Categoría: Tribuna Roja Nº 97; septiembre 28 de 2004

Un año después de haber levantado un paro de iguales proporciones al actual, la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, se vio obligada a paralizar más de 142 mil vehículos especializados en el transporte de carga por los incumplimientos del gobierno a lo acordado. El paro, que se inició el 14 de septiembre, exige congelar los precios del ACPM y los peajes, aumentar la capacidad de carga autorizada por vehículo, respetar las tablas de fletes y rechazar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues llevaría indefectiblemente a que este sector fuera rápidamente controlado por las multinacionales del transporte.

El movimiento ha contado con el respaldo de las centrales obreras, la Gran Coalición Democrática y otros sectores sociales, solidarios con la lucha, pues son conscientes de la quiebra del sector por las políticas gubernamentales de internacionalizar los precios de los combustibles y no regular la importación de vehículos de carga.

Asimismo, durante el paro se produjo una declaración de apoyo de los siguientes parlamentarios: Jorge Enrique Robledo, Carlos Gaviria Díaz, Luis Carlos Avellaneda, Piedad Córdoba, Hugo Serrano, Antonio Peña­losa, Luis Alberto Gil, Francisco Rojas Birry, María Isabel Urrutia, Alexander López, Venus Albeiro Silva, Pedro Arenas, Germán Navas Talero, Wilson Borja, Hugo E. Zárrate, Dixon F. Tapasco, Ermínsul Sinisterra, Gustavo Petro y Willington Ortiz.

Al cierre de la presente edición, la reunión con el ministro del Transporte citada con la intermediación de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, no dio resultados por lo cual el paro continúa mostrando así la firme decisión de los camioneros de exigirle al gobierno solución cierta a los problemas graves del gremio de transportadores de carga.

Raúl Arroyave, Ejecutivo de Fecode

Las juntas nacionales de Fecode del 2 de marzo y 11 y 12 de agosto aprobaron, por unanimidad, convocar al magisterio a un paro nacional indefinido. En agosto se presentó un pliego de peticiones, para el cual no ha habido respuesta alguna por parte del gobierno; al contrario, este llevó al Congreso un proyecto de Acto Legislativo que suprime los regímenes especiales, y ha tenido la pretensión de imponer un absurdo y antidemocrático concurso cuyo único fin es cercenar derechos adquiridos e imple­mentar por la fuerza el nuevo estatuto docente. Por ello, el Comité Ejecutivo debe po­ner­se a la cabeza de un paro nacional indefinido para los primeros días del mes de octubre, tal como quedó acordado en la última Junta Nacional de la Federación.

Al cabo de tres años largos de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2001 y de casi tres de expedida su norma reglamentaria, la ley 715 de 2001, a nadie le cabe duda de que estas dos normas eran la base de toda una contrarreforma educativa y que tanto el magisterio de base como sus dirección sindical deberían desechar cualquier ilusión sobre su contenido. Uribe continúa aplicando, con saña y desmesura, lo aprobado por el de Pastrana. Ha expedido casi una docena de decretos y resoluciones reglamentarias y sucesivas directivas ministeriales, que ahondan en los procesos de municipalización y privatización de la educación, engañan con el señuelo de la vinculación de los maestros provisionales, al tiempo que sus voceros repiten una y otra vez que la política no se negocia, se aplica.

En este periodo ha quedado claro que no se trata de «tener inteligencia para negociar» y de «ser propositivos y no contestatarios»,. Más allá de estos devaneos y pequeñas astucias, lo que resalta es la naturaleza de clase del gobierno de Uribe Vélez y su razón de ser en el control del Estado al servicio de una minoría pro imperialista que le acolita su apetito reeleccionista y que va en contra de las grandes mayorías de trabajadores, campesinos y capas medias de la población.

Objetivos del Paro

Como quedó consignado en el pliego, estos objetivos tienen que ver con:

? La defensa del régimen especial de los educadores colombianos, con la permanencia del régimen de excepción en pensiones, hoy amenazado por el proyecto de Acto Legislativo 127 de 2004. Y el rechazo al modelo de salud que el gobierno pretende imponer con el acuerdo 4 del 22 de julio, aprobado unilateralmente en el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones del magisterio, y la defensa del régimen laboral contemplado en el estatuto docente 2277 de 1979, que buscan reemplazar con el nuevo estatuto docente o decreto 1278 de 2002.
? La exigencia de una efectiva gratuidad de la educación pública en Colombia, de tal manera que se garanticen el preescolar de tres niveles, las inversiones en infraestructura escolar y la calidad de la instituciones educativas oficiales, la financiación estatal de la capacitación docente y el cese de los procesos de racionalización, supresión y fusión de escuelas y colegios; así como la solución a todos los conflictos regionales.
? El respeto a la vida de los educadores, cese de los asesinatos contra los mismos y procedimientos expeditos para garantizar el oportuno traslado y reubicación de todos los educadores amenazados y desplazados, sin detrimento de sus derechos y, entre ellos, los de asociación y negociación , con las comisiones y permisos sindicales nacionales y regionales.
? Solución a los problemas financieros y operativos del Fondo de Prestaciones del Magisterio para garantizar la revisión del corte de cuentas del año 1990, la cancelación de los pasivos por concepto de cesantías parciales, la amortización del pasivo pensional y la expedición del decreto de salarios correspondientes al año 2004.

Boicot al antidemocrático concurso

Al anterior llamamiento se agrega la decisión de la Junta Nacional de Fecode de convocar al boicot contra el concurso que se viene preparando por parte del Ministerio de Educación Nacional.

El concurso de marras, de entrada excluye a todos los educadores vinculados por el sistema de OPS o temporales, que no reúnen los requisitos de poseer como mínimo el titulo de normalista superior; y niega el viejo escalafón a quienes se inscriban en tal concurso. Este no es para nombrar sino para conformar una lista de elegibles; toda su estructura, comenzando por el diseño de las pruebas y pasando por los instrumentos para las entrevistas y los análisis de los antecedentes, queda centralizada en la nación lo que rompe de manera absoluta con la autonomía de los entes territoriales. Después de establecida la lista de elegibles, su ubicación queda a discreción de la autoridad nominadora, configurándose una especie de paraíso para el tráfico de influencias, el clientelismo, la corrupción y el chantaje.

Los nombramientos que resulten de allí son para un año de período de prueba, al cabo del cual, para ser nombrado en propiedad, el maestro debe someterse a una nueva evaluación de competencias y aprobarla con un mínimo de 60%. En caso contrario será retirado del servicio. Si la nueva evaluación es superada, podrá inscribirse en el nivel A de alguno de los tres nuevos grados del escalafón docente, y luego el ascenso sólo podrá hacerse en un nuevo concurso, previa disponibilidad presu­puestal. Para ascender, el educador tendrá que ganar las evaluaciones de competencias con un mínimo de 80%.

Como se ve, el tan mentado concurso es para perder-perder, para arrebatar derechos adquiridos, desconocer títulos y escalafones legítimos e instaurar la más absoluta inestabilidad laboral en el magisterio, pues se mantiene a miles de maestros en «período de prueba», cada año, con la consecuente congelación vitalicia del escalafón y con total detrimento de la calidad de la educación, pues un componente esencial de esta es la estabilidad laboral y las buenas condiciones salariales de los maestros, que permitan la dedicación exclusiva a la docencia, a la investigación y a las innovaciones y proyectos pedagógicos.

Con estas banderas justas y democráticas vamos al paro nacional indefinido. Los educadores y demás estamentos de la comunidad educativa, estudiantes y padres de familia, saben que cuentan con los activistas, militantes y dirigentes del MOIR y del Frente de Educadores Tribuna Magis­terial para el desarrollo de las tareas. Contribuiremos con nuestros esfuerzos y recursos a la gran batalla de masas que se avecina, convencidos que el régimen de Uribe encontrará en nuestra patriótica lucha un verdadero escollo a su proyecto reeleccionista.

Es buena la reelección en un sistema presidencial como el de Colombia, caracterizado por el propio señor Caro como una monarquía, infortunadamente para él, no hereditaria sino electiva? Y no se diga que ha pasado mucha agua bajo el puente. Porque aun con las reformas introducidas a esa Constitución de 1886, y con la reforma de 1991, el sistema nuestro sigue siendo desequilibrado hacia el poder Ejecutivo, los demás poderes son secundarios. Y algo más: en Colombia existe es presidencia­lismo, el ejercicio omnímodo y autoritario del poder presidencial. Por eso, si se me pregunta si soy partidario o no de la reelección, mi respuesta es ¡No!

El Estado de Derecho es un estado institucional, alérgico al poder personal. Citar ejemplos de reelección a Inglaterra o Francia, países que tienen un régimen constitucional tan distinto al nuestro, es inadecuado. Yo prefiero el poder institucional al poder personal. Este tipo de propuestas no hacen otra cosa que abonar el culto a la personalidad y el caudillismo, que entre nosotros han producido efectos tan nefastos. Lo único positivo ha sido la literatura en torno a los caudillos latinoamericanos; pero los efectos políticos en el siglo anterior fueron devastadores, negativos. Entiendo que con buenos argumentos se llegue a defender un régimen de reelección. Pero se trata es de decidir si es bueno que un presidente elegido para cuatro años, promueva sobre la marcha un cambio de reglas que van a favorecer su reelección. Al comienzo de este debate se decía, y con mucha insistencia, que no se trata de reelegir al presidente Uribe, sino de la reelección en abstracto; pero paulatinamente se destapan las cartas, y casi todos los senadores que son partidarios de la reelección han hecho la apología del presidente actual.

Es conveniente reflexionar sobre dos temas: si estamos ante un cambio constitucional cualquiera o si es un cambio de mayor trascendencia. Porque la Corte Constitucional, a propósito del análisis de la ley de convocatoria al referendo, dijo que el constituyente delegado podía reformar la Constitución pero que no podía cambiarla; y que hay un cambio constitucional cuando las normas modificadas son de tal naturaleza que se está frente a una nueva concepción de Estado. De quienes defienden el proyecto de reelección he escuchado con mucha insistencia estas palabras: ¡Es que no estamos ante un cambio cualquiera! En verdad no es el cambio de un articulito, como decía el doctor Fabio Echeverri. Hay un cambio en la concepción del Estado. Porque son muy diferentes un Estado en el que un presidente con tantos poderes como tiene el nuestro puede reelegirse y hacer política, y otro en el cual el jefe de Estado no puede hacer política en beneficio propio y no puede reelegirse, y sus subalternos tampoco pueden hacer política. Pongo en tela de juicio la constitu­cionalidad de ese cambio, repito, conforme a la última jurisprudencia de la Corte.

Pero me gustó mucho la afirmación del senador Luis Guillermo Vélez cuando dijo que el presidente Uribe ha organizado la psicología nacional. Y sí que estoy de acuerdo con eso, en otro contexto. Sí, el presidente Uribe ha organizado la psicología nacional. ¿Cómo la ha organizado? Manipulándola, haciéndose inmune a los errores de gobierno, a los exabruptos que dice y que hace. Y resulta que el gobierno de las mayorías es una de las peores tiranías cuando no está sometido a reglas. Y por tanto, la primera obligación de ética pública que tiene un gobernante en un Estado de Derecho es la observancia de las reglas que rigen y limitan su actividad. Hay muchos elogios para el doctor Uribe, pero desde luego se pasan por alto muchas cosas porque parece que buena parte de los poderes públicos del país participan de esa suerte de embrujo, de hipnosis, de anestesia en que se encuentra sumida la opinión nacional. Aquí pasan cosas graves y es como si no pasaran, se dicen cosas graves y es como si no se dijeran. ¿Por qué? Porque el poder gubernamental parece blindado frente a las posibles censuras de la opinión.

Voy a señalar algunos casos: es un pobre concepto de la soberanía nacional el que tiene el actual Presidente cuando rompe una hermosa tradición internacionalista colombiana y se apresura a apoyar una guerra ilegítima e ilegal, la ocupación absolutamente irregular de un país, una guerra contraria al derecho internacional. Y cuando habla de la aprobación del Tratado de Libre Comercio que está ya en marcha, sin que la opinión pública sepa siquiera qué es lo que se está acordando. Esa soberanía transeúnte o externa está en crisis. Pero no es sólo eso. Es que la soberanía tiene otra dimensión, la interna. Una vez más, el Presidente dice cosas y parece que la opinión no las escuchara, o quienes las escuchan las pasan por alto, como si no hubieran sido dichas.

Hace dos días, en una entrevista televisiva, al referirse a unos secuestros que tuvieron lugar en El Retiro, Antioquia, escuché decir al señor Presidente: «Lo que sucede es que se han ido retirando los mal llamados grupos paramili­tares y la ciudadanía ha quedado indefensa», y entonces el gobierno es ineficaz para defender a la ciudadanía. ¡Es inconcebible que un presidente de un Estado de derecho sea capaz de expresar nostalgia por la ausencia de grupos irregulares como las autodefensas! Pero esta situación es pasada por alto. Como si el Presidente no hubiera dicho nada. Y una de sus colaboradoras, la anterior ministra de Defensa, dijo en unas declaraciones que la prensa nacional destacó: «En Colombia el que quiera seguridad que la pague». La primera función de un Estado, la función a la que ni siquiera el liberalismo clásico renunciaba, la función de seguridad, es ahora función privada. O sea, que el que tenga para financiarse sus escoltas y sus vigilantes privados que lo haga, el Estado renuncia a esa obligación. Pero en el país es como si no hubiera ocurrido nada.

Hay un grave peligro. Un presidente incapaz de someterse a las reglas cuando son un obstáculo para sus propósitos. Los ejemplos abundan. Es vergonzoso que el ministro de Justicia calumnie a un juez, confiese él mismo su calumnia, y siga en su cargo. Que ocurra a la vista de Dios y todo el mundo y no suceda nada. Y este proyecto de reelección fue estruendosamente hundido en el Senado en la discusión anterior de este mismo acto legislativo, hace poco. Y uno se pregunta: ¿Y desde cuándo los senadores cambiaron de opinión? ¿Leyeron nuevos libros de derecho constitucional? ¿De ciencia política? ¿Qué los hizo cambiar? ¿Algunas reuniones en Palacio? ¿Algunos desayunos? Si el tema del parlamentarismo se ha agitado es porque en Colombia existe un gran desequilibrio de poderes. No hay relación institucional entre el gobierno y el Congreso sino una relación entre el presidente de la República y sus amigos.

El proyecto que fue hundido, ahora es aprobado, con sólo un período legislativo de por medio. ¿Qué ha ocurrido?Gaviria Díaz Está fresco el episodio de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, quienes habían dicho públicamente que iban a votar de una manera y votaron de otra. Y cuando en Caracol le preguntaron a Yidis Medina porqué cambió de opinión, ella dijo: ¡Porque me prometieron más beneficios para mi región! Confiesa nada menos que un delito de cohecho, ofrecer beneficios a cambio de votos. Pero aquí no pasa nada. ¿Y este es el Presidente cuya reelección se pide? ¿Esta es la vocación de gobernante de Estado de Derecho que tiene el actual presidente de la República?

Aquí tengo otra perla. En Lecturas Dominicales de El Tiempo le preguntan al ex presidente Samper: «Dicen que el presidente Uribe está bravo con usted por el episodio del Consejo Electoral, porque no lo ayudó con sus amigos para que revisaran el censo electoral, que está lleno de muertos y militares». Y el ex presidente responde: «El cuento es exactamente al revés a como se lo contaron en Palacio a una columnista de El Tiempo, que no se preocupó por averiguar la otra cara de la moneda. Me buscaron los asesores de Palacio para que les ayudara con la Registradora y con el Consejo Electoral para modificar el censo y cambiar el resultado del referendo». Y yo pregunto: ¿Esto es una acción jurídica o es cabildeo? ¿Y este tipo de cabildeo está legitimado entre nosotros? De ninguna manera. Si hay tanto énfasis en las calidades excelsas que para muchos tiene el Presidente, otros encontramos calidades que lo inhabilitarían para ser gobernante de un Estado de Derecho. Con razón el presidente Uribe está en una orilla y yo en la otra. Percibimos el país al revés, cuando se trata de analizar las causas de la crisis fiscal, de la crisis que vive el país.

«¿Quiénes son los responsables? Los del gobierno dicen: los responsables son los trabajadores tan ambiciosos, que tienen tantos privilegios, son los pobres que quieren comida barata; el capital en Colombia no tiene privilegios, los privilegios son del trabajo, de los pobres y esos son los que hay que abolir para que la democracia colombiana funcione. Como tengo una concepción contraria, pienso que no es la persona con quien podemos construir la democracia colombiana que está por construirse».

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

A pesar de que los grandes medios de comunicación las silencian o las desvirtúan en su mezquino registro, las recientes protestas desplegadas por diversos sectores de la población contra el mandato uribista configuran el fenómeno político más importante en la actual situación nacional. Así lo evidencia el resuelto espíritu que caracterizó las nutridas movilizaciones que se efectuaron en Bogotá y las principales ciudades del país, la masiva marcha de las comunidades indígenas en el Cauca, el Valle y otras regiones, así como la protesta de más de ochen­ta mil camioneros en paro. Y, en íntima ligazón con tal ánimo combativo, el es­tar dirigidas acertadamente contra facetas medulares de la política que impulsa Uribe Vélez: su reelección, la firma del Tratado de Libre Comercio, la expedición de medidas que vulneran aún más las libertades y derechos democráticos y la aprobación de reformas que intensifican la exacción y expoliación de las gentes.

Al constituir así, en armonía con postulados de la Gran Coalición Democrática, vivas expresiones de la creciente resistencia civil, bien cabe examinar algunos de sus rasgos.

En las presentes condiciones del país, toda actividad consecuentemente patriótica y democrática se enmarca, sean de ello conscientes o no sus protagonistas, en la urdim­bre de la izquierda, connotación que adquiere al estar contrapuesta a la política de derecha que encarna y aplica Uribe. De allí que las organizaciones y dirigentes que desde una expresa posición de izquierda tienen ascendiente entre abigarrados estamen­tos de la población, no necesiten desplazarse de su avanzada postura política para acrecentar su influencia predicando un real cambio de la situación prevaleciente. Por el contrario, arraigados en la izquierda es como esa labor puede ser más amplia y eficaz. No existe pues razón alguna para, por ejemplo, desplazarse hacia el centro, ya que esto implicaría un tránsito hacia el extremo contrario, en este caso hacia la derecha. Al respecto no deja de ser aleccionador lo expresado por el propuesto candidato presidencial de Alternativa Democrática, senador Carlos Gaviria, al reivindicar la dignidad que entraña ser de izquierda: «Saber para dónde vamos, cuál es nuestra propuesta y si es una propuesta sensata tengan ustedes la certeza que mucha gente que no se atreve a llamarse de esa manera va a estar con nosotros, pero eso sí, sin renunciar a nuestra postura, sin disfrazarnos; no hay nada más indigno que tenerse uno que mimetizar». Y para ser coherentes con lo antes aseverado, bien puede la izquierda saludar los desplazamientos que hacia sus posiciones se efectúen desde la derecha, una vez descartado que no se trate del «viejo truco de presentarse como ‘de centro izquierda’», al que se refería el columnista Antonio Caballero. Lo cual sería algo tan trasnochado como arroparse con un «pacto social», estratagema a la que recurrió Cesar Gaviria, luego trató de reeditar Samper y ahora hasta Uribe intenta remozarla.

Otra peculiaridad de los eventos desarrollados es que corroboran la movilización de las gentes como la forma más adecuada y eficaz de la resistencia civil, convirtiéndose las calles y vías en su principal escenario. Allí, directamente, sectores avanzados de masas ejercen su crítica y repudio a las condiciones económicas y sociales que los agobian, adquieren por su propia experiencia comprensión de su formidable fuerza y erigen con su acción el más aleccionador ejemplo para que el conjunto de la población emprenda igualmente caminos de unidad y lucha. Si se quiere, lo que así se revela puede denominarse como una real concreción de la tan mencionada democracia participativa.

Simultáneamente, no hay política del gobierno que preside Uribe Vélez que no experimente reveses y atoramientos, incluidos los que le origina el destape de su politiquería. En la ya larga lista aparecen las reticencias europeas ante su política de seguridad y las conminatorias observaciones de la ONU y otras organizaciones serias respecto a sus desmadres con los derechos y libertades de los ciudadanos; las negativas evaluaciones que sobre su gestión gubernamental emiten diversos organismos internacionales, a lo cual se suman los análisis críticos de respetables organizaciones y personalidades del país; las sentencias judiciales que le salen al paso a su autoritarismo tachando de ilegítimas un buen número de sus disposiciones y medidas; la obligada salida de funcionarios íntimos del mandatario que han sido ética y legalmente cuestionados y algunos de ellos penalizados; el rechazo que han recibido las mañas para perpetuase en el poder, su obstinación en favorecer a los magnates y golpear a las capas laboriosas, y su incursión en juicios a priori y pataletas a posteriori ante episodios que contrarían sus planes.

De esa lista, y por lo que tipifica, merece destacarse la inexequibilidad que le decretó la Corte Constitucional a su estatuto de seguridad, en razón de que los representantes uribistas violaron normas estatuidas para la aprobación de las leyes. Aún más escandaloso que haber sido cogidos in fraganti haciéndolo, fue el embate contra la Corte emprendido por parlamentarios, funcionarios y personajes uribistas, sin que faltaran algunos editorialistas. Le achacaban haberse detenido en un formalismo en lugar de pronunciarse sobre el contenido del proyecto de ley, omitiendo que si incluso en las actividades de carácter lúdico lo hecho con fullerías simplemente no es admisible, menos aún puede serlo en las conducentes a instaurar preceptos legales para toda la sociedad. Pero más que a una omisión, esas reacciones obedecen al desprecio por la observancia de las normas que dentro del sistema político dominante se le han fijado al funcionamiento del Estado, desprecio que es la puerta de entrada hacia la supresión de todo vestigio de democracia. Tiene la misma naturaleza del desdén por las reglas del juego político que ha hecho ostensible Uribe al aprovecharse del poder que detenta para legalizar su enquistamiento en la jefatura del gobierno, al intentar torcer los resultados negativos que tuvo su refe­ren­do, así como al desvirtuar los pronunciamientos de las Cortes y gestionar el marchitamiento de sus funciones de control jurídico y constitucional.

En síntesis, al examinar los principales aspectos que definen la situación política nacional, es incontrastable que esta experimenta un importante viraje, pues mientras el absolutismo proimperialista de Uribe está pasando del auge a la decadencia, la resistencia civil en su contra cobra cada día mayor vigor.

Mas hay que tener presente que cuando Uribe Vélez recurre a políticas y medidas de corte fascista, desfogando de paso mezquinas obsesiones, tal proceder se debe a que sólo así puede satisfacer a cabalidad los intereses imperialistas, en especial las concernientes a la implementación de los postulados neoliberales. En realidad, su única y consentida opción, la misma que lo catapultó a la jefatura del Estado, fue su disposición a no escatimar en la represión y el abatimiento económico y social que la implantación de esos intereses precisa. Y es frente a este carácter del gobierno que no cabe oponerle como alternativa cambios de forma o de énfasis respecto al componente absolutista de su política, ni escurrirse en llamados a amorosas reconciliaciones y tiernos coloquios soslayando la crítica y el rechazo, de obra y de hecho, a las medidas que conducen al apa­bullamiento de la nación.

En esencia, es mero ilusionismo especular sobre el cambio del modelo económico y social, sin proponerse primordialmente el de la política proimperialista que lo sustenta e impulsa. Debe entenderse que sin imperialismo no hay neolibera­lismo y que el avance de este, principalmente en el libre comercio, es imprescindible para aquel en su estrategia de dominio económico y militar en el planeta. De allí que para la inmensa mayoría de compatriotas, tanto los millones sumidos en la pobreza y la miseria como los otros tantos sometidos al arrollador deterioro en su condiciones sociales, laborales y productivas, la no reelección de Uribe debe equivaler a la no continuidad de la política proimperialista causante de sus males. Y no es muy inteligente hacerse ilusiones en que se transarán por menos.

Tal razonamiento será un punto básico en todo acuerdo programático que se proponga para aglutinar las fuerzas sociales y políticas contrarias a la prolongación del gobierno uribista. Lo por frustrar es tanto el apetito reeleccionista del mandatario como el contenido político de su mandato. De poco valdría lograr lo primero si lo segundo se mantiene cambiando sólo la puesta en escena y los actores. De ser positivo el resultado de la lucha contra la reelección, la consecuencia inmediata sería cortar raíces con la política neoliberal, sin que de esta, al igual que en la reproducción biológica, quepa preten­derse que se está embarazado sólo en cierto grado. De no serlo, los sectores de la población que en los términos antes señalados hayan dirigido la flecha de su agitación y movilización hacia el corazón de la política y la administración de Uribe, habrán adquirido una comprensión política que las capacitará para una resistencia civil de mayor envergadura. Más allá de la actual coyuntura, este sería de por sí el más valioso e indispensable logro político en una lucha que, dados los poderosos enemigos internos y externos a vencer, tiene un carácter prolongado.

Héctor Valencia H.
Secretario general del MOIR

ISA NO DEBE SER PRIVATIZADA

El senador del MOIR y Alternativa Democrática, Jorge Enrique Robledo, rechazó la privatización de Interconexión Eléctrica S.A., ISA, una empresa de importancia estratégica, con grandes rendimientos y con grandes posibilidades hacia el futuro, que será subastada a pérdida, de manera indefectible. El senador fijó su posición durante el debate al ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, que tuvo lugar en la Comisión Quinta el pasado 10 de agosto.
Importancia de ISA
ISA interconecta con redes de alta tensión los centros de generación y los centros de consumo de energía del país. Es la que permite transportar energía a larga distancia, comparable a lo que hacen las carreteras troncales que comunican a los distintos departamentos. En este sentido, subrayó el senador Robledo, «la importancia de ISA es estratégica. Quien tenga la cuchilla de ISA está en condiciones de dejar sin electricidad al país. Es un monopolio absoluto en el más estricto sentido del término, sin la más remota posibilidad de tener competidores. Nadie puede establecer una red de líneas paralelas para competir en el negocio».
Colombia posee más de diez mil kilómetros de redes de alta tensión y avanza en la interconexión con Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela, está prevista con Panamá y, por ahí, con Centroamérica. Es dueña de ISA Perú, ISA Bolivia y de Red de Energía del Perú. Colombia tiene suficiente energía para exportar, porque produce 13.500 mega­vatios y consume solo 8 mil. Robledo señaló: «Estamos entonces ante un empresa cuya importancia estratégica interna es vital para la soberanía nacional, que adquiere cada vez mayor importancia en el conjunto de los países vecinos y que presenta un futuro sumamente halagüeño».
Además, ISA es dueña de dos empresas importantes de telecomunicaciones, Inter­nexa y Flycom, que interconectan el país mediante una red de fibra óptica para trasportar voz, datos, videos, etc. Internexa es la única en el mercado nacional y ya el gobierno ha dicho que no la va a privatizar.
Composición accionaria
¿Quiénes son los propietarios de ISA? La Nación posee el 59,3%, EPM el 10,58%, la Empresa de Energía de Bogotá el 1,82%, y EPSA el 2,90%, de modo que el sector público es el accionista mayoritario con el 71,95% del total. El sector privado nacional detenta el 26,56% y el extranjero el 1,47%. Según el senador Robledo,»en ISA el avance del proceso de privatización es evidente y desafortunado, porque todos los indi­ca­dores nos señalan que ISA es un excelente negocio y por tanto no cabe la idea de que se trata de un hueso del que el Estado se descartaría privatizándolo. Las calificadoras de riesgo, empresas extranjeras que dicen cómo van los negocios según ellos, consideran que lo de ISA es deuda de ‘riesgo soberano’ o triple A, en otras palabras que la empresa no presenta ningún problema que pudiera justificar la privatización». El margen operacional de los últimos cinco años es del 51%, la utilidad neta en el 2000 fue de 74.197 millones de pesos, en el 2001 de 101.109 millones de pesos, en el 2002 de 23.919, en el 2003 de 81.453 y en 2004 de 95.953 millones de pesos.
¿Cuál es la historia de esta privatización? Durante el gobierno de Andrés Pastrana, intentaron venderla en 457 millones de dólares. Carlos Guillermo Álvarez, en ese momento director del Departamento del Postgrado de Economía de la Universidad Nacional de Medellín, señalaba que era un asalto al patrimonio nacional, porque él calculaba que podría valer entre 3.500 y 10 mil millones de dólares. Era una venta que le ponía apenas a 130 millones de pesos el kilómetro de línea de alta tensión, valor menor del que estaba en libros, pero además, regalando el resto de los activos.
Hubo un segundo intento, con el pretexto de la llamada democratización de las acciones. Dividieron a ISA y hoy, el 25% de ISA está en manos de la empresa privada. Las acciones no las compraron ciudadanos del común, sino los fondos privados de pensiones, que adquieren la mayor parte de este 25%, con los activos estatales sub­valuados. «Me lo confirma, dijo Robledo, la utilidad que están sacando los inversio­nistas privados».
En la Costa Atlántica
«244 MIL USUARIOS CON LA LUZ CORTADA», DENUNCIA ROBLEDO
Lo que viene ocurriendo en la Costa Atlántica es un fenómeno doloroso en términos sociales y escandaloso en términos éticos, dijo el senador Jorge Enrique Robledo, al denunciar el 10 de agosto, ante la Comisión V del Senado, que hay 244 mil usuarios sin energía eléctrica, víctimas del corte por no pago. «Estamos ante un desastre pavoroso. Si se supiera en el mundo lo que está sucediendo, quedaríamos como tierra de bárbaros, mucho más de lo que ahora se nos considera».
Los cortes obedecen a que el usuario no tiene con qué pagar las cuentas. A tal encrucijada ha llegado la situación, que en junio de 2004 la cartera morosa de Elec­tro­costa y Elec­tricaribe ascendía a 900 mil millones de pesos. Las facturas se hicieron impagables ante las continuadas alzas. «Estamos hablando de tarifas –dijo Robledo– que en los últimos cuatro años se incremen­taron al doble del IPC, o sea, al doble de lo que sube el salario mínimo».
La cartera morosa también se explica por la pobreza en que vive sumida la población. En Bolívar la indigencia llega a 31.9%, en Córdoba a 36.7% y en los demás departamentos a porcentajes similares.
Antes de 1997 había en los departamentos costeños una decena de empresas de energía, pero se decidió priva­tizarlas agrupándolas en solo un par, Electrocosta y Electricaribe, con un total de 1.386.000 clientes. Los compradores fueron Reliant Energy y Corpora­tion EDC, que después las vendieron a Unión Fenosa por la irrisoria suma de 450 millones de dólares, si bien el sector público mantiene en ambas una participación cercana al 30%. Aun cuando el Estado es accionista minoritario, en los últimos tres años ha tenido que invertir 174 mil millones de pesos, sin que tal suma aumente en forma significativa su participación accio­naria. El gobierno ha alegado que los dineros invertidos habrán de redundar en beneficio del usuario. Según Robledo, «como las dos empresas enfrentan problemas muy graves de cartera y el Estado viene pagándola so pretexto de las dificultades de los usuarios, lo que al final ocurre es que a los propietarios de Unión Fenosa empieza a entrarles un chorro de plata del Estado».
«Energía Social»: socialización de las pérdidas
Uribe ha venido creando un modelo privatizador en el que las pérdidas deben ser impedidas a toda costa, así el Estado tenga que asumirlas. «Ima­gínense ustedes a un empresario que produce pan, y llega el día en que nadie se lo compra. En ese momento entra el Estado a sus­tituirle las ventas, independientemente de cuál sea la razón por la cual la gente ha dejado de comprar». Es el fenómeno «que uno ve en los peajes de las carreteras privatizadas, que operan igualmente a cero riesgo».
Robledo calificó el modelo como lumpen­capitalismo, «un capitalismo montado en beneficio de quienes logren apoderarse del Estado para ponerlo a funcionar al servicio de unos cuantos negocios que no son capaces de salir adelante». En el lumpen­capi­talismo, las pérdidas se socializan, pero no las utilidades, y las empresas privatizadas se quedan con la crema de los usuarios, mientras que al Estado se le dejan los usuarios-problema. Robledo precisó, dirigiéndose al viceministro: «Falta por ver en qué va a terminar toda esta astucia, porque es supremamente cruel que alguien se gane un dineral sobre la base de dejar a cientos de miles de familias sin la posibilidad de algo tan elemental en la Costa Atlán­tica como una nevera o un ventilador, para no hablar de aire acondicionado».
El caso de Electrocosta y Electricaribe «evidencia, ¡y de qué manera!, el fracaso de la política de privatización», dijo Robledo. «Se terminan estableciendo empresas de servicios que solo pueden operar sobre la base de cortarle la luz a una porción inmensa de la población. Y yo pregunto: ¿el Estado auxiliará a esos monopolios a perpetuidad?» El modelo privatizador, agregó Robledo, «no funciona, no le sirve a la nación, no es un modelo de progreso. Las Leyes 142 y 143 conducen de modo inexorable a una política antisocial».
Aseveró: «Repudio de manera enérgica lo que está sucediendo en la Costa. No es cortándoles la luz a 250 mil familias como se puede manejar bien este país, ni imponiéndole unas tarifas impagables a una región donde no hay ningún instrumento de desarrollo, una región que va a ser rudamente golpeada por el TLC».
Robledo concluyó preguntándose: «Electrocosta y Electricaribe ¿no deberían ser intervenidas y pasar a propiedad del Estado? ¿Para qué entregarles a esos monopolios tan grandes cantidades de dinero, cuando así lo que tenemos es que el país pierde mientras los extranjeros siempre ganan?»

Francisco Valderrama Mutis

El pasado 15 de agosto, Hugo Chávez derrotó en el referendo revocatorio a las fuerzas más reaccionarias de Venezuela, agrupadas en la Coordinadora Democrática, cuyas actividades fueron financiadas y apoyadas directamente por el Gobierno norteamericano y su Embajada, a pesar de los anuncios de los medios de comunicación privados que auguraban a voz en cuello una derrota apabullante para el indócil presidente.

En su esfuerzo por tumbar a Chávez, desde diciembre de 2001 esas fuerzas, con la connivencia de los dirigentes de la Central de Trabajadores de Venezuela, CTV, comandaron sucesivos paros patronales contra la promulgación de las llamadas leyes habilitantes que hacen obligatoria la participación estatal en las empresas de explotación petrolera y ponen en marcha una reforma agraria con la compra de tierra a los terratenientes. El paro del 8 de abril de 2002 condujo tres días después a un golpe de Estado que abortó prontamente debido a que las masas populares se concentraron alrededor del Palacio Presidencial y las principales instalaciones militares exigiendo el regreso de Chávez, que se produjo el 14 de abril con el respaldo que terminaron dándole la mayoría de las fuerzas militares.

Desesperados por el fracaso de sus intentonas, los opositores decidieron finalmente jugarse la carta de PDVSA, la empresa anónima estatal petrolera de Venezuela. En diciembre del 2002 sus ejecutivos y la CTV declararon la huelga total, acompañada de un nuevo paro patronales el país, con el fin de doblegar la resistencia de Chávez. Hacían el cálculo que si le estrangulaban al gobierno el ingreso petrolero, equivalente a la tercera parte del PIB, al 50% de los recaudos gubernamentales y al 80% de las exportaciones, tendría que someterse a sus exigencias.

Estados Unidos apoyó la nueva aventura de los opositores, sin calcular que podría producirse una parálisis de las exportaciones petroleras venezolanas con graves consecuencias para su propia economía. Creía a pie juntillas que la plantilla de ejecutivos pronorteamericanos de PDVSA man­ten­dría la empresa en funcionamiento, reemplazando a los trabajadores en huelga, y que Chávez se rendiría ante el asedio. Las multinacionales del petróleo perseguían quedarse con las condiciones establecidas por los anteriores gobiernos neoliberales, que limitaban las regalías a 16,7% y no exigían participación estatal en las nuevas concesiones petroleras. Chávez aprovechó la huelga para retomar el poder dentro de PDVSA, cuyo proceso de privatización interna estaba muy avanzado, de acuerdo con los lineamientos de la política de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Como consecuencia de la parálisis, Estados Unidos tuvo que salir a buscar en el mercado internacional el 15% de sus necesidades de petróleo, atendidas por Venezuela, con el agravante de que el petróleo del Golfo Pérsico o de Rusia se demora en llegar a sus costas más de 30 días, mientras que el venezolano sólo tarda 6. Este hecho, sumado a la guerra de agresión contra Irak, la actividad cada vez más intensa de la resistencia iraquí, la posibilidad de atentados contra las terminales petroleras en Arabia Saudita, el peligro de sabotaje a los oleoductos rusos en Chechenia, la inestabilidad política en África y la negativa de Bush a utilizar sus propias reservas de petróleo para paliar los faltantes, impulsaron vertiginosamente hacia arriba el precio del barril. La situación era aún más grave si se tiene en cuenta que PDVSA logra una parte importante de sus ganancias en territorio de Estados Unidos, a través de su subsidiaria Citgo Petroleum Corporation, que en la Costa Este es la más importante proveedora de asfalto, la segunda en refinación y la tercera en distribución de gasolina a través de sus 13 mil estaciones.

Cuando el gobierno logró restaurar la producción y las exportaciones una vez finalizada la huelga de tres meses, obtuvo paradójicamente ingresos extraordinarios que le permitieron desarrollar una activa política de alivio de las necesidades de los sectores más empobrecidos de la sociedad venezolana, 50% de la población, a través de las distintas misiones orientadas a la prestación de servicios de salud y educación gratuitas en todos sus niveles, la distribución de las tierras ociosas compradas a los terratenientes, la promoción y creación de microempresas y cooperativas y, ahora, a la creación de una empresa estatal de telecomunicaciones.

A lo largo del año 2002, las grandes empresas petroleras conspiraron contra su gobierno mientras creyeron que la oposición podía derrotar a Chávez. Prueba de ello son las ridículas ofertas, o la negativa a hacerlas, cuando el gobierno sacó a licitación la Plataforma Deltana con reservas probadas de gas de 20 a 30 trillones de pies cúbicos. Una vez decidida la suerte en el referendo, los monopolios iniciaron su participación ofertando sobre los sectores no contratados, resignados a aceptar que las regalías tienen que subir a 30% y que PDVSA debe tener una participación entre 1 y 35% en las empresas de explotación. Escaldados por todos sus fracasos, los monopolios petroleros deseaban que Chávez finalmente se impusiera en la revocatoria, tal como lo registró el Financial Times el 9 de agosto pasado: «Si Hugo Chávez gana el próximo domingo (…) su victoria sería compartida por la industria petrolera internacional». Pero el imperialismo norteamericano no se resignará jamás al gran fracaso que en Venezuela tuvo su política de pri­va­tización de las empresas petroleras estatales sobrevivientes en América Latina.

El programa de gobierno de Chávez, formulado en 1998, se limita a ponerle término al pacto bipartidista que impedía el juego político democrático en Venezuela y perpetuaba el relevo entre los dos partidos dominantes, a acabar con la corrupción y aliviar la pobreza, sin afectar los intereses económicos de las clases dominantes, y a garantizarles a los monopolios norteamericanos los negocios en el sector del gas y del petróleo. No obstante, las contradicciones con el proyecto de recolonización imperialista y con la oligarquía venezolana han sido muy agudas en otros aspectos centrales.

Hugo Chávez, el coronel triunfante en las elecciones de 1998, surgido de las duras condiciones que le impuso al pueblo venezolano la política neoliberal aplicada a rajatabla por la dictadura bipartidista de Acción Democrática y la Democracia Cristiana y luego por la nueva tecnocracia de yupies aperturistas una vez se produjo el debilitamiento inducido de esos partidos tradicionales, se ha convertido en un tenaz contradictor de la estrategia continental y mundial del imperialismo norteamericano. Se opuso a las guerras que Estados Unidos lanzó contra los pueblos de Afganistán e Irak, diciendo que eran «combatir el terrorismo con terrorismo»; promovió relaciones amistosas con Cuba, a la que suministra petróleo subsidiado y en canje por los servicios de médicos y alfabetizadores, precisamente en el momento en que Bush redoblaba contra la nación cubana su política de bloqueo económico; exigió que la misión militar norteamericana desocupara las instalaciones que tenían en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas de Venezuela; rehusa cooperar con la intervención norteamericana en la lucha contra las guerrillas colombianas; no permite la utilización del espacio aéreo venezolano para los planes norteamericanos de vigilancia antinar­cóticos; se ha negado a entregar a las agencias de inteligencia de Estados Unidos información sobre la comunidad árabe que reside en Venezuela; promociona la integración de los esfuerzos petroleros latinoamericanos para independizarse del control de los monopolios estadounidenses; aboga por una política independiente en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP; visitó a Sadam Husein y a Moamar Gadafy, cuando eran anatematizados por Washington; ha impulsado la participación estatal directa en la prestación de los servicios públicos domiciliarios; fortaleció la educación y la salud públicas, en contravía de la corriente privatizadora neoliberal (, a través de las famosas «misiones»); se ha opuesto abierta y enérgicamente en todos las cumbres presidenciales y ministeriales al ALCA, y se negó a participar en las negociaciones del tratado bilateral andino de «libre comercio», con el cual EU pretende doblegar la oposición que ha encontrado su plan de recolonización en toda América Latina.

Este último es el punto crucial de la contradicción con el imperialismo norteamericano. Necesitado Estados Unidos de revitalizar su economía, ha procedido a expoliar a los países latinoamericanos. Sin importarle la quiebra de su producción agrícola e industrial, les impone la apertura sin trabas de ninguna especie a las inversiones especulativas de sus capitales financieros, el desmonte de las limitaciones a los derechos de propiedad intelectual, la participación en el negocio de las compras gubernamentales, la privatización de la salud, la educación y otros servicios públicos, en suma, el total sometimiento a su política de recolonización. La oposición beligerante que en Venezuela desarrolla Chávez contra el intervencionismo imperialista, acompaña las luchas que contra el mismo y el avance en sus imposiciones neoliberales despliegan los trabajadores y los pueblos del resto de América Latina.

Francisco Valderrama Mutis

A pesar de la seguridad que deberían darle a Bush las encuestas que lo muestran ganando por 5, 10 ó 13 puntos, los sucios ataques mutuos que proliferan en la actual campaña presidencial norteamericana indican que tanto en el bando republicano como en el demócrata prima el criterio de que las elecciones se van a decidir por escaso margen. Un síntoma de esto fue la virulencia del vicepresidente republicano Dick Cheney al señalar que votar por el candidato demócrata John Kerry era invitar a los terroristas a que golpeen de nuevo en territorio estadounidense, lo que Bush se apresuró a avalar expresando que quienes critican sus decisiones durante la guerra ponen en peligro a los soldados norteamericanos y apoyan a los enemigos. La respuesta a semejante acusación vino esta vez en un editorial de The New York Times:«Nosotros pensamos que tratar de mostrar las críticas sinceras como peligrosas para la seguridad de la nación es equivocado. Se refleja de mala manera sobre el carácter del presidente, que en este momento esté poniendo por encima del bienestar nacional su propia ambición».

Los agudos tonos de la contienda electoral llevan a que aparezcan revelaciones sobre las condiciones de los Estados Unidos y sobre las crecientes contradicciones de su política imperialista. Bien vale la pena hacer una relación de las más notorias.

La situación económica se ha deteriorado durante el gobierno republicano hasta el punto que las lacras reservadas a los países del Tercer Mundo empiezan a aflorar en el propio Estados Unidos. Kerry la describe así: «El récord de George Bush habla por sí mismo. 1,6 millones de trabajos perdidos. Es el primer presidente en 72 años en perder empleos bajo su mandato. Ocho millones de norteamericanos están ahora buscando trabajo; 45 millones no tienen seguro social, cinco más que cuando llegó a la presidencia; 4,3 millones han caído en la pobreza en los últimos cuatro años, de los cuales 1,3 son niños. La familia norteamericana promedio vio caer sus ingresos anuales en 1.500 dólares, mientras los costos de los servicios de salud, la atención a la infancia, la gasolina y la enseñanza, se incrementaron más rápidamente que en cualquier otro período. 220 mil no pudieron asistir a las instituciones educativas durante el último año, simplemente porque no las pudieron costear. Este presidente convirtió un superávit de 5,6 millones de millones de dólares en billones de deuda que tendrán que pagar nuestros niños. George Bush hizo posible todo esto en sólo cuatro años. Imagínense lo que podría hacer en otros cuatro».

La propuesta de la «sociedad de propietarios» de Bush se inclina a que los beneficiados sean los más ricos y las corporaciones, a los que satisface con toda clase de exenciones y recortes tributarios. Un estudio de dos ONG norteamericanas (Citizens for Tax Justice, CTJ, y el Institute on Taxation and Economic Policy, ITEP) dicen que 1/3 de las grandes corporaciones no pagan impuestos; 2/3 de las mismas en el Estado de Oregon, pagan el equivalente al impuesto mínimo, o sea, diez dólares por año; y concluye que en 2003, el promedio de los norteamericanos pagó más impuestos que monopolios como AT&T, Time Warner y Walt Disney.

Kerry tiene la debilidad de haber votado en el Senado por los incrementos y medidas que ahora critica. La campaña de Bush recuerda su historial de «saltarín» entre posiciones contradictorias, que inauguró cuando a su regreso de participar en las atrocidades de la guerra contra el pueblo vietnamita, se convirtió en contradictor de la misma.

A partir del ataque contra las torres gemelas, George Bush puso en marcha a todo vapor el plan de dominación mundial que se venía cocinando en los centros de estudio neoconservadores desde la presidencia de Reagan, contenido en la Estrategia de Seguridad Nacional, proclamada en septiembre de 2002. El mundo conoció que Estados Unidos se arrogaba el derecho a atacar preventivamente a las personas o países que representaran o pudieran representar una amenaza, y que la agresión militar serviría para imponer la dominación económica a través de los «mercados libres y el libre mercado».

El equipo de Bush ha dispuesto una reestructuración de las fuerzas militares, para hacerlas más eficaces en la utilización de armas de última tecnología; el despliegue de una red de bases militares por todo el mundo que ya llega a cerca de mil, albergan a cerca de 500 mil soldados norteamericanos y rodean con un cinturón de hierro las zonas petroleras más ricas del planeta, desde Manta, en Ecuador, hasta Indonesia y Filipinas, caracterizadas por situaciones sociales explosivas; el aumento vertiginoso del presupuesto militar, tanto para atender los escenarios de guerra como para el desarrollo de nuevas armas; y el redes­pliegue de las bases y de las unidades militares para cercar las zonas donde los estudios geoestratégicos han señalado que se va a decidir la suerte de la hegemonía mundial, Asia Central, la frontera china y Europa Oriental.

Los fracasos y tropiezos en la guerra de agresión contra Irak no han logrado modificar esta política. Ni el aumento continuado de las bajas norteamericanas; ni el incremento de la resistencia, con un promedio de 80 ataques diarios contra sus destacamentos; ni los fracasos de Faluja y Najaf, ocultados por la prensa de los países bajo su dominación; ni las interrupciones de las exportaciones petroleras; ni la incapacidad para restaurar los servicios públicos básicos, arrasados por sus bombas; ni la creciente oposición interna que se expresó en la gigantesca manifestación contra la convención republicana en Nueva York; ni las decenas de libros y las continuas columnas de prensa cuestionando su capacidad de liderazgo; ni el derrumbamiento del andamiaje completo de mentiras que utilizó para justificar la invasión colonial.

Bush no acepta sus errores y ni siquiera la realidad, como lo apreciaron los asistentes a la plenaria de la ONU, donde defendió con estolidez todas sus actuaciones, con afirmaciones cínicas como: «Nosotros sabemos que los dictadores están prontos para decidirse por la agresión, mientras que las naciones libres se esfuerzan por resolver las diferencias pacíficamente». A la pregunta de qué decisión tomaría en el momento actual sobre la guerra contra Irak, respondió: «Sabiendo lo que hoy se, incluso sin haber encontrado los arse­nales de armas nucleares que creíamos todos que estaban allí, tomaría la misma decisión».

Pero Kerry no tiene una posición esencialmente diferente frente al problema de la seguridad nacional. Su programa plantea ganar la guerra global contra el terrorismo; detener la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas; promover la democracia, la libertad y las oportunidades para todos; modernizar las fuerzas militares más poderosas del mundo para enfrentar la amenaza del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y enfrentar misiones estratégicas y regionales; utilizar todo el poderío diplomático, de sistemas de inteligencia y económico para hacer a Estados Unidos más seguro y prevenir el surgimiento de una nue­va generación de terroristas; y liberar a Norteamérica de su peligrosa dependencia del petróleo del Medio Oriente. La identidad con el programa de Bush se acrecienta cuando propone aumentar el pie de fuerza en 40 mil unidades, duplicar las fuerzas especiales y completar el proceso de transformación tecnológica militar.

Kerry intenta diferenciarse con su propuesta de que la alianza atlántica sea restaurada y que Estados Unidos dirija a sus viejos aliados en vez de afrontar unila­te­ralmente la tarea. Y que los países de la OTAN participen en la seguridad de Irak y en su reconstrucción. Descontadas éstas, lo más ácido de la campaña se concentra en la discusión de cuál de los dos tiene mayores capacidades de comando para enfrentar la situación actual de la llamada guerra contra el terrorismo. Las críticas de Kerry sobre la guerra de Irak son débiles porque no puede asumir las consecuencias, o sea, el retiro inmediato de las tropas.

Demócratas y comentaristas de prensa se impacientan frente a la indecisión de Kerry y su falta de coraje para enfrentar la campaña sucia de los republicanos. En serio y en broma le plantean la necesidad de enderezar su campaña mostrándose más beligerante y lo aconsejan sobre qué decir acerca de cada uno de los temas. Krugman le sermonea que no puede seguir respondiendo los brutales ataques de la campaña de Bush con disertaciones sobre la seguridad social. Uno más tituló su columna con un «si solamente Kerry fuera del Bronx», haciendo alusión al origen aristocrático del candidato. Otros, le dicen que ante su voto afirmativo por la guerra de agresión contra Irak, lo que debe hacer es reconocer que se equivocó y apuntalar así sus críticas. Todos coinciden en que los norteamericanos rasos no han podido entender su posición sobre la guerra; que cuando habla de proteger los empleos en territorio norteamericano, lo hace con el entusiasmo del ferviente partidario del libre comercio que siempre ha sido; y que está desarrollando una campaña a la defensiva, cuando debería estar planteando un agresivo asalto sobre las posiciones de Bush.

Si bien la suerte de los contendientes en la puja electoral está todavía por definirse, pues se predice un repunte de Kerry cuando comiencen los debates televisivos entre los dos candidatos, el próximo jueves 30 de septiembre, la suerte de los pueblos del mundo ya está echada. Como hemos visto, cualquiera de los dos continuará con las agresiones militares y la imposición de tratados de libre comercio, que, sin embargo, terminarán por poner al descubierto todas las debilidades y lacras del imperio y fortalecerán inevitablemente, como ya lo estamos viendo, las luchas de resistencia de los pueblos del mundo.

La situación que sufre el Hospital de Caldas y otros más del departamento es un fiel reflejo de la crisis nacional de la salud pública. Las cifras del Hospital muestran con claridad la situación que padece:

La cartera a junio de 2003 era de casi 20 mil millones de pesos, de los cuales, más de 13 mil millones estaban objetados por las EPS, las ARS y otras instituciones, tanto públicas como privadas. El Hospital no puede funcionar, así le paguen lo adeudado, porque además el gobierno nacional no gira los recursos suficientes para atender a los vinculados.

El Hospital se acogió a la Ley 550, hizo cuatro reestructuraciones, despidió a cerca de 750 trabajadores, entregó áreas enteras de prestación de servicios al capital privado y, sin embargo, cuatro años después de la aplicación de la política de «salvamento», el resultado es peor: su cierre.

Según el Ministro de Protección Social, el cierre del Hospital obedece a que en Caldas hay tres hospitales públicos de tercer nivel de atención, ya que, en sus palabras, se requiere sólo uno por cada millón doscientos mil habitantes. En la lógica de los neoliberales, a nuestro pueblo no le falta atención en salud. El sistema está saturado, no hay pacientes para atender ni operaciones represadas. Tampoco hacen falta medicamentos ni material médico-quirúrgico y demás elementos para la prestación de un servicio adecuado. Pero la cruda realidad es que las gentes que acuden a los hospitales no reciben atención y los miles que no lo pueden hacer se mueren en sus casas.

El problema del Hospital es el mismo que asfixia a la salud en Colombia. Los intermediarios financieros se quedan con buena parte de los recursos sin atender a los pacientes y recibiendo dineros del Estado y de los usuarios para obtener jugosas utilidades. Mientras los recursos no sean girados directamente a la red pública y sobre la base de financiar la oferta en lugar de subsidiar la demanda, tal como ocurre hoy, seguirá ahondándose la crisis. Con el TLC la situación será peor, porque dicho tratado contempla la privatización total de la salud y la entrega de la misma a los operadores privados internacionales.

Al igual que en otros departamentos, miles de caldenses han protestado. El 18 de agosto se adelantó un Paro Cívico organizado por el Frente Común por la Defensa de la Salud Pública y el Hospital de Caldas, integrado por la CUT, los partidos políticos de izquierda, sectores académicos y personalidades democráticas, el cual, aunque no tuvo una participación mayoritaria de los manizaleños, sí movilizó a más de siete mil personas y contó con amplia simpatía entre la población. El Frente Común está comprometido a continuar su lucha hasta lograr la reapertura del Hospital de Caldas y la derogatoria de la Ley 100.

Luis A. Villar, médico y profesor de la UIS

Han transcurrido diez años desde cuando se impuso una ley de supuesta cobertura universal en salud, que introdujo al capital financiero convirtiendo la salud en mercancía, eximió de su papel rector y de finan­ciamiento al Estado y, con la creación de los fondos de solidaridad trasladó esta última responsabilidad a los trabajadores. Los cálculos más bondadosos con el nuevo sistema estiman que 52% de la población no cuenta con ningún tipo de aseguramiento, muy a pesar de que el monto del dinero dedicado al sector no tiene antecedentes pues hoy está entre el 9% y el 11% del PIB.

En un intento por describir el panorama de la salud en Colombia, examinemos al menos cuatro aspectos que ponen al desnudo el balance negativo de la política neoliberal aplicada en la última década.

Deterioro de la salud pública

Aunque en los años noventa no estábamos bien, hoy todos los indicadores importantes señalan un retroceso en la calidad de la salud de los colombianos. Han aumentado significativamente los índices de cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las mentales y las transmisibles, entre otras.

En salud mental, mientras sólo existen mil cien siquiatras registrados en todo el país, y al tiempo que desapareció del Ministerio la División de Salud Mental, doce millones de colombianos padecen algún tipo de trastorno que requiere atención especializada. A lo cual se suma la más aguda crisis financiera y técnica de todos los centros de atención siquiátrica.

La tuberculosis, enfermedad secular­mente ligada a la desnutrición y la pobreza, se ha incrementado año tras año, aumentando la resistencia a los antibióticos en niveles alarmantes.

El más notorio de los retrocesos ha ocurrido en enfermedades transmisibles como sida, tuberculosis y las transmitidas por vectores (ETV) como la fiebre amarilla, el dengue y la malaria, enfermedades que han resurgido a niveles semejantes a los observados en la primera mitad del siglo XX.

Acaba de ocurrir el más grave brote de fiebre amarilla en los últimos cincuenta años, el más delicado de la última década en toda América. Esta epidemia dejó al descubierto la fragilidad de la salud pública nacional y la débil capacidad de respuesta del Estado. Hubo que importar vacunas del Brasil después de que fuimos por décadas un país exportador, y quedó al descubierto que solamente una mínima parte de la población expuesta, el 5%, estaba vacunada al inicio del brote. Durante la primera mitad del siglo pasado, la capacidad estatal superaba con creces a la actual, el Estado colombiano era proveedor de vacuna antia­marílica para el Continente y tenía el Servicio de Erradicación de la Malaria y Control de Vectores (SEM), institución que entrenaba personal de otros países y era visitada por su interés científico. La situación revela una alta susceptibilidad de la nación a sufrir epidemias y al empeoramiento de enfermedades crónicas como las cardio­vas­culares y el cánce
r.
Destrucción de la Red Hospitalaria

La Ley 100 obligó a los hospitales públicos a convertirse en Empresas Sociales del Estado y eliminó la financiación estatal a la oferta, dando paso al subsidio a la demanda para condenarlos a vender y facturar servicios. El efecto ha sido devastador para toda la Red Hospitalaria Pública, por la «cultura del no pago» del gobierno como responsable de la factura de los mal llamados «vinculados», que representan la mitad de la población, a pesar de que gran parte de los dineros para tal fin son recaudados del descuento obligatorio que se hace de los salarios de los trabajadores del Estado y de las rentas cedidas.

Además, los hospitales de pequeños y medianos municipios, muchos de ellos construidos con el esfuerzo de las propias comunidades, han sufrido un drástico recorte en la financiación del gobierno central.

En un hecho sin antecedentes en la historia del país, numerosos hospitales vienen siendo cerrados. Esto incluye grandes centros de atención para la población des­protegida como el San Juan de Dios y el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, de Bogotá, y los Hospitales Universitarios de Cartagena y de Caldas. Amenazan correr la misma suerte el Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga, el de Cúcuta, el de Popayán y el San Jorge de Pereira, entre una veintena de distintos departamentos.

Para finales del 2003 la deuda de la Nación a diecinueve hospitales públicos por la atención a los «vinculados», desplazados, subsidiados y de Fisalud, era de 663.570 millones de pesos. (El Tiempo, 22 de enero de 2004). En abril, a sólo ocho de los principales hospitales de tercer nivel, el Estado les adeudaba 535 mil millones de pesos (Ámbito Salud, periódico Legis, abril 28 de 2004). En febrero, a la Red Hospitalaria del Valle se le adeudaban 74 mil millones de pesos y al Ramón González Valencia de Bucaramanga, 55 mil millones de pesos.

Ante los reclamos de distintos sectores, el gobierno uribista responde que «los hospitales son empresas no rentables» y que toca cerrarlas, pero oculta que a esos hospitales les sobran «clientes» y que el responsable de financiarlos es el gobierno, que no paga.

La Contraloría ha denunciado que en TES y CDT existen 2,5 billones de pesos del Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías), captados de los salarios de los trabajadores estatales y con los cuales se podría saldar la deuda con los hospitales públicos, pero que están respaldando deuda pública con la banca internacional.

Aseguramiento, negocio del capital financiero

La Ley 100 ha sido un poderoso instrumento de enriquecimiento para el capital privado dedicado a la intermediación y al aseguramiento. Semana, al reseñar las cien empresas más grandes de Colombia, informa que se destacan Salud­coop, Coomeva, Colsánitas, Medici­na­Pre­pagada, Susalud y SaludTotal. Las cinco tuvieron ventas en 2003 por 2,02 billones de pesos, de los cuales solo Saludcoop facturó 1,3 billones, superando los ingresos operacionales de Bancolombia, el primer banco del país, que solo alcanzó1,17 billones.

En una década Saludcoop pasó de 2.500 millones de pesos en activos a 237 mil millones. Y es ahora una de las veinte empresas más grandes del país y la tercera en número de empleados después de Almacenes Éxito.

La conversión de la salud en mercancía convirtió el aseguramiento en un gran negocio, al punto que las decisiones médicas se orientan ahora por la necesidad de las EPS y ARS de buscar rentabilidad y ganancia para sus accionistas. Bajo las acciones auspiciadas por un grupo de quinta­columnistas del sector privado que desde adentro velaron por reducir la capacidad operativa y técnica del ISS, sabotearon la afiliación de nuevos usuarios y previnieron negativamente a la población que ingresaba al ISS, todo ello para fortalecer las EPS privadas.

Afectado gravemente el Seguro, principal regulador de los intereses privados en el sector salud, se registró la permisibilidad gubernamental para que las EPS privadas emerjan como trusts, mediante el llamado «crecimiento vertical», que no es otra cosa que la conformación de monopolios. Estas empresas de salud se venden a sí mismas la atención en clínicas propias, aspiran a crear sus propias empresas de empaques de medicamentos y a contar con sus facultades de medicina para la formación del recurso humano ajustado a sus propias necesidades de contención de costos.

Con la creación de las siete ESE del ISS parece haberse planeado la estocada final contra el Instituto. Estas deben facturar lo necesario para sostener los gastos de funcionamiento en cada región del país en una situación en la cual han disminuido los afiliados, y por ende los ingresos.

Las ARS también se han convertido en parte del monopolio de las EPS. El gobierno nacional, a partir del decreto 1804 de 1999, fijó como requisitos para administrar el régimen subsidiado tener 200 mil afiliados (50 mil en algunos casos excepcionales) y acreditar un patrimonio mínimo de diez mil salarios mínimos mensuales. Así, las ARS pasaron de ser 275 en 1999 a 41 en junio de 2001, aumentando a su vez la participación de las EPS dentro del total de ARS y eliminando casi totalmente a las ESS (Empresas Solidarias de Salud), que en muchos casos eran superiores en la calidad y pertinencia de los servicios prestados.

El gobierno les pagó a las ARS para que atendiera a 7.500.000 personas, y solamente atendieron a menos de la mitad. Como consecuencia, en 1996, las ARS se embol­sillaron el 56,58% de los recursos de la salud como gastos de administración. Para 1998, la cifra alcanzó al 40%. Es tanta la aberración que el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Social, Cnsss, definió que del presupuesto que les entreguen los entes territoriales, deben gastar en atención como mínimo el 75%. Cosa que tampoco se cumple. Son conocidas también las denuncias de los hospitales porque las ARS y las EPS les niegan el pago de las cuentas o las demoran varios meses, incluso años.

Desmejoramiento de las condiciones laborales

En asocio con los funcionarios del gobierno uribista, las EPS privadas han intentado hacer aprobar en el Congreso de la República un proyecto de ley que abra las puertas a la graduación de profesionales de la salud sin el concurso de una universidad, y contar con escuelas de formación en la que los egresados se ajusten a la concepción de una prestación del servicio de salud basada en la rentabilidad. Con iguales propósitos, el gobierno ha presentado nuevamente al Congreso su proyecto de ley, identificado con el número 226, anexándole las correspondientes adecuaciones al manejo del recurso humano dentro del TLC.

Paralelo al proceso de arrasamiento de la salud pública y de la Red Hospitalaria, el gobierno ha insistido en echarles la culpa de la crisis a los trabajadores, para lo cual ha suprimido los derechos de asociación y contratación. Igualmente el efecto sobre las remuneraciones y derechos de los profesionales ha sido devastador. Se han destruido las bases del profesionalismo, eliminando el acceso a la actualización en el conocimiento, suprimiendo la autonomía para la toma de decisiones en desmedro de la calidad de la atención, disminuido el tiempo de atención a los pacientes y recortado los medicamentos prescritos y las pruebas de diagnóstico.

Reforma uribista a la Ley 100, más de lo mismo

Ante la grave situación del sistema de salud del país, el gobierno nacional propone soluciones con más de la misma política. En el proyecto de ley presentado, mientras aumentan los recursos para fortalecer el sistema de aseguramiento favoreciendo el monopolio de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, se reducen drás­ticamente los recursos para la financiación de los hospitales. A la vez se les exigen nuevos ajustes de las plantas de personal y contratación a destajo de los trabajadores, y se sientan las condiciones para liquidarlos ante la imposibilidad de ser autosos­tenibles después de los procesos de ajuste.

El mencionado proyecto es aprovechado por el gobierno para evadir el pago de las deudas por paripassu (un peso del gobierno por cada peso aportado por los trabajadores) y por la atención a vinculados en los once años de aplicación de Ley 100, reducir en un 60% la pingüe financiación de la atención de la población no asegurada a través del SGP. Quienes no logren acceder a los carnés de las EPS, dejarán de existir para el sistema de salud.

Convocamos a conformar el más amplio frente para derogar la nefasta Ley 100, eliminar la intermediación financiera en la salud, lograr la financiación estatal de la red pública hospitalaria y el respeto a los derechos de los trabajadores y profesionales de este sector.

Con 160 delegados de quince municipios del departamento y nueve organizaciones del sector agrario, la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, capítulo Caldas, celebró el pasado 06 de septiembre en la ciudad de Manizales su Primer Congreso Departamental Agrario «El agro caldense frente al ALCA y al TLC», para analizar los efectos de los tratados del libre comercio con los Estados Unidos, en la agricultura de Caldas.

El acto contó con la participación de Jorge Enrique Robledo, senador de la República; Aurelio Suárez, presidente de Unidad Cafetera Nacional y director Ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria; Pedro Nel Camargo, presidente de Unidad Panelera Nacional y Óscar Gutiérrez, diputado a la Asamblea de Caldas. El presidente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, Ángel María Caballero, envió un mensaje de respaldo a la lucha de los agricultores cal­denses. Asistieron representantes de las siguientes organizaciones: Unidad Cafetera de 15 municipios de Caldas; Unidad Pane­lera; la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, de varios municipios; la Cooperativa de Paneleros de Filadelfia; miembros de varios Comités Municipales de Cafeteros; el Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros, Chinchiná; la Asociación de Productores Indígenas y Campesinos, Asproinca, de Rio­sucio; el Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec; los resguardos indígenas de La Montaña y San Lorenzo; varios concejales de Supía y Riosucio. Es de destacar la presencia de estudiantes y profesores de las universidades de Caldas, Nacional y de Manizales.

Instalado por Jesús Antonio Díaz Corrales, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria de Caldas, el Congreso hizo énfasis en la necesidad de la movilización para derrotar el ALCA y el TLC. Por eso acordó, como tarea central, trabajar con decisión para lograr una gran participación del sector agrario caldense en el Paro del 12 de octubre.

Finalmente, se nombró el Comité Coordinador de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, capítulo Caldas, el cual quedó integrado por Álvaro Botero, de Neira; José Ayala, de Filadelfia; Gonzaga Gómez, de Aranzazu; Leonardo Gañán, de Riosucio; Jesús Moreno, de Belálcazar; Lázaro Grajales y José Alberto Orozco, de Aguadas; Fernel Amaya, de Salamina; Rogelio Restrepo, de Risaralda; Alcides Giraldo, de Manizales y un representante de Asproinca.