Categoría: Tribuna Roja Nº 89, noviembre 18 de 2002

Cuando en las horas de la mañana del 7 de noviembre se dirigía por la carretera que de Chinchiná conduce a Manizales a iniciar sus labores políticas como dirigente del MOIR en Caldas y diputado de la Asamblea en ese departamento, Oscar Gutiérrez Reyes fue víctima de un atentado criminal sin que los sicarios que lo perpetraron, a pesar de las heridas a bala que le causaron, pudieran lograr su propósito de asesinarlo.

Oscar Gutiérrez ha consagrado su vida a la defensa de los intereses y el progreso de la población de Chinchiná y de todo Caldas, especialmente de su sector rural desde sus cargos de dirección en Unidad Cafetera Nacional. Esa enjundiosa labor la ha desempeñado también como integrante del Concejo de Chinchiná y ahora como diputado de la Asamblea, luego de que, en reconocimiento, numerosas gentes lo eligieran como su auténtico vocero en dichas corporaciones.

Que en medio de la borrasca de violencia que soportan los colombianos, siniestras fuerzas quieran eliminar a tan calificado miembro del MOIR, es un hecho no solo repudiable por toda persona de bien sino que pone en entredicho la vigencia de suficientes garantías que por mandato constitucional debe proporcionar el gobierno que preside Álvaro Uribe para que los militantes de nuestra organización, tanto los que ocupan cargos en las corporaciones públicas, empezando por nuestro senador, Jorge Enrique Robledo, como los centenares entregados a actividades en diversos estamentos sociales a lo largo del territorio nacional, puedan ejercer sus derechos democráticos y políticos libres de todo riesgo para sus vidas .

El MOIR, que durante su trayectoria ha mantenido una indeclinable posición de resistencia ante las políticas que viene imponiendo Estados Unidos en connivencia con los distintos gobiernos, políticas que han conducido a la actual crisis que atraviesa nuestra nación, nunca ha cohonestado ni recurrido a acciones o expedientes que lesionen la integridad de ningún colombiano, pues su conducta guarda plena armonía con los fines democráticos y patrióticos que motivan su lucha.

En consecuencia, y con el impecable título que nos otorga el contenido de nuestra línea política y los métodos que utilizamos para aplicarla, denunciamos y condenamos de manera categórica este alevoso atentado contra el compañero Oscar Gutiérrez, convencidos de que la columna vertebral de nuestra nación, los más de cuarenta millones de compatriotas inmersos en la forja laboral y productiva, finalmente prevalecerá en salvaguardar la existencia de todos aquellos que estén al servicio de sus más altos intereses.

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR)

Comité Ejecutivo Central

Héctor Valencia, secretario general

Bogotá, 8 de noviembre de 2002

Por Jorge Enrique Robledo Castillo, senador del MOIR

No fueron pocas las veces en que se nos tildó de «exagerados» cuando denunciamos que uno de los propósitos de la globalización neoliberal era eliminar una porción enorme del sector agropecuario colombiano, con el fin de importar principalmente de Estados Unidos la dieta básica de la nación, y que, cuando mucho, nos dejarían la especialización en los productos tropicales de exportación que fueran capaces de competir con los de países de condiciones agrológicas similares a las de Colombia. Esas críticas en parte se explicaban porque los neoliberales ocultaban sus propósitos y porque incluso luego de la lectura del Plan Colombia, el documento oficial en que esa política se planteó de manera más explícita, algunos podían quedar con dudas al respecto.

Pero en artículo publicado en el diario El Tiempo el 18 de octubre pasado, que todo colombiano debiera leer, el señor Rudolf Hommes, quien luce cada vez más descompuesto en su defensa de lo indefendible, le tiró en la cara a la nación lo que él denomina «Modelo agropecuario alternativo», que no significa otra cosa que proponer el desaparecimiento de más de dos millones de hectáreas de cultivos de arroz, papa, caña de azúcar, fríjol, maíz, sorgo y soya, entre otros, y renunciar por completo a producir 6.5 millones de litros de leche diarios, 560 mil toneladas de carne de cerdo, 47 millones de docenas de huevos y 92 millones de libras de carne de pollo al año, todo lo cual se reemplazaría, dice, con «otras cosechas que no se dan en los países ricos de clima templado», tales como palma africana, espárragos, palmitos, ñame, hortalizas, frutas, caucho, plátano, yuca y caña de azúcar para producir alcohol, más productos de zoocriaderos y carne bovina.

Quien fuera ministro de Hacienda del gobierno de César Gaviria, y hoy el principal asesor económico de Álvaro Uribe Vélez, arguye que hay que «aprovechar los subsidios que otorgan (a su agro) los países ricos para alimentar mejor a la población local, incrementando por la vía de las importaciones» la capacidad de compra de los colombianos. Agrega que no tiene sentido producir trigo porque es mejor adquirir el que venden los gringos subsidiado y «que lo mismo es cierto en el caso de la mayoría de los cereales y los granos». Sentencia que «lo que no producimos a un precio razonable lo deberíamos dejar importar». Y concluye que «el mayor beneficio del comercio proviene de las importaciones, y no de las exportaciones, como nos han acostumbrado a pensar equivocadamente los mercantilistas criollos». Habrá que agradecerle que, por fin, decidiera despojarse hasta de la hoja de parra que lo cubría.

De tener éxito esta posición del Fondo Monetario Internacional y del gobierno de Estados Unidos que amplifica Rudolf Hommes, el ex funcionario del Banco Mundial, Colombia no solo perdería sectores claves para el empleo, los salarios y la acumulación de riqueza, acrecentando en proporciones insoportables la miseria rural y urbana, sino que, al perder la seguridad alimentaria, es decir, su capacidad para producir en el país la dieta básica de la nación, quedaría sometida al chantaje que le quisieran imponer quienes le vendieran la comida. Mas si este argumento de fondo no basta para poner en la picota una propuesta tan contraria al interés nacional, también puede demostrarse que el disparate de Hommes no resiste análisis ni en su propia lógica.

Es hasta ridículo soñar siquiera con que dos millones de hectáreas de agricultura y toda la producción pecuaria que quieren eliminar pueden reemplazarse con cultivos de ñame, palmitos y espárragos o con el establecimiento de zoocriaderos, porque esos productos carecen de mercados lo suficientemente grandes y sufren por competidores feroces. ¿Y no sabrá Hommes que el aceite de soya importado tiene contra la pared la palma africana, que nadie tiene como vender un plátano más en el mercado mundial, que en carne de bovinos también podemos ser golpeados por lo foráneo, que tampoco somos competitivos en producción de alcohol a partir de caña de azúcar y que sus teorías hasta le abren camino a inundarnos de café extranjero?

Además, y aun si fueran viables en el largo plazo los nuevos productos, ¿cuánto valdría montar esos negocios? ¿Quién pondría los recursos? ¿Los campesinos y empresarios arruinados por las importaciones que propone el Estado? ¿Y si calcularía cuánto costarían las nuevas compras en el exterior y sus efectos en las balanzas comercial y de pagos del país?

¿Hasta cuándo tendremos que soportar teorías que los hechos condenan en Colombia como tontas porque no han acertado en la defensa de los intereses nacionales o como astutas porque sí han acertado en la defensa de los intereses extranjeros?

Los tiempos de crisis, y Colombia está en la peor de su historia, son propicios para defender principios, pero también para presentar como grandes propuestas unas cuantas baratijas ideológicas como el referendo y la reforma política.

¿Apunta el referendo a resolver los problemas nacionales? Entre 27 y 33 millones de colombianos están en la pobreza, el desempleo pasa de 20%, hay tres millones de niños sin escuela, la crisis de la salud no tiene antecedentes, un déficit fiscal nunca visto, la deuda pública externa e interna es de proporciones incalculables. Causas conocidas: apertura, neoliberalismo, privatización, órdenes del FMI, sumisión extrema de los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, a las políticas que han destruido la base productiva del país.

Para colmo, ha llegado a la dirección del Estado un gobierno neoliberal como el que más. Basta leer sus propuestas en la campaña electoral, o conocer los puntos de vista de los ministros, o ver funcionarios de Gaviria y de Pastrana repitiendo en este gobierno: Juan Luis Londoño, responsable de la salud en la administración Gaviria, un sistema que genera hechos tan dramáticos como el de la señora de Cartagena tirada a morir en la puerta de un hospital por no tener para pagar los costos de la medicina privada; el embajador en Washington, Luis Alberto Moreno, coautor o coejecutor o cómplice, no sé cómo llamarlo, de la redacción del Plan Colombia, que ordena, por ejemplo, privatizar las catorce electrificadoras regionales y dispone que Colombia importe, principalmente de Estados Unidos, toda la comida de la nación; Marta Lucía Ramírez, ministra de Comercio Exterior, comprometida con el ingreso de Colombia al ALCA, un acuerdo que arrasará lo que aún queda de la producción nacional. Y resucitaron a Hommes, de ingratísima recordación, hoy todopoderosa eminencia gris de este gobierno, que sin responderle a nadie, y a la sombra, mueve los hilos del poder.

Pero en lugar de acometer la solución de los problemas, el gobierno de Uribe se aprovecha de la confusión de la gente para introducir reformas de signo antidemocrático. Nadie debe confundirse. El referendo y la reforma política no son democráticos. Hacen parte de la reforma neoliberal, de la recolonización del país por Estados Unidos y de su adecuación al ALCA. En los términos más vergonzosos, a Colombia se la está sometiendo a la condición de colonia de Estados Unidos. Volvimos al Virreinato.

Contra el Congreso

La propaganda sobre el referendo y la reforma política está montada sobre el desprestigio del Congreso, al que se busca responsabilizar de todos los males que padece la nación. Pero quien afirme que el Congreso es el principal causante del desastre nacional, no sabe de qué está hablando. Sin que por esto quiera yo exculpar al Congreso de los errores que haya cometido. En ese sentido, hay que señalar que se ha equivocado en materia gravísima en los últimos doce años, aprobando las leyes 50, 100, 142, 143, 99, 617, 715, el acto legislativo 02, que son, en general, columna vertebral de las reformas neoliberales. Todas se las presentó el Poder Ejecutivo al Congreso, y lo presionó de múltiples maneras para que les diera aprobación.

Desde las reformas de 1936 y 1968, pero más aún con la Constitución de 1991, al Congreso le han recortado de manera sistemática las funciones que la democracia les concede supuestamente a las instituciones representativas. Actualmente hay más de 25 temas sobre los cuales carece de iniciativa. La ley del Plan de Desarrollo, tan decisiva, puede ser determinada por decreto de la Presidencia caso de que el Congreso no la apruebe. La gente cree que un parlamentario puede pasar proyectos para subir el precio del café o aumentar el presupuesto de la universidad pública. Todos esos temas le están vedados. No solo nos está vedada toda iniciativa, sino que en la reforma política se señala que el Congreso debe pedirles permiso a los ministros para introducir cualquier modificación en ese tipo. La responsabilidad principal de los desastres que afligen a Colombia le compete al Poder Ejecutivo, por su sumisión a los designios del FMI y de Estados Unidos

Sobre la corrupción tampoco se puede exonerar ni a este ni a ningún Congreso anterior. Quiero iniciar el análisis del tema con dos afirmaciones categóricas: primero, la empresa privada es tan corrupta como el Estado; es una mentira decir que privatizar las empresas es sustraerlas de las garras de la corrupción. Segundo, en el mar de la corrupción nacional, que incluye al Poder Legislativo y al capital privado, la responsabilidad fundamental reposa en el Poder Ejecutivo, en la Presidencia de la República, en los alcaldes y gobernadores. Este Poder se llama así porque le corresponde ejecutar, entre otros, el gasto público, vale decir, firmar los cheques. Sin la firma del Ejecutivo no es posible la corrupción.

La corrupción más lesiva y protuberante es la que el Ejecutivo les permite a las trasnacionales y al capital financiero, que tienen de rodillas al país y sometido a condiciones de ignominia. Me permito leerles una frase de George Soros, famoso especulador internacional que en una semana le tumbó al Banco de Inglaterra dos mil millones de dólares. Soros explica cómo opera ese capital financiero al que el doctor Londoño Hoyos muestra como el único que puede sacarnos de la flecha y el guayuco. Afirma Soros: «Los mercados financieros no son inmorales, son amorales. No es que tengan moral mala, es que no tienen moral…En los negocios, la moralidad puede llegar a ser un estorbo. En un entorno sumamente competitivo, es probable que las personas hipotecadas por la preocupación por los demás obtengan peores resultados que las que están libres de todo escrúpulo moral. De este modo, los valores sociales experimentan lo que podría calificarse de proceso de selección natural adversa: los pocos escrupulosos aparecen en la cumbre».

Debate sobre la democracia

Este también es un debate sobre la democracia. Que no reside únicamente en elegir al presidente de la República. Jefes de Estado, llámense reyes, emperadores, tiranos, han existido siempre. Lo nuevo en la civilización es el surgimiento de los Congresos y la democracia representativa. Mientras que en el Ejecutivo está solo representada la pequeña minoría que logra la dirección del Estado, en los Congresos podrían estar representados todos los sectores, incluidas fuerzas débiles. Cualquier propuesta del Ejecutivo que apunte a avasallar al Legislativo es una intentona autoritaria que debemos rechazar en forma resuelta. Porque, además, el Ejecutivo dispone a su arbitrio del apoyo y el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

La democracia presupone que las mayorías determinen el rumbo, pero también que las minorías disfruten de la libertad de expresarse. Y uno de los canales es el Congreso. Sin Congreso libérrimo, no hay democracia. Su función no es solo hacer las leyes, es también controlar las andanzas del Ejecutivo e impedir que los países terminen convertidos en el reino del autoritarismo.

Llevamos doce años en una campaña fríamente calculada no contra unos congresistas corruptos sino contra la propia institución de la democracia representativa. Si un congresista le discute al Ejecutivo alguna determinación, le cae encima la aplanadora y es caricaturizado por los medios como una de las ratas que habitan este edificio. ¿No es de la esencia misma de la democracia que un congresista tenga el derecho y el deber de entrar en controversia con las determinaciones del Poder Ejecutivo? Es una campaña por cierto muy consecuente con la concentración del poder económico en los grandes monopolios y en las trasnacionales, a las que les parece, por razones obvias, que aquí se discute demasiado. La democracia no es eficaz para el neoliberalismo.

Se equivocan quienes afirman que el referendo es la máxima expresión de la democracia porque apela al constituyente primario. Quienes así lo adornan coinciden en el planteamiento con dictadores como Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet y Fujimori. Con plebiscito se proscribieron en Colombia los partidos distintos al liberal y el conservador; una monstruosidad antidemocrática que se presentó como el non plus ultra de la democracia.

La reforma política

La compleja reforma política que viene caminando tampoco es el fruto de la genialidad de ningún cerebro criollo. Es una propuesta hecha por las universidades de Yorktown y de Harvard, norteamericanas las dos. Es ¡el gringo ahí! Insisto: el día que un neoliberal criollo tenga una idea propia le da un derrame cerebral.

Reforma y referendo son antidemocráticos, regresivos y demagógicos: se montan sobre la base de perseguir la politiquería y la corrupción, y nos les hacen ni cosquillas. Están a todas luces diseñados para recortar aún más la democracia. Van a golpear la circunscripción nacional, probablemente el instrumento que ha permitido que al Congreso lleguen sectores como el MOIR. En la circunscripción regional, alcaldes y gobernadores y quienes tienen el presupuesto imponen a su antojo la votación. La idea del umbral es aberrante; yo salí elegido por 47 mil votos, pero con la fórmula del gobierno, hubiera necesitado varios centenares de miles de votos.

El referendo no es claro. Once páginas de preguntas sibilinas, donde quien esté en contra es un pillo que debe ser lanzado a las tinieblas exteriores. Y está diseñado para que el elector no lea las preguntas ni sepa por qué está votando. Oigamos dos: Para hacer más eficaz la lucha contra la corrupción política, ¿aprueba el artículo xx? Para eliminar los llamados carruseles pensionales y otras prácticas indebidas, ¿aprueba el artículo xx? Esta redacción me recuerda la película de un judío preso en la Alemania nazi. En el interrogatorio, en lo que llaman los generales de ley, en lugar de los nombres del papá y de la mamá un general nazi le preguntó al judío: «Diga usted el nombre de la prostituta que lo parió y del mantenido que la preñó». Una redacción maniquea satura el texto del referendo. Y permite votar sí a todo el documento, pero para votar no debe hacerse el peregrinaje artículo por artículo.

Sobre la revocatoria del Congreso, pretensión ilegal, no contemplada en el ordenamiento jurídico, Uribe plantea un método detestable: no propone de frente que va a cerrar las cámaras, sino que da al presidente el instrumento para revocarlo si no se somete al Ejecutivo. Así, el jefe del Estado podría convertirse en el primer extorsionista de Colombia.

¿Cuáles son las leyes que le van a presentar al nuevo Congreso? Cómo será lo que se viene que este Congreso, que ha sido sumiso a todas las reformas del neoliberalismo, ya no les sirve. ¡Cómo será lo que tienen entre manos que necesitan un Congreso más de bolsillo, más sometido, más controlado por el capital trasnacional y por el capital financiero!

La actividad de Robledo en el Senado ha sido intensa. Además de los resonantes debates sobre el referendo (Véase página 3), la Conmoción Interior, la situación agropecuaria, la política petrolera, el Banco de la República, la ley de presupuesto nacional, el turbio manejo del contrato Ferrovías-Fenoco y otros, el senador del MOIR dejó, en compañía de buen número de congresistas, las siguientes constancias sobre algunos de estos problemas:

En carta a El Tiempo, enviada a sus directores Enrique y Rafael Santos, cuestiona la actitud de ese periódico sobre graves hechos contra el interés nacional.

«El pasado martes, 1 de octubre, en la sesión plenaria del Senado de la República y con transmisión por Señal Colombia, los senadores Álvaro Araújo, Mauricio Pimiento, Leonor Serrano y Bernardo J. Guerra realizaron un documentado debate sobre las graves irregularidades que ha tenido el desarrollo del contrato de concesión suscrito entre Ferrovías y la transnacional Fenoco, para la rehabilitación de un largo tramo del ferrocarril entre Bogotá y Santa Marta. También denunciaron las enormes pérdidas que le podría significar a Colombia el litigio que se desarrolla en un tribunal en París entre Fenoco y la Drummond, en torno a la operación del ferrocarril por el que salen buena parte de las exportaciones de carbón del país. Dependiendo del fin que termine por tener este desastre, en el que además están desapareciendo —por robo y con la alcahuetería del contratista— centenares de kilómetros de rieles, las pérdidas para la nación superarían los US500 millones, una de las mayores de que se tenga noticia en este tipo de contratos.

«En respuesta a las acusaciones de los senadores, el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, con detallada exposición de más de una hora, confirmó uno a uno los desmanes cometidos por Fenoco en contra del interés nacional y puso en evidencia el riesgo inminente de que esa firma tire el contrato firmado, con lo que el asalto se consumaría. Además, el ministro les reclamó a estas transnacionales por la agresión que nos significa a los colombianos que el pleito entre Fenoco y la Drumond se desarrolle en un tribunal en el extranjero.

«Ante estos hechos, ¿por qué, señores directores, ese periódico decidió no gastarle ni una línea a esta lesión enorme al patrimonio de los colombianos, la cual, además, entraba de manera notable el progreso de Colombia porque interrumpe, por largos años o para siempre, la conexión férrea entre el centro del país y el Océano Atlántico? Y a propósito, ¿cómo explican que El Tiempo, con tanta frecuencia, guarde silencio o diga muy poco sobre muchos de los debates que se hacen en el Congreso de la República o solo informe sobre lo que en ellos dicen los casi omnipresentes miembros del poder Ejecutivo en los medios de comunicación?»

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Ley de presupuesto. Los abajo firmantes dejamos constancia de nuestro voto en contra de la Ley de Presupuesto del 2003, porque en esa ley se expresa la voluntad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de continuar con las políticas neoliberales impuestas por el FMI y que han llevado a Colombia a la peor crisis de su existencia, según lo ilustran los siguientes hechos: las cuentas de la Ley de Presupuesto parten de considerar como positivas para la nación, y como que serán aprobadas por el Congreso y por los colombianos, la reforma tributaria propuesta por el gobierno y la congelación del gasto público incorporada por las mayorías de las comisiones primeras de senado y cámara en el proyecto de referendo. Y esas dos propuestas significan el empobrecimiento de centenares de miles de familias por la vía de la reducción de sus ingresos por sueldos y salarios, con la consecuente disminución de la demanda que tanto requieren la industria y el agro del país, en tanto el aumento de los impuestos y especialmente del IVA empobrecen también a los colombianos y lesionan con especial énfasis a los sectores más pobres de Colombia.

El presupuesto que se acaba de aprobar tiene como principal criterio de elaboración mantener la «confianza de los mercados», el eufemismo con el que ocultan las imposiciones del capital financiero internacional, lo que conduce a sacrificar la inversión, el gasto social, el empleo y los salarios del sector público, en aras de atender el cumplido pago de las deudas externa e interna del Estado, cada vez más convertidas en impagables. El calibre de la exacción al que estamos siendo sometidos los colombianos a través del pago de la deuda pública lo explica la propia ponencia elaborada por las comisiones tercera y cuarta del senado, la cual señala: «Mientras que en 1995 el servicio de la deuda representaba el 19% del presupuesto nacional, en 2002 alcanzará el 38.9% y el 40.9% en 2003. Por el contrario –agregan– la inversión ha pasado del 20% en el primer año, a 9.1% y 8.4% en cada uno de los siguientes, respectivamente».

También es evidente que el gobierno ha tenido que recurrir a una interpretación notoriamente amañada de lo que significa «gasto social», para poder argüir que está cumpliendo con el Art. 350 de la Constitución Política, el cual ordena que el porcentaje de ese gasto dentro del presupuesto debe incrementarse año por año.

El recorte de $244 mil millones al presupuesto del Sena debe rechazarse no solo porque deteriora las condiciones de funcionamiento de una institución vital en la educación de los colombianos y para la producción nacional, sino porque viola su autonomía para definir su presupuesto y establece el criterio de que el gobierno puede desviar los recursos parafiscales y, además, utilizarlos para atender los afanes del endeudamiento oficial.

Jorge E. Robledo Castillo; Carlos Gaviria D.; Luis Carlos Avellaneda; Gerardo Antonio Jumí; Jaime Dussán C.; Bernardo Hoyos M.; Francisco Rojas B.; Edgar Artunduaga S.; Bernardo A. Guerra; Alexander López (representante).

El Ministerio del Medio Ambiente, mediante resolución número 0960 del 18 de octubre de 2002, revocó la resolución de la Corporación Regional del Cauca del 3 de mayo de este año que otorgaba la licencia ambiental al ingenio panelero de Padilla, Cauca. Dicha revocatoria se basó en «los impactos que afectan a la comunidad campesina tradicional productora de panela». Es decir, por iguales motivos con los que la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y la Unidad Panelera convocaron a la Resistencia Civil a los 300 mil productores nacionales.

Esa Resistencia Civil, adelantada desde el Congreso Panelero de marzo de 2000 en Moniquirá, en las Marchas Paneleras de los últimos dos años, en el gran Paro Nacional Agropecuario del 31 de julio de 2001, así como en la Marcha al Ministerio del Medio Ambiente del 30 de julio de 2002, fue una táctica correcta y justa contra el establecimiento de ese trapiche industrial de propiedad de los grupos económicos poderosos del país, de firmas internacionales como la norteamericana Enron y de algunos ingenios del oligopolio azucarero del Valle del Cauca.

Con personalidades, alcaldes, Concejos y Asambleas, congresistas y organizaciones sindicales, sociales y agrarias se formó un gran frente que contribuyó a la movilización de los paneleros y alcanzó este triunfo para el sector agropecuario nacional. El gobierno debe velar porque el grupo Desarrollos Empresariales Caucanos cumpla esa resolución, que no tiene apelación, e impedir que con alguna artimaña se pretenda violar lo resuelto y se continúe con el empeño de poner a producir ese ingenio y arruinar a los productores nacionales de panela.

Pese a la victoria, otros problemas de los paneleros se agravan. Para enfrentarlos, junto con las nuevas dificultades, como es la implantación del ALCA y sus consecuencias nefastas sobre la producción agropecuaria e industrial del país, debemos fortalecer la unidad. Para la panela, por ejemplo, es muy grave que la firma Coca Cola ya esté importando más de diez mil toneladas de azúcar a Colombia. En varias ocasiones señalamos que el Ingenio de Padilla se debía, en buena parte, a que los poderosos ingenios azucareros nacionales veían en el mercado de la panela un «escampadero» frente a la competencia extranjera del azúcar, pues con el ALCA se acaba la protección que han tenido durante décadas. La Unidad Panelera y las organizaciones agropecuarias deben tomar este triunfo como fuente de nuevas energías para luchar contra los peligros futuros y para estrechar los vínculos tanto con todos aquellos que quieran una patria próspera como con las fuerzas progresistas del continente que rechazan la esclavitud que se intenta imponer a centenares de millones de americanos con ese proyecto, el ALCA, que sólo favorece a las compañías multinacionales gringas. Desde ya, el mayor número de paneleros ha de estar dispuesto a gritar: ¡No al ALCA!

Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria

Ángel María Caballero
Presidente

Aurelio Suárez M.
Director Ejecutivo

Unidad Panelera Nacional

Pedro Camargo A.
Coordinador Nacional.
José Fernando Ocampo T.
Coordinador Cundinamarca

Noviembre 9 de 2002

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Aurelio Suárez fue designado director ejecutivo de Salvación Agropecuaria, por decisión unánime de la Asamblea General, celebrada en junio en Ibagué. Suárez Montoya reemplaza en el cargo a Jorge Enrique Robledo Castillo, quien debió retirarse para atender sus obligaciones en el Senado, en la curul que obtuvo en las elecciones de marzo pasado.

Aurelio Suárez Montoya, además de ser el fundador de Unidad Cafetera en Risaralda y su dirigente durante casi dos décadas, ha sido diputado a la Asamblea en ese departamento, candidato a la Gobernación y candidato a la Cámara de Representantes, por la coalición Unidad Cívica Agraria-MOIR. Profesor universitario y conferencista, es autor de varios libros y columnista del diario La Tarde, de Pereira.

(Trascripción del texto sobre el ALCA aprobado por congresistas de México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay, en el Encuentro que se realizó en Quito el 29 y 30 de octubre de 2002. De Colombia asistieron los senadores Gerardo Jumí y Jorge Enrique Robledo Castillo).

Nosotros, parlamentarios de México, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Perú, Colombia, Québec, reunidos en Quito los días 29 y 30 de octubre de 2002, en el marco del «Encuentro Continental sobre el ALCA y el rol de los parlamentos», hacemos la presente declaración, frente a la VII Conferencia Ministerial de Negociación del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Primera: Como delegatarios de la soberanía popular, tenemos el ineludible compromiso de legislar para el bienestar integral y, en consecuencia, para la mejoría de la calidad de vida de nuestras comunidades nacionales.

Segunda: Que a pesar de que los Estados democráticos y soberanos sólo pueden existir y mantenerse con un apropiado sistema de participación e información ciudadana y con un régimen parlamentario fuerte, los ciudadanos de nuestros países y los Parlamentos han sido objeto de un sistemático desconocimiento por parte de quienes llevan a cabo las negociaciones del ALCA. Los textos del ALCA han sido realizados en un escenario de secretismo, con reuniones cerradas, plazos arbitrarios, documentos incompletos y de acceso restringido.

Tercera: Que cualquier acuerdo de «libre comercio» es una decisión política que modifica y determina las condiciones de vida de los ciudadanos, y tiene que ver con la soberanía popular y, por ende, debe ser conocido ampliamente, analizado, discutido y sancionado por los Parlamentos nacionales y refrendado por el conjunto de la ciudadanía.

Cuarta: Que las grandes potencias tienen control sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los mercados, la industria, el comercio, las finanzas, la agricultura y los servicios, a lo que se suman los subsidios a su producción interna, condiciones que determinan que los países latinoamericanos no estén en capacidad de competir.

Quinta: Que la fórmula del «libre comercio», promovida por el ALCA, favorece una política de apertura indiscriminada que arruina la producción industrial y agropecuaria, elimina los derechos de los trabajadores, socava las normas de protección de los consumidores, acrecienta el endeudamiento público, y pone en peligro la conservación del patrimonio económico y natural.

Sexta: Que el ALCA, tal como está concebido reforzará las reformas económicas y la privatización de los servicios públicos esenciales como el agua, la salud, la seguridad social, la educación, la electricidad y las comunicaciones, transformando a los ciudadanos de usuarios de bienes y servicios en clientes de trasnacionales.

Séptima: Que el ALCA pretende consolidar el control de recursos estratégicos como son el petróleo, el agua, la biodiversidad, y el conocimiento ancestral, mediante patentes de propiedad intelectual —entre otros—, en manos de trasnacionales principalmente al servicio de los intereses de una única potencia: los Estados Unidos, que quiere acaparar para sus empresas un mercado de 800 millones de consumidores y consolidar el flujo regular de recursos desde el sur del continente hasta su propio territorio.

Octava: Que otras iniciativas promovidas desde los Estados Unidos como la Organización Mundial de Comercio, el TLCAN, el Plan Puebla Panamá, y la ruta hacia el ALCA, buscan mantener la hegemonía de Estados Unidos en detrimento del desarrollo de nuestros pueblos.

Novena: Que la imposición del año 2005 para que entre en vigencia el ALCA no es aceptable, ya que obliga a los países a adecuar sus instrumentos legales, económicos y políticos sacrificando sus agendas soberanas y violentando la voluntad popular, que en América Latina y el Caribe demuestra que la ciudadanía clama por cambios sociales, justicia y dignidad.

Como representantes electos somos conscientes de la responsabilidad que tenemos ante nuestros pueblos frente al ALCA. En consecuencia declaramos:

Primero: Invitar a los Parlamentos nacionales, como representantes de los pueblos americanos, a discutir y decidir sobre los acuerdos en torno al comercio internacional, en tanto que estos afectan la soberanía y condiciones de vida de los ciudadanos del Continente y a fijar agendas soberanas con relación a la integración. En consecuencia, sugerimos que donde no existan, se constituyan comisiones parlamentarias especiales para atender lo correspondiente al ALCA y otros proyectos de integración comercial similares.

Segundo: Proceder, como paso inicial a estas discusiones, a evaluar los resultados y procesos de varios acuerdos internacionales como son el TLCAN, el Plan Puebla Panamá, la OMC, y otros.

Tercero: Propiciar procesos de integración de nuestros pueblos, en donde haya respeto a la dignidad y a la autodeterminación. Cualquier proceso de integración debe ser equitativo y sostenible, debe satisfacer las necesidades de más 70% de nuestra población que vive en situaciones de extrema pobreza y debe revertir la tendencia de que 70% de nuestras exportaciones sean recursos naturales y materias primas.

Cuarto: Proponemos que se dé una amplia difusión de los documentos que discuten los grupos de negociación, definiendo claramente los países que presentan o apoyan y solicitar que se elimine el carácter secreto que hasta ahora han tenido las negociaciones.

Quinto: Promover la más amplia unidad nacional de empresarios, indígenas, campesinos, obreros y ciudadanía en general para defender el mercado interno como el fundamento de desarrollo de cada Nación.

Sexto: Proponer al Parlamento Latinoamericano, Parlatino, conformar una Comisión especial para abrir el debate continental, mantener la vigilancia sobre cualquier tipo de negociación en torno al libre comercio y ser promotores de la participación ciudadana, cumpliendo el mandato de nuestras representaciones.

Séptimo: Rechazar el ALCA y exhortar a nuestros gobiernos a retirar de las rondas de discusión sus equipos de negociadores, procurando el fortalecimiento de organismos y acuerdos de integración latinoamericana y del Caribe, como son el CAN, Mercosur, Caricom, entre otros.

Octavo: Finalmente expresamos nuestro agradecimiento al Honorable Congreso Nacional del Ecuador y al Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, que se han distinguido por su fraternal acogida y la efectiva conducción de este encuentro parlamentario, contribuyendo notablemente a su resultado exitoso.

¡Otra integración es posible!

Dado en Quito, el 30 de octubre de 2002

Dr. Antonio Posso Salgado, presidente del Congreso Nacional de Ecuador.

Dr. Andrés Aguilar, secretario del Congreso Nacional de Ecuador.

Quito, Ecuador, octubre 29 y 30 de 2002

Entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre se realizó en Quito la VII reunión de ministros de Comercio de los países americanos, con miras a avanzar en la concreción del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Esta reunión fue precedida de más de cien reuniones de diversas comisiones y de tres cumbres de jefes de Estado, por medio de las cuales nuestro país se ha comprometido a suscribirlo en el 2005. El ALCA proyecta crear el mercado regional más grande del mundo como ampliación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, TLC. El acuerdo busca llevar a su máxima ejecución y a obligatorio cumplimiento las políticas y medidas adoptadas bajo la inspiración del Consenso de Washington que, en solo trece años, han devastado en Colombia y en América Latina la capacidad instalada agrícola e industrial, la organización social y la soberanía nacional.

Estados Unidos pretende hacer más drásticas la eliminación de políticas de protección y fomento que aseguren la producción de bienes y servicios esenciales; la libre circulación del dólar y la exportación de capitales; el desempleo masivo de la población; el control que a través de la propiedad intelectual tienen los países más avanzados sobre la ciencia y la tecnología, entre los cuales sobresalen los referentes a alimentos y medicamentos; la preferencia de las empresas extranjeras en las compras y contratos con el Estado; la exclusión por la vía de las concesiones y privatizaciones de las empresas y profesionales nacionales en la contratación pública y privada; la supresión de la competencia de los tribunales nacionales en la solución de litigios con inversionistas extranjeros.

Se anuncia que dentro de las políticas de imposición unilateral de los Estados Unidos y de subordinación absoluta de la mayoría de los gobiernos, si no se realiza una negociación hemisférica colectiva y en las fechas acordadas, se suscribirían acuerdos separados de libre comercio con cada país, con lo que se anularían las posibilidades de una acción conjunta latinoamericana y se agravaría al extremo la crisis general provocada por la apertura.

Por lo anterior:

1. Exigimos la suspensión de la toma de decisiones hasta cuando se realice una consulta popular y se logre el acuerdo mancomunado de las naciones latinoamericanas, y,

2. A semejanza de lo que ha venido ocurriendo a escala universal, invitamos a las más amplias fuerzas nacionales constituidas por empresarios, pequeños industriales, agricultores, trabajadores urbanos y rurales, académicos, profesionales e intelectuales, estudiantes, organizaciones sociales, políticas y religiosas y en general a todos los colombianos a constituir un gran movimiento que clarifique los peligros que implica el ALCA, organice las distintas fuerzas y promueva diferentes acciones, entre ellas un foro a comienzos del año entrante como inicio de una campaña de divulgación sobre los efectos que para el país tiene el compromiso de suscribir tal acuerdo.

Suscrita por: Eduardo Sarmiento Palacio, director del Centro de Investigaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería; Raúl Alameda, secretario perpetuo de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; María Teresa Velásquez, Mujer y Sociedad; Rodrigo Llano Isaza, secretario ejecutivo de la Sociedad Económica de Amigos del País; Lilia Beatriz Sánchez, coordinadora Comité de Altos Estudios de la Sociedad Colombiana de Economistas; Rafael Franco, presidente Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos; Rafael Barrera, vicepresidente Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos; Carlos Rodado Noriega, rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería y ex ministro de Estado; Gabriel Misas, ex vicerrector académico de la Universidad Nacional; Eduardo Umaña Luna, profesor emérito de la Universidad Nacional; Eduardo Kronfly, decano de la facultad de derecho de la Universidad San Martín; Alfredo Molano, escritor y periodista; Enrique Daza y José Fernando Ocampo, por Cedetrabajo y la revista Deslinde; Carlos Alzate, editor; Carlos Corsi, ex senador de la República; Santiago Peña D., escritor; Josefina Acosta, profesora universitaria; Ramiro de la Espriella, periodista; Apolinar Díaz Callejas, ex ministro e historiador; Orlando Fals Borda, escritor y profesor universitario; Carlos Guillermo Álvarez; Edgar Gutiérrez Castro, ex ministro de Hacienda; José Gregorio Hernández, ex presidente de la Corte Constitucional; Eduardo López V., médico psiquiatra; Pedro P. Morcillo, abogado planificador; Juan J. Neira, oficial (r) Asociación pro bienestar de las reservas de las Fuerzas Armadas; Gonzalo Bermúdez R., mayor (r), Asociación de Militares Democráticos de América Latina, Omdelac; Temístocles Ordóñez, Sociedad Geográfica; Gabriel Poveda Ramos, consultor industrial e historiador; Diego Roldán L., consultor; Guillermo Silva, directivo universitario; Rubén Darío Utria, planificador y consultor internacional; Félix Moreno P.; Eduardo Díaz U., ex ministro de Estado; Amílkar Acosta, ex senador de la República; Víctor Ogliastri, comunicador social.

Parlamentarios y legisladores. Senadores: Jaime Dussán, Piedad Córdoba, Antonio Navarro, Carlos Gaviria, Francisco Rojas Birry, Gerardo Jumí, Luis Carlos Avellaneda, Jorge Enrique Robledo, Bernardo Hoyos, Jesús Bernal. Representantes: Venus Silva, Alex López, Wilson Borja, Pedro Arenas, Gustavo Petro. Diputados: Augusto Borrero Durán, del Huila; Oscar E Gutiérrez Reyes, Caldas, Unidad Cívica y Agraria-Moir, Carlos Alfredo Crosthwaite, Risaralda. Concejales: Jesús Guevara, Quinchía, Fernando Ruiz, Belén de Umbría.

Representantes gremiales: Ángel María Caballero, presidente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria; Julio Roberto Gómez, secretario general adjunto de la CLAT y secretario general de la CGTD; Miguel Antonio Caro, CUT; Gloria Inés Ramírez, Fecode; Rodolfo Gutiérrez, presidente de la USO; Aurelio Suárez, presidente de Unidad Cafetera Nacional; Pedro Santana R., y Jorge Bernal M., presidente y director ejecutivo de la Corporación Viva la Ciudadanía; Miguel Hernán Santana, presidente de la Confederación de Asociaciones de Contadores de Colombia; Hernán Pérez Zapata, presidente Asociación de Ingenieros Agrónomos, ACIA; Fabio Lozano Suárez, presidente Federación Nacional de Profesores Universitarios; Gonzalo Arango J., vicepresidente Federación Nacional de Profesores Universitarios; José Tomás Jiménez, representante profesoral en el Consejo Nacional de Educación Superior; Pedro Camargo, presidente Unidad Panelera Nacional; Aldo Cadena, presidente Sindes; Iván Martínez Baquero y Héctor Eduardo Santos, presidente y vicepresidente Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta; José María Amado, director Asociación por la Salvación Industrial; Raúl Arroyave, Fecode; Tarcisio Rivera, Colectivo Sindical Guillermo Marín; Héctor Mondragón, asesor del Consejo Nacional Campesino; Guillermo Cardona M., presidente del Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia; Luis Francisco Verano, dirigente cooperativo; Jorge Gómez, coordinador Salvación Agropecuaria de Antioquia; Alberto Caro, miembro Junta Directiva de Fedepapa; Diego Fernando Duque R., directivo Federación Nal. de Estudiantes de Contaduría Pública; Eduardo Arias, directivo universitario; Orlando Fernández P., presidente Asociación Agropecuaria del Huila; Mercedes Lizcano, presidenta Asociación Agropecuaria de La Plata; Gustavo Mora P., presidente Asociación Dptal. de Usuarios de los Servicios Públicos del Huila; Hernán Torres P., presidente Asociación de Institutores Huilenses; Luis Carlos Fuentes, presidente Sindicato de Educadores de Bolívar; Alfonso Berrío, Asociación de Institutores de Antioquia; Francisco Rinaldi, presidente Asociación de Educadores del Cesar; Enrique Urrea, ACOTV; Isauro Cerón, directivo Junta Acción Comunal Barrio Santa Inés de Neiva; Eduardo Tito Gómez, coordinador nacional de Jóvenes Trabajadores de Colombia; Antonio Forero Mayorga, presidente Asociación de Fondos de Empleados de Bogotá; Alejandro Mayorga S., coordinador general Mesa Nacional de Trabajo Solidario; Alpher Rojas, presidente Corporación Asopúblico Colombia; Norberto Ríos, director general Escuela Nacional Sindical; José Luciano Sanín, subdirector Escuela Nacional Sindical; Jairo Foronda, secretaría técnica Foro Social Antioquia; Diana Obregón; Gustavo Montañés Gómez; Roberto Rengifo E., presidente Asociación Nacional de Usuarios del Sistema Financiero y de los Servicios Públicos, Anusif-Antioquia.

Profesores universitarios y profesionales: Jaime Zuluaga, profesor asociado Universidad Nacional; Jairo Giraldo, profesor titular Universidad Nacional; Gloria Mercedes Escobar, representante profesores al Consejo Académico Universidad de Caldas; María Olga Loaiza, presidenta Asociación de Profesores Universidad de Caldas; María Elvira Escobar, profesora UniCaldas; Nelly Ocampo Osorio, profesora UniCaldas; César Augusto Giraldo, profesor Universidad Nacional; Oscar Robledo Hoyos, profesor universitario; Alberto Niño, profesor Universidad del Tolima; Jorge Aristizábal, profesor Universidad de Antioquia; Consuelo Ahumada, profesora Universidad Javeriana; Juan Pablo Arango P., abogado y profesor universitario; Lucila Romero de Pardo, educadora; Clara Lucía Aldana, matemática; Manuel Hernández, profesor Universidad de los Andes; Octavio Quintero, Clara Inés Domínguez, docente; Clara M. Gómez Cardona, educadora; Clara de Aldana, profesora universitaria; René Vargas, profesor universitario; Jorge Consuegra, crítico literario y periodista; Carlos Romero; Aldemar Torres, físico; Luis Alberto Ávila, economista consultor; Clara López Obregón; Fernando Garavito; María Mercedes Moreno, Colectivo Mamá Coca; Paula Ganistky, coordinadora nacional de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE; Gloria Ines Flórez, Directora Asociación MINGA, Beatriz Helena Santander, Defensoría del Pueblo Manizales; Jairo Estrada M.,Profesor Universidad Antioquia, Jefe Centro de Extensión Facultad Nacional de Salud Pública. Héctor José Arenas A. Fundación América Latina, José Corredor Núñez, U. Cooperativa, Carlos Villamil Chaux, ex ministro de Agricultura y ex gerente de Incora, Gumersindo Olmos, actuario, Fernando Quintero, Planeta Paz.

Siguen más firmas.

Como resultado de años de esfuerzos, nuestro Partido logró un gran avance en las recientes elecciones de la CUT, la mayor central obrera del país, y alcanzó en varias de sus seccionales una significativa representación. Igual aconteció en los comicios de Fecode y la USO, tan importantes por su peso político y por el número de afiliados.

Con extraordinario respaldo expresado en los 21.547 votos, las tres listas del MOIR eligieron a Gustavo Triana, Diógenes Orjuela y Álvaro Morales como nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la CUT, ocupando los puestos 6°, 15° y 16° en el orden de votación. Estos resultados superan ampliamente la votación alcanzada en las elecciones anteriores, donde obtuvimos 12.300 votos en lista única, y reflejan el arraigo en el seno del movimiento sindical de una posición revolucionaria y antimperialista, opuesta a las corrientes que concilian y se acomodan a las políticas de globalización.

Resultados similares obtuvimos en Fecode, donde fueron elegidos Raúl Arroyave, con 8.215 votos, la votación mayoritaria; Medardo Hernández, con 5.645, y Elías Fonseca, con 5.296, puestos 9° y 10° dentro de los 15 elegidos.

Durante la campaña electoral, nuestro Partido desplegó la más intensa jornada de reuniones, conferencias, entrevistas radiales y de TV, y publicó numerosos boletines, periódicos, plegables y afiches para explicar el programa y las consignas del Partido.

El respaldo obtenido en los Comités Ejecutivos de CUT y Fecode se complementa con los positivos resultados en las elecciones regionales de CUT, en las que elegimos a más de 30 miembros ejecutivos en Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre y Valle. En algunas de las seccionales obtuvimos la Presidencia, como es el caso de Luis Mendoza en Bolívar, de Robinson Olivares en Cesar y Tulio Álvarez en Sucre. También conseguimos la secretaría general en el Meta, con Timoteo Romero; la segunda vicepresidencia en Risaralda, con Gonzalo Arango; la fiscalía en Boyacá, con Víctor Dávila: la secretaría general en Santander, con Alfredo Muñoz.

En Bolívar, también quedaron en la junta seccional Luis Carlos Fuentes, Carmelo Medina, Luis Ballesteros, Árlex Arias e Inalides Castro. En Cauca, Mery Benavides. En Cesar, la lista encabezada por Victoria Avendaño sacó 19 renglones de 21, entre quienes se encuentran nuestros camaradas Denis Casado, Dora Novoa y Miguel Mojica. En Huila, Gloria Zárate y Belén Cuéllar. En Norte de Santander, Pablo Martínez. En Santander, Enrique Guarín. En Sucre, junto con el camarada Tulio Álvarez, los compañeros Bertulio Carrascal, Édgar Hermosilla, William Paternina, Julián Ángel Rodríguez, Carmen Barreto y Luis Arroyo C. Y en Valle, en coalición, Javier Silva.

La USO

Gratificante reconocimiento por parte de las bases y los dirigentes logró nuestro Partido con la elección de Rodolfo Gutiérrez Niño como presidente de la Unión Sindical Obrera, USO. En las elecciones, celebradas en junio, elegimos además a Roberto Schmalbach, Gerardo García, Danilo Sánchez, Germán Osman y Julio Díaz a la Junta Nacional, junto con otros compañeros que conforman la Asamblea Nacional de Delegados.

Este equipo representa un puntal importante en el propósito de trabajar junto al resto del sindicato para resistir con valentía la ofensiva que el gobierno y las multinacionales adelantan contra Ecopetrol y los trabajadores.

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Programa de lucha

Los siguientes fueron los puntos enarbolados en la reciente campaña por los candidatos del MOIR a la CUT

El principal problema de Colombia es la dominación imperialista

La raíz de todos los males que aquejan a la nación colombiana está en la política imperialista que el gobierno de Estados Unidos les impone a los países pobres: pérdida de la soberanía, empobrecimiento de la población, quiebra de la producción nacional y saqueo de los recursos naturales.

Este es el asunto central de nuestras relaciones con Estados Unidos y lo que explica la imposición del modelo neoliberal. Es a esa relación a la que debemos la pérdida del mercado interno, la violación permanente de la soberanía nacional, el crecimiento de la deuda externa, la imposición de políticas económicas y sociales por los organismos multilaterales de crédito, el abaratamiento de la mano de obra, el creciente desempleo y el recorte de las libertades sindicales y democráticas, entre otros males, que no podrán resolverse sin el previo requisito de recobrar la soberanía e independencia del país.

La tarea principal del movimiento obrero es concretar la más amplia resistencia contra la dominación imperialista: combatir sin desfallecer las privatizaciones, la apertura económica, el saqueo de los recursos naturales y la flexibilización del régimen laboral, y acompañar solidariamente todas las luchas y reclamos de los sectores sociales afectados por el neoliberalismo.

La CUT debe crecer y fortalecerse

como una organización de clase

La arremetida del imperialismo y los gobiernos de turno ha debilitado enormemente al movimiento sindical colombiano. La quiebra de la producción industrial y agraria, la pérdida e inestabilidad del empleo, las políticas antisindicales y antidemocráticas en boga, entre otros fenómenos, han disminuido sustancialmente el número de organizaciones sindicales y de trabajadores organizados.

El problema se ha de resolver multiplicando los esfuerzos en la organización, educación y cualificación de nuevos cuadros, y no planteando como alternativa la informalidad de la central, pues esto no es otra cosa que acomodarse a la globalización imperialista y negar el carácter clasista del movimiento sindical. No es correcto abrir la central a todas las organizaciones sociales y ONG. No puede ser que organizaciones distintas a los trabajadores resuelvan los destinos del movimiento sindical. Una decisión como esta hará perder posición y efectividad en la lucha de resistencia.

La CUT debe ser independiente de gobiernos

y patronos y no alineada internacionalmente

El antecedente de los directivos de la CUT que han salido para el Ministerio del Trabajo o para cargos diplomáticos y la evidente pérdida de independencia y autonomía en las relaciones internacionales, particularmente con la CIOSL, nos motivan a reclamar la autonomía de la central frente a gobiernos y patronos y a estipular unas relaciones internacionales basadas en la independencia. Por eso no estamos de acuerdo con la afiliación a ninguna de las confederaciones mundiales, ni con la práctica de recibir ayudas y asistencias que traigan como contraprestación adhesiones o compromisos que empeñen la política de la central.

La CUT y el nuevo gobierno

Es claro para todo el movimiento sindical que con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez habrá un ahondamiento de las políticas neoliberales, se mantendrá el nefasto propósito de incluirnos en el ALCA y se recortarán sustancialmente las libertades sindicales y ciudadanas. Asuntos estos que hacen más perentorio el cambio de actitud en las centrales obreras para encabezar la oposición contra tales despropósitos y defender los intereses de una nación que está siendo sumida en situaciones de extrema pobreza y atraso. La CUT ha de asumir un papel protagónico en esta tarea.

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Declaración del MOIR

Sobre la CUT y Fecode

Una vez elegido el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, once de sus miembros constituyeron una coalición mayoritaria integrada por Boris Montes y Ramón Támara, miembros del PSOC, Alvin Anaya, de Unidad Democrática, Benjamín Rizo, de Convergencia Ciudadana, Tarsicio Mora y María del Carmen Trujillo, de Maestros Unidos, Carlos Rodríguez, del Partido Liberal, y Patricia Buriticá, Fabio Arias, Osvaldo Cuadrado y Hernán Correa. Como acto inaugural, esta coalición recurrió a la más burda antidemocracia: impuso de manera sectaria una designación de los cargos directivos de ese Comité que privó de vocería al resto de sus miembros, muy a pesar de que los excluidos obtuvieron cerca de cien mil votos, la mitad de la votación total. Un fenómeno de naturaleza similar aconteció a raíz de las elecciones que definieron la integración del Comité Ejecutivo Nacional de Fecode. Allí, un grupo mayoritario, tan pronto se conformó, se apresuró a desplazar de los principales cargos de representación a tres ejecutivos, militantes del MOIR, desconociendo arbitriamente la apreciable suma de votos que alcanzaron y no obstante que uno de ellos, Raúl Arroyave, obtuvo la votación más alta.

Como una prolongación de este atropello contra la democracia sindical, miembros adscritos al mismo grupo destituyeron de la presidencia de Adida, la organización del magisterio en el departamento de Antioquia, a Alfonso Berrío, también militante del MOIR, lo que evidencia una abierta persecución contra nuestro partido. En efecto, dirigentes de la UD, el Partido Liberal, Maestros Unidos de Tarsicio Mora, el MID y el PSOC, por propuesta de un miembro de esta última agrupación, Rosalba Gómez, arremetieron mediante esa destitución contra la conducción consecuente y democrática que Alfonso Berrío le ha dado al magisterio antioqueño en los últimos tres años. El motivo que se adujo para tal tropelía fue la firme y justa crítica que el compañero Alfonso Berrío desplegó contra la inconsecuente posición de la mayoría del Comité Ejecutivo de Fecode, de negarse a convocar al magisterio al paro del pasado 30 de octubre promovido por las centrales obreras.

Rechazamos la decisión de discriminar y excluir a dirigentes que representan vastos sectores de trabajadores, pasando por encima tanto del volumen de su votación y de su trayectoria en el movimiento obrero. Tal actitud riñe con la democracia que debe regir en el movimiento sindical, de respetar las distintas expresiones políticas de los trabajadores, y más si representan a un considerable sector de las bases.

La corriente del MOIR en la CUT y Fecode continuará guiándose por los postulados con que adelantamos la campaña electoral:

Lucha contra la recolonización imperialista y las políticas de apertura y privatizaciones.

Lucha contra la anunciada imposición del ALCA.

Lucha para que la CUT y Fecode sean independientes del gobierno y los patronos, así como de las organizaciones sindicales influidas por el imperialismo.

Lucha decidida contra el gobierno de Uribe y sus políticas antiobreras y antipopulares, entre las que se encuentran el referendo y las reformas pensional, laboral, tributaria y del Estado.

En consecuencia, nos opondremos resueltamente a las posturas conciliadoras que pretenden postrar al movimiento sindical ante la voraz arremetida del gobierno y el imperialismo, posturas que cifran todas sus esperanzas en la concertación, a la vez que descalifican toda auténtica manifestación de resistencia de los trabajadores.

Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario, MOIR

Comisión Obrera Nacional

Bogotá, 8 de noviembre de 2002

La Unión Sindical Obrera, la organización de los trabajadores del petróleo, se apresta a cumplir ochenta años de existencia, justo en momentos en que la arremetida del imperio se ha hecho tan furiosa, que no vacilará, como lo prueba el caso del Iraq, ni en desatar la guerra por el crudo de los demás países.

Al frente de la USO se halla hoy Rodolfo Gutiérrez Niño, un bumangués de 55 años, trabajador de la Refinería de Barranca, a la que ingresó en 1970. Todavía como activista, participó en la huelga de 1971 y en la de 1977. En enero de 1978 fue nombrado por vez primera en un cargo de dirección sindical. Por esta misma época tomó la decisión de militar en el MOIR.

En las elecciones de junio pasado, Gutiérrez Niño llegó a la presidencia nacional de la USO.

Tribuna Roja. Compañero Gutiérrez, ¿cuál es, a su juicio, el principal problema de la política petrolera?

Rodolfo Gutiérrez. Que Colombia no es un país soberano. Resulta muy lesivo para nuestra nación que, en un campo tan estratégico como el de los hidrocarburos, sea el propio gobierno el que esté renunciando a la soberanía económica para beneficiar intereses foráneos.

En anteriores épocas se conquistaron varias disposiciones encaminadas al robustecimiento de Ecopetrol. Una de ellas, el desarrollo de la refinación, que en Barranca tuvo progresos importantes, como la Unidad de Balance, las unidades de crackeo y la petroquímica. Además, en los campos revertidos se mejoró el recobro, la empresa acometió exploración por su propia cuenta y se optimizó y amplió la red de ductos y estaciones de almacenamiento. Se veía a la empresa como motor de la industria petrolera y de la industria nacional. Hoy en día se ha echado atrás tal estrategia.

TR. ¿Cuáles son las medidas que, en su concepto, la revierten?

Rodolfo Gutiérrez. Con el modelo de apertura y privatizaciones que el imperio viene impulsando globalmente desde 1990, la empresa estatal ha sufrido un continuo proceso de debilitamiento. Barco, Gaviria, Samper y Pastrana no hicieron más que reajustar las políticas petroleras para favorecer, no el interés de la nación, sino el de los consorcios extranjeros. Uribe Vélez profundizará el mismo proceso.

La argucia que uno oye en los medios oficiales es que sin inversión foránea no hay ninguna salida, pues somos un país subdesarrollado y sin capacidad técnica; y, además, que ninguna trasnacional se animará a venir si la ley no le otorga generosas prebendas.

Con planteamiento tan servil, los gobiernos neoliberales mermaron sustancialmente el porcentaje que le toca a Ecopetrol en los contratos de asociación. De un régimen de 50-50, en que iban por igual Ecopetrol y la asociada, se pasó a otro de 30-70, en que la parte del león se la llevan las asociadas.

Se añade a lo anterior el creciente recorte presupuestal que ha venido sufriendo Ecopetrol. Es tan enorme y perjudicial, que la empresa se ha visto cada vez más limitada en su actividad independiente. Y, encima de eso, las utilidades que produce la empresa no se reinvierten en la modernización de las instalaciones industriales, sino que se destinan a resolver otros problemas. Aquí el gobierno está aplicando un enfoque distorsionado. Porque es fortaleciendo a la empresa estatal, y no debilitándola, como podrá seguir haciendo ella significativos aportes al presupuesto nacional y a la salud y educación de los colombianos.

Se han hecho sustanciales recortes incluso en el presupuesto básico de Ecopetrol, el del mantenimiento rutinario de las instalaciones, que, por ser áreas de alto riesgo, exigen las más estrictas normas y garantías de seguridad según estándares internacionales. Se ha eliminado por completo el mantenimiento preventivo, y el correctivo tan solo se hace a medias. ¿A qué condujo todo esto? A que por la obsolescencia de los equipos y la inseguridad operacional, se sufrió hace muy poco una parálisis que llevó al desabastecimiento. ¡El Complejo Industrial de Barrancabermeja llegó a tener 1.200 equipos en mal estado! A raíz de la enérgica denuncia de la USO, se emprendió desde el año pasado un plan de choque, pero hasta ahora solo se ha logrado superar la emergencia en 50%.

TR. ¿Cómo incide el recorte presupuestal en la política exploratoria?

Rodolfo Gutiérrez. Del presupuesto operacional, 70% está destinado a atender los desventajosos compromisos que Ecopetrol asumió con el capital trasnacional. Lo anterior desestimula la operación directa y la actividad exploratoria. Los últimos índices muestran que a lo sumo hemos hecho un pozo exploratorio por año, y hay años en que hemos pasado en blanco.

Ecopetrol ha abandonado su misión como empresa industrial y comercial del Estado, que consiste en manejar la riqueza petrolera del país, comprendidas la exploración, producción, refinación, transporte, comercialización y distribución. Desde hace unos quince años se abandonó la actividad básica de perforación exploratoria, absolutamente vital para cualquier empresa de petróleos.

Hay otra desventaja manifiesta frente a los grandes monopolios extranjeros. Ecopetrol se sostiene con los campos que han revertido a la nación, entre ellos la célebre Concesión de Mares, aún en producción después de setenta u ochenta años. Sin excepción ninguna, todos estos campos son devueltos en franco declive. Aun así, con el esfuerzo de técnicos, administradores y trabajadores colombianos, siguen suministrando crudo a las refinerías. Pero mientras que Ecopetrol debe tratar de subsistir con campos ya agotados, a las trasnacionales se les entregan los campos más ricos, como Caño Limón, Cusiana, Cupiagua, Chuchupa y Ballena. Aquí lo que se confirma una vez más es que el problema de fondo es de soberanía.

TR. Se anuncia que también los oleoductos van a ser privatizados.

Rodolfo Gutiérrez. La reforma al Reglamento Operativo del Transporte apunta a privatizar los poliductos. Dicho reglamento va a acabar con el monopolio del que en la actualidad goza Ecopetrol sobre las tuberías que conducen los derivados hacia los centros de consumo, y le permitirá al capital foráneo importar directamente los productos refinados, utilizando la infraestructura de transporte y almacenamiento que hoy tiene Ecopetrol, infraestructura construida por la nación en décadas de esfuerzo.

TR. Algo muy similar a lo ocurrido en Telecom.

Rodolfo Gutiérrez. Exactamente. La Unión Sindical Obrera se ha opuesto a ese proyecto. La actual política de precios en el mercado nacional e internacional desestimula la importación de derivados; pero cuando las condiciones cambien, el país podría verse abocado a tener que parar las refinerías, pues el Reglamento Orgánico del Transporte sacaría de línea la refinación directa.

TR. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el proyecto que busca liberar los precios del gas?

Rodolfo Gutiérrez. Los proyectos que están sobre la mesa y que persiguen eliminar los subsidios a la gasolina, el ACPM y el gas benefician a los inversionistas extranjeros, en abierto perjuicio de la población colombiana. La USO no comparte el argumento del gobierno de que «un alza en los precios no va a incidir en los sectores pobres, porque se trata de un impuesto a los ricos». La verdad monda y lironda es que el encarecimiento de los combustibles y del gas natural hará mucho más precarias las condiciones de vida de las amplias mayorías. Si suben los pasajes y los servicios –pues no hay que olvidar que en Colombia los combustibles alimentan también la generación de energía y, en general, el aparato productivo—, el impacto de la cadena alcista recaerá pesadamente sobre el pueblo.

TR. Es inminente que reviertan al país una serie de contratos de asociación. ¿Qué ha dicho la USO sobre el tema?

Rodolfo Gutiérrez. Desde la época de la Concesión de Mares, la USO ha defendido en forma resuelta que las reversiones han de hacerse efectivas. Recuerden ustedes que esta famosa Concesión, en manos de la Tropical Oil, debía pasar a la nación en forma automática. Pero resulta que el gobierno de Ospina, la Standard Oil y los medios desataron una campaña perniciosa para tratar de demostrar que Colombia no estaba preparada, pues no tenía ni capacidad económica ni técnica ni administrativa. Fue la USO, con la patriótica huelga de 1948, la que forzó la reversión e hizo posible el nacimiento de Ecopetrol. Y se vio que el país sí era capaz.

El propósito permanente de los gobiernos neoliberales y de la alta administración de Ecopetrol ha sido prorrogar los contratos de concesión y asociación que se hallaban a punto de vencer, y de nuevo la USO debió salir al paso para impedir el atropello. Me refiero a los campos de Sabana de Torres, Zulia, Neiva, Cocorná, Putumayo y Castilla. En defensa del interés nacional, la USO convocó numerosos foros, asambleas y movilizaciones, que contaron con la presencia de alcaldes, concejales, diputados y congresistas, además de representantes de todos los sectores sociales y productivos.

Cocorná está a punto también de revertir y, ni corta ni perezosa, la Omimex ha puesto en juego su influencia para obtener la prórroga. La USO exige que se cumpla la reversión y está llamando a la opinión pública a que nos acompañe en tan patriótica campaña.

En resumen, se le quiere quitar a Ecopetrol lo único que le queda, las reversiones. El día que a Colombia se le cierre esa puerta, estaremos signando la liquidación de la empresa.

TR. Uribe Vélez se halla comprometido a fondo con el ALCA. A su juicio, qué repercusiones va a tener este tratado en el sector de los hidrocarburos.

Rodolfo Gutiérrez. El ALCA es la culminación de la apertura, llamada por los círculos del capital financiero imperialista «internacionalización de la economía» o «globalización».

En su ofensiva por apoderarse del mercado petrolero mundial, acudiendo incluso al avasallamiento de países como Iraq, Estados Unidos busca quedarse con todo el crudo colombiano. El ALCA le facilita este proceso, y las beneficiarias serán la Chevron-Texaco, la Exxon-Mobil, la BP-Amoco y demás grandes corporaciones.

TR. ¿Cómo ve usted la situación laboral de los trabajadores de Ecopetrol?

Rodolfo Gutiérrez. Muy difícil. Ha sido una lucha denodada de resistencia para que el enemigo no nos arrebate los derechos adquiridos. Prueba de ello fue la batalla contra el régimen de Gaviria para que no quedaran los trabajadores de Ecopetrol incorporados a la nefasta ley 100.

El Fondo Monetario Internacional les ha exigido a todos los gobiernos, y el de Uribe no es la excepción, adelantar una agresiva arremetida contra salarios y pensiones. Ya está cursando en el Congreso la reforma pensional y se anuncia una drástica reforma laboral, que hará aún más penosa la situación de los trabajadores. Además, en el referendo está incluida la congelación de los salarios.

La USO ha expresado en repetidas ocasiones que saldrá a dar resueltamente la batalla. No se trata de una contienda aislada por defender únicamente nuestro régimen especial de pensiones. Combatiremos al lado de los demás sectores por el interés general de nuestra clase. La USO está abierta a las convocatorias de las centrales obreras y del Comando Nacional Unitario.

Valiéndose de los medios de comunicación, Uribe intenta culpar a los trabajadores por la enorme tragedia en la que la apertura económica ha sumido al país. Pero la clase obrera jamás ha estado al frente de los destinos de Colombia. Ministros como Juan Luis Londoño tampoco cesan de señalar a los trabajadores como un sector de privilegiados, para barrer así los derechos conquistados en setenta años de luchas. En este sentido la USO es vertical, inflexible. No cederemos nuestros derechos y continuaremos animando a nuestras bases y al resto del movimiento sindical y popular a conformar un gran Frente de Resistencia.

TR. Compañero Gutiérrez, cuál es en líneas generales su programa para el período que le corresponde como presidente nacional de la USO.

Rodolfo Gutiérrez. En primerísimo orden, la lucha por fortalecer a Ecopetrol, en contravía de las siniestras intenciones del imperialismo, el gobierno y las trasnacionales. Es el principal reto.

El segundo punto radica en defender la existencia misma de la USO. Impulsaremos la unidad interna y rechazaremos los asesinatos de dirigentes, las detenciones, los despidos, los procesos penales y disciplinarios, los destierros, los secuestros y demás formas de represión contra la actividad sindical. Y, desde luego, nos mantendremos fieles a los métodos democráticos de lucha.

El tercer eje guarda relación con la agenda legislativa del gobierno, que es la misma del Fondo Monetario Internacional. Allí están incluidas la reforma de pensiones, la laboral, el mal llamado impuesto democrático de seguridad, la Conmoción Interior, el ALCA, el referendo, que merecen nuestro total repudio. Condenamos también que sean eliminados los derechos extralegales de los trabajadores del Estado.

Y el cuarto compromiso, pero no el menos importante, radica en impulsar la más amplia unidad del pueblo de Colombia contra el imperialismo norteamericano y por la defensa de la producción nacional, tanto industrial como agrícola.

Por último, vale la pena hacer hincapié en que la USO es una institución completamente autónoma, independiente y democrática, y no se encuentra alineada con ninguna organización política. Haremos todos los esfuerzos necesarios por impedir que sea estigmatizada y se convierta en blanco del terror.

Uribe Vélez confirma raponazo al SENA y su afán de debilitarlo.

El 1º de octubre, ante las comisiones séptimas de Cámara y Senado, el gobierno tuvo que destapar la maniobra con la cual procura el marchitamiento del SENA, que consiste en arrebatarle por lo menos 295 mil millones de pesos de los recursos a los que tiene derecho para el próximo año, o hasta 395 mil millones si no se le suman al presupuesto, ya aprobado por las comisiones económicas del Congreso, 100 mil millones que el Ejecutivo ofreció adicionar. La pretensión oficial es birlarle la mitad de los recursos a la principal entidad de capacitación laboral del país.

El viceministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo gala de cinismo al explicar ante los congresistas la manera como se las ingeniaron para hacer el recorte, y violar de paso la Constitución Nacional, que prohíbe utilizar los recursos parafiscales, como son los del Sena o el Icbf, para fines distintos a los taxativamente establecidos. El truco consistió en apropiarse de 295 mil millones de esos dineros, propiedad exclusiva del SENA, y darle por retribución unos títulos de tesorería (TES), para que aparezcan en sus balances, además de la promesa de redimir los bonos en un futuro incierto, «cuando las condiciones fiscales del país lo permitan», según lo manifestó el mencionado funcionario.

Pero la gravedad del designio oficial se revela aún más con el anuncio que hizo ante dichas Comisiones el ministro de Trabajo y Salud, Juan Luis Londoño. Dijo el alto funcionario que la intención del gobierno consiste en imprimirle al SENA «propósitos nuevos», destacando entre ellos, el «desarrollo exhaustivo de la educación virtual», con énfasis en una «cátedra virtual de empresarismo».

Lo anterior completa el cuadro. El gobierno le arrebata a la entidad, en el mejor de los casos, por lo menos 37% de los recursos que le corresponden legalmente y los reemplaza por papeles, lo que obligatoriamente la conduce a incumplir las funciones que ha desarrollado durante décadas. Así, luego de hacerle perder su sitial como una de las instituciones de educación pública más valiosas y apreciadas por las mayorías nacionales, el uribismo le ofrece como perspectiva que se vaya convirtiendo en un «sitio» inocuo de «capacitación» por internet. Todos los colombianos, comenzando por los profesores, estudiantes, trabajadores y padres de familia del SENA, debemos iniciar desde ya la más amplia campaña de resistencia civil para impedir que el gobierno de la «revolución educativa» destruya este patrimonio de los colombianos. Nosotros apoyaremos las decisiones que con ese objeto tomen los mencionados estamentos, y nos uniremos en el Congreso con todos los parlamentarios que se opongan a este nefasto plan gubernamental.