EL CAFÉ NO SE RECUPERA

Jorge Enrique Robledo C., Coordinador Unidad Cafetera Nacional
Con la eliminación de las cuotas en el Pacto Internacional del Café, lo que tenía que pasar pasó: las cotizaciones cayeron en picada en los mercados mundiales. Los ingresos de las naciones cafeteras se han reducido en cerca de diez mil millones de dólares, los mismos que han terminado en las arcas del puñado de transnacionales que controla el negocio del grano en el mundo. Con tal fin los consumidores, en especial Estados Unidos, impusieron el llamado «mercado libre», el cual se caracteriza precisamente por su falta de libertad.

Para Colombia las pérdidas superan los mil millones de dólares, a pesar de que las ventas crecieron en cerca de 50%. El precio interno real del café ha bajado a la mitad y la reducción de la cosecha nacional en tres millones de sacos aumenta la pobreza de los productores sobre todo de las capas más bajas de la población de las regiones cafeteras. Tan grave se presenta la situación que muchos cultivadores podrían perder hasta la propiedad de sus parcelas.

Pero el desastre de los productores no se explica exclusivamente por los acontecimientos internacionales. La administración Gaviria no sólo se ha negado a escuchar al gremio sino que con sus funestas y múltiples medidas generales le propina el golpe de gracia. Los funcionarios del Banco Mundial ya propusieron el desmonte del Fondo del Café, el instrumento institucional creado para colaborar con los productores y que explica por qué Colombia es el único país en donde el capital extranjero no controla el ciento por ciento del comercio interno y externo del grano. Se quiere imponer además la privatización del Banco Cafetero y de la Flota Mercante Grancolombiana.

Ante las realidades de esta catástrofe, los cultivadores mantienen su firme resistencia a través de una organización independiente: la Unidad Cafetera Nacional, la cual ha realizado movilizaciones tan importantes y de tanta resonancia como la «Marcha a Bogotá». La agremiación impulsa una política aglutinante en torno a los siguientes planteamientos: que se combatan las maniobras del imperialismo que buscan deprimir aún más los precios internacionales; y que se luche contra las lesivas disposiciones oficiales, la privatización de las instituciones cafeteras y la baja del precio interno. Que se presione la adecuada financiación de las deudas bancarias y se respalde efectivamente la campaña contra la broca, entre otras justas peticiones.

CAÓTICA, LA SITUACIÓN DEL AGRO COLOMBIANO

La situación actual del sector agropecuario nos permite abundar en razones para señalarle al país que la política de apertura económica no es apta para una economía mundial donde el pez grande se come al chico, las prácticas monopolistas son las que rigen el “mercado libre” y las grandes potencias imponen sus condiciones a los países bajo su férula, mientras se enfrentan por ampliar sus respectivas esferas de influencia.

Muchos creían que Colombia iba a inscribirse, como lo decía la propaganda oficial, en los mercados mundiales y a ampliar sus exportaciones. Al contrario, nos inundan con mercancías extranjeras y la producción nacional está seriamente golpeada; se corre el riesgo de perder en poco tiempo lo construido en tantos años de titánicos esfuerzos; las grandes potencias imponen la apertura de nuestros mercados pero no abren los suyos y, en esa aplicación de la ley del embudo sale maltrecha nuestra ya de por sí débil economía.

Para los productores rurales, el campesinado y los asalariados agrícolas, los últimos años han sido catastróficos. A los diferentes tipos de violencia que han debido soportar se ha sumado la extorsión económica del gobierno. Lo que deja la delincuencia común lo están empezando a recoger los bancos, con el beneplácito oficial.

Unos pocos se salvan de la crisis, pero sobre sus cabezas también está pendiente la amenaza. La gran confrontación que desde el derrumbamiento del imperio soviético se ha intensificado entre los grandes bloques económicos mundiales, arrastra con su oleaje a las pequeñas naciones. Las escaramuzas en el GATT, la «guerra de los vinos» entre Francia y Estados Unidos, los forcejeos japoneses para proteger su producción arrocera, hacen parte del enfrentamiento de los fuertes contendientes, enfrentamiento que se hará cada vez más agudo.

Como están las cosas, sólo con la erguida movilización de las fuerzas populares se conseguirá echar atrás las medidas de los intermediarios del imperialismo y rescatar el control del mercado interno para nuestros productos. Con la apertura económica, la importación de miles de toneladas de cebada, trigo, maíz, fríjol, leche, huevos y ganado para el sacrificio, y de otros de arraigada o de posible producción nacional, se ha convertido en un atentado contra el desarrollo agropecuario del país. La llegada de arroz venezolano y de carne de pollo y sorgo desde Estados Unidos, está afectando industrias que habían logrado importantes avances y que satisfacían con suficiencia las necesidades internas de consumo.

«Es mejor la cizaña de tu país que el trigo del extranjero», reza un proverbio árabe. Aunque resultara cierto que buena parte de nuestra producción agrícola sea de inferior calidad a la importada, los intereses nacionales deben prevalecer. La modernización y el mejoramiento permanente de la calidad y eficiencia de la producción es una ley histórico natural que se impondrá por encima de los obstáculos artificiales de los mandatarios. La mayor parte de los dos millones y cuarto de toneladas importadas en 1992 pueden ser perfectamente generadas en Colombia. ¿Qué razón hay para abrir nuestras fronteras a las mercaderías extranjeras altamente subsidiadas y causar la ruina de miles de agricultores colombianos?

La cuestión ha de empezar por imponer barreras arancelarias y no arancelarias que impidan la entrada de productos foráneos que perjudiquen nuestra producción, a semejanza de como lo han hecho siempre las burguesías de las diversas naciones.

Para solucionar la situación de pobreza, es decir, el nivel de vida de los treinta millones de colombianos, no existe otro camino que impulsar el desarrollo. En lugar de estar pensando en las migajas del extranjero y echando teoría, los gobernantes deberían velar por el progreso material, social y cultural de toda la población. Cuando se recortan los salarios reales de los trabajadores y se disminuyen o anulan las ganancias de los productores agrícolas e industriales, concentrando la riqueza en unos pocos privilegiados, lo que se está es impidiendo el crecimiento del consumo, causando entonces el constreñimiento del mercado interno. Debilitan la planta de cuyo jugo se alimentan.

PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS EN APOYO DE LOS AGRICULTORES Y DEL RETIRO DE LA SAC DE LA COMISIÓN DE ALTO

Los ingenieros agrónomos colombianos reunidos en Pereira durante el XV Congreso Nacional, hacemos saber a la opinión nuestro rechazo absoluto y categórico a la denominada política de apertura económica adelantada por el gobierno del presidente Gaviria en detrimento incuestionable del sector agropecuario y que pone en grave riesgo la seguridad alimentaria de la nación y el pueblo colombianos.

Una disminución de 253 mil hectáreas en la superficie sembrada, según cálculos de la SAC, si se comparan los primeros semestres de 1991 y 1993, es prueba irrefutable de los efectos de una mala política agrícola o la ausencia de ella.

Los ingenieros agrónomos, actores en todos los campos de la producción agrícola nacional, y testigos de excepción del desamparo y la angustia de los agricultores y campesinos colombianos, no podemos permanecer impasibles ante esta realidad y debemos también alertar sobre las consecuencias desastrosas que sobrevendrán sobre nuestra patria. Más de 10 millones de jornales suprimidos durante el año anterior son un ingrediente aciago para la tranquilidad y seguridad ciudadanas.

La obstinación del señor Gaviria y el olimpismo de su equipo para mantener el modelo económico ante las denuncias de todos los gremios agropecuarios, y el desconocimiento de cifras y estudios, oficiales inclusive, que demuestran hechos concretos de los efectos de la apertura, diferentes al clima y la recesión mundial, nos llevan a solicitar un juicio de responsabilidades se contra los causantes del daño al sector primario.

Desde Pereira, tierra natal del Presidente, emporio agrícola y cafetero, subsector éste hoy tan duramente golpeado por distintas medidas del gobierno, la revaluación entre ellas, expresamos nuestro acuerdo con la decisión de la SAC de retirarse de la Comisión de Alto Nivel que había establecido con el gobierno, y solicitamos al máximo organismo de representación del sector agrario que abandone las demás comisiones de concertación y apoyo, de proyección y evaluación, en las cuales participa con el Estado.

La Junta Directiva de la Federación de Ingenieros Agrónomos de Colombia, FIAC, hace un llamado a todos sus afiliados y los demás colegas asistentes a este Congreso para que participen activamente en las jornadas de movilización civil y pacífica que sean convocadas por no los gremios para impulsar la urgencia de proteger la producción rural.

Frente al próximo debate electoral, la FIAC alerta a sus colegas para que el derecho al voto sea ejercido en beneficio de quienes sean garantía en la defensa de los intereses agropecuarios.

Debemos propiciar la más amplia unidad de todos los afectados por la apertura económica, para detener su aplicación y sus nefastas consecuencias.

MASIVAS IMPORTACIONES DE CEREALES

El miércoles 17 de junio de 1992, El Tiempo informaba: «Desde abril pasado, las compras en el exterior por parte de los particulares han reaccionado en forma importante, hasta el punto que 16 buques se encuentran a la espera de descargue en el puerto de Buenaventura. Once más ya fueron evacuados… Al país están ingresando en forma importante maíz para concentrados, torta de soya, aceites y fríjol soya… Directivos gremiales han denunciado que la mayor parte de las importaciones se están realizando a precios subsidiados y que esa situación llevará a muchos agricultores a la quiebra».

Simultáneamente, el gobierno, por intermedio de Álvaro Silva, gerente del Idema, señalaba que «no habrá problemas en el abastecimiento, por el comportamiento de las importaciones y porque el período duro de escasez ya pasó». Silva añadió que «en días pasados llegaron al país 50.000 toneladas de trigo procedentes de Canadá… y en las próximas semanas llegará un cargamento de fríjol. El sector privado, por su parte, ha importado en los últimos meses 135.000 toneladas de maíz que entraron a engrosar la oferta interna y que le permiten al mercado tener un adecuado abastecimiento… Otras 65.000 toneladas del grano están en camino, así como 60.000 de torta de soya… Los particulares también están importando algo de Venezuela. Del vecino país vienen 800 toneladas de arroz».

En 1992 se importaron más de dos millones de toneladas de productos agrícolas, frente a 896 mil en 1991, según Fenalce. «Con la puesta en práctica de la liberación del mercado agropecuario se han permitido importaciones masivas de maíz (en 1992 fueron de 500.000 toneladas), se han incrementado las de trigo y con ello se han deprimido los precios internos hasta desaparecer los márgenes de beneficio para los productores agrícolas, causando el retiro de su actividad».

En el tintero se nos quedan infinidad de denuncias que a diario formulan voceros autorizados de los gremios agroindustriales de Colombia. Sus declaraciones dibujan un cuadro sombrío, fiel reflejo del oscuro panorama nacional.

ALGODÓN: DE VENDEDORES A COMPRADORES

Aunque en un principio las agremiaciones algodoneras se mostraron felices con la apertura económica y le brindaron todo su respaldo al gobierno, muy pronto sintieron el peso de la eliminación del crédito de fomento y la aplicación de tasas comerciales de interés, la demora en los pagos del Cert, los efectos de la tasa de cambio y la entrada masiva de algodones baratos provenientes de la antigua URSS que, a la vez, influyeron decididamente en la baja de los precios de la fibra a nivel mundial.

Para presionar soluciones a sus problemas, el 5 de junio de 1992 se realizó una asamblea intergremial en el Cesar y once organizaciones agrícolas de la Costa Atlántica enviaron una carta abierta al presidente Gaviria solicitándole garantías para poder continuar con sus cultivos. Terminan diciendo: «En caso negativo a nuestras solicitudes, señor presidente, ¿estará el Gobierno preparado para afrontar la difícil situación social y de orden público que se acrecentará en las zonas algodoneras? En las actuales circunstancias es imposible sembrar algodón».

La respuesta ha llegado a cuentagotas. Primero fueron las refinanciaciones, prolongando la agonía de los agricultores. Luego se decidió mantener el Cert, pero aún el gobierno no cumple con el pago correspondiente a 1991. Después crearon un Fondo de Estabilización de Precios con muy baja capacidad de maniobra, ya que se asignara, sólo 1.400 millones de pesos cuando el cálculo al respecto supera los 10.000 millones.

Y, por último, el 20 de julio se anunció el establecimiento de un «subsidio» de 100 mil pesos por tonelada de fibra producida en la Costa y el Meta. Sin embargo, es bueno que se sepa que éste sólo equivale a poco más de 20 mil pesos por tonelada de algodón semilla, que es el producto que se entrega al Idema o a las agremiaciones compradoras.

Los paliativos llegan cuando el enfermo entró en coma. Las áreas de siembra para la cosecha Costa-Meta se han deprimido desde 180 mil hectáreas en 1991 a 50 mil en 1993, y Colombia pasó a ser nuevamente importador neto, lo que no ocurría desde 1959. En el año algodonero que terminó, importamos 26 mil toneladas de fibra subsidiada por Estados Unidos.

La miseria se multiplicará en aquellas zonas como sucede en las regiones cafeteras. Sólo en la Costa Atlántica se eliminarán 70 mil empleos como consecuencia de la caída de la extensión sembrada. Las agremiaciones se encuentran arruinadas, cierran oficinas, rematan activos. Incluso se habla de la liquidación de Federalgodón, que tiene 40 años de existencia y agrupa a casi la mitad de los productores. De lo anterior se puede deducir la desesperada situación que viven decenas de miles de recolectores y pequeños agricultores vinculados a los cultivos del que ayer fuera el oro blanco del Cesar.

Los precios internacionales no reaccionan. Las cotizaciones se mantienen entre 55 y 62 centavos de dólar la libra, lo que hace presumir que las difíciles condiciones se mantendrán.

LOS SOFISMAS DE LA REACTIVACIÓN AGRARIA

Cuando la protesta agraria se hizo general y se entró en época preparatoria de las elecciones de 1994, el gobierno empezó a simular modificaciones en su actitud. Aceptó la renuncia de López Caballero y nombró a José Antonio Ocampo, quien, además de hacer gala de sus muchos pergaminos, había expresado desde Fedesarrollo opiniones contrarias a la política agropecuaria oficial. Con esto se buscaba crear ilusiones en los sectores vacilantes. Era fácil. Después de López cualquiera podía parecer mejor.

Como se necesitaba que Ocampo apareciera distinto, los miembros del equipo gubernamental se dedicaron a preparar algunas baratijas, desempolvaron viejas carpetas archivadas y en mayo divulgaron el «Plan de Reactivación del Sector Agropecuario», supuesta solución a la profunda crisis que vive el sector rural.

El «Plan» busca acallar las crecientes voces de protesta que se levantan a lo largo y ancho del país. Se pone a la orden del día el promeserismo sin decidir nada concreto de importancia.

Todo es tan gaseoso que se habla de un choque tecnológico, con el cual se solucionarían los costos a corto plazo. «Choqué» que debió iniciarse en mayo de 1992. Posteriormente habría de orientarse «a los cultivos a sembrar en el segundo semestre, para los cuales se han identificado tecnologías de preparación de suelos, fertilización, manejo integrado de plagas, labranza mínima».

Sin embargo, los agricultores saben que lo prometido carece de fundamento; sus efectos no se sintieron en el primer semestre ni se vislumbran hacia el futuro.

En consonancia con lo anterior, hablar de esas prácticas como instrumentos de emergencia no es más que demagogia. El análisis de cada uno de los capítulos, contradictorios entre sí en muchos casos, permite plantear que este «Plan de Reactivación» reproduce la película aperturista para el campo y si acaso despertará las ingenuas esperanzas de algunos despistados dirigentes.

EL COMERCIO INTERNO Y EXTERNO

Desde hace varios años el MOIR viene advirtiendo sobre el fatal desenlace de la entrega de la nación al imperialismo yanqui

Ramiro Rojas

Los industriales colombianos vienen observando cómo sus ventas en el exterior se reducen mientras los almacenes del país se atiborran de mercancías foráneas. Sometidos a la apertura, tienen que afrontar la competencia desatada por los grandes monopolios. Debido a la superproducción, las potencias, y en especial Estados Unidos, arremeten contra los países del Tercer Mundo recurriendo a toda clase de artimañas, «dumping», subsidios, contrabando, fijación de cuotas, controles sanitarios, etc., a fin de colocar sus excedentes y proteger sus propios mercados.

En el decenio pasado Belisario Betancur cede ante la presión de los conglomerados imperialistas y acepta la monitoría del Fondo Monetario Internacional, FMI. Durante el mandato de Virgilio Barco arrecian las imposiciones. Recordemos que para aprobar un préstamo a Colombia por 400 millones de dólares en 1990, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo exigieron, entre otras reformas fiscales y monetarias, desmontar los impuestos a las importaciones, eliminar los subsidios a las exportaciones como el Cert, y suprimir los créditos de fomento de Proexpo, hoy Banco de Comercio Exterior.

Sin embargo, no era posible instaurar la apertura sin antes modificar la Constitución, adecuar los poderes legislativo y judicial, y cambiar el resto de instituciones. Pero lo más importante, se requería de personajes nuevos en el poder que no estuvieran comprometidos con las viejas castas políticas o con las clases económicas que venían gobernando el país. Le corresponde, pues, a César Gaviria, imponerla en Colombia, con resultados que superaron rápidamente las expectativas de los amos gringos.

Se disparan las importaciones, se estancan las exportaciones

La tendencia del comercio exterior varió radicalmente. Según las cifras provisionales suministradas por el Banco de la República, las exportaciones cayeron 3% en 1992. En cambio, las importaciones aumentaron 35% al pasar de 4.967 millones de dólares en 1991 a 6.684 millones en 1992. La balanza comercial, hace dos años favorable al país en 2.277 millones de dólares, en 1992 apenas llegó a 316 millones.

La avalancha de mercancías extranjeras en este primer semestre es de tal magnitud, que el DANE prácticamente renunció a informar en su boletín sobre el ingreso de ellas. El presidente de la ANDI, Carlos Arturo Ángel, durante el seminario sobre competencia desleal organizado por la Corporación Latinoamericana de Economía Internacional, a finales de julio, se refirió al caos aduanero existente afirmando que «los empresarios colombianos se ven abocados a la ignorancia completa respecto de los productos que ingresan al país o salen de él». Se sabe, sí, que en los cuatro primeros meses del presente año los recaudos de la aduana crecieron 126%, y eso pese a la enorme rebaja que han sufrido los aranceles.
La debacle se vino encima, así el presidente Gaviria siga preguntándose «¿dónde están las quiebras?, ¿dónde los millones de desempleados?». En 1992 las exportaciones de la rama industrial presentaron una disminución de 1.6%, siendo los sectores más afectados prendas de vestir con -30.9%; cuero y sus productos, -16.1%; derivados del petróleo, -20.7%; calzado, -1.1%; loza y porcelana, -60.4%, y otras industrias, -33.5%. El presidente de la Asociación de Confeccionistas de Colombia, Andrés de la Espriella, aseguró que, debido a la apertura, en Medellín ya se han cerrado, numerosas empresas y han quedado cesantes más de 7.000 trabajadores de esa rama. En la encuesta empresarial realizada por Fedesarrollo en abril último, se habla de «acoso importador a la gran industria» y de que «la industria se desacelera, principalmente en los productos de textiles, confecciones, artículos de cuero, sustancias químicas industriales y plásticos».

En la investigación efectuada por el Ministerio de Hacienda recientemente a las 88 más, grandes empresas del país, se reconoce que «los primeros resultados no son alentadores». Y más adelante dice: «Las importaciones siguen disparadas, siendo la causa del freno al crecimiento de la producción».

El hecho concreto es que Colombia pasó a importar algodón fenómeno que, no ocurría desde 1959. El ingreso de alimentos supera cualquier cifra histórica textiles provenientes del extranjero copan, el 30% del mercado nacional; los molineros planean traer arroz del exterior y volverse comerciantes; las ensambladoras de automóviles y muchas industrias, como Philips, Pavco y Landers, se volvieron importadoras, y la producción colombiana de cebada tiende a desaparecer. Esta es apenas la punta del iceberg. A todas esas, el gobierno responde a las quejas de los gremios económicos con nimiedades como la fijación de precios mínimos para unos pocos artículos, investigaciones exhaustivas al “dumping” o recompensas por denunciar contrabando.

Mientras tanto las grandes potencias se empeñan en subsidiar las actividades agropecuarias y favorecer sus monopolios, empujando al mundo a la guerra comercial. El GATT continua poniendo de manifiesto su incapacidad, y los gobiernos iberoamericanos reunidos en la Cumbre de Salvador de Bahía, Brasil, a mediados del mes de julio, ante lo inocultable de los hechos, se ven obligados a reconocer que la crisis económica en que sumieron a estos pueblos es una realidad. En la declaración final se consigna «rechazo a las prácticas proteccionistas de los países industrializados, en desmedro aquellos que aún no lo son». Desde hace varios años el MOIR viene advirtiendo sobre el fatal desenlace de la entrega de las naciones al imperialismo yanqui.

EL DESPLOME DE LA INDUSRIA DE CALZADO

Importaciones arruinan a los pequeños y medianos productores

Empresarios del sector del calzado de Colombia, México, Venezuela y Argentina se encuentran alarmados por la invasión de productos provenientes del Sudeste Asiático, gracias a la política neoliberal que campea en Latinoamérica.

Los industriales que asistieron al Primer Salón Nacional del Calzado, efectuado en Valencia (Venezuela) a finales de junio, denunciaron que la región está seriamente afectada por el alto volumen de importaciones de este rubro.

Durante el año pasado entraron a Argentina zapatos por valor de 110 millones de dólares, cantidad nunca antes alcanzada, equivalente al 25% del consumo en ese país. En México, por su parte, se vieron obligados a colocar medidas compensatorias al respecto.

El caso colombiano no es menos alarmante. La avalancha de calzado extranjero comienza a hacer estragos en esta rama industrial que se caracteriza por estar constituida en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas. Sólo en el primer trimestre del año en curso la importación de zapatos registró un incremento de 117% con relación al mismo período de 1992, situación que, según Víctor González Mercado, presidente de la Corporación de Industriales del Calzado (Cornical), se agrava con el contrabando, cuya afluencia es similar a la registrada legalmente. Los cuatro millones de pares que entran al país equivalen a la cuarta parte de la producción nacional.

Los industriales denunciaron, además, que el producto ingresa a precios anormalmente bajos (3.30 dólares, unos 2.600 pesos colombianos), constituyéndose en una de las principales causas de lo que denominan «la desaceleración del sector».

La mengua del mercado interno se agrega a la disminución del externo, fenómeno que se agudizó a partir de mediados de 1992. Ya desde ese entonces tanto los empresarios del calzado como los del cuero y sus productos responsabilizaron de la caída de las exportaciones (10% en 1992 con respecto a 1991) a la revaluación, a la reducción de estímulos como el Cert y a las demás disposiciones integrantes de la política de «internacionalización de la economía». Los frutos de la apertura, pues, comienzan a darse, arrastrando la producción nacional a la quiebra con todas sus secuelas de desempleo y miseria.

NUEVO INTENTO

El Comité Ejecutivo Central tomó la determinación de revivir su órgano de expresión después de más de siete años de receso del mismo. La medida se torna indispensable debido al incremento del saqueo del imperialismo yanqui, los combates de las masas por defenderse y la influencia del Partido en aumento. Lenin sostenía que el periódico era un centro organizador por excelencia. No obstante encontramos desemejanzas sustanciales entre lo sucedido en Rusia en aquella época y lo que ha pasado en Colombia. Allá existían bastantes grupos revolucionarios de nivel local perdidos en vastos territorios, a los cuales había que unir bajo una sola jefatura y una sola concepción. Aquí nació muy temprano el revisionismo contemporáneo tras el auspicio creciente del extinto bloque soviético, mientras que el MOIR se hallaba destinado a surgir y desarrollarse en una permanente marcha hacia la periferia, en medio del sistemático acoso del mamertismo y el extremoizquierdismo.

Con el sostén de núcleos avanzados de la clase obrera y a partir de las principales capitales distribuimos en las regiones a incontables militantes, la llamada generación de los descalzos. Así estructuramos nuestras fuerzas a lo largo y ancho del país. Ese proceso vital coincidió más o menos con otro acontecer hasta cierto punto heroico, el alumbramiento de Tribuna Roja, cuyo primer editorial ya insistía en una línea proletaria de la revolución colombiana.

El mantener una publicación de tal naturaleza se ha tornado con los tiempos casi que inalcanzable, a causa de los abismos económicos cada vez más hondos entre la gran prensa y las páginas de las agrupaciones de escasos recursos. Las complejidades de la técnica, los montos de inversión, la omnipotencia de la propaganda comercial y aun los rigurosos requisitos del reparto, deciden. Al principio, en el despunte de los setentas, recurrimos al taller artesanal, y los tirajes no superaban los tres mil, cinco mil ejemplares. Luego nos pasamos a las rotativas de algunos de los diarios establecidos, en donde padecíamos los inconvenientes de la dependencia: los turnos, las demoras, los caprichos de los editores. Sin embargo, conseguimos impresiones hasta de cientos de miles de copias. Lo que no logramos fue la regularidad, salvo en una u otra temporada de elecciones. Por ello a nuestro «periódico» lo llamábamos el «esporádico».

Poco a poco se recrudecieron los factores negativos. Los fondos, producto de las ventas, cayeron verticalmente arrastrados por los brotes de indisciplina. Las deudas crecieron sin cesar y, a la postre, los problemas del financiamiento terminaron emitiendo su fallo inapelable. Clausurada la casa de labores y editado el último número, el 51, en marzo de 1986, el ciclo quedó concluido. Sin prensa propia apelamos a la publicidad política pagada en uno de los principales medios de comunicación, con el objeto de expresar nuestro punto de vista acerca de los asuntos candentes y llevar el mensaje a amplios sectores de la población.

En el desenlace contribuyeron, por supuesto, los vaivenes del acaecer político. Con el ascenso de López Michelsen y la invasión de Castro a Angola, a mediados de la década del setenta, se alborotó el cotarro procubano, cuyos mandos, con el aliento de tendencias como el M-19, creyeron que había sonado la hora de la insurgencia. Después, Turbay Ayala rompería las relaciones diplomáticas con la Isla al saberse de la decisiva colaboración de ésta con los planes bélicos de los terroristas. Mas con el triunfo de Betancur llegarían al paroxismo los entusiasmos de los insurrectos errantes, quienes expandieron sus bárbaras acciones al socaire de los diálogos de «paz». De cualquier manera, para el Partido representó un decenio de retrocesos, escisiones y pérdida de zonas importantes.

Al final del túnel nos hallábamos exhaustos y reducidos, pero promisorias claridades vendrían en nuestra ayuda. La amenaza de la superpotencia de Oriente que con tanta meticulosidad había trenzado su malla expansionista, desapareció intempestivamente del escenario mundial. No cabía duda de que el Kremlin, tras cambiar de color, hizo mal sus cálculos. Concentró desproporcionadas sumas en el fortalecimiento de sus arsenales, descuidó el resto de las industrias y acometió costosísimas aventuras de conquista que muy poco redituaban. Quedó también comprobado que las guerras de los cubanos, libios, vietnamitas y hasta de los sirios corrían por cuenta de Moscú. Con el descalabro general cundieron incluso las penurias entre estos pueblos que se ufanaban de sus adelantos, un progreso artificioso y a debe. Hoy Castro va a los foros internacionales cabizbajo, con carita de yo no fui, a pedir cual mansa paloma trato comprensivo para su descaecida nación, amén de otras cosas. Y los inventores de la «combinación de todas las formas de lucha» se percataron de pronto que sus viejas fuentes de ingresos estaban secas y que su buena estrella ya no fusilaba en el horizonte.

Para nosotros la perspectiva es la contraria. Pareciera como si nos hubiésemos ganado el derecho de empezar otra vez. Retornamos con redoblados ímpetus al movimiento obrero y contribuimos a construir la CTDC, primero, y la CGTD, después. Se nos multiplicaron las oportunidades de vinculación a las gentes de la ciudad y el campo, aprovechando la influencia sindical y recogiendo el descontento nacional que irrumpe con cada una de las disposiciones oficiales, siempre regresivas, despóticas, antipatrióticas y antipopulares. Ante las dificultades de los enemigos y el desbarajuste de Colombia, una descomposición sin antecedentes y en todos los ámbitos, podemos aspirar, con realismo, a ponernos a la cabeza del desenvolvimiento revolucionario.

El Partido está obligado a orientar, atender la infinidad de contradicciones derivadas de la imposición de la apertura económica, una exigencia con la que Estados Unidos piensa salir de la recesión, contrarrestar los efectos de la guerra comercial desatada en el globo entero y volver al hegemonismo. Los pueblos de América Latina sienten en carne viva los escozores de este acentuamiento de la neocolonización, que requiere como preseas la máxima merma de los salarios, el aplastamiento de los sindicatos, el fin de las prestaciones sociales, la absoluta dominación cultural, la quiebra de la industria y el agro, la privatización de las empresas estatales… Sin excluir el envilecimiento de nuestro idioma, ni hacer excepción de la ley marcial o de las invasiones. En tales circunstancias no conseguiremos dirigir si nos reducimos a las reuniones de los organismos; precisamos de la palabra escrita aun cuando sólo alcance para unos miles de cuadros y activistas, o unos cientos de frentes.

Ante las acucias de la hora requerimos, como nunca jamás, de la cohesión ideológica y táctica; del freno al aburguesamiento del Partido. He ahí uno de los papeles esenciales de Tribuna Roja.

La intención en esta segunda etapa consiste en convertirla inicialmente en un quincenario, y más tarde, en menos de seis meses, sacarla cada ocho días. Partimos de la base de enmendar errores, abandonando lo más posible las prácticas artesanales, y pretendiendo acercarnos a los logros de la técnica editorial, sin olvidar, por supuesto, las limitaciones, algunas insuperables. Siendo que la impresión corresponde al contratista, la idea es escribir, corregir, levantar y armar el periódico por nosotros mismos. Tareas o pasos que quedarán a cargo de la Comisión de Redacción, ya designada y en pleno funcionamiento.

Para ello montamos una infraestructura básica, que nos ha costado varios millones de pesos y abarca escritorios y mesa de juntas, máquinas de escribir y dos computadores, laboratorio fotográfico y archivo, más un telefax con el que recibiremos en minutos los comentarios o noticias de dentro o fuera, incluidos los despachados por la célula de militantes de Estados Unidos, de grande experiencia. Designamos un director (el compañero Naranjo), un gerente, una archivadora, un jefe de redacción y levantador de textos, un fotógrafo con sus respectivos asistentes. A los tres últimos los hemos profesionalizado y son de dedicación completa. Las recolectas entre miembros y amigos cubrieron los costos.

Otro aspecto organizativo previsto estriba en la creación de un nutrido grupo de colaboradores de cien o más personas, que nos mantengan informados de cuanto ocurre en municipios, veredas y barriadas. Queremos que a la lista se sumen no sólo intelectuales sino obreros y campesinos; y esperamos que la publicación toque los más disímiles temas, haga propaganda, agite, y que las enseñanzas deducidas de las peleas de unos lugares sirvan de modelo o acicate en muchos otros sitios.

Aunque la totalidad del Partido ha de preocuparse por la circulación y venta de nuestra «Bagatela», conformamos una red de distribución, responsable de colocar los números, recoger los dineros y consignar los giros por los canales definidos. La cantidad será inicialmente de 20.000 unidades de ocho páginas, que iremos incrementando, unas y otras, según el interés de los artículos y el cumplimiento de los compromisos. Su precio para el lector se ha fijado en $300, única forma de garantizar una reproducción regularizada y con medios cada día más adecuados. Seguramente habrá modificaciones a lo dicho, pero éstas corresponderán al buen sentido, a los avances alcanzados y a la pericia cosechada.

De todos modos la meta ha de ser la de suministrarles a los desposeídos y oprimidos una herramienta idónea en sus desvelos por la emancipación de clase.

FRANCISCO MOSQUERA
Secretario General del MOIR

LOS EMBROLLOS DEL VEEDOR

Los organismos de control se obstruyen unos a otros y los aliados de ayer terminan indisponiéndose, pero todos con el mismo estigma de haber hecho una Constitución tan complicada como antidemocrática

Si algo pone al descubierto el conflicto del «Veedor» es el fariseísmo de la clase gobernante y el caos creado por la multiplicación de los organismos de control que viven enfrentados unos con otros. Ya todos saben que Gaviria, el M19, el alvarismo y demás fuerzas políticas de la Constituyente de 1991 abonaron el terreno para la implantación de la apertura económica. Con este fin había que doblegar a la vieja clase política y esgrimir demagógicamente el argumento de la lucha contra la corrupción y contra el manejo usual que se les ha venido dando a los auxilios parlamentarios. En el fondo se trata de una simple reyerta preelectoral. Bajo este señuelo se puso en marcha el cambio de las reglas del juego democrático y la suplantación del Congreso.

Anticipándose a lo que habría de hacer Fujimori en el Perú, las cámaras fueron cerradas, se dio vida a una Comisión Especial Legislativa (el «congresito») y se citó a nuevas elecciones para diciembre de 1991. Pero los constituyentes fabricaron una vulgar paradoja: los auxilios no fueron suprimidos, sencillamente cambiaron de dueño, pues su manejo lo tiene ahora el gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, que los puede transferir, por medio de contrato, a entidades privadas sin ánimo de lucro, conforme lo señala el artículo. 355 de la Carta, o de cualquier otra forma.

En componenda de última hora se inventaron el «Veedor», quien, con una vigencia temporal de sólo tres años, tiene la supuesta misión de impedir el uso de los dineros públicos o del exterior en los comicios. Sin embargo, su régimen es tan abstruso que nadie sabe a qué rama del poder pertenece ni cuál es la autoridad que puede enjuiciarlo y separarlo. Y su ejercicio se asemeja más a una comedia que a un efectivo control de los recursos económicos en las campañas electorales. A modo de ejemplo, el «Veedor» cree que la vigilancia se logra con el registro de los libros contables de los candidatos o con la creación de «veedurías cívicas». Es tal la anarquía reinante que la fiscalización de los auxilios terminó en parálisis de hospitales y centros de servicio a la comunidad, lo cual se quiso morigerar con la arrevesada introducción de un artículo suelto en el reglamento del Congreso. La supervisión de los dineros oficiales, ya estén en manos del presidente o de los parlamentarios, es sencillamente una empresa imposible.

Ocurrió, sin embargo, que algunas investigaciones del «Veedor» incomodaron al Ejecutivo y a sus conmilitones, como en el caso de las becas del Icetex. Esto dio origen a que el investigador fuera investigado: el contralor pidió al procurador que estableciera responsabilidad por esta conducta; el procurador se declaró impedido y solicitó al Congreso que designara un procurador ad hoc, el cual fue nombrado mediante terna que hicieron el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El procurador ad hoc lo acusa y el «Veedor» contraataca diciendo que no tiene competencia para hacerlo, lo cual dio lugar a la intervención del Consejo Superior de la Judicatura, que ordenó al presidente separar al funcionario de su cargo. Y por su parte, la Corte Constitucional precisó que la Sala Disciplinaria del Consejo sólo puede sancionar a funcionarios de la rama jurisdiccional, mas no destituirlos. En su afán de recuperar el espacio político perdido y tirarle las orejas a Gaviria, el M19 y el alvarismo han armado un alboroto propagandístico y judicial en torno del embrollo.

Mucho queda en claro de este triste episodio de la vida nacional. Los organismos de control se obstruyen unos a otros y los aliados de ayer terminan indisponiéndose pero todos con el mismo estigma de haber hecho una Constitución tan complicada como antidemocrática.