Categoría: Tribuna Roja Nº 97; septiembre 28 de 2004

Luis A. Villar, médico y profesor de la UIS

Han transcurrido diez años desde cuando se impuso una ley de supuesta cobertura universal en salud, que introdujo al capital financiero convirtiendo la salud en mercancía, eximió de su papel rector y de finan­ciamiento al Estado y, con la creación de los fondos de solidaridad trasladó esta última responsabilidad a los trabajadores. Los cálculos más bondadosos con el nuevo sistema estiman que 52% de la población no cuenta con ningún tipo de aseguramiento, muy a pesar de que el monto del dinero dedicado al sector no tiene antecedentes pues hoy está entre el 9% y el 11% del PIB.

En un intento por describir el panorama de la salud en Colombia, examinemos al menos cuatro aspectos que ponen al desnudo el balance negativo de la política neoliberal aplicada en la última década.

Deterioro de la salud pública

Aunque en los años noventa no estábamos bien, hoy todos los indicadores importantes señalan un retroceso en la calidad de la salud de los colombianos. Han aumentado significativamente los índices de cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las mentales y las transmisibles, entre otras.

En salud mental, mientras sólo existen mil cien siquiatras registrados en todo el país, y al tiempo que desapareció del Ministerio la División de Salud Mental, doce millones de colombianos padecen algún tipo de trastorno que requiere atención especializada. A lo cual se suma la más aguda crisis financiera y técnica de todos los centros de atención siquiátrica.

La tuberculosis, enfermedad secular­mente ligada a la desnutrición y la pobreza, se ha incrementado año tras año, aumentando la resistencia a los antibióticos en niveles alarmantes.

El más notorio de los retrocesos ha ocurrido en enfermedades transmisibles como sida, tuberculosis y las transmitidas por vectores (ETV) como la fiebre amarilla, el dengue y la malaria, enfermedades que han resurgido a niveles semejantes a los observados en la primera mitad del siglo XX.

Acaba de ocurrir el más grave brote de fiebre amarilla en los últimos cincuenta años, el más delicado de la última década en toda América. Esta epidemia dejó al descubierto la fragilidad de la salud pública nacional y la débil capacidad de respuesta del Estado. Hubo que importar vacunas del Brasil después de que fuimos por décadas un país exportador, y quedó al descubierto que solamente una mínima parte de la población expuesta, el 5%, estaba vacunada al inicio del brote. Durante la primera mitad del siglo pasado, la capacidad estatal superaba con creces a la actual, el Estado colombiano era proveedor de vacuna antia­marílica para el Continente y tenía el Servicio de Erradicación de la Malaria y Control de Vectores (SEM), institución que entrenaba personal de otros países y era visitada por su interés científico. La situación revela una alta susceptibilidad de la nación a sufrir epidemias y al empeoramiento de enfermedades crónicas como las cardio­vas­culares y el cánce
r.
Destrucción de la Red Hospitalaria

La Ley 100 obligó a los hospitales públicos a convertirse en Empresas Sociales del Estado y eliminó la financiación estatal a la oferta, dando paso al subsidio a la demanda para condenarlos a vender y facturar servicios. El efecto ha sido devastador para toda la Red Hospitalaria Pública, por la «cultura del no pago» del gobierno como responsable de la factura de los mal llamados «vinculados», que representan la mitad de la población, a pesar de que gran parte de los dineros para tal fin son recaudados del descuento obligatorio que se hace de los salarios de los trabajadores del Estado y de las rentas cedidas.

Además, los hospitales de pequeños y medianos municipios, muchos de ellos construidos con el esfuerzo de las propias comunidades, han sufrido un drástico recorte en la financiación del gobierno central.

En un hecho sin antecedentes en la historia del país, numerosos hospitales vienen siendo cerrados. Esto incluye grandes centros de atención para la población des­protegida como el San Juan de Dios y el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, de Bogotá, y los Hospitales Universitarios de Cartagena y de Caldas. Amenazan correr la misma suerte el Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga, el de Cúcuta, el de Popayán y el San Jorge de Pereira, entre una veintena de distintos departamentos.

Para finales del 2003 la deuda de la Nación a diecinueve hospitales públicos por la atención a los «vinculados», desplazados, subsidiados y de Fisalud, era de 663.570 millones de pesos. (El Tiempo, 22 de enero de 2004). En abril, a sólo ocho de los principales hospitales de tercer nivel, el Estado les adeudaba 535 mil millones de pesos (Ámbito Salud, periódico Legis, abril 28 de 2004). En febrero, a la Red Hospitalaria del Valle se le adeudaban 74 mil millones de pesos y al Ramón González Valencia de Bucaramanga, 55 mil millones de pesos.

Ante los reclamos de distintos sectores, el gobierno uribista responde que «los hospitales son empresas no rentables» y que toca cerrarlas, pero oculta que a esos hospitales les sobran «clientes» y que el responsable de financiarlos es el gobierno, que no paga.

La Contraloría ha denunciado que en TES y CDT existen 2,5 billones de pesos del Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías), captados de los salarios de los trabajadores estatales y con los cuales se podría saldar la deuda con los hospitales públicos, pero que están respaldando deuda pública con la banca internacional.

Aseguramiento, negocio del capital financiero

La Ley 100 ha sido un poderoso instrumento de enriquecimiento para el capital privado dedicado a la intermediación y al aseguramiento. Semana, al reseñar las cien empresas más grandes de Colombia, informa que se destacan Salud­coop, Coomeva, Colsánitas, Medici­na­Pre­pagada, Susalud y SaludTotal. Las cinco tuvieron ventas en 2003 por 2,02 billones de pesos, de los cuales solo Saludcoop facturó 1,3 billones, superando los ingresos operacionales de Bancolombia, el primer banco del país, que solo alcanzó1,17 billones.

En una década Saludcoop pasó de 2.500 millones de pesos en activos a 237 mil millones. Y es ahora una de las veinte empresas más grandes del país y la tercera en número de empleados después de Almacenes Éxito.

La conversión de la salud en mercancía convirtió el aseguramiento en un gran negocio, al punto que las decisiones médicas se orientan ahora por la necesidad de las EPS y ARS de buscar rentabilidad y ganancia para sus accionistas. Bajo las acciones auspiciadas por un grupo de quinta­columnistas del sector privado que desde adentro velaron por reducir la capacidad operativa y técnica del ISS, sabotearon la afiliación de nuevos usuarios y previnieron negativamente a la población que ingresaba al ISS, todo ello para fortalecer las EPS privadas.

Afectado gravemente el Seguro, principal regulador de los intereses privados en el sector salud, se registró la permisibilidad gubernamental para que las EPS privadas emerjan como trusts, mediante el llamado «crecimiento vertical», que no es otra cosa que la conformación de monopolios. Estas empresas de salud se venden a sí mismas la atención en clínicas propias, aspiran a crear sus propias empresas de empaques de medicamentos y a contar con sus facultades de medicina para la formación del recurso humano ajustado a sus propias necesidades de contención de costos.

Con la creación de las siete ESE del ISS parece haberse planeado la estocada final contra el Instituto. Estas deben facturar lo necesario para sostener los gastos de funcionamiento en cada región del país en una situación en la cual han disminuido los afiliados, y por ende los ingresos.

Las ARS también se han convertido en parte del monopolio de las EPS. El gobierno nacional, a partir del decreto 1804 de 1999, fijó como requisitos para administrar el régimen subsidiado tener 200 mil afiliados (50 mil en algunos casos excepcionales) y acreditar un patrimonio mínimo de diez mil salarios mínimos mensuales. Así, las ARS pasaron de ser 275 en 1999 a 41 en junio de 2001, aumentando a su vez la participación de las EPS dentro del total de ARS y eliminando casi totalmente a las ESS (Empresas Solidarias de Salud), que en muchos casos eran superiores en la calidad y pertinencia de los servicios prestados.

El gobierno les pagó a las ARS para que atendiera a 7.500.000 personas, y solamente atendieron a menos de la mitad. Como consecuencia, en 1996, las ARS se embol­sillaron el 56,58% de los recursos de la salud como gastos de administración. Para 1998, la cifra alcanzó al 40%. Es tanta la aberración que el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Social, Cnsss, definió que del presupuesto que les entreguen los entes territoriales, deben gastar en atención como mínimo el 75%. Cosa que tampoco se cumple. Son conocidas también las denuncias de los hospitales porque las ARS y las EPS les niegan el pago de las cuentas o las demoran varios meses, incluso años.

Desmejoramiento de las condiciones laborales

En asocio con los funcionarios del gobierno uribista, las EPS privadas han intentado hacer aprobar en el Congreso de la República un proyecto de ley que abra las puertas a la graduación de profesionales de la salud sin el concurso de una universidad, y contar con escuelas de formación en la que los egresados se ajusten a la concepción de una prestación del servicio de salud basada en la rentabilidad. Con iguales propósitos, el gobierno ha presentado nuevamente al Congreso su proyecto de ley, identificado con el número 226, anexándole las correspondientes adecuaciones al manejo del recurso humano dentro del TLC.

Paralelo al proceso de arrasamiento de la salud pública y de la Red Hospitalaria, el gobierno ha insistido en echarles la culpa de la crisis a los trabajadores, para lo cual ha suprimido los derechos de asociación y contratación. Igualmente el efecto sobre las remuneraciones y derechos de los profesionales ha sido devastador. Se han destruido las bases del profesionalismo, eliminando el acceso a la actualización en el conocimiento, suprimiendo la autonomía para la toma de decisiones en desmedro de la calidad de la atención, disminuido el tiempo de atención a los pacientes y recortado los medicamentos prescritos y las pruebas de diagnóstico.

Reforma uribista a la Ley 100, más de lo mismo

Ante la grave situación del sistema de salud del país, el gobierno nacional propone soluciones con más de la misma política. En el proyecto de ley presentado, mientras aumentan los recursos para fortalecer el sistema de aseguramiento favoreciendo el monopolio de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, se reducen drás­ticamente los recursos para la financiación de los hospitales. A la vez se les exigen nuevos ajustes de las plantas de personal y contratación a destajo de los trabajadores, y se sientan las condiciones para liquidarlos ante la imposibilidad de ser autosos­tenibles después de los procesos de ajuste.

El mencionado proyecto es aprovechado por el gobierno para evadir el pago de las deudas por paripassu (un peso del gobierno por cada peso aportado por los trabajadores) y por la atención a vinculados en los once años de aplicación de Ley 100, reducir en un 60% la pingüe financiación de la atención de la población no asegurada a través del SGP. Quienes no logren acceder a los carnés de las EPS, dejarán de existir para el sistema de salud.

Convocamos a conformar el más amplio frente para derogar la nefasta Ley 100, eliminar la intermediación financiera en la salud, lograr la financiación estatal de la red pública hospitalaria y el respeto a los derechos de los trabajadores y profesionales de este sector.

Con 160 delegados de quince municipios del departamento y nueve organizaciones del sector agrario, la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, capítulo Caldas, celebró el pasado 06 de septiembre en la ciudad de Manizales su Primer Congreso Departamental Agrario «El agro caldense frente al ALCA y al TLC», para analizar los efectos de los tratados del libre comercio con los Estados Unidos, en la agricultura de Caldas.

El acto contó con la participación de Jorge Enrique Robledo, senador de la República; Aurelio Suárez, presidente de Unidad Cafetera Nacional y director Ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria; Pedro Nel Camargo, presidente de Unidad Panelera Nacional y Óscar Gutiérrez, diputado a la Asamblea de Caldas. El presidente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, Ángel María Caballero, envió un mensaje de respaldo a la lucha de los agricultores cal­denses. Asistieron representantes de las siguientes organizaciones: Unidad Cafetera de 15 municipios de Caldas; Unidad Pane­lera; la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, de varios municipios; la Cooperativa de Paneleros de Filadelfia; miembros de varios Comités Municipales de Cafeteros; el Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros, Chinchiná; la Asociación de Productores Indígenas y Campesinos, Asproinca, de Rio­sucio; el Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec; los resguardos indígenas de La Montaña y San Lorenzo; varios concejales de Supía y Riosucio. Es de destacar la presencia de estudiantes y profesores de las universidades de Caldas, Nacional y de Manizales.

Instalado por Jesús Antonio Díaz Corrales, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria de Caldas, el Congreso hizo énfasis en la necesidad de la movilización para derrotar el ALCA y el TLC. Por eso acordó, como tarea central, trabajar con decisión para lograr una gran participación del sector agrario caldense en el Paro del 12 de octubre.

Finalmente, se nombró el Comité Coordinador de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, capítulo Caldas, el cual quedó integrado por Álvaro Botero, de Neira; José Ayala, de Filadelfia; Gonzaga Gómez, de Aranzazu; Leonardo Gañán, de Riosucio; Jesús Moreno, de Belálcazar; Lázaro Grajales y José Alberto Orozco, de Aguadas; Fernel Amaya, de Salamina; Rogelio Restrepo, de Risaralda; Alcides Giraldo, de Manizales y un representante de Asproinca.

Miles de arroceros de los distritos de riego del Tolima y el Huila, dirigentes de decenas de municipios, alcaldes, concejales y diputados, transportadores, comerciantes y trabajadores agrícolas de la zona, organizaciones sociales y sindicales de los departamentos de Tolima y Huila y los afiliados a la Asociacion Nacional por la Salvación Agropecuaria, encabezados por Ángel María Caballero y Aurelio Suárez, presidente y director ejecutivo de dicha organización, se dieron cita en El Espinal, el 20 de agosto, con tractores y maquinaria agrícola, camio­nes, camionetas y camperos, para expresar su enérrgica protesta contra los bajos precios, el alto costo en los insumos, la incertidumbre que han generado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, TLC, y, en general, contra las erráticas políticas del gobierno nacional que tienen en graves dificultades a los productores de la región.

El gobierno de Uribe Vélez, además de los daños que ha causado a la producción agrícola durante todos estos años con la aplicación de su política de apertura, aprobó nuevamente importaciones masivas de arroz, venidas de Tailandia, Venezuela y Estados Unidos, las cuales han deprimido los precios de compra de la cosecha arro­cera. Las empresas industriales y comerciales comprometidas en estas compras externas están haciendo inmensas ganancias mientras los arroceros pierden rentabilidad hasta el punto de tener que abandonar sus siembras ante esas políticas oficiales que hacia fuera propalan «que todo se está arreglando» pero que en la práctica lo que se encuentra es que «todo sigue peor».

Las desastrosas condiciones que padece el cultivo nacional del arroz tienden a agravarse ante el aviso de las grandes firmas de molinería de reducir todavía más los precios de adquisición de este cereal, tan importante para la alimentación de nuestro pueblo.

En efecto, como consecuencia de las importaciones de cerca de 200 mil toneladas provenientes de Tailandia y Venezuela, autorizadas por el gobierno al amparo de la implantación del Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecua­rios, los precios de compra de la cosecha de este cereal para los productores de los departamentos de Tolima y Huila se han fijado en niveles de ruina. Lo recibido ahora oscila entre $70.000 y $73.000 por una carga de arroz paddy verde, lo cual es inferior a lo que se percibió en marzo de 2003, hace 18 meses. Esto resulta catastrófico para una región que produce 57% del arroz que consumen todos los colombianos, en un renglón que en el mismo lapso ha visto subir en 25% los costos de los principa­les insumos de producción.

Y no han sido atendidos los reclamos que las distintas organizaciones gremiales del sector han elevado al gobierno para que mediante el uso de mecanismos concertados conjure esta situación; por el contrario, se persiste en mantener la indefensión de los agricultores frente a la gran industria molinera. La presente coyuntura tiene como agravante que el gobierno del presidente Uribe está negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos y es manifiesto el interés de dicho país por introducir masivamente a Colombia sus productos agrícolas, subsidiados con multimillonarios recursos estatales.

El presente debilitamiento de la agricultura nacional, ocurrido ante la indolencia oficial, permite presagiar peores males para el cercano futuro de llegarse a concretar el acuerdo comercial con Norteamérica. En las negociaciones de Lima se entregó el sector arrocero, que fue ubicado en la canasta D, pues prácticamente quedó decretada su muerte a diez años, los cuales están a la vuelta de la esquina. Y según las posiciones de Hernando José Gómez, jefe del equipo negociador colombiano, esto es una gran cosa.

Lo anterior va a generar un caos sin precedentes en el sector agropecuario, ya que además del arroz fueron entregados en las diferentes ofertas otros productos agrícolas en las canastas A, B y C, a menos de diez años Como si fuera poco, los negociadores por nuestro país están en plan de entregar las franjas de precios a cambio de que Estados Unidos les escoja un nuevo mecanismo de protección («Que nos salven los que nos emboscan»). Desde luego, para organizaciones como la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria esto no se puede aceptar y, en cambio, debe exigirse que el arroz y todos los productos que sean subsi­dia­dos por estados Unidos queden excluidos del cualquier pacto de libre comercio.

Los arroceros tolimenses y huilenses que en forma patriótica adelantaron esta jornada han ido entendiendo que éstas son sólo las primeras tareas para contener las pretensiones estadounidenses de tomarse el mercado colombiano del arroz mediante la suscripción del tratado de libre comercio (TLC) con Colombia. El 20 de agosto pasado, se declaró a los arroceros en estado de alerta.

El senador del MOIR y de Alternativa Democrática, Jorge Enrique Robledo, estuvo presente en la marcha y respaldó la movilización, orientada a protestar por la quiebra del sector arrocero, el cual vio deprimido el precio en 70 mil pesos antes de aparecer el grueso de la cosecha. Jorge Enrique Robledo hizo un especial llamado a los cultivadores para que participen activamente en las próximas jornadas contra la reelección uribista y las imposiciones del gobierno norteamericano, especialmente en la prevista para el 12 de octubre, de carácter continental, y convocó a las fuerzas vivas del Tolima y demás departamentos afectados y a la población en general a apoyar solidariamente a sus productores de arroz, de cuyo bienestar depende en buena medida la estabilidad económica y social de la región.

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el homenaje a Francisco Mosquera Sánchez, en el acto de conmemoración de los diez años de su fallecimiento, celebrado en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, el 25 de agosto

Jorge Enrique Robledo

Compañero Héctor Valencia, secretario general del MOIR, y demás compañeros de nuestro Partido,
Doctor Jaime Piedrahita Cardona, compañero infa­tigable de Francisco Mosquera en aquellas épocas del Frente por la Uni­dad del Pueblo, FUP, alianza política de la que usted fuera candidato presi­dencial,
Compañeros de Alternativa Demo­crática,
Amigos de otros sectores políticos, centrales obreras y organi­zaciones sociales, cuya presencia esta noche agradece­mos de manera especial.

Conmemoramos diez años de la muerte de Francisco Mosquera, el inolvidable fundador del MOIR. Y hemos querido hacerlo no solo con los militantes de nuestro Partido sino con amigos de otros sectores para enfatizar que la unidad de los patriotas de nuestra nación fue uno de los grandes desvelos de Mosquera, propósito al que le dedicaré estas líneas.

Como es obvio, todo sector político con vocación de poder se propone unificar el más amplio espectro de voluntades en pos de dirigir el Estado. Y si esto es cierto para quienes, como en Colombia, controlan el país desde hace décadas, qué diremos los que, también desde hace tiempos, pugnamos por sustituirlos.

Hasta aquí el lugar común de todos quienes hacemos política en Colombia. Porque en lo que tiene que ver con la pregunta de ¿para qué el poder?, en nada coincidimos con Álvaro Uribe Vélez, y menos ahora que enfrentamos su propósito de reelegirse. Porque mientras la jefatura uribista quiere el mando para seguir disfrutando del modelo económico y social imperante que empobrece a casi todos, los auténticos demócratas lo queremos para construir una patria soberana, libre, independiente y próspera.

Analizando el problema de la unidad, con toda paciencia explicó Mos­quera dos realidades que hoy son evidentes, pero que en ese entonces se requería de la capacidad de estudio y análisis de ese colombiano genial para verlas, comprenderlas y actuar en consecuencia.

Me refiero, primero, a que la causa principal de los problemas del país eran unas relaciones con Estados Unidos que nos arrebataban a los colombianos hasta la capacidad para crear riqueza, el primer requisito que debe ganar cualquier nación que quiera avanzar por la senda del progreso y el bienestar. Y segundo, que esa contradicción entre los intereses nacionales y los extranjeros sometía a los sectores populares a la pobreza y la miseria, pero generaba también contradicciones con las capas medias y hasta con los productores que pugnaban por hacer ganancias por fuera de la intermediación parasitaria, lo que permitía proponer una unidad nacional tan amplia como amplios eran los sectores afectados.

Ya no hay persona ilustrada que pueda negar ese antagonismo de casi toda la nación colombiana con el imperialismo estadounidense, dadas las muchas evidencias al respecto, en buena medida porque el neoliberalismo empujó a Colombia a la peor crisis de su historia, la que se profundizará si imponen el Alca y el TLC con Estados Unidos, pactos diseñados para acabar de arrebatarnos el derecho soberano a decidir sobre nuestros asuntos, el bien más preciado de cualquier nación.

Así, nadie propuso una unidad más amplia para transformar a Colombia que la que propuso Mosquera, unidad que por supuesto no incluye solo a las distintas clases sociales susceptibles de pertenecer a ella, sino a las diferentes organizaciones políticas que las representan. Pero unidad para la transformación del país, agregó el fundador del MOIR, porque carecía de sentido hacerla con el propósito de consolidar las causas que generaban los problemas nacionales.

Hoy por hoy, entonces, sería una necedad unirnos estimulados por las medidas del uribismo, pero que a la hora de definir la propuesta para enfrentarlo decidiéramos que, dadas las dificultades del objetivo, es mejor continuar con las mismas orientaciones que imposibilitan el progreso de los colombianos. Se cae de su peso que en política nadie alcanza una victoria más pírrica que la de quien, para ganar, decide asumir como suyos los intereses de su antagonista.

Seamos más específicos. Esa amplia unidad no puede evadir responder a preguntas tales como: si el conti­nuis­mo uribista significa el sometimiento al FMI y menos soberanía para los colombianos, ¿qué debe proponer el frente unitario que se le oponga? Si este pretende seguir golpeando el empleo, los salarios y las pensiones, así como aumentar el IVA y encarecer aún más las tarifas de los servicios públicos, ¿qué decimos nosotros? Si del lado de allá quieren mantener y profundizar las privatizaciones, ¿qué planteamos del lado de acá? Si los neoliberales insisten en reemplazar la producción nacional por la foránea y en desna­cionalizar aún más la propiedad en el país, ¿con qué les respondemos? Si ellos están por el Alca y el TLC, ¿nosotros también? Si como un desarrollo natural del mayor peso del monopolio económico ellos van tras eliminar los aspectos políticos democráticos que quedaron en la Constitución de 1991, para que esta sea absolutamente neoliberal, ¿nosotros qué planteamos? Si ellos pugnan por desconocer las garantías ciudadanas y por acabar de arrebatarles a los trabajadores sus derechos democráticos, ¿los respaldamos en ese atropello? ¡Por supuesto que no!

Ante el agua que hace el barco neo­liberal, no seamos los capitanes de fórmulas que aplacen el inevitable naufragio. Al contrario, contribuyamos decididamente para su hundimiento. Y el proceso unitario que se requiere, empecémoslo diseñando los planos del nuevo buque que necesita la nación colombiana para poder navegar con buen viento y buena mar.

Intervención de Héctor Valencia, secretario general del MOIR, al conmemorar los diez años del fallecimiento de Francisco Mosquera, el 25 de agosto en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

Al conmemorar a Francisco Mosquera, los integrantes del MOIR que él erigió afrontamos dos riesgos. Primero, que nuestro gran respeto por su trayectoria vital aparezca como una actitud que atañe meramente a nuestra intimidad política y, segundo, que nuestro afán porque sus ideas permanezcan vivas pueda insinuarse como intransigencia que, paradójicamente, las embalsa­marían. Pero no pocas veces para salir de un riesgo hay que correr otro, cual sería abusar esta noche de su deferencia al acompañarnos, expresando unas sucintas observaciones en torno al conmemorable.

Es cierto que su pensar y su hacer se rigió por las categorías filosóficas y sociales del marxismo, por lo que es natural que las cualidades que labró desde su juventud, justipreciadas no sólo por nosotros sus adictos, sino por sus amigos y hasta por contradictores sensatos, no se puedan explicar desligadas de sus lides políticas. Tal caracterización revela que Francisco Mosquera poseía el valor, siempre tan indispensable, de ser consecuente con su pensamiento. Entereza más encomiable aun cuando el rasgo distintivo de ese pensamiento era la universalidad. De allí que despreciase la estrechez de miras y la mediocridad y le repugnaran las sectas y los sectadores.

Si bien era conocida su dedicación y rigurosidad en el estudio de los textos clásicos marxistas, sólo unos cuantos de sus allegados sabían de su entusiasmo por la buena literatura tanto nacional como mundial, y en especial la fruición, no exenta de deslumbramiento, con que leía las novelas de autores como Fielding y Scott, Tolstoi y Balzac, London y Steinbeck; su ferviente inte­rés por los hallazgos e investigaciones de antropólogos modernos como Leakey y Johanson; el brío con que se adentró de la mano de Suetonio y Mommsen en el examen de la historia de Roma y también en la del Continente americano, apoyado en los aportes de Germán Arciniegas, en fin, su gran respeto por los hombres de ciencia norteamericanos cuando exploraba, como si emprendiese una einsteiniana aventura del pensamiento, los vertiginosos avances en la física, la química y la biología.

Pero al abordar estos campos de la creación artística y la experimentación científica, al igual que el de la política, la cual analizaba como una ciencia y practicaba como una pasión, Mosquera nunca fue un diletante. No se lo permitía, ni el respeto hacia los trabajadores, ya que para ellos cultivaba su espíritu, ni la primacía y alta estima que le asignaba a la defensa e impulso de sus supremos intereses.

A partir de su muerte, a la que Mosquera le daba gran importancia por ser un fenómeno que sella y define el valor de la vida, su obra quedó sometida a que sea su confrontación con los hechos sociales lo que vaya revelando su enjundiosa dimensión. De manera irresistible, la verdad contenida en ella simplemente reclama la posibilidad de aflorar.

Pero mientras las surgentes realidades van facilitando a las gentes la histórica escarda que les permita aprehender y atesorar los conceptos de Mosquera, estos están expuestos a ser negados o desvirtuados sin que él ya pueda ni debatir ni elegir. Es obvio entonces que le corresponda al MOIR su divulgación y desarrollo, sin ampu­­­­tarlos de su concreto contexto político, para que en el vórtice de las contradicciones sociales, que son su elemento, puedan prevalecer.

Ni profeta ni adivino, pero sí clarividente, Mosquera plasmó en sus escritos criterios que tienen vigencia en el período histórico que estamos viviendo, en razón de que este, caracterizado por la globalización neoliberal que impone Estados Unidos, es el mismo que en sus inicios él analizó. Creemos que su carácter orientador rebasa los confines políticos del MOIR y es más que necesario en esta hora cuando nuestra nación ha sido llevada a una encrucijada que no tiene precedentes; cuando el futuro bajo el neoliberalismo al que nos invitó César Gaviria hace casi tres lustros se ha probado como una celada para impedir que tengamos alguno; cuando en su avaricia la aristocracia financiera internacional y, en su grado y medida la doméstica, promueven a través de sus instrumentos de poder, empezando por los estatales, el recurso a acciones y expedientes de absolutismo e intolerancia que la civilización había arrojado a la cloaca de la historia; cuando en Colombia desde la presidencia se sirve con avivamiento y férvida manía a esos designios y se utilizan a discreción algunos de esos medios y, por contera, se amenaza con prolongar su ejercicio.

Al respecto, no es de extrañar que esto se proponga con la insolencia grotesca que adopta el engaño, pues responde a una inveterada estratagema: causarle estupor a un considerable sector de la población enfatizando las asechanzas de la enrevesada violencia y el terrorismo, a fin de someterlo a la que es quizás la peor forma del absolutismo, la de aquel que no es percibido como tal.

Para que no se caiga en ese estupor y se reconozca la rampante mano dictatorial de Uribe Vélez, urge, al estilo de la posición y lenguaje exentos de equívocos de Mosquera, establecer una definición integra y nítida de las causas y los causantes de una situación que se mueve entre lo dramático y lo trágico. No por dejar de designar a las cosas y los fenómenos por su nombre, como les interesa a quienes hoy tienen lo que en la Antigüedad llamaban la bolsa y la espada, y como les encanta a otros por desavi­sados, estos cambian de naturaleza o pierden sus categorías.

Digamos pues a los cuatro vientos que coadyuvando a la recolonización del país por parte del imperialismo de Estados Unidos, en Colombia se está implantando una política antinacional y antidemocrática y que para ello se desarrolla desde el Estado, promovida por la cúpula financiera, una implacable lucha de clases contra la casi totalidad de la población.

Denunciemos que las muertes y el grave deterioro humano que hora por hora causan entre capas enteras de colombianos la aplicación de esa política, son semejantes al de un genocidio. Y que, sin miramientos, Álvaro Uribe y su séquito parlamentario les imprimen a esas disposiciones fuerza legal con diligente devoción, cual si fueran ofrendas votivas a los intereses imperiales de Washington.

No obstante que prominentes aspectos de esa situación aparecen registrados de manera recurrente en documentos de organismos tanto nacionales como internacionales, la política neoliberal que la engendra y ahonda, la misma que Uribe quiere prolongar con su reelección, se sigue presentando, en otra astucia más, como la solución.

Es claro que como respuesta a las pretensiones de consolidar tan nefasta política, no es consecuente ni serio proponerles a los vastos sectores que la padecen que transiten un camino de dilaciones. Ni se les puede honestamente plantear que se atengan a posibles cambios insustanciales bajo sucedáneas administraciones que, lejos de remediar sus males, ni siquiera conducen a que todo siga igual, como lo soñaba el discreto y acomodaticio personaje ideado por Lampedusa, sino a una más aciaga prolongación del abrumador statu quo.

Una respuesta certera debe considerar la indispensable unidad entre las fuerzas opuestas al conjunto de la política impe­rante. Mas esta unidad, superando lo coyuntural, debe contar con un programa político que consigne como puntos mínimos la salvaguarda de la soberanía económica y política, la protección del trabajo nacional y las reivindicaciones laborales, la defensa de la producción nacional y la ampliación de las libertades, derechos y opciones democráticas. Sobre estos postulados básicos, que corresponden a una izquierda sin ambages, estamos seguros de que tenemos con ustedes y con los colombianos en quienes alienta un espíritu democrático y patriótico, así como con las organizaciones políticas y sociales que los representan, una gran semejanza que prima sobre las naturales diferencias.

En la perspectiva de la defensa de nuestra soberanía, el desarrollo de nuestras fuerzas productivas y el progreso político, social y cultural de nuestra nación, el MOIR, cual fue la enseñanza de Francisco Mosquera, se aliará con quienes compartan tales postulados, sin excluir a nadie. Así, su mensaje, que es el nuestro, presidirá no sólo esta conmemoración sino las luchas en lo por venir.

Muchas gracias por su asistencia y por escucharnos.

Discurso pronunciado por Héctor Valencia, secretario general de MOIR, el 1º. de agosto de 2004, en el Cementerio Central de Bogotá, en el acto de conmemoración al cumplirse una década de su muerte

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

Expresamos fraternales agradecimientos a quienes en estos días, motivados por su hones­tidad intelectual o política, han manifestado palabras elogiosas sobre Francisco Mosquera o han celebrado actos en su recordación.

Hoy, al conmemorar los diez años de la muerte del camarada Mosquera, los militantes del MOIR no nos congregamos para un rito luctuoso. Simplemente, damos alegre testimonio de que la perseverancia en tenerlo como paradigma de nuestro Partido y nuestra clase y en guiarnos por su obra en nuestras tareas políticas, nos ha permitido conservar el rumbo revolucionario.

Francisco Mosquera no estuvo de acuerdo a ninguna hora de su existencia con las situaciones económicas, sociales y políticas prevalecientes. Abominar de ellas, encarnando el sentir de las grandes masas de trabajadores y oprimidos, fue el principio de su formidable saber, la base desde la cual formuló la crítica política más enjun­diosa que se ha realizado en nuestra nación. Sin vana soberbia, y aplicado, se guió por las universales enseñanzas de esclarecidos maestros del proletariado como Marx, Lenin y Mao Tsetung para investigar y estudiar, hasta desvelarlas, las particularidades en Colombia de la gran lucha de clases que se libra a escala internacional y en medio de la cual avanza la humanidad.

Como se sabe, no existen cualidades, sino hombres con cualidades. Y las que atesoraba Mosquera le imprimieron una cimera dimensión humana. La mayor, quizás, era el valor para que su crítica, rigurosamente científica, fuese altamente subversiva de las ideas y costumbres predominantes, y para que, en armonía con ella, su práctica política abriese brechas y erigiese hitos para la radical y definitiva transformación de la sociedad.

Advertidos por el marxismo de que una cosa son las frases y figuraciones de los partidos, lo que ellos se imaginan ser, y otra lo que en realidad son, con prudencia no exenta de firmeza enunciemos algunos rasgos y hechos actuales del MOIR.

Como Mosquera recomendaba, no hemos perdido la dignidad, es decir, la lealtad con los principios y la seriedad en su aplicación; ni el humor, es decir, el optimismo revolucionario en medio de los ardores de la intrincada lucha.

El MOIR no les teme a las contradicciones internas, reconoce que su presencia objetiva aviva un organismo político como el nuestro y las utiliza para compactar su organización y acrisolar su política. Y cuando alguna de esas contradicciones se torna antagónica porque uno de sus aspectos representa una tendencia oportunista, de derecha o de «izquierda», hemos librado con decisión, como lo hicimos antes bajo la dirección de Mosquera, la indispensable lucha interna.

En la historia es frecuente que al morir los jefes revolucionarios se invoque su nombre y el de su partido para proceder a sacar sus conceptos, sin renegar abiertamente de ellos, del contexto histórico y político en que son realmente aplicables, con la intención de acomodarlos a desviaciones o impasibles abandonos de la revolución. Ante tales astucias, es necesario que los cuadros y militantes entren a la liza, interna o externa, pertrechados con las posiciones e ideas de su fallecido líder.

Para enfrentar la política neoliberal y de recolonización del país por parte de Estados Unidos, Mosquera propuso la resistencia civil. Hoy a esta, cuando precisamente esa política se intensifica, dos tendencias la socavan. Por un lado, la apocada renuencia a presentar batalla, la manía a concertar y reconciliarse con los enemigos de manera tanto disimulada como abierta. El hecho es que la intervención imperialista norteamericana y el absolutismo dictatorial de Uribe presentan un desafío ante el cual surge a diario el dilema entre luchar o entregarse sin hacerlo. Optar por la movilización y la lucha, como lo prueban las diversas batallas obreras y populares que se han venido dando, posee, más allá de los reveses, detrimentos y golpes que se puedan recibir, la importancia fundamental de infundir moral a los trabajadores y a las capas populares. Una clase trabajadora y un pueblo desmoralizados ofrecen al imperialismo y la reacción la condición ideal para aplicar a rajatabla el neoliberalismo y consumar la recolo­ni­zación del país. De allí que, a falta de ánimo en las masas, lo primordial de toda táctica política sea lo dirigido a despertarlas. Y nada más estimulante y aleccionador que la misma lucha. Adquiere entonces un inmenso significado cada uno de los actos de oposición y resistencia que han venido librando diversos sectores populares y sus organizaciones en avanzada: tomas, mítines, bloqueos, manifestaciones, huelgas y paros.

Por otro lado, aparece la lucha equivocada que, sin tomar en cuenta las condiciones económicas y políticas del país, no distingue bien entre amigos y enemigos en la actual etapa histórica en la que el blanco principal es el imperialismo de los Estados Unidos, cuya aliada principal es la oligarquía financiera colombiana. Al hecho de saltarse esta etapa, que tiene como meta la conquista de la soberanía y una democracia de nuevo tipo, se suma la carencia de una línea de masas. Ya hace más de un siglo, como señalaba Engels, pasó la época de los ataques lanzados por pequeñas minorías a la cabeza de las masas inconscientes. Lo por resolver es que las masas, si se trata de la revolución, participen directamente en la lucha y, luego de un largo aprendizaje, comprendan por sí mismas por qué dan su sangre y su vida. Para rematar la equivocación, se recurre a métodos no admitidos por las masas, ni por la revolución, en ninguna parte del mundo. Sobre todos estos asuntos la crítica de Mosquera no dejó piedra sobre piedra.

Para desarrollar la consigna de despliegue de la resistencia civil, la última que formuló Mosquera y que sigue vigente, pues continuamos en el período histórico de imposición del neoliberalismo y de la llamada globalización norteamericana, hemos centrado esfuerzos en afinar nuestra táctica de unidad y combate. La actividad práctica que a ella corresponde, distingue hoy a los moiristas del resto de fuerzas políticas. Esa distinción crea al mismo tiempo las condiciones de claridad y seriedad requeridas para emprender la formación del frente único antiimperialista.

A resistir hemos llamado a todas las clases y sectores de clase que precisan de la soberanía como condición sine qua non para el desarrollo del trabajo y la producción nacionales, es decir, de las fuerzas productivas en Colombia. Con tal fin, hemos buscado alianzas y acuerdos con las organizaciones, partidos y movimientos de la pequeña burguesía y la burguesía nacional de la ciudad y el campo. Partimos de que las contradicciones entre las clases y sectores de clase que ellos representan y el proletariado no son antagónicas. Y al encontrar las oscilaciones de muchas de ellos entre la resistencia civil y la pasividad o el recurso a métodos de lucha erróneos, hacemos las concesiones necesarias a aquellos que en los hechos revelan predisposición a la resistencia y combatimos a quienes se inclinan a desecharla o anarquizarla. En fin, buscamos entre ellos al aliado de masas aunque este, como decía Lenin, sea temporal, vacilante, inestable, poco seguro, condicional. Parafraseándolo, quien no entienda la táctica aquí envuelta no entiende nada de marxismo, ni lo que es la línea política del MOIR cuyos fundamentos instauró Mosquera.

Como parte integral de la resistencia, hemos convertido nuestra participación en las justas electorales en campañas para llamar directamente a los diversos sectores de masas a ponerse en pie y sumarse a la lucha antiimperialista. Cuando, como fruto de esas campañas, logramos algún escaño en el Congreso, como el conquistado por el compañero Jorge Enrique Robledo luego de que erradicáramos el cretinismo parlamentario que asomó en nuestras filas, lo utilizamos para debatir, denunciar y educar sobre los problemas nacionales y de las masas. En especial, la labor del compañero Robledo durante los últimos dos años, dentro y fuera del Senado, ha esclarecido a un ingente número de colombianos las razones y fines de la resistencia civil, ha ganado amplia ascendencia entre ellos y constituye, en sí misma, una formidable lección sobre cómo deben librar la lucha parlamentaria los adalides de los intereses nacionales y populares.

Hemos buscado acuerdos con las organizaciones democráticas y patriotas de América Latina para que mediante actos y movilizaciones conjuntos contra la intervención norteamericana y la punta de lanza de su política neoliberal, el ALCA y los Tratados de Libre Comercio, se aligere el paso en la larga marcha de sus pueblos hacia la conquista de la soberanía.

Hemos salido al frente de los obreros, campesinos y gentes laboriosas en contra de la cascada de medidas antiobreras, antipopulares, antidemocráticas y antinacio­nales del gobierno absolutista de Uribe.

Camaradas: múltiples y complejas son las tareas que nos destinó Francisco Mosque­ra para servir al pueblo. Con su sabia visión de que se cumplieran, armó ideológica y políticamente al MOIR con principios proletarios. Al asumirlas, sus militantes y cuadros continuamos la forja de la histórica causa que alentó su vida.

¡Memoria perdurable a nuestro fundador y líder ideológico, camarada Francisco Mosquera!

Enrique Daza Gamba

A finales de julio en Quito se llevó a cabo el Foro Social de las Américas. Allí fueron debatidos diversos temas, la mayoría sobre el impacto de los Tratados de Libre Comercio contra la población americana.. Estos tratados fueron condenados por sus efectos adversos sobre la soberanía nacional y los mercados internos. En su declaración final, los dirigentes de la Campaña Continental contra el ALCA sostuvieron que «hoy la lucha contra el ALCA pasa por la derrota del tratado entre Estados Unidos y Centro­américa y el TLC andino», consideraron que los Tratados de Libre Comercio constituyen una pieza fundamental del engranaje del gobierno de Estados Unidos para controlar todo el continente y llamaron a una jornada continental de protesta el próximo 12 de octubre.

En el marco del Foro Social también se reunieron los representantes de organizaciones sociales de la región andina con el propósito de coordinar sus luchas y examinaron la gravedad del tratado que se está negociando, recomendaron fuertes moviliza­ciones de protesta en las fechas en que se hagan las rondas de negociación. A este llamamiento adhirieron las principales organizaciones populares de la región: Conaie, Confeunasc y Ceols de Ecuador; la CUT, Asociación Nacional por la Salvación Agrope­cuaria y la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, de Colombia; la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores, de Venezuela; la CGTP de Perú, y las principales organizaciones indígenas, campesinas y sindicales de Bolivia, y decenas de organizaciones regionales más.

Simultáneamente, más de treinta parlamentarios de América Latina, con el senador Jorge Enrique Robledo como único representante de Colombia, hicieron un fuerte pronunciamiento que resalta la necesidad de defender las soberanías nacionales y el bienestar de los pueblos ante la amenaza planteada por estos tratados. Dirigentes de Recalca participaron activamente en todas estas decisiones, expusieron los problemas particulares de Colombia y rechazaron la decisión gubernamental de suscribir el tratado.

La declaración de las organizaciones señaló: «Con el TLC se pretende, a cambio de acceder con unos cuantos productos básicos o de escasa elaboración al mercado norteamericano, aceptar todos los condicio­na­mientos normativos estadounidenses, de tal forma que se den garantías a los inversionistas más que a los ciudadanos y las naciones; se proteja la propiedad intelectual de los productos de las multinacionales; se privaticen todos los servicios públicos, y se adopte en forma irreversible y supraconstitucional todo el recetario neoliberal, cuya aplicación durante los últimos años ha traído grandes calamidades a nuestros pueblos». Y añade: «Los pueblos andinos hemos enfrentado con decisión estas políticas: las movilizaciones del 15 de abril en Ecuador y Colombia, las manifestaciones del 18 de mayo en Colombia y las del 14 de julio en Perú, la permanente efervescencia del pueblo boliviano, y la creciente oposición venezolana a la injerencia norteamericana en sus asuntos internos expresan esta decisión de lucha».

La Ronda de Lima: nuevas concesiones a Estados Unidos

Los resultados de la Ronda de Lima, a finales de julio, fueron aleccionadores. La estrategia de Colombia ha sido conseguir «casi» todas las preferencias comerciales que ya teníamos con el Atpdea y a cualquier precio, mientras la norteamericana es otorgar menos que las existentes en tal acuerdo e imponer cambios profundos en la propiedad intelectual, la inversión, las compras estatales y los demás aspectos normativos.

Colombia quería negociar primero el acceso a los mercados y por eso ideó, con los demás países andinos, un enrevesado cronograma de peticiones y ofertas. Mas Estados Unidos quiere definir los aspectos sustanciales; por eso no cumplió el crono­grama y, en consecuencia, la Tercera Ronda culminó sin que se estudiaran las peticiones y ofertas.

En el tema de propiedad intelectual, Washington sacó los dientes decapitando a Carlos María Correa, negociador de propiedad intelectual, y los andinos salieron despavoridos, se dividieron y lo arrojaron a un inexistente cuarto de apoyo técnico. En compras estatales Estados Unidos ofreció menos de lo que otorgó a Chile y a Centroamérica.

El gobierno colombiano, en lugar de exigir respeto a los compromisos adquiridos por consenso y suspender las negociaciones, no ha objetado en nada este súbito y unilateral cambio de las reglas del juego y se sienta a «discutir» sobre lo que ya han decidido los estadounidenses, sobre lo que ellos desean, al ritmo que imponen y haciéndoles toda clase de venias.

En Puerto Rico se consolidó la entrega

La Cuarta Ronda de negociaciones fue en Fajardo, una apartada población a cincuenta kilómetros de San Juan, con los negociadores aislados en un elegante hotel, lo que impidió que el movimiento social se manifestara en contra del tratado.

El tono de las declaraciones fue grave. En los negociadores andinos se consolida la posición de que si se quiere firmar el tratado hay que hacerle más concesiones a Estados Unidos que Chile y los países centroamericanos. Estados Unidos continúa descartando cualquier cambio en su legislación, mientras que de los andinos exige toda clase de modificaciones. Fue tan lánguido el resultado de la Ronda, que Regina Vargo, jefe de la delegación gringa, tuvo que prometer que al final del proceso los países andinos conseguirán más de lo que tienen en el Atpdea; pero con ello sólo reafirmó que deberán pagar un alto precio por mantener lo que ya tienen.

Lo único importante de las reuniones en Fajardo fue el intercambio de opiniones, el estrechamiento de lazos entre los opositores al tratado y las denuncias que hicieron sobre la injerencia estadounidense en los asuntos económicos y políticos de nuestros países. Más de cinco horas de entrevistas en las principales cadenas de radio y un largo reportaje en el diario de mayor cubrimiento del país, el Nuevo Día, mostraron el verdadero rostro del proyectado acuerdo. Voceros del Concilio de Iglesias, como Ángel Luis Rivera, del Movimiento Nacional Hostosiano, como Félix Colón, e intelectuales y académicos de reconocida prestancia nacional, como Juan Rosario, de la organización Misión Industrial, y el economista e historiador Nelson Rochet, acompañaron en las diversas entrevistas a Enrique Daza, vocero de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca, a Miguel Clemente, de la Confederación Nacional Agraria del Perú, y a Aurelio Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, quienes llevaron la vocería de la Alianza Social Continental.

Los dirigentes puertorriqueños mostraron que durante cien años su país ha sido el laboratorio de las políticas de libre comercio, arruinando la producción local y produciendo una burbuja consumista que esconde una grave situación social y un permanente saqueo del trabajo nacional y de los recursos naturales por parte de las multinacionales norteamericanas.Lo que los negociadores no supieron y se trató de ocultar a la opinión pública de los países andinos, es que las protestas no se limitaron al grupo de boricuas que en el sitio de la reunión portó pancartas contra el tratado. En nuestro país, por ejemplo, el cardenal Pedro Rubiano, máximo jerarca de la Iglesia Católica, manifestó sus preocupaciones sobre la necesidad de resguardar la salud pública y la producción campesina; y simultáneamente con las reuniones de Puerto Rico, se movilizaron 60 mil indígenas del Cauca, más de 100 mil camioneros comenzaron un paro indefinido y centenares de miles de colombianos salieron a las calles de las principales ciudades, condenando el TLC, como instrumento clave de la recolonización imperialista.

Un año después de haber levantado un paro de iguales proporciones al actual, la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, se vio obligada a paralizar más de 142 mil vehículos especializados en el transporte de carga por los incumplimientos del gobierno a lo acordado. El paro, que se inició el 14 de septiembre, exige congelar los precios del ACPM y los peajes, aumentar la capacidad de carga autorizada por vehículo, respetar las tablas de fletes y rechazar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues llevaría indefectiblemente a que este sector fuera rápidamente controlado por las multinacionales del transporte.

El movimiento ha contado con el respaldo de las centrales obreras, la Gran Coalición Democrática y otros sectores sociales, solidarios con la lucha, pues son conscientes de la quiebra del sector por las políticas gubernamentales de internacionalizar los precios de los combustibles y no regular la importación de vehículos de carga.

Asimismo, durante el paro se produjo una declaración de apoyo de los siguientes parlamentarios: Jorge Enrique Robledo, Carlos Gaviria Díaz, Luis Carlos Avellaneda, Piedad Córdoba, Hugo Serrano, Antonio Peña­losa, Luis Alberto Gil, Francisco Rojas Birry, María Isabel Urrutia, Alexander López, Venus Albeiro Silva, Pedro Arenas, Germán Navas Talero, Wilson Borja, Hugo E. Zárrate, Dixon F. Tapasco, Ermínsul Sinisterra, Gustavo Petro y Willington Ortiz.

Al cierre de la presente edición, la reunión con el ministro del Transporte citada con la intermediación de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, no dio resultados por lo cual el paro continúa mostrando así la firme decisión de los camioneros de exigirle al gobierno solución cierta a los problemas graves del gremio de transportadores de carga.

Raúl Arroyave, Ejecutivo de Fecode

Las juntas nacionales de Fecode del 2 de marzo y 11 y 12 de agosto aprobaron, por unanimidad, convocar al magisterio a un paro nacional indefinido. En agosto se presentó un pliego de peticiones, para el cual no ha habido respuesta alguna por parte del gobierno; al contrario, este llevó al Congreso un proyecto de Acto Legislativo que suprime los regímenes especiales, y ha tenido la pretensión de imponer un absurdo y antidemocrático concurso cuyo único fin es cercenar derechos adquiridos e imple­mentar por la fuerza el nuevo estatuto docente. Por ello, el Comité Ejecutivo debe po­ner­se a la cabeza de un paro nacional indefinido para los primeros días del mes de octubre, tal como quedó acordado en la última Junta Nacional de la Federación.

Al cabo de tres años largos de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2001 y de casi tres de expedida su norma reglamentaria, la ley 715 de 2001, a nadie le cabe duda de que estas dos normas eran la base de toda una contrarreforma educativa y que tanto el magisterio de base como sus dirección sindical deberían desechar cualquier ilusión sobre su contenido. Uribe continúa aplicando, con saña y desmesura, lo aprobado por el de Pastrana. Ha expedido casi una docena de decretos y resoluciones reglamentarias y sucesivas directivas ministeriales, que ahondan en los procesos de municipalización y privatización de la educación, engañan con el señuelo de la vinculación de los maestros provisionales, al tiempo que sus voceros repiten una y otra vez que la política no se negocia, se aplica.

En este periodo ha quedado claro que no se trata de «tener inteligencia para negociar» y de «ser propositivos y no contestatarios»,. Más allá de estos devaneos y pequeñas astucias, lo que resalta es la naturaleza de clase del gobierno de Uribe Vélez y su razón de ser en el control del Estado al servicio de una minoría pro imperialista que le acolita su apetito reeleccionista y que va en contra de las grandes mayorías de trabajadores, campesinos y capas medias de la población.

Objetivos del Paro

Como quedó consignado en el pliego, estos objetivos tienen que ver con:

? La defensa del régimen especial de los educadores colombianos, con la permanencia del régimen de excepción en pensiones, hoy amenazado por el proyecto de Acto Legislativo 127 de 2004. Y el rechazo al modelo de salud que el gobierno pretende imponer con el acuerdo 4 del 22 de julio, aprobado unilateralmente en el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones del magisterio, y la defensa del régimen laboral contemplado en el estatuto docente 2277 de 1979, que buscan reemplazar con el nuevo estatuto docente o decreto 1278 de 2002.
? La exigencia de una efectiva gratuidad de la educación pública en Colombia, de tal manera que se garanticen el preescolar de tres niveles, las inversiones en infraestructura escolar y la calidad de la instituciones educativas oficiales, la financiación estatal de la capacitación docente y el cese de los procesos de racionalización, supresión y fusión de escuelas y colegios; así como la solución a todos los conflictos regionales.
? El respeto a la vida de los educadores, cese de los asesinatos contra los mismos y procedimientos expeditos para garantizar el oportuno traslado y reubicación de todos los educadores amenazados y desplazados, sin detrimento de sus derechos y, entre ellos, los de asociación y negociación , con las comisiones y permisos sindicales nacionales y regionales.
? Solución a los problemas financieros y operativos del Fondo de Prestaciones del Magisterio para garantizar la revisión del corte de cuentas del año 1990, la cancelación de los pasivos por concepto de cesantías parciales, la amortización del pasivo pensional y la expedición del decreto de salarios correspondientes al año 2004.

Boicot al antidemocrático concurso

Al anterior llamamiento se agrega la decisión de la Junta Nacional de Fecode de convocar al boicot contra el concurso que se viene preparando por parte del Ministerio de Educación Nacional.

El concurso de marras, de entrada excluye a todos los educadores vinculados por el sistema de OPS o temporales, que no reúnen los requisitos de poseer como mínimo el titulo de normalista superior; y niega el viejo escalafón a quienes se inscriban en tal concurso. Este no es para nombrar sino para conformar una lista de elegibles; toda su estructura, comenzando por el diseño de las pruebas y pasando por los instrumentos para las entrevistas y los análisis de los antecedentes, queda centralizada en la nación lo que rompe de manera absoluta con la autonomía de los entes territoriales. Después de establecida la lista de elegibles, su ubicación queda a discreción de la autoridad nominadora, configurándose una especie de paraíso para el tráfico de influencias, el clientelismo, la corrupción y el chantaje.

Los nombramientos que resulten de allí son para un año de período de prueba, al cabo del cual, para ser nombrado en propiedad, el maestro debe someterse a una nueva evaluación de competencias y aprobarla con un mínimo de 60%. En caso contrario será retirado del servicio. Si la nueva evaluación es superada, podrá inscribirse en el nivel A de alguno de los tres nuevos grados del escalafón docente, y luego el ascenso sólo podrá hacerse en un nuevo concurso, previa disponibilidad presu­puestal. Para ascender, el educador tendrá que ganar las evaluaciones de competencias con un mínimo de 80%.

Como se ve, el tan mentado concurso es para perder-perder, para arrebatar derechos adquiridos, desconocer títulos y escalafones legítimos e instaurar la más absoluta inestabilidad laboral en el magisterio, pues se mantiene a miles de maestros en «período de prueba», cada año, con la consecuente congelación vitalicia del escalafón y con total detrimento de la calidad de la educación, pues un componente esencial de esta es la estabilidad laboral y las buenas condiciones salariales de los maestros, que permitan la dedicación exclusiva a la docencia, a la investigación y a las innovaciones y proyectos pedagógicos.

Con estas banderas justas y democráticas vamos al paro nacional indefinido. Los educadores y demás estamentos de la comunidad educativa, estudiantes y padres de familia, saben que cuentan con los activistas, militantes y dirigentes del MOIR y del Frente de Educadores Tribuna Magis­terial para el desarrollo de las tareas. Contribuiremos con nuestros esfuerzos y recursos a la gran batalla de masas que se avecina, convencidos que el régimen de Uribe encontrará en nuestra patriótica lucha un verdadero escollo a su proyecto reeleccionista.

Es buena la reelección en un sistema presidencial como el de Colombia, caracterizado por el propio señor Caro como una monarquía, infortunadamente para él, no hereditaria sino electiva? Y no se diga que ha pasado mucha agua bajo el puente. Porque aun con las reformas introducidas a esa Constitución de 1886, y con la reforma de 1991, el sistema nuestro sigue siendo desequilibrado hacia el poder Ejecutivo, los demás poderes son secundarios. Y algo más: en Colombia existe es presidencia­lismo, el ejercicio omnímodo y autoritario del poder presidencial. Por eso, si se me pregunta si soy partidario o no de la reelección, mi respuesta es ¡No!

El Estado de Derecho es un estado institucional, alérgico al poder personal. Citar ejemplos de reelección a Inglaterra o Francia, países que tienen un régimen constitucional tan distinto al nuestro, es inadecuado. Yo prefiero el poder institucional al poder personal. Este tipo de propuestas no hacen otra cosa que abonar el culto a la personalidad y el caudillismo, que entre nosotros han producido efectos tan nefastos. Lo único positivo ha sido la literatura en torno a los caudillos latinoamericanos; pero los efectos políticos en el siglo anterior fueron devastadores, negativos. Entiendo que con buenos argumentos se llegue a defender un régimen de reelección. Pero se trata es de decidir si es bueno que un presidente elegido para cuatro años, promueva sobre la marcha un cambio de reglas que van a favorecer su reelección. Al comienzo de este debate se decía, y con mucha insistencia, que no se trata de reelegir al presidente Uribe, sino de la reelección en abstracto; pero paulatinamente se destapan las cartas, y casi todos los senadores que son partidarios de la reelección han hecho la apología del presidente actual.

Es conveniente reflexionar sobre dos temas: si estamos ante un cambio constitucional cualquiera o si es un cambio de mayor trascendencia. Porque la Corte Constitucional, a propósito del análisis de la ley de convocatoria al referendo, dijo que el constituyente delegado podía reformar la Constitución pero que no podía cambiarla; y que hay un cambio constitucional cuando las normas modificadas son de tal naturaleza que se está frente a una nueva concepción de Estado. De quienes defienden el proyecto de reelección he escuchado con mucha insistencia estas palabras: ¡Es que no estamos ante un cambio cualquiera! En verdad no es el cambio de un articulito, como decía el doctor Fabio Echeverri. Hay un cambio en la concepción del Estado. Porque son muy diferentes un Estado en el que un presidente con tantos poderes como tiene el nuestro puede reelegirse y hacer política, y otro en el cual el jefe de Estado no puede hacer política en beneficio propio y no puede reelegirse, y sus subalternos tampoco pueden hacer política. Pongo en tela de juicio la constitu­cionalidad de ese cambio, repito, conforme a la última jurisprudencia de la Corte.

Pero me gustó mucho la afirmación del senador Luis Guillermo Vélez cuando dijo que el presidente Uribe ha organizado la psicología nacional. Y sí que estoy de acuerdo con eso, en otro contexto. Sí, el presidente Uribe ha organizado la psicología nacional. ¿Cómo la ha organizado? Manipulándola, haciéndose inmune a los errores de gobierno, a los exabruptos que dice y que hace. Y resulta que el gobierno de las mayorías es una de las peores tiranías cuando no está sometido a reglas. Y por tanto, la primera obligación de ética pública que tiene un gobernante en un Estado de Derecho es la observancia de las reglas que rigen y limitan su actividad. Hay muchos elogios para el doctor Uribe, pero desde luego se pasan por alto muchas cosas porque parece que buena parte de los poderes públicos del país participan de esa suerte de embrujo, de hipnosis, de anestesia en que se encuentra sumida la opinión nacional. Aquí pasan cosas graves y es como si no pasaran, se dicen cosas graves y es como si no se dijeran. ¿Por qué? Porque el poder gubernamental parece blindado frente a las posibles censuras de la opinión.

Voy a señalar algunos casos: es un pobre concepto de la soberanía nacional el que tiene el actual Presidente cuando rompe una hermosa tradición internacionalista colombiana y se apresura a apoyar una guerra ilegítima e ilegal, la ocupación absolutamente irregular de un país, una guerra contraria al derecho internacional. Y cuando habla de la aprobación del Tratado de Libre Comercio que está ya en marcha, sin que la opinión pública sepa siquiera qué es lo que se está acordando. Esa soberanía transeúnte o externa está en crisis. Pero no es sólo eso. Es que la soberanía tiene otra dimensión, la interna. Una vez más, el Presidente dice cosas y parece que la opinión no las escuchara, o quienes las escuchan las pasan por alto, como si no hubieran sido dichas.

Hace dos días, en una entrevista televisiva, al referirse a unos secuestros que tuvieron lugar en El Retiro, Antioquia, escuché decir al señor Presidente: «Lo que sucede es que se han ido retirando los mal llamados grupos paramili­tares y la ciudadanía ha quedado indefensa», y entonces el gobierno es ineficaz para defender a la ciudadanía. ¡Es inconcebible que un presidente de un Estado de derecho sea capaz de expresar nostalgia por la ausencia de grupos irregulares como las autodefensas! Pero esta situación es pasada por alto. Como si el Presidente no hubiera dicho nada. Y una de sus colaboradoras, la anterior ministra de Defensa, dijo en unas declaraciones que la prensa nacional destacó: «En Colombia el que quiera seguridad que la pague». La primera función de un Estado, la función a la que ni siquiera el liberalismo clásico renunciaba, la función de seguridad, es ahora función privada. O sea, que el que tenga para financiarse sus escoltas y sus vigilantes privados que lo haga, el Estado renuncia a esa obligación. Pero en el país es como si no hubiera ocurrido nada.

Hay un grave peligro. Un presidente incapaz de someterse a las reglas cuando son un obstáculo para sus propósitos. Los ejemplos abundan. Es vergonzoso que el ministro de Justicia calumnie a un juez, confiese él mismo su calumnia, y siga en su cargo. Que ocurra a la vista de Dios y todo el mundo y no suceda nada. Y este proyecto de reelección fue estruendosamente hundido en el Senado en la discusión anterior de este mismo acto legislativo, hace poco. Y uno se pregunta: ¿Y desde cuándo los senadores cambiaron de opinión? ¿Leyeron nuevos libros de derecho constitucional? ¿De ciencia política? ¿Qué los hizo cambiar? ¿Algunas reuniones en Palacio? ¿Algunos desayunos? Si el tema del parlamentarismo se ha agitado es porque en Colombia existe un gran desequilibrio de poderes. No hay relación institucional entre el gobierno y el Congreso sino una relación entre el presidente de la República y sus amigos.

El proyecto que fue hundido, ahora es aprobado, con sólo un período legislativo de por medio. ¿Qué ha ocurrido?Gaviria Díaz Está fresco el episodio de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, quienes habían dicho públicamente que iban a votar de una manera y votaron de otra. Y cuando en Caracol le preguntaron a Yidis Medina porqué cambió de opinión, ella dijo: ¡Porque me prometieron más beneficios para mi región! Confiesa nada menos que un delito de cohecho, ofrecer beneficios a cambio de votos. Pero aquí no pasa nada. ¿Y este es el Presidente cuya reelección se pide? ¿Esta es la vocación de gobernante de Estado de Derecho que tiene el actual presidente de la República?

Aquí tengo otra perla. En Lecturas Dominicales de El Tiempo le preguntan al ex presidente Samper: «Dicen que el presidente Uribe está bravo con usted por el episodio del Consejo Electoral, porque no lo ayudó con sus amigos para que revisaran el censo electoral, que está lleno de muertos y militares». Y el ex presidente responde: «El cuento es exactamente al revés a como se lo contaron en Palacio a una columnista de El Tiempo, que no se preocupó por averiguar la otra cara de la moneda. Me buscaron los asesores de Palacio para que les ayudara con la Registradora y con el Consejo Electoral para modificar el censo y cambiar el resultado del referendo». Y yo pregunto: ¿Esto es una acción jurídica o es cabildeo? ¿Y este tipo de cabildeo está legitimado entre nosotros? De ninguna manera. Si hay tanto énfasis en las calidades excelsas que para muchos tiene el Presidente, otros encontramos calidades que lo inhabilitarían para ser gobernante de un Estado de Derecho. Con razón el presidente Uribe está en una orilla y yo en la otra. Percibimos el país al revés, cuando se trata de analizar las causas de la crisis fiscal, de la crisis que vive el país.

«¿Quiénes son los responsables? Los del gobierno dicen: los responsables son los trabajadores tan ambiciosos, que tienen tantos privilegios, son los pobres que quieren comida barata; el capital en Colombia no tiene privilegios, los privilegios son del trabajo, de los pobres y esos son los que hay que abolir para que la democracia colombiana funcione. Como tengo una concepción contraria, pienso que no es la persona con quien podemos construir la democracia colombiana que está por construirse».