EL REFERENDO URIBISTA, UNA TRAMPA CONTRA EL PUEBLO

Intervención televisada del senador de Unidad Cívica y Agraria-MOIR, Jorge Enrique Robledo, en la que llama a la abstención activa.

Jorge Enrique Robledo

Aprovechando su fugaz popularidad, y en un gran esfuerzo por mantenerla, el presidente Uribe se empeña en su antidemocrático y empobrecedor referendo.

Pero tiene un gran problema: para que sea válido, sumados todos los tipos de votos, debe poder arriar a las urnas a más de seis millones de electores. Si no fuere así, el doctor Uribe y su grupito de bien pagos promotores del sí en el referendo verán frustrados sus propósitos.

Por ello, el gobierno acude a artimañas que buscan empujar a las gentes a votar. Se hace presentar en los medios de comunicación como el campeón de la lucha contra la corrupción y la politiquería, y blande el referendo como poderosa arma contra tales vicios. Sin embargo, rápido se puede descubrir que su espada es de cartón.

La primera pregunta del referendo, utilizada para resaltar su supuesta lucha contra la corrupción, nos lleva a descubrir la falsedad de su alegato. En efecto, después de señalar que no podrá contratar con el Estado, ni ser elegido, ni designado como servidor público quien sea condenado por la comisión de delitos que afecten al patrimonio estatal, le da la salida a cada corrupto, cuando dice: «Salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño». Entonces, si se embolsilló lo suficiente y le alcanza para pagar, no tendrá problemas. Es el clásico caso de «robe ahora y pague después», que confirma que en Colombia la ley es un perro bravo que sólo muerde a los de ruana.

Y por esta primera pregunta se puede saber cómo es el resto del referendo. A la crítica de lo larga y difícil que es su lectura, el ministro Londoño Hoyos ha contestado con cinismo que es para votarlo y no para leerlo. Porque quien lo lea con detenimiento y seriedad tendrá que concluir que allí no hay nada contra la politiquería y la corrupción, sino que, por el contrario, las cohonesta.

Por ejemplo, todo el texto del referendo induce a pensar a los colombianos que la única corrupción está en el Congreso de la República, con lo que pretenden ocultar las grandes corruptelas de las trasnacionales, y que el centro de los fraudes en el Estado reposa en el poder Ejecutivo, que se llama así porque es el que ejecuta el gasto público, es decir, el que firma los cheques. Aunque les duela a los pillos de cuello blanco y a los ingenuos, en cada gran acto de corrupción siempre están presentes el capital extranjero y un presidente, un ministro, un gobernador o un alcalde, a quienes de ninguna manera persigue el referendo.

También dicen que el referendo combate la politiquería, como si no fuera obvio que lo respaldan varios de los más grandes politiqueros del país, incluidos entre ellos algunos de los ex ministros y ex presidentes que dejaron huella en la historia nacional por manipuladores y corruptos, quienes, con todo descaro, arremeten en contra de la rebeldía abstencionista de las nuevas corrientes liberales.

Las preguntas del referendo se pueden clasificar en dos tipos: carnada y anzuelo. Y sabemos cómo funcionan el anzuelo y la carnada. El pez nada en el agua, ve algún objeto que lo atrae y va y lo muerde, momento en el que descubre que detrás de la carnada hay un acero filoso, que lo convierte en pescado. Entonces, unas preguntas atraen a los incautos y otras se encargan de pescarlos.

¿Cuáles son las preguntas carnada? Como es obvio, las atractivas, las que parecen buenas, las que dan ganas de votar, porque parecen combatir la politiquería y la corrupción y, además, en su demagogia, también las que hablan de favorecer la salud y la educación, como si no fuera evidente el desprecio del uribismo por esos sectores. Y en sus astucias para cazar colombianos despistados, incluyen en el cuestionario temas que ya son normas legales, como la eliminación de los auxilios parlamentarios y las suplencias, la pérdida de la investidura, el umbral y la cifra repartidora.

¿Cuáles son las preguntas anzuelo? Las que de verdad busca el gobierno aprobar, tienen que ver con lo económico y lo político. Como se sabe, las económicas congelan los sueldos y las pensiones, monstruosidad que meten con la falacia de que esa plata se la van a dar a los desempleados. ¡Mentira! Esos billones de pesos que se ahorrarán golpeando a los asalariados y a los pensionados son para pagar deuda externa, que es el compromiso contraído con el Fondo Monetario Internacional, organismo que está detrás del referendo.

Y ocultan que empobrecer a asalariados y pensionados reduciéndoles los ingresos también empobrece de carambola a todo el pueblo, porque si miles y miles compran menos, la industria, el agro y el comercio venderán menos, lo que también generará menores empleos y bajas en los salarios, o sea que aumentará el empobrecimiento generalizado. Una de las ideas más funestas que le ha impuesto a Colombia el Fondo Monetario Internacional es afirmar que el país saldrá adelante si se sigue hundiendo en la miseria a los pobres y a las capas medias, que es en lo que llevamos trece años. Y mientras más se arruina a las gentes del común, más ganan las multinacionales, el capital financiero y la oligarquía colombiana.

¿Y en lo político cuáles son las preguntas anzuelo? Las que introducen el umbral, la cifra repartidora y la reducción del número de congresistas. Si se aprueba el referendo, un partido necesitará alrededor de 250 mil votos para elegir un senador, lo que hará que a los representantes de los sectores minoritarios y de oposición —como es mi caso, que actúo en representación del MOIR— nos será prácticamente imposible regresar al Congreso.

Es obvio que si se vuelve más difícil ser elegido, ¿quiénes saldrán del Congreso? ¿los voceros de los monopolios, los agentes de la Embajada norteamericana, las fichas del capital financiero? No. Perderán sus cupos los representantes de los campesinos y los trabajadores, los empresarios no monopolistas, los indígenas y los desempleados.

Pero lo más peligroso del referendo es que le da más fuerza a Uribe, quien, si lo gana, intensificará su ya reconocido autoritarismo y podrá imponer en los próximos años lo que se le antoje, como en su primer año de gobierno. Y ya sabemos de sobra qué es lo que le gusta imponer: congelación de salarios, alza de tarifas de servicios públicos, privatización de la educación, cierre de hospitales, despido masivo de trabajadores como ocurrirá con la eliminación de las Contralorías, aumento del IVA y su aplicación a productos de consumo popular, privatización de empresas básicas de la economía nacional como Ecopetrol, Telecom y el Seguro Social, golpes a la democracia, sometimiento al Fondo Monetario Internacional y al gobierno de Washington, incluido el ingreso de Colombia al ALCA o a un acuerdo bilateral con Estados Unidos, la más grande amenaza a nuestra nación desde que nos independizamos del yugo español. En fin, más hambre, pobreza, desempleo, impuestos y quiebras de empresas, empeorando lo ocurrido con Gaviria, Samper y Pastrana, así la demagogia del gobierno afirme lo contrario.

El referendo lo auspician la Presidencia de la República; la oligarquía; los grandes medios de comunicación; la Embajada Norteamericana; y todos aquellos que en Colombia, ocultos tras cualquier fachada, ejercen como voceros de los intereses extranjeros. Y lo rechazamos los que nos oponemos a esta nueva emboscada en contra del progreso, el trabajo, la producción urbana y rural, la educación y la salud de la nación colombianos.

Colombianos: debemos engrosar la Gran Coalición por la Abstención Activa y agitar la consigna de no votar el 25 de octubre; pues incluso los votos blancos o por el No contribuyen a que se completen los más de seis millones que se requieren para que el referendo sea válido.

El referendo no es un instrumento de la democracia sino del apuntalamiento de un gobierno autoritario y embaucador, opuesto a los sectores populares y al servicio de los intereses extranjeros. Por ello, no debemos votar el referendo.

CARTA AL PARTIDO LIBERAL A PROPÓSITO DE LA ABSTENCIÓN ACTIVA CONTRA EL REFERENDO

Héctor Valencia H., secretario general MOIR

Bogotá, 1º de septiembre de 2003

Dirección Nacional Liberal

Piedad Córdoba Ruiz y Juan Manuel López Cabrales, Copresidentes
Ramón Ballesteros Prieto, Juan Pablo Camacho, Edith Camerano Fuentes, Martha Diago Castro, Camilo Sánchez Ortega, Joaquín José Vives Pérez y Germán Chica Giraldo, Codirectores

Los colombianos de bien, mayorías en quienes alienta un espíritu de patriotismo y democracia, valioso como el que más en esta hora de amenazas a la soberanía de la nación y de frenético absolutismo gubernamental, no pueden menos que ponderar como altamente positiva y sensata la determinación del Partido Liberal Colombiano de llamar a la abstención activa contra el referendo impulsado por el gobierno de Uribe Vélez.

Esta orientación de su partido está en armonía con la proclama de abstención activa que el 7 de febrero pasado el MOIR suscribió como miembro de la Gran Coalición Democrática contra el Referendo que integran las centrales obreras, partidos y movimientos políticos, parlamentarios, personalidades democráticas y organizaciones populares de la ciudad y el campo. Se observa así entonces que en la tarea de contrarrestar este especioso expediente al servicio de los nefastos planes neoliberales y el autoritarismo en boga, confluye ya un abigarrado conjunto de fuerzas políticas y sociales.

Y es natural que su decisión despierte iras y descalificaciones, empezando por las del gobierno. Si, como sostiene el vicepresidente Pacho Santos, liberales como Galán y Uribe Uribe están revolcándose en la tumba a raíz de ella, lo que en el fondo pone en entredicho con esa sobada expresión no es el pronunciamiento de ustedes sino la consistencia política de esas figuras de su partido. Y ni hablar de la de quienes hoy aún vivos manifiestan parecido desasosiego.

Luego de intensa manipulación y ordinario cabildeo, el referendo terminó convertido en un instrumento fiscal para intentar reducir el déficit y, con ese fin, estipuló la congelación de salarios y de pensiones. Este hecho, destacado en su declaración, responde a la postura sumisa del gobierno ante las imposiciones norteamericanas, pues esa receta para las finanzas nacionales y esas antipopulares medidas son exigencias consignadas expresamente en el acuerdo stand by del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para cínicos los neoliberales uribistas, ya que además de que el referendo, como ustedes atinadamente expresan, “es una invitación a la población a votar por la prolongación del modelo que la empobrece y la despoja del empleo”, también intenta que la pérdida de soberanía económica envuelta en ese acuerdo adquiera rango constitucional merced a la aprobación que le otorgue la misma población que sufre ese despojo.

A “la publicidad engañosa y simplista” con que se quiere tramar a la población para que vote el referendo, debe respondérsele con una exposición clara y directa de los designios de subyugación tanto nacional como internacional que le sirven de contexto, e ir a la raíz de los inconfesables intereses políticos y económicos que mueven al gobierno de Uribe Vélez a proponerlo. No es extraño, y sí muy revelador, que el gobierno de Bush y organismos como el FMI lo apoyen, como también que aquí notorios plutócratas “se hayan puesto la camiseta” del referendo y se dispongan a sudarla o a exprimir un puñado de sus cuantiosos capitales para patrocinar su aprobación. Es evidente que tales apoyos, afanes e inversiones no se producirían de no serles rentables política y financieramente.

El MOIR siempre ha tenido una posición crítica frente al carácter democrático que se le atribuye a los referendos, así como ante el significado y alcance de la denominada democracia participativa, para la cual se les quiere como instrumento. Es así como en 1990 rechazamos la índole plebiscitaria que se le otorgó a la famosa “séptima papeleta”, sobre cuya naturaleza espuria abundó el ex presidente López, y, por ende, impugnamos los fenómenos electorales y constitucionales que de ese expediente se derivaron. Y en el año 2000 nos opusimos al intento de Pastrana y su Alianza para el Cambio de recurrir a un referendo cuyos antecedentes, contenido y objetivos hoy calca y remoza el de Uribe. Mas esta posición nuestra, sustentada en poderosas razones históricas y políticas, no obsta para aunar bregas con diversas fuerzas que, con otras concepciones al respecto, batallan en contra del referendo que hoy amenaza a la nación. Simplemente lo que sucede es que los nefastos aspectos que ustedes con justeza le señalan al de Uribe (antidemocrático y con contenido demagógico, un golpe de Estado a la Constitución vigente, al servicio del modelo neoliberal y autoritario del gobierno, perjudicial para los intereses de la población) creemos nosotros que no son la excepción sino la regla inherente a tal recurso. Con todo, esta diferencia no tiene porque menoscabar la identidad con el Partido Liberal respecto a la necesidad de procurar que un considerable número de compatriotas no vote el referendo y, en una especie de unidad de acción abstencionista, derrote las pretensiones antidemocráticas y antipopulares del gobierno uribista y sus auspiciadores internos y externos.

Bajo igual criterio, es pertinente una acotación a su afirmación de que “la parte sustancial del contenido político del Referendo quedó comprendida en el Acto Legislativo Nº 1 de 2003. En efecto, en la Reforma Política aparece ya la organización de los partidos, el umbral, el funcionamiento por partidos, el mecanismo de bancadas, el valor del voto en blanco y la cifra repartidora”. Pues bien, estos aspectos de la reforma en cuestión que luego de los tejemanejes del gobierno quedaron expuestos a ser refrendados por el referendo, así como la reducción en veinte por ciento del número de congresistas, envuelven un grave atentado contra las minorías políticas, tal como lo denunció nuestro senador Jorge Enrique Robledo, dentro y fuera del Congreso, al señalar: “Al volverse más difícil elegir, ¿quiénes quedarán por fuera del poder Legislativo? ¿Los voceros de las transnacionales y los cacaos? ¿Los favoritos de los grandes medios de comunicación? Es obvio que los que representan a estos siempre llegarán al Congreso, aun si se redujeran los elegidos al mínimo, porque las mayores dificultades podrán compensarlas usando más los poderes que controlan, mientras que tenderán a desaparecer los representantes de los trabajadores, las capas medias y los sectores no monopolistas de la producción”.

A Uribe, como le ocurría a los precursores franceses de su actual bonapartismo, “la legalidad lo mata”. De allí sus anunciados propósitos desde cuando era candidato de quitarse de encima toda disposición, institución o funcionario público que pudiera interponerse en sus planes neoliberales. Esgrimiendo el referendo como un garrote, la ha emprendido contra toda norma constitucional o legal que estorbe su absolutismo; contra el Congreso, al que no se cansa de querer revocar y reducir; contra las asambleas y concejos, que desea eliminar o marchitar, y contra los organismos superiores de la justicia, y el Ministerio Público y la Contraloría. Todo lo cual corresponde a lo que la dirección liberal llama “un concepto plebiscitario, cuasi totalitario de la democracia, una lógica neobonapartista de fuerza”. Nosotros hemos calificado como propias de una dictadura esas palmarias tropelías que, por contera, han sido impulsadas por el abogado de intereses antinacionales, Londoño Hoyos ¡que funge como ministro del Interior y de Justicia!

Si mencionamos estos puntos enmarcados en la identidad respecto a la abstención activa contra el referendo es porque consideramos que, junto a la importancia que ya de por sí tiene la decisión asumida por la nueva Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano, las consideraciones por ella expuestas como fundamento de dicha determinación bien merecen ser sopesadas por los partidos políticos minoritarios y las organizaciones populares que buscan más numerosas y más sólidas identidades con otras corrientes en la indispensable labor en pro de la soberanía y la salvación nacionales. Tal es la línea de conducta adoptada por el MOIR, convencido de que la expresión latina que para pasados males acogiera nuestro extinto líder Francisco Mosquera: Contraria contrariis curantur, las cosas se curan por medio de las contrarias, indica un criterio acertado para erradicar los estragos que a la nación le están causando las políticas del gobierno de Uribe Vélez.

Atentamente,

Comité Ejecutivo Central del MOIR

Héctor Valencia H., secretario general

QUE NO SE DEASMANTELE A ECOPETROL EN FAVOR DE LAS GRANDES TRASNACIONALES NI SE LES PRORROGUEN LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN

Queda en evidencia que la política aplicada por el gobierno representa a las trasnacionales y lesiona en forma severa el interés de la nación.

Gustavo Triana

No es cierto que lo que la nación recibe al vencimiento de los contratos sean campos agotados e infraestructura obsoleta, y mucho menos que Ecopetrol y los colombianos no seamos eficientes al continuar dichas explotaciones. Es el mismo debate que a finales de los cuarenta libraron los patriotas contra la Troco y sus agentes a sueldo en el gobierno, debate que ganaron los colombianos, encabezados por la USO, y que perdió la Standard Oil. Prueba de ello, el nacimiento de la Empresa Colombiana de Petróleos.

La explotación de los campos revertidos al vencimiento de las concesiones y los contratos de asociación es lo que le ha permitido a Ecopetrol subsistir como empresa y fortalecerse. Hasta el parque refinador tuvo como base la reversión de la Refinería de Barrancabermeja en 1953, la compra de la Refinería de Cartagena y la reversión anticipada de la Refinería de Orito.

Los campos revertidos siguen siendo rentables. Podemos mostrarlo con datos. Extraer un barril de crudo le costó a Ecopetrol en el año 2002 la suma de 8,86 dólares, que incluye hallazgo, desarrollo, transporte y un castigo por costos de abandono de las instalaciones. Por ese mismo barril, Ecopetrol obtuvo un precio de exportación de 24,03 dólares, precio que en el primer trimestre de 2003 subió a 28,37 dólares.

La actividad es altamente rentable para Ecopetrol y para el país hasta en los campos más agotados. En la Gerencia Centro-Oriente, que opera los de Barrancabermeja, Sabana de Torres y el Catatumbo —todos con más de cuarenta años de explotación, y donde son mayores la cantidad de personal y los gastos de mantenimiento—, el barril cuesta 13,11 dólares. En Putumayo, con más de treinta años de explotación, 10,15 dólares. En Neiva, 9,72 dólares.

De los 117.700 barriles diarios que produjo directamente Ecopetrol en 2002, unos 77 mil provienen de los campos revertidos. Idéntica proporción se refleja en las reservas directas, pues de 663,7 millones de barriles que hay en los campos de propiedad de la nación, cerca de 600 millones corresponden a reversiones. Las explotaciones que habrán de revertir en los próximos años, y sobre las que ya el ministro anunció que el gobierno renunciaría a asumirlas, contienen 955 millones de barriles, a 31 de diciembre de 2002. Tal como está claramente establecido en los contratos, las reservas in situ pasarán a ser del Estado en el ciento por ciento, al igual que toda la infraestructura. Luego no asumirlas como propias no solo configura un delito sino que va en gravísimo detrimento del patrimonio nacional. Se estima por ejemplo que al vencerse en 2007 el contrato Caño Limón, el yacimiento contendrá cien millones de barriles que, al precio de 4 dólares el barril en pozo, equivalen a 400 millones de dólares. Cosa similar ocurriría con yacimientos como Cusiana, Cupiagua y Nare, entre otros.

Pero no solo se verá gravemente afectado el patrimonio de la nación, se comete también un latrocinio contra los municipios y los departamentos. El artículo 39 de la Ley de Regalías (Ley 756 de 2002) dispone que en los contratos de asociación o concesión que reviertan se fijará una regalía adicional de 12% —además de la del 20%, ya en vigor—, destinada en 30% al municipio y en 70% al departamento. El atraco ya se está cocinando en el caso del gas de La Guajira. Con el mayor de los descaros, el ministro de Minas les ha respondido a los guajiros que la pérdida se compensará con una mayor producción.

¿Son eficientes los campos revertidos? Para desmentir aún más al ministro de Minas, bástenos examinar los guarismos de Ecopetrol en lo que guarda relación con la eficiencia. Los campos de la Concesión de Mares fueron devueltos en 1951, después de treinta años de saqueo por parte de la Tropical Oil. Y 52 años después continúan produciendo 12 mil barriles diarios. De los del Putumayo, recibidos de la Texas en 1979 con una producción diaria de 18 mil barriles, fluyen hoy, 24 años después, 9.500 barriles diarios, una declinación muy por debajo del comportamiento universal.

Queda en evidencia que la política aplicada por el gobierno representa a las trasnacionales y lesiona en forma severa el interés de la nación.

Falta de mantenimiento en refinerías

La capacidad instalada de las refinerías puede cumplir con el autoabastecimiento. La cuestión está en mantenerlas en un estado óptimo, lo que implica una inversión continua y suficiente, justo lo que no han hecho los últimos gobiernos. Las frecuentes paradas y el exiguo nivel de utilización han obligado al país, en lo que va corrido del año, a importar ACPM y gasolinas por más de 50 millones de dólares. Las cinco refinerías existentes han descendido de un promedio diario de carga de 285.300 barriles, en 2002, a 267 mil barriles en este primer semestre, lo que equivale a un factor de utilización del 79%, el peor desde 1997. La precaria inversión le acarrea significativas pérdidas a la empresa, pues el margen neto de refinación por barril es de 2,2 dólares, sin contar los cuantiosos gastos en que se incurre con las importaciones.

El abandono de las refinerías es tanto más preocupante si se advierte que el 40% del valor de las exportaciones de la empresa estatal proviene de productos refinados. De 9,83 billones de pesos, valor de los ingresos totales de Ecopetrol en 2002, 7,3 billones corresponden a las ventas nacionales e internacionales de refinados.

Los programas de optimización y ampliación de la Refinería de Barrancabermeja y el denominado Plan Maestro de Desarrollo en la de Cartagena se ven severamente afectados ante los drásticos recortes a la inversión decretados por el gobierno. Todo apunta a lo mismo: el Plan de Desarrollo del presidente Uribe decidió estimular al máximo la inversión privada en tan rentable negocio, afectando seriamente las finanzas de Ecopetrol y, por ende, las del mismo Estado.

La libre importación de combustibles y la internacionalización de los precios amenaza también las refinerías. El gobierno ha tomado las siguientes medidas:

a Les permitió a los distribuidores tener acceso libre a las redes de transporte de Ecopetrol (poliductos) para que traigan por ellas sus importaciones, cuando construir los poliductos, las estaciones de bombeo y los terminales de almacenamiento es lo más caro en el proceso de distribución. El gobierno está repitiendo la nefasta experiencia de Telecom, obligada a prestarle su infraestructura a la competencia privada.

aDecretó alzas exageradas en los márgenes de distribución mayorista —37,1% en 1999 y 20% en 2002—, todo con el pretexto de «estimular el crecimiento de la infraestructura de distribución y comercialización», de nuevo en exclusivo beneficio de Shell, ChevronTexaco y Mobil-Esso, las que, además, terminarán arrebatándoles el mercado a las refinerías nacionales.

Tales medidas lesionan a los consumidores y a la producción nacional, pues traen como consecuencia inmediata las desmedidas alzas en los precios de las gasolinas y el ACPM, alzas que fueron de 9% en el año 2002, dos puntos por encima de la inflación. Y para el caso del ACPM, el combustible utilizado en el transporte de carga y pasajeros, fue de 21,9%.

Privatización de Ecogas

El gobierno ha anunciado que también será privatizada la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas. La venta se hará sobre la base de un hundimiento de costos, término técnico que significa nada menos que liberarla del compromiso adquirido con Ecopetrol de reembolsarle en 30 años el 70% de los pagos hechos por los BOMT (contratos para la construcción de las redes). De concretarse la directriz acordada por el Conpes, se estaría saneando a Ecogas en detrimento de Ecopetrol. El propósito último no es otro que el de entregarle al sector privado el estratégico negocio del transporte de gas, con una empresa «cero kilómetros».

¿Qué hacer?

Ante semejante detrimento del interés nacional en un renglón tan estratégico de la economía, corresponde entonces promover un rechazo generalizado de los trabajadores petroleros y de la población en general, que emule la patriótica batalla que hoy libra el pueblo boliviano, encabezado por la Central Obrera Boliviana, en contra del pretendido saqueo imperialista del gas. Para ello, el movimiento obrero y los patriotas habrán de desterrar de sus filas las tendencias conciliacionistas y el desgano por la lucha, que se han convertido en el principal estorbo para dar una respuesta que corresponda a la magnitud de la ofensiva del imperialismo por someter a la nación.

Este asunto es el aspecto principal de la discusión que hoy se libra en el movimiento sindical colombiano y, particularmente, en la Unión Sindical Obrera, donde la posición consecuente fue infortunadamente puesta en minoría, pero el desarrollo de los acontecimientos ha venido demostrando que no se trata de ser propositivos, sino que Uribe y el imperio vienen, como bien lo expresara Francisco Mosquera, «vienen por la tela, por el telar y por la que teje». Solamente si se reconsidera la actitud de mantener esperanzas en la concertación y tan solo si se dispone a los trabajadores para la lucha, se podrá contener la avalancha de medidas en contra de la nación, de Ecopetrol y de los trabajadores.

SEGUNDO FORO NACIONAL: LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA CONVERTIDA EN RETÓRICA

Apartes del pronunciamiento del Frente de Educadores Tribuna Magisterial, Bogotá, 2 de octubre de 2003.

Todos a una hablan de la defensa de la educación pública. Desde los más encumbrados funcionarios del régimen uribista que han tomado la determinación política de acabarla hasta aquellos que, estando llamados a defenderla consecuentemente, caen en el garlito de la política oficial y adoptan una actitud complaciente con las decisiones gubernamentales; a veces de abierta defensa de las normas expedidas, o de expositores de oficio de las disposiciones emanadas, o de sospechosa indiferencia ante sus devastadores efectos.

En el Foro Nacional veremos a los voceros del uribismo, con insistencia invitados de honor, llenos de cinismo, exponiendo la bondades de la nefasta «Revolución Educativa» en medio de los aplausos de la concurrencia, cuando lo merecido sería una descomunal rechifla. También a los reencauchados personajes de la Constituyente Educativa derrotados en 1993 por su oposición a la ley Generad de Educación, insistiendo en volverla a realizar para desarrollarla «desde la lúdica, la magia, el erotismo, la afectividad, la solidaridad humana, la creatividad, la fantasía y la alquimia cognitiva» para contrarrestar con ella «los dispositivos simbólicos que garantizan el proceso de dominación» y buscar con ahínco la ‘novísima’ receta de «la autogestión institucional», terminando en la paradoja de realizar un foro «por la defensa de la educación pública», teniendo como protagonistas a quienes se han dedicado a desvirtuar el significado de lo público y han usufructuado la privatización de la educación.

Igualmente veremos a muchos otros personajes hablando con fatal sentimiento de la inevitabilidad de la globalización pues «En el ámbito mundial la globalización requiere de una dinámica educativa que construya las bases comunes para ella y para ello se va tomando su realización a través de nuevas reformas educativas en un nuevo esfuerzo de modernización y reorganización de los sistemas educativos nacionales coherentes con una escuela y una educación más afines a los caminos que toma la globalización» y que por tanto lo que corresponde no es oponerse sino acoplarse; de la «pluriculturalidad», para negar la unidad nacional; del llamado al magisterio para que se refugie en la discusión pedagógica; de la necesidad ineludible de construir un modelo educativo alternativo que sea adoptado en concertación con los verdugos; de la obsolescencia de los sindicatos y de lo arcaico que aparece el método de la lucha, el paro y la movilización.

Escucharemos los exordios a que, en las actuales circunstancias, la labor del Movimiento Pedagógico sea rescatar el viejo espíritu de conciliación con el que surgió en el año 1982, argumento con el cual pretenden introducir al magisterio en los desvaríos pedagogicistas como un mecanismo de escape para justificar la actitud de claudicación; cuando en verdad, si el movimiento pedagógico quiere cumplir un papel acorde con la necesidad de afrontar toda la arremetida del neoliberalismo y el imperialismo contra la educación y los maestros, no tiene camino distinto al de someter a profunda crítica a todas estas teorías pedagógicas y a reivindicar al lado de los sindicatos el derecho a una educación nacional, científica y que sirva a los intereses de las amplias masas.

Y veremos a la actual dirección mayoritaria de Fecode, proclamando la defensa de la educación pública, a pesar de que desde mucho antes de ser elegida en octubre de 2002, había decidido hacer de la conciliación y la claudicación ante el gobierno su razón de ser en el movimiento sindical. Esta determinación terminaría colocándolos en la defensa y justificación del nuevo asalto a las pensiones contenido en la ley 797 de 2003; en la celebración, cual gran victoria, del Plan de Desarrollo de Uribe Vélez, y en la pasada de agache ante la expedición de cada uno de los decretos reglamentarios de la nefasta ley 715, que, uno tras otro, golpean de manera sistemática los derechos históricos del magisterio y de la educación pública. Jamás, en la historia de la organización sindical el magisterio había estado tan confundido y desorientado, tan falto de dirección y su cúpula dirigente reducida, voluntariamente, a estado tan lamentable de marginamiento en las definiciones trascendentales que tienen que ver con la educación pública y nuestros derechos.

En estas circunstancias, un foro de tal naturaleza no tiene razón. Lo que se ha planteado como justificación del mismo no va más allá de la recolección de elementos para la confección de un supuesto pliego de la comunidad educativa y para elaborar la llamada ley estatutaria de la educación. Uno y otro objetivo son muestra fehaciente de los desvaríos de la actual dirección de Fecode. Con el primero terminan por reconocer y aceptar la vieja cantaleta del gobierno y las clases dominantes en el sentido de que Fecode no puede ser vocera legítima de la comunidad educativa y por tanto, aceptan expresa y voluntariamente su total marginamiento; con el segundo, creen que pueden, en las actuales circunstancias del Congreso, dominado por la aplanadora uribista, presentar un proyecto de ley que regule el derecho a la educación.

En nuestra opinión, desde el punto de vista de una organización sindical como Fecode, no puede haber una defensa consecuente de la educación pública, si esa intención no va acompañada de la decisión de lucha, confrontación y resistencia. Creer lo contrario, es terminar en el lamentable papel de asistir impotente e impávida al desmantelamiento sistemático de la educación pública, limitándose a expresar balbuceos insulsos sobre los desacuerdos con normas y decretos que el gobierno proyecta, expide y aplica sin consideración alguna. La única manera de frenar la ofensiva del régimen uribista es que la dirección nacional del gremio asuma el papel que le corresponde, con la convicción de preparar y llamar al magisterio y a la comunidad educativa a una gran batalla de orden nacional.

RENUNCIA DE RODOLFO GUTIERREZ NIÑO A LA PRESIDENCIA DE LA USO

En agosto de 2002 fuimos favorecidos por la mayoría de la Junta Nacional para la Presidencia del Sindicato, en la persona del compañero Rodolfo Gutiérrez Niño. Pusimos todo nuestro empeño en que la USO tuviera como prioridad enfrentar la ofensiva del gobierno y las multinacionales contra la empresa, la defensa de la convención colectiva y los múltiples problemas que acosan a los compañeros temporales y de contratistas, así como estrechar las relaciones con el Movimiento Sindical y otros sectores sociales. A fe que logramos el objetivo al alcanzar un evidente respaldo interno y externo a las actividades y convocatorias de la USO. De hecho, para lograrlo desarrollamos una política unitaria y consecuente con la plataforma de lucha del sindicato, y teniendo en cuenta siempre la situación nacional e internacional.

Durante los nueve meses de la negociación, hicimos esfuerzos ingentes por mantener la unidad en la lucha contra la privatización de Ecopetrol, el contrapliego, el tribunal de arbitramento y sacar adelante la negociación del pliego de peticiones y la estabilidad del sindicato. La ofensiva del gobierno de Álvaro Uribe e Isaac Yanovich ha sido una de las más arrasadoras en la historia de la USO, y es evidente que hasta la Asamblea Nacional de Delegados del pasado 22 de agosto, resistimos sin ceder la posición patriótica y consecuente que demanda la hora.

Esa Asamblea aprobó negociar el contenido del contrapliego y, como lo señalamos en la declaración pública sobre el conflicto de Ecopetrol, se entró en el terreno de rebajar los derechos conquistados en casi un siglo de luchas.

Es imposible presidir el sindicato después de perder en Junta y Asamblea la votación por nuestra propuesta de no aceptar rebajas en la convención, rechazar las medidas de privatización echadas a andar por Uribe y Yanovich y exigir una solución a la estabilidad del sindicato. Propusimos realizar la Huelga General como única salida ante la aplastante embestida gubernamental contra la empresa, nuestros derechos y el sindicato.

Reafirmamos nuestro acatamiento de la democracia sindical y consideramos necesario renunciar a la Presidencia de la USO, pues por principios no podemos ejecutar la política aprobada. Seguiremos prestos a la lucha ante una reconsideración de esa decisión o la instalación del tribunal de arbitramento. Agradecemos la colaboración recibida en el tiempo que desempeñamos ese importante cargo, y esperamos que la discusión democrática de los puntos de vista expuestos en comunicados y reuniones sobre el asunto eduque a los trabajadores y contribuya a mejorar las condiciones para resistir la toma imperialista del país por parte del gobierno de Estados Unidos.

Fraternalmente,

Rodolfo Gutiérrez, Roberto Schmalbach, Danilo Sánchez, Germán Osman, Gerardo García y Julio Díaz.

(Carta dirigida a la Junta Directiva Nacional de la USO, 3 de septiembre de 2003).

NO HACER CUENTAS ALEGRES PARA NO ILUSIONAR AL CAÑICULTOR

Apartes de la intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre alcoholes carburantes, Comisión Quinta del Senado, 26 de agosto de 2003.

Jorge Enrique Robledo

Este del alcohol carburante es un proyecto que aparece como algo positivo para el agro y el medio ambiente. Sin embargo, hay que mirarlo con cuidado. Con tantos intereses en juego, no podemos hacer cuentas alegres. Voy entonces a señalar algunas cuestiones que a mí me siembran dudas, y quiero plantearlas con entera franqueza.

Destaco un primer hecho que pesa como una montaña: el alcohol carburante es más costoso que la gasolina. No es un negocio que en una economía de mercado se desarrolle solo y en forma natural; no, su mercado debe ser intervenido para que sea viable, porque el combustible que le compite es más barato. El petróleo está en el yacimiento, mientras que la yuca, la caña o cualquier otro cultivo que se utilice como materia prima hay que sembrarlo, y además en tierras costosas. Entonces, por definición, hablamos de un proyecto que solo es viable si el Estado lo interviene para que funcione por fuera de las leyes del mercado.

La propuesta del gobierno es subsidiar la producción de alcohol carburante mediante el expediente de quitarle los impuestos que pesan hoy sobre la gasolina. No cobrarle al alcohol tales gravámenes tiene un costo fiscal bastante alto, equivalente, según nuestros propios cálculos, a 39.7 millones de dólares al año, el valor de otra reforma tributaria. Utilizo las cuentas de Ecopetrol, sobre una producción estimada de 735 mil litros/día.

Pero que el costo sea alto no implica que el proyecto no pueda hacerse. Presenta por supuesto sus atractivos. Se alegan en primer lugar factores medioambientales. Se defiende también porque permitiría disminuir las importaciones de petróleo a las que estamos abocados. Y hay un tercer argumento, quizá el más atractivo: promovería la agricultura y el empleo. Este sí que es un argumento de peso para cualquiera que tenga la menor sensibilidad sobre el progreso del país, sensibilidad que ojalá muestre el señor ministro cuando le pidan firmar el ALCA o el acuerdo bilateral.

El gobierno señaló que el proyecto se hará única y exclusivamente si los inversionistas privados asumen los costos relativamente altos. Y ha sido perentorio en afirmar que no habrá inversión del Estado en la construcción de destilerías.

Lo anterior deja claro un asunto bien importante. En el debate han aflorado ya las diferencias entre los interesados en que las destilerías se instalen en una zona u otra. Y en el caso de la caña se aprecia una contradicción —hasta ahora resuelta positivamente, y ojalá que se pueda seguir resolviendo así— entre los intereses de los grandes cultivadores de caña del Valle del Cauca y los de los pequeños productores de panela. Para dimensionar el asunto, baste mencionar que 14 ingenios producen el mismo dulce que 60 mil familias de paneleros.

En su alocución del 20 de julio, el presidente Uribe hizo expresa referencia al proyecto: «Los combustibles biológicos son ahora alternativa viable. En dos años el sector privado vallecaucano deberá producir alcohol carburante para mezclarle a la gasolina». Esa parece ser la decisión, y a mí no me sorprendería, porque hay un hecho evidente: la zona panelera más desarrollada del país es la del río Suárez. Pero ¿contarán allí los cañeros con recursos suficientes para instalar la destilería? Recuerden que estamos hablando de 35 millones de dólares, para ser costeados por un buen número de pequeños y medianos productores. De plano me permitiría entonces descartar que la instalación de las destilerías vaya a ser una inversión de los propios cañeros del río Suárez. Mientras que, por el otro lado, los 14 ingenios del Valle del Cauca sí tienen músculo financiero suficiente e instalaciones ya creadas para irrumpir de lleno en el negocio.

Lo primero que hay que decirles entonces a los amigos cañeros de la Hoya del Suárez y del resto del país es que no se hagan ilusiones. Porque no es factible que en una zona que conozco de cerca se logren conseguir 35 millones de dólares para meterse en un negocio tan complejo. Insisto mucho en este punto, porque abrigo la certeza de que se ha venido manejando muy mal la información. Sé de mucho cañicultor que está sembrando a marchas forzadas ilusionado en tomar parte en el proyecto. En tal sentido, voy a hacerle un reclamo muy serio al Ministerio. Hablemos con franqueza, digámole la verdad al país, para que el exceso de producción no se complique todavía más. Si el proyecto se va a hacer en el Valle, que se haga, pero que se diga con claridad. Si se va a adelantar en otro sitio, que se explique cómo. Pero no le pintemos pajaritos de oro a la gente, acabando de agravar un problema ya de por sí muy grave, como lo es el exceso de capacidad instalada.

La rentabilidad

El problema clave es en últimas el de la rentabilidad. ¿Qué tan rentable va a ser producir alcohol carburante? El gobierno nacional estableció un precio de compra de US$1,21. Los análisis para fijarlo parecen haber salido de una investigación hecha por Equati Investment, un estudio bastante endeble, según el doctor José Joaquín Rudas, el experto que me está asesorando. Equati estima un costo de producción de 94 centavos de dólar por galón. Pero el doctor Rudas me dice que el estudio presenta inconsistencias tan grandes como que no calcula los costos de mantenimiento de la destilería, ni el impuesto de renta, ni la depreciación de los equipos, ni el tratamiento de las vinazas, etcétera. Sobre la base de esas cifras, el doctor Rudas calcula en US$1,23 el costo de producción del alcohol carburante, por encima de lo que ofrece el gobierno como precio de compra. Dato que corrobora lo señalado aquí por el doctor Cala, quien también se queja, y entiendo que con evidencias empíricas de inversionistas, porque afirma que a ese precio no les funciona el negocio.

Aparece un problema tremendamente complicado. ¿De dónde sale el precio que ha ofrecido el gobierno? Por lo que me pareció entenderle al ministro, de una manera muy extraña. El gobierno supone que el precio del alcohol es el mismo de la gasolina. Y entonces toma este último como base y le resta los impuestos. Pero esto de que el precio del alcohol sea idéntico al de la gasolina, señor ministro, me cuesta un trabajo inmenso creerlo. Todo parece indicar que al doctor Rudas y a los demás analistas les asiste la razón cuando aseguran que a ese precio no resulta rentable producir alcohol carburante, salvo que medie una situación excepcional, como la de los ingenios vallecaucanos, y es que están exportando azúcar vendiendo a pérdida —entiendo yo, doctor Villaveces—. A ellos les funciona el negocio, porque si estoy vendiendo a pérdida, puedo seguir haciéndolo si la pérdida es inferior.

La producción de azúcar es respaldada en el mercado nacional por un precio superior al del externo, y eso está bien que sea así. Son realidades sociales por las que tenemos que seguir trabajando. En lo que insisto es en que hay que hablarle con franqueza al país, porque de lo contrario jamás entenderemos lo que está sucediendo.

Quiero entonces hacer hincapié en que hasta ahora el negocio está montado sobre una base muy endeble. Todo parece indicar que el precio fijado por el gobierno no tiene nada que ver con la realidad. Probablemente, al hacer cuentas, los ingenios azucareros encuentren un colchón tan grande que el negocio les pueda funcionar. Pero sería bueno que eso se estableciera de antemano, y, sobre todo, que no les alegremos el oído a los cultivadores de caña panelera, que ya producen con bastante sufrimiento en las difíciles laderas andinas.

¿Mercado abastecido con importaciones?

La Resolución 180836 de 2003 no ordena expresamente que sea colombiano el alcohol que se produzca a partir de septiembre de 2005. Sobre problema tan crucial le voy a hacer, señor ministro, un cuestionamiento muy preciso y espero que usted me lo responda. La Resolución habla de promover el mercado, pero el mercado podría promoverse con alcoholes importados. Y si es así, el análisis varía drásticamente, porque se alteran por completo los supuestos que yo he hecho.

La pregunta es precisa, señor ministro: si en septiembre de 2005 no hay producción de alcohol carburante ¿se va a importar? Pero, además, respóndale al país lo siguiente: ¿la importación la va a hacer Ecopetrol o la empresa privada? Que no resulte en últimas que aquí se esté moviendo todo un cuento del medio ambiente para montarle un negocio a una empresa privada. Porque ya de antemano sabemos que la política es que no sea Ecopetrol. La decisión está tomada, y es la de adelgazar a Ecopetrol hasta su desaparecimiento.

Para el alcohol carburante, Colombia tiene un arancel de protección muy bajo, de tan solo 15%, mientras que algunos países lo han fijado en 50%. Lo que puede por tanto terminar sucediendo es que un arancel tan precario no logre protegernos de las importaciones.

Una última preocupación. Vamos para el ALCA, o, todavía peor, para el acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos. Y en ambos casos la política es la de eliminar los aranceles a todos los productos, incluido el alcohol carburante. En la información enviada a la Comisión Quinta, el Ministerio anota que ya Colombia ofreció en este ítem una desgravación un poco superior a los diez años. Luego será un negocio que por la vía de la protección arancelaria va a sobrevivir si mucho diez años, hecho que vuelve y les complica las cuentas a los inversionistas.

¿Qué es lo que estoy diciéndole al país? Que el panorama se ve más complicado de lo que presupone el gobierno. Así que le renuevo el llamado al Ministerio para que actúe con seriedad. Aquí hay mucho interés moviéndose y millares de cañeros comprometiéndose en más cultivos cuando hay tantas preguntas todavía sin resolver.

Por último, señor ministro, le insisto en mi pregunta: si en septiembre de 2005 no tenemos producción nacional de alcohol carburante, ¿procederá el gobierno a importarlo?

DOS ARTÍCULOS DEL SENADOR ROBLEDO SOBRE EL ALCA Y EL TRATADO BILATERAL

Jorge Enrique Robledo

EL LISTADO DE LOS QUE VAN A QUEBRAR

Aumentan las preocupaciones entre los empresarios del campo y las ciudades frente a la decisión del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de meter a Colombia en el Alca o en un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Y no es para menos, según se conoce lo que le espera al país. Con la frase «Escojamos quién muere y quién sobrevive», tituló Portafolio el 5 de septiembre de 2003 las opiniones de Juan Manuel Santos sobre cómo prepararse para suscribir un tratado de comercio con Estados Unidos.

Según el mismo periódico, «las advertencias del ex ministro fueron más allá y recomendó, incluso, tener en cuenta las regiones del país que se verán beneficiadas con el TLC y las que resultarán afectadas por el acuerdo. Esto traerá, sin lugar a dudas, descontento social en aquellas zonas del país en las cuales los efectos nocivos del tratado sean más trascendentales».

Por otro lado, el texto Efectos de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, publicado por el Departamento Nacional de Planeación, señala que con este convenio se reducirá la producción colombiana en ocho de los diez sectores en los que la dividieron para el análisis, siendo los perdedores: cereales, otros productos agrícolas, minas y energía, cueros y maderas, alimentos, carne bovina y otras carnes, otras manufacturas y servicios y finca raíz, en tanto considera que los ganadores serán textiles y aceites y otros cultivos, leche y azúcar.

En el mismo documento se abunda en los renglones amenazados en los siguientes términos: «Los sectores sobre los cuales Estados Unidos presenta ventajas competitivas y que muy seguramente con la eliminación de la protección arancelaria afectarían la producción doméstica están los relacionados con la fabricación de maquinaria y equipo; madera; algunos alimentos; hilados y fibras textiles; algunos productos químicos; derivados del petróleo y el carbón; cauchos y plásticos; como también los dedicados a la fabricación de productos metálicos».

Como si fuera poco, con respecto a algunos de los supuestos ganadores –aceites, leche y azúcar–, hay que poner en seria duda esa posibilidad, si se tiene en cuenta que estos productos se benefician con aranceles relativamente altos, los cuales desaparecerían, y que las agremiaciones que los representan han advertido que la pérdida de esa protección les generaría una competencia capaz de eliminarlos.

Quedaría, entonces, como único ganador el renglón de «textiles» –que debe entenderse principalmente como maquilas dedicadas a las confecciones–, aunque sobre este hay que advertir que tendría que derrotar en la competencia por entrar al mercado norteamericano a los productores del resto de América e, incluso, a los de Asia, empezando por China, que se poseen poderosas factorías y mano de obra de un costo minúsculo. Pero aún si fuere cierto que ganarán los pocos sectores mencionados, ¿con qué argumentos defienden que se sacrifiquen casi todos?

Para completar el panorama de lo que viene, Planeación también concluye que «cuando se consideran los efectos de mayor inversión extranjera producto de la liberalización del sector servicios, las ganancias tanto del acuerdo bilateral como del Alca son evidentes», lo que significa reconocer que las pérdidas de la industria y el agro nacionales «son evidentes», para usar sus palabras, y que el capital extranjero se quedará con los servicios (salud, educación, telecomunicaciones, electricidad, vías, finanzas, etc.), siempre y cuando, decimos aquí, el gobierno le garantice impuestos menores o inexistentes, tribunales privados y en el exterior para resolver los conflictos con el Estado y salarios bien bajos. ¿Qué futuro puede tener un país en el que las fuentes de acumulación de riqueza desaparecen o acumulan por fuera de sus fronteras?

A estas alturas del debate, y en la medida en que se confirman las razones de quienes nos oponemos a este tipo de acuerdos, saltan otras preguntas: ¿cómo explicar que quienes hablan en nombre de los productores nacionales no cesen de insistir en las «bondades» de lo que llaman el «libre comercio»? ¿Y por qué los empresarios que serán arruinados guardan silencio al respecto?

(Manizales, 12 de septiembre de 2003).

DE MAL EN PEOR

Según Eugenio Marulanda, presidente de Confecámaras, la reunión del gobierno de Colombia con Robert Zoellick, representante comercial de Estados Unidos, para impulsar el «libre comercio» entre los dos países, se resume así: «Quien tiene el oro pone las condiciones… Eso fue lo que hizo Zoellick. Decir: listo, se hace el acuerdo, pero nosotros ponemos las condiciones. Lo toman o lo dejan» (El Espectador, agosto 10 de 2003). Entonces, cada día aumentan las razones de quienes podemos demostrar que el país no tiene nada que ganar y sí mucho que perder con la decisión de profundizar la apertura económica iniciada por César Gaviria, bien sea que esta asuma la forma del ALCA o de un acuerdo bilateral con el imperio del norte.

En la práctica, la opinión de Marulanda coincide con el folleto que el gobierno de Uribe Vélez acaba de entregar en favor del «libre comercio», en el cual se evidencia, para empezar, una gran irresponsabilidad. Aunque parezca mentira, sólo después de nueve años del día en que los neoliberales, sin consultarle a nadie, tomaron la decisión de incluir a Colombia en el Alca, apareció el primer «estudio» de Planeación Nacional sobre los efectos de ese pacto. ¡Y qué «estudio»! Allí, el gobierno afirma –sin probarlo– que con el acuerdo bilateral el bienestar de la población subirá el insignificante 0.79 por ciento y que con el Alca la mejoría será del 0.23 por ciento, con el agravante de que estas cifras las sacaron sin hacer análisis sectoriales, como se los restregó hasta el presidente de Analdex.

Y a la propaganda oficial le tocó reconocer unas verdades que han aparecido en esta columna. Según Planeación, las importaciones aumentarán bastante más que las exportaciones. Con el acuerdo bilateral, 11.92 contra 6.44 por ciento; y con el Alca, 10.07 contra 6.30 por ciento, confirmando la frase de Hommes que de lo que se trata es de aumentar lo importado y no lo exportado, lo que tendrá que generar, así no lo digan, más ventas a menos precio del patrimonio nacional al capital extranjero, para conseguir los dólares que compensen el deterioro de la balanza comercial.

También acepta Planeación Nacional que los ingresos del Estado colombiano por aranceles caerán 590.6 ó 806.5 millones de dólares anuales, según uno u otro acuerdo, lo que implicará, aunque tampoco lo advierten, nuevas reformas tributarias para compensar lo perdido. Luego la tan cacareada disminución del precio de los alimentos y de otras mercancías por la vía de importarlos más baratos, será reemplazada por mayores impuestos al pueblo. Y la experiencia mexicana muestra que las importaciones a menores precios quiebran a los productores pero les llegan caras a los consumidores, en razón de que con la diferencia se quedan los monopolios intermediarios.

De otro lado, el propio ministro de Agricultura reconoció que el acuerdo bilateral, al igual que el ALCA, implica la eliminación gradual de la protección por aranceles que hoy tienen el arroz, el maíz, la leche, el azúcar, etc., y que él aspira, como si fuera gran cosa, a que esos productos no se arruinen el día en que se firme el convenio sino en un proceso de unos cuantos años, siguiendo la experiencia de Chile, como ya lo definió Zoellick. Y caen en la ingenuidad o en la astucia de insinuar que Estados Unidos, con el acuerdo bilateral, le dará un trato de preferencia a Colombia en relación con los demás países del continente, como si no fuera obvio que ese acuerdo es, para los gringos, otra vía para llegar al pacto multilateral que significa el ALCA, lo que permite asegurar que de cualquier manera los intereses del país se supeditarán, también, a los cambalaches estadounidenses con las naciones más poderosas de América e incluso del mundo. ¿O a alguien se le puede ocurrir que Estados Unidos va a preferir a Colombia que a Brasil en el caso del azúcar o que a China en confecciones?

Y ya se sabe que estos acuerdos con Estados Unidos le significarán a Colombia perder el mercado de la Comunidad Andina, que es nada menos que su primer comprador de bienes manufacturados, a lo que hay que añadirle que los principales rubros de exportación del país a los estadounidenses son bienes primarios que exportan, con muy poco valor agregado, las transnacionales. De ahí que sean cada vez más los industriales que protestan porque a las reuniones donde se decide la posición de Colombia frente a estos convenios asistan, como también ocurrió en la venida de Zoellick, los representantes de las empresas extranjeras que operan en el país.

(Manizales, 15 de agosto de 2003).

A PROPÓSITO DE LOS CUARENTA AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ, OIC

Declaración de Unidad Cafetera de Colombia

En octubre de 1902 se celebró el Primer Congreso Internacional para el Estudio de la Producción y el Consumo de Café. Las conclusiones del evento son las mismas que, desde entonces, explican los ciclos de auge y caída de los precios, las penurias de los países productores de la materia prima y las ambiciones de los países mayores consumidores del producto final y expendedores al detal. Ese Congreso señaló que «el café se presta admirablemente a convertirse en el objeto de organizaciones, monopolios, especulaciones de toda clase (y) a las ventajas de unos pocos intermediarios». Así mismo, se dijo que «es una cadena interminable de males» que sólo podía romperse con «los esfuerzos combinados de los gobiernos interesados».

Esa cadena de males se montó sobre la injusta división entre las naciones tropicales fabricantes de grano verde –a las cuales, merced a los designios del gran comercio, se comprometió en el cultivo de géneros como el de la rubiácea y demás de análogas condiciones naturales– y las naciones industriales que los procesan, distribuyen y realizan como producto final en distintas formas. Los países ricos reciben mayores ventajas de tal sistema y de la masificación del consumo de estos bienes a través de sus firmas industriales, de las redes del comercio, de banqueros, importadores y transportadores y hasta de sus propios Tesoros, en razón del recaudo de los impuestos fijados para toda la cadena dentro de sus territorios.

Las memorias del café están escritas con arrojo, sufrimientos y sangre, en medio de desastres naturales, guerras, intrigas, quiebras, plagas, competencia aguda entre marcas y capitalistas, competencia con otros bienes sucedáneos y competencia entre los diversos orígenes y las mezclas de variedades. La parte fatal siempre la cargan los cientos de millones de campesinos, productores y cosecheros que en América Latina, Asia y África lo cultivan. Nunca han abandonado su pobreza proverbial y hoy llegan a niveles cercanos a la inopia, en contra de lo que pasa en Estados Unidos y Europa, donde se concentran las ganancias y los beneficios de los negocios multimillonarios.

Las pocas iniciativas para mitigar las secuelas de ese injusto orden sólo se han concretado cuando a los imperios favorecidos de la renta cafetera global, por razones estratégicas, les conviene asistir a su servidumbre contemporánea. Tanto en1940, «en respuesta a la amenaza del nazismo», como en 1962, con la Guerra Fría, determinaron «coordinar esfuerzos»; idea que, como se dijo, estaba clara desde 1902. La OIC inició labores hace 40 años. «Es castrismo o libertad», fue la razón última de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para aceptar el nacimiento del Pacto, y, por ende, de la institución administradora, que subiría los precios de la bebida a los consumidores del Norte a cambio de mejorar ingresos a las repúblicas exportadoras de café verde de su órbita de influencia política, a fin de alejarlas del comunismo.

Y, así como la OIC y su principal objeto, el Acuerdo Internacional de Cuotas, comenzaron a operar, se paralizaron después de 26 años . En tanto se derrumbaba el Muro de Berlín, el embajador norteamericano ante dicho organismo, Myles Frechette, bajaba el pulgar en julio de 1989 ordenando su eliminación. Motivos iguales a los que le dieron la vida, se la quitaron. Y no fue en vano. Los países compradores, que, mientras duró el Acuerdo pagaron un precio mayor al del mercado, decidieron desquitarse en el nuevo modelo de globalización. Así, las cotizaciones internacionales bajaron a mínimos valores, inferiores a los de la Gran Depresión en 1929.

En los últimos doce años no ha bastado con la inestabilidad propia del negocio. Los capitales financieros vinculados con Estados Unidos y los cuatro monopolios multinacionales, General Foods, Nestlé, Sara Lee y Procter & Gamble, la han avivado. La promoción de la sobreproducción con nuevas siembras en nuevos países, los tratados de «libre comercio» como el TLCAN, el poder de las marcas, la mayor flexibilidad en las mezclas, los mercados especulativos y las nuevas tecnologías, amén de las malas políticas oficiales generaron las condiciones propicias para tan inicuo cometido que llevó al peor de los mundos: una dañina lucha entre naciones cafeteras pobres por vender la producción, así fuera con bajísimas cotizaciones y mala calidad.

En el mundo se consumen 3.900 tazas de café Nestlé soluble por segundo y a los caficultores del precio de venta sólo les llega el uno por ciento, o que de un paquete de café transado en un supermercado apenas les corresponde el seis por ciento, o que de un negocio que valía en 1990 cerca de 30 mil millones de dólares, de los cuales los productores percibían 10 mil, se transformó en el presente en uno que vale más de 70 mil y solo les traslada menos del 10 por ciento. Todo lo anterior demuestra que el rompimiento del Pacto aplastó a los cafetaleros de todo el orbe en provecho de las multinacionales y de los poderosos gobiernos que las representan.

Al cumplirse cuarenta años de la OIC, se avisa del posible reingreso de Estados Unidos. Las solicitudes dirigidas a Washington para ello están inspiradas en la «lucha contra el narcotráfico y el terrorismo». Aunque de ese eventual regreso no puede colegirse que vendrá un orden automático en el mercado mundial del café, en el hipotético caso de decretarse medidas en esa dirección, ello deberá darse sin contraprestaciones ni imposiciones de algún orden. Ha de derivarse del reconocimiento del infame trato concedido hasta ahora a 60 países y a 25 millones de familias caficultoras pobres del mundo. Debe abordarse en pie de igualdad para todos, despojándolo de una vez y para siempre de la impronta colonial que ha tenido. Sólo así es posible que en «una nueva OIC» no se refrenden las dolorosas experiencias vividas ni los males causados a los productores por más de siglo y medio. De manera digna y patriótica, nuestros gobiernos deben velar porque así sea, máxime cuando el mundo se encuentra en la fase superior más salvaje del capitalismo salvaje.

Aurelio Suárez Montoya

Presidente nacional

15 de septiembre de 2003.

POLÍTICA URIBISTA DE CRÉDITO EDUCATIVO DEBE SER DERROTADA

El paro estudiantil en la Tecnológica de Pereira

Marcela Vélez

Desde hace más de una década el Banco Mundial viene impulsando la política de crédito educativo en la educación superior, como mecanismo que sustituye la financiación estatal de las universidades públicas por préstamos a estudiantes para que paguen altas matrículas con ellos. Así se introduce el sector financiero en el jugoso negoci de la educación privatizada.

Álvaro Uribe Vélez ha mantenido como bandera la política de crédito educativo, con el objetivo de cumplir con las directrices de los organismos multilaterales de crédito sobre privatización de la educación, y para ello usa la estrategia demagógica del aumento de la cobertura, a la vez que le disminuye el presupuesto a la educación superior pública. La ampliación de la cobertura busca aumentar en 400 mil los cupos para educación superior, así:

a 160 mil con las «ganancias en la eficiencia», es decir, más estudiantes sin aumentar la asignación presupuestal a las universidades públicas.

a 40 mil por educación virtual

a 80 mil con el SENA y las instituciones técnicas y tecnológicas

a 70 mil con crédito educativo, dirigido a universidades privadas.

En este marco, el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, Luis Enrique Arango, en procura de la autofinanciación de la universidad y en su inconfensable esfuerzo por obtener la estima del gobierno de turno, se empeñó en ampliar la cobertura creando cuatro ingenierías en jornada nocturna, pero con costos de $1’328.000 en matrículas, para una universidad donde el promedio es de $230.000. Es un escalón para un rector que tiene todo un historial de medidas privatizadoras aplicadas por su propia iniciativa, y lo hizo apoyándose en el programa Acces del Icetex.

Estas carreras, que se aprobaron a pupitrazo limpio en la reunión del Consejo Superior, CSU, carecieron de las discusiones académicas propias de la universidad y se les dio un manejo que, como manifiesta el rector sin ninguna vergüenza, tenía como propósito aprovechar el dinero que el gobierno había destinado al Icetex para este propósito. La decisión coincidió con la época de exámenes finales y habilitaciones en la UTP, razón por la cual el estudiantado no se movilizó inmediatamente en contra de la medida.

Iniciando el siguiente semestre, se creó la Coordinadora de Estudiantes, colectividad conformada por las seccionales de las organizaciones estudiantiles nacionales, las representaciones estudiantiles, las organizaciones locales y los activistas independientes, y se inició una campaña de difusión y recolección de firmas en apoyo al pliego de peticiones de los estudiantes, que tenía como punto primero y principal la exigencia de mantener estas nuevas carreras bajo la normatividad vigente y con el mismo esquema tradicional de liquidación de matrículas. Como respuesta al pliego, el rector empezó un proceso disciplinario contra el representante estudiantil al CSU; medida que en lugar de atemorizar al movimiento estudiantil avivó y motivó la participación de más sectores del estudiantado.

A partir de ese momento y después de multitudinarias asambleas generales y de facultades, el 28 de julio se decidió salir a paro general indefinido. Al día siguiente, y sin que mediara ningún acto violento, Luis Enrique Arango militarizó la Tecnológica de Pereira, por primera vez en 42 años de existencia.

Nuevamente el rector se equivocó, porque en lugar de dispersar al movimiento estudiantil, éste se cohesionó hasta el punto de hacer la marcha más grande de estudiantes universitarios en Pereira en los últimos 20 años.

Estos hechos presionaron una reunión del Consejo Superior, con la presencia del viceministro de Educación, Javier Botero, quien tiene la función de velar porque el bastión de la política educativa de Uribe Vélez en educación superior no salga derrotada, para poder aplicarla luego en todas las universidades públicas del país.

Los estudiantes, ante la negativa del Consejo de echar para atrás la medida, decidieron ratificar el paro; y el rector, que había recibido la orden de desmilitarizar la universidad, decidió cerrarla.

Ante esta situación, buscamos el respaldo del estudiantado y el profesorado de las demás universidades del país, y se hicieron el encuentro y la marcha a Pereira, todo contra la política educativa de Uribe Vélez. Actividades que aunque sirvieron en el acompañamiento a la pelea local, no lograron su cometido de generar un movimiento nacional de resistencia a esta política.

Entramos después a unas semanas de desmovilización del estudiantado, de amenazas sobre cancelación de semestre y de incitar la división del movimiento estudiantil y estimular el esquirolaje. Se decidió entonces dar una semana de tregua y efectuar un plebiscito que confirmara el rechazo de los estudiantes a la creación de estas carreras regidas por los parámetros del crédito educativo. El estudiantado asistió masivamente a las urnas y se alcanzó una participación de 3.641 estudiantes, de los cuales 3.258 votaron a favor de modificar estas carreras adaptándolas al sistema tradicional de funcionamiento de la UTP, y de eliminar el crédito educativo como forma de privatización.

Aunque la actividad del plebiscito buscaba llegar con más fuerza a la reunión ordinaria del Consejo Superior, esta no se llevó a cabo, y así comenzó el proceso de cancelación de reuniones, de dilatar la toma de decisiones y de no solucionar el conflicto. A la burla del Consejo Superior, la embestida del rector contra el movimiento estudiantil y las presiones de un sector de la derecha para regresar a clases, se respondió con la más grande asamblea general de estudiantes de la Tecnológica de Pereira, en la cual los estudiantes decidió retomar el paro, con una votación de 1.633 contra 752.

Entonces la administración emprendió su estrategia de división del movimiento estudiantil, promoviendo el esquirolaje y amenazando con dar por perdido el semestre a los participantes del paro. Después de tres semanas con esta estrategia, el movimiento estudiantil perdió fuerza y no se pudo evitar que cada día más estudiantes se incorporaran a las clases.

En la séptima semana de paro, el Consejo Superior se reunió finalmente para tomar varias decisiones: cancelar semestre a todo estudiante que se mantuviera en paro y garantizar la normalidad de las clases a quien deseara participar en ellas; eliminar el crédito educativo como forma de financiación de las carreras creadas, y reducir el costo de esas matrículas pero manteniendo el principio de autofinanciación. Mientras se cumplía la reunión, los estudiantes hicieron un mitin que culminó en enfrentamientos entre la policía y el estudiantado. Cuatro estudiantes fueron detenidos y varios golpeados.

Ante el proceso de debilitamiento del movimiento estudiantil, la incapacidad para evitar que algunos sectores del estudiantado recibieran clases, la amenaza de cancelación selectiva del semestre que propiciaba las decisiones individuales en lugar de acogerse a las definiciones de la asamblea general, la Coordinadora de Estudiantes llevó la propuesta de levantar el paro, rechazando las decisiones del Consejo Superior y manteniendo viva la pelea por el pliego de peticiones. Después de un par de días la Asamblea General de Estudiantes definió el levantamiento del paro acompañando esta decisión con una gran movilización que ratificó el compromiso de continuar peleando por el pliego de peticiones y por la defensa de la universidad pública.

El paro nos deja la enseñanza de que la unidad y la organización de los estudiantes son indispensables para avanzar en la defensa de la educación pública. En este movimiento se alcanzó una gran comprensión del estudiantado sobre las implicaciones de la política del Gobierno en la existencia de la universidad pública, y sobre como el crédito materializa la privatización de la educación superior. El movimiento estudiantil está en ascenso y en la medida en que logre mayor fuerza y haya nueva decisión de lucha, se podrá derrotar la política educativa de Uribe Vélez.

EL FRACASO DE LA REUNIÓN DE CANCÚN

La conferencia fracasó porque la globalización ha mostrado su verdadero rostro y encuentra una oposición creciente.

Enrique Daza

El pasado 14 de septiembre culminó con un estrepitoso fracaso la reunión ministerial de los países integrantes de la Organización Mundial del Comercio, OMC, realizada en Cancún. Después del desastre de la reunión de Seattle en 1999, donde el movimiento popular impidió su normal desenvolvimiento, es la segunda vez en cuatro años que fracasa una reunión de este tipo.

En la reunión de Cancún estaba previsto avanzar en la eliminación de subsidios y ayudas internas a la agricultura, y los países desarrollados proponían que la OMC incluyera nuevos asuntos –llamados los «temas de Singapur»– que incluían políticas de competencia, compras públicas, inversiones y facilitación del comercio. Añadir tales temas nuevos a la órbita de la OMC habría significado ampliar el alcance de esta organización, consolidando su papel en la dirección de la economía mundial.

En realidad, la OMC ha sido protagonista principal en la catástrofe causada por la llamada globalización. Desde su creación en 1994, la OMC ha adoptado numerosas definiciones en materia comercial y promovido la liberación de los mercados de los países en desarrollo. Esto ha significado un aumento del comercio muy por encima del crecimiento de la producción mundial, lo que ha permitido a los países imperialistas colocar parcialmente sus excedentes en mercancías y en capitales, pero a costa de la ruina de los países dependientes, donde la industria y la agricultura han quebrado y se ha desnacionalizado una muy buena parte de la economía.

Mientras tanto, aunque los países ricos han sido los abanderados del libre comercio, han mantenido protegidas sus economías mientras cierran sus mercados a las exportaciones agrícolas del Tercer Mundo, y, aprovechando la superioridad tecnológica, han inundado de mercancías estos países. También se han apoderado de importantes áreas de la economía de las naciones del Sur, incluyendo las telecomunicaciones, los servicios financieros, los servicios públicos y las empresas industriales estatales.

El resultado no puede ser peor: mientras que un pequeño puñado de multinacionales controla una considerable parte de la riqueza mundial, en los países tercermundistas y aun en los avanzados aumenta el desempleo, crece la informalidad y se deterioran las condiciones laborales de los trabajadores. En la OMC los países avanzados han tratado de profundizar la desigualdad y dictar reglas que la hagan irreversible.

La inclusión de nuevos temas hubiera hecho aún más dramática la situación, pues dar vía libre e irresponsable a los inversionistas extranjeros, disminuir la capacidad de los Estados para intervenir el desarrollo económico nacional, liberalizar todavía más el sector de servicios –incluyendo salud, educación y agua potable, por ejemplo– hubiera sido un golpe mortal para los países atrasados.

La conferencia fracasó porque la globalización ha mostrado su verdadero rostro y encuentra una oposición creciente. Las potencias imperialistas se han negado a hacer la más mínima concesión a los países dependientes e incluso no aceptaron la exigencia de eliminar los gigantescos subsidios que otorgan a la agricultura, lo que de todas maneras no resolvería la situación, pues establecería reglas de juego iguales para actores desiguales.

Los países agrícolas del Tercer Mundo llegaron a expresar por medio del Grupo de los 21 la exigencia de que la eliminación de los subsidios agrícolas en los países avanzados se acompañara de un trato preferencial para las economías menos desarrolladas, y que a éstas se les permitiera proteger su sector agrario, pero dicho grupo fue hostilizado y atacado por las potencias.

Aunque el fracaso de la reunión está marcado por la creciente agudización de las contradicciones mundiales –comenzando por la de las potencias imperialistas con los países dependientes–, el ministro de Comercio Exterior colombiano, Jorge Humberto Botero, en el colmo de la obsecuencia a que nos tiene acostumbrados el presidente Uribe, salió de Cancún a decir que la culpa la tenían los países pobres y que en el evento no se había presentado un enfrentamiento Norte-Sur.

La ronda de Doha, periodo de negociaciones abierto en 2001 y que debe culminar en diciembre de 2004, está a punto de sucumbir en su propósito de liberalizar aún más el comercio mundial e incluir nuevos temas en las negociaciones de la OMC. Después de la reunión, los contrincantes han seguido en la lucha. Estados Unidos anuncia que seguirá empeñado en imponer la hegemonía por medio de acuerdos bilaterales de comercio con diferentes países, entre los cuales se incluye a Colombia.

Las negociaciones del ALCA están fuertemente influidas por el fracaso de Cancún. Como muchos países habían condicionado las negociaciones de otros temas al resultado de Cancún en materia de eliminación de subsidios y Estados Unidos ha anunciado que no negociará el desmonte de subsidios y ayudas internas a la agricultura en el ALCA, el tema agrícola puede desaparecer del acuerdo continental. Asimismo, existen posiciones como las de Brasil que piden excluir otros temas como las inversiones, las compras estatales y la propiedad intelectual, ante lo cual el escenario más probable sería un «ALCA light», de alcance limitado, o alargar los plazos de las negociaciones del tratado para esperar qué resulta de futuras discusiones en la OMC.

Ante esta encrucijada, el gobierno colombiano ha optado por la peor alternativa: acelerar el proceso de firma de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos. La alternativa es altamente perjudicial para el país, pues implica abrir nuestro mercado de mercancías y capitales, paralizar la actividad económica del Estado y supeditar toda política de desarrollo a un tratado internacional con la potencia más unilateral, agresiva y expansionista de la época moderna. Todo en aras del eventual ingreso de algunos rubros de nuestra producción al mercado norteamericano, en el cual tendríamos que competir con otros países del Tercer Mundo que nos llevan ventaja en productividad, y hacerlo con productos básicos sin mayor elaboración. O sea, nuestra competencia será con los demás países tropicales que producen lo mismo que nosotros.

La suscripción del tratado bilateral implica abandonar la Comunidad Andina, receptora de nuestras exportaciones de productos manufacturados, y darles la espalda a otras opciones comerciales.

La capacidad de sumisión del gobierno colombiano no tiene límites. Ha implorado a Estados Unidos iniciar la negociación del tratado y está promoviendo reformas que acondicionarían el país para el proyectado acuerdo. La prórroga de los contratos de asociación, la liquidación del Seguro Social y de Telecom., el debilitamiento de Ecopetrol, la reforma de la Ley 80 de contratación pública, la nueva ley de arbitraje, la anunciada reforma tributaria, entre otros casos, constituyen una preparación para el tratado bilateral con Estados Unidos.

En el último período el gobierno ha estado jugando el sainete de la «participación de la sociedad civil», por medio del cual hace amplia propaganda a los tratados de libre comercio, mientras que limita y asordina las voces de los críticos. Hay un vasto despliegue de publicidad mentirosa y un ocultamiento de los graves perjuicios que los acuerdos ocasionarían a las futuras generaciones.

Afortunadamente, existen síntomas de que el movimiento popular, el sector académico e incluso algunos gremios empresariales se están uniendo en la oposición a dichos tratados. La creación de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, y los foros críticos que se han hecho en numerosas regiones, así como la grandiosa manifestación de Salvación Agropecuaria efectuada el último 12 de agosto, muestran una creciente conciencia popular.