en el segundo semestre, para los cuales se han identificado tecnologías de preparación de suelos, fertilización, manejo integrado de plagas, labranza mínima”.

Sin embargo, los agricultores saben que lo prometido carece de fundamento; sus efectos no se sintieron en el primer semestre ni se vislumbran hacia el futuro.

En consonancia con lo anterior, hablar de esas prácticas como instrumentos de emergencia no es más que demagogia. El análisis de cada uno de los capítulos, contradictorios entre sí en muchos casos, permite plantear que este “Plan de Reactivación” reproduce la película aperturista para el campo y si acaso despertará las ingenuas esperanzas de algunos despistados dirigentes.

Desde hace varios años el MOIR viene advirtiendo sobre el fatal desenlace de la entrega de la nación al imperialismo yanqui

Ramiro Rojas

Los industriales colombianos vienen observando cómo sus ventas en el exterior se reducen mientras los almacenes del país se atiborran de mercancías foráneas. Sometidos a la apertura, tienen que afrontar la competencia desatada por los grandes monopolios. Debido a la superproducción, las potencias, y en especial Estados Unidos, arremeten contra los países del Tercer Mundo recurriendo a toda clase de artimañas, “dumping”, subsidios, contrabando, fijación de cuotas, controles sanitarios, etc., a fin de colocar sus excedentes y proteger sus propios mercados.

En el decenio pasado Belisario Betancur cede ante la presión de los conglomerados imperialistas y acepta la monitoría del Fondo Monetario Internacional, FMI. Durante el mandato de Virgilio Barco arrecian las imposiciones. Recordemos que para aprobar un préstamo a Colombia por 400 millones de dólares en 1990, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo exigieron, entre otras reformas fiscales y monetarias, desmontar los impuestos a las importaciones, eliminar los subsidios a las exportaciones como el Cert, y suprimir los créditos de fomento de Proexpo, hoy Banco de Comercio Exterior.

Sin embargo, no era posible instaurar la apertura sin antes modificar la Constitución, adecuar los poderes legislativo y judicial, y cambiar el resto de instituciones. Pero lo más importante, se requería de personajes nuevos en el poder que no estuvieran comprometidos con las viejas castas políticas o con las clases económicas que venían gobernando el país. Le corresponde, pues, a César Gaviria, imponerla en Colombia, con resultados que superaron rápidamente las expectativas de los amos gringos.

Se disparan las importaciones, se estancan las exportaciones

La tendencia del comercio exterior varió radicalmente. Según las cifras provisionales suministradas por el Banco de la República, las exportaciones cayeron 3% en 1992. En cambio, las importaciones aumentaron 35% al pasar de 4.967 millones de dólares en 1991 a 6.684 millones en 1992. La balanza comercial, hace dos años favorable al país en 2.277 millones de dólares, en 1992 apenas llegó a 316 millones.

La avalancha de mercancías extranjeras en este primer semestre es de tal magnitud, que el DANE prácticamente renunció a informar en su boletín sobre el ingreso de ellas. El presidente de la ANDI, Carlos Arturo Ángel, durante el seminario sobre competencia desleal organizado por la Corporación Latinoamericana de Economía Internacional, a finales de julio, se refirió al caos aduanero existente afirmando que “los empresarios colombianos se ven abocados a la ignorancia completa respecto de los productos que ingresan al país o salen de él”. Se sabe, sí, que en los cuatro primeros meses del presente año los recaudos de la aduana crecieron 126%, y eso pese a la enorme rebaja que han sufrido los aranceles.
La debacle se vino encima, así el presidente Gaviria siga preguntándose “¿dónde están las quiebras?, ¿dónde los millones de desempleados?”. En 1992 las exportaciones de la rama industrial presentaron una disminución de 1.6%, siendo los sectores más afectados prendas de vestir con -30.9%; cuero y sus productos, -16.1%; derivados del petróleo, -20.7%; calzado, -1.1%; loza y porcelana, -60.4%, y otras industrias, -33.5%. El presidente de la Asociación de Confeccionistas de Colombia, Andrés de la Espriella, aseguró que, debido a la apertura, en Medellín ya se han cerrado, numerosas empresas y han quedado cesantes más de 7.000 trabajadores de esa rama. En la encuesta empresarial realizada por Fedesarrollo en abril último, se habla de “acoso importador a la gran industria” y de que “la industria se desacelera, principalmente en los productos de textiles, confecciones, artículos de cuero, sustancias químicas industriales y plásticos”.

En la investigación efectuada por el Ministerio de Hacienda recientemente a las 88 más, grandes empresas del país, se reconoce que “los primeros resultados no son alentadores”. Y más adelante dice: “Las importaciones siguen disparadas, siendo la causa del freno al crecimiento de la producción”.

El hecho concreto es que Colombia pasó a importar algodón fenómeno que, no ocurría desde 1959. El ingreso de alimentos supera cualquier cifra histórica textiles provenientes del extranjero copan, el 30% del mercado nacional; los molineros planean traer arroz del exterior y volverse comerciantes; las ensambladoras de automóviles y muchas industrias, como Philips, Pavco y Landers, se volvieron importadoras, y la producción colombiana de cebada tiende a desaparecer. Esta es apenas la punta del iceberg. A todas esas, el gobierno responde a las quejas de los gremios económicos con nimiedades como la fijación de precios mínimos para unos pocos artículos, investigaciones exhaustivas al “dumping” o recompensas por denunciar contrabando.

Mientras tanto las grandes potencias se empeñan en subsidiar las actividades agropecuarias y favorecer sus monopolios, empujando al mundo a la guerra comercial. El GATT continua poniendo de manifiesto su incapacidad, y los gobiernos iberoamericanos reunidos en la Cumbre de Salvador de Bahía, Brasil, a mediados del mes de julio, ante lo inocultable de los hechos, se ven obligados a reconocer que la crisis económica en que sumieron a estos pueblos es una realidad. En la declaración final se consigna “rechazo a las prácticas proteccionistas de los países industrializados, en desmedro aquellos que aún no lo son”. Desde hace varios años el MOIR viene advirtiendo sobre el fatal desenlace de la entrega de las naciones al imperialismo yanqui.