A PROPÓSITO DE LOS CUARENTA AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ, OIC

Declaración de Unidad Cafetera de Colombia

En octubre de 1902 se celebró el Primer Congreso Internacional para el Estudio de la Producción y el Consumo de Café. Las conclusiones del evento son las mismas que, desde entonces, explican los ciclos de auge y caída de los precios, las penurias de los países productores de la materia prima y las ambiciones de los países mayores consumidores del producto final y expendedores al detal. Ese Congreso señaló que «el café se presta admirablemente a convertirse en el objeto de organizaciones, monopolios, especulaciones de toda clase (y) a las ventajas de unos pocos intermediarios». Así mismo, se dijo que «es una cadena interminable de males» que sólo podía romperse con «los esfuerzos combinados de los gobiernos interesados».

Esa cadena de males se montó sobre la injusta división entre las naciones tropicales fabricantes de grano verde –a las cuales, merced a los designios del gran comercio, se comprometió en el cultivo de géneros como el de la rubiácea y demás de análogas condiciones naturales– y las naciones industriales que los procesan, distribuyen y realizan como producto final en distintas formas. Los países ricos reciben mayores ventajas de tal sistema y de la masificación del consumo de estos bienes a través de sus firmas industriales, de las redes del comercio, de banqueros, importadores y transportadores y hasta de sus propios Tesoros, en razón del recaudo de los impuestos fijados para toda la cadena dentro de sus territorios.

Las memorias del café están escritas con arrojo, sufrimientos y sangre, en medio de desastres naturales, guerras, intrigas, quiebras, plagas, competencia aguda entre marcas y capitalistas, competencia con otros bienes sucedáneos y competencia entre los diversos orígenes y las mezclas de variedades. La parte fatal siempre la cargan los cientos de millones de campesinos, productores y cosecheros que en América Latina, Asia y África lo cultivan. Nunca han abandonado su pobreza proverbial y hoy llegan a niveles cercanos a la inopia, en contra de lo que pasa en Estados Unidos y Europa, donde se concentran las ganancias y los beneficios de los negocios multimillonarios.

Las pocas iniciativas para mitigar las secuelas de ese injusto orden sólo se han concretado cuando a los imperios favorecidos de la renta cafetera global, por razones estratégicas, les conviene asistir a su servidumbre contemporánea. Tanto en1940, «en respuesta a la amenaza del nazismo», como en 1962, con la Guerra Fría, determinaron «coordinar esfuerzos»; idea que, como se dijo, estaba clara desde 1902. La OIC inició labores hace 40 años. «Es castrismo o libertad», fue la razón última de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para aceptar el nacimiento del Pacto, y, por ende, de la institución administradora, que subiría los precios de la bebida a los consumidores del Norte a cambio de mejorar ingresos a las repúblicas exportadoras de café verde de su órbita de influencia política, a fin de alejarlas del comunismo.

Y, así como la OIC y su principal objeto, el Acuerdo Internacional de Cuotas, comenzaron a operar, se paralizaron después de 26 años . En tanto se derrumbaba el Muro de Berlín, el embajador norteamericano ante dicho organismo, Myles Frechette, bajaba el pulgar en julio de 1989 ordenando su eliminación. Motivos iguales a los que le dieron la vida, se la quitaron. Y no fue en vano. Los países compradores, que, mientras duró el Acuerdo pagaron un precio mayor al del mercado, decidieron desquitarse en el nuevo modelo de globalización. Así, las cotizaciones internacionales bajaron a mínimos valores, inferiores a los de la Gran Depresión en 1929.

En los últimos doce años no ha bastado con la inestabilidad propia del negocio. Los capitales financieros vinculados con Estados Unidos y los cuatro monopolios multinacionales, General Foods, Nestlé, Sara Lee y Procter & Gamble, la han avivado. La promoción de la sobreproducción con nuevas siembras en nuevos países, los tratados de «libre comercio» como el TLCAN, el poder de las marcas, la mayor flexibilidad en las mezclas, los mercados especulativos y las nuevas tecnologías, amén de las malas políticas oficiales generaron las condiciones propicias para tan inicuo cometido que llevó al peor de los mundos: una dañina lucha entre naciones cafeteras pobres por vender la producción, así fuera con bajísimas cotizaciones y mala calidad.

En el mundo se consumen 3.900 tazas de café Nestlé soluble por segundo y a los caficultores del precio de venta sólo les llega el uno por ciento, o que de un paquete de café transado en un supermercado apenas les corresponde el seis por ciento, o que de un negocio que valía en 1990 cerca de 30 mil millones de dólares, de los cuales los productores percibían 10 mil, se transformó en el presente en uno que vale más de 70 mil y solo les traslada menos del 10 por ciento. Todo lo anterior demuestra que el rompimiento del Pacto aplastó a los cafetaleros de todo el orbe en provecho de las multinacionales y de los poderosos gobiernos que las representan.

Al cumplirse cuarenta años de la OIC, se avisa del posible reingreso de Estados Unidos. Las solicitudes dirigidas a Washington para ello están inspiradas en la «lucha contra el narcotráfico y el terrorismo». Aunque de ese eventual regreso no puede colegirse que vendrá un orden automático en el mercado mundial del café, en el hipotético caso de decretarse medidas en esa dirección, ello deberá darse sin contraprestaciones ni imposiciones de algún orden. Ha de derivarse del reconocimiento del infame trato concedido hasta ahora a 60 países y a 25 millones de familias caficultoras pobres del mundo. Debe abordarse en pie de igualdad para todos, despojándolo de una vez y para siempre de la impronta colonial que ha tenido. Sólo así es posible que en «una nueva OIC» no se refrenden las dolorosas experiencias vividas ni los males causados a los productores por más de siglo y medio. De manera digna y patriótica, nuestros gobiernos deben velar porque así sea, máxime cuando el mundo se encuentra en la fase superior más salvaje del capitalismo salvaje.

Aurelio Suárez Montoya

Presidente nacional

15 de septiembre de 2003.

POLÍTICA URIBISTA DE CRÉDITO EDUCATIVO DEBE SER DERROTADA

El paro estudiantil en la Tecnológica de Pereira

Marcela Vélez

Desde hace más de una década el Banco Mundial viene impulsando la política de crédito educativo en la educación superior, como mecanismo que sustituye la financiación estatal de las universidades públicas por préstamos a estudiantes para que paguen altas matrículas con ellos. Así se introduce el sector financiero en el jugoso negoci de la educación privatizada.

Álvaro Uribe Vélez ha mantenido como bandera la política de crédito educativo, con el objetivo de cumplir con las directrices de los organismos multilaterales de crédito sobre privatización de la educación, y para ello usa la estrategia demagógica del aumento de la cobertura, a la vez que le disminuye el presupuesto a la educación superior pública. La ampliación de la cobertura busca aumentar en 400 mil los cupos para educación superior, así:

a 160 mil con las «ganancias en la eficiencia», es decir, más estudiantes sin aumentar la asignación presupuestal a las universidades públicas.

a 40 mil por educación virtual

a 80 mil con el SENA y las instituciones técnicas y tecnológicas

a 70 mil con crédito educativo, dirigido a universidades privadas.

En este marco, el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, Luis Enrique Arango, en procura de la autofinanciación de la universidad y en su inconfensable esfuerzo por obtener la estima del gobierno de turno, se empeñó en ampliar la cobertura creando cuatro ingenierías en jornada nocturna, pero con costos de $1’328.000 en matrículas, para una universidad donde el promedio es de $230.000. Es un escalón para un rector que tiene todo un historial de medidas privatizadoras aplicadas por su propia iniciativa, y lo hizo apoyándose en el programa Acces del Icetex.

Estas carreras, que se aprobaron a pupitrazo limpio en la reunión del Consejo Superior, CSU, carecieron de las discusiones académicas propias de la universidad y se les dio un manejo que, como manifiesta el rector sin ninguna vergüenza, tenía como propósito aprovechar el dinero que el gobierno había destinado al Icetex para este propósito. La decisión coincidió con la época de exámenes finales y habilitaciones en la UTP, razón por la cual el estudiantado no se movilizó inmediatamente en contra de la medida.

Iniciando el siguiente semestre, se creó la Coordinadora de Estudiantes, colectividad conformada por las seccionales de las organizaciones estudiantiles nacionales, las representaciones estudiantiles, las organizaciones locales y los activistas independientes, y se inició una campaña de difusión y recolección de firmas en apoyo al pliego de peticiones de los estudiantes, que tenía como punto primero y principal la exigencia de mantener estas nuevas carreras bajo la normatividad vigente y con el mismo esquema tradicional de liquidación de matrículas. Como respuesta al pliego, el rector empezó un proceso disciplinario contra el representante estudiantil al CSU; medida que en lugar de atemorizar al movimiento estudiantil avivó y motivó la participación de más sectores del estudiantado.

A partir de ese momento y después de multitudinarias asambleas generales y de facultades, el 28 de julio se decidió salir a paro general indefinido. Al día siguiente, y sin que mediara ningún acto violento, Luis Enrique Arango militarizó la Tecnológica de Pereira, por primera vez en 42 años de existencia.

Nuevamente el rector se equivocó, porque en lugar de dispersar al movimiento estudiantil, éste se cohesionó hasta el punto de hacer la marcha más grande de estudiantes universitarios en Pereira en los últimos 20 años.

Estos hechos presionaron una reunión del Consejo Superior, con la presencia del viceministro de Educación, Javier Botero, quien tiene la función de velar porque el bastión de la política educativa de Uribe Vélez en educación superior no salga derrotada, para poder aplicarla luego en todas las universidades públicas del país.

Los estudiantes, ante la negativa del Consejo de echar para atrás la medida, decidieron ratificar el paro; y el rector, que había recibido la orden de desmilitarizar la universidad, decidió cerrarla.

Ante esta situación, buscamos el respaldo del estudiantado y el profesorado de las demás universidades del país, y se hicieron el encuentro y la marcha a Pereira, todo contra la política educativa de Uribe Vélez. Actividades que aunque sirvieron en el acompañamiento a la pelea local, no lograron su cometido de generar un movimiento nacional de resistencia a esta política.

Entramos después a unas semanas de desmovilización del estudiantado, de amenazas sobre cancelación de semestre y de incitar la división del movimiento estudiantil y estimular el esquirolaje. Se decidió entonces dar una semana de tregua y efectuar un plebiscito que confirmara el rechazo de los estudiantes a la creación de estas carreras regidas por los parámetros del crédito educativo. El estudiantado asistió masivamente a las urnas y se alcanzó una participación de 3.641 estudiantes, de los cuales 3.258 votaron a favor de modificar estas carreras adaptándolas al sistema tradicional de funcionamiento de la UTP, y de eliminar el crédito educativo como forma de privatización.

Aunque la actividad del plebiscito buscaba llegar con más fuerza a la reunión ordinaria del Consejo Superior, esta no se llevó a cabo, y así comenzó el proceso de cancelación de reuniones, de dilatar la toma de decisiones y de no solucionar el conflicto. A la burla del Consejo Superior, la embestida del rector contra el movimiento estudiantil y las presiones de un sector de la derecha para regresar a clases, se respondió con la más grande asamblea general de estudiantes de la Tecnológica de Pereira, en la cual los estudiantes decidió retomar el paro, con una votación de 1.633 contra 752.

Entonces la administración emprendió su estrategia de división del movimiento estudiantil, promoviendo el esquirolaje y amenazando con dar por perdido el semestre a los participantes del paro. Después de tres semanas con esta estrategia, el movimiento estudiantil perdió fuerza y no se pudo evitar que cada día más estudiantes se incorporaran a las clases.

En la séptima semana de paro, el Consejo Superior se reunió finalmente para tomar varias decisiones: cancelar semestre a todo estudiante que se mantuviera en paro y garantizar la normalidad de las clases a quien deseara participar en ellas; eliminar el crédito educativo como forma de financiación de las carreras creadas, y reducir el costo de esas matrículas pero manteniendo el principio de autofinanciación. Mientras se cumplía la reunión, los estudiantes hicieron un mitin que culminó en enfrentamientos entre la policía y el estudiantado. Cuatro estudiantes fueron detenidos y varios golpeados.

Ante el proceso de debilitamiento del movimiento estudiantil, la incapacidad para evitar que algunos sectores del estudiantado recibieran clases, la amenaza de cancelación selectiva del semestre que propiciaba las decisiones individuales en lugar de acogerse a las definiciones de la asamblea general, la Coordinadora de Estudiantes llevó la propuesta de levantar el paro, rechazando las decisiones del Consejo Superior y manteniendo viva la pelea por el pliego de peticiones. Después de un par de días la Asamblea General de Estudiantes definió el levantamiento del paro acompañando esta decisión con una gran movilización que ratificó el compromiso de continuar peleando por el pliego de peticiones y por la defensa de la universidad pública.

El paro nos deja la enseñanza de que la unidad y la organización de los estudiantes son indispensables para avanzar en la defensa de la educación pública. En este movimiento se alcanzó una gran comprensión del estudiantado sobre las implicaciones de la política del Gobierno en la existencia de la universidad pública, y sobre como el crédito materializa la privatización de la educación superior. El movimiento estudiantil está en ascenso y en la medida en que logre mayor fuerza y haya nueva decisión de lucha, se podrá derrotar la política educativa de Uribe Vélez.

EL FRACASO DE LA REUNIÓN DE CANCÚN

La conferencia fracasó porque la globalización ha mostrado su verdadero rostro y encuentra una oposición creciente.

Enrique Daza

El pasado 14 de septiembre culminó con un estrepitoso fracaso la reunión ministerial de los países integrantes de la Organización Mundial del Comercio, OMC, realizada en Cancún. Después del desastre de la reunión de Seattle en 1999, donde el movimiento popular impidió su normal desenvolvimiento, es la segunda vez en cuatro años que fracasa una reunión de este tipo.

En la reunión de Cancún estaba previsto avanzar en la eliminación de subsidios y ayudas internas a la agricultura, y los países desarrollados proponían que la OMC incluyera nuevos asuntos –llamados los «temas de Singapur»– que incluían políticas de competencia, compras públicas, inversiones y facilitación del comercio. Añadir tales temas nuevos a la órbita de la OMC habría significado ampliar el alcance de esta organización, consolidando su papel en la dirección de la economía mundial.

En realidad, la OMC ha sido protagonista principal en la catástrofe causada por la llamada globalización. Desde su creación en 1994, la OMC ha adoptado numerosas definiciones en materia comercial y promovido la liberación de los mercados de los países en desarrollo. Esto ha significado un aumento del comercio muy por encima del crecimiento de la producción mundial, lo que ha permitido a los países imperialistas colocar parcialmente sus excedentes en mercancías y en capitales, pero a costa de la ruina de los países dependientes, donde la industria y la agricultura han quebrado y se ha desnacionalizado una muy buena parte de la economía.

Mientras tanto, aunque los países ricos han sido los abanderados del libre comercio, han mantenido protegidas sus economías mientras cierran sus mercados a las exportaciones agrícolas del Tercer Mundo, y, aprovechando la superioridad tecnológica, han inundado de mercancías estos países. También se han apoderado de importantes áreas de la economía de las naciones del Sur, incluyendo las telecomunicaciones, los servicios financieros, los servicios públicos y las empresas industriales estatales.

El resultado no puede ser peor: mientras que un pequeño puñado de multinacionales controla una considerable parte de la riqueza mundial, en los países tercermundistas y aun en los avanzados aumenta el desempleo, crece la informalidad y se deterioran las condiciones laborales de los trabajadores. En la OMC los países avanzados han tratado de profundizar la desigualdad y dictar reglas que la hagan irreversible.

La inclusión de nuevos temas hubiera hecho aún más dramática la situación, pues dar vía libre e irresponsable a los inversionistas extranjeros, disminuir la capacidad de los Estados para intervenir el desarrollo económico nacional, liberalizar todavía más el sector de servicios –incluyendo salud, educación y agua potable, por ejemplo– hubiera sido un golpe mortal para los países atrasados.

La conferencia fracasó porque la globalización ha mostrado su verdadero rostro y encuentra una oposición creciente. Las potencias imperialistas se han negado a hacer la más mínima concesión a los países dependientes e incluso no aceptaron la exigencia de eliminar los gigantescos subsidios que otorgan a la agricultura, lo que de todas maneras no resolvería la situación, pues establecería reglas de juego iguales para actores desiguales.

Los países agrícolas del Tercer Mundo llegaron a expresar por medio del Grupo de los 21 la exigencia de que la eliminación de los subsidios agrícolas en los países avanzados se acompañara de un trato preferencial para las economías menos desarrolladas, y que a éstas se les permitiera proteger su sector agrario, pero dicho grupo fue hostilizado y atacado por las potencias.

Aunque el fracaso de la reunión está marcado por la creciente agudización de las contradicciones mundiales –comenzando por la de las potencias imperialistas con los países dependientes–, el ministro de Comercio Exterior colombiano, Jorge Humberto Botero, en el colmo de la obsecuencia a que nos tiene acostumbrados el presidente Uribe, salió de Cancún a decir que la culpa la tenían los países pobres y que en el evento no se había presentado un enfrentamiento Norte-Sur.

La ronda de Doha, periodo de negociaciones abierto en 2001 y que debe culminar en diciembre de 2004, está a punto de sucumbir en su propósito de liberalizar aún más el comercio mundial e incluir nuevos temas en las negociaciones de la OMC. Después de la reunión, los contrincantes han seguido en la lucha. Estados Unidos anuncia que seguirá empeñado en imponer la hegemonía por medio de acuerdos bilaterales de comercio con diferentes países, entre los cuales se incluye a Colombia.

Las negociaciones del ALCA están fuertemente influidas por el fracaso de Cancún. Como muchos países habían condicionado las negociaciones de otros temas al resultado de Cancún en materia de eliminación de subsidios y Estados Unidos ha anunciado que no negociará el desmonte de subsidios y ayudas internas a la agricultura en el ALCA, el tema agrícola puede desaparecer del acuerdo continental. Asimismo, existen posiciones como las de Brasil que piden excluir otros temas como las inversiones, las compras estatales y la propiedad intelectual, ante lo cual el escenario más probable sería un «ALCA light», de alcance limitado, o alargar los plazos de las negociaciones del tratado para esperar qué resulta de futuras discusiones en la OMC.

Ante esta encrucijada, el gobierno colombiano ha optado por la peor alternativa: acelerar el proceso de firma de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos. La alternativa es altamente perjudicial para el país, pues implica abrir nuestro mercado de mercancías y capitales, paralizar la actividad económica del Estado y supeditar toda política de desarrollo a un tratado internacional con la potencia más unilateral, agresiva y expansionista de la época moderna. Todo en aras del eventual ingreso de algunos rubros de nuestra producción al mercado norteamericano, en el cual tendríamos que competir con otros países del Tercer Mundo que nos llevan ventaja en productividad, y hacerlo con productos básicos sin mayor elaboración. O sea, nuestra competencia será con los demás países tropicales que producen lo mismo que nosotros.

La suscripción del tratado bilateral implica abandonar la Comunidad Andina, receptora de nuestras exportaciones de productos manufacturados, y darles la espalda a otras opciones comerciales.

La capacidad de sumisión del gobierno colombiano no tiene límites. Ha implorado a Estados Unidos iniciar la negociación del tratado y está promoviendo reformas que acondicionarían el país para el proyectado acuerdo. La prórroga de los contratos de asociación, la liquidación del Seguro Social y de Telecom., el debilitamiento de Ecopetrol, la reforma de la Ley 80 de contratación pública, la nueva ley de arbitraje, la anunciada reforma tributaria, entre otros casos, constituyen una preparación para el tratado bilateral con Estados Unidos.

En el último período el gobierno ha estado jugando el sainete de la «participación de la sociedad civil», por medio del cual hace amplia propaganda a los tratados de libre comercio, mientras que limita y asordina las voces de los críticos. Hay un vasto despliegue de publicidad mentirosa y un ocultamiento de los graves perjuicios que los acuerdos ocasionarían a las futuras generaciones.

Afortunadamente, existen síntomas de que el movimiento popular, el sector académico e incluso algunos gremios empresariales se están uniendo en la oposición a dichos tratados. La creación de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, y los foros críticos que se han hecho en numerosas regiones, así como la grandiosa manifestación de Salvación Agropecuaria efectuada el último 12 de agosto, muestran una creciente conciencia popular.

BOLIVIA SE MOVILIZA POR LA NACIONALIZACIÓN DEL GAS

Francisco Valderrama Mutis

La política de recolonización norteamericana encuentra brotes de resistencia en todos los países de América Latina. En México, la lucha de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, contra la privatización del sector eléctrico, ha logrado aglutinar a sectores importantes de la población y de las direcciones políticas. En San Salvador, un paro de más de ocho meses de los trabajadores de la salud logró impedir que fuera privatizado el seguro social. En Panamá, después de un paro nacional el 23 de septiembre y grandes manifestaciones contra la decisión de privatizar el seguro, los trabajadores acordaron una huelga general para el próximo 30 de octubre. Además, en la región crece el movimiento popular contra los acuerdos leoninos de libre comercio, y tras los fracasos de las cumbres ministeriales de la OMC en Cancún y del ALCA en Trinidad y Tobago, algunos gobiernos han adoptado posiciones cada vez más reacias a aceptar su imposición.

Pero la batalla más resonante se libra en Bolivia. Movimientos de masas con disímiles intereses y reivindicaciones han confluido en la defensa del gas y en la petición expresa de que renuncie el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde el 13 de septiembre la Csutcb (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) había iniciado bloqueos en las carreteras del altiplano paceño reclamando la nacionalización del gas. El 19, más de 150 mil manifestantes se lanzaron a las calles enarbolando la misma exigencia. Al día siguiente, el ministro de Defensa dirigió personalmente la provocación a los millares de personas que hacían el bloqueo de carretera en la localidad de Warisata, se desató un enfrentamiento y seis campesinos fueron asesinados. La COB (Central Obrera Boliviana) declaró la huelga nacional a partir del 30 de septiembre y a su convocatoria se unieron la Csutcb y la Coordinadora del Gas, entre otras importantes organizaciones.

A pesar de que los descubrimientos fueron hechos por la empresa estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), privatizada con el falso argumento de que el país no conseguiría quien financiara la explotación y el tendido de los gasoductos necesarios para su exportación, fue apartada del negocio y la concesión para explotar el nuevo descubrimiento de Margarita, Tarija, entregada a la empresa Pacific LNG, de la cual son socias las multinacionales Repsol YPF (37,5%), British Gas (37,5%) y British Petroleum (25%). Bolivia se había convertido en presa codiciada de los halcones petroleros al pasar a ser, con 57,4 trillones de pies cúbicos, la segunda nación con reservas probadas de gas natural en Suramérica. El negocio de estas compañías se volvió redondo después de que Sánchez de Lozada, dos días antes de finalizar su primer gobierno, firmó la nueva ley de hidrocarburos por medio de la cual les entregó el recurso a las compañías extranjeras y les rebajó los impuestos y regalías de 50 a 18%. La compañía compradora del gas licuado en California será la Sempra Energy, nombre detrás del cual se esconde Enron, famosa por su quiebra, con la cual estafó a los accionistas minoritarios y a sus propios empleados.

La Pacific LNG ha exigido que el negocio se haga por un puerto chileno, a pesar de que conocen el resentimiento nacional existente en todo el pueblo boliviano por la pérdida de esta franja costera en la guerra de 1879, aduciendo que el costo de llevar el gasoducto desde el sur de Bolivia hasta un puerto peruano se incrementaría en 600 millones de dólares. Para lograr su objetivo han utilizado todos los medios a su alcance. La transnacional amenaza con demandar al Estado boliviano ante un tribunal internacional y el secretario inglés de Energía llega al país a pedir explicaciones por el retraso del proyecto. Y no es para menos. Edward Miller, presidente de British Gas, dijo que los ingresos previstos serán superiores a los 1.396 millones de dólares al año para la Pacific LNG, mientras el Estado boliviano solamente recibirá alrededor de 80 millones de dólares anuales.

El pueblo boliviano reafirma que no quiere que con esta riqueza en gas y petróleo suceda lo que ya aconteció con la plata y el estaño, que enriquecieron a unos cuantos bolivianos y a unas compañías extranjeras y al país no le quedó sino hambre y miseria. En efecto, más de cinco millones, de la población total de ocho millones, viven en la pobreza, de los cuales más de la mitad están en la indigencia. El 20% de las familias sobreviven con menos de medio dólar al día, clasificación que ni siquiera es tenida en cuenta por los prepotentes funcionarios del Banco Mundial. Este es el resultado de la recolonización imperialista a partir de 1985.

Los bolivianos tienen una gran tradición de lucha de masas y de grandes victorias que alumbran el camino para los demás pueblos del mundo en su pelea contra las reformas neoliberales. En abril de 2000, el pueblo de Cochabamba, después de semanas de resistencia civil total, derrotó la privatización del agua, entregada a la Bechtel y la sacó del país. En febrero de este año impidió el llamado “impuestazo” con el que Sánchez de Lozada pretendía allegar recursos, gravando los salarios de los trabajadores y empleados, para cubrir el déficit fiscal y cumplirles a los agiotistas internacionales y ahora se enfrenta por el gas a las más agalludas multinacionales. Nos solidarizamos con la lucha del pueblo boliviano y pugnaremos porque su ejemplo sea seguido en nuestro propio país.

EL PUEBLO PALESTINO RESISTE LA AGRESIÓN FASCISTA DE ISRAEL

Francisco Valderrama Mutis

Yasser Arafat, confinado desde marzo de 2001 en la Mukata, casa de gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, en Ramala, representa la voluntad de resistencia y el alma del pueblo palestino. Todos los esfuerzos de la alianza Sharon-Estados Unidos se han orientado a quebrantar su voluntad y obligarlo a ceder el poder, obtenido mediante elección popular en 1996, a otro dirigente que se someta a los dictámenes de los agresores, base fundamental del plan de paz llamado “Hoja de Ruta”. Estas exigencias son, según lo expresado por Colin Powell el 22 de septiembre pasado, las siguientes: 1. Que el gobierno elegido sea independiente de las «maquinaciones» de Arafat; 2. Que tenga el control absoluto de todas las fuerzas palestinas de seguridad; y 3. Que se comprometa a acabar con el “terrorismo”. Fue lo que intentaron con el gobierno fallido de Mahmoud Abbas, rechazado multitudinariamente por su propio pueblo.

Ensoberbecidos por la rápida victoria obtenida en Irak, norteamericanos e israelíes han centuplicado sus esfuerzos por doblegar al pueblo palestino y a Arafat. Lo someten a una guerra desigual en la cual han «legalizado» la destrucción de casas (calculadas hasta ahora en trece mil); los asesinatos selectivos con bombas y misiles, que generalmente producen bajas inocentes entre la población; la destrucción de campamentos de refugiados como el de Jenin, demolido piedra a piedra, y la construcción de un muro, conocido como el muro del apartheid, de ocho metros de altura, que además de separar a Israel de Palestina, permite que poco a poco le roben además el 25% de la tierra, que representa el 80% de los terrenos más fértiles, y el 65% de los recursos hidrológicos. Es la continuación de la masacre de Sabra y Chatila, hecha a todo un país, ante los ojos del mundo, que mediante la falsificación de los medios de prensa no ve la gloriosa resistencia de todo un pueblo en estos tres años de la Segunda Intifada, sino solamente los fugaces resplandores de los ataques suicidas, provocados a plena conciencia por el gobierno fascista de Sharon.

La tercera potencia militar y nuclear del mundo aherroja a la nación palestina y le exige a su gobierno, al cual tiene sometido al aislamiento por la fuerza, que acabe con un problema que ellos mismos han creado y que se han demostrado incapaces de contener. La infamia del proceder de Sharon y Estados Unidos es tal que en las filas de los pilotos y el ejército israelí crece una corriente de objetores de conciencia que se niegan a pelear en los territorios palestinos y a participar en los asesinatos a sangre fría, y entre los ciudadanos israelíes aumenta la presencia de militantes de la coexistencia pacífica entre las dos naciones, que se movilizan para servir de escudos humanos con el fin de evitar que Sharon atente contra la vida de Yasser Arafat.

El ataque a Siria, respaldado por Washington, como respuesta al atentado suicida de Haifa, no es más que una argucia para culpar a otros de los demonios que ellos mismos han engendrado y para servirle a la estrategia norteamericana de remover por la fuerza militar o por la vía de las «reformas» impulsadas por sus cipayos neoliberales, a los gobiernos árabes que no se someten servilmente a sus demandas.

En medio de esta situación, Yasser Arafat representa para los pueblos del mundo un ejemplo de constancia revolucionaria en la resistencia a la agresión sionista y de manejo político de una situación extremadamente compleja. Para el pueblo palestino y para su presidente, nuestra solidaridad militante.

LIA GUBEREK, UN SER EJEMPLAR

Héctor Valencia, secretario general del MOIR

Luego de guiar las múltiples actividades a las que consagró su existencia por una concepción universal y progresista de la sociedad, Lía Guberek falleció el pasado 18 de agosto en Cartagena.

Ante proyectos y reivindicaciones que consideraba justos, Lía poseía y desplegaba un elevado espíritu de servicio y, particularmente, ejercía una especie de solidaridad cultural con intelectuales y artistas que tradujo en un cualificado mecenazgo. Su admiración por las artes y las letras no la enclaustró en la satisfacción personal sino que la hizo trascender hacia la preocupación por el desarrollo que estas tuvieran en Colombia. De allí que a su realce y promoción dedicara grandes esfuerzos y recursos empresariales, como lo prueba el permanente empeño en alentar la creatividad de artistas de las diversas artes —plásticas, teatrales, musicales y literarias— y en fomentar la publicación de obras de escritores nacionales.

Con el coraje que siempre demostró en las causas que emprendía, el mismo con el que había desafiado intolerancias y atrasos culturales y sociales, se sumó en la década del 70 a los esfuerzos que el MOIR y un puñado de compatriotas esclarecidos emprendieron hacia la creación de lazos fraternales entre los pueblos de China y Colombia. Fue una de las fundadoras de la Asociación de Amistad Colombo-China y luego, desde la presidencia, se convirtió en el puntal de su desarrollo, lo que redundó en el posterior establecimiento de relaciones diplomáticas entre las dos naciones.

Lía fue una mujer altruista, íntegra, de provecho para sus compatriotas. Con esta dimensión de su personalidad que hoy define su muerte, proporciona un último y valioso servicio: erigirse ante ellos como un ser ejemplar.

RATIFICAMOS NUESTRO LLAMADO A NO VOTAR EL REFERENDO

Un año después de padecer el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sobran las razones para ratificar, como lo hacemos hoy, nuestra decisión de respaldar la Campaña de Abstención Activa al Referendo, según las siguientes consideraciones:

No hay demócrata informado que no pueda entender que el referendo es el clásico acto bonapartista, entendido este como una manipulación mediante la cual, al tiempo que se hace demagogia en nombre de la participación democrática, se contradicen los propios principios que definen la democracia.

También es evidente que el referendo no contiene ningún ataque a la politiquería ni a la corrupción, antes bien las ratifica, ya que la propaganda oficial al respecto no tiene otro objetivo que pescar los suficientes incautos para sacar adelante las medidas que realmente le interesan al uribismo.

En lo económico, el referendo tiene como principal propósito reducir los sueldos y las pensiones de los colombianos para facilitar el pago de la abultada deuda pública, en sometimiento a las orientaciones del Fondo Monetario Internacional. Y es obvio que el empobrecimiento de los asalariados y los pensionados, al disminuir su capacidad de compra, también reducirá la producción, el empleo y los salarios del resto de compatriotas.

Tampoco ofrece ninguna duda que el establecimiento del umbral, la cifra repartidora y la disminución del número de congresistas tienen como propósito fundamental hacer de Colombia un país cuya democracia sea aún más restringida, en el que a las fuerzas minoritarias y de oposición se les vuelva más difícil acceder a las corporaciones de representación, reforzándose así las tendencias plutocráticas y de mayor concentración del poder en el Ejecutivo propias de las concepciones autoritarias.

Las razones por las cuales el gobierno, a pesar de tener mayorías suficientes en el Congreso para aprobar casi cualquier cosa, quiere imponer esas medidas mediante el referendo, también son conocidas. El triunfo del Sí significaría el fortalecimiento de Álvaro Uribe Vélez, lo que le facilitaría a este desarrollar en el futuro sus políticas en contra del progreso económico, democrático y soberano del país, tales como las que llevan al empeoramiento de las condiciones laborales, prestacionales y pensionales de los colombianos, las privatizaciones de la educación, la salud y los servicios públicos, el aumento de los impuestos y las tarifas y la inclusión de Colombia en el ALCA o en un acuerdo bilateral con Estados Unidos, lo que reduciría aún más la soberanía nacional y le asestaría el golpe final a la producción industrial y agropecuaria no monopolista. Y las concepciones retardatarias y absolutistas de Uribe en lo político también se afianzarían, amenazando el empleo de la tutela para reclamar derechos económicos y sociales, la separación de los poderes, las normas procesales democráticas y las garantías de las fuerzas de oposición, todo lo cual, en lo económico y en lo político, constituye un ataque al precario Estado social de derecho vigente.

Como es predecible que debido a la manipulación gubernamental inherente al referendo uribista, a su promoción multimillonaria por parte de los grandes grupos económicos y financieros, a la falaz campaña de los promotores del Sí y al poder de los grandes medios de comunicación puestos a su servicio, los votos que se depositen por el No sean superados por los del Sí, la más segura garantía de su derrota radica en No Votar, que es a lo que llamamos a todos los colombianos.

Bogotá, 17 de septiembre de 2003.

Senadores:

Luis Carlos Avellaneda, Jesús Antonio Bernal, Jorge Enrique Robledo, Carlos Gaviria Díaz, Bernardo Hoyos M., Javier Antonio Peñalosa, Cilia Peñalver y Efrén Félix Tarapués.

Representantes a la Cámara:

Pedro Arenas G., Wilson Borja Díaz, Lorenzo Almendra, Alexánder López, Venus Albeiro Silva, Hermínsul Sinisterra y María Isabel Urrutia.

EL REFERENDO URIBISTA, UNA TRAMPA CONTRA EL PUEBLO

Intervención televisada del senador de Unidad Cívica y Agraria-MOIR, Jorge Enrique Robledo, en la que llama a la abstención activa.

Jorge Enrique Robledo

Aprovechando su fugaz popularidad, y en un gran esfuerzo por mantenerla, el presidente Uribe se empeña en su antidemocrático y empobrecedor referendo.

Pero tiene un gran problema: para que sea válido, sumados todos los tipos de votos, debe poder arriar a las urnas a más de seis millones de electores. Si no fuere así, el doctor Uribe y su grupito de bien pagos promotores del sí en el referendo verán frustrados sus propósitos.

Por ello, el gobierno acude a artimañas que buscan empujar a las gentes a votar. Se hace presentar en los medios de comunicación como el campeón de la lucha contra la corrupción y la politiquería, y blande el referendo como poderosa arma contra tales vicios. Sin embargo, rápido se puede descubrir que su espada es de cartón.

La primera pregunta del referendo, utilizada para resaltar su supuesta lucha contra la corrupción, nos lleva a descubrir la falsedad de su alegato. En efecto, después de señalar que no podrá contratar con el Estado, ni ser elegido, ni designado como servidor público quien sea condenado por la comisión de delitos que afecten al patrimonio estatal, le da la salida a cada corrupto, cuando dice: «Salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño». Entonces, si se embolsilló lo suficiente y le alcanza para pagar, no tendrá problemas. Es el clásico caso de «robe ahora y pague después», que confirma que en Colombia la ley es un perro bravo que sólo muerde a los de ruana.

Y por esta primera pregunta se puede saber cómo es el resto del referendo. A la crítica de lo larga y difícil que es su lectura, el ministro Londoño Hoyos ha contestado con cinismo que es para votarlo y no para leerlo. Porque quien lo lea con detenimiento y seriedad tendrá que concluir que allí no hay nada contra la politiquería y la corrupción, sino que, por el contrario, las cohonesta.

Por ejemplo, todo el texto del referendo induce a pensar a los colombianos que la única corrupción está en el Congreso de la República, con lo que pretenden ocultar las grandes corruptelas de las trasnacionales, y que el centro de los fraudes en el Estado reposa en el poder Ejecutivo, que se llama así porque es el que ejecuta el gasto público, es decir, el que firma los cheques. Aunque les duela a los pillos de cuello blanco y a los ingenuos, en cada gran acto de corrupción siempre están presentes el capital extranjero y un presidente, un ministro, un gobernador o un alcalde, a quienes de ninguna manera persigue el referendo.

También dicen que el referendo combate la politiquería, como si no fuera obvio que lo respaldan varios de los más grandes politiqueros del país, incluidos entre ellos algunos de los ex ministros y ex presidentes que dejaron huella en la historia nacional por manipuladores y corruptos, quienes, con todo descaro, arremeten en contra de la rebeldía abstencionista de las nuevas corrientes liberales.

Las preguntas del referendo se pueden clasificar en dos tipos: carnada y anzuelo. Y sabemos cómo funcionan el anzuelo y la carnada. El pez nada en el agua, ve algún objeto que lo atrae y va y lo muerde, momento en el que descubre que detrás de la carnada hay un acero filoso, que lo convierte en pescado. Entonces, unas preguntas atraen a los incautos y otras se encargan de pescarlos.

¿Cuáles son las preguntas carnada? Como es obvio, las atractivas, las que parecen buenas, las que dan ganas de votar, porque parecen combatir la politiquería y la corrupción y, además, en su demagogia, también las que hablan de favorecer la salud y la educación, como si no fuera evidente el desprecio del uribismo por esos sectores. Y en sus astucias para cazar colombianos despistados, incluyen en el cuestionario temas que ya son normas legales, como la eliminación de los auxilios parlamentarios y las suplencias, la pérdida de la investidura, el umbral y la cifra repartidora.

¿Cuáles son las preguntas anzuelo? Las que de verdad busca el gobierno aprobar, tienen que ver con lo económico y lo político. Como se sabe, las económicas congelan los sueldos y las pensiones, monstruosidad que meten con la falacia de que esa plata se la van a dar a los desempleados. ¡Mentira! Esos billones de pesos que se ahorrarán golpeando a los asalariados y a los pensionados son para pagar deuda externa, que es el compromiso contraído con el Fondo Monetario Internacional, organismo que está detrás del referendo.

Y ocultan que empobrecer a asalariados y pensionados reduciéndoles los ingresos también empobrece de carambola a todo el pueblo, porque si miles y miles compran menos, la industria, el agro y el comercio venderán menos, lo que también generará menores empleos y bajas en los salarios, o sea que aumentará el empobrecimiento generalizado. Una de las ideas más funestas que le ha impuesto a Colombia el Fondo Monetario Internacional es afirmar que el país saldrá adelante si se sigue hundiendo en la miseria a los pobres y a las capas medias, que es en lo que llevamos trece años. Y mientras más se arruina a las gentes del común, más ganan las multinacionales, el capital financiero y la oligarquía colombiana.

¿Y en lo político cuáles son las preguntas anzuelo? Las que introducen el umbral, la cifra repartidora y la reducción del número de congresistas. Si se aprueba el referendo, un partido necesitará alrededor de 250 mil votos para elegir un senador, lo que hará que a los representantes de los sectores minoritarios y de oposición —como es mi caso, que actúo en representación del MOIR— nos será prácticamente imposible regresar al Congreso.

Es obvio que si se vuelve más difícil ser elegido, ¿quiénes saldrán del Congreso? ¿los voceros de los monopolios, los agentes de la Embajada norteamericana, las fichas del capital financiero? No. Perderán sus cupos los representantes de los campesinos y los trabajadores, los empresarios no monopolistas, los indígenas y los desempleados.

Pero lo más peligroso del referendo es que le da más fuerza a Uribe, quien, si lo gana, intensificará su ya reconocido autoritarismo y podrá imponer en los próximos años lo que se le antoje, como en su primer año de gobierno. Y ya sabemos de sobra qué es lo que le gusta imponer: congelación de salarios, alza de tarifas de servicios públicos, privatización de la educación, cierre de hospitales, despido masivo de trabajadores como ocurrirá con la eliminación de las Contralorías, aumento del IVA y su aplicación a productos de consumo popular, privatización de empresas básicas de la economía nacional como Ecopetrol, Telecom y el Seguro Social, golpes a la democracia, sometimiento al Fondo Monetario Internacional y al gobierno de Washington, incluido el ingreso de Colombia al ALCA o a un acuerdo bilateral con Estados Unidos, la más grande amenaza a nuestra nación desde que nos independizamos del yugo español. En fin, más hambre, pobreza, desempleo, impuestos y quiebras de empresas, empeorando lo ocurrido con Gaviria, Samper y Pastrana, así la demagogia del gobierno afirme lo contrario.

El referendo lo auspician la Presidencia de la República; la oligarquía; los grandes medios de comunicación; la Embajada Norteamericana; y todos aquellos que en Colombia, ocultos tras cualquier fachada, ejercen como voceros de los intereses extranjeros. Y lo rechazamos los que nos oponemos a esta nueva emboscada en contra del progreso, el trabajo, la producción urbana y rural, la educación y la salud de la nación colombianos.

Colombianos: debemos engrosar la Gran Coalición por la Abstención Activa y agitar la consigna de no votar el 25 de octubre; pues incluso los votos blancos o por el No contribuyen a que se completen los más de seis millones que se requieren para que el referendo sea válido.

El referendo no es un instrumento de la democracia sino del apuntalamiento de un gobierno autoritario y embaucador, opuesto a los sectores populares y al servicio de los intereses extranjeros. Por ello, no debemos votar el referendo.

CARTA AL PARTIDO LIBERAL A PROPÓSITO DE LA ABSTENCIÓN ACTIVA CONTRA EL REFERENDO

Héctor Valencia H., secretario general MOIR

Bogotá, 1º de septiembre de 2003

Dirección Nacional Liberal

Piedad Córdoba Ruiz y Juan Manuel López Cabrales, Copresidentes
Ramón Ballesteros Prieto, Juan Pablo Camacho, Edith Camerano Fuentes, Martha Diago Castro, Camilo Sánchez Ortega, Joaquín José Vives Pérez y Germán Chica Giraldo, Codirectores

Los colombianos de bien, mayorías en quienes alienta un espíritu de patriotismo y democracia, valioso como el que más en esta hora de amenazas a la soberanía de la nación y de frenético absolutismo gubernamental, no pueden menos que ponderar como altamente positiva y sensata la determinación del Partido Liberal Colombiano de llamar a la abstención activa contra el referendo impulsado por el gobierno de Uribe Vélez.

Esta orientación de su partido está en armonía con la proclama de abstención activa que el 7 de febrero pasado el MOIR suscribió como miembro de la Gran Coalición Democrática contra el Referendo que integran las centrales obreras, partidos y movimientos políticos, parlamentarios, personalidades democráticas y organizaciones populares de la ciudad y el campo. Se observa así entonces que en la tarea de contrarrestar este especioso expediente al servicio de los nefastos planes neoliberales y el autoritarismo en boga, confluye ya un abigarrado conjunto de fuerzas políticas y sociales.

Y es natural que su decisión despierte iras y descalificaciones, empezando por las del gobierno. Si, como sostiene el vicepresidente Pacho Santos, liberales como Galán y Uribe Uribe están revolcándose en la tumba a raíz de ella, lo que en el fondo pone en entredicho con esa sobada expresión no es el pronunciamiento de ustedes sino la consistencia política de esas figuras de su partido. Y ni hablar de la de quienes hoy aún vivos manifiestan parecido desasosiego.

Luego de intensa manipulación y ordinario cabildeo, el referendo terminó convertido en un instrumento fiscal para intentar reducir el déficit y, con ese fin, estipuló la congelación de salarios y de pensiones. Este hecho, destacado en su declaración, responde a la postura sumisa del gobierno ante las imposiciones norteamericanas, pues esa receta para las finanzas nacionales y esas antipopulares medidas son exigencias consignadas expresamente en el acuerdo stand by del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para cínicos los neoliberales uribistas, ya que además de que el referendo, como ustedes atinadamente expresan, “es una invitación a la población a votar por la prolongación del modelo que la empobrece y la despoja del empleo”, también intenta que la pérdida de soberanía económica envuelta en ese acuerdo adquiera rango constitucional merced a la aprobación que le otorgue la misma población que sufre ese despojo.

A “la publicidad engañosa y simplista” con que se quiere tramar a la población para que vote el referendo, debe respondérsele con una exposición clara y directa de los designios de subyugación tanto nacional como internacional que le sirven de contexto, e ir a la raíz de los inconfesables intereses políticos y económicos que mueven al gobierno de Uribe Vélez a proponerlo. No es extraño, y sí muy revelador, que el gobierno de Bush y organismos como el FMI lo apoyen, como también que aquí notorios plutócratas “se hayan puesto la camiseta” del referendo y se dispongan a sudarla o a exprimir un puñado de sus cuantiosos capitales para patrocinar su aprobación. Es evidente que tales apoyos, afanes e inversiones no se producirían de no serles rentables política y financieramente.

El MOIR siempre ha tenido una posición crítica frente al carácter democrático que se le atribuye a los referendos, así como ante el significado y alcance de la denominada democracia participativa, para la cual se les quiere como instrumento. Es así como en 1990 rechazamos la índole plebiscitaria que se le otorgó a la famosa “séptima papeleta”, sobre cuya naturaleza espuria abundó el ex presidente López, y, por ende, impugnamos los fenómenos electorales y constitucionales que de ese expediente se derivaron. Y en el año 2000 nos opusimos al intento de Pastrana y su Alianza para el Cambio de recurrir a un referendo cuyos antecedentes, contenido y objetivos hoy calca y remoza el de Uribe. Mas esta posición nuestra, sustentada en poderosas razones históricas y políticas, no obsta para aunar bregas con diversas fuerzas que, con otras concepciones al respecto, batallan en contra del referendo que hoy amenaza a la nación. Simplemente lo que sucede es que los nefastos aspectos que ustedes con justeza le señalan al de Uribe (antidemocrático y con contenido demagógico, un golpe de Estado a la Constitución vigente, al servicio del modelo neoliberal y autoritario del gobierno, perjudicial para los intereses de la población) creemos nosotros que no son la excepción sino la regla inherente a tal recurso. Con todo, esta diferencia no tiene porque menoscabar la identidad con el Partido Liberal respecto a la necesidad de procurar que un considerable número de compatriotas no vote el referendo y, en una especie de unidad de acción abstencionista, derrote las pretensiones antidemocráticas y antipopulares del gobierno uribista y sus auspiciadores internos y externos.

Bajo igual criterio, es pertinente una acotación a su afirmación de que “la parte sustancial del contenido político del Referendo quedó comprendida en el Acto Legislativo Nº 1 de 2003. En efecto, en la Reforma Política aparece ya la organización de los partidos, el umbral, el funcionamiento por partidos, el mecanismo de bancadas, el valor del voto en blanco y la cifra repartidora”. Pues bien, estos aspectos de la reforma en cuestión que luego de los tejemanejes del gobierno quedaron expuestos a ser refrendados por el referendo, así como la reducción en veinte por ciento del número de congresistas, envuelven un grave atentado contra las minorías políticas, tal como lo denunció nuestro senador Jorge Enrique Robledo, dentro y fuera del Congreso, al señalar: “Al volverse más difícil elegir, ¿quiénes quedarán por fuera del poder Legislativo? ¿Los voceros de las transnacionales y los cacaos? ¿Los favoritos de los grandes medios de comunicación? Es obvio que los que representan a estos siempre llegarán al Congreso, aun si se redujeran los elegidos al mínimo, porque las mayores dificultades podrán compensarlas usando más los poderes que controlan, mientras que tenderán a desaparecer los representantes de los trabajadores, las capas medias y los sectores no monopolistas de la producción”.

A Uribe, como le ocurría a los precursores franceses de su actual bonapartismo, “la legalidad lo mata”. De allí sus anunciados propósitos desde cuando era candidato de quitarse de encima toda disposición, institución o funcionario público que pudiera interponerse en sus planes neoliberales. Esgrimiendo el referendo como un garrote, la ha emprendido contra toda norma constitucional o legal que estorbe su absolutismo; contra el Congreso, al que no se cansa de querer revocar y reducir; contra las asambleas y concejos, que desea eliminar o marchitar, y contra los organismos superiores de la justicia, y el Ministerio Público y la Contraloría. Todo lo cual corresponde a lo que la dirección liberal llama “un concepto plebiscitario, cuasi totalitario de la democracia, una lógica neobonapartista de fuerza”. Nosotros hemos calificado como propias de una dictadura esas palmarias tropelías que, por contera, han sido impulsadas por el abogado de intereses antinacionales, Londoño Hoyos ¡que funge como ministro del Interior y de Justicia!

Si mencionamos estos puntos enmarcados en la identidad respecto a la abstención activa contra el referendo es porque consideramos que, junto a la importancia que ya de por sí tiene la decisión asumida por la nueva Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano, las consideraciones por ella expuestas como fundamento de dicha determinación bien merecen ser sopesadas por los partidos políticos minoritarios y las organizaciones populares que buscan más numerosas y más sólidas identidades con otras corrientes en la indispensable labor en pro de la soberanía y la salvación nacionales. Tal es la línea de conducta adoptada por el MOIR, convencido de que la expresión latina que para pasados males acogiera nuestro extinto líder Francisco Mosquera: Contraria contrariis curantur, las cosas se curan por medio de las contrarias, indica un criterio acertado para erradicar los estragos que a la nación le están causando las políticas del gobierno de Uribe Vélez.

Atentamente,

Comité Ejecutivo Central del MOIR

Héctor Valencia H., secretario general

QUE NO SE DEASMANTELE A ECOPETROL EN FAVOR DE LAS GRANDES TRASNACIONALES NI SE LES PRORROGUEN LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN

Queda en evidencia que la política aplicada por el gobierno representa a las trasnacionales y lesiona en forma severa el interés de la nación.

Gustavo Triana

No es cierto que lo que la nación recibe al vencimiento de los contratos sean campos agotados e infraestructura obsoleta, y mucho menos que Ecopetrol y los colombianos no seamos eficientes al continuar dichas explotaciones. Es el mismo debate que a finales de los cuarenta libraron los patriotas contra la Troco y sus agentes a sueldo en el gobierno, debate que ganaron los colombianos, encabezados por la USO, y que perdió la Standard Oil. Prueba de ello, el nacimiento de la Empresa Colombiana de Petróleos.

La explotación de los campos revertidos al vencimiento de las concesiones y los contratos de asociación es lo que le ha permitido a Ecopetrol subsistir como empresa y fortalecerse. Hasta el parque refinador tuvo como base la reversión de la Refinería de Barrancabermeja en 1953, la compra de la Refinería de Cartagena y la reversión anticipada de la Refinería de Orito.

Los campos revertidos siguen siendo rentables. Podemos mostrarlo con datos. Extraer un barril de crudo le costó a Ecopetrol en el año 2002 la suma de 8,86 dólares, que incluye hallazgo, desarrollo, transporte y un castigo por costos de abandono de las instalaciones. Por ese mismo barril, Ecopetrol obtuvo un precio de exportación de 24,03 dólares, precio que en el primer trimestre de 2003 subió a 28,37 dólares.

La actividad es altamente rentable para Ecopetrol y para el país hasta en los campos más agotados. En la Gerencia Centro-Oriente, que opera los de Barrancabermeja, Sabana de Torres y el Catatumbo —todos con más de cuarenta años de explotación, y donde son mayores la cantidad de personal y los gastos de mantenimiento—, el barril cuesta 13,11 dólares. En Putumayo, con más de treinta años de explotación, 10,15 dólares. En Neiva, 9,72 dólares.

De los 117.700 barriles diarios que produjo directamente Ecopetrol en 2002, unos 77 mil provienen de los campos revertidos. Idéntica proporción se refleja en las reservas directas, pues de 663,7 millones de barriles que hay en los campos de propiedad de la nación, cerca de 600 millones corresponden a reversiones. Las explotaciones que habrán de revertir en los próximos años, y sobre las que ya el ministro anunció que el gobierno renunciaría a asumirlas, contienen 955 millones de barriles, a 31 de diciembre de 2002. Tal como está claramente establecido en los contratos, las reservas in situ pasarán a ser del Estado en el ciento por ciento, al igual que toda la infraestructura. Luego no asumirlas como propias no solo configura un delito sino que va en gravísimo detrimento del patrimonio nacional. Se estima por ejemplo que al vencerse en 2007 el contrato Caño Limón, el yacimiento contendrá cien millones de barriles que, al precio de 4 dólares el barril en pozo, equivalen a 400 millones de dólares. Cosa similar ocurriría con yacimientos como Cusiana, Cupiagua y Nare, entre otros.

Pero no solo se verá gravemente afectado el patrimonio de la nación, se comete también un latrocinio contra los municipios y los departamentos. El artículo 39 de la Ley de Regalías (Ley 756 de 2002) dispone que en los contratos de asociación o concesión que reviertan se fijará una regalía adicional de 12% —además de la del 20%, ya en vigor—, destinada en 30% al municipio y en 70% al departamento. El atraco ya se está cocinando en el caso del gas de La Guajira. Con el mayor de los descaros, el ministro de Minas les ha respondido a los guajiros que la pérdida se compensará con una mayor producción.

¿Son eficientes los campos revertidos? Para desmentir aún más al ministro de Minas, bástenos examinar los guarismos de Ecopetrol en lo que guarda relación con la eficiencia. Los campos de la Concesión de Mares fueron devueltos en 1951, después de treinta años de saqueo por parte de la Tropical Oil. Y 52 años después continúan produciendo 12 mil barriles diarios. De los del Putumayo, recibidos de la Texas en 1979 con una producción diaria de 18 mil barriles, fluyen hoy, 24 años después, 9.500 barriles diarios, una declinación muy por debajo del comportamiento universal.

Queda en evidencia que la política aplicada por el gobierno representa a las trasnacionales y lesiona en forma severa el interés de la nación.

Falta de mantenimiento en refinerías

La capacidad instalada de las refinerías puede cumplir con el autoabastecimiento. La cuestión está en mantenerlas en un estado óptimo, lo que implica una inversión continua y suficiente, justo lo que no han hecho los últimos gobiernos. Las frecuentes paradas y el exiguo nivel de utilización han obligado al país, en lo que va corrido del año, a importar ACPM y gasolinas por más de 50 millones de dólares. Las cinco refinerías existentes han descendido de un promedio diario de carga de 285.300 barriles, en 2002, a 267 mil barriles en este primer semestre, lo que equivale a un factor de utilización del 79%, el peor desde 1997. La precaria inversión le acarrea significativas pérdidas a la empresa, pues el margen neto de refinación por barril es de 2,2 dólares, sin contar los cuantiosos gastos en que se incurre con las importaciones.

El abandono de las refinerías es tanto más preocupante si se advierte que el 40% del valor de las exportaciones de la empresa estatal proviene de productos refinados. De 9,83 billones de pesos, valor de los ingresos totales de Ecopetrol en 2002, 7,3 billones corresponden a las ventas nacionales e internacionales de refinados.

Los programas de optimización y ampliación de la Refinería de Barrancabermeja y el denominado Plan Maestro de Desarrollo en la de Cartagena se ven severamente afectados ante los drásticos recortes a la inversión decretados por el gobierno. Todo apunta a lo mismo: el Plan de Desarrollo del presidente Uribe decidió estimular al máximo la inversión privada en tan rentable negocio, afectando seriamente las finanzas de Ecopetrol y, por ende, las del mismo Estado.

La libre importación de combustibles y la internacionalización de los precios amenaza también las refinerías. El gobierno ha tomado las siguientes medidas:

a Les permitió a los distribuidores tener acceso libre a las redes de transporte de Ecopetrol (poliductos) para que traigan por ellas sus importaciones, cuando construir los poliductos, las estaciones de bombeo y los terminales de almacenamiento es lo más caro en el proceso de distribución. El gobierno está repitiendo la nefasta experiencia de Telecom, obligada a prestarle su infraestructura a la competencia privada.

aDecretó alzas exageradas en los márgenes de distribución mayorista —37,1% en 1999 y 20% en 2002—, todo con el pretexto de «estimular el crecimiento de la infraestructura de distribución y comercialización», de nuevo en exclusivo beneficio de Shell, ChevronTexaco y Mobil-Esso, las que, además, terminarán arrebatándoles el mercado a las refinerías nacionales.

Tales medidas lesionan a los consumidores y a la producción nacional, pues traen como consecuencia inmediata las desmedidas alzas en los precios de las gasolinas y el ACPM, alzas que fueron de 9% en el año 2002, dos puntos por encima de la inflación. Y para el caso del ACPM, el combustible utilizado en el transporte de carga y pasajeros, fue de 21,9%.

Privatización de Ecogas

El gobierno ha anunciado que también será privatizada la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas. La venta se hará sobre la base de un hundimiento de costos, término técnico que significa nada menos que liberarla del compromiso adquirido con Ecopetrol de reembolsarle en 30 años el 70% de los pagos hechos por los BOMT (contratos para la construcción de las redes). De concretarse la directriz acordada por el Conpes, se estaría saneando a Ecogas en detrimento de Ecopetrol. El propósito último no es otro que el de entregarle al sector privado el estratégico negocio del transporte de gas, con una empresa «cero kilómetros».

¿Qué hacer?

Ante semejante detrimento del interés nacional en un renglón tan estratégico de la economía, corresponde entonces promover un rechazo generalizado de los trabajadores petroleros y de la población en general, que emule la patriótica batalla que hoy libra el pueblo boliviano, encabezado por la Central Obrera Boliviana, en contra del pretendido saqueo imperialista del gas. Para ello, el movimiento obrero y los patriotas habrán de desterrar de sus filas las tendencias conciliacionistas y el desgano por la lucha, que se han convertido en el principal estorbo para dar una respuesta que corresponda a la magnitud de la ofensiva del imperialismo por someter a la nación.

Este asunto es el aspecto principal de la discusión que hoy se libra en el movimiento sindical colombiano y, particularmente, en la Unión Sindical Obrera, donde la posición consecuente fue infortunadamente puesta en minoría, pero el desarrollo de los acontecimientos ha venido demostrando que no se trata de ser propositivos, sino que Uribe y el imperio vienen, como bien lo expresara Francisco Mosquera, «vienen por la tela, por el telar y por la que teje». Solamente si se reconsidera la actitud de mantener esperanzas en la concertación y tan solo si se dispone a los trabajadores para la lucha, se podrá contener la avalancha de medidas en contra de la nación, de Ecopetrol y de los trabajadores.