Categoría: Tribuna Roja N° 52, Bogotá; julio 29- agosto 11 de 1993

Cuando la protesta agraria se hizo general y se entró en época preparatoria de las elecciones de 1994, el gobierno empezó a simular modificaciones en su actitud. Aceptó la renuncia de López Caballero y nombró a José Antonio Ocampo, quien, además de hacer gala de sus muchos pergaminos, había expresado desde Fedesarrollo opiniones contrarias a la política agropecuaria oficial. Con esto se buscaba crear ilusiones en los sectores vacilantes. Era fácil. Después de López cualquiera podía parecer mejor.

Como se necesitaba que Ocampo apareciera distinto, los miembros del equipo gubernamental se dedicaron a preparar algunas baratijas, desempolvaron viejas carpetas archivadas y en mayo divulgaron el «Plan de Reactivación del Sector Agropecuario», supuesta solución a la profunda crisis que vive el sector rural.

El «Plan» busca acallar las crecientes voces de protesta que se levantan a lo largo y ancho del país. Se pone a la orden del día el promeserismo sin decidir nada concreto de importancia.

Todo es tan gaseoso que se habla de un choque tecnológico, con el cual se solucionarían los costos a corto plazo. «Choqué» que debió iniciarse en mayo de 1992. Posteriormente habría de orientarse «a los cultivos a sembrar en el segundo semestre, para los cuales se han identificado tecnologías de preparación de suelos, fertilización, manejo integrado de plagas, labranza mínima».

Sin embargo, los agricultores saben que lo prometido carece de fundamento; sus efectos no se sintieron en el primer semestre ni se vislumbran hacia el futuro.

En consonancia con lo anterior, hablar de esas prácticas como instrumentos de emergencia no es más que demagogia. El análisis de cada uno de los capítulos, contradictorios entre sí en muchos casos, permite plantear que este «Plan de Reactivación» reproduce la película aperturista para el campo y si acaso despertará las ingenuas esperanzas de algunos despistados dirigentes.

Desde hace varios años el MOIR viene advirtiendo sobre el fatal desenlace de la entrega de la nación al imperialismo yanqui

Ramiro Rojas

Los industriales colombianos vienen observando cómo sus ventas en el exterior se reducen mientras los almacenes del país se atiborran de mercancías foráneas. Sometidos a la apertura, tienen que afrontar la competencia desatada por los grandes monopolios. Debido a la superproducción, las potencias, y en especial Estados Unidos, arremeten contra los países del Tercer Mundo recurriendo a toda clase de artimañas, «dumping», subsidios, contrabando, fijación de cuotas, controles sanitarios, etc., a fin de colocar sus excedentes y proteger sus propios mercados.

En el decenio pasado Belisario Betancur cede ante la presión de los conglomerados imperialistas y acepta la monitoría del Fondo Monetario Internacional, FMI. Durante el mandato de Virgilio Barco arrecian las imposiciones. Recordemos que para aprobar un préstamo a Colombia por 400 millones de dólares en 1990, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo exigieron, entre otras reformas fiscales y monetarias, desmontar los impuestos a las importaciones, eliminar los subsidios a las exportaciones como el Cert, y suprimir los créditos de fomento de Proexpo, hoy Banco de Comercio Exterior.

Sin embargo, no era posible instaurar la apertura sin antes modificar la Constitución, adecuar los poderes legislativo y judicial, y cambiar el resto de instituciones. Pero lo más importante, se requería de personajes nuevos en el poder que no estuvieran comprometidos con las viejas castas políticas o con las clases económicas que venían gobernando el país. Le corresponde, pues, a César Gaviria, imponerla en Colombia, con resultados que superaron rápidamente las expectativas de los amos gringos.

Se disparan las importaciones, se estancan las exportaciones

La tendencia del comercio exterior varió radicalmente. Según las cifras provisionales suministradas por el Banco de la República, las exportaciones cayeron 3% en 1992. En cambio, las importaciones aumentaron 35% al pasar de 4.967 millones de dólares en 1991 a 6.684 millones en 1992. La balanza comercial, hace dos años favorable al país en 2.277 millones de dólares, en 1992 apenas llegó a 316 millones.

La avalancha de mercancías extranjeras en este primer semestre es de tal magnitud, que el DANE prácticamente renunció a informar en su boletín sobre el ingreso de ellas. El presidente de la ANDI, Carlos Arturo Ángel, durante el seminario sobre competencia desleal organizado por la Corporación Latinoamericana de Economía Internacional, a finales de julio, se refirió al caos aduanero existente afirmando que «los empresarios colombianos se ven abocados a la ignorancia completa respecto de los productos que ingresan al país o salen de él». Se sabe, sí, que en los cuatro primeros meses del presente año los recaudos de la aduana crecieron 126%, y eso pese a la enorme rebaja que han sufrido los aranceles.
La debacle se vino encima, así el presidente Gaviria siga preguntándose «¿dónde están las quiebras?, ¿dónde los millones de desempleados?». En 1992 las exportaciones de la rama industrial presentaron una disminución de 1.6%, siendo los sectores más afectados prendas de vestir con -30.9%; cuero y sus productos, -16.1%; derivados del petróleo, -20.7%; calzado, -1.1%; loza y porcelana, -60.4%, y otras industrias, -33.5%. El presidente de la Asociación de Confeccionistas de Colombia, Andrés de la Espriella, aseguró que, debido a la apertura, en Medellín ya se han cerrado, numerosas empresas y han quedado cesantes más de 7.000 trabajadores de esa rama. En la encuesta empresarial realizada por Fedesarrollo en abril último, se habla de «acoso importador a la gran industria» y de que «la industria se desacelera, principalmente en los productos de textiles, confecciones, artículos de cuero, sustancias químicas industriales y plásticos».

En la investigación efectuada por el Ministerio de Hacienda recientemente a las 88 más, grandes empresas del país, se reconoce que «los primeros resultados no son alentadores». Y más adelante dice: «Las importaciones siguen disparadas, siendo la causa del freno al crecimiento de la producción».

El hecho concreto es que Colombia pasó a importar algodón fenómeno que, no ocurría desde 1959. El ingreso de alimentos supera cualquier cifra histórica textiles provenientes del extranjero copan, el 30% del mercado nacional; los molineros planean traer arroz del exterior y volverse comerciantes; las ensambladoras de automóviles y muchas industrias, como Philips, Pavco y Landers, se volvieron importadoras, y la producción colombiana de cebada tiende a desaparecer. Esta es apenas la punta del iceberg. A todas esas, el gobierno responde a las quejas de los gremios económicos con nimiedades como la fijación de precios mínimos para unos pocos artículos, investigaciones exhaustivas al “dumping” o recompensas por denunciar contrabando.

Mientras tanto las grandes potencias se empeñan en subsidiar las actividades agropecuarias y favorecer sus monopolios, empujando al mundo a la guerra comercial. El GATT continua poniendo de manifiesto su incapacidad, y los gobiernos iberoamericanos reunidos en la Cumbre de Salvador de Bahía, Brasil, a mediados del mes de julio, ante lo inocultable de los hechos, se ven obligados a reconocer que la crisis económica en que sumieron a estos pueblos es una realidad. En la declaración final se consigna «rechazo a las prácticas proteccionistas de los países industrializados, en desmedro aquellos que aún no lo son». Desde hace varios años el MOIR viene advirtiendo sobre el fatal desenlace de la entrega de las naciones al imperialismo yanqui.

Importaciones arruinan a los pequeños y medianos productores

Empresarios del sector del calzado de Colombia, México, Venezuela y Argentina se encuentran alarmados por la invasión de productos provenientes del Sudeste Asiático, gracias a la política neoliberal que campea en Latinoamérica.

Los industriales que asistieron al Primer Salón Nacional del Calzado, efectuado en Valencia (Venezuela) a finales de junio, denunciaron que la región está seriamente afectada por el alto volumen de importaciones de este rubro.

Durante el año pasado entraron a Argentina zapatos por valor de 110 millones de dólares, cantidad nunca antes alcanzada, equivalente al 25% del consumo en ese país. En México, por su parte, se vieron obligados a colocar medidas compensatorias al respecto.

El caso colombiano no es menos alarmante. La avalancha de calzado extranjero comienza a hacer estragos en esta rama industrial que se caracteriza por estar constituida en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas. Sólo en el primer trimestre del año en curso la importación de zapatos registró un incremento de 117% con relación al mismo período de 1992, situación que, según Víctor González Mercado, presidente de la Corporación de Industriales del Calzado (Cornical), se agrava con el contrabando, cuya afluencia es similar a la registrada legalmente. Los cuatro millones de pares que entran al país equivalen a la cuarta parte de la producción nacional.

Los industriales denunciaron, además, que el producto ingresa a precios anormalmente bajos (3.30 dólares, unos 2.600 pesos colombianos), constituyéndose en una de las principales causas de lo que denominan «la desaceleración del sector».

La mengua del mercado interno se agrega a la disminución del externo, fenómeno que se agudizó a partir de mediados de 1992. Ya desde ese entonces tanto los empresarios del calzado como los del cuero y sus productos responsabilizaron de la caída de las exportaciones (10% en 1992 con respecto a 1991) a la revaluación, a la reducción de estímulos como el Cert y a las demás disposiciones integrantes de la política de «internacionalización de la economía». Los frutos de la apertura, pues, comienzan a darse, arrastrando la producción nacional a la quiebra con todas sus secuelas de desempleo y miseria.

El Comité Ejecutivo Central tomó la determinación de revivir su órgano de expresión después de más de siete años de receso del mismo. La medida se torna indispensable debido al incremento del saqueo del imperialismo yanqui, los combates de las masas por defenderse y la influencia del Partido en aumento. Lenin sostenía que el periódico era un centro organizador por excelencia. No obstante encontramos desemejanzas sustanciales entre lo sucedido en Rusia en aquella época y lo que ha pasado en Colombia. Allá existían bastantes grupos revolucionarios de nivel local perdidos en vastos territorios, a los cuales había que unir bajo una sola jefatura y una sola concepción. Aquí nació muy temprano el revisionismo contemporáneo tras el auspicio creciente del extinto bloque soviético, mientras que el MOIR se hallaba destinado a surgir y desarrollarse en una permanente marcha hacia la periferia, en medio del sistemático acoso del mamertismo y el extremoizquierdismo.

Con el sostén de núcleos avanzados de la clase obrera y a partir de las principales capitales distribuimos en las regiones a incontables militantes, la llamada generación de los descalzos. Así estructuramos nuestras fuerzas a lo largo y ancho del país. Ese proceso vital coincidió más o menos con otro acontecer hasta cierto punto heroico, el alumbramiento de Tribuna Roja, cuyo primer editorial ya insistía en una línea proletaria de la revolución colombiana.

El mantener una publicación de tal naturaleza se ha tornado con los tiempos casi que inalcanzable, a causa de los abismos económicos cada vez más hondos entre la gran prensa y las páginas de las agrupaciones de escasos recursos. Las complejidades de la técnica, los montos de inversión, la omnipotencia de la propaganda comercial y aun los rigurosos requisitos del reparto, deciden. Al principio, en el despunte de los setentas, recurrimos al taller artesanal, y los tirajes no superaban los tres mil, cinco mil ejemplares. Luego nos pasamos a las rotativas de algunos de los diarios establecidos, en donde padecíamos los inconvenientes de la dependencia: los turnos, las demoras, los caprichos de los editores. Sin embargo, conseguimos impresiones hasta de cientos de miles de copias. Lo que no logramos fue la regularidad, salvo en una u otra temporada de elecciones. Por ello a nuestro «periódico» lo llamábamos el «esporádico».

Poco a poco se recrudecieron los factores negativos. Los fondos, producto de las ventas, cayeron verticalmente arrastrados por los brotes de indisciplina. Las deudas crecieron sin cesar y, a la postre, los problemas del financiamiento terminaron emitiendo su fallo inapelable. Clausurada la casa de labores y editado el último número, el 51, en marzo de 1986, el ciclo quedó concluido. Sin prensa propia apelamos a la publicidad política pagada en uno de los principales medios de comunicación, con el objeto de expresar nuestro punto de vista acerca de los asuntos candentes y llevar el mensaje a amplios sectores de la población.

En el desenlace contribuyeron, por supuesto, los vaivenes del acaecer político. Con el ascenso de López Michelsen y la invasión de Castro a Angola, a mediados de la década del setenta, se alborotó el cotarro procubano, cuyos mandos, con el aliento de tendencias como el M-19, creyeron que había sonado la hora de la insurgencia. Después, Turbay Ayala rompería las relaciones diplomáticas con la Isla al saberse de la decisiva colaboración de ésta con los planes bélicos de los terroristas. Mas con el triunfo de Betancur llegarían al paroxismo los entusiasmos de los insurrectos errantes, quienes expandieron sus bárbaras acciones al socaire de los diálogos de «paz». De cualquier manera, para el Partido representó un decenio de retrocesos, escisiones y pérdida de zonas importantes.

Al final del túnel nos hallábamos exhaustos y reducidos, pero promisorias claridades vendrían en nuestra ayuda. La amenaza de la superpotencia de Oriente que con tanta meticulosidad había trenzado su malla expansionista, desapareció intempestivamente del escenario mundial. No cabía duda de que el Kremlin, tras cambiar de color, hizo mal sus cálculos. Concentró desproporcionadas sumas en el fortalecimiento de sus arsenales, descuidó el resto de las industrias y acometió costosísimas aventuras de conquista que muy poco redituaban. Quedó también comprobado que las guerras de los cubanos, libios, vietnamitas y hasta de los sirios corrían por cuenta de Moscú. Con el descalabro general cundieron incluso las penurias entre estos pueblos que se ufanaban de sus adelantos, un progreso artificioso y a debe. Hoy Castro va a los foros internacionales cabizbajo, con carita de yo no fui, a pedir cual mansa paloma trato comprensivo para su descaecida nación, amén de otras cosas. Y los inventores de la «combinación de todas las formas de lucha» se percataron de pronto que sus viejas fuentes de ingresos estaban secas y que su buena estrella ya no fusilaba en el horizonte.

Para nosotros la perspectiva es la contraria. Pareciera como si nos hubiésemos ganado el derecho de empezar otra vez. Retornamos con redoblados ímpetus al movimiento obrero y contribuimos a construir la CTDC, primero, y la CGTD, después. Se nos multiplicaron las oportunidades de vinculación a las gentes de la ciudad y el campo, aprovechando la influencia sindical y recogiendo el descontento nacional que irrumpe con cada una de las disposiciones oficiales, siempre regresivas, despóticas, antipatrióticas y antipopulares. Ante las dificultades de los enemigos y el desbarajuste de Colombia, una descomposición sin antecedentes y en todos los ámbitos, podemos aspirar, con realismo, a ponernos a la cabeza del desenvolvimiento revolucionario.

El Partido está obligado a orientar, atender la infinidad de contradicciones derivadas de la imposición de la apertura económica, una exigencia con la que Estados Unidos piensa salir de la recesión, contrarrestar los efectos de la guerra comercial desatada en el globo entero y volver al hegemonismo. Los pueblos de América Latina sienten en carne viva los escozores de este acentuamiento de la neocolonización, que requiere como preseas la máxima merma de los salarios, el aplastamiento de los sindicatos, el fin de las prestaciones sociales, la absoluta dominación cultural, la quiebra de la industria y el agro, la privatización de las empresas estatales… Sin excluir el envilecimiento de nuestro idioma, ni hacer excepción de la ley marcial o de las invasiones. En tales circunstancias no conseguiremos dirigir si nos reducimos a las reuniones de los organismos; precisamos de la palabra escrita aun cuando sólo alcance para unos miles de cuadros y activistas, o unos cientos de frentes.

Ante las acucias de la hora requerimos, como nunca jamás, de la cohesión ideológica y táctica; del freno al aburguesamiento del Partido. He ahí uno de los papeles esenciales de Tribuna Roja.

La intención en esta segunda etapa consiste en convertirla inicialmente en un quincenario, y más tarde, en menos de seis meses, sacarla cada ocho días. Partimos de la base de enmendar errores, abandonando lo más posible las prácticas artesanales, y pretendiendo acercarnos a los logros de la técnica editorial, sin olvidar, por supuesto, las limitaciones, algunas insuperables. Siendo que la impresión corresponde al contratista, la idea es escribir, corregir, levantar y armar el periódico por nosotros mismos. Tareas o pasos que quedarán a cargo de la Comisión de Redacción, ya designada y en pleno funcionamiento.

Para ello montamos una infraestructura básica, que nos ha costado varios millones de pesos y abarca escritorios y mesa de juntas, máquinas de escribir y dos computadores, laboratorio fotográfico y archivo, más un telefax con el que recibiremos en minutos los comentarios o noticias de dentro o fuera, incluidos los despachados por la célula de militantes de Estados Unidos, de grande experiencia. Designamos un director (el compañero Naranjo), un gerente, una archivadora, un jefe de redacción y levantador de textos, un fotógrafo con sus respectivos asistentes. A los tres últimos los hemos profesionalizado y son de dedicación completa. Las recolectas entre miembros y amigos cubrieron los costos.

Otro aspecto organizativo previsto estriba en la creación de un nutrido grupo de colaboradores de cien o más personas, que nos mantengan informados de cuanto ocurre en municipios, veredas y barriadas. Queremos que a la lista se sumen no sólo intelectuales sino obreros y campesinos; y esperamos que la publicación toque los más disímiles temas, haga propaganda, agite, y que las enseñanzas deducidas de las peleas de unos lugares sirvan de modelo o acicate en muchos otros sitios.

Aunque la totalidad del Partido ha de preocuparse por la circulación y venta de nuestra «Bagatela», conformamos una red de distribución, responsable de colocar los números, recoger los dineros y consignar los giros por los canales definidos. La cantidad será inicialmente de 20.000 unidades de ocho páginas, que iremos incrementando, unas y otras, según el interés de los artículos y el cumplimiento de los compromisos. Su precio para el lector se ha fijado en $300, única forma de garantizar una reproducción regularizada y con medios cada día más adecuados. Seguramente habrá modificaciones a lo dicho, pero éstas corresponderán al buen sentido, a los avances alcanzados y a la pericia cosechada.

De todos modos la meta ha de ser la de suministrarles a los desposeídos y oprimidos una herramienta idónea en sus desvelos por la emancipación de clase.

FRANCISCO MOSQUERA
Secretario General del MOIR

Los organismos de control se obstruyen unos a otros y los aliados de ayer terminan indisponiéndose, pero todos con el mismo estigma de haber hecho una Constitución tan complicada como antidemocrática

Si algo pone al descubierto el conflicto del «Veedor» es el fariseísmo de la clase gobernante y el caos creado por la multiplicación de los organismos de control que viven enfrentados unos con otros. Ya todos saben que Gaviria, el M19, el alvarismo y demás fuerzas políticas de la Constituyente de 1991 abonaron el terreno para la implantación de la apertura económica. Con este fin había que doblegar a la vieja clase política y esgrimir demagógicamente el argumento de la lucha contra la corrupción y contra el manejo usual que se les ha venido dando a los auxilios parlamentarios. En el fondo se trata de una simple reyerta preelectoral. Bajo este señuelo se puso en marcha el cambio de las reglas del juego democrático y la suplantación del Congreso.

Anticipándose a lo que habría de hacer Fujimori en el Perú, las cámaras fueron cerradas, se dio vida a una Comisión Especial Legislativa (el «congresito») y se citó a nuevas elecciones para diciembre de 1991. Pero los constituyentes fabricaron una vulgar paradoja: los auxilios no fueron suprimidos, sencillamente cambiaron de dueño, pues su manejo lo tiene ahora el gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, que los puede transferir, por medio de contrato, a entidades privadas sin ánimo de lucro, conforme lo señala el artículo. 355 de la Carta, o de cualquier otra forma.

En componenda de última hora se inventaron el «Veedor», quien, con una vigencia temporal de sólo tres años, tiene la supuesta misión de impedir el uso de los dineros públicos o del exterior en los comicios. Sin embargo, su régimen es tan abstruso que nadie sabe a qué rama del poder pertenece ni cuál es la autoridad que puede enjuiciarlo y separarlo. Y su ejercicio se asemeja más a una comedia que a un efectivo control de los recursos económicos en las campañas electorales. A modo de ejemplo, el «Veedor» cree que la vigilancia se logra con el registro de los libros contables de los candidatos o con la creación de «veedurías cívicas». Es tal la anarquía reinante que la fiscalización de los auxilios terminó en parálisis de hospitales y centros de servicio a la comunidad, lo cual se quiso morigerar con la arrevesada introducción de un artículo suelto en el reglamento del Congreso. La supervisión de los dineros oficiales, ya estén en manos del presidente o de los parlamentarios, es sencillamente una empresa imposible.

Ocurrió, sin embargo, que algunas investigaciones del «Veedor» incomodaron al Ejecutivo y a sus conmilitones, como en el caso de las becas del Icetex. Esto dio origen a que el investigador fuera investigado: el contralor pidió al procurador que estableciera responsabilidad por esta conducta; el procurador se declaró impedido y solicitó al Congreso que designara un procurador ad hoc, el cual fue nombrado mediante terna que hicieron el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El procurador ad hoc lo acusa y el «Veedor» contraataca diciendo que no tiene competencia para hacerlo, lo cual dio lugar a la intervención del Consejo Superior de la Judicatura, que ordenó al presidente separar al funcionario de su cargo. Y por su parte, la Corte Constitucional precisó que la Sala Disciplinaria del Consejo sólo puede sancionar a funcionarios de la rama jurisdiccional, mas no destituirlos. En su afán de recuperar el espacio político perdido y tirarle las orejas a Gaviria, el M19 y el alvarismo han armado un alboroto propagandístico y judicial en torno del embrollo.

Mucho queda en claro de este triste episodio de la vida nacional. Los organismos de control se obstruyen unos a otros y los aliados de ayer terminan indisponiéndose pero todos con el mismo estigma de haber hecho una Constitución tan complicada como antidemocrática.

«Declarémosle al país que hoy ve en nosotros un símbolo de la lucha contra la apertura económica y la privatización, que ni la cárcel ni la persecución acallarán nuestro grito de patriotas en contra del cesarismo gavirista», afirmó en reciente comunicado el presidente nacional de Sittelecom.

En una demostración de firmeza revolucionaria, el compañero Eberto López ha sabido cumplir con sus deberes de dirigente, por encima de la arbitraria orden de captura en su contra, aupada por el alto gobierno y proferida por el Fiscal General de la Nación desde el mes de febrero. Su enhiesta actitud sirve de aliento para quienes en número cada vez mayor enarbolan los postulados de la soberanía nacional.

La huelga de abril de 1992 inyectó renovadas energías al movimiento obrero, reprimido por las políticas aperturistas del gobierno. Y la batalla continúa, y se agudiza, pese a que la reacción se ha venido armando con los argumentos de la dádiva y el chantaje para doblegar conciencias y promover la entrega.

Después de firmar con los trabajadores un acuerdo que lo obligaba a no enajenar la empresa, el gavirismo, que posa de participativo, echó mano de su Constitución de 1991 para desconocer lo pactado y continuar feriando las telecomunicaciones del país. Dentro de la negra campaña persecutoria se propició el encarcelamiento de dieciséis dirigentes, trece de los cuales están en prisión. La verdad es que al sindicato de Telecom y a los trabajadores no se les ha respetado ningún derecho.

En virtud de los contratos de asociación las multinacionales se vienen adueñando de las compañías estatales. Están haciendo cola la AT & T, sus subsidiarias, los grupos financieros y demás pulpos monopólicos foráneos tras la tajada grande del pastel. Entre los intermediarios colombianos se destacan personajes como Julio Mario Santodomingo, Ardila Lulle y Sarmiento Angulo.

Respaldo nacional e internacional
La dimensión continental de la pelea se la da el hecho de que el proletariado de América Latina afronta unas mismas contradicciones y unos mismos enemigos.

Cabe destacar las solidarias contribuciones de la central obrera CGTD y de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, cuyas denuncias y movilizaciones le han dado una mayor envergadura a la contienda. En otra bandera indeclinable se ha convertido la demanda de libertad de los compañeros detenidos, entre los cuales habrá de mencionarse a Gonzalo Díaz Gaviria, presidente de la Asociación de Técnicos de Telecom, ATT; Carlos León Salazar Pérez y Jorge Eliécer Lerma Sterling.

Aparte de marchas semanales, mítines y asambleas informativas, la nueva confederación organizó en Bogotá una jornada de finanzas el pasado 16 de abril en la plazoleta de Telecom. Los fondos allí recolectados fueron entregados a los compañeros perseguidos y a sus familias.

También fue convocada la Asamblea Nacional del sindicato, Sittelecom, a realizarse en las instalaciones del INES de Bogotá. Durante los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre.

El MOIR también se ha hecho presente en este duro proceso, desde sus inicios, a través de las orientaciones impartidas por sus cuadros y militantes, quienes no han cesado en alertar sobre las maniobras oficiales, ni de insistir en una resistencia acorde con las exigencias de la hora actual.

Los presidentes de las principales textileras antioqueñas han alertado al país sobre la quiebra inminente de sus empresas, de persistir la situación actual. En lo corrido de 1993 los efectos de la apertura se han evidenciado en el sector con crudeza. Se estima que las telas que entran legalmente o de contrabando copan más del 30% del mercado interno y su cuantía crece sin cesar. Mientras tanto las exportaciones se han estancado. Y las ventas internas, que sostuvieron el ramo en 1992, se han venido a pique. La industria nacional no puede enfrentar el dumping, la subfacturación, la falta absoluta de controles aduaneros, la revaluación del peso y el contrabando.

Lo dicen los propios textileros, el sector que más inversiones ha hecho para modernizar sus factorías y que más peticiones ha elevado al gobierno para conjurar la crisis. La respuesta oficial ha sido tardía e incompleta: establecer precios mínimos de aforo para 30 productos, cuando los empresarios los solicitaban para cien. Esto sin incluir las exigencias para la totalidad de las confecciones.
La burguesía ha optado por descargar sobre las espaldas de los trabajadores las consecuencias de su bancarrota. Una de las estrategias, facilitada por la reforma laboral, ha sido dividir las empresas, creando nuevas firmas que contratan personal con salarios bajísimos sin sujeción a la llamada «unidad de empresa». Tejicóndor ya ensayó el procedimiento y Coltejer está imponiéndolo a marchas forzadas. Había sido una de las recomendaciones del Banco Mundial.

Las negociaciones colectivas han sido particularmente difíciles desde la promulgación de los retrógrados preceptos de la ley 50 de 1990, que dieron luz verde a los despidos colectivos, a la contratación temporal y a la pérdida de la retroactividad de las cesantías. No es una exageración afirmar que se está echando a la calle por hornadas a los trabajadores. Coltejer, por ejemplo, licenció temporalmente a unos 200 obreros desde hace más de tres meses, y casi la mitad aún no han sido reintegrados. Más de 300 han renunciado a la compañía desde septiembre de 1990, cuando empezó la invasión de telas foráneas. Polímeros, del mismo grupo Coltejer, solicitó al Ministerio del Trabajo autorización para despedir a 300 asalariados, de 650 que ocupa. En Fabricato se ha desvinculado a 140 en lo que va de 1993. Allí mismo los obreros temporales suman ya 450, de un total de 5.500. En Coltejer y en Enka, miles de operarios cambiaron de régimen de cesantías por presiones de sus patronos.

En el sector de confecciones, que comprende en su mayor parte empresas medianas y pequeñas, los problemas no son menos graves. Acopi destacó recientemente las dificultades insalvables de los confeccionistas por los mismos motivos del resto de la industria: competencia desleal del extranjero con productos subsidiados, ausencia de controles oficiales y contrabando. El valor de las exportaciones del sector bajó en 1992 en un 30% frente a 1991. Y es vox populi que en este año las ventas para el mercado doméstico se han visto severamente afectadas. Centenares de empresas confeccionistas en Barranquilla, Medellín y otras ciudades, han tenido que cerrar sus puertas.

A mediados de mayo se reunió en Medellín un congreso nacional de sindicatos textileros, que señaló como causante de la crisis a la política aperturista del gobierno, puesta en marcha a instancia de los organismos financieros internacionales. En la reunión se recordó cómo las tres únicas crisis vividas por la industria textil, la de 1975, la de 1982 y la actual, muestran el mismo denominador común: la liberación de las importaciones.

El evento sindical instó a los obreros a luchar contra el inminente peligro que se cierne sobre la estabilidad y los derechos de contratación y organización, y lanzó un llamado a los empresarios a unificar esfuerzos con los trabajadores para echar atrás la estrategia neoliberal que amenaza con arruinar la producción y el trabajo nacionales.

José Fernando Ocampo, Vicepresidente de Fecode.
No había realizado Fecode en sus treinta años de historia una movilización victoriosa de tanta envergadura y significación patriótica como el paro indefinido de este año. Cien mil personas, entre maestros, padres de familia y estudiantes, con el entusiasta respaldo de todo el pueblo, colmaron el 26 de mayo la Plaza de Bolívar para defender la educación pública y oponerse a la política neoliberal de Gaviria.

Por primera vez Fecode había elaborado una propuesta revolucionaria de reforma educativa y tras negociarla con el gobierno, había logrado su aprobación en la Cámara de Representantes. Pero la ministra de Educación, Maruja Pachón, en acatamiento a las órdenes del Banco Mundial consignadas en una carta del 9 de abril del presente año, desconoció los acuerdos del gobierno con el magisterio.

La táctica oficial, entonces, consistió en hundir el proyecto de ley «general de educación» convenido con el Ejecutivo y hacer aprobar otro proyecto, el de «distribución de recursos y competencias», elaborado por Planeación y Hacienda, que instauraba toda la política neoliberal de la «apertura educativa», impulsada por el imperialismo.

Desde el principio del proceso, hace dos años, se había conformado una santa alianza entre el ministro de Hacienda, el director de Planeación y los representantes de la educación privada, para derrotar esta propuesta de reforma. Y dentro de la misma Fecode, algunos sectores le hicieron el juego a Gaviria, con su oposición al proyecto de ley general y a la táctica aprobada por la Federación.
El paro lo clarificó todo. En primer lugar, el contenido de la ley. El secreto de la política neoliberal del gobierno residía en municipalizar y privatizar la educación publica y en arrebatarles a los educadores las conquistas logradas en ardua lucha. Como resultado de la batalla Fecode logró desmontar la autonomía de los municipios e incorporar a todos los docentes bajo un solo régimen especial de vinculación, de salarios, cesantías y pensiones dejando incólume el Estatuto Docente y el Fondo de Prestaciones; asegurar el giro del situado fiscal a los FER y no a las tesorerías municipales y suprimir la facultad de departamentos y municipios para contratar la educación pública con «empresas» privadas. En esta forma se obtenía una centralización financiera y una descentralización administrativa sin municipalización, y se detenía la privatización.

Además el movimiento confirmó que la táctica había sido correcta: l,) al elaborar y negociar el proyecto de ley de educación que fue la base para el acuerdo del paro; y 2) al lanzar la pelea en el momento preciso, para defender el proyecto de ley de educación y derrotar el otro, el de “distribución de recursos y competencias”, en lugar de embarcarse en escaramuzas que lo habrían dejado sin arrestos a la hora de la verdad.

La respuesta masiva del magisterio, su conciencia sobre la política neoliberal, el apoyo del pueblo a esta lucha patriótica, las propuestas acertadas de solución a la crisis educativa, fueron los elementos que condujeron al triunfo.

El proyecto de ley de «distribución de recursos y competencias» fue aprobado ya en el Congreso con la incorporación de todos los logros del paro. Resta ahora el segundo debate en el Senado sobre el otro proyecto de ley, el de educación. Fecode tiene que seguir alerta en este debate para defender una enseñanza del más alto nivel científico y técnico, que le sirva al desarrollo del país.

Guillermo Alberto Arévalo

Crescencio Salcedo, uno de los más importantes compositores colombianos de música popular, nació en Palomino, departamento de Bolívar, en 1913. Sesenta años después, en julio de 1973, un puñado de estudiantes cultores del arte dramático decidió constituirse como grupo estable y fundó el Teatro libre de Bogotá, el cual ahora, para celebrar dos décadas de fructífera labor artística, ha puesto en escena el espectáculo Crescencio, la leyenda y la música, en homenaje al artista fallecido en Medellín en 1976.

Múltiples logros artísticos
La nueva obra es la culminación de este período en el que el grupo ha llevado a cabo más de cuarenta montajes de autores tanto extranjeros (Shakespeare, Moliére, Arthur Miller, Sartre, Pirandello, Tennessee Williams, Edward Albee, Pablo Neruda o Milan Kundera), como colombianos vinculados en diferentes momentos a su taller de dramaturgia (Esteban Navajas, Jairo Aníbal Niño, Jorge Plata, Sebastián Ospina, Eduardo Camacho, Piedad Bonnett, José Domingo Garzón y Armando Múnera). Después de haber iniciado labores en el desvencijado salón de una sede sindical, el Teatro Libre logró construir en cinco años su primera sede, una sala pequeña en el barrio de La Candelaria, donde funciona su Escuela de Formación de Actores, que ofrece una carrera de cuatro años; en 1988 adquirió el antiguo Teatro de La Comedia, ubicado en Chapinero, lo restauró y lo dotó con modernos equipos técnicos. Ha invitado para diversas producciones a prestigiosos artistas y directores invitados, y ha realizado numerosas giras, por ciudades y pueblos colombianos y por diversos países extranjeros.

Homenaje a un artista popular
Con motivo de la celebración de estos veinte años, Tribuna Roja realizó una entrevista al fundador y director del grupo, Ricardo Camacho, sobre su montaje de Crescencio, la obra que exalta al genial compositor de Santa Marta y Cartagena, La múcura, Mi cafetal, El caimán y tantas otras imperecederas composiciones musicales y poéticas; el «Compae Mochila», como fuera llamado con cariño, el hombre que viviera en Palomino, Barranquilla, La Guajira, Cartagena, Santa Marta, Bogotá y Medellín, siempre de pata al suelo «para mejor sentir el contacto de la Madre Tierra», con su sombrero «vueltiao», su flauta y su mochila, recogiendo motivos que luego vertía en sus canciones «para alentar a la materia cuando está triste», El mismo que desde 1957, en Medellín, quedó semiparalizado por un derrame cerebral y murió en la miseria, vendiendo flautas a los transeúntes, mientras los avivatos del negocio de la música registraban a nombre propio sus partituras, aprovechando el abandono oficial del artista con el cual las instituciones colombianas fueron, como dice el programa del Teatro Libre, «tan pródigos en elogios cuando muerto, como mezquinos en apoyar al hombre vivo».

La Asamblea fue elegida el 9 de diciembre y sesionó de enero a julio de 1991, cuando procreó la contrahecha criatura de sus afanes, la Carta de la neocolonización económica.

Marcelo Torres

El nacimiento de la actual Constitución tuvo lugar después de una cadena de violaciones a la anterior Carta política, en la que cada paso era peor y se apoyaba en el precedente. Los reveses iniciales, el plebiscito propuesto por Virgilio Barco en las elecciones del 11 de marzo de 1988 –frente al cual el expresidente Pastrana amenazó con declarar la abstención-, y el hundimiento en el Congreso del proyecto de reforma constitucional del gobierno, en 1989, no hicieron desistir a los inspiradores de la llamada consulta popular, que al final quedó anulada por el pronunciamiento del Consejo de Estado. Y el gobierno de entonces se resignó a someterse a los canales habituales presentando al Congreso la enmienda mediante un proyecto de acto legislativo. La pantomima llegó a su fin cuando el gobierno retiró la iniciativa, tras el artificial alegato contra la no extradición, después de que los parlamentarios la habían aprobado en las dos legislaturas correspondientes.

Para reformar la Constitución por la vía plebiscitaria -procedimiento prohibido por la Carta entonces vigente- había que desprestigiar y someter tanto al Congreso como a la justicia. La nefanda campaña puesta en movimiento desde la Casa de Nariño no tardó en rendir frutos, ante la pasividad de los órganos del Estado afectados.

La llamada «séptima papeleta», en marzo de 1990, con ocasión de la consulta para escoger candidato oficial del liberalismo, materializó un definitivo avance en esa dirección. Era la introducción de una insólita cláusula en las reglas de juego electoral, bajo la mascarada de una supuesta iniciativa estudiantil, impelida por el gobierno y sin fundamento alguno. El decreto 927 del 3 de mayo del mismo año, también de Barco, al convocar el referéndum en tomo a la urgencia de reunir una Constituyente, retomó claramente el camino plebiscitario, vale decir, inconstitucional, para reformar la Constitución. El intenso apremio ejercido desde las altas esferas sobre la Corte Suprema de Justicia para obtener de ella un fallo favorable, desembocó en la inevitable aprobación de la consulta, la cual se llevó a cabo en los comicios presidenciales del 27 de mayo de aquel año, abriéndole así una tronera al ordenamiento constitucional.

El 2 de agosto de 1990, el presidente electo César Gaviria, en su calidad de director nacional de su partido, encabezó el acto en que se firmaron por parte del liberalismo, el conservatismo, el Movimiento de Salvación Nacional y el M-19, varios acuerdos cuya médula era la convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente. El 23 del mismo mes las fuerzas políticas implicadas ratificaron los compromisos y el 24 el nuevo gobierno las convirtió en norma legal, expidiendo el decreto 1926. Otra vez la Corte Suprema fue presionada sin pudor alguno. Desconociendo el fallo de su Sala Constitucional que declaraba inexequible el decreto, el máximo Tribunal dio luz verde a la convocatoria de la Asamblea. Esta fue elegida el 9 de diciembre y sesionó de enero a julio de 1991, cuando procreó la contrahecha criatura de sus afanes, la Carta de la neocolonización económica.

En el curso de sus deliberaciones no sólo desconoció olímpicamente una providencia del Consejo de Estado que suspendía algunas de sus decisiones sobre materias electorales, sino que declaró, desafiante, que sus determinaciones configuraban actos de «vigencia inmediata» y elevó su reglamento interno a rango constitucional. Domesticada la Corte Suprema, desconocido el Consejo de Estado y derrumbado todo el orden jurídico, sólo le faltaba rematar al arrinconado Congreso, y fue lo que hizo a continuación. Antes de desaparecer, disolvió el órgano legislativo y convocó a nuevas elecciones parlamentarias.

La Corte rechazó el que se incluyera en la convocatoria de la Constituyente un temario oficial, mas la abrumadora mayoría de los 380 artículos permanentes y de los 59 transitorios de la nueva Constitución recogieron lo esencial de lo propuesto por el gobierno: unos basamentos más regresivos, antidemocráticos y antinacionales que las antiguas normas abolidas, Se había puesto en marcha el «revolcón».