Privatización del sector eléctrico: OMINOSA ENTREGA DE LA EEB

Alejandro Torres

El 15 de septiembre, Luz de Bogotá y Capital Energía, compañías de fachada de la trasnacional española Endesa, prácticamente se apropiaron de la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, mediante la compra de la mitad de las acciones de Emgesa y Codensa, sociedades en las cuales el gobierno concentró las actividades de generación y distribución de la empresa capitalina y a las que se había subvalorado de manera escandalosa para poder presentar el torticero negociado como un éxito para Colombia. Éste es el más reciente capítulo de la aberrante entrega de la propiedad eléctrica del país a los monopolios, que ya se apoderaron de 50% de nuestra capacidad de generación; y una prueba de que, cuando se trata de servir a los intereses imperiales, samperistas y mockusistas son el mismo perro con la misma guasca.

Tras de ladrones, bufones

En grotesca ceremonia presidida por el ministro de Minas y Energía, Orlando Cabrales, y el alcalde de la capital, Paul Bromberg, se entregaron al monopolio ibérico por US $ 1.907 millones la mitad de los 2 millones 500 mil kilovatios de capacidad instalada de generación de la empresa y el negocio de distribución, compuesto por un millón y medio de suscriptores y 8 millones de usuarios, el mercado más grande del país. El siguiente Cuadro ilustra la estafa y demuestra que no hubo la tan cacareada munificencia por parte de los compradores, y confirma con creces la afirmación del economista Eduardo Sarmiento de que “el país está vendiendo el kilovatio instalado a la mitad de lo que hoy en día cuesta realizarlo”.

Lo que se pagó por kilovatio instalado en Chivor, Betania y la EEB, es sustancialmente igual. Sobre las dos primeras diversos sectores coinciden en que fueron casi regaladas. Aún mayor atraco el cometido contra la EEB que posee 20% de la capacidad generadora colombiana, atiende el mercado más grande del país, e incluye El Guavio, que demandó más de 3 mil millones de dólares construirlo, y apenas tiene un lustro de funcionamiento, frente a Chivor y Betania con 20 y 10 años respectivamente.

En cuanto a la distribución y comercialización de la energía, a cargo de Codensa, sucedió otro tanto. El monopolio ganador lo remató por 1.000 millones 91 mil dólares. Los mismos representantes de éste manifestaron que adquirieron las acciones a un valor promedio de US$ 1.380 por cliente, cuando en Chile el mismo valor para Chilectra es de US$ 2.400.

El propio señor José Yuraszeck, llamado el “nuevo zar” de la energía en América Latina, advirtió que siendo los activos de generación de la EEB equivalentes al tamaño de Endesa de Chile, lo cancelado por ella es “una cifra sumamente menor a lo pagado en Brasil o Argentina”, en operaciones similares de compra. Y José Manuel Kindelán, representante de Endesa Desarrollo, se mostró «sorprendido por el valor tan bajo que la EEB le había dado a las empresas”.

Más de las mismas raterías

El samperismo y el grupo de lagartos de la administración distrital no sólo vendieron a menos precio la propiedad pública. Cometieron también otras lindezas:

1. Les aceptaron a los compradores que de lo ofrecido por la mitad de la generación y la distribución, 270 millones de dólares vayan a la casa matriz, la otra sociedad de las tres en que fue fraccionada la EEB y que conservará este nombre. Así se apoderaron de 11% de las acciones de ella y de dos puestos en su junta directiva, con el fin de echarle mano a la red de transmisión y a otra serie de inversiones de las que es dueña dicha casa matriz.

2. No obstante que sólo compraron 48.5% de las acciones, el socio extranjero se queda con tres de los cinco directivos en cada una de las dos empresas (Emgesa y Codensa), es decir, el control absoluto, como fue exigido sin ambages por los monopolistas.

3. Aunque se había establecido que las acciones de las dos compañías no podrían ser adjudicadas a un mismo proponente, el conglomerado peninsular se quedó con ambas, presentándose embozado a la subasta bajo los alias de Luz de Bogotá y Capital Energía.

4. El consorcio trasnacional de consultoría, integrado por Coopers & Lybrand, N M Rothschild Ltd., y White & Case, y que manejó toda la estrategia, se embolsilló alrededor de US$ 20 millones, que deberá pagar la EEB, dada la fórmula que se pactó para pagar sus honorarios, llamada comisión de éxito, y determinada por el monto del negocio más un premio por el número de monopolios que atrajera a la negociación. Sin contar con que su papel se redujo a reestructurar la empresa al acomodo de los trusts y a ejecutar los pasos pendientes del cronograma privatizador aprobado en agosto de 1995 por los gobiernos nacional y distrital.


Empresa Capacidad instalada en KW Costo $US de proyecto o de la parte vendida Costo $US de construcción o venta del KW instalado
EEB – Emgesa 2.500.000 816.000.000 (1) 652
Chivor 1.000.000 643.000.000 (2) 643
Betania 500.000 300.000.000 (2) 600
Urrá 340.000 724.000.000 (3) 2.130
Hidromiel 375.000 685.000.000 (3) 1.826
Termoemcali 230.000 280.000.000 (3) 1.217
Cachoueira Dorada 526.000 714.000.000 (4) 1.358

(1) Valor pagado por 48.5% de las acciones de la parte de generación, compuesta por las hidroeléctricas de El Guavio, y las de la llamada Cadena del Sur y por la Termoeléctrica de Zipaquirá. El avalúo del gobierno fue de US $ 610 millones.

(2) Valor pagado por la totalidad de la empresa en la subasta de diciembre de 1996. Distintos sectores del país han expresado su protesta por los bajísimos precios de venta.

(3) Valor proyectado de construcción. Téngase en cuenta, para el caso de Termoemcali, que el valor de construcción de las térmicas es bastante más bajo que el de las hidroeléctricas.

(4) Valor pagado en septiembre de 1997 por 80% de las acciones de esta empresa de generación ubicada en Río Paranaiba, estado de Goiás, Brasil, por el consorcio conformado por el fondo de inversiones Laif II de los Estados Unidos, Endesa de Chile y Edegel del Perú. A pesar de que en toda América Latina se vende en baratillo la propiedad pública, este ejemplo muestra cómo los altos funcionarios colombianos llevan la delantera en obsequiosidad con los monopolios.


España, camino para llegar al Norte

La mayor tajada se la lleva el monopolio estatal español Endesa, que está en vísperas de privatizarse en 35%, proceso que concluirá en julio de 1998. Éste se ha convertido en “el conglomerado energético más importante de Iberoamérica”. Maneja en Latinoamérica alrededor de 15 mil megavatios de generación, más de 10 mil kilómetros de redes de transmisión y participa en la distribución en ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires, Caracas, Río de Janeiro y Lima. En su órbita giran más de 30 millones de usuarios.

El conglomerado español, en su embestida, ha recurrido a todos los métodos. En el parlamento chileno se debate la compra que hizo con sobreprecio de acciones de la red chilena que estaban en manos de unos pocos propietarios, los cuales eran claves para franquearle la entrada en el país austral. En España se está denunciando que su proceso de privatización es “oscuro e inconfesable” y destinado a favorecer a ciertos sectores económicos.

A la postre, como en Chivor y Betania, los usufructuarios serán los caimacanes del capital financiero que cotizan en Wall Street. Parafraseando a Francisco Mosquera: España resulta un buen camino para llegar al Norte.

Cunden el dolo y la rapiña

Para vender 85% de los 203 megavatios de Termocartagena, por la bicoca de US$ 15 millones, utilizaron como testaferros a un grupo de empleados. A los supuestos compradores se les amarró con una maraña de contratos: el Banco Andino les prestó la plata a condición de que le pignoraran las acciones y le otorgaran a la Fiduciaria Fiduandino un mandato irrevocable de administración de los títulos. Suscribieron una opción de compra a favor del inversionista, Colombian Electricity Fund, para que la ejerza pasados dos años, como lo dispone la ley, sobre acciones de empresas privatizadas que adquieran los trabajadores o el “sector solidario”, o cuando se le antoje porque la manguiancha ley lo acepta con sólo pagar una multa. Firmaron además una autorización para que una compañía gringa operara la planta.

La engañifa la urdió Colombian Electricity Fund, controlado por The Jersey Private Bank & Trust, y contó con la complicidad del Ministerio de Minas y Energía. He aquí la esencia de los “elementos democratizadores de la propiedad” contenidos en la Carta gavirista.

En Barranquilla, el consorcio Coenergía, integrado por las estadinenses Shite Energies y Lease Co. Power Limited y la española Unión Fenosa, se apoderó de 51% del negocio de distribución de la Electrificadora del Atlántico, Electranta, con 300 mil clientes. Con el ardid de que Electranta no contaba con producción energética, Coenergía entró en la construcción de Termo Río invirtiendo US $ 110 millones, 50% del valor de la térmica. Electranta aportó el otro 50%. Pero en el contrato se estableció que Coenergía, con esos 110 millones de dólares, se quedaba con la mitad de Termo Río y con 51% del negocio de la distribución. Como quien dice: pague uno y lleve dos. El señor Antonio Holguín, gerente de Electranta, señaló con la mayor frescura que para compensar a los inversionistas “la electrificadora tenía que contribuir en algo”.

Racionamiento, alza de tarifas, recorte de subsidios…

El MOIR ha insistido en denunciar que esta orgía privatizadora lleva a la pérdida de nuestra soberanía, a la atomización económica y asiste al propósito imperialista de desintegrar la unidad nacional. Además impone la elevación de las tarifas, la supresión de los subsidios, y conducirá, en el caso específico del servicio eléctrico, más temprano que tarde, a un nuevo racionamiento.

La Sociedad Antioqueña de Ingenieros planteó en diciembre pasado que “la planeación en el sector eléctrico se acabó”, y que ante la necesidad que el país tiene de aumentar anualmente en 500 megavatios de generación su capacidad instalada, los proyectos térmicos actuales no pueden aportarlos y que sólo el sector público puede realizar las inversiones que se demanda y brindarles subsidios a los estratos bajos de la población.

Pero en la medida en que el Estado regala su patrimonio se le hace imposible emprender obras de infraestructura. Serán menos los proyectos estratégicos que emprenda, del tipo de las hidroeléctricas de Urrá o Hidromiel, en las que tiene el grueso de la inversión, ya que aquéllos precisan altísimos costos de construcción, están sujetos a innumerables imprevistos y demoran varios años en comenzar a redituar. Las multinacionales, mientras tanto, acechan a la espera del momento en que, concluido el ingente esfuerzo de finalizar las obras, un Samper o cualquier Mockus se las ofrezcan como ganga. Los nuevos dueños atienden sólo los mercados rentables, transfieren a las metrópolis las ganancias, y las mayorías deben soportar la carestía de las tarifas y la amenaza del racionamiento. Paradójicamente, el mercado se reduce relativamente debido a la crisis en que la apertura sume la producción nacional y empobrece a las masas. El año pasado el consumo eléctrico creció sólo 1.6%, y para este año se prevé que será de 1.3%. En los últimos lustros el promedio fue de 5%.

A pesar de los padecimientos que soportan los cien mil pequeños y medianos productores de carbón del país, el Estado no tiene una política de impulso a las carboeléctricas, responsables de la generación de la mitad de la energía eléctrica en el planeta y que aportan una mayor seguridad. Por el contrario accede a todas las exigencias de las trasnacionales que explotan el gas en el país, como la British Petroleum, para instalar sus plantas y tomarse los mercados de distribución.

Para los estratos 1, 2 y 3, que en Bogotá suman 1 millón 40 mil suscriptores, 70% del total, el gobierno ordenó incrementos por encima de la inflación y ha acelerado la supresión de los subsidios; para el 4, el alza en 1996 fue de más de 200%; al 5 y al 6, lo mismo que a los sectores productivos se les cargó con una sobretasa de 20%. Los ganaderos de la Sabana de Bogotá en 1996 debieron pagar un incremento por encima de 60%, lo que ahondó su aguda crisis económica.

Lo “malo” de lo que es tan “bueno”

Después de regalar la EEB, con el argumento de que se necesita atraer el capital extranjero, ahora nos vienen con el cuento de que los dólares que sobren luego de pagar anticipadamente su deuda externa nos contagiarán de “enfermedad holandesa”, y por lo tanto el peso se revaluará. La misma fábula que les acomodan a las divisas petroleras. Lo raro del relato es que son sólo los dólares que Colombia puede percibir por sus productos o incluso los de la subasta de sus bienes los que causan la dolencia, y no los miles de millones de la inversión creciente de las multinacionales con los que se apropian del mercado interior y arruinan las actividades industriales, agrícolas o comerciales del país. El negocio redondo, lo poco que pagan por nuestra riqueza y activos, se nos obliga a dejarlo en los bancos de quienes se los apropian.

La única salida

En el seno del pueblo, e inclusive en el movimiento obrero, hay sectores que no sólo se han negado a luchar contra la privatización, sino que han contribuido a ella comprando acciones o rogando para que se las vendan, pidiendo que se cumplan las normas de la Constitución Política y las leyes sobre “democratización de la propiedad”, rindiéndoles culto a los prejuicios leguleyos. El obrerismo no puede olvidar que so pretexto de participar se les despojó de sus prestaciones a los trabajadores de Alcalis de Colombia, a los de Paz del Río, o se les reduce al humillante papel de calanchines, como en Termocartagena o Termotasajero.

La clase obrera y el pueblo no tienen salida distinta que la de enfrentar altivamente la agresión del imperio y sus lacayos. El rumbo es el marcado por los trabajadores de Telecom, Ecopetrol, la Caja Agraria, el SENA y muchos otros. Como lo dijera Eberto López, presidente de Sittelecom, que se apresta de nuevo a la batalla: “Ni siquiera si nos venden las acciones a los trabajadores vamos a transigir con que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones se convierta en sociedad por acciones, porque eso sería también privatizar”. Y dirigiéndose al gobierno: “Tan pronto como ustedes comiencen a ejecutar la decisión de subastar las licencias de larga distancia en beneficio de las trasnacionales y de los grupos financieros, los trabajadores de Telecom, con el apoyo de todos los patriotas, nos lanzaremos al paro nacional indefinido”.

EXTRADICIÓN PROGRINGA Y ANTINACIONAL

(Transcripción de algunos apartes de la intervención del camarada Marcelo Torres en el Senado, el 9 de septiembre de 1997.)

Marcelo Torres

Estados Unidos necesita restablecer esta institución en Colombia, la extradición, por los enormes intereses económicos que gravitan alrededor del mercado más grande del planeta: el mercado ilegal de los estupefacientes, de las drogas ilícitas o sustancias sicoactivas. Un profesor de la Universidad de California, doctor en economía, Raúl Fernández, ha dicho que este mercado oscila entre 120 mil y 600 mil millones de dólares anuales. La Junta de Fiscalización del Consumo de Narcóticos de la ONU lo calcula entre 500 mil y 600 mil millones. El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Ronald Noble, en diciembre de 1995, puntualizó, en Buenos Aires, que el producido mundial de narcóticos oscilaba entre 300 mil y 600 mil millones de dólares al año. Sí, señores senadores, más que la cifra del negocio automovilístico en el mundo entero, más que el negocio petrolero, diez veces la venta de armas. Se trata de un negocio gigantesco. (…)

El mayor lavadero de dólares

Estados Unidos es -lo dice Time Magazin, lo dice el director de investigaciones penales del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, Peter Farrel- el más grande lavadero de dinero del mundo. A Estados Unidos ingresa una cantidad ingente de capitales de todo el mundo por concepto de compra de bonos del tesoro norteamericano. Los extranjeros poseen cerca de la tercera parte de la deuda de Estados Unidos, la más grande del planeta, casi un billón de dólares. A través del lavado de dólares se compran cantidades no establecidas pero sin duda significativas de bonos del tesoro gringo, que le sirven a este gobierno para financiar el gigantesco déficit fiscal. Y a través de la doble facturación de importaciones y exportaciones, de compras de oro, de miles de negocios minoristas y de los grandes casinos, los fondos narcolavados también alimentan la economía privada norteamericana. Los bancos perciben enormes comisiones por lavar y lavar. El gobierno gringo tiene poderosísimas razones para no perseguir el lavado de dólares que se recicla en su propia economía.

Operación de policía para recuperar divisas perdidas

El fondo del restablecimiento de la extradición es que se trata de una operación de policía que adelanta Estados Unidos para recuperar las divisas de una economía imperial rapaz, en aparente pujanza y en decadencia real. Persigue conjurar el peligro de que los carteles del narcotráfico, esas organizaciones que actúan según el modelo de las multinacionales, logren trasladar un excedente económico mucho más grande del que han estado drenando hacia estos países, en una escala de muchas decenas de miles de millones de dólares. Es eso lo que está tratando de conjurar, y para impedirlo llegará inclusive hasta la agresión bélica. Tal objetivo lo busca cuando nos impone el establecimiento de delitos como el testaferrato, el lavado de dólares, el enriquecimiento ilícito, que allá no existe, la medida de la extinción de dominio y ahora la extradición, cuando aplasta todo aquello que en materia de derecho distingue a la edad moderna del medioevo, las conquistas democrático-burguesas, las garantías procesales, que han sido deplorablemente arrolladas en Colombia, con la intimidación y la sumisión vergonzosa a la que hemos asistido en este proceso.

Como una paradoja de la historia, nosotros tenemos que por primera vez o acaso por segunda vez -porque la primera, fallida, fue en el caso de los países petroleros- se da en el tráfico de narcóticos una transferencia de dineros de Norte a Sur: de la gigantesca cifra de los ingresos del narcotráfico, apenas 10 a 15% ha estado llegando a nuestros países. Estudiosos del asunto como Kalmanovitz, Eduardo Sarmiento o Francisco Thoumi, dicen que lo que se ha acumulado en razón de los 20 y más largos años de narcotráfico supera los 30 ó 40 mil millones de dólares. Y si los Estados Unidos logran la extradición de las jefaturas de estas organizaciones, es claro que tendrán muchas más posibilidades de recuperar el botín, que, según ellos, les pertenece.

El no a la extradición es la resistencia a la agresión gringa

Por dichas razones debe rechazarse este proyecto que conlleva la aspiración de un gobernante que se ha prosternado servil ante el imperio y quiere entregar hasta el último átomo de soberanía con tal de sobreaguar él, aunque la patria se hunda. Tiene razón Bernardo Guerra Serna cuando ha dicho que esta tarde votaremos por la sumisión o contra el sometimiento, es decir, por la resistencia, por la independencia del país, por la rebelión de una Colombia que no había vivido nunca época tan oscura ni gobernante alguno tan entregado al interés extranjero.

El Senado debe rechazar esta imposición infame del imperialismo norteamericano. Los corifeos de plebiscitos y consultas, que tanto adulan al pueblo con ellos, ahora, a propósito de la extradición, se oponen a todo trance a que se le consulte y que éste decida sobre el asunto. La extradición se aprueba a puerta cerrada y a espaldas del país.

En medio de una crisis política maquinada desde Washington

Un grupo de senadores hemos presentado la proposición de que se mantenga el artículo 35 de la Constitución que prohíbe la extradición de colombianos. Con ello no somos partidarios de que Colombia se convierta en un santuario para la delincuencia internacional. Estamos de acuerdo en que se persiga el delito en todos los rincones del planeta. Es cierto que la extradición es un antiquísimo instrumento de la civilización para luchar contra la delincuencia, pero en el contexto que vive Colombia, del que no se habla cuando se sustenta esta infame medida que se nos quiere imponer, restablecerla es una imposición norteamericana. Otra cosa sería si ello ocurriera en el marco de relaciones internacionales de igualdad, respeto mutuo, no intervención y beneficio recíproco. Pero no ocurre así. Restablecer la extradición significa someterse al interés imperial norteamericano.

Llevamos casi tres años de crisis política, creada por la intervención del gobierno norteamericano y sus agencias de seguridad en nuestros asuntos internos. Si hubiera gobierno digno en este país, habría expulsado hace mucho tiempo de nuestro territorio al intruso embajador norteamericano. Pero no lo hay, no hay gobierno que represente a la nación y es por eso que pretenden tratarnos como un país de vasallos.

AUTONOMÍA FRENTE A LA NACIÓN, SOMETIMIENTO A LOS MONOPOLIOS

Francisco Cabrera

En abril de este año se conoció la primera parte de un informe contratado por la Cámara de Comercio con la firma gringa Monitor Company, en el que la principal recomendación es convertir a Bogotá en “ciudad Estado”, independizándola de la nación. El estudio, titulado Fuerza Capital, ha sido utilizado para aleccionar a los cuadros directivos del gobierno y a los principales líderes gremiales, políticos y cívicos de la ciudad.

Va quedando claro el verdadero significado de la autonomía que se puso de moda en Colombia desde cuando se aprobó la Constitución de 1991. Autonomía se le entregó al Banco de la República y a los entes territoriales, a las empresas del Estado y a las poblaciones negras e indígenas, y se la encuentra dondequiera por entre la maraña de normas reglamentarias y organismos creados por la nueva Carta. ¿Cuál es el significado de tal autonomía? ¿A quién le sirve? Algunos hechos relacionados con grandes contratos en ciudades como Bogotá, y ciertos rasgos de las privatizaciones, nos ayudarán a aclarar estos interrogantes.

Bogotá ¿coqueta, o…?

En su campaña para repetir como alcalde, Jaime Castro está presentando el Estatuto Orgánico, y en especial el federalismo fiscal allí contenido, y lo que él llama “la eliminación de la coadministración del Concejo”, como las más importantes realizaciones de su gobierno. Estos elementos han sido en realidad las principales herramientas para alcanzar la autonomía que exige la descentralización: una dictadura fiscal con abrumadoras cargas tributarias y la supresión de las facultades administrativas del Concejo, con lo cual se establece la dictadura del alcalde.

Castro inició la política alcabalera con el autoavalúo y el aumento en los impuestos de rodamiento e industria y comercio; y Mockus la continuó con la sobretasa a la gasolina, la valorización local y una reforma que incrementó la tasa de varios tributos. Tanto el uno como el otro se jactan de haber llevado la ciudad a la autosuficiencia financiera. Los dos comenzaron a utilizar la solidez económica que resulta de exprimir al pueblo para contratar empréstitos con los linces de la banca mundial, y vender la ciudad a las trasnacionales.

Haciendo uso de la autonomía, la administración anterior obtuvo un crédito de US$200 millones para el programa Santa Fe I y firmó con la principal multinacional europea en tratamiento de aguas una concesión a treinta años para descontaminar el río Bogotá, negocio que puede llegar a US$2.000 millones. Especialistas como Eugenio Giraldo, de la Universidad de los Andes, opinan que por la tecnología escogida y por los costos, se les está causando un grave perjuicio a los habitantes de la capital.

Mockus continuó el desenfrenado endeudamiento por la vía de las emisiones internacionales de bonos, lo que le valió una condecoración que le impusieran en Londres los magnates de la usura. Y a nuestra capital le dieron la autonomía para contratar deuda fuera del país sin el aval de la nación, lo que llaman “calificación de riesgo soberano”.

El profesor Antanas insistió siempre en que los recursos del Distrito debían gastarse donde se elevaran su “utilidad social” y “la productividad para atraer capital extranjero”. Por eso cambió los filosóficos juegos especulativos por las especulaciones financieras con la plata de los contribuyentes, y concentró los proyectos estratégicos de infraestructura en el occidente de Bogotá, donde se ha puesto en funcionamiento un puerto seco, centros de negocios, la zona franca de la familia de Enrique Peñalosa y parques industriales para las maquilas que terminarán de arruinar la industria nacional.

Por las mismas razones, y pasando por encima del Concejo, concentró en el IDU las funciones de varias secretarías, convirtiéndola en una entidad autónoma que el 1o. de septiembre adjudicó al Consorcio ICA de México el más grande contrato para obras viales que se haya realizado en el Distrito, por un monto de $111 mil millones, olvidando que este monopolio estuvo involucrado en los oscuros manejos del Guavio y Chingaza. El IDU ejecutará también el Plan Maestro de Transporte auspiciado por el Banco Mundial y que, según JICA, la corporación técnica japonesa, puede llegar a costar US$10.000 millones.

Pero la autonomía no la quieren sólo para las entidades encargadas de los grandes contratos o para las empresas de servicios, la exigen principalmente para el Distrito. El año pasado, en el número 65 de Tribuna Roja, denunciamos el separatismo que comienzan a alentar los altos funcionarios. De la independencia financiera frente a la nación, se quiere pasar a la independencia política. El año pasado, por ejemplo, Mockus reclamaba a Samper el haber incluido en la agenda de su viaje a París el tema del río Bogotá, pues, según él, es un asunto de incumbencia exclusiva de la ciudad.

El aludido informe de Monitor Company recibió en el Concejo un aplauso unánime, con la única excepción de Mario Upegui, sin que esto hubiese sido óbice para que su organización política respaldara la candidatura a la alcaldía de Gustavo Petro, una de cuyas banderas es hacer de la capital un Estado federal.

Red tejida para la entrega

Ahora pasemos a algunos ejemplos en materia de servicios públicos. Desde el gobierno de Barco, con la expedición de la Ley 072 de 1989, se comenzó a abrir el mercado de las telecomunicaciones. El cúmulo de normas dictado desde entonces se ha encaminado a abandonar la planificación estatal centralizada, para que sean los grandes consorcios los que decidan el rumbo. Lo anterior presupone la descentralización y autonomía de las empresas, cuyo fin es malvender sus activos y bombardear la unidad nacional.

En 1992, el plan de Gaviria era subastar a Telecom garantizándole al comprador el monopolio de la larga distancia nacional e internacional, y regionalizar los servicios de telecomunicaciones como se hizo posteriormente con la telefonía celular. La huelga de los trabajadores dio al traste con aquellos antipatrióticos propósitos.

Después, la Ley 142 impuso abrir todos los servicios públicos a la “plena competencia en el nuevo escenario de la autonomía regional y municipal”, según rezaba su exposición de motivos. Lo cual implica el desmonte de los monopolios estatales, y la transformación de las empresas en sociedades por acciones, o en su defecto, en industriales y comerciales del Estado, opción que los consorcios y sus agentes en el gobierno se niegan a aceptar. Las tarifas deben ser “purificadas”, eliminando los subsidios, o sea, subiéndolas al arbitrio de los potentados extranjeros que se apoderen de las empresas en subasta.

Las comisiones de regulación, a punta de resoluciones, serían las encargadas de abrirle camino a la “libre competencia”, para ellas imposible sin la entrada de las trasnacionales al mercado colombiano. Lo que ha sucedido en las telecomunicaciones y el sector eléctrico, nos enseña el verdadero carácter de las normas y el papel de las instituciones surgidas para la recolonización.

Telecom vs. telefónicas locales

Con la mira puesta en transformar a Telecom en sociedad por acciones, el gobierno le quitó el control sobre la política de telecomunicaciones trasladándolo al Ministerio del ramo, pero especialmente a la Comisión de Regulación, la CRT. Telecom comenzó a actuar autónomamente para establecer sociedades a riesgo compartido, o Joint Venture, apoyado en resoluciones de la CRT, como la 028. Así conformó Capitel, para entrar al mercado de telefonía local en Bogotá con quinientas mil líneas, y anunció el ingreso a los mercados de Cali y Medellín. Telecom pone la fachada mientras las multinacionales Ericsson, Siemens, Nortel y Nec, con un perfil bajo, asumen el control.

La convención colectiva firmada entre el gobierno y Sittelecom, en la que se acordó someter a la discusión del país la apertura de la larga distancia, hizo que las telefónicas locales pusieran el grito en el cielo y comenzaran a reclamar su propia autonomía para hacer alianzas con los grandes consorcios y poder montarle competencia a Telecom. Con sus resoluciones, la CRT atizó el conflicto. En febrero de este año siete de ellas, encabezadas por la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB, y las Empresas Públicas de Medellín, anunciaron que interconectarían sus redes para establecer tráfico directo entre sí, y que iniciarían acciones judiciales y políticas para garantizar la “libre competencia”.

Los pleitos rindieron sus frutos, y en los meses de junio y julio varios fallos de tutela ordenaron “hacer efectivo el derecho a la igualdad” y poner en marcha el proceso de concesión de licencias a nuevos operadores de larga distancia, para júbilo de los cuatro macroconsorcios que controlan las telecomunicaciones a nivel mundial, y que ya tienen vía libre para desmantelar a Telecom y engullirse el mercado colombiano. En estos días se vino a saber que mientras Samper y el ministro Saulo Arboleda hacían declaraciones públicas de respeto a lo pactado con los trabajadores, su viceministro, Fernando Bautista, hoy titular de la cartera de Comunicaciones, les garantizaba a las multinacionales yanquis que la apertura de la larga distancia era irreversible, e incluso les hacía la confidencia de que había sido él quien aconsejara a las telefónicas locales interponer las tutelas.

Con su característico cinismo Samper salió a decir que estaba obligado a cumplir con los fallos de la justicia, y la CRT se apresuró a dictar la resolución 086 en la que fija las condiciones para el ingreso de los nuevos operadores del servicio de larga distancia, y obliga a que las telefónicas locales entren en sociedad con un “operador estratégico” que acredite haber “cursado, durante el año anterior a la solicitud de concesión de la licencia, más de cuatrocientos millones (400’000.000) de minutos de larga distancia internacional.” El requisito no puede ser cumplido por ninguna empresa nacional, pues solo Telecom ha prestado servicio de larga distancia. El “socio” no pueden ser sino las multinacionales más poderosas del sector que, con los buenos oficios de organismos como la CRT, vienen en una ofensiva para minar la existencia de cualquier vestigio de políticas nacionalmente centralizadas e imponiendo el ambiente natural en el que medran: la fragmentación.

Por el contrario, en el campo de las trasnacionales, se vive un proceso de concentración sin precedentes. Portafolio del 25 de agosto informaba sobre la tendencia a que todo el mercado mundial de telecomunicaciones quede en manos de cuatro macroconsorcios. El primero, Concert, conformado por la inglesa British Telecom y MCI, segundo operador de Estados Unidos. Según los expertos es el que tiene las mejores posibilidades en América Latina, pues recientemente absorbió a la Telefónica de España y a Portugal Telecom, que le servirán de mascarón de proa para tomarse el mercado regional.

Global One es el otro gigante, conformado por la francesa France Telecom, la alemana Deutsche Telekom y Sprint de Norteamérica. AT&T y Unsourse de los Estados Unidos, junto con KDD del Japón y Singapur Telecom conforman World Partners, el tercero, y una alianza en ciernes entre la inglesa Cable & Wireless y la primera operadora mundial, la NTT del Japón, conformarían el cuarto.

Los varios asaltos sobre la ETB

En el caso de la ETB, encontramos que a los mandaderos de los monopolios no les basta la autonomía que brinda la transformación de la empresa en industrial y comercial del Estado: el Concejo la aprobó el año anterior y el profesor Antanas la objetó. El gerente, Sergio Regueros, que pasaba de los cocteles con las multinacionales a las sesiones del Cabildo, fue siempre claro en que no los satisfaría sino la conversión en sociedad por acciones, pues esta figura permite “mayor autonomía”.

Como no habían podido cumplir su objetivo, entró en escena la Superintendencia de los Servicios Públicos, la cual pretextando diversos problemas en la empresa, anunció un proceso que llevaría a la intervención de la ETB para privatizarla por esa vía. La tapa fueron dos “acciones de cumplimiento”, una interpuesta en medio de su fugaz campaña a la Alcaldía por Nestor Humberto Martínez, para que Paul Bromberg obligara al Concejo a cumplir con la Ley 142, y la otra interpuesta por Bromberg contra el Cabildo con el mismo fin.

A lo largo de las discusiones sobre la venta del patrimonio público, fue quedando claro que para los monopolios imperialistas y criollos la posibilidad contemplada en la ley 142 de que las empresas pueden transformarse en industriales y comerciales del Estado, terminó siendo una incomodidad. Poco a poco fue urdiéndose la manera de torcer la ley sin pasar por el Congreso. Primero fueron sendos conceptos de la CRT y de la Superintendencia de los Servicios Públicos. En ellos se miente con la mayor frescura, asegurando que otra ley, la 286, que amplió los plazos para la transformación de las empresas y el desmonte de los subsidios, había también modificado la 142 dejando únicamente la posibilidad de conversión en sociedades por acciones.

Por último, el 17 de septiembre se conoció un concepto del Consejo de Estado en el que se ratifica lo planteado por la CRT y la Superintendencia. El alto tribunal quedó desnudo mostrando sus vergüenzas. Así funciona la democracia burguesa en los tiempos de la recolonización. Los monopolios imperialistas utilizan a su amaño los tres poderes según las circunstancias. Para darles a las empresas la autonomía que les permita ponerse en venta por encima de los órganos legislativos, no tienen problema en pisotear la misma ley que invocan para aumentar las tarifas y eliminarle los subsidios a la gente del común.

En resumen, podemos decir que la autonomía en boga es un instrumento de la recolonización. El rescate de la independencia, de la unidad y dignidad nacionales, será el resultado de la hazaña libertaria que emprendan los oprimidos y patriotas encabezados por la clase obrera.

En la Habana a comienzos de agosto: EL MOIR EN EL ENCUENTRO MUNDIAL DE TRABAJADORES CONTRA EL NEOLIBERALISMO

(Texto escrito por Héctor Valencia, secretario general de nuestro Partido, como nota de presentación al libro «El MOIR, forja de la resistencia en Colombia». Con esta publicación asistimos al Encuentro Mundial contra el Neoliberalismo, en La Habana. Fueron distribuidos más de 900 ejemplares)

1

Como lo indican los acontecimientos de estos tiempos, el advenimiento y los trechos inaugurales del nuevo milenio estarán signados por tenaces y decisivas luchas de la clase obrera y los pueblos contra la política de recolonización que el imperialismo norteamericano, compelido por sus contradicciones internas y externas, ha puesto en marcha por todos los confines de la tierra. Luchas ineluctables ya que a este imperialismo lo embelesa hoy el mayor de sus extraviados sueños: tener una hegemonía incontrastable. Y la busca ahora con afán, apoyándose en un vasto arsenal militar que blande y utiliza por doquier con el propósito de abrumar y doblegar a todas las naciones.

Mas ni semejante designio, ni los bárbaros medios a que recurre para lograrlo, son enteramente nuevos. Quizá como ninguna otra región del mundo, América Latina ha conocido a lo largo del siglo XX, y por experiencia propia, que, entre las variadas formas del intervencionismo que practican los gobiernos de Estados Unidos, las invasiones militares han sido una constante. Las últimas, a la isla de Granada, Panamá y Haití, corroboran el fascista hábito. Pero, entre apretada de gatillos y recarga de humeantes armas, hoy el ahínco está puesto en darle curso a otra forma grosera de intervención: imposiciones y chantajes en lo económico y comercial, y el dictado de ucases para que las naciones pongan su gestión gubernamental, las instituciones estatales y la legislación en armonía con los intereses norteamericanos, principalmente los de los magnates financieros.

Ante estos riesgos de subyugación, no es extraño que en la misma extensión continental donde Washington pretende imponer su política, “desde el puerto de Anchorage hasta la Tierra del Fuego”, se desaten ya ingentes acciones de resistencia.

2

Más de un siglo de activa explotación de pueblos y asolación de países ha dado lugar a que el imperialismo, tanto por viejo como por diablo, sea ahora más ducho en astucias para aprovechar las más diversas ideas y causas, incluidas las consideradas progresistas, así como toda suerte de instituciones y organismos –internacionales y domésticos, públicos y privados—a favor de sus ambiciones y avaricias.

De allí que el asunto es que el imperialismo, cual hidra contemporánea, presenta diez mil rostros que necesitan ser reconocidos y, lo que es aún más importante, combatidos. Llegará el momento en que si esa hidra pretende, al igual que la de la mitología helénica, tener una cabeza inmortal, la espada de la clase obrera se la cortará de un tajo.

Porque si bien es cierto que los planes desarrollados ahora por Washington para la opresión y explotación no encuentran precedentes en cuanto a su amplitud e intensidad, ni en cuanto a las variedades refinadas o burdas, pero siempre siniestras, de sus métodos, mayor certidumbre sobre el rumbo de la historia proporciona presenciar cómo, ante esos designios, los pueblos, con los trabajadores al frente, han comenzado a generar su contrario antagónico: una resistencia que, desplegada con una nueva gama de métodos revolucionarios, alcanzará las formidables dimensiones de un gran salto adelante de la humanidad.

3

Como una particularidad de la situación mundial y en armonía con las luchas que comienzan a gestarse en América Latina, en Colombia se han librado durante la última década recios combates en oposición al contumaz empeño gringo en hacer cumplir una agenda de dominación que incluye puntos como la apertura del mercado nacional, la privatización de las empresas de servicios públicos, las garantías y privilegios a los inversionistas extranjeros y, como fruto de la satanización de nuestro país a raíz del fenómeno del narcotráfico, la aprobación de una legislación que vulnera conquistas democráticas como el Estado de derecho y el debido proceso y la aceptación de disposiciones políticas y militares que quebrantan la soberanía nacional.

El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, nombre que designa lo que en realidad es un partido de la clase obrera guiado por el marxismo, el leninismo y el maoísmo, ha examinado y expuesto la naturaleza imperialista de la apertura económica, política que sirve de iniciación y sustento a la mencionada agenda que en Colombia responde a las políticas neoliberales que se han venido implantando con el apoyo y sumisión de los últimos gobiernos. Mas, junto al rigor científico que se ha impuesto al abordar ese examen y su exposición teórica, rigor esencial para la consistencia ideológica y el acierto en el rumbo político, también se ha empeñado en marchar hombro a hombro con los trabajadores y demás destacamentos populares y se ha esforzado por ponerse al frente de todas sus batallas.

De esa lucha antiimperialista nuestra, así como de la teoría que la ha guiado, fundamentalmente la elaborada por nuestro extinto líder político e ideológico, Francisco Mosquera, hemos hecho una síntesis que consignamos en este libro. Cumplimos así con lo que consideramos un elemental deber: comunicar nuestros criterios políticos y nuestras experiencias en la lucha de clases en Colombia a todos aquellos que en otras latitudes, principalmente en América Latina, oponen resistencia al intervencionismo norteamericano. Además, al entregar este documento, esperamos que su contenido sirva para ponerles base a unas relaciones firmes y fraternales que nos permitan conocer y aprender de sus luchas. Se obtendrá así una doble satisfacción revolucionaria.

LAS BATALLAS DE OCTUBRE

En octubre se dará remate a las campañas electorales para elegir mandatarios y cuerpos legislativos del nivel municipal y departamental, sin que sobre Colombia cese el oleaje de la política intervencionista de los Estados Unidos y cuando las contradicciones que con esa política como eje se generan adquieren un alto grado de agudización, y aparecen situaciones enrevezadas y manifestaciones enervantes de la vida política y social.

I

Es sabido que en las democracias burguesas y aun en sus recortados remedos, como es el caso de Colombia, se pregona una serie de derechos y reivindicaciones con el fin de disfrazar y pulir la dominación de clase. También es conocido que el rompimiento y negación de ese pregón es precisamente lo que le ha permitido llegar a grados de dominación como los encarnados por el imperialismo. Por lo que es apenas natural que ahora el gobierno de Estados Unidos recurra a la agitación tradicional de cuestiones como la libertad de prensa, la igualdad ante la ley, los derechos humanos, el derecho al trabajo, e incluya otras novísimas como el cuidado y desarrollo de las condiciones ambientales y ¡hasta la satisfacción de algunas reivindicaciones laborales! Se arropa con ellas y las convierte en su causa para enmascarar la intervención en cuestiones decisivas de la vida nacional. Es la nueva y maliciosa sutileza con que quiere acompañar los actos de desnudo y grosero quebrantamiento de nuestra soberanía. Así, no es de extrañar que un anhelo tan caro a los colombianos como es el de la paz, comience a figurar entre las “preocupaciones” de la política norteamericana.

Las gestiones y conversaciones que conduzcan al cese de la actual confrontación armada, a acuerdos para que no se recurra a las armas ni al terror para dirimir diversos conflictos sociales y políticos, de modo que la población tenga una necesaria pausa de paz, constituyen una causa correcta. Pero ante la pretensión norteamericana o de cualquier otra potencia de inmiscuirse en este asunto, interno como el que más, es preciso advertir: primero, que tal injerencia sería una inaceptable violación de nuestra soberanía y, segundo, que mientras persista la dominación económica y política que Estados Unidos descarga sobre la nación, toda participación suya directamente o a través de interpuestos países u organizaciones (ONU, OEA, por caso) no puede llevar sino a que cualquier logro de la paz interna quede de hecho subsumido en una pax imperialista. Será la maldita paz de los subyugados.

Ni qué decir tiene que para cualquier persona sensata es abominable que el Estado imperialista que ha promovido y respaldado durante más de un siglo y por todos los confines de la Tierra las prácticas, sistemas y gobiernos que son la negación plena y bárbara de la democracia, las libertades y los derechos; que impone a nivel planetario un sistema de explotación que arroja a diario a millones de seres humanos a la muerte, la miseria y la esclavitud, y que abruma a los pueblos con manifestaciones “culturales” degradantes del ser humano, pretenda erigirse en abanderado de causas justas a fin de practicar su intervencionismo también desde esos flancos de la vida nacional.

II

La extradición que las grandes mayorías, con su instinto democrático, han rechazado siempre a lo largo de los últimos lustros _directa o indirectamente, con su opinión o con su voto, e incluso rompiendo esa moderna superchería para manipular la opinión que son las encuestas_no es la extradición como figura jurídica en abstracto, ni el procedimiento civilizado que las naciones, en pie de igualdad y con plena autonomía, acuerdan para la sanción de delitos que traspasen sus fronteras. No. La extradición que repugna al pueblo es la que el gobierno de Washington ha convertido en ariete de su intervención en Colombia, la misma que el gobierno de Samper dijo no tener en su agenda de sumisión antes de incluirla allí sin razón ni vergüenza, en otra muestra de barato servilismo. En ese orden de pleitesía es notorio que el candidato Serpa, entre cenas y piropos con el embajador Frechette, le esté gritando ahora su mamola a la oposición contra los atropellos norteamericanos.

La extradición repulsada por las gentes, como quedó de manifiesto en los recientes foros promovidos por la Cámara de Representantes, es la que a trochas y mochas se viene aprobando en el Congreso. De existir consecuencia patriótica y democrática, los parlamentarios, si es que conservan algún respeto por los sectores de la población que los eligieron, deberían rechazar de plano y rotundamente la extradición que dicta e impone Washington. Sería la única actitud digna. Tan natural como enaltecedora. Y no cabe duda: histórica. Así como la actitud contraria degradaría a sus autores y se destacaría como otra infamia antinacional.

La extradición que aborrecen los demócratas es la misma por la que abogan los magnates financieros criollos y los menguados dirigentes de los gremios, esos lamentables yes-men, individuos complacientes del imperio, todos a toda hora en plan de adoratrices del dólar, sea que éste se les arroje como mendrugo o como el denario de Judas.

Conviene tener siempre presente que la extradición y todo el resto de disposiciones que Estados Unidos ha venido imponiendo en nuestro país pretextando una espuria guerra contra el narcotráfico es, primero que todo y por encima de rentables propósitos financieros, “un mero subterfugio para abrirle las puertas (…) a la intromisión extranjera, romper el ordenamiento jurídico de los países sometidos y suplantar a los productores nacionales con los magnates de los monopolios imperialistas”, tal como lo señalara en su momento el compañero Francisco Mosquera. El hecho de que por añadidura se extienda la extradición a otros fenómenos jurídicos y a otros tiempos, será un episodio que hará más indigna la indignidad de lesa patria de sus coautores: los colaboracionistas incrustados en el alto gobierno y las pusilánimes mayorías de Senado y Cámara.

III

Conocida es la naturaleza de las fuerzas militares, ejército y policía, como instrumentos de represión del Estado y, en el caso del ejército, el deber que se le ha asignado de defender a la nación. Pero en la actual época de recolonización, estas instituciones se ven sometidas a un proceso que las convierte en brazos armados al servicio de la voluntad política de Washington. Mientras a la policía se le fortalece como milicia represiva, se le suministran abundantes equipos bélicos y copiosos dólares, se condecora a los policías mayores por operativos más aparatosos que hazañosos, se la infesta de agentes extranjeros y se le da sofisticado entrenamiento en los tenebrosos cuarteles del imperio, al Ejército se le aplica por parte de Estados Unidos una monitoría y se le condiciona su actividad militar, no a guisa de restricciones en aras de la democracia y la justicia, sino para poner su orientación y actividad a disposición de los intereses políticos y militares del imperialismo.

Una muestra de esta situación la constituye el convenio firmado recientemente entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Allí se evidencia el propósito de transformar a las Fuerzas Militares del país en cuerpos mercenarios, que estarán entonces integrados por revividos cipayos, condotieros y estradiotes. ¿Qué garantías en su vida social puede tener el pueblo y qué soberanía puede disfrutar la nación con unas Fuerzas Militares manipuladas a discreción por el imperialismo?

Este proceso de subyugación ha avanzado más en la policía ya que el general Serrano, que en Colombia es mayoral de ese cuerpo, en Estados Unidos es utilizado como ordenanza para transmitir los chantajes y amenazas de los funcionarios norteamericanos, incluidas las de la invasión. Allí, en la policía, los siniestros sabuesos de las agencias gringas de represión y espionaje no necesitan del disimulo ni del camuflaje: están autorizados por los múltiples acuerdos secretos, así como por los abiertos, como el que acaba de suscribir Serrano en Washington, para que no sólo la DEA sino también la CIA, la agencia que condensa en el siglo XX la más sucia criminalidad contra la democracia y los pueblos, asesoren y entrenen a los agentes policiacos criollos. Que una organización armada como la policía actúe en Colombia bajo la férula de los perros de presa más rabiosos del planeta equivale a contar con una peligrosa quinta columna en el corazón del país, lo que implica un grave y enorme riesgo para el futuro democrático de nuestro pueblo y la consistencia unitaria y soberana que precisa la nación.

IV

La política económica neoliberal se sigue enseñoreando de la nación. Especialmente en lo que atañe a entregarles a los monopolios privados las empresas que por su naturaleza deben estar en la órbita de la administración y gestión estatal, el gobierno samperista ha emprendido la venta de prácticamente todo el patrimonio público. Y lo está rifando a precio de ganga, como lo ha denunciado la Contraloría, sin importarle la debilidad de los argumentos que aduce, si es que los aduce. De este modo, atiende la presión imperialista para que las privatizaciones sean un ingrediente central de la política económica, complace la voracidad de las multinacionales, les paga favores a la media docena de grupos financieros que mangonean en la vida nacional y, de paso, obtiene recursos para reajustar su desorden presupuestal.

Ante las denuncias sobre irregularidades en los tratos de las privatizaciones -algo no extraño si se tiene en cuenta que en este caso se juntan el irresponsable afán del gobierno por subastar los bienes públicos, y la avaricia de los dueños extranjeros y colombianos del gran capital por apropiárselos- es notorio que el mefítico olor a componendas y negociaciones que de allí se desprende es percibido como natural en los ámbitos donde se confabulan los neoliberales y los neomoralistas, o en sitios que sirven de surtidores permanentes de cacerías y cruzadas contra la corrupción, como son las salas de redacción de los más poderosos medios de comunicación, los comandos de policía y, ahora, las sedes de los candidatos presidenciales.

La explicación de esto radica en que todos ellos pelechan económica o políticamente con los procesos de privatización y quienes son sujetos de ellos, el Estado, las multinacionales y el puñado de grupos financieros que hacen y deshacen en el país. De suerte que cuando se anuncia y se procede al desguazamiento de las empresas estatales, como es el caso de las de telecomunicaciones, empezando por Telecom, recae sobre los trabajadores la tarea histórica de emprender una recia lucha en defensa del patrimonio público de los colombianos. Se impone que las organizaciones y los dirigentes obreros prediquen a los cuatro vientos el contenido de esa lucha a fin de que crezca la audiencia popular y se engrosen los destacamentos de combate.

Los moiristas, ya sea como candidatos o como activistas, sumaremos nuestra campaña electoral a las fuerzas de la clase obrera y el pueblo, en este pulso clave con los imperialistas norteamericanos y los vendepatria colombianos. Esto significa que el contenido de nuestra labor electoral: denunciar, educar y ganar fuerza, girará alrededor de esa batalla. Octubre es un mes de grata recordación revolucionaria y éste de 1997 precisa que despleguemos nuestras mejores tradiciones y todo nuestro valor.

¡DERROTEMOS LA PRIVATIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES!

Eberto López Machado, presidente de Sittelecom

La decisión de entregar los servicios más rentables al capital privado y liquidar a Telecom fue adoptada hace rato, desde el momento mismo en que Barco, Gaviria y Samper aceptaron plegarse a las imposiciones políticas, económicas y sociales de la recolonización norteamericana. Las diferentes variantes que han asumido los tres gobiernos nunca se han apartado del norte privatizador. El único obstáculo ha sido, es y será la posición patriótica de los trabajadores.

La actitud de Samper y de los funcionarios del ramo ha sido vergonzosa. Empeñaron su palabra en un acuerdo convencional con los sindicatos de Telecom, comprometiéndose a adelantar un proceso de discusión abierta sobre lo conveniente o no de allanar el camino a la competencia. En siete foros regionales y uno internacional, los neoliberales fueron arrinconados por los argumentos de sindicalistas, expertos nacionales y extranjeros, senadores, representantes, diputados, concejales y organizaciones populares. La conclusión de este proceso fue tajante: la apertura a la competencia en la larga distancia es un aleve atentado contra el interés nacional.

Mientras los foros se cumplían, la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, CRT, produjo las resoluciones 086, 087 y 088, que imponían la apertura. Tanto el presidente como el ministro dieron declaraciones sobre su «inevitabilidad». Los acuerdos fueron desconocidos y se procedió a arrinconar a Telecom y a poner en subasta el patrimonio público.

Telecom, empresa consolidada

Telecom es una empresa consolidada que por más de cincuenta años «ha comunicado a los colombianos y a Colombia con el mundo», con niveles de adelanto tecnológico, cobertura, eficiencia y tarifas razonables que la colocan a la vanguardia de las empresas de telecomunicaciones de América Latina. Posee 75 centrales locales, 32 centrales interurbanas, 65 centrales combinadas y 328 concentradores remotos, distribuidos en la geografía nacional, muchos de ellos en localidades apartadas que no pueden ofrecer la más mínima rentabilidad, pero para las cuales la comunicación constituye un elemento estratégico de su supervivencia y su posibilidad de integrarse al desarrollo nacional. La red troncal y la red complementaria están digitalizadas prácticamente en su totalidad. Para el servicio internacional cuenta con las más modernas centrales digitales (EIOMT y AXE-10). En la actualidad se termina la red nacional de fibra óptica, que cubre una ruta de 4.600 kilómetros, con un costo de US$ 247 millones, que enlaza 101 ciudades y pondrá a disposición de los usuarios 153 mil circuitos, frente a los 61 mil circuitos disponibles hoy. Telecom participa en la propiedad del cable submarino de fibra óptica, que sale de nuestra Costa Caribe y a través del cual se comunica el sur con el norte del Continente, lo que convierte al país en punto estratégico.

Las tarifas de telefonía local en Colombia están entre las más bajas del mundo. En Latinoamérica oscilan entre $13 y $80 por minuto, cuando en Colombia la tarifa media es de $3.6. En larga distancia nacional la tarifa media por minuto es de $192, sustancialmente inferior a las cobradas en Argentina ($804), Brasil ($400), Alemania ($324), España ($312) o México ($240). Las tarifas de larga distancia internacional que cobra Telecom han decrecido en 72% en términos reales desde 1990, fundamentalmente por presiones de Estados Unidos a través de su agencia Federal Communications Commision, FCC, en razón de que es mayor el número de llamadas salientes de Estados Unidos que el entrante (con Colombia la relación es cercana a 4-1) y ello genera un flujo cercano a US$ 5.000 millones, que va hacia los corresponsales extranjeros, entre ellos Telecom. Las actuales tarifas módicas de telefonía local y larga distancia desaparecerán por la apertura, que plantea la supresión de los subsidios cruzados entre servicios y exige un rebalanceo tarifario consistente en un alza desmesurada de los precios de la telefonía local y larga distancia nacional, que afectarán significativamente a los colombianos. Las tarifas telefónicas en Venezuela, por ejemplo, han crecido 3.803% desde que en 1991 se privatizó la Compañía de Teléfonos de Venezuela.

Nuestro país ocupa el primer lugar en cobertura telefónica de larga distancia en América Latina: 4.118 localidades tienen servicio telefónico, 865 cuentan con discado directo nacional y 480 con discado directo internacional a través del cual pueden comunicarse con 224 países. Telecom tiene 1.054.000 líneas locales distribuidas en 733 municipios. Esto se ha logrado por la existencia de una empresa estatal entre cuyas funciones está ampliar la cobertura a sitios no rentables económicamente y prestar servicios subsidiados como la telegrafía y el télex. Sus ganancias, y sólo parcialmente, porque el gobierno año tras año desangra a Telecom con impuestos superiores a los que cobra al capital privado, son reinvertidas en la prestación de servicios. En un esquema de competencia, Telecom tendría que abandonar la prestación de servicios no rentables.

Además, la densidad telefónica es una de las más altas de América Latina, cercana a 15 líneas por cada cien habitantes. La demagogia neoliberal y aperturista habla sobre la necesidad de la competencia para alcanzar 30 líneas por cada cien habitantes. La realidad es que esta cifra es ideal para un país desarrollado, con ingresos diez veces superiores al de los colombianos. Pero para Colombia, donde 80% de los asalariados gana menos de dos salarios mínimos, el desempleo supera 14% y la nación atraviesa la peor crisis económica de su historia, es absurdo colocar estas metas como pretexto para la privatización. En las ciudades donde la capacidad de las telefónicas se ha incrementado substancialmente, sólo se han vendido entre 20 y 40% de las nuevas líneas.

La ofensiva neoliberal

El Ministerio de Comunicaciones, la CRT y la presidencia de Telecom han planteado que hay que hacer legalmente la apertura, legalmente, porque ella existe de manera ilegal a través de las empresas llamadas de call-back y las que utilizan las licencias de prestación de servicios de valor agregado para vender irregularmente los de transmisión de voz. Es decir, como existen el contrabando y la piratería, el camino no es enfrentarlos sino legalizarlos. Hoy la tecnología de telecomunicaciones permite, si existe voluntad para ello, detectar estos fraudes y erradicarlos. Pero las autoridades de comunicaciones, en vez de afrontar el problema, lo utilizan como argucia para imponer la privatización.

Abrir la competencia a Telecom es parte medular del proyecto de apertura económica impuesto a América Latina, para exclusivo beneficio de Estados Unidos y sus conglomerados. En febrero de 1977 se suscribió en Ginebra un Acuerdo Internacional de Telecomunicaciones, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Este acuerdo, firmado por el gobierno de Colombia a espaldas del país y en contra de los intereses nacionales, obliga a entregar los mercados de telecomunicaciones a los monopolios internacionales, principalmente gringos, que contarán con una poderosa herramienta para facilitar el control en todo el orbe. Ese mercado significó en 1995 más de 600 mil millones de dólares, o sea, 2.1% del producto mundial bruto. Y la tendencia universalmente aceptada es el crecimiento permanente de ese porcentaje.

Tan estratégico es el tema, y tan graves las secuelas sobre las economías y las soberanías nacionales, que países como Canadá, Japón, Italia, España y Portugal se resistieron a abrir a la competencia sus mercados y, finalmente, poco antes de suscribir el acuerdo, resolvieron dejar buena parte de las acciones de sus empresas estatales lejos del alcance de los inversionistas privados extranjeros.

La modalidad de apertura del sector de telecomunicaciones que se pretende implantar se basa en que el Estado, Telecom y las telefónicas locales coloquen al servicio de los nuevos operadores privados toda su infraestructura técnica, física y administrativa a cambio de insignificantes peajes o cánones de arrendamiento. La supuesta modernización del sector por el aporte de la inversión privada no existe sino en la demagogia oficial.

Telecom contrae la obligación de alquilar su red nacional a los precios que fije la CRT, es decir, de transmitir las llamadas de sus competidores a precios bajísimos. Telecom y las locales deben prestar servicios adicionales a los operadores privados como medición, registro de tráfico, facturación, recaudo, reclamos, fallas y errores, cobranzas, operadores y directorio telefónico. Telecom debe facilitar sus instalaciones suplementarias como predios, obras civiles, generadores de energía, para que sus competidores construyan en dos años una red paralela que una los mercados más jugosos: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

En síntesis, los nuevos operadores sólo aportarán, a cambio de la concesión, 150 millones de dólares en módicas cuotas, para acceder por diez años, prorrogables automáticamente por otros diez, a un mercado que significa hoy 1.500 millones de dólares anuales. Deben abrir además una cuenta corriente para que Telecom y las locales les consignen sus ganancias.

El complemento a la apertura es la conversión de Telecom y las telefónicas locales en empresas por acciones para entregar a precio de quema los activos y el control de estas empresas estatales a los monopolios mundiales de las telecomunicaciones. Se anuncia que antes de finalizar octubre habrá una definición de la presidencia de la República en tal sentido. Se alega, para sustentar la cacareada «inevitabilidad» de esta medida el pasivo pensional de Telecom, lo cual es una falacia.

Sí hay alternativa patriótica

Ante tamaña felonía contra el patrimonio público y sus gravísimas consecuencias sobre la soberanía, la única alternativa patriótica es respaldar la lucha que han adelantado los trabajadores del sector de telecomunicaciones. Ésta no es una batalla sólo de los asalariados. Es de todos los colombianos que sufren o les indigna la entrega de la nación a los voraces intereses del imperialismo norteamericano.

No basta la fuerza de los argumentos frente a quienes tan sólo escuchan con la cerviz inclinada los dictados del FMI, cumpliendo su papel de vendepatrias. Como siempre en la historia de los combates de los trabajadores, los argumentos de la fuerza, la unidad, el paro nacional, se colocan en primer plano a causa de la intransigencia del gobierno y ante las presiones ejercidas por el capital extranjero.

Hoy, como en abril de 1992, la mayoría de los colombianos tomará partido al lado de los trabajadores, que representan el interés de la nación, e impedirá la apertura, que sólo favorece a los conglomerados foráneos, principalmente norteamericanos, acolitados por los vendepatria.

EL GOBIERNO DE SAMPER: RUINA Y FELONÍA

alfonso Hernández

Colombia entró penosamente en el cuarto año de la presidencia de Ernesto Samper. Éste no sólo ha desvencijado la capacidad productiva del país, también hizo jirones su soberanía. Hay quienes dicen que mostró un gran aguante ante la acometida norteamericana, pues se mantiene en el cargo. No carecen de razón. Durante cerca de tres años el presidente viene soportando, sin una protesta, sin un gesto de dignidad, los oprobios con los que lo cubren los emisarios de la Casa Blanca. No renuncia porque apacigua a sus amos entregando día tras día el patrimonio material y moral de la república.

El Salto Social, un descalabro

La obra del Salto Social es evidente en los muchos descalabros que padece Colombia: los desafueros gringos han sobrepasado todos los límites previsibles; ante la competencia foránea y las medidas oficiales desfavorables, las actividades productivas acusan ruina; las condiciones de vida de la población se deterioran rápidamente, y la propia unidad de la nación está amenazada.

Héctor Valencia, secretario general del MOIR, lo enfatizó recién instaurado el nuevo gobierno: “Samper se declara entusiasta continuador de la apertura y reclama orgulloso el título de coautor en la instauración de dicha política, dejando así en claro que será un atento y seguro servidor de los mismos intereses servidos por Gaviria, sin que las variantes en el reparto económico y político establezcan ninguna diferencia sustancial”.

Los hechos muestran la verdad de esta afirmación. Las dos últimas administraciones han tendido una auténtica emboscada a la economía nacional. Una de las principales promesas del candidato Samper fue abrirle campo al campo. Y a fe que la ha cumplido, lo está dejando yermo: en 1996 el país importó más de cinco millones de toneladas de alimentos, las que representaron erogaciones por cerca de un millón seiscientos mil dólares. Como consecuencia, más de 750 mil hectáreas de cultivos están convertidas en pastos y rastrojos, la desocupación es generalizada, las privaciones de los habitantes del agro se hacen cada día más intolerables y de las penurias no escapa ni la ganadería. En lo corrido del presente año la situación continúa agudizándose.

Aparte de la avalancha de productos alimenticios subsidiados, muchos de los cuales proceden de países con alto desarrollo industrial, el sector agropecuario ha tenido que padecer el agobio de las tasas de interés confiscatorias, los costos crecientes propios de la tendencia inflacionaria, la revaluación del peso y el debilitamiento, cierre o remate de las instituciones que le prestaban algún respaldo, ya fuera en lo financiero, lo tecnológico o lo comercial.

Los aperturistas ofrecen como panacea a los agricultores abandonar el cultivo de alimentos básicos y dedicarse a cosechar y a exportar especies que no se dan en las naciones capitalistas. La fórmula es claramente perniciosa, ya que el país queda a merced de las multinacionales que controlan los alimentos y toca venderles a precios irrisorios las frutas y demás productos tropicales, disputando con muchos cultivadores de otros Estados pobres. Por ello no es extraña la crisis en la que se debaten cafeteros y bananeros.

El panorama para la industria también es de quiebra. Las empresas textileras han mermado su participación en el mercado interno en cerca de 40%, a causa de la competencia foránea y sus exportaciones a Estados Unidos decrecieron en 66 %. Fabricato, una de las más importantes firmas del ramo, perdió en el primer semestre de este año más de 18 mil millones de pesos. Se cierran factorías de toda índole, incluso las claves como Paz del Río están al borde de la liquidación.

Durante 1996, sucumbieron más de 20 compañías del sector manufacturero, como Quintex, Croydon, Panam, Induacero, Indugraco y Colcurtidos, cuyos activos superaban los 170 mil millones de pesos. Su ruina se debió a la competencia de mercaderías del exterior, muchas de las cuales se venden con dumping, y a los golpes que les propinó la revaluación del peso. El país se desindustrializa rápidamente; desde 1991 las manufacturas redujeron su participación en el producto interno bruto en más de dos puntos, al pasar de 20% a menos de 18%, y el año pasado la producción industrial disminuyó 3%. El comercio se contrajo en medio punto y la construcción continuó su ciclo recesivo.

Junto con el desbarajuste económico, el desempleo alcanzó el 13.6%, y eso que las estadísticas oficiales registran como ocupado a quien labora unas pocas horas semanales. En esta materia, Samper cumplió con el guarismo, sólo que en vez de crear un millón y medio de puestos, como lo había ofrecido, lanzó tal número de colombianos a la desocupación.

Como salida a esos males, el primer mandatario propone la descaecida microempresa y la maquila , es decir, el tallercillo en vez de la industria, el ensamblaje de artículos producidos en el exterior en vez del desarrollo propio, y todo sobre la base de la esclavitud de la mano de obra.

El rápido incremento de las importaciones y la precaria situación de las exportaciones han aumentado el déficit de la balanza comercial, que llegó a 5.4% del PIB. El país está hipotecado. La deuda externa alcanzó 31 mil millones de dólares, de los cuales 18 mil millones debe el sector público y 13 mil millones el privado. Más de 25% del presupuesto nacional está dedicado al pago de los empréstitos.

La nación está entrampada. La apertura determina un auge de las importaciones, el desfallecimiento de la industria y la agricultura y un abultado déficit de la balanza comercial, el que pretende enjugarse con la entrada masiva de capitales, a los que hay que atraer ofreciéndoles cada día mayores gangas. En el momento en que se frene este flujo se produce una brusca devaluación, con el consecuente agigantamiento de la deuda, la inflación y la rebaja de los salarios. Así lo han demostrado los Tigres Asiáticos y México.

Cumpliendo con la promesa de continuar la apertura, y con desdén por las consecuencias para el país, en diciembre de 1994 Samper asistió a la Cumbre de Presidentes en Miami para comprometer a Colombia en la creación de un solo mercado de América, ALCA, el que deberá estar operando en un plazo de diez años. Los monopolios estadinenses necesitan de esa zona de libre comercio para vender sus mercaderías sin aduanas en todo el continente, disponer de mano de obra barata y hacer de América un puntal de su disputa con los rivales europeos y japoneses. En 1994, el gobierno del Salto Social había enviado mensaje de urgencia al Senado para que ratificara el acuerdo del G·3, compuesto por Colombia, Venezuela y México, el cual afecta la producción nacional no sólo por la competencia de las empresas de estas repúblicas, sino por el ingreso a través de ellas de productos de los países ricos a nuestro mercado, es decir, la triangulación.

También en 1994 se ratificó el ingreso de Colombia a la Organización Mundial de Comercio. Hoy el Ejecutivo se ocupa de abrirle paso a la unión entre el Pacto Andino y Mercosur que, según lo han expresado dirigentes empresariales, significará más quebrantos para renglones como el metalúrgico, el automotor y el agropecuario.

Los teóricos del neoliberalismo sostienen que los pueblos relegados sólo alcanzarán el desarrollo si logran halagar al capital extranjero, al cual deben ofrecerle todo tipo de exenciones y favorabilidades. El caso colombiano los desmiente, pues con el auge del ingreso de capitales, nuestra economía se empobrece rápidamente.

La inversión extranjera crece rápidamente. En 1992 ingresaron al país 338 millones de dólares. Según el ministro Ocampo, en 1996 subieron a 3.300 millones y en lo corrido del 97 sobrepasan los 4.000 millones. Al comenzar la década había 40 contratos de exploración y explotación petrolera entre Ecopetrol y las multinacionales. Hoy hay más de cien. Con el argumento de que el capital foráneo está en desventaja, el gobierno modificó los contratos y obligó a Ecopetrol a hacerse cargo de 50% de los costos de exploración, que antes corrían por cuenta de la asociada, y forzó a la estatal petrolera a vender sus acciones en Monómeros, los Terpel, Promigas, Colgas, Gas Natural y a empezar la entrega del manejo de los oleoductos. Pero los altos funcionarios continúan clamando por que se reformen los contratos a favor de los pulpos y se les rebajen los impuestos. Hasta dónde ha llegado la actitud antinacional del régimen lo mostró la maniobra que pretendía el entonces ministro de Minas, Rodrigo Villamizar, con la cual le obsequiaba a la British Petroleum la bicoca de dos mil millones de dólares.

En la feria de los bienes públicos entraron también las minas de carbón y níquel. En Cerro Matoso S.A., el Estado vendió sus acciones, avaluadas en 290 millones de dólares, por 180 millones. El gobierno acaba de lanzar una nueva ofensiva para desmembrar a Telecom y entregarle al capital extranjero el estratégico servicio de larga distancia nacional e internacional.

En el sector eléctrico se remataron Termotasajero, Termocartagena, EPSA, las hidroeléctricas de Chivor y de Betania y, en contubernio con la administración del Distrito, Samper acaba de hacer lo propio con la Empresa de Energía de Bogotá. Insatisfechas aún, las multinacionales que entran a la generación de energía obligan a la estatal Financiera Eléctrica Nacional, FEN, a pagarles unas tarifas fijas y a comprarles toda la producción. Así proceden los pregoneros del libre mercado. La Flota Mercante Grancolombiana fue debilitada y luego vendida. El Contralor General ha denunciado que estas empresas se negociaron por un precio bastante menor al real. De la misma forma fueron vendidos bancos como el Popular, y en el sector financiero se consolida el control de unos pocos grupos. La salud y las pensiones de jubilación están convertidas en botín de los especuladores, y hasta los hospitales públicos se volvieron objeto de negocio. Los aeropuertos, los acueductos y toda clase de obras de infraestructura completan el pastel que se brinda a los magnates. En medio de este festín, los conglomerados económicos y las facciones políticas neoliberales se disputan sórdidamente el control de las emisoras y de la televisión.

Mientras trata con manga ancha a los monopolios, Samper, alegando el crecimiento del déficit fiscal, originado en gran medida en las reducciones de impuestos a esos mismos potentados, exige el máximo de sacrificios a los colombianos. Cada año pretende rebajar sustancialmente los salarios y echar mano de las prestaciones de los trabajadores del Estado. El monto de los impuestos indirectos supera al de los directos y el gobierno procedió a aumentar el IVA en dos puntos. Con tretas como la reestratificación elevó las tarifas de los servicios públicos, y acaba de subir los precios de los combustibles, los que quiere ubicar al nivel de los internacionales. Los ministros de Hacienda de Samper, coreando la cantilena del FMI, han planteado la reducción de las transferencias a las entidades territoriales, después que el proceso descentralizador las cargó con toda clase de obligaciones.

Felonías en tropel

Ya en las postrimerías del gobierno de Gaviria, Norteamérica había resuelto cerrar el paso a cualquier posibilidad de sometimiento voluntario de los Rodríguez Orejuela a la justicia. En su agenda colonialista figuraba en primer orden mancillar y zaherir a Colombia. En la pasada Administración, después de un largo periodo de desangre y terror, ocasionado también por la cumplida aplicación de los planes antidrogas de los gringos, en nuestro país terminó imponiéndose una política de acuerdos con Pablo Escobar, con el aval de la superpotencia. De la noche a la mañana, las negociaciones tendientes a la entrega pactada de los capos a la justicia, conductas antes autorizadas se transmutaron en crímenes de lesa humanidad. Los héroes de la batalla contra el cartel de Medellín, es el caso de Maza Márquez y Vargas Silva, fueron acusados de ser testaferros del grupo de Cali. Colombia, con las heridas aún abiertas, pasó a ser señalada como guarida de malhechores.

Con la divulgación de los narcocasetes, en junio de 1994, la campaña imperial toma sus verdaderas dimensiones y la Casa Blanca reparte mandobles al país y al sumiso, resignado y aturdido presidente electo. Este corrió a Washington a dar explicaciones y a ofrecer lo posible y lo imposible. Por ese despeñadero lanzó a la nación desde antes de posesionarse. Fumigaciones con químicos cada vez más nocivos, abarcan crecientes extensiones del territorio patrio. Masas de campesinos que, ante la ruina de la producción agraria han acudido a sembrar matas de coca y amapola, ven, iracundas, cómo el gobierno arrasa su único medio de subsistencia.

La república se convierte en una especie de bien mostrenco, donde los agentes de inteligencia gringos graban conversaciones, censuran y afrentan públicamente a las autoridades e instituciones nacionales. En nuestros mares, debido al tratado de interdicción marítima firmado por el gobierno de Samper, las naves yanquis pueden abordar cuando les plazca embarcaciones de bandera colombiana. Nuestro espacio aéreo es surcado por sus aviones y, con descaro, operan sus radares en nuestra geografía.

A pesar del servilismo extremo, la Casa Blanca, que se arroga el derecho de calificar el desempeño de la actividad antinarcóticos de otros Estados, decidió dar, el primero de marzo de 1995, una certificación condicionada al gobierno de Colombia. Y luego, en los dos años subsiguientes, declaró que éste no había cooperado contra el mencionado delito. No contenta con ello, la administración de Clinton retiró la visa norteamericana a Samper y a otros funcionarios. Ni siquiera cuestionó el humillante proceso de certificación, en cambio movilizó hacia la capital del imperio una tropilla de funcionarios a mendigar perdón.

Como ninguna de sus obsequiosidades ha logrado ablandar la severa conducta de sus amos del Norte, Samper, argumentando que el trato degradante que recibe debe ser sobrellevado como una desavenencia conyugal, se encoge y arruma para que los Frechette y los Constantine decidan con quién se entienden, si con alguien de la policía, con la canciller, la ministra de Justicia o algún vocero de alguno de los gremios. Son ellos, los gringos, quienes determinan quién representa a Colombia.

So capa de combatir el delito, van eliminando de la legislación colombiana las más elementales garantías jurídicas. El Ejecutivo, bajo los apremios de Frechette, se sumó a los ataques de quienes llamaron narcomico a la posición que el Senado aprobó en diciembre de 1995, según la cual los ciudadanos sólo podían ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito si antes existía una condena judicial por un delito del que derivaran las riquezas en cuestión. Como consecuencia de la actitud del gobierno, la Cámara echó atrás lo decidido por el Senado y así la carga de la prueba se pasó a los acusados.

La justicia sin rostro se ha mantenido, a pesar de las evidencias de la utilización turbia que se hace de ella. Con la activa participación del ministro Serpa, quien le pidió al legislativo dejar a un lado los escrúpulos jurídicos, el Congreso votó la ley de Extinción del Dominio, la cual consagra la aplicación de la retroactividad de la ley penal, violando un principio universal del derecho. Está en vías de imponerse la extradición de colombianos, y los funcionarios del Departamento de Estado, apoyados por Samper, exigen que se aplique sin retroactividad ni condición alguna, y que no se requiera que el delito esté tipificado en la legislación nacional de Colombia. Ya hicieron suprimir del texto del Senado la parte referente a que la extradición no procede cuando se trate de delitos conexos a los políticos. El Ejecutivo había sostenido, vale la pena recordarlo, que en su agenda no figuraba esta medida, pero, como es su costumbre, cedió ante la presión gringa. Sin embargo, como la cámara alta no ha accedido a aceptar la extradición con retroactividad, Frechette acusó a Samper de negligente y de incumplir los compromisos adquiridos y lo amenazó con procesarlo en Miami, como otro de los reos en la lista de «Piedra Angular». El manso Samper responde pidiendo que no se dude de su voluntad de «seguir adelante» y obedecer.

A propósito de las disposiciones que desconocen elementales derechos, ha de mencionarse la Ley 200 de 1995, sancionada en volandas por el ministro delegatario en funciones presidenciales, Horacio Serpa. Esta ley establece un código disciplinario único para los trabajadores del Estado y desconoce las conquistas convencionales a este respecto. Con ella se viola el debido proceso, y se eleva a los procuradores a la categoría de jueces de los trabajadores estatales, se incrementan las sanciones, se prohiben los paros y la ocupación de oficinas y se impide a los servidores oficiales su participación en política. El gobierno de Colombia debe dar cuenta al norteamericano sobre la Ley de televisión, la reforma política, el DAS y la policía, y los directores de estos entes sólo se nombran a satisfacción de la potencia.

No puede escapar al proletariado consciente el hecho de que la política norteamericana se dirige a la atomización del país. En la euforia de las nuevas condiciones internacionales, el imperio aspira a doblegar las fuerzas que históricamente han obstaculizado su hegemonía: el proletariado, al que pretende dispersar con la llamada fábrica mundial, y las naciones, a las que procura desintegrar, resquebrajando su unidad. A este nefasto propósito les ha contribuido Samper a través de Serpa, quien definió las funciones de su despacho como las de una cancillería entre el Ejecutivo central y las regiones. No ocultan sus propósitos de desgarrar la unidad nacional. Otro paso en esta dirección fue la Ley 191 de 1995, o de Fronteras, la cual debilita los nexos del conjunto del país con dichos territorios, en tanto que da entrada directa al capital extranjero para que negocie en ellas y establezca maquilas a su antojo. Además está pendiente el proyecto de ley de ordenamiento territorial, que acabará de debilitar los amarres de la nacionalidad.

Los agentes del coloso del Norte instigan enfrentamientos que distraigan a los pueblos del objetivo de su emancipación, por eso, y para darse al pillaje en medio de los conflictos, azuzan, con la aceptación tácita o explícita del gobierno, en temas como los derechos humanos, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, y tienen a las Fuerzas Armadas bajo una especie de monitoreo permanente.

Son tan grandes los peligros que se ciernen sobre Colombia, que Clinton y su embajador ante las Naciones Unidas buscan otro pretexto intervencionista metiendo baza en los problemas de la guerra y la paz de nuestra patria.

El pueblo enfrenta la traición

Contrasta la sumisión del samperismo con la rebeldía de las masas. En la presente administración se ha desplegado una oleada de protestas y movilizaciones cívicas que enfrentan las alzas en las tarifas de los servicios públicos y la estratificación, como el paro de los pobladores de Facatativá, los días 16, 17 y 18 de septiembre de 1996. El 19 de junio se había levantado la población del occidente de Bogotá para rechazar los planes de Mockus, quien pretendía arrasar miles de viviendas para adecuar, para la zona franca, la zona aledaña al río Bogotá. Casi a diario, los presos de las diferentes cárceles se amotinan para denunciar las precarias condiciones en que se les mantiene. Miles de cultivadores de café realizaron el 19 de julio de 1995 el paro nacional cafetero, preparado con múltiples y multitudinarias manifestaciones, el cual abarcó a más de cien municipios y preparó el camino para arrancarle al gobierno la anulación de las obligaciones bancarias de los pequeños caficultores. El campesinado de Caquetá, Putumayo, Guaviare y otros departamentos, luchó durante meses, a partir de julio de 1996, para impedir las fumigaciones con glifosato y otros tóxicos y para reclamar apoyo a la producción agropecuaria.

En el movimiento sindical son muchas e importantes las batallas libradas. Los trabajadores del SENA defienden el presupuesto de la institución. Los profesores universitarios combaten la política de asfixiar presupuestalmente la educación superior. Los jueces realizan paros para hacer respetar sus reivindicaciones. En Telecom, Ecopetrol, la Empresa de Teléfonos de Bogotá, la Caja Agraria, la salud y el magisterio, no se echa pie atrás en el rechazo a las privatizaciones.

Desde el comienzo, la CGTD denunció el engañoso Pacto Social con el que Samper pretendía que el obrerismo accediera a trabajar más por una remuneración menor. Posteriormente todas las centrales obreras se negaron a asistir al marrullero y desfavorable acuerdo.

Un significativo avance consiste en la unificación de las luchas, principalmente de los estatales, alrededor de objetivos patrióticos y reivindicativos, como oponerse a la venta del patrimonio nacional e impedir el deterioro de los salarios y de las conquistas laborales. Con tales propósitos se han dado las jornadas del Primero de Mayo, el paro nacional estatal de febrero y la protesta del 3 de septiembre.

Resumiendo lo obtenido en el paro de febrero, Yezid García, secretario adjunto de la CGTD, dijo: “La posición reaccionaria que pontificaba sobre lo anacrónico de la confrontación popular, de la marcha, del mitin o de la huelga, y que colocaba como alternativa el “sindicalismo propositivo” o el “gremialismo apolítico”, es la gran derrotada en las filas de los trabajadores”. García agregó: “Es la hora del fortalecimiento del sindicalismo en Colombia, la hora de recoger la cosecha sembrada en años de paciente labor de resistencia y combate contra el neoliberalismo y la dominación norteamericana”.