Categoría: Tribuna Roja N° 52, Bogotá; julio 29- agosto 11 de 1993

La Asamblea fue elegida el 9 de diciembre y sesionó de enero a julio de 1991, cuando procreó la contrahecha criatura de sus afanes, la Carta de la neocolonización económica.

Marcelo Torres

El nacimiento de la actual Constitución tuvo lugar después de una cadena de violaciones a la anterior Carta política, en la que cada paso era peor y se apoyaba en el precedente. Los reveses iniciales, el plebiscito propuesto por Virgilio Barco en las elecciones del 11 de marzo de 1988 –frente al cual el expresidente Pastrana amenazó con declarar la abstención-, y el hundimiento en el Congreso del proyecto de reforma constitucional del gobierno, en 1989, no hicieron desistir a los inspiradores de la llamada consulta popular, que al final quedó anulada por el pronunciamiento del Consejo de Estado. Y el gobierno de entonces se resignó a someterse a los canales habituales presentando al Congreso la enmienda mediante un proyecto de acto legislativo. La pantomima llegó a su fin cuando el gobierno retiró la iniciativa, tras el artificial alegato contra la no extradición, después de que los parlamentarios la habían aprobado en las dos legislaturas correspondientes.

Para reformar la Constitución por la vía plebiscitaria -procedimiento prohibido por la Carta entonces vigente- había que desprestigiar y someter tanto al Congreso como a la justicia. La nefanda campaña puesta en movimiento desde la Casa de Nariño no tardó en rendir frutos, ante la pasividad de los órganos del Estado afectados.

La llamada «séptima papeleta», en marzo de 1990, con ocasión de la consulta para escoger candidato oficial del liberalismo, materializó un definitivo avance en esa dirección. Era la introducción de una insólita cláusula en las reglas de juego electoral, bajo la mascarada de una supuesta iniciativa estudiantil, impelida por el gobierno y sin fundamento alguno. El decreto 927 del 3 de mayo del mismo año, también de Barco, al convocar el referéndum en tomo a la urgencia de reunir una Constituyente, retomó claramente el camino plebiscitario, vale decir, inconstitucional, para reformar la Constitución. El intenso apremio ejercido desde las altas esferas sobre la Corte Suprema de Justicia para obtener de ella un fallo favorable, desembocó en la inevitable aprobación de la consulta, la cual se llevó a cabo en los comicios presidenciales del 27 de mayo de aquel año, abriéndole así una tronera al ordenamiento constitucional.

El 2 de agosto de 1990, el presidente electo César Gaviria, en su calidad de director nacional de su partido, encabezó el acto en que se firmaron por parte del liberalismo, el conservatismo, el Movimiento de Salvación Nacional y el M-19, varios acuerdos cuya médula era la convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente. El 23 del mismo mes las fuerzas políticas implicadas ratificaron los compromisos y el 24 el nuevo gobierno las convirtió en norma legal, expidiendo el decreto 1926. Otra vez la Corte Suprema fue presionada sin pudor alguno. Desconociendo el fallo de su Sala Constitucional que declaraba inexequible el decreto, el máximo Tribunal dio luz verde a la convocatoria de la Asamblea. Esta fue elegida el 9 de diciembre y sesionó de enero a julio de 1991, cuando procreó la contrahecha criatura de sus afanes, la Carta de la neocolonización económica.

En el curso de sus deliberaciones no sólo desconoció olímpicamente una providencia del Consejo de Estado que suspendía algunas de sus decisiones sobre materias electorales, sino que declaró, desafiante, que sus determinaciones configuraban actos de «vigencia inmediata» y elevó su reglamento interno a rango constitucional. Domesticada la Corte Suprema, desconocido el Consejo de Estado y derrumbado todo el orden jurídico, sólo le faltaba rematar al arrinconado Congreso, y fue lo que hizo a continuación. Antes de desaparecer, disolvió el órgano legislativo y convocó a nuevas elecciones parlamentarias.

La Corte rechazó el que se incluyera en la convocatoria de la Constituyente un temario oficial, mas la abrumadora mayoría de los 380 artículos permanentes y de los 59 transitorios de la nueva Constitución recogieron lo esencial de lo propuesto por el gobierno: unos basamentos más regresivos, antidemocráticos y antinacionales que las antiguas normas abolidas, Se había puesto en marcha el «revolcón».

Tribuna Roja: ¿Cuál ha sido la visión del Teatro Libre acerca de la dramaturgia nacional?

Ricardo Camacho: Desde nuestros comienzos el norte fue lograr una producción dramática enraizada en los problemas y la historia de la realidad colombiana. El proceso de un grupo teatral es, sin embargo, zigzagueante, y por lo tanto ha habido muchos ires y venires. En nuestra primera etapa tuvimos un taller de dramaturgia, algo que era inédito en el país, el cual produjo al menos diez obras de las cuales la más importante es, sin duda, La agonía del difunto, de Esteban Navajas. Se trata de la obra teatral latinoamericana más montada en el mundo. Desde 1977, sabemos de escenificaciones no sólo en todo el continente sino en lugares como la antigua República Democrática Alemana, Polonia, Hungría…

Después vimos que nos faltaba mucha experiencia, no sólo en lo dramatúrgico sino también en lo referente a la producción de espectáculos. Para aprender escogimos las obras de los autores clásicos, y la primera obra que nos ayudó a pulir las herramientas fue El Rey Lear de Shakespeare. Tal inquietud tiene sus raíces en la formación que recibimos en la universidad, y nos llevó a diversos montajes de piezas del repertorio universal. Hace algunos años retomamos la producción de obras propias y de este nuevo proceso han surgido, entre otras, Un muro en el jardín , de Jorge Plata, Gato por liebre, de Piedad Bonnett, Muchacho, no salgas, de José Domingo Garzón, o Crescencio , de Armando Múnera; hemos reconstruido el taller, y en su seno se gestan nuevos proyectos.

De otra parte es bueno recordar que el Teatro es cada vez más un hecho internacional, y por lo tanto nuestra dramaturgia debe lograr una proyección que trascienda las fronteras. Los nuevos esfuerzos colombianos en este campo necesitan, pues, superar el costumbrismo, el folclorismo, lo inmediato, el «color local» y entrar de lleno, sin complejos, en los grandes temas contemporáneos. Por eso, creo que Crescencio, la leyenda y la música es, para nosotros, la culminación de una etapa.

T. R: ¿Qué actividades investigativas les demandó esta realización?

Ricardo Camacho: Contamos con una base documental amplia, efectuamos entrevistas y nos apoyamos en la bibliografía existente sobre Crescencio Salcedo y su música. Pero quiero aclarar que en ningún momento fue nuestro propósito transplantar al escenario investigaciones de tipo antropológico o sociológico. No partimos de teorías sino de una recuperación de nuestras raíces dormidas, que son las de la mitología popular, la música, el aire que se respiró, los colores que se vieron, los sonidos que se escucharon.
La investigación, pues, fue mediatizada en busca de una dimensión teatral. En La agonía del difunto, por ejemplo, después de conocer el texto de Navajas los actores hicieron un exhaustivo trabajo de campo en la Costa Atlántica. En Crescencio no tuvimos inicialmente una partitura. La obra no pretende una ilustración biográfica; ni se basa en un documento, ni es una pieza costumbrista o una comedia musical. Se aprovecha al máximo la capacidad de creación de imágenes de los actores.

T.R.: ¿Cómo influyó en este trabajo la confrontación con el teatro universal?

Ricardo Camacho: El grupo analizó decenas de espectáculos dé todas las vertientes. Incluso llegamos a ver videos de danza japonesa contemporánea y hasta de producciones de Broadway, en fin. Pero luego nos importó cómo asimilar la realidad, partiendo no de lo leído sino de nuestros propios recursos, posibilidades y vivencias; por ello la obra no es una copia de ningún estilo, sino una creación verdaderamente original.

T.R.: Hablando de los actores, parece destacable que, de los trece, seis son debutantes que provienen de las dos promociones que ha graduado ya la Escuela de Formación de Actores. ¿Cómo consiguieron acoplarlos?

Ricardo Camacho: Sin mayores dificultades estos jóvenes actores y actrices se integraron con el resto del elenco, dentro del cual hay algunos con muchísimos años de experiencia profesional, y brindaron aportes importantes para la creación del espectáculo. Por ejemplo el protagonista, Ramsés Ramos, quien interpreta a Crescencio, realizaba su primer trabajo después de haberse graduado en la escuela.

T.R.: Uno de los temas tratados en la obra es el del abandono de los artistas por parte del Estado. ¿Cómo ha sido la relación del Teatro Libre con las instancias oficiales de la cultura a lo largo de sus veinte años?

Ricardo Camacho: Hagamos la salvedad de que el verdadero artista crea su obra con o sin apoyo del Estado. Ahí está la viva imagen de Crescencio Salcedo. Frente al Teatro Libre, la relación ha oscilado desde la hostilidad hasta un tibio reconocimiento, pasando por la indiferencia. Hoy en día, en el mundo entero, el neoliberalismo hace estragos en el terreno de las artes. Valga el caso de la desaparecida Alemania oriental, donde hay miles de músicos lavando carros o pintando casas, o el de los Estados Unidos, país que en los últimos diez años no ha producido una sola obra teatral importante. Y Colombia no es la excepción. Nosotros perseveraremos en nuestro oficio, tengamos o no el apoyo oficial. No usaremos esto como excusa para el inmovilismo, pero eso sí, jamás hemos dejado de luchar por las reivindicaciones de los artistas colombianos.

El pasado 15 de julio cumplió seis meses de encarcelamiento el dirigente del MOIR en Sucre, Javier Alberto Zapata Jaramillo. Se encuentra recluido en la cárcel de Sincelejo por acusaciones absolutamente infundadas.

Nuestro dirigente se ha caracterizado por servir a los pobladores de la región y goza de gran aprecio por su desprendimiento y sencillez, desde los tiempos en que se vinculó al departamento.

El 15 de enero, cuando caminaba por una céntrica calle de la capital sucreña, después de salir a mediodía del Almacén Stela, donde trabaja, fue arrestado al pasar coincidencialmente ante un piquete de infantes de marina que detenía a un sujeto con el cual Javier no tiene ningún vínculo.

Las autoridades levantaron además el infundio de que el compañero pertenece a las Farc. Semejante atropello ha encontrado eco en la Fiscalía de Barranquilla. La verdad es que dicha oficina carece de pruebas y ha dilatado la decisión sobre su libertad, la que exigimos perentoriamente.

Si la batalla se adelanta con la movilización unitaria y sin vacilaciones, el éxito es altamente probable.

Paro nacional indefinido aprobaron los trabajadores y estudiantes del SENA si el régimen determina convertir cualquiera de sus 92 centros en corporación privada.

La patriótica decisión va encaminada a tumbar el decreto 2149 de 1992, que entrega la entidad a los particulares. Las fuerzas sindicales se hallan resueltas a seguir el camino de Telecom, la Caja Agraria y Fecode, cuyas resonantes batallas hicieron frente a las medidas neoliberales.

La orden de paro busca preservar al SENA como parte del patrimonio nacional y evitar su atomización. La actual infraestructura, construida en 36 años, es fruto del esfuerzo de varias generaciones de colombianos y no sólo de la empresa privada, cual lo pregona la propaganda oficial.

El SENA capacita a los trabajadores en forma gratuita y transfiere conocimientos tecnológicos requeridos por las empresas del país.

Pero con una industria y un agro en bancarrota, sobre todo después de la apertura, la mínima capacitación de los asalariados deja de ser un objetivo importante. Aún menos se preocuparán por ella los monopolios foráneos que terminen por adueñarse de Colombia. Como ya se vio en México, los talleres de la maquila se reducen a emplear mano de obra temporal y de muy baja preparación.

En la actualidad cursan ocho demandas contra el 2149 ante el Consejo de Estado, que ha suspendido provisionalmente algunos artículos. El comité prodefensa del SENA, integrado por sus sindicatos, presentó además ante el Congreso un proyecto de ley, respaldado por un millón de firmas, en procura de echar atrás el decreto. El Senado le impartió su aprobación el 17 de junio, pero la Cámara no se pronunció al respecto. Fiel al espíritu dictatorial que orienta la apertura económica, el presidente Gaviria anticipó que, de ser aprobada la ley, se abstendría de sancionarla.

Nuestro Partido apoya decididamente esta lucha. Si la batalla se sigue adelantando como hasta hoy, con la movilización unitaria y sin vacilaciones, el éxito es altamente probable.

La Caja Agraria es otra de las empresas afectada por los decretos privatizadores en donde los asalariados enfrentan con el paro la arremetida gavirista y salen victoriosos.

El gobierno se ha propuesto arrasar con la agricultura y destruir las entidades de fomento a la producción agrícola.

La portentosa batalla contra la privatización obtuvo como resultado el reintegro de unos 600 trabajadores y la congelación de más de mil despidos. Queda probado que tan sólo con el combate podrá el pueblo impedir la destrucción en marcha del patrimonio nacional.

Bajo la dirección del comité ejecutivo del sindicato, encabezado por Jesús Bernal, los nueve mil trabajadores de la entidad paralizaron actividades el 6 de abril. La hora cero fue fijada a las 11: 30 a.m., tan pronto se conocieron los primeros despidos que afectaban a directivos sindicales, a veintidós trabajadoras en embarazo y a varios empleados enfermos.

A pesar de las amenazas patronales, la militarización de las oficinas y la renuencia de la empresa a negociar, los trabajadores dieron una lección de valor encarando a la administración y al esquirolaje.

La solidaridad del movimiento obrero fue un hecho determinante en la contienda: las centrales, en especial la CGTD, movilizaron a sus activistas. Merece destacarse la participación de Sittelecom, ACEB, Utradec, Sindes, Sinucom y el sindicato del SENA.

La industria del tabaco, tan estrechamente unida a nuestra historia, con las gestas de los Comuneros, y que durante el siglo pasado se constituyera en la actividad económica predominante y en el primer renglón de exportación, languidece hoy golpeada por la apertura gavirista. Las importaciones sin control, el contrabando y el «dumping» son los causantes de que el 50% del mercado interno haya caído en manos de los cigarrillos extranjeros.

La Compañía Colombiana de Tabaco viene denunciando al Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, por propiciar prácticas desleales al certificar, con fines arancelarios, precios muy por debajo de los reales de comercialización de los cigarrillos importados. Asimismo, el presidente de Coltabaco afirma que durante 1992 las ventas se redujeron en una cuarta parte.

Numerosos campesinos de Bolívar, Sucre y los Santanderes han sido lanzados a la ruina. Según estadísticas de Finagro, mientras en el primer semestre de 1991 se financiaron 2.184 hectáreas de tabaco negro, en igual período de 1992 solamente recibieron crédito 492. Con respecto al tabaco rubio, las cifras son también dicientes. Durante los mismos períodos analizados el hectareaje se redujo de 2.715 a 1.876.

Los 200 mil trabajadores dedicados al cultivo, cosecha, manufactura y comercio del tabaco se ven abocados al cese de labores.

Jorge Enrique Robledo C., Coordinador Unidad Cafetera Nacional
Con la eliminación de las cuotas en el Pacto Internacional del Café, lo que tenía que pasar pasó: las cotizaciones cayeron en picada en los mercados mundiales. Los ingresos de las naciones cafeteras se han reducido en cerca de diez mil millones de dólares, los mismos que han terminado en las arcas del puñado de transnacionales que controla el negocio del grano en el mundo. Con tal fin los consumidores, en especial Estados Unidos, impusieron el llamado «mercado libre», el cual se caracteriza precisamente por su falta de libertad.

Para Colombia las pérdidas superan los mil millones de dólares, a pesar de que las ventas crecieron en cerca de 50%. El precio interno real del café ha bajado a la mitad y la reducción de la cosecha nacional en tres millones de sacos aumenta la pobreza de los productores sobre todo de las capas más bajas de la población de las regiones cafeteras. Tan grave se presenta la situación que muchos cultivadores podrían perder hasta la propiedad de sus parcelas.

Pero el desastre de los productores no se explica exclusivamente por los acontecimientos internacionales. La administración Gaviria no sólo se ha negado a escuchar al gremio sino que con sus funestas y múltiples medidas generales le propina el golpe de gracia. Los funcionarios del Banco Mundial ya propusieron el desmonte del Fondo del Café, el instrumento institucional creado para colaborar con los productores y que explica por qué Colombia es el único país en donde el capital extranjero no controla el ciento por ciento del comercio interno y externo del grano. Se quiere imponer además la privatización del Banco Cafetero y de la Flota Mercante Grancolombiana.

Ante las realidades de esta catástrofe, los cultivadores mantienen su firme resistencia a través de una organización independiente: la Unidad Cafetera Nacional, la cual ha realizado movilizaciones tan importantes y de tanta resonancia como la «Marcha a Bogotá». La agremiación impulsa una política aglutinante en torno a los siguientes planteamientos: que se combatan las maniobras del imperialismo que buscan deprimir aún más los precios internacionales; y que se luche contra las lesivas disposiciones oficiales, la privatización de las instituciones cafeteras y la baja del precio interno. Que se presione la adecuada financiación de las deudas bancarias y se respalde efectivamente la campaña contra la broca, entre otras justas peticiones.

La situación actual del sector agropecuario nos permite abundar en razones para señalarle al país que la política de apertura económica no es apta para una economía mundial donde el pez grande se come al chico, las prácticas monopolistas son las que rigen el “mercado libre” y las grandes potencias imponen sus condiciones a los países bajo su férula, mientras se enfrentan por ampliar sus respectivas esferas de influencia.

Muchos creían que Colombia iba a inscribirse, como lo decía la propaganda oficial, en los mercados mundiales y a ampliar sus exportaciones. Al contrario, nos inundan con mercancías extranjeras y la producción nacional está seriamente golpeada; se corre el riesgo de perder en poco tiempo lo construido en tantos años de titánicos esfuerzos; las grandes potencias imponen la apertura de nuestros mercados pero no abren los suyos y, en esa aplicación de la ley del embudo sale maltrecha nuestra ya de por sí débil economía.

Para los productores rurales, el campesinado y los asalariados agrícolas, los últimos años han sido catastróficos. A los diferentes tipos de violencia que han debido soportar se ha sumado la extorsión económica del gobierno. Lo que deja la delincuencia común lo están empezando a recoger los bancos, con el beneplácito oficial.

Unos pocos se salvan de la crisis, pero sobre sus cabezas también está pendiente la amenaza. La gran confrontación que desde el derrumbamiento del imperio soviético se ha intensificado entre los grandes bloques económicos mundiales, arrastra con su oleaje a las pequeñas naciones. Las escaramuzas en el GATT, la «guerra de los vinos» entre Francia y Estados Unidos, los forcejeos japoneses para proteger su producción arrocera, hacen parte del enfrentamiento de los fuertes contendientes, enfrentamiento que se hará cada vez más agudo.

Como están las cosas, sólo con la erguida movilización de las fuerzas populares se conseguirá echar atrás las medidas de los intermediarios del imperialismo y rescatar el control del mercado interno para nuestros productos. Con la apertura económica, la importación de miles de toneladas de cebada, trigo, maíz, fríjol, leche, huevos y ganado para el sacrificio, y de otros de arraigada o de posible producción nacional, se ha convertido en un atentado contra el desarrollo agropecuario del país. La llegada de arroz venezolano y de carne de pollo y sorgo desde Estados Unidos, está afectando industrias que habían logrado importantes avances y que satisfacían con suficiencia las necesidades internas de consumo.

«Es mejor la cizaña de tu país que el trigo del extranjero», reza un proverbio árabe. Aunque resultara cierto que buena parte de nuestra producción agrícola sea de inferior calidad a la importada, los intereses nacionales deben prevalecer. La modernización y el mejoramiento permanente de la calidad y eficiencia de la producción es una ley histórico natural que se impondrá por encima de los obstáculos artificiales de los mandatarios. La mayor parte de los dos millones y cuarto de toneladas importadas en 1992 pueden ser perfectamente generadas en Colombia. ¿Qué razón hay para abrir nuestras fronteras a las mercaderías extranjeras altamente subsidiadas y causar la ruina de miles de agricultores colombianos?

La cuestión ha de empezar por imponer barreras arancelarias y no arancelarias que impidan la entrada de productos foráneos que perjudiquen nuestra producción, a semejanza de como lo han hecho siempre las burguesías de las diversas naciones.

Para solucionar la situación de pobreza, es decir, el nivel de vida de los treinta millones de colombianos, no existe otro camino que impulsar el desarrollo. En lugar de estar pensando en las migajas del extranjero y echando teoría, los gobernantes deberían velar por el progreso material, social y cultural de toda la población. Cuando se recortan los salarios reales de los trabajadores y se disminuyen o anulan las ganancias de los productores agrícolas e industriales, concentrando la riqueza en unos pocos privilegiados, lo que se está es impidiendo el crecimiento del consumo, causando entonces el constreñimiento del mercado interno. Debilitan la planta de cuyo jugo se alimentan.

Los ingenieros agrónomos colombianos reunidos en Pereira durante el XV Congreso Nacional, hacemos saber a la opinión nuestro rechazo absoluto y categórico a la denominada política de apertura económica adelantada por el gobierno del presidente Gaviria en detrimento incuestionable del sector agropecuario y que pone en grave riesgo la seguridad alimentaria de la nación y el pueblo colombianos.

Una disminución de 253 mil hectáreas en la superficie sembrada, según cálculos de la SAC, si se comparan los primeros semestres de 1991 y 1993, es prueba irrefutable de los efectos de una mala política agrícola o la ausencia de ella.

Los ingenieros agrónomos, actores en todos los campos de la producción agrícola nacional, y testigos de excepción del desamparo y la angustia de los agricultores y campesinos colombianos, no podemos permanecer impasibles ante esta realidad y debemos también alertar sobre las consecuencias desastrosas que sobrevendrán sobre nuestra patria. Más de 10 millones de jornales suprimidos durante el año anterior son un ingrediente aciago para la tranquilidad y seguridad ciudadanas.

La obstinación del señor Gaviria y el olimpismo de su equipo para mantener el modelo económico ante las denuncias de todos los gremios agropecuarios, y el desconocimiento de cifras y estudios, oficiales inclusive, que demuestran hechos concretos de los efectos de la apertura, diferentes al clima y la recesión mundial, nos llevan a solicitar un juicio de responsabilidades se contra los causantes del daño al sector primario.

Desde Pereira, tierra natal del Presidente, emporio agrícola y cafetero, subsector éste hoy tan duramente golpeado por distintas medidas del gobierno, la revaluación entre ellas, expresamos nuestro acuerdo con la decisión de la SAC de retirarse de la Comisión de Alto Nivel que había establecido con el gobierno, y solicitamos al máximo organismo de representación del sector agrario que abandone las demás comisiones de concertación y apoyo, de proyección y evaluación, en las cuales participa con el Estado.

La Junta Directiva de la Federación de Ingenieros Agrónomos de Colombia, FIAC, hace un llamado a todos sus afiliados y los demás colegas asistentes a este Congreso para que participen activamente en las jornadas de movilización civil y pacífica que sean convocadas por no los gremios para impulsar la urgencia de proteger la producción rural.

Frente al próximo debate electoral, la FIAC alerta a sus colegas para que el derecho al voto sea ejercido en beneficio de quienes sean garantía en la defensa de los intereses agropecuarios.

Debemos propiciar la más amplia unidad de todos los afectados por la apertura económica, para detener su aplicación y sus nefastas consecuencias.

El miércoles 17 de junio de 1992, El Tiempo informaba: «Desde abril pasado, las compras en el exterior por parte de los particulares han reaccionado en forma importante, hasta el punto que 16 buques se encuentran a la espera de descargue en el puerto de Buenaventura. Once más ya fueron evacuados… Al país están ingresando en forma importante maíz para concentrados, torta de soya, aceites y fríjol soya… Directivos gremiales han denunciado que la mayor parte de las importaciones se están realizando a precios subsidiados y que esa situación llevará a muchos agricultores a la quiebra».

Simultáneamente, el gobierno, por intermedio de Álvaro Silva, gerente del Idema, señalaba que «no habrá problemas en el abastecimiento, por el comportamiento de las importaciones y porque el período duro de escasez ya pasó». Silva añadió que «en días pasados llegaron al país 50.000 toneladas de trigo procedentes de Canadá… y en las próximas semanas llegará un cargamento de fríjol. El sector privado, por su parte, ha importado en los últimos meses 135.000 toneladas de maíz que entraron a engrosar la oferta interna y que le permiten al mercado tener un adecuado abastecimiento… Otras 65.000 toneladas del grano están en camino, así como 60.000 de torta de soya… Los particulares también están importando algo de Venezuela. Del vecino país vienen 800 toneladas de arroz».

En 1992 se importaron más de dos millones de toneladas de productos agrícolas, frente a 896 mil en 1991, según Fenalce. «Con la puesta en práctica de la liberación del mercado agropecuario se han permitido importaciones masivas de maíz (en 1992 fueron de 500.000 toneladas), se han incrementado las de trigo y con ello se han deprimido los precios internos hasta desaparecer los márgenes de beneficio para los productores agrícolas, causando el retiro de su actividad».

En el tintero se nos quedan infinidad de denuncias que a diario formulan voceros autorizados de los gremios agroindustriales de Colombia. Sus declaraciones dibujan un cuadro sombrío, fiel reflejo del oscuro panorama nacional.