BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SOBRE PANAMÁ

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¡QUE LA HISTORIA NO SE REPITA!

«¡Y hoy todo lo noble se atropella
cúbrese de laureles al pirata
que hurtó a Colombia su mejor estrella!»
Aurelio Martínez Mutis, «La epopeya del cóndor»

El 3 de noviembre se cumplió una infausta efeméride en Colombia: un siglo de la desmembración de Panamá y el inicio de la dominación estadounidense sobre nuestra patria. Desde entonces hasta nuestros días, Estados Unidos ha ampliado su coto de caza, abarcando todas las esferas para someter al país. Como dijera el fallecido fundador del MOIR, Francisco Mosquera: «Colombia a pesar de tener himno, bandera y escudo y elegir a veces cada cuatro años un presidente, continúa siendo una enorme hacienda de propiedad de los monopolios estadounidenses, como en los años de la separación de Panamá, cuando nuestra República ya era una colonia de nuevo tipo del imperialismo norteamericano», lo que desde entonces también engloba a América Latina «y con una solvencia que jamás disfrutara en región alguna del globo».

Perpetrado el robo del Istmo, la Potencia del Norte continuó fraguando los eslabones de una dominación económica y política que consolidaran su sujeción sobre Colombia. En el último tramo del siglo XIX y durante las dos primeras décadas del XX, Estados Unidos e Inglaterra compitieron por controlar la economía latinoamericana. Empero, inexorablemente Washington acabaría imponiéndose, no sólo a su madre patria sino al resto de potencias europeas, contra las cuales en su nuevo ímpetu imperialista forcejeaba por el control ecuménico.

El Canal de Panamá fue un episodio crucial de tal rapiña. En él estuvieron involucrados sobre todo Estados Unidos, Inglaterra y Francia. El proyecto francés fracasó y Gran Bretaña le dejó el camino expedito a Estados Unidos en noviembre de 1901 mediante el Tratado Hay-Pauncefote, revocatorio del Clayton-Bulwer (1850), que consagraba la neutralidad de las dos potencias sobre un futuro canal interoceánico, disponiendo que «ni uno ni el otro obtendrá, ni sostendrá jamás para sí mismo ningún predominio exclusivo sobre dicho canal (…) ni colonizará a Nicaragua, Costa Rica o la Costa de Mosquitos, ni ejercerá ni asumirá ningún dominio sobre esos países, ni sobre ninguna otra parte de la América Central».

El 15 de agosto de 1914, siete lustros después de que Ferdinand de Lesseps iniciara su obra, el Canal inauguró operaciones. Los gringos utilizaron más de 400 millones de dólares y cerca de 70.000 obreros, de los cuales 5.600 perdieron sus vidas, construyendo los 80 kilómetros. Para el efecto, como dice Eduardo Lemaitre, «resintieron al elemento nativo, estableciendo odiosas discriminaciones como el pago en oro para los ciudadanos estadounidenses y el de plata para los demás. Éstos no podían llevar ni recibir su correspondencia en los mismos apartados de correo, ni comprar en los mismos comisariatos, ni orinar o defecar en las mismas letrinas, y ni siquiera ser enterrados en los mismos cementerios».

Mas el robo de Panamá no saciaría la ambición estadounidense sobre Colombia, que continuó durante las dos décadas iniciales del siglo XX imponiendo una política petrolera antinacional y en las del 20 y 30 moldeando la estructura estatal y del sistema financiero colombianos. En la primera mitad de dicha centuria nuestro limitado desarrollo económico se basó primordialmente en el esfuerzo autóctono, así el capital norteamericano impulsara una modernización de la infraestructura. La dominación yanqui se consolidaría con nítido carácter neocolonial hacia mediados del siglo, cuando incrementó sustancialmente su inversión y endeudamiento externos.

Wilson y Taft continúan las tropelías de Roosevelt

Desde antes de la separación, en Estados Unidos los medios de comunicación y mentideros políticos denunciaban la inminencia del despojo y, lanzado el zarpazo, de inmediato se aguzó el escándalo. En los días y meses inmediatos, numerosos senadores sentaron su protesta contra el atraco. La prensa también lo hizo; por ejemplo el 29 de diciembre de 1903 The New York Times denunció: «El canal fue propiedad robada. Los socios del robo son un grupo de promotores del canal y especuladores y cabilderos que obtuvieron su dinero como producto de la rebelión fomentada, protegida y realizada [por el gobierno de Estados Unidos]».

Empero, nada haría recular a Roosevelt. En 1911 todavía se atrevía a sostener que en la historia norteamericana no había «un capítulo más honroso que aquel que narra la manera en que se obtuvo nuestro derecho de excavar el Canal de Panamá (…) Todas las acciones emprendidas no sólo fueron correctas, sino que se llevaron a cabo de acuerdo con las más estrictas, finas y decorosas normas de la ética pública y gubernamental (…) Para todo americano honrado y que se sienta envanecido con el buen nombre de su país, debe ser un motivo de orgullo que la adquisición del Canal de Panamá se llevara a cabo en todos sus detalles tan libre de escándalo como lo fueron los actos públicos de George Washington o de Abraham Lincoln».

Con olímpico desprecio por cualquier norma de derecho nacional e internacional, espetó su desfachatado «I took Panama»: «Sí; estoy interesado en el Canal de Panamá, porque yo lo empecé a construir. Si hubiera seguido los métodos convencionales y conservadores, habría sometido a la consideración del Congreso un solemne documento de Estado sobre el cual aún se estaría discutiendo; pero me apoderé de la Zona del Canal y dejé entonces que el Congreso discutiera ya no sobre el Canal, sino sobre mí, de modo que mientras avanzaba la discusión, el canal también continuaba adelante».

En 1911 su candidatura a un segundo mandato concitó la más franca oposición. En la memoria de los norteamericanos estaban frescos sus métodos absolutistas y el despojo de Panamá. A la postre, Roosevelt fue derrotado en 1912 por Woodrow Wilson, y ni siquiera pudo asegurar la candidatura republicana, la cual recayó sobre el presidente Taft (1908-1912), quien buscaba su reelección.

Estos dos mandatarios prosiguieron la política imperialista de Roosevelt. Wilson la expresó así, con palabras que bien podrían repetir los áulicos contemporáneos de la globalización: «Como el comercio no conoce fronteras nacionales y los fabricantes quieren tener el mundo como mercado, la bandera de esta nación deberá ir tras ellos para echar abajo las puertas de las naciones que no quieran abrirse. Los ministros de Estado deben salvaguardar las concesiones que hayan obtenido los financistas, aun cuando haya que arrollar la soberanía de las naciones que no quieran someterse de buen grado. Hay que obtener o crear colonias, de suerte que no haya rincón del mundo que no se tome en cuenta o que quede sin aprovechar».

En junio de 1919 Wilson amplió el control sobre los territorios colombianos: «Declaro, proclamo y hago saber que el cayo de Roncador está reservado para el servicio de faros, porque esto es necesario para los intereses públicos de Estados Unidos». Con ello reiteraba la transmutación imperialista de la Doctrina Monroe ya perpetrada por Roosevelt, a la cual Wilson contribuyó forzando a la Liga de las Naciones a incorporarla en sus estatutos en octubre de 1919, incluyendo un artículo que enfatizaba el sometimiento latinoamericano a la misma, ante lo cual sólo Honduras protestó.

Por su parte, Taft, aplicando su «diplomacia del dólar», volvió a postular perentoriamente los designios imperialistas estadounidenses: «El hemisferio todo nos pertenecerá, como de hecho ya nos pertenece moralmente, por virtud de la superioridad de nuestra raza (…) Aún más ha de agradecérsele (a Roosevelt) la neutralización de la zona del canal, o para hablar claro, que esté bajo nuestro control, lo que equivale a la garantía de sus ventajas, no dejándolo en manos de una republiquilla de tres al cuarto, subnormal en civismo y moralidad».

Conservadores y liberales, aunados, prosiguen la entrega

El partido liberal fue copartícipe de la pérdida de Panamá. En la Guerra de los Mil Días, Benjamín Herrera ya había renunciado a tomarse las ciudades de Panamá y Colón, aduciendo la presencia de los barcos estadounidenses, a pesar de comandar un ejército de 1.500 soldados y conocer los propósitos anexionistas. Todo para acabar capitulando en el Wisconsin el 21 de noviembre de 1902. Después colaboraría con los gobiernos conservadores y respaldaría a sus candidatos. Por su parte, Rafael Uribe Uribe se rindió en la hacienda Neerlandia poco antes que Herrera, el 5 de noviembre. Y se convertiría en el mayor baluarte liberal de la dictadura de Reyes (1904-1909), quien lo nombró embajador itinerante por América del Sur en 1905 y ministro en Chile en 1908.

¡A sólo tres años del robo de Panamá!, Uribe confesó pública e impúdicamente su «amor irresistible» por los depredadores de Colombia ante la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro, en 1906, en la cual aceptó sin protesta la presencia panameña como república independiente: «Contra los pronósticos pesimistas de muchos que auguraban una política egoísta, absorbente e imperiosa de los Estados Unidos de América, en el seno de la Conferencia; contra el deseo acaso de los que en muchas partes anhelaban, para salir verídicos en sus afirmaciones antiyanquistas, la conducta de los representantes de la república del Norte, ha sido inspirada, en su conjunto, como en el más insignificante de sus detalles, por el más elevado, noble y desinteresado amor al bienestar común. Por ninguna parte ha aparecido la más leve insinuación de imperio, el menor gesto de desdén hacia una nación débil, la más insignificante tendencia a beneficiarse, desde el punto vista comercial, con algún acto impuesto a la asamblea. Dando un hermoso ejemplo del más puro sentimiento republicano, nos han tratado a todos en el mismo pie de igualdad, han hecho uso de una exquisita tolerancia, y en casos en que habrían podido tomar iniciativas incontrastables, han preferido adherir modestamente a fórmulas de conciliación. El gran trust panamericano, predicho por algunos, bajo la dirección de los Estados Unidos, no ha aparecido por ninguna parte. La delegación americana ha dado esta vez el inesperado espectáculo de hacerse amar irresistiblemente, aun de sus adversarios naturales».

En febrero de 1907 Uribe Uribe no tuvo empacho en reconocer que había dejado «de ser liberal de los de Colombia». Posteriormente, en enero de 1913, ofreció una corona en la tumba de Domingo Díaz, traidor a Colombia en la separación de 1903, motivando violentos editoriales en su contra. Al año siguiente apoyó la candidatura de José Vicente Concha, contra la liberal de Nicolás Esguerra, quien se había opuesto a los tratados de Panamá durante el quinquenio de Reyes. Y en abril de 1914, año de su asesinato, participó en la redacción del Tratado Urrutia-Thompson. Con todo ello traicionó la patria y la posición progresista que antaño lo había caracterizado.

La reacción popular contra la usurpación gringa se prolongó varios lustros. En enero de 1904, en Magangué intentaron linchar al general Pompilio Gutiérrez por haberse negado a asumir el mando de la tropa el día de la desmembración. En septiembre del mismo año, varios municipios panameños protestaron contra la separación y pidieron reincorporarse. En febrero de 1906, los indígenas de San Blas emprendieron campaña para unirse a Colombia, encabezados por su cacique Inanaquiña. En mayo de 1910 el pueblo barranquillero se amotinó, obligando a Enrique Cortés –ex canciller de Reyes y negociador de los tratados panameños– a salir huyendo. Siete meses después, en diciembre, Cartagena se opuso a la pretensión del arzobispo Brioschi de vender bienes eclesiásticos a norteamericanos. Cinco días más tarde hubo en Bogotá un mitin y pedreas contra Vásquez Cobo, convocado a declarar por la Comisión Investigadora de los sucesos de Panamá. La semana siguiente, los istmeños enviaron a Carlos A. Mendoza a entrevistarse con dicha Comisión, pero fue boicoteado por la multitud. En mayo de 1914 hubo un mitin contra el Tratado Urrutia-Thompson y los manifestantes trataron de agredir a algunos senadores, especialmente a Uribe Uribe, signatario del mismo.

En el Urrutia-Thompson, Estados Unidos manifestó su «sincero pesar» por habernos cercenado a Panamá, «pesar» del que se retractaría cuando finalmente su Congreso lo aprobó en abril de 1921. Tal aprobación escondía propósitos torticeros: las multinacionales gringas requerían «normalizar» las deterioradas relaciones con Colombia para apropiarse nuestros hidrocarburos. Culminada la Primera Guerra Mundial, las petroleras estadounidenses se dedicaron a comprar tierras colombianas a vil precio. Para asegurar su inversión presionaron una legislación favorable, que lograron con la primera ley petrolera –la 120 de 1919– y el traspaso de las concesiones Barco y De Mares a las empresas gringas Colombian Petroleum, Colpet (1918), y Tropical Oil Company (1916, comprada en 1920 por la Standard Oil Company), respectivamente.

A la postre, en 1925, Estados Unidos pagó la indemnización de 25 millones de dólares y a cambio Colombia legitimó la usurpación del Istmo y las leyes petroleras progringas, fijando asimismo los límites con Panamá, ante lo cual ésta protestó porque tal delimitación la definieran terceros países sin su participación.

De la toma de Panamá a la dominación del país entero

El principal negociador del Tratado Urrutia-Thompson fue Marco Fidel Suárez, a quien debemos la política internacional que desde entonces prevalece, la Respice polum, formulada el 31 de mayo de 1914 en los siguientes términos: «Quien quiera que observe el poderío de la nación de Washington (…) habrá de reconocer que ningún pueblo americano, débil o fuerte, puede desatender el cuidado de su constante amistad con los Estados Unidos, sobre todo después de frescos y elocuentes sucesos (…) Siendo esto así, el norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa nación, que más que ninguna otra ejerce decisiva atracción respecto de todos los pueblos de América. Si nuestra política debiera de tener un lema que condensase esa aspiración y vigilancia, él podría ser: Respice polum, es decir, no perdamos de vista nuestra relación con la gran confederación del Norte».

Nada distinto podía esperarse de quien en sus reminiscencias históricas alardeaba de su desarraigo nacional elogiando a Mariano Ospina R., «personificación del valor, la honradez, la democracia, la legitimidad, la firmeza y el martirio», al referirse a la carta que éste remitió en 1857 a Pedro Alcántara Herrán, abogando porque Colombia fuese absorbida por Estados Unidos: «¿Qué inconveniente le resultaría a la Nueva Granada de anexarse a la Unión Americana? ¿La Unión estaría dispuesta a aceptar la anexión? Todos los hombres que tienen sentido común (…) han empezado a preguntarse: siendo cierto que estos países van a ser absorbidos por la Confederación del Norte (…) ¿Por qué no se hace de una vez aquella operación pacíficamente?».

Ya como presidente, Suárez continuó promoviendo la aprobación del Urrutia-Thompson: «Al Cónsul General de Colombia en Nueva York: Sírvase explicar a los interesados influyentes que este gobierno desea el desarrollo y el estímulo del capital extranjero; que el decreto sobre el petróleo [se refiere al 1255 Bis de 1919, para cuya derogatoria se compró en noviembre a la Corte Suprema de Justicia] no afecta derechos adquiridos; que ese decreto está suspendido y que será revocado en el momento oportuno. Que se expedirá una legislación más favorable a los intereses comerciales, que la Constitución colombiana garantiza los derechos de los extranjeros y que el gobierno ha hecho representaciones ante la legación americana prometiendo garantizar tales derechos». Atacado por todos los costados, Suárez finalmente tuvo que renunciar el 6 de noviembre de 1921.

En 1930, el presidente Enrique Olaya Herrera (agente de las compañías petroleras durante sus tres períodos de embajador en Washington, ganándose el galardón de candidato preferido del Departamento de Comercio de Estados Unidos a la primera magistratura de Colombia), reeditaría la misma política de postración ante los designios septentrionales, aunque ahora adobada con su dosis anticomunista: «Hemos llegado al momento político mundial en que los pueblos no solamente de América sino de todo el mundo, no pueden ignorar a los Estados Unidos de América. Quien quiera desorientarse de ese polo, se descentra e inevitablemente se pierde. Contra los Estados Unidos no puede estar ningún otro pueblo, a riesgo de caer en el caos en el que hoy se hallan China y Rusia».

Los traidores de hoy

A contrapelo del nacionalismo de la inmensa mayoría de compatriotas, perdura la entrega proyanqui de unos cuantos iscariotes, encabezados ahora por Álvaro Uribe Vélez, quien no sólo somete la suerte de la nación a los mandatos imperiales sino que apoya integralmente las diversas modalidades de su hegemonía mundial, desde la globalización hasta el desconocimiento del derecho internacional y su arremetida bélica global, incluyendo la infame invasión contra Irak, la cual Uribe pretende prolongar hacia Colombia solicitando que, concluida, Washington nos remita los marines para hacer de las suyas en nuestros lares, sin que se puedan juzgar por sus posibles desafueros ni por la justicia colombiana ni por la internacional.

Entre los personajes enrolados en las huestes colaboracionistas descuella el asesor presidencial de cabecera Rudolf Hommes quien, insatisfecho con los estragos de la apertura económica por él entronizada como ministro de Hacienda de Gaviria, ahora propugna profundizarlos a través del ALCA o de un acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos. Remozando el viejo lema de Marco Fidel Suárez, Hommes lo ajusta a los requerimientos imperiales contemporáneos con su tesis del Respice pecuniam: «Lo que está en competencia no son los viejos paradigmas de Respice Polum (‘Miren al norte’) y Respice Similia (‘Concéntrense en los similares’) [refiriéndose a «la solidaridad con otros países similares, esencialmente en América Latina»], sino cómo va a ser el país dentro de veinte años: amarrado a un modelo proteccionista de una unión aduanera en extinción o abierto al mundo para aprovechar el acceso a los grandes mercados. Los temas que dividen en materia de relaciones internacionales son exactamente los mismos que dividen al país desde hace 14 años y que no han permitido que se desarrolle un consenso sobre cómo alcanzar la prosperidad y el progreso».

«Cuando Colombia les propone a los Estados Unidos y a Canadá que se celebren tratados bilaterales de libre comercio, se está comprometiendo precisamente a eso, al libre comercio. Y cuando se reúnen los ministros de los países andinos a declarar aranceles estratosféricos y a buscar la manera de darles excesiva protección a determinados sectores o tipos de insumos y bienes intermedios, están haciendo exactamente lo contrario (…) O nos vamos a pelear el acceso al mercado norteamericano, o nos encerramos detrás del arancel externo común y quedamos supeditados a lo que decida el presidente de Venezuela de turno (…) Nos estamos jugando el futuro y para decidir eso se debe mirar lo que más nos conviene –Respice Pecuniam». (El Tiempo, V/2/03/15)

Remember Panama

La dominación estadounidense sobre Colombia iniciada con la secesión de Panamá ha continuado ininterrumpidamente desde entonces, amoldándose a las circunstancias impuestas por cada momento histórico, al igual que acontece en América Latina y el mundo.

Panamá no ha escapado a tal calvario. Apenas iniciada su procelosa historia, el francés Bunau-Varilla, como embajador de la nueva república ante la Casa Blanca, fue quien firmó el infame tratado del Canal. En febrero de 1904 se refrendó la Constitución que consagró el derecho de Estados Unidos a intervenir en cualquier parte del territorio istmeño, y durante todo el siglo XX el Canal sería un enclave estadounidense sometido a su control omnímodo.

Empero, Washington no se conformó con ello y convirtió el país en base de agresión contra todo el continente, construyendo y operando ocho bases militares en la Zona del Canal. Más aún, el 20 de diciembre de 1989 George Bush padre no tuvo vergüenza en denominar operación «Causa Justa» su invasión a Panamá, derrocando, expatriando y manteniendo en prisión norteamericana a su antiguo asalariado de la CIA, Manuel Antonio Noriega.

A lo largo de su historia, el hermano pueblo panameño ha realizado innumerables protestas contra la dominación estadounidense, sobresaliendo la de enero de 1964, cuando más de 20 estudiantes perdieron su vida a manos de los marines, y ahora la adelantada en septiembre de 2003 por el movimiento sindical, magisterial, estudiantil y popular contra la privatización del Seguro Social en beneficio de las multinacionales del sector.

El 7 de septiembre de 1977 Ómar Torrijos firmó el segundo tratado del Canal, logrando que el 31 de diciembre de 1999 Estados Unidos finalmente cediera a Panamá la operación de la vía. No obstante, los gringos incluyeron la llamada «cláusula de neutralidad» y a su vez los panameños dejaron una reserva para que no se «interpretara como un derecho de intervención en los asuntos internos de Panamá, o de interferencia en su independencia política o su integridad soberana». Aunque Washington aceptó la adición, siguió interviniendo de hecho, como en efecto lo hizo en su invasión de 1989.

La única posición legítima que es dable asumir a quienes pretendan defender los derechos panameños o de cualquier otra nación, la sintetizó Francisco Mosquera hace casi treinta años: «Ni con el alegato de la protección de su seguridad, ni bajo ningún título legítimo, al imperialismo norteamericano le está permitido reclamar su intervención en Panamá o en cualquier otro país del globo. Únicamente en el código de la piratería internacional se registra ese inaudito derecho a trasladar tropas, levantar bases militares y mantener jurisdicción en tierras ajenas como lo hace el gobierno de Washington en los cinco continentes (…) Amigo sincero de Panamá sólo será quien respalde incondicionalmente las justas reivindicaciones y la heroica lucha del pueblo panameño por su independencia completa, plena soberanía, cabal autodeterminación e independencia territorial, de las cuales nunca ha disfrutado, ya que desde el nacimiento como República el imperialismo norteamericano pisotea su nacionalidad, con el ávido propósito de manipular a sus anchas la puerta que comunica a los dos océanos».

La política agresora de los dos Bush reedita la adelantada en el intersticio de los siglos XIX y XX, cuando Estados Unidos se adentraba en su etapa imperialista. Ambas se apoyan en una ofensiva ideológica, económica, política y militar para imponer ecuménicamente la «civilización» estadounidense. Para explicar su agresiva política actual, el vicepresidente Dick Cheney, principal escudero de George W. Bush, retoma el lenguaje mesiánico en boga por los días del robo de Panamá: «Estados Unidos no tiene que enrojecer por ser una gran potencia y tiene el deber de actuar con fuerza para construir un mundo a imagen de Estados Unidos»; el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ha hecho suya la frase preferida de Al Capone: «Se consigue más con una palabra amable y un revólver que sólo con una palabra amable»; Condoleezza Rice, consejera de seguridad, afirma que Estados Unidos «debe partir del suelo firme de sus intereses nacionales y olvidarse de los intereses de una comunidad internacional ilusoria»; y Robert Kagan, uno de los autores del Proyecto para un nuevo siglo americano, base de la política externa gringa, confiesa y reafirma que «Estados Unidos es y debe ser un imperio».

El imperialismo norteamericano de principios del siglo XXI no es el de comienzos del XX: su beligerancia centuplica la de hace cien años, quizá porque sufre los achaques económicos de una recesión de la cual no logra levantar cabeza, se halla inmerso en insalvables y cada vez más agudas contradicciones económicas y de toda laya con la Unión Europea, Japón y demás naciones industrializadas, sus políticas neoliberales desencadenan numerosos protestas, y sus tropelías bélicas concitan el rechazo universal.

Ayer Estados Unidos se apoyó en el enclenque régimen de Marroquín y hoy lo hace en la administración apátrida de Álvaro Uribe Vélez. En la actualidad, cual hace un siglo, la tarea de la que pende nuestra suerte sigue siendo la misma: unificar en un solo haz a la inmensa mayoría de los colombianos en un frente por la salvación nacional. Como dijera Héctor Valencia, secretario general del MOIR: «Es esencial reafirmar que la contradicción existente entre la nación y el imperialismo norteamericano preside y somete a su desarrollo todas y cada una de las demás contradicciones presentes en la sociedad».

«Conviene repetir dos palabras, a manera de mantra: remember Panama» (Daniel Samper Pizano).

Para una historia de la infamia: A LOS CIEN AÑOS DEL ROBO DE PANAMÁ

«En la vida de los pueblos como en la de los individuos, hay hechos que no pueden excusarse, ataques que no es posible pasar inadvertidos, batallas que es preciso librar a toda costa. Cuando se trata de la dignidad y del honor, no es correcto medir ni pesar la fuerza del adversario. Sólo es correcto combatir; y sólo eso imprime gloria, ya sea que se alcance el triunfo, ya sea que se muera en la demanda».
Juan Bautista Pérez y Soto, en Manifiesto a la Nación, el 11 de noviembre de 1903, la semana siguiente al robo de Panamá.

El 6 de noviembre de 1903, el mayor Murray Black, de la armada norteamericana, izaba la bandera panameña en la prefectura de la ciudad de Panamá en reemplazo de la insignia colombiana. Tres días antes había sido proclamada la nueva república por un puñado de traidores. Fondeados en el puerto vigilaban la ceremonia los acorazados Nashville y Dixie de la armada estadounidense. Días después llegarían nueve navíos de guerra más en prevención de cualquier ataque de las fuerzas colombianas. No sucedería nunca. El batallón Colombia, al mando del general Esteban Huertas, había sido ya comprado por Manuel Amador Guerrero con parte de los cien mil dólares recibidos un mes antes en el Hotel Waldorff Astoria de Nueva York de manos del aventurero francés Philippe Bunau-Varilla. En la cárcel aguardaban siete generales colombianos que se habían dejado apresar por Huertas. Sólo seis tiros inofensivos de cañón fueron disparados por el ejército colombiano para defender el Istmo. Murieron un ciudadano chino y un burro.

Entre junio y octubre, Teodoro Roosevelt y dos personajes de la especulación financiera internacional, Nelson William Cromwell y Bunau-Varilla, habían acordado la separación de Panamá para tomarse la zona del Canal. Fijaron la fecha del 3 de noviembre, en la cual se conmemora la independencia norteamericana. Cromwell se había ganado la confianza de Roosevelt; se trataba de igual a igual con todos los senadores involucrados en la legislación pertinente; había descrestado al embajador Martínez Silva y derrumbado la barrera de la prevención de José Vicente Concha en Washington; amarró la firma de Tomás Herrán en el Tratado Herrán-Hay; se confabuló con Bunau-Varilla; sobornó al hijo del presidente Marroquín y se convirtió en director de los traidores panameños. Desde su compañía de especulación, Sullivan & Cromwell, se operaron los gigantescos negociados de la compra de las acciones de la compañía francesa del Canal, de su transferencia a la nueva compañía del Canal, la Compañía Interoceánica de Panamá, en fin, de todas las transacciones francesas y norteamericanas.

Pero el personaje que iría a tramar los detalles de la separación de Panamá sería el ingeniero francés Bunau-Varilla, quien por quince años había defendido la vía del Istmo, en contra de la de Nicaragua, acicateado por la fortuna inmensa que tenía comprometida en la aventura del Canal. Para salvarla, no tuvo empacho en comprometer su dinero y los intereses que poseía en las compañías de Panamá con tal de convencer a los norteamericanos de definirse por esta vía y maniobrar la creación de la nueva República. Fue el francés, finalmente, el que tomó las riendas de la separación y, aunque parezca increíble, en menos de tres meses logró que Panamá se independizara y firmar por la nueva nación el tratado Hay-Bunau-Varilla, de construcción del Canal con Estados Unidos. Un mes antes de la declaración de independencia, había entregado a Amador Guerrero—nacido en Cartagena y quien sería el primer presidente de Panamá—además del dinero, una proclama de independencia, un proyecto de Constitución, un plan de operaciones militares y hasta la bandera de la nueva nación (!). En premio, el nuevo gobierno lo nombró embajador de Panamá en Washington para negociar la entrega del Canal.

Roosevelt resolvió tomarse a Panamá sólo después de que en julio el Senado colombiano negara por unanimidad el tratado Herrán-Hay, mediante el cual se cedía la franja del territorio del Canal. En su furia por la negativa, Roosevelt le dio una orden perentoria a su secretario de Estado: «Indíquele a Beaupré (embajador de Estados Unidos en Bogotá) que sea tan duro como pueda. Esas despreciables criaturitas de Bogotá deben comprender de qué modo están comprometiendo su porvenir».

En un memorable debate en el Senado de la República, a mediados de 1903, en el que descollarían Miguel Antonio Caro y Joaquín F. Vélez, el senador por Panamá Juan Bautista Pérez y Soto exclamó: «Herrán ha ultrajado la majestad de Colombia. Una bofetada al rostro de la Patria le ha estampado esa mano sacrílega al firmar semejante convenio. Ante la obra de Herrán se queda uno absorto, abismado, no sabiendo qué nos confunde más, si la vileza de nuestro apoderado diplomático, o su imbecilidad como negociador. El baldón que Herrán ha echado sobre el nombre colombiano, ese no se borrará jamás. Para criminal de esa laya, la horca le viene chica». Al mismo tiempo, el representante panameño a la Cámara, Oscar Terán, autor de la obra más importante sobre «el atraco yanqui», proponía que se acusara por el delito de traición a los funcionarios públicos «que someten a peligrosas contingencias la integridad del territorio de la Nación». Sería derrotado por 34 votos contra 12, gracias a la maniobra del poeta Guillermo Valencia a favor del Tratado y de quienes ya tramaban la separación.

En seguida, los acontecimientos se precipitaron en forma dramática. Marroquín nombró como gobernador al conspirador José Domingo de Obaldía, todavía senador de la República, a quien se le atribuye la frase: «No me importa ser súbdito de Colombia, de los Estados Unidos, de China, con tal de que mis novillos se vendan bien». El ministro de Guerra, Alfredo Vásquez Cobo, ordenó retirar las tropas colombianas y dejar solamente el batallón Colombia, que se vendería a los traidores. En su reemplazo, el Gobierno envió al general Tobar, no para salirle al paso a la rebelión, sino para detener una supuesta invasión proveniente de Nicaragua, inventada por el ministro, pero sólo arribó en vísperas de la proclamación de independencia y después de dos meses de demora, sólo para dejarse apresar a su llegada por el general Huertas.

El 3 de noviembre de 1903 fue conformada la Junta de Gobierno de la República de Panamá, entre cuyos miembros estaba Manuel Amador Guerrero. Al día siguiente Amador Guerrero arengaba a los soldados del batallón Colombia en la entrega del precio de su venta: «Soldados, hemos llevado al cabo por fin nuestra espléndida obra. Nuestro heroísmo es el asombro del mundo. Ayer no éramos más que esclavos de Colombia. Hoy somos libres (…) El Presidente Roosevelt merece bien de nosotros, pues ¿no están allí, como sabéis, los cruceros que nos defienden e impiden toda acción por parte de Colombia? Hombres libres de Panamá, yo os saludo. ¡Viva la nueva República! ¡Viva el Presidente Roosevelt! ¡Viva el Gobierno de los Estados Unidos!» En seguida, el general Huertas dirigió una proclama a sus soldados en respuesta al futuro presidente: «Soldados, gracias a los esfuerzos del Sr. Amador y míos se ha obtenido que los Estados Unidos recompensasen vuestros afanes. El dinero que nos negó el Gobierno de Bogotá, hélo allí en la Tesorería (…) Tenemos dinero. Somos libres. Los cruceros que hay aquí disipan todo temor. Colombia puede pelear con los débiles, pero en presencia de los Estados Unidos se mete el rabo entre las piernas (…) No temáis. Somos libres. Colombia está muerta. ¡Viva Panamá independiente! ¡Viva el Dr. Amador! ¡Viva el Gobierno americano!» Veinte años después, el general Huertas se lamenta en sus memorias de aquellos acontecimientos con estas dramáticas palabras: «De dueños, pasamos a arrendatarios; de libres, al servilismo, y después de deshacernos de Colombia, llegamos a ser los siervos de los sajones y seremos parias en nuestra propia tierra».

En Bogotá, tuvo que amotinarse el pueblo para que el presidente Marroquín accediera a conformar una expedición militar para ir a defender a Panamá. Un grupo de patriotas organizó contra la intervención norteamericana la sociedad La Integridad Colombiana, cuyo presidente fue el senador Juan Bautista Pérez y Soto. Defendió que la única salida consistía en hacer la guerra contra Estados Unidos para recuperar a Panamá, obligar al usurpador a destapar sus cartas verdaderas de dominación, forzar al gobierno americano a la consumación real y efectiva del atropello, hacerlos quedar como piratas y no como protectores, porque lo que estaban haciendo era robarnos «con sus cañones nuestra propiedad». Le exigieron a Marroquín que cumpliera el decreto que lo obligaba a conformar un ejército de cien mil combatientes. Se pusieron a la tarea de organizar una nueva expedición de mil quinientos soldados, bajo las órdenes del general Antonio Roa Díaz, para sumarlos a la tropa comandada por el general Daniel Ortiz, que esperaba en Titumate las órdenes de marchar a Panamá. Pero el 19 de diciembre, una vez se hubo puesto en camino la tropa, el ministro de Guerra, Vásquez Cobo, mandó apresar a sus principales miembros y dejó bajo prisión domiciliaria a su presidente, el senador Pérez y Soto. En esa forma se fue extinguiendo gradualmente la sociedad.

En Titumate, una olvidada aldea del Chocó, en inmediaciones de la frontera con Panamá, se había apostado la tropa enviada desde Bogotá al mando del general Daniel Ortiz, bien armada y dispuesta a todo. Atacarían por tierra. «El objetivo principal de esta campaña era ante todo ocupar por vías terrestres nuestra comarca panameña», escribe el expedicionario Ortiz. «Por los informes que hasta ahora tengo (…) creo que la invasión sobre Panamá no es una empresa imposible, y no la considero ni siquiera imprudente; al contrario creo que es perfectamente factible». Con ese propósito envió una comisión al mando del general Morales a explorar el derrotero que había seguido Balboa 400 años antes y a establecer una línea de comunicación entre Titumate y las costas del Darién del sur sobre la bahía de San Miguel, en el Océano Pacífico, por los ríos Acandí y Tuira.

Uno de los episodios más ejemplares del levantamiento popular contra el atropello lo protagonizaron los indígenas de las costas de San Blas en Panamá, desde el Cabo Tiburón hasta las inmediaciones de Portobelo. El 19 de diciembre llegó al cuartel general de Titumate el coronel Inanaquiña, jefe indígena gubernamental de toda aquella región. Así lo narran las crónicas: «El coronel Inanaquiña, al ver la bandera colombiana, se hincó en tierra y con respeto religioso la besó, escena conmovedora, que plegó muchos labios y humedeció muchos ojos al presenciar tan expresivo homenaje para el emblema de la Patria, en la hora precisa que otros lo insultaban, lo vejaban y lo despedazaban». Fueron los indígenas los que abrieron el camino para que las tropas del general Ortiz pudieran tomar posesión de Panamá, protegiéndolas de la armada norteamericana que estaba impidiendo en los puertos el desembarco del ejército colombiano. Y Ortiz cuenta: «De las lejanas provincias panameñas de Chiriquí, Bocas de Toro y Coclé, lo mismo que de las apartadas comarcas istmeñas de Tuira, venían comisiones tras de comisiones a hacer patentes ante el Jefe colombiano—con su protesta contra el motín militar de que se habían servido los norteamericanos para quitarnos a Panamá, fraudulenta y brutalmente sus entusiastas sentimientos de amor a Colombia, de respeto a la común bandera y de consagración a la integridad nacional, con la firme voluntad en que estaban de coadyuvar la anhelada campaña militar para recuperar el Istmo (…) Como lo afirmaban aquellos buenos compatriotas, los traidores de la separación eran muy pocos y estaban circunscritos a la ciudades de Colón y Panamá».

Pero toda la operación de rescate sería traicionada por Rafael Reyes. Amigote de Cromwell; hombre de confianza de Marroquín; confidente de Bunau-Varilla; general de la República de inmensa reputación en las guerras del 85, el 95 y los Mil Días; partidario decidido del Tratado Herrán-Hay; generalísimo de la expedición militar para la reconquista; cabeza de la diplomacia colombiana ante los traidores y los imperialistas en pos de la devolución de Panamá; presidente de la República de 1904 a 1909, Reyes actuaba más como agente de los gringos que como defensor de los intereses de Colombia. Por algo, dada su trayectoria de vínculos con los estadounidenses y a sus actuaciones a favor de su política, le tenían el apodo del «yanqui criollo». En su discurso como delegado de Colombia ante la Conferencia de 1901 en México, llamó a los norteamericanos «la humanidad seleccionada».

A él fue a quien escogió Marroquín como generalísimo para armar un ejército con los cien mil voluntarios que se habían ofrecido en el país, dispuestos a liberar a Panamá. Lo acompañaban dos generales, Pedro Nel Ospina y Lucas Caballero, y un ex presidente, Jorge Holguín. Cuando llegaron a Barranquilla, procedentes de Bogotá, ya Reyes le había cambiado el carácter militar a su expedición, transformándola en una misión diplomática. Convertidos de jefes del más grande ejército jamás formado en Colombia en plenipotenciarios mendicantes, se les permitió desembarcar en Colón sólo gracias a instrucciones del secretario de Estado, Hay; fueron humillados por el comandante del Nashville; no los quiso recibir la Junta Provisional de Gobierno para negociar la devolución del Istmo; y quedaron puestos de patitas en un buque rumbo a Washington y Nueva York, decididos a ir a ver a los verdaderos amos de Panamá.

Reyes siempre sostuvo el criterio de que los gringos eran los llamados a quedarse con el Canal a cualquier precio, sin condiciones de soberanía y a cambio de unos buenos denarios. Por eso defendió el proditorio Tratado Herrán-Hay y rechazó la unánime desaprobación que le acababa de dar el Senado de Colombia. Al llegar a Washington y tropezarse con el hecho cumplido por Roosevelt, de haber firmado el Tratado Hay-Bunau-Varilla con Panamá, Reyes agachó la cabeza y desintegró la comisión diplomática. Como generalísimo de las tropas colombianas organizadas para recuperar el Istmo, había renunciado a todo esfuerzo de enfrentamiento con Estados Unidos: «Gobierno americano», le dice a Marroquín en mensaje cablegráfico, «garantiza independencia Panamá. Toda acción hostil de Colombia agravaría la situación. Intentaré una nueva negociación para dejar a salvo derechos de Colombia». En su lugar, lo que decidieron Holguín y Reyes fue partir rumbo a París con la claudicante idea de seguirle la pista a las acciones de la desaparecida Compañía Francesa del Canal. Como se ha repetido en esta historia, dos presidentes de Colombia, Holguín y Reyes, coronaron con esta farsa su claudicación. Abandonadas a su suerte, las tropas de Reyes se quedaron esperando en Titumate las órdenes de su generalísimo para marchar sobre Panamá.

La comisión Reyes-Holguín-Ospina-Caballero dejó una herencia, un vacuo Memorial de agravios que le fue enviado a Roosevelt. Así pensaron que se lavarían las manos ante la historia, a falta de su expedición militar. Hasta ahí llegó su misión. A dos de ellos, Reyes y Ospina, los elegirían después para regir los destinos de la Patria. Holguín volvería a llegar a la primera magistratura del país como presidente designado, tal como lo había hecho en dos ocasiones anteriores. A Reyes, el pueblo lo castigaría repudiándolo nueve años después. A Ospina y Holguín el país todavía no les ha cobrado la traición.

Al menos ocho presidentes estuvieron comprometidos con la traición de lesa patria que condujo a la pérdida de Panamá. Marroquín (1899-1904) y Reyes (1904-1910) son los principales responsables. También José Vicente Concha (1914-1918), negociador en Washington del Tratado Herrán-Hay; Pedro Nel Ospina (1922-1926), miembro de la Comisión Reyes para la devolución de Panamá; Marco Fidel Suárez (1918-1922), el del Respice Polum (miremos hacia Estados Unidos), decidido defensor del Tratado Herrán-Hay y negociador del Tratado Urrutia-Thompson, que legitimó el robo; Miguel Abadía Méndez (1926-1930), ministro de Marroquín y partidario de las negociaciones del Tratado Herrán-Hay; y Jorge Holguín y Ramón González Valencia, presidentes encargados y negociadores de la devolución de Panamá y del Tratado Urrutia-Thompson, respectivamente.

Pero debemos hacer honor a quienes defendieron la soberanía de la nación. A Oscar Terán por su obra, aullido doloroso contra Estados Unidos y los traidores; a Pérez y Soto, por combatir hasta su muerte contra la entrega; a Miguel Antonio Caro, por utilizar su demoledora oratoria en el Senado de la República hasta derrotar el Tratado Herrán-Hay; a Joaquín F. Vélez, por obligar a Marroquín a aprobar un plan de lucha contra Estados Unidos; a Indalecio Camacho y Fabio Lozano Torrijos, organizadores de La Integridad Colombiana para reconquistar el Istmo; a la Asamblea de Panamá, por su voto unánime contra la felonía de sus dirigentes; a la prensa antigringa del Istmo, por repudiar las maniobras secesionistas; a Pedro A. Cuadrado y Eleazar Guerrero, por renunciar a sus cargos en Colón, para no seguir ensuciándose con el nuevo régimen; a los cien mil colombianos combatientes de muchas guerras que se aprestaron para luchar por Panamá; al general Daniel Ortiz, comandante del ejército en Titumate, decidido a atravesar el Darién por tierra para rescatar el suelo patrio perdido; al coronel Inanaquiña, por conducir a los indígenas de San Blas a los campamentos de Ortiz y Roa, dispuestos a sumarse a la reconquista; al pueblo de Bogotá, que se amotinó contra Marroquín por su traición y se levantó contra Reyes por el Tratado Cortés-Rooth; a Diego Mendoza, que renunció a la embajada de Washington y afrontó la persecución de Reyes por haber defendido los intereses nacionales; a los pueblos de Barranquilla y Magangué, que impidieron el desembarco de todo cuanto traidor intentó desembarcar proveniente del exterior; a tantos patriotas que se rebelaron por doquier contra el robo de Panamá.

Resulta más actual que nunca la famosa diatriba escrita en 1917 por José María Vargas Vila contra los atracadores:

«Son Roosevelt, Taft, Rooth, Wilson;

«esos pastores de búfalos no pueden ser sino la encarnación raquítica de un cesarismo plutócrata, sin otro elemento de grandeza que el alcance de sus cañones, de un imperialismo matonesco, mostrando al mundo, como una amenaza, el furor de sus puños de gañanes;

«y, aún hay quien me critique, no haber admirado nunca estos cazadores de pueblos débiles, que desmembraron mi patria, que humillaron nuestra raza, que han hecho de nuestra América hispana, el predio de sus codiciosas aventuras; que los admiren ellos, almas de esclavos, a quienes deslumbra el alba escarlata en que pasan envueltos esos Nemrods de vaudeville; dejadle a un hombre honrado el acre placer de despreciarlos…»

DOS POEMAS

Sobre Panamá

En los canales profundos

que abren los brazos humanos,

dos mares se dan las manos,

y se despiden dos mundos.

Y hoy, tristes, meditabundos,

se despiden los hermanos

y se abrazan los tiranos

¡falsos, ladrones, inmundos!

Julio Flórez

Rosa de los vientos

Rosa de los vientos,

pétalo a pétalo,

corola suntuosa y alta,

verde tallo.

Rosa de los vientos,

largo pétalo arrancado.

Ay, Panamá,

ajado,

verde tallo.

Verde y roja rosa de los vientos,

vegetal tierra atrapada,

debatiéndose,

verde tallo.

Bella rosa de los vientos,

patria mía,

amputada de pétalos

por la grosera mano del imperio.

Bella rosa de los vientos,

cantarino molino

movido por la salobre agua

de dos mares

y la ancha hoja

del río de la selva.

Bella rosa de los vientos.

Ay, sangrante manojo de pétalos,

tienes para el gringo

la alta corola de tus montañas

y el largo y correoso

sendero de tus espinas.

Francisco Torres

QUÉ SUCEDÍA EN EL MUNDO CUANDO EL DESPOJO DE PANAMÁ

El nefando 3 de noviembre de 1903 se consuma cuando apenas despuntaba en el mundo el predominio de los monopolios y el capital financiero había concluido el reparto territorial del planeta entre las potencias colonialistas. Sin embargo, la vía interoceánica despertó la pugna entre Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que veían en el Canal un punto estratégico para el dominio del planeta. Una mirada rápida a la nueva situación mundial de la época nos muestra a los países más civilizados en bárbara contienda por sojuzgar pueblos, apropiarse de territorios y saquear sus riquezas.

En la última década del siglo XIX comenzó la desmembración de China. Japón ocupó Taiwán en 1894 y se hizo ceder la península de Liaotung y las Islas Pescador. Entre 1897 y 1898 Rusia se posesionó de Puerto Arturo y de la península de Liaotung, puerta de acceso a Manchuria. Alemania, Francia, Italia e Inglaterra participan del desgarramiento de China. Japón, que desde 1876 asediaba a China para despojarla de Corea, logra ocupar esta península entre 1894 y 1895 con el fin de allanar el camino hacia su sometimiento. La disputa de Japón y Rusia por el dominio del Pacífico, las colonias del Extremo Oriente y el reparto de China llevó a los dos Estados a una guerra imperialista que se resolvió a favor del primero; el Tratado de Paz de Portsmouth, celebrado en septiembre de 1905, además de permitir al imperio japonés convertir a Corea en protectorado y luego anexarla en agosto de 1910, le adjudicó el ferrocarril de Manchuria meridional de China. Las negociaciones contaron con el arbitraje del presidente Roosevelt, cuyo papel era asegurar que los intereses norteamericanos en Filipinas estuvieran a salvo.

A las islas de Hawai el gobierno de Washington les impuso en 1878 un tratado comercial, paso con el cual tomaban ventaja sobre Japón, Alemania y Gran Bretaña, que también alimentaban proyectos colonialistas en ese territorio. Quince años más tarde las fuerzas norteamericanas depusieron a la reina Liliuokalani y obligaron a firmar un tratado de anexión en 1893. En 1898 el Congreso norteamericano las incorporó como «Territorio de Hawai». Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam fueron sustraídas en 1898 por la nueva potencia estadounidense al agonizante imperio español. Se iniciaba una etapa de transición entre el colonialismo de dominación directa a otra en que prevalecía el control económico.

La puerta abierta

Desde finales del siglo XIX Estados Unidos empezó a ser gobernado por una «plutocracia triunfante», cuya única mira estaba puesta en el patrón oro, las finanzas, los aranceles comerciales, la apertura de mercados y la guerra a los países. Su divisa de «la puerta abierta» fue un señuelo con el cual agitaban la libertad de comercio en todo el orbe, a condición de que se levantaran los aranceles que gravaban los productos estadounidenses. En el terreno diplomático los movimientos de Washington, como sucede hoy, eran presentados bajo el ropaje de la democracia y del mercado libre en toda América. Al plantearse una disputa entre Venezuela e Inglaterra por la línea fronteriza con la Guayana Británica, el secretario de Estado le hizo saber al representante inglés en nota del 20 de julio de 1895: «Hoy en día Estados Unidos tienen prácticamente la soberanía sobre este continente y sus determinaciones son ley en los asuntos a los cuales confía su interposición (…) La distancia de tres mil millas de océano hacen antinatural e impracticable toda unión permanente entre un Estado europeo y un Estado americano».1

Los estadounidenses tenían en Cuba inversiones cuantiosas en azúcar y minas, que formaban un circuito con sus planes comerciales y bases militares en el Pacífico; semejante empresa acrecentaba el valor estratégico de un canal interoceánico y de las islas que dominaban esta ruta. He ahí el porqué de la pérfida intervención yanqui en la guerra de independencia que los patriotas cubanos libraban contra el coloniaje español. El presidente McKinley desde julio de 1898 había dado instrucciones para la administración de la Isla: la autoridad del jefe militar norteamericano sería absoluta y suprema en todas las esferas de la vida de la Isla. De acuerdo con el Tratado de Paz entre Estados Unidos y España, firmado en París el 10 de diciembre de 1898, España renunció a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba; cedió a Estados Unidos la isla de Puerto Rico, las demás islas en la Indias Occidentales y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas; España cedió a Estados Unidos las islas Filipinas, y éste le pagó como indemnización 20 millones de dólares; finalmente se convino en que «Cualquiera obligación aceptada en este Tratado por Estados Unidos con respecto a Cuba, está limitada al tiempo que dure su ocupación en esta Isla, pero al terminar esta ocupación, aconsejarán al gobierno que se establezca en la Isla que acepte las mismas obligaciones».

Puerto Rico fue ocupado en aplicación del mismo tratado, y para gobernarlo fue expedida en 1900 la Ley Foraker mediante la cual la potencia se arrogó la facultad de anular sus leyes, nombrar gobernador y los magistrados de la Corte. Con el mismo método avasalló a Filipinas, que tenía una posición clave dada su cercanía a China, y cuya lucha de independencia fue escamoteada por la injerencia imperialista; Estados Unidos se anexó Filipinas para ganar la contienda que sostenía con Japón, que también aspiraba a hacerla suya.

Vale agregar que la Corte Suprema norteamericana, fundada en la «cláusula territorial» de la Constitución, legitimó la ocupación de los nuevos territorios al reconocer la facultad del Congreso para determinar la suerte de las naciones de las cuales Estados Unidos había tomado posesión. Según la doctrina de los «casos insulares», el gobierno de Washington tenía pleno poder sobre los territorios adquiridos por conquista o por tratado, con la facultad para resolver sus conflictos internos. Podía gobernarlas indefinidamente como dependencias sin otorgarles la calidad de Estados de la Unión. Era el criterio de que la «Constitución sigue a la bandera».

La maquinación contra Panamá

Apercibiéndose para su empresa de dominación imperial en el Caribe, en las comunicaciones que hace llegar la Casa Blanca al gobernador norteamericano de Cuba, Leonardo Wood, fija las bases de un tratado que comprende, además de ventajas comerciales, la cesión de una o más estaciones navales para la protección de los puertos americanos en el Golfo de México y de los canales interoceánicos que pudieran construirse bajo los auspicios de Estados Unidos, en Nicaragua o Panamá. Este fue el antecedente al Apéndice a la Constitución de 1901 de Cuba, o Tratado Permanente entre Estados Unidos y Cuba, conocido como la Enmienda Platt y sancionada como ley de Estados Unidos el 2 de marzo de 1901. El Tratado permitió a Washington la dirección de sus finanzas, las relaciones exteriores, el comercio y su ejército, al extremo de erigirse como el protector de su independencia.

Este precedente fue un paso decisivo para consolidar su influencia en la región, en su camino a la posesión del Canal, la obra comercial y militar más importante del mundo en ese momento. Antes, en la construcción del ferrocarril de Panamá, a mediados del siglo XIX hubo dos compañías norteamericanas que transportaban pasajeros desde Nueva York a Chagres, y desde Panamá a Oregón y California; en 20 años cruzaron el Istmo 372.615 pasajeros del Este hacia California, y 223.716 en sentido contrario. Lo cual muestra que la potencia que se hiciera a la posesión del Istmo tendría una ventaja insuperable sobre sus contendientes en los planes de hegemonía mundial, pues era paso obligado para llegar a los países de Suramérica y Este del Asia, al tiempo que lo era para llegar a Europa.

Con esos hechos Norteamérica demostraba supremacía sobre Inglaterra, el más serio adversario que al lado de Francia y Alemania bregaba por hacerse al Caribe y Centroamérica. Pero llevó a las dos potencias a que se avinieran para que las cañoneras de Su Majestad y de las potencias europeas se dirigieran hacia África y Extremo Oriente; basta recordar que Gran Bretaña provocó en 1899 la Guerra de los Boers, contra Transvaal y Orange, naciones formadas por colonos europeos que se habían asentado en Sudáfrica, donde había yacimientos auríferos. La guerra terminó en 1902 con el sometimiento de estos territorios como colonias inglesas. En reciprocidad, el gobierno de Washington tuvo vía libre para sojuzgar a América Latina.

«El primer fruto de este acuerdo fue el Canal de Panamá (…) Las nuevas posesiones insulares en el Caribe y en el Pacífico produjeron la necesidad vital para los intereses norteamericanos de construir y administrar el canal interoceánico. A ello se oponía el Tratado Clayton-Bulwer, pero no el gobierno de Lord Salisbury. El Tratado Hay-Pauncefote de 1901 anuló el acuerdo anterior, permitió a Estados Unidos construir y controlar un canal y estableció que estaría abierto a todas las naciones en términos de igualdad».2

«Dicho Canal tenía una importancia inmensa para Estados Unidos, no sólo desde el punto de vista comercial sino también estratégico. Los nuevos intereses de los Estados Unidos en el Pacífico hacían muy deseable que la flota pudiese pasar muy fácilmente de un océano a otro. Durante la guerra con España, el acorazado Oregón tuvo que doblar el Cabo de Hornos, y la longitud del trayecto era un excelente motivo para recordar la necesidad del Canal».3

El senador Henry Cabot Lodge había escrito en esos días que para la protección del Canal y del comercio era útil dominar las islas Hawai y poner una base en las Antillas, «Cuando el canal de Nicaragua esté construido la isla de Cuba será una necesidad para nosotros». Conocida la rapacidad de la política exterior yanqui, Mark Twain escribió al presidente, hacia 1900, que en el futuro en la bandera americana las listas blancas deberían ser sustituidas por listas negras, y las estrellas por una calavera. Con razón la época de Roosevelt fue llamada en su momento gobierno del pueblo, ejercido por una tiranía y al servicio de los traficantes.

Enseñanzas de la afrenta

Panamá siempre hizo parte de la nacionalidad colombiana, desde que España la unió al virreinato de Santa Fe en 1739 y luego durante la etapa republicana. El 28 de noviembre de 1821 se independizó de España para proclamar que «pertenece al Estado republicano de Colombia». Empero, hubo en el siglo XIX tres episodios separatistas: el 26 de septiembre de 1830, en que se proclamó la independencia de Panamá, a menos que El Libertador se encargara del gobierno; el 10 de diciembre del mismo año se reintegró. El 9 de junio de 1831 el general Juan Eligio Alzuru decidió que Panamá era territorio de la Confederación pero con administración propia. El oficial fue fusilado el 29 de agosto de ese año. El 18 de noviembre de 1840 se erigió como Estado soberano por obra del propio gobernador, coronel Herrera, pero el 31 de diciembre de 1841 hubo acuerdo para su reincorporación como Provincia de la Nueva Granada. Al expedirse Acto Adicional a la Constitución, que creó el Estado de Panamá el 27 de febrero de 1855, se mantuvo su integración con la república de la Nueva Granada, y se consagró que cualesquiera que fueran las disposiciones de la Legislatura Constituyente de este Estado, «En ningún caso podrán alterarse los derechos que la república se ha reservado sobre las vías de comunicación interoceánica».

Uno de los argumentos que esgrimieron tanto los politicastros gringos que maquinaron la separación como los corifeos que la consumaron, fue el de que Panamá al escindirse de Colombia había obrado con la misma soberanía con que se había unido; oscuro proceso al que llamaron revolución. Pero contrario a lo que decía el papel, los «próceres» panameños fraguaron una obra de traición para llevar al nuevo Estado a la pérdida de su soberanía y a una mayor sujeción económica; de esto da cuenta la primera constitución panameña, aprobada en 1904: «El territorio queda sujeto a las limitaciones jurisdiccionales estipuladas o que se estipulen en los Tratados Públicos celebrados con Estados Unidos de Norte América para la construcción, mantenimiento o sanidad de cualquier medio de tránsito interoceánico» (Art. 3); «El gobierno de los Estados Unidos de América podrá intervenir, en cualquier punto de la República de Panamá, para restablecer la paz pública y el orden constitucional, si hubiere sido turbado, en el caso de que por virtud de Tratado Público aquella Nación asumiere, o hubiere asumido, la obligación de garantizar la Independencia y soberanía de la República» (Art. 136).

Igual conminación merece el puñado de hombres que administraron a Colombia en los umbrales del siglo XX, ese engendro de las intrigas del gran capital y tronco de la clase pro imperialista. Su semblanza la avergüenza y empequeñece la admirable lección que había dado Lincoln, cuarenta años antes, cuando al conocer la voluntad separatista de los esclavistas del sur, desató las hostilidades y salvó la unión y la grandeza de la nación norteamericana. Engels se percató de la descomposición de la burguesía francesa precisamente cuando se supo hacia 1889 que la Compañía Universal del Canal de Panamá, de Fernando De Lesseps, había quebrado por medios fraudulentos con la estafa a miles de ahorradores franceses; a su juicio, Norteamérica había demostrado que la política es un negocio como cualquier otro (4); y añadía, «¿Y cuál es la moraleja del cuento? Que Panamá (…) demuestra que la entera política burguesa de nuestros días –tanto la grata trifulca de los partidos burgueses entre sí como su resistencia común contra el embate de la clase obrera– no pueden efectuarse si no es con colosales sumas de dinero; que estas masas de dinero se emplean con fines públicamente inconfesables y que los gobiernos, dada la tacañería del burgués, se ven obligados cada vez más a procurarse de manera inconfesada, los recursos para esos fines inconfesables».5

Pero cabe otra advertencia. Los pueblos colombiano y panameño se hallan indisolublemente unidos por un destino común. Han ganado de su tragedia el talante para vencer la satrapía yanqui, la que hoy conspira para arrojar sus países a una nueva servidumbre colonial. El destino de los tiranos está en la picota.

Notas

(1) Samuel Eliot Morrison, Henry Steele y W. Leuchtenburg, Breve historia de los E. U. Fondo de Cultura Económico, México, 1997. Pág. 592.

(2) Samuel Eliot Morrison, Obra citada. Pág. 608.

(3) André Maurois. Historia de Estados Unidos. Obras Completas, Tomo 2, Plaza y Janés S. A., 1968. Pág. 1649.

(4) Carlos Marx y Federico Engels, Obras Completas, citado en Materiales para historia de América Latina, Cuadernos de Pasado y Presente, Córdoba, 1972. Pág. 335.

(5) Marx y Engels, Obra citada, Pág. 338.

PANAMA, ANTECEDENTES DE LA RAPIÑA

Una década antes de la secesión de Panamá de Colombia, el istmo y el futuro canal habían sido objeto de escándalo. Bajo los auspicios de Ferdinand de Lesseps, quien había sido presidente de la sociedad constructora del Canal de Suez, en 1879 se fundó la Compañía Universal del Canal de Panamá, la cual poco después inició las excavaciones. Pero una serie de turbios manejos hizo que los fondos de la Compañía comenzaran a evaporarse; entonces la empresa sobornó a cientos de parlamentarios y periodistas y, violando la ley, logró la aprobación de la venta de bonos y billetes de lotería, cuyo recaudo sería destinado a la continuación de las obras del Canal. Estuvieron a punto de lograr el ideal que Carlos Marx atribuía a Luis Bonaparte: robar todo el dinero de Francia para comprar a Francia con ese mismo dinero. Sin embargo, la Compañía Universal quebró a comienzos de 1889 y dejó en la ruina a miles de pequeños accionistas. Pero sólo en 1892 comenzaron a revelarse los detalles del escándalo, que en Francia causó conmoción. Con todo, la prensa europea hizo énfasis en la ruina de los ahorradores estafados, mas silenció lo ocurrido con las principales víctimas: 22 mil obreros latinoamericanos, culíes chinos e indígenas quienes, forzados a trabajar en condiciones inhumanas, habían sucumbido por la malaria y la fiebre amarilla durante la excavación de apenas treinta kilómetros de canal.

Federico Engels se ocupó del asunto en artículos y cartas. Y, entre otras cosas, con aguda visión señaló: «Hace tiempo que los norteamericanos han proporcionado al mundo europeo la prueba de que la república burguesa es la república de los hombres de negocio capitalistas, en la cual la política es un negocio como cualquier otro». Años después, Lenin señalaría que desde 1898 la economía política había empezado a hablar del imperialismo. Una continuación de los negocios, pero con consecuencias internacionales. Inmensos capitales financieros desligados de la producción directa empezaron a recorrer el mundo, dejándolo en manos de los organismos financieros

Estados Unidos, potencia imperialista

Después de la Guerra de Secesión, los Estados Unidos experimentaron una aceleración económica que los llevaría a ser, hacia 1910, el primer productor del mundo. En 1898 el Washington Post editorializaba: «Una nueva conciencia parece haber surgido entre nosotros –la conciencia de la fuerza– y junto con ella un nuevo apetito, el anhelo de demostrar nuestra fuerza (…) El sabor a imperio está en la boca de la gente, lo mismo que el sabor de la sangre reina en la jungla». Catorce años más tarde, el sucesor de Teodoro Roosevelt en la presidencia de los Estados Unidos, William H. Taft, decía: «El hemisferio todo nos pertenecerá, como de hecho ya nos pertenece moralmente, por la virtud de la superioridad de nuestra raza».

Y es que ya se había logrado hacia 1900 consolidar el mercado interior de bienes de consumo y de capital. Se había integrado el país por medio de ferrocarriles, era autosuficiente en carbón, hierro y acero, y se iniciaba la era del petróleo. Su agricultura era inmensamente productiva. Estaba al nivel de las grandes potencias europeas. Y surgió la idea de competir con ellas por el dominio del mundo, habiendo pasado del capitalismo de libre competencia al de los monopolios y el dominio del capital financiero.

Durante el siglo XIX, Inglaterra se había hecho amo y señor de la escena mundial, a partir de la revolución industrial. El ascenso económico de Estados Unidos fue desplazando su influencia en territorio americano y, a finales de la centuria, iniciaba sus aventuras expansionistas en el Caribe. En 1898 intervino en la guerra de independencia de Cuba, terminando con las colonias españolas en América, pero convirtiendo a la Isla en una especie de protectorado de Washington. La consigna de la Doctrina Monroe «América para los americanos», había degenerado en la de América para los norteamericanos. Sus relaciones internacionales, entonces, comenzaron a ser la «diplomacia de las cañoneras», que tantos estragos conllevó para los países del Caribe. Fue la era del Big Stick (gran garrote), blandido para controlar lo que ya concebían como su «patio trasero»: América Latina, sobre la cual lanzaron una estrategia de colonización y expansión territorial y económica.

Colombia en la mira

Panamá se convirtió en un punto de mira estratégico de los Estados Unidos. El establecimiento de un ferrocarril y, más adelante, la apertura de un canal interoceánico, le facilitaban la comunicación entre sus dos costas. Inglaterra había estado interesada en el asunto, pero Francia había emprendido los trabajos antes que los estadounidenses. Y no se trataba simplemente de la apertura de un canal; estaba en juego el predominio sobre el mundo. Pero ninguno de los gobernantes colombianos se percató de ello. Ya en 1854, Ospina Rodríguez había propuesto la anexión de Colombia a Estados Unidos; Pedro Alcántara Herrán solicitó la intervención de los gringos en 1860 para salvarse del enfrentamiento con Tomás Cipriano de Mosquera; el país pagó una indemnización de 400 mil dólares por la muerte de quince norteamericanos víctimas de una venganza en el llamado «incidente de la sandía»; Rafael Núñez les pidió auxilio para ganar la guerra contra los liberales en 1885; el hijo de Marroquín les prometió el canal si lo ayudaban contra el general Herrera, que le ganaba la guerra en el Istmo. Siempre a solicitud de los conservadores, los marines de Estados Unidos desembarcaron en Panamá para intervenir en nuestras guerras civiles.

Durante las tres últimas décadas del siglo XIX, Washington aspiró a raparle la Zona del Canal a Colombia y construirlo por su propia cuenta. Ya en 1870, el embajador, general Hulburt, declaró: «Mi gobierno tiene necesidad de un canal que atraviese el istmo de Panamá, quiere tenerlo y lo tendrá». Y en 1900 el presidente McKinley manifestó: «Nuestra política nacional exige, ahora más imperiosamente que nunca, que dicho canal sea dominado por nuestro gobierno».

La Guerra de los Mil Días

Durante el siglo XIX, después de lograda la independencia de España, nuestro país fue escenario de múltiples guerras civiles entre los conservadores –empeñados en mantener el orden feudal– y los liberales, que buscaban abolir la esclavitud, poner a producir las tierras de los terratenientes y consagrar amplias libertades de pensamiento, imprenta, movilización e intercambio.

La más cruenta y definitiva de estas guerras ocurrió entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Fue llamada la Guerra de los Mil Días. Ya en 1885 Rafael Núñez pidió el auxilio de los acorazados norteamericanos para debelar la revolución liberal. Pero el triunfo conservador, que se repitió en 1895, y que culminó en los primeros años de la centuria pasada, no iba a ser desdeñado por los voraces apetitos de los Estados Unidos. Aprovechando el caos imperante y la obsequiosidad del gobierno colombiano, los gringos pudieron decir I took Panamá.

Editorial: ENCAUZAR LA RESISTENCIA CIVIL CONTRA LA POLíTICA URIBISTA

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

Desde cuando el MOIR, al avizorar el caos que sobre el entramado social presagiaba la apertura neoliberal, proclamó en 1991 la oportuna consigna «Por la soberanía económica, ¡Resistencia civil!», nunca ésta había adquirido tan vigorosa vigencia como hoy. Ni ninguna manifestación del juicio popular había encarnado de manera más concreta su contenido que el rechazo que en octubre le propinaron las mayorías colombianas al referendo de Uribe Vélez y, con ello, a los designios antinacionales y reaccionarios de su gestión gubernamental.

Por producirse en momentos en que Uribe, con frenesí y a tutiplén, se dedicaba a completar la ininterrumpida entrega de la soberanía que fraguaron los gobernantes que lo antecedieron, la abstención de la ciudadanía ante el referendo fue un rotundo pronunciamiento contra el proceder antinacional que caracteriza al actual gobierno. En su afán por lograr que la población le convalidara sus nefastas ejecutorias, poco valió que el mismo mandatario, fiel a su mediocre estilo, recurriera a montar diversas mascaradas para difundir tapujos a granel. Con su contundente negativa a consentir la implantación de preceptos importantes para esa política, más de las tres cuartas partes de los colombianos en capacidad de votar también frenaron el desordenado apetito de Uribe por prolongar su período presidencial y demostraron su repudio a las engañifas que la elite financiera, especial beneficiaria de la aprobación del referendo, promovió mediante el ejército de funcionarios, políticos y comunicadores que tiene a su servicio. Lo cierto es que cuando la población pudo manifestarse sobre elementos de la política neoliberal y proimperialista que la agobia, produjo el hecho político de mayor trascendencia en Colombia desde su instauración a principios de los años noventas.

El desarrollo de las campañas enfrentadas respecto al referendo, así como las posturas que suscitó su resultado, proporcionan un claro perfil de las actuales contradicciones en la sociedad, así como de la correspondiente relación de fuerzas entre las clases que la integran. No pudo ser más tajante la división social que se presentó. Por un lado, y bajo la férula de Uribe, quien no dudó en utilizar de manera basta el poder del Estado en su apuesta por la aprobación de lo que en realidad era un plebiscito sobre su mandato, se apelotonaron los magnates financieros y aquellos de sus servidores que manejan los grandes medios de comunicación o que fungen como dirigentes de los gremios económicos, que no disimularon sus escandalosos aportes multimillonarios a la campaña de propaganda; también notorios profesionales e intelectuales adictos al neoliberalismo; la crema social y política del uribismo; el embajador norteamericano en Bogotá y destacadas autoridades de Washington; connotados funcionarios del Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras instituciones similares, junto a los rapaces ejecutivos de los círculos financieros internacionales que ya tienen inversiones en Colombia o están oliendo las posibilidades de hacerlas. En el lado opuesto estuvieron las mayorías de las clases populares y, desempeñando un papel de avanzada en la abstención activa, un cúmulo de fuerzas que con ideología diferente y distintas política, intereses y formas de organización presentaban en una u otra forma y en diverso grado una posición de repulsa al referendo: las Centrales Obreras y en general los movimientos sindical y agrario; intelectuales, profesionales y artistas que poseen y alientan posiciones progresistas; partidos políticos de izquierda o de oposición; la gran mayoría de las organizaciones populares y comunales; las Ong verdaderamente independientes, y las gentes liberales comandadas por la Dirección Nacional Liberal, y su presidenta, la senadora Piedad Córdoba. En la compleja situación que atraviesa el país, esta división ofrece a buen tiempo una descripción de las clases y de sus intereses en pugna. Traza un panorama que, además de darle un categórico mentís a los amañados informes, análisis y encuestas que por doquier difunden los grandes medios de comunicación, permite a las fuerzas demócratas y patriotas percibir el potencial de su resistencia.

Junto a ponderar su triunfo como una importante batalla en la prolongada lucha por sacudirse la intensificada opresión que sobre ellos ejercen la reacción y el imperialismo, los sectores populares y sus organizaciones deben empezar por sopesar las dimensiones del impacto que su abstencionismo produjo en diversos aspectos de la política nacional.

Aunque el carácter del gobernante no determina los rasgos esenciales de su política, en algunas circunstancias sí produce considerables variaciones en el desarrollo de ésta. Muestras de este fenómeno aparecen en el caso de Uribe. Su reacción ante la derrota que le propinó la tantas veces acallada o manipulada «voluntad popular», correspondió a la de un individuo cerrero, como él mismo se autocalifica, lo que motivó un enrevesamiento de su administración. Sin que se pueda saber a cuál de las acepciones que trae el diccionario se refiere con dicho término: suelto por el monte, orgulloso, tosco, grosero, torpe, o todas ellas, el hecho es que luego de recluirse durante tres días con sus noches, lo que desnuda un talante de encogido, reinició trabajos que destaparon aún más su vocación antidemocrática al avalar las majaderías expresadas por su hoy apartado vocero Londoño Hoyos en procura de desconocer los resultados electorales del referendo. Procedió entonces a injuriar al impasible presidente del Senado, y luego de echar con insolencia a un puñado de sus ministros los reemplazó con gente ligada a los negocios y el comercio, adobando así su gobierno como una plutocracia que remeda la de su hermano en el absolutismo, Bush, en Estados Unidos. Pero si bien todas estas ordinarieces en el manejo estatal pueden asignarse al ámbito de la comedia, no ocurre lo mismo cuando Uribe asevera que no importan los resultados electorales, así estos le sean adversos, con tal de sacar adelante su política de «seguridad democrática», lo cual equivale a desconocer lo decidido en las urnas por las mayorías el 25 de octubre, precisamente sobre aspectos relacionados con esa política o sus sustentos, y a despreciar las reglas del juego del mismo sistema electoral que lo encumbró a la Presidencia. Un mandatario que posa ante la comunidad internacional como demócrata, no puede espetarles a los colombianos semejante atrocidad de retrógrado, sin que quede en entredicho su legitimidad ante el pueblo y bajo un manto de sospecha sus ejecutorias. Por estas insensateces antidemocráticas, que se suman a los desastrosos efectos que produjo la caída del referendo sobre el programa, la administración y la credibilidad de Uribe, definitivamente el papel que éste venía representando en la vida política nacional no volverá a ser el mismo.

Mas aún, como ya se está viendo, y contra quienes tratan de encajar el tremendo revés aduciendo que aquí no pasó nada, la categórica expresión popular y democrática de octubre tiene suficientes implicaciones para señalar que en muchos de sus aspectos tampoco la mismísima política nacional será igual. Porque sin duda alguna lo que se expresó fue el repudio tanto a medidas propias del neoliberalismo y del entramado social, político y jurídico que éste precisa para seguir campeando bajo la égida norteamericana, como a la política estatal y el autoritarismo a los que está recurriendo Uribe para implantarlo a plenitud. Y se cae de su peso que por esa naturaleza y alcance, la manifestación del constituyente primario, tan socorrido para todo tipo de demagogias en su contra y tan utilizado para entramparlo desde que se instauró la apertura neoliberal, tiene aquí la fuerza de un mandato popular que cobija no sólo al nivel central sino también al departamental y municipal. De allí que todos los nuevos jefes de administración y los diputados y concejales electos el 26 de octubre, si de veras atesoran un sentido democrático, no puedan, cualquiera sea la bandera política que enarbolen, hacer caso omiso de que en la víspera de su elección más de 19 millones de ciudadanos se abstuvieron de aprobar relevantes expedientes del neoliberalismo que se impulsa desde la Casa de Nariño.

La negativa popular a las disposiciones que traía el referendo y el repudio a los intereses antipopulares y antinacionales por ellas sustentados, conforman el incontrastable rasero para evaluar las actuales contradicciones que imperan en la sociedad, así como para calibrar las posiciones de los diversos partidos, movimientos y dirigentes políticos y sociales. Sin que a estos últimos se les niegue su trayectoria ni se desconozcan sus actuales características, ese rasero constituye hoy el criterio más aquilatado para situarlos en la izquierda o la derecha del espectro político, o para tratar de captar el sentido político de quienes se definen como situados en el deleznable centro de una u otra. Lejos de todo esquematismo y toda calificación arbitraria, esta clasificación debe responder ponderadamente a los juicios y conductas concretos que bajo ese criterio asuman en cada momento y ante cada fenómeno político las distintas organizaciones y personas. Exige en su formalidad el mayor rigor a fin de contrarrestar su interesada manipulación por los grandes medios de comunicación y hacer que sirvan de guía a la población para saber quiénes son los verdaderos amigos de la democracia, la soberanía nacional y los intereses de las mayorías.

Luego de los reveses de Uribe el 25 y 26 de octubre, los colombianos no tuvieron que esperar mucho para comprobar su acierto al repeler el contenido del referendo y negarles el respaldo a los más notorios de sus candidatos. Uribe, el derrotado, trató infructuosamente de abrirle camino a su reelección y de introducir a través del Congreso un selecto número de las medidas desechadas por el pueblo el 25. Centró sus gestiones en la presentación e impulso ante esa corporación de lo que denominó Plan B, cuyo meollo es una nueva reforma tributaria polarizada en escurrirles a los sectores más pobres de la población los escasos ingresos que obtienen por salarios, pensiones o rebusques. Al intentar subsanar el enorme déficit fiscal, lo que tiene en miras es cumplir con obsecuencia el pago de la abultada deuda externa, complacer y atraer a los eventuales inversionistas extranjeros y tener con qué seguir intensificando su política de «seguridad democrática», expedientes todos exigidos directa o indirectamente por los propulsores norteamericanos de la globalización neoliberal, la telaraña en la que mantienen atrapada a la nación. Y Uribe lo hace de nuevo con el aval de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y de los voceros del imperio, y con el apoyo de los dirigentes de los gremios que lo acompañaron en la promoción del referendo. Apoyo que no ponen en entredicho las mezquinas reticencias de quienes se sienten tocados irrisoriamente por ese plan impositivo, como las expresadas por la cabeza de los comerciantes, Sabas Pretel, antes de entrar a ocuparse directamente de asuntos decisivos del Estado desde el Ministerio del Interior y de la Justicia.

Pero la reforma no se contenta con deteriorar aún más los flacos ingresos de asalariados y pensionados así como con encarecer y dificultar el consumo, mediante un IVA cada vez mayor, sino que le otorga otra exención más a la cúpula de los pudientes y se abstiene de gravar en mayor medida sus caudalosos patrimonios. Con extremada avilantez presenta su falacia del «todos ponen», argumentando que las grandes insuficiencias en el presupuesto son un problema nacional a cuya solución debemos contribuir la totalidad de los colombianos. Aunque ese «todos» fuera cierto, que no lo es, dadas las evasiones y privilegios de los grandes capitales, el régimen impositivo igual para quienes de hecho son desiguales, cuestión que se observa más gráficamente en el caso del IVA, implica desigualdad y discriminación económica y social abominables. Lo que con esta reforma hace patente una vez más Uribe es la naturaleza instrumental del Estado que hoy preside en la implacable lucha de la oligarquía y el imperialismo contra las clases populares, máxime cuando es la propia política neoliberal la causa matriz de los desastres económicos que acabaron por dar al traste con las finanzas nacionales. En efecto, una producción agraria e industrial marchita, el desempleo masivo, la privatización de empresas que eran patrimonio público, la entrega barata de los recursos naturales, la usura de los linces financieros internacionales, el derroche y corrupción en entidades y organismos dependientes de la rama ejecutiva y los escandalosos favoritismos con los grandes propietarios, empezando por los del capital financiero y monopolista, son, entre otros, fenómenos que llevan todos ellos la impronta del neoliberalismo, estampada por los sucesivos gobiernos en cumplimiento de los ucases económicos y políticos de los Estados Unidos. Como era de esperar, la clase dominante soslaya y oculta este quid de la cuestión y, sin tener ninguna vergüenza en darle vuelta a las cosas, se vale de las voces de sus servidores «ilustrados» y los funcionarios gubernamentales, desde Uribe para abajo, para propagar que el problema obedece al alto monto de los salarios y pensiones de las clases laboriosas y a sus escasas contribuciones al fisco. Con esta repetida mentira convertida en «verdad», procede a entrar a saco en esos irrisorios recursos, cada vez con mayor frecuencia, mediante reformas tributarias como la que está en curso. En tales condiciones, los gobiernos suelen ofrecer como materia de concertación unos cuantos asuntos que asoman entre la gran masa de males e injusticias pero, por supuesto, nunca permiten que se aborde ninguna de las causas reales de ellos. Se discute sobre las peculiaridades de los paños de agua tibia mientras el mortal virus, haciendo estragos, invade el cuerpo social. Así, la concertación, hija natural del reformismo, tiene como base proponer leves enmiendas no en la perspectiva de una solución final sino en la de perpetuar la vigencia de un sistema que, como el neoliberal, no tiene pausas en su dinámica devastadora de la nación y pauperizadora de quienes la habitan.

Por contera, el gobierno se apresta a iniciar negociaciones con Estados Unidos sobre el ALCA y un tratado bilateral de libre comercio. En ellas, a juzgar por la posición de Uribe como un cooperante de las políticas dictadas por los Estados Unidos a la medida de la lealtad exigida por Zoellick, su representante comercial, los intereses de Colombia carecerán de un legítimo defensor. En realidad, descontados los eventuales regateos, tan débiles como vanos, lo que aquí se llama negociación es simplemente la sumisión ya anunciada y sustentada por el ministro Botero ante los 39 puntos que como objetivo ya dictó Washington. Los tratos entre los representantes del equipo gobernante de Estados Unidos, que considera la implantación de los intereses imperiales como una misión bendecida a cada paso por Dios, y los neoliberales sin alma de Colombia, como se confesó públicamente el viceministro de Hacienda, dejando entrever la idiosincrasia de los funcionarios comandados por Uribe, se conjugarán para firmar la mayor subyugación económica y política de nuestra nación. Con tal firma, la nefasta apertura económica llegará a su máxima expresión, el proceso de recolonización puesto en marcha con ella hace tres lustros dará un salto hacia su consolidación y, en consecuencia, los males que azotan a los millones de compatriotas alcanzarán proporciones catastróficas.

El hecho de que la situación política presente gran complejidad en razón a las abundantes y agudas contradicciones que la atraviesan, torna aún más trascendente el significado del combate victorioso contra el referendo, librado por amplios sectores de la población. Por su contenido y objetivos, y la participación de las masas en su desarrollo, esa lid señaló la adecuada y eficaz pauta a seguir en el resto de escenarios donde se decidirán cuestiones fundamentales para el destino del pueblo y de la nación. De allí el carácter acertado y enjundioso de la determinación adoptada de manera unitaria por la Gran Coalición Democrática de darle continuidad a la lucha que encabezó por la abstención activa, enfilando su acción contra los graves atentados que entrañan tanto el Plan B del gobierno como el ALCA y el tratado bilateral de comercio con Estados Unidos. La consistencia democrática y patriótica que atesore la Coalición, reforzada ahora con Alternativa Democrática, la recién creada bancada parlamentaria, le permitirá convertirse en el factor realmente nuevo de la vida política nacional y, como tal, está llamada a alcanzar mayor desarrollo, mientras que las fuerzas que se aglutinan en torno a Uribe Vélez, al igual que la superpotencia norteamericana que lo respalda y lo tiene como favorito, representan lo caduco, lo destinado a fenecer. El proceso de enfrentamiento entre estas dos tendencias será prolongado y lleno de altibajos, pero nada cambiará su ineluctable desenlace. Son cada vez más los colombianos que entienden este carácter de su resistencia y que convierten esa comprensión en el valor necesario para no cejar en la lucha y cambiar de raíz la insoportable sojuzgación a que están sometidos.

DECLARACIÓN DE ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA

Alternativa Democrática; Bogotá, noviembre 27 de 2003

Los senadores y representantes abajo firmantes, elegidos por diferentes organizaciones políticas, decidimos constituirnos en la bancada parlamentaria ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA, la cual actuará de manera coordinada en el Congreso de Colombia bajo los siguientes criterios:

Luego de padecer por más de trece años la aplicación de políticas económicas devastadoras definidas por el Fondo Monetario Internacional, ya nadie puede dudar que estas no conducen a los colombianos hacia el progreso, como lo evidencia la peor crisis económica y social de su historia, expresada en los elevados niveles de desempleo, pobreza y miseria, el marginamiento de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos indígenas, la quiebra y estancamiento de vastos sectores de la producción industrial y agropecuaria, las profundas crisis de la educación, la cultura, la salud y el sistema de pensiones, el alza creciente en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, el permanente aumento de la carga tributaria de las capas medias y populares y la impagable deuda del Estado.

De ahí que sea digna de rechazo la conocida decisión del Presidente de profundizar las orientaciones aperturistas y privatizadoras de sus antecesores, como lo ha demostrado desde el día de su posesión. Y también expresamos nuestro total desacuerdo con las concepciones autoritarias del actual Gobierno, notorias en su propósito de menoscabar los derechos ganados por los trabajadores en sus justas luchas, debilitar la separación de los poderes, restringir significativamente la tutela, desconocer las garantías ciudadanas y reformar las normas judiciales a partir de concepciones antidemocráticas.

En consecuencia, continuaremos oponiéndonos decididamente a las medidas de cuño neoliberal y, en especial, al llamado Plan B del Gobierno, que no significa otra cosa que la imposición, a través del Congreso y mediante una nueva reforma tributaria, de las políticas que fueron derrotadas en el Referendo y que causarán mayor empobrecimiento de los asalariados, los pensionados y, en general, de todas las gentes empeñadas en la producción, el trabajo y la cultura nacionales. También anunciamos nuestra oposición al ALCA o a un acuerdo bilateral con Estados Unidos tal como están planteados: cualquiera de estos dos mecanismos conduciría a que la débil economía colombiana sea prácticamente anexada por la muy poderosa economía estadounidense, lo que llevaría los padecimientos del país a niveles inimaginables.

Por último, expresamos nuestra disposición a ampliar esta bancada con quienes coincidan con esta declaración y a fortalecer nuestras relaciones con las organizaciones y fuerzas que conformaron la Gran Coalición por la Abstención Activa al Referendo, así como a llegar a acuerdos con sectores sociales y políticos con los que coincidamos en la defensa del progreso democrático de los colombianos y de los intereses nacionales.

Carlos Gaviria Díaz, Senador
Jorge Enrique Robledo Castillo, Senador
Luis Carlos Avellaneda Tarazona, Senador
Efrén Félix Tarapués Cuaical, Senador
Antonio Javier Peñalosa, Senador
Alexander López Maya, Representante
Venus Albeiro Silva Gómez, Representante
Wilson Borja Díaz, Representante
Ermínsul Sinisterra Santana, Representante

FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO
Carlos Gaviria Díaz

MOIR
Héctor Valencia Henao

MOVIMIENTO CIUDADANO
Bernardo Hoyos Montoya

PARTIDO COMUNITARIO OPCIÓN 7
Venus Albeiro Silva Gómez

MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA (AICO)
Efrén Félix Tarapués Cuaical

ASAMBLEA NACIONAL FRENTE AL ALCA Y EL TRATADO BILATERAL CON ESTADOS UNIDOS

Las organizaciones abajo firmantes a través de sus voceros y voceras en representación de las mayorías del pueblo colombiano y participantes de la Asamblea Nacional frente al Acuerdo bilateral y el ALCA, realizada el 21 de noviembre de 2003 en Bogotá Colombia, frente a la decisión gubernamental del gobierno de Uribe Vélez de avanzar hacia la firma del ALCA y de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos hacemos las siguientes consideraciones y exigencias.

DECLARACIÓN

El país se encuentra frente a decisiones de magnitud incalculable. Los acuerdos de libre comercio se constituyen en una máxima instancia a la luz de los cuales se juzgará toda la conducta económica de una nación, obligan a todos los gobiernos futuros y otorgan más facultades y poderes a las transnacionales que a los ciudadanos del país. Los litigios que se presenten deberán resolverlos tribunales extranacionales, perdiéndose la soberanía judicial sobre los más importantes procesos económicos. Además de los notorios y graves perjuicios económicos que causan, imposibilitan la acción económica del Estado. Esto es evidente en las normas propuestas sobre inversión, comercio de servicios y compras gubernamentales que rebasan los acuerdos de la OMC y están actualmente en discusión en todo el mundo. Se busca especializarnos en productos tropicales sin mayor importancia, supeditar cualquier esfuerzo industrializador a los caprichos de la inversión extranjera y pauperizar a la población.

El proceso vivido es aún más grave si se recuerda que Colombia ha sido, en los últimos trece años, víctima de la apertura económica, que bajo la teoría del Consenso de Washington y en aplicación de las políticas de ajuste, disminuyó la capacidad económica del Estado, inició un acelerado proceso de desindustrialización, llevó a la pérdida de novecientos mil empleos y de ochocientas mil hectáreas antes dedicadas a la agricultura y entregó a la voracidad de las transnacionales numerosas e importantes empresas estatales. Todo ello agravado por la violencia generalizada que azota el país. Después de suscribir con el FMI bajo el chantaje de la deuda sucesivos acuerdos de carácter recesivo, nuestro país se encuentra en el peor momento de debilidad de los últimos cien años, con una balanza de pagos estructuralmente deficitaria, y se ve obligado, a pesar de que la deuda externa ya es gigantesca, a nuevos y onerosos endeudamientos.

Durante las negociaciones que el gobierno de Uribe Vélez ha adelantado para suscribir el tratado del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y ante su propósito de suscribir un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, los sectores afectados y la sociedad entera han expresado de muchas maneras su preocupación, su crítica y su oposición a lo que tan precipitadamente, de forma inconsulta y a través de un proceso muy poco transparente se pretende imponer al país:

1. Los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad se preocupan porque ambos tratados encarnan la renuncia definitiva a la ampliación del mercado interno. De hecho, las políticas de ajuste que descargan el peso de la crisis sobre los trabajadores, han promovido la reducción de los costos laborales, el empobrecimiento generalizado, los despidos masivos y el aumento del desempleo y del sector informal tan golpeado en su derecho al trabajo. Esta oferta de trabajo a bajo costo es aprovechada para implantar la subcontratación y la tercerización, llevando a la violación de los derechos de asociación y negociación colectiva. Con estos tratados se agravarán estas tendencias

2. Las mujeres denuncian una degradación de las condiciones laborales, familiares, sociales y el , desplazamiento forzado donde son las principales victimas y como se agudizará aún más la feminización de la pobreza si se suscriben estos acuerdos.

3. Los productores agrarios han expresado de una u otra forma su rechazo a los acuerdos, como los cultivadores de caña, palma, papa, arroz, cereales y soya, pues saben que serán notoriamente perjudicados en tanto que los avicultores y lecheros dicen que no sobrevivirán; los caficultores afirman que la crisis que padecen hace más de una década se agravará. Las masas de campesinos ven amenazada la supervivencia de la economía campesina y advierten que se perderá la seguridad y soberanía alimentaria.

4. En el terreno industrial, las empresas farmacéuticas temen su desplazamiento por las multinacionales y la pequeña y mediana industria anota que no está preparada para la competencia. La imposición de un capitalismo salvaje destruirá el sector solidario.

5. Los productores, tanto de la industria como del campo, temen la profundización de la quiebra ante la avalancha de productos extranjeros que ingresará al país en la medida en que se implementen los tratados y también temen el estrechamiento del acceso al crédito en la medida en que se profundizará el carácter especulativo del sector financiero.

6. Los sectores de la salud consideran que las definiciones sobre propiedad intelectual implicarían un mayor deterioro de las condiciones para el acceso de los más pobres a este derecho.

7. Los profesionales denuncian el riesgo de ser desplazados por las firmas multinacionales de prestación de servicios y de ser sometidos a reglas de formación, ejercicio profesional y empleo que no responden a las necesidades e intereses nacionales como se vislumbra en el caso de la contaduría, la ingeniería civil y las profesiones de la salud.

8. Los defensores del medio ambiente denuncian el peligro del saqueo de la biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas.

9. Los pueblos indígenas y de afrodescendientes denuncian desde ya el peligro que corren sus territorios y culturas ancestrales.

10. Todos los colombianos se preocupan por la mercantilización de la salud y la educación y la privatización de los servicios públicos que tendrían un efecto social devastador.

11. Los municipios se alarman al ver que se restringirán sus facultades en la asignación del presupuesto para compras estatales que favorezcan la producción nacional y ante el marchitamiento de las industrias locales.

Tan grave es la situación que aun los pocos estudios que entidades gubernamentales y la Comunidad Andina han hecho al respecto, revelan que la mayor parte de los sectores industriales serán gravemente afectados, que las importaciones aumentarán más que las exportaciones y que se perderán importantes ingresos fiscales como producto de la eliminación de aranceles. Del mismo modo, señalan que con el ALCA se perdería cualquier posibilidad de integración subregional, las exportaciones no se diversificarían y desaparecerían renglones enteros de la producción.

El país entero observa atónito cómo a pesar de estas quejas y voces el gobierno se limita a acatar los enfoques de Washington. A cada concesión gubernamental prosigue una nueva exigencia norteamericana. En el pasado inmediato Estados Unidos no toleró unos aranceles altos para iniciar las negociaciones, exigió la salida colombiana del Grupo de los 21 y la eliminación de mecanismos secundarios de protección como las franjas de precios y conminó al Estado colombiano a compensar a las multinacionales con las cuales tiene conflictos. Ha demostrado que no está dispuesto a hacer ninguna concesión en materia agrícola, que no someterá a las mesas de negociación su proteccionista política antidumping y que en las demás materias de negociación exigirá condiciones privilegiadas para sus multinacionales. El gobierno colombiano, sin embargo, no hace más que dar pruebas de obsecuencia. En las negociaciones multilaterales ni siquiera ha sido capaz de acompañar las posiciones críticas de otros gobiernos latinoamericanos.

Ante todo esto es necesario asumir una posición política diferente. Los tropiezos y contradicciones que ha tenido la firma de los tratados de libre comercio, demuestran que ellos obedecen no a la fatalidad de las leyes económicas sino a decisiones políticas adoptadas por los círculos gobernantes y presionadas por Estados Unidos, país que protege su economía y –utilizando su poderío económico y militar– impone sus condiciones. Es indispensable, por lo tanto, que la sociedad colombiana le haga saber al gobierno que otro es el mandato que formula la población. Existen otros caminos para fortalecer y diversificar los vínculos comerciales y económicos entre los países, y la ampliación de nuestros mercados internos, de manera que en lugar de una relación de supeditación a la política y la economía estadounidenses se logre una verdadera integración de América Latina con la economía mundial que cuente con la participación de los sectores populares y productivos y preserve la unidad latinoamericana, con mira a la cual iniciamos una gran consulta popular que involucre a todos los ciudadanos.

En consecuencia, por todas las razones anteriores y teniendo en cuenta los enormes daños que estos tratados implicarán para toda la nación, consideramos que el gobierno colombiano no debe suscribir el ALCA ni el acuerdo bilateral con los Estados Unidos.

Invitamos a todos los colombianos y colombianas, sobre los cuales indistintamente se cierne esta amenaza, a que por medio de sus organizaciones se unan a la posición de rechazo que hoy adoptamos y que representa la voz de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.

SUSCRIBEN ESTA DECLARACIÓN:

RED COLOMBIANA DE ACCION FRENTE AL LIBRE COMERCIO Y EL ALCA – RECALCA

COMITÉ COLOMBIA DE LUCHA CONTRA EL ALCA Y EL TLC

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA CUT COLOMBIA

CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEMOCRÁTICOS CGTD

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA CTC

CONFEDERACIÓN DE PENSIONADOS DE COLOMBIA

CONSEJO CONSULTIVO LABORAL ANDINO

MESA DE TRABAJO MUJER Y ECONOMIA

COORDINACIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS ANDINAS COMUANDE

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE COLOMBIA ANMUCIC

IGTN- RED INTERNACIONAL DEL GENERO Y COMERCIO PUESTO FOCAL COLOMBIA

MOVIMIENTO POPULAR DE MUJERES MPM

MESA NACIONAL DE CONCERTACIÓN DE MUJERES

SINDICATO DE MADRES COMUNITARIAS

FEDERACIÓN NACIONAL DE CONCEJALES

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ECONOMISTAS

ONIC

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS

ASOCIACIÓN DE VOCALES DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA SALVACIÓN AGROPECUARIA

UNIDAD CAFETERA NACIONAL

UNIDAD PANELERA NACIONAL

AGROPEMCA

AGROHUILA

ANUC

ANUC -UR

CAMPESINOS DE SIACHOQUE

SINDICATO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE CUNDINAMARCA

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA BARAY HUILA

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES FECODE

ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE PENSIONADOS O.C.P.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SINTRATELEFONOS

SINTRASEGURIDAD SOCIAL

SINTRAISS

FENASIBANCOL

ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD ANTHOC

SINDICATO NAL DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS SINTRAEMSDES

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASPU

UNION NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS UNEB

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS BANCARIOS -ACEB

UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNCICACIONES USTC

SINTRABANCOL

ASFUCANDES

SINALTRABAVARIA

ASCONTROL

SINTRAGOBERNACIONES

SINTRADIAN

SINTRAOLIMPICA,

ADEC ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DE CUNDINAMARCA

ANEBRE

ADEM

FANAL

SINTRAIME

SINTRAOLIMPICA

SINDISTRITALES

SINAL

SINTRAMETAL

SINTIES

SINAS

SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BIENESTAR FAMILIAR

SINTRAINDEGA

ASMEDAS

ADUSEP

ASOTRACIGA

SINTRALACTEOS

ASOAGRO

LIGA DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE MANIZALEZ

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE HUILA

ANTIALCA – UNIVERSIDAD TADEO LOZANO

CUT BOGOTA-CUNDINAMARCA, HUILA

FUNDACIÓN ORIENTACIÓN ECOLÓGICA

FUNDACIÓN JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO CGTD

COMITÉ DISTRITAL DE VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIOS

SINUCOM-

COMITÉ ESTUDIANTIL DEL SENA

MESA DE TRABAJO DE SICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA

ASOCIACIÓN DE PROFESORES UDEA MEDELLIN

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS ILSA

PLATAFORMA COLOMBIANA DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y DESARROLLO

CONFEDERACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD COPSA

ORGANIZACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES, OCE

BRIGADAS ANTI IMPERIALISTAS

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

CORPORACIÓN REINICIAR –ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ.

TRIBUNA ROJA

REVISTA DESLINDE

PERIODICO VOZ

COLECTIVO PERIODICO DESDE ABAJO

CEDETRABAJO

CIRCULO DE PERIODISTAS DE CALI

COMITÉ DE ENLACE -UNI COLOMBIA

REVISTA REGENERACIÓN

NUEVA GACETA

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS:

PARTIDO LIBERAL

POLO DEMOCRATICO

MOVIMIENTO FRENTE SOCIAL Y POLITICO

PARTIDO UNIDAD DEMOCRATICA

MOVIMIENTO OBRERO INDEPENDIENTE REVOLUCIONARIO MOIR

PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA P.T.C.

MOVIMIENTO CIUDADANO

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

CORRIENTE SOCIAL FSP

MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO

COLECTIVO GUILLERMO MARIN

JUPA Juventud patriótica

JUCO Juventud comunista colombiana

AMILKAR ACOSTA Ex Senador de la República
FRANCISCO ROJAS BIRRY Senador de la República
JORGE ENRIQUE ROBLEDO Senador de la República
LUIS CARLOS AVELLANEDA Senador de la República
CARLOS GAVIRIA Senador de la República
BERNARDO HOYOS Senador de la República
JESÚS BERNAL Senador de la República
WILSON BORJA Representante a la Cámara
ALEXANDER LOPEZ Representante a la Cámara

LLAMAMIENTO A ENFRENTAR LA EMBESTIDA DEL GOBIERNO CONTRA ECOPETROL, LA CONVENCIÓN Y LA USO

Tras un año, el gobierno de Uribe se dispone ahora a darle remate a su implacable embestida contra los intereses de Ecopetrol y sus trabajadores. Previendo tal situación, ya en noviembre de 2002 la Asamblea Nacional de Delegados (AND) realizada en Fusagasugá, adoptó una resolución que rechazaba el contrapliego, la privatización, el tribunal de arbitramento y exigía el reintegro de los compañeros despedidos. En cumplimiento de ese mandato y siendo presidente de la Junta Directiva Nacional (JDN) el compañero Rodolfo Gutiérrez, el sindicato recurrió a las más variadas formas de lucha sindical dentro de la táctica de enfrentar con combativa firmeza las pretensiones del gobierno.

Pero desafortunadamente, el 14 de agosto la JDN y el 22 de ese mismo mes la AND, ambas por decisión mayoritaria, cambiaron ese curso de acción, argumentando que la falta de flexibilidad para presentar fórmulas había impedido que se concretaran acuerdos para solucionar el conflicto laboral. En comunicados públicos se descalificó la posición encabezada por el compañero Gutiérrez como “ilegítima” y carente de “unidad y liderazgo para sacar adelante el proceso de negociación”. Ignorando que en la táctica de lucha de los trabajadores hay cuestiones de principios y que la corrección de toda política partidista se juzga a partir de si sirve o no a los intereses de los trabajadores y la nación, se llegó a expresar que “se equivocan, quienes convierten en un problema de principios un asunto meramente táctico, y pretenden arrastrar al sindicato a su política partidista, de la cual no saldrá bien librado”. Con tales afirmaciones se propició el abandono de las tareas de organización y preparación de la huelga como el arma más eficaz para enfrentar la política antinacional y antiobrera de Uribe y su agente Yanovich, y se dio camino a las ilusiones en una negociación donde sólo el sindicato formula propuestas de solución, obteniendo como respuesta las reafirmaciones de chantaje y despojo por parte de los representantes de la administración y el gobierno.

Trascurridos tres meses desde la mencionada AND de agosto 22, el panorama para los derechos de los trabajadores y el destino de Ecopetrol presenta graves riesgos. La administración se mantiene recalcitrante en sus despropósitos: desmontar las actividades directas, para incrementar la modalidad de contratistas y despedir los temporales, acabar el escalafón e imponer una evaluación de desempeño, eliminar la estabilidad laboral, aplicar las desmejoras impuestas en la última reforma pensional, ley 797, y proceder a cobros en el servicio médico, prorrogar los contratos de asociación, asfixiar presupuestalmente a la empresa, continuar favoreciendo a las multinacionales y sostener los injustos despidos. Como si fuera poco, el ya integrado e instalado Tribunal de Arbitramento está preparando el laudo arbitral que en cualquier momento decidirá el conflicto laboral en contra de los trabajadores, configurándose así un hecho sin precedentes en la historia de la Unión Sindical Obrera (USO), como tampoco tiene antecedentes la adopción de una postura de resignación ante este nefasto mecanismo de arbitraje.

A través del presidente de la empresa, Isaac Yanovich, el gobierno de Álvaro Uribe determinó suspender el actual proceso de negociación, decisión notificada al sindicato el pasado miércoles 19 de noviembre. Con la convocación a audiencia que al mismo tiempo le hizo al sindicato el Tribunal de Arbitramento, quedó demostrado que éste viene procediendo en estrecha coordinación con la administración y el gobierno, alistándose para pasar del chantaje a la consumación de un certero golpe a los derechos de los trabajadores. No menos grave es que la expectativa sobre una solución al conflicto mediante la presentación de formulas de arreglo que desmejoran gravemente la convención, haya conducido a un estado de desmovilización de las bases y de impasibilidad de los dirigentes que terminó por socavar el respaldo y la solidaridad que se había captado en vastos sectores de la población. La situación es de verdad comprometida: el tribunal de arbitramento está procediendo, los gerentes aplican de hecho el contrapliego, se anuncia la prorroga de los contratos de asociación, se privatiza aceleradamente las actividades en los campos de producción y, para remate, las fuerzas militares se pasean con arbitraria prepotencia por todos los sitios de trabajo, hostigan permanentemente al sindicato y amenazan con darle un tratamiento fascista a las protestas que decida adelantar la USO.

En consecuencia, es urgente corregir mediante la definición de una posición de lucha la táctica aprobada por la AND en agosto y, asumiendo una vigorosa y sólida conducta unitaria, esforzarse por recuperar la organización, la disciplina y el ánimo combativo de las bases. Sólo así se podrá contar con la solidaridad del movimiento sindical y el pueblo que permita responder con la insustituible fuerza de las masas a semejante agresión.

No se podrá justificar en ningún sentido quedarse esperando el fallo del tribunal de arbitramento, ni recurrir a plantear más formulas de desmejoras de la convención colectiva con la esperanza en que el ministro Mejía y el presidente Uribe cambien la posición que sin cesar han esgrimido desde la iniciación del conflicto. Máxime cuando toda la arremetida sin precedentes contra Ecopetrol y la USO ha sido maquinada alevosamente por el gobierno con las multinacionales y organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La única alternativa es desarrollar una intensa actividad de explicación y persuasión entre los trabajadores a fin de retomar la postura de lucha que posibilite el desarrollo de una Huelga General en defensa de la convención del sindicato y de la empresa.

Este llamado de unidad y combate está motivado por un alto sentido de consecuencia con nuestra clase y con la patria. Nos anima el objetivo de alcanzar la necesaria unidad del sindicato alrededor de la lucha, fundamento de las mejores condiciones para el despliegue de la resistencia. Conscientes de las consecuencias negativas que acarreará no librar la batalla, estamos ofreciendo nuestro concurso para concretarla.

Las recientes derrotas sufridas por Uribe Vélez en su despropósito de imponer el Referendo y la agenda legislativa, así como la consolidación de la gran coalición democrática y de las organizaciones de lucha contra el ALCA y el Tratado Bilateral de Comercio, son hechos que contribuyen a recobrar la capacidad de movilización y lucha de los trabajadores como factor fundamental de la táctica. Sin duda, tal rumbo merecerá la solidaridad de vastos sectores de la sociedad colombiana que aprecian a la USO como un ariete en la lucha por la soberanía y la salvación nacionales.

Fraternalmente,

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA USO

RODOLFO GUTIERREZ NIÑO
GERARDO GARCIA
ROBERTO SCHMALBACH
DANILO SANCHEZ
FABIO DIAZ
MANUEL CORONADO
GERMAN OSMAN

Barrancabermeja, noviembre 27 de 2003