Editorial: LA APERTURA NO IMPEDIRÁ LA CRISIS IMPERIALISTA

Desde su verdadera fecha de nacimiento, por allá hacia mediados de 1965, nuestro Partido ha venido combatiendo al imperialismo norteamericano, la causa principal de las adversidades “modernas” de Colombia. Más de un encuentro, polémica o ruptura, en la que participamos, giró en torno de principio tan fundamental. Entre aquellos que con saña reclamaron su supremacía dentro del proceso revolucionario siempre primó la tendencia a desentenderse de las cuestiones teóricas y, según las circunstancias, a imaginarse molinos de viento para justificar sus disparatadas acciones. Cierto que a raíz de la invasión de los rusos a Afganistán, en las postrimerías de 1979, nos pronunciamos a favor de un gigantesco frente contra Moscú, cuyos cabecillas ya habían dado muestras palmarias de su expansionismo. Sus afanes bélicos consistían simplemente en la repetición de la conducta de las grandes potencias que pugnan por un nuevo reparto del mundo, fenómeno peculiar de la “fase superior”, monopolística, del capitalismo, y que en el siglo han ocasionado dos guerras mundiales e infinidad de conflictos de irradiación local. De dicha estrategia de contención no excluíamos a Estados Unidos, Europa y Japón. Estaban en juego no sólo la paz mundial y la democracia, sino la reivindicación de las conquistas y los valores conculcados al socialismo, lo más importante. Sabemos cómo terminaron todas estas fatales tensiones. Con la estruendosa hecatombe de los soviéticos surgió un panorama distinto; otros azares ocuparían el puesto de los peligros desvanecidos, y habría necesariamente modificaciones de varios grados dentro del rumbo táctico, cual lo advirtiera el MOIR en el momento justo.

Washington, sin muchos méritos, retomaba su cetro hegemónico que tanta falta le hacía para recuperar las influencias escamoteadas y resarcirse de los desgastes de un período caótico demasiado prolongado. Sin riesgo alguno y aun a costa de recrudecer las dificultades de la producción interna se dio el lujo de reducir el presupuesto militar, tras declarar a bombo y platillo el fin de la denominada “guerra fría” y, por ende, de cualquier tipo de conflagraciones. Una noticia especiosa que recorrió el planeta entero. En Colombia la creyeron desde los curas hasta los dueños de las sinecuras. Muy pocos recapacitaron que durante los decenios anteriores nunca se dejó de guerrear. La propia contraofensiva de las huestes estadinenses comenzó con Reagan, quien tomara por asalto, en octubre de 1983, a la isla de Granada. En medio del derrumbe de los amos del Kremlin las operaciones de Bush fueron palabras mayores: ocupó Panamá, en diciembre de 1989; e invadió Irak a la medianoche M 16 de enero de 1991. Con la primera maniobra el imperio aseguraba en el redil a América Latina; y con la segunda retornaría a las Arenas de Arabia en pos de cerca de la mitad del petróleo de Occidente. Clinton continuaría la escalada revanchista, bombardeando a Bagdad el 27 de junio del presente año y promoviendo las heredadas masacres sobre los suelos somalíes. En julio viajaría a Seúl, desde donde despotrica contra Corea del Norte, a la que amenaza con sangrientas represalias si no depone su posición política o se empeña en sus planes nucleares. No cejaría de instigar el desmembramiento de Yugoslavia, planteando la intervención directa y la destrucción de las fuerzas serbias que con denuedo intentan impedirlo. Le prometería al depuesto presidente Aristide apoyo para reestablecerlo en el Poder, incluido el desembarco en Haití de una partida del Pentágono. Por doquier cabezas de playa que niegan la “paz” pero le garantizan a la Casa Blanca ventajas de hierro y fuego en su disputa por el control económico del orbe.

El sucinto resumen de las últimas agresiones norteamericanas suministra una idea de cómo se halla caldeado el ambiente universal y de cuán hipersensibles se presentan las relaciones entre las repúblicas avanzadas. A éstas, desde hace una centuria, ya no les sirven los caparazones nacionales en sus objetivos de impulsar el desarrollo, Están impelidas a aprovecharse de las insustituibles oportunidades que les brindan las vastas extensiones colonizadas, una infinita cantera de aprovisionamientos, así como de salida para sus mercancías e inversiones. La exportación de capitales configura su lema de combate. Sin forma de evitarlo, expolian, de una parte, a los pueblos que caen bajo su égida, y de la otra, enrédanse en duras rebatiñas entre sí.

El capitalismo se gestó dentro del libre comercio, hasta llegar a su edad madura, el monopolio, que, lejos de suprimir la competencia, la exacerba y la extiende por todo el globo, convirtiéndola en casus belli. Al expandirse mina la capacidad de sus oponentes, pues les quita ascendencia en diversos territorios; y sin pensarlo saca del atraso a los países pobres, acabando el aislamiento y estableciendo en los lugares más disímiles los males que le son característicos. Inclusive ocurren contingencias paradójicas. Las metrópolis terminan impulsando más la producción en las tierras distantes que dentro de sus mismas fronteras. Obviamente esto acontece mediante la subordinación o el aplastamiento de las industrias nativas por cuenta de los enormes conglomerados; mas el grueso de las utilidades va a parar a las arcas de los linces de las finanzas, los auténticos monarcas del reino actual de la usura y el agio. En esos tejemanejes los imperialismos se engullen unos a otros, o por lo menos se sustraen sus posesiones de ultramar. Echan mano de cuanto medio sea aconsejable para tales propósitos. Sobornan a los funcionarios de los gobiernos alcahuetas; facilitan cuantiosas sumas con el objeto de que les compren, venden a bajos precios sus mercaderías, es decir, utilizan el llamado dumping con el objeto de arruinar a la contraparte. En el escamoteo, el Estado opresor desempeña el papel protagónico, puesto que coordina, decide e impone cada uno de los pasos del gran negocio.

Las leyes básicas de la extorsión imperialista están comprendidas en lo señalado, así las modalidades varíen de un país a otro, o según se trate de una etapa u otra, El conocer aquellos fundamentos nos permite gozar de una clara visión a la más amplia escala, e intuir el comportamiento, las demandas o los intereses de las diversas clases y fuerzas políticas. Hoy está de uso la apertura con todo y cuanto ella implica. Lo cual no significa, por supuesto, que en los decenios anteriores no hubiéramos soportado las avalanchas intermitentes de los artículos foráneos que infligieron serios golpes a las faenas productivas de la ciudad y el campo; o que no hubiésemos sufrido la especulación de los prestamistas e inversionistas de afuera.

Cuando el general Pinochet inició en 1974 el ensayo en Chile la burguesía colombiana seguía mascullando el manido esquema de la Cepal, Comisión complementaria de la ONU, con sus tímidas medidas arancelarias, sus escasos subsidios, sus cortos estímulos, su sustitución de importaciones, sus certificados de abono tributarlo, sus créditos de fomento, etc. En aquella ocasión se insistía en el acoplamiento de las asociaciones latinoamericanas, entre las cuales descollaba el Pacto Andino, que reunía a los países del área. Conforme a las miras de los Estados Unidos, cuyo vocero era a la sazón el señor Nixon, la integración tendía a la larga a propiciar las inversiones norteamericanas, por cuanto una fábrica puesta en cualquier sitio podría realizar sus ganancias en el resto del continente, sin preocuparse por la estrechez de los mercados. Además, las acumulaciones de la deuda externa empezaban a levantar obstáculos de monta no sólo contra el desarrollo latinoamericano sino contra los programas de saqueo del Norte. Los pueblos requerían de más empréstitos a fin de cancelar los intereses y las amortizaciones. Las estratagemas tradicionales quedaron en entredicho.

Hacia el principio de los años ochentas se hicieron evidentes los estancamientos de los emporios industriales, los desbarajustes del régimen de préstamos y las señales de un malestar preñado de contradicciones. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional plantearon resueltamente el modelo aperturista, cuyos promotores serían los cientos de miles de intelectuales recién egresados de los centros educativos yanquis o proyanquis. A los productores colombianos les aseguraron que el proceso se llevaría a cabo de manera gradual y que dispondrían de bastante financiamiento para que adelantaran la reconversión de sus plantas. El meollo de la tesis estribaba en que una contracción de la demanda interna y una competencia en regla contribuirían a fortalecer las operaciones fabriles, a subir las exportaciones y a modernizar la economía. Sin embargo, desde la administración de Betancur los máximos organismos crediticios, que impusiesen la nefasta monitoría sobre ministerios y entidades oficiales, recabaron el recorte de cuanto impulso, subvención o amparo coadyuvara en las labores nacionales. Algo semejante pasó bajo Barco, quien puso en marcha el desmonte de estas escasísimas prerrogativas, despejándole el camino a Gaviria, el predestinado a ceder o alienar a la nación. Durante 1985 los sectores pudientes sentaron su protesta ante los atentados que se veían venir, La industria, por ejemplo, dijo en abril: “La presión del Fondo Monetario para conseguir que el país abra nuevamente las importaciones, resulta inaceptable, si se tienen en cuenta los estragos de políticas similares aplicadas entre 1974 y 1982. La Andi considera que dicha apertura debe limitarse única y exclusivamente al abastecimiento de materias primas, repuestos y a la dotación de los equipos y maquinarias”.

Después, un buen número de fabricantes sucumbiría frente a los halagos del Ejecutivo, el cual continuaba brindándoles de palabra dineros en abundancia con qué atender los gastos de las costosas mejoras de sus factorías. En cualquier caso la nueva estrategia se iría introduciendo progresiva pero lentamente. Las autoridades nada cumplieron. Colombia había caído en la encerrona, sin que de esta tétrica maquinación se eximan los grupillos patronales y antipatriótícos del movimiento sindical. Consumado el hecho, otra vez emergieron los reclamos, las quejas, las denuncias. Los dirigentes de los gremios, especialmente los empresarios agrícolas, no salían de su estupor, Contemplando el espectáculo de la disminución de las exportaciones y el incremento de las importaciones; la carencia absoluta de la, capacidad competitiva; los alarmantes síntomas desalentadores de la economía; el aumento desbocado del desempleo, y el resto de las desgracias públicas, el presidente de Fedemetal afirmaba hace ya un año que “la característica dominante de la coyuntura es la incertidumbre y la perplejidad”,

Las modificaciones constitucionales, el nuevo ámbito legal que había de permitirle al gobierno gavirista emprender a sus anchas las reformas, se efectuaron en un santianien, sumiéndonos en una confusión jurídica sin antecedentes. Entre las normas aprobadas cabe mencionarse las relativas a la división territorial, un federalismo disfrazado, que se enruta a darles acceso a los grandes consorcios, a que las regiones posean la atribución de allanarles la vía a las inversiones a través de requisitos fáciles y rápidos. Hace rato se comenta con insistencia sobre las inmensas posibilidades de las dos zonas costeñas. En ambas han de llevarse a cabo obras de infraestructura física, sobre todo en el Pacífico, que se construirán con incalculables recursos provenientes de los bancos internacionales. En síntesis, nos conceden empréstitos con la finalidad de que les preparemos el terreno para la extracción de nuestras riquezas.

En procura de tornar atractivas las transacciones ante los ojos de los monopolios, hay que hacerlas altamente rentables, principiando por ofrecer una fuerza de trabajo barata, capaz ésta sí de competir con la de otros pueblos. Como cumplimos alrededor de un siglo de relativa evolución industrial, registramos luchas sindicales de alguna trascendencia que se han traducido en pequeños avances respecto a los salarios y a las prestaciones. Estos logros tienen que ser cercenados sí se espera implantar la apertura. Lo cual concluyó consumándose con la ley 50 de 1990, que deprimió la paga y los derechos de la clase obrera; y por medio de las demás disposiciones regresivas de orden social que están andando se han de suprimir pensiones, cesantías y la atención de la salud.

Los otros alicientes estriban en las adjudicaciones de muchas de las entidades y empresas del Estado. Las providencias expedidas, mediante las cuales se pretende privatizar bancos, puertos, vías, factorías y servicios, precisan de la cancelación de los contratos laborales, lanzándose al arroyo a miles y miles de operarios, sin jubilación y tras lustros de sudar la gota, un puntillazo a la propia evolución del país y a la perseverancia de las masas laboriosas.

Aunque en la enumeración falten varios zarpazos con que el águila americana pretende destrozar las entrañas de sus neocolonias del sur, hemos barruntado una perspectiva muy aproximada de los épicos desafíos que no conseguirán eludir los habitantes zaheridos y desfalcados del hemisferio. Únicamente les queda la disyuntiva de combatir sin descanso ni vacilaciones como se han atrevido los venezolanos, colombianos, peruanos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos, brasileños, chilenos, centroamericanos. Uruguay echó atrás, por conducto de un referendo, algunas de las cláusulas privatizadoras más lesivas. Y así, el futuro está plagado de acciones heroicas e históricas. Y así, el futuro estará plagado de acciones heroicas e históricas.

Los malentendidos entre siervos y señores tampoco demoraron en aflorar. Mientras aquéllos, obedientes, han decretado la plena liberalización, éstos se escudan tras sus valladares fronterizos, impidiendo o entrabando el ingreso de los géneros provenientes de las porciones subdesarrolladas del globo. Son elocuentes los casos del banano y el café, que de cierta manera influyeron en la Cumbre Iberoamericana de Mandatarios, celebrada recientemente en Salvador de Bahía. Allí, Gaviria hizo hincapié hasta dónde la apertura “pasó como tema”; agregando que ahora “nos vamos a enfrentar a muchos problemas de proteccionismo”.

A las quiebras del diseño las escoltarán las bancarrotas de las metrópolis. Con la misma velocidad con que las potencias apuntalaron sus dominios económicos los espacios comerciales se irán saturando, el proletariado aprenderá a defenderse, las utilidades bajarán y los beneficios primigenios habrán de diluirse.

En los avatares por sobrevivir, los monopolios, que contienden entre ellos y se difunden sin cesar, acaban barriendo las bases de su propia existencia.

La apertura no impedirá la crisis imperialista.

ESTATUTO CONTRA BOGOTÁ

Bogotá, la capital del país, la ciudad de todos los colombianos, la urbe donde habita uno de cada cinco compatriotas, está conmocionada. El Estatuto Orgánico impuesto por Gaviria viene a ser el epitafio de la larga y amarga lista de infortunios que agobian a la ciudad.

La ausencia de planificación y de capacidad administrativa; el saqueo continuado de las arcas capitalinas por funcionarios corruptos; las medidas antipopulares de unas autoridades que se ensañan con todo tipo de atropellos contra las clases empobrecidas; el endeudamiento desaforado a manos de agencias financieras multilaterales que condicionan los reajustes de las tarifas, los salarios oficiales y el sinnúmero de decisiones que debieran ser autónomas, y la obstaculización a la iniciativa y a los esfuerzos productivos de empresarios y trabajadores, todas éstas, entre otras muchas, configuran la crisis en que se encuentra sumida la ciudad.

A consecuencia de ello los bogotanos padecen un deterioro acelerado de sus condiciones de vida. Los problemas se agravan día a día ante la ausencia de una atención efectiva que le ponga coto a su crecimiento caótico. El viejo paisaje santafereño se ve devastado por la indolencia del gobierno, cuyos funcionarios no construyen ni mantienen parques o zonas verdes, ni preservan los montes circunvecinos. Las basuras tiradas por doquier y las aguas negras exasperan a la ciudadanía con su hedor y esparcen toda laya de infecciones. La inseguridad omnipresente manifiesta en robos, lesiones y asesinatos, además de las oleadas intermitentes de atentados terroristas, constituyen otras de las tantas calamidades, que golpean sobre todo a los menesterosos. La invasión de hordas de pordioseros aumenta cada día, alimentada por los cientos de miles de desempleados y subempleados que deambulan sin rumbo fijo.

Y para consumar el cuadro anterior, a estas horas está por iniciarse el cobro del impuesto de valorización por “beneficio general” en el Distrito Capital. El director del Instituto de Desarrollo Urbano, refiriéndose a la distribución de las facturas relativas a la lesiva exacción, señaló que en unos cuatro meses habrá concluido.

Con esta medida se pone en marcha el Decreto Ley 1421 de julio pasado, que fuera expedido por Gaviria en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo transitorio 41 de la nueva Constitución. Guardadas proporciones, el alcalde de Bogotá queda investido de los mismos poderes omnímodos para dirigir la metrópoli que el presidente de la república para llevar las riendas de la nación.

Aunque Jaime Castro intente hacer creer que sus facultades no aumentan con el nuevo decreto, fácilmente se comprueba lo contrario. No en vano el burgomaestre fue uno de los animadores en la Constituyente de las normas rectoras de la Capital de la República.

El mando absoluto se desprende de los siguientes hechos. Ahora el alcalde nombrará no sólo a los gerentes de las entidades descentralizadas y al tesorero distrital, sino que escogerá a los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos nacionales que operen en el Distrito. Nombrará a los dos tercios de los miembros de las juntas directivas de las empresas distritales de servicios públicos y la “comunidad” la otra tercera parte. Presidirá el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, máximo organismo de planeación de la ciudad, el cual aprobará los presupuestos de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Fijará rentas o modificará las existentes. Y, a semejanza de lo que ocurre a nivel nacional, se instituyó un veedor que escoge el mismo alcalde. Tal es la parodia a que quedó reducida en el Distrito la tan publicitada “democracia participativa”.

El Concejo capitalino, por el contrario, pierde en la misma medida en que gana el ejecutivo local. Es relevado de toda actividad concerniente a la administración y a la gestión. Además, en ningún caso, éstos podrán elegir, como lo hacían en el pasado, a los miembros de las directivas de las entidades descentralizadas de la Capital. Y como si fuera poco, la corporación, en detrimento de sus atribuciones, puede “revestir pro tempore al alcalde mayor de precisas facultades para el ejercicio de funciones que corresponden al Concejo”. Con el objeto de acallar cualquier posible queja, Gaviria contempla en su decreto el manido recurso de llenarles la bolsa a los miembros de las corporaciones públicas con platas del erario. Al efecto, acudió al artículo 312 de la Constitución que abriera paso a la creación legal de remuneraciones para los concejales.

Tal como sucede a nivel nacional, también en Bogotá se busca entregar a los grandes monopolios la atención de los servicios públicos como consecuencia de la aplicación de la política de la apertura económica. Se reafirma la facultad de las empresas privadas para prestar servicios públicos a través de concesiones, licencias y permisos. Concomitantemente queda autorizada la celebración de contratos de fiducia, la fiscalización de las labores gubernamentales y la construcción de obras que los contratistas cobrarán directamente a los contribuyentes. Se prevé, por otra parte, la posible conversión de las entidades distritales en sociedades anónimas.

Al pueblo bogotano, atiborrado de adversidades, se le intenta golpear inmisericordemente. En la mayoría de los barrios los servicios son de pésima calidad, empezando por la falta de agua. El transporte es insoportable, las vías se hallan en un estado desastroso y las deficiencias higiénicas y sanitarias traen cada vez más enfermedades, especialmente a la población infantil. La cascada de impuestos contenida en el Estatuto Orgánico representa el golpe de gracia, una nueva plaga de Egipto.

Los tributos nuevos o viejos, pero en mayor cuantía, son los de valorización por “beneficio general”, el predial por autoavalúo, el de industria y comercio con base en liquidaciones privadas, el cobro de peajes y la sobretasa a la gasolina.

Aun cuando se diga que a título de valorización no se pueda decretar una suma superior al 50% de los ingresos del Distrito recaudados en el año anterior, este monto será indudablemente superior si se tiene en cuenta el mecanismo de incrementar a su vez los demás gravámenes.

El predial por autoavalúo se convierte en un cuchillo de doble filo para el contribuyente. Si se denuncia una suma baja, pero le calculan el mayor valor, lo sancionan.

Es necesario hacer mención especial sobre la colocación de peajes, tanto en las vías de acceso como en las nuevas circunvalares y de alta velocidad. Empezando porque si ya se están cobrando el IVA y otros impuestos indirectos no se explica el mal estado de las calles y avenidas. El peaje representa uno de los gravámenes regresivos e injustos por excelencia, pues se lo traslada al grueso de la población. Y qué decir de los trancones que se formarán, peores a los ya existentes.

La sobretasa a la gasolina, la cual podrá ser decidida por el Concejo, representa otra exacción indirecta y en contra de los sectores más pobres. Al aplicarse, llevará, como ha sucedido en otras ciudades, a la espiral alcista.

Sin duda alguna, el ingreso proveniente del recaudo no redundará en la puesta en marcha de obras de beneficio social. Sólo se tomarán de pretexto para justificar el acostumbrado comportamiento de las autoridades, el pago de onerosas deudas a la banca internacional, el déficit fiscal, etc. Y de remate se sacará a relucir con toda seguridad el Plan de Desarrollo Comunitario 1992-1994, presentado por el exministro De la Calle Lombana hace año y medio.

En virtud de dicho estudio los grupos comunitarios deberán desplegar sus propias iniciativas financieras.

Una de ellas es la creación del Fondo Rotatorio de la Organización Comunitaria, FROC. Aunque se contemplan aportes de los gobiernos nacional, departamental y municipal, de organizaciones no gubernamentales, del PNR, del DRI y otras, en especial se hace alusión a los pagos de las “propias comunidades beneficiadas”.

Está claramente esbozado: uno de los aspectos centrales de la política económica gavirista consiste en que sean las masas las que terminen financiando las obligaciones sociales que tiene que realizar el gobierno con sus captaciones.

Esto, en la jerga de los tecnócratas del kínder palaciego, se denomina participación comunitaria” y “descentralización”.

En materia laboral se da patente de corso para convertir en empleados públicos a la generalidad de los trabajadores, con desconocimiento del derecho de negociación colectiva, la estabilidad en el empleo y las garantías disciplinarias.

Se cierne un negro nubarrón de represión y de miseria sobre el pueblo capitalino.

Sin embargo, los bogotanos darán un ejemplo de valor sin igual; rechazarán de plano este esperpento del estatuto contra su ciudad, y le dirán una vez más a Gaviria y su séquito que el camino no está tan expedito para sus pérfidas intenciones.

Agudo déficit
Entre 1985 y 1991 el servicio de la deuda pasó del 15.3% al 20.7% del total de gastos de la administración central. En tal período, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y la de Energía Eléctrica pagaron por el mismo concepto más del 37% de sus gastos totales.

La cuantía del déficit de los hospitales del Distrito Capital asciende actualmente a 17.000 millones de pesos.

El Decreto 165 de 1993 plantea las bases para la privatización de la salud en el Distrito Capital; establece las tarifas de servicios por estratificación, y convierte los centros de asistencia en empresas comerciales con personería jurídica. Su director se transforma en gerente y sus pacientes en clientes.

Dentro del mismo decreto prácticamente desaparece la medicina social, ya que la obligación queda reducida a atender a los lesionados por accidentes de tránsito y terrorismo.

La Constitución de 1991 (II): LOS DEFINITIVOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Marcelo Torres

Aunque ya casi no se recuerde, varios de los agobios actuales del país se anunciaron en las disposiciones transitorias de la Constitución. Múltiples medidas claves de la política de apertura económica del gobierno vienen basándose en ellas. Sus pésimos efectos sobre el desarrollo, la producción y el empleo son cosas de todos harto sabidas. La Constitución de 1991, como algunos arácnidos, traían el aguijón en la cola. Sus normas transitorias configuraron una suerte de normatividad especial, una auténtica Constitución ad hoc para el apéndice dispuso para el actual gobierno. El apéndice dispuso que muchas y muy importantes normas de la Carta no se aplicarían en varias y sustanciales oportunidades y que en su lugar se procedería tal y como dicen los 59 artículos transitorios. Una insalvable contradicción con la Ley Suprema que acababa de escribirse. Que por lo demás sólo traslucía la característica de actuar tortuosa, fraudulenta, del presidente de la República y del círculo que lo rodea. Así se procedió para convocar la Constituyente, y cerrar el Congreso.
Las disposiciones transitorias plasmaron una flagrante suplantación de las funciones de las demás ramas del poder por el Ejecutivo para enmascarar las cosas, el grueso de los artículos de marras fueron escritos de acuerdo con la fórmula general según la cual, si en determinado lapso el Congreso no hubiese legislado sobre tales materias, actuaría entonces la Casa de Nariño en el plazo de unos cuantos meses.

Golpe de gracia al Congreso
La determinación de clausurar el Congreso de 1990 y elegir uno nuevo, lo que se hizo el 27 de octubre de 1991 carecía de todo fundamento constitucional y legal. Algo semejante no se insinuaba ni siquiera en la consulta de diciembre del año anterior que dio origen a la Constituyente. Los cuatro primeros artículos transitorios consumaron el atropello.

Tras la campaña de difamación pública que dejó al parlamento hecho añicos, se procedió a darle el golpe de gracia. La disolución de la corporación legislativa, decretada con el pretexto de un “receso’ fue un fujimorazo anticipado.

Remodelaciones regresivas
La Constitución de 1991 otorga amplios poderes al presidente para fusionar, suprimir o modificar entidades de la Administración, mas sólo puede ejercerlos con base en la ley cuya fuente es el Congreso. En la remodelación del engranaje estatal, para adecuarlos por completo a los designios de la apertura económica a los inspiradores del “revolcón” se les atravesaba como obstáculo la resistencia de unas Cámaras que acababan de ser reducidas a su mínima expresión. Lo cual se obvió apartando el cuerpo representativo de su función fundamental. Así lo consagró el tristemente célebre artículo transitorio 20. A fines de 1992 el primer mandatario descargó sobre el país el resto de los setenta y dos decretos tendientes a transformar “las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional”. Se activó así una de las piezas claves ordenadas por el FMI y el Banco Mundial en orden a “achicar” el Estado, privatizar los bienes públicos y rematarlos ante las multinacionales y los grupos financieros locales.

Más cargas tributarias
Nunca se imaginaron los ilusionados colombianos que votaron por la Constituyente y eligieron a.sus integrantes, que éstos les devolverían el favor con creces, es decir, con más impuestos. Lo que se presentó como una mera reforma constitucional terminó, entre muchos otros efectos, por traducirse en nuevas cargas tributarias. En junio del año pasado, los agobiados contribuyentes recibieron la mala noticia de que se les obligaría a pagar más inflados impuestos regresivos, principalmente el 14% del IVA que les presentara el gobierno. El trámite fue ocasión para que el Ejecutivo se mostrara muy ducho en el soborno de los parlamentarios.

Establece la nueva Constitución la función reguladora del Estado sobre las actividades financiera, bursátil, aseguradora y “cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público”. Tan expedita intervención estatal se convirtió, por obra y gracia del artículo transitorio 49, en nuevas y mejores oportunidades para los magnates de los grandes pulpos. Más libertad de acción; negoció redondo de la compraventa de divisas; cantidades colosales de fondos públicos a la disposición de aquéllos, y mayores facilidades de inversión a la banca foránea, tales los distintivos de la reforma financiera decretada por Gaviria. Los jugosos resultados son los cerca de 400.000 millones de pesos de utilidades repartidos el año pasado entre el sistema bancario, las corporaciones y los fondos privados. Los financistas nadaron en la prosperidad, mientras que los sectores productivos padecieron de un creciente raquitismo.

(Continuará)

ECOPETROL, VÍCTIMA DE LA COYUNTURA

Gustavo Triana
La posibilidad real de contar con una empresa petrolera estatal sólida y pujante está siendo amenazada de muerte por la política del régimen, que lleva a liquidar, en beneficio de unas cuantas transnacionales; la experiencia y capacidad acumuladas por Colombia en más de cuatro décadas.

En el presente artículo analizaremos dos de los frentes principales en que avanza la conjura contra Ecopetrol: la entrega de Cusiana y otros yacimientos gigantescos a los monopolios foráneos, y las importaciones de gasolina.

Un caso aberrante
La existencia de crudo y gas en el subsuelo del piedemonte llanero fue comprobada por los técnicos de Ecopetrol en el decenio de lo setentas. Pero la exploración no pudo acometerse, pues en 1976 la junta directiva de la empresa no autorizó las inversiones necesarias. Pese a ello, Ecopetrol perforó con éxito los pozos Unete y Tauramena 2X.
Ya, por entonces las proyecciones apuntaban hacía las 159 mil hectáreas de Santiago de las Atalayas I como el yacimiento más promisorio. En 1982, cuando los técnicos y trabajadores colombianos esperaban qué Ecopetrol diera por fin luz verde a la exploración, el presidente de la empresa, José Fernando Isaza, decidió cederla por contrato de asociación a la multinacional Triton, de Estados Unidos.

La Triton no emprendió en serio los trabajos, sino que se ocupó durante años en una serie de negocios especulativos y de reventa. En 1987 se asoció con la British Petroleum Company, BP, y con la Total, de Francia. Lo que los técnicos de Ecopetrol daban por cierto casi diez años antes vino a quedar en evidencia hace apenas unos cuantos meses: la existencia de miles de millones de barriles de crudo, uno de los hallazgos más grandes hechos últimamente en el mundo. Lo paradójico del caso es que el descubrimiento se llevó a cabo con base en los estudios y trabajos previos de Ecopetrol.

La aberración no para ahí. Entre 1989 y 1992 el comité ejecutivo de Ecopetrol autorizó la firma de otros doce contratos de asociación en los alrededores de Cusiana. De esta manera se perdió una de las áreas de reserva más promisorias de la empresa estatal. A tal punto que Ecopetrol se quedó sin depósitos naturales en el piedemonte llanero, a sabiendas de que renunciaba a yacimientos de la magnitud del de Cusiana.

Los resultados están a la vista. La BP, la Triton, la Total, la Maxus y la Occidental, asociadas en parte con el grupo Santodomingo, han empezado a hallar crudo a manos llenas. En el campo Recetor se anunciaron 1.500 millones de barriles; en Samore, la Occidental anticipa mil millones, y los mismos socios de Cusiana dan la noticia de pozos gigantescos en Cupiagua
.
Y mientras les regala tan abundante manantial de riqueza a los trusts, el gobierno mantiene a Ecopetrol explorando en las zonas de mayor riesgo.

Las importaciones de gasolina
En 1992 Ecopetrol se vio obligada a importar 32 mil barriles diarios de gasolina de los 115 mil que cotidianamente consume Colombia. El fenómeno obedece a que las refinerías de la empresa estatal en Barranca, Cartagena, Orito, Tibú y Apiay sólo producen el 75%.

La gasolina se adquirió en el mercado internacional a 26 dólares, perdiendo 12 dólares por cada barril, ya que lo vende a los distribuidores mayoristas únicamente a 14 dólares. Este subsidio concedido a los expendedores le costó el año pasado a la empresa la bicoca de 120 mil millones de pesos.

Para liberarse de dicha carga, en enero de 1991 junta directiva y el comité ejecutivo de Ecopetrol resolvieron acometer la construcción de una refinería en Puerto Triunfo, Antioquia, cuyo costo subía a la sazón a 1.300 millones de dólares. La capacidad prevista en el proyecto era de 100 mil barriles por día, procesados mediante el sistema de alta conversión. La empresa estatal llegó incluso a efectuar la apropiación respectiva, por 950 millones de dólares.

El gobierno de Gaviria decidió aplazar indefinidamente la construcción de la nueva refinería y sometió al país a seguir gastando más de 300 millones de dólares anuales en la importación de gasolina, con lo cual ha privado al trabajo y a la industria de un ambicioso proyecto que reactivaría notoriamente la economía nacional.

Al no construir la refinería y limitarse el gobierno a dejar el negocio en manos del sector privado, se hará realidad en breve la internacionalización de los precios de la gasolina, se disparará la inflación y e déficit alcanzará en el año 2000 los 80 mil barriles diarios, o sea, el 50% de las necesidades domésticas.

Prerrogativas a las multinacionales
Ecopetrol ha demostrado su avance tecnológico en la exploración y explotación de crudo, como lo indican las cifras del siguiente cuadro: El resultado de estos dos y perforaciones se ha traducido en una proporción de éxito del 52% para Ecopetrol y del 30.5% para las empresas asociadas. Por otra parte, el costo del pie perforado por la empresa estatal es de 232.63 dólares, mientras que el de los socios se eleva a 499.50 dólares.

Lo censurable está en que el esfuerzo hecho por nuestros técnicos y obreros en la exploración de superficie, o sea el estudio de las cuencas, es luego usufructuado por las multinacionales a través de los contratos de asociación.

Entre 1988 y 1991 la petrolera colombiana realizó, exploraciones de superficie de 18.901 kilómetros de perfil, no muy lejos de las multinacionales que, en conjunto, sumaron 20.000 kilómetros. Durante el mismo período Ecopetrol sólo hizo 52 pozos exploratorios, mientras que las multinacionales llegaron a 220, buena parte de ellos en zonas estudiadas y maduradas por la entidad oficial.

La Comisión Nacional de Energía y el Conpes han aprobado cederles a los consorcios extranjeros 5 millones de hectáreas reservadas a Ecopetrol. Con lo que aquéllos pasaron de 11 millones en 1988 a 27 millones en 1993, o sea, el 100% de las cuencas estudiadas por el país.

No hay argumentos técnicos, económicos, ni menos de seguridad nacional para actuar tan bondadosamente con el inversionista foráneo, en detrimento de una empresa tan estratégica para la nación.

Más prebendas
La contraparte, entre otras, disfruta de las siguientes garantías:
1. Controla el contrato sin importar que Ecopetrol sea el socio mayoritario del mismo.

En Caño Limón la Oxi es dueña de sólo el 10% de la asociación y sin embargo es la operadora. Manejar la factura de gastos es una gran ventaja para el asociado, si se tiene en cuenta que nuestra empresa debe pagar el 50% de la misma.

2. Al margen de la dimensión del descubrimiento, su participación siempre es del 40%. Así, por ejemplo, la Texas tiene esa porción de Cocorná, de donde se extraen 10.000 barriles diarios, igual que la Oxi en Caño Limón, cuya producción es de 240.000 barriles, o la BP, Triton y Total en Cusianá, que producirá 500.000 barriles diarios. Las condiciones deben modificarse porque los contratos existentes no contemplan que a mayor riqueza del yacimiento ha de aumentar la participación del país dueño del recurso.

Si echamos un vistazo a otras regiones del mundo, digamos, Angola, el asociado recibe un 20%. En Libia, el 17%; en Indonesia, el 9%, y en Inglaterra el 9%. ¿De dónde entonces tanta obsequiosidad de las autoridades colombianas?

3. Puede vender las reservas tanto dentro como fuera del país y sin permiso del gobierno colombiano. Es decir, cede un crudo que a veces incluso no ha sido extraído y que por lo tanto todavía no le pertenece. Además, cuando la transacción se realiza en el exterior, aprovecha para evadir impuestos.

4. Finalmente, el Congreso aprobó reducirle el gravamen por remesa de utilidades de 16% a
12%, mientras que a Ecopetrol se le aumentó el de renta a 373% y a $600 pesos por barril de crudo el llamado impuesto de guerra. La legislación tributaria le permite gozar de exenciones aduaneras para sus importaciones y aumenta así, por distintos medios, la tasa de ganancia.

Como si lo anterior fuera poco, el gobierno ha anunciado para próximos días la firma de un acuerdo bilateral de protección de inversiones con Gran Bretaña, que tendrá vigencia por diez años y que le garantiza a la British Petroleum “la compensación por pérdidas” en caso de conflicto armado, revolución, revuelta o asonada.

También se refiere el acuerdo a un “trato justo y equitativo frente a los inversionistas nacionales”. Garantiza a los monopolios la no expropiación de sus inversiones, indemnizaciones adecuadas en dólares ante cualquier eventualidad, libre transferencia de capitales y rendimientos a su país de origen y, en caso extremo, el sometimiento al arbitraje del Centro Internacional de Solución de Conflictos Relativos a Inversión, CIADI, de Washington. Se suma así Colombia a la vergonzosa a lista de países latinoamericanos que ya han firmado convenios de esta naturaleza, conformada hasta ahora por Argentina, Bolivia, Chile; ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El negocio se daña
Además del oneroso subsidio a las importaciones de gasolina, a Ecopetrol lo agobian varios impuestos, incluidos el de importaciones, predial, de industria y comercio, a las ventas, de renta y el de “guerra”. No maneja autónomamente sus utilidades, sino que éstas son transferidas al Conpes.

En 1991, después de aportar al Estado, por distintos conceptos, 423.978 millones de pesos y recaudar $237.272 millones, se le obligó a transferir a la Financiera Eléctrica Nacional, y a Carbocol más de 100 millones de dólares.

Desde 1989 el Conpes ha venido privando de sus utilidades a la empresa e impidiendo su desarrollo, obligándola a estancarse o endeudarse.

De los 121.969 millones de pesos ganados en 1989, se reinvirtieron $60.664 en la empresa. En 1990, $33.969 de los 123.969 millones, y en 1991, tan sólo 51.940 millones de 144.940.

A este ritmo la empresa se ha convertido en la caja menor del ministro de Hacienda.

Por falta de recursos económicos para reinvertir en su desarrollo y proyección, se verá cada vez más opacada, y el terreno ganado en 40 años de eficiencia y competitividad será escamoteado por los conglomerados, que privarán así al Estado y a la sociedad colombianos de los beneficios de la explotación de un recurso tan valioso, tan antiguo y tan necesario como el petróleo.
La última negociación y la defensa de Ecopetrol
En la negociación de la última convención colectiva, la Unión Sindical Obrera puso al orden del día la defensa de la soberanía nacional en materia de política petrolera y logró arrancar al régimen y a la administración cinco valiosos compromisos.
1. El gobierno se obligó a constituir una comisión bilateral USO-Ecopetrol encargada de inventariar las concesiones próximas a revertir. Entre ellas, las más importantes son las de Hocol, en Huila; la de la Texas, en Cocorná; la de Petrocol, en Zulia, y la de la, ELF, en Casanare. Seis meses antes de extinguirse el contrato en cada una de ellas, empresa y trabajadores iniciarán la negociación sobre el destino que habrá de dárseles.

2. Se reactivó la perforación exploratoria y de desarrollo en la Concesión De Mares y sus alrededores. En los próximos dos años se añadirán seis pozos de desarrollo y dos exploratorios.

3. La Planta Cracking Modelo IV de la Refinería de Barranca, que carga 16 mil barriles diarios, se mantendrá en operación, aprovechada al máximo con algunas mejoras tecnológicas, en tanto se construye una planta más moderna y con capacidad para 36 mil barriles.

4. La administración se comprometió a invertir 50 millones de dólares durante 1993 en actividades de exploración directa.

5. Y empleará a término indefinido a 250 trabajadores hoy temporales para atender actividades directas de Ecopetrol Por conquistas tan señaladas, la negociación colectiva de 1993 es, sin duda, la continuación de la tenaz batalla en que venimos empeñados los obreros petroleros para impedir que Ecopetrol sea privatizada y cedida a las multinacionales.

LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

La venta de combustibles es una transacción muy segura y rentable. No se requieren altas inversiones ni tecnología. Para llevar a cabo la actividad basta disponer de tanques de almacenamiento y carrotanques. Y Ecopetrol facilita créditos hasta por 50 días.

Repartir el combustible desde las centrales de abastecimiento hasta las estaciones de servicio deja un margen a favor, fijado por el Ministerio de Minas y Energía, de $ 12.81 por galón. Entre la empresa nacional Terpel y las multinacionales Esso, Mobil y Texaco -estas últimas controlan el 84% de la operación- expenden 5.622.528 galones por día, lo que les deja al mes 2.160 millones de pesos de ganancias, solo por gasolina, sin calcular las que arrojan los demás combustibles y lubricantes.

Cómo será el negocio de jugoso que, aun cuando sólo comercializan el 16% de la gasolina, los Terpeles ocupan hoy puestos destacados entre las cien empresas más grandes de Colombia, clasificadas por la revista Semana: Terpel-Bucaramanga, de 37; Terpel-Manizales, 49; Terpel-Antioquia, 62; Terpel-del Norte, 96. En 1992 sus utilidades netas, incluidos todos los renglones, ascendieron a 6.122 millones de pesos. Lo cual hace suponer que las tres multinacionales mencionadas no debieron bajar de 38.000 millones de pesos.

Los Terpeles nacieron en la década del setenta como una entidad encargada de abastecer los territorios nacionales y las regiones menos desarrolladas, pues Esso, Mobil y Texaco usufructuaban el mercado en las grandes capitales. El primero en aparecer fue Teruel Bucaramanga, que incursionó además en la fabricación de lubricantes y grasas. Poco a poco fueron robusteciéndose, ganando terreno y haciendo presencia en los centros urbanos. Se han convertido por eso mismo en víctimas de la guadaña privatizadora.

Hoy estas sociedades, en las que Ecopetrol tiene el 49% y el resto los municipios y departamentos, han sido puestas en pública subasta. El gobierno ofrece de nuevo a los monopolios foráneos la posibilidad de quedarse con el ciento por ciento del mercado nacional.

Jorge Santos Núñez: DE LA BREGA SINDICAL A LA LUCHA POLÍTICA

Con 10 años de servicio en Ecopetrol como mecánico de mantenimiento de campo en el distrito de producción de El Centro, el compañero Jorge Santos Núñez, barranqueño de nacimiento, 46 años, es en la actualidad concejal del MOIR en el puerto petrolero. Nuestro Partido llegó al cabildo en 1992, con 1.751 votos.

Jorge Santos, que presidió durante siete años la junta directiva nacional de la USO y ocupó la vicepresidencia hasta comienzos de 1993, ha sido presidente y vicepresidente del Concejo de barrancabermeja. Pese a haber iniciado en minoría el actual período, acompañado por la fuerza Comunitaria del alcalde Elkin Bueno Altahona y del concejal Germán Sandoval, nuestro dirigente obrero se esforzó por aplicar una política de alianzas recogiera el descontento de los sectores patrióticos contra la apertura gavirista, la privatización de Ecopetrol y la entrega de la soberanía nacional. El MOIR y la Fuerza Comunitaria, trabajando hombro a hombro, lograron acercar en pocos meses a los lideres locales de la Confederación Liberal de Santander, el Partido conservador, el Directorio Municipal Conservador y el Nuevo liberalismo, dejando por completo aislado en el Concejo al Frente de Izquierda Liberal autónoma, FILA, que orienta el samperista Horacio Serpa Uribe.

El pasado 23 de julio, en convención departamental celebrada en el Hotel Pipatón de esta ciudad, con la asistencia de mil delegados, se creó el Bloque democrático Regional, del que hacen parte el MOIR y la Fuerza comunitaria; la Confederación liberal de Santander, del diputado Abelardo Rueda Tobón y el concejal Rafael Rodríguez Arenilla; el Comité Central de los barrios Nororientales, del concejal Pedro Romero; el Movimiento de trabajadores Temporales de Barranca, del concejal Héctor Mantilla; el movimiento político del concejal Jairo Plata; el Movimiento Cívico Independiente de Laureano Benedetti; el Movimiento Cultural Independiente de Hernando Vásquez, y el SARA, del ingeniero Eduardo Acosta. La coalición aprobó ese día la plataforma, enfilada contra la apertura de Gaviria, y postuló al compañero Jorge Santos al Senado; al dirigente de la Confederación Liberal de Santander, Abelardo Rueda Tobón, a la Cámara; y al concejal Jairo Plata Quintero, a la Asamblea.

Tribuna Roja: ¿Cuándo se inició usted, compañero San tos, en la actividad sindical?

Jorge Santos: Me afilié a la USO inmediatamente después de ingresar en Ecopetrol y me esforcé en todo momento por ser un activista. A partir de la huelga de 1971, empecé a vincularme a los distintos paros cívicos de Barranca, en especial el de 1975, por acueducto, alcantarillado y arreglo de calles. Colaboré también con la huelga de 1977, que duró 67 días, la cual logró impedir que plantas tan rentables como la de polietileno fueran entregadas a la Dow Chemical. Cuando al año siguiente se le restituyó a la USO la, personería jurídica, fui elegido a la junta directiva nacional. Estuve en la presidencia del sindicato desde ese año hasta 1985. Entre 1978 y 1980 nos tocó librar una importante batalla, en que terminamos victoriosos, para evitar que la reversión de Orito, Putumayo, quedara en manos de la Texas. Una experiencia muy importante. Sigo convencido hoy de que estamos actuando correctamente cuando reclamamos la administración directa de Ecopetrol sobre los campos que vayan revirtiendo.

Tribuna Roja.: Y saliéndonos un tanto del marco reivindicativo, ¿en qué otras actividades ha participado?

Jorge Santos: Venimos empeñados en que la USO interprete adecuadamente los intereses de la clase y el pueblo colombianos, como le corresponde a todo sindicato desde su nacimiento. En el transcurso de los años hemos levantado grandes movilizaciones nacionales en solidaridad con los conflictos, como sucedió en 1983, con la huelga en Puertos de Colombia; en 1992, con los trabajadores de Telecom, y en 1993, con los compañeros de la Caja Agraria. Incluso logramos que no fuera cerrada la oficina de esta entidad en Barranca, como pensaba hacerlo el gobierno. Un segundo frente lo hemos abierto con los foros petroleros. Ya se han realizado varios, en los que se han denunciado las consecuencias catastróficas de la política oficial. Y hemos persistido en vincular nuestra lucha a los movimientos campesinos, estudiantiles, populares y patrióticos.

Tribuna Roja: ¿En qué aspectos se ha centrado la posición del sindicato en estos foros?

Jorge Santos: Empezamos presionando al gobierno para que construyera cuanto antes la unidad de balance en la Refinería. Desplegamos una campaña nacional a la cual brindaron su respaldo importantes personalidades y vastos sectores sociales. Desde ese momento hemos insistido en que el país debe ser autosuficiente en refinación, para no tener que depender de las importaciones de gasolina. Como segundo punto, la USO exigió que Ecopetrol acometiera una política más agresiva en la búsqueda de nuevos yacimientos. Creemos que esta posición tuvo repercusiones positivas, pues la empresa se vio obligada a organizar sus secciones de perforación, ingeniería y sismografía, hasta que tuvo la suerte de localizar los yacimientos que hoy el país conoce, Cusiana, Cupiagua, Caño Limón, después cedidos a las multinacionales. En tercer lugar, planteamos en los foros que las labores de perforación de las áreas y campos viejos también corrieran por cuenta de Ecopetrol. En resumen, sostenemos que la empresa estatal cumpla con los objetivos previstos desde su fundación. Recordemos entre las recientes batallas la librada en procura de que los campos de Sabana de Torres quedaran efectivamente en manos de la nación.
Y por último, tomemos en cuenta las gestiones adelantadas por la Unión Sindical Obrera tras la construcción de la nueva refinería. En cada caso hemos mantenido una visión amplia, buscando aliados en otros sectores sociales.

LOS SIETE SIGUIERON A SUS TRECE

Raúl Fernández

En Tokio las siete potencías fueron representadas por el grupo de líderes más impopulares de los últimos tiempos. De Mitterrand a Miyazawa, pasando por Clinton y mulroney, ninguno llega al treinta por ciento en encuestas de popularidad en sus respectivos países. Es por ello que hasta The New York Times juzgó la oficial euforia de Clinton y Major como “retórica extravagante”, diseñada para consumo doméstico por cada uno de los ilustres concurrentes a la cima nipona.

¿Qué ocurrió en Tokio?
No se tocaron los puntos algidos de la lucha comercial: las áreas de agricultura, servicios y la propiedad intelectual.

Estados Unidos continuará su política de retaliación comercial cuando le parezca conveniente, haciendo caso omiso de los organismos dispuestos en el GATT para el caso.

No se logró acuerdo signifiativo en la disputa entre Japón y Norteamérica con referencia al déficit comercial.

Pero, ¿y qué tal la eliminación le tarifas?
Primero, esto no surtirá efecto a menos que la Ronda Uruguay de negociaciones del GATT sea culminada este año; y segundo, lo más importante, bajar tarifas no es acabar con el proteccionismo sino continuarlo por fuera del GATT.

Ejemplifico:
Washington eliminaría la tarifa del 25% a equipos agrícolas y de construcción. Pero probablemente se valdría de reglas de “emisión” y le “seguridad” para dificultar la entrada de esos productos a su mercado interno.

Estados Unidos, Japón y Europa disminuirán tarifas a equipos médicos pero continuarán vigentes los engorrosos procedimientos de “aprobación”como requisito para ventas en los respectivos mercados.

Lo mismo ocurre con los productos farmacéuticos en esos tres grandes mercados del orbe. Desaparecerían las tarifas sólo para que permanezcan en pie las reglas de admisión que a veces demoran la entrada de un nuevo producto hasta diez años y más.

Y existen otros aspectos aún más simples. Europa accede a bajar las tarifas a la cerveza americana, a sabiendas de que ésta no agrada al paladar europeo.

En resumen, ¿cuál baja de tarifas?
La acogida a la conferencia de los siete ha sido fría. Un comentarista del Institute of International Economice de Washington declaró que los resultados “no crearán ninguna ola de entusiasmo”. Simplemente se le dio un empuje moral a las negociaciones del GATT, con el objeto de impedir que se rompan las conversaciones. El que más claro lo dijo fue el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Alain Juppe, quien declaró que el acta final se reduce a “un informe sobre métodos y procedimientos a seguir… en futuras pláticas”.

Con respecto a Rusia y el tratamiento a Yeltsin acontece algo parecido. Mientras Clinton sostiene que los logros fueron supremos, la realidad es otra. Se acordó la ridícula suma de tres mil millones de dólares a Rusia. Pero si se va por partes se nota lo siguiente: entre los tres mil millones se contabilizan tanto préstamos como promesas. En dinero constante y sonante hay muy poco, unos quinientos millones. Alrededor de dos mil quinientos millones de dólares consisten en créditos a empresas y al Estado ruso para que importen manufacturas, servicios y tecnología de países en el Grupo de los Siete.

Mientras Moscú protesta porque los mercados internacionales continúan cerrados a sus productos, comienzan las acusaciones de dumping en su contra, especialmente con relación a las exportaciones de aluminio. Un periódico estadinense especializado en noticias internacionales, The Christian Science Monitor, consideró el aporte del G-7 como una “modesta suma”.

En resumidas cuentas la reunión en Tokio prueba que nadie del grupo está dispuesto en este momento a abandonar la defensa de sus industrias, sean las agrícolas y de telecomunicaciones en Francia, del vidrio y del arroz en Japón, o de la ropa y los textiles en Estados Unidos.

La agresión bélica de Estados Unidos en el planeta
Las actividades militares de la Casa Blanca revelan a los pueblos del mundo los oscuros propósitos de dominación y sometimiento del imperialismo yanqui. Dentro del creciente número de conflictos en los últimos tiempos conviene resaltar los siguientes hechos:

Clinton declaró en su visita a Corea del Sur que ahora más que nunca es necesario que la superpotencia mantenga una presencia armada en todo el orbe. Durante su estadía conminó a Corea del Norte, advirtiéndole que, si no renuncia a sus pretensiones atómicas ni se comporta como es debido, será barrida del mapa. Señalando la necesidad de permanecer en Asia, Kissinger había escrito: “Una retirada norteamericana, bajo cualquier pretexto, llevaría al desastre”. “No debemos hacernos ilusiones; no resolver la amenaza coreana de una manera clara y tajante, tarde o temprano llevará al armamentismo nuclear del Japón”. Esta misma afirmación la hizo el G-7 en la reunión de Tokio.

Después de años de intentar asesinar a Castro, Gadafi, Saddam Hussein, etc., Estados Unidos bombardea Bagdad con el pretexto de que el gobierno iraquí preparó un complot para asesinar a Bush. Su despliegue militar sobre esa región del Medio Oriente es cada vez más intenso.

El Departamento de Estado en forma arrogante añade el Sudán a la lista de “países terroristas”.

Tropas norteamericanas bajo la bandera azul de las Naciones Unidas masacran a la, población civil de Somalia en nombre de la “asistencia humanitaria”. Hasta el papa salió a condenar la carnicería. E Italia acaba de denunciar la utilización de la ONU por parte del
Pentágono.

El gobierno norteamericano pone sus ojos sobre Macedonia, Yugoslavia, acosa indirectamente a Alemania de ser causante de la crisis en Bosnia se inmiscuye en la cuestión de Sebastopol, y les enmienda la plana a haitianos, guatemaltecos y nicaragüenses.

En la declaración de Tokio el Grupo de los Siete atacó a serbios y croatas, a los que Alemania apoya, a propósito del reparto de Bosnia, y propuso el uso de la fuerza para desmembrarla.

En la misma reunión se llamó a Ucrania y Kazakstán a ratificar el Salt 1 y adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

Resulta claro de lo anterior que EU está prendiendo la hoguera para implantar su supremacía en todos los rincones del planeta y asegurar su predominio en la lucha comercial entre los bloques. En cuanto atañe a Moscú, las condiciones humillantes del crédito que aprobó el G-7 se explican por la necesidad del desarme de los rusos, ya que éstos ostentan el arsenal nuclear más grande del globo.

La actual iniciativa militar norteamericana arranca con la invasión de Granada en 1983, luego de un largo período de declive que se acentúa con el triunfo de la Revolución Cubana del 1° de enero de 1959. Varias décadas después, con el hundimiento de la URSS y la guerra del Golfo Pérsico, obtiene el control sobre el Medio Oriente y los países árabes, asegurándose el petróleo de la región.

En la actualidad, con la ocupación de Somalia, toma posiciones para someter a Sudán, Egipto y Libia. En América Latina tras la excusa de combatir el narcotráfico, construye bases militares y envía quipos de asesores a Colombia, Ecuador; Perú Bolivia y Centroamérica.

El panorama indica que todo se agudizará. Crece la oleada de inmigrantes sin empleo en las naciones más desarrolladas. La gigantesca crisis presagia el levantamiento de los pueblos contra sus opresores, es decir, la revolución.

ACEB ANTE UNA NUEVA BATALLA

No obstante ser uno de los pocos sectores beneficiados de la política de la Apertura económica, y registrar altísimas utilidades, los banqueros han manifestado no estar dispuestos a darle salida a la negociación de los pliegos de peticiones en los bancos Bogotá y Comercial Antioqueño. Para conocer la postura de los trabajadores frente a esa situación, entrevistamos a Luis Alfredo Sánchez, presidente de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEB.

TR: ¿Qué ventajas especiales ha recibido el sector financiero en este periodo?

L. A. Sánchez: Los financistas han sido altamente favorecidos por las reformas implantadas en el marco de la apertura económica. La ley 45 de 1990 estableció que los inversionistas extranjeros pueden adquirir la totalidad de la propiedad accionaria de una o más instituciones financieras o crear nuevas; lo cual significa la concentración del crédito en favor de empresas multinacionales y la entrega del mercado de capitales a la banca privada internacional. El gobierno dispuso, además, una notable reducción de los impuestos a todas las empresas foráneas, mediante la ley 49 de 1990 de reforma tributaria, que rebaja la carga del 30 al 12% De igual manera, con la expedición de la resolución 49 de 1991 se les mejoró el sistema de remesas, medida reforzada luego con otra decisión que liberó completamente la salida de utilidades hacia los países de origen.

TR: ¿Cómo analizan ustedes el procesó de privatización de la banca y las elevadas ganancias que ella registra?

L. A. Sánchez: La reprivatización de los bancos que fueron salvados de la quiebra a mediados de los años ochentas, con los recursos públicos del fondo de garantías financieros se viene dando en detrimento del interés nacional y en provecho de los grupos, que como la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, han sido beneficiarios de la venta del Banco de Bogotá en 1988 y la más reciente del Banco del Comercio, cuyo rescate le costó al erario la bicoca de 65.000 millones de pesos, para luego enajenarlo por sólo 35.000. Otro tanto ocurrió con la entrega de los bancos Tequendama y de los Trabajadores. En cuanto a la bonanza de las entidades del sector, vale la pena señalar que el margen de intermediación promedio en Colombia, más de diez puntos es muy superior al de la mayoría de los países incluidos algunos de menor grado de desarrollo como Jamaica (5.5) Honduras (5.9). De otro lado se han visto favorecidas por las altas tasas de interés de las operaciones de mercado abierto del Banco de la República para restringir el dinero circulante aumentado por la liberación cambiaria

TR: ¿Cómo ha afectado todo esto la negociación de los pliegos de peticiones en los bancos Bogotá y Comercial Antioqueño?

L.A. Sánchez: Uno de los efectos de la reforma financiera es la desaparición de los bancos que no cumplan con los requisitos en cuanto monto mínimo de capital, que obligó a la absorción del banco Santander por el Comercial Antioqueño, ambos propiedad del grupo Santodomingo y del banco del Comercio por el Bogotá, controlados por Sarmiento Angulo. Ante tales fusiones, uno de los objetivos de la negociación es que se respeten en las nuevas convenciones, los puntos más favorables vigentes en una u otra institución. Las propuestas de los empresarios son dilatoria e inaceptables, por lo que la única salida que nos queda es un paro nacional que presione la definición de esos puntos a favor de nuestros intereses.

TR: ¿Con qué perspectivas adelanta el sindicalismo bancario el conflicto laboral?

LA. Sánchez Hemos vivido un proceso de consolidación y fortalecimiento que nos permite enfrentar esta contienda con el capital especulativo. Debemos tener en cuenta el factor adverso que constituye el paralelismo de la Uneb, filial de la Cut, que, después de vender importantes derechos como la pensión de jubilación en el Banco Cafetero y el escalafón en el Popular, ha facilitado la acción de los patronos en el Comercial Antioqueño y sembrado la desconfianza entre la base. Pese a ello, tenemos la certeza de que los compañeros encaran las tareas preparatorias del paro nacional en defensa de sus intereses.

TODO PARA LOS MONOPOLIOS EXTRANJEROS

Uno de los pilares del proceso de apertura implantado por Gaviria en Colombia consiste en eliminar cualquier obstáculo a la entrada de capitales foráneos, así como protegerlos y otorgarles toda clase de garantías.

Junto con la libre circulación de productos, exigida por Estados Unidos y las multinacionales Banco Mundial y Fondo Monetario, los países latinoamericanos deben permitir la libre movilización de capitales extranjeros y crear las condiciones que propicien su asentamiento en la región. Para cumplir, con los mandatos del imperio, los gobiernos impulsaron la privatización, legislaron en favor de las maquilas y abrieron sus mercados bursátiles a los llamados “fondos país”.

El desarrollo de una “zona de libre comercio que se extienda desde el puerto de Anchorage hasta la Tierra del Fuego”, compendia el programa para América Latina que enunciara en junio de 1990 el entonces presidente Bush y que sigue vigente con Clinton. Bautizado con el nombre de “Iniciativa para las Américas” el plan se fundamenta en tres elementos: comercio, inversión y problema de la deuda externa. Después de manifestar que “el clima de inversión continúa empañado por el peso agobiante de la deuda”, Bush prometió perdonar una porción de ella a los países que “adopten programas enérgicos de reforma económica y de inversiones, con el respaldo de las instituciones internacionales”.

Cómo se vende la nación
Tres meses después, Gaviria, durante su viaje a Estados Unidos, anunció que la inversión extranjera tenía las puertas abiertas y que se permitiría su vinculación a los servicios públicos. Declaraciones que arrancaron “calurosos aplausos” de los inversionistas norteamericanos, tal como lo consigna la prensa colombiana del 27 de septiembre de 1990. Tan generosa oferta se concretó con la promulgación de la resolución 51 de octubre de 1991 del Conpes, conocida como el estatuto de inversiones internacionales.

Con la nueva reglamentación se echó por la borda toda la normatividad acordada con otros países latinoamericanos en el marco de la integración. El capitalista foráneo puede ahora cubrir el conjunto de las actividades, incluidos los sectores financiero, de servicios y comunicaciones, sin limitación alguna, ni en el monto ni en las formas de participación del capital. Asimismo, se elimina una serie de trámites, como el de solicitar permiso previo al Departamento Nacional de Planeación, y se admite que se giren al exterior las remesas sin las restricciones de la vieja legislación.
Los acuerdos de protección y promoción a las inversiones, como el que pretendió firmar Gaviria a finales de julio, en Londres, y que piensa luego concretar con Estados Unidos, Alemania o Japón, es sólo un paso más en el extenso recorrido del gobierno en su afán por vender el país.

A principios de noviembre de 1992, los ministros de Hacienda, Desarrollo y Comercio Exterior, y el jefe de Planeación Nacional, realizaron una costosa gira a Estados Unidos para explicarles a representantes de 180 grandes consorcios norteamericanos las bondades que les otorga el gobierno. En el mismo mes comenzó a funcionar la Corporación Invertir en Colombia, Coinvertir, una institución donde participan entidades del sector público, empresas del país y multinacionales, y cuyo objetivo consiste en asesorar a los inversionistas foráneos. En junio pasado, en Londres y como etapa previa al viaje del presidente de la República, su equipo económico efectuó un seminario con el fin de presentar 30 proyectos a los capitalistas ingleses. Entre las entidades ofrecidas a los británicos figuran los bancos del Estado, de Colombia y Central Hipotecario, la Compañía de Seguros La Previsora y acciones de Bancoldex
.
Pero esta campaña de subasta no se limita a las esferas oficiales. En junio último, en el Hotel Plaza de Nueva York, ante empresarios norteamericanos, Ernesto Samper, candidato a la presidencia, “relevó las ventajas que se ofrecen a la inversión extranjera en sectores como la minería, la banca y el turismo. Igualmente ofreció plenas garantías y un clima de seguridad para los inversionistas actuales y potenciales (La República, junio 29 de 1993).

Auge de las multinacionales
En el informe La Inversión Mundial 1993, realizado por la Conferencia de la ONU para el Comercio y Desarrollo, Unctad, se dice que las sociedades multinacionales se han convertido en el motor de la “globalización” de la economía mundial. Señala cómo de 7.000 empresas registradas veinte años atrás, se pasó, a principios del actual decenio a 37.000, con 170.000 filiales en el extranjero. Indica, además, que durante 1992 la inversión en Asia oriental, meridional y sudoriental ascendió a 21.000 millones de dólares, contra un promedio de 12.000 millones en la segunda mitad de los ochentas. En América Latina y el Caribe, en igual lapso, la afluencia de capitales varió de 9.000 a 16.000 millones de dólares.

En los cinco primeros meses de 1993 entraron a Colombia, por concepto de inversión directa, 169 millones de dólares, sin incluir la dedicada a actividades petroleras. Dicho valor equivale a un incremento de 18% con respecto al mismo período del año anterior. Debe destacarse que a la industria manufacturera llegaron 78.6 millones de dólares y al sector financiero 55 millones.

El gobierno ha desarrollado diversas modalidades para vincular el capital externo. Una de ellas son los “fondos país”, establecidos por la ley 78 de 1989, iniciaron operaciones en junio, de 1992 con un capital de 19 millones de dólares. A mayo de 1993 su monto alcanza la cifra de 92 millones.

Actualmente funcionan en el país 40 de estas instituciones, la mayoría administrada por Cititrust, una filial del City Bank. Los “fondos” están autorizados para colocar sus recursos a través de las bolsas de valores, exceptuando los papeles de renta fija emitidos por el Banco de la República para efectuar control monetario. Sin embargo, hasta ahora sólo han comprado acciones, especialmente del Banco de Bogotá, Corporación Financiera del Valle, Carulla, Bavaria y coltabaco.

El otro conducto, con el cuál los monopolios buscan explotar la mano de obra barata de Latinoamérica, consiste en la maquila. Para Colombia, la resolución 4405 de 1991 del Incomex establece “las medidas relacionadas con el programa de Importación-exportación de las operaciones de maquila”, mientras que el decreto 2131 del mismo año reglamenta las zonas francas industriales administradas por los particulares. Frente a toda esta arremetida, los Estados Unidos quieren hacerle creer al país que le está dando un trato recíproco a la obsequiosidad de los gobernantes colombianos, tal cual sucede con la promulgación de la Ley de Preferencias Andinas, que nos concede un supuesto beneficio arancelario. Sin embargo, la lista se refiere a la producción secundaria sin incluir, por ejemplo, bienes actualmente importantes para la economía nacional como las flores, el café y el banano.

Sea una u otra la modalidad que adopte la inversión directa, lo cierto es que los recursos naturales son saqueados por los monopolios extranjeros y el capital foráneo se pasea muy campante por nuestra patria, gozando de cuanta ventaja se le ocurra al servicial régimen gavirista. Entre tanto, los productores nacionales del campo y la ciudad se ven abocados a la ruina y los trabajadores colombianos sufren el desempleo y el drástico deterioro de sus ingresos.

Relato: LA HISTORIA DE ANTONIA POTES

Germán Patiño

Germán Patiño (Cali, 1948) es miembro de la dirección nacional de nuestro partido y responsable del regional del Vale del Cauca. Ha adelantado en distintas regiones del país labores partidarias y, en el Valle, se ha consagrado además a la investigación histórica y a la literatura.

En noviembre de 1992 publico Herr Simmonds y otras historias del Valle del Cauca, un libro de crónica histórica en que se rememoran, en un estilo narrativo ágil y ameno pero ceñido rigurosamente a las fuentes documentales, hechos y personajes de Cali y demás villas riberanas.

Merecen destacarse en la obra una serie de relatos que ambientan los inicios de la navegación en el río Cauca: “De la navegación y de la vida rivereña en el Valle colonial”; “Noticias del vapor Cauca” y “Herr Simmonds y el primer viaje del vapor Cauca”, titulo al volumen.

Presentamos a nuestros lectores una de las crónicas inéditas de Germán Patiño.

Esta crónica no debiera escribirse, aún. Tiene varios cabos sueltos y no resulta adecuado darla a la imprenta hasta haber agotado todas las posibles fuentes de información que permitan atarlos. Pero lleva varios años en el archivo y tal parece que deberá permanecer otros tantos allí si depende de quien esto escribe continuar con las pesquisas. Así que la entrego casi igual a cómo me la encontré algún día cuando estaba indagando por materias muy diferentes a lo que aquí se leerá. Tal vez espíritus más tenaces, cuando tengan las pistas en sus manos, puedan encontrar los datos que faltan y completen esta historia inconclusa. O tal vez no hallen nada y sea mejor así, pues este relato fragmentario es rico en sugerencias y en posibles explicaciones, que se perderían al dar con respuestas ciertas, debidamente documentadas.

Revisando una colección del periódico Correo del Cauca correspondiente a la década de 1900, me topé con esta narración de acontecimientos distantes en el tiempo y suficientemente escabrosos como para que atraparan la atención de un lector incauto. Sonaba a ficción, aunque ciertos detalles me hicieron pensar que podía tratarse de una historia real. Pero fue publicado sin firma responsable y no hubo fuente alguna que pudiera certificar la veracidad de los sucesos. Quedó como un misterio y no parecía haber forma de saber si correspondía a hechos verificables o se trataba de un producto de la imaginación de un cronista anónimo de principios de siglo.

Más tarde, indagando en otro archivo por los alambiques clandestinos con los que los campesinos de las vegas del Cauca surtían a los mineros del Chocó y subvertían el orden económico heredado de la Colonia, sin quererlo, me saltaron a la vista una serie de documentos que daban fe de los sucesos contados por el escritor desconocido del Correo del Cauca. Aunque no servían para confirmar toda la historia, permitían -y permiten- establecer que ella aconteció, al menos en lo que respecta a su desenlace dramático, que al comienzo es el menos creíble.

Dice nuestro NN que llegó a Nóvita un francés llamado André Bertin dispuesto a hacer fortuna en esa riquísima comarca, hoy parte del Chocó y, en aquel entonces, centro minero de la región caucana. No aclara el cronista la fecha exacta de este acontecimiento, que por algunas referencias debemos situar en 1830. Nóvita formaba parte de la geografía personal de todo aventurero europeo con deseos de enriquecerse rápidamente. Así fue en este caso, como en otros, antes y después. Al poco tiempo el arduo trabajo del francés dio sus frutos y se convirtió en un hombre rico. Por razones que no sabemos, no regresó a su país natal y más bien decidió irse a buscar mujer en esa solitaria región.

Rico, viejo, independiente e impresionable -siempre me lo he imaginado como un devoto lector del Emilio- fijó su atención en una mulata que lavaba arena en las quebradas auríferas de la zona. La llamaban Antonina -los documentos hallados en el archivo de Cali mostrarán que ése no era su nombre; en el tomo 63, en actas manuscritas de difícil lectura, se la menciona como Antonia Potes- y poseía una belleza poco común. El viejo francés decidió comprarla y pagó por ella la suma de 300 pesos oro a unos de los principales mineros del cantón de Nóvita, que era su propietario. Hasta aquí todo ha sido normal. Pero monsieur Bertin, en vez de proceder como lo acostumbraban hacer los amos blancos, entregó la mulata a Petronila Ibáñez para que se hiciera cargo de ella, la educara y le enseñara a comportarse en sociedad.

La señora Ibáñez -las averiguaciones hechas en el Archivo Nacional no permiten establecer la presencia de esta mujer en Nóvita por la época en que se sucedieron estos acontecimientos, por lo que debemos considerar que ese nombre y apellido es un invento del relator de Correo del Cauca-, alentada por el dinero del francés, trabajó fuertemente durante tres años hasta convertir a Antonina en una mujer de agradables maneras y delicado trato. El tiempo también ayudó a convertirla en una beldad estatuaria.

Monsieur Bertin se casó con Antonina en medio de gran pompa dejando estupefacto al reducido grupo de blancos residentes en el enclave minero. El matrimonio a quién, nadie auguraba buen futuro, transcurrió durante varios años en armonía y, según las palabras de nuestro cronista “en medio de los mimos y caricias de la espectacular morena para con su esposo y protector”. Monsieur Bertin se había comprado una vejez tranquila y feliz.

Al cabo del tiempo Bertin testó dejando a su mujer la totalidad de los bienes, que eran considerables. Así las cosas, un día, en horas de la tarde, luego de las faenas en los álveos, se hallaba el francés junto a su esposa, rodeado de la servidumbre, en uno de los corredores de la casa, cuando una flecha envenenada se clavó en su garganta.

Según los testigos presenciales, Antonina, al tratar de extraerla, la partió, quedando la punta del proyectil en el cuerpo de monsieur Bertin, haciéndose inevitable su muerte, por envenenamiento.

Iniciadas las pesquisas, pronto se capturó a un esclavo que trabajaba en unas minas cercanas a la propiedad del francés asesinado, que declaró haber lanzado la flecha, pagado por Antonina. Ella fue apresada y a medida que avanzaban las indagatorias otras pruebas venían a culparla. Trasladado el caso a la superioridad de Popayán, el juez, doctor José Antonio Arroyo, la encontró culpable y la sentenció a muerte -Andrés Arroyo, quien fuera gobernador del actual departamento del Cauca me confirmó la existencia de su antepasado José Antonio y su calidad de juez, quedando pendiente una investigación en el fondo Causas Criminales del Archivo Histórico José María Arboleda Llorente de Popayán, para confirmar la sentencia-.

Allegar las pruebas en una región tan dilatada como la provincia del Chocó demoró varios años y mientras tanto Antonina gozó de suficiente libertad como para quedar embarazada. Al llegar la sentencia del juez, no pudo ejecutarse por el estado de la mulata. Volvió el voluminoso expediente a Popayán y se declaró que la pena sólo podía producirse después del parto.

Este fue feliz a pesar de saber Antonina la suerte que le esperaba. Sólo luego de haber tenido a su hijo -cuya suerte se desconoce; debo anotar que el apellido Bertin se encuentra en el directorio telefónico de Cali y que las personas que lo llevan al ser consultadas reconocen su parentesco con André Bertin, pero dicen no saber nada de Antonina y su hijo- trató de suicidarse. Se bañó inmediatamente después del alumbramiento; no hizo dieta sino que comió cuanto alimento pesado encontró. El resultado de todo ello no fue la enfermedad, como pensaba, sino que ganó en hermosura y robustez.

El jefe político y militar de Nóvita, que según el cronista de Correo del Cauca mantenía relaciones con la mulata y cuidaba de sus intereses económicos, el día antes de la ejecución le entregó una bolsa que contenía 100 gramos de oro y le indico que en la noche él vería que la ventana de la cárcel tuviera la aldaba mal cerrada, para que pudiera escapar. Alguien la esperaría con una canoa lista en el río, para navegar hacia el mar y de allí a Panamá. Un agente del amante de Antonina se llevó esa noche a los guardas a gozar de un currulao en las cercanías del pueblo.

En la mañana, a la hora fijada para la ejecución se presentó el jefe político y preguntó a los guardianes, que dormitaban en su puesto, si había novedad. La respuesta fue negativa. Abrióse la prisión y, al pie de la ventana, dormida y con las manos ensangrentadas, se hallaba Antonina. A oscuras, por más esfuerzos que hizo, no pudo abrir la ventana cuya aldaba permaneció cerrada, y cansada de luchar contra su infortunio quedó inconsciente en el lugar en que la encontraron para llevarla al patíbulo.