Categoría: Tribuna Roja N°62, Bogotá; octubre 12 de 1995

Por Alfonso Hernández

Vivir para ver. ¡Los magnates de Washington blasonando de defensores de la democracia y de la moral! Sólo que toda la historia del siglo XX los desmiente. ¿No fueron ellos los que prohijaron los regímenes venales y antipopulares de América Latina? Las dictaduras de Porfirio Díaz, Fulgencio Batista, Pinochet, Duvalier, ¿no fueron acaso sus serviles aliadas? ¿Y en las nóminas de sus agencias policiales no figuraron Noriega y Cedrás?

Lo que sucede es que el fin de la Guerra Fría calentó la cabeza del Tío Sam. ¡El mundo para los norteamericanos!, es la desquiciada divisa de la hora. Por ello sus voceros van a Tokio, Bruselas, Pekín, Seúl, exigiendo apertura de mercados para sus productos. Y amenazan con castigar a los desobedientes. Con uno u otro ropaje intervienen militarmente en Granada, Panamá, Somalia, Irak, Haití o la desmembrada Yugoslavia, siempre con el real objetivo de imponer sus condiciones económicas.

A América Latina la necesitan como retaguardia imprescindible para sus piráticas incursiones en el resto del orbe. Las economías al sur del Río Grande constituyen un enorme mercado para sus productos, una fuente de materias primas a precio de quema y, como si fuera poco, la mano de obra abunda y es barata. Los linces de las finanzas siempre han sacado jugosas ganancias a sus inversiones en esta región del continente. Se trata entonces de afianzar la garra. Además, la retaguardia del imperio debe lucir democrática. Exhibir la democracia de la «era americana», erigida sobre la base de que centenares de millones de seres trabajan para un puñado de monopolistas; democracia que de tal no conserva sino el nombre y algunos signos exteriores.

A estos fines deben adecuarse las instituciones políticas y jurídicas. Aquello que no se amolde perfectamente ha de ser arrasado. Los líderes de los partidos oligárquicos son compelidos a actuar con mayor sumisión, ya que los proyectos internacionales de los monopolios no pueden ser aplazados por «obsoletas» circunstancias de índole nacional. Para los gringos el ejemplo es Antanas Mockus, quien no acepta modificación alguna en el monto de la sobretasa o en el Plan de Desarrollo del Distrito. La «democracia participativa», nombre que se ha dado al engendro institucional colonialista, no excluye, sino que presupone la imposición a rajatabla.

Los financistas internacionales se apoyan en sus antiguos mayordomos, como el PRI y los demás partidos tradicionales, pero a la vez lo vapulean. Con ese propósito alientan a toda clase de advenedizos para formar un «político más técnico», menos «corrupto», que utilice los préstamos extranjeros para los fines de los prestamistas; menos sometido a los «grupos de presión local» y más obediente a la cúpula del poder mundial. Crean los «centros de pensamiento» (Think Tanks), auspiciados por los trust como competidores de los partidos. Tales centros trazan orientaciones políticas e ideológicas para ser impulsadas por las Organizaciones No Gubernamentales en los diversos países. El engranaje lo completan los medios masivos de comunicación. Con todas estas herramientas se busca sujetar más la actividad política y el pensamiento a los intereses mediatos e inmediatos de los potentados del mundo.

El político, aun el de las clases reaccionarias, debía tener anteriormente algún conocimiento de la historia del país, de su economía, estar ligado a sectores nacionales y, quizá, tener algo de carácter y de opinión propios. Ahora son un mero producto de los asesores de imagen. Como otras baratijas, valen menos por el contenido que por el empaque. Entonces hay que mirar a la cámara, decir lo que la gente quiere oír, organizar conciertos de rock. Lo anterior, y la repetición interesada de la cartilla neoliberal, constituyen el armamento «ideológico» de estos vástagos contrahechos de la política de la metrópoli.

El narcotráfico, sólo un pretexto
El combate al narcotráfico ha sido el mejor disfraz para implantar en Colombia los mencionados sistemas del actual intervencionismo. Cientos de agentes gringos fisgan a sus anchas, graban conversaciones y efectúan chantajes. La pérdida del derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones es otro rasgo de la democracia de la «era americana». Desde luego, nadie se puede atrever a interferir los teléfonos de los agentes de la DEA, porque el Departamento de Estado exige sanciones ejemplares. Caso demostrativo de que el país no está bajo el imperio de la ley, sino bajo la ley del imperio.
Quien se oponga a la justicia sin rostro o a cualquiera otro de los inventos fascistoides, es acusado de complicidad con los narcotraficantes. Y el propio Samper ha dicho que aquel que procure el deterioro de las relaciones de Colombia con Estados Unidos, sirve a los carteles de la droga. Es santificar a quienes nos avasallan y satanizar a quienes hacen gala de altivez nacional.

En este período y para estos fines, el instrumento preferido por Norteamérica es el fiscal Valdivieso, personaje más bien opaco en el pasado, que alcanzó nombradía por su papel de inquisidor. En Washington los Gelbardt, los Constantine y los demás enemigos de Colombia lo agasajan. Es que Valdivieso opina: «La soberanía la tenemos que merecer, y la tenemos que merecer cuando superemos los problemas del desarrollo económico, cuando superemos los problemas y las dificultades en los temas del desarrollo humano, del desarrollo ético». Está bien que Valdivieso reconozca su subdesarrollo ético y humano; lo condenable es que lo convierta en instrumento para pisotear la soberanía nacional.

Se presta gustoso a que las investigaciones judiciales se utilicen como un espectáculo, con los rasgos maniqueos y sensacionalistas de un enlatado gringo. Con esa mira se filtran las indagatorias, porque, como decía Hommes, lo importante es el escándalo.

Desde 1989, antes de la creación de la Fiscalía, el fundador del MOIR, Francisco Mosquera, denunció la manera turbia como se manejaban las investigaciones judiciales que, en el caso del asesinato de Luis Carlos Galán, se orientaron a señalar apresuradamente unos responsables, lo que tuvo que reconocer recientemente Valdivieso al afirmar: «Haber orientado la investigación hacia una sola hipótesis, dejó de lado otras; por eso se habla de desviación de la investigación». Sólo que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Los actuales procedimientos de la Fiscalía son aún mucho más turbios.

La doble moral de los arribistas
Los Gaviria, los Hommes, los Montenegro, los Londoño, quienes hicieron carrera traicionando al país en el gobierno, hoy, amamantados por la OEA, el FMI, el Banco Mundial, intervienen abiertamente en la política colombiana. Hay que oír al secretario general de la OEA exigiendo llegar a la verdad sobre las relaciones entre políticos y mafia, cueste lo que cueste, cuando fue su gobierno el que negoció con Pablo Escobar y le instaló un nuevo centro de operaciones en La Catedral. Por este hecho, y por la posterior fuga del capo, sólo está preso un cabo de apellido Joya.
Estas gentes, que dicen representar la virtud ofendida, quieren hacer creer que se identifican con la causa de la moral, y lo que buscan es identificar la causa de la moral con sus intereses personales.
Desde los comienzos de la apertura, siendo ministro de Desarrollo de Gaviria, Ernesto Samper manifestó su actitud de aprobar la ofensiva norteamericana. Había dicho que sí quería la liberalización del comercio, pero gradual. Es decir, que se arruinaran nuestras manufacturas y nuestra producción agrícola, pero poco a poco. Ante las exigencias de Carta Hills, aceptó que se acelerara la apertura. Ese comportamiento obsecuente lo ha mantenido a lo largo de su gobierno.

Ante la arremetida imperial, ofreció acabar con los carteles de la droga y fumigar con glifosato media Colombia. Preso por Cortés en Ciudad de México, Montezuma entregó a la hoguera a los caciques que querían liberarlo; de igual manera, Samper aplaudió la campaña contra dirigentes de su partido y ofreció reformar el Congreso para hacerlo más dócil, reglamentar la actividad política, oficializar la oposición. Algunas veces su sumisa diligencia hasta obtuvo elogios de altos funcionarios norteamericanos. En agosto convocó el denominado pacto contra la violencia, cuyo contenido era el despliegue de una ofensiva de represión, el aumento de las penas a los menores de edad y la validación de los informes de los organismos de inteligencia como pruebas testimoniales.

El ejecutivo, en un arranque de desespero, acusó a la DEA de urdir una conspiración contra el gobierno. Las amenazas proferidas por ese organismo policial, por la fiscal y el Departamento de Estado norteamericanos, lo hicieron tragarse sus palabras. Samper y Serpa nos traen a la memoria el verso de Eduardo Carranza con el que indignado fustiga la pusilánime actitud de los dirigentes colombianos: «Propongo que se cambie emblemáticamente el cóndor por el avestruz en nuestro escudo».

De patio trasero a vanguardia revolucionaria
El hecho de verdadera importancia es que el pueblo colombiano cala con claridad cada vez mayor el objetivo recolonizador de la alharaca moralista. Las engañifas de la democracia de la «era americana», recién puestas en práctica, empiezan a desprestigiarse. Y América Latina cambiará la afrentosa condición de retaguardia del imperialismo por la muy honrosa de vanguardia revolucionaria.

(Publicamos apartes del documento que con el título de La apertura económica y la privatización de Ecopetrol, acaba de ser editado masivamente por los compañeros de la Unión Sindical obrera, la Asociación de Directivos de Ecopetrol y la Asociación de Trabajadores Temporales de Ecopetrol, con el objeto de lanzar una intensa campaña de esclarecimiento sobre los nefastos objetivos que se ha propuesto el gobierno samperista para extinguir la estatal petrolera y entregarle nuestro crudo a la voracidad de las multinacionales)

El pasado 22 de mayo las empresas consultoras contratadas por el ministerio de Minas y Energía y la administración de Ecopetrol, Booz Allen & Hamilton y Asesoría y Gestión, Cía. Ltda, presentaron para aprobación de Ecopetrol y posterior decisión del gobierno las recomendaciones de la reestructuración. Las conclusiones están dirigidas a mostrar que la eficiencia, la rentabilidad de la empresa, el pasivo laboral, la estructura administrativa inflexible, la ausencia de identidad o marca «Ecopetrol» y el agotamiento de activos en refinería son las debilidades y amenazas principales para el futuro de la empresa.

La conclusión malintencionada del estudio es que ni los intereses cobrados por la banca internacional, ni la cesión de los mejores yacimientos y el transporte (oleoductos), ni las cargas fiscales, la afectan tanto como sus compromisos con los trabajadores.

La demanda total de crudos muestra que 48.7% de la energía es consumida por sólo 5 % de la población mundial, concentrada en Norteamérica y Europa Occidental.

Reservas de hidrocarburos sí consolidan futuro de la empresa
Aquí toman importancia las posibilidades futuras de Ecopetrol, por cuanto representa 3.1% de las reservas mundiales de crudo y 0.45% de la producción, y en gas 7.4% en reservas y 0.4% en producción, según las estadísticas de la industria del petróleo a 1994.

Por lo mismo, sus posibilidades en reservas pueden crecer a 5.000 millones de barriles con Coporo y Floreña, superando los 3.100 millones reportados a diciembre de 1994, un incremento de 38% en términos de hoy. La producción que alcanzó un promedio de 534.602 barriles por día, se calcula que a partir de 1997 llegará a 750 mil barriles, sin Coporo, un aumento de 30% en la producción actual de crudo, y en gas de 74 mil millones de pies cúbicos de reservas, con 4 mil millones de pies cúbicos de producción. Esto significa una relación de reserva-producción para veinte años en petróleo, si se agotaran totalmente las hasta ahora probadas y no descubriéramos un solo barril más, y de cincuenta años en relación con el gas. Las propias cifras de Ecopetrol desmienten que por el lado de las reservas de hidrocarburos el futuro de la empresa se encuentre comprometido.

El estudio pretende justificar la apertura a una competencia mayor en la exploración y explotación de cuencas sedimentarias y la distribución de tierras en áreas petrolíferas, hoy apropiadas por las multinacionales, por cuanto mantienen más de 70% de la producción y de hectáreas para la explotación de hidrocarburos. De 534 mil barriles/ día de producción en 1995, Ecopetrol tuvo 113 mil barriles, 21% de la participación nacional; las empresas asociadas 408 mil barriles, 76% del total, y por concesión se produjeron 14 mil barriles, equivalentes a 2.56%. En la asignación de áreas, Ecopetrol tiene 3.9 millones de hectáreas, 4.7%, y las asociadas 6.6 millones de hectáreas, 7.4% del área total.

Lo anterior demuestra que las multinacionales prácticamente doblan a Ecopetrol, consolidándose su monopolio, al quedarse con las áreas promisorias gracias a la ayuda de la política petrolera oficial. Tal es la situación que el estudio pretende perpetuar a través del Comité de Recursos Petroleros, organismo que definirá las políticas de manejo del recurso y la asignación de áreas de exploración, y ejercerá la función de clarificar las relaciones económicas del Estado con la Empresa. Ecopetrol pasará de ser dueña de las áreas sedimentarias a simple solicitante de asignaciones de tierra para exploración y explotación.

Con la soga al cuello
Sobre refinación y petroquímica, poco profundizadas en el estudio o por lo menos en las explicaciones que la firma suministró al sindicato, la competencia a enfrentar con la libre importación de combustible, so pretexto de atender el déficit de la demanda actual, será desventajosa para Ecopetrol y, además, se afectará al no contar con crudos provenientes de sus campos de producción.

La entrada libre a Colombia de gasolina, bases lubricantes, parafinas, bases para detergentes, polietileno, procedentes de México o Venezuela, que los producen con tecnología avanzada y plantas de mayor capacidad, provocará la quiebra de nuestra producción. Ejemplo palpable es el cierre de Alkanos en Barrancabermeja y la reducción de la petroquímica de Ecopetrol, renglón en el cual la refinería perdió 8% de la participación del mercado nacional, según informe de la propia gerencia del Complejo Industrial de Barrancabermeja, CIB.

Argucias para justificar la reestructuración
El impacto de estas medidas se quiere mitigar reduciendo el costo de la mano de obra en Ecopetrol, empezando con la disminución de los salarios y prestaciones de los trabajadores.
Los argumentos para esta infame campaña, y nuestras refutaciones, se pueden resumir así:
1. Que la provisión para pensiones constituye 83% del patrimonio de la empresa.

En lugar de ser una amenaza para la estabilidad económica de la petrolera, representa su capital de trabajo, el mismo que utiliza en la actividad productiva, sin recurrir al sector financiero ni pagar réditos. Representa una palanca de apoyo de los trabajadores a la empresa. Este término no puede tener el mismo tratamiento que las amortizaciones por pensiones, salud y educación, que para 1994 estuvieron en 7.2% de los ingresos operacionales. Hay que acotar que a partir de 1986 se empezaron a destinar provisiones para pensiones, sin que se conozca la base de cálculo para las mismas y, a partir de 1994, de manera sospechosa, los gastos de jubilación se trasladan a los Egresos Operativos Complementarios, con un raro crecimiento de 813% y un acomodo de las cifras para 1993, por cuanto en 1993 se registraron Gastos de Jubilación de 30.337 millones de pesos y en el Estado de Pérdidas y Ganancias de 1994, para efectos de comparar la variación, se registraron 201 mil millones de pesos.

2. Salarios, una carga para Ecopetrol.

Otra falacia que se cae por su propio peso. En términos reales, el pago de salarios y prestaciones en Ecopetrol estuvo por debajo de la inflación en 1994. La empresa pagó 3 % menos que la inflación en referencia. Por el contrario, los servicios pagados a particulares, aumentaron en 29.7%, significando 11 % de los ingresos operacionales, o sea, 246 mil millones de pesos. Los salarios de temporales y trabajadores fijos, costaron 70.816 millones de pesos en 1994, o sea, 3% de los ingresos operacionales.

3. Que la nómina es voluminosa.

Otra falsedad. La nómina disminuyó 18.1% y el total de salarios, incluidos los temporales, se redujo en 12.5%, según informe Ecopetrol 1994. Cada trabajador aportó 209.7 millones de pesos a los ingresos de la empresa para este año, lo que equivale a 13.464 barriles de petróleo.

Por el lado de las reservas probadas y la rentabilidad de la refinería y el transporte, no hay ninguna amenaza para la estabilidad económica y financiera de la entidad.

4. Que no existe una estructura administrativa flexible.
La reestructuración administrativa conlleva un cambio de fondo en el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado. Todas las medidas al respecto apuntan a cambiar la filosofía de Ecopetrol, abrirla a la competencia, desvertebrar su funcionamiento como unidad integral de producción que realiza todas las actividades: exploración, transporte, refinación y comercialización de manera directa y complementaria.

En el negocio de Exploración y Producción, la unificación de las actividades directas con los asociados, significará que serán cerrados o manejados por contrato los campos pequeños y en declinación como Tibú, Cicuco, El Centro, Casabe, al ser sometidos al control de gestión por resultados. Los servicios de transporte, manejados como negocio, impondrán condiciones lesivas para la misma producción de Ecopetrol.

«El negocio de comercio internacional y gas se dedicará a la venta y compra internacional de crudos y derivados», lo que significa que los crudos que antes tenían comprador asegurado en las refinerías y transporte propio, se verán sometidos a competencia incluso con crudos importados.

Como el negocio de transporte se prestará a terceros, entre ellos a los importadores de productos independientes, podrá suceder entonces que las refinerías se vean abocadas, además de la dificultad de no asegurar los crudos más baratos de Ecopetrol, y la libre importación de combustible, a que los privados les hagan competencia valiéndose de las tuberías de la Empresa.

El precio promedio de los crudos de Ecopetrol (US $6.40) es mucho menor que el internacional (US $17.75). Los crudos de mayor calidad favorecen la eficiencia de conversión de las refinerías, y el monopolio en el transporte de los derivados son ventajas comparativas que se pierden con la creación de negocios individuales.

5. Que la competencia sirve a Ecopetrol

Los hechos vienen demostrando lo contrario. En el sector donde Ecopetrol está abierta a la competencia, su participación es mínima. Por ejemplo, en producción, las multinacionales acaparan 76% del total nacional, mientras que la empresa estatal sólo tiene 21%. Además, es difícil competir cuando los privados pagan 30% de impuesto a la renta, y a Ecopetrol se le cargan 37.5%, sin incluir los subsidios a la gasolina importada, el combustible para termoeléctricas, el cocinol, el gas de la Guajira. Por si fuera poco, el gobierno arrambla con 53% de las utilidades e impide la autonomía financiera y presupuestal de nuestra empresa.

La competencia con las demás petroleras es sobre la base de «flexibilizar las alianzas y la subcontratación», «crear un nuevo marco laboral», es decir, violar la Convención Colectiva de Trabajo, aumentar la contratación con intermediarios y particulares, para rebajar el costo de la mano de obra y permitir una mayor penetración del capital privado en las actividades de la industria. Eso explica la arremetida contra las prestaciones de los trabajadores. Como en efecto se señala en la propuesta de conformar una estructura especial para denunciar la Convención Colectiva de Trabajo, convertir a Ecopetrol en una empresa de contratos de asociación, o transformarla en una empresa de negocios individuales.

6. Otorgar al Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, responsabilidades por la gestión a cada negocio.

Considera el estudio que las condiciones del ICP limitan la eficiencia tecnológica por negocio y establece diferencias en adquisición de tecnología; formula que la investigación y desarrollo el ICP sea separado de Ecopetrol, para restar autofinanciamiento bajo un esquema de cobertura presupuestal decreciente por parte de ésta, con horizonte de mediano plazo. O, de otra forma y tras el mismo objetivo, separar al ICP de Ecopetrol, mediante la contratación libre y transferencia tecnológica por parte de los negocios individuales de acuerdo con sus necesidades, como cualquier proveedor.
En estas condiciones el ICP quedaría a merced de la competencia entre la compra de investigación tecnológica que ofrecen los institutos o centros de investigaciones de las multinacionales y la que las unidades de negocios en Ecopetrol deseen obtener con una u otra. Es decir, la gestión y el desarrollo tecnológico nacional en materia petrolera dependerá de la filantropía de quienes dirijan o gerencien los nuevos negocios y de su rentabilidad o de su costo.

Los monopolios privados amenazan la estabilidad petrolera del país
¿Qué significa todo esto? Que los trabajadores ni son muchos ni son una carga costosa para la empresa, y menos una amenaza para su futuro. Al contrario, son su mejor recurso, el que transforma los otros recursos y les agrega valor.

El futuro de la empresa se verá comprometido si no se toman correctivos en las causas que impiden una mayor rentabilidad. Estas amenazas surgen del monopolio que vienen asumiendo progresivamente las multinacionales en la producción nacional de crudo. El 76.3% ya es un control suficientemente amenazador para la estabilidad petrolera del país. La distribución de derivados es de manejo exclusivo del capital privado (Las multinacionales Esso, Mobil y Texaco distribuyen 80% de los combustibles en el país). Y la apertura a libre importación de combustibles es una competencia desleal a la producción directa de refinados que aún tiene precios razonables y que además genera una no despreciable cifra de empleos directos e indirectos.

La fortaleza de la empresa se expresa en sus utilidades operacionales antes de regalías e impuestos. Sin embargo, cuando se trata de absorber recursos para el fisco nacional, departamental y municipal, el Estado, sólo en regalías e impuestos se queda con más de 40% de las utilidades operacionales, como se viene observando desde 1991.

Deuda externa y leasing: manguala contra Ecopetrol
El peligro sigue latente por cuanto la deuda externa de Ecopetrol ahora toma la forma de Eurobonos, CrediChallenger, BanqueParibas, Eximbank, que a la fecha representan 383.860 millones de pesos, sin incluir el servicio de la deuda y los subsidios a terceros.

La necesidad de capital de Ecopetrol se ha venido supliendo con nuevas modalidades como los bonos de deuda y el sistema Leasing, que a nuestro juicio representan una amenaza para el carácter estatal de la empresa.

La demanda de capital de la entidad es muy alta. Sólo para proyectos de inversión, comprendidos en el lapso que va de 19952000, se requieren 7.754 millones de dólares, según la propia administración de la empresa. Lo que es imposible sin asumir una política agresiva de crecimiento.

El riesgo que significa adoptar un sistema de endeudamiento distinto al tradicional puede llevar en un momento dada la iliquidez de la empresa, permitiendo que los acreedores se apropien de los activos de la petrolera como yacimientos, refinerías y oleoductos, cambiándose el carácter del capital estatal por uno accionario, donde los privados tendrían participación a través de emisión de acciones.

El sistema de arrendamiento con opción de compra (Leasing), en sus distintas modalidades ha llevado a que no sean solamente herramientas, materiales o equipo automotor lo que se arriende. También pueden serlo las balas y los tanques de almacenamiento de propano y de crudo, y los equipos de mantenimiento de pozos. La amenaza concreta es que ante la realidad de que el bien no es de propiedad de Ecopetrol, ocurra que éste permanezca en manos del arrendador como propietario del mismo y, en consecuencia, éstos empiecen a participar directamente en la empresa. Sin decretos o reformas legales se ha abierto el camino a la penetración del capital privado en Ecopetrol, a privatizar bienes de capital esenciales para el funcionamiento de la industria. En la actualidad, las inversiones por esta modalidad ascienden a 150 millones de dólares.

Ecopetrol: de bastión petrolero a caja menor de los cipayos
La asechanza real que pone en peligro a la empresa lo constituye el manejo que el Confis hace de las utilidades de Ecopetrol. En 1994, el Estado se apropió de 58.3% de estas utilidades y en forma de transferencias se quedó con 1.20 billones de pesos, lo cual representó 53.1% de los ingresos operacionales de la empresa en 1994. Ecopetrol ha sido obligada a responder por la deuda externa de Carbocol, por lo que ha abonado 300 millones de dólares; financió la construcción de tres termoeléctricas por valor de 100 millones de dólares para superar el apagón del gobierno Gaviria; financió el programa Resurgir y traspasó a la Financiera Eléctrica Nacional, FEN, 175 millones de dólares del Fondo de Exploración de Ecopetrol.

El Ministerio de Hacienda hace de los fondos de Ecopetrol su caja menor. Las finanzas de la empresa se manejan con la mayor irresponsabilidad y desacierto del mundo. Cada apremio financiero del gobierno o cada calamidad nacional se resuelve echando mano de los dineros de Ecopetrol, impidiéndose así toda oportunidad de crecimiento y desarrollo que la haga más fuerte, y con lo cual aportaría mayores recursos al fisco nacional. Ecopetrol ha cubierto deudas de otros sectores del Estado, alcanzando, en 1994, los 1.076 millones de dólares. Si esta cifra se compara con las inversiones en exploración, que en los últimos años llegó a 427.2 millones de dólares, vemos que es realmente ridícula la actividad exploratoria por parte de la empresa, cuando tuvo muchísimos más recursos para hacerlo.

Mano tendida a los extranjeros, puño de hierro para Ecopetrol
Otro tanto ocurre con la flexibilización en la contratación. Es esta materia las multinacionales han sido beneficiadas con medidas que les permiten mayores utilidades, menores riesgos y ninguna transferencia tecnológica al país.

Las remesas de utilidades han sido desgravadas gradualmente, de tal manera que de 20% en 1987, se redujo a 12% en 1995. El impuesto a la renta, que para las empresas industriales y comerciales del Estado es de 37.5%, para las multinacionales tan sólo es de 30%.

También pesa de manera onerosa el impuesto de guerra que se cobra unificadamente, sin considerar que el petróleo de Ecopetrol es producido en campos agotados, cuya reinversión para recuperar crudos es sustancialmente mayor que las realizadas por las multinacionales en campos nuevos y con flujo natural.

Las multinacionales serán beneficiadas con la participación de Ecopetrol en 50% de los costos de los pozos que resulten secos en un campo descubierto, costos que antes los asumía 100% el asociado. Y, finalmente, se propone que la explotación del descubrimiento no sea por 22 años, sino hasta su agotamiento total, es decir, sin que se dé la reversión al Estado.

La alternativa tipo holding en el ámbito operativo o legal no está descartada por el gobierno ni por la administración de Ecopetrol. El estudio ahonda en esta propuesta, observando su conveniencia por ser el camino más expedito para la intervención del capital extranjero, al reducir los costos laborales, fraccionar la Convención Colectiva de Trabajo y dividir el sindicato. Este sistema, al igual que el nuevo modelo organizacional constituye grave peligro para la integridad de Ecopetrol y su soberanía económica.

Se ha demostrado que el sistema de funcionamiento adoptado por Ecopetrol en su larga permanencia en el mercado de hidrocarburos, como empresa industrial y comercial del Estado, no ha fallado. Por lo tanto, al analizar sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, no se evidencia una necesidad de cambio como el propuesto, es decir, abrir competencia acogiendo el modelo de la reestructuración o el sistema holding.

Resistencia nacional, única vía para defender la soberanía económica
Una empresa en estas condiciones, donde sus enemigos principales son sus propios administradores, está llamada a desaparecer. En estos momentos la figura que toma para cumplir el cometido es la «reestructuración», el lenguaje de moda para encubrir la privatización y evitar la resistencia de los trabajadores y el pueblo en general.

El desafío que los vendepatria plantean, obliga a emprender una campaña de denuncia ante los sectores representativos de la sociedad, para conformar un frente unido por la defensa de Ecopetrol, donde concurran personalidades democráticas, patriotas, trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, empresarios, y todos aquellos interesados en el porvenir de la nación, bajo la orientación y dirección de su prestigioso sindicato, la Unión Sindical Obrera, USO.

Un gran descontento reina en el sindicalismo por la aparición de la ley 200 de 1995, el Código Disciplinario Único gestado en la Procuraduría General, aprobado por el Congreso y sancionado por Samper. Los trabajadores convocaron de inmediato reuniones de emergencia, con el fin de desarrollar un plan de acción tendiente a enfrentar esta nueva agresión. El 30 de septiembre, por iniciativa de Fecode y la USO, y con la participación de la CUT y CGTD, se reunieron voceros de Sintracreditario, Sittelecom, Sindess, Sindesena, Sindicato del Acueducto de Bogotá, Utradec, Fenaltrase, Sintracade y Sintraelecol, entre otros.

De allí salieron determinaciones como la de hacer público el rechazo a la atrabiliaria medida, y el llamado a un Encuentro Nacional del sindicalismo estatal para el 21 de octubre, con el objeto de abordar el problema y condenar las privatizaciones, la liquidación de las entidades de seguridad social de los servidores públicos y exigir reajustes en los salarios oficiales. En ese momento Fecode tenía aprobado un paro de 48 horas para los días 12 y 13 del mismo mes, el cual fue respaldado por los demás sectores con una Jornada Nacional de Protesta.
La Junta Nacional de Fecode, por una estrecha mayoría, decidió cancelar esa acción, con el argumento de que el gobierno se comprometía a establecer mecanismos que supuestamente garantizaban la vigencia de las normas del Estatuto Docente y, por ende, la exclusión del magisterio de la aplicación del nefasto código. Aparte del egoísmo gremial que entraña la actitud de la mayoría en Fecode, las promesas hechas por el gobierno son bastante etéreas y no resuelven el problema planteado por la derogatoria de las normas disciplinarias contenidas en el Estatuto Docente, de manera que el asunto sigue latente para el magisterio colombiano.

Las circunstancias llevaron a un sector de Fecode, encabezado por José Fernando Ocampo, dirigente del MOIR, a expresar que «el magisterio tiene que levantarse contra el atropello de la ley 200, rescatar el Estatuto Docente, unirse con todos los servidores del Estado para derrotar ese régimen fascista, defender la reforma educativa, recuperar la independencia de la organización sindical, rechazar el sindicalismo gobiernista, oponerse a la política de Samper, repudiar su entrega al imperialismo norteamericano, salvaguardar la soberanía nacional».

Los acuerdos alcanzados por todas las vertientes del sindicalismo estatal el 30 de septiembre, están dependiendo de que sean superadas las vacilaciones de fuerzas importantes para esta batalla. Entre tanto, las organizaciones más consecuentes han expedido la declaración que a continuación reproducimos.

Por iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, y después de un trámite inusitadamente acelerado, se aprobó recientemente la ley 200 de 1995, sancionada en volandas por el ministro delegatario en funciones presidenciales, Horacio Serpa. Mediante tal norma se expide un draconiano Código Disciplinario Único que reemplaza la ley 13 de 1984, los regímenes especiales conquistados por decreto, y amenaza los alcanzados por convención colectiva.

Ésta es la continuación de la alharaca de la moralización que tuvo como episodio previo la aprobación del denominado Estatuto Anticorrupción, un código policivo contra el grueso de los funcionarios públicos, basado en unos indicadores de eficiencia que, sin ser definidos, serán utilizados para juzgarlos y condenarlos, en tanto que a la cúpula del Estado, que se lucra de los grandes negociados con las multinacionales, se la exime de toda culpa.

Todo indica que esta política constituye un mecanismo para amedrentar a los servidores del Estado y sus organizaciones sindicales, y así poder lanzar la oleada de privatizaciones anunciada por el ministro Perry en el Congreso, hace pocos días. Sin duda que el nuevo régimen disciplinario reconfirma el carácter antipopular del actual gobierno y forma parte de la ofensiva general contra el movimiento sindical, encaminada a empujar hacia abajo los salarios y arrebatarle sus derechos.

La represión, arma dilecta del gobierno
La expedición de esta ley corrobora el anunciado de que aplicación del modelo neoliberal requiere de instrumentos abiertamente represivos y arbitrarios, que recaerán sobre todos los funcionarios públicos. Se desmejoran así las condiciones de permanencia en el trabajo, al colocar en entredicho los regímenes disciplinarios especiales y establecer una interminable lista de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, digna de las épocas del fascismo. Sus aspectos generales más lesivos son:

• Eleva a los procuradores y personeros a la categoría de jueces de los trabajadores estatales, violentando el debido proceso.

• Incrementa las sanciones en forma desproporcionada, de manera que las multas pueden ser hasta de noventa días de salario; el jefe inmediato puede imponer multas hasta por diez días y la suspensión provisional sube al tope de tres meses.

• Atenta contra los regímenes especiales que los trabajadores han conquistado tras largos años de lucha, incluso los alcanzados mediante convención colectiva.

• Establece un cúmulo de prohibiciones y deberes que apuntan principalmente a limitar la acción sindical, pues no se puede ocupar indebidamente oficinas o edificios públicos, ni propiciar, organizar o participar en paros, suspensión del trabajo o disminución de su ritmo.

• Institucionaliza la persecución política para aquellos que muestren intereses partidistas no gobiernistas y, de paso, se les cercena el derecho a los trabajadores oficiales a ser elegidos a asambleas y concejos.

• Elimina las diferencias que en materia de proceso disciplinario existen entre los trabajadores oficiales y los empleados públicos, a los cuales cobija indiscriminadamente.

• Anula la acción de defensa del asalariado, que se adelantaba por medio de las Comisiones de Personal, una de las escasísimas prerrogativas con las que todavía contaban los funcionarios del Estado.

• Debilita la acción de los sindicatos mediante la anulación del artículo 13 del citado decreto 482, que contemplaba la asesoría del sindicato en los procesos disciplinarios, ahora reemplazada por la asistencia de un abogado, si el encausado tiene con que cubrir los gastos correspondientes.

• Se anula el derecho de huelga en los llamados servicios esenciales, con la obligación de delatar a quien participe en esas actividades, so pena de incurrirse en falta disciplinaria.

Los más afectados

Es indudable que uno de los sectores más perjudicados es el magisterio colombiano, cuyo régimen disciplinario, consagrado en el Estatuto Docente, es derogado después de treinta años de intensas batallas por alcanzar estabilidad y garantías para la promoción. En primer lugar, las sanciones y destituciones quedan en manos de los alcaldes y gobernadores, en contravía de lo alcanzado con la creación de las Juntas de Escalafón. Los derechos y deberes de los educadores son reemplazados por un catálogo de derechos generales y prohibiciones a los que se suman los contemplados en el mencionado Estatuto Anticorrupción.

De igual manera son seriamente afectados los trabajadores de Telecom, Caja Agraria, Ecopetrol y demás entidades que pactaron regímenes disciplinarios especiales, cuya vigencia está en duda por el articulado de esta norma que, por su naturaleza, según algunos altos ejecutivos del Estado, tiene prelación sobre las convenciones colectivas.

Llama la atención que precisamente se expida pocos días después de que el gobierno actual anunciara la realización de un programa de privatizaciones más profundo y antinacional que el de su antecesor, que contempla la mayoría de las instituciones cuyos trabajadores son cobijados por este nuevo atentado contra los intereses obreros y populares.

Llamamiento al sindicalismo estatal
La gravedad de las circunstancias, materializada en la ofensiva privatizadora y la aprobación de la ley 200 de 1995, hace necesario estrechar los lazos de unidad de acción de todos los trabajadores del Estado, para adelantar las acciones jurídicas, legislativas y de movilización necesarias para detener esta nueva agresión del gobierno, que atiende los requerimientos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD.
Unión de Trabajadores del Estado, Utradec.
Sindicato de Trabajadores de Telecom, Sittelecom.
Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social, Sindess.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja Agraria, Sintracreditario.
Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEB.
Asociación Médica Sindical, Asmedas.
Sindicato Nacional de Empleados del SENA, Sindesena.
Sindicato de Trabajadores del ICBF, Sinbienestar.
Sindicato de Trabajadores de las Gobernaciones Departamentales.

Por Francisco Cabrera
«La descentralización administrativa, junto a la novedad de los alcaldes elegidos en las urnas, brinda asimismo una magnífica oportunidad para subir escandalosamente los múltiples arbitrios que aletean sobre los predios de las localidades. El que quiera ‘apertura democrática’ que la compre».
Francisco Mosquera

El epígrafe escogido fue escrito en 1989 por nuestro desaparecido secretario general. Eran los días en que la descentralización tenía en la elección de los alcaldes un ropaje seductor y fue abrazada con entusiasmo por los municipios como la ilusoria alborada de su redención. Hoy, al hacer el balance de aquel proceso impulsado desde comienzos de los ochentas, el panorama es el de un inmenso descalabro al borde de generar el más caudaloso movimiento de rebeldía de las localidades contra el gobierno central.

El diario El Tiempo, en su edición del 13 de octubre de 1995, informó sobre la toma de la alcaldía de Remedios «por la no cancelación de salarios y primas extralegales a los 35 educadores, 60 empleados, 59 obreros y 18 jubilados del municipio. A éstos se les debe un total de 453 millones 917 mil pesos». Y agregó que la administración tiene una deuda estimada en 1.200 millones de pesos.

Noticias como ésta se han vuelto comunes en la prensa. Y tan estrambóticas, como la que informaba de la población de Ulloa, en el Valle del Cauca, la cual por falta de recursos optó por volver a ser corregimiento, y andaba en busca de un municipio vecino que la aceptara; o la del alcalde de Barranco de Loba, Bolívar, quien ante la pobreza del erario para cumplir con su plan de gobierno, prefirió el suicidio a quedar mal con sus electores. Por doquier la insolvencia obliga a los despidos de personal y a la supresión de cargos y dependencias, llegándose a casos extremos como el de Lebrija, en Santander, donde el burgomaestre se vio obligado a cerrar el penal ante la imposibilidad de pagarles al director y a los tres guardianes. Son situaciones dramáticas, reveladoras de la tormenta que se avecina.

Un mal con paternidad
En 1982, cuando se iniciaba la crisis de la deuda latinoamericana, la misión Bird-Wiesner puso en marcha un plan para profundizar la descentralización, que le permitiera al gobierno nacional descargar una serie de obligaciones en los entes territoriales, liberando recursos para el pago de los compromisos con la banca imperialista. Para que municipios y departamentos aceptaran echarse a cuestas las nuevas cargas, se les endulzaba el oído con el ofrecimiento de abundantes aumentos de las transferencias de la nación. La fórmula quedó consagrada en los artículos 356 y 357 de la Constitución de 1991, y fue desarrollada en la Ley 60 de Competencias y Recursos, de 1993.

El plan contemplaba un aspecto considerado decisivo para su éxito: el «esfuerzo fiscal propio» de los departamentos y municipios. Penetrando agudamente en la esencia de esta política, Francisco Mosquera escribió la frase que citamos en el encabezamiento.

A las localidades se les endosó la responsabilidad en la salud, los servicios públicos, las carreteras y caminos, la vivienda social, la asistencia técnica al sector agropecuario, parte de la educación y otro sinnúmero de obligaciones.

A la postre, nos hallamos en un círculo que al cerrarse sobre los municipios los condena sin contemplaciones a la exacción a sus habitantes. Las crecientes exigencias del Fondo Monetario y el Banco Mundial para disminuir el gasto del Estado, han hecho que Samper anuncie la necesidad de una reforma a la Constitución y a la Ley 60, con el fin de recortar el monto de los dineros que el gobierno nacional quedó obligado a transferir. Igualmente, propone un proyecto de ley para forzar a los departamentos y municipios a la generalización de la sobretasa a la gasolina y al autoavalúo para el incremento del impuesto predial, entre otras medidas. Exprimir a los municipios hasta la última gota, para que la nación se dedique al pago de una deuda externa que la desangra, y concentre su inversión en las obras de infraestructura que las multinacionales demandan. Tal es la receta imperialista.

En el presupuesto de 24 billones de pesos para 1996, se destinan 5.1 millones al servicio de la deuda, cifra superior a la mitad del total de las exportaciones proyectadas para el mismo año. Aquí, y no en los magros gastos de los entes territoriales, es donde se encuentra el verdadero hueco del presupuesto.
Los guarismos alarmantes acerca de la endemoniada carrera de endeudamiento iniciada por los municipios y departamentos -que creció entre 1993 y 1994 en 194% y 114%, respectivamente-, nos brindan suficiente prueba de que se los conduce, como a la nación, a hipotecar su porvenir. Pero como para lograrlo hay que someter al pueblo a toda suerte de cargas impositivas, y éste se encuentra maltrecho por el agobiante peso de la crisis económica, el enfrentamiento es inevitable.

Economismo vulgar
Las teorías que han inspirado la descentralización en América Latina parten del absurdo de aplicar al sector público las leyes de la competencia. Para el ex ministro Eduardo Wiesner, quien pontifica sobre el tema desde las oficinas del BID, «una estrategia de descentralización bien diseñada es similar a la `liberalización’ o la `apertura’ del espacio territorial interno a las fuerzas del mercado». Y agrega: «Un mayor grado de competencia dentro del sector público hará que la asignación de recursos sea más equitativa y eficiente». En la práctica, lo que se da es un insostenible ahondamiento de las desigualdades entre las zonas de algún desarrollo y las rezagadas y, en definitiva, la tan cacareada competencia será la misma que enfrenta a los países atrasados entre sí: cuál brinda las mayores ventajas a la inversión extranjera.

Descentralización política, democracia fantasiosa
La descentralización fiscal se ha acompañado de una serie de reformas políticas que se pretende hacer pasar como ampliación de la democracia. Con la Carta de 1991 se acrecentó la algarabía sobre la democracia participativa, la soberanía popular y el fortalecimiento del poder local. A las masas se las zahiere y se las consuela con una democracia ilusoria. El imperialismo, que es la negación de toda democracia, encubre sus intenciones siniestras tras el relumbrón de fuegos artificiales. Centenares de funcionarios estatales y otros tantos de Organizaciones No Gubernamentales, las nuevas beneficiarias de la contratación oficial, se encuentran en una febril campaña de embaucamiento colectivo vendiendo la nueva panacea a lo largo y ancho del país. Al hoy llamado Ministerio del Interior se la ha asignado la tarea de orquestar la añagaza. Las grandes ciudades son un surtidor de experiencias que tienden a generalizarse, como la «alianza estratégica» con la que el cura Hoyos realizó la privatización de la triple A. Y el caso de Mockus en Bogotá con su «todos ponen», que para él es el súmmum de la democracia.

La Ley 152 de 1994 llama a la ciudadanía a opinar sobre el plan de desarrollo, cuando ya está definido y se encuentra condicionado por los dictámenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario.

El plan nacional, a su vez, condiciona los planes locales, particularmente allí donde se juegan intereses estratégicos, como en las dos costas, las ciudades de mayor desarrollo, las zonas de frontera y las regiones de explotación de recursos naturales. Hacia ellas se destinan prioritariamente las inversiones del gobierno central.

Y para la gran mayoría de los 1.057 municipios de Colombia, la «autonomía local» se reduce a que todos discutan los nuevos impuestos, tasas y sobretasas por cobrar para hacer carreteras, alcantarillados, escuelas, puestos de salud.

Frente a la Colombia de postín discurre la Colombia real arrastrando sus necesidades y padecimientos. A las organizaciones revolucionarias nos compete la dura tarea de desenmascarar los ardides del imperialismo en su ofensiva recolonizadora y poner al descubierto a sus agentes.

La clase obrera y el pueblo, conformando un gran frente de lucha, se encargarán de ir labrando los perfiles de la Nueva Democracia que interprete cabalmente sus intereses.

El 8 de septiembre el alcalde Antanas Mockus y la mesa directiva del Concejo de Bogotá acordaron una agenda de trabajo de 16 puntos que incluye, entre otros, la privatización de la Empresa de Energía, una reforma tributaria, la sobretasa a la gasolina, la valorización por beneficio local, los peajes urbanos, despidos masivos de trabajadores de diferentes dependencias y la supresión del Departamento Administrativo de Acción Comunal.

Por su parte, el Cabildo marcha hacia la rendición, atolondrado por los sistemáticos mandobles que le propinan el profesor Mockus y su corte de académicos emergentes. Incapaz de reaccionar buscando el apoyo popular frente a las alcaldadas, el Concejo se ha mostrado atemorizado por el poder de los medios y acomplejado por el estigma de la corrupción.

Mockus se muestra dispuesto a llevar al extremo los postulados descentralistas del «esfuerzo fiscal propio» y a desarrollar la «antipolítica», como el nuevo paradigma de la «gobernabilidad». Con la discusión de los planes de desarrollo de las localidades se agitaron los ingentes problemas de los habitantes de los barrios, pero se les puso de presente que la plata no alcanzaba. De esta forma se comenzó a ambientar el establecimiento de tributos locales, que obligan a la comunidad a cofinanciar los proyectos.

A la vez Mockus inició el montaje de su propia maquinaria clientelista, maniobrando para asignar el presupuesto a los movimientos cívicos que se amolden a su tendencia «antipolítica». Para esto ha contado con el respaldo de organizaciones como «Viva la ciudadanía», que vienen realizando cursos de formación de los dirigentes llamados a producir el relevo.

Lo otro que queda claro es que la «cultura ciudadana», para la que se destinaron 170 mil millones de pesos, es una campaña de Mockus para promover sus ambiciones personales, y para retribuirles a los medios de comunicación los favores recibidos. Mientras tanto, al pueblo se le agobia con tributos regresivos como la sobretasa. Éste es tan sólo el comienzo.

Por Aurelio Suárez Montoya

Lo que está discutiendo el movimiento cafetero, y yo diría que el movimiento agrario en general, es la táctica y la estrategia que deben desarrollar para impedir su ruina completa. El problema de la táctica, además, no se resuelve por caprichos o por inclinaciones personales, sino que tiene que ver con las concepciones que existan sobre el problema de fondo que enfrentan los caficultores y los agricultores colombianos.

Es absolutamente importante que se tenga claro que el asunto cafetero va más allá de un enunciado meramente reivindicativo. Muchos, cuando pretenden señalar que tal o cual acto les va a ablandar el corazón o el oído al gobierno o a las autoridades cafeteras, parten del punto de vista de que el tema cafetero es simplemente un conjunto de medidas o una situación coyuntural que una vez resuelta redundará en bienestar, progreso, prosperidad y desarrollo armónico para la producción cafetera.

Eso no es cierto. Aquí en el mundo cafetero ha sucedido una serie de acontecimientos que no podemos olvidar. De hecho, los países consumidores, con los Estados Unidos a la cabeza, han logrado imponer su política internacional en cuanto al café se refiere. El rompimiento definitivo del Pacto Internacional de Cuotas les trasladó a los grandes poderes de las multinacionales de orden financiero y torrefaccionadoras del café el manejo absoluto del negocio a través de las transacciones en bolsas en Londres y Nueva York. Y ése es un hecho fundamental, es un hecho que no se puede desconocer ni se puede mirar de manera displicente. La realidad nos muestra que el bajo abastecimiento del mercado cafetero, por la inexistencia de cafés físicos, no se había presentado en toda la década en la misma proporción como se dio en 1995. A pesar de ello, el precio no ha reaccionado y se han hecho transacciones a un dólar con treinta y siete centavos la libra. Éste es un suceso sin precedentes. Es el más importante de todos en la actual situación cafetera mundial y toca directamente el acontecer cotidiano de nuestro producto. Así se le señaló al ministro Perry en la conversación que se adelantó con él y con el señor Jorge Cárdenas y los ministros de Gobierno y Agricultura, días previos al Paro Cívico Nacional Cafetero.

De ese control no se va a salvar nadie: ni pequeños, ni medianos, ni acomodados, porque una de las cosas nuevas que tiene esta política internacional y este nuevo orden económico es que no solamente golpea a los de siempre, a los sectores sociales empobrecidos y a las clases medias, sino que va por los mercados y la acumulación interna de capital, por la tasa de ganancia y por el margen de operación de los sectores pudientes de la producción agraria e industrial del país.

No se puede entonces repetir de manera dogmática el viejo libreto de los pobres y los ricos. Una dirección, con claridad, ha de efectuar un análisis de clases serio alrededor de la sociedad colombiana y tiene que hilvanarlo de manera profunda y cuidadosa, si es que de verdad se pretende, al menos, neutralizar a quienes han urdido la gran conspiración, ésa que el periódico Unión Cafetera avizoraba desde 1989, días después del rompimiento del Pacto Internacional. Y en ese sentido, entendiendo cuál es la magnitud del problema y qué es lo que está en juego, aparecería absolutamente torpe y contraevidente trazar una línea de acción que no fuera la más amplia línea de masas. Y cuando digo eso, me refiero a que la Unidad Cafetera, y las organizaciones agrarias de los departamentos de que se trate, se equivocarían si no se empeñan en cada actividad, en cada faena y en cada jornada en movilizar cada vez más efectivos, porque la batalla que se tiene por delante es crucial en la defensa de la producción nacional.

Por eso no podemos trazar líneas de acción que sólo contemplen las voluntades de los más decididos. Porque una línea de acción así, que intente reemplazar el todo por la parte, termina aislando a esa parte, la más esclarecida, volviéndola presa fácil de las fuerzas opuestas a la estabilidad y al progreso de los caficultores.

Pero también se equivoca la Federación de Cafeteros al pregonar que hay un sector de la caficultura, al que denomina no viable, que es el que debe salir del negocio, que es el lastre que no le permite navegar sin zozobrar a la embarcación cafetera. Emilio Echeverry se equivoca, y de palmo a palmo, porque las grandes multinacionales y los grandes capitales financieros no sólo vienen por la pobreza de la pobrería, por la estrechez de la medianía y por el margen de utilidad y de operación y la rentabilidad que se puede obtener de la caficultura, sino que las multinacionales también vienen por la Federación Nacional de Cafeteros, como institución que les obstaculiza su necesidad de un mercado interno libre.

Los señores Emilio Echeverry y Jorge Cárdenas, en su liturgia de conciliación con los poderes colosales que se han venido encima, tratan de «sobarle el lomo» y de «limpiarle la solapa» al sector de los cafeteros acomodados para que abandonen a su suerte a los más pobres y débiles. La única posibilidad es la contraria: hacer una cadena que no tenga eslabón débil.

Porque a quienes les van a ajustar cuentas los grandes poderes financieros y los grandes pulpos de la torrefacción, la Nestlé, la Procter and Gamble y la Kraft General Foods es a todos los que tengan que ver con la caficultura: a los campesinos del norte del Tolima, a los de Quinchía, a los caldenses y a los de Andes, Antioquia, y también al sector empresarial.

De lo dicho aquí no se puede deducir sino una sola cosa: ésta es una lucha de Resistencia y, por lo tanto, para decirlo de manera coloquial, la táctica de Unidad Cafetera «no es para machos, es para muchos». Es para multitudes, no exclusivamente para gladiadores. La línea estratégica nuestra consiste en diseñar tareas que les faciliten todo a las mayorías para que se vinculen a ellas y, así, se pueda contender de manera seria y efectiva.

Debe también hablarse de cuáles son las perspectivas y cuál es el final de la crisis. Porque hay que diseñar la táctica no para la escena siguiente sino para el final de la película. ¿Cómo va a terminar ésta? Depende de una sola cosa: de que la Unidad Cafetera «en una tarde de jolgorio» no se juegue la pequeña fortuna y el prestigio que ha conseguido, de que no se desespere y de que, en fin, toda acción sea más fuerte que la anterior.

Algunos, con buena fe, piensan que cuanto más largos sean los paros, más radical es la posición. Con todo respeto disiento de esa opinión; la radicalidad de un paro no consiste en su duración. La calidad de un paro, de una marcha o similares consiste en lo correcto de su orientación y sus objetivos y en la participación masiva que encierren. Es la participación amplia, acertada, en una dimensión clara y organizada, la que los fortalece de verdad.

Una reflexión penetrante permite observar que, en últimas, la crisis rebasa el tema cafetero. Aquí lo que está en crisis es el modelo de desarrollo agrario, el que obligó a 300 mil familias a subirse a unas montañas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, para ganarse la vida en cafetales de 3.5 hectáreas en promedio, y hoy el único producto, por las condiciones de mercado internacional que tenía, el que les permitía el sustento, hace agua. Por consiguiente, el horizonte, en el largo plazo, supera una condonación, un precio, y se remonta a las estructuras mismas del desarrollo agrario del país.

Estos puntos planteados tienen solamente el sentido de que haya una discusión fraternal apropiada. Yo respaldo con mi intervención la del doctor Fabio Trujillo, y permítanme que de algo le sirva como sustento a sus palabras sabias. El éxito de este movimiento, de aquí en adelante, radica en que se aprenda la lección de la táctica y la estrategia, que se desestime la provocación del gobierno y que, en consecuencia, se avance de manera más eficaz.

— 
* Publicado en el periódico La Tarde, 5 de septiembre de 1995, Pág. 5A, este artículo es una versión libre del autor de su intervención en el Encuentro Nacional de Dirigentes de Unidad Cafetera, ocurrido en Pereira el 23 de agosto de 1995. En su publicación no sólo se intenta dar al lector una visión sobre la forma como actúa, por principio, la Unidad Cafetera sino que, de paso, se confutan irresponsables infundios como los que publica el doctor Luis Carlos Ramírez Múnera, en su columna Panorama del Diario del Otún, de agosto 25 de 1995, Pág. 4A. Asimismo se ratifica por qué Unidad Cafetera no participa en movilizaciones cuya orientación táctica y estratégica no comparte.

En septiembre, por invitación del Partido Comunista Colombiano, visitó nuestro país una delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Pak Kyong Son, subdirector de su Departamento Internacional.

El MOIR, representado por Enrique Daza y Carlos Naranjo, miembros del Comité Ejecutivo Central, se reunió con ellos e intercambió opiniones sobre diversos temas de la situación política mundial.

Fue una buena oportunidad para que el MOIR extendiera al aniversario de la fundación de la hermano pueblo coreano las más cálidas felicitaciones por el 40 aniversario de la fundación de la República Democrática y Popular de Corea.

Por Nelson Osorio Ramírez
Después de más de 30 años, y pese a incontables maniobras urdidas desde los altos poderes, la Concesión Río Zulia 837 revirtió al Estado colombiano el domingo 23 de abril a las doce de la noche.

La reversión, pactada desde 1964, se logró gracias al esfuerzo mancomunado de trabajadores, colonos de la zona e ingenieros vinculados a su explotación.

Crónica del despojo
La adjudicación inicial del terreno de casi cincuenta mil hectáreas se hizo el 17 de junio de 1958 a la Richmond Oil Company, filial de la Chevron, fundada por la familia Rockefeller. Comenzó la explotación en 1964 y alcanzó los 30 mil barriles diarios. El saqueo gringo de nuestros recursos continuó hasta 1987. A raíz de un atentado guerrillero que arrasó las instalaciones el 26 de septiembre de 1986, la multinacional alzó el vuelo y las dejó abandonadas. Hasta esa fecha, había extraído 130 millones de barriles.

Petróleos del Norte, subsidiaria del Grupo Santodomingo, asumió entonces la lucrativa explotación; en ocho años, desde el 2 de junio de 1987, cuando se llamaba Ingeser, extrajo 3.5 millones de barriles de crudo parafínico y se embolsilló más de 10 millones de dólares en esos pocos años de concesión.

Según estimativos oficiales, en otros ocho años de explotación todavía se pueden extraer 3.5 millones de barriles. Ecopetrol recibirá700 millones de pesos en ganancias mensuales, gastando únicamente 7 millones en nómina. Las regalías se treparán de 9 a 20%.

Sin embargo, el ex ministro de Minas Jorge E. Cock ridiculiza estas luchas patrióticas pues, según él, las reversiones sólo le aportan a la nación «pura chatarra».

Se prende la pelea
Según resolución ejecutiva 0221 de 1988, expedida por el Ministerio de Minas, la fecha de expiración del contrato de la concesión Zulia terminaba el 23 de abril de 1995.

Pero, de acuerdo con la historia de las reversiones en Colombia, éstas se han logrado sólo mediante prolongadas batallas. Valgan los ejemplos de Dina, en el Huila, y Sabana de Torres, en Santander, para citar sólo las más próximas en el tiempo.

Río Zulia no iba a ser la excepción. La lucha se fortalece gracias a la posición patriótica de la USO, que en sus pliegos venía exigiendo las reversiones, y a las marchas y actividades impulsadas en Cúcuta por la CGTD en marzo y en abril.

La estrategia del engaño
El gobierno instruye al Ministerio del Medio Ambiente en abril para que produzca la resolución 337 de 1995, que ordena «suspender las actividades de producción en el campo Río Zulia» pues “la presencia de los elementos descritos es altamente contaminante para el medio ambiente”, medida que debía ser “de ejecución inmediata”. Es de anotar que estos burócratas se percataron de la contaminación sólo treinta años después, preciso cuando los terrenos debían revertir, confesando que la «ecología» se utiliza en pro de los monopolios nacionales y extranjeros.

La intención gubernamental era clara como el agua. Cerrar el campo definitivamente o buscar un operador, que podría ser el mismo Grupo Santodomingo. En todo caso, nada de «chatarras». Pero la piedra en el zapato fue un fallo del Consejo de Estado que negaba la prórroga de la concesión. Y, gracias a la decisión y al coraje de un pueblo empeñado en hacer valer sus derechos, que recurrió a todas las formas de resistencia civil, el bien retornó al dominio de la nación.

Por el humo se verá la quema
Las incursiones de los helicópteros comenzaron en la tarde del 22 de abril. Allí viajaban funcionarios del gobierno, de Ecopetrol y militares, para cerrar el campo y dar al traste con la reversión. Según el testimonio de los trabajadores llegaron unos con la insignia de Helicol, y otros artillados del ejército. La estrategia popular era no dejarlos bajar. Se movilizaron todos, llamaron a los colonos de San Agustín de los Pozos y Caño Mono; los padres, los hijos, todo el mundo corrió a impedir el aterrizaje. Sobre la marcha prepararon las antorchas, removieron piedras y palos y, levantando obstáculos en los sitios abiertos, reunieron llantas viejas y les prendieron candela. Corrían en grupos a otros sitios para que no se posaran las naves.

Un helicóptero se aproximaba. De pronto, de la multitud salió Rigoberto y de un salto se trepó a la grúa. La prendió, y en segundos la lanzó a toda velocidad contra el aparato, impidiendo su aterrizaje. Entonces, el comandante de la nave prefirió virar. La grúa se detuvo y el obrero se echó sobre el timón. Una salva de vítores ahogó el ruido de las hélices que se perdió en el horizonte.

Los obreros cerraron el campo con candado y guardaron una severa vigilancia. Colocaron una alarma en la puerta para avisar a toda la comunidad en caso de peligro. Se repartieron el manejo y control de la temperatura de los equipos para mantenerlos en funcionamiento, requisito indispensable para ejecutar la reversión.

La dirección sindical
Al otro día, el domingo 23, arribó la delegación de la USO, encabezada por Rodolfo Gutiérrez, vicepresidente nacional. La tarea del momento era coronar la reversión a las doce de la noche.

Los obreros tenían que acertar en su táctica. Al ejército, que desplazó sus tanques y acampó en la escuelita rural, no se le podía dar pretexto para que ocupara las instalaciones. Ya se había logrado contar con la prensa, a través del Canal Regional y del periódico La Opinión.

Como el delegado oficial arguyera que el lugar estaba tomado por la guerrilla, Gustavo Salazar, presidente regional de la CGTD, lo increpó: – ¡Esto es un conflicto obrero y los obreros lo resolvemos!

Renuentes a recibir el campo los funcionarios del gobierno, el directivo de Petronorte les alegaba que el acta de reversión debía hacerse allí, lo que era lógico, mientras que el de Ecopetrol se empecinaba en hacerlo en Cúcuta. Finalmente, no lo recibió.

 Hay personas extrañas en el campo, dijo, refiriéndose a los campesinos de la zona que realizaban labores de mantenimiento.

 Tienen que retirarse, ordenó.

 No se retiran, le contestó enérgicamente Rodolfo Gutiérrez, pues con ellos garantizamos que el campo revierta a la nación.

A las once y media de la noche cortan la luz en la zona. Los operarios prenden la planta eléctrica y siguen las discusiones. La tensión aumenta. Se necesita cabeza fría y los proletarios se comportan ejemplarmente. El gerente de Petróleos del Norte y el inspector de Minas deambulan por las instalaciones, siempre seguidos de cerca por los obreros, que no los despintan.

Al llegar la medianoche se entonó el himno nacional y se izó el pabellón tricolor. Vivas a la USO y a la memorable lucha que finalizaba retumbaron en el campo. Se enarboló entonces la bandera de Ecopetrol y se pintaron los tanques con el símbolo de la empresa estatal. En acto solemne, a las dos de la mañana se firmó la afiliación a la USO de los dieciocho trabajadores de Río Zulia que habían librado la batalla.

Se elaboran dos actas: la de constatación de funcionamiento del campo Río Zulia, y otra anexa, firmada entre otros por Petronorte y el Ministerio de Minas. Ecopetrol no se hace presente. Se verifican los barriles de crudo en existencia y los l6 pozos en producción. En una palabra, los bienes muebles e inmuebles vuelven a ser de propiedad de la nación. Excepto el oleoducto Río Zulia-Ayacucho, de 180 km, la estación intermedia Bellavista, un compresor de 800 millones de pesos, y las oficinas de 120 millones de Petronorte en Cúcuta, bienes que el monopolio de Julio Mario Santodomingo no ha querido entregar y busca birlarle a Colombia.

La prueba de fuego
La pelea no terminó ahí. Los obreros se quedaron solos en sus instalaciones, pues Ecopetrol no recibió el campo. Vendría a hacerlo oficialmente el 15 de mayo por la presión de los trabajadores, de la USO y de la CGTD. ¿Qué pasó en esos 22 días?

Por una decisión de la Unión Sindical Obrera, el campo siguió produciendo normalmente. Ni el hambre, ni el no pago de los salarios, ni la escasez de productos químicos lograron vencer la férrea resistencia proletaria. Decidieron aguantar hasta el final. Nadie podía salir, a menos que una urgencia familiar lo requiriera.

Una comisión pidió la solidaridad de los comerciantes de Cúcuta. Llegaron bultos de arroz, víveres y donaciones en dinero, que ayudaron a soportar las difíciles condiciones de sus familias, agobiadas por la duración del conflicto. Los sindicatos suministraron los insumos químicos y los lubricantes, sin los cuales se hubiera dado la parálisis. Así aguantaron casi un mes. Al final, habían producido 25.458 barriles de crudo y 5.613 galones de condensado, frutos de su propio esfuerzo.

Cuando se firmó el acta de entrega de la reversión de la Concesión Zulia, y retornó la soberanía nacional a un pedazo de su territorio esquilmado por décadas, se materializó también la sustitución patronal, por la cual el sindicato hubo de luchar durante largo tiempo.

Esta memorable historia que escribieran dieciocho obreros y un puñado de campesinos en las goteras de Cúcuta, enfrentados al régimen samperista y sus verdugos, puso de presente en 1995 la importancia de la indestructible alianza obrero-campesina, fuerza clave de la revolución, para defender nuestra soberanía económica. En un rincón de las breñas nortesantandereanas, parvo en la geografía y en la producción, ocurrió este episodio gigante en sus enseñanzas, que ya tiene su puesto en la gesta de la clase obrera por su emancipación definitiva.

Por Guillermo Alberto Arévalo

En la época del imperio romano, Plinio el Joven escribió en una de sus cartas: «En las bibliotecas hablan las almas inmortales de los muertos.» Quizá no tenía aún la perspectiva suficiente para agregar que la historia y el estado de una biblioteca nos ayudan a comprender los de la sociedad que la ha forjado. El caso colombiano ofrece un buen ejemplo de ello.

El 19 de enero de 1977, cuando nuestro país era administrado por el virrey español Manuel Antonio Flórez, se inauguró la Real Biblioteca Pública de Santafé de Bogotá, antecedente de la Biblioteca Nacional de Colombia. Culminaba así un proceso de diez años, desde cuando por orden del rey Carlos III fueron desterrados los jesuitas de la Nueva Granada y se ordenó la ocupación de todos sus bienes, o «temporalidades». Entre ellos se incluyó, gracias a la iniciativa y a la tenacidad de un criollo, Francisco Antonio Moreno y Escandón, para entonces fiscal de la Real Audiencia, la colección de libros del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, en cuyo inventario leemos que contaba con 4.182 volúmenes, clasificados en las siguientes materias: Santos Padres, Expositores, Teología, Filósofos, Predicadores, Canonistas, matemáticos, Gramáticos, Históricos, Espirituales, Médicos y Moralistas.

Pobreza de volúmenes
De posteriores inventarios vale la pena señalar tres. El primero, efectuado por Francisco de Paula Santander, cuando se hallaba detenido en las instalaciones de la Biblioteca tras el atentado contra Bolívar, en el cual se le involucró. Sobre una tablilla, para no perder el tiempo en la cárcel, anotó: «Hay aquí 14.847 libros contados en noviembre de 1828 por Santander.» El segundo se produce un siglo después, en 1931, y no sólo constituye una cuantificación, sino que además es testimonio de la desidia de los diversos gobiernos colombianos. Al posesionarse como director Daniel Samper Ortega señaló: «La Biblioteca Nacional, hablando sin ambages, se encuentra, salvo en muy contados ramos, a la altura en que se encontraba a fines del siglo XVIII.» Para entonces se había logrado reunir 85.355 volúmenes. El último se produce en 1977, con motivo del segundo centenario de la fundación, cuando la directora, Pilar Moreno de Ángel, manifiesta: «Tenemos un irreparable atraso bibliográfico de veinticinco años.» El cálculo podría resultar optimista, pues en ese momento contabilizaba cerca de 400.000 volúmenes, mientras otra biblioteca latinoamericana, la de Buenos Aires, para sólo considerar un caso próximo, sobrepasaba los nueve millones. Conviene saber que, a lo largo del año anterior al bicentenario, según el rubro de «compras», únicamente ingresaron a los anaqueles dos libros.

De casa en casa
La primera descripción de la sede de nuestra Biblioteca Nacional, realizada paralelamente con el censo inicial, refleja la pobreza de sus orígenes y el carácter colonial de su nacimiento. «Entróse a la pieza de la Librería, que tiene veinte pasos regulares de largo, y siete de ancho, circunvalada de estantes de madera pintados de azul, y perfiles de oro, con un cuadro de San Ignacio sobre la puerta de entrada, y en el discurso de esta pieza dos mezas grandes aforradas de baqueta, dos bancos de sentar, una silla, cuatro glovos bien maltratados…»

Al momento de abrir sus puertas, la Biblioteca ocupó la casa ubicada donde hoy está el Palacio de San Carlos; allí se agruparon los fondos editoriales expropiados a la orden jesuítica en Tunja, Pamplona, Honda y otras localidades. Posteriormente fue trasladada a la sede actual del Museo Colonial, por esa época llamado edificio de «Las Aulas» del Colegio Mayor de San Bartolomé, donde, a causa de los métodos obsoletos empleados para la clasificación y conservación de documentos, se llegó a la total dispersión de -paquetes anudados de libros y periódicos, si bien el empeño del vicepresidente Santander logró que a los libros originales, y a los adquiridos posteriormente, que versaban sobre clásicos griegos, latinos y españoles, física y filosofía, peripatética, se les sumara «la librería que fue de la expedición botánica que estuvo a cargo del difunto doctor José Mutis», la cual fue equiparada por Alexander von Humboldt a las mejores de Europa. Así comenzó a adquirir un carácter nacional. Esta sede fue cerrada durante 1854, y la Biblioteca convertida en cuartel, tras el golpe de estado del general José María Melo.

Sólo a finales de los años treintas de este siglo se construyó una edificación especial -que se conserva con algunas remodelaciones y restauraciones realizadas hace década y media- para el que debería ser el máximo archivo de la memoria escrita de nuestro país. Sin embargo, en 1955 el general Gustavo Rojas Pinilla ocupó de facto sus instalaciones: se tomó el bello patio central, taponó la luz necesaria para las salas de restauración, desalojó la valiosa colección de más cien mil volúmenes de periódicos y revistas de la hemeroteca, donde todavía se conservan ejemplares de las primeras muestras del periodismo en Colombia, como son El Aviso del Terremoto, de 1785, y El Papel Periódico de Santafé, de 1791, e instaló los estudios de la Televisión Nacional en los sótanos y en una casucha de precario estilo tugurial cruzada burdamente por cables eléctricos, que sólo hace un año fue retirada. Durante treinta años, pues, buena parte del patrimonio cultural del país estuvo en evidente peligro de desaparecer en un incendio. Y aún puede verse el estado de ruina en el cual quedó ese sector del edificio.

Usuarios, fondos y servicios
En los primeros años de la Biblioteca, el gobierno separó en dos salas los escasos libros. A ambas tenían acceso los nacidos en España, pues el propósito de su fundación rezaba que se proponía capacitar a los neogranadinos instruyéndolos de «noticias sólidas y verdaderas, que muchas veces se ignoran por falta de buenos libros, mayormente en estos remotos dominios donde escasean y son costosos». Los pocos criollos que sabían leer, en cambio, únicamente podían consultar la que tenía «puerta franca al común», en la que no había libros «de doctrinas laxas y máximas perniciosas», sino aquellos escogidos como «más seguros, sanos y útiles». Entre estos últimos se contaban, desde luego, los dos primeros impresos en la colonial Santafé, en 1739, y que se conservan en la sección de libros Raros y Curiosos: Novena del Corazón e Jesús y Día de la Grande Reina.

Hasta hace algunos años, el censo de los usuarios de la Biblioteca Nacional presentaba un promedio, desalentador, de alrededor de ciento cincuenta mil anuales, en su mayoría estudiantes de bachillerato que la visitaron para solucionar sus tareas escolares, además de algunos universitarios, profesionales, empleados y un reducido número de investigadores. La orfandad presupuestal en la cual se ha mantenido explica por qué. Aparte de la exigua suma que se destina a las adquisiciones, el personal resulta insuficiente. A causa de ello, por ejemplo, en 1975 la visitaron 111.132 personas, mientras a la Luis Ángel Arango, del Banco de la República, acudían 942.837.

A falta de una adecuada atención estatal, la Biblioteca ha recibido paulatinamente valiosas donaciones con las cuales ha conformado dieciocho Fondos Especiales, que llevan por nombre los apellidos de sus benefactores. Los constituyen las bibliotecas que fueron de prestigiosos intelectuales de diversas disciplinas, entre quienes cabe destacar al general Joaquín Agosta, Manuel Ancízar, Germán y Gabriela Arciniegas, Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, Jorge Isaacs, Anselmo Pineda, Marco Fidel Suárez y José María Vergara y Vergara.

Por otra parte, la Biblioteca Nacional posee una colección de libros publicados entre 1400 y 1800, los Raros y Curiosos, donde reposan 28.000 volúmenes, entre otros 40 incunables universales y valiosos documentos históricos y literarios, tales como los manuscritos de El Carnero, los 28 tomos de documentos de la Revolución de los Comuneros, que incluyen la sentencia a muerte de José Antonio Galán, las primeras ediciones de obras de Miguel de Cervantes, las acuarelas de la Comisión Corográfica y varias crónicas de la conquista de América.

Los avances de la Biblioteca Nacional se han debido, fundamentalmente, a esfuerzos de algunos de los escritores y pensadores que han sido encargados de su dirección. Por ejemplo, desde hace un par de años se reavivó la publicación de la revista Senderos, interrumpida durante cincuenta y siete años, y ya antes se habían reiniciado los programas de exposiciones, audiciones, conferencias y vinculación con la vida social y cultural del país.

La historia de sus vicisitudes y la importancia de su papel cultural reclaman que el pueblo colombiano se apropie de este legado y exija su adecuada financiación, para restaurar la dignidad que merece: la de principal centro cultural de la nación.