Hector Valencia, secretario general; Bogotá, abril 7 de 1999
La nación se debate en la peor crisis de su historia debido al proceso de recolonización al que la ha sometido Estados Unidos y enfrenta una real amenaza de fragmentación al consentirse la intervención de Washington en el actual proceso de paz. Una década de apertura económica arruinó el agro y la industria, disminuyó los ingresos de los asalariados, acrecentó el desempleo y generalizó la pobreza hasta niveles nunca vistos. Es evidente que el arribo a la jefatura del gobierno de un ferviente partidario del neoliberalismo y el resto de políticas impuestas por el imperio norteamericano, como lo es Andrés Pastrana, entraña mayores peligros para el futuro del país.
La aguda recesión económica, el drástico descenso del Producto Interno Bruto, el hundimiento de la producción industrial, los millones de colombianos sin trabajo y más de 18 millones de compatriotas en la pobreza absoluta, son inocultables resultados de la gestión que han realizado los últimos gobiernos y que el de Pastrana está refinando.
Pérdida de la soberanía, quiebra de la producción y deterioro de la vida del pueblo Las medidas económicas que la administración Pastrana ha puesto en ejecución han conducido a que se agudice el estancamiento de la producción, lo que ha estropeado aún más el resto de actividades económicas y sociales.
La reforma tributaria aprobada por el Congreso grava la mayor parte de la canasta familiar e impone mayores cargas a las actividades productivas. El recorte de las finanzas estatales se está haciendo a costa de los ingresos de los servidores públicos, de la reducción del gasto social, de la eliminación de subsidios para los estratos bajos, del abandono definitivo de cualquier proyecto industrializador de la nación y de la renuncia al fomento y protección del agro, avanzando aún más en la pérdida de nuestra seguridad alimentaria. La continuación de las privatizaciones completará el despojo que se le hace al Estado de empresas estratégicas, entregadas como bicoca a los grupos financieros. La anunciada modificación del sistema de transferencias a las regiones equivaldrá a que departamentos y municipios en proceso de bancarrota adquieran mayores responsabilidades, entre ellas la financiación de un sistema hospitalario quebrado y de universidades en trance de liquidación. A la Caja Agraria se la someterá a una «cirugía » que le cercenará oficinas y trabajadores hasta marchitarla. La anunciada privatización del Banco Central Hipotecario dejará a sus deudores a merced de la voracidad de los grandes capitales. Las nuevas facilidades para la inversión extranjera, como las que por valores multimillonarios se conceden en la construcción y operación de carreteras, ferrocarriles y puertos a través de la figura de las concesiones, y las involucradas en la privatización de la industria petrolera y del servicio de telecomunicaciones, significan la entrega a los especuladores foráneos de negocios rentables de los cuales se desplazan el capital y el esfuerzo nacionales. La liberación de los precios de los medicamentos sacrifica el acceso a la salud en provecho de los grandes laboratorios internacionales, la de las tarifas de transporte intermunicipal satisface la codicia de los pulpos del transporte, y la desregulación de los precios de los combustibles implica un intento de asfixiar a Ecopetrol. Con este cúmulo de medidas, Pastrana da cumplimiento al mandato del gobierno estadounidense y los poderosos organismos financieros internacionales de profundizar la liberalización económica.
Semejante servilismo no causa sorpresa entre los sectores lúcidos del pueblo. Su acusada conducta antinacional durante la crisis política de la administración Samper, y su programa de campaña en donde anunciaba la bienvenida a la intervención y al recetario económico norteamericanos, le proporcionaron el dudoso honor de ser el preferido de Estados Unidos en el pasado certamen electoral. Como retribución, en la visita que se afanó a realizar a Washington dio muestras de su aberrante obsecuencia al garantizar que continuará aplicando la política sobre narcotráfico que desde allá se dicta, y procedió a ligarla al proceso de paz, con lo que le otorgó legitimidad a una más desaforada intervención norteamericana. Para rematar, Pastrana fue especialmente enfático en ofrecer seguridades de que Colombia entregará «la antorcha de los proyectos de inversión y generación de riqueza al sector privado» y que favorecerá las inversiones de capital extranjero, principalmente en los sectores energético y vial.
La crisis mundial crea mayores riesgos de intervención de Estados Unidos
Estados Unidos ha venido imponiéndole a Colombia una política antidrogas que, utilizada como pretexto para condicionar las principales decisiones nacionales, le permite avanzar en su recolonización. Mientras alcahuetea que sus circuitos financieros se engorden con los dineros provenientes del narcotráfico, denigra del país y nos expone ante la comunidad internacional como un factor de riesgo en el hemisferio.
Esto nos obliga a no olvidar que el intervencionismo norteamericano no tiene límites, como lo demuestran los chantajes, coacciones, embargos y secuestros, así como los actos de agresión que periódicamente perpetra en otras latitudes, desde los desembozados ataques a Afganistán y Sudán, y los bárbaros bombardeos a Irak, encubierto en la ONU, hasta la actual embestida criminal contra Yugoslavia escudado en la maquinaria bélica de la OTAN.
Esa voluntad imperial, que lleva al gobierno norteamericano a exigir nuevas concesiones en materia de interdicción marítima y en reclamos para que se establezca la extradición retroactiva, se ha manifestado recientemente en hechos como incitar a los gobiernos de Perú, Panamá, Ecuador y Venezuela a que consideren a Colombia como una amenaza e instigarlos a que desplacen a nuestras fronteras sus tropas, por lo regular infestadas de asesores belicistas gringos. Estas prepotentes provocaciones deben ser tomadas como un premonitorio anuncio de que, abiertamente o encubierto tras otros países u organizaciones multinacionales, Estados Unidos no descarta ninguna forma de intervencionismo contra nuestro país. Tal eventualidad exige que los colombianos adopten una firme y consecuente actitud de resistencia.
Cuando la política económica neoliberal empezó a golpear implacablemente tanto a las naciones del Tercer Mundo que congregan la gran mayoría de la población mundial, como a los obreros de los países avanzados, entonces los portavoces del imperialismo, defensores de la apertura, la liberación de los mercados y las privatizaciones, presentaron esos graves daños económicos y sociales como un fenómeno pasajero, o a lo sumo como un costo necesario para la inmersión en la anunciada panacea de la globalización que traería aparejado un salto al desarrollo. Hoy los hechos han desmentido tan alegre y engañosa presentación. El hundimiento de las economías en los países asiáticos, hasta ayer presentados como pujantes «tigres», el desplome de Rusia y la caída del Brasil en el cenagal financiero, tienen repercusiones que alcanzan a Wall Street y a las poderosas bolsas europeas. Japón, con todo su potencial económico, lleva años sin poder salir de una aguda recesión, lo cual sume en mayores riesgos de estancamiento a toda el Asia. La crisis ha afectado a los países de América Latina y lleva trazas de dislocar sus economías, lo que podría alterar la estabilidad que precisa Estados Unidos en su tradicional «patio trasero».
En este tramo final del siglo XX, el colosal dominio que con Estados Unidos a la cabeza ha querido consolidar el gran capital financiero a nivel planetario, se resquebraja y tiende a desmoronarse. Así lo muestra la recesión en numerosos países, la proliferación de los déficit, las devaluaciones y las bancarrotas que han colocado al mundo al filo de una gran depresión. El mismo Clinton, junto a admitir que las prácticas económicas basadas en el neoliberalismo han beneficiado a Estados Unidos «más que a ninguna otra nación», no descarta la pronta llegada allí de la crisis cuando expresa que se está en «un momento de dificultades en todo el mundo».
Paralelamente, en tanto se derrumban las ensoberbecidas aseveraciones de «fin de la historia » y «muerte de las ideologías», fracasan los dogmas de apertura de mercados y privatizaciones. Aunque el peso agobiante de la debacle se hace recaer sobre los pueblos, éstos no pueden menos que saludar las agudas contradicciones que socavan el sistema económico establecido por sus principales opresores y redoblar su lucha contra ellos.
Las gestiones de paz no deben velar la naturaleza antinacional del régimen ni desmembrar la nación.
Con ingentes gestiones y actos que transcurren entre lo oculto y lo espectacular, el gobierno de Pastrana está empeñado en negociar con las diversas agrupaciones alzadas en armas. A la vez que se les despeja a las Farc una extensa zona y se habla a más y mejor de la paz y alrededor de ella se alternan las promesas y los ultimátum, arrecian los episodios de guerra, con su estela de masacres, desapariciones y secuestros. Millares de desplazados reflejan la amplitud y encono de ese accionar.
El pueblo tiene razones de sobra para querer que cese la sarracina. La primera de ellas es que así podrá desplegar más eficazmente, con su propia táctica, los combates por sus más íntimos y legítimos intereses: la autodeterminación nacional y una democracia que sirva a su progreso y bienestar.
En correspondencia con ese justo anhelo, conservan plena vigencia los criterios que el MOIR ha expuesto frente a las diversas negociaciones de paz. Hemos propugnado que éstas redunden en la civilización de la lucha política, se erradiquen las formas y métodos incorrectos que se aplican en nombre de la revolución y se abandone la necia intención de pretender conquistas y transformaciones de fondo a través de la transacción negociada con el gobierno. Abogamos, además, porque las gestiones y conversaciones en torno a la paz no se utilicen para ocultar la índole antidemocrática del régimen político.
Por la misma elemental razón que siempre hemos expuesto, la de que el MOIR no ha declarado la guerra, no nos encontramos entre las muy diversas organizaciones involucradas en el proceso pacificador. Junto a reiterar nuestra certidumbre de que los criterios antes mencionados deben regir la búsqueda de la paz, hoy señalamos un punto fundamental: que las negociaciones no deben conducir al desmembramiento de la nación. Es evidente que salvaguardar a toda costa la unidad de la república es indispensable para enfrentar las nuevas amenazas a la soberanía. El énfasis que hoy ponemos en este aspecto obedece a la descarada intromisión de Estados Unidos en las negociaciones en torno a la guerra y la paz en Colombia y al inexplicable aval dado por varios actores del conflicto a esa intervención, lo cual pone en grave riesgo la autonomía y cohesión del país. Los desarrollos de esas negociaciones y los eventuales acuerdos que allí se alcancen, no deben vulnerar la soberanía y la integridad territorial de la nación y no deben suplantar las organizaciones sindicales y populares, ni interferir sus luchas democráticas y reivindicativas.
Forjar un haz de patriotas contra la política del imperialismo y el servilismo de Pastrana
La construcción de un amplio frente por la salvación nacional es una necesidad para enfrentar las políticas emanadas de Washington y derrotar los planes y medidas antipopulares del gobierno de Pastrana. Sus fuerzas principales serán los trabajadores y demás sectores del pueblo, así como todos aquellos que atesoren un espíritu patriota, demócrata y progresista. Se forjará por y en medio de luchas como las de los trabajadores estatales, que con su temprana resistencia contra las antipopulares medidas gubernamentales señalaron la más sólida y certera opción que tienen los asalariados, y como la formidable lid de los habitantes de Chinchiná, el bloqueo de vías por los arroceros del Llano, los acciones de rechazo a las importaciones de leche por parte de los ganaderos del Magdalena Medio, la marcha de protesta de los pequeños y medianos industriales en Bucaramanga y las batallas de los caficultores.
Cabe destacar que simultáneamente con esas luchas y movilizaciones, reputados dirigentes políticos y gremiales, así como personalidades académicas – desde diferenciadas y a veces contrapuestas vertientes políticas e ideológicas- adoptan respecto a importantes aspectos de la crítica situación nacional posiciones positivas y patrióticas que es necesario justipreciar. A la par que diversos dirigentes gremiales denuncian la desindustrialización y un creciente número de empresarios exigen la protección de la producción agrícola, Abdón Espinosa denuncia a diario las caóticas medidas del modelo neoliberal, Eduardo Sarmiento lleva años exigiendo la reversión de la apertura, Hernando Agudelo Villa impugna las medidas que produjeron la avalancha de impuestos indirectos con un llamado a la restauración de la tributación progresiva y directa, Hernando Santos rechazó las tendencias hacia la desintegración de la nación y Carlos Lemos condena el propósito de repartirla a la suiza en cantones.
Es esencial reafirmar que la contradicción existente entre la nación y el imperialismo norteamericano preside y somete a su desarrollo todas y cada una de las demás contradicciones presentes en la sociedad. Las principales iniciativas gubernamentales emanan de la contemporización del gobierno de Pastrana y la oligarquía financiera con la política de recolonización imperialista de Estados Unidos. Ignorar esto y condescender con la obsecuencia del gobierno hacia Washington o con el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente para eliminar o fusionar entidades, no es, de hecho, oposición -ni «patriótica», ni «constructiva », ni «parlamentaria»- al gobierno pastranista, y mucho menos al imperialismo.
¡Por la soberanía económica, resistencia civil!
A finales de los años ochenta, criticando los dogmas del neoliberalismo impartidos desde Washington, el MOIR desplegó recias denuncias frente las medidas de la apertura iniciada por la administración Barco, y participó en las importantes luchas que contra ellas libraron sectores y organizaciones populares. En l992, cuando la panda que llegó al poder encabezada por César Gaviria había logrado acondicionar la superestructura jurídica y política de la nación para la aplicación plena del nuevo evangelio del capital imperialista, lanzamos la consigna que, a más de sintetizar la situación comprometida en que se había colocado al país, señalaba un rumbo de acción: ¡Por la soberanía económica, resistencia civil!.
En abigarradas luchas, cuyas dimensiones e intensidad han variado según su ligazón y compromiso con los intereses del trabajo, la producción y la soberanía nacionales, vastos sectores de colombianos han desplegado diversas formas de resistencia contra la política y las medidas económicas que les han impuesto los gobiernos de Barco, Gaviria, Samper y actualmente el de Pastrana. El MOIR ha respaldado todas las posiciones y actividades de rechazo a ellas, ha brindado solidaridad a los sectores y personas que han sufrido sus graves consecuencias y ha marchado hombro a hombro con quienes se han movilizado para echarlas atrás. Hemos cumplido con nuestros elementales deberes revolucionarios y lo seguiremos haciendo.
Para sacar a Colombia de la actual encrucijada política y económica, las masas laboriosas, así como los productores y empresarios nacionales, los intelectuales y, en general, todos los demócratas y patriotas, deben oponer resistencia a la política de intervención norteamericana y combatir el gobierno de Pastrana, desnudando su carácter antinacional y antipopular. Como criterios que deben orientar esa resistencia el MOIR propone los siguientes puntos:
1º. Por la plena soberanía de Colombia en lo económico y lo político. Contra el intervencionismo de Estados Unidos, por la preservación de la integridad territorial y la unidad nacional, por la defensa de los recursos naturales y el patrimonio de la nación.
2º. Por la defensa y desarrollo de la producción industrial y agraria. Contra la política de apertura y las privatizaciones, y por la protección del mercado interno.
3º. Por las libertades democráticas y la igualdad de los ciudadanos y partidos ante la ley. Por las garantías a la expresión y movilización de los sindicatos, las organizaciones populares y los partidos que representan a las capas laboriosas de la población.
4º. Por el bienestar de la población y la mejora de las condiciones de vida del pueblo. Detener la arremetida contra las conquistas laborales de los trabajadores, defender la educación y la salud públicas, y oponerse al alza en las tarifas de los servicios públicos.
Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario
(MOIR)
