Categoría: Tribuna Roja N°62, Bogotá; octubre 12 de 1995

Por Guillermo Alberto Arévalo

En la época del imperio romano, Plinio el Joven escribió en una de sus cartas: «En las bibliotecas hablan las almas inmortales de los muertos.» Quizá no tenía aún la perspectiva suficiente para agregar que la historia y el estado de una biblioteca nos ayudan a comprender los de la sociedad que la ha forjado. El caso colombiano ofrece un buen ejemplo de ello.

El 19 de enero de 1977, cuando nuestro país era administrado por el virrey español Manuel Antonio Flórez, se inauguró la Real Biblioteca Pública de Santafé de Bogotá, antecedente de la Biblioteca Nacional de Colombia. Culminaba así un proceso de diez años, desde cuando por orden del rey Carlos III fueron desterrados los jesuitas de la Nueva Granada y se ordenó la ocupación de todos sus bienes, o «temporalidades». Entre ellos se incluyó, gracias a la iniciativa y a la tenacidad de un criollo, Francisco Antonio Moreno y Escandón, para entonces fiscal de la Real Audiencia, la colección de libros del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, en cuyo inventario leemos que contaba con 4.182 volúmenes, clasificados en las siguientes materias: Santos Padres, Expositores, Teología, Filósofos, Predicadores, Canonistas, matemáticos, Gramáticos, Históricos, Espirituales, Médicos y Moralistas.

Pobreza de volúmenes
De posteriores inventarios vale la pena señalar tres. El primero, efectuado por Francisco de Paula Santander, cuando se hallaba detenido en las instalaciones de la Biblioteca tras el atentado contra Bolívar, en el cual se le involucró. Sobre una tablilla, para no perder el tiempo en la cárcel, anotó: «Hay aquí 14.847 libros contados en noviembre de 1828 por Santander.» El segundo se produce un siglo después, en 1931, y no sólo constituye una cuantificación, sino que además es testimonio de la desidia de los diversos gobiernos colombianos. Al posesionarse como director Daniel Samper Ortega señaló: «La Biblioteca Nacional, hablando sin ambages, se encuentra, salvo en muy contados ramos, a la altura en que se encontraba a fines del siglo XVIII.» Para entonces se había logrado reunir 85.355 volúmenes. El último se produce en 1977, con motivo del segundo centenario de la fundación, cuando la directora, Pilar Moreno de Ángel, manifiesta: «Tenemos un irreparable atraso bibliográfico de veinticinco años.» El cálculo podría resultar optimista, pues en ese momento contabilizaba cerca de 400.000 volúmenes, mientras otra biblioteca latinoamericana, la de Buenos Aires, para sólo considerar un caso próximo, sobrepasaba los nueve millones. Conviene saber que, a lo largo del año anterior al bicentenario, según el rubro de «compras», únicamente ingresaron a los anaqueles dos libros.

De casa en casa
La primera descripción de la sede de nuestra Biblioteca Nacional, realizada paralelamente con el censo inicial, refleja la pobreza de sus orígenes y el carácter colonial de su nacimiento. «Entróse a la pieza de la Librería, que tiene veinte pasos regulares de largo, y siete de ancho, circunvalada de estantes de madera pintados de azul, y perfiles de oro, con un cuadro de San Ignacio sobre la puerta de entrada, y en el discurso de esta pieza dos mezas grandes aforradas de baqueta, dos bancos de sentar, una silla, cuatro glovos bien maltratados…»

Al momento de abrir sus puertas, la Biblioteca ocupó la casa ubicada donde hoy está el Palacio de San Carlos; allí se agruparon los fondos editoriales expropiados a la orden jesuítica en Tunja, Pamplona, Honda y otras localidades. Posteriormente fue trasladada a la sede actual del Museo Colonial, por esa época llamado edificio de «Las Aulas» del Colegio Mayor de San Bartolomé, donde, a causa de los métodos obsoletos empleados para la clasificación y conservación de documentos, se llegó a la total dispersión de -paquetes anudados de libros y periódicos, si bien el empeño del vicepresidente Santander logró que a los libros originales, y a los adquiridos posteriormente, que versaban sobre clásicos griegos, latinos y españoles, física y filosofía, peripatética, se les sumara «la librería que fue de la expedición botánica que estuvo a cargo del difunto doctor José Mutis», la cual fue equiparada por Alexander von Humboldt a las mejores de Europa. Así comenzó a adquirir un carácter nacional. Esta sede fue cerrada durante 1854, y la Biblioteca convertida en cuartel, tras el golpe de estado del general José María Melo.

Sólo a finales de los años treintas de este siglo se construyó una edificación especial -que se conserva con algunas remodelaciones y restauraciones realizadas hace década y media- para el que debería ser el máximo archivo de la memoria escrita de nuestro país. Sin embargo, en 1955 el general Gustavo Rojas Pinilla ocupó de facto sus instalaciones: se tomó el bello patio central, taponó la luz necesaria para las salas de restauración, desalojó la valiosa colección de más cien mil volúmenes de periódicos y revistas de la hemeroteca, donde todavía se conservan ejemplares de las primeras muestras del periodismo en Colombia, como son El Aviso del Terremoto, de 1785, y El Papel Periódico de Santafé, de 1791, e instaló los estudios de la Televisión Nacional en los sótanos y en una casucha de precario estilo tugurial cruzada burdamente por cables eléctricos, que sólo hace un año fue retirada. Durante treinta años, pues, buena parte del patrimonio cultural del país estuvo en evidente peligro de desaparecer en un incendio. Y aún puede verse el estado de ruina en el cual quedó ese sector del edificio.

Usuarios, fondos y servicios
En los primeros años de la Biblioteca, el gobierno separó en dos salas los escasos libros. A ambas tenían acceso los nacidos en España, pues el propósito de su fundación rezaba que se proponía capacitar a los neogranadinos instruyéndolos de «noticias sólidas y verdaderas, que muchas veces se ignoran por falta de buenos libros, mayormente en estos remotos dominios donde escasean y son costosos». Los pocos criollos que sabían leer, en cambio, únicamente podían consultar la que tenía «puerta franca al común», en la que no había libros «de doctrinas laxas y máximas perniciosas», sino aquellos escogidos como «más seguros, sanos y útiles». Entre estos últimos se contaban, desde luego, los dos primeros impresos en la colonial Santafé, en 1739, y que se conservan en la sección de libros Raros y Curiosos: Novena del Corazón e Jesús y Día de la Grande Reina.

Hasta hace algunos años, el censo de los usuarios de la Biblioteca Nacional presentaba un promedio, desalentador, de alrededor de ciento cincuenta mil anuales, en su mayoría estudiantes de bachillerato que la visitaron para solucionar sus tareas escolares, además de algunos universitarios, profesionales, empleados y un reducido número de investigadores. La orfandad presupuestal en la cual se ha mantenido explica por qué. Aparte de la exigua suma que se destina a las adquisiciones, el personal resulta insuficiente. A causa de ello, por ejemplo, en 1975 la visitaron 111.132 personas, mientras a la Luis Ángel Arango, del Banco de la República, acudían 942.837.

A falta de una adecuada atención estatal, la Biblioteca ha recibido paulatinamente valiosas donaciones con las cuales ha conformado dieciocho Fondos Especiales, que llevan por nombre los apellidos de sus benefactores. Los constituyen las bibliotecas que fueron de prestigiosos intelectuales de diversas disciplinas, entre quienes cabe destacar al general Joaquín Agosta, Manuel Ancízar, Germán y Gabriela Arciniegas, Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, Jorge Isaacs, Anselmo Pineda, Marco Fidel Suárez y José María Vergara y Vergara.

Por otra parte, la Biblioteca Nacional posee una colección de libros publicados entre 1400 y 1800, los Raros y Curiosos, donde reposan 28.000 volúmenes, entre otros 40 incunables universales y valiosos documentos históricos y literarios, tales como los manuscritos de El Carnero, los 28 tomos de documentos de la Revolución de los Comuneros, que incluyen la sentencia a muerte de José Antonio Galán, las primeras ediciones de obras de Miguel de Cervantes, las acuarelas de la Comisión Corográfica y varias crónicas de la conquista de América.

Los avances de la Biblioteca Nacional se han debido, fundamentalmente, a esfuerzos de algunos de los escritores y pensadores que han sido encargados de su dirección. Por ejemplo, desde hace un par de años se reavivó la publicación de la revista Senderos, interrumpida durante cincuenta y siete años, y ya antes se habían reiniciado los programas de exposiciones, audiciones, conferencias y vinculación con la vida social y cultural del país.

La historia de sus vicisitudes y la importancia de su papel cultural reclaman que el pueblo colombiano se apropie de este legado y exija su adecuada financiación, para restaurar la dignidad que merece: la de principal centro cultural de la nación.

(Declaración del Comité Ejecutivo Central del MOIR, leída por su secretario general, Héctor Valencia, en el programa institucional de TV el 4 de octubre de 1995.)

El intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia ha adquirido una intensidad sin precedentes en la historia nacional. Inscrito en la política de recolonización que viene aplicando a nivel mundial, su objetivo central es la expoliación de nuestros recursos naturales, el saqueo del ahorro nacional y la explotación al máximo de la fuerza de trabajo, para lo cual ha contado con la complicidad y obsecuencia de las clases dominantes y sus gobiernos de turno.

En efecto, la política norteamericana, que recibió aquí el nombre de apertura, fue acogida inicialmente por la administración Barco, y luego al gobierno de Gaviria le correspondió aplicarla a fondo, cumpliendo a cabalidad con las disposiciones imperiales, incluyendo los cambios al régimen jurídico e institucional, en especial la promulgación de la Constitución de 1991. A Samper Pizano le cupo dar continuidad a lo estatuido y satisfacer los nuevos dictámenes, misión que ha realizado revistiéndola con la retórica de atender los aspectos sociales.

La aplicación de la apertura ha lesionado gravemente la industria, quebrado la agricultura, aumentado el desempleo y arrojado sectores enteros de la población a mayores niveles de pobreza. Se configura así un atentado contra el desarrollo de las fuerzas productivas y el bienestar del pueblo, dando lugar a una situación de crisis económica que guarda íntima relación con las diferentes formas de la crisis política que experimenta la nación.

En lo que sí constituye una verdadera conspiración, el gobierno norteamericano, para hacer más expedita y firme la subyugación económica, ha aprovechado las condiciones políticas internas que le han sido favorables y ha adoptado y puesto a su servicio las más variadas causas. De allí que el país que más se lucra con el tráfico de narcóticos, aparezca entre nosotros como adalid de la lucha contra el narcotráfico; el Estado más corrupto del mundo figure como abanderado del combate contra la corrupción, y el gobierno que atropella naciones por doquier se presente como preocupado por la suerte que corra la democracia. Todo se reduce a crearse una mampara que le facilite la intervención cada vez más directa y decisiva en el manejo económico y político de la nación.

En la consumación de tan descarado atropello contra nuestra soberanía, el imperio estadounidense ha contado con la conducta servicial de los gobernantes nacionales, la actitud acoquinada de casi todos los dirigentes políticos, la pasividad calculadora de los dirigentes gremiales, la traición a los trabajadores de una parte de las direcciones sindicales y la reverencia bochornosa de casi todos los medios de comunicación.

Semejante situación de indignidad, se manifestó de modo típico cuando el gobierno de Samper Pizano, sofocado por la presión del caso penal con que le apunta Estados Unidos a través de su instrumento preferido en la actual crisis, el fiscal Valdivieso, alcanzó a musitar que «intereses foráneos», que no podían ser otros que los de los Estados Unidos, con los cuales ha condescendido, se movían tras una conspiración. En seguida, a raíz de un suceso criminal contra el abogado del presidente, insinuó que la DEA, la siniestra agencia policíaca del imperio incrustada por el mismo gobierno en los organismos policíacos de la nación, participaba en la conjura. Se refería no a la gran conspiración contra los intereses de Colombia, sino a una contra su gobierno. Con todo, el incidente sirvió para que, en el ámbito de la violación flagrante de la soberanía en todos los órdenes de la vida nacional, se manifestara la dimensión que ha alcanzado la prepotencia norteamericana. Al gobierno de Samper le bastó que las autoridades de Washington le espetaran a coro un rapapolvo ante su gemido y la Fiscalía lo acusara de irresponsable por su señalamiento, para que, espantadizo, se apresurara a exculpar a Estados Unidos de toda actitud torcida, mientras el grueso de los dirigentes políticos y gremiales y los dueños de los medios noticiosos, apocados, ni siquiera simularan escandalizarse frente a la despótica y ensoberbecida reacción norteamericana.

Este episodio es una elocuente comprobación de que el ignominioso trato que el imperialismo gringo da a la nación para someterla aún más a su coyunda económica, es correlativo con el servilismo que manifiestan sus gobernantes. Excelente ocasión, entonces, para que todos los colombianos, desechando falsas ilusiones sobre la actitud consecuente del gobierno, comprendan que la solución a la actual crisis no radica en los resultados de los procesos judiciales ni en el funcionamiento de las instituciones, pues nada de esto afecta su verdadero origen: la dominación norteamericana. Y aún más, comprendan que los fallos judiciales y la «salida institucional» constituyen opciones del imperio para la continuidad y afianzamiento de su dominación.

En consecuencia, el MOIR hace un vigoroso llamado a los compatriotas, pertenecientes a todas las clases y todas las organizaciones políticas y sociales, que no admiten la opresión nacional, a ponerse en pie de resistencia contra las imposiciones económicas, la intervención en los asuntos internos, la presencia de agentes policíacos y militares, y todas las formas de coacción política por parte del gobierno de los Estados Unidos, y contra todos aquellos que coadyuven a esos propósitos imperialistas. Al hacerlo, trazarán una línea divisoria que definirá campos con los enemigos externos e internos de la nación e iniciarán la toma de su destino en sus propias manos.

Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario
MOIR
Comité Ejecutivo Central
Héctor Valencia, Secretario General

(Apartes del documento escrito por Francisco Mosquera y publicado en El Tiempo, e114 de noviembre de 1989, en el cual analizó brillantemente la situación política del momento. Apoyándose en la ciencia del marxismo, Mosquera examinó la lucha de clases en los ámbitos nacional e internacional, lo que le permitió avizorar con lucidez los acontecimientos que se presentarían en los años subsiguientes.)

Los desvaríos del viraje oficial
Queremos exponer de nuevo nuestras opiniones porque nos hallamos dentro de un caos enorme, cuya alocada trayectoria bien podría tender hacia desenlaces aún más lesivos para el pueblo, que es, en definitiva, el soporte de la nación y sufre sin remedio las consecuencias de los quebrantos de ésta. Ninguno de los signos vitales de Colombia llama al optimismo. Los presagios tanto económicos como políticos son preocupantes. Sobre todo el baño de sangre que nos ahoga, esa violencia absurda y desenfrenada que golpea no sólo a seres inocentes sino a bienes esenciales. Hace poco la zozobra se reducía a unas cuantas regiones apartadas. Durante la administración Betancur se extendió a varios departamentos, y hoy no existe espacio de la geografía patria, incluidas las grandes capitales, en el que las gentes se sientan seguras. No creemos estar exagerando, pese al esfuerzo que despliegan algunos medios de divulgación por suavizar los estruendosos percances.

Esto lo veíamos venir, al captar cómo las fuerzas sociales y políticas básicas lucían incapaces de detener la demagogia ramplona de los gobernantes. Y lo señalamos públicamente. Desde enero de 1986 propusimos la conformación de un frente de salvación nacional alrededor de la defensa de cuatro fundamentos: la soberanía de Colombia, las actividades productivas, los principios democráticos y el bienestar de las masas populares. La mayoría de las organizaciones partidistas en los últimos dos años ha coincidido con nosotros en hacer un llamamiento de unidad, pero desgraciadamente todo se ha diluido en los mezquinos afanes de grupo. El gobierno de Barco, como se ha dicho, ni pudo ni quiso congregar a la nación en torno de sus legítimas aspiraciones. Y ahora ha decidido, en el crepúsculo de su período, concentrar las postreras energías en la lucha contra el narcotráfico, entregándose en el ámbito interno y externo a un trajín nunca visto. Aquel azote ha sido desde luego una planta exótica que debe extirparse; sin embargo, no es el problema fundamental del país, ni el régimen ha asumido ante él una postura coherente. Diversos episodios dejan al descubierto las inconsecuencias oficiales.

El penúltimo ministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda, en el congreso de Acopi, realizado en Medellín un día antes de la muerte de Luis Carlos Galán, habló de la contribución económica de los narcotraficantes al producto interno bruto y llegó al colmo de poner de ejemplo el «ingenio» y la «malicia» de éstos a los exportadores colombianos. Esas tesis constituyen apenas un trozo de la tela por cortar, una muestra de la forma alegre e irresponsable como las autoridades abordaron el fenómeno. Hasta hace unas semanas el Ejecutivo insistía unilateralmente en el consumo de los Estados Unidos, o en los químicos, vehículos y armas procedentes de las repúblicas avanzadas para explicarse el fabuloso negocio de la droga. Dentro de su estratagema sin duda no estaba la batalla campal que después abriría. Incluso, el 1° de septiembre de 1988, al proponer la «paz», el presidente convocó a todas las manifestaciones de la violencia, «no sólo las generadas por los grupos guerrilleros», con el propósito de resolver también por conducto del diálogo el incómodo embrollo. Y lo corroboran las revelaciones acerca de los contactos de Joaquín Vallejo Arbeláez, el ocasional emisario de buena voluntad del cartel de Medellín, con Germán Montoya, el secretario de confianza de Barco. Ante el cúmulo de inculpaciones, la presidencia ha respondido igual que siempre, con una notita rectificadora. Y de pronto se decide por la extradición, el decomiso y las demás medidas de estado de sitio enunciadas el 18 de agosto. Aunque el gobierno pueda alegar a su favor las tormentosas circunstancias de orden público de aquellos días, como la muerte de un gobernador, un magistrado o un director de la policía, estamos convencidos de que el giro radical de su enfoque obedece, antes que nada, a las irresistibles presiones de los Estados Unidos. Tampoco es cierta la sensación todavía subsistente en amplios sectores de que los decretos aludidos fueron la airada respuesta al asesinato de Galán, porque este magnicidio abominable se produjo horas después de la firma de los mismos. Caben entonces algunas precisiones necesarias, puesto que los dueños de la república colocaron el país a mirar hacia un solo lado, desentendiéndolo por lo menos temporalmente de sus agobios principales.
Los que delincan dentro de cualquiera de las esferas del quehacer social han de ser procesados y condenados, y además de manera pronta y cumplida, cual reza el antiguo aforismo. Pero esta potestad republicana debe llevarse a cabo conforme a los cánones constitucionales y legales previamente escritos. No se trata de una mera disquisición jurídica sino de un asunto que atañe a los derechos del ciudadano, pues de lo contrario la estabilidad de los individuos quedaría sujeta al capricho de los funcionarios de turno. Aun cuando la Carta no se ocupe exprofesamente de ello, la extradición tiene que someterse a unas instancias delimitadas en los códigos y ajustarse a las pautas convenidas en los tratados públicos, tal y como lo dicta la tradición democrática de Colombia desde el siglo pasado. Muchos acuerdos bilaterales de ese tipo hemos definido con pueblos de América y Europa, fuera del Convenio Interamericano de Montevideo, rubricado en 1933 por doce delegaciones. Las últimas contraórdenes de Barco se apartan de aquellos preceptos y por la vía administrativa sitúan indefensos a los sindicados colombianos en los banquillos extranjeros, en este caso de Estados Unidos.

Tampoco se atendió a la Corte Suprema de Justicia, en cuya providencia sobre el decreto 1860 se opuso al envío de nacionales hacia aquellos países con los que tuviéramos pactadas cláusulas en dicho sentido, y entre los cuales citó taxativamente a la república estadinense. Lo curioso es que el Ejecutivo, batiéndose en retirada, adujo unos conceptos que en mayo de 1988 el Consejo de Estado había emitido justamente para interrumpir el proceso de entrega de Pablo Escobar y compañía, pero con el considerando de que después de sancionada la inexequibilidad de las leyes aprobatorias del tratado de 1979, no estaba legalmente en pie ninguna extradición suscrita con los Estados Unidos. Antes de agosto de 1989 el régimen barquista, en consonancia con la Corte, el máximo tribunal de Colombia cuyos fallos le obligan, aseveraba la existencia de tales convenios y ahora la niega. Un desaguisado que se desprende del prurito de extraditar a toda costa. De ahí que nos encontremos hoy ante la expedición de una norma emanada del artículo 128 que, en un santiamén y a contrapelo de los principios de irretroactividad, reciprocidad y legalidad, genera en las personas efectos por toda la vida. Sin contar con que los alquimistas del palacio de la carrera, tras reunir el gabinete y estampar unas firmas, le imprimieron carácter autónomo al decomiso, desconociendo la jurisprudencia que ligó siempre esta sanción al suceso del delito y la condena, e imponiéndole al acusado la carga de la prueba que corresponde a los jueces o instructores. Es otro olvido intencional de regulaciones establecidas, el cese drástico de decisivas garantías procesales, con lo que se pretende expropiar las incalculables pertenencias de los distribuidores de la cocaína, y reducir así la oferta de la droga y, por ende, la demanda.

Está en el fuero de los gobiernos adoptar medidas de excepción, según los albures que afronte, mas los timonazos de «la mano tendida y el pulso firme», el soltar inopinadamente sobre la balanza de la justicia un montón de explosivas transgresiones, marca una tendencia con el tiempo más peligrosa para los fortines populares que para los laboratorios de los capos. Sabemos que sin una reglamentación adecuada la democracia se anula. El procedimiento resulta a veces tan sustancial como el objetivo. Los requisitos no son materia parva, y desmerecen el calificativo de demócratas quienes desprecien todo reglamento. Las fuerzas revolucionarias jamás aceptarán que en aras del combate contra el narcotráfico se falsee aún más el sistema jurídico actual.

Estados Unidos se enfrenta al querer de la nación
(…) Lejos de lucir complacida y complaciente, la Casa Blanca, valiéndose de situación propicia, decide asentarles el guante a los acogotados gobiernos de Latinoamérica que se desviven por una efectiva colaboración en efectivo. A las solícitas demandas del presidente Barco se contesta, por un lado, con la suspensión del pacto cafetero, lo que representará para la balanza de pagos del país una merma aproximada de quinientos millones de dólares anuales, y por el otro, con la demora desesperante, o el desembolso gota a gota del challenger, denominación paradójica dada en los círculos gubernamentales al préstamo de US$ 1.700 millones concertado hacia finales de 1988. Parece como si Washington hubiera propuesto canjear sus influencias por una persecución implacable al narcotráfico. De cualquier modo el presidente colombiano, sin más alternativa, acaba conformándose, a la vez que el mandatario yanqui se escuda tras argumentos retóricos, nos envía aparatos bélicos ya usados y traslada en secreto a Bogotá no se sabe cuántos asesores militares, la aspiración jamás sepultada del Pentágono.

A los inveterados escollos de la constante inflacionaria, la reducción de las exportaciones, el envilecimiento de la moneda, los onerosos intereses de la deuda contraída en el exterior, las pérdidas cafeteras, el elevado déficit fiscal, las limitaciones de la industria y el comercio, etc., vienen a sumárseles ahora los estragos de una lucha sin cuartel que lesiona aún más la economía y consume los escasos recursos estatales. Derrochando frescura, el ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón Mantilla, recién sostuvo que la aludida confrontación reduce las proyecciones cautelosas hechas sobre el crecimiento económico del año, y que estimó en 3.5%, la tercera rectificación hacia abajo desde cuando Planeación Nacional pronosticara un 4.5%. Con mayor desesperanza, los gremios, que sin lenitivos reciben los impactos de la crisis, admiten índices menores, y algunos de ellos, primordialmente los que venían advirtiendo sobre la «desaceleración» y pasaron luego a hablar de «estancamiento», en la hora presente han osado mencionar el vocablo prohibido: «recesión». De otra parte, los medios informativos denunciaron en las postrimerías de septiembre, según fuentes del Ministerio de Defensa, que la vigilancia de los mil y pico de inmuebles decomisados a los extraditables había requerido del «23% de las FF.MM.», cerca de «22.000 efectivos», dejándose al garate otras trincheras no menos acuciantes para la tranquilidad ciudadana. Y al mes, en tanteo que el mingobierno Carlos Lemos Simmonds garantizaba con su rúbrica la permanencia de «personal de la UP armado y pagado por el gobierno», trascendió que un centenar de oficiales del Ejército, entre mayores, tenientes coroneles y coroneles, deberá retirarse del servicio activo, amén de otros factores, por carencia absoluta de presupuesto. ¿Serán acaso involuntarias semejantes incongruencias? En este reinado de los asesores a menudo se encaran empresas de riesgo sin el debido estudio o planificación, así repercutan adversamente en el de por sí menguado desarrollo nacional.

Por eso muchos contemplan con reservas el brusco viraje en el control de la fiebre de la cocaína, sin olvidar que desde 1984 figuras como el ex presidente López, el ex procurador Jiménez Gómez, el escritor García Márquez, el catedrático Mario Laserna y otros se han inclinado en algún momento a acoger cualquier clase de solución menos sanguinolenta. A mediados de enero de 1988, Misael Pastrana, en procura del rescate de su hijo Andrés, a estas fechas el flamante burgomaestre de la capital, designó con todo derecho a Enrique Santos Calderón para que interpusiera sus buenos oficios en el regateo con los autores del plagio, el clan de la coca. Al cabo de la dichosa culminación del incidente, en caudillo conservador recapacitaba en los siguientes términos: «Hay que hacer un examen de conciencia sobre la forma como se ha venido manejando el problema del narcotráfico». A su turno el presidente de la Cámara de Representantes, Norberto Morales Ballesteros insta sin tapujos al Ejecutivo para que vuelva a conversar con quienes ha desahuciado; y Luis Guillermo Giraldo, cabeza del Senado, en concisa puntada a una de las misivas de Escobar Gaviria, manifiesta que está listo a interceder si la corporación «me lo ordena». Son hechos frescos y candentes, a los cuales no se les otorga mayor trascendencia, como la renuncia del integrante de la Sala de Casación Civil, José Alejandro Bonivento Fernández, ex presidente de la Corte, quien se despide de la magistratura dejando entrever que la vara del gobernante aspira a que la toga juzgue no a la luz de «Carta Política», sino por «razones de conveniencia o de extraños intereses». Es decir, de las tres ramas del poder, dos no comparten las actuaciones de una, por lo menos en cuanto al conflicto que mantiene en vilo al país desde la noche del 18 de agosto. Los consejeros de la presidencia pactaron con el M-19 la convocatoria de una comisión destinada a investigar el universo de los narcóticos, reconociendo su propia improvisación, a los dos meses de haber desatado la ofensiva total. Y como si fuera poco, una agencia noticiosa comunicó el primero de septiembre que María Jimena Duzán, columnista y reportera de la sección internacional de El Espectador, el diario más afectado por la reyerta, había sostenido en una importante conferencia de prensa celebrada en Washington que «el próximo presidente de su país, sea quien sea, deberá tener en cuenta que el 61 por ciento de los colombianos quiere dialogar con los narcotraficantes». Y el cardenal Alfonso López Trujillo mencionó la posibilidad de escucharlos en confesión, el diálogo pastoral por excelencia. De ese sesgo han sido entre nosotros las peripatéticas relaciones con los extraditables. En fin, con posterioridad a la tragedia de Soacha, más de un pronunciamiento, proveniente de los dominios de la labor productiva o de las toldas del proselitismo electoral, se ha orientado hacia la refutación de las interpretaciones adobadas en el adornado Palacio de Nariño.
Entretanto en los Estados Unidos, cuya excelsa burocracia nos arrastra hacia la sarracina, se le implantan al ejército regular numerosas y categóricas cortapisas para su acción policíaca, si en realidad tiene alguna, y a cada rato se impugnan los elevadísimos gastos que, en asignaciones presupuestarias y aun en libertades consagradas, allí reporta la fallida represión al vicio. Hasta se promueve un apacible torneo intelectual, orquestado por el Nobel de Economía, Milton Friedman, sobre la conveniencia de legalizar toda suerte de estimulantes. No le han faltado ciertamente motivos al alcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez, para afirmar, junto con la expresa autocrítica sobre anteriores conceptos, que los norteamericanos «nos lanzan a una guerra», mientras «los precios del café bajan», y ellos ponen «competencia al banano» y levantan «barreras a las exportaciones de flores y textiles». ¡Que no se aplaste al país pretextándose el incuestionable aplastamiento de la oferta de estupefacientes! ¡Que al tráfago delictivo se le ponga freno con arreglo a las leyes y sin socavar la trayectoria democrática de la república! ¡Que funcione la justicia! ¡Que cada régimen cumpla con sus obligaciones, comprendidos los programas de regeneración y de asistencia médica para los adictos! He ahí, sencillamente, nuestra fórmula.
«De todas formas no seremos colonia de ningún imperio», para decirlo con la frase del precandidato Hernando Durán Dussán, con quien nos identificamos en éstos y otros compromisos.

Tras el delirio desatado bullen, pues, mociones poco convincentes. En la coyuntura menos azarosa desde la década de los sesentas, cuando ante sus ojos ven desvanecerse el asedio militar soviético y se hallan potencialmente en capacidad de resolver por las buenas las seculares desavenencias con las repúblicas latinoamericanas, los nuevos rostros de la Casa Blanca se exhiben intemperantes, trayendo a la mente las peores evocaciones de la época de McKinley, el primer Roosevelt, Taft, en que sus diplomáticos les redactaban o remendaban a gusto la constitución a los vecinos débiles. Otorgarle satisfacciones a la administración Bush, armando una santa cruzada contra los Saladinos de la droga, nos ha costado mayores recortes a la legalidad vigente y a las prerrogativas ciudadanas, así como la intensificación de los desajustes económicos y un auge de la injerencia foránea en nuestros asuntos, lo que augura lamentables distanciamientos entre los dos países, si se sopesan los efectos a cada instante más gravosos de la deuda externa, las coacciones intolerables del Fondo Monetario Internacional y los apetitos ostensibles de los grandes monopolios de la metrópoli. Con las distorsiones introducidas a la legislación se va preparando el terreno para abrir cómoda e indiscriminadamente las fronteras colombianas a las mercancías y los capitales de los magnates del mundo, en resumidas cuentas a la oligarquía norteamericana. Está muy claro el negro panorama, que es igual en el resto de los pueblos rezagados del hemisferio.

El proyecto consiste en sembrar de, «dragones asiáticos» a Latinoamérica, tanto más cuanto se le enrumba hacia la bancarrota, el sendero ya recorrido por México, Brasil y Argentina, antaño los mejor dotados para la competencia. No es de extrañar que los sectores más retardatarios de Colombia, en particular las voces ajenas a la industria, se hagan eco de esta estrategia de la destrucción que se nos pinta con colores atractivos y a la cual se le cuelgan los frutos hipotéticos del crédito copioso, la tecnificación indispensable y el empleo suficiente. «La apertura económica hay que comenzarla hoy por la mañana», reclamaba a finales de octubre Sabas Pretelt de la Vega, el personero de los comerciantes. Efectivamente, el ingreso de las mercaderías y de las inversiones extranjeras puede decretarse y ponerse en ejecución de un día para otro. Pero no es cierto que la modernización, los préstamos en dólares que demanda, el acondicionamiento de todo el andamiaje educativo y las demás adecuaciones que supone el competir con los emporios superavanzados surjan en virtud de la inundación norteamericana, europea, japonesa o rusa, los cuatro centros mundiales que contienden por la posesión económica de la periferia. Los Estados de esta parte del globo que yacen bajo la influencia estadinense, sólo conseguirán escapar a la rotunda colonización financiera y comercial si resguardan los mercados internos, se unen políticamente y esgrimen en conjunto sus ventajas comparativas. Y no estamos por el aislamiento sino a favor del más vasto intercambio internacional, sin excluir mecanismos ni países; empero, rechazamos con entereza que Colombia sea transformada en un grandioso taller a domicilio, o que San Andrés y Providencia desempeñen el papel coruscante de un Taiwán caribeño. Por las novedades mundiales que arriba apenas enunciamos, y pese a ellas, a los colombianos no nos queda otra que seguir adelante tras el cometido unitario de apuntalar la soberanía, la producción, la democracia y las justas reivindicaciones del pueblo.

Por Raúl Fernández

La política del neoliberalismo sólo ha causado catastróficos resultados. Ni un solo país ha logrado el desarrollo económico como consecuencia de la llamada «rebelión de las élites». Al contrario, el desempleo y la pobreza continúan en aumento, mientras se ahonda la brecha entre países pobres y países ricos.

Sin embargo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los Estados poderosos se aprestan a intensificar sus denominadas reformas económicas. El asalto contra las leyes laborales y contra el salario mínimo se arreciará en el futuro próximo, acompañado de una mayor retórica sobre la necesidad de mitigar la «pobreza absoluta».

Carrera hacia el abismo
Estudiemos de cerca los resultados de las políticas neoliberales. Todos los países presentan los mismos síntomas: pobreza y desigualdad crecientes, migraciones masivas, enorme desempleo, una economía informal proliferante, deterioro de los centros urbanos, destrucción del medio ambiente. La aplicación de políticas tendientes a privatizar las empresas públicas, arrasar con las leyes laborales y eliminar el gasto social en educación y salud, ha llevado además a la propagación de hambrunas y epidemias como la tuberculosis, la malaria y el cólera en varias regiones del planeta.

En América Latina, el período que comienza con la Iniciativa para las Américas de Bush se caracteriza por la agudización de las desigualdades sociales. Chile, que lleva más de veinte años practicando el modelo neoliberal, se ha convertido en una sociedad de castas, con una pobreza endémica en más de 45% de la población. Allí se observa un fenómeno común a toda la región: el incremento de los pobres, aun entre aquellos que tienen trabajo más o menos estable pero que perciben salarios inferiores a la «línea de la pobreza».

Grandes ciudades de América Latina son corroídas por la miseria, el hambre y una situación social degradada que sienta condiciones propicias para el robo y la delincuencia y también para la contrapartida salvaje de la «vigilancia privada». El mundo escucha con horror el exterminio de niños de la calle en Brasil, pero otro tanto ocurre en El Salvador, Honduras y Haití. Las raíces profundas de este problema tienen que ver con la superexplotación imperialista. Un informe reciente de la FAO identifica a nueve países del área que están al borde de una crisis alimentaria: Nicaragua, Honduras, Haití, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Mientras los propagandistas del modelo neoliberal se desgañitan con estribillos sobre la necesidad de utilizar tecnologías modernas para competir en la economía global, lo que en realidad hacen es “flexibilizar” el mercado de trabajo, es decir, bajos salarios, contratos temporales, pésimas condiciones laborales, intensificación de la jornada, carencia de derechos democráticos, debilitamiento de las organizaciones sindicales, nula protección frente a los patronos, escasísimo margen de negociación, en suma, la ley de la selva. Todo este esfuerzo se lleva a cabo a lo largo y ancho de América Latina para hacer más atractivo cada país al capital financiero, principalmente norteamericano.

Está claro entonces que el modelo neoliberal nunca ha tenido como meta el progreso de los pueblos. Como lo afirma el chileno Martin Hopenhayn, es «la consagración de la injusticia en el mundo».

México: el gobierno se raja, el pueblo se levanta
En busca de ganancias especulativas, los famosos «capitales golondrina» entraron a México durante años. En un lapso muy corto, los administradores de estos dineros, por las mismas razones de fácil lucro, los retiraron en forma masiva, provocando la peor crisis .económica en la historia de la nación azteca. En cuestión de semanas, el peso había perdido más de 70% de su valor. Se estimó que en los meses de enero y febrero de este año más de 600 mil trabajadores mexicanos perdieron sus empleos. Miles de comerciantes y productores cerraron sus puertas. A principios de julio el Instituto Nacional de Estadística anunciaba que 30% de la fuerza laboral, o sea, once millones de personas, se encontraban cesantes. El sector agrícola ha sido devastado en la competencia con la avalancha de productos importados de Estados Unidos.

La embajada norteamericana en México ha visto lo sucedido como algo positivo. En un informe reciente se refiere a las bancarrotas y al desempleo como el necesario «efecto darwiniano» del Tratado de Libre Comercio. Los gringos están felices, además, porque, como secuela de la profunda devaluación, el número de maquiladoras que utilizan la baratísima mano de obra mexicana sigue en aumento, como si unos cuantos miserables empleas en ensamblaje pudieran compensar la pérdida de cientos de miles en la producción y lo que ésta implica para el desarrollo nacional.

Los apologistas del Banco Mundial y el FMI declaran al unísono que en México los dirigentes de su política económica se equivocaron. Dirigentes que meses antes eran considerados «genios» por ambos organismos financieros, y que sólo se limitaron a aplicar al pie de la letra los dogmas emanados de Washington.

La imposición de la nueva doctrina económica se ha visto acompañada de violentas reacciones espontáneas por todo el país, que culminaron en la gigantesca manifestación del Primero de Mayo, citada por los obreros por encima de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, cuyos máximos dirigentes, en connivencia con la política oficial, no habían convocado a la tradicional celebración.

Libre comercio o bloques en contienda
México ha comenzado a establecer tarifas que afectan a productos importados de China y de Japón, ambos contrincantes comerciales de Estados Unidos. Esta medida pone de manifiesto la otra cara del TLC: un tratado proteccionista, diseñado para utilizar a México como un arma más en la contienda entre los bloques económicos. Tras la postura librecambista se adelanta una gigantesca lucha entre los países poderosos, principalmente Estados Unidos, Japón y Alemania. A través del TLC, México se ha convertido en un «arma para pelear mejor contra el resto del mundo», en palabras de Henry Kissinger. Y se le prohibe suscribir pactos sobre metas de producción y precios estables en el mercado internacional con los demás países productores de café.

Estados Unidos se mantiene enfrascado en una lucha feroz con Japón y Europa en su esfuerzo por abrir mercados para su enorme sobreproducción. El coloso del Norte le exige al Japón porcentajes de su mercado interno para deshacerse de automóviles, chips de computación, equipo médico. Nada tiene esta conducta que ver con la operación del libre mercado a que obligan a nuestros países. ¿Es posible imaginar qué respuesta darían los gringos si a México se le ocurriera demandar un porcentaje del mercado interno le Estados Unidos para su producción cementera? ¿O a Brasil para su producción de soya? ¿O a Argentina para su carne?

Si para América Latina los potentados del Norte recomiendan a los gobiernos abandonar el fomento a la producción nacional, lo que ellos mismos practican es harina de otro costal: el gobierno de Estados Unidos gasta más de 200 mil millones de dólares al año por concepto de subsidios, menciones y promoción de productos de exportación. A través del Programa del Departamento de Agricultura, Estados Unidos le otorgó el pasado año 23 millones le dólares a Gallo Wine, gigantesco productor y distribuidor de vino de California, 75 millones de dólares al pulpo de los cítricos Sunkist, 17 millones a Dole Food, 11 millones a Pillsbury, 12 millones a Sun-Maid, y así a otros muchos conglomerados agrícolas. August Schumacher, jefe del Servicio Exterior del Departamento de Agricultura, declaraba: “¡Quién hubiera pensado hace pocos años que los japoneses estarían comiendo arroz de Estados Unidos, o que los mexicanos estarían importando nuestros tomates, o los franceses nuestro vino!”

Embestida contra los salarios
Son alarmantes las cifras del creciente desempleo mundial. La OIT estima que la tercera parte de la fuerza de trabajo del mundo se encuentra desempleada, es decir, 820 millones de personas. Los grandes magnates del capital financiero no niegan la dimensión del problema. Clinton fue más allá y convocó una reunión especial de ministros de Trabajo del G-7 para considerar la situación. La OIT vaticina que el desempleo, el subempleo y la pobreza continuarán agravándose. Algunos gobiernos admiten que las cifras serían más abultadas si no fuera por el llamado efecto amortiguador de muchos desempleados no enumerados como tales porque forman parte de ese ejército de vendedores ambulantes, recogedores de cartón, traga-candelas y limosneros que sobreviven en las grandes urbes.

Los líderes del gran capital financiero, por toda respuesta, han insistido en que sea acelerada la aplicación de las políticas que, en el fondo, son las verdaderas causantes de tan aguda situación. En un reciente informe, por ejemplo, el Banco Mundial argumentaba que los «altos salarios» son los responsables del desempleo. Y recomendaba en consecuencia eliminar el salario mínimo. La Cámara de Comercio Internacional instó al G-7, durante su reciente reunión en Canadá, a desmantelar las normas laborales que lo garantizan. Un grupo influyente de congresistas norteamericanos puso en entredicho varias leyes sobre salario mínimo puestas en vigor en la década del treinta. The Economist aconsejaba no hace mucho despreocuparse del creciente problema del trabajo infantil, ya que el solo crecimiento económico aportaría las soluciones. La Comunidad Europea ha establecido un mínimo común denominador para la legislación del trabajo, imponiendo que ningún país miembro pueda mantener condiciones laborales superiores.

Aunque la OIT rechaza que el desempleo sea el resultado de los altos salarios, nada de esto convence a les gobiernos ni a las instituciones rectoras de la economía mundial. El asalto a los salarios, que está en marcha, se ha visto acompañado de programas demagógicos, tales como el llamado Salto Social, en Colombia.

La resistencia contra el nuevo orden se manifiesta a lo largo y ancho del planeta. En los últimos cinco años, centenares de miles de personas, entre obreros belgas, alemanes y rusos, estudiantes franceses, productores agrícolas en la India, campesinos en Ghana y ciudadanos del común, han protestado con vehemencia contra la liberalización económica, los acuerdos de libre comercio y los planes de austeridad del FMI.

En Brasil, el nuevo presidente militarizó cuatro refinerías del Estado para mantenerlas operando después de una huelga. Las manifestaciones de masas se suceden una tras otra en Venezuela y Bolivia. Los obreros bananeros de Panamá y Costa Rica se han lanzado al cese de actividades en varias ocasiones. La situación sigue siendo explosiva en la provincia de Córdoba, Argentina, uno de los “milagros” neoliberales con “tan sólo” 18% de desempleo reconocido.

En la medida en que se ahonde la pobreza, surgirán por doquier los gritos de la resistencia obrera.

Por Alfonso Hernández

Vivir para ver. ¡Los magnates de Washington blasonando de defensores de la democracia y de la moral! Sólo que toda la historia del siglo XX los desmiente. ¿No fueron ellos los que prohijaron los regímenes venales y antipopulares de América Latina? Las dictaduras de Porfirio Díaz, Fulgencio Batista, Pinochet, Duvalier, ¿no fueron acaso sus serviles aliadas? ¿Y en las nóminas de sus agencias policiales no figuraron Noriega y Cedrás?

Lo que sucede es que el fin de la Guerra Fría calentó la cabeza del Tío Sam. ¡El mundo para los norteamericanos!, es la desquiciada divisa de la hora. Por ello sus voceros van a Tokio, Bruselas, Pekín, Seúl, exigiendo apertura de mercados para sus productos. Y amenazan con castigar a los desobedientes. Con uno u otro ropaje intervienen militarmente en Granada, Panamá, Somalia, Irak, Haití o la desmembrada Yugoslavia, siempre con el real objetivo de imponer sus condiciones económicas.

A América Latina la necesitan como retaguardia imprescindible para sus piráticas incursiones en el resto del orbe. Las economías al sur del Río Grande constituyen un enorme mercado para sus productos, una fuente de materias primas a precio de quema y, como si fuera poco, la mano de obra abunda y es barata. Los linces de las finanzas siempre han sacado jugosas ganancias a sus inversiones en esta región del continente. Se trata entonces de afianzar la garra. Además, la retaguardia del imperio debe lucir democrática. Exhibir la democracia de la «era americana», erigida sobre la base de que centenares de millones de seres trabajan para un puñado de monopolistas; democracia que de tal no conserva sino el nombre y algunos signos exteriores.

A estos fines deben adecuarse las instituciones políticas y jurídicas. Aquello que no se amolde perfectamente ha de ser arrasado. Los líderes de los partidos oligárquicos son compelidos a actuar con mayor sumisión, ya que los proyectos internacionales de los monopolios no pueden ser aplazados por «obsoletas» circunstancias de índole nacional. Para los gringos el ejemplo es Antanas Mockus, quien no acepta modificación alguna en el monto de la sobretasa o en el Plan de Desarrollo del Distrito. La «democracia participativa», nombre que se ha dado al engendro institucional colonialista, no excluye, sino que presupone la imposición a rajatabla.

Los financistas internacionales se apoyan en sus antiguos mayordomos, como el PRI y los demás partidos tradicionales, pero a la vez lo vapulean. Con ese propósito alientan a toda clase de advenedizos para formar un «político más técnico», menos «corrupto», que utilice los préstamos extranjeros para los fines de los prestamistas; menos sometido a los «grupos de presión local» y más obediente a la cúpula del poder mundial. Crean los «centros de pensamiento» (Think Tanks), auspiciados por los trust como competidores de los partidos. Tales centros trazan orientaciones políticas e ideológicas para ser impulsadas por las Organizaciones No Gubernamentales en los diversos países. El engranaje lo completan los medios masivos de comunicación. Con todas estas herramientas se busca sujetar más la actividad política y el pensamiento a los intereses mediatos e inmediatos de los potentados del mundo.

El político, aun el de las clases reaccionarias, debía tener anteriormente algún conocimiento de la historia del país, de su economía, estar ligado a sectores nacionales y, quizá, tener algo de carácter y de opinión propios. Ahora son un mero producto de los asesores de imagen. Como otras baratijas, valen menos por el contenido que por el empaque. Entonces hay que mirar a la cámara, decir lo que la gente quiere oír, organizar conciertos de rock. Lo anterior, y la repetición interesada de la cartilla neoliberal, constituyen el armamento «ideológico» de estos vástagos contrahechos de la política de la metrópoli.

El narcotráfico, sólo un pretexto
El combate al narcotráfico ha sido el mejor disfraz para implantar en Colombia los mencionados sistemas del actual intervencionismo. Cientos de agentes gringos fisgan a sus anchas, graban conversaciones y efectúan chantajes. La pérdida del derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones es otro rasgo de la democracia de la «era americana». Desde luego, nadie se puede atrever a interferir los teléfonos de los agentes de la DEA, porque el Departamento de Estado exige sanciones ejemplares. Caso demostrativo de que el país no está bajo el imperio de la ley, sino bajo la ley del imperio.
Quien se oponga a la justicia sin rostro o a cualquiera otro de los inventos fascistoides, es acusado de complicidad con los narcotraficantes. Y el propio Samper ha dicho que aquel que procure el deterioro de las relaciones de Colombia con Estados Unidos, sirve a los carteles de la droga. Es santificar a quienes nos avasallan y satanizar a quienes hacen gala de altivez nacional.

En este período y para estos fines, el instrumento preferido por Norteamérica es el fiscal Valdivieso, personaje más bien opaco en el pasado, que alcanzó nombradía por su papel de inquisidor. En Washington los Gelbardt, los Constantine y los demás enemigos de Colombia lo agasajan. Es que Valdivieso opina: «La soberanía la tenemos que merecer, y la tenemos que merecer cuando superemos los problemas del desarrollo económico, cuando superemos los problemas y las dificultades en los temas del desarrollo humano, del desarrollo ético». Está bien que Valdivieso reconozca su subdesarrollo ético y humano; lo condenable es que lo convierta en instrumento para pisotear la soberanía nacional.

Se presta gustoso a que las investigaciones judiciales se utilicen como un espectáculo, con los rasgos maniqueos y sensacionalistas de un enlatado gringo. Con esa mira se filtran las indagatorias, porque, como decía Hommes, lo importante es el escándalo.

Desde 1989, antes de la creación de la Fiscalía, el fundador del MOIR, Francisco Mosquera, denunció la manera turbia como se manejaban las investigaciones judiciales que, en el caso del asesinato de Luis Carlos Galán, se orientaron a señalar apresuradamente unos responsables, lo que tuvo que reconocer recientemente Valdivieso al afirmar: «Haber orientado la investigación hacia una sola hipótesis, dejó de lado otras; por eso se habla de desviación de la investigación». Sólo que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Los actuales procedimientos de la Fiscalía son aún mucho más turbios.

La doble moral de los arribistas
Los Gaviria, los Hommes, los Montenegro, los Londoño, quienes hicieron carrera traicionando al país en el gobierno, hoy, amamantados por la OEA, el FMI, el Banco Mundial, intervienen abiertamente en la política colombiana. Hay que oír al secretario general de la OEA exigiendo llegar a la verdad sobre las relaciones entre políticos y mafia, cueste lo que cueste, cuando fue su gobierno el que negoció con Pablo Escobar y le instaló un nuevo centro de operaciones en La Catedral. Por este hecho, y por la posterior fuga del capo, sólo está preso un cabo de apellido Joya.
Estas gentes, que dicen representar la virtud ofendida, quieren hacer creer que se identifican con la causa de la moral, y lo que buscan es identificar la causa de la moral con sus intereses personales.
Desde los comienzos de la apertura, siendo ministro de Desarrollo de Gaviria, Ernesto Samper manifestó su actitud de aprobar la ofensiva norteamericana. Había dicho que sí quería la liberalización del comercio, pero gradual. Es decir, que se arruinaran nuestras manufacturas y nuestra producción agrícola, pero poco a poco. Ante las exigencias de Carta Hills, aceptó que se acelerara la apertura. Ese comportamiento obsecuente lo ha mantenido a lo largo de su gobierno.

Ante la arremetida imperial, ofreció acabar con los carteles de la droga y fumigar con glifosato media Colombia. Preso por Cortés en Ciudad de México, Montezuma entregó a la hoguera a los caciques que querían liberarlo; de igual manera, Samper aplaudió la campaña contra dirigentes de su partido y ofreció reformar el Congreso para hacerlo más dócil, reglamentar la actividad política, oficializar la oposición. Algunas veces su sumisa diligencia hasta obtuvo elogios de altos funcionarios norteamericanos. En agosto convocó el denominado pacto contra la violencia, cuyo contenido era el despliegue de una ofensiva de represión, el aumento de las penas a los menores de edad y la validación de los informes de los organismos de inteligencia como pruebas testimoniales.

El ejecutivo, en un arranque de desespero, acusó a la DEA de urdir una conspiración contra el gobierno. Las amenazas proferidas por ese organismo policial, por la fiscal y el Departamento de Estado norteamericanos, lo hicieron tragarse sus palabras. Samper y Serpa nos traen a la memoria el verso de Eduardo Carranza con el que indignado fustiga la pusilánime actitud de los dirigentes colombianos: «Propongo que se cambie emblemáticamente el cóndor por el avestruz en nuestro escudo».

De patio trasero a vanguardia revolucionaria
El hecho de verdadera importancia es que el pueblo colombiano cala con claridad cada vez mayor el objetivo recolonizador de la alharaca moralista. Las engañifas de la democracia de la «era americana», recién puestas en práctica, empiezan a desprestigiarse. Y América Latina cambiará la afrentosa condición de retaguardia del imperialismo por la muy honrosa de vanguardia revolucionaria.

(Publicamos apartes del documento que con el título de La apertura económica y la privatización de Ecopetrol, acaba de ser editado masivamente por los compañeros de la Unión Sindical obrera, la Asociación de Directivos de Ecopetrol y la Asociación de Trabajadores Temporales de Ecopetrol, con el objeto de lanzar una intensa campaña de esclarecimiento sobre los nefastos objetivos que se ha propuesto el gobierno samperista para extinguir la estatal petrolera y entregarle nuestro crudo a la voracidad de las multinacionales)

El pasado 22 de mayo las empresas consultoras contratadas por el ministerio de Minas y Energía y la administración de Ecopetrol, Booz Allen & Hamilton y Asesoría y Gestión, Cía. Ltda, presentaron para aprobación de Ecopetrol y posterior decisión del gobierno las recomendaciones de la reestructuración. Las conclusiones están dirigidas a mostrar que la eficiencia, la rentabilidad de la empresa, el pasivo laboral, la estructura administrativa inflexible, la ausencia de identidad o marca «Ecopetrol» y el agotamiento de activos en refinería son las debilidades y amenazas principales para el futuro de la empresa.

La conclusión malintencionada del estudio es que ni los intereses cobrados por la banca internacional, ni la cesión de los mejores yacimientos y el transporte (oleoductos), ni las cargas fiscales, la afectan tanto como sus compromisos con los trabajadores.

La demanda total de crudos muestra que 48.7% de la energía es consumida por sólo 5 % de la población mundial, concentrada en Norteamérica y Europa Occidental.

Reservas de hidrocarburos sí consolidan futuro de la empresa
Aquí toman importancia las posibilidades futuras de Ecopetrol, por cuanto representa 3.1% de las reservas mundiales de crudo y 0.45% de la producción, y en gas 7.4% en reservas y 0.4% en producción, según las estadísticas de la industria del petróleo a 1994.

Por lo mismo, sus posibilidades en reservas pueden crecer a 5.000 millones de barriles con Coporo y Floreña, superando los 3.100 millones reportados a diciembre de 1994, un incremento de 38% en términos de hoy. La producción que alcanzó un promedio de 534.602 barriles por día, se calcula que a partir de 1997 llegará a 750 mil barriles, sin Coporo, un aumento de 30% en la producción actual de crudo, y en gas de 74 mil millones de pies cúbicos de reservas, con 4 mil millones de pies cúbicos de producción. Esto significa una relación de reserva-producción para veinte años en petróleo, si se agotaran totalmente las hasta ahora probadas y no descubriéramos un solo barril más, y de cincuenta años en relación con el gas. Las propias cifras de Ecopetrol desmienten que por el lado de las reservas de hidrocarburos el futuro de la empresa se encuentre comprometido.

El estudio pretende justificar la apertura a una competencia mayor en la exploración y explotación de cuencas sedimentarias y la distribución de tierras en áreas petrolíferas, hoy apropiadas por las multinacionales, por cuanto mantienen más de 70% de la producción y de hectáreas para la explotación de hidrocarburos. De 534 mil barriles/ día de producción en 1995, Ecopetrol tuvo 113 mil barriles, 21% de la participación nacional; las empresas asociadas 408 mil barriles, 76% del total, y por concesión se produjeron 14 mil barriles, equivalentes a 2.56%. En la asignación de áreas, Ecopetrol tiene 3.9 millones de hectáreas, 4.7%, y las asociadas 6.6 millones de hectáreas, 7.4% del área total.

Lo anterior demuestra que las multinacionales prácticamente doblan a Ecopetrol, consolidándose su monopolio, al quedarse con las áreas promisorias gracias a la ayuda de la política petrolera oficial. Tal es la situación que el estudio pretende perpetuar a través del Comité de Recursos Petroleros, organismo que definirá las políticas de manejo del recurso y la asignación de áreas de exploración, y ejercerá la función de clarificar las relaciones económicas del Estado con la Empresa. Ecopetrol pasará de ser dueña de las áreas sedimentarias a simple solicitante de asignaciones de tierra para exploración y explotación.

Con la soga al cuello
Sobre refinación y petroquímica, poco profundizadas en el estudio o por lo menos en las explicaciones que la firma suministró al sindicato, la competencia a enfrentar con la libre importación de combustible, so pretexto de atender el déficit de la demanda actual, será desventajosa para Ecopetrol y, además, se afectará al no contar con crudos provenientes de sus campos de producción.

La entrada libre a Colombia de gasolina, bases lubricantes, parafinas, bases para detergentes, polietileno, procedentes de México o Venezuela, que los producen con tecnología avanzada y plantas de mayor capacidad, provocará la quiebra de nuestra producción. Ejemplo palpable es el cierre de Alkanos en Barrancabermeja y la reducción de la petroquímica de Ecopetrol, renglón en el cual la refinería perdió 8% de la participación del mercado nacional, según informe de la propia gerencia del Complejo Industrial de Barrancabermeja, CIB.

Argucias para justificar la reestructuración
El impacto de estas medidas se quiere mitigar reduciendo el costo de la mano de obra en Ecopetrol, empezando con la disminución de los salarios y prestaciones de los trabajadores.
Los argumentos para esta infame campaña, y nuestras refutaciones, se pueden resumir así:
1. Que la provisión para pensiones constituye 83% del patrimonio de la empresa.

En lugar de ser una amenaza para la estabilidad económica de la petrolera, representa su capital de trabajo, el mismo que utiliza en la actividad productiva, sin recurrir al sector financiero ni pagar réditos. Representa una palanca de apoyo de los trabajadores a la empresa. Este término no puede tener el mismo tratamiento que las amortizaciones por pensiones, salud y educación, que para 1994 estuvieron en 7.2% de los ingresos operacionales. Hay que acotar que a partir de 1986 se empezaron a destinar provisiones para pensiones, sin que se conozca la base de cálculo para las mismas y, a partir de 1994, de manera sospechosa, los gastos de jubilación se trasladan a los Egresos Operativos Complementarios, con un raro crecimiento de 813% y un acomodo de las cifras para 1993, por cuanto en 1993 se registraron Gastos de Jubilación de 30.337 millones de pesos y en el Estado de Pérdidas y Ganancias de 1994, para efectos de comparar la variación, se registraron 201 mil millones de pesos.

2. Salarios, una carga para Ecopetrol.

Otra falacia que se cae por su propio peso. En términos reales, el pago de salarios y prestaciones en Ecopetrol estuvo por debajo de la inflación en 1994. La empresa pagó 3 % menos que la inflación en referencia. Por el contrario, los servicios pagados a particulares, aumentaron en 29.7%, significando 11 % de los ingresos operacionales, o sea, 246 mil millones de pesos. Los salarios de temporales y trabajadores fijos, costaron 70.816 millones de pesos en 1994, o sea, 3% de los ingresos operacionales.

3. Que la nómina es voluminosa.

Otra falsedad. La nómina disminuyó 18.1% y el total de salarios, incluidos los temporales, se redujo en 12.5%, según informe Ecopetrol 1994. Cada trabajador aportó 209.7 millones de pesos a los ingresos de la empresa para este año, lo que equivale a 13.464 barriles de petróleo.

Por el lado de las reservas probadas y la rentabilidad de la refinería y el transporte, no hay ninguna amenaza para la estabilidad económica y financiera de la entidad.

4. Que no existe una estructura administrativa flexible.
La reestructuración administrativa conlleva un cambio de fondo en el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado. Todas las medidas al respecto apuntan a cambiar la filosofía de Ecopetrol, abrirla a la competencia, desvertebrar su funcionamiento como unidad integral de producción que realiza todas las actividades: exploración, transporte, refinación y comercialización de manera directa y complementaria.

En el negocio de Exploración y Producción, la unificación de las actividades directas con los asociados, significará que serán cerrados o manejados por contrato los campos pequeños y en declinación como Tibú, Cicuco, El Centro, Casabe, al ser sometidos al control de gestión por resultados. Los servicios de transporte, manejados como negocio, impondrán condiciones lesivas para la misma producción de Ecopetrol.

«El negocio de comercio internacional y gas se dedicará a la venta y compra internacional de crudos y derivados», lo que significa que los crudos que antes tenían comprador asegurado en las refinerías y transporte propio, se verán sometidos a competencia incluso con crudos importados.

Como el negocio de transporte se prestará a terceros, entre ellos a los importadores de productos independientes, podrá suceder entonces que las refinerías se vean abocadas, además de la dificultad de no asegurar los crudos más baratos de Ecopetrol, y la libre importación de combustible, a que los privados les hagan competencia valiéndose de las tuberías de la Empresa.

El precio promedio de los crudos de Ecopetrol (US $6.40) es mucho menor que el internacional (US $17.75). Los crudos de mayor calidad favorecen la eficiencia de conversión de las refinerías, y el monopolio en el transporte de los derivados son ventajas comparativas que se pierden con la creación de negocios individuales.

5. Que la competencia sirve a Ecopetrol

Los hechos vienen demostrando lo contrario. En el sector donde Ecopetrol está abierta a la competencia, su participación es mínima. Por ejemplo, en producción, las multinacionales acaparan 76% del total nacional, mientras que la empresa estatal sólo tiene 21%. Además, es difícil competir cuando los privados pagan 30% de impuesto a la renta, y a Ecopetrol se le cargan 37.5%, sin incluir los subsidios a la gasolina importada, el combustible para termoeléctricas, el cocinol, el gas de la Guajira. Por si fuera poco, el gobierno arrambla con 53% de las utilidades e impide la autonomía financiera y presupuestal de nuestra empresa.

La competencia con las demás petroleras es sobre la base de «flexibilizar las alianzas y la subcontratación», «crear un nuevo marco laboral», es decir, violar la Convención Colectiva de Trabajo, aumentar la contratación con intermediarios y particulares, para rebajar el costo de la mano de obra y permitir una mayor penetración del capital privado en las actividades de la industria. Eso explica la arremetida contra las prestaciones de los trabajadores. Como en efecto se señala en la propuesta de conformar una estructura especial para denunciar la Convención Colectiva de Trabajo, convertir a Ecopetrol en una empresa de contratos de asociación, o transformarla en una empresa de negocios individuales.

6. Otorgar al Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, responsabilidades por la gestión a cada negocio.

Considera el estudio que las condiciones del ICP limitan la eficiencia tecnológica por negocio y establece diferencias en adquisición de tecnología; formula que la investigación y desarrollo el ICP sea separado de Ecopetrol, para restar autofinanciamiento bajo un esquema de cobertura presupuestal decreciente por parte de ésta, con horizonte de mediano plazo. O, de otra forma y tras el mismo objetivo, separar al ICP de Ecopetrol, mediante la contratación libre y transferencia tecnológica por parte de los negocios individuales de acuerdo con sus necesidades, como cualquier proveedor.
En estas condiciones el ICP quedaría a merced de la competencia entre la compra de investigación tecnológica que ofrecen los institutos o centros de investigaciones de las multinacionales y la que las unidades de negocios en Ecopetrol deseen obtener con una u otra. Es decir, la gestión y el desarrollo tecnológico nacional en materia petrolera dependerá de la filantropía de quienes dirijan o gerencien los nuevos negocios y de su rentabilidad o de su costo.

Los monopolios privados amenazan la estabilidad petrolera del país
¿Qué significa todo esto? Que los trabajadores ni son muchos ni son una carga costosa para la empresa, y menos una amenaza para su futuro. Al contrario, son su mejor recurso, el que transforma los otros recursos y les agrega valor.

El futuro de la empresa se verá comprometido si no se toman correctivos en las causas que impiden una mayor rentabilidad. Estas amenazas surgen del monopolio que vienen asumiendo progresivamente las multinacionales en la producción nacional de crudo. El 76.3% ya es un control suficientemente amenazador para la estabilidad petrolera del país. La distribución de derivados es de manejo exclusivo del capital privado (Las multinacionales Esso, Mobil y Texaco distribuyen 80% de los combustibles en el país). Y la apertura a libre importación de combustibles es una competencia desleal a la producción directa de refinados que aún tiene precios razonables y que además genera una no despreciable cifra de empleos directos e indirectos.

La fortaleza de la empresa se expresa en sus utilidades operacionales antes de regalías e impuestos. Sin embargo, cuando se trata de absorber recursos para el fisco nacional, departamental y municipal, el Estado, sólo en regalías e impuestos se queda con más de 40% de las utilidades operacionales, como se viene observando desde 1991.

Deuda externa y leasing: manguala contra Ecopetrol
El peligro sigue latente por cuanto la deuda externa de Ecopetrol ahora toma la forma de Eurobonos, CrediChallenger, BanqueParibas, Eximbank, que a la fecha representan 383.860 millones de pesos, sin incluir el servicio de la deuda y los subsidios a terceros.

La necesidad de capital de Ecopetrol se ha venido supliendo con nuevas modalidades como los bonos de deuda y el sistema Leasing, que a nuestro juicio representan una amenaza para el carácter estatal de la empresa.

La demanda de capital de la entidad es muy alta. Sólo para proyectos de inversión, comprendidos en el lapso que va de 19952000, se requieren 7.754 millones de dólares, según la propia administración de la empresa. Lo que es imposible sin asumir una política agresiva de crecimiento.

El riesgo que significa adoptar un sistema de endeudamiento distinto al tradicional puede llevar en un momento dada la iliquidez de la empresa, permitiendo que los acreedores se apropien de los activos de la petrolera como yacimientos, refinerías y oleoductos, cambiándose el carácter del capital estatal por uno accionario, donde los privados tendrían participación a través de emisión de acciones.

El sistema de arrendamiento con opción de compra (Leasing), en sus distintas modalidades ha llevado a que no sean solamente herramientas, materiales o equipo automotor lo que se arriende. También pueden serlo las balas y los tanques de almacenamiento de propano y de crudo, y los equipos de mantenimiento de pozos. La amenaza concreta es que ante la realidad de que el bien no es de propiedad de Ecopetrol, ocurra que éste permanezca en manos del arrendador como propietario del mismo y, en consecuencia, éstos empiecen a participar directamente en la empresa. Sin decretos o reformas legales se ha abierto el camino a la penetración del capital privado en Ecopetrol, a privatizar bienes de capital esenciales para el funcionamiento de la industria. En la actualidad, las inversiones por esta modalidad ascienden a 150 millones de dólares.

Ecopetrol: de bastión petrolero a caja menor de los cipayos
La asechanza real que pone en peligro a la empresa lo constituye el manejo que el Confis hace de las utilidades de Ecopetrol. En 1994, el Estado se apropió de 58.3% de estas utilidades y en forma de transferencias se quedó con 1.20 billones de pesos, lo cual representó 53.1% de los ingresos operacionales de la empresa en 1994. Ecopetrol ha sido obligada a responder por la deuda externa de Carbocol, por lo que ha abonado 300 millones de dólares; financió la construcción de tres termoeléctricas por valor de 100 millones de dólares para superar el apagón del gobierno Gaviria; financió el programa Resurgir y traspasó a la Financiera Eléctrica Nacional, FEN, 175 millones de dólares del Fondo de Exploración de Ecopetrol.

El Ministerio de Hacienda hace de los fondos de Ecopetrol su caja menor. Las finanzas de la empresa se manejan con la mayor irresponsabilidad y desacierto del mundo. Cada apremio financiero del gobierno o cada calamidad nacional se resuelve echando mano de los dineros de Ecopetrol, impidiéndose así toda oportunidad de crecimiento y desarrollo que la haga más fuerte, y con lo cual aportaría mayores recursos al fisco nacional. Ecopetrol ha cubierto deudas de otros sectores del Estado, alcanzando, en 1994, los 1.076 millones de dólares. Si esta cifra se compara con las inversiones en exploración, que en los últimos años llegó a 427.2 millones de dólares, vemos que es realmente ridícula la actividad exploratoria por parte de la empresa, cuando tuvo muchísimos más recursos para hacerlo.

Mano tendida a los extranjeros, puño de hierro para Ecopetrol
Otro tanto ocurre con la flexibilización en la contratación. Es esta materia las multinacionales han sido beneficiadas con medidas que les permiten mayores utilidades, menores riesgos y ninguna transferencia tecnológica al país.

Las remesas de utilidades han sido desgravadas gradualmente, de tal manera que de 20% en 1987, se redujo a 12% en 1995. El impuesto a la renta, que para las empresas industriales y comerciales del Estado es de 37.5%, para las multinacionales tan sólo es de 30%.

También pesa de manera onerosa el impuesto de guerra que se cobra unificadamente, sin considerar que el petróleo de Ecopetrol es producido en campos agotados, cuya reinversión para recuperar crudos es sustancialmente mayor que las realizadas por las multinacionales en campos nuevos y con flujo natural.

Las multinacionales serán beneficiadas con la participación de Ecopetrol en 50% de los costos de los pozos que resulten secos en un campo descubierto, costos que antes los asumía 100% el asociado. Y, finalmente, se propone que la explotación del descubrimiento no sea por 22 años, sino hasta su agotamiento total, es decir, sin que se dé la reversión al Estado.

La alternativa tipo holding en el ámbito operativo o legal no está descartada por el gobierno ni por la administración de Ecopetrol. El estudio ahonda en esta propuesta, observando su conveniencia por ser el camino más expedito para la intervención del capital extranjero, al reducir los costos laborales, fraccionar la Convención Colectiva de Trabajo y dividir el sindicato. Este sistema, al igual que el nuevo modelo organizacional constituye grave peligro para la integridad de Ecopetrol y su soberanía económica.

Se ha demostrado que el sistema de funcionamiento adoptado por Ecopetrol en su larga permanencia en el mercado de hidrocarburos, como empresa industrial y comercial del Estado, no ha fallado. Por lo tanto, al analizar sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, no se evidencia una necesidad de cambio como el propuesto, es decir, abrir competencia acogiendo el modelo de la reestructuración o el sistema holding.

Resistencia nacional, única vía para defender la soberanía económica
Una empresa en estas condiciones, donde sus enemigos principales son sus propios administradores, está llamada a desaparecer. En estos momentos la figura que toma para cumplir el cometido es la «reestructuración», el lenguaje de moda para encubrir la privatización y evitar la resistencia de los trabajadores y el pueblo en general.

El desafío que los vendepatria plantean, obliga a emprender una campaña de denuncia ante los sectores representativos de la sociedad, para conformar un frente unido por la defensa de Ecopetrol, donde concurran personalidades democráticas, patriotas, trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, empresarios, y todos aquellos interesados en el porvenir de la nación, bajo la orientación y dirección de su prestigioso sindicato, la Unión Sindical Obrera, USO.

Un gran descontento reina en el sindicalismo por la aparición de la ley 200 de 1995, el Código Disciplinario Único gestado en la Procuraduría General, aprobado por el Congreso y sancionado por Samper. Los trabajadores convocaron de inmediato reuniones de emergencia, con el fin de desarrollar un plan de acción tendiente a enfrentar esta nueva agresión. El 30 de septiembre, por iniciativa de Fecode y la USO, y con la participación de la CUT y CGTD, se reunieron voceros de Sintracreditario, Sittelecom, Sindess, Sindesena, Sindicato del Acueducto de Bogotá, Utradec, Fenaltrase, Sintracade y Sintraelecol, entre otros.

De allí salieron determinaciones como la de hacer público el rechazo a la atrabiliaria medida, y el llamado a un Encuentro Nacional del sindicalismo estatal para el 21 de octubre, con el objeto de abordar el problema y condenar las privatizaciones, la liquidación de las entidades de seguridad social de los servidores públicos y exigir reajustes en los salarios oficiales. En ese momento Fecode tenía aprobado un paro de 48 horas para los días 12 y 13 del mismo mes, el cual fue respaldado por los demás sectores con una Jornada Nacional de Protesta.
La Junta Nacional de Fecode, por una estrecha mayoría, decidió cancelar esa acción, con el argumento de que el gobierno se comprometía a establecer mecanismos que supuestamente garantizaban la vigencia de las normas del Estatuto Docente y, por ende, la exclusión del magisterio de la aplicación del nefasto código. Aparte del egoísmo gremial que entraña la actitud de la mayoría en Fecode, las promesas hechas por el gobierno son bastante etéreas y no resuelven el problema planteado por la derogatoria de las normas disciplinarias contenidas en el Estatuto Docente, de manera que el asunto sigue latente para el magisterio colombiano.

Las circunstancias llevaron a un sector de Fecode, encabezado por José Fernando Ocampo, dirigente del MOIR, a expresar que «el magisterio tiene que levantarse contra el atropello de la ley 200, rescatar el Estatuto Docente, unirse con todos los servidores del Estado para derrotar ese régimen fascista, defender la reforma educativa, recuperar la independencia de la organización sindical, rechazar el sindicalismo gobiernista, oponerse a la política de Samper, repudiar su entrega al imperialismo norteamericano, salvaguardar la soberanía nacional».

Los acuerdos alcanzados por todas las vertientes del sindicalismo estatal el 30 de septiembre, están dependiendo de que sean superadas las vacilaciones de fuerzas importantes para esta batalla. Entre tanto, las organizaciones más consecuentes han expedido la declaración que a continuación reproducimos.

Por iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, y después de un trámite inusitadamente acelerado, se aprobó recientemente la ley 200 de 1995, sancionada en volandas por el ministro delegatario en funciones presidenciales, Horacio Serpa. Mediante tal norma se expide un draconiano Código Disciplinario Único que reemplaza la ley 13 de 1984, los regímenes especiales conquistados por decreto, y amenaza los alcanzados por convención colectiva.

Ésta es la continuación de la alharaca de la moralización que tuvo como episodio previo la aprobación del denominado Estatuto Anticorrupción, un código policivo contra el grueso de los funcionarios públicos, basado en unos indicadores de eficiencia que, sin ser definidos, serán utilizados para juzgarlos y condenarlos, en tanto que a la cúpula del Estado, que se lucra de los grandes negociados con las multinacionales, se la exime de toda culpa.

Todo indica que esta política constituye un mecanismo para amedrentar a los servidores del Estado y sus organizaciones sindicales, y así poder lanzar la oleada de privatizaciones anunciada por el ministro Perry en el Congreso, hace pocos días. Sin duda que el nuevo régimen disciplinario reconfirma el carácter antipopular del actual gobierno y forma parte de la ofensiva general contra el movimiento sindical, encaminada a empujar hacia abajo los salarios y arrebatarle sus derechos.

La represión, arma dilecta del gobierno
La expedición de esta ley corrobora el anunciado de que aplicación del modelo neoliberal requiere de instrumentos abiertamente represivos y arbitrarios, que recaerán sobre todos los funcionarios públicos. Se desmejoran así las condiciones de permanencia en el trabajo, al colocar en entredicho los regímenes disciplinarios especiales y establecer una interminable lista de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, digna de las épocas del fascismo. Sus aspectos generales más lesivos son:

• Eleva a los procuradores y personeros a la categoría de jueces de los trabajadores estatales, violentando el debido proceso.

• Incrementa las sanciones en forma desproporcionada, de manera que las multas pueden ser hasta de noventa días de salario; el jefe inmediato puede imponer multas hasta por diez días y la suspensión provisional sube al tope de tres meses.

• Atenta contra los regímenes especiales que los trabajadores han conquistado tras largos años de lucha, incluso los alcanzados mediante convención colectiva.

• Establece un cúmulo de prohibiciones y deberes que apuntan principalmente a limitar la acción sindical, pues no se puede ocupar indebidamente oficinas o edificios públicos, ni propiciar, organizar o participar en paros, suspensión del trabajo o disminución de su ritmo.

• Institucionaliza la persecución política para aquellos que muestren intereses partidistas no gobiernistas y, de paso, se les cercena el derecho a los trabajadores oficiales a ser elegidos a asambleas y concejos.

• Elimina las diferencias que en materia de proceso disciplinario existen entre los trabajadores oficiales y los empleados públicos, a los cuales cobija indiscriminadamente.

• Anula la acción de defensa del asalariado, que se adelantaba por medio de las Comisiones de Personal, una de las escasísimas prerrogativas con las que todavía contaban los funcionarios del Estado.

• Debilita la acción de los sindicatos mediante la anulación del artículo 13 del citado decreto 482, que contemplaba la asesoría del sindicato en los procesos disciplinarios, ahora reemplazada por la asistencia de un abogado, si el encausado tiene con que cubrir los gastos correspondientes.

• Se anula el derecho de huelga en los llamados servicios esenciales, con la obligación de delatar a quien participe en esas actividades, so pena de incurrirse en falta disciplinaria.

Los más afectados

Es indudable que uno de los sectores más perjudicados es el magisterio colombiano, cuyo régimen disciplinario, consagrado en el Estatuto Docente, es derogado después de treinta años de intensas batallas por alcanzar estabilidad y garantías para la promoción. En primer lugar, las sanciones y destituciones quedan en manos de los alcaldes y gobernadores, en contravía de lo alcanzado con la creación de las Juntas de Escalafón. Los derechos y deberes de los educadores son reemplazados por un catálogo de derechos generales y prohibiciones a los que se suman los contemplados en el mencionado Estatuto Anticorrupción.

De igual manera son seriamente afectados los trabajadores de Telecom, Caja Agraria, Ecopetrol y demás entidades que pactaron regímenes disciplinarios especiales, cuya vigencia está en duda por el articulado de esta norma que, por su naturaleza, según algunos altos ejecutivos del Estado, tiene prelación sobre las convenciones colectivas.

Llama la atención que precisamente se expida pocos días después de que el gobierno actual anunciara la realización de un programa de privatizaciones más profundo y antinacional que el de su antecesor, que contempla la mayoría de las instituciones cuyos trabajadores son cobijados por este nuevo atentado contra los intereses obreros y populares.

Llamamiento al sindicalismo estatal
La gravedad de las circunstancias, materializada en la ofensiva privatizadora y la aprobación de la ley 200 de 1995, hace necesario estrechar los lazos de unidad de acción de todos los trabajadores del Estado, para adelantar las acciones jurídicas, legislativas y de movilización necesarias para detener esta nueva agresión del gobierno, que atiende los requerimientos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD.
Unión de Trabajadores del Estado, Utradec.
Sindicato de Trabajadores de Telecom, Sittelecom.
Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social, Sindess.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja Agraria, Sintracreditario.
Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEB.
Asociación Médica Sindical, Asmedas.
Sindicato Nacional de Empleados del SENA, Sindesena.
Sindicato de Trabajadores del ICBF, Sinbienestar.
Sindicato de Trabajadores de las Gobernaciones Departamentales.

Por Francisco Cabrera
«La descentralización administrativa, junto a la novedad de los alcaldes elegidos en las urnas, brinda asimismo una magnífica oportunidad para subir escandalosamente los múltiples arbitrios que aletean sobre los predios de las localidades. El que quiera ‘apertura democrática’ que la compre».
Francisco Mosquera

El epígrafe escogido fue escrito en 1989 por nuestro desaparecido secretario general. Eran los días en que la descentralización tenía en la elección de los alcaldes un ropaje seductor y fue abrazada con entusiasmo por los municipios como la ilusoria alborada de su redención. Hoy, al hacer el balance de aquel proceso impulsado desde comienzos de los ochentas, el panorama es el de un inmenso descalabro al borde de generar el más caudaloso movimiento de rebeldía de las localidades contra el gobierno central.

El diario El Tiempo, en su edición del 13 de octubre de 1995, informó sobre la toma de la alcaldía de Remedios «por la no cancelación de salarios y primas extralegales a los 35 educadores, 60 empleados, 59 obreros y 18 jubilados del municipio. A éstos se les debe un total de 453 millones 917 mil pesos». Y agregó que la administración tiene una deuda estimada en 1.200 millones de pesos.

Noticias como ésta se han vuelto comunes en la prensa. Y tan estrambóticas, como la que informaba de la población de Ulloa, en el Valle del Cauca, la cual por falta de recursos optó por volver a ser corregimiento, y andaba en busca de un municipio vecino que la aceptara; o la del alcalde de Barranco de Loba, Bolívar, quien ante la pobreza del erario para cumplir con su plan de gobierno, prefirió el suicidio a quedar mal con sus electores. Por doquier la insolvencia obliga a los despidos de personal y a la supresión de cargos y dependencias, llegándose a casos extremos como el de Lebrija, en Santander, donde el burgomaestre se vio obligado a cerrar el penal ante la imposibilidad de pagarles al director y a los tres guardianes. Son situaciones dramáticas, reveladoras de la tormenta que se avecina.

Un mal con paternidad
En 1982, cuando se iniciaba la crisis de la deuda latinoamericana, la misión Bird-Wiesner puso en marcha un plan para profundizar la descentralización, que le permitiera al gobierno nacional descargar una serie de obligaciones en los entes territoriales, liberando recursos para el pago de los compromisos con la banca imperialista. Para que municipios y departamentos aceptaran echarse a cuestas las nuevas cargas, se les endulzaba el oído con el ofrecimiento de abundantes aumentos de las transferencias de la nación. La fórmula quedó consagrada en los artículos 356 y 357 de la Constitución de 1991, y fue desarrollada en la Ley 60 de Competencias y Recursos, de 1993.

El plan contemplaba un aspecto considerado decisivo para su éxito: el «esfuerzo fiscal propio» de los departamentos y municipios. Penetrando agudamente en la esencia de esta política, Francisco Mosquera escribió la frase que citamos en el encabezamiento.

A las localidades se les endosó la responsabilidad en la salud, los servicios públicos, las carreteras y caminos, la vivienda social, la asistencia técnica al sector agropecuario, parte de la educación y otro sinnúmero de obligaciones.

A la postre, nos hallamos en un círculo que al cerrarse sobre los municipios los condena sin contemplaciones a la exacción a sus habitantes. Las crecientes exigencias del Fondo Monetario y el Banco Mundial para disminuir el gasto del Estado, han hecho que Samper anuncie la necesidad de una reforma a la Constitución y a la Ley 60, con el fin de recortar el monto de los dineros que el gobierno nacional quedó obligado a transferir. Igualmente, propone un proyecto de ley para forzar a los departamentos y municipios a la generalización de la sobretasa a la gasolina y al autoavalúo para el incremento del impuesto predial, entre otras medidas. Exprimir a los municipios hasta la última gota, para que la nación se dedique al pago de una deuda externa que la desangra, y concentre su inversión en las obras de infraestructura que las multinacionales demandan. Tal es la receta imperialista.

En el presupuesto de 24 billones de pesos para 1996, se destinan 5.1 millones al servicio de la deuda, cifra superior a la mitad del total de las exportaciones proyectadas para el mismo año. Aquí, y no en los magros gastos de los entes territoriales, es donde se encuentra el verdadero hueco del presupuesto.
Los guarismos alarmantes acerca de la endemoniada carrera de endeudamiento iniciada por los municipios y departamentos -que creció entre 1993 y 1994 en 194% y 114%, respectivamente-, nos brindan suficiente prueba de que se los conduce, como a la nación, a hipotecar su porvenir. Pero como para lograrlo hay que someter al pueblo a toda suerte de cargas impositivas, y éste se encuentra maltrecho por el agobiante peso de la crisis económica, el enfrentamiento es inevitable.

Economismo vulgar
Las teorías que han inspirado la descentralización en América Latina parten del absurdo de aplicar al sector público las leyes de la competencia. Para el ex ministro Eduardo Wiesner, quien pontifica sobre el tema desde las oficinas del BID, «una estrategia de descentralización bien diseñada es similar a la `liberalización’ o la `apertura’ del espacio territorial interno a las fuerzas del mercado». Y agrega: «Un mayor grado de competencia dentro del sector público hará que la asignación de recursos sea más equitativa y eficiente». En la práctica, lo que se da es un insostenible ahondamiento de las desigualdades entre las zonas de algún desarrollo y las rezagadas y, en definitiva, la tan cacareada competencia será la misma que enfrenta a los países atrasados entre sí: cuál brinda las mayores ventajas a la inversión extranjera.

Descentralización política, democracia fantasiosa
La descentralización fiscal se ha acompañado de una serie de reformas políticas que se pretende hacer pasar como ampliación de la democracia. Con la Carta de 1991 se acrecentó la algarabía sobre la democracia participativa, la soberanía popular y el fortalecimiento del poder local. A las masas se las zahiere y se las consuela con una democracia ilusoria. El imperialismo, que es la negación de toda democracia, encubre sus intenciones siniestras tras el relumbrón de fuegos artificiales. Centenares de funcionarios estatales y otros tantos de Organizaciones No Gubernamentales, las nuevas beneficiarias de la contratación oficial, se encuentran en una febril campaña de embaucamiento colectivo vendiendo la nueva panacea a lo largo y ancho del país. Al hoy llamado Ministerio del Interior se la ha asignado la tarea de orquestar la añagaza. Las grandes ciudades son un surtidor de experiencias que tienden a generalizarse, como la «alianza estratégica» con la que el cura Hoyos realizó la privatización de la triple A. Y el caso de Mockus en Bogotá con su «todos ponen», que para él es el súmmum de la democracia.

La Ley 152 de 1994 llama a la ciudadanía a opinar sobre el plan de desarrollo, cuando ya está definido y se encuentra condicionado por los dictámenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario.

El plan nacional, a su vez, condiciona los planes locales, particularmente allí donde se juegan intereses estratégicos, como en las dos costas, las ciudades de mayor desarrollo, las zonas de frontera y las regiones de explotación de recursos naturales. Hacia ellas se destinan prioritariamente las inversiones del gobierno central.

Y para la gran mayoría de los 1.057 municipios de Colombia, la «autonomía local» se reduce a que todos discutan los nuevos impuestos, tasas y sobretasas por cobrar para hacer carreteras, alcantarillados, escuelas, puestos de salud.

Frente a la Colombia de postín discurre la Colombia real arrastrando sus necesidades y padecimientos. A las organizaciones revolucionarias nos compete la dura tarea de desenmascarar los ardides del imperialismo en su ofensiva recolonizadora y poner al descubierto a sus agentes.

La clase obrera y el pueblo, conformando un gran frente de lucha, se encargarán de ir labrando los perfiles de la Nueva Democracia que interprete cabalmente sus intereses.

El 8 de septiembre el alcalde Antanas Mockus y la mesa directiva del Concejo de Bogotá acordaron una agenda de trabajo de 16 puntos que incluye, entre otros, la privatización de la Empresa de Energía, una reforma tributaria, la sobretasa a la gasolina, la valorización por beneficio local, los peajes urbanos, despidos masivos de trabajadores de diferentes dependencias y la supresión del Departamento Administrativo de Acción Comunal.

Por su parte, el Cabildo marcha hacia la rendición, atolondrado por los sistemáticos mandobles que le propinan el profesor Mockus y su corte de académicos emergentes. Incapaz de reaccionar buscando el apoyo popular frente a las alcaldadas, el Concejo se ha mostrado atemorizado por el poder de los medios y acomplejado por el estigma de la corrupción.

Mockus se muestra dispuesto a llevar al extremo los postulados descentralistas del «esfuerzo fiscal propio» y a desarrollar la «antipolítica», como el nuevo paradigma de la «gobernabilidad». Con la discusión de los planes de desarrollo de las localidades se agitaron los ingentes problemas de los habitantes de los barrios, pero se les puso de presente que la plata no alcanzaba. De esta forma se comenzó a ambientar el establecimiento de tributos locales, que obligan a la comunidad a cofinanciar los proyectos.

A la vez Mockus inició el montaje de su propia maquinaria clientelista, maniobrando para asignar el presupuesto a los movimientos cívicos que se amolden a su tendencia «antipolítica». Para esto ha contado con el respaldo de organizaciones como «Viva la ciudadanía», que vienen realizando cursos de formación de los dirigentes llamados a producir el relevo.

Lo otro que queda claro es que la «cultura ciudadana», para la que se destinaron 170 mil millones de pesos, es una campaña de Mockus para promover sus ambiciones personales, y para retribuirles a los medios de comunicación los favores recibidos. Mientras tanto, al pueblo se le agobia con tributos regresivos como la sobretasa. Éste es tan sólo el comienzo.