NO HACER CUENTAS ALEGRES PARA NO ILUSIONAR AL CAÑICULTOR

Apartes de la intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre alcoholes carburantes, Comisión Quinta del Senado, 26 de agosto de 2003.

Jorge Enrique Robledo

Este del alcohol carburante es un proyecto que aparece como algo positivo para el agro y el medio ambiente. Sin embargo, hay que mirarlo con cuidado. Con tantos intereses en juego, no podemos hacer cuentas alegres. Voy entonces a señalar algunas cuestiones que a mí me siembran dudas, y quiero plantearlas con entera franqueza.

Destaco un primer hecho que pesa como una montaña: el alcohol carburante es más costoso que la gasolina. No es un negocio que en una economía de mercado se desarrolle solo y en forma natural; no, su mercado debe ser intervenido para que sea viable, porque el combustible que le compite es más barato. El petróleo está en el yacimiento, mientras que la yuca, la caña o cualquier otro cultivo que se utilice como materia prima hay que sembrarlo, y además en tierras costosas. Entonces, por definición, hablamos de un proyecto que solo es viable si el Estado lo interviene para que funcione por fuera de las leyes del mercado.

La propuesta del gobierno es subsidiar la producción de alcohol carburante mediante el expediente de quitarle los impuestos que pesan hoy sobre la gasolina. No cobrarle al alcohol tales gravámenes tiene un costo fiscal bastante alto, equivalente, según nuestros propios cálculos, a 39.7 millones de dólares al año, el valor de otra reforma tributaria. Utilizo las cuentas de Ecopetrol, sobre una producción estimada de 735 mil litros/día.

Pero que el costo sea alto no implica que el proyecto no pueda hacerse. Presenta por supuesto sus atractivos. Se alegan en primer lugar factores medioambientales. Se defiende también porque permitiría disminuir las importaciones de petróleo a las que estamos abocados. Y hay un tercer argumento, quizá el más atractivo: promovería la agricultura y el empleo. Este sí que es un argumento de peso para cualquiera que tenga la menor sensibilidad sobre el progreso del país, sensibilidad que ojalá muestre el señor ministro cuando le pidan firmar el ALCA o el acuerdo bilateral.

El gobierno señaló que el proyecto se hará única y exclusivamente si los inversionistas privados asumen los costos relativamente altos. Y ha sido perentorio en afirmar que no habrá inversión del Estado en la construcción de destilerías.

Lo anterior deja claro un asunto bien importante. En el debate han aflorado ya las diferencias entre los interesados en que las destilerías se instalen en una zona u otra. Y en el caso de la caña se aprecia una contradicción —hasta ahora resuelta positivamente, y ojalá que se pueda seguir resolviendo así— entre los intereses de los grandes cultivadores de caña del Valle del Cauca y los de los pequeños productores de panela. Para dimensionar el asunto, baste mencionar que 14 ingenios producen el mismo dulce que 60 mil familias de paneleros.

En su alocución del 20 de julio, el presidente Uribe hizo expresa referencia al proyecto: «Los combustibles biológicos son ahora alternativa viable. En dos años el sector privado vallecaucano deberá producir alcohol carburante para mezclarle a la gasolina». Esa parece ser la decisión, y a mí no me sorprendería, porque hay un hecho evidente: la zona panelera más desarrollada del país es la del río Suárez. Pero ¿contarán allí los cañeros con recursos suficientes para instalar la destilería? Recuerden que estamos hablando de 35 millones de dólares, para ser costeados por un buen número de pequeños y medianos productores. De plano me permitiría entonces descartar que la instalación de las destilerías vaya a ser una inversión de los propios cañeros del río Suárez. Mientras que, por el otro lado, los 14 ingenios del Valle del Cauca sí tienen músculo financiero suficiente e instalaciones ya creadas para irrumpir de lleno en el negocio.

Lo primero que hay que decirles entonces a los amigos cañeros de la Hoya del Suárez y del resto del país es que no se hagan ilusiones. Porque no es factible que en una zona que conozco de cerca se logren conseguir 35 millones de dólares para meterse en un negocio tan complejo. Insisto mucho en este punto, porque abrigo la certeza de que se ha venido manejando muy mal la información. Sé de mucho cañicultor que está sembrando a marchas forzadas ilusionado en tomar parte en el proyecto. En tal sentido, voy a hacerle un reclamo muy serio al Ministerio. Hablemos con franqueza, digámole la verdad al país, para que el exceso de producción no se complique todavía más. Si el proyecto se va a hacer en el Valle, que se haga, pero que se diga con claridad. Si se va a adelantar en otro sitio, que se explique cómo. Pero no le pintemos pajaritos de oro a la gente, acabando de agravar un problema ya de por sí muy grave, como lo es el exceso de capacidad instalada.

La rentabilidad

El problema clave es en últimas el de la rentabilidad. ¿Qué tan rentable va a ser producir alcohol carburante? El gobierno nacional estableció un precio de compra de US$1,21. Los análisis para fijarlo parecen haber salido de una investigación hecha por Equati Investment, un estudio bastante endeble, según el doctor José Joaquín Rudas, el experto que me está asesorando. Equati estima un costo de producción de 94 centavos de dólar por galón. Pero el doctor Rudas me dice que el estudio presenta inconsistencias tan grandes como que no calcula los costos de mantenimiento de la destilería, ni el impuesto de renta, ni la depreciación de los equipos, ni el tratamiento de las vinazas, etcétera. Sobre la base de esas cifras, el doctor Rudas calcula en US$1,23 el costo de producción del alcohol carburante, por encima de lo que ofrece el gobierno como precio de compra. Dato que corrobora lo señalado aquí por el doctor Cala, quien también se queja, y entiendo que con evidencias empíricas de inversionistas, porque afirma que a ese precio no les funciona el negocio.

Aparece un problema tremendamente complicado. ¿De dónde sale el precio que ha ofrecido el gobierno? Por lo que me pareció entenderle al ministro, de una manera muy extraña. El gobierno supone que el precio del alcohol es el mismo de la gasolina. Y entonces toma este último como base y le resta los impuestos. Pero esto de que el precio del alcohol sea idéntico al de la gasolina, señor ministro, me cuesta un trabajo inmenso creerlo. Todo parece indicar que al doctor Rudas y a los demás analistas les asiste la razón cuando aseguran que a ese precio no resulta rentable producir alcohol carburante, salvo que medie una situación excepcional, como la de los ingenios vallecaucanos, y es que están exportando azúcar vendiendo a pérdida —entiendo yo, doctor Villaveces—. A ellos les funciona el negocio, porque si estoy vendiendo a pérdida, puedo seguir haciéndolo si la pérdida es inferior.

La producción de azúcar es respaldada en el mercado nacional por un precio superior al del externo, y eso está bien que sea así. Son realidades sociales por las que tenemos que seguir trabajando. En lo que insisto es en que hay que hablarle con franqueza al país, porque de lo contrario jamás entenderemos lo que está sucediendo.

Quiero entonces hacer hincapié en que hasta ahora el negocio está montado sobre una base muy endeble. Todo parece indicar que el precio fijado por el gobierno no tiene nada que ver con la realidad. Probablemente, al hacer cuentas, los ingenios azucareros encuentren un colchón tan grande que el negocio les pueda funcionar. Pero sería bueno que eso se estableciera de antemano, y, sobre todo, que no les alegremos el oído a los cultivadores de caña panelera, que ya producen con bastante sufrimiento en las difíciles laderas andinas.

¿Mercado abastecido con importaciones?

La Resolución 180836 de 2003 no ordena expresamente que sea colombiano el alcohol que se produzca a partir de septiembre de 2005. Sobre problema tan crucial le voy a hacer, señor ministro, un cuestionamiento muy preciso y espero que usted me lo responda. La Resolución habla de promover el mercado, pero el mercado podría promoverse con alcoholes importados. Y si es así, el análisis varía drásticamente, porque se alteran por completo los supuestos que yo he hecho.

La pregunta es precisa, señor ministro: si en septiembre de 2005 no hay producción de alcohol carburante ¿se va a importar? Pero, además, respóndale al país lo siguiente: ¿la importación la va a hacer Ecopetrol o la empresa privada? Que no resulte en últimas que aquí se esté moviendo todo un cuento del medio ambiente para montarle un negocio a una empresa privada. Porque ya de antemano sabemos que la política es que no sea Ecopetrol. La decisión está tomada, y es la de adelgazar a Ecopetrol hasta su desaparecimiento.

Para el alcohol carburante, Colombia tiene un arancel de protección muy bajo, de tan solo 15%, mientras que algunos países lo han fijado en 50%. Lo que puede por tanto terminar sucediendo es que un arancel tan precario no logre protegernos de las importaciones.

Una última preocupación. Vamos para el ALCA, o, todavía peor, para el acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos. Y en ambos casos la política es la de eliminar los aranceles a todos los productos, incluido el alcohol carburante. En la información enviada a la Comisión Quinta, el Ministerio anota que ya Colombia ofreció en este ítem una desgravación un poco superior a los diez años. Luego será un negocio que por la vía de la protección arancelaria va a sobrevivir si mucho diez años, hecho que vuelve y les complica las cuentas a los inversionistas.

¿Qué es lo que estoy diciéndole al país? Que el panorama se ve más complicado de lo que presupone el gobierno. Así que le renuevo el llamado al Ministerio para que actúe con seriedad. Aquí hay mucho interés moviéndose y millares de cañeros comprometiéndose en más cultivos cuando hay tantas preguntas todavía sin resolver.

Por último, señor ministro, le insisto en mi pregunta: si en septiembre de 2005 no tenemos producción nacional de alcohol carburante, ¿procederá el gobierno a importarlo?

DOS ARTÍCULOS DEL SENADOR ROBLEDO SOBRE EL ALCA Y EL TRATADO BILATERAL

Jorge Enrique Robledo

EL LISTADO DE LOS QUE VAN A QUEBRAR

Aumentan las preocupaciones entre los empresarios del campo y las ciudades frente a la decisión del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de meter a Colombia en el Alca o en un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Y no es para menos, según se conoce lo que le espera al país. Con la frase «Escojamos quién muere y quién sobrevive», tituló Portafolio el 5 de septiembre de 2003 las opiniones de Juan Manuel Santos sobre cómo prepararse para suscribir un tratado de comercio con Estados Unidos.

Según el mismo periódico, «las advertencias del ex ministro fueron más allá y recomendó, incluso, tener en cuenta las regiones del país que se verán beneficiadas con el TLC y las que resultarán afectadas por el acuerdo. Esto traerá, sin lugar a dudas, descontento social en aquellas zonas del país en las cuales los efectos nocivos del tratado sean más trascendentales».

Por otro lado, el texto Efectos de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, publicado por el Departamento Nacional de Planeación, señala que con este convenio se reducirá la producción colombiana en ocho de los diez sectores en los que la dividieron para el análisis, siendo los perdedores: cereales, otros productos agrícolas, minas y energía, cueros y maderas, alimentos, carne bovina y otras carnes, otras manufacturas y servicios y finca raíz, en tanto considera que los ganadores serán textiles y aceites y otros cultivos, leche y azúcar.

En el mismo documento se abunda en los renglones amenazados en los siguientes términos: «Los sectores sobre los cuales Estados Unidos presenta ventajas competitivas y que muy seguramente con la eliminación de la protección arancelaria afectarían la producción doméstica están los relacionados con la fabricación de maquinaria y equipo; madera; algunos alimentos; hilados y fibras textiles; algunos productos químicos; derivados del petróleo y el carbón; cauchos y plásticos; como también los dedicados a la fabricación de productos metálicos».

Como si fuera poco, con respecto a algunos de los supuestos ganadores –aceites, leche y azúcar–, hay que poner en seria duda esa posibilidad, si se tiene en cuenta que estos productos se benefician con aranceles relativamente altos, los cuales desaparecerían, y que las agremiaciones que los representan han advertido que la pérdida de esa protección les generaría una competencia capaz de eliminarlos.

Quedaría, entonces, como único ganador el renglón de «textiles» –que debe entenderse principalmente como maquilas dedicadas a las confecciones–, aunque sobre este hay que advertir que tendría que derrotar en la competencia por entrar al mercado norteamericano a los productores del resto de América e, incluso, a los de Asia, empezando por China, que se poseen poderosas factorías y mano de obra de un costo minúsculo. Pero aún si fuere cierto que ganarán los pocos sectores mencionados, ¿con qué argumentos defienden que se sacrifiquen casi todos?

Para completar el panorama de lo que viene, Planeación también concluye que «cuando se consideran los efectos de mayor inversión extranjera producto de la liberalización del sector servicios, las ganancias tanto del acuerdo bilateral como del Alca son evidentes», lo que significa reconocer que las pérdidas de la industria y el agro nacionales «son evidentes», para usar sus palabras, y que el capital extranjero se quedará con los servicios (salud, educación, telecomunicaciones, electricidad, vías, finanzas, etc.), siempre y cuando, decimos aquí, el gobierno le garantice impuestos menores o inexistentes, tribunales privados y en el exterior para resolver los conflictos con el Estado y salarios bien bajos. ¿Qué futuro puede tener un país en el que las fuentes de acumulación de riqueza desaparecen o acumulan por fuera de sus fronteras?

A estas alturas del debate, y en la medida en que se confirman las razones de quienes nos oponemos a este tipo de acuerdos, saltan otras preguntas: ¿cómo explicar que quienes hablan en nombre de los productores nacionales no cesen de insistir en las «bondades» de lo que llaman el «libre comercio»? ¿Y por qué los empresarios que serán arruinados guardan silencio al respecto?

(Manizales, 12 de septiembre de 2003).

DE MAL EN PEOR

Según Eugenio Marulanda, presidente de Confecámaras, la reunión del gobierno de Colombia con Robert Zoellick, representante comercial de Estados Unidos, para impulsar el «libre comercio» entre los dos países, se resume así: «Quien tiene el oro pone las condiciones… Eso fue lo que hizo Zoellick. Decir: listo, se hace el acuerdo, pero nosotros ponemos las condiciones. Lo toman o lo dejan» (El Espectador, agosto 10 de 2003). Entonces, cada día aumentan las razones de quienes podemos demostrar que el país no tiene nada que ganar y sí mucho que perder con la decisión de profundizar la apertura económica iniciada por César Gaviria, bien sea que esta asuma la forma del ALCA o de un acuerdo bilateral con el imperio del norte.

En la práctica, la opinión de Marulanda coincide con el folleto que el gobierno de Uribe Vélez acaba de entregar en favor del «libre comercio», en el cual se evidencia, para empezar, una gran irresponsabilidad. Aunque parezca mentira, sólo después de nueve años del día en que los neoliberales, sin consultarle a nadie, tomaron la decisión de incluir a Colombia en el Alca, apareció el primer «estudio» de Planeación Nacional sobre los efectos de ese pacto. ¡Y qué «estudio»! Allí, el gobierno afirma –sin probarlo– que con el acuerdo bilateral el bienestar de la población subirá el insignificante 0.79 por ciento y que con el Alca la mejoría será del 0.23 por ciento, con el agravante de que estas cifras las sacaron sin hacer análisis sectoriales, como se los restregó hasta el presidente de Analdex.

Y a la propaganda oficial le tocó reconocer unas verdades que han aparecido en esta columna. Según Planeación, las importaciones aumentarán bastante más que las exportaciones. Con el acuerdo bilateral, 11.92 contra 6.44 por ciento; y con el Alca, 10.07 contra 6.30 por ciento, confirmando la frase de Hommes que de lo que se trata es de aumentar lo importado y no lo exportado, lo que tendrá que generar, así no lo digan, más ventas a menos precio del patrimonio nacional al capital extranjero, para conseguir los dólares que compensen el deterioro de la balanza comercial.

También acepta Planeación Nacional que los ingresos del Estado colombiano por aranceles caerán 590.6 ó 806.5 millones de dólares anuales, según uno u otro acuerdo, lo que implicará, aunque tampoco lo advierten, nuevas reformas tributarias para compensar lo perdido. Luego la tan cacareada disminución del precio de los alimentos y de otras mercancías por la vía de importarlos más baratos, será reemplazada por mayores impuestos al pueblo. Y la experiencia mexicana muestra que las importaciones a menores precios quiebran a los productores pero les llegan caras a los consumidores, en razón de que con la diferencia se quedan los monopolios intermediarios.

De otro lado, el propio ministro de Agricultura reconoció que el acuerdo bilateral, al igual que el ALCA, implica la eliminación gradual de la protección por aranceles que hoy tienen el arroz, el maíz, la leche, el azúcar, etc., y que él aspira, como si fuera gran cosa, a que esos productos no se arruinen el día en que se firme el convenio sino en un proceso de unos cuantos años, siguiendo la experiencia de Chile, como ya lo definió Zoellick. Y caen en la ingenuidad o en la astucia de insinuar que Estados Unidos, con el acuerdo bilateral, le dará un trato de preferencia a Colombia en relación con los demás países del continente, como si no fuera obvio que ese acuerdo es, para los gringos, otra vía para llegar al pacto multilateral que significa el ALCA, lo que permite asegurar que de cualquier manera los intereses del país se supeditarán, también, a los cambalaches estadounidenses con las naciones más poderosas de América e incluso del mundo. ¿O a alguien se le puede ocurrir que Estados Unidos va a preferir a Colombia que a Brasil en el caso del azúcar o que a China en confecciones?

Y ya se sabe que estos acuerdos con Estados Unidos le significarán a Colombia perder el mercado de la Comunidad Andina, que es nada menos que su primer comprador de bienes manufacturados, a lo que hay que añadirle que los principales rubros de exportación del país a los estadounidenses son bienes primarios que exportan, con muy poco valor agregado, las transnacionales. De ahí que sean cada vez más los industriales que protestan porque a las reuniones donde se decide la posición de Colombia frente a estos convenios asistan, como también ocurrió en la venida de Zoellick, los representantes de las empresas extranjeras que operan en el país.

(Manizales, 15 de agosto de 2003).

A PROPÓSITO DE LOS CUARENTA AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ, OIC

Declaración de Unidad Cafetera de Colombia

En octubre de 1902 se celebró el Primer Congreso Internacional para el Estudio de la Producción y el Consumo de Café. Las conclusiones del evento son las mismas que, desde entonces, explican los ciclos de auge y caída de los precios, las penurias de los países productores de la materia prima y las ambiciones de los países mayores consumidores del producto final y expendedores al detal. Ese Congreso señaló que «el café se presta admirablemente a convertirse en el objeto de organizaciones, monopolios, especulaciones de toda clase (y) a las ventajas de unos pocos intermediarios». Así mismo, se dijo que «es una cadena interminable de males» que sólo podía romperse con «los esfuerzos combinados de los gobiernos interesados».

Esa cadena de males se montó sobre la injusta división entre las naciones tropicales fabricantes de grano verde –a las cuales, merced a los designios del gran comercio, se comprometió en el cultivo de géneros como el de la rubiácea y demás de análogas condiciones naturales– y las naciones industriales que los procesan, distribuyen y realizan como producto final en distintas formas. Los países ricos reciben mayores ventajas de tal sistema y de la masificación del consumo de estos bienes a través de sus firmas industriales, de las redes del comercio, de banqueros, importadores y transportadores y hasta de sus propios Tesoros, en razón del recaudo de los impuestos fijados para toda la cadena dentro de sus territorios.

Las memorias del café están escritas con arrojo, sufrimientos y sangre, en medio de desastres naturales, guerras, intrigas, quiebras, plagas, competencia aguda entre marcas y capitalistas, competencia con otros bienes sucedáneos y competencia entre los diversos orígenes y las mezclas de variedades. La parte fatal siempre la cargan los cientos de millones de campesinos, productores y cosecheros que en América Latina, Asia y África lo cultivan. Nunca han abandonado su pobreza proverbial y hoy llegan a niveles cercanos a la inopia, en contra de lo que pasa en Estados Unidos y Europa, donde se concentran las ganancias y los beneficios de los negocios multimillonarios.

Las pocas iniciativas para mitigar las secuelas de ese injusto orden sólo se han concretado cuando a los imperios favorecidos de la renta cafetera global, por razones estratégicas, les conviene asistir a su servidumbre contemporánea. Tanto en1940, «en respuesta a la amenaza del nazismo», como en 1962, con la Guerra Fría, determinaron «coordinar esfuerzos»; idea que, como se dijo, estaba clara desde 1902. La OIC inició labores hace 40 años. «Es castrismo o libertad», fue la razón última de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para aceptar el nacimiento del Pacto, y, por ende, de la institución administradora, que subiría los precios de la bebida a los consumidores del Norte a cambio de mejorar ingresos a las repúblicas exportadoras de café verde de su órbita de influencia política, a fin de alejarlas del comunismo.

Y, así como la OIC y su principal objeto, el Acuerdo Internacional de Cuotas, comenzaron a operar, se paralizaron después de 26 años . En tanto se derrumbaba el Muro de Berlín, el embajador norteamericano ante dicho organismo, Myles Frechette, bajaba el pulgar en julio de 1989 ordenando su eliminación. Motivos iguales a los que le dieron la vida, se la quitaron. Y no fue en vano. Los países compradores, que, mientras duró el Acuerdo pagaron un precio mayor al del mercado, decidieron desquitarse en el nuevo modelo de globalización. Así, las cotizaciones internacionales bajaron a mínimos valores, inferiores a los de la Gran Depresión en 1929.

En los últimos doce años no ha bastado con la inestabilidad propia del negocio. Los capitales financieros vinculados con Estados Unidos y los cuatro monopolios multinacionales, General Foods, Nestlé, Sara Lee y Procter & Gamble, la han avivado. La promoción de la sobreproducción con nuevas siembras en nuevos países, los tratados de «libre comercio» como el TLCAN, el poder de las marcas, la mayor flexibilidad en las mezclas, los mercados especulativos y las nuevas tecnologías, amén de las malas políticas oficiales generaron las condiciones propicias para tan inicuo cometido que llevó al peor de los mundos: una dañina lucha entre naciones cafeteras pobres por vender la producción, así fuera con bajísimas cotizaciones y mala calidad.

En el mundo se consumen 3.900 tazas de café Nestlé soluble por segundo y a los caficultores del precio de venta sólo les llega el uno por ciento, o que de un paquete de café transado en un supermercado apenas les corresponde el seis por ciento, o que de un negocio que valía en 1990 cerca de 30 mil millones de dólares, de los cuales los productores percibían 10 mil, se transformó en el presente en uno que vale más de 70 mil y solo les traslada menos del 10 por ciento. Todo lo anterior demuestra que el rompimiento del Pacto aplastó a los cafetaleros de todo el orbe en provecho de las multinacionales y de los poderosos gobiernos que las representan.

Al cumplirse cuarenta años de la OIC, se avisa del posible reingreso de Estados Unidos. Las solicitudes dirigidas a Washington para ello están inspiradas en la «lucha contra el narcotráfico y el terrorismo». Aunque de ese eventual regreso no puede colegirse que vendrá un orden automático en el mercado mundial del café, en el hipotético caso de decretarse medidas en esa dirección, ello deberá darse sin contraprestaciones ni imposiciones de algún orden. Ha de derivarse del reconocimiento del infame trato concedido hasta ahora a 60 países y a 25 millones de familias caficultoras pobres del mundo. Debe abordarse en pie de igualdad para todos, despojándolo de una vez y para siempre de la impronta colonial que ha tenido. Sólo así es posible que en «una nueva OIC» no se refrenden las dolorosas experiencias vividas ni los males causados a los productores por más de siglo y medio. De manera digna y patriótica, nuestros gobiernos deben velar porque así sea, máxime cuando el mundo se encuentra en la fase superior más salvaje del capitalismo salvaje.

Aurelio Suárez Montoya

Presidente nacional

15 de septiembre de 2003.

POLÍTICA URIBISTA DE CRÉDITO EDUCATIVO DEBE SER DERROTADA

El paro estudiantil en la Tecnológica de Pereira

Marcela Vélez

Desde hace más de una década el Banco Mundial viene impulsando la política de crédito educativo en la educación superior, como mecanismo que sustituye la financiación estatal de las universidades públicas por préstamos a estudiantes para que paguen altas matrículas con ellos. Así se introduce el sector financiero en el jugoso negoci de la educación privatizada.

Álvaro Uribe Vélez ha mantenido como bandera la política de crédito educativo, con el objetivo de cumplir con las directrices de los organismos multilaterales de crédito sobre privatización de la educación, y para ello usa la estrategia demagógica del aumento de la cobertura, a la vez que le disminuye el presupuesto a la educación superior pública. La ampliación de la cobertura busca aumentar en 400 mil los cupos para educación superior, así:

a 160 mil con las «ganancias en la eficiencia», es decir, más estudiantes sin aumentar la asignación presupuestal a las universidades públicas.

a 40 mil por educación virtual

a 80 mil con el SENA y las instituciones técnicas y tecnológicas

a 70 mil con crédito educativo, dirigido a universidades privadas.

En este marco, el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, Luis Enrique Arango, en procura de la autofinanciación de la universidad y en su inconfensable esfuerzo por obtener la estima del gobierno de turno, se empeñó en ampliar la cobertura creando cuatro ingenierías en jornada nocturna, pero con costos de $1’328.000 en matrículas, para una universidad donde el promedio es de $230.000. Es un escalón para un rector que tiene todo un historial de medidas privatizadoras aplicadas por su propia iniciativa, y lo hizo apoyándose en el programa Acces del Icetex.

Estas carreras, que se aprobaron a pupitrazo limpio en la reunión del Consejo Superior, CSU, carecieron de las discusiones académicas propias de la universidad y se les dio un manejo que, como manifiesta el rector sin ninguna vergüenza, tenía como propósito aprovechar el dinero que el gobierno había destinado al Icetex para este propósito. La decisión coincidió con la época de exámenes finales y habilitaciones en la UTP, razón por la cual el estudiantado no se movilizó inmediatamente en contra de la medida.

Iniciando el siguiente semestre, se creó la Coordinadora de Estudiantes, colectividad conformada por las seccionales de las organizaciones estudiantiles nacionales, las representaciones estudiantiles, las organizaciones locales y los activistas independientes, y se inició una campaña de difusión y recolección de firmas en apoyo al pliego de peticiones de los estudiantes, que tenía como punto primero y principal la exigencia de mantener estas nuevas carreras bajo la normatividad vigente y con el mismo esquema tradicional de liquidación de matrículas. Como respuesta al pliego, el rector empezó un proceso disciplinario contra el representante estudiantil al CSU; medida que en lugar de atemorizar al movimiento estudiantil avivó y motivó la participación de más sectores del estudiantado.

A partir de ese momento y después de multitudinarias asambleas generales y de facultades, el 28 de julio se decidió salir a paro general indefinido. Al día siguiente, y sin que mediara ningún acto violento, Luis Enrique Arango militarizó la Tecnológica de Pereira, por primera vez en 42 años de existencia.

Nuevamente el rector se equivocó, porque en lugar de dispersar al movimiento estudiantil, éste se cohesionó hasta el punto de hacer la marcha más grande de estudiantes universitarios en Pereira en los últimos 20 años.

Estos hechos presionaron una reunión del Consejo Superior, con la presencia del viceministro de Educación, Javier Botero, quien tiene la función de velar porque el bastión de la política educativa de Uribe Vélez en educación superior no salga derrotada, para poder aplicarla luego en todas las universidades públicas del país.

Los estudiantes, ante la negativa del Consejo de echar para atrás la medida, decidieron ratificar el paro; y el rector, que había recibido la orden de desmilitarizar la universidad, decidió cerrarla.

Ante esta situación, buscamos el respaldo del estudiantado y el profesorado de las demás universidades del país, y se hicieron el encuentro y la marcha a Pereira, todo contra la política educativa de Uribe Vélez. Actividades que aunque sirvieron en el acompañamiento a la pelea local, no lograron su cometido de generar un movimiento nacional de resistencia a esta política.

Entramos después a unas semanas de desmovilización del estudiantado, de amenazas sobre cancelación de semestre y de incitar la división del movimiento estudiantil y estimular el esquirolaje. Se decidió entonces dar una semana de tregua y efectuar un plebiscito que confirmara el rechazo de los estudiantes a la creación de estas carreras regidas por los parámetros del crédito educativo. El estudiantado asistió masivamente a las urnas y se alcanzó una participación de 3.641 estudiantes, de los cuales 3.258 votaron a favor de modificar estas carreras adaptándolas al sistema tradicional de funcionamiento de la UTP, y de eliminar el crédito educativo como forma de privatización.

Aunque la actividad del plebiscito buscaba llegar con más fuerza a la reunión ordinaria del Consejo Superior, esta no se llevó a cabo, y así comenzó el proceso de cancelación de reuniones, de dilatar la toma de decisiones y de no solucionar el conflicto. A la burla del Consejo Superior, la embestida del rector contra el movimiento estudiantil y las presiones de un sector de la derecha para regresar a clases, se respondió con la más grande asamblea general de estudiantes de la Tecnológica de Pereira, en la cual los estudiantes decidió retomar el paro, con una votación de 1.633 contra 752.

Entonces la administración emprendió su estrategia de división del movimiento estudiantil, promoviendo el esquirolaje y amenazando con dar por perdido el semestre a los participantes del paro. Después de tres semanas con esta estrategia, el movimiento estudiantil perdió fuerza y no se pudo evitar que cada día más estudiantes se incorporaran a las clases.

En la séptima semana de paro, el Consejo Superior se reunió finalmente para tomar varias decisiones: cancelar semestre a todo estudiante que se mantuviera en paro y garantizar la normalidad de las clases a quien deseara participar en ellas; eliminar el crédito educativo como forma de financiación de las carreras creadas, y reducir el costo de esas matrículas pero manteniendo el principio de autofinanciación. Mientras se cumplía la reunión, los estudiantes hicieron un mitin que culminó en enfrentamientos entre la policía y el estudiantado. Cuatro estudiantes fueron detenidos y varios golpeados.

Ante el proceso de debilitamiento del movimiento estudiantil, la incapacidad para evitar que algunos sectores del estudiantado recibieran clases, la amenaza de cancelación selectiva del semestre que propiciaba las decisiones individuales en lugar de acogerse a las definiciones de la asamblea general, la Coordinadora de Estudiantes llevó la propuesta de levantar el paro, rechazando las decisiones del Consejo Superior y manteniendo viva la pelea por el pliego de peticiones. Después de un par de días la Asamblea General de Estudiantes definió el levantamiento del paro acompañando esta decisión con una gran movilización que ratificó el compromiso de continuar peleando por el pliego de peticiones y por la defensa de la universidad pública.

El paro nos deja la enseñanza de que la unidad y la organización de los estudiantes son indispensables para avanzar en la defensa de la educación pública. En este movimiento se alcanzó una gran comprensión del estudiantado sobre las implicaciones de la política del Gobierno en la existencia de la universidad pública, y sobre como el crédito materializa la privatización de la educación superior. El movimiento estudiantil está en ascenso y en la medida en que logre mayor fuerza y haya nueva decisión de lucha, se podrá derrotar la política educativa de Uribe Vélez.

EL FRACASO DE LA REUNIÓN DE CANCÚN

La conferencia fracasó porque la globalización ha mostrado su verdadero rostro y encuentra una oposición creciente.

Enrique Daza

El pasado 14 de septiembre culminó con un estrepitoso fracaso la reunión ministerial de los países integrantes de la Organización Mundial del Comercio, OMC, realizada en Cancún. Después del desastre de la reunión de Seattle en 1999, donde el movimiento popular impidió su normal desenvolvimiento, es la segunda vez en cuatro años que fracasa una reunión de este tipo.

En la reunión de Cancún estaba previsto avanzar en la eliminación de subsidios y ayudas internas a la agricultura, y los países desarrollados proponían que la OMC incluyera nuevos asuntos –llamados los «temas de Singapur»– que incluían políticas de competencia, compras públicas, inversiones y facilitación del comercio. Añadir tales temas nuevos a la órbita de la OMC habría significado ampliar el alcance de esta organización, consolidando su papel en la dirección de la economía mundial.

En realidad, la OMC ha sido protagonista principal en la catástrofe causada por la llamada globalización. Desde su creación en 1994, la OMC ha adoptado numerosas definiciones en materia comercial y promovido la liberación de los mercados de los países en desarrollo. Esto ha significado un aumento del comercio muy por encima del crecimiento de la producción mundial, lo que ha permitido a los países imperialistas colocar parcialmente sus excedentes en mercancías y en capitales, pero a costa de la ruina de los países dependientes, donde la industria y la agricultura han quebrado y se ha desnacionalizado una muy buena parte de la economía.

Mientras tanto, aunque los países ricos han sido los abanderados del libre comercio, han mantenido protegidas sus economías mientras cierran sus mercados a las exportaciones agrícolas del Tercer Mundo, y, aprovechando la superioridad tecnológica, han inundado de mercancías estos países. También se han apoderado de importantes áreas de la economía de las naciones del Sur, incluyendo las telecomunicaciones, los servicios financieros, los servicios públicos y las empresas industriales estatales.

El resultado no puede ser peor: mientras que un pequeño puñado de multinacionales controla una considerable parte de la riqueza mundial, en los países tercermundistas y aun en los avanzados aumenta el desempleo, crece la informalidad y se deterioran las condiciones laborales de los trabajadores. En la OMC los países avanzados han tratado de profundizar la desigualdad y dictar reglas que la hagan irreversible.

La inclusión de nuevos temas hubiera hecho aún más dramática la situación, pues dar vía libre e irresponsable a los inversionistas extranjeros, disminuir la capacidad de los Estados para intervenir el desarrollo económico nacional, liberalizar todavía más el sector de servicios –incluyendo salud, educación y agua potable, por ejemplo– hubiera sido un golpe mortal para los países atrasados.

La conferencia fracasó porque la globalización ha mostrado su verdadero rostro y encuentra una oposición creciente. Las potencias imperialistas se han negado a hacer la más mínima concesión a los países dependientes e incluso no aceptaron la exigencia de eliminar los gigantescos subsidios que otorgan a la agricultura, lo que de todas maneras no resolvería la situación, pues establecería reglas de juego iguales para actores desiguales.

Los países agrícolas del Tercer Mundo llegaron a expresar por medio del Grupo de los 21 la exigencia de que la eliminación de los subsidios agrícolas en los países avanzados se acompañara de un trato preferencial para las economías menos desarrolladas, y que a éstas se les permitiera proteger su sector agrario, pero dicho grupo fue hostilizado y atacado por las potencias.

Aunque el fracaso de la reunión está marcado por la creciente agudización de las contradicciones mundiales –comenzando por la de las potencias imperialistas con los países dependientes–, el ministro de Comercio Exterior colombiano, Jorge Humberto Botero, en el colmo de la obsecuencia a que nos tiene acostumbrados el presidente Uribe, salió de Cancún a decir que la culpa la tenían los países pobres y que en el evento no se había presentado un enfrentamiento Norte-Sur.

La ronda de Doha, periodo de negociaciones abierto en 2001 y que debe culminar en diciembre de 2004, está a punto de sucumbir en su propósito de liberalizar aún más el comercio mundial e incluir nuevos temas en las negociaciones de la OMC. Después de la reunión, los contrincantes han seguido en la lucha. Estados Unidos anuncia que seguirá empeñado en imponer la hegemonía por medio de acuerdos bilaterales de comercio con diferentes países, entre los cuales se incluye a Colombia.

Las negociaciones del ALCA están fuertemente influidas por el fracaso de Cancún. Como muchos países habían condicionado las negociaciones de otros temas al resultado de Cancún en materia de eliminación de subsidios y Estados Unidos ha anunciado que no negociará el desmonte de subsidios y ayudas internas a la agricultura en el ALCA, el tema agrícola puede desaparecer del acuerdo continental. Asimismo, existen posiciones como las de Brasil que piden excluir otros temas como las inversiones, las compras estatales y la propiedad intelectual, ante lo cual el escenario más probable sería un «ALCA light», de alcance limitado, o alargar los plazos de las negociaciones del tratado para esperar qué resulta de futuras discusiones en la OMC.

Ante esta encrucijada, el gobierno colombiano ha optado por la peor alternativa: acelerar el proceso de firma de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos. La alternativa es altamente perjudicial para el país, pues implica abrir nuestro mercado de mercancías y capitales, paralizar la actividad económica del Estado y supeditar toda política de desarrollo a un tratado internacional con la potencia más unilateral, agresiva y expansionista de la época moderna. Todo en aras del eventual ingreso de algunos rubros de nuestra producción al mercado norteamericano, en el cual tendríamos que competir con otros países del Tercer Mundo que nos llevan ventaja en productividad, y hacerlo con productos básicos sin mayor elaboración. O sea, nuestra competencia será con los demás países tropicales que producen lo mismo que nosotros.

La suscripción del tratado bilateral implica abandonar la Comunidad Andina, receptora de nuestras exportaciones de productos manufacturados, y darles la espalda a otras opciones comerciales.

La capacidad de sumisión del gobierno colombiano no tiene límites. Ha implorado a Estados Unidos iniciar la negociación del tratado y está promoviendo reformas que acondicionarían el país para el proyectado acuerdo. La prórroga de los contratos de asociación, la liquidación del Seguro Social y de Telecom., el debilitamiento de Ecopetrol, la reforma de la Ley 80 de contratación pública, la nueva ley de arbitraje, la anunciada reforma tributaria, entre otros casos, constituyen una preparación para el tratado bilateral con Estados Unidos.

En el último período el gobierno ha estado jugando el sainete de la «participación de la sociedad civil», por medio del cual hace amplia propaganda a los tratados de libre comercio, mientras que limita y asordina las voces de los críticos. Hay un vasto despliegue de publicidad mentirosa y un ocultamiento de los graves perjuicios que los acuerdos ocasionarían a las futuras generaciones.

Afortunadamente, existen síntomas de que el movimiento popular, el sector académico e incluso algunos gremios empresariales se están uniendo en la oposición a dichos tratados. La creación de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, y los foros críticos que se han hecho en numerosas regiones, así como la grandiosa manifestación de Salvación Agropecuaria efectuada el último 12 de agosto, muestran una creciente conciencia popular.

BOLIVIA SE MOVILIZA POR LA NACIONALIZACIÓN DEL GAS

Francisco Valderrama Mutis

La política de recolonización norteamericana encuentra brotes de resistencia en todos los países de América Latina. En México, la lucha de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, contra la privatización del sector eléctrico, ha logrado aglutinar a sectores importantes de la población y de las direcciones políticas. En San Salvador, un paro de más de ocho meses de los trabajadores de la salud logró impedir que fuera privatizado el seguro social. En Panamá, después de un paro nacional el 23 de septiembre y grandes manifestaciones contra la decisión de privatizar el seguro, los trabajadores acordaron una huelga general para el próximo 30 de octubre. Además, en la región crece el movimiento popular contra los acuerdos leoninos de libre comercio, y tras los fracasos de las cumbres ministeriales de la OMC en Cancún y del ALCA en Trinidad y Tobago, algunos gobiernos han adoptado posiciones cada vez más reacias a aceptar su imposición.

Pero la batalla más resonante se libra en Bolivia. Movimientos de masas con disímiles intereses y reivindicaciones han confluido en la defensa del gas y en la petición expresa de que renuncie el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde el 13 de septiembre la Csutcb (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) había iniciado bloqueos en las carreteras del altiplano paceño reclamando la nacionalización del gas. El 19, más de 150 mil manifestantes se lanzaron a las calles enarbolando la misma exigencia. Al día siguiente, el ministro de Defensa dirigió personalmente la provocación a los millares de personas que hacían el bloqueo de carretera en la localidad de Warisata, se desató un enfrentamiento y seis campesinos fueron asesinados. La COB (Central Obrera Boliviana) declaró la huelga nacional a partir del 30 de septiembre y a su convocatoria se unieron la Csutcb y la Coordinadora del Gas, entre otras importantes organizaciones.

A pesar de que los descubrimientos fueron hechos por la empresa estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), privatizada con el falso argumento de que el país no conseguiría quien financiara la explotación y el tendido de los gasoductos necesarios para su exportación, fue apartada del negocio y la concesión para explotar el nuevo descubrimiento de Margarita, Tarija, entregada a la empresa Pacific LNG, de la cual son socias las multinacionales Repsol YPF (37,5%), British Gas (37,5%) y British Petroleum (25%). Bolivia se había convertido en presa codiciada de los halcones petroleros al pasar a ser, con 57,4 trillones de pies cúbicos, la segunda nación con reservas probadas de gas natural en Suramérica. El negocio de estas compañías se volvió redondo después de que Sánchez de Lozada, dos días antes de finalizar su primer gobierno, firmó la nueva ley de hidrocarburos por medio de la cual les entregó el recurso a las compañías extranjeras y les rebajó los impuestos y regalías de 50 a 18%. La compañía compradora del gas licuado en California será la Sempra Energy, nombre detrás del cual se esconde Enron, famosa por su quiebra, con la cual estafó a los accionistas minoritarios y a sus propios empleados.

La Pacific LNG ha exigido que el negocio se haga por un puerto chileno, a pesar de que conocen el resentimiento nacional existente en todo el pueblo boliviano por la pérdida de esta franja costera en la guerra de 1879, aduciendo que el costo de llevar el gasoducto desde el sur de Bolivia hasta un puerto peruano se incrementaría en 600 millones de dólares. Para lograr su objetivo han utilizado todos los medios a su alcance. La transnacional amenaza con demandar al Estado boliviano ante un tribunal internacional y el secretario inglés de Energía llega al país a pedir explicaciones por el retraso del proyecto. Y no es para menos. Edward Miller, presidente de British Gas, dijo que los ingresos previstos serán superiores a los 1.396 millones de dólares al año para la Pacific LNG, mientras el Estado boliviano solamente recibirá alrededor de 80 millones de dólares anuales.

El pueblo boliviano reafirma que no quiere que con esta riqueza en gas y petróleo suceda lo que ya aconteció con la plata y el estaño, que enriquecieron a unos cuantos bolivianos y a unas compañías extranjeras y al país no le quedó sino hambre y miseria. En efecto, más de cinco millones, de la población total de ocho millones, viven en la pobreza, de los cuales más de la mitad están en la indigencia. El 20% de las familias sobreviven con menos de medio dólar al día, clasificación que ni siquiera es tenida en cuenta por los prepotentes funcionarios del Banco Mundial. Este es el resultado de la recolonización imperialista a partir de 1985.

Los bolivianos tienen una gran tradición de lucha de masas y de grandes victorias que alumbran el camino para los demás pueblos del mundo en su pelea contra las reformas neoliberales. En abril de 2000, el pueblo de Cochabamba, después de semanas de resistencia civil total, derrotó la privatización del agua, entregada a la Bechtel y la sacó del país. En febrero de este año impidió el llamado «impuestazo» con el que Sánchez de Lozada pretendía allegar recursos, gravando los salarios de los trabajadores y empleados, para cubrir el déficit fiscal y cumplirles a los agiotistas internacionales y ahora se enfrenta por el gas a las más agalludas multinacionales. Nos solidarizamos con la lucha del pueblo boliviano y pugnaremos porque su ejemplo sea seguido en nuestro propio país.

EL PUEBLO PALESTINO RESISTE LA AGRESIÓN FASCISTA DE ISRAEL

Francisco Valderrama Mutis

Yasser Arafat, confinado desde marzo de 2001 en la Mukata, casa de gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, en Ramala, representa la voluntad de resistencia y el alma del pueblo palestino. Todos los esfuerzos de la alianza Sharon-Estados Unidos se han orientado a quebrantar su voluntad y obligarlo a ceder el poder, obtenido mediante elección popular en 1996, a otro dirigente que se someta a los dictámenes de los agresores, base fundamental del plan de paz llamado «Hoja de Ruta». Estas exigencias son, según lo expresado por Colin Powell el 22 de septiembre pasado, las siguientes: 1. Que el gobierno elegido sea independiente de las «maquinaciones» de Arafat; 2. Que tenga el control absoluto de todas las fuerzas palestinas de seguridad; y 3. Que se comprometa a acabar con el «terrorismo». Fue lo que intentaron con el gobierno fallido de Mahmoud Abbas, rechazado multitudinariamente por su propio pueblo.

Ensoberbecidos por la rápida victoria obtenida en Irak, norteamericanos e israelíes han centuplicado sus esfuerzos por doblegar al pueblo palestino y a Arafat. Lo someten a una guerra desigual en la cual han «legalizado» la destrucción de casas (calculadas hasta ahora en trece mil); los asesinatos selectivos con bombas y misiles, que generalmente producen bajas inocentes entre la población; la destrucción de campamentos de refugiados como el de Jenin, demolido piedra a piedra, y la construcción de un muro, conocido como el muro del apartheid, de ocho metros de altura, que además de separar a Israel de Palestina, permite que poco a poco le roben además el 25% de la tierra, que representa el 80% de los terrenos más fértiles, y el 65% de los recursos hidrológicos. Es la continuación de la masacre de Sabra y Chatila, hecha a todo un país, ante los ojos del mundo, que mediante la falsificación de los medios de prensa no ve la gloriosa resistencia de todo un pueblo en estos tres años de la Segunda Intifada, sino solamente los fugaces resplandores de los ataques suicidas, provocados a plena conciencia por el gobierno fascista de Sharon.

La tercera potencia militar y nuclear del mundo aherroja a la nación palestina y le exige a su gobierno, al cual tiene sometido al aislamiento por la fuerza, que acabe con un problema que ellos mismos han creado y que se han demostrado incapaces de contener. La infamia del proceder de Sharon y Estados Unidos es tal que en las filas de los pilotos y el ejército israelí crece una corriente de objetores de conciencia que se niegan a pelear en los territorios palestinos y a participar en los asesinatos a sangre fría, y entre los ciudadanos israelíes aumenta la presencia de militantes de la coexistencia pacífica entre las dos naciones, que se movilizan para servir de escudos humanos con el fin de evitar que Sharon atente contra la vida de Yasser Arafat.

El ataque a Siria, respaldado por Washington, como respuesta al atentado suicida de Haifa, no es más que una argucia para culpar a otros de los demonios que ellos mismos han engendrado y para servirle a la estrategia norteamericana de remover por la fuerza militar o por la vía de las «reformas» impulsadas por sus cipayos neoliberales, a los gobiernos árabes que no se someten servilmente a sus demandas.

En medio de esta situación, Yasser Arafat representa para los pueblos del mundo un ejemplo de constancia revolucionaria en la resistencia a la agresión sionista y de manejo político de una situación extremadamente compleja. Para el pueblo palestino y para su presidente, nuestra solidaridad militante.

LIA GUBEREK, UN SER EJEMPLAR

Héctor Valencia, secretario general del MOIR

Luego de guiar las múltiples actividades a las que consagró su existencia por una concepción universal y progresista de la sociedad, Lía Guberek falleció el pasado 18 de agosto en Cartagena.

Ante proyectos y reivindicaciones que consideraba justos, Lía poseía y desplegaba un elevado espíritu de servicio y, particularmente, ejercía una especie de solidaridad cultural con intelectuales y artistas que tradujo en un cualificado mecenazgo. Su admiración por las artes y las letras no la enclaustró en la satisfacción personal sino que la hizo trascender hacia la preocupación por el desarrollo que estas tuvieran en Colombia. De allí que a su realce y promoción dedicara grandes esfuerzos y recursos empresariales, como lo prueba el permanente empeño en alentar la creatividad de artistas de las diversas artes —plásticas, teatrales, musicales y literarias— y en fomentar la publicación de obras de escritores nacionales.

Con el coraje que siempre demostró en las causas que emprendía, el mismo con el que había desafiado intolerancias y atrasos culturales y sociales, se sumó en la década del 70 a los esfuerzos que el MOIR y un puñado de compatriotas esclarecidos emprendieron hacia la creación de lazos fraternales entre los pueblos de China y Colombia. Fue una de las fundadoras de la Asociación de Amistad Colombo-China y luego, desde la presidencia, se convirtió en el puntal de su desarrollo, lo que redundó en el posterior establecimiento de relaciones diplomáticas entre las dos naciones.

Lía fue una mujer altruista, íntegra, de provecho para sus compatriotas. Con esta dimensión de su personalidad que hoy define su muerte, proporciona un último y valioso servicio: erigirse ante ellos como un ser ejemplar.

RATIFICAMOS NUESTRO LLAMADO A NO VOTAR EL REFERENDO

Un año después de padecer el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sobran las razones para ratificar, como lo hacemos hoy, nuestra decisión de respaldar la Campaña de Abstención Activa al Referendo, según las siguientes consideraciones:

No hay demócrata informado que no pueda entender que el referendo es el clásico acto bonapartista, entendido este como una manipulación mediante la cual, al tiempo que se hace demagogia en nombre de la participación democrática, se contradicen los propios principios que definen la democracia.

También es evidente que el referendo no contiene ningún ataque a la politiquería ni a la corrupción, antes bien las ratifica, ya que la propaganda oficial al respecto no tiene otro objetivo que pescar los suficientes incautos para sacar adelante las medidas que realmente le interesan al uribismo.

En lo económico, el referendo tiene como principal propósito reducir los sueldos y las pensiones de los colombianos para facilitar el pago de la abultada deuda pública, en sometimiento a las orientaciones del Fondo Monetario Internacional. Y es obvio que el empobrecimiento de los asalariados y los pensionados, al disminuir su capacidad de compra, también reducirá la producción, el empleo y los salarios del resto de compatriotas.

Tampoco ofrece ninguna duda que el establecimiento del umbral, la cifra repartidora y la disminución del número de congresistas tienen como propósito fundamental hacer de Colombia un país cuya democracia sea aún más restringida, en el que a las fuerzas minoritarias y de oposición se les vuelva más difícil acceder a las corporaciones de representación, reforzándose así las tendencias plutocráticas y de mayor concentración del poder en el Ejecutivo propias de las concepciones autoritarias.

Las razones por las cuales el gobierno, a pesar de tener mayorías suficientes en el Congreso para aprobar casi cualquier cosa, quiere imponer esas medidas mediante el referendo, también son conocidas. El triunfo del Sí significaría el fortalecimiento de Álvaro Uribe Vélez, lo que le facilitaría a este desarrollar en el futuro sus políticas en contra del progreso económico, democrático y soberano del país, tales como las que llevan al empeoramiento de las condiciones laborales, prestacionales y pensionales de los colombianos, las privatizaciones de la educación, la salud y los servicios públicos, el aumento de los impuestos y las tarifas y la inclusión de Colombia en el ALCA o en un acuerdo bilateral con Estados Unidos, lo que reduciría aún más la soberanía nacional y le asestaría el golpe final a la producción industrial y agropecuaria no monopolista. Y las concepciones retardatarias y absolutistas de Uribe en lo político también se afianzarían, amenazando el empleo de la tutela para reclamar derechos económicos y sociales, la separación de los poderes, las normas procesales democráticas y las garantías de las fuerzas de oposición, todo lo cual, en lo económico y en lo político, constituye un ataque al precario Estado social de derecho vigente.

Como es predecible que debido a la manipulación gubernamental inherente al referendo uribista, a su promoción multimillonaria por parte de los grandes grupos económicos y financieros, a la falaz campaña de los promotores del Sí y al poder de los grandes medios de comunicación puestos a su servicio, los votos que se depositen por el No sean superados por los del Sí, la más segura garantía de su derrota radica en No Votar, que es a lo que llamamos a todos los colombianos.

Bogotá, 17 de septiembre de 2003.

Senadores:

Luis Carlos Avellaneda, Jesús Antonio Bernal, Jorge Enrique Robledo, Carlos Gaviria Díaz, Bernardo Hoyos M., Javier Antonio Peñalosa, Cilia Peñalver y Efrén Félix Tarapués.

Representantes a la Cámara:

Pedro Arenas G., Wilson Borja Díaz, Lorenzo Almendra, Alexánder López, Venus Albeiro Silva, Hermínsul Sinisterra y María Isabel Urrutia.

EL REFERENDO URIBISTA, UNA TRAMPA CONTRA EL PUEBLO

Intervención televisada del senador de Unidad Cívica y Agraria-MOIR, Jorge Enrique Robledo, en la que llama a la abstención activa.

Jorge Enrique Robledo

Aprovechando su fugaz popularidad, y en un gran esfuerzo por mantenerla, el presidente Uribe se empeña en su antidemocrático y empobrecedor referendo.

Pero tiene un gran problema: para que sea válido, sumados todos los tipos de votos, debe poder arriar a las urnas a más de seis millones de electores. Si no fuere así, el doctor Uribe y su grupito de bien pagos promotores del sí en el referendo verán frustrados sus propósitos.

Por ello, el gobierno acude a artimañas que buscan empujar a las gentes a votar. Se hace presentar en los medios de comunicación como el campeón de la lucha contra la corrupción y la politiquería, y blande el referendo como poderosa arma contra tales vicios. Sin embargo, rápido se puede descubrir que su espada es de cartón.

La primera pregunta del referendo, utilizada para resaltar su supuesta lucha contra la corrupción, nos lleva a descubrir la falsedad de su alegato. En efecto, después de señalar que no podrá contratar con el Estado, ni ser elegido, ni designado como servidor público quien sea condenado por la comisión de delitos que afecten al patrimonio estatal, le da la salida a cada corrupto, cuando dice: «Salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño». Entonces, si se embolsilló lo suficiente y le alcanza para pagar, no tendrá problemas. Es el clásico caso de «robe ahora y pague después», que confirma que en Colombia la ley es un perro bravo que sólo muerde a los de ruana.

Y por esta primera pregunta se puede saber cómo es el resto del referendo. A la crítica de lo larga y difícil que es su lectura, el ministro Londoño Hoyos ha contestado con cinismo que es para votarlo y no para leerlo. Porque quien lo lea con detenimiento y seriedad tendrá que concluir que allí no hay nada contra la politiquería y la corrupción, sino que, por el contrario, las cohonesta.

Por ejemplo, todo el texto del referendo induce a pensar a los colombianos que la única corrupción está en el Congreso de la República, con lo que pretenden ocultar las grandes corruptelas de las trasnacionales, y que el centro de los fraudes en el Estado reposa en el poder Ejecutivo, que se llama así porque es el que ejecuta el gasto público, es decir, el que firma los cheques. Aunque les duela a los pillos de cuello blanco y a los ingenuos, en cada gran acto de corrupción siempre están presentes el capital extranjero y un presidente, un ministro, un gobernador o un alcalde, a quienes de ninguna manera persigue el referendo.

También dicen que el referendo combate la politiquería, como si no fuera obvio que lo respaldan varios de los más grandes politiqueros del país, incluidos entre ellos algunos de los ex ministros y ex presidentes que dejaron huella en la historia nacional por manipuladores y corruptos, quienes, con todo descaro, arremeten en contra de la rebeldía abstencionista de las nuevas corrientes liberales.

Las preguntas del referendo se pueden clasificar en dos tipos: carnada y anzuelo. Y sabemos cómo funcionan el anzuelo y la carnada. El pez nada en el agua, ve algún objeto que lo atrae y va y lo muerde, momento en el que descubre que detrás de la carnada hay un acero filoso, que lo convierte en pescado. Entonces, unas preguntas atraen a los incautos y otras se encargan de pescarlos.

¿Cuáles son las preguntas carnada? Como es obvio, las atractivas, las que parecen buenas, las que dan ganas de votar, porque parecen combatir la politiquería y la corrupción y, además, en su demagogia, también las que hablan de favorecer la salud y la educación, como si no fuera evidente el desprecio del uribismo por esos sectores. Y en sus astucias para cazar colombianos despistados, incluyen en el cuestionario temas que ya son normas legales, como la eliminación de los auxilios parlamentarios y las suplencias, la pérdida de la investidura, el umbral y la cifra repartidora.

¿Cuáles son las preguntas anzuelo? Las que de verdad busca el gobierno aprobar, tienen que ver con lo económico y lo político. Como se sabe, las económicas congelan los sueldos y las pensiones, monstruosidad que meten con la falacia de que esa plata se la van a dar a los desempleados. ¡Mentira! Esos billones de pesos que se ahorrarán golpeando a los asalariados y a los pensionados son para pagar deuda externa, que es el compromiso contraído con el Fondo Monetario Internacional, organismo que está detrás del referendo.

Y ocultan que empobrecer a asalariados y pensionados reduciéndoles los ingresos también empobrece de carambola a todo el pueblo, porque si miles y miles compran menos, la industria, el agro y el comercio venderán menos, lo que también generará menores empleos y bajas en los salarios, o sea que aumentará el empobrecimiento generalizado. Una de las ideas más funestas que le ha impuesto a Colombia el Fondo Monetario Internacional es afirmar que el país saldrá adelante si se sigue hundiendo en la miseria a los pobres y a las capas medias, que es en lo que llevamos trece años. Y mientras más se arruina a las gentes del común, más ganan las multinacionales, el capital financiero y la oligarquía colombiana.

¿Y en lo político cuáles son las preguntas anzuelo? Las que introducen el umbral, la cifra repartidora y la reducción del número de congresistas. Si se aprueba el referendo, un partido necesitará alrededor de 250 mil votos para elegir un senador, lo que hará que a los representantes de los sectores minoritarios y de oposición —como es mi caso, que actúo en representación del MOIR— nos será prácticamente imposible regresar al Congreso.

Es obvio que si se vuelve más difícil ser elegido, ¿quiénes saldrán del Congreso? ¿los voceros de los monopolios, los agentes de la Embajada norteamericana, las fichas del capital financiero? No. Perderán sus cupos los representantes de los campesinos y los trabajadores, los empresarios no monopolistas, los indígenas y los desempleados.

Pero lo más peligroso del referendo es que le da más fuerza a Uribe, quien, si lo gana, intensificará su ya reconocido autoritarismo y podrá imponer en los próximos años lo que se le antoje, como en su primer año de gobierno. Y ya sabemos de sobra qué es lo que le gusta imponer: congelación de salarios, alza de tarifas de servicios públicos, privatización de la educación, cierre de hospitales, despido masivo de trabajadores como ocurrirá con la eliminación de las Contralorías, aumento del IVA y su aplicación a productos de consumo popular, privatización de empresas básicas de la economía nacional como Ecopetrol, Telecom y el Seguro Social, golpes a la democracia, sometimiento al Fondo Monetario Internacional y al gobierno de Washington, incluido el ingreso de Colombia al ALCA o a un acuerdo bilateral con Estados Unidos, la más grande amenaza a nuestra nación desde que nos independizamos del yugo español. En fin, más hambre, pobreza, desempleo, impuestos y quiebras de empresas, empeorando lo ocurrido con Gaviria, Samper y Pastrana, así la demagogia del gobierno afirme lo contrario.

El referendo lo auspician la Presidencia de la República; la oligarquía; los grandes medios de comunicación; la Embajada Norteamericana; y todos aquellos que en Colombia, ocultos tras cualquier fachada, ejercen como voceros de los intereses extranjeros. Y lo rechazamos los que nos oponemos a esta nueva emboscada en contra del progreso, el trabajo, la producción urbana y rural, la educación y la salud de la nación colombianos.

Colombianos: debemos engrosar la Gran Coalición por la Abstención Activa y agitar la consigna de no votar el 25 de octubre; pues incluso los votos blancos o por el No contribuyen a que se completen los más de seis millones que se requieren para que el referendo sea válido.

El referendo no es un instrumento de la democracia sino del apuntalamiento de un gobierno autoritario y embaucador, opuesto a los sectores populares y al servicio de los intereses extranjeros. Por ello, no debemos votar el referendo.