UNA BATALLA IMPUESTA A LOS TRABAJADORES ESTATALES

Un gran descontento reina en el sindicalismo por la aparición de la ley 200 de 1995, el Código Disciplinario Único gestado en la Procuraduría General, aprobado por el Congreso y sancionado por Samper. Los trabajadores convocaron de inmediato reuniones de emergencia, con el fin de desarrollar un plan de acción tendiente a enfrentar esta nueva agresión. El 30 de septiembre, por iniciativa de Fecode y la USO, y con la participación de la CUT y CGTD, se reunieron voceros de Sintracreditario, Sittelecom, Sindess, Sindesena, Sindicato del Acueducto de Bogotá, Utradec, Fenaltrase, Sintracade y Sintraelecol, entre otros.

De allí salieron determinaciones como la de hacer público el rechazo a la atrabiliaria medida, y el llamado a un Encuentro Nacional del sindicalismo estatal para el 21 de octubre, con el objeto de abordar el problema y condenar las privatizaciones, la liquidación de las entidades de seguridad social de los servidores públicos y exigir reajustes en los salarios oficiales. En ese momento Fecode tenía aprobado un paro de 48 horas para los días 12 y 13 del mismo mes, el cual fue respaldado por los demás sectores con una Jornada Nacional de Protesta.
La Junta Nacional de Fecode, por una estrecha mayoría, decidió cancelar esa acción, con el argumento de que el gobierno se comprometía a establecer mecanismos que supuestamente garantizaban la vigencia de las normas del Estatuto Docente y, por ende, la exclusión del magisterio de la aplicación del nefasto código. Aparte del egoísmo gremial que entraña la actitud de la mayoría en Fecode, las promesas hechas por el gobierno son bastante etéreas y no resuelven el problema planteado por la derogatoria de las normas disciplinarias contenidas en el Estatuto Docente, de manera que el asunto sigue latente para el magisterio colombiano.

Las circunstancias llevaron a un sector de Fecode, encabezado por José Fernando Ocampo, dirigente del MOIR, a expresar que “el magisterio tiene que levantarse contra el atropello de la ley 200, rescatar el Estatuto Docente, unirse con todos los servidores del Estado para derrotar ese régimen fascista, defender la reforma educativa, recuperar la independencia de la organización sindical, rechazar el sindicalismo gobiernista, oponerse a la política de Samper, repudiar su entrega al imperialismo norteamericano, salvaguardar la soberanía nacional”.

Los acuerdos alcanzados por todas las vertientes del sindicalismo estatal el 30 de septiembre, están dependiendo de que sean superadas las vacilaciones de fuerzas importantes para esta batalla. Entre tanto, las organizaciones más consecuentes han expedido la declaración que a continuación reproducimos.

¡ABAJO LA LEY 200!

Por iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, y después de un trámite inusitadamente acelerado, se aprobó recientemente la ley 200 de 1995, sancionada en volandas por el ministro delegatario en funciones presidenciales, Horacio Serpa. Mediante tal norma se expide un draconiano Código Disciplinario Único que reemplaza la ley 13 de 1984, los regímenes especiales conquistados por decreto, y amenaza los alcanzados por convención colectiva.

Ésta es la continuación de la alharaca de la moralización que tuvo como episodio previo la aprobación del denominado Estatuto Anticorrupción, un código policivo contra el grueso de los funcionarios públicos, basado en unos indicadores de eficiencia que, sin ser definidos, serán utilizados para juzgarlos y condenarlos, en tanto que a la cúpula del Estado, que se lucra de los grandes negociados con las multinacionales, se la exime de toda culpa.

Todo indica que esta política constituye un mecanismo para amedrentar a los servidores del Estado y sus organizaciones sindicales, y así poder lanzar la oleada de privatizaciones anunciada por el ministro Perry en el Congreso, hace pocos días. Sin duda que el nuevo régimen disciplinario reconfirma el carácter antipopular del actual gobierno y forma parte de la ofensiva general contra el movimiento sindical, encaminada a empujar hacia abajo los salarios y arrebatarle sus derechos.

La represión, arma dilecta del gobierno
La expedición de esta ley corrobora el anunciado de que aplicación del modelo neoliberal requiere de instrumentos abiertamente represivos y arbitrarios, que recaerán sobre todos los funcionarios públicos. Se desmejoran así las condiciones de permanencia en el trabajo, al colocar en entredicho los regímenes disciplinarios especiales y establecer una interminable lista de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, digna de las épocas del fascismo. Sus aspectos generales más lesivos son:

• Eleva a los procuradores y personeros a la categoría de jueces de los trabajadores estatales, violentando el debido proceso.

• Incrementa las sanciones en forma desproporcionada, de manera que las multas pueden ser hasta de noventa días de salario; el jefe inmediato puede imponer multas hasta por diez días y la suspensión provisional sube al tope de tres meses.

• Atenta contra los regímenes especiales que los trabajadores han conquistado tras largos años de lucha, incluso los alcanzados mediante convención colectiva.

• Establece un cúmulo de prohibiciones y deberes que apuntan principalmente a limitar la acción sindical, pues no se puede ocupar indebidamente oficinas o edificios públicos, ni propiciar, organizar o participar en paros, suspensión del trabajo o disminución de su ritmo.

• Institucionaliza la persecución política para aquellos que muestren intereses partidistas no gobiernistas y, de paso, se les cercena el derecho a los trabajadores oficiales a ser elegidos a asambleas y concejos.

• Elimina las diferencias que en materia de proceso disciplinario existen entre los trabajadores oficiales y los empleados públicos, a los cuales cobija indiscriminadamente.

• Anula la acción de defensa del asalariado, que se adelantaba por medio de las Comisiones de Personal, una de las escasísimas prerrogativas con las que todavía contaban los funcionarios del Estado.

• Debilita la acción de los sindicatos mediante la anulación del artículo 13 del citado decreto 482, que contemplaba la asesoría del sindicato en los procesos disciplinarios, ahora reemplazada por la asistencia de un abogado, si el encausado tiene con que cubrir los gastos correspondientes.

• Se anula el derecho de huelga en los llamados servicios esenciales, con la obligación de delatar a quien participe en esas actividades, so pena de incurrirse en falta disciplinaria.

Los más afectados

Es indudable que uno de los sectores más perjudicados es el magisterio colombiano, cuyo régimen disciplinario, consagrado en el Estatuto Docente, es derogado después de treinta años de intensas batallas por alcanzar estabilidad y garantías para la promoción. En primer lugar, las sanciones y destituciones quedan en manos de los alcaldes y gobernadores, en contravía de lo alcanzado con la creación de las Juntas de Escalafón. Los derechos y deberes de los educadores son reemplazados por un catálogo de derechos generales y prohibiciones a los que se suman los contemplados en el mencionado Estatuto Anticorrupción.

De igual manera son seriamente afectados los trabajadores de Telecom, Caja Agraria, Ecopetrol y demás entidades que pactaron regímenes disciplinarios especiales, cuya vigencia está en duda por el articulado de esta norma que, por su naturaleza, según algunos altos ejecutivos del Estado, tiene prelación sobre las convenciones colectivas.

Llama la atención que precisamente se expida pocos días después de que el gobierno actual anunciara la realización de un programa de privatizaciones más profundo y antinacional que el de su antecesor, que contempla la mayoría de las instituciones cuyos trabajadores son cobijados por este nuevo atentado contra los intereses obreros y populares.

Llamamiento al sindicalismo estatal
La gravedad de las circunstancias, materializada en la ofensiva privatizadora y la aprobación de la ley 200 de 1995, hace necesario estrechar los lazos de unidad de acción de todos los trabajadores del Estado, para adelantar las acciones jurídicas, legislativas y de movilización necesarias para detener esta nueva agresión del gobierno, que atiende los requerimientos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD.
Unión de Trabajadores del Estado, Utradec.
Sindicato de Trabajadores de Telecom, Sittelecom.
Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social, Sindess.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja Agraria, Sintracreditario.
Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEB.
Asociación Médica Sindical, Asmedas.
Sindicato Nacional de Empleados del SENA, Sindesena.
Sindicato de Trabajadores del ICBF, Sinbienestar.
Sindicato de Trabajadores de las Gobernaciones Departamentales.

EL DESCALABRO DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Por Francisco Cabrera
“La descentralización administrativa, junto a la novedad de los alcaldes elegidos en las urnas, brinda asimismo una magnífica oportunidad para subir escandalosamente los múltiples arbitrios que aletean sobre los predios de las localidades. El que quiera ‘apertura democrática’ que la compre”.
Francisco Mosquera

El epígrafe escogido fue escrito en 1989 por nuestro desaparecido secretario general. Eran los días en que la descentralización tenía en la elección de los alcaldes un ropaje seductor y fue abrazada con entusiasmo por los municipios como la ilusoria alborada de su redención. Hoy, al hacer el balance de aquel proceso impulsado desde comienzos de los ochentas, el panorama es el de un inmenso descalabro al borde de generar el más caudaloso movimiento de rebeldía de las localidades contra el gobierno central.

El diario El Tiempo, en su edición del 13 de octubre de 1995, informó sobre la toma de la alcaldía de Remedios “por la no cancelación de salarios y primas extralegales a los 35 educadores, 60 empleados, 59 obreros y 18 jubilados del municipio. A éstos se les debe un total de 453 millones 917 mil pesos”. Y agregó que la administración tiene una deuda estimada en 1.200 millones de pesos.

Noticias como ésta se han vuelto comunes en la prensa. Y tan estrambóticas, como la que informaba de la población de Ulloa, en el Valle del Cauca, la cual por falta de recursos optó por volver a ser corregimiento, y andaba en busca de un municipio vecino que la aceptara; o la del alcalde de Barranco de Loba, Bolívar, quien ante la pobreza del erario para cumplir con su plan de gobierno, prefirió el suicidio a quedar mal con sus electores. Por doquier la insolvencia obliga a los despidos de personal y a la supresión de cargos y dependencias, llegándose a casos extremos como el de Lebrija, en Santander, donde el burgomaestre se vio obligado a cerrar el penal ante la imposibilidad de pagarles al director y a los tres guardianes. Son situaciones dramáticas, reveladoras de la tormenta que se avecina.

Un mal con paternidad
En 1982, cuando se iniciaba la crisis de la deuda latinoamericana, la misión Bird-Wiesner puso en marcha un plan para profundizar la descentralización, que le permitiera al gobierno nacional descargar una serie de obligaciones en los entes territoriales, liberando recursos para el pago de los compromisos con la banca imperialista. Para que municipios y departamentos aceptaran echarse a cuestas las nuevas cargas, se les endulzaba el oído con el ofrecimiento de abundantes aumentos de las transferencias de la nación. La fórmula quedó consagrada en los artículos 356 y 357 de la Constitución de 1991, y fue desarrollada en la Ley 60 de Competencias y Recursos, de 1993.

El plan contemplaba un aspecto considerado decisivo para su éxito: el “esfuerzo fiscal propio” de los departamentos y municipios. Penetrando agudamente en la esencia de esta política, Francisco Mosquera escribió la frase que citamos en el encabezamiento.

A las localidades se les endosó la responsabilidad en la salud, los servicios públicos, las carreteras y caminos, la vivienda social, la asistencia técnica al sector agropecuario, parte de la educación y otro sinnúmero de obligaciones.

A la postre, nos hallamos en un círculo que al cerrarse sobre los municipios los condena sin contemplaciones a la exacción a sus habitantes. Las crecientes exigencias del Fondo Monetario y el Banco Mundial para disminuir el gasto del Estado, han hecho que Samper anuncie la necesidad de una reforma a la Constitución y a la Ley 60, con el fin de recortar el monto de los dineros que el gobierno nacional quedó obligado a transferir. Igualmente, propone un proyecto de ley para forzar a los departamentos y municipios a la generalización de la sobretasa a la gasolina y al autoavalúo para el incremento del impuesto predial, entre otras medidas. Exprimir a los municipios hasta la última gota, para que la nación se dedique al pago de una deuda externa que la desangra, y concentre su inversión en las obras de infraestructura que las multinacionales demandan. Tal es la receta imperialista.

En el presupuesto de 24 billones de pesos para 1996, se destinan 5.1 millones al servicio de la deuda, cifra superior a la mitad del total de las exportaciones proyectadas para el mismo año. Aquí, y no en los magros gastos de los entes territoriales, es donde se encuentra el verdadero hueco del presupuesto.
Los guarismos alarmantes acerca de la endemoniada carrera de endeudamiento iniciada por los municipios y departamentos -que creció entre 1993 y 1994 en 194% y 114%, respectivamente-, nos brindan suficiente prueba de que se los conduce, como a la nación, a hipotecar su porvenir. Pero como para lograrlo hay que someter al pueblo a toda suerte de cargas impositivas, y éste se encuentra maltrecho por el agobiante peso de la crisis económica, el enfrentamiento es inevitable.

Economismo vulgar
Las teorías que han inspirado la descentralización en América Latina parten del absurdo de aplicar al sector público las leyes de la competencia. Para el ex ministro Eduardo Wiesner, quien pontifica sobre el tema desde las oficinas del BID, “una estrategia de descentralización bien diseñada es similar a la `liberalización’ o la `apertura’ del espacio territorial interno a las fuerzas del mercado”. Y agrega: “Un mayor grado de competencia dentro del sector público hará que la asignación de recursos sea más equitativa y eficiente”. En la práctica, lo que se da es un insostenible ahondamiento de las desigualdades entre las zonas de algún desarrollo y las rezagadas y, en definitiva, la tan cacareada competencia será la misma que enfrenta a los países atrasados entre sí: cuál brinda las mayores ventajas a la inversión extranjera.

Descentralización política, democracia fantasiosa
La descentralización fiscal se ha acompañado de una serie de reformas políticas que se pretende hacer pasar como ampliación de la democracia. Con la Carta de 1991 se acrecentó la algarabía sobre la democracia participativa, la soberanía popular y el fortalecimiento del poder local. A las masas se las zahiere y se las consuela con una democracia ilusoria. El imperialismo, que es la negación de toda democracia, encubre sus intenciones siniestras tras el relumbrón de fuegos artificiales. Centenares de funcionarios estatales y otros tantos de Organizaciones No Gubernamentales, las nuevas beneficiarias de la contratación oficial, se encuentran en una febril campaña de embaucamiento colectivo vendiendo la nueva panacea a lo largo y ancho del país. Al hoy llamado Ministerio del Interior se la ha asignado la tarea de orquestar la añagaza. Las grandes ciudades son un surtidor de experiencias que tienden a generalizarse, como la “alianza estratégica” con la que el cura Hoyos realizó la privatización de la triple A. Y el caso de Mockus en Bogotá con su “todos ponen”, que para él es el súmmum de la democracia.

La Ley 152 de 1994 llama a la ciudadanía a opinar sobre el plan de desarrollo, cuando ya está definido y se encuentra condicionado por los dictámenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario.

El plan nacional, a su vez, condiciona los planes locales, particularmente allí donde se juegan intereses estratégicos, como en las dos costas, las ciudades de mayor desarrollo, las zonas de frontera y las regiones de explotación de recursos naturales. Hacia ellas se destinan prioritariamente las inversiones del gobierno central.

Y para la gran mayoría de los 1.057 municipios de Colombia, la “autonomía local” se reduce a que todos discutan los nuevos impuestos, tasas y sobretasas por cobrar para hacer carreteras, alcantarillados, escuelas, puestos de salud.

Frente a la Colombia de postín discurre la Colombia real arrastrando sus necesidades y padecimientos. A las organizaciones revolucionarias nos compete la dura tarea de desenmascarar los ardides del imperialismo en su ofensiva recolonizadora y poner al descubierto a sus agentes.

La clase obrera y el pueblo, conformando un gran frente de lucha, se encargarán de ir labrando los perfiles de la Nueva Democracia que interprete cabalmente sus intereses.

MOCKUS EL ALCABALERO

El 8 de septiembre el alcalde Antanas Mockus y la mesa directiva del Concejo de Bogotá acordaron una agenda de trabajo de 16 puntos que incluye, entre otros, la privatización de la Empresa de Energía, una reforma tributaria, la sobretasa a la gasolina, la valorización por beneficio local, los peajes urbanos, despidos masivos de trabajadores de diferentes dependencias y la supresión del Departamento Administrativo de Acción Comunal.

Por su parte, el Cabildo marcha hacia la rendición, atolondrado por los sistemáticos mandobles que le propinan el profesor Mockus y su corte de académicos emergentes. Incapaz de reaccionar buscando el apoyo popular frente a las alcaldadas, el Concejo se ha mostrado atemorizado por el poder de los medios y acomplejado por el estigma de la corrupción.

Mockus se muestra dispuesto a llevar al extremo los postulados descentralistas del “esfuerzo fiscal propio” y a desarrollar la “antipolítica”, como el nuevo paradigma de la “gobernabilidad”. Con la discusión de los planes de desarrollo de las localidades se agitaron los ingentes problemas de los habitantes de los barrios, pero se les puso de presente que la plata no alcanzaba. De esta forma se comenzó a ambientar el establecimiento de tributos locales, que obligan a la comunidad a cofinanciar los proyectos.

A la vez Mockus inició el montaje de su propia maquinaria clientelista, maniobrando para asignar el presupuesto a los movimientos cívicos que se amolden a su tendencia “antipolítica”. Para esto ha contado con el respaldo de organizaciones como “Viva la ciudadanía”, que vienen realizando cursos de formación de los dirigentes llamados a producir el relevo.

Lo otro que queda claro es que la “cultura ciudadana”, para la que se destinaron 170 mil millones de pesos, es una campaña de Mockus para promover sus ambiciones personales, y para retribuirles a los medios de comunicación los favores recibidos. Mientras tanto, al pueblo se le agobia con tributos regresivos como la sobretasa. Éste es tan sólo el comienzo.

Intervención del coordinador de Unidad Cafetera en Risaralda: SOBRE LA TÁCTICA DEL MOVIMIENTO CAFETERO

Por Aurelio Suárez Montoya

Lo que está discutiendo el movimiento cafetero, y yo diría que el movimiento agrario en general, es la táctica y la estrategia que deben desarrollar para impedir su ruina completa. El problema de la táctica, además, no se resuelve por caprichos o por inclinaciones personales, sino que tiene que ver con las concepciones que existan sobre el problema de fondo que enfrentan los caficultores y los agricultores colombianos.

Es absolutamente importante que se tenga claro que el asunto cafetero va más allá de un enunciado meramente reivindicativo. Muchos, cuando pretenden señalar que tal o cual acto les va a ablandar el corazón o el oído al gobierno o a las autoridades cafeteras, parten del punto de vista de que el tema cafetero es simplemente un conjunto de medidas o una situación coyuntural que una vez resuelta redundará en bienestar, progreso, prosperidad y desarrollo armónico para la producción cafetera.

Eso no es cierto. Aquí en el mundo cafetero ha sucedido una serie de acontecimientos que no podemos olvidar. De hecho, los países consumidores, con los Estados Unidos a la cabeza, han logrado imponer su política internacional en cuanto al café se refiere. El rompimiento definitivo del Pacto Internacional de Cuotas les trasladó a los grandes poderes de las multinacionales de orden financiero y torrefaccionadoras del café el manejo absoluto del negocio a través de las transacciones en bolsas en Londres y Nueva York. Y ése es un hecho fundamental, es un hecho que no se puede desconocer ni se puede mirar de manera displicente. La realidad nos muestra que el bajo abastecimiento del mercado cafetero, por la inexistencia de cafés físicos, no se había presentado en toda la década en la misma proporción como se dio en 1995. A pesar de ello, el precio no ha reaccionado y se han hecho transacciones a un dólar con treinta y siete centavos la libra. Éste es un suceso sin precedentes. Es el más importante de todos en la actual situación cafetera mundial y toca directamente el acontecer cotidiano de nuestro producto. Así se le señaló al ministro Perry en la conversación que se adelantó con él y con el señor Jorge Cárdenas y los ministros de Gobierno y Agricultura, días previos al Paro Cívico Nacional Cafetero.

De ese control no se va a salvar nadie: ni pequeños, ni medianos, ni acomodados, porque una de las cosas nuevas que tiene esta política internacional y este nuevo orden económico es que no solamente golpea a los de siempre, a los sectores sociales empobrecidos y a las clases medias, sino que va por los mercados y la acumulación interna de capital, por la tasa de ganancia y por el margen de operación de los sectores pudientes de la producción agraria e industrial del país.

No se puede entonces repetir de manera dogmática el viejo libreto de los pobres y los ricos. Una dirección, con claridad, ha de efectuar un análisis de clases serio alrededor de la sociedad colombiana y tiene que hilvanarlo de manera profunda y cuidadosa, si es que de verdad se pretende, al menos, neutralizar a quienes han urdido la gran conspiración, ésa que el periódico Unión Cafetera avizoraba desde 1989, días después del rompimiento del Pacto Internacional. Y en ese sentido, entendiendo cuál es la magnitud del problema y qué es lo que está en juego, aparecería absolutamente torpe y contraevidente trazar una línea de acción que no fuera la más amplia línea de masas. Y cuando digo eso, me refiero a que la Unidad Cafetera, y las organizaciones agrarias de los departamentos de que se trate, se equivocarían si no se empeñan en cada actividad, en cada faena y en cada jornada en movilizar cada vez más efectivos, porque la batalla que se tiene por delante es crucial en la defensa de la producción nacional.

Por eso no podemos trazar líneas de acción que sólo contemplen las voluntades de los más decididos. Porque una línea de acción así, que intente reemplazar el todo por la parte, termina aislando a esa parte, la más esclarecida, volviéndola presa fácil de las fuerzas opuestas a la estabilidad y al progreso de los caficultores.

Pero también se equivoca la Federación de Cafeteros al pregonar que hay un sector de la caficultura, al que denomina no viable, que es el que debe salir del negocio, que es el lastre que no le permite navegar sin zozobrar a la embarcación cafetera. Emilio Echeverry se equivoca, y de palmo a palmo, porque las grandes multinacionales y los grandes capitales financieros no sólo vienen por la pobreza de la pobrería, por la estrechez de la medianía y por el margen de utilidad y de operación y la rentabilidad que se puede obtener de la caficultura, sino que las multinacionales también vienen por la Federación Nacional de Cafeteros, como institución que les obstaculiza su necesidad de un mercado interno libre.

Los señores Emilio Echeverry y Jorge Cárdenas, en su liturgia de conciliación con los poderes colosales que se han venido encima, tratan de “sobarle el lomo” y de “limpiarle la solapa” al sector de los cafeteros acomodados para que abandonen a su suerte a los más pobres y débiles. La única posibilidad es la contraria: hacer una cadena que no tenga eslabón débil.

Porque a quienes les van a ajustar cuentas los grandes poderes financieros y los grandes pulpos de la torrefacción, la Nestlé, la Procter and Gamble y la Kraft General Foods es a todos los que tengan que ver con la caficultura: a los campesinos del norte del Tolima, a los de Quinchía, a los caldenses y a los de Andes, Antioquia, y también al sector empresarial.

De lo dicho aquí no se puede deducir sino una sola cosa: ésta es una lucha de Resistencia y, por lo tanto, para decirlo de manera coloquial, la táctica de Unidad Cafetera “no es para machos, es para muchos”. Es para multitudes, no exclusivamente para gladiadores. La línea estratégica nuestra consiste en diseñar tareas que les faciliten todo a las mayorías para que se vinculen a ellas y, así, se pueda contender de manera seria y efectiva.

Debe también hablarse de cuáles son las perspectivas y cuál es el final de la crisis. Porque hay que diseñar la táctica no para la escena siguiente sino para el final de la película. ¿Cómo va a terminar ésta? Depende de una sola cosa: de que la Unidad Cafetera “en una tarde de jolgorio” no se juegue la pequeña fortuna y el prestigio que ha conseguido, de que no se desespere y de que, en fin, toda acción sea más fuerte que la anterior.

Algunos, con buena fe, piensan que cuanto más largos sean los paros, más radical es la posición. Con todo respeto disiento de esa opinión; la radicalidad de un paro no consiste en su duración. La calidad de un paro, de una marcha o similares consiste en lo correcto de su orientación y sus objetivos y en la participación masiva que encierren. Es la participación amplia, acertada, en una dimensión clara y organizada, la que los fortalece de verdad.

Una reflexión penetrante permite observar que, en últimas, la crisis rebasa el tema cafetero. Aquí lo que está en crisis es el modelo de desarrollo agrario, el que obligó a 300 mil familias a subirse a unas montañas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, para ganarse la vida en cafetales de 3.5 hectáreas en promedio, y hoy el único producto, por las condiciones de mercado internacional que tenía, el que les permitía el sustento, hace agua. Por consiguiente, el horizonte, en el largo plazo, supera una condonación, un precio, y se remonta a las estructuras mismas del desarrollo agrario del país.

Estos puntos planteados tienen solamente el sentido de que haya una discusión fraternal apropiada. Yo respaldo con mi intervención la del doctor Fabio Trujillo, y permítanme que de algo le sirva como sustento a sus palabras sabias. El éxito de este movimiento, de aquí en adelante, radica en que se aprenda la lección de la táctica y la estrategia, que se desestime la provocación del gobierno y que, en consecuencia, se avance de manera más eficaz.

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* Publicado en el periódico La Tarde, 5 de septiembre de 1995, Pág. 5A, este artículo es una versión libre del autor de su intervención en el Encuentro Nacional de Dirigentes de Unidad Cafetera, ocurrido en Pereira el 23 de agosto de 1995. En su publicación no sólo se intenta dar al lector una visión sobre la forma como actúa, por principio, la Unidad Cafetera sino que, de paso, se confutan irresponsables infundios como los que publica el doctor Luis Carlos Ramírez Múnera, en su columna Panorama del Diario del Otún, de agosto 25 de 1995, Pág. 4A. Asimismo se ratifica por qué Unidad Cafetera no participa en movilizaciones cuya orientación táctica y estratégica no comparte.

DELEGACIÓN DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE COREA SE ENTREVISTÓ CON EL MOIR

En septiembre, por invitación del Partido Comunista Colombiano, visitó nuestro país una delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Pak Kyong Son, subdirector de su Departamento Internacional.

El MOIR, representado por Enrique Daza y Carlos Naranjo, miembros del Comité Ejecutivo Central, se reunió con ellos e intercambió opiniones sobre diversos temas de la situación política mundial.

Fue una buena oportunidad para que el MOIR extendiera al aniversario de la fundación de la hermano pueblo coreano las más cálidas felicitaciones por el 40 aniversario de la fundación de la República Democrática y Popular de Corea.

RÍO ZULIA: HISTÓRICA LECCIÓN DE CORAJE

Por Nelson Osorio Ramírez
Después de más de 30 años, y pese a incontables maniobras urdidas desde los altos poderes, la Concesión Río Zulia 837 revirtió al Estado colombiano el domingo 23 de abril a las doce de la noche.

La reversión, pactada desde 1964, se logró gracias al esfuerzo mancomunado de trabajadores, colonos de la zona e ingenieros vinculados a su explotación.

Crónica del despojo
La adjudicación inicial del terreno de casi cincuenta mil hectáreas se hizo el 17 de junio de 1958 a la Richmond Oil Company, filial de la Chevron, fundada por la familia Rockefeller. Comenzó la explotación en 1964 y alcanzó los 30 mil barriles diarios. El saqueo gringo de nuestros recursos continuó hasta 1987. A raíz de un atentado guerrillero que arrasó las instalaciones el 26 de septiembre de 1986, la multinacional alzó el vuelo y las dejó abandonadas. Hasta esa fecha, había extraído 130 millones de barriles.

Petróleos del Norte, subsidiaria del Grupo Santodomingo, asumió entonces la lucrativa explotación; en ocho años, desde el 2 de junio de 1987, cuando se llamaba Ingeser, extrajo 3.5 millones de barriles de crudo parafínico y se embolsilló más de 10 millones de dólares en esos pocos años de concesión.

Según estimativos oficiales, en otros ocho años de explotación todavía se pueden extraer 3.5 millones de barriles. Ecopetrol recibirá700 millones de pesos en ganancias mensuales, gastando únicamente 7 millones en nómina. Las regalías se treparán de 9 a 20%.

Sin embargo, el ex ministro de Minas Jorge E. Cock ridiculiza estas luchas patrióticas pues, según él, las reversiones sólo le aportan a la nación “pura chatarra”.

Se prende la pelea
Según resolución ejecutiva 0221 de 1988, expedida por el Ministerio de Minas, la fecha de expiración del contrato de la concesión Zulia terminaba el 23 de abril de 1995.

Pero, de acuerdo con la historia de las reversiones en Colombia, éstas se han logrado sólo mediante prolongadas batallas. Valgan los ejemplos de Dina, en el Huila, y Sabana de Torres, en Santander, para citar sólo las más próximas en el tiempo.

Río Zulia no iba a ser la excepción. La lucha se fortalece gracias a la posición patriótica de la USO, que en sus pliegos venía exigiendo las reversiones, y a las marchas y actividades impulsadas en Cúcuta por la CGTD en marzo y en abril.

La estrategia del engaño
El gobierno instruye al Ministerio del Medio Ambiente en abril para que produzca la resolución 337 de 1995, que ordena “suspender las actividades de producción en el campo Río Zulia” pues “la presencia de los elementos descritos es altamente contaminante para el medio ambiente”, medida que debía ser “de ejecución inmediata”. Es de anotar que estos burócratas se percataron de la contaminación sólo treinta años después, preciso cuando los terrenos debían revertir, confesando que la “ecología” se utiliza en pro de los monopolios nacionales y extranjeros.

La intención gubernamental era clara como el agua. Cerrar el campo definitivamente o buscar un operador, que podría ser el mismo Grupo Santodomingo. En todo caso, nada de “chatarras”. Pero la piedra en el zapato fue un fallo del Consejo de Estado que negaba la prórroga de la concesión. Y, gracias a la decisión y al coraje de un pueblo empeñado en hacer valer sus derechos, que recurrió a todas las formas de resistencia civil, el bien retornó al dominio de la nación.

Por el humo se verá la quema
Las incursiones de los helicópteros comenzaron en la tarde del 22 de abril. Allí viajaban funcionarios del gobierno, de Ecopetrol y militares, para cerrar el campo y dar al traste con la reversión. Según el testimonio de los trabajadores llegaron unos con la insignia de Helicol, y otros artillados del ejército. La estrategia popular era no dejarlos bajar. Se movilizaron todos, llamaron a los colonos de San Agustín de los Pozos y Caño Mono; los padres, los hijos, todo el mundo corrió a impedir el aterrizaje. Sobre la marcha prepararon las antorchas, removieron piedras y palos y, levantando obstáculos en los sitios abiertos, reunieron llantas viejas y les prendieron candela. Corrían en grupos a otros sitios para que no se posaran las naves.

Un helicóptero se aproximaba. De pronto, de la multitud salió Rigoberto y de un salto se trepó a la grúa. La prendió, y en segundos la lanzó a toda velocidad contra el aparato, impidiendo su aterrizaje. Entonces, el comandante de la nave prefirió virar. La grúa se detuvo y el obrero se echó sobre el timón. Una salva de vítores ahogó el ruido de las hélices que se perdió en el horizonte.

Los obreros cerraron el campo con candado y guardaron una severa vigilancia. Colocaron una alarma en la puerta para avisar a toda la comunidad en caso de peligro. Se repartieron el manejo y control de la temperatura de los equipos para mantenerlos en funcionamiento, requisito indispensable para ejecutar la reversión.

La dirección sindical
Al otro día, el domingo 23, arribó la delegación de la USO, encabezada por Rodolfo Gutiérrez, vicepresidente nacional. La tarea del momento era coronar la reversión a las doce de la noche.

Los obreros tenían que acertar en su táctica. Al ejército, que desplazó sus tanques y acampó en la escuelita rural, no se le podía dar pretexto para que ocupara las instalaciones. Ya se había logrado contar con la prensa, a través del Canal Regional y del periódico La Opinión.

Como el delegado oficial arguyera que el lugar estaba tomado por la guerrilla, Gustavo Salazar, presidente regional de la CGTD, lo increpó: – ¡Esto es un conflicto obrero y los obreros lo resolvemos!

Renuentes a recibir el campo los funcionarios del gobierno, el directivo de Petronorte les alegaba que el acta de reversión debía hacerse allí, lo que era lógico, mientras que el de Ecopetrol se empecinaba en hacerlo en Cúcuta. Finalmente, no lo recibió.

 Hay personas extrañas en el campo, dijo, refiriéndose a los campesinos de la zona que realizaban labores de mantenimiento.

 Tienen que retirarse, ordenó.

 No se retiran, le contestó enérgicamente Rodolfo Gutiérrez, pues con ellos garantizamos que el campo revierta a la nación.

A las once y media de la noche cortan la luz en la zona. Los operarios prenden la planta eléctrica y siguen las discusiones. La tensión aumenta. Se necesita cabeza fría y los proletarios se comportan ejemplarmente. El gerente de Petróleos del Norte y el inspector de Minas deambulan por las instalaciones, siempre seguidos de cerca por los obreros, que no los despintan.

Al llegar la medianoche se entonó el himno nacional y se izó el pabellón tricolor. Vivas a la USO y a la memorable lucha que finalizaba retumbaron en el campo. Se enarboló entonces la bandera de Ecopetrol y se pintaron los tanques con el símbolo de la empresa estatal. En acto solemne, a las dos de la mañana se firmó la afiliación a la USO de los dieciocho trabajadores de Río Zulia que habían librado la batalla.

Se elaboran dos actas: la de constatación de funcionamiento del campo Río Zulia, y otra anexa, firmada entre otros por Petronorte y el Ministerio de Minas. Ecopetrol no se hace presente. Se verifican los barriles de crudo en existencia y los l6 pozos en producción. En una palabra, los bienes muebles e inmuebles vuelven a ser de propiedad de la nación. Excepto el oleoducto Río Zulia-Ayacucho, de 180 km, la estación intermedia Bellavista, un compresor de 800 millones de pesos, y las oficinas de 120 millones de Petronorte en Cúcuta, bienes que el monopolio de Julio Mario Santodomingo no ha querido entregar y busca birlarle a Colombia.

La prueba de fuego
La pelea no terminó ahí. Los obreros se quedaron solos en sus instalaciones, pues Ecopetrol no recibió el campo. Vendría a hacerlo oficialmente el 15 de mayo por la presión de los trabajadores, de la USO y de la CGTD. ¿Qué pasó en esos 22 días?

Por una decisión de la Unión Sindical Obrera, el campo siguió produciendo normalmente. Ni el hambre, ni el no pago de los salarios, ni la escasez de productos químicos lograron vencer la férrea resistencia proletaria. Decidieron aguantar hasta el final. Nadie podía salir, a menos que una urgencia familiar lo requiriera.

Una comisión pidió la solidaridad de los comerciantes de Cúcuta. Llegaron bultos de arroz, víveres y donaciones en dinero, que ayudaron a soportar las difíciles condiciones de sus familias, agobiadas por la duración del conflicto. Los sindicatos suministraron los insumos químicos y los lubricantes, sin los cuales se hubiera dado la parálisis. Así aguantaron casi un mes. Al final, habían producido 25.458 barriles de crudo y 5.613 galones de condensado, frutos de su propio esfuerzo.

Cuando se firmó el acta de entrega de la reversión de la Concesión Zulia, y retornó la soberanía nacional a un pedazo de su territorio esquilmado por décadas, se materializó también la sustitución patronal, por la cual el sindicato hubo de luchar durante largo tiempo.

Esta memorable historia que escribieran dieciocho obreros y un puñado de campesinos en las goteras de Cúcuta, enfrentados al régimen samperista y sus verdugos, puso de presente en 1995 la importancia de la indestructible alianza obrero-campesina, fuerza clave de la revolución, para defender nuestra soberanía económica. En un rincón de las breñas nortesantandereanas, parvo en la geografía y en la producción, ocurrió este episodio gigante en sus enseñanzas, que ya tiene su puesto en la gesta de la clase obrera por su emancipación definitiva.

HISTORIA Y DESVENTURAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

Por Guillermo Alberto Arévalo

En la época del imperio romano, Plinio el Joven escribió en una de sus cartas: “En las bibliotecas hablan las almas inmortales de los muertos.” Quizá no tenía aún la perspectiva suficiente para agregar que la historia y el estado de una biblioteca nos ayudan a comprender los de la sociedad que la ha forjado. El caso colombiano ofrece un buen ejemplo de ello.

El 19 de enero de 1977, cuando nuestro país era administrado por el virrey español Manuel Antonio Flórez, se inauguró la Real Biblioteca Pública de Santafé de Bogotá, antecedente de la Biblioteca Nacional de Colombia. Culminaba así un proceso de diez años, desde cuando por orden del rey Carlos III fueron desterrados los jesuitas de la Nueva Granada y se ordenó la ocupación de todos sus bienes, o “temporalidades”. Entre ellos se incluyó, gracias a la iniciativa y a la tenacidad de un criollo, Francisco Antonio Moreno y Escandón, para entonces fiscal de la Real Audiencia, la colección de libros del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, en cuyo inventario leemos que contaba con 4.182 volúmenes, clasificados en las siguientes materias: Santos Padres, Expositores, Teología, Filósofos, Predicadores, Canonistas, matemáticos, Gramáticos, Históricos, Espirituales, Médicos y Moralistas.

Pobreza de volúmenes
De posteriores inventarios vale la pena señalar tres. El primero, efectuado por Francisco de Paula Santander, cuando se hallaba detenido en las instalaciones de la Biblioteca tras el atentado contra Bolívar, en el cual se le involucró. Sobre una tablilla, para no perder el tiempo en la cárcel, anotó: “Hay aquí 14.847 libros contados en noviembre de 1828 por Santander.” El segundo se produce un siglo después, en 1931, y no sólo constituye una cuantificación, sino que además es testimonio de la desidia de los diversos gobiernos colombianos. Al posesionarse como director Daniel Samper Ortega señaló: “La Biblioteca Nacional, hablando sin ambages, se encuentra, salvo en muy contados ramos, a la altura en que se encontraba a fines del siglo XVIII.” Para entonces se había logrado reunir 85.355 volúmenes. El último se produce en 1977, con motivo del segundo centenario de la fundación, cuando la directora, Pilar Moreno de Ángel, manifiesta: “Tenemos un irreparable atraso bibliográfico de veinticinco años.” El cálculo podría resultar optimista, pues en ese momento contabilizaba cerca de 400.000 volúmenes, mientras otra biblioteca latinoamericana, la de Buenos Aires, para sólo considerar un caso próximo, sobrepasaba los nueve millones. Conviene saber que, a lo largo del año anterior al bicentenario, según el rubro de “compras”, únicamente ingresaron a los anaqueles dos libros.

De casa en casa
La primera descripción de la sede de nuestra Biblioteca Nacional, realizada paralelamente con el censo inicial, refleja la pobreza de sus orígenes y el carácter colonial de su nacimiento. “Entróse a la pieza de la Librería, que tiene veinte pasos regulares de largo, y siete de ancho, circunvalada de estantes de madera pintados de azul, y perfiles de oro, con un cuadro de San Ignacio sobre la puerta de entrada, y en el discurso de esta pieza dos mezas grandes aforradas de baqueta, dos bancos de sentar, una silla, cuatro glovos bien maltratados…”

Al momento de abrir sus puertas, la Biblioteca ocupó la casa ubicada donde hoy está el Palacio de San Carlos; allí se agruparon los fondos editoriales expropiados a la orden jesuítica en Tunja, Pamplona, Honda y otras localidades. Posteriormente fue trasladada a la sede actual del Museo Colonial, por esa época llamado edificio de “Las Aulas” del Colegio Mayor de San Bartolomé, donde, a causa de los métodos obsoletos empleados para la clasificación y conservación de documentos, se llegó a la total dispersión de -paquetes anudados de libros y periódicos, si bien el empeño del vicepresidente Santander logró que a los libros originales, y a los adquiridos posteriormente, que versaban sobre clásicos griegos, latinos y españoles, física y filosofía, peripatética, se les sumara “la librería que fue de la expedición botánica que estuvo a cargo del difunto doctor José Mutis”, la cual fue equiparada por Alexander von Humboldt a las mejores de Europa. Así comenzó a adquirir un carácter nacional. Esta sede fue cerrada durante 1854, y la Biblioteca convertida en cuartel, tras el golpe de estado del general José María Melo.

Sólo a finales de los años treintas de este siglo se construyó una edificación especial -que se conserva con algunas remodelaciones y restauraciones realizadas hace década y media- para el que debería ser el máximo archivo de la memoria escrita de nuestro país. Sin embargo, en 1955 el general Gustavo Rojas Pinilla ocupó de facto sus instalaciones: se tomó el bello patio central, taponó la luz necesaria para las salas de restauración, desalojó la valiosa colección de más cien mil volúmenes de periódicos y revistas de la hemeroteca, donde todavía se conservan ejemplares de las primeras muestras del periodismo en Colombia, como son El Aviso del Terremoto, de 1785, y El Papel Periódico de Santafé, de 1791, e instaló los estudios de la Televisión Nacional en los sótanos y en una casucha de precario estilo tugurial cruzada burdamente por cables eléctricos, que sólo hace un año fue retirada. Durante treinta años, pues, buena parte del patrimonio cultural del país estuvo en evidente peligro de desaparecer en un incendio. Y aún puede verse el estado de ruina en el cual quedó ese sector del edificio.

Usuarios, fondos y servicios
En los primeros años de la Biblioteca, el gobierno separó en dos salas los escasos libros. A ambas tenían acceso los nacidos en España, pues el propósito de su fundación rezaba que se proponía capacitar a los neogranadinos instruyéndolos de “noticias sólidas y verdaderas, que muchas veces se ignoran por falta de buenos libros, mayormente en estos remotos dominios donde escasean y son costosos”. Los pocos criollos que sabían leer, en cambio, únicamente podían consultar la que tenía “puerta franca al común”, en la que no había libros “de doctrinas laxas y máximas perniciosas”, sino aquellos escogidos como “más seguros, sanos y útiles”. Entre estos últimos se contaban, desde luego, los dos primeros impresos en la colonial Santafé, en 1739, y que se conservan en la sección de libros Raros y Curiosos: Novena del Corazón e Jesús y Día de la Grande Reina.

Hasta hace algunos años, el censo de los usuarios de la Biblioteca Nacional presentaba un promedio, desalentador, de alrededor de ciento cincuenta mil anuales, en su mayoría estudiantes de bachillerato que la visitaron para solucionar sus tareas escolares, además de algunos universitarios, profesionales, empleados y un reducido número de investigadores. La orfandad presupuestal en la cual se ha mantenido explica por qué. Aparte de la exigua suma que se destina a las adquisiciones, el personal resulta insuficiente. A causa de ello, por ejemplo, en 1975 la visitaron 111.132 personas, mientras a la Luis Ángel Arango, del Banco de la República, acudían 942.837.

A falta de una adecuada atención estatal, la Biblioteca ha recibido paulatinamente valiosas donaciones con las cuales ha conformado dieciocho Fondos Especiales, que llevan por nombre los apellidos de sus benefactores. Los constituyen las bibliotecas que fueron de prestigiosos intelectuales de diversas disciplinas, entre quienes cabe destacar al general Joaquín Agosta, Manuel Ancízar, Germán y Gabriela Arciniegas, Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, Jorge Isaacs, Anselmo Pineda, Marco Fidel Suárez y José María Vergara y Vergara.

Por otra parte, la Biblioteca Nacional posee una colección de libros publicados entre 1400 y 1800, los Raros y Curiosos, donde reposan 28.000 volúmenes, entre otros 40 incunables universales y valiosos documentos históricos y literarios, tales como los manuscritos de El Carnero, los 28 tomos de documentos de la Revolución de los Comuneros, que incluyen la sentencia a muerte de José Antonio Galán, las primeras ediciones de obras de Miguel de Cervantes, las acuarelas de la Comisión Corográfica y varias crónicas de la conquista de América.

Los avances de la Biblioteca Nacional se han debido, fundamentalmente, a esfuerzos de algunos de los escritores y pensadores que han sido encargados de su dirección. Por ejemplo, desde hace un par de años se reavivó la publicación de la revista Senderos, interrumpida durante cincuenta y siete años, y ya antes se habían reiniciado los programas de exposiciones, audiciones, conferencias y vinculación con la vida social y cultural del país.

La historia de sus vicisitudes y la importancia de su papel cultural reclaman que el pueblo colombiano se apropie de este legado y exija su adecuada financiación, para restaurar la dignidad que merece: la de principal centro cultural de la nación.

POR LA SOBERANÍA DE COLOMBIA, ¡FUERA GRINGOS!

(Declaración del Comité Ejecutivo Central del MOIR, leída por su secretario general, Héctor Valencia, en el programa institucional de TV el 4 de octubre de 1995.)

El intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia ha adquirido una intensidad sin precedentes en la historia nacional. Inscrito en la política de recolonización que viene aplicando a nivel mundial, su objetivo central es la expoliación de nuestros recursos naturales, el saqueo del ahorro nacional y la explotación al máximo de la fuerza de trabajo, para lo cual ha contado con la complicidad y obsecuencia de las clases dominantes y sus gobiernos de turno.

En efecto, la política norteamericana, que recibió aquí el nombre de apertura, fue acogida inicialmente por la administración Barco, y luego al gobierno de Gaviria le correspondió aplicarla a fondo, cumpliendo a cabalidad con las disposiciones imperiales, incluyendo los cambios al régimen jurídico e institucional, en especial la promulgación de la Constitución de 1991. A Samper Pizano le cupo dar continuidad a lo estatuido y satisfacer los nuevos dictámenes, misión que ha realizado revistiéndola con la retórica de atender los aspectos sociales.

La aplicación de la apertura ha lesionado gravemente la industria, quebrado la agricultura, aumentado el desempleo y arrojado sectores enteros de la población a mayores niveles de pobreza. Se configura así un atentado contra el desarrollo de las fuerzas productivas y el bienestar del pueblo, dando lugar a una situación de crisis económica que guarda íntima relación con las diferentes formas de la crisis política que experimenta la nación.

En lo que sí constituye una verdadera conspiración, el gobierno norteamericano, para hacer más expedita y firme la subyugación económica, ha aprovechado las condiciones políticas internas que le han sido favorables y ha adoptado y puesto a su servicio las más variadas causas. De allí que el país que más se lucra con el tráfico de narcóticos, aparezca entre nosotros como adalid de la lucha contra el narcotráfico; el Estado más corrupto del mundo figure como abanderado del combate contra la corrupción, y el gobierno que atropella naciones por doquier se presente como preocupado por la suerte que corra la democracia. Todo se reduce a crearse una mampara que le facilite la intervención cada vez más directa y decisiva en el manejo económico y político de la nación.

En la consumación de tan descarado atropello contra nuestra soberanía, el imperio estadounidense ha contado con la conducta servicial de los gobernantes nacionales, la actitud acoquinada de casi todos los dirigentes políticos, la pasividad calculadora de los dirigentes gremiales, la traición a los trabajadores de una parte de las direcciones sindicales y la reverencia bochornosa de casi todos los medios de comunicación.

Semejante situación de indignidad, se manifestó de modo típico cuando el gobierno de Samper Pizano, sofocado por la presión del caso penal con que le apunta Estados Unidos a través de su instrumento preferido en la actual crisis, el fiscal Valdivieso, alcanzó a musitar que “intereses foráneos”, que no podían ser otros que los de los Estados Unidos, con los cuales ha condescendido, se movían tras una conspiración. En seguida, a raíz de un suceso criminal contra el abogado del presidente, insinuó que la DEA, la siniestra agencia policíaca del imperio incrustada por el mismo gobierno en los organismos policíacos de la nación, participaba en la conjura. Se refería no a la gran conspiración contra los intereses de Colombia, sino a una contra su gobierno. Con todo, el incidente sirvió para que, en el ámbito de la violación flagrante de la soberanía en todos los órdenes de la vida nacional, se manifestara la dimensión que ha alcanzado la prepotencia norteamericana. Al gobierno de Samper le bastó que las autoridades de Washington le espetaran a coro un rapapolvo ante su gemido y la Fiscalía lo acusara de irresponsable por su señalamiento, para que, espantadizo, se apresurara a exculpar a Estados Unidos de toda actitud torcida, mientras el grueso de los dirigentes políticos y gremiales y los dueños de los medios noticiosos, apocados, ni siquiera simularan escandalizarse frente a la despótica y ensoberbecida reacción norteamericana.

Este episodio es una elocuente comprobación de que el ignominioso trato que el imperialismo gringo da a la nación para someterla aún más a su coyunda económica, es correlativo con el servilismo que manifiestan sus gobernantes. Excelente ocasión, entonces, para que todos los colombianos, desechando falsas ilusiones sobre la actitud consecuente del gobierno, comprendan que la solución a la actual crisis no radica en los resultados de los procesos judiciales ni en el funcionamiento de las instituciones, pues nada de esto afecta su verdadero origen: la dominación norteamericana. Y aún más, comprendan que los fallos judiciales y la “salida institucional” constituyen opciones del imperio para la continuidad y afianzamiento de su dominación.

En consecuencia, el MOIR hace un vigoroso llamado a los compatriotas, pertenecientes a todas las clases y todas las organizaciones políticas y sociales, que no admiten la opresión nacional, a ponerse en pie de resistencia contra las imposiciones económicas, la intervención en los asuntos internos, la presencia de agentes policíacos y militares, y todas las formas de coacción política por parte del gobierno de los Estados Unidos, y contra todos aquellos que coadyuven a esos propósitos imperialistas. Al hacerlo, trazarán una línea divisoria que definirá campos con los enemigos externos e internos de la nación e iniciarán la toma de su destino en sus propias manos.

Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario
MOIR
Comité Ejecutivo Central
Héctor Valencia, Secretario General

Del legado de Mosquera: PRECISIONES NECESARIAS

(Apartes del documento escrito por Francisco Mosquera y publicado en El Tiempo, e114 de noviembre de 1989, en el cual analizó brillantemente la situación política del momento. Apoyándose en la ciencia del marxismo, Mosquera examinó la lucha de clases en los ámbitos nacional e internacional, lo que le permitió avizorar con lucidez los acontecimientos que se presentarían en los años subsiguientes.)

Los desvaríos del viraje oficial
Queremos exponer de nuevo nuestras opiniones porque nos hallamos dentro de un caos enorme, cuya alocada trayectoria bien podría tender hacia desenlaces aún más lesivos para el pueblo, que es, en definitiva, el soporte de la nación y sufre sin remedio las consecuencias de los quebrantos de ésta. Ninguno de los signos vitales de Colombia llama al optimismo. Los presagios tanto económicos como políticos son preocupantes. Sobre todo el baño de sangre que nos ahoga, esa violencia absurda y desenfrenada que golpea no sólo a seres inocentes sino a bienes esenciales. Hace poco la zozobra se reducía a unas cuantas regiones apartadas. Durante la administración Betancur se extendió a varios departamentos, y hoy no existe espacio de la geografía patria, incluidas las grandes capitales, en el que las gentes se sientan seguras. No creemos estar exagerando, pese al esfuerzo que despliegan algunos medios de divulgación por suavizar los estruendosos percances.

Esto lo veíamos venir, al captar cómo las fuerzas sociales y políticas básicas lucían incapaces de detener la demagogia ramplona de los gobernantes. Y lo señalamos públicamente. Desde enero de 1986 propusimos la conformación de un frente de salvación nacional alrededor de la defensa de cuatro fundamentos: la soberanía de Colombia, las actividades productivas, los principios democráticos y el bienestar de las masas populares. La mayoría de las organizaciones partidistas en los últimos dos años ha coincidido con nosotros en hacer un llamamiento de unidad, pero desgraciadamente todo se ha diluido en los mezquinos afanes de grupo. El gobierno de Barco, como se ha dicho, ni pudo ni quiso congregar a la nación en torno de sus legítimas aspiraciones. Y ahora ha decidido, en el crepúsculo de su período, concentrar las postreras energías en la lucha contra el narcotráfico, entregándose en el ámbito interno y externo a un trajín nunca visto. Aquel azote ha sido desde luego una planta exótica que debe extirparse; sin embargo, no es el problema fundamental del país, ni el régimen ha asumido ante él una postura coherente. Diversos episodios dejan al descubierto las inconsecuencias oficiales.

El penúltimo ministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda, en el congreso de Acopi, realizado en Medellín un día antes de la muerte de Luis Carlos Galán, habló de la contribución económica de los narcotraficantes al producto interno bruto y llegó al colmo de poner de ejemplo el “ingenio” y la “malicia” de éstos a los exportadores colombianos. Esas tesis constituyen apenas un trozo de la tela por cortar, una muestra de la forma alegre e irresponsable como las autoridades abordaron el fenómeno. Hasta hace unas semanas el Ejecutivo insistía unilateralmente en el consumo de los Estados Unidos, o en los químicos, vehículos y armas procedentes de las repúblicas avanzadas para explicarse el fabuloso negocio de la droga. Dentro de su estratagema sin duda no estaba la batalla campal que después abriría. Incluso, el 1° de septiembre de 1988, al proponer la “paz”, el presidente convocó a todas las manifestaciones de la violencia, “no sólo las generadas por los grupos guerrilleros”, con el propósito de resolver también por conducto del diálogo el incómodo embrollo. Y lo corroboran las revelaciones acerca de los contactos de Joaquín Vallejo Arbeláez, el ocasional emisario de buena voluntad del cartel de Medellín, con Germán Montoya, el secretario de confianza de Barco. Ante el cúmulo de inculpaciones, la presidencia ha respondido igual que siempre, con una notita rectificadora. Y de pronto se decide por la extradición, el decomiso y las demás medidas de estado de sitio enunciadas el 18 de agosto. Aunque el gobierno pueda alegar a su favor las tormentosas circunstancias de orden público de aquellos días, como la muerte de un gobernador, un magistrado o un director de la policía, estamos convencidos de que el giro radical de su enfoque obedece, antes que nada, a las irresistibles presiones de los Estados Unidos. Tampoco es cierta la sensación todavía subsistente en amplios sectores de que los decretos aludidos fueron la airada respuesta al asesinato de Galán, porque este magnicidio abominable se produjo horas después de la firma de los mismos. Caben entonces algunas precisiones necesarias, puesto que los dueños de la república colocaron el país a mirar hacia un solo lado, desentendiéndolo por lo menos temporalmente de sus agobios principales.
Los que delincan dentro de cualquiera de las esferas del quehacer social han de ser procesados y condenados, y además de manera pronta y cumplida, cual reza el antiguo aforismo. Pero esta potestad republicana debe llevarse a cabo conforme a los cánones constitucionales y legales previamente escritos. No se trata de una mera disquisición jurídica sino de un asunto que atañe a los derechos del ciudadano, pues de lo contrario la estabilidad de los individuos quedaría sujeta al capricho de los funcionarios de turno. Aun cuando la Carta no se ocupe exprofesamente de ello, la extradición tiene que someterse a unas instancias delimitadas en los códigos y ajustarse a las pautas convenidas en los tratados públicos, tal y como lo dicta la tradición democrática de Colombia desde el siglo pasado. Muchos acuerdos bilaterales de ese tipo hemos definido con pueblos de América y Europa, fuera del Convenio Interamericano de Montevideo, rubricado en 1933 por doce delegaciones. Las últimas contraórdenes de Barco se apartan de aquellos preceptos y por la vía administrativa sitúan indefensos a los sindicados colombianos en los banquillos extranjeros, en este caso de Estados Unidos.

Tampoco se atendió a la Corte Suprema de Justicia, en cuya providencia sobre el decreto 1860 se opuso al envío de nacionales hacia aquellos países con los que tuviéramos pactadas cláusulas en dicho sentido, y entre los cuales citó taxativamente a la república estadinense. Lo curioso es que el Ejecutivo, batiéndose en retirada, adujo unos conceptos que en mayo de 1988 el Consejo de Estado había emitido justamente para interrumpir el proceso de entrega de Pablo Escobar y compañía, pero con el considerando de que después de sancionada la inexequibilidad de las leyes aprobatorias del tratado de 1979, no estaba legalmente en pie ninguna extradición suscrita con los Estados Unidos. Antes de agosto de 1989 el régimen barquista, en consonancia con la Corte, el máximo tribunal de Colombia cuyos fallos le obligan, aseveraba la existencia de tales convenios y ahora la niega. Un desaguisado que se desprende del prurito de extraditar a toda costa. De ahí que nos encontremos hoy ante la expedición de una norma emanada del artículo 128 que, en un santiamén y a contrapelo de los principios de irretroactividad, reciprocidad y legalidad, genera en las personas efectos por toda la vida. Sin contar con que los alquimistas del palacio de la carrera, tras reunir el gabinete y estampar unas firmas, le imprimieron carácter autónomo al decomiso, desconociendo la jurisprudencia que ligó siempre esta sanción al suceso del delito y la condena, e imponiéndole al acusado la carga de la prueba que corresponde a los jueces o instructores. Es otro olvido intencional de regulaciones establecidas, el cese drástico de decisivas garantías procesales, con lo que se pretende expropiar las incalculables pertenencias de los distribuidores de la cocaína, y reducir así la oferta de la droga y, por ende, la demanda.

Está en el fuero de los gobiernos adoptar medidas de excepción, según los albures que afronte, mas los timonazos de “la mano tendida y el pulso firme”, el soltar inopinadamente sobre la balanza de la justicia un montón de explosivas transgresiones, marca una tendencia con el tiempo más peligrosa para los fortines populares que para los laboratorios de los capos. Sabemos que sin una reglamentación adecuada la democracia se anula. El procedimiento resulta a veces tan sustancial como el objetivo. Los requisitos no son materia parva, y desmerecen el calificativo de demócratas quienes desprecien todo reglamento. Las fuerzas revolucionarias jamás aceptarán que en aras del combate contra el narcotráfico se falsee aún más el sistema jurídico actual.

Estados Unidos se enfrenta al querer de la nación
(…) Lejos de lucir complacida y complaciente, la Casa Blanca, valiéndose de situación propicia, decide asentarles el guante a los acogotados gobiernos de Latinoamérica que se desviven por una efectiva colaboración en efectivo. A las solícitas demandas del presidente Barco se contesta, por un lado, con la suspensión del pacto cafetero, lo que representará para la balanza de pagos del país una merma aproximada de quinientos millones de dólares anuales, y por el otro, con la demora desesperante, o el desembolso gota a gota del challenger, denominación paradójica dada en los círculos gubernamentales al préstamo de US$ 1.700 millones concertado hacia finales de 1988. Parece como si Washington hubiera propuesto canjear sus influencias por una persecución implacable al narcotráfico. De cualquier modo el presidente colombiano, sin más alternativa, acaba conformándose, a la vez que el mandatario yanqui se escuda tras argumentos retóricos, nos envía aparatos bélicos ya usados y traslada en secreto a Bogotá no se sabe cuántos asesores militares, la aspiración jamás sepultada del Pentágono.

A los inveterados escollos de la constante inflacionaria, la reducción de las exportaciones, el envilecimiento de la moneda, los onerosos intereses de la deuda contraída en el exterior, las pérdidas cafeteras, el elevado déficit fiscal, las limitaciones de la industria y el comercio, etc., vienen a sumárseles ahora los estragos de una lucha sin cuartel que lesiona aún más la economía y consume los escasos recursos estatales. Derrochando frescura, el ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón Mantilla, recién sostuvo que la aludida confrontación reduce las proyecciones cautelosas hechas sobre el crecimiento económico del año, y que estimó en 3.5%, la tercera rectificación hacia abajo desde cuando Planeación Nacional pronosticara un 4.5%. Con mayor desesperanza, los gremios, que sin lenitivos reciben los impactos de la crisis, admiten índices menores, y algunos de ellos, primordialmente los que venían advirtiendo sobre la “desaceleración” y pasaron luego a hablar de “estancamiento”, en la hora presente han osado mencionar el vocablo prohibido: “recesión”. De otra parte, los medios informativos denunciaron en las postrimerías de septiembre, según fuentes del Ministerio de Defensa, que la vigilancia de los mil y pico de inmuebles decomisados a los extraditables había requerido del “23% de las FF.MM.”, cerca de “22.000 efectivos”, dejándose al garate otras trincheras no menos acuciantes para la tranquilidad ciudadana. Y al mes, en tanteo que el mingobierno Carlos Lemos Simmonds garantizaba con su rúbrica la permanencia de “personal de la UP armado y pagado por el gobierno”, trascendió que un centenar de oficiales del Ejército, entre mayores, tenientes coroneles y coroneles, deberá retirarse del servicio activo, amén de otros factores, por carencia absoluta de presupuesto. ¿Serán acaso involuntarias semejantes incongruencias? En este reinado de los asesores a menudo se encaran empresas de riesgo sin el debido estudio o planificación, así repercutan adversamente en el de por sí menguado desarrollo nacional.

Por eso muchos contemplan con reservas el brusco viraje en el control de la fiebre de la cocaína, sin olvidar que desde 1984 figuras como el ex presidente López, el ex procurador Jiménez Gómez, el escritor García Márquez, el catedrático Mario Laserna y otros se han inclinado en algún momento a acoger cualquier clase de solución menos sanguinolenta. A mediados de enero de 1988, Misael Pastrana, en procura del rescate de su hijo Andrés, a estas fechas el flamante burgomaestre de la capital, designó con todo derecho a Enrique Santos Calderón para que interpusiera sus buenos oficios en el regateo con los autores del plagio, el clan de la coca. Al cabo de la dichosa culminación del incidente, en caudillo conservador recapacitaba en los siguientes términos: “Hay que hacer un examen de conciencia sobre la forma como se ha venido manejando el problema del narcotráfico”. A su turno el presidente de la Cámara de Representantes, Norberto Morales Ballesteros insta sin tapujos al Ejecutivo para que vuelva a conversar con quienes ha desahuciado; y Luis Guillermo Giraldo, cabeza del Senado, en concisa puntada a una de las misivas de Escobar Gaviria, manifiesta que está listo a interceder si la corporación “me lo ordena”. Son hechos frescos y candentes, a los cuales no se les otorga mayor trascendencia, como la renuncia del integrante de la Sala de Casación Civil, José Alejandro Bonivento Fernández, ex presidente de la Corte, quien se despide de la magistratura dejando entrever que la vara del gobernante aspira a que la toga juzgue no a la luz de “Carta Política”, sino por “razones de conveniencia o de extraños intereses”. Es decir, de las tres ramas del poder, dos no comparten las actuaciones de una, por lo menos en cuanto al conflicto que mantiene en vilo al país desde la noche del 18 de agosto. Los consejeros de la presidencia pactaron con el M-19 la convocatoria de una comisión destinada a investigar el universo de los narcóticos, reconociendo su propia improvisación, a los dos meses de haber desatado la ofensiva total. Y como si fuera poco, una agencia noticiosa comunicó el primero de septiembre que María Jimena Duzán, columnista y reportera de la sección internacional de El Espectador, el diario más afectado por la reyerta, había sostenido en una importante conferencia de prensa celebrada en Washington que “el próximo presidente de su país, sea quien sea, deberá tener en cuenta que el 61 por ciento de los colombianos quiere dialogar con los narcotraficantes”. Y el cardenal Alfonso López Trujillo mencionó la posibilidad de escucharlos en confesión, el diálogo pastoral por excelencia. De ese sesgo han sido entre nosotros las peripatéticas relaciones con los extraditables. En fin, con posterioridad a la tragedia de Soacha, más de un pronunciamiento, proveniente de los dominios de la labor productiva o de las toldas del proselitismo electoral, se ha orientado hacia la refutación de las interpretaciones adobadas en el adornado Palacio de Nariño.
Entretanto en los Estados Unidos, cuya excelsa burocracia nos arrastra hacia la sarracina, se le implantan al ejército regular numerosas y categóricas cortapisas para su acción policíaca, si en realidad tiene alguna, y a cada rato se impugnan los elevadísimos gastos que, en asignaciones presupuestarias y aun en libertades consagradas, allí reporta la fallida represión al vicio. Hasta se promueve un apacible torneo intelectual, orquestado por el Nobel de Economía, Milton Friedman, sobre la conveniencia de legalizar toda suerte de estimulantes. No le han faltado ciertamente motivos al alcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez, para afirmar, junto con la expresa autocrítica sobre anteriores conceptos, que los norteamericanos “nos lanzan a una guerra”, mientras “los precios del café bajan”, y ellos ponen “competencia al banano” y levantan “barreras a las exportaciones de flores y textiles”. ¡Que no se aplaste al país pretextándose el incuestionable aplastamiento de la oferta de estupefacientes! ¡Que al tráfago delictivo se le ponga freno con arreglo a las leyes y sin socavar la trayectoria democrática de la república! ¡Que funcione la justicia! ¡Que cada régimen cumpla con sus obligaciones, comprendidos los programas de regeneración y de asistencia médica para los adictos! He ahí, sencillamente, nuestra fórmula.
“De todas formas no seremos colonia de ningún imperio”, para decirlo con la frase del precandidato Hernando Durán Dussán, con quien nos identificamos en éstos y otros compromisos.

Tras el delirio desatado bullen, pues, mociones poco convincentes. En la coyuntura menos azarosa desde la década de los sesentas, cuando ante sus ojos ven desvanecerse el asedio militar soviético y se hallan potencialmente en capacidad de resolver por las buenas las seculares desavenencias con las repúblicas latinoamericanas, los nuevos rostros de la Casa Blanca se exhiben intemperantes, trayendo a la mente las peores evocaciones de la época de McKinley, el primer Roosevelt, Taft, en que sus diplomáticos les redactaban o remendaban a gusto la constitución a los vecinos débiles. Otorgarle satisfacciones a la administración Bush, armando una santa cruzada contra los Saladinos de la droga, nos ha costado mayores recortes a la legalidad vigente y a las prerrogativas ciudadanas, así como la intensificación de los desajustes económicos y un auge de la injerencia foránea en nuestros asuntos, lo que augura lamentables distanciamientos entre los dos países, si se sopesan los efectos a cada instante más gravosos de la deuda externa, las coacciones intolerables del Fondo Monetario Internacional y los apetitos ostensibles de los grandes monopolios de la metrópoli. Con las distorsiones introducidas a la legislación se va preparando el terreno para abrir cómoda e indiscriminadamente las fronteras colombianas a las mercancías y los capitales de los magnates del mundo, en resumidas cuentas a la oligarquía norteamericana. Está muy claro el negro panorama, que es igual en el resto de los pueblos rezagados del hemisferio.

El proyecto consiste en sembrar de, “dragones asiáticos” a Latinoamérica, tanto más cuanto se le enrumba hacia la bancarrota, el sendero ya recorrido por México, Brasil y Argentina, antaño los mejor dotados para la competencia. No es de extrañar que los sectores más retardatarios de Colombia, en particular las voces ajenas a la industria, se hagan eco de esta estrategia de la destrucción que se nos pinta con colores atractivos y a la cual se le cuelgan los frutos hipotéticos del crédito copioso, la tecnificación indispensable y el empleo suficiente. “La apertura económica hay que comenzarla hoy por la mañana”, reclamaba a finales de octubre Sabas Pretelt de la Vega, el personero de los comerciantes. Efectivamente, el ingreso de las mercaderías y de las inversiones extranjeras puede decretarse y ponerse en ejecución de un día para otro. Pero no es cierto que la modernización, los préstamos en dólares que demanda, el acondicionamiento de todo el andamiaje educativo y las demás adecuaciones que supone el competir con los emporios superavanzados surjan en virtud de la inundación norteamericana, europea, japonesa o rusa, los cuatro centros mundiales que contienden por la posesión económica de la periferia. Los Estados de esta parte del globo que yacen bajo la influencia estadinense, sólo conseguirán escapar a la rotunda colonización financiera y comercial si resguardan los mercados internos, se unen políticamente y esgrimen en conjunto sus ventajas comparativas. Y no estamos por el aislamiento sino a favor del más vasto intercambio internacional, sin excluir mecanismos ni países; empero, rechazamos con entereza que Colombia sea transformada en un grandioso taller a domicilio, o que San Andrés y Providencia desempeñen el papel coruscante de un Taiwán caribeño. Por las novedades mundiales que arriba apenas enunciamos, y pese a ellas, a los colombianos no nos queda otra que seguir adelante tras el cometido unitario de apuntalar la soberanía, la producción, la democracia y las justas reivindicaciones del pueblo.