VIVA EL BICENTENARIO COMUNERO

Durante todo el año, las masas populares celebrarán los 200 años de la rebelión de José Antonio Galán y los comuneros contra la corona española. El Comité Nacional Pro Conmemoración del Bicentenario ha programado numerosos eventos, entre los cuales figuran manifestaciones, concursos de pintura y fotografía, funciones teatrales y conferencias.

En coordinación con el movimiento «Comuneros 81», con sede en varias localidades de Santander, el Comité Nacional realizará el sábado 14 de marzo una concentración en la Plaza del Socorro, a la que asistirán nutridas delegaciones provenientes de todo el país. El MOIR ha lanzado la orientación general de agitar durante todo el año el recuerdo de la sublevación comunera, y de celebrar el bicentenario a la manera revolucionaria, con la consigna de: «Por la segunda Independencia, unión de los oprimidos contra los opresores».

CINCO AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE CASANARE

Con diversos actos conmemorativos celebró sus cinco años de fundación la Ocidec, Organización Campesina Intendencial de Casanare, el pasado 1 y 2 de noviembre. En Yopal se congregó más de un centenar de delgados campesinos, sindicalistas y grupos artísticos, quienes exaltaron el primer lustro de luchas de dicha organización.

Desde apartadas veredas, sumidas en la profundidad del Llano, algunos de los colonos caminaron cinco días con tal de poder asistir a la celebración. Desde Bogotá llegó una delegación encabezada por el concejal del FUP, Avelino Niño; por dirigentes de los sindicatos de Fecode, Sintracreditario, Aceb, Sindillantas, Sintrateléfonos, Sintraicasa, Sinucom, Sintrabancaldas y por el Teatro Libre y el Conjunto Son del Pueblo.

De Boyacá arribaron representantes del Movimiento de Renovación Sindical, de Sindimaestros, de la Seccional del Sindicato de Trabajadores de Acerías Paz del Río y de Aceb de Sogamoso.

El domingo 2 de noviembre, al mediodía, la Ocidec realizó una nutrida manifestación en la Esquina del Transporte, en Yopal. Los oradores recordaron cómo doce años después de la falaz amnistía de 1953, el campesinado llanero se sintió traicionado y más perseguido y oprimido que nunca. Sobreponiéndose al desconcierto sufrido por la entrega y el asesinato de varios de sus dirigentes, los agricultores decidieron organizarse para defender sus vidas y sus tierras. Rompieron entonces con los partidos de los mandamases y principiaron a realizar sus primeros contactos con los sectores más avanzados de la clase obrera colombiana.

Fue este proceso de búsqueda de nuevos caminos el que cristalizó hace cinco años con la conformación de la nueva Organización Campesina Intendencial de Casanare.

Durante la asamblea general de Ocidec, la delegación del municipio de Maní denunció los atropellos de que vienen siendo víctimas más de ocho familias de la vereda Las Brisas, con la tolerancia del alcalde, quien defiende el acaparamiento de baldíos por un terrateniente. Los labriegos del Comité Veredal de Huerta Vieja, del municipio de Pajarito, relataron cómo un escuadrón de policías, enviado por el gobernador de Boyacá, incendió sus viviendas, arrasó los cultivos y confiscó sus papeles de identificación, para también respaldar la concentración de tierras en la región. Los campesinos de Orocué, después de caminar durante cinco días para asistir a la reunión conmemorativa, informaron sobre las componendas de las autoridades con los terratenientes para disponer de más de 50 mil hectáreas de terrenos baldíos y ociosos, y de las intimidaciones contra una veintena de familias que allí laboran la tierra.

El ultraje que mayor repudio suscitó entre la asistencia, fue el cometido contra moradores de la vereda El Caucho, del municipio de Nunchía. Allí los «campovolantes» y los funcionarios han desatado una feroz persecución contra los líderes agrarios y los habitantes de aquella vereda, hasta el punto de prohibir la pesca en las tomas del río Pauto. El 29 de septiembre pasado, por ejemplo, una cuadrilla de sicarios asaltó al dirigente de Ocidec, compañero Gregorio Moreno. Gracias a su coraje, Moreno pudo escapar con vida del cobarde atentado. El 13 de julio, el mismo grupo de matones torturó a uno de los trabajadores de la fundación La Bonanza. A mediados de 1980 fueron arbitrariamente encarcelados Reinaldo Teatín, Angelberto Murillo, José del Carmen Cruz y Neftalí Arias. El 3 de octubre del mismo año agentes del DAS apresaron a Plutarco Urbano en su propio sembrado, luego de haber propalado rumores sobre su muerte con el fin de amedrentarlo. Todos estos actos de terrorismo obedecen a un plan con el cual un minúsculo grupo de terratenientes quiere desalojar a 186 familias de las posesiones que, tras largos y duros años de trabajo, han civilizado en las 26.500 hectáreas del latifundio El Desecho-Quitebe. Sin embargo, en defensa de sus fundos, los habitantes de El Caucho se fundieron como un solo puño, bajo la orientación de la Ocidec, y tres veces se han lanzado a derribar las cercas tendidas por los latifundistas.

La asamblea congregada en Yopal condenó, finalmente, esta oleada de violencia orientada por los déspotas del campo con la anuencia del gobierno, y procedió a elegir nueva junta directiva. Resultaron señalados José Alberto Molina, como presidente; Plutarco Urbano, como vicepresidente; Alfredo Reyes, como secretario; Roberto Chaparro como tesorero y Reinaldo Teatín como fiscal.

SIGUE RACHA DE ALZAS

Durante los últimos meses de 1980 y en lo que va corrido de 1981, el costo de la vida se ha elevado en proporciones alarmantes para la mayoría de los colombianos. En octubre pasado el gobierno decretó un reajuste del 32% en los precios de la gasolina y demás derivados del petróleo, y por quinta vez en el lapso de dos años autorizó un aumento de cincuenta centavos en las tarifas del transporte urbano. Poco tiempo después la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ascendió el valor del servicio en un 45%, estableciendo un sistema de alzas «upaquizadas» que regirá hasta el 31 de octubre próximo. En diciembre de 1980 las autoridades permitieron un incremento en los precios de los arrendamientos, y a principios de 1981 promulgaron una revisión de avalúos catastrales que afecta a millares de familias en los barrios indigentes de Bogotá. Hasta el DANE tuvo que reconocer hace poco que la sal, las gaseosas el azúcar, la carne, la leche, la panela, las frutas, las verduras y muchos otros alimentos habían subido en términos escandalosos. En todo el país se ha desatado un torrente inflacionario que afecta los distintos renglones de la economía y que agrava todavía más la situación de miseria en que se debaten los obreros, los campesinos pobres y los sectores medios de la sociedad.

TRIUNFA PARO DE RECOLECTORES DE ALGODÓN EN CÓRDOBA

Centenares de recolectores de algodón de las zonas de Colombia, El Carito, El Bongo, El Paso de las Flores y Morales, del departamento de Córdoba, realizaron el 12 y 13 de enero de este año, un exitoso paro. Esta lucha fue orientada por las Ligas Campesinas Independientes de Córdoba con las consignas de mejores precios para la recolección, control de las romanas con las cuales se pesa la mota cogida por los jornaleros, transporte hasta cultivos y aprovisionamiento permanente de agua pura para los trabajadores. Pese a la represión que se ejerció sobre el movimiento y al enganche de peones de corregimientos aledaños a la región, para tratar de hacer fracasar el paro, se consiguió arrancar a los explotadores aumentos significativos en el kilo de algodón acopiado, el cual pasó de $2.50 a $3.50 en la mayoría de los casos y hasta $4 tratándose del algodón de primera, y a $5 y $6 el de segunda.

El desempleo y la abundancia de mano de obra barata en Córdoba han contribuido a que los terratenientes paguen sumas irrisorias por la recolección del algodón, muy por debajo de lo que se ofrece en otras zonas del país. Además, a del pesaje, los capataces, mediante la alteración de las basculas, les roban a los recogedores por cada lona de cinco a diez kilos. Tradicionalmente no se cumple ni siquiera con la liquidación del salario mínimo, dominicales, prestaciones sociales, subsidio familiar y, mucho menos, con los servicios de salud.

Los grandes sembradores y las autoridades, ante la justa actitud de los recolectores, militarizaron la región, colocando en cada zorra y tractor un carabinero. La intimidación oficial se dirigió de manera especial contra los dirigentes de las ligas, los compañeros Benito Madera y Miguel Atilano. También contra los sindicalistas que se solidarizaron con la pelea de los campesinos. El 20 de enero, en el municipio de Ciénaga de Oro, agentes del F-2 allanaron la casa de la profesora Consuelo Ahumada, la detuvieron y la trasladaron al batallón Junín de Montería. El Comité Regional de Solidaridad se pronunció contra este atropello y exigió la libertad de la compañera.

VISITA DEL MOIR A CHINA

Atendiendo una cordial invitación del Comité Central del Partido Comunista de China, una delegación de la dirección nacional del MOIR, encabezada por el camarada Francisco Mosquera, visitó la República Popular de China, durante el pasado mes de julio, y efectuó una intensa correría por diversas provincias del país y sitios de atracción histórica y política. El encuentro entre nuestros dos partidos fue aprovechado para examinar asuntos de común interés, no sólo en lo referente al desarrollo de la revolución de Colombia y China, sino a la evolución de los acontecimientos internacionales, particularmente los que tienen que ver con los avances expansionistas del socialimperialismo soviético. Se reiteraron los sentimientos de mutua solidaridad e indestructible amistad que une a los pueblos de Colombia y de China.

INICUA PERSECUCIÓN CONTRA DIRIGENTE DEL MOIR EN ARAUCA

En cumplimiento de los despóticos mandatos del gobierno turbayista, las autoridades de la intendencia de Arauca han desatado una atrabiliaria campaña de hostigamientos contra los dirigentes y militantes del MOIR en esa región. En menos de un año, Juan Simón Rico, secretario de nuestro partido en Arauca, ha sido encarcelado en seis oportunidades, con los argumentos más baladíes. El 1° de abril del año pasado fue detenido, junto con el compañero Luis Francisco Mosquera Gómez, bajo la acusación de mantener vínculos con «grupos subversivos». Rico permaneció incomunicado en las celdas de la VI Brigada, con sede en Villavicencio, en donde fue golpeado y sometido a interrogatorios con vendas en los ojos. Con diversos pretextos volvió a perder la libertad el 5 y 27 de junio, el 30 de julio y el 1 y 2 de septiembre del año pasado.

También han sido blanco de la persecución los compañeros Clímaco Ayala y Francisco Acosta Félix. A este último lo llevaron a la cárcel acusado de recibir propaganda ilegal, luego de que su correspondencia fue violada y a pesar de comprobarse que el sobre sólo contenía recortes de noticias aparecidas en la prensa oligárquica. La Organización Campesina Intendencial de Arauca, Ocida, repudió el ataque que un inspector de la vereda de Betoyes efectuara contra una familia campesina y durante el cual el funcionario disparó contra una anciana de 105 años y encañonó a una niña de siete años en hechos ocurridos el 9 de agosto del año pasado. Posteriormente, la casa del Presidente de la Ocida, compañero Pedro Herrera, fue allanada en dos ocasiones.

Preso militante en Urabá
El 4 de octubre del año pasado, en San Pedro de Urabá, Antioquia, fue encarcelado durante varias semanas y bajo falsas acusaciones el compañero Sixto Negrete. El 6 de julio del mismo año, y en aquella región, la policía detuvo a seis militantes del MOIR cuando regresaban de participar en un acto de homenaje a Consuelo de Montejo.

TRASCENDENTAL XXX ASAMBLEA DE SITTELECOM

Bajo el lema de “Lucha contra el despotismo turbayista, contra las camarillas traidoras de UTC y CTC y contra la conciliación de la CSTC”, se realizó en Bogotá del 24 al 29 de noviembre la XXX Asamblea Nacional de Sittelecom, en la cual midieron fuerzas el sector revolucionario, encabezado por Agustín González, y la contracorriente mamerta. En la confrontación tomaron parte 145 delegados, que representaron a 12.000 trabajadores y a siete regionales y 31 sub-directivas. Los dirigentes del Comité Regional de Solidaridad de Cundinamarca asistieron como delegados fraternales y fueron invitados a ocupar la mesa directiva.
La reunión fue victoriosa para el sindicalismo independiente, puesto que repudió la traición de las centrales gubernistas UTC y CTC, así como el celestinaje de la CSTC, y puso en franca minoría la plancha auspiciada por el partido revisionista. Además, aprobó el pliego petitorio que fue presentado a la empresa en diciembre.

Agustín González, reelegido como presidente del sindicato, rindió el informe central ante los delegados y condenó la política que adelanta el Partido Comunista en el movimiento obrero. Tras denunciar el II Foro por los Derechos Humanos, González dijo: “Lo que más indignación causa es que quienes comandan el esfuerzo por mantener viva en la mente de nuestro pueblo la reaccionaria tradición de 160 años de despótico republicanismo burgués, sean quienes se llaman a sí mismos Partido Comunista, cuando no pasan de ser una adocenada caterva de vencejos liberales. ¿Pues qué otra manera hay de llamar a quienes promueven la división del movimiento obrero aupando la política pro-gobernista y conciliadora del Consejo Nacional Sindical? ¿Hay alguien en esta asamblea que defienda los turbios manejos de las camarillas vende-obreros de la UTC y la CTC?

HOSTIGAMIENTO CONTRA COSECHEROS DE SABANA DE TORRES

Los Comités de Defensa Campesina del Bajo Lebrija, de la región de Sabana de Torres, en Santander, denunciaron a finales del pasado año la permanente represión por parte de los terratenientes, el ejército y las autoridades. Néstor Arenas Moreno, concesionario de la Ford, miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero de Santander propietario de más de ocho mil hectáreas de tierra y dueño y accionista mayoritario de importantes empresas, sin poseer ningún título de propiedad, alega ser el dueño de la finca «La Simónica» y, con la complicidad de las autoridades, hostiga permanentemente a las 22 familias que, damnificadas por la violencia del invierno de 1979, decidieron poner a producir aquellos terrenos baldíos.

La quema de ranchos, los encarcelamientos, como el del campesino Álvaro Lozano, quien permanece en la Cárcel Modelo de Bucaramanga desde el 14 de marzo pasado, y los desmanes de los uniformados son el pan de cada día para estas familias laboriosas. El 8 de agosto, por ejemplo, un oficial del puesto militar de Intercol detuvo arbitrariamente al campesino Manuel Botía por estar escuchando unas grabaciones de los discursos pronunciados durante un acto de solidaridad con los colonos de «El León», de San Vicente, que se había efectuado el día anterior. Posteriormente, el 27 de agosto último, una patrulla del ejército retuvo a diez campesinos bajo la única acusación de estar viviendo en la margen de la carretera a Provincia. Tres de ellos permanecieron incomunicaos durante cinco días en la prisión municipal de la Sabana. El Incora, fiel a su papel de aparato del Estado al servicio de los terratenientes, ha permanecido al lado de los opresores. Los supervisores van al campo a presentar la apariencia de preocupación por este conflicto mientras sus directivos regionales andan en comilonas y banquetes con los sojuzgadores de los labriegos.

En un comunicado público los Comités Campesinos Independientes de San Pablo, Bolívar; los Comités Campesinos de Yondó, la Unión Campesina de Santander, Aceb, Sintracreditario, Asandip, Aspu, Sindinalch, Sintucoop, Sintrasec, Sintrageofraficos, Anebre, Sittelecom, Aspes, Sinucom, Sintrabansan, Uso, Sintrametalúrgicos y Sintranal, pertenecientes a la coordinadora del Sindicalismo Independiente de Santander, respaldaron a los campesinos del Bajo Lebrija y rechazaron los atropellos, brindándoles además su plena solidaridad proletaria.

Arrasada invasión en Puerto Nare
Cerca de 50 uniformados desalojaron violentamente, el pasado 29 de agosto, a 250 familias que el 4 del mismo mes habían ocupado predios incultos pertenecientes a un terrateniente de La Sierra, municipio de Puerto Nare. Las hordas policiales acantonadas en Puerto Berrío y Puerto Nare derribaron las humildes viviendas de cartón y palma que habían sido levantadas por los mineros, trabajadores ferroviarios y cementeros, en lo que fue calificado por los sencillos moradores como «un asalto del gobierno turbayista». Varias personas resultaron heridas a consecuencia de la arremetida oficial, algunas fueron encarceladas y una mujer embarazada abortó y su estado de salud fue bastante delicado.

El Regional del MOIR en Antioquia repudió este vil atropello en un comunicado público y alentó a las gentes de La Sierra a perseverar en el combate por la tierra.

OLEADA DE ACCIDENTES LABORALES

Nuevas tragedias han venido a engrosar la abrumadora lista de accidentes laborales. El 17 de enero, once trabajadores murieron y veinte sufrieron graves heridas al hacer explosión el gas metano acumulado en un túnel de la represa de Chingaza, situada al oriente de Bogotá. Como se pudo comprobar, el hecho se debió a la negligencia del consorcio contratista, la firma Ingenieros Civiles Asociados (ICA) de México, que descuidó el mantenimiento en los tubos de ventilación. Un accidente similar, que se produjo en 1978, había costado la vida a cinco obreros.

En Armenia, el 12 de enero, perecieron ahogados ocho trabajadores que limpiaban de escombros un canal subterráneo construido hace 50 años. En este sitio laboraba una cuadrilla compuesta por treinta hombres, cuando un violento aguacero hizo crecer el caudal del alcantarillado. La empresa contratista sólo disponía de una escalera para evacuar a los obreros y, para colmo, la tarea de salvamento no se comenzó a tiempo.

Entre el 15 y el 25 de enero, debido a una contaminación del agua potable, resultaron intoxicados cuarenta trabajadores en la fábrica de camisas Manhattan de Bogotá. Cuatro de ellos fallecieron posteriormente. Desde hace cuatro meses se venían detectando filtraciones de aguas negras en las tuberías del acueducto, sin que la empresa distrital pusiera ningún remedio.

Y el 22 de enero, en la represa de San Carlos, Antioquia, que asimismo construye la empresa mexicana ICA, otra explosión segó la vida de un trabajador e hirió a tres más, por causa de una dinamita en mal estado que estalló antes de tiempo.

Pese a que son innumerables los accidentes laborales, el gobierno se niega a poner en marcha un programa serio de seguridad industrial, para no lesionar los intereses de los patronos. Bajo este régimen, el obrero debe exponer a diario su vida para tener derecho a un salario.

DURA Y HEROICA SERÁ LA LUCHA SALVADOREÑA POR LA LIBERTAD

Para los cinco millones de habitantes de El Salvador, los primeros veinte días de 1981 fueron un período muy rico en acontecimientos políticos. El 9 de enero, con la consideración de que había que pasar a la insurrección antes del ascenso al Poder del presidente electo de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que se efectuó el 20 del mismo mes, las organizaciones guerrilleras agrupadas alrededor del Frente Democrático Revolucionario (FDR) decretaron el comienzo de la “ofensiva final”. A las pocas horas de haber dado a conocer sus intenciones atacaron un aeropuerto del ejército en las afueras de San Salvador, convocaron a una huelga general contra el gobierno y se apoderaron de algunas poblaciones de provincia. Los principales combates tuvieron lugar en las calles de Santa Ana, la segunda ciudad más grande del país, y en las regiones campesinas de Morazán, Chalatenango y San Vicente.

Mientras los marines que custodian la Embajada de los Estados Unidos eran puestos en estado de alerta, dos asesores norteamericanos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, junto con el presidente de la misma entidad, cayeron abaleados por grupos paramilitares de extrema derecha en un hotel de la capital.

Mil doscientas personas, entre obreros, trabajadores del campo, dirigentes políticos y sindicales, estudiantes, sacerdotes y periodistas perdieron la vida durante las primeras tres semanas del año que comienza, cuando la fuerza pública inició su contraataque. La violencia cotidiana ejercida contra el pueblo se recrudeció hasta el borde de lo insostenible en un nación que, según palabras de Alexander Haig, el nuevo jefe de la diplomacia yanqui “constituye el mayor desafío para la seguridad de Estados Unidos en el área centroamericana”.

El genocidio
De acuerdo con informes de la Iglesia Católica, en el curso de 1980 fueron asesinados cerca de diez mil salvadoreños por efectivos de la Guardia Nacional y de los escuadrones de la muerte. Estos últimos, como “Orden” y la “Unión Guerrera Blanca”, que se mueven sin ningún impedimento legal, reciben ingentes sumas de dinero por intermedio de la oligarquía criolla exiliada en Miami, actúan con el apoyo sistemático de los altos mandos militares y tienen a su disposición todos los arsenales del gobierno. Por otra parte, estadísticas de las Naciones Unidas señalan que 3.500 presos “desaparecieron” misteriosamente de las cárceles durante el año pasado, y que en el resto de países de América Central hay unos 200 mil refugiados, en su mayoría campesinos, provenientes de El Salvador.

Aunque la represión ha cobrado innumerables víctimas en todos los sectores de la sociedad opuestos a la Junta fascista, son los pobres de las zonas rurales contra quienes la barbarie se enseñorea con mayor crudeza. Uno de los casos más patéticos sucedió el 14 de mayo de 1980, sobre las riberas del río Sumpul, en la frontera con Honduras, cuando catorce camiones del ejército salvadoreño llegaron a la aldea de San Jacinto y los soldados ejecutaron en masa a todos los habitantes, acusados de colaborar con las guerrillas. Un testigo de los hechos afirmó que seiscientos agricultores murieron fusilados contra un viejo paredón de adobe, en una masacre que duró hasta el anochecer, luego de que los militares incendiaran sus viviendas y arrasaran sus cultivos de maíz y de mandioca. Los cadáveres fueron arrojados a las aguas del Sumpul, y los pocos sobrevivientes que lograron huir a territorio hondureño perecieron bajo el fuego de las tropas locales, estacionadas al otro lado de la frontera.

En los cantones de esta región limítrofe entre los dos países, que se extiende a lo largo de 340 kilómetros de terreno agreste y montañoso, la Guardia Nacional de El Salvador ha emprendido verdaderas campañas de exterminio contra la población civil. A pesar de que la zona estuvo bajo control y vigilancia de la OEA desde la llamada “guerra del fútbol”, en 1969, hasta el Tratado de Tegucigalpa, suscrito por ambas naciones en diciembre de 1980, los campesinos que residen en ella han soportado toda clase de vejámenes y han tenido que aprender a defenderse como puedan. La dictadura militar bombardea sus campos de labranza, los persigue hasta en los caseríos más lejanos y los acorrala finalmente en los linderos con Honduras, donde millares de proscritos han sido “reubicados” en paupérrimos refugios, si consiguen escapar con vida. El baño de sangre que se ha desatado contra ellos, y contra el pueblo salvadoreño en su conjunto, sólo es comparable con el que sufrieron sus antepasados en 1932, en tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez, cuyo gobierno reprimió un levantamiento agrario en las provincias de Izalco, Sonsonate, Ilopango, Zaragoza y Cabañas con un saldo de 30 mil agricultores muertos.

Los labriegos de ese entonces peleaban por la tierra; por el derecho a sembrar, a trabajar y a organizarse en forma autónoma; por la baja de los arriendos en los latifundios cafeteros, y por el pago de mejores jornales durante los meses de recolección de las cosechas. Hoy, medio siglo después, sus descendientes continúan luchando por la misma causa.

Los amos de la heredad
En 1944, cuando se vino a pique el régimen del general Maximiliano Hernández Martínez, después de varios meses de huelgas, manifestaciones y conflictos callejeros, El Salvador seguía siendo uno de los países más atrasados del mundo. Como en la actualidad, la mayor parte de su economía estaba dedicada a producir café y materias primas con destino a los mercados norteamericanos, y unos cuantos monopolios foráneos controlaban los ferrocarriles, los servicios públicos, los puertos y el comercio exterior. Un número insignificante de grandes terratenientes era dueño del 42 por ciento de la tierra cultivable, y la naciente industria manufacturera había caído en manos de las mismas 14 familias propietarias de los bancos, las empresas de aviación, las firmas importadoras de maquinaria, los almacenes de lujo, los hoteles, los teatros y los cementerios.

El derrocamiento del tirano no significó gran cosa para esta oligarquía voraz, intermediaria y parásita, que ha manejado la vida política de la nación desde la independencia de España hasta nuestros días. Sus adalides de turno exigieron un Consejo de Gobierno que administró sus intereses comunes durante los meses de insubordinación popular, y a partir del término de ésta, en abril de 1944, se las ingeniaron para colocar en el Poder a diferentes mandatarios, civiles y militares “elegidos” o impuestos por las armas, que regentaron el país hasta 1961. El resultado fue que El Salvador inició la década de los años sesentas en condiciones de indigencia aún más alarmantes que las anteriores. Sólo tres de cada diez personas encontraban trabajo permanente en las ciudades; el analfabetismo llegaba al 73% en las zonas rurales; menos del ocho por ciento de la población recibía la mitad del ingreso nacional, y el consumo de calorías por habitante no era muy superior a los niveles registrados en Biafra.

Sin embargo, a raíz del triunfo de la revolución cubana, un acontecimiento que alentó a los inconformes de todos los rincones de América Latina, el dominio absoluto de la oligarquía salvadoreña comenzó a ser impugnado una vez más. Contra la costumbre establecida hasta el momento, algunos sacerdotes de la Iglesia Católica denunciaron el contraste entre la miseria total de la inmensa mayoría y el derroche ostentoso de una pequeña casta de privilegiados. Los estudiantes universitarios señalaron al imperialismo norteamericano como el principal causante de la pobreza material y cultural de El Salvador, y muchos de ellos se vincularon a los paros obreros, a las invasiones campesinas, a los brotes periódicos de descontento. El estruendoso fracaso de la estrategia estadinense de aquel tiempo conocida con el nombre de Alianza para el progreso, contribuyó a gestar un movimiento de rebeldía que puso de manifiesto toda la hondura de la crisis. Surgieron nuevas agrupaciones políticas y otras salieron de la clandestinidad.

El reformismo en acción
En 1970, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista (UDN) conformaron una coalición de fuerzas que se llamó la Unión Nacional Opositora (UNO). El PDC había sido fundado en 1962 por un sector de terratenientes alejados de la burocracia estatal y molestos con algunas medidas del gobierno, el MNR representaba a un núcleo de industriales, intelectuales y comerciantes partidarios de la socialdemocracia europea, y la UDN era la mampara que utilizaba el Partido Comunista pro-soviético de El Salvador para ganar adeptos.

La Unión Nacional Opositora (UNO) se presentó a las elecciones de 1972 con un programa conjunto que prometía “modernizar la sociedad, fomentar un desarrollo independiente de la economía y defender los derechos inalienables del pueblo salvadoreño”. Su plataforma política estipulaba que “dentro de las normas constitucionales bien cumplidas puede lograrse un Estado social, justo, libre y soberano” y, sus declaraciones públicas aseguraban a los trabajadores que unas cuantas reformas conseguidas a través de las urnas, eran suficientes para que el país saliera de su atraso secular y se implantara el imperio de la democracia. El actual jefe de la Junta Cívico-Militar, José Napoleón Duarte, figuraba como candidato a la Presidencia de la República en las islas oficiales de la UNO; Guillermo Manuel Ungo, hoy dirigente máximo del Frente Democrático Revolucionario (FDR), fungía como su compañero de formula.

A pesar de que los dos personajes obtuvieron la mayor cantidad de votos, un escandaloso fraude electoral impuso en el poder al coronel Arturo Molina, quien gobernó hasta 1977 en nombre de los grandes potentados de la tierra y las finanzas y organizó los comicios de este año. La Unión Nacional Opositora resultó victoriosa una vez más, pero diversas artimañas en los escrutinios le dieron el triunfo al general Carlos Humberto Romero quien desempeñó el cargo hasta 1979. Ambos regímenes reprimieron de manera sanguinaria a sindicatos fabriles y asociaciones del campo. Las universidades fueron militarizadas. Una huelga nacional de educadores tuvo que ser levantada a balazos por la policía, y las bandas armadas de los latifundistas e iniciaron los asesinatos en las regiones agrarias.

El Partido Comunista, sin embargo, continuó con su estrategia de buscar “mejoras” en el marco de la Constitución y de las leyes, y su proceder conciliador, claudicante y liberal terminó por desenmascararlo incluso ante su propia militancia. Su dependencia de la Unión Soviética y su bancarrota ideológica y política, junto con el auge las luchas populares de entonces, fueron factores que ayudaron a que los numerosos destacamentos obreros, campesinos y estudiantiles se decidieran a construir nuevas organizaciones. Así, en el curso de la década del 60, aparecieron los principales grupos guerrilleros de la actualidad: las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN).

El cuartelazo
El 15 de octubre de 1979, menos de tres meses después de que cayera Anastasio Somoza en Nicaragua, una Junta Cívico Militar de cinco miembros se hizo cargo del gobierno salvadoreño. El embajador norteamericano se comunicó personalmente con el general Carlos Humberto Romero, vencedor en las elecciones de 1977, y le aconsejó que se exiliara en Guatemala, donde sin duda sería bien recibido. Un vocero del Departamento de Estado declaró al día siguiente que el nuevo régimen de El Salvador significaba una “apertura” de carácter ‘progresista y razonable’. El coronel Adolfo Arnoldo Majano, uno de los promotores de la revuelta, concedió una conferencia de prensa para manifestar que los Derechos Humanos y las reformas moderadas serían los objetivos centrales de su administración. A las pocas horas fue disuelto con tanques un desfile de fuerzas democráticas en las calles de la capital, y en algunas poblaciones rurales se utilizaron bombas incendiarias para sofocar a los rebeldes. La Junta suspendió las garantías constitucionales, instauró la ley marcial y decretó el toque de queda.

El propósito de los golpistas no era destruir la maquinaria del Estado oligárquico sino remozarla; no buscaban abolir los aparatos represivos sino embellecerlos: intentaban realizar algunos cambios menores en el terreno económico y político, pero pretendían que tales cambios no afectaran a las clases dominantes, y que se adelantaran por medio de un ejército con el poderío suficiente para prevenir cualquier desbordamiento revolucionario de las masas. Un trabajador agrícola del departamento de Chalatenango resumió la situación en esta forma: “El golpe lo dio la misma institución que le ha servido de soporte a todas las dictaduras salvadoreñas, y sus cabecillas jamás le pasarán la cuenta de cobro a los responsables de que el país se encuentre al borde de la guerra civil”.

Aunque los hechos posteriores confirmaron la verdad de estas palabras, en el mes de octubre de 1979 casi todo el mundo procuraba ignorarlas. La Organización de Estados Americanos, las naciones del Pacto Andino, gobiernos como el de Nicaragua, Cuba, Granada, Jamaica y Panamá, expresaron su reconocimiento a la Junta y prometieron apoyarla. Una delegación de diplomáticos panameños, que trataba de servir de mediadora entre los militares y las guerrillas, se entrevistó con representantes de Fidel Castro en noviembre de 1979, y de común acuerdo decidieron “influir para bajar el nivel de los enfrentamientos y respaldar la tesis de la tregua”, que en síntesis quería decir dos cosas; darle tiempo al régimen salvadoreño para sacar adelante sus pretendidas reformas, por una parte, y estimular a los sectores “democráticos y progresistas” de las Fuerzas Armadas, por la otra.

Todos los partidos políticos de El Salvador, sin excepción alguna, se sumaron a la “tregua” mencionada. La Democracia Cristiana, el Movimiento Nacional Revolucionario y el Partido Comunista pro-soviético integraron el primer gabinete ministerial. El ex presidente Carter ofreció reanudar la ayuda económica, y la violencia reaccionaria siguió cobrando su cuota inexorable de víctimas.

La intervención foránea
Cuando se hizo evidente que los cambios anunciados no estaban dirigidos a beneficiar al pueblo, y cuando quedó absolutamente claro que los grupos paramilitares de extrema derecha contaban con el visto bueno de la camarilla gobernante, casi todos los ministros renunciaron a sus puestos. Los únicos que se mantuvieron en ellos fueron los del Partido Demócrata Cristiano. No obstante, la Unión Democrática Nacionalista (UDN), o sea el revisionismo, conservó su participación burocrática en Alcaldías y otros organismos menores hasta mayo de 1980, un mes después de que se promulgaran las leyes de Reforma Agraria, de “nacionalización” de la banca y del comercio exterior.

Hasta el día en que se expidieron los decretos, el 6 de abril de 1980, cerca de 1.500 personas habían caído asesinadas por el ejército desde el 15 de octubre de 1979, y más de 1.300 millones de dólares depositados en las cuentas bancarias de la oligarquía habían sido trasladados fuera del país.

Mientras tanto, millares de familias campesinas, que habían invadido latifundios ociosos desde mucho tiempo atrás, fueron desalojadas de sus tierras por la Guardia Nacional. El 5 de junio del año pasado, en el departamento de Cuscatlán, al norte de San Salvador, ochenta agricultores perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Diversos comentaristas han coincidido en afirmar que, a raíz del anuncio de la reforma agraria, se desató una verdadera campaña de crímenes y deportaciones masivas contra los labriegos salvadoreños.

Empero, lejos de adormecer el espíritu insumiso de la población, las reformas chocaron con la resistencia organizada de los campesinos, los obreros, los estudiantes y sectores medios de la sociedad. La Junta Cívico Militar se vio obligada a incrementar los hechos de terror con el objeto de llevarlas a la práctica, y para ello decidió encumbrar en el Poder a un hombre que gozara de la confianza plena de los Estados Unidos. El coronel Majano fue destituido de todas sus funciones, sin pena ni gloria, y José Napoleón Duarte, miembro del Partido Demócrata Cristiano, pasó a ocupar la Presidencia de la República.

Ronald Reagan, en diciembre de 1980, declaró con respecto a la situación de El Salvador: “No se puede pelear en una guerra civil y establecer reformas al mismo tiempo. Primero hay que salir de la guerra civil, y luego establecer las reformas”. Cuatro presidentes que lo antecedieron en el cargo perpetraron desembozados actos de agresión armada contra América Latina durante los dos primeros años de sus respectivos mandatos: Eisenhower intervino en Guatemala por intermedio de un ejército de mercenarios, para derrocar a Jacobo Arbenz en 1954; Kennedy ordenó la frustrada invasión de Bahía Cochinos, en la isla de Cuba, en 1961; Jhonson patrocinó el abaleo de decenas de estudiantes panameños en enero de 1964 y dispuso el desembarco de 450.000 marines en la República Dominicana, a principios de 1965, y Nixon estuvo al frente de las operaciones que condujeron al asesinato de Salvador Allende y a la posterior masacre de los trabajadores chilenos. No existe ningún motivo de peso para suponer que el nuevo héroe de los monopolios yanquis, Ronald Reagan, vaya a ser una excepción a esta regla.

Por el contrario, una de las primeras medidas de su administración fue la firma de un acuerdo de ayuda económica por 65 millones de dólares que serían otorgados al gobierno de El Salvador junto con fusiles automáticos, municiones, granadas y helicópteros para el transporte de tropas. El material y los empréstitos han sido utilizados por la dictadura demócrata cristiana para combatir con más fiereza al movimiento guerrillero, cuya “ofensiva final” logró desembocar en una insurrección de envergadura nacional pero que aún se mantienen firme en las regiones campesinas de Chalatenango, Morazán, La Unión y San Vicente, donde los rebeldes siguen hostigando al enemigo y recuperando medios de guerra para armarse y continuar la lucha.

El pueblo salvadoreño tendrá que preparar a sus huestes para una batalla prolongada y difícil, sin dejarse intimidar por el despotismo y sin caer en las manos de los reformistas y los demagogos. Sus combatientes habrán de levantar la bandera de la soberanía nacional contra el imperialismo norteamericano, y al mismo tiempo deberán cuidarse de las pretensiones hegemónicas de la Unión Soviética y de sus aliados, que sólo buscan manipular la crisis del país en beneficio de sus propios intereses de expansión. En el camino que les queda por delante, los desheredados de El Salvador contarán con el apoyo entusiasta, generoso y desinteresado de todos los pueblos del mundo.

Marcel Salamín:
Fue Asistente del jefe de Gobierno de Panamá, general Omar Torrijos, de octubre de 1977 a octubre de 1978, y a partir de entonces se desempeñó como asesor político del Comandante en Jefe de la Guardia Nacional panameña. En julio de 1979 fue nombrado embajador de la República de Panamá ante el gobierno de Nicaragua, y en septiembre de ese mismo año asistió a la VI Conferencia Cumbre de Países No Alineados, celebrada en La Habana, Cuba, en calidad de asesor del general Torrijos. A finales de 1979, el señor Salamín presidió la delegación de diplomáticos panameños que intentó servir de mediadora en la crisis de El Salvador.