AFRENDOSO RESPALDO DE URIBE A EMBESTIDA NORTEAMERICANA CONTRA IRAK

Dócilmente, el gobierno de Álvaro Uribe se sumó en nombre de Colombia a la coalición que acuadrilló Estados Unidos para invadir a Irak en contra de la voluntad de la gran mayoría de pueblos y gobiernos del planeta. Al alcahuetear esa embestida bélica, Uribe intentó curarse en salud pontificando que “la acción internacional debe proteger a los civiles y respetar los derechos democráticos del pueblo de Irak”.

El cinismo que rezuma esta declaración es cada día más oprobioso: cuando el mundo se escandaliza frente a la asolación y las masacres perpetradas contra la nación iraquí por las invasoras tropas gringas, Uribe, complacido, calla ante ellas y, cómplice, las aplaude.

Mas el respaldo fue aún más ignominioso cuando, aduciendo maliciosos argumentos respecto al nefasto terrorismo interno que azota al país, procedió a pedir, en contraprestación, una “cooperación internacional” basada en “apoyo político, buenos oficios y además en acción militar directa”, lo cual raya en la traición nacional, puesto que equivale a impetrar, consentir y avalar una intervención norteamericana en nuestro suelo similar a la que se viene cometiendo contra Irak. Por ahora, para agraciar al pedigón, ya se anunció en Washington un “adelanto” de 105 millones de dólares.

Luego, para que no cupieran dudas sobre la inaudita petición, Francisco Santos, quien funge de vicepresidente, la reforzó con exultación: “Semejante despliegue para Irak, que apoyamos, nos hace preguntarnos cuándo veremos una acción igual de la comunidad internacional para ayudar a la democracia colombiana”. Si tal fuera el caso, y como el horizonte de la lucha política es tan variopinto como anchuroso, tanto él como su jefe podrán presenciar otra acción: el inexorable despliegue de la resistencia antiimperialista de la nación que ayudará a instaurar la nueva democracia colombiana.

IMPONENTE PRIMERO DE MAYO CONTRA URIBE Y EL IMPERIALISMO

El Primero de Mayo de 2003 será recordado como uno de los más multitudinarios y combativos de los últimos lustros. En Bogotá, una gigantesca manifestación sobrecopó la Plaza de Bolívar con delegaciones de las Centrales Obreras, centenares de sindicatos, partidos políticos y entusiastas grupos culturales, juveniles y sociales. Durante todo el día se corearon consignas anti­gu­ber­namentales y de rechazo a la recolonización estadounidense, y a su criminal invasión a Irak.

La multitud protestó contra la ofensiva inmisericorde a que la administración Uribe Vélez ha sometido a los asalariados, a la mayoría de los productores y, en general, a 99% de la población colombiana, la cual se agravará con las reformas laboral, pensional y tributaria y el Plan de Desarrollo ya impuestos en el Congreso, y las amenazas del Referendo, la reforma política y el ALCA, exigidos por el FMI para salvaguardar los intereses impe­rialistas.

Esto fue denunciado con firmeza por el Manifiesto del Primero de Mayo, publicado por las Centrales Obreras y la Gran Coalición Democrática: “Conmemoramos los 117 años del sacrificio de los héroes de Chicago, en la más prolongada y profunda crisis de nuestra historia republicana. La docena o más años de aplicación del perverso modelo neoliberal impuesto para beneficio del interés foráneo y la penosa ruina de nuestra producción, arrasó con la riqueza nacional, el empleo y el nivel de vida de la población.”

La desembozada censura que a los actos del Primero de Mayo impusieron los medios de comunicación, no logró ocultar la magnitud del repudio que la política oficial despierta en la ciudadanía, así como la organización y beligerancia que caracterizaron la jornada. La efeméride proletaria por excelencia se conmemoró con igual despliegue en otras ciudades como Medellín, Manizales, Bucara­manga, Barranquilla, Barranca­ y Cartagena. Un indicio de que la materialización de esta conciencia antineoliberal abrirá el camino definitivo para derrotar al más sanguinario imperio de la historia de la humanidad, a sus acólitos y a los sectores proclives a la conciliación y a la entrega. Debemos prepararnos para más amplias y vibrantes jornadas.

PLAN DE DESARROLLO: HACIA UN ESTADO COMUNITARIO DE RUINA Y SOMETIMIENTO

Por Alejandro Torres y Alfonso Hernández

En un ambiente cargado de cortapisas al debate, el Congreso acaba de aprobar el “Plan de Desarrollo, 2002-2006, hacia un Estado comunitario”, impuesto por el gobierno de Álvaro Uribe. El Plan, retazos de temas y reglamentaciones de distinta monta sin mayor orden, no hace cosa distinta que enconar los quebrantos nacionales, adoptando, una vez más, la mortífera receta del Fondo Monetario Internacional. El legislativo, con muy pocas pero honrosas excepciones, como la del senador Jorge Enrique Robledo, aclamó todo sin discutir ni un tema sustantivo, sino que se entregó a un regateo mezquino para obtener boronas como pago por su obediencia. Claro que el trámite en las Cámaras es un puro formalismo, pues el artículo 341 de la Constitución dispone: «Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley», y agrega que la «inclusión de proyectos de inversión […] requerirá el visto bueno del gobierno nacional». Se trata de otro de los casos en los que tras los supuestos procedimientos democráticos se oculta el despotismo.

Estado comunitario: “honrar” la deuda y mantener el atraso

Con el lema gobiernista de “construir un Estado Comunitario”, se condena a la nación a un mayor desangre económico y a padecer una creciente represión política, con los solos propósitos de garantizar “la sostenibilidad de la deuda pública y un adecuado acceso de la economía colombiana en los mercados financieros y de bienes y servicios internacionales”.

“Sostenibilidad”. La palabreja es cabal, pues no se trata de redimir la deuda, sino de que ésta sea “sostenible”: ¡nunca incumplida, jamás cancelada! Tanto que entre las metas del Plan figura que su monto pasará de representar 50% del Producto Interno Bruto, PIB, en 2002, a 51,4%, en 2006. Es porque a través de los empréstitos, los financistas no sólo extraen al trabajo y a la riqueza una rentabilidad usurera, sino que mandan, desmandan y chantajean a las pobres repúblicas hipotecadas. Hay que ver cómo todas las metas macroeconómicas se sujetan a la cartilla desalmada que dicta el FMI. El déficit fiscal debe mantenerse a raya para evitar el incumplimiento de los abonos; por ello, el gasto público tiene que restringirse sin parar mientes en cerrar hospitales o apretujar 40 ó 60 estudiantes en un aula –y que ellos mismos se las arreglen para “aprender a aprender”. El crecimiento económico ha de sacrificarse para que la gente no se coma ni se gaste en salud o educación los recursos por los cuales los financistas languidecen. En fin, el déficit de cuenta corriente y las tasas de inflación y de cambio tienen que ajustarse al objetivo supremo de avalar las acreen­cias.

La inversión para el cuatrienio, que el Plan estima en $112 billones, es exigua, más si se tiene en cuenta que la mitad corresponde a las transferencias y que se calcula que el sector privado invertirá $20 billones de los 112. Lo que significa que el gobierno central gastaría cerca de 34 billones (8 billones y medio anuales), siempre y cuando el FMI no ordene una reducción adicional. Con harta razón Eduardo Sarmiento, en su columna del 6 de abril, en El Espectador, señaló que para 2006, Colombia completará una década de cero crecimiento, que él le atribuye a que las prioridades del Plan sean reducir el déficit fiscal y pagar la deuda.

El Plan y todo el paquete de medidas oficiales constriñen cualquier posibilidad de progreso de la economía. La reforma tributaria amplió la base de contribuyentes del IVA, abarcó nuevos bienes de la canasta familiar y elevó las tarifas; agregó una sobretasa al impuesto de renta y, por conmoción interior, se estableció un impuesto al patrimonio. La reforma laboral alargó la jornada ordinaria, redujo los pagos por dominicales y festivos y la indemnización por despido. A esto hay que sumarle que las facultades otorgadas al gobierno dejarán cesantes a decenas de miles de empleados públicos y que con el referendo se pretende congelar salarios y pensiones y clausurar aún más entidades estatales. Aparte de todo, el FMI, en su memorando de enero, ordenó poner fin al «regresivo» incremento del salario mínimo. En un país en el que los empresarios señalan como principal problema el de la baja demanda, toda la orientación de la economía consiste en restringir más y más la capacidad adquisitiva, reduciendo los salarios y aumentando los impuestos. Con esto queda claro que dicha orientación no se traza en beneficio de los industriales ni de los agricultores colombianos ni mucho menos de las masas laboriosas.

La farsa de la planificación neocolonial

Una característica de esta clase de “planes de desarrollo”, consiste en que las metas macroeconómicas, aun siendo menos que modestas, ni siquiera se cumplen, ya que el Estado no cuenta con empresas poderosas, pues casi todas las ha subastado, tampoco dispone de mayores recursos, ya que el grueso de los ingresos tributarios está comprometido con las amortizaciones de los empréstitos, y ha renunciado a planificar de veras la economía. El mismo texto oficial dice que las metas «Constituyen el marco de referencia para la determinación del entorno sobre el cual se diseña e implementa el Plan de Desarrollo 2002 –2006. No obstante, por tratarse de proyecciones, estos estimativos no son jurídicamente vinculantes y no podrá derivarse, bajo ninguna circunstancia, ni en virtud de ninguna modalidad jurídica, responsabilidad alguna al Estado colombiano». De tal manera que de Plan no tiene sino el nombre. Todas las proyecciones dependen de si los inver­sionistas foráneos encuentran mayores chisgas aquí o en otras latitudes, de si deciden comprar o no, de si se les antoja especular con el peso colombiano o con el argentino. Lo que se llama planificación es el ejercicio servil de competir con otras naciones pobres para complacer todos los deseos expresos de los agiotistas y adivinar los tácitos.

Los verdaderos planes de desarrollo exigen movilizar, con la mira puesta en el progreso, la masa de los recursos y las voluntades de una nación. La Unión Soviética con unos pocos planes quinque­nales, bajo la dirección del tan vilipendiado José Stalin, enfrentando el cerco del mundo capitalista, sin casi ningún acceso a “los mercados financieros y de bienes y servicios internacionales” pasó de ser una nación atrasada a convertirse en una potencia agrícola e industrial. Acabó la explotación capitalista y construyó el socialismo. Se electrificó, creo una sólida industria siderúrgica y puso fin al desempleo, al hambre, a la insalubridad y al analfabetismo. Se hizo una república respetable que le aportó a la humanidad los mayores sacrificios y hazañas para derrotar el fascismo. Destruida por la guerra, logró reconstruirse con rapidez gracias a la decisión del Partido y de la clase obrera. Otro tanto se podría señalar de la China de Mao.

Por el contrario, nuestras sucesivas caricaturas de planes han llevado al franco abatimiento a una economía que por décadas estuvo en el marasmo. El de Uribe prevé un crecimiento del PIB de 2% para 2003 y 3,9% para el 2006. Pero la Contra­loría General de la República dice que ni siquiera esas metas ridículas podrán cumplirse, pues calcula que sólo llegarán a 1,3% y 0,8% en los años mencionados. La inflación, que para todo 2003 se estima en 5,5%, ya va en 4,5% en los cuatro primeros meses del año. Los doctos economistas de Harvard no aciertan una. Es posible predecir que Sarmiento y la Contraloría tendrán razón, la economía se mantendrá estancada o declinará. La verdad es que Colombia se encuentra en un atasco a causa de la apertura económica, que postró granjas e industrias, de los impuestos crecientes y los salarios menguados. Añádase a lo anterior que en los años venideros no se va a dar ni siquiera un crecimiento engañoso, como aquel que ocurriera en los primeros años de la década de los noventas, cuando los capitales foráneos ingresaron a comprar las empresas estatales en subasta, a explotar campos petroleros enormes, a hacer empréstitos a granel, y el consumo de mercaderías extranjeras se incrementó. Hoy, el endeudamiento no deja margen, la pobreza prolifera, y, por ende, el mercado interno se estrecha. Luego de la crisis asiática hasta la inversión extranjera se muestra remo­lona de venir a Latinoamérica; vivimos un momento en el cual son mayores los caudales que salen de los países pobres hacia los ricos que los que hacen la ruta inversa. No obstante, con posterioridad a la invasión de Irak, se ha presentado un repentino auge de ingreso de capitales especulativos a todo el subcontinente que ha generado una tendencia revaluacionista, esto, más temprano que tarde, se revertirá y con el vuelo de las golondrinas más bien se profundizará la tendencia señalada. En los propios Estados Unidos caen las bolsas de valores, cuyo frenesí de la década pasada se ha trocado en pertinaz declive, que se agrava al conocerse la forma con la que los ejecutivos de las compañías desplumaron a millones de pequeños y medianos inversionistas. De tal manera que no se ve de dónde puedan provenir las inversiones que espera Uribe.

Con el pretexto de “garantizar […] un adecuado acceso de la economía colombiana en los mercados internacionales” se propone franquear el asalto a lo poco que queda de la economía nacional, sometiendo el país al ALCA o a un acuerdo bilateral de libre comercio con los Estados Unidos. Productos como el arroz, que aún cuenta con una cierta protección arancelaria, o las drogas genéricas, dejarán su lugar a productos importados.

Sin mayores disimulos, el Plan favorece a los consorcios extranjeros mientras que exacciona a la a la nación. Vienen al caso las disposiciones sobre hidrocarburos, en las que se propende a generalizar los llamados contratos de producción incremental con las multinacionales, para que estas exploten los pozos hasta el agotamiento, como en el caso del gas de la Guajira, lo cual acaba las posibilidades de que los yacimientos reviertan a la Nación, lo poco que le quedaba a Ecopetrol para operar. Además, se entregan al sector privado los proyectos más promi­sorios, como el Plan Maestro de Carta­gena, consistente en modernizar la refinería. Para hacer más rentables tales negocios se da un nuevo impulso al «desmonte de los subsidios a la gasolina y al ACPM», y se plantea tener como referencia «las señales de precio internacional», lo cual redundará en una fuerte escalada alcista.

Más apertura y privatizaciones

El Plan es enfático en expresar que el Gobierno seguirá adelante con las privatizaciones de las empresas de servicios públicos, las concesiones en la construcción, operación y mantenimiento de carreteras e instalaciones de servicios, y en que se promoverá el ingreso de inversionistas a sectores aún no privatizados, como el Sistema de Transmisión Nacional, lo que pone en la mira a ISA. Se anuncian distintas argucias para elevar las tarifas, como la «normalización» de redes; el ajuste del «esquema tarifario y de subsidios» para permitir la «recuperación de los costos».

Como hasta para los asesores de Uribe es evidente que las exportaciones no serán el eje de la reactivación, aunque sigan perorando sobre ellas para justificar la apertura, se propone que la construcción de vivienda desempeñe ese papel y que sea el motor de la generación de empleo, como se intentó en la Administración de Misael Pastrana. En realidad se busca engordar los bancos y las corporaciones de vivienda las cuales han venido despojando a miles de familias que intentaron adquirir un techo. Las altas tasas de interés y el sistema UPAC, cuyas características principales se mantienen con otro nombre, les confiscaron sus viviendas después de que habían pagado un valor muy superior al pactado y al comercial del inmueble. Pero ¿se puede pensar que se va a dar un auge en la construcción cuando las directrices de la economía conducen a disminuir el consumo y la inversión, tanto públicos como privados, y el Banco de la República ha comenzado de nuevo a subir las tasas de interés?

El Plan habla de crear dos millones de empleos mediante la reducción de los aportes parafiscales destinados al Sena, Icbf y las cajas de compensación, y las otras disposiciones laborales mencionadas. Pero está bien claro que esa clase de reformas contrae la demanda y postra la economía, y que a pesar de que se envilezcan los salarios no se va a producir el prometido auge exportador. Lo demás son propuestas hilarantes como las del «reconocimiento técnico» de las artesanas, «las bolsas virtuales de empleo», «el desarrollo de los Cultivos Hidropónicos, como garantía de seguridad alimentaria» para mayores de 50 años que no tengan ingresos. En tanto la masa de desem­pleados sigue aumentando y su angustia no mueve al gobierno a nada distinto que a los refritos demagógicos sobre micros y pymes.

“Focalización” contra los trabajadores

La llamada equidad social consiste, fundamentalmente, en conculcarles los derechos a los trabajadores de las áreas «sociales» del Estado, privatizar y desmejorar la calidad de la educación y la salud. Con la colaboración de Jaime Dussán y Luis Carlos Avellaneda, el gobierno logró birlarles a los maestros nuevos los derechos conquistados. Estos se someterán a un régimen idéntico al de la Ley 100 y al establecido en la reforma pensional, Ley 797 de 2003. Con ello se aumenta la edad de pensión, se incre­mentan los aportes a maestros nuevos y antiguos y se reducen los beneficios. Alarma que tales senadores, elegidos con una caudalosa votación de maestros y quienes mantienen amplia influencia en la dirección de Fecode, sean quienes se presten para dar vía libre a las reformas que el FMI impone en detrimento de las prestaciones básicas y más que justas de los educadores. Ya Jaime Dussán había sido ponente de la nefasta Ley 715, posiciones que pretende justificar alegando que él no va al Congreso a dejar constancias, sino a legislar, es decir, a dar el visto bueno a las medidas oficiales y a desmovilizar y engañar a los educadores.

A la universidad pública, por su parte, se le empezará a someter al chantaje de los indicadores de gestión para asignarle los escasos recursos. Así pues, se le obligará a empeorar los planes de estudio, a desmejorar las condiciones de docentes y trabajadores y a abolir cualquier programa supérstite de bienestar estudiantil.

En cuanto a salud, el Plan se centra en la «progresiva» transformación de los subsidios de oferta en subsidios a la demanda y en la «reestructuración y capitalización de hospitales». Lo cual se traducirá en la fusión o cierre de hospitales «no competentes», «no rentables» o «excedentes» (!); en el despido de más de 38% de la planta actual, es decir, unos 30 mil funcionarios; y en una desmejora atroz de la calidad con falacias como la de la «medicación pertinente», o sea, formular placebos y menjurjes “alternativos”. Los «mecanismos de acreditación del recurso humano de salud en ejercicio» son otra forma de enmascarar los despidos, como sucede con las mal llamadas evaluaciones al magisterio. El panorama es desolador si se le suman los efectos que ya han tenido sobre estos servicios el Acto legislativo 01 y la ley 715 de 2001.

El PND contempla la entrega de recursos y funciones del ICBF a los municipios, con lo cual se apunta al desmonte de esta entidad. Se abre también la posibilidad de que se contraten con el sector privado actividades que hoy desarrolla ese instituto, como la atención a la infancia, la tercera edad y la juventud. Además, bajo los criterios de «focalización» o «depuración de las bases», se pretende reformar el Sisben para negar hasta este deficiente servicio a miles de personas sin recursos.

El llamado manejo social del campo se centra en una serie de planteamientos demagógicos sobre reforma agraria, que entre otras cosas, reviven las viejas políticas fracasadas y rechazadas por los campesinos, como las de no entregarles títulos efectivos de propiedad; así queda contemplado en el contrato de asignación o tenencia provisional, que ofrece entregar la tierra hasta después de cinco años «siempre que acrediten haber establecido en ellas empresas agropecuarias competitivas y sostenibles» (!). Por otra parte, se le ofrece al agro «una protección razonable para la producción nacional», pero «en un marco de libre comercio y dentro de los acuerdos de la OMC». Es decir, continúa el arrasamiento. Es tan cierta esta afirmación que el gobierno rechazó un artículo, elaborado por la SAC y Salvación Agropecuaria, que proponía que se contrarrestasen los subsidios de los países desarrollados con medidas arancelarias nacionales.

Se amenaza también con la expedición de un régimen, colmado de sanciones, para que los entes territoriales tengan que «mejorar su gestión tributaria»; actualizar el catastro y estratificar nuevamente los conglomerados de viviendas con más de 4 mil habitantes. A los entes territoriales también se les da vía libre para implantar nuevos gravámenes o contribuciones destinados a financiar proyectos de infraestructura vial y transporte.

Más represión

El otro elemento, tan pregonado, es la «seguridad democrática», no otra cosa que el auge del despotismo y la demagogia. Más que el control de la desaforada violencia, lo que campea es un tratamiento de orden público a las protestas populares y la derogatoria de los más elementales derechos, puesto que las Fuerzas Militares quedarán autorizadas para allanar, detener y atropellar. Todo se agrava con el reclutamiento de un millón de coope­rantes, que conducirá a una cacería de brujas sin antecedentes. De acuerdo con las exigencias de gobierno norteamericano, Uribe ha procedido a fumigar en diversas regiones, sin importarle destruir labranzas ni envenenar el ambiente. Hay que ver cómo la «seguridad democrática» ha hecho llover glifosato sobre los campesinos, que privados de la rentabilidad de sus pequeñas parcelas han tenido que refugiarse en el cultivo de coca u otros de la misma índole.

En cuanto a la justicia vale la pena resaltar la importancia que se les da a los «mecanismos alternativos y extraju­diciales de solución de conflictos», que conducen a su privatización y a hacerla menos accesible a los sectores populares, mientras que el aparato jurisdiccional se concentra en garantizar la «seguridad jurídica» de los opulentos. Igualmente, aparece como prioritario entregarle al capital privado otra de las pocas áreas que quedan en manos del Estado, nos referimos aquí al sistema penitenciario. El PND contempla cederles a los particulares el diseño, construcción y adecuación de las cárceles, e incluso la prestación de los servicios dentro de ellas, así como “la resocialización de los internos”, lo que abre las compuertas para convertir los penales en campos de concentración de esclavos.

Un Presidente y un Congreso que imponen un Plan semejante a un país que agoniza, que se colma de gentes que carecen de techo, de pan y de empleo, en el que a los miles de desplazados por la violencia política se suman los millones a los cuales las medidas oficiales han dina­mitado sus puestos de trabajo, entenebrecido sus horizontes y arrojado a una existencia miserable, desnudan hasta qué punto han llegado en el servilismo y en la indolencia los mandamases del país. A ellos hay que responderles con un espíritu aguerrido de lucha, unir a millones y millones de compatriotas, hacer gigantescas movilizaciones como las del Primero de Mayo y cerrar el paso a la claudicación para que la ira y rebeldía, tan justas, se encaucen hacia la liberación de la patria y el bienestar del pueblo trabajador.

POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA DEMOCRACIA

Por Gonzalo Arango J.

El 1° de abril, en medio de masivas protestas, fue designado Marco Palacios como rector de la Universidad Nacional, la más importante institución educativa del país. La comunidad universitaria exigía al Consejo Superior el respeto por los resultados de la “consulta” y la valoración de las calidades académicas, en los que descolló, con significativa ventaja, el doctor Víctor Manuel Moncayo, rector en los últimos dos períodos.

Los reclamos en procura de financiación estatal para la universidad pública, la defensa de la autonomía, las críticas al modelo neoliberal de la educación superior, entre otras posiciones, hicieron del rector Moncayo un personaje indeseable para el gobierno, pues podría entorpecer las políticas del Ministerio de Educación dentro de la actual oleada de reformas y ajustes. Desacatándolo por inconstitucional, el doctor Moncayo se atrevió a enfrentar el decreto 2912 del 31 de diciembre de 2001 que establecía un nuevo régimen salarial y prestacional para los docentes universitarios. Esta fue una muestra clara de su talante, que no pasó inadvertida por el nuevo gobierno.

Por ello Uribe Vélez impuso al historiador Palacios, de ingrata recordación en su paso por la rectoría entre 1984 y 1988. Aunque se alega la legalidad del hecho, el nombramiento de Palacios fue una clara afrenta contra la comunidad universitaria cuya opinión fue burlada, dejando al descubierto el carácter arbitrario y autoritario que se esconde tras la fachada de la “democracia participativa”.

Esta decisión del gobierno del “Estado comunitario” y la “seguridad democrática” hace parte de la política contra la educación pública, condenada a muerte por los requerimientos del Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, en cuyo marco se adelantan las negociaciones de los “servicios de enseñanza”. En medio de la alharaca efectista de los “consejos comunitarios” y la demagógica ampliación de la cobertura consignada en la “revolución educativa”, Uribe Vélez y su ministra de Educación avanzan en el acondicionamiento del sistema de educación superior y de ésta, en su forma y contenido, a la nueva condición de bien transable, de mercancía. Su tarea la llevan a cabo mediante la imposición de reformas “estimuladas” por los recursos que el Banco Mundial asigna, como préstamos al gobierno nacional, condicionados a la implantación de sus recomendaciones en política educativa.

Mediante la puesta en marcha del decreto 808 de 2002 se “establece el crédito académico como mecanismo de evaluación de la calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional”, y el rediseño curricular de los programas, orientado a disminuir la duración de los pregrados, de cinco años a cuatro, adecuando los formatos de los “paquetes de formación” a los estándares del sistema americano de los colleges. Al tiempo, su contenido se impone con los “exámenes de calidad de la educación superior” -CAES- mecanismos de evaluación de “las competencias” que los egresados deben acreditar, y con los “estándares de calidad”, exigidos para cada carrera por los decretos respectivos. Esta normalización de los productos, en su forma y contenido, es un requisito indispensable para que puedan ingresar y circular las ofertas educativas extranjeras.

Otro aspecto es la intensificación de la política privatizadora, al financiar la “ampliación de la cobertura con calidad” con créditos del Icetex y de las universidades públicas para cancelar el valor de las matrículas. En las universidades del Estado aparece la oferta de programas académicos en “jornadas especiales”, con regímenes de matrículas que superan en algunos casos los costos de universidades privadas. Con las facilidades de acceso a los créditos y un subsidio equivalente a 25% de la matrícula, para los estudiantes de los estratos uno y dos, se trata de camuflar la privatización. Es el comienzo del fin de la educación superior pública. El subsidio y la financiación de la demanda les permiten el acceso al mercado nacional a quienes tengan ofertas educativas extrajeras, aprovechando incluso los recursos que asigna el Estado “en condiciones no menos favorables que para los oferentes nacionales”,

Las reestructuraciones administrativas para disminuir los costos de la educación estatal, son inducidas por los “convenios de viabilidad y desempeño”, con los que se premia con recursos adicionales a las instituciones de mayores logros en estándares de desempeño, como número de estudiantes por docente y de empleados administrativos por estudiante, costo por estudiante, porcentaje del presupuesto financiado con matrículas y venta de servicios, entre otros. A ello se suma la reducción paulatina del personal de planta y su reemplazo por trabajadores, empleados y profesores contratados temporalmente, en algunos casos a destajo. Se busca “racionalizar el uso de los recursos”. El Plan de Desarrollo aprobó la asignación de hasta 12% del presupuesto con arreglo a los resultados de los indicadores de gestión, entre los que se destacan los relativos al incremento de la cobertura.

Esto ha conducido al deterioro de las condiciones de trabajo en las universidades estatales y a la desmejora ostensible en la calidad de la educación impartida. El hacinamiento en los salones, la carencia de equipos en laboratorios y talleres para atender la creciente población estudiantil, la casi inexistencia de programas asistenciales de bienestar para los estudiantes de escasos recursos, son el escenario predominante en las universidades públicas.

Con las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso al Ejecutivo para reformar el gobierno central, se adelanta la reforma del Ministerio de Educación y la del sistema de educación superior, adecuándolo a las nuevas funciones que demanda el nuevo escenario: procedimientos de autorización y regulación de proveedores extranjeros; aseguramiento de la calidad y acreditación de los servicios importados y exportados; sistema de reconocimiento de títulos y transferencia de créditos; esquemas de financiación (concesiones de operación, subsidios, préstamos, becas). Una de las funciones del nuevo Viceministerio de Educación Superior será entonces el “aseguramiento de la calidad”; la otra será el “apoyo y monitoreo” de las instituciones en procura de las metas de mejoramiento de su eficiencia con el cumplimiento de los “indicadores de referencia”.

En este contexto se presenta la ofensiva del gobierno de Uribe Vélez contra la democracia y la autonomía en la Universidad Nacional. Es importante anotar que el zarpazo a la Rectoría estuvo precedido por una andanada de sindicaciones a las universidades públicas como los espacios de reclutamiento y adiestramiento de cuadros para los grupos insurgentes. Esta estigmatización no es ajena a la necesidad de imponer un gobierno universitario autoritario y represivo, que coarte las manifestaciones de descontento y resistencia a la agresión académica, política y financiera que marcan el camino hacia el naufragio definitivo de la educación pública en las aguas del ALCA.

Estudiantes, profesores, trabajadores y la población en general deberemos encarar esta política, organizar la resistencia y la movilización en defensa de este patrimonio nacional, y sumar nuestro contingente a los demás sectores de la sociedad que enfrentan la recoloniza­ción de América por parte de Estados Unidos.

CRECE LA RESISTENCIA ESTUDIANTIL

Por Elías Fonseca

La consigna «¡Fuera Marco Palacios de la Universidad Nacional de Colombia!» resume el rechazo total que ha recibido por parte de todos los estamentos su designación como nuevo rector; decisión tomada por el Consejo Superior, desconociendo la voluntad mayoritaria de la consulta para elegir la terna de candidatos a la rectoría, en la cual Víctor Manuel Moncayo obtuvo una victoria contundente. Las sedes de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira se declararon en asambleas permanentes y cese de actividades exigiendo la renuncia de Palacios, lo cual fue ratificado en multitudinarias marchas de protestas.

Las razones expuestas son contra la descarada violación de la democracia y como rechazo a la imposición que desde la Presidencia de la República se ejerció sobre los miembros de CSU para poner una ficha uribista al frente de la institución académica más importante del país con el fin de implementar las políticas neoliberales y privatizadoras de la educación superior.

Los estudiantes de las universidades del Valle, los Llanos, el Atlántico y Tunja también han librado recias batallas contra el alza de las matrículas, la eliminación del bienestar estudiantil y los recortes de los programas académicos. Estas acciones son un mensaje alentador para el resto del movimiento estudiantil.

Esa resistencia va igualmente contra la intención de meter a Colombia en el Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, lo cual tendrá fuertes impli­caciones en la educación pública amenazada por la mal llamada “revolución educativa” aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo. Estudiantes y profesores se movilizan en defensa de la democracia reivindicando la elección directa, conquistada en históricas luchas en las últimas décadas del siglo pasado, y rechazan la farsa de la democracia par­ticipativa en la que las decisiones son tomadas por quienes tienen el poder.

LA DEFENSA DE ECOPETROL, UN DEBER NACIONAL

Los hidrocarburos son recursos estratégicos y de seguridad nacional, tanto que cubren 70% del consumo de energía mundial. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón y demás potencias, que consumen 65% de la demanda mundial de energía, centran sus esfuerzos en controlar las fuentes de hidrocarburos, estructurando políticas para incidir en las legislaciones de los países productores, a fin de asegurar el suministro de energía fósil, sin importar que para ello tengan que lanzar guerras de agresión o intervenir militarmente en los países donde se encuentran las reservas de petróleo y gas. La invasión de Estados Unidos e Inglaterra contra Irak da prueba fehaciente de ello.

El petróleo ha sido un bien que nos prodigó la naturaleza en cantidad y calidad, pero que no suficientemente explotado ni desarrollado en beneficio de los intereses nacionales. Desde 1918, se han extraído siete mil millones de barriles de petróleo, concentrados en las cuencas del Alto y Medio Magdalena, los Llanos Orientales, Putumayo y los yacimientos gasíferos de La Guajira, quedando 80% del resto del país sin estudio exploratorio. Solo se conoce una quinta parte de la geología de nuestras cuencas sedimentarias.

Lo anterior ha ocurrido por la ausencia de una política de Estado y por la pérdida absoluta de la soberanía. Los colombianos crearon con gran esfuerzo una empresa nacional de petróleos, Ecopetrol. A las reservas que recibió en 1951, fue posible adicionarle en cinco décadas una producción acumulada de cuatro mil millones de barriles explotados. Hoy, aun en medio de la política de recorte, marchitamiento y ahogo a que la somete el gobierno, mantiene reservas de 1.687 millones de barriles; produce 578 mil barriles de petróleo por día, de los cuales sólo 110 son directos de Ecopetrol; refina 300 mil barriles de crudo; transporta en sus 14 mil kilómetros de sistema de oleoductos, poliductos y gasoductos la producción nacional de combustibles que demanda el país y exporta los excedentes. Desarrolla el mercado interno de productos y derivados del petróleo.

Ecopetrol debe ser estatal

Ecopetrol es el mayor contribuyente al fisco nacional. Constituye el mayor factor de desarrollo para varias economías regionales, gracias a la demanda y oferta de bienes y servicios, así como al consumo que efectúan sus trabajadores.

Una empresa cuyos activos ascienden a 24 billones de pesos, que genera 9,8 billones de ingresos anuales y transfiere cinco billones de pesos al fisco nacional, que constituye la mayor fuente de divisas representadas en las exportaciones y aporta siete mil empleos directos y más de 100 mil indirectos con capacidad importante en la demanda interna, merece ser reconocida y mantenida como factor clave de la economía nacional. No hay ninguna razón para que sea privatizada ni para que su actividad de empresa petrolera se vea disminuida. Por el contrario, se le deben otorgar las herramientas necesarias, a efecto de desarrollar sus actividades explo­ra­torias y extractivas con recursos directos para buscar hidrocarburos en las áreas geológicas de mayor prospecti­vidad, cuyo conocimiento le permita obtener ventajas a la hora de negociar con las trasnacionales y firmar contratos que beneficien el interés nacional y una renta recíproca al asociado.

La primera empresa del país está seriamente amenazada por una política oficial contraria al interés nacional, que sólo le permitió perforar cuatro pozos explo­ratorios en los últimos cuatro años, cuando el Plan Quinquenal (1998-2003) proyectó la perforación de 200. Las asociadas respondieron bajando el ritmo de perforación exploratorio, para presionar cambios en el contrato de asociación, como en efecto ocurrió, obteniendo más participación y menos pago por regalías a las regiones. La exploración ha caído y la directa de Ecopetrol es marginal, porque 95% del presupuesto de exploración está destinado a desarrollar los campos de producción de los asociados, situación que pone al país en alto riesgo de convertirse en importador, ya que las reservas propias, que son del orden de 325 millones de barriles, se están agotando y no hay perspectivas de nuevos hallazgos y, con el nivel de consumo actual, aproximadamente en cinco años perderemos la condición de autosuficiencia.

Sobre refinación, el gobierno está empecinado en abrirle competencia a Eco­petrol, a través de refinerías privadas o estimulando importación de combustibles, a la vez que deja las refinerías de Barranca y Cartagena operando en estado de obsolescencia y con muy poco mantenimiento, lo que afecta el margen de rendimiento, alejando cada vez más la refinación de Ecopetrol de los estándares internacionales. Cuando el país y en particular la Costa Atlántica esperaban con entusiasmo la aplicación del Plan Maestro para ampliar la refinería de Carta­gena, el proyecto se puso en duda porque el Confis y Planeación Nacional, con el ardid de que no hay recursos para que Ecopetrol lo ejecute directamente, van a proponer que lo haga el capital privado. La privatización se extiende a los oleoductos y poliductos, sobre los que pesa la decisión de entregarlos a las multinacionales, para que los distribuidores mayoristas, hoy controlados por la Texas, Esso-Mobil y Shell, monopolicen el mer­cado y saquen del negocio a los minoristas, casi todos de capital colombiano.

Igual situación vive el Instituto Colombiano de Petróleo, fundamental para la apropiación y generación del conocimiento científico nacional. Su permanencia en Ecope­trol debe ser defendida resueltamente.

Ecopetrol es rentable y aporta al desarrollo de la nación

Ecopetrol continúa generando utilidad y rentabilidad y sirviéndole de soporte al fisco nacional. Entre 2001 y 2002 la empresa generó ingresos por 18 billones 551 mil millones de pesos, transfirió 11,1 billones de pesos y tuvo utilidades ope­racionales por 3 billones 985 mil millones. A diciembre 31 de 2002, su balanza comercial fue favorable en US$1.600 millones, en las exportaciones colombianas pasó de 35% y, en síntesis, la contribución del sector petrolero a las finanzas públicas de la nación es fundamental. De no existir Ecopetrol, se agravaría el déficit fiscal, la inversión social sería precaria y se afectaría notoriamente la economía regional. Como quiera que las refinerías le compran a la industria nacional 100 mil millones de pesos al año, 62% de los ingresos de la empresa provienen del mercado interno. Si Ecopetrol se convierte en empresa privada, el fisco solo recibiría el impuesto de renta de 38%, no las transferencias de 60% de los ingresos que hoy percibe de la empresa estatal. Es decir, la nación perdería 22% de los ingresos que hoy obtiene por ser una empresa del Estado la que maneja los hidrocarburos. Esto lo demuestra el hecho de que el nivel de impuestos que pagan las multinacionales es muy inferior al de Ecopetrol, a pesar de que ellas dominan 83% de la producción nacional de crudo, 100% del mercado mayorista de los combustibles y 50% del sistema de transporte por oleoductos.

El gobierno y el actual presidente de Ecopetrol, tienen como preocupación fundamental promover la inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera. No les interesa que Ecopetrol maneje la industria petrolera. Todos sus esfuerzos están dedicados a convertirla en una administradora de los contratos de asociación. Piensan que Ecopetrol puede ser reemplazada por una fiducia, desconociendo lo estratégico que es controlar un recurso como el petróleo en beneficio de la economía del país.

Frente Patriótico por la Salvación de Ecopetrol

A estas intenciones de privatización se viene oponiendo la USO. Por ello quieren liquidarla. Se esgrime como argumento su inviabi­lidad a causa de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, una mañosa falsedad que encubre intenciones perversas. Si se analizan los estados financieros, se observará que los salarios y prestaciones tan solo representan 4,5% de los ingresos de la empresa, y que existe un fondo de pensiones de más de 4 billones de pesos, fondeado por ley de la República, que junto con sus rendimientos financieros garantiza el pago de pensiones para los jubilados, los actuales y futuros trabajadores de Ecope­trol.

Las reformas laboral y pensional, que golpearon duramente a los trabajadores, y el contrapliego que presentó Isaac Yanovich tienen el propósito de establecer un régimen despótico en la empresa, a efecto de eliminar cualquier foco de resistencia contra dicha política.

Jamás en las relaciones obrero-patronales había recibido el sindicato tantas agresiones y actos de provocación: han despedido dirigentes sindicales y trabajadores; han procesado por control disciplinario y judicialmente a un sin número de afiliados al sindicato, violando el libre ejercicio de la actividad sindical, y actualmente está privado de la libertad el ex presidente nacional del sindicato, Hernando Hernández, y se impide el derecho al trabajo bajo el pretexto de rescatar la gobernabilidad.

Así mismo, se le entrega el gas de La Guajira nuevamente a la multinacional ChevronTexaco y se responde al pliego de peticiones con un contrapliego que acaba con la contratación colectiva. Todos estos actos demuestran que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez es el responsable de la huelga en Ecopetrol, sin tener en cuenta los altos costos políticos y económicos para la nación.

Para que Ecopetrol continúe siendo patrimonio de los colombianos, y siga contribuyendo al desarrollo nacional y al progreso del pueblo, todos debemos asumir con fervor de patria la defensa de la empresa estatal, vital para la soberanía económica y el desarrollo nacional.

A SALVAR ECOPETROL, LLAMÓ JORGE ENRIQUE ROBLEDO

Debate hecho por Jorge Enrique Robledo en la Comisión V del Senado, el 17 de febrero de 2003, al ministro de Minas y al presidente de Ecopetrol.

La política de petróleo y gas que se aplica desde hace años, siguiendo las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, ha fracasado de manera rotunda y no responde al interés nacional. Según el Plan Nacional de Desarrollo, el país está cerca, apenas a dos años, de tener que comprarles a las multinacionales el crudo necesario para cargar las refinerías de Ecopetrol. Y, lo que sería peor, poco tiempo después habría que importar el petróleo o la propia gasolina que requieren los colombianos. Amenazas de suma gravedad por el impacto que le causaría a la balanza de pagos y a las finanzas públicas.

¿Por qué fracasó la política petrolera? Porque se supone que hay que encontrar y explotar petróleo y gas. Pero, por el contrario, el aumento del consumo y la exportación no están siendo compensados con nuevos yacimientos, bien sean estos encontrados por Ecopetrol o por las trasnacionales. Si el país careciera de prospectos petroleros no habría qué censurar, pero sus reservas potenciales de petróleo ascienden a 47 mil millones de barriles, lo que hace obvio que si el petróleo se busca se tiene que encontrar. ¿Por qué no aparece? Por la sencilla razón de que, incluso desde antes de 1990, y a contrapelo con las necesidades y los intereses de la nación, hay una política orientada a debilitar las finanzas de Eco­petrol y a dejarles ese negocio a las trasnacionales.

Las cifras demuestran lo anterior. De la producción total de petróleo del país, 81% lo extraen las trasnacionales y apenas 19% lo hace Ecopetrol. Y la parte de la petrolera estatal no tiene su principal origen en que haya explorado y hallado los yacimientos, sino en las reversiones de algunos contratos firmados con las multinacionales, reversiones que desde la de la Concesión de Mares se han hecho por las presiones de la USO, porque siempre los monopolios extranjeros, con la alcahuetería de los gobiernos, han intentado que esos contratos no le reviertan a Ecopetrol, buscando prorrogarlos hasta el agotamiento de los pozos.

El caso del gas es peor: 97% de la producción es extraída por las trasna­cionales y controlada por la ChevronTexaco, que lleva 20 años sin hacer ni una sola exploración en el territorio nacional, según lo denunció Hugo Serrano Gómez. Es la norma en la relación entre Ecopetrol y las trasna­cio­nales: para ellas el lomo y para Ecopetrol el hueso; para ellas las ganancias y para Ecopetrol las pérdidas; mientras ellas se ganan las flores, a la empresa estatal le caen las acusaciones, y particularmente a sus trabajadores, a quienes siempre han tratado de presentar como unos mantenidos, enemigos del progreso.

La actividad exploratoria es insignificante. En 2001 se perforaron sólo 14 pozos. ¿Por qué no se explora? Como parte de una política deliberada, el presupuesto de exploración de Ecope­trol es muy pequeño y las trasnacionales no lo hacen, no porque no tengan recursos suficientes sino porque no les interesa. Probablemente, porque están ganando más en otros países o porque así presionan para que Colombia les siga haciendo concesiones. Pero el hecho objetivo es que el capital extranjero no busca el petróleo que, según las teorías dominantes, debiera estar buscando, lo que sin duda significa un fracaso en los propios términos de quienes arguyen que el hidrocarburo lo van a encontrar las multinacionales.

Quienes han dirigido a Colombia llevan casi un siglo echando el cuento de que al país lo va a salvar el capital extranjero, es decir, el imperialismo norteamericano, el mismo que en este momento está masacrando a los iraquíes en beneficio de sus monopolios petroleros. Como si no fuera absolutamente demostrable que los monopolios, a los que representa ese imperio, tienen unos intereses que no son idénticos a los nacionales y que incluso pueden ser contradictorios y hasta antagónicos. Ilustrémoslo de esta manera: si Colombia tiene que importar petróleo para cargar las refinerías de Ecopetrol, ello sería un desastre nacional de grandes proporciones. ¿Por qué sufrirían las trasna­cionales, si habría que comprárselo a ellas, que lo producirían en otra parte? Es obvio que no puede prohibirse hacer negocios con las trasna­cionales, pero sí se debe exigir que sean de beneficio mutuo, no como los que venimos denunciando, en los cuales el interés estratégico de la nación colombiana resulta vulnerado.

Se dice que Ecopetrol no tiene recursos con qué explorar y explotar. Lo cierto es que sus transferencias al gobierno son muy altas. A la compañía estatal la vienen ordeñando de manera excesiva. En 1997 le trasfirió al Estado 2.5 billones de pesos; 2.1 billones en 1998; 2.7 billones en 1999; 5.2 billones en 2000; y 5.4 billones de pesos en el año 2001: en los últimos seis años Ecopetrol le entregó al gobierno 23.3 billones de pesos en trasferencias. Por ello no tiene con qué emprender las actividades que debiera acometer, porque la exprimen hasta su agotamiento. Que sea porque el gobierno, como dice, prefiere utilizar esos recursos en el “gasto social”, o que ocurra para justificarles los negocios a las trasnacionales en acatamiento de las políticas del FMI, es un debate clave. Personalmente me inclino a que es porque mientras más le saquen a Ecopetrol más se beneficia el capital extranjero, pues es fácil entender que nadie que sea serio en los negocios dejaría de reinvertir en uno que es rentable por sustraerle más de lo que debe sacarle. ¿Qué tal que a Julio Mario Santodomingo le hubiera dado por distribuir en dividendos todo lo que ha sido la acumulación de recursos en Bavaria? Constituye el abecé del capitalismo que en los negocios rentables hay que reinvertir para que las utilidades aumenten, y que es muy mala política comerse la gallina de los huevos de oro.

Privatización y Plan de Desarrollo

Estos razonamientos sobre la política de hidrocarburos del país son reafirmados en el Plan de Desarrollo del gobierno de Uribe. Allí se dice que en cuanto a la Refinería de Cartagena “se avanzará en la implementación del plan maestro con la mayor participación privada posible”. Claro: se trata de invertir en el lomo, que venga la plata del capital extranjero, y que las partes malas del negocio de refinar, que por supuesto las asuma Ecopetrol. Está cantada la privatización de por lo menos una parte de esta actividad.

En el Plan se afirma también que “Se ejecutarán las inversiones requeridas para garantizar el libre acceso a las redes de transporte, almacenamiento e importación de los derivados del petróleo” de Ecopetrol, es decir, aplicarle la misma política que a Telecom, y esta empresa está agonizando, en buena medida porque tuvo que arrendarles a menosprecio sus redes a sus competidores para que terminaran quebrándola. Y el presidente de Ecopetrol, so pretexto de promover la eficiencia, señaló que iba a romper el monopolio de la refinación, dejando claro que se va a abrir el camino a la importación de gasolina. En síntesis, no sólo no dejan operar bien a Ecopetrol en lo que debieran ser dos de sus principales actividades: explorar y explotar, sino que apuntan a quebrarle también el espinazo en almacenamiento, transporte y refinación.

Otro punto del Plan señala: “Se va a evaluar la posibilidad de extender la duración de los contratos de asociación hasta que se agote la vida económica de los yacimientos”, lo que equivale a una poderosa bomba contra Eco­petrol, porque lo poco que hoy explota esa empresa son las reversiones a la Nación de esa clase de contratos, los cuales siempre han sido leoninos, pero han tenido el gancho de que pasan a ser de propiedad de Ecopetrol antes del agotamiento de los yacimientos. Ahora, al no revertir a la nación, quedaría la compañía estatal por fuera de la explotación del petróleo nacional.

Si Ecopetrol no explora ni le revierten los pozos, ¿cuál será su futuro? Si además le van a sonsacar el transporte y el almacenamiento y hasta la refinación, ¿en qué quedará convertida? Y si esto se ata a la nueva teoría sobre la producción incre­mental aplicada en el contrato Catalina sobre el gas de La Guajira, que también podrían aplicar al petróleo, salta a la vista que le están abriendo el camino no sólo a que los nuevos pozos sean explotados por las trasnacionales hasta el agotamiento, sino al propio desmonte del traspaso a Ecopetrol de los grandes campos ligados a contratos de asociación. Sería un desastre, porque implicaría la priva­tización de todo el sector, y la conversión de Ecopetrol en una especie de Dian del petróleo, limitándose a recaudar las regalías que pagarían las trasnacio­nales.

La privatización también ha avanzado en otros sectores. Todo el negocio del gas se ha hecho en contravía del interés nacional. Su distribución domiciliaria se le entregó al capital privado, cuando hubiera debido ser parte de las actividades de Ecopetrol. El ex senador Amylkar Acosta ha denunciado las recientes y escandalosas alzas en los precios del gas al consumidor, que se relacionan con los enormes aumentos en el precio en boca de pozo, en beneficio de la Texaco y la British, que ha llegado a 1,61 dólares por millar de pies cúbicos, cuando producirlos cuesta 0,14 dólares. Y las recientes alzas en el precio del transporte del gas también son desproporcionadas, entre 363% y 627%.

Para completar el cuadro de los privilegios, ahí están las protestas de los propietarios de expen­dios de gasolina al menudeo, asociados en Fendipetrol, quienes han denunciado que las trasnacionales se están quedando también con ese negocio, pues ya poseen 170 estaciones, además de controlar la distribución al por mayor, jugoso negocio que nunca perdieron, ni siquiera cuando se creó Ecopetrol, lo que sin duda hubiera ocurrido en un país gobernado con concepciones patrióticas.

El presidente de Ecopetrol ha dicho que Uribe Vélez se comprometió a no priva­tizarla; y es posible que no privatice 100% de la empresa, porque la privatización es un proceso que se desarrolla en el tiempo, ante las resistencias que debe derrotar.

El contrato Catalina

El gobierno decidió suscribir el nuevo contrato de Catalina, una especie de prórroga en favor de la ChevronTexaco para la explotación de la Plataforma Chuchupa B del gas de La Guajira, el cual, por vencer el 31 de diciembre de 2004, iba a poner en manos de Ecopetrol toda la producción del yacimiento. Pero el uribismo determinó que ese negocio se hiciera bajo la forma de producción de gas incremental, peor en términos del reparto de la riqueza que el de asociación anterior, porque, además, se hace dentro de la nueva legislación que deterioró los beneficios que le corresponden a la Nación.

Sobre la explotación del gas de La Guajira, el senador Hugo Serrano denunció que una de las primeras anomalías se dio en el contrato para que Texaco perforara seis pozos mediante la Plataforma Chu­chupa B, pero que sólo perforó tres, lo que ha debido conducir al gobierno a exigir la revisión, ya que la Tasa Interna de Retorno pactada con la trasnacional, de 15%, debió dispararse en su favor al perforar la mitad de lo supuesto.

Y no es cierto, como ha afirmado el ministro para defender el contrato Catalina, que la Chevronva a seguir sacando el gas que hay allí sin que Ecopetrol tenga que poner un solo peso, porque por la plataforma que está operando, y sin la cual no puede extraerse el hidrocarburo, Ecope­trol está pagando un arriendo que hasta 2016 alcanza la suma de 336,9 millones de dólares, para no mencionar que el yacimiento le pertenece a Colombia, pues hace parte del subsuelo de la nación.

Las denuncias sobre el carácter leonino del contrato Catalina fueron confirmadas por la Contraloría, que conceptuó que con gas a US$0,98, precio inferior a las cuentas oficiales, la ChevronTexaco obtendría una utilidad (Tasa Interna de Retorno) de 26%, porcentaje escandaloso si se tiene en cuenta que Empresas Públicas de Medellín tiene 4%, las refinerías 2%, el conjunto del sector eléctrico de Colombia 1% y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos 2,84%. Aun más: con gas a 2,22 dólares, precio que podría no ser desproporcionado dependiendo de los desarrollos de la agresión contra Irak, la ganancia para la trasnacional sería de 115%, un evidente asalto al patrimonio nacional.

La Contraloría también calculó que si la operación la hace directamente Eco­petrol, las utilidades para la empresa, dependiendo de los supuestos del precio, estarían entre 51 y 314 millones de dólares a Valor Presente Neto, una especie de tecnicismo que crea confusión porque da la apariencia de que se trata de cifras menores, ya que los seres humanos no piensan en dólares presentes netos sino en dólares o en pesos corrientes. Además, afirma la entidad de control que lo convenido con la ChevronTexaco da unas pérdidas, o unos ingresos menores para Colombia, entre 24 y 217 millones de dólares en Valor Presente Neto. Por tanto, la diferencia entre si el negocio lo hace la trasnacional o Ecopetrol es enorme..

También con el propósito de apuntalar un contrato que no tiene defensa, se introducen los socorridos “factores de riesgo”, uno de los viejos cuentos con los que el capital extranjero esquilma a los colombianos. La Contraloría también los desenmascara, pues afirma que no existe riesgo comercial, porque aun si el gas a extraer disminuyera en 49,94%, la Tasa Interna de Retorno para la Texaco sería de 12,28%, que sigue siendo bien atractiva. Y dice que tampoco hay riesgo tecnológico pues no se hará inversión en tecnología de punta y porque el yacimiento será operado por la Guajira Gas Service, de acuerdo con el contrato leonino vigente.

Tampoco hay riesgo jurídico, señala la Contraloría. Uno de los aspectos más impactantes de las explicaciones enviadas por el ministro de Minas a la Comisión V del Senado es su argumentación sobre la existencia de un gran riesgo jurídico. Explica el ministro que la Texaco, aprovechándose de que ella es la actual operadora de la Plataforma B, podría llenar al país de demandas para impedir que Ecopetrol haga por sí sola el negocio. Son dos páginas que impresionan, porque si la ChevronTexaco es capaz de hacer siquiera 1% de lo que el ministro dice que podría hacer, no se debiera hacer negocios con esa empresa, pues lo que describe es un catálogo de manipulaciones inauditas. El único argumento serio para defender el contrato es que si no se suscribe con la Texaco, ésta extorsionaría a Colombia “legalmente”. Y bien se sabe que buena parte del negocio del capital extranjero en el mundo no es la ingeniería, ni el petróleo, sino la contratación de manadas de rábulas para que litiguen contra los Estados de los países pobres, con la tranquilidad de que usualmente ganan los pleitos. Es un deber no aceptarle extorsiones a nadie, incluidas las multinacionales, por poderosas que sean.

Queda el problema de si Ecopetrol tiene o no recursos para efectuar la inversión por su cuenta y riesgo. Con sólo una parte de lo que tiene la empresa en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP, que asciende a 1,05 billones de pesos, o sea, unos 300 millones de dólares, se podría acometer dicha explotación. Es conveniente sacar esos recursos del FAEP para invertirlos en un negocio muy rentable, porque esa suma está en bancos en Nueva York recibiendo intereses de apenas 1,75% anual, que mucho contrastan con los costos superiores a 10% con los que Colombia contrata su deuda externa con la misma banca en la que tiene depositadas sus reservas.

¿Qué tan cierto es que con el contrato Catalina lo que se va a extraer es gas incre­mental? Los especialistas sostienen que, según la definición de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo (la organización internacional más prestigiosa en el tema), en este caso no cabe ese criterio. La UIS conceptuó en el mismo sentido. Una simple lectura del Decreto 1895, de la Ley 756 y del Decreto Reglamentario 3176, indica que ahí no hay extracción de gas incre­mental. En el mismo sentido se pronunció la Contraloría General.

Se habla de extracción incremental cuando en un yacimiento se logra una producción por encima de la normal. Este concepto apareció porque en el mundo había muchos campos al borde de agotarse o en su fase final de producción, y se crearon nuevas tecnologías basadas en introducir energía en esos pozos para extraer unos hidrocarburos que de otra manera no podrían obtenerse. Y en el campo del cual se viene hablando esto de ninguna manera se cumple, porque ese gas está ahí, y se sabe en qué cantidades y que puede extraerse sin usar nuevas tecnologías. Incluso en la Plataforma B están los huecos para los tres pozos que deben perforarse. ¿Con qué argumento válido sostienen que se trata de gas incremental? Pero aún más: el propio gobierno sabe de la debilidad de sus argumentos. Ante el estallido del escándalo sobre el contrato Catalina, decidió aplazar el finiquito del contrato con la Chevron para hacerle una consulta al Consejo de Estado.

Sobre Gibraltar

En el caso del pozo Gibraltar, es irrefutable que el ministro de Minas y el presidente de Ecopetrol mintieron al afirmar que había 200 millones de barriles de petróleo, lo cual no podía saberse en esa fecha y tampoco se sabe ahora porque tanto el gas como el petróleo son volúmenes, y es imposible que con la perforación de un solo pozo se pueda saber cuánto hidrocarburo hay en un yacimiento, así como tampoco hay pruebas suficientes para saber la calidad del hallazgo. Ojalá allí hubiera más de lo que sostuvieron los funcionarios y que fuera de la mejor calidad, porque eso sería una confirmación de la capacidad técnica de los especialistas y trabajadores de Ecopetrol, en la cual ellos no creen. Lo indiscutible es que faltaron a la verdad, y que su afirmación fue para intentar tender una cortina de humo sobre el contrato Catalina y las contradicciones con la USO en su pliego.

La USO y la defensa del interés nacional

Es inminente una huelga en Ecopetrol. A esta situación se llegó porque el gobierno, irresponsable, presentó un contra­pliego con el cual quiere quitarles a los trabajadores lo que tienen como derechos convencionales. Con mucha ligereza se dice que los trabajadores tienen que ceder en sus pensiones, salarios y estabilidad. ¿Qué dirían los propietarios de fincas si el gobierno les dijera que tienen que entregar 20% de sus tierras, desconociéndoles sus escrituras? ¿Por qué en el caso de los trabajadores de Ecopetrol se pretende arrebatarles derechos obtenidos legalmente? Lo que persigue la cúpula oficial, al provocar el enfrentamiento, es tratar de destruir la USO. Altos funcionarios del Estado calculan que si bien una huelga produciría grandes pérdidas, también representaría la oportunidad para quitarse de encima la organización sindical, principal obstáculo a la política de la casta neoliberal.

A los obreros les quieren arrebatar su estabilidad porque sin ella no hay sindicatos y quedarían sometidos al arbitrio de cualquier funcionario. Por ello, este es un debate que va mucho más allá de los salarios. Se está definiendo si frente a la conspiración de los privati­zadores estará la fuerza social encarnada en los obreros de Ecopetrol, que ponga piso firme a las posiciones que respecto a la explotación soberana de nuestros recursos comparten con otros sectores patrióticos del Parlamento, la Iglesia, la Academia, y que son opuestas a las sumisas de los sucesivos gobernantes, a quienes sólo los mueve cumplir con las órdenes del FMI.

Colombia tiene una deuda de gratitud con los trabajadores de Ecopetrol. Incluso a quienes les parezca que ganan mucho, habría que recordarles que la petrolera estatal existe porque los trabajadores del petróleo en Barrancabermeja, de la Tropical Oil en esos días, se jugaron la vida para que la reversión se diera y se creara Ecopetrol. Y recordarles que si la política petrolera del país no es peor, es porque la Unión Sindical Obrera, USO, ha significado en sus ochenta años de existencia una fuerza que les ha combatido a los gobiernos sus políticas petroleras antina­cionales, lucha en la que han sido respaldados por los patriotas de Colombia. Es un deber acompañar a los trabajadores, porque de su resistencia depende la suerte de los hidrocarburos.

En resumen, viene avanzando una política supremamente dañina para el interés nacional. Los hechos y las cifras son escalofriantes. Estamos al borde de empezar a importar petróleo, si es que las refinerías se mantienen en poder de la Nación. Es claro además que el Ministerio de Minas y el presidente de Ecopetrol les han mentido a los colombianos en el caso de Gibraltar. Aún no se sabe qué hay ahí ni en qué cantidad. Mintieron cuando afirmaron que el contrato Catalina debía firmarse porque la entrada de Ecopetrol a ese negocio costaba 143 millones de dólares y no 43 millones. Manipularon al afirmar que sobre el contrato Catalina ya no había nada que hacer, porque ya estaba firmado, como lo remarcó el ministro de Minas durante el debate que sostuvimos en la FM. Stéreo, y ahora, presionados también por el concepto de la Contraloría, el mismo funcionario dice que hace falta una resolución y que le van a consultar al Consejo de Estado.

Colombia necesita gobiernos que por lo menos tengan el valor civil de decir la verdad, porque si de algo estamos urgidos es de que la población entienda lo que pasa, para que estos debates dejen de ser discusiones de iniciados y se vuelvan controversias democráticas.

Por último, en el campo de los hidrocarburos Uribe Vélez no defiende el interés nacional. Por el contrario, juega abiertamente en el bando de las trasnacionales, en el equipo de quienes creen que la salvación de Colombia está en adorar al capital extranjero, en postrarse ante los designios del imperio norteamericano.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO EN EL SENADO

Contra la Reforma Política

Los senadores abajo firmantes dejamos la siguiente constancia, en la que explicamos las razones fundamentales por las que votamos negativamente la reforma política aprobada por el Senado de la República en el día de hoy.

Como lo dijo uno de los ponentes en la plenaria de la Corporación, el propósito principal de la reforma es corregir “el efecto demoledor de las reformas” políti­cas aprobadas en la década pasada, las cuales tuvieron como uno de los aspectos fundamentales el haberles permitido a sectores diferentes a los partidos tradicionales y a grupos minoritarios dentro de dichos partidos llegar al Congreso de la República.

Por ello es que la reforma aprobada establece el umbral y la cifra repartidora como talanqueras en las elecciones legislativas, de forma que se nos haga más difícil o imposible a las fuerzas independientes y minoritarias acceder al Congreso, a las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales.

También hay que denunciar que esta reforma, en lo que tiene ver con el umbral y la cifra repartidora, es una evidente “clonación” de un artículo del Referendo que se pondrá a consideración de los colombianos, referendo que también busca la reducción del Congreso en el 20%, un obvio ataque a las minorías políticas. Y a este “clon” se le dio vida a pesar de la demagogia del gobierno y del uribismo acerca de que la “clonación” había desaparecido de la reforma política.

Y tampoco podemos estar de acuerdo con la decisión tomada en esta reforma de iniciar una auténtica ofensiva para quitarle la personería jurídica a las organizaciones políticas independientes y minoritarias.

Bogota, 5 de mayo de 2003.

Jorge Enrique Robledo

Bernardo Hoyos Montoya

Luis Carlos Avellaneda

Francisco Rojas Birry

Jesús Bernal Amorocho

No a la descapitalización del sector solidario

El senador Jorge Enrique Robledo exigió echar atrás el decreto 790 de 2003, que descapitaliza en más de 100 mil millones de pesos a las cooperativas de ahorro y crédito, los fondos de empleados y las asociaciones mutualistas.

El decreto 790, expedido por el gobierno el 31 de marzo, le ordena al sector solidario de la economía que el 10% de sus exigibilidades le sea entregado a la banca comercial para que constituya con él los llamados Fondos de Liquidez. Dicho porcentaje equivale hoy a más de cien mil millones de pesos.

No hay tal riesgo de iliquidez. Los fondos de empleados se nutren de los aportes de sus socios, descontados por nómina. Los dineros se prestan a los mismos trabajadores con intereses blandos o se invierten en proyectos que los benefician, y en cada crédito actúan como fiadores otros asalariados, por lo que la seguridad de las acreencias está garantizada.

“Con este duro golpe que acaba de asestarle el gobierno al sector cooperativo y mutualista ¿en qué queda el tan cacareado Estado Comunitario del que se habla en el Plan Nacional de Desarrollo?”

Contra el Plan de Desarrollo

Ante la facultad presidencial de dictar por decreto el Plan Nacional de Desarrollo, las mayorías del Congreso se aprestan a aprobarlo, para poder influir, así sea mínimamente, en lo correspondiente al Plan de Inversiones, en lugar de adoptar una actitud vertical frente a la propuesta del Ejecutivo, que no consigna ninguna medida que coadyuve al progreso nacional. La aprobación del Plan en estas condiciones demuestra el lánguido papel al que ha sido reducido el Legislativo, en cuanto a la atención de los problemas principales de Colombia.

Como sucede con las demás medidas adoptadas por el gobierno de Uribe, el Plan no hace otra cosa que consignar las variadas exigencias del FMI. De un lado, las de concentrar los esfuerzos del país en garantizar el pago cumplido de la abultada deuda externa, para lo cual toda la política debe orientarse a reducir el déficit fiscal; y de otro, las orientadas a aprestar el país para su vinculación al ALCA.

El Plan, merecidamente llamado de subdesarrollo, no contempla en ninguno de sus apartes ni una sola propuesta seria que conduzca a impulsar las actividades industriales o agrícolas y en general las del sector real de la economía. Por el contrario, su principal estrategia consiste en revivir la fórmula fallida de cifrar el progreso en la construcción de vivienda que, como se demostró en las últimas décadas, es, antes que un acicate de la producción, una enorme veta para la especulación financiera. Estrategia aún menos efectiva hoy, cuando ha caído la capacidad de compra y las cifras indican que se está demandando cada vez menos vivienda de la llamada de interés social. En cuanto a la otra fuente de supuesta reanimación, las exportaciones, el gobierno pretende desconocer que las ventas externas vienen cayendo en términos reales y que los géneros con los que podemos competir en el exterior, cada vez más pocos y exóticos, no permiten siquiera pensar en que se convertirán en fuente de avance económico. En lo que sí es absolutamente claro el proyecto del gobierno es en que abrirá las fronteras a los productos y capitales extranjeros, principalmente de EU, impulsando a rajatabla la anexión del país al ALCA, o en su defecto, a un acuerdo bilateral con la potencia del Norte.

Otras propuestas, presentes a lo largo de todo el proyecto, cuales son las de llenar aún más de gabelas a los monopolios internacionales, facilitándoles adueñarse de sectores estratégicos aún en manos del Estado, como las redes de transmisión eléctrica y algunas entidades financieras; las mayores ventajas que se les conceden para el saqueo de los recursos naturales, como en el caso de los hidrocarburos; o las nuevas garantías en materia fiscal y tributaria para que hagan sus inversiones,, antes que redundar en pujanza del país, han estado entre las causas principales de nuestro atraso.

Por lo anterior, a pesar de que las propias cifras del Plan sobre el crecimiento en el cuatrienio por sí solas demostrarían la postración a la que está sometida Colombia, lo peor es que ni siquiera podrán cumplirse. Por el contrario, todo apunta a que lo que tendremos al final del gobierno es la ratificación del total estancamiento económico del país. No sólo por lo antes señalado, sino porque la conjunción de las demás normas dictadas desde el 7 de agosto no pueden conducir a cosa distinta. ¿Cómo puede pensarse que el país logre prosperar cuando el grueso de las medidas oficiales, incluidas las reformas laboral, pensional, tributaria, administrativa y el propio referendo apuntan a reducir hasta el mínimo la demanda? ¿Cómo se propulsará el mercado interior, base del desarrollo, si los 40 millones de colombianos quedarán exánimes con esas políticas?

Por otra parte, la llamada “política social” del gobierno no puede sino corresponder a los anteriores presupuestos. La educación y la salud sufrirán una nueva arremetida que, como viene sucediendo desde los inicios de la apertura, tendrá como ejes el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y la privatización, hasta hacer cada vez menos accesibles y de menor calidad estos servicios esenciales. Del sector de la salud serán sacados alrededor de 30 mil trabajadores; a los nuevos educadores se les contratará negándoles los mínimos derechos adquiridos por el magisterio; el presupuesto de las universidades públicas empezará a escamotearse.

Otros sectores y programas del Estado también serán recortados o se propiciará su eliminación. So pretexto de modificar las “bases” del Sisben, se anuncia que una gran cantidad de colombianos serán sacados del programa. El ICBF, será sometido a una nueva “reestructuración”, que significará el despido de más funcionarios y el traslado de parte de sus funciones a particulares o a los entes territoriales, en su mayoría arruinados. Otro aspecto en que se profundizará la penuria que vienen sufriendo los más vastos sectores de la población, es el de las tarifas de los servicios públicos, en lo cual el Plan es pródigo en medidas para elevarlas.

En fin, el plan cuatrienal sólo agudizará los males que padece el país, hipotecará más su soberanía económica, acabará de arruinar los sectores productivos y llevará a extremos insoportables la vida de las masas. Por lo anterior, los senadores firmantes dejamos constancia de nuestro voto negativo y llamamos a todos los afectados que constituyen más del 90% de la población a movilizarse contra sus nefastas implica­ciones.

Bogotá, 6 de mayo de 2003

Jorge Enrique Robledo

Carlos Gaviria Díaz

Francisco Rojas Birry

ANGEL MARIA CABALLERO, PRESIDENTE DE SALVACION AGROPECUARIA: RECLAMAMOS CONSULTA POPULAR SOBRE EL ALCA

Ángel María Caballero, presidente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria apoyó la propuesta que hiciera en el Congreso el senador Jorge Enrique Robledo para que el ingreso o repudio de Colombia al ALCA se decida mediante consulta popular.

Para el dirigente de Salvación Agrope­cuaria, el ALCA afectará la producción del campo por la drástica baja de los aranceles a las importaciones, hasta llegar a cero en menos de diez años, lo que terminará de arrasar nuestros cultivos. Las multinacionales monopolizarán la propiedad intelectual de agroquímicos y materiales transgénicos. Los cultivadores nacionales no podrán sembrar sus propias semillas, y serán obligados a utilizar los híbridos y variedades de marca.

«El ALCA también contempla medidas sanitarias y fitosanitarias, facilidades para la inversión extranjera, compras del sector público, políticas de competencia y solución de diferencias».

«Por la presión de las grandes multinacionales farmacéuticas, Colombia puede perder en el sector de los medicamentos más de 770 millones de dólares anuales en forma de sobreprecios si no se les permite a los colombianos usar genéricos de fabricación nacional», denuncia Caballero citando a Emilio Sardi, gerente de la empresa nacional Tecnoquímicas.

El presidente de Salvación Agrope­cuaria señaló que el ALCA le hará perder a nuestro país más de cinco mil millones de dólares anuales al eliminar la producción de la dieta básica de la nación. «Lo grave es que se pierde no solo al dejar de producirla, sino también al tener que importar lo que requiere la población para alimentarse. Claro que para el ministro de Comercio Exterior, Jorge Humberto Botero, esto parece no ser importante. En el debate que hiciera el doctor Robledo en la Comisión V del Senado, el ministro no tuvo empacho en decir que la producción rural sólo representa 12% del PIB nacional y la población rural es apenas 25%. Para él son insignificantes los cuatro millones 500 mil empleos que genera el campo colombiano».

Caballero le recordó al ministro que su ejemplo sobre el pan, del que dijo Botero que es el más caro de América después del de Brasil, confirma precisamente lo que Salvación Agropecuaria ha planteado: que el gobierno es corto­placista, pues sus funcionarios y asesores, como ocurre con Hommes, piden importar alimentos porque son más baratos en el exterior, olvidando que cuando nuestra producción quiebra las multinacionales hacen y deshacen con los precios. «En su sesgo contra los agricultores de Colombia, el ministro Botero olvidó que 96% del trigo con el que se fabrica el pan es importado desde hace muchos años. Con el mismo argumento de que era más barato importar el trigo que producirlo en el país, en la década de los sesentas desaparecieron 180 mil hectáreas, con todo lo que ello implicó de quiebra para los productores, desempleo para los trabajadores, máquinas abandonadas, disminución de negocios para comerciantes y transportadores, gasto de divisas para traer el trigo del exterior».

Denunció que lo que hace cuatro décadas se hizo con el trigo, y a partir de los setentas con el maíz, es lo que han pretendido hacer con el arroz, lo cual no han podido completar por la lucha radical de la organización que él dirige y la masiva movilización de arroceros y agricultores. Sin embargo, dice Caballero, con el ALCA «la ofensiva será más grave contra este cultivo», convirtiéndose en uno de los renglones más amenazados.

«Producir en Colombia una tonelada de arroz blanco y llevarla a puerto vale 400 dólares; producirla en Estados Unidos y ponerla en el mercado internacional vale de 180 a 200 dólares, pues los productores tienen todo el apoyo estatal y subsidios multimillonarios. Lo mismo sucede con la papa, carnes, leche y todos los productos de la canasta familiar; en el caso específico de la papa, producir una tonelada en Colombia vale 117 dólares, y en Estados Unidos, 80. Pero cuando hay excedentes, como el año pasado, cuando le sobraron más de dos millones de toneladas, la vendieron a 40 dólares. Sin duda, por los abundantes yu generosos subsidios. No hay producto que sobreviva con el ALCA. Por eso cuando el arancel para el arroz baje de 100% nos inundarán de este cereal, y quedará arrasada la producción. Lo mismo con el maíz: producirlo en Colombia vale 154 dólares la tonelada, mientras en el mercado internacional cuesta de 80 a 100 dólares. Pero esta situación es parecida para cualquier cereal, las carnes, los aceites o las hortalizas. Como dijo el senador Jorge Enrique Robledo en el debate en mención, pueden programar la quiebra de los distintos sectores: unos en el año 2006, otros en 2008, y así sucesivamente hasta llegar al año 2015».

Para continuar y profundizar la lucha por la defensa del campo colombiano, Caballero manifestó que Salvación Agro­pecuaria está participando activamente en la preparación del Foro Internacional sobre el ALCA, a efectuarse los días 13 y 14 de junio en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, en el que conferencistas como Víctor Quintana, representante del movimiento mexicano El campo no aguanta más, homólogo de Salvación Agropecuaria, contará de viva voz la experiencia de México después de nueve años en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y las consecuencias nefastas para el sector agrope­cuario de México, donde la producción de maíz y frijol, entre otras, han ido en franco descenso. Y, finalizó Ángel María Caballero, el 12 de agosto los agricultores de Colombia llenaremos la Plaza de Bolívar en Bogotá, para decirle al presidente Álvaro Uribe que los productores, campesinos, indígenas y trabajadores del campo «no queremos que se firme ese tratado, mal llamado de libre comercio de las Américas.»

GRAN FORO CONTRA EL ALCA Y EL TLC. EL ESPEJISMO DEL LIBRE COMERCIO. EFECTOS SOBRE COLOMBIA. 13 Y 14 DE JUNIO DE 2003.

El Foro busca congregar un número importante de dirigentes de diferentes sectores sociales, académicos, gremiales y todos aquellos interesados en debatir los peligros que significa para Colombia el acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas y un tratado bilateral de comercio con Estados Unidos.

Algunas de las intervenciones son:

1. Balance de los efectos del TLCAN sobre México. Alberto Arroyo, investigador Universidad Autónoma Metropolitana de México y dirigente de la Alianza Social Continental, ASC. 2. Experiencia del agro mexicano en el TLCAN. Víctor Quintana, ex diputado federal de México y vocero del movimiento El campo no aguanta más. 3. El ALCA y la política exterior norteamericana. Raúl Fernández, profesor Universidad de California en Irvine. 4. Impacto del ALCA sobre los trabajadores. Víctor Báez, secretario ejecutivo ORIT. 5. Colombia frente al ALCA. Jorge Enrique Robledo, senador de la República de Colombia. 6. El ALCA y la propiedad intelectual. Myrta Levy, secretaria ejecutiva Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, Alifar. 7. Impacto del ALCA en Colombia. Eduardo Sarmiento Palacio, ex presidente Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 8. El ALCA en Brasil. Rafael Freire, secretario de Relaciones Internacionales CUT de Brasil. 9. La industria colombiana y el ALCA. Emilio Sardi, vicepresidente Cámara Farmacéutica de la ANDI.

Quienes deseen participar como convocantes, adherentes a la convocatoria o asistentes, pueden comunicarse con:

CUT. Teléfono 3237550. informal@cut.org.co, secretaríageneral@cut.org.co, financiero@cut.org.co.

ILSA. Teléfonos 2884437-2884772. ilsa@epm.net.co

Cedetrabajo. Teléfonos: 2443516-2686686. revista@deslinde.org.co