Declaración de Quito: ENCUENTRO CONTINENTAL DE PARLAMENTARIOS SOBRE EL ALCA

(Trascripción del texto sobre el ALCA aprobado por congresistas de México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay, en el Encuentro que se realizó en Quito el 29 y 30 de octubre de 2002. De Colombia asistieron los senadores Gerardo Jumí y Jorge Enrique Robledo Castillo).

Nosotros, parlamentarios de México, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Perú, Colombia, Québec, reunidos en Quito los días 29 y 30 de octubre de 2002, en el marco del «Encuentro Continental sobre el ALCA y el rol de los parlamentos», hacemos la presente declaración, frente a la VII Conferencia Ministerial de Negociación del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Primera: Como delegatarios de la soberanía popular, tenemos el ineludible compromiso de legislar para el bienestar integral y, en consecuencia, para la mejoría de la calidad de vida de nuestras comunidades nacionales.

Segunda: Que a pesar de que los Estados democráticos y soberanos sólo pueden existir y mantenerse con un apropiado sistema de participación e información ciudadana y con un régimen parlamentario fuerte, los ciudadanos de nuestros países y los Parlamentos han sido objeto de un sistemático desconocimiento por parte de quienes llevan a cabo las negociaciones del ALCA. Los textos del ALCA han sido realizados en un escenario de secretismo, con reuniones cerradas, plazos arbitrarios, documentos incompletos y de acceso restringido.

Tercera: Que cualquier acuerdo de «libre comercio» es una decisión política que modifica y determina las condiciones de vida de los ciudadanos, y tiene que ver con la soberanía popular y, por ende, debe ser conocido ampliamente, analizado, discutido y sancionado por los Parlamentos nacionales y refrendado por el conjunto de la ciudadanía.

Cuarta: Que las grandes potencias tienen control sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los mercados, la industria, el comercio, las finanzas, la agricultura y los servicios, a lo que se suman los subsidios a su producción interna, condiciones que determinan que los países latinoamericanos no estén en capacidad de competir.

Quinta: Que la fórmula del «libre comercio», promovida por el ALCA, favorece una política de apertura indiscriminada que arruina la producción industrial y agropecuaria, elimina los derechos de los trabajadores, socava las normas de protección de los consumidores, acrecienta el endeudamiento público, y pone en peligro la conservación del patrimonio económico y natural.

Sexta: Que el ALCA, tal como está concebido reforzará las reformas económicas y la privatización de los servicios públicos esenciales como el agua, la salud, la seguridad social, la educación, la electricidad y las comunicaciones, transformando a los ciudadanos de usuarios de bienes y servicios en clientes de trasnacionales.

Séptima: Que el ALCA pretende consolidar el control de recursos estratégicos como son el petróleo, el agua, la biodiversidad, y el conocimiento ancestral, mediante patentes de propiedad intelectual —entre otros—, en manos de trasnacionales principalmente al servicio de los intereses de una única potencia: los Estados Unidos, que quiere acaparar para sus empresas un mercado de 800 millones de consumidores y consolidar el flujo regular de recursos desde el sur del continente hasta su propio territorio.

Octava: Que otras iniciativas promovidas desde los Estados Unidos como la Organización Mundial de Comercio, el TLCAN, el Plan Puebla Panamá, y la ruta hacia el ALCA, buscan mantener la hegemonía de Estados Unidos en detrimento del desarrollo de nuestros pueblos.

Novena: Que la imposición del año 2005 para que entre en vigencia el ALCA no es aceptable, ya que obliga a los países a adecuar sus instrumentos legales, económicos y políticos sacrificando sus agendas soberanas y violentando la voluntad popular, que en América Latina y el Caribe demuestra que la ciudadanía clama por cambios sociales, justicia y dignidad.

Como representantes electos somos conscientes de la responsabilidad que tenemos ante nuestros pueblos frente al ALCA. En consecuencia declaramos:

Primero: Invitar a los Parlamentos nacionales, como representantes de los pueblos americanos, a discutir y decidir sobre los acuerdos en torno al comercio internacional, en tanto que estos afectan la soberanía y condiciones de vida de los ciudadanos del Continente y a fijar agendas soberanas con relación a la integración. En consecuencia, sugerimos que donde no existan, se constituyan comisiones parlamentarias especiales para atender lo correspondiente al ALCA y otros proyectos de integración comercial similares.

Segundo: Proceder, como paso inicial a estas discusiones, a evaluar los resultados y procesos de varios acuerdos internacionales como son el TLCAN, el Plan Puebla Panamá, la OMC, y otros.

Tercero: Propiciar procesos de integración de nuestros pueblos, en donde haya respeto a la dignidad y a la autodeterminación. Cualquier proceso de integración debe ser equitativo y sostenible, debe satisfacer las necesidades de más 70% de nuestra población que vive en situaciones de extrema pobreza y debe revertir la tendencia de que 70% de nuestras exportaciones sean recursos naturales y materias primas.

Cuarto: Proponemos que se dé una amplia difusión de los documentos que discuten los grupos de negociación, definiendo claramente los países que presentan o apoyan y solicitar que se elimine el carácter secreto que hasta ahora han tenido las negociaciones.

Quinto: Promover la más amplia unidad nacional de empresarios, indígenas, campesinos, obreros y ciudadanía en general para defender el mercado interno como el fundamento de desarrollo de cada Nación.

Sexto: Proponer al Parlamento Latinoamericano, Parlatino, conformar una Comisión especial para abrir el debate continental, mantener la vigilancia sobre cualquier tipo de negociación en torno al libre comercio y ser promotores de la participación ciudadana, cumpliendo el mandato de nuestras representaciones.

Séptimo: Rechazar el ALCA y exhortar a nuestros gobiernos a retirar de las rondas de discusión sus equipos de negociadores, procurando el fortalecimiento de organismos y acuerdos de integración latinoamericana y del Caribe, como son el CAN, Mercosur, Caricom, entre otros.

Octavo: Finalmente expresamos nuestro agradecimiento al Honorable Congreso Nacional del Ecuador y al Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, que se han distinguido por su fraternal acogida y la efectiva conducción de este encuentro parlamentario, contribuyendo notablemente a su resultado exitoso.

¡Otra integración es posible!

Dado en Quito, el 30 de octubre de 2002

Dr. Antonio Posso Salgado, presidente del Congreso Nacional de Ecuador.

Dr. Andrés Aguilar, secretario del Congreso Nacional de Ecuador.

Quito, Ecuador, octubre 29 y 30 de 2002

Contra el ALCA: DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES Y PERSONALIDADES COLOMBIANAS

Entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre se realizó en Quito la VII reunión de ministros de Comercio de los países americanos, con miras a avanzar en la concreción del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Esta reunión fue precedida de más de cien reuniones de diversas comisiones y de tres cumbres de jefes de Estado, por medio de las cuales nuestro país se ha comprometido a suscribirlo en el 2005. El ALCA proyecta crear el mercado regional más grande del mundo como ampliación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, TLC. El acuerdo busca llevar a su máxima ejecución y a obligatorio cumplimiento las políticas y medidas adoptadas bajo la inspiración del Consenso de Washington que, en solo trece años, han devastado en Colombia y en América Latina la capacidad instalada agrícola e industrial, la organización social y la soberanía nacional.

Estados Unidos pretende hacer más drásticas la eliminación de políticas de protección y fomento que aseguren la producción de bienes y servicios esenciales; la libre circulación del dólar y la exportación de capitales; el desempleo masivo de la población; el control que a través de la propiedad intelectual tienen los países más avanzados sobre la ciencia y la tecnología, entre los cuales sobresalen los referentes a alimentos y medicamentos; la preferencia de las empresas extranjeras en las compras y contratos con el Estado; la exclusión por la vía de las concesiones y privatizaciones de las empresas y profesionales nacionales en la contratación pública y privada; la supresión de la competencia de los tribunales nacionales en la solución de litigios con inversionistas extranjeros.

Se anuncia que dentro de las políticas de imposición unilateral de los Estados Unidos y de subordinación absoluta de la mayoría de los gobiernos, si no se realiza una negociación hemisférica colectiva y en las fechas acordadas, se suscribirían acuerdos separados de libre comercio con cada país, con lo que se anularían las posibilidades de una acción conjunta latinoamericana y se agravaría al extremo la crisis general provocada por la apertura.

Por lo anterior:

1. Exigimos la suspensión de la toma de decisiones hasta cuando se realice una consulta popular y se logre el acuerdo mancomunado de las naciones latinoamericanas, y,

2. A semejanza de lo que ha venido ocurriendo a escala universal, invitamos a las más amplias fuerzas nacionales constituidas por empresarios, pequeños industriales, agricultores, trabajadores urbanos y rurales, académicos, profesionales e intelectuales, estudiantes, organizaciones sociales, políticas y religiosas y en general a todos los colombianos a constituir un gran movimiento que clarifique los peligros que implica el ALCA, organice las distintas fuerzas y promueva diferentes acciones, entre ellas un foro a comienzos del año entrante como inicio de una campaña de divulgación sobre los efectos que para el país tiene el compromiso de suscribir tal acuerdo.

Suscrita por: Eduardo Sarmiento Palacio, director del Centro de Investigaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería; Raúl Alameda, secretario perpetuo de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; María Teresa Velásquez, Mujer y Sociedad; Rodrigo Llano Isaza, secretario ejecutivo de la Sociedad Económica de Amigos del País; Lilia Beatriz Sánchez, coordinadora Comité de Altos Estudios de la Sociedad Colombiana de Economistas; Rafael Franco, presidente Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos; Rafael Barrera, vicepresidente Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos; Carlos Rodado Noriega, rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería y ex ministro de Estado; Gabriel Misas, ex vicerrector académico de la Universidad Nacional; Eduardo Umaña Luna, profesor emérito de la Universidad Nacional; Eduardo Kronfly, decano de la facultad de derecho de la Universidad San Martín; Alfredo Molano, escritor y periodista; Enrique Daza y José Fernando Ocampo, por Cedetrabajo y la revista Deslinde; Carlos Alzate, editor; Carlos Corsi, ex senador de la República; Santiago Peña D., escritor; Josefina Acosta, profesora universitaria; Ramiro de la Espriella, periodista; Apolinar Díaz Callejas, ex ministro e historiador; Orlando Fals Borda, escritor y profesor universitario; Carlos Guillermo Álvarez; Edgar Gutiérrez Castro, ex ministro de Hacienda; José Gregorio Hernández, ex presidente de la Corte Constitucional; Eduardo López V., médico psiquiatra; Pedro P. Morcillo, abogado planificador; Juan J. Neira, oficial (r) Asociación pro bienestar de las reservas de las Fuerzas Armadas; Gonzalo Bermúdez R., mayor (r), Asociación de Militares Democráticos de América Latina, Omdelac; Temístocles Ordóñez, Sociedad Geográfica; Gabriel Poveda Ramos, consultor industrial e historiador; Diego Roldán L., consultor; Guillermo Silva, directivo universitario; Rubén Darío Utria, planificador y consultor internacional; Félix Moreno P.; Eduardo Díaz U., ex ministro de Estado; Amílkar Acosta, ex senador de la República; Víctor Ogliastri, comunicador social.

Parlamentarios y legisladores. Senadores: Jaime Dussán, Piedad Córdoba, Antonio Navarro, Carlos Gaviria, Francisco Rojas Birry, Gerardo Jumí, Luis Carlos Avellaneda, Jorge Enrique Robledo, Bernardo Hoyos, Jesús Bernal. Representantes: Venus Silva, Alex López, Wilson Borja, Pedro Arenas, Gustavo Petro. Diputados: Augusto Borrero Durán, del Huila; Oscar E Gutiérrez Reyes, Caldas, Unidad Cívica y Agraria-Moir, Carlos Alfredo Crosthwaite, Risaralda. Concejales: Jesús Guevara, Quinchía, Fernando Ruiz, Belén de Umbría.

Representantes gremiales: Ángel María Caballero, presidente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria; Julio Roberto Gómez, secretario general adjunto de la CLAT y secretario general de la CGTD; Miguel Antonio Caro, CUT; Gloria Inés Ramírez, Fecode; Rodolfo Gutiérrez, presidente de la USO; Aurelio Suárez, presidente de Unidad Cafetera Nacional; Pedro Santana R., y Jorge Bernal M., presidente y director ejecutivo de la Corporación Viva la Ciudadanía; Miguel Hernán Santana, presidente de la Confederación de Asociaciones de Contadores de Colombia; Hernán Pérez Zapata, presidente Asociación de Ingenieros Agrónomos, ACIA; Fabio Lozano Suárez, presidente Federación Nacional de Profesores Universitarios; Gonzalo Arango J., vicepresidente Federación Nacional de Profesores Universitarios; José Tomás Jiménez, representante profesoral en el Consejo Nacional de Educación Superior; Pedro Camargo, presidente Unidad Panelera Nacional; Aldo Cadena, presidente Sindes; Iván Martínez Baquero y Héctor Eduardo Santos, presidente y vicepresidente Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta; José María Amado, director Asociación por la Salvación Industrial; Raúl Arroyave, Fecode; Tarcisio Rivera, Colectivo Sindical Guillermo Marín; Héctor Mondragón, asesor del Consejo Nacional Campesino; Guillermo Cardona M., presidente del Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia; Luis Francisco Verano, dirigente cooperativo; Jorge Gómez, coordinador Salvación Agropecuaria de Antioquia; Alberto Caro, miembro Junta Directiva de Fedepapa; Diego Fernando Duque R., directivo Federación Nal. de Estudiantes de Contaduría Pública; Eduardo Arias, directivo universitario; Orlando Fernández P., presidente Asociación Agropecuaria del Huila; Mercedes Lizcano, presidenta Asociación Agropecuaria de La Plata; Gustavo Mora P., presidente Asociación Dptal. de Usuarios de los Servicios Públicos del Huila; Hernán Torres P., presidente Asociación de Institutores Huilenses; Luis Carlos Fuentes, presidente Sindicato de Educadores de Bolívar; Alfonso Berrío, Asociación de Institutores de Antioquia; Francisco Rinaldi, presidente Asociación de Educadores del Cesar; Enrique Urrea, ACOTV; Isauro Cerón, directivo Junta Acción Comunal Barrio Santa Inés de Neiva; Eduardo Tito Gómez, coordinador nacional de Jóvenes Trabajadores de Colombia; Antonio Forero Mayorga, presidente Asociación de Fondos de Empleados de Bogotá; Alejandro Mayorga S., coordinador general Mesa Nacional de Trabajo Solidario; Alpher Rojas, presidente Corporación Asopúblico Colombia; Norberto Ríos, director general Escuela Nacional Sindical; José Luciano Sanín, subdirector Escuela Nacional Sindical; Jairo Foronda, secretaría técnica Foro Social Antioquia; Diana Obregón; Gustavo Montañés Gómez; Roberto Rengifo E., presidente Asociación Nacional de Usuarios del Sistema Financiero y de los Servicios Públicos, Anusif-Antioquia.

Profesores universitarios y profesionales: Jaime Zuluaga, profesor asociado Universidad Nacional; Jairo Giraldo, profesor titular Universidad Nacional; Gloria Mercedes Escobar, representante profesores al Consejo Académico Universidad de Caldas; María Olga Loaiza, presidenta Asociación de Profesores Universidad de Caldas; María Elvira Escobar, profesora UniCaldas; Nelly Ocampo Osorio, profesora UniCaldas; César Augusto Giraldo, profesor Universidad Nacional; Oscar Robledo Hoyos, profesor universitario; Alberto Niño, profesor Universidad del Tolima; Jorge Aristizábal, profesor Universidad de Antioquia; Consuelo Ahumada, profesora Universidad Javeriana; Juan Pablo Arango P., abogado y profesor universitario; Lucila Romero de Pardo, educadora; Clara Lucía Aldana, matemática; Manuel Hernández, profesor Universidad de los Andes; Octavio Quintero, Clara Inés Domínguez, docente; Clara M. Gómez Cardona, educadora; Clara de Aldana, profesora universitaria; René Vargas, profesor universitario; Jorge Consuegra, crítico literario y periodista; Carlos Romero; Aldemar Torres, físico; Luis Alberto Ávila, economista consultor; Clara López Obregón; Fernando Garavito; María Mercedes Moreno, Colectivo Mamá Coca; Paula Ganistky, coordinadora nacional de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE; Gloria Ines Flórez, Directora Asociación MINGA, Beatriz Helena Santander, Defensoría del Pueblo Manizales; Jairo Estrada M.,Profesor Universidad Antioquia, Jefe Centro de Extensión Facultad Nacional de Salud Pública. Héctor José Arenas A. Fundación América Latina, José Corredor Núñez, U. Cooperativa, Carlos Villamil Chaux, ex ministro de Agricultura y ex gerente de Incora, Gumersindo Olmos, actuario, Fernando Quintero, Planeta Paz.

Siguen más firmas.

En elecciones sindicales: AVANCE DEL MOIR

Como resultado de años de esfuerzos, nuestro Partido logró un gran avance en las recientes elecciones de la CUT, la mayor central obrera del país, y alcanzó en varias de sus seccionales una significativa representación. Igual aconteció en los comicios de Fecode y la USO, tan importantes por su peso político y por el número de afiliados.

Con extraordinario respaldo expresado en los 21.547 votos, las tres listas del MOIR eligieron a Gustavo Triana, Diógenes Orjuela y Álvaro Morales como nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la CUT, ocupando los puestos 6°, 15° y 16° en el orden de votación. Estos resultados superan ampliamente la votación alcanzada en las elecciones anteriores, donde obtuvimos 12.300 votos en lista única, y reflejan el arraigo en el seno del movimiento sindical de una posición revolucionaria y antimperialista, opuesta a las corrientes que concilian y se acomodan a las políticas de globalización.

Resultados similares obtuvimos en Fecode, donde fueron elegidos Raúl Arroyave, con 8.215 votos, la votación mayoritaria; Medardo Hernández, con 5.645, y Elías Fonseca, con 5.296, puestos 9° y 10° dentro de los 15 elegidos.

Durante la campaña electoral, nuestro Partido desplegó la más intensa jornada de reuniones, conferencias, entrevistas radiales y de TV, y publicó numerosos boletines, periódicos, plegables y afiches para explicar el programa y las consignas del Partido.

El respaldo obtenido en los Comités Ejecutivos de CUT y Fecode se complementa con los positivos resultados en las elecciones regionales de CUT, en las que elegimos a más de 30 miembros ejecutivos en Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre y Valle. En algunas de las seccionales obtuvimos la Presidencia, como es el caso de Luis Mendoza en Bolívar, de Robinson Olivares en Cesar y Tulio Álvarez en Sucre. También conseguimos la secretaría general en el Meta, con Timoteo Romero; la segunda vicepresidencia en Risaralda, con Gonzalo Arango; la fiscalía en Boyacá, con Víctor Dávila: la secretaría general en Santander, con Alfredo Muñoz.

En Bolívar, también quedaron en la junta seccional Luis Carlos Fuentes, Carmelo Medina, Luis Ballesteros, Árlex Arias e Inalides Castro. En Cauca, Mery Benavides. En Cesar, la lista encabezada por Victoria Avendaño sacó 19 renglones de 21, entre quienes se encuentran nuestros camaradas Denis Casado, Dora Novoa y Miguel Mojica. En Huila, Gloria Zárate y Belén Cuéllar. En Norte de Santander, Pablo Martínez. En Santander, Enrique Guarín. En Sucre, junto con el camarada Tulio Álvarez, los compañeros Bertulio Carrascal, Édgar Hermosilla, William Paternina, Julián Ángel Rodríguez, Carmen Barreto y Luis Arroyo C. Y en Valle, en coalición, Javier Silva.

La USO

Gratificante reconocimiento por parte de las bases y los dirigentes logró nuestro Partido con la elección de Rodolfo Gutiérrez Niño como presidente de la Unión Sindical Obrera, USO. En las elecciones, celebradas en junio, elegimos además a Roberto Schmalbach, Gerardo García, Danilo Sánchez, Germán Osman y Julio Díaz a la Junta Nacional, junto con otros compañeros que conforman la Asamblea Nacional de Delegados.

Este equipo representa un puntal importante en el propósito de trabajar junto al resto del sindicato para resistir con valentía la ofensiva que el gobierno y las multinacionales adelantan contra Ecopetrol y los trabajadores.


Programa de lucha

Los siguientes fueron los puntos enarbolados en la reciente campaña por los candidatos del MOIR a la CUT

El principal problema de Colombia es la dominación imperialista

La raíz de todos los males que aquejan a la nación colombiana está en la política imperialista que el gobierno de Estados Unidos les impone a los países pobres: pérdida de la soberanía, empobrecimiento de la población, quiebra de la producción nacional y saqueo de los recursos naturales.

Este es el asunto central de nuestras relaciones con Estados Unidos y lo que explica la imposición del modelo neoliberal. Es a esa relación a la que debemos la pérdida del mercado interno, la violación permanente de la soberanía nacional, el crecimiento de la deuda externa, la imposición de políticas económicas y sociales por los organismos multilaterales de crédito, el abaratamiento de la mano de obra, el creciente desempleo y el recorte de las libertades sindicales y democráticas, entre otros males, que no podrán resolverse sin el previo requisito de recobrar la soberanía e independencia del país.

La tarea principal del movimiento obrero es concretar la más amplia resistencia contra la dominación imperialista: combatir sin desfallecer las privatizaciones, la apertura económica, el saqueo de los recursos naturales y la flexibilización del régimen laboral, y acompañar solidariamente todas las luchas y reclamos de los sectores sociales afectados por el neoliberalismo.

La CUT debe crecer y fortalecerse

como una organización de clase

La arremetida del imperialismo y los gobiernos de turno ha debilitado enormemente al movimiento sindical colombiano. La quiebra de la producción industrial y agraria, la pérdida e inestabilidad del empleo, las políticas antisindicales y antidemocráticas en boga, entre otros fenómenos, han disminuido sustancialmente el número de organizaciones sindicales y de trabajadores organizados.

El problema se ha de resolver multiplicando los esfuerzos en la organización, educación y cualificación de nuevos cuadros, y no planteando como alternativa la informalidad de la central, pues esto no es otra cosa que acomodarse a la globalización imperialista y negar el carácter clasista del movimiento sindical. No es correcto abrir la central a todas las organizaciones sociales y ONG. No puede ser que organizaciones distintas a los trabajadores resuelvan los destinos del movimiento sindical. Una decisión como esta hará perder posición y efectividad en la lucha de resistencia.

La CUT debe ser independiente de gobiernos

y patronos y no alineada internacionalmente

El antecedente de los directivos de la CUT que han salido para el Ministerio del Trabajo o para cargos diplomáticos y la evidente pérdida de independencia y autonomía en las relaciones internacionales, particularmente con la CIOSL, nos motivan a reclamar la autonomía de la central frente a gobiernos y patronos y a estipular unas relaciones internacionales basadas en la independencia. Por eso no estamos de acuerdo con la afiliación a ninguna de las confederaciones mundiales, ni con la práctica de recibir ayudas y asistencias que traigan como contraprestación adhesiones o compromisos que empeñen la política de la central.

La CUT y el nuevo gobierno

Es claro para todo el movimiento sindical que con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez habrá un ahondamiento de las políticas neoliberales, se mantendrá el nefasto propósito de incluirnos en el ALCA y se recortarán sustancialmente las libertades sindicales y ciudadanas. Asuntos estos que hacen más perentorio el cambio de actitud en las centrales obreras para encabezar la oposición contra tales despropósitos y defender los intereses de una nación que está siendo sumida en situaciones de extrema pobreza y atraso. La CUT ha de asumir un papel protagónico en esta tarea.


Declaración del MOIR

Sobre la CUT y Fecode

Una vez elegido el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, once de sus miembros constituyeron una coalición mayoritaria integrada por Boris Montes y Ramón Támara, miembros del PSOC, Alvin Anaya, de Unidad Democrática, Benjamín Rizo, de Convergencia Ciudadana, Tarsicio Mora y María del Carmen Trujillo, de Maestros Unidos, Carlos Rodríguez, del Partido Liberal, y Patricia Buriticá, Fabio Arias, Osvaldo Cuadrado y Hernán Correa. Como acto inaugural, esta coalición recurrió a la más burda antidemocracia: impuso de manera sectaria una designación de los cargos directivos de ese Comité que privó de vocería al resto de sus miembros, muy a pesar de que los excluidos obtuvieron cerca de cien mil votos, la mitad de la votación total. Un fenómeno de naturaleza similar aconteció a raíz de las elecciones que definieron la integración del Comité Ejecutivo Nacional de Fecode. Allí, un grupo mayoritario, tan pronto se conformó, se apresuró a desplazar de los principales cargos de representación a tres ejecutivos, militantes del MOIR, desconociendo arbitriamente la apreciable suma de votos que alcanzaron y no obstante que uno de ellos, Raúl Arroyave, obtuvo la votación más alta.

Como una prolongación de este atropello contra la democracia sindical, miembros adscritos al mismo grupo destituyeron de la presidencia de Adida, la organización del magisterio en el departamento de Antioquia, a Alfonso Berrío, también militante del MOIR, lo que evidencia una abierta persecución contra nuestro partido. En efecto, dirigentes de la UD, el Partido Liberal, Maestros Unidos de Tarsicio Mora, el MID y el PSOC, por propuesta de un miembro de esta última agrupación, Rosalba Gómez, arremetieron mediante esa destitución contra la conducción consecuente y democrática que Alfonso Berrío le ha dado al magisterio antioqueño en los últimos tres años. El motivo que se adujo para tal tropelía fue la firme y justa crítica que el compañero Alfonso Berrío desplegó contra la inconsecuente posición de la mayoría del Comité Ejecutivo de Fecode, de negarse a convocar al magisterio al paro del pasado 30 de octubre promovido por las centrales obreras.

Rechazamos la decisión de discriminar y excluir a dirigentes que representan vastos sectores de trabajadores, pasando por encima tanto del volumen de su votación y de su trayectoria en el movimiento obrero. Tal actitud riñe con la democracia que debe regir en el movimiento sindical, de respetar las distintas expresiones políticas de los trabajadores, y más si representan a un considerable sector de las bases.

La corriente del MOIR en la CUT y Fecode continuará guiándose por los postulados con que adelantamos la campaña electoral:

Lucha contra la recolonización imperialista y las políticas de apertura y privatizaciones.

Lucha contra la anunciada imposición del ALCA.

Lucha para que la CUT y Fecode sean independientes del gobierno y los patronos, así como de las organizaciones sindicales influidas por el imperialismo.

Lucha decidida contra el gobierno de Uribe y sus políticas antiobreras y antipopulares, entre las que se encuentran el referendo y las reformas pensional, laboral, tributaria y del Estado.

En consecuencia, nos opondremos resueltamente a las posturas conciliadoras que pretenden postrar al movimiento sindical ante la voraz arremetida del gobierno y el imperialismo, posturas que cifran todas sus esperanzas en la concertación, a la vez que descalifican toda auténtica manifestación de resistencia de los trabajadores.

Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario, MOIR

Comisión Obrera Nacional

Bogotá, 8 de noviembre de 2002

Rodolfo Gutiérrez, presidente nacional de la USO: «EN LA DEFENSA DE ECOPETROL Y DE NUESTROS DERECHOS LABORALES»

La Unión Sindical Obrera, la organización de los trabajadores del petróleo, se apresta a cumplir ochenta años de existencia, justo en momentos en que la arremetida del imperio se ha hecho tan furiosa, que no vacilará, como lo prueba el caso del Iraq, ni en desatar la guerra por el crudo de los demás países.

Al frente de la USO se halla hoy Rodolfo Gutiérrez Niño, un bumangués de 55 años, trabajador de la Refinería de Barranca, a la que ingresó en 1970. Todavía como activista, participó en la huelga de 1971 y en la de 1977. En enero de 1978 fue nombrado por vez primera en un cargo de dirección sindical. Por esta misma época tomó la decisión de militar en el MOIR.

En las elecciones de junio pasado, Gutiérrez Niño llegó a la presidencia nacional de la USO.

Tribuna Roja. Compañero Gutiérrez, ¿cuál es, a su juicio, el principal problema de la política petrolera?

Rodolfo Gutiérrez. Que Colombia no es un país soberano. Resulta muy lesivo para nuestra nación que, en un campo tan estratégico como el de los hidrocarburos, sea el propio gobierno el que esté renunciando a la soberanía económica para beneficiar intereses foráneos.

En anteriores épocas se conquistaron varias disposiciones encaminadas al robustecimiento de Ecopetrol. Una de ellas, el desarrollo de la refinación, que en Barranca tuvo progresos importantes, como la Unidad de Balance, las unidades de crackeo y la petroquímica. Además, en los campos revertidos se mejoró el recobro, la empresa acometió exploración por su propia cuenta y se optimizó y amplió la red de ductos y estaciones de almacenamiento. Se veía a la empresa como motor de la industria petrolera y de la industria nacional. Hoy en día se ha echado atrás tal estrategia.

TR. ¿Cuáles son las medidas que, en su concepto, la revierten?

Rodolfo Gutiérrez. Con el modelo de apertura y privatizaciones que el imperio viene impulsando globalmente desde 1990, la empresa estatal ha sufrido un continuo proceso de debilitamiento. Barco, Gaviria, Samper y Pastrana no hicieron más que reajustar las políticas petroleras para favorecer, no el interés de la nación, sino el de los consorcios extranjeros. Uribe Vélez profundizará el mismo proceso.

La argucia que uno oye en los medios oficiales es que sin inversión foránea no hay ninguna salida, pues somos un país subdesarrollado y sin capacidad técnica; y, además, que ninguna trasnacional se animará a venir si la ley no le otorga generosas prebendas.

Con planteamiento tan servil, los gobiernos neoliberales mermaron sustancialmente el porcentaje que le toca a Ecopetrol en los contratos de asociación. De un régimen de 50-50, en que iban por igual Ecopetrol y la asociada, se pasó a otro de 30-70, en que la parte del león se la llevan las asociadas.

Se añade a lo anterior el creciente recorte presupuestal que ha venido sufriendo Ecopetrol. Es tan enorme y perjudicial, que la empresa se ha visto cada vez más limitada en su actividad independiente. Y, encima de eso, las utilidades que produce la empresa no se reinvierten en la modernización de las instalaciones industriales, sino que se destinan a resolver otros problemas. Aquí el gobierno está aplicando un enfoque distorsionado. Porque es fortaleciendo a la empresa estatal, y no debilitándola, como podrá seguir haciendo ella significativos aportes al presupuesto nacional y a la salud y educación de los colombianos.

Se han hecho sustanciales recortes incluso en el presupuesto básico de Ecopetrol, el del mantenimiento rutinario de las instalaciones, que, por ser áreas de alto riesgo, exigen las más estrictas normas y garantías de seguridad según estándares internacionales. Se ha eliminado por completo el mantenimiento preventivo, y el correctivo tan solo se hace a medias. ¿A qué condujo todo esto? A que por la obsolescencia de los equipos y la inseguridad operacional, se sufrió hace muy poco una parálisis que llevó al desabastecimiento. ¡El Complejo Industrial de Barrancabermeja llegó a tener 1.200 equipos en mal estado! A raíz de la enérgica denuncia de la USO, se emprendió desde el año pasado un plan de choque, pero hasta ahora solo se ha logrado superar la emergencia en 50%.

TR. ¿Cómo incide el recorte presupuestal en la política exploratoria?

Rodolfo Gutiérrez. Del presupuesto operacional, 70% está destinado a atender los desventajosos compromisos que Ecopetrol asumió con el capital trasnacional. Lo anterior desestimula la operación directa y la actividad exploratoria. Los últimos índices muestran que a lo sumo hemos hecho un pozo exploratorio por año, y hay años en que hemos pasado en blanco.

Ecopetrol ha abandonado su misión como empresa industrial y comercial del Estado, que consiste en manejar la riqueza petrolera del país, comprendidas la exploración, producción, refinación, transporte, comercialización y distribución. Desde hace unos quince años se abandonó la actividad básica de perforación exploratoria, absolutamente vital para cualquier empresa de petróleos.

Hay otra desventaja manifiesta frente a los grandes monopolios extranjeros. Ecopetrol se sostiene con los campos que han revertido a la nación, entre ellos la célebre Concesión de Mares, aún en producción después de setenta u ochenta años. Sin excepción ninguna, todos estos campos son devueltos en franco declive. Aun así, con el esfuerzo de técnicos, administradores y trabajadores colombianos, siguen suministrando crudo a las refinerías. Pero mientras que Ecopetrol debe tratar de subsistir con campos ya agotados, a las trasnacionales se les entregan los campos más ricos, como Caño Limón, Cusiana, Cupiagua, Chuchupa y Ballena. Aquí lo que se confirma una vez más es que el problema de fondo es de soberanía.

TR. Se anuncia que también los oleoductos van a ser privatizados.

Rodolfo Gutiérrez. La reforma al Reglamento Operativo del Transporte apunta a privatizar los poliductos. Dicho reglamento va a acabar con el monopolio del que en la actualidad goza Ecopetrol sobre las tuberías que conducen los derivados hacia los centros de consumo, y le permitirá al capital foráneo importar directamente los productos refinados, utilizando la infraestructura de transporte y almacenamiento que hoy tiene Ecopetrol, infraestructura construida por la nación en décadas de esfuerzo.

TR. Algo muy similar a lo ocurrido en Telecom.

Rodolfo Gutiérrez. Exactamente. La Unión Sindical Obrera se ha opuesto a ese proyecto. La actual política de precios en el mercado nacional e internacional desestimula la importación de derivados; pero cuando las condiciones cambien, el país podría verse abocado a tener que parar las refinerías, pues el Reglamento Orgánico del Transporte sacaría de línea la refinación directa.

TR. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el proyecto que busca liberar los precios del gas?

Rodolfo Gutiérrez. Los proyectos que están sobre la mesa y que persiguen eliminar los subsidios a la gasolina, el ACPM y el gas benefician a los inversionistas extranjeros, en abierto perjuicio de la población colombiana. La USO no comparte el argumento del gobierno de que «un alza en los precios no va a incidir en los sectores pobres, porque se trata de un impuesto a los ricos». La verdad monda y lironda es que el encarecimiento de los combustibles y del gas natural hará mucho más precarias las condiciones de vida de las amplias mayorías. Si suben los pasajes y los servicios –pues no hay que olvidar que en Colombia los combustibles alimentan también la generación de energía y, en general, el aparato productivo—, el impacto de la cadena alcista recaerá pesadamente sobre el pueblo.

TR. Es inminente que reviertan al país una serie de contratos de asociación. ¿Qué ha dicho la USO sobre el tema?

Rodolfo Gutiérrez. Desde la época de la Concesión de Mares, la USO ha defendido en forma resuelta que las reversiones han de hacerse efectivas. Recuerden ustedes que esta famosa Concesión, en manos de la Tropical Oil, debía pasar a la nación en forma automática. Pero resulta que el gobierno de Ospina, la Standard Oil y los medios desataron una campaña perniciosa para tratar de demostrar que Colombia no estaba preparada, pues no tenía ni capacidad económica ni técnica ni administrativa. Fue la USO, con la patriótica huelga de 1948, la que forzó la reversión e hizo posible el nacimiento de Ecopetrol. Y se vio que el país sí era capaz.

El propósito permanente de los gobiernos neoliberales y de la alta administración de Ecopetrol ha sido prorrogar los contratos de concesión y asociación que se hallaban a punto de vencer, y de nuevo la USO debió salir al paso para impedir el atropello. Me refiero a los campos de Sabana de Torres, Zulia, Neiva, Cocorná, Putumayo y Castilla. En defensa del interés nacional, la USO convocó numerosos foros, asambleas y movilizaciones, que contaron con la presencia de alcaldes, concejales, diputados y congresistas, además de representantes de todos los sectores sociales y productivos.

Cocorná está a punto también de revertir y, ni corta ni perezosa, la Omimex ha puesto en juego su influencia para obtener la prórroga. La USO exige que se cumpla la reversión y está llamando a la opinión pública a que nos acompañe en tan patriótica campaña.

En resumen, se le quiere quitar a Ecopetrol lo único que le queda, las reversiones. El día que a Colombia se le cierre esa puerta, estaremos signando la liquidación de la empresa.

TR. Uribe Vélez se halla comprometido a fondo con el ALCA. A su juicio, qué repercusiones va a tener este tratado en el sector de los hidrocarburos.

Rodolfo Gutiérrez. El ALCA es la culminación de la apertura, llamada por los círculos del capital financiero imperialista «internacionalización de la economía» o «globalización».

En su ofensiva por apoderarse del mercado petrolero mundial, acudiendo incluso al avasallamiento de países como Iraq, Estados Unidos busca quedarse con todo el crudo colombiano. El ALCA le facilita este proceso, y las beneficiarias serán la Chevron-Texaco, la Exxon-Mobil, la BP-Amoco y demás grandes corporaciones.

TR. ¿Cómo ve usted la situación laboral de los trabajadores de Ecopetrol?

Rodolfo Gutiérrez. Muy difícil. Ha sido una lucha denodada de resistencia para que el enemigo no nos arrebate los derechos adquiridos. Prueba de ello fue la batalla contra el régimen de Gaviria para que no quedaran los trabajadores de Ecopetrol incorporados a la nefasta ley 100.

El Fondo Monetario Internacional les ha exigido a todos los gobiernos, y el de Uribe no es la excepción, adelantar una agresiva arremetida contra salarios y pensiones. Ya está cursando en el Congreso la reforma pensional y se anuncia una drástica reforma laboral, que hará aún más penosa la situación de los trabajadores. Además, en el referendo está incluida la congelación de los salarios.

La USO ha expresado en repetidas ocasiones que saldrá a dar resueltamente la batalla. No se trata de una contienda aislada por defender únicamente nuestro régimen especial de pensiones. Combatiremos al lado de los demás sectores por el interés general de nuestra clase. La USO está abierta a las convocatorias de las centrales obreras y del Comando Nacional Unitario.

Valiéndose de los medios de comunicación, Uribe intenta culpar a los trabajadores por la enorme tragedia en la que la apertura económica ha sumido al país. Pero la clase obrera jamás ha estado al frente de los destinos de Colombia. Ministros como Juan Luis Londoño tampoco cesan de señalar a los trabajadores como un sector de privilegiados, para barrer así los derechos conquistados en setenta años de luchas. En este sentido la USO es vertical, inflexible. No cederemos nuestros derechos y continuaremos animando a nuestras bases y al resto del movimiento sindical y popular a conformar un gran Frente de Resistencia.

TR. Compañero Gutiérrez, cuál es en líneas generales su programa para el período que le corresponde como presidente nacional de la USO.

Rodolfo Gutiérrez. En primerísimo orden, la lucha por fortalecer a Ecopetrol, en contravía de las siniestras intenciones del imperialismo, el gobierno y las trasnacionales. Es el principal reto.

El segundo punto radica en defender la existencia misma de la USO. Impulsaremos la unidad interna y rechazaremos los asesinatos de dirigentes, las detenciones, los despidos, los procesos penales y disciplinarios, los destierros, los secuestros y demás formas de represión contra la actividad sindical. Y, desde luego, nos mantendremos fieles a los métodos democráticos de lucha.

El tercer eje guarda relación con la agenda legislativa del gobierno, que es la misma del Fondo Monetario Internacional. Allí están incluidas la reforma de pensiones, la laboral, el mal llamado impuesto democrático de seguridad, la Conmoción Interior, el ALCA, el referendo, que merecen nuestro total repudio. Condenamos también que sean eliminados los derechos extralegales de los trabajadores del Estado.

Y el cuarto compromiso, pero no el menos importante, radica en impulsar la más amplia unidad del pueblo de Colombia contra el imperialismo norteamericano y por la defensa de la producción nacional, tanto industrial como agrícola.

Por último, vale la pena hacer hincapié en que la USO es una institución completamente autónoma, independiente y democrática, y no se encuentra alineada con ninguna organización política. Haremos todos los esfuerzos necesarios por impedir que sea estigmatizada y se convierta en blanco del terror.

Declaración de Jorge Enrique Robledo: SE INICIA EN SERIO «REVOLUCION EDUCATIVA»

Uribe Vélez confirma raponazo al SENA y su afán de debilitarlo.

El 1º de octubre, ante las comisiones séptimas de Cámara y Senado, el gobierno tuvo que destapar la maniobra con la cual procura el marchitamiento del SENA, que consiste en arrebatarle por lo menos 295 mil millones de pesos de los recursos a los que tiene derecho para el próximo año, o hasta 395 mil millones si no se le suman al presupuesto, ya aprobado por las comisiones económicas del Congreso, 100 mil millones que el Ejecutivo ofreció adicionar. La pretensión oficial es birlarle la mitad de los recursos a la principal entidad de capacitación laboral del país.

El viceministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo gala de cinismo al explicar ante los congresistas la manera como se las ingeniaron para hacer el recorte, y violar de paso la Constitución Nacional, que prohíbe utilizar los recursos parafiscales, como son los del Sena o el Icbf, para fines distintos a los taxativamente establecidos. El truco consistió en apropiarse de 295 mil millones de esos dineros, propiedad exclusiva del SENA, y darle por retribución unos títulos de tesorería (TES), para que aparezcan en sus balances, además de la promesa de redimir los bonos en un futuro incierto, «cuando las condiciones fiscales del país lo permitan», según lo manifestó el mencionado funcionario.

Pero la gravedad del designio oficial se revela aún más con el anuncio que hizo ante dichas Comisiones el ministro de Trabajo y Salud, Juan Luis Londoño. Dijo el alto funcionario que la intención del gobierno consiste en imprimirle al SENA «propósitos nuevos», destacando entre ellos, el «desarrollo exhaustivo de la educación virtual», con énfasis en una «cátedra virtual de empresarismo».

Lo anterior completa el cuadro. El gobierno le arrebata a la entidad, en el mejor de los casos, por lo menos 37% de los recursos que le corresponden legalmente y los reemplaza por papeles, lo que obligatoriamente la conduce a incumplir las funciones que ha desarrollado durante décadas. Así, luego de hacerle perder su sitial como una de las instituciones de educación pública más valiosas y apreciadas por las mayorías nacionales, el uribismo le ofrece como perspectiva que se vaya convirtiendo en un «sitio» inocuo de «capacitación» por internet. Todos los colombianos, comenzando por los profesores, estudiantes, trabajadores y padres de familia del SENA, debemos iniciar desde ya la más amplia campaña de resistencia civil para impedir que el gobierno de la «revolución educativa» destruya este patrimonio de los colombianos. Nosotros apoyaremos las decisiones que con ese objeto tomen los mencionados estamentos, y nos uniremos en el Congreso con todos los parlamentarios que se opongan a este nefasto plan gubernamental.

Actualidad económica: LESIVA REFORMA LABORAL

por Norman Alarcón Rodas

Uno de los proyectos más polémicos presentados por Uribe es el de la reforma laboral. La opinión pública recuerda la ley 50 de 1990, de la cual fue ponente el actual mandatario y en la que se perdieron importantes derechos como la retroactividad de las cesantías y la estabilidad laboral. Se decía que con dicha reforma se reactivaría el empleo, pero sucedió todo lo contrario, pues con la aplicación de la apertura económica el desempleo se disparó hasta llegar a los niveles actuales de cerca del 20%, uno de las mayores del mundo.

Vuelve y juega. Se tomará como trabajo diurno el comprendido entre las 5 a.m. y las 9 p.m., para birlar el recargo nocturno que hoy se reconoce a partir de las 6 de la tarde; los dominicales laborados no se pagarán con remuneración triple sino doble; los festivos se pagarán como sencillos; se reducirá el reconocimiento de horas extras; se disminuirán las indemnizaciones por despidos, aumentando la inestabilidad; y se rebajará el monto del subsidio familiar a los derechohabientes.

Según uno de los ponentes, el senador Oscar Iván Zuluaga, se están haciendo esfuerzos para que la Comisión Laboral del Senado apruebe la rebaja de dos puntos de los recursos parafiscales que van al Sena, al ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar, para destinarlos supuestamente a fortalecer el régimen pensional de prima media del ISS.

Gustavo Triana, del Comité Ejecutivo de la CUT, se opuso a la nueva reforma porque con ella el gobierno está buscando el muerto río arriba. Opina que para reactivar el empleo se requiere detener la apertura y echar atrás las privatizaciones, como también estimular la industria y el agro, con lo cual habría fuentes de empleo. También rechaza el recorte de más del 20% de los recursos parafiscales que provienen de los trabajadores y los empresarios y enfatiza que las Cajas de Compensación, el Sena y el ICBF cumplen importantes funciones sociales y de capacitación laboral, por lo que deberían ser fortalecidas.

Lo que más debilita hoy el régimen de prima media del Seguro Social es la competencia desleal que significan las AFP (Administradoras de Fondos Pensionales), creadas por la ley 100 de 1993 para favorecer al capital financiero con los recursos provenientes de los aportes pensionales. El otro factor que incide en la crisis del ISS es la pérdida de cientos de miles de empleos y la significativa merma en la calidad de los que quedan.

Si se requieren nuevos ingresos para el régimen pensional del ISS, éstos deben provenir del Estado, que le debe al Instituto más de 40 billones de pesos, en vez de seguir esquilmando a los trabajadores y empresarios. Al contrario, se debe defender el trabajo y la producción nacional, actividades claves del desarrollo del país.

AUNAR VOLUNTADES EN LA DEFENSA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

(Mensaje del senador del MOIR, Jorge Enrique Robledo C., al Encuentro de Organizaciones, Instituciones y Empresas afectadas por la crisis textil, evento celebrado en Girardota, Antioquia, el pasado 25 de octubre).

Quiero estar presente en el Encuentro a través de este mensaje, en el que si se me permite, deseo hacer las siguientes reflexiones. En primer lugar merece mi más positiva valoración el hecho de que autoridades civiles y eclesiásticas, junto con empresarios y trabajadores, dejando de lado diferencias naturales, aúnen voluntades alrededor de uno de los más altos intereses de la nación, cuál es la defensa de su actividad productiva.

Es posible que ustedes mismos no alcancen a dimensionar la importancia del paso que están dando, pero puede asegurarles que están brindando una lección ejemplar a los millones de compatriotas que quisieran hacer algo para sacar la nación del atolladero, pero no atinan en la forma de hacerlo. Ustedes identificaron un propósito, unos objetivos y un método correctos, pero sobre todo, tuvieron el valor de hacer coincidir el pensar con el hacer, y emprendieron el camino de construir ese Frente Común, al que sin duda alguna le espera un auspicioso porvenir.

La segunda reflexión que quiero hacerles llegar, es que el camino que hoy emprenden también esta lleno de obstáculos y dificultades, pues lo que en el fondo se va a confrontar, es el modelo impuesto por una potencia que tras su arrogancia y unilateralidad pretende ocultar una debilidad que la carcome de manera ineluctable. La tragicomedia de la última semana alrededor de los aranceles definidos por la Comunidad Andina de Naciones, CAN, es una clara muestra de ello. En un tímido intento proteccionista los gobiernos de las cinco naciones socias de ese acuerdo definieron, como base para el inicio de las negociaciones del ALCA, los aranceles consolidados de la OMC, organización de la que son socios y cuyas resoluciones han aprobado ellos, así como Estados Unidos. Y sin embargo, de inmediato, el vicesecretario para Servicios Agrícolas del Departamento de Agricultura de EU, J.B. Penn, advirtió que «el gobierno de su país no está dispuesto a aceptar que los países andinos notifiquen aranceles mayores a los que están vigentes», según lo registró La República, el 23 de octubre.

De forma inmediata, el Presidente de la República, aparece presto a enmendar la plana, y a garantizar al imperio que regresaremos sumisos a los aranceles anteriores. Y el personaje que aparece legitimando semejante despropósito, y como el que a nombre de los colombianos abogó para que se corrigiera el supuesto yerro, es ni más ni menos que quien funge como vocero de los industriales colombianos, el señor Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI.

Es decir, no es una autopista pavimentada y de ocho carriles la que han escogido. Es una senda dura, tanto por que confronta intereses poderosos y mezquinos, como porque algunos de los que se pudiera pensar que son amigos de la causa, lo son en verdad de la contraria. Pero si de algo estoy totalmente seguro es de que si persisten en los objetivos, si preservan la unidad y despliegan toda la iniciativa creativa que caracteriza a nuestro pueblo, no sólo obtendrán importantes conquistas, sino que le habrán prestado un gran servicio al país.

En lo que a mi respecta, cuenten con todo mi respaldo. Me identifico plenamente con el enunciado de la convocatoria, en el que expresan que «sin protección oficial a cada uno de los eslabones de la cadena (textil) no es viable esta actividad en Colombia».

Además el propósito de defensa de la producción nacional encaba exactamente en uno de los ejes del programa de lucha con el que obtuvimos esta curul, y seré el vocero de su causa en el Senado, pero muy especialmente, en las luchas y movilizaciones que los trabajadores y empresarios, así como los pobladores, concejales, diputados, alcaldes, sacerdotes, obispos y personalidades de los municipios que giran alrededor de esta actividad productiva, deberán librar para hacer prevalecer la fuerza de la razón, mediante la razón de la fuerza masiva y civilizada.


Proposición presentada al Encuentro Textilero

de Girardota el pasado 25 de octubre

El Encuentro de Instituciones, Empresas y Organizaciones afectadas por la crisis textil, realizado en el municipio de Girardota el día 25 de octubre de 2002,

Considerando

Que la crisis por la que atraviesa la producción textil colombiana, que afecta la cadena completa, desde las fibras naturales y sintéticas, hasta las confecciones, no es una crisis coyuntural sino de tipo estructural, y tiene como causa principal la apertura de nuestro mercado sin ningún tipo de contraprestación de parte de quienes se benefician de ella.

Que la defensa del mercado nacional, como destinatario natural y principal de nuestra producción, es la médula espinal de una solución integral a la crisis prolongada y creciente del sector.

Que las ventas en el exterior, aunque juegan un papel importante en los ingresos de la cadena, deberán ser consideradas subalternas, por tratarse de ventas en mercados muy volátiles y en los que ni los productores ni nuestras autoridades pueden incidir.

Que sin reglas claras de juego, abastecimiento oportuno y seguro de materias primas, protección suficiente frente a la competencia desleal, el dumping y el contrabando abierto o técnico, y facilidades para el acceso a créditos que permitan una adecuada reconversión y modernización de nuestras plantas, la cadena algodón-fibras-textil-confecciones oscilará permanentemente entre la crisis y la amenaza de desaparición.

Resuelve

Presentar al Gobierno Nacional un listado de medidas que se deberán adoptar como condición necesaria para la solución de esta crisis estructural, y que se resumen de la siguiente forma:

Fijar niveles arancelarios suficientes que impidan la competencia desleal y el dumping, protegiendo a todos y cada una de los eslabones de la cadena, sin excepción.

Adopción de una lista de precios estimados, para el control del contrabando técnico y la subfacturación. Estos precios han de adoptarse consultando las cotizaciones internacionales, estudios de costos reales de producción en distintos orígenes, y el criterio de los productores nacionales.

Adopción de una política de crédito que permita las reconversiones y modernizaciones de la cadena, liberando al sector de las variaciones drásticas de las tasas de interés y de los escandalosos márgenes de intermediación.

Establecimiento de un Fondo de Garantías que le restablezca a los productores de la cadena la condición de sujetos de crédito.

Elaboración de un plan de choque que resucite la producción algodonera nacional, y de esta forma garantizar el suministro oportuno, estable y a precios preestablecidos de esta materia prima básica.

Fijación de una tasa de cambio competitiva y predecible, que al tiempo que facilite las exportaciones, proteja el mercado interno.


Amplia representación de sectores empresarial, sindical y político tuvo Encuentro Textilero de Girardota

En la Casa de la Cultura de Girardota, y presidido por el alcalde, Jorge Londoño, el obispo de la diócesis de Girardota, monseñor Héctor Salah Zuleta, el vicepresidente del Concejo, Martín Alonso Bustamante, el director ejecutivo de la Corporación Pro Aburrá Norte que agremia a las 34 más grandes empresas de los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, y por el presidente de Sinaltradihitexco Girardota, sindicato mayoritario de los trabajadores de Enka de Colombia, Fernando Hernández, se llevó a cabo el viernes 25 de octubre el Encuentro de Organizaciones, Instituciones y Empresas afectadas por la crisis textil.

Entre las personalidades presentes cabe destacar al representante a la Cámara Óscar Suárez Mira, los diputados de la Asamblea Departamental, Jaime Cano, primer vicepresidente, Alonso Tobón y David Jaramillo, el alcalde de Barbosa, Gildardo Correa, el director ejecutivo de la Cámara Algodón Fibras Textil Confección de la ANDI, Carlos Eduardo Botero, representantes de las empresas Fabricato y Enka de Colombia, el secretario de asuntos textiles de la subdirectiva CUT de Antioquia, Guillermo Idárraga, el representante de la CGTD, Fernando Cadavid, a la vez presidente del Sindicato de Vicuña, el presidente de Sintratextil Nacional, Jairo Osorio, el presidente de la subdirectiva de Sintratextil en Girardota Alcides Salazar, el presidente nacional de Sinaltradihitexco, Amado Correa, y el presidente de Utratexcoc, Jorge Díaz.

EN EL CASO DE LOS MEDICAMENTOS GENERICOS URIBE CEDIO A LAS EXIGENCIAS DE ESTADOS UNIDOS

Con la expedición por parte de Álvaro Uribe Vélez del decreto 2085, el cual le prohibirá a la industria farmacéutica nacional la producción de nuevos medicamentos genéricos, hasta por cinco años, el gobierno, como era previsible, se sometió a los intereses de las multinacionales, que a través del gobierno de los Estados Unidos venían presionando para que se impusiera esa decisión antinacional, bajo el sofisma de la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Indigna aún más el apresuramiento mostrado en producir el decreto, para usarlo como carta de presentación en la visita a Washington, que advirtió perentoriamente que las «ventajas» que Colombia obtendría con la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, Atpa, estarían en entredicho si no se tomaba esa determinación.

En síntesis, Uribe concedió mansamente una prerrogativa que afectará la salud de la población y golpeará la industria farmacéutica nacional, a cambio de unos beneficios comerciales dudosos, que principalmente benefician a las propias compañías norteamericanas que son las que hacen la mayor parte de las exportaciones del país.

Las graves consecuencias de la decisión son incalculables en el mediano y largo plazo. Baste decir que los medicamentos «de marca» son más costosos que los genéricos entre 60% y 80%; que las entidades de salud pública deberán asumir costos anuales de cientos de miles de millones de pesos más, y que las condiciones de competencia de la industria nacional con las trasnacionales se complicarán aún más.

Resultan falaces todos los argumentos utilizados para defender la decisión oficial. En primer lugar, el de que los famosos derechos de propiedad intelectual estimulan las iniciativas que conducen al desarrollo, cuando se sabe que uno de los baluartes del progreso de los países industriales fue, durante todo el siglo XIX y parte del XX, su explícita negativa a aceptarlos, y cuando los avances científicos deben ponerse al servicio de la solución de las carencias de la humanidad y no en provecho de los magnates del mundo. Pero también los hechos han demostrado que no era cierto, como se dijo a comienzos de la década pasada, que si Colombia se allanaba a la introducción de patentes, como en efecto se hizo, se dispararía la inversión extranjera en el sector. Lo que sucedió fue que las factorías extranjeras de drogas pasaron de 31 a 11, y el promedio de su inversión anual que entre 1994 y 1998 fue de 70 millones de dólares, bajó, entre 1999 y 2000, a 37 millones. Además, sus importaciones superaron los US$ 420 millones.

La decisión gubernamental también confirmó los temores expresados por empresarios nacionales del sector, que advirtieron oportunamente sobre los «tremendos costos económicos y sociales» que ocasionaría, y quienes también han denunciando que el gobierno ha permitido que en las reuniones en las que se define la posición colombiana frente al Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) participen masivamente los abogados de las trasnacionales que operan en el país.

Lo que sigue, entonces, es preparar la resistencia civil de la mayoría de los colombianos, para que ni las medidas contra la producción de medicamentos genéricos, ni la grave amenaza del ALCA logren concretarse.


Grave atentado contra industria farmacéutica nacional

El día jueves 19 de septiembre el gobierno nacional expidió el decreto reglamentario número 2085 que lleva las firmas del presidente Álvaro Uribe y del ministro de Salud y de Trabajo, Juan Luis Londoño, por medio del cual se estipula que el Estado colombiano a través del Invima protegerá los medicamentos producidos por las trasnacionales y se prohíbe la fabricación y venta de drogas genéricas en el país, es decir, las copias de las originales, las cuales hacen parte del conocimiento universal. Inicialmente la medida tendrá una vigencia de tres años, pero a partir del cinco de septiembre del 2005 se ampliará a otros dos; en definitiva las impresionantes gabelas para las firmas foráneas se extenderán por cinco años.

Según estudios de los investigadores de Fedesarrollo Luis Alberto Zuleta y Juan Carlos Junca, el impacto económico sobre los colombianos de esta medida tiene un costo por año de 777 millones de dólares, ganancias que se llevarán las empresas trasnacionales a sus países de origen. Esto son más de dos billones de pesos, pero como la medida es por cinco años la suma alcanzaría los diez billones de pesos.

El gobierno, según informa El Tiempo del 20 de septiembre, atendió las presiones del gobierno de Estados Unidos para poder acceder el país a unos supuestos beneficios del sistema de aranceles andinos para las exportaciones conocido como Atpa, faltando por cumplir otras exigencias coloniales como la aceptación de todos los fallos de los tribunales internacionales como el caso de Termorrío, que a pesar del fallo favorable al país por parte del Consejo de Estado le exigen al gobierno que acate la sentencia internacional y no la interna. Están también en la mira los fallos a favor de las trasnacionales de las comunicaciones y en contra de Telecom por cerca de dos mil millones de dólares.

Los principales afectados con este decreto gubernamental son los colombianos que padecen enfermedades y dolencias, ya que tendrán que pagar sumas superiores a las actuales por los medicamentos que requieren; la industria farmacéutica nacional que podría ser barrida al no poder fabricar drogas genéricas; el ISS y las EPS que sufrirán grandes pérdidas y, lo peor de todo, se lesiona la soberanía económica por cuanto es una decisión claramente a favor de intereses foráneos que se toma atendiendo presiones de una potencia extranjera que se siente dueña del mundo. Sigue teniendo toda su vigencia la necesidad más sentida del país, cual es la defensa insobornable del trabajo, la producción y la soberanía nacional.

FROYLAN PELÁEZ Y ENRIQUE MOLINARES

Froylán Peláez

Desde hace 28 años, Froylán Peláez Zapata militaba en el MOIR. Su profunda convicción y recia personalidad hicieron de él un cuadro político de primera línea en Adida, el sindicato del magisterio antioqueño. Además de su presencia permanente en las movilizaciones de los educadores, era posible verlo compartiendo con los habitantes de la Comuna de Belén en batalla contra la valorización, o con la gente del norte del Valle del Aburrá, ayudándoles a protestar por el cobro de un arbitrario peaje, o con los arruinados productores del suroeste antioqueño, en la organización de Unidad Cafetera y Salvación Agropecuaria.

Al momento de su trágica muerte, el camarada Froylán Peláez era integrante del comité ejecutivo de la CUT-Antioquia, hacía parte de la Comisión Obrera Regional de nuestro Partido y atendía el trabajo sindical partidario en el oriente antioqueño.


Enrique Molinares

En julio del presente año falleció Enrique Molinares Dugand, barranquillero nacido hace sesenta años y destacado dirigente de nuestro Partido. Era ingeniero químico de la Universidad de Antioquia y estaba vinculado a la zona de Urabá desde 1966 como productor de banano. Fue dirigente liberal y presidente del Concejo de Apartadó en varias ocasiones. En 1975 se apartó del oficialismo, formó el Movimiento de Unidad Liberal y, en alianza con el MOIR, participó en la campaña presidencial de Jaime Piedrahita Cardona. Posteriormente, le pidió personalmente a Mosquera militancia en nuestro Partido. Desde cuando el fundador y jefe de nuestra colectividad avizoró en 1990 la terrible suerte que correría Colombia bajo el modelo neoliberal, Molinares se convirtió para él en uno de los principales soportes en el estudio del fenómeno.

Al momento de fallecer, Enrique Molinares formaba parte del Comité Regional de Antioquia, era el Secretario Zonal del MOIR en Urabá y desempeñaba una activa labor en Cedetrabajo.

Le sobreviven su esposa Lilia Arévalo, sus hijas Lucila Beatriz, Liliana Marcela y Pilar Andrea y su padre, de 87 años, Enrique Molinares.

«INTERVENCIONISMO DE ESTADOS UNIDOS NO HARÁ SINO PRENDER LAS LLAMAS DEL LEVANTAMIENTO EN TODO EL MEDIO ORIENTE»

Eduardo Kronfly, decano de la facultad de Derecho de la Universidad San Martín, es colombiano, hijo de sirios cristianos llegados al país a finales del siglo XIX. Gran parte de su vida la ha dedicado a una consecuente acción en pro de sentidas causas antiimperialistas de los pueblos del mundo. Ha apoyado con tesón las luchas de liberación nacional de los países de América Latina, y fue uno de los principales abanderados de la solidaridad con la lucha de liberación del Vietnam contra los agresores norteamericanos. Lleva años entregado a la defensa de la causa palestina, al punto que hoy forma parte del movimiento por la independencia de esa nación y por la construcción de su Estado. El doctor Kronfly sostuvo con Tribuna Roja una amable y apasionante conversación, sobre la diversa gama de asuntos que componen la heroica lucha de ese pueblo.

«La opinión mundial presta solo atención al palestino que se inmola en una calle de Israel, pero no a los bombardeos inmisericordes sobre el campo de refugiados de Jenín. La gente no se da cuenta de eso. Lo que debe denunciarse principalmente es el terrorismo de Estado de Israel.

«Los palestinos tienen, en esta última intifada, mil quinientos muertos, sin contar los de Jenín ni los de Ramala. Los israelíes, con sus tanques, con sus aviones, con sus ojivas, han puesto trescientos muertos. No se trata de hacer una contabilidad. Pero, ¿por qué es terrorismo que mueran trescientos israelíes y no es terrorismo que mil quinientos palestinos caigan, víctimas de la violencia desatada por el segundo ejército mejor armado y más moderno del planeta, después del de Estados Unidos, el principal aliado de Israel? La violencia es mucho más grave cuando proviene del Estado.

«¿No fue terrorismo la tenebrosa masacre perpetrada por Sharon en Sabrá y Shatila? ¿No fue terrorismo lo que hizo la ultraderecha judía, actualmente en el gobierno, al asesinar al primer ministro Yitzhak Rabín cuando estaba bien avanzado el tratado de paz con Arafat? ¿Y no fue terrorismo el asesinato aleve de Abu Yihad, el segundo hombre de la OLP, delante de su mujer y de sus hijos, por comandos israelíes?» Las anteriores frases, pronunciadas con indignación por Kronfly, fueron el abrebocas de nuestra charla.

Tribuna Roja. Una de las acusaciones que le hacen los grandes medios de comunicación y los gobiernos de Occidente a la Autoridad Palestina es que no fue capaz de cumplir los acuerdos de Oslo al no acertar a controlar a los sectores violentos.

Kronfly. Esa es una presentación maliciosa y sesgada. Desde Oslo, llevamos diez años de conversaciones. En ese lapso, para los palestinos no ha habido sino ilusiones y violencia. Ariel Sharon llega al gobierno en los últimos dos años de este período y lo primero que hace es ir a desafiar a los palestinos en la mezquita de Jerusalén.

Durante todo ese tiempo, Estados Unidos e Israel han presionado a Arafat para que encarcele a sus propios compatriotas, liberando de la tarea del mantenimiento del orden público al ejército israelí, que está ocupando los territorios palestinos. Si con la más sofisticada y experimentada maquinaria militar y de espionaje que hoy existe, como es la israelí, no pueden controlarlo, ¿cómo Arafat, casi sin armas, sin policía, y sin ejército, va a lograr hacerlo? Eso no cabe en ninguna cabeza.

Como hasta ahora las conversaciones han sido estériles, a Arafat se le han salido algunos sectores de las manos. Hay una inmensa población que no quiere más conversaciones. Hay otros sectores que están desesperados. Ha surgido un movimiento nuevo dentro del territorio israelí, que no le obedece a Arafat. Es el Hamás, que se inició con el levantamiento de miles de estudiantes, apoyados por religiosos, los Camilos Torres de allá, y que se fue fortaleciendo con la intifada. Estados Unidos e Israel, al exigirle a Arafat que los encarcele, lo que persiguen es desacreditarlo ante el mundo, presentándolo como un hombre incapaz, y ante sus propios compatriotas, como un enemigo.

TR. Diversos análisis de los primeros años posteriores a los acuerdos de Oslo, daban a entender que los palestinos apoyaban cada vez menos los actos individuales de terrorismo, pero esa tendencia ha venido cambiando, ¿cuáles cree que son las razones de este hecho?

Kronfly. Los acuerdos de Oslo se firmaron entre Israel y la OLP de Arafat, que representa a los cuatro millones de refugiados que bordean las fronteras de Israel. Allí está la fuerza de la OLP, cuyo máximo organismo es el Consejo Nacional Palestino, que se reúne en el exilio, en Túnez, y está integrado por cuatrocientas treinta personas.

Pero hay organizaciones por fuera de la OLP que no los aceptan. Son las que agrupan o representan a los dos millones de palestinos que viven dentro del Estado de Israel como ciudadanos de segunda categoría y en la miseria absoluta.

La palabra intifada, o levantamiento, significa la rebelión interna dentro del Estado de Israel contra su maquinaria militar y ocurre por fuera del control de Arafat. Sin embargo, paradójicamente, con motivo de los últimos sucesos, Arafat, cercado en Ramala, desconceptuado por las cadenas norteamericanas ante la opinión pública mundial, recuperó un prestigio del que no gozaba desde hacía mucho tiempo.

TR. Otro argumento recurrente en la propaganda occidental es que la Autoridad Palestina fracasó como gobierno en todos los campos.

Kronfly. En las conversaciones de paz, si hay justicia, debe partirse de la Resolución 242 de la ONU, que ordena a los israelíes replegarse a los territorios que ocupaban antes de la Guerra de los Seis Días, y la desocupación de las áreas tomadas posteriormente.

Fueron las mismas Naciones Unidas las que partieron en dos a Palestina. Le dejan al Estado de Israel la franja sobre el mar Mediterráneo y las mejores tierras del interior. A los palestinos les reservan las zonas más áridas. La Resolución 242 insiste en que el punto de partida de las negociaciones es que el ciento por ciento de la zona otorgada por la ONU sea exclusivamente para los palestinos y que de allí se retire el ejército israelí de ocupación.

En las negociaciones a partir de Madrid y de Oslo, Israel se niega a entregar la mitad del territorio reservado exclusivamente a los palestinos por la ONU. Entonces, una inmensa mayoría de palestinos se opuso a dicha imposición.

TR. En 1993, entrevistamos a Jaime Salem, representante en Colombia del Consejo Nacional Palestino, quien se mostró optimista sobre la fundación en un plazo breve del Estado palestino. ¿Qué tanta responsabilidad por el fracaso de dicha tentativa estaría en que temas cruciales como los de la fecha de nacimiento del nuevo Estado, los asentamientos, los refugiados, la capital, las aguas, entre otros, quedaran para definirse con posterioridad?

Kronfly. Es muy fácil hablar de paz en la literatura periodística y ser optimista cuando se está en conversaciones. Pero la realidad de las negociaciones no nos permite serlo. ¿Por qué? Porque hay temas cruciales que Israel se empeña en dejar por fuera y, sin ellos, ninguna paz será legítima ni justa. El tema de las aguas, por ejemplo. ¿Cuáles aguas? No hay más río que el Jordán. Dentro de las actuales negociaciones, 95% de las aguas se reservan para Israel y solo 5% para los palestinos.

En segundo lugar, los israelíes no aceptan siquiera que se ponga sobre la mesa la repatriación a sus tierras de origen de cuatro millones de refugiados palestinos, pues, según ellos, el regreso de tal cantidad de población alteraría sustancialmente el equilibrio demográfico actual.

En tercer lugar, las autoridades israelíes no aceptan levantar los asentamientos judíos dentro del territorio reservado por la ONU para Palestina, verdaderas fortalezas militares enclavadas en medio de áreas pobladas por palestinos. No solo no lo aceptan, sino que siguen estimulando la penetración de nuevas oleadas de colonos fuertemente armados, como es el caso del millón de judíos llegados desde Rusia en el último año. Y, además, se oponen a que sean claramente fijadas las fronteras.

En cuarto lugar, el estatuto para Jerusalén, poblada históricamente por palestinos de las tres religiones: musulmana, cristiana y judía. Israel ha declarado que Jerusalén es su capital única e indivisible y que no cederán un milímetro de ella. La contraparte exige que la Jerusalén oriental sea preservada como capital del nuevo Estado palestino.

En quinto lugar, no se retiran las tropas de Israel del territorio reservado por la ONU a los palestinos. La ocupación se mantiene, so pretexto de la protección de los asentamientos judíos.

Y, en sexto lugar, está el asunto del Estado soberano palestino, como derecho inalienable de esa nación. Israel se niega a admitirlo. Tampoco admite que los palestinos tengan su propio ejército. Sobre las bases anteriores, no podrá haber acuerdo ni compromisos de paz.

La estrategia estadounidense-israelí en las negociaciones es la de negociar por pasos. Desocupamos una porción del territorio reservado por la ONU a los palestinos, a cambio de que ustedes nos concedan tal cosa. Desocupamos otra parte, a cambio de tal otra concesión. Lo del Estado, lo discutimos después. Lo de las aguas, lo de los refugiados, lo discutimos después.

TR. En su opinión, la lucha de los palestinos sí está ligada estrechamente a la de los demás países árabes.

Kronfly. Sí, y también al precio del petróleo. Que el nacionalismo se ha ido fortaleciendo, es un hecho innegable. Algo viene ocurriendo en tal sentido desde la Guerra del Golfo en 1991. Es bien sabido que fue la monarquía de Arabia Saudita la que financió en buena parte la agresión norteamericana contra Irak y la que prestó su territorio como base militar. Como respuesta a tal felonía, hubo manifestaciones en las principales capitales de todos los países árabes. Cientos de miles de personas protestaron contra Estados Unidos. Por las calles de El Cairo desfiló un millón de personas. Semejante respuesta, hizo que el rey saudita le pidiera a Bush padre que le ayudara para poder mostrarle a la inmensa nación árabe algunos resultados de paz entre palestinos e israelíes. Bush, entonces, revivió el proceso de paz con los palestinos, el que continuó Clinton.

TR. En los últimos meses la situación tiene algunas similitudes con la que está describiendo, no sólo los pueblos de la zona, sino inclusive los aliados de Estados Unidos: jeques, reyes y potentados, han empezado a exigirle que le dé salida a la cuestión palestino-israelí. Esto, además, compromete el objetivo gringo de que estas naciones le sirvan de peones de brega en el derrocamiento de Saddam Hussein.

Kronfly. Hay dos aspectos ahí. Lo primero, sigue en marcha el proceso nacionalista, que ya cumple ciento cincuenta años, con dos hechos relativamente recientes: Irak e Irán independizan el petróleo rescatándolo de las manos estadounidenses y británicas. Son en conjunto siete millones de barriles diarios que escapan a la égida directa de Wall Street. A lo anterior se añade que, por primera vez, el nacionalismo empieza a invadir al principal productor, Arabia Saudita. La respuesta de Estados Unidos a este ascenso del nacionalismo árabe es ordenarle al ejército israelí que apriete a sus vecinos.

Lo segundo, como consecuencia del nacionalismo, es la inquietud que comienza a aflorar entre los reyes y jeques de Arabia Saudita y de los Emiratos y en el gobierno de Egipto.

En la situación actual, por la agresividad de Estados Unidos e Israel después del 11 de septiembre, puede que no esté muy a la mano la concreción del Estado palestino. Pero yo les diría, tomando un viejo adagio: no hay imperio que dure cien años ni pueblo que lo resista. En Arabia Saudita, Egipto, Argel, las cosas están cambiando. Y cuando cambie la correlación de fuerzas en los países árabes más ricos, tanto en lo político como en lo militar, la situación para los palestinos también tendrá que cambiar.

Aquí enfrenta Bush una gran dificultad, porque si no le da una salida presentable al conflicto palestino-israelí, es dudoso que pueda unificar a los países árabes en el propósito que se ha fijado Washington de derrocar a Sadam Huseín, parte del «Eje del Mal», junto con Irán y Corea del Norte.

Sea como fuere, cualquier intromisión norteamericana en los asuntos internos de Palestina seguirá siendo nefasta para esa nación y para todo el mundo árabe. Como ya se demostró con la Guerra del Golfo, el intervencionismo de Estados Unidos no hará sino avivar los levantamientos en todo el Medio Oriente.

TR. Para mayor comprensión, detállenos cómo está distribuida en la actualidad la población palestina.

Kronfly. En 1918, poco tiempo después de la Declaración Balfour y cuando los ingleses se apoderan de Palestina tras la caída del imperio otomano, había 660 mil palestinos, 60 mil de ellos de religión judía. Los ingleses los censaron como judíos, pero no le dijeron al mundo que eran palestinos nativos de religión judía, que convivían pacíficamente con los demás palestinos de religión musulmana y cristiana.

Partido en 1947 el territorio de la antigua Palestina –una Palestina de seis mil años de existencia, por donde han pasado todos los imperios pero todos han salido—, las Naciones Unidas les reservaron a los palestinos la parte interior, desértica. En ese momento, la proporción de habitantes era de 1.100.000 palestinos, todos nativos y campesinos, y 500 mil judíos, provenientes de Europa y desplazados por el sistema nazifascista. Eran principalmente alemanes y polacos de religión judía, un cuerpo extraño trasplantado a la región del Medio Oriente pero recibido por los árabes con su tradicional hospitalidad.

El Estado de Israel es, por ende, una creación artificial. Las Naciones Unidas lo aprueban en el mismo momento en que Estados Unidos necesita una punta de lanza en el Medio Oriente. Aprovechando que Gran Bretaña ha quedado en la ruina después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se queda con las acciones que poseían los ingleses en las grandes compañías petroleras que operaban en el Golfo Pérsico. El nuevo imperio, dueño ya del petróleo, precisa con urgencia de un satélite que le sirva de gendarme. Utiliza entonces para tal fin a esos pobres judíos trasladados desde Europa, que en sus países de origen hacían parte del proletariado. Todo, para que el imperio de Estados Unidos pueda ser dueño de los veinte millones de barriles diarios que produce el Golfo Pérsico. Este es el problema de fondo.

TR. ¿Hay palestinos que sean ciudadanos de Israel? Los cuatro millones de refugiados palestinos ¿qué nacionalidad tienen?

Kronfly. De los seis millones de habitantes del Estado de Israel, dos millones son palestinos, nativos todos del Medio Oriente, vistos como ciudadanos de segunda clase e influidos en buena parte por el Hamás. Durante esta segunda intifada cuando por primera vez ciudadanos israelíes se levantaban contra su propio gobierno, los que lo hacen son precisamente integrantes de estos dos millones de personas.

Lo segundo es difícil de contestar. En estricta lógica jurídica, el palestino nacido en un campo de refugiados de las afueras de Beirut es libanés. El niño que nace en un campo de refugiados de Siria, es sirio. El que nace en un campo de refugiados en las afueras de Ammán, donde hay millón y medio de palestinos habitando en tugurios, es jordano. Sin embargo, hay tal conciencia de patria, que ellos se consideran a sí mismos palestinos, primero que todo.

TR. ¿En qué condiciones económicas viven los refugiados palestinos.

Kronfly. En la absoluta miseria. Las Naciones Unidas les tiene asignadas unas cuotas de harina de trigo, que en la actualidad es el único alimento del que disponen. Los campos son tugurios de latas y cartones, sin acueducto, sin alcantarillado, en medio de un hedor insoportable, y sin los más mínimos elementos de salubridad. Los viejos, las mujeres y los niños viven muertos de hambre, en condiciones infrahumanas. Jóvenes no hay, porque casi todos están por fuera. El territorio de Gaza, con un millón de palestinos, carece de agua, luz y alcantarillado. Yo presencié su situación. Es lo más lamentable que he visto en mi vida.

TR. ¿Cómo es la actual composición de las fuerzas políticas dentro del movimiento palestino por la independencia nacional?

Kronfly. Dentro de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, cuyo máximo organismo es el Consejo Nacional Palestino, hay siete tendencias, que representan partidos políticos, grupos de exiliados, gremios de profesionales, maestros y grupos religiosos, musulmanes y cristianos. Entre los partidos, el más fuerte es Fath –aquí decimos Al Fatah—, que quiere decir «La Antorcha» o «El que va adelante iluminando», es de centro-izquierda. Hay dos partidos marxistas, el Frente Popular y el Frente Democrático. Y por fuera de la OLP están el Hamás y la Yihad Islámica.

TR. ¿A qué se debe el liderato de Yasser Arafat?

Kronfly. Primero, porque es un gran negociador y cuenta con una gran autoridad moral, por haber sido durante veinte años un combatiente en los campos de batalla. Y segundo, porque es el jefe del movimiento mayoritario.

TR. Se han levantado voces a denunciar que lo que en última instancia pretende Ariel Sharon es la limpieza étnica, expulsar a todos los palestinos de Israel e incluso de Cisjordania, para crear un Gran Israel, o Heretz Israel, el sueño del sionismo.

Kronfly. Los ataques genocidas a Jenín, Ramala, Nablusa y Belén, incluida la basílica cristiana y los conventos que la circundan –varios de los cuales fueron destruidos—, perseguían sacar a los palestinos de sus hogares. Y en efecto, muchos salieron.

Israel negoció con las dos Iglesias, la católica y la ortodoxa, el levantamiento del sitio a la basílica, donde murieron de hambre varios palestinos, cristianos todos. Hubo quince muertos. Los primeros niños que salieron lo hicieron con dos cadáveres. Los testigos narran que estaban viviendo al lado de la podredumbre.

TR. ¿Cómo visualiza el futuro del conflicto?

Kronfly. Ya incluso se empiezan a ver reacciones dentro de la misma opinión pública israelí. Las encuestas dentro del Estado de Israel desfavorecen hoy a Ariel Sharon. Hay contradicciones entre Sharon y Peres, y entre Sharon y Netaniahu. Además, hay sectores influyentes que tratan de moverle la butaca a Sharon, entre ellos tres partidos que le han pedido expresamente que se retire de los territorios ocupados.

Lo único que se ve es que los palestinos persistan en su resistencia armada contra la ocupación israelí. Incluso la suerte misma de las negociaciones depende de que continúe esa resistencia.