USO EN LA RESISTENCIA CONTRA EL MODELO ECONÓMICO

Rodolfo Gutierrez, fiscal USO Nacional

Durante los meses de diciembre y enero los voceros de Pastrana en el Ministerio de Minas y en la administración de Ecopetrol anunciaron con agresividad la nueva política petrolera y descalificaron el papel de la empresa estatal en la industria, a la vez que la emprendieron contra las prestaciones de los trabajadores.

El ministro Valenzuela anunció el traslado de los contratos de asociación al Ministerio de Minas, privando a Ecopetrol de 60% de sus ingresos y suprimiendo sus inversiones en la producción directa de crudo y gas en las refinerías.

La prensa develó una recomendación de la consultora Booz Allen para vender la Refinería de Cartagena. Más adelante esta multinacional reapareció recomendando la entrega al capital privado de los campos Cubarral y Chichimene, en el Meta, que deben revertir de Chevron a Ecopetrol en enero del 2000. Todo dentro de las exigencias imperialistas a los países latinoamericanos.

Estos anuncios acompañaron la medida, vigente a partir del 1o. de enero, de establecer tarifas internas ligadas al precio internacional FOB de los combustibles. Resolución que ordena pagar, además, los gastos en que incurre el importador, de tal manera que se estimula la importación de los mismos en detrimento del mercado de las refinerías nacionales.

Estas importaciones agravan la situación creada por el contrabando de gasolina y ACPM de Venezuela y el Caribe, que llega a 20 mil barriles diarios de la primera, en una operación donde el fisco nacional pierde por impuesto general, sobretasa y aranceles cerca de 200 mil millones de pesos al año.

Con claras contradicciones entre el gobierno y la presidencia de Ecopetrol sobre el presupuesto de la empresa, se habló de un recorte de 1.5 billones de pesos en gastos e inversiones para 1999, asunto que la puso en peligro de iliquidez.

Respuesta de la USO y de otros sectores

La Unión Sindical Obrera, USO, aprobó entonces no iniciar negociación del pliego de peticiones hasta tanto el gobierno nacional accediera a discutir la situación de Ecopetrol. Desde enero 12 hasta febrero 20, las negociaciones se paralizaron y todas sus etapas fueron rebasadas por el conflicto.

Se realizaron foros regionales con las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, los gremios económicos, las universidades y las organizaciones sociales. Sobresalieron los encuentros de Barranca, Cartagena, Medellín, Orito, Cúcuta y Tibú. El gobernador de Santander, Miguel de Jesús Arenas, el alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno, y el obispo de Barranca, junto con el Comité de Gremios, convocaron a defender activamente a Ecopetrol y participaron en los desfiles y manifestaciones obreras; igual actitud asumieron los alcaldes de Cartagena y de Tibú.

En respaldo del pliego hubo movilizaciones, asambleas y paros de producción, uno de ellos en solidaridad con el magisterio y la salud pública, y toma de instalaciones con trabajadores temporales y de contratistas. En fin, la USO batalló intensamente contra la política imperialista de privatizaciones y apertura.

Los directivos de nómina reaccionaron favorablemente y por primera vez en veinte años concurrieron a asambleas generales con la presencia de la USO, la CUT, los gremios económicos y la Iglesia, para debatir su vinculación a la lucha por la preservación de Ecopetrol. Barranca, El Centro, Cartagena, Orito y Neiva se destacaron en esta labor. En Cartagena los directivos ayudaron a financiar el Foro y emitieron pronunciamientos públicos. Se consolidó un acercamiento muy valioso e imprescindible para la defensa de Ecopetrol.

El 20 de febrero, en el Foro de Barranca, el ministro Valenzuela aceptó entrar en conversaciones con la USO y desistió de algunos de sus anuncios privatizadores. Se reinició entonces la negociación, la más larga en los últimos treinta años, la cual terminó el 31 de mayo y fue una derrota al tribunal de arbitramento.

Logros

En lugar de la pretensión de recortar en 1.5 billones de pesos el presupuesto de la empresa, el gobierno tuvo que incrementar su plan de inversiones en 400 mil millones de pesos, lo cual redundará en proyectos de modernización en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, y de perforación exploratoria en Zulia, Putumayo y De Mares.

Los contratos de asociación continúan bajo el mando de Ecopetrol; no se escinden los poliductos de la empresa ni se vende la Refinería de Cartagena.

Para el contrato de asociación con la Chevron, que fenece el 31 de enero del año 2000, Ecopetrol y la USO constituyeron una comisión que estudiará las mejores alternativas, dándole prioridad a la operación directa de los campos de Chichimene y Cubarral, en el Meta, cuya producción diaria es de 30 mil barriles.

Gobierno y administración crearon un fondo para cubrir el pasivo pensional de Ecopetrol con un aporte inicial de 465 mil millones de pesos y sumas anuales de 182 mil millones de pesos, hasta el año 2006, cuando será autosuficiente para atender a los pensionados y las provisiones de activos. El fondo será un patrimonio autónomo de carácter público, que se respaldará con papeles del Estado y en cuya nómina y administración participarán los trabajadores.

Una comisión conjunta buscará salida definitiva al problema de la nómina y la solución integral para los trabajadores temporales, sobre la base de redefinir las actividades propias y permanentes de la industria y buscar una conciliación entre la ley 100 y el régimen especial de la convención colectiva. Si la comisión no llegare a un acuerdo, Ecopetrol contratará en esta vigencia, a término indefinido, un mínimo de 170 de esos trabajadores.

Se conquistó un aumento salarial de 17% y hubo progresos significativos en derechos del sindicato, beneficios educativos, de vivienda, recreación y salud.

Se acordó realizar un foro sobre la ley 200 con la participación del gobierno, la administración, las centrales obreras, la rama judicial, el poder público, el parlamento y la USO.

El MOIR y las demás corrientes que hacen presencia en la Unión Sindical Obrera sacaron una vez más triunfante al proletariado petrolero en su resistencia contra la recolonización gringa y por la defensa de Ecopetrol.

La brega por los derechos y la estabilidad de los temporales y la operación directa del contrato de Cubarral demandan un empleo a fondo del sindicato. Los moiristas nos ponemos a disposición de la USO y de los trabajadores.

NI ESCUCHARON NI ESCUCHAN

Cuando en febrero de 1990 el gobierno de Barco se sometió a las órdenes del Banco Mundial para abrir de una vez por todas la economía nacional, en favor de esta decisión empezó una de las mayores campañas que se hayan realizado en Colombia. Ay de aquél que no celebrara la genialidad y no compitiera por ver quién recitaba mejor la receta neoliberal. Luego, una vez Gaviria se posesionó, aumentándose la estridencia de la campaña y reforzándose con puestos y contratos el doctrinarismo en marcha, hasta hubo volteretas ideológicas tan notables que si no se produjo el desnuque de varios académicos fue porque aterrizaron en las mullidas alfombras oficiales. Para alinear a los escépticos también se usaron los “argumentos de autoridad” de algunos de los protagonistas, las sindicaciones de “dinosaurios” y sobre todo las advertencias acerca de que insistir en las dudas conduciría a quedarse sin los favores del príncipe y de sus mandamases.

Otros pocos, bien pocos, oímos a los que de verdad sabían, releímos los textos sobre el tema, investigamos lo ocurrido en los países donde se había aplicado primero el modelo, hicimos nuestros análisis y concluimos que la nación era llevada al matadero. En la primera línea de la oposición estuvieron intelectuales tan valiosos como Jorge Child y Eduardo Sarmiento. También llamaron la atención contra el engendro personalidades como Abdón Espinosa, Darío Múnera, Jaime Carvajal Sinisterra y Fabio Echeverri Correa.

En la soledad de esos días, sólo nos quedó esperar que la experiencia confirmara o negara las teorías de las partes enfrentadas. Nosotros esperamos con la tranquilidad de conciencia que otorga el haber hecho el esfuerzo por impedir oportunamente la emboscada.

Hoy, nueve años después, los hechos han dado su veredicto: el agro corre el riesgo de desaparecer, la crisis industrial podría terminar siendo peor que la del campo y son muy dolorosas las consecuencias para el pueblo. Al desastre han sido arrastrados, incluso, muchos que habían amasado fortunas de cierta importancia y la crisis es tanta que hasta naufragarán algunos de los encopetados nacionales que fueron inicialmente beneficiados por el modelo. Ya nadie puede decir que el neoliberalismo conduce a la prosperidad de la nación.

Pero los aperturistas, lejos de reconocer que se equivocaron, pretenden imponer la idea de que “no hay nada fundamental que corregir” y que ellos poseen el derecho inapelable de seguir llevando a Colombia hacia el abismo. Para la muestra dos botones de los últimos días: el gobierno nacional confirmó que las importaciones de arroz provenientes del Ecuador no serán de 76.000 toneladas sino de 150.000 y que, además, se disminuirán, todavía más, los aranceles para el maíz, a pesar de que las importaciones de ese cereal pasaron de 17 mil a 1.700.000 toneladas en lo que llevamos de apertura. Todo indica que Álvaro Uribe, director de Corpoica, no opinó por su cuenta cuando dijo: “nos parece que seguir sembrando maíz, cebada y otros cereales es desperdiciar el esfuerzo y la inversión porque en ese campo no somos competitivos” (El Espectador, 17 de agosto de 1998). Y tampoco sería extraño que se cumpliera la advertencia de Luis Prieto Ocampo: “el Brasil está empeñado en exportar a Colombia cantidades importantes de su café, donde sería ofrecido casi a mitad de precio” (El Espectador, 26 de julio de 1998).

De ahí la importancia de trabajar en la unidad de la creciente corriente social que exige la profunda revisión del modelo económico que ahoga al país y la necesidad de la protección del trabajo nacional, única política capaz de impedir la africanización de Colombia.

Entrevista a José Amado, vicepresidente de Acopi Santander: DESESPERADA SITUACIÓN DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA

(En la revista Deslinde, número 24, mayo-junio de 1999, se publica la siguiente entrevista con el dirigente de la industria del calzado en Santander y uno de los principales promotores de la lucha de los pequeños y medianos empresarios).

DESLINDE: ¿Cuáles son las manifestaciones de la crisis de la pequeña y mediana industria en Bucaramanga?.

José Amado: Las principales manifestaciones son los concordatos, los procesos liquidatorios, el despido de financieras y parafiscales y el cierre de las fábricas. Más de 100 empresas se encuentran en concordato. El 95% está trabajando, en este primer trimestre, con el 25% de su capacidad instalada. En el SENA, hay un listado de más de 2.500 empresas morosas. Nuestros parques industriales en Chimitá y el Roble, ejemplo de labor asociativa de los industriales del calzado al principio de la década, han desaparecido prácticamente para nuestro sector. Todos los días se conocen fábricas que no pueden continuar o en las que se despide personal, para “redimensionarlas” al actual nivel de ventas. Las empresas que iniciaron concordatos, hace 4 años están abocadas a procesos liquidatorios.

D. ¿Ante esta situación, cuáles han sido las respuestas gremiales de Acopi?

José Amado. Los gremios de los industriales, han realizado hasta la fecha muy poco para modificar la debacle, excepto una sola movilización aislada de rechazo de los empresarios de Bucaramanga, al pago de las exportaciones en certificados de cambio, que se presentó durante el gobierno de César Gaviria. En los Congresos de Acopi, de cada año, se continúa defendiendo la apertura y se insiste en el trillado cuento de que el problema se resuelve “mejorando la competitividad y con un cambio de mentalidad del empresario ante las nuevas condiciones que impone la globalización”. Pero no se profundiza en el retroceso industrial que el mencionado proceso está ocasionando, lo que se ha denominado la reinserción en los procesos de internacionalización de la economía. En diciembre del año pasado, en el acto de conmemoración del acopista del año, nuestro presidente, Jaime Alberto Cabal, apoyó la emergencia económica y particularmente el impuesto del dos por mil, que significa un desangre diario, permanente, de nuestro capital de trabajo, arrojándonos a las lapidarias condiciones del sector financiero. No se observa una posición crítica para corregir el rumbo e interpretar las necesidades reales de los empresarios. Los gremios se han tomado como un instrumento de acercamiento político a los puestos gubernamentales. Nuestros anteriores presidentes, como Juan Alfredo Pinto y Germán Bula, ocupan altos cargos como Viceministro y Ministros del actual Gobierno de Andrés Pastrana. Esto no sería relevante, si no estuviesen tan divorciadas las necesidades nacionales de los industriales de las que propugnan la internacionalización, la cual favorece a la producción extranjera y particularmente a la política económica impuesta por Estados Unidos. Acopi facilitó el proceso de privatización de la Corporación Financiera Popular, hoy desaparecida, única institución especializada en prestar dinero a la pequeña y mediana industria. En la Feria del Calzado de este año, realizada en febrero y organizada por Aciam, la nueva organización de los productores del calzado y cuero, asistimos muchas de las pequeñas y mediana empresas para poder vender e iniciar actividades. Sin embargo, en el evento observamos la presencia de los productores del Brasil, México y Chile. Brasil acaba de devaluar en más de un 70%. México, por su efecto tequila, se encuentra por debajo de los precios nuestros. De esta forma lo que se dio fue un mayor desplazamiento de la producción colombiana por la extranjera. Las organizaciones de los industriales no le pueden poner una vela a Dios y otra al diablo. O están con los productores nacionales o están con los de afuera.

D. ¿ Qué iniciativas ha propuesto el sector que usted representa entre los industriales de Santander?

José Amado. Actualmente estamos proponiendo un programa mínimo para discutir y poder unificar nuestros puntos de vista. Del avance en la comprensión del problema y sus causas dependerán las acciones futuras. En el pasado participamos en la organización de la marcha que se hizo para rechazar el pago de las exportaciones en certificados de cambio. Hemos impulsado la realización de foros y conferencias y en el último certamen electoral creamos el Movimiento Empresarial Colombiano para facilitar la organización política de este sector y buscar su manifestación organizada. Los empresarios tienen que convencerse que a ellos les corresponde la responsabilidad de definir el rumbo de una política industrial nacional.

LIBRÓ CON ENTEREZA TODOS LOS COMBATES

(En el Cementerio de San Pedro, a nombre de todo el Partido, el camarada Héctor Valencia pronunció el discurso de despedida de los restos mortales del dirigente desaparecido. El texto completo se publica a continuación.)

Elvia, Felipe y Andrés,

Camaradas del MOIR,

Amigos de Felipe y de nuestro Partido:

Enfrentamos hoy la dura realidad de que Carlos Arturo Londoño, a quien siempre tratamos por su antiguo nombre de batalla, Felipe Mora, ha finalizado su paso vital entre nosotros. Es natural que su muerte nos genere una profunda tristeza. Pero más importante aún es que este hecho, al sintetizar su vida, nos proporcione también la alegría de apreciar la enaltecedora dimensión que alcanza la existencia humana cuando, como fue la de este ser que hoy despedimos, se dedica por entero a la suprema causa de la revolución.

Todavía era un adolescente y ya Felipe Mora había abrazado la causa de los oprimidos. Fue joven entre los jóvenes que adhirieron al MOEC con ansias de encontrar senderos de rebelión y luego, desde esta organización ya depurada de extremo-izquierdismo, se convirtió en uno de los grandes gestores de la fundación del MOIR en esta misma ciudad de Medellín. Desde entonces este hombre fue palo mayor del navío del Partido en Antioquia y puntal para el desarrollo de nuestra política nacional. Se explica así que todos y cada uno de nuestros cuadros y militantes en este regional hubieran recibido el aporte y estímulo del camarada Felipe para su formación como moiristas.

Su labor revolucionaria fue constante. Nunca cejó en el cumplimiento de sus tareas partidarias, ni hizo pausas en su acción política. Jamás se desvió del rumbo proletario del MOIR, pues comprendía que tal desatino equivalía a caer en la molicie enervante del oportunismo. En síntesis, alcanzó lo que según Mao Tse-tung constituye el más difícil logro: conservar una posición y práctica revolucionarias durante toda la vida.

Felipe fue camarada y combatiente discípulo de nuestro máximo dirigente, Francisco Mosquera. Lejos del ordinario compadrazgo, la amistad que los unió tenía la característica perdurable y digna de cimentarse en la identidad respecto a los principios obreros del Partido.

Poseía Felipe Mora el talante propio de los comunistas: frente a la lucha de clases que se desarrolla tanto afuera como dentro del Partido, adoptaba posición de manera franca y firme, sin ambigüedades ni esguinces. Ninguno de sus contradictores, situados en las más diversas orillas, puede sentirse hoy y en esta hora defraudado: este camarada murió librándoles con entereza todos los combates.

Cuando en medio de su embestida en todo el mundo, el imperialismo norteamericano somete a Colombia a su recolonización; cuando los destacamentos de izquierda soportan la infestación del neoliberalismo; cuando en el Viejo Continente notorios dirigentes de la social-democracia europea han degenerado en la nueva derecha que junto a Estados Unidos desata en la actualidad el bárbaro bombardeo sobre Yugoslavia, y cuando se redoblan los intentos de desvirtuar la ideología y la política de los partidos del proletariado, sin que el MOIR escape a este fenómeno, ¡cómo resaltan las cualidades revolucionarias que Felipe Mora encarnó, las que deben convertirse en ejemplo y guía para la conducta política de todos los militantes del Partido !

Que nadie se confunda: si el camarada Felipe les hace falta hoy a los moiristas es porque le hace falta a la causa de los trabajadores. Aquí lo que enfrentamos, camaradas y amigos, es la dolorosa pérdida de un elemento valioso de la clase obrera.

Ante esta carencia, Felipe, y conscientes de que ese sería el único homenaje que aceptarías, reiteramos nuestro firme propósito de llevar a cabo, con mayor vigor que nunca, nuestras tareas revolucionarias.

Editorial: POR LA UNIDAD Y LA SALVACIÓN DE COLOMBIA

Hector Valencia, secretario general; Bogotá, abril 7 de 1999

La nación se debate en la peor crisis de su historia debido al proceso de recolonización al que la ha sometido Estados Unidos y enfrenta una real amenaza de fragmentación al consentirse la intervención de Washington en el actual proceso de paz. Una década de apertura económica arruinó el agro y la industria, disminuyó los ingresos de los asalariados, acrecentó el desempleo y generalizó la pobreza hasta niveles nunca vistos. Es evidente que el arribo a la jefatura del gobierno de un ferviente partidario del neoliberalismo y el resto de políticas impuestas por el imperio norteamericano, como lo es Andrés Pastrana, entraña mayores peligros para el futuro del país.

La aguda recesión económica, el drástico descenso del Producto Interno Bruto, el hundimiento de la producción industrial, los millones de colombianos sin trabajo y más de 18 millones de compatriotas en la pobreza absoluta, son inocultables resultados de la gestión que han realizado los últimos gobiernos y que el de Pastrana está refinando.

Pérdida de la soberanía, quiebra de la producción y deterioro de la vida del pueblo Las medidas económicas que la administración Pastrana ha puesto en ejecución han conducido a que se agudice el estancamiento de la producción, lo que ha estropeado aún más el resto de actividades económicas y sociales.

La reforma tributaria aprobada por el Congreso grava la mayor parte de la canasta familiar e impone mayores cargas a las actividades productivas. El recorte de las finanzas estatales se está haciendo a costa de los ingresos de los servidores públicos, de la reducción del gasto social, de la eliminación de subsidios para los estratos bajos, del abandono definitivo de cualquier proyecto industrializador de la nación y de la renuncia al fomento y protección del agro, avanzando aún más en la pérdida de nuestra seguridad alimentaria. La continuación de las privatizaciones completará el despojo que se le hace al Estado de empresas estratégicas, entregadas como bicoca a los grupos financieros. La anunciada modificación del sistema de transferencias a las regiones equivaldrá a que departamentos y municipios en proceso de bancarrota adquieran mayores responsabilidades, entre ellas la financiación de un sistema hospitalario quebrado y de universidades en trance de liquidación. A la Caja Agraria se la someterá a una «cirugía » que le cercenará oficinas y trabajadores hasta marchitarla. La anunciada privatización del Banco Central Hipotecario dejará a sus deudores a merced de la voracidad de los grandes capitales. Las nuevas facilidades para la inversión extranjera, como las que por valores multimillonarios se conceden en la construcción y operación de carreteras, ferrocarriles y puertos a través de la figura de las concesiones, y las involucradas en la privatización de la industria petrolera y del servicio de telecomunicaciones, significan la entrega a los especuladores foráneos de negocios rentables de los cuales se desplazan el capital y el esfuerzo nacionales. La liberación de los precios de los medicamentos sacrifica el acceso a la salud en provecho de los grandes laboratorios internacionales, la de las tarifas de transporte intermunicipal satisface la codicia de los pulpos del transporte, y la desregulación de los precios de los combustibles implica un intento de asfixiar a Ecopetrol. Con este cúmulo de medidas, Pastrana da cumplimiento al mandato del gobierno estadounidense y los poderosos organismos financieros internacionales de profundizar la liberalización económica.

Semejante servilismo no causa sorpresa entre los sectores lúcidos del pueblo. Su acusada conducta antinacional durante la crisis política de la administración Samper, y su programa de campaña en donde anunciaba la bienvenida a la intervención y al recetario económico norteamericanos, le proporcionaron el dudoso honor de ser el preferido de Estados Unidos en el pasado certamen electoral. Como retribución, en la visita que se afanó a realizar a Washington dio muestras de su aberrante obsecuencia al garantizar que continuará aplicando la política sobre narcotráfico que desde allá se dicta, y procedió a ligarla al proceso de paz, con lo que le otorgó legitimidad a una más desaforada intervención norteamericana. Para rematar, Pastrana fue especialmente enfático en ofrecer seguridades de que Colombia entregará «la antorcha de los proyectos de inversión y generación de riqueza al sector privado» y que favorecerá las inversiones de capital extranjero, principalmente en los sectores energético y vial.

La crisis mundial crea mayores riesgos de intervención de Estados Unidos

Estados Unidos ha venido imponiéndole a Colombia una política antidrogas que, utilizada como pretexto para condicionar las principales decisiones nacionales, le permite avanzar en su recolonización. Mientras alcahuetea que sus circuitos financieros se engorden con los dineros provenientes del narcotráfico, denigra del país y nos expone ante la comunidad internacional como un factor de riesgo en el hemisferio.

Esto nos obliga a no olvidar que el intervencionismo norteamericano no tiene límites, como lo demuestran los chantajes, coacciones, embargos y secuestros, así como los actos de agresión que periódicamente perpetra en otras latitudes, desde los desembozados ataques a Afganistán y Sudán, y los bárbaros bombardeos a Irak, encubierto en la ONU, hasta la actual embestida criminal contra Yugoslavia escudado en la maquinaria bélica de la OTAN.

Esa voluntad imperial, que lleva al gobierno norteamericano a exigir nuevas concesiones en materia de interdicción marítima y en reclamos para que se establezca la extradición retroactiva, se ha manifestado recientemente en hechos como incitar a los gobiernos de Perú, Panamá, Ecuador y Venezuela a que consideren a Colombia como una amenaza e instigarlos a que desplacen a nuestras fronteras sus tropas, por lo regular infestadas de asesores belicistas gringos. Estas prepotentes provocaciones deben ser tomadas como un premonitorio anuncio de que, abiertamente o encubierto tras otros países u organizaciones multinacionales, Estados Unidos no descarta ninguna forma de intervencionismo contra nuestro país. Tal eventualidad exige que los colombianos adopten una firme y consecuente actitud de resistencia.

Cuando la política económica neoliberal empezó a golpear implacablemente tanto a las naciones del Tercer Mundo que congregan la gran mayoría de la población mundial, como a los obreros de los países avanzados, entonces los portavoces del imperialismo, defensores de la apertura, la liberación de los mercados y las privatizaciones, presentaron esos graves daños económicos y sociales como un fenómeno pasajero, o a lo sumo como un costo necesario para la inmersión en la anunciada panacea de la globalización que traería aparejado un salto al desarrollo. Hoy los hechos han desmentido tan alegre y engañosa presentación. El hundimiento de las economías en los países asiáticos, hasta ayer presentados como pujantes «tigres», el desplome de Rusia y la caída del Brasil en el cenagal financiero, tienen repercusiones que alcanzan a Wall Street y a las poderosas bolsas europeas. Japón, con todo su potencial económico, lleva años sin poder salir de una aguda recesión, lo cual sume en mayores riesgos de estancamiento a toda el Asia. La crisis ha afectado a los países de América Latina y lleva trazas de dislocar sus economías, lo que podría alterar la estabilidad que precisa Estados Unidos en su tradicional «patio trasero».

En este tramo final del siglo XX, el colosal dominio que con Estados Unidos a la cabeza ha querido consolidar el gran capital financiero a nivel planetario, se resquebraja y tiende a desmoronarse. Así lo muestra la recesión en numerosos países, la proliferación de los déficit, las devaluaciones y las bancarrotas que han colocado al mundo al filo de una gran depresión. El mismo Clinton, junto a admitir que las prácticas económicas basadas en el neoliberalismo han beneficiado a Estados Unidos «más que a ninguna otra nación», no descarta la pronta llegada allí de la crisis cuando expresa que se está en «un momento de dificultades en todo el mundo».

Paralelamente, en tanto se derrumban las ensoberbecidas aseveraciones de «fin de la historia » y «muerte de las ideologías», fracasan los dogmas de apertura de mercados y privatizaciones. Aunque el peso agobiante de la debacle se hace recaer sobre los pueblos, éstos no pueden menos que saludar las agudas contradicciones que socavan el sistema económico establecido por sus principales opresores y redoblar su lucha contra ellos.

Las gestiones de paz no deben velar la naturaleza antinacional del régimen ni desmembrar la nación.

Con ingentes gestiones y actos que transcurren entre lo oculto y lo espectacular, el gobierno de Pastrana está empeñado en negociar con las diversas agrupaciones alzadas en armas. A la vez que se les despeja a las Farc una extensa zona y se habla a más y mejor de la paz y alrededor de ella se alternan las promesas y los ultimátum, arrecian los episodios de guerra, con su estela de masacres, desapariciones y secuestros. Millares de desplazados reflejan la amplitud y encono de ese accionar.

El pueblo tiene razones de sobra para querer que cese la sarracina. La primera de ellas es que así podrá desplegar más eficazmente, con su propia táctica, los combates por sus más íntimos y legítimos intereses: la autodeterminación nacional y una democracia que sirva a su progreso y bienestar.

En correspondencia con ese justo anhelo, conservan plena vigencia los criterios que el MOIR ha expuesto frente a las diversas negociaciones de paz. Hemos propugnado que éstas redunden en la civilización de la lucha política, se erradiquen las formas y métodos incorrectos que se aplican en nombre de la revolución y se abandone la necia intención de pretender conquistas y transformaciones de fondo a través de la transacción negociada con el gobierno. Abogamos, además, porque las gestiones y conversaciones en torno a la paz no se utilicen para ocultar la índole antidemocrática del régimen político.

Por la misma elemental razón que siempre hemos expuesto, la de que el MOIR no ha declarado la guerra, no nos encontramos entre las muy diversas organizaciones involucradas en el proceso pacificador. Junto a reiterar nuestra certidumbre de que los criterios antes mencionados deben regir la búsqueda de la paz, hoy señalamos un punto fundamental: que las negociaciones no deben conducir al desmembramiento de la nación. Es evidente que salvaguardar a toda costa la unidad de la república es indispensable para enfrentar las nuevas amenazas a la soberanía. El énfasis que hoy ponemos en este aspecto obedece a la descarada intromisión de Estados Unidos en las negociaciones en torno a la guerra y la paz en Colombia y al inexplicable aval dado por varios actores del conflicto a esa intervención, lo cual pone en grave riesgo la autonomía y cohesión del país. Los desarrollos de esas negociaciones y los eventuales acuerdos que allí se alcancen, no deben vulnerar la soberanía y la integridad territorial de la nación y no deben suplantar las organizaciones sindicales y populares, ni interferir sus luchas democráticas y reivindicativas.

Forjar un haz de patriotas contra la política del imperialismo y el servilismo de Pastrana

La construcción de un amplio frente por la salvación nacional es una necesidad para enfrentar las políticas emanadas de Washington y derrotar los planes y medidas antipopulares del gobierno de Pastrana. Sus fuerzas principales serán los trabajadores y demás sectores del pueblo, así como todos aquellos que atesoren un espíritu patriota, demócrata y progresista. Se forjará por y en medio de luchas como las de los trabajadores estatales, que con su temprana resistencia contra las antipopulares medidas gubernamentales señalaron la más sólida y certera opción que tienen los asalariados, y como la formidable lid de los habitantes de Chinchiná, el bloqueo de vías por los arroceros del Llano, los acciones de rechazo a las importaciones de leche por parte de los ganaderos del Magdalena Medio, la marcha de protesta de los pequeños y medianos industriales en Bucaramanga y las batallas de los caficultores.

Cabe destacar que simultáneamente con esas luchas y movilizaciones, reputados dirigentes políticos y gremiales, así como personalidades académicas – desde diferenciadas y a veces contrapuestas vertientes políticas e ideológicas- adoptan respecto a importantes aspectos de la crítica situación nacional posiciones positivas y patrióticas que es necesario justipreciar. A la par que diversos dirigentes gremiales denuncian la desindustrialización y un creciente número de empresarios exigen la protección de la producción agrícola, Abdón Espinosa denuncia a diario las caóticas medidas del modelo neoliberal, Eduardo Sarmiento lleva años exigiendo la reversión de la apertura, Hernando Agudelo Villa impugna las medidas que produjeron la avalancha de impuestos indirectos con un llamado a la restauración de la tributación progresiva y directa, Hernando Santos rechazó las tendencias hacia la desintegración de la nación y Carlos Lemos condena el propósito de repartirla a la suiza en cantones.

Es esencial reafirmar que la contradicción existente entre la nación y el imperialismo norteamericano preside y somete a su desarrollo todas y cada una de las demás contradicciones presentes en la sociedad. Las principales iniciativas gubernamentales emanan de la contemporización del gobierno de Pastrana y la oligarquía financiera con la política de recolonización imperialista de Estados Unidos. Ignorar esto y condescender con la obsecuencia del gobierno hacia Washington o con el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente para eliminar o fusionar entidades, no es, de hecho, oposición -ni «patriótica», ni «constructiva », ni «parlamentaria»- al gobierno pastranista, y mucho menos al imperialismo.

¡Por la soberanía económica, resistencia civil!

A finales de los años ochenta, criticando los dogmas del neoliberalismo impartidos desde Washington, el MOIR desplegó recias denuncias frente las medidas de la apertura iniciada por la administración Barco, y participó en las importantes luchas que contra ellas libraron sectores y organizaciones populares. En l992, cuando la panda que llegó al poder encabezada por César Gaviria había logrado acondicionar la superestructura jurídica y política de la nación para la aplicación plena del nuevo evangelio del capital imperialista, lanzamos la consigna que, a más de sintetizar la situación comprometida en que se había colocado al país, señalaba un rumbo de acción: ¡Por la soberanía económica, resistencia civil!.

En abigarradas luchas, cuyas dimensiones e intensidad han variado según su ligazón y compromiso con los intereses del trabajo, la producción y la soberanía nacionales, vastos sectores de colombianos han desplegado diversas formas de resistencia contra la política y las medidas económicas que les han impuesto los gobiernos de Barco, Gaviria, Samper y actualmente el de Pastrana. El MOIR ha respaldado todas las posiciones y actividades de rechazo a ellas, ha brindado solidaridad a los sectores y personas que han sufrido sus graves consecuencias y ha marchado hombro a hombro con quienes se han movilizado para echarlas atrás. Hemos cumplido con nuestros elementales deberes revolucionarios y lo seguiremos haciendo.

Para sacar a Colombia de la actual encrucijada política y económica, las masas laboriosas, así como los productores y empresarios nacionales, los intelectuales y, en general, todos los demócratas y patriotas, deben oponer resistencia a la política de intervención norteamericana y combatir el gobierno de Pastrana, desnudando su carácter antinacional y antipopular. Como criterios que deben orientar esa resistencia el MOIR propone los siguientes puntos:

1º. Por la plena soberanía de Colombia en lo económico y lo político. Contra el intervencionismo de Estados Unidos, por la preservación de la integridad territorial y la unidad nacional, por la defensa de los recursos naturales y el patrimonio de la nación.

2º. Por la defensa y desarrollo de la producción industrial y agraria. Contra la política de apertura y las privatizaciones, y por la protección del mercado interno.

3º. Por las libertades democráticas y la igualdad de los ciudadanos y partidos ante la ley. Por las garantías a la expresión y movilización de los sindicatos, las organizaciones populares y los partidos que representan a las capas laboriosas de la población.

4º. Por el bienestar de la población y la mejora de las condiciones de vida del pueblo. Detener la arremetida contra las conquistas laborales de los trabajadores, defender la educación y la salud públicas, y oponerse al alza en las tarifas de los servicios públicos.

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario
(MOIR)

EL DE PASTRANA, UN PLAN PARA SUBASTAR EL PAÍS

Alfonso Hernández

El pasado 5 de mayo, cerca de medianoche, el Senado aprobó al Plan Nacional de Desarrollo denominado Cambio para Construir la Paz. Para imponerlo, el gobierno, haciendo uso de los métodos de la democracia participativa, arremetió a bastonazos y con gases lacrimógenos contra las masivas protestas de educadores, trabajadores de la salud, obreros, estudiantes y padres de familia, quienes durante semanas colmaron las plazas y calles principales de ciudades y pueblos. El mamotreto en mención legisla sobre lo habido y por haber y el Congreso está obligado a aprobarlo en un plazo perentorio o el presidente lo expide por decreto. El pupitrazo que dio vida legal al Plan, lleno de prédicas acerca de la transparencia, fue antecedido por el corte de la señal de televisión para facilitar el agitado bazar de prebendas para los parlamentarios de la Alianza para el Cambio y los demás que comprometieran su voto. Fue tal la premura que, según Portafolio del 25 de mayo, el gobierno “lo estudiará a fondo”, pues “no se supo qué quedó y qué no.”

Pero no todo en él es confusión. El Plan tiene unos propósitos definidos. Vender por presas y con escandalosos descuentos al capital extranjero lo que queda de Colombia, y hacer objeto de especulación financiera las empresas estatales, los bosques, los ríos, las minas, la salud, la educación, las calles, las carreteras, los acueductos. Cargar a regiones, comunidades y familias con gravámenes de toda índole, para que el erario, aliviado de gastos sociales, sea garante de la deuda externa y pueda destinarse a obras que hagan la nación atractiva a los inversionistas foráneos. Con el mismo propósito rebaja los salarios, elimina las prestaciones, acrecienta el desempleo. Y fragmenta a la población atizando las diferencias entre los connacionales y debilitando los lazos de clase.

Todo en venta

Con los mendaces argumentos de que el sector privado es más eficiente (algo que desmienten los apagones que vive la Costa Atlántica), y de que sus inversiones permitirán que una suma mayor de recursos públicos se destine al gasto social, se pretende que durante el cuatrienio las empresas particulares cubran por lo menos 50% de la inversión total en infraestructura. Ya buena parte de la red de vías nacionales se entregó en concesión. Se trata ahora de que con las secundarias y terciarias se proceda de la misma manera. En la navegación por los ríos Magdalena, Meta, Orinoco y Putumayo, se pagarán peajes con destino a las empresas que los reciban en concesión. También los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón de Cali, José María Córdova de Rionegro y Eldorado de Bogotá, hacen parte de la feria. En el sector eléctrico están en lista ISA e Isagen, varias empresas municipales y las centrales hidroeléctricas que aún son propiedad del Estado. A ellas se añaden las de telecomunicaciones, acueducto, alcantarillado y red ferroviaria. Nuestros bosques, que albergan tan rica biodiversidad, apetecidos por los consorcios internacionales, también les serán entregados.

La falacia de la preocupación por el gasto social se pone en evidencia cuando el Plan obliga al Instituto de Seguros Sociales a atomizarse en varias empresas, y a los colegios públicos y a los hospitales se les obligará a convertirse en las mal llamadas empresas sociales del Estado, regidas por el principio de la rentabilidad. En el programa de vivienda social se fuerza a los destechados que deseen obtener un subsidio a depositar en una corporación, durante meses, parte considerable de sus ínfimos ingresos. Si demuestran “disciplina de ahorro”, la constructora recibirá una suma que supuestamente beneficiará al aspirante.

Los bienes públicos, además de enajenados, serán objeto de especulación financiera. Se emitirán bonos de infraestructura y otra serie de papeles, con los que los bancos y fondos de inversión podrán hacer su agosto a costa del pueblo.

En la “Agenda internacional” del paquete aludido se afirma que “Estados Unidos es el país más importante para las relaciones internacionales de Colombia por su carácter de potencia mundial y hemisférica”. Se añade que “se aprovechará el nuevo ambiente que reina en las relaciones binacionales para promover la ampliación y diversificación de la inversión estadounidense en la economía nacional”. Es decir, se pondrá el rebaño bajo el cuidado de la fiera. Colombia se sujetará aún más a los acuerdos de libre comercio y a la apertura que tanto han estropeado su aparato productivo.

No se dispone ningún estímulo al progreso industrial; en cambio sí la ampliación de las zonas francas y las maquilas, establecimientos que sólo favorecen a las trasnacionales, las cuales, sin pagar aranceles ni dinamizar la producción fabril local, aprovechan nuestra baratísima mano de obra.

El Plan no deja de perorar sobre el auge que alcanzarán las exportaciones. Mientras la industria se encuentra en el más grande abatimiento a causa de la competencia de poderosos consorcios de envergadura mundial, y una avalancha de importaciones agrícolas, las más de las veces subsidiadas por sus respectivos gobiernos, desplazan la producción autóctona, se lanza la alucinante consigna de conquistar el mercado mundial con nuestros frutos y géneros exportables. ¿Burla? ¿Estulticia? Como fuere, Pastrana, diciendo y haciendo, al mando de una bien nutrida comitiva, se aprestó a captar la Cuenca del Pacífico. Aunque de su cruzada mercantil no se hayan obtenido ni yuanes, ni mucho menos yenes para los afligidos exportadores colombianos, el valiente mandatario, como lo llama Clinton, da un parte de victoria, puesto que ni él ni su cortejo corrieron más riesgo que el de un empacho y no hubo víctima distinta al ya deficitario presupuesto nacional. Sin ruborizarse, el festivo Andrés continúa sus expediciones por los cinco continentes.

Cargas y más cargas

La bancarrota y el paro generalizados no son razones bastantes para persuadir a la camarilla palaciega de que la ocasión no es propicia para tamaña carga de gravámenes y reducción de salarios, como los que se contemplan en el Plan. Las rebajas de impuestos a los grandes capitales se suplen con drásticos aumentos de los tributos indirectos al pueblo, como el IVA y el dos por mil. Cada obra que se adelante traerá un alud de cobros confiscatorios.

El Plan señala que las decisiones del gasto se encuentran separadas de las relacionadas con impuestos y que los municipios incrementaron sus ingresos a través de su participación en los recursos de la nación sin necesidad de aumentar sus impuestos locales. Todo esto para reducir lo que les corresponde a las entidades territoriales e imponerles una nueva reforma tributaria. Dichas entidades deben redoblar el esfuerzo fiscal propio, por todos los medios, mientras se les recorta lo que perciben por regalías. Así, alcaldes y concejos se ven en la disyuntiva de acogotar a sus gobernados o negarles los servicios básicos.

Siempre que se alude a la necesidad de aunar la acción de todos para encarar alguno de los graves problemas nacionales, el gobierno central tiende a sólo impartir orientaciones generales y el capital a garantizar sus ganancias, mientras las gentes, los “beneficiarios”, son los que soportan las cargas. A los más pobres, supuestos favorecidos de la “focalización” de los subsidios a la demanda, se les exigen aportes crecientes en salud, educación y servicios públicos. Con ínfulas doctorales, el Plan teoriza sobre la importancia de la reconstrucción del tejido social y acerca del papel de la familia en el bienestar de los individuos. En seguida concluye que el discapacitado o el menor delincuente deben estar a cargo de la familia. De igual manera, el cuidado de los infantes se entrega a las Úrsulas, con lo que el Estado desmonta la educación preescolar y los jardínes. El capital se zafa entonces del deber de asumir la seguridad social y el Estado elude la asistencia. Lo primero se defiende con el argumento de que si se libra de cargas a los potentados, éstos inundarán el país con sus inversiones. Lo segundo se argumenta así: “El error está en creer que los problemas de pobreza pueden ser solucionados con un mayor gasto público, distribuido de manera asistencialista”. Como se trata de superar la mentalidad “asistencialista”, “la participación no será ya alrededor del reparto de unos recursos del gobierno central, sino en torno a la distribución de responsabilidades y a la consolidación de recursos locales para solucionar los problemas de las comunidades”.

Claro que la punta de lanza del Plan se dirige contra los obreros. Pretende rebajar el salario a extremos que hacen imposible la subsistencia. Afirma que los jóvenes no requieren ganar el mínimo ni horas extras ni dominicales. Insisten en la “flexibilización” laboral, término con el que significan que el trabajador debería ser despedido sin indemnización, que se deben eliminar los contratos de trabajo, que las prestaciones deben desaparecer, y que los seguros médicos y de jubilación han de ser cubiertos por el empleado. De manera inmediata se propone acabar con la retroactividad de las cesantías de los estatales que aún tienen este derecho. A quienes laboran en la salud les imponen el llamado “salario integral”.

Se repite el mismo engañoso argumento que se esgrimió para hacer aprobar la Ley 50 de 1990, que el desempleo lo ocasionan los salarios y prestaciones. Minimizando éstos, se multiplicarían los puestos. Vamos para diez años de aprobada la funesta reforma y la desocupación no ha hecho nada distinto que aumentar.

Desmembrar la nación

Escindir a Colombia es el principal y más execrable propósito del plan “Cambio para construir la paz” y ninguna de sus formulaciones se aparta de este objetivo. Uno de los acápites en el cual se evidencia la intención se denomina “ordenamiento territorial”; éste implica la “federalización” que, como lo explicó Francisco Mosquera, “dividirá a Colombia en territorios autónomos después de 170 años de existencia de la república unitaria, significa entregar desmembrado el país al águila imperial”.

Según el Plan, “el ordenamiento territorial será el objetivo central de la estrategia de profundización para la descentralización”. Y agrega que en la discusión sobre el tema no se le “ha dado al principio de autonomía la debida importancia”. A partir del próximo 20 de julio, el Congreso discutirá un proyecto de ley orientado a la conformación de regiones autónomas y a debilitar los departamentos, para que las primeras sean viables. El interés de las multinacionales impone que las regiones compitan unas con otras por atraer el capital extranjero y que, en vez de estar vigorosamente ligadas en un mercado nacional, se mantengan uncidas a la coyunda de la metrópoli; sea produciendo partes de los productos que ella demanda o dependiendo de la misma para el mercadeo. Así, han establecido paraísos fiscales en diminutos territorios, verdaderas guaridas en las que el capital financiero está exento de cualquier contribución y su botín a cubierto de eventuales disposiciones adversas de algún Estado. Es sabido que Alagoas y Ceará, estados del norte del Brasil, en su disputa por conseguir el establecimiento de algunas factorías en sus territorios, llegaron no sólo a pasear en avioneta a los propietarios de las empresas, cosas del marketing, sino también a construirles toda la infraestructura, obsequiarles los servicios públicos, y financiarles los primeros meses de pagos salariales. El de Alagoas compitió como lo preceptúa el dogma neoliberal, se tuvo que declarar en quiebra. En Rio Grande do Sul, los gerentes de la General Motors y de Ford, sumamente indignados, exigen al gobernador que cumpla con la totalidad del paquete por más tres mil millones de dólares que les habían ofrecido por ubicar allí unas plantas. El funcionario ha explicado, sin lograr aplacar a los ejecutivos empresariales, que la crisis que vive Brasil no le ha permitido ni siquiera pagar cumplidamente las mensualidades a los maestros de escuela. Como lo demuestran claramente estos ejemplos, las multinacionales se alzan con los trofeos de la competencia entre los territorios. Es bueno recordar que el proceso descentralista se promovió como la redención de los municipios y departamentos. Hoy se encuentran en la inopia. Los testaferros de los imperialistas alborotan por “autonomía” para las etnias y las regiones o para los hospitales y las empresas. Sólo buscan hacerlas presa fácil. Quienes, mordiendo el anzuelo, claman por la “autonomía” de sus comarcas, ponen grilletes y cadenas a quiene desean libertar.

La autonomía cumple otra función. Si la población de una comarca está malquistada con la de otras, será impensable que se avengan en un futuro próximo para rechazar el pillaje imperialista. Por ello, los intelectuales a sueldo de los consorcios, con el pretexto de alentar las culturas locales, y echando mano de todas las armas ideológicas, siembran la discordia y promueven un chovinismo de campanario. Que los indígenas o la población negra consideren que los culpables de sus apremios son los demás colombianos de otras razas. Que éstos vean en aquellos a sus contrincantes; que la costa alimente rencores con el interior, y éste con el litoral, y así ad infinitum. A diario, los funcionarios pastranistas inoculan la inquina entre los colombianos. Si hay desempleo, la culpa es de los asalariados. Si no hay escuelas u hospitales, los causantes son los trabajadores del Estado. El atraso de las zonas apartadas se achaca a la capital. A ésta se le dice que aporta demasiados tributos a la nación. El que tiene un pan para mitigar el hambre de su familia es acusado de que haya quienes mueran de inanición. En cambio, los potentados están libres de pecado. Toda la riqueza y esfuerzo nacionales deben ofrecérseles en bandeja para que los pobrecillos no se ahuyenten con sus fortunas.

La globalización, es decir, el despojo de cinco mil millones de seres por parte de un puñado de bancos y compañías multinacionales, y la centralización del poder político en el imperio americano, tiene como su reverso el atomizar a los pueblos y a las naciones. Sin asimilar esta ley de la post guerra fría no es posible entender cosa alguna acerca del “nuevo orden mundial”.

DEFENDAMOS LA CAJA AGRARIA

Pastrana, como fiel servidor de la política imperialista, mantiene la Caja en total parálisis. El crédito agropecuario se encuentra cerrado y los servicios bancarios restringidos. Se ha iniciado una campaña de desprestigio institucional orquestada desde las distintas dependencias oficiales, especialmente desde Planeación y los Ministerios de Hacienda y Agricultura.

Con el sofisma de la «reestructuración», Pastrana quiere culminar la obra de sus antecesores y se halla presto a liquidar definitivamente la institución más importante y necesaria para la reactivación del campo colombiano. Para ello ha anunciado que hará uso de las facultades extraordinarias contenidas en la ley 489 de 1998, que le permiten “suprimir, fusionar, reestructurar o modificar” cualquier entidad pública. El gobierno pretende confundir al país señalando que habrá una “nueva Caja Agraria” más eficiente y moderna al servicio de los campesinos. La verdad es distinta. Lo que se busca es acabar con una entidad que le ha servido al desarrollo de la producción agropecuaria y, de contera, arrebatarles los derechos a sus trabajadores eliminando la convención colectiva y la organización sindical.

Defensa de la Caja, propósito nacional

Pese a la política de marchitamiento que desde el gobierno se impulsa contra la Caja, ésta sigue siendo la más importante institución para el campo y para los municipios colombianos. Por su conducto se distribuyen los recursos para el sector y sin ella los entes territoriales, especialmente las poblaciones más alejadas, se verían condenadas al aislamiento y al abandono total. El gobierno ha anunciado que cerrará 340 oficinas de las existentes hoy y 170 municipios se quedarán sin la presencia de la Caja. Contra esto, los alcaldes, los concejales, la Iglesia y las fuerzas vivas de cada población preparan su movilización para impedir que el gobierno consume este atropello, y para reivindicar sus exigencias frente a la falta de vías de comunicación, precios de sustentación e importaciones de alimentos.

Las batallas libradas por los creditarios han evitado que regímenes anteriores la liquiden. Esta tradición debe seguir siendo la respuesta ante la actual arremetida. La huelga, como arma de lucha por excelencia de los trabajadores, convocada por su organización sindical, es la garantía para mantener viva la entidad. Serán los trabajadores con su imprescindible movilización quienes jalonarán el más amplio despliegue de movimientos, paros cívicos y manifestaciones de solidaridad.

El gobierno ha iniciado también una campaña de desprestigio contra Sintracreditario, valiéndose de diferentes medios de comunicación. Pretende con ello restarle poder de convocatoria y minar la confianza de los trabajadores. Dicha campaña hace parte de la política liquidadora de Pastrana. No olvidemos que una ofensiva similar fue utilizada para forzar el cierre definitivo de entidades como Colpuertos, Ferrocarriles Nacionales, el Idema y el Ministerio de Obras Públicas. Exonerar al gobierno de esta campaña es hacerle el juego a la política liquidacionista.

El MOIR llama al movimiento sindical, a los gremios del sector, al movimiento campesino, a la Iglesia, a alcaldes, concejales y diputados y, en general, a las fuerzas democráticas y progresistas a que respalden la lucha que por la permanencia de la Caja han de adelantar sus trabajadores.

¡Por la soberanía económica, resistencia civil!

UNIDAD ANTE ARREMETIDA DE LOS BANCOS

El sector financiero ha sido consecuente impulsor de la política neoliberal agenciada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, primer beneficiario de la apertura y ariete para la recolonización de nuestro país. De 1990 a 1997, en aplicación de la reforma financiera y ayudado por la reforma laboral de Gaviria, el gobierno adecuó el sector bancario para que los grandes financistas extranjeros encontraran entidades saneadas, listas para recibirlos y que se prestaran a la política de expansión mundial.

La llegada a los bancos colombianos de capital español obedece, por un lado, al modelo neoliberal de apertura económica impuesta por el imperialismo norteamericano. Y por el otro, a que los dos colosos ibéricos, el Banco Bilbao Vizcaya, BBV, y el Banco Santander, libran una contienda ante la proliferación de oficinas y la saturación del mercado en la madre patria. En consecuencia, ambos conglomerados decidieron salir a respirar otros aires, tras la meta, declarada con excepcional franqueza por ellos mismos, de “explotar” este mercado y “obtener mayor rentabilidad para sus accionistas”.

Los grandes grupos nacionales no tardaron en reaccionar, fortaleciéndose principalmente Luis Carlos Sarmiento con el grupo AVAL, y el “sindicato antioqueño” con la fusión del Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano en Bancolombia.

Estas circunstancias, unidas a las altas tasas de interés, a la insolvencia de los deudores, a la recesión generalizada y al encarecimiento de la deuda externa, condujeron rápidamente a la quiebra de los bancos pequeños, de algunas Corporaciones de Ahorro y Vivienda, cooperativas y compañías de financiamiento comercial. Se tendió igualmente un cerco alrededor de la banca oficial, en detrimento del BCH y, principalmente, de la Caja Agraria.

Los trabajadores, por su lado, fueron directamente afectados por esta embestida del capital foráneo y su sed de pingües ganancias. Fueron reestructuradas las plantas de personal, se incrementó su inestabilidad y se violaron más descaradamente las convenciones colectivas en puntos tan vitales como escalafón, vivienda y salarios, entre otros. A lo cual se suman la prolongación de la jornada de trabajo y otra serie de arbitrariedades.

Promoviendo el Pliego Político Unificado, los sindicatos se ven abocados a fijar posición sobre temas tales como planes de fomento, margen de intermediación, control de la inversión extranjera, política fiscal, reforma financiera y banca central. Y en el plano laboral: sistema de contratación, jornada de trabajo, seguridad social, contratación colectiva por rama y despido de empleados. Reivindicaciones que contribuyen a la agitación, a la educación de los trabajadores y a contener la masacre laboral. Mención especial merece la condena al confiscatorio UPAC.

En el momento actual, tanto ACEB como UNEB, Sintracreditario, Sintrabancol, Astraban, Anebre y Fenasibancol deben realizar esfuerzos para crear el sindicato único con el fin de defender con mayor eficacia los intereses de los trabajadores, y como herramienta para enfrentar la arremetida.

Es de particular importancia que el Frente Intersindical Bancario, respaldado por las centrales y apoyado por los trabajadores, rechace la reforma financiera y laboral y el Plan de Desarrollo pastranista, y saque adelante el Pliego Político Unificado y la lucha por salvar a la Caja Agraria.

Después del terremoto en el Eje Cafetero: LOS QUINDIANOS SE UNEN Y COMBATEN POR SUS DERECHOS

Recorrer los escombros de los pujantes municipios y veredas del departamento del Quindío arruga el corazón. Hay tantas fachadas de viviendas sostenidas por palos de guadua, al lado de las que se derrumbaron definitivamente, de las que medio sostuvieron un precario tejado, de las que aplastaron vidas. La visión de sus gentes, arracimadas en cambuches, entre el barro y los desechos, irrita el cerebro. Ser testigo de cómo la solidaridad del pueblo colombiano se la ferian los más inescrupulosos negociantes, levanta la indignación. Por fortuna, la creciente organización de las masas populares y la disposición que manifiestan para la defensa de sus intereses, hacen surgir el optimismo y levantan la moral.

Terremoto

Cuando, a la una de la tarde del pasado 25 de enero, un sismo devoró las viviendas de cientos de miles de personas de veintiocho municipios de cinco departamentos de Colombia, el del Quindío, arteria del eje cafetero, sufrió una de las mayores catástrofes de nuestro país en el presente siglo. La cifra de desaparecidos, heridos y muertos, sobrapasa los diez mil. Los damnificados resultan incontables. Hay, además de las cerca de cuarenta mil edificaciones derruidas, otras tantas urgidas de reparación. Muchas de ellas alojaban instituciones de educación, salud y seguridad que dejaron de prestar sus servicios. Si bien allí se soportaba ya la crisis y la falta de oferta de trabajo que azota a todo el país, y en esta zona con énfasis a los cultivadores cafeteros, decenas de miles de nuevos desempleados engrosaron las estadísticas del paro forzoso al cual nos hallamos sometidos por las políticas del gobierno.

El anterior balance no toma en cuenta a los numerosos desplazados, a los caficultores cuyos beneficiaderos se derrumbaron y tendrán que desembolsar entre cuatro y doce millones de pesos para restaurarlos, ni a los niños y ancianos, hombres y mujeres heridos psicológicamente. Un pequeño de siete años, de La Tebaida, declaró a TRIBUNA ROJA que “al otro día se me había olvidado todo lo que aprendí en la escuela, leer, escribir, sumar y restar.” Un habitante de Montenegro que contemplaba la desolación afirmaba: “En un solo minuto retrocedimos por lo menos treinta años.” Hubo gentes a las que se les borraron los nombres de parientes y conocidos, o aún permanecen en crisis nerviosa, o quedaron errabundas.

Feria de la ayuda

Solamente faltaba que el presidente Pastrana llegara a “poner orden”, es decir, a señalar quiénes debían administrar y lucrarse de la mayoría de los auxilios y demás recursos nacionales e internacionales para los afectados; los elegidos fueron sus compinches y varios de los “cacaos” que mangonean para su provecho las finanzas colombianas, públicas y privadas.

Para tal efecto fue creado el Forec (Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo del Eje Cafetero), el cual tendrá en sus manos la destinación de dos billones de pesos, o más, en dos años, entre otras por cuenta del impuesto del dos por mil. Arrancó sobre la base de novecientos cincuenta mil millones de pesos, que siguen hasta ahora produciéndoles intereses a sus administradores so capa de que “no se puede improvisar”. Se rumora que, además, unas doscientas cuentas privadas, que han captado alrededor de ocho mil millones de pesos, no aparecen por ninguna parte. Semejante ponqué lo reparten, o se lo reparten, nueve dirigentes empresariales y políticos entre los que se cuentan el alcalde de Armenia (al gobernador, no pastranista, lo marginaron), y, para sólo citar algunos, el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, el del Comité de Cafeteros, y Luis Carlos Sarmiento, Santiago Mejía, Pedro Gómez Barrero (conocido de autos tras la catástrofe de Armero), a más de Jorge Cárdenas, por la Federación Nacional de Cafeteros.

Mientras este Forec no ha hecho ninguna inversión importante en cuatro meses para dar solución a los problemas urgentes de la población, sí se prepara a decidir que esos billones se destinen a la financiación de viejos proyectos como el túnel de La Línea, el del “puerto seco” de La Tebaida, o el de la doble calzada de las vías desde Buenaventura hacia el interior del país y hasta Venezuela. Y, claro, como ha de darse prioridad a las “zonas de desastre,” el Ministerio de Transporte le entrega al Forec 150 mil millones para el proyecto del túnel. El dichoso Fondo asignará de manera directa, sin tener que licitar, según la decisión de sus cabezas de mando. Así, todo puede quedar en familia: Cárdenas Santamaría, el hijo (el mismo del lío de Dragacol), traslada los recursos, para que el padre, Cárdenas Gutiérrez, contrate a dedo con quien a bien tenga.

Haciendo gala de su consabida astucia, en cualquier zona de tragedia aterrizan las aves de rapiña del capital financiero. Primero se disfrazan de “damas grises” o “damas rosadas”. Llegan con paliativos y sonrisas, colombinas para los niños y ropita para las señoras, y otras clases de auxilios que a la postre recuperarán con creces a cuenta de sus exenciones tributarias. Auscultan las necesidades de los damnificados, y hacen que las generosas contribuciones del resto del país se discriminen según quienes apoyen sus intereses.

Muchos funcionarios, tales como algunos alcaldes, han convertido en feria el terremoto. Almacenan y comercializan mercados, colchones, ropa, carpas. Y a quienes reclaman, como dice una señora de Calarcá, “la Policía los saca a palo”. Y carnetizan a su clientela política para privilegiarla con las ayudas que sobren con miras a las próximas elecciones. Una anciana que limpiaba la ropa de su familia en un improvisado lavadero instalado frente a uno de los cambuches que pueblan el Quindío, nos contó: “Fui al coliseo, donde se distribuían los auxilios. Después de hacer una cola como de dos horas, le pedí al alcalde que me diera un plástico para terminar de cerrar este alojamiento y una manta para tapar a mi hija y a mis nietos, y me contestó que si no me pedía más el buche.”

Viviendo entre las sobras

Miles de familias subsisten en los que llaman “alojamientos temporales”, en verdad tugurios y carpas inadecuadas, alrededor de los cuales se levantan ilusorios barrios de desplazados en precarias condiciones. Construyen pasos de bahareque sobre las estrechas calles peatonales que bautizan como “Nueva Esperanza”, “Segunda Ilusión” o nombres del mismo estilo.

Durante mes y medio algunos recibieron mercados; a cambio les pidieron luego que trabajaran recogiendo escombros, y ahora se los cobran. En los lotes destinados para estos asentamientos, sólo se brinda el servicio de luz desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, y los dueños de tales predios, particulares o estatales, ya están presionando para cobrarles arriendo, amparados por el concepto del Forec, que los considera inquilinos. Incluso se les ha dicho a los damnificados que primero se atenderán las demandas de los propietarios y más tarde las de los arrendatarios, conformados estos por cerca de cincuenta mil familias.

Apertura a los monopolios

Ya se prospecta una ley “Quimbaya” que, como la “Páez”, abusando de los nombres de nuestros indígenas, es un espacio más para las multinacionales, con exenciones de impuestos y garantías de favorabilidad comercial, que les facilitan el saqueo de las riquezas y del trabajo colombianos.

Mientras tanto, a los damnificados del campo y las ciudades se les niegan los subsidios, o se les reducen, subestimando sus pérdidas, y a cambio se les ofrecen créditos “blandos” que los endeudarán todavía más hasta terminar por ahorcarlos. Y en cuanto a los trabajos especializados, las plazas disponibles han sido asignadas a profesionales de otras regiones, dependientes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), adscritas las más de ellas a los distintos grupos financieros que han acaparado el negocio de la reconstrucción, las cuales han llegado a suplantar a las autoridades municipales y departamentales, pretendiendo, además, asumir el papel de líderes de la población.

Respuesta popular

En contraste con la política oficial de “al caído caerle”, desde el día de la tragedia las gentes del pueblo comenzaron a organizarse de diversas maneras, desplegando toda la solidaridad de la que son capaces. En los doce municipios del departamento del Quindío han sido constituidas asociaciones de damnificados que el pasado 8 de mayo se unieron en la Federación de Damnificados del Quindío, en una concurrida asamblea popular realizada en Armenia. Y han elegido cuadra por cuadra, campamento por campamento y vereda por vereda, a los delegados que han de velar porque se cumplan sus demandas.

Les ha tocado, incluso, defender los barrios construidos en guadua que sí sobrevivieron al movimiento telúrico, y que los constructores asignados por el Forec han querido derruir. Un trabajador del matadero de Calarcá relata que los pobladores de su localidad, en el cual viven decenas de jornaleros, ahora desempleados, tomaron la decisión de salvaguardar sus humildes viviendas. Luego de una visita de arquitectos e ingenieros de universidades de Caldas, Risaralda y el Quindío, quienes les aconsejaron hacer sólo reparaciones, se engancharon de los brazos y empuñaron sus machetes cuando llegaron los bulldozer, para impedir la destrucción que pensaban ejecutar los agentes de la “reconstrucción”.

Los Comités de Damnificados han elaborado un programa de lucha que consiste principalmente en exigir el respeto a sus organizaciones independientes; mayor representatividad en los organismos rectores de la reconstrucción; incremento de la apropiación de recursos estatales para las obras realmente necesarias; establecimiento de estímulos a los productores tradicionales de la región; mejoras en las condiciones de vida en los cambuches y campamentos; subvención de los servicios públicos; refinanciación de la educación y la salud; condonación de las deudas a los cafeteros y agricultores de la zona, y protección de los recursos naturales y de las organizaciones culturales y científicas.

Pues, justamente, las Casas de la Cultura, así como los clubes juveniles, han pasado a ser sedes de las reuniones de los comités. Un representante de éstos últimos nos decía que su papel se había transformado, de ideales abstractos a tareas concretas de ayuda a la población. Y otro joven, ciego de nacimiento, narraba: “Sentí el terremoto como se sienten las olas en el mar. Era como un animal que brotara de la tierra. Antes me dominaba el temor, pero ahora me he decidido a organizar a los vecinos de mi barrio, para que luchemos por una verdadera nueva vida.”

Ya se han visto brotes de rebeldía frente a la dilación, el negociado y las maniobras del gobierno y los que se mangonean el Forec. Porque el pueblo del Quindío está erguido y firme como la palma de cera.

LA CIENCIA, LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA EN LOS TIEMPOS DEL NEOLIBERALISMO

Guillermo Alberto Arevalo

El Fondo Monetario Internacional, FMI, declaró recientemente que Colombia está “bien enrutada”. Se basa tal opinión, entre otros aspectos, en la disminución del déficit fiscal. Todo el mundo sabe que sus dictámenes tienen como referencia las ganancias o pérdidas del capital financiero internacional.

Pero ¿de dónde está recortando el gobierno de Pastrana los dineros que le permitan obtener tales felicitaciones? Entre los renglones afectados están justamente algunos de los que más necesita la población: la salud, la educación. la ciencia y la cultura.

En concordancia con el dogma neoliberal de privatizarlo todo a toda costa, se les exige a las instituciones de la salud, sometidas de tiempo atrás a una avara dotación de recursos, que sean productivas. Ya fue cerrado el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, y tal acto se convirtió en una amenaza para el sector. Y en cuanto a las campañas de prevención contra los múltiples virus que afectan a los niños, las informaciones de la prensa nacional comunican que sólo se dispondrá de un 3.9 por ciento de lo previsto, y que para el año 2000 se eliminarán los recursos adjudicados para la adquisición de vacunas.

Con respecto a la educación, todo apunta a exonerar al Estado de su deber constitucional de garantizársela a los ciudadanos colombianos. La neoliberal política consiste en privatizar colegios, normales y universidades. Se les pide que se autofinancien, que eleven los precios de sus matrículas, que cada vez más discriminen a amplias capas, negándoles el acceso a las instituciones educativas.

Por otra parte, la cantaleta de la “evaluación” y los “traslados” sólo esconde la intención de disminuir la nómina estatal de educadores.

¿Qué decir de la investigación científica y tecnológica? En un foro público, el director de Planeación afirmó sin sonrojarse que “la inversión pública en ciencia y tecnología es del 0.72 por ciento del PIB… Mal haríamos nosotros en darle el dos por ciento”. Y “diciendo y haciendo,” Pastrana, el esporádico huésped de la Casa de Nariño, ordenó el cercenamiento del presupuesto de Colciencias, reduciéndolo a una mínima expresión, y eliminó las partidas destinadas a la investigación sobre cáncer, sida y otros flagelos.

El mismo tratamiento ha recibido la cultura. Eso no da “imagen”. Cómo será la situación, que hasta un reciente editorial de El Tiempo dijo que el ministerio del ramo había sido “reducido a cuarta categoría y está entre los candidatos a ser eliminado.” Los pocos premios nacionales y las mezquinas becas que patrocinaba fueron condenados al naufragio.

El presidente y sus ministros intentaron gravar aún más los libros con el impuesto del IVA, pero, por fortuna, múltiples protestas impidieron semejante atropello. Ahora tienen en la mira a las programadoras de televisión cultural del Estado, como Audiovisuales.

Cuando el jefe del Estado inauguró la más reciente Feria del Libro, habló conmovido de cuán importantes y esenciales resultaban para él las bibliotecas. ¿Las habrá visitado? A la Biblioteca Nacional de Colombia, patrimonio histórico de nuestra nación, poseedora de tesoros bibliográficos invaluables, le fue reducido el presupuesto y parece condenada al cierre definitivo.

Los colombianos debemos luchar también por los intereses culturales y científicos, que constituyen pilar fundamental del verdadero desarrollo nacional y garantía del avance hacia nuestra autonomía.