¡ABAJO LA RUTINA!

Intervención en el homenaje a Felipe Mora, en el 4° aniversario de su muerte, y a Froylán Peláez, en el primer aniversario de su desaparición. Medellín, 22 de abril de 2003.

Por Jorge Gómez Gallego
La vida de un ser humano puede ser un ciclo bastante simple. Algo así como nacer, crecer, hacer parte del entorno social, productivo, cultural o familiar, y finalmente morir, sin pena ni gloria.

No es este el caso de Felipe, cuya memoria, junto con la de Froylán Peláez, nos convocan hoy en esta sencilla pero emotiva conmemoración. Felipe fue exactamente la negación de la rutina, la ruptura con la sumisión y la condescendencia. Y a esa característica quiero referirme hoy, cuatro años después que cesaran su acción y su pensamiento, porque la considero uno de sus legados más relevantes, y que de ser entendida y asimilada por la militancia del Partido, enriquecería en mucho nuestro accionar político.

El Diccionario de la lengua dice que rutina es el “hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y sin razonarlas”.

Contra ese hábito declaró su rebeldía y resistencia Felipe en el momento mismo en que decidió acompañar a Mosquera en lo que parecía, hacia 1965, una descabellada aventura: fundar un partido de la clase obrera que dirigiera la lucha por construir una patria soberana y próspera, en marcha al socialismo.

Significaba esto un verdadero desafío a todo lo que aparentemente aconsejaban la razón y la sensatez. Por aquella época, en la opinión común de los colombianos no había comprensión alguna acerca de la decisiva importancia que tenía la dominación imperialista en nuestra reconocida pobreza y atraso. Y como si fuera poco, entre el reducido círculo de intelectuales y dirigentes obreros que sabían de lo pernicioso de esa dominación para nuestro progreso y bienestar, estaban bien arraigadas las concepciones revisionistas esparcidas por el planeta desde el Kremlim, con su quin­taesencia de conciliación de clases, o las que surgiendo como la contra de éstas, trasladaban mecánicamente las experiencias cubana y china a las condiciones particulares del Colombia.

Iniciar el camino de la atrevida decisión constructora librando una batalla sin cuartel contra los oportunistas de “izquierda” y de derecha, amos y señores de la escasa oposición a la minoría oligárquica y proimperialista, es algo aún más valeroso y desafiante.

De ahí en adelante la vida de Felipe fue un permanente e indeclinable desafío a la rutina. Su profundo desprecio por las tendencias surgidas en las filas del Partido, y que además de su naturaleza oportunista han tenido también en común la pretensión de acartonar la política moirista, de despojarla de su dinámica y de su permanente espíritu de lucha y de transformación, de convertir a esta vanguardia obrera en una organización consagrada al “hábito de hacer las cosas por mera práctica y sin razonarlas”, fue proverbial.

De los varios iscariotes que en el MOIR han sido, ninguno guardó en vida, ni guarda hoy después de muerto, especial devoción por Felipe. Y es explicable. Fue Felipe un auténtico cirirí para ellos. Los fusti­gaba permanentemente, les increpaba su burocratismo, su abulia, su displicencia.

Recuerdo que en el Comité Regional de Antioquia, antes de la salida de la fracción que hoy aúpa los atropellos uribistas contra la nación y el pueblo, existió una confrontación con la mayoría de ese entonces, porque Felipe exigía que se rindiera cuenta de la ejecución de las tareas acordadas, mientras que en el otro bando se procuraba exactamente lo contrario, llegando a la absurda rutina de acordar tareas, no realizarlas, para en la siguiente reunión pretextar cualquier tontería para tratar de explicar por qué no se habían cumplido, y una vez más ponerlas como tareas, en una suerte de “tela de Penélope”, deshaciendo de noche lo que se fabricaba de día. Lo recuerdo muy bien, porque quien hoy funge como jefe de esa fracción, repetía en cada reunión: «¡No me acosés, Felipe!».

Y Felipe nunca dejó de acosar. Ni a sus detractores, ni a sus adeptos dentro del Partido. Los que tuvimos la fortuna de militar a su lado recordamos que después de una voz suya de estímulo, siempre venía otra en la que indicaba que no era suficiente: “¡Muy bien, perfecto. Pero tú puedes dar más!”.

Felipe era insaciable, como insaciables debemos ser los revolucionarios colombianos si queremos ver coronada con éxito esta gesta, que, como dijera Mosquera, es tarea de titanes, y que consiste en transformar a nuestra nación en una patria digna y soberana.

La tarea es doble para los moiristas. No se trata solamente de luchar por derrotar a la pandilla de comisionistas que hoy encabeza Uribe Vélez, y que pelechan bajo la dominación imperialista, y prosperan por vender y mancillar la patria. Se trata de hacerlo combatiendo a brazo partido con las tendencias oportunistas que brotan cual maleza en el trópico, y aprendiendo a trabajar con sus voceros sin permitir que nos aíslen. Se trata de hacer válidos los principios generales del marxismo-leninismo en la tierra de la astucia, la trampa y la rutina, en la nación en la que han hecho una perversa simbiosis el oportunismo de derecha y los oportunistas de “izquierda”.

Precisamente por saber a qué nos ateníamos los verdaderos comunistas colombianos, Felipe siempre se rebeló contra la actitud de bonzo, que no es otra cosa que un sacerdote budista cuya vida transcurre entre rezar día tras día las mismas oraciones y hacer sonar una campana.

En este aspecto de la vida, las enseñanzas de Felipe son de una riqueza incomparable. Vigía constante, permanente, para que el Partido no fuera inferior a la vivacidad de la lucha de clases. No era un rebelde sin causa ni era un ser hiperactivo. Sencillamente, tenía una clara comprensión de esa realidad dinámica, en constante movimiento, que es la lucha de clases en la que estamos inmersos, y no podía contemplar pasivo que el movimiento real desbordara al Partido, con el gran riesgo de quedarnos a la vera del camino, cual fotógrafos, registrando el desfile sin participar de él, o viendo los frutos caer sin posibilidad alguna de recogerlos y darles el uso apropiado.

Tenemos la fortuna de vivir en una sociedad en crisis, en una sociedad en la que todos los días pasa algo nuevo que deja perplejos a muchos observadores, y que nos entrega el escenario perfecto para no anquilosarnos, para ejer­citar permanentemente el músculo, para entrenarnos con miras a la gran final. El campo está servido para nuestra acción.

Juntemos esa ventura con la de tener el ejemplo dejado por un comunista como Felipe, quien no aceptó pasar por la vida como uno más, sino que decidió hacer de su vida un ejemplo, una guía, y mientras tuvo aliento labró y moldeó gran parte de lo que es nuestro presente y de lo que será nuestro futuro.

Hoy, cuatro años y quince días después de la partida de Felipe, aprovechemos la ocasión para renovar nuestro respeto a su memoria, pero de manera viva, combatiendo la rutina, para que este Partido pueda desplegar toda la inmensa capacidad que va incluida en el hecho de contar entre sus filas con los mejores hombres y mujeres del proletariado y el pueblo colombianos.

Estoy seguro de que si Felipe estuviera hoy aquí con nosotros, sería el primero en corear la consigna

¡Abajo la rutina!

BERNABÉ BETANCURT: LAMENTABLE DECESO

En febrero murió en Nunchía, Casanare, el dirigente campesino Bernabé Betancurt. Se caracterizó como defensor de los derechos del pueblo y en los setentas ingresó al MOIR con la Organización Campesina de Casanare. Varias veces fue concejal de Nunchía y después se radicó en Arauca, donde fue fundador de la Organización Campesina. A la par con su labor política dedicó grandes esfuerzos a impulsar el arte, componiendo canciones y escribiendo sobre la violencia en las sabanas, las costumbres llaneras y la saga de su familia desde la llegada de Venezuela en 1826. El camarada Betancurt deja el legado imperecedero de la firmeza en las tradiciones revolucionarias del campesinado llanero y la espléndida capacidad cultural de nuestro pueblo.

ALCA…IDO, CAERLE

Debate de Jorge Enrique Robledo en la Comisión V del Senado

Abril 29, 2003

El debate sobre el ALCA es, a mi juicio, el más importante hoy en Colombia. Si tales acuerdos se firman en diciembre de 2004, para empezar a ser aplicados en enero de 2006, sin duda quedará sellada la sentencia a muerte de sectores vitales para el agro, la industria, la educación y los servicios.

Las transformaciones que pretende el ALCA, y las implicaciones para nuestros países, son apenas comparables con la irrupción de los españoles en América. Este debate, además, hace parte del que abrimos en los años 90 sobre la apertura económica de César Gaviria. Algunos dijimos que iban a destruir el país, y otros, en cambio, los antecesores del ministro Botero, ofrecían alborozados su “Bienvenidos al futuro”. Trece años después los resultados desastrosos son palpables, por lo que es increíble que no tengan empacho en defender el ALCA, una política que apunta a profundizar las mismas dañinas decisiones que se tomaron en 1990.

El ALCA creará un solo mercado desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y nos lo han vendido como de maravilla, porque, según arguyen los neoliberales, tendremos 750 millones de compradores, cuando lo que voy a demostrar es que será al revés. Habrá 750 millones de vendedores y, entre ellos, la primera potencia económica del mundo, vendiéndonos sus mercancías y excedentes. Todo, sobre la destrucción de la economía nacional y particularmente del sector agropecuario. En el caso del agro, el cambio fundamental propuesto consiste en llevar los aranceles a cero antes del año 2015.

Recordemos que un arancel es un impuesto a la importación. Si para un producto es de 50%, quiere decir que a cada 100 dólares importados se les tendrá que sumar 50 del impuesto. Luego esa importación no vale ya 100, sino 150. En otros términos, tendrá un nivel de protección de 50%. De los aranceles depende en últimas que un país se inunde o no de productos importados, según el nivel en que se fijen y de los costos internos. Y repito: la principal decisión del ALCA en lo que guarda relación con el sector agropecua­rio es imponernos el arancel cero de aquí al año 2015, en un proceso de desgravación que va a empezar en 2006. En términos efectivos, dentro de tres años comenzarán a verse perjudicados unos u otros productos, dependiendo de las negociaciones. Los perdedores irán quedando en la lona a partir de 2006; los “ganadores”, desde luego muy pocos, quizá aguanten unos años más.

El país se verá obligado a abrirse a las importaciones agropecuarias desde Estados Unidos, o de Canadá, un productor grande, o de México, o de Brasil, otro competidor formidable y, en general, las de todo el continente. Podríamos terminar inundados por ejemplo de café brasileño, amén de otro tipo de productos, como los cárnicos, porque Brasil es el segundo exportador de carne del mundo. Es de asuntos de extrema gravedad de lo que estamos hablando.

Nosotros hemos definido el ALCA como la profundización de la apertura económica que arrancó Gaviria y continuaron Samper, Pastrana y ahora Uribe. Es la misma apertura, pero elevada a la n potencia, hasta las últimas consecuencias. Si los colombianos desean saber lo que les va a pasar con el ALCA, que miren cómo les ha ido en estos últimos trece años, cuántos empleos y riqueza perdieron, e imaginen esa misma situación centupli­cada en los próximos años. Así tendrán una idea más precisa de lo que le sucederá a la economía nacional. Por eso un campesino amigo mío, con esa inteligencia propia de las gentes de nuestro campo, definía el ALCA con una frase que a mi juicio es perfecta:“Alca-ído, caerle”. Nos tumban con la apertura de Gaviria, nos llevan a la quiebra con lo que siguió después, y ahora nos cogen en el piso y nos acaban de atropellar. Analicemos algunos hechos que lo comprueban.

Miremos qué ha ocurrido en México para saber qué podría pasarnos a nosotros. Sobre el caso mejicano se ha dado mucha manipulación. Por ejemplo, alguien informó mal al director de El Espectador, y lo pusieron a decir que al agro mejicano le iba de maravilla en el proceso del TLC (Tratado de Libre Comercio entre estados Unidos, México y Canadá). Eso no es cierto. Tengo cifras de la propia Secretaría de Agricultura de Estados Unidos: en el sector agropecuario mejicano, antes del TLC, había una balanza comercial positiva. Era más lo que se exportaba que lo que se importaba, con un superávit de 581 millones de dólares. Y al año 2001 esa balanza se tornó negativa en 2.148 millones de dólares. Ya es más lo que importa México que lo que exporta a Estados Unidos. En los últimos años han importado comida por cerca de 78 mil millones de dólares, un guarismo igual al de la deuda externa de ese país. Y casi se han doblado los pobres en el campo. Ahora son millones los campesinos obligados por la pobreza a desplazarse a Estados Unidos, a buscar mejores condiciones de existencia ante la miseria a la que han sido sometidos en el sector agropecuario. Los mejicanos están importando 38% de la carne de res, y se espera que suba hasta 60% en los próximos años, porque, hagamos esta advertencia, la quiebra del agro mejicano se da cuando los aranceles no habían caído a cero, como ocurre a partir de diciembre de 2002. Lo que se viene es más grave. Y para completar el desastre, lo poco que está vendiendo México son productos secundarios como berenjenas, tamarindos, nopal, que están siendo monopolizados por las trasnacionales norteamericanas que operan allí y mercadeados por ellas mismas hacia el mercado norteamericano. A México le fue bastante mal con el TLC, su proceso de apertura neoliberal.

¿Cómo le ha ido a Colombia? La apertura significó, de un lado, la disminución de los pocos respaldos que el Estado les daba a nuestros agricultores y ganaderos. Por ejemplo, las tasas de interés de antes de la apertura eran subsidiadas para el sector agropecuario. Esto lo acabaron. Y bajaron los aranceles a los productos importados, lo que en últimas significó que con una mano la burocracia estatal hacía más caro y más difícil producir agricultura y ganadería en Colombia, y con la otra abarataba los productos importados, con las nocivas consecuencias de todos conocidas. Las importaciones pasaron de 700 mil toneladas de comida a 7 millones de toneladas; o sea, de 374 millones a 1.794 millones, porque hay que sumar los alimentos procesados que se importan, pues por procesados que sean, no dejan de ser producción agropecuaria. Hay que advertir que las importaciones totales agropecua­rias aumentaron 479%, pero las de procesados subieron aún más, 524%. ¿Y por qué llamo la atención sobre este punto? Porque buena parte de las mayores importaciones de productos agropecuarios baratos abastece al capital trasnacional en Colombia, concentrando la producción de alimentos procesados. El gran debate está en si estas medidas se toman en beneficio del interés nacional o del interés extranjero. La contienda es entre lo nacional y lo extranjero.

La apertura acabó con 800 mil hectáreas de cultivos transitorios en Colombia. Pero, en cierto aspecto, el gobierno tuvo que recular y establecer las franjas de precios, un sistema de aranceles para proteger el agro nacional. Al algodón no se lo aplicaron, y prácticamente desapareció. Solo sobrevivieron -claro que en condiciones de deterioro de calidad, de rentabilidad, de pobreza, como el caso de la leche- los que tuvieron aranceles altos. Y quiero hacer especial hincapié en esta afirmación: hoy lo que queda del agro nacional está altamente protegido, de lo contrario ya se hubiera acabado. Voy a dar algunos aranceles, con cifras del año en que estuvieron más arriba: cerdo 76, pollo 184, leche entera 70, trigo 48, cebada 38, maíz amarillo 65, arroz 82, soya 56, sorgo 70, aceite de palma 105, aceite de soya 97, azúcar crudo 106, azúcar blanco 98%. Se puede afirmar sin vacilación que están vivos por esos niveles arancelarios. Cuando el ALCA los lleve a cero, estarán condenados a desaparecer.

¿Por qué Colombia no pudo competir? Porque nunca fue posible competir. Al país lo engañaron con que se tomaría por asalto los mercados foráneos. Y no puede competir, no porque los agricultores norteamericanos sean más trabajadores o más inteligentes que los nuestros, sino porque ellos producen más barato, porque tienen un Estado que los lleva de la mano, un Estado que los respalda con generosidad. Les voy a dar cifras impresionantes: mientras en Estados Unidos el presupuesto de la Secretaría de Agricultura asciende a US$100.000 millones al año, el del Ministerio de Agricultura de Colombia para 2003 solo llega a US$61 millones. Es decir, 1.639 veces menos, por lo que competir con ellos equivale a que alguien de talla normal desafíe a un gigante de 410 pisos de alto.

Y cuando nuestro agricultor, al que someten a semejante competencia, les pide crédito barato a los ministros, a esta burocracia encallecida y dura del neoliberalismo, le responden: ¡No, de eso no hay! ¿Pero al menos el crédito será abundante? ¡No, tampoco! ¿Las vías van a ser buenas? ¡No ni pensarlo, no hay con qué! ¿Y asistencia técnica? ¡Hombre, usted en qué país vive, si eso se acabó hace años! ¿Precios de sustentación? ¡Menos! ¿Pero van a controlar los precios de los insumos? ¡Imposible, no somos paterna­listas ni intervencionistas!¿Van a hacer distritos de riego?¡Ni lo sueñe! En fin, cuando los burócratas deciden lanzar a nuestros empresarios y campesinos a luchar con ese contrincante gigantesco y le piden al Estado algún tipo de garantías, siquiera un ferrocarril por donde exportar más barato que por carretera, entonces el burócrata les contesta: ¡Ustedes verán cómo se salvan! Esto me recuerda a ese nadador que tiran a la piscina y le suben la temperatura del agua a 100 grados. Y cuando el nadador se sancocha, ese Hommes que está parado al borde de la piscina le dice con la mayor frescura, como si nada hubiera pasado: “Oiga, no respira bien. Claro, no vino a los entrenamientos”. Esa es la cruda realidad. Están sancochando el agro nacional con una macroeconomía y un ambiente dañinos, definidos por la burocracia estatal. Y no sirve, señor ministro, el argumento de que el problema ha sido la revaluación del peso, porque lo que ha fallado es todo el conjunto de la política neoliberal, una política que tiene como uno de sus pilares esa revaluación, porque si el país se va a abrir para que el capital extranjero lo inunde, que fue lo que hicieron en 1990, el peso tiene que revaluarse. Si dejó de hacerlo fue porque la economía nacional se hundió. En pocas palabras, ¡lo que no funcionó fue el modelo económico!

Se trata de una realidad indiscutible, una verdad sabida, aceptada por todo el mundo. Lo nuevo es la argumentación para vendernos el ALCA. En 1990 nos dijeron: vamos a ser competitivos y a tomarnos el mundo con malicia indígena, y cursos de autoestima. Eso va a salvar a nuestros productores. Así nos impusieron la apertura. Pero cuando la vida demostró que era imposible competir, por los descomunales subsidios en los países desarrollados, que llevan cerca de cien años, entonces cambiaron sus argumentos; lo he repetido varias veces, pasaron “de la demagogia al cinismo”. Están ahora intentando demostrar, con estudios pagados por el Banco Mundial, que defender el agro nacional es una desgracia, que es malo cultivar arroz y producir leche, o como lo dice el doctor Hommes, principal asesor económico del presidente Uribe Vélez, y que tiene como encanto su descaro, nos resulta mejor importar todo aquello que sea más barato en el exterior. Bajar a cero los aranceles, objetivo del ALCA, significa justamente eso.

Los apologistas del ALCA dan argumentos falaces para sostener que importar comida barata les sirve a los pobres en las grandes ciudades y que respaldar el agro redunda sólo en provecho del latifundismo, ocultando que 69% de los propietarios rurales, los que se van a quebrar con el ALCA, tienen menos de cinco hectáreas de tierra. Tampoco es cierto que los pobre vayan a ganar con las importaciones, porque hoy el país está lleno de artículos baratos de importación pero los colombianos tienen la nariz chata de pegarla contra las vitrinas y no poder comprar tanta cosa barata que hay dentro. Los empobreció la quiebra de la industria y del agro, la caída del empleo, la disminución de los salarios, secuelas de las políticas neoliberales. Los propagan­distas del ALCA también ocultan que importar toda la comida significa que el país pierde su seguridad alimentaria. Con este término hago referencia a la capacidad que ha de tener un país para producir su propia comida dentro del territorio nacional; porque se nos quiere hacer creer que no importa dónde se produzca mientras tengamos con que comprarla en el exterior. Pero resulta que ese criterio desconoce el riesgo al que se ve sometida una nación que se vea forzada a importar toda la alimentación de su pueblo. Es un asunto de soberanía.

Como esto a uno no se lo creen, voy a leer una cita de George Bush: “Es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales, una nación vulnerable, y por eso cuando hablamos de agricultura norteamericana en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”.

Seguridad nacional en materia de soberanía alimentaria. Este es un concepto que al doctor Hommes y a los neoliberales los tiene sin cuidado. A ellos les interesa es la seguridad nacional de Estados Unidos. Como la gran alternativa, los hommes y los junguitos nos llaman a especializarnos en cultivos tropicales; que Colombia produzca lo que los gringos no puedan producir por razones del clima; que les dejemos a los gringos que produzcan la dieta básica y nosotros nos dediquemos a alimentos secundarios como la pitaya, el cardamomo y la uchuva.

Doctor Botero: leí con sumo cuidado la respuesta de su Ministerio al cuestionario que pasé para este debate, y debo decirle con franqueza que es lamentable. Ustedes afirman que los bienes exportables a los que debemos dedicarnos son, en su orden: café, no hay a quien venderle un grano más y los cafeteros estamos quebrados; banano y plátanos, no hay forma de vender uno más; flores, el mercado está saturado, y ustedes lo saben; papa, ¿a quién le vendemos?; algodón, los anteriores gobiernos acabaron con él; hortalizas, pues les cuento que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos ha hecho explícito que, con el ALCA, nos van a vender hortalizas; palma africana, ya los palmeros dijeron que no quieren entrar al ALCA porque se arruinan con la importaciones de sustitutos y de aceites de uno u otro tipo; caña de azúcar para producir alcohol, tendría que ser sobre la base de la protección, porque de otra forma no somos competitivos; carne bovina, sumo lo que usted dice, señor ministro, y lo que dice Hommes, y si no estamos inundados de carne bovina es porque no hay redes de frío. Pero que no resulte, como lo advertí hace dos años, que las redes de frío que están construyendo con las cuotas parafiscales pagadas por los ganaderos, dizque para exportar, sean en realidad para las importaciones que nos llegarán con el ALCA. Estados Unidos es el primer exportador mundial de carne, Brasil el segundo y Argentina el tercero.

El doctor Cano viajó a Estados Unidos a implorarle a la secretaria de Agricultura, Ann Veneman, que nos ayude. Es decir, que nos salven los mismos que nos emboscan. Y se fue a pedirle garantías para las pitayas y las uchuvas. Colombia sería el único país que logra desarrollarse vendiendo pitayas, ¡un laxante! ¡Esa es la gran estrategia de este gobierno! El doctor Cano está en una tarea increíble. Pedí estudios al respecto, doctor Botero, y no los hay. El ministro me dice que Planea­ción está haciendo uno, uno solo a estas alturas, cuando ya estamos hundidos hasta el cuello. Me cita otro, pagado por el Banco Mundial: muy malo, señor ministro. Creo que el Banco Mundial debe devolverles lo pagado, porque me parece el colmo traer unos expertos para que su gran genialidad sea que se debe acabar con la producción agropecuaria. Respeto a los académicos de este país, pero es que hay unos que demuestran lo que sea mientras se les pague. Comprueban con cuadros y estadísticas hasta que la tierra es plana. Cuestiono esto con toda seriedad, señor ministro, y para sostenerlo. Ese estudio es absolutamente inaceptable. Pero hay algo más grave: no existe estudio alguno que revele con cifras detalladas qué vamos a perder si se acaba el agro. Cuánto se pierde en producción, en empleos rurales y urbanos, en mecánicos, en tierras cultivadas. Los gringos nos van a llevar de la ternilla hasta dejarnos en aranceles cero, con los que el país se arriesga a perder dos millones de hectáreas de producción agrícola, 6.5 millones de toneladas de leche al año, 560 mil toneladas de cerdo, 47 millones de toneladas de huevos, 92 millones de libras de pollo y 480 mil empleos. He hecho también cálculos para arroz, maíz, papa, caña de azúcar, palma y fríjol.

El ALCA es el gran debate de este país. El que no entienda esto, no entiende nada. En Colombia debemos hablar permanentemente de este tema, porque no puede suceder lo mismo que con la apertura en 1990, que prácticamente se hizo a las escondidas. Nos intentan tranquilizar diciéndonos que la clave es saber negociar, que no nos preocupemos, que los linces que mandamos como negociadores nos resuelven el problema, que confiemos en ellos. Sin embargo, los negociadores de la apertura del noventa, que jugaron el papel clave como ministros o jefes importantes, fueron, entre otros, Luis Alberto Moreno, hoy embajador en Washington, conocido de autos, como se dice, ministro de Desarrollo en su momento, y ahora hombre de confianza de Uribe. Aparece también Marta Lucía Ramírez, hoy ministra de Defensa, quien fuera abogada del mayor importador de tabaco que hay en Colombia, básicamente por la vía del contrabando, la Phillis Morris. Era la representante de esa empresa antes de entrar al alto gobierno. Entonces, permítanme dudar de los negociadores colombianos. Pero lo más grave es que ya están tomadas las decisiones cruciales. El ministro me dice que mientras no se termine de negociar, no hay negociado nada. Pero yo le he respondido: ministro, ya están tomadas unas decisiones absolutamente inaceptables y ustedes están casados con ellas. Son decisiones tan dañinas para el sector agrope­cuario que ningún país medianamente soberano y mínimamente digno podría aceptarlas en ninguna negociación. ¿Cuáles son? Primero, el acuerdo tiene que estar negociado, sí o sí, para el año 2004. Y me pregunto: ¿si no hay acuerdo quién decide, Colombia o Estados Unidos? Y segundo, habrá, sí o sí, aranceles cero en el año 2015, lo que quiere decir que, en la mejor negociación del mundo y con los linces tan feroces que tenemos, por el estilo de Luis Alberto Moreno, lo máximo que se lograría es que nos arruináramos apenas en el 2015. En buena medida, la negociación consiste, doctor Rafael Mejía, en ordenar la quiebra: quiénes se quiebran en 2006, quiénes en 2008, quiénes en 2011. Y los “ganadores” se quebrarán en el año 2015. Así está planteada la situación, señor presidente de la SAC. Esa es la triste realidad.

Además, la negociación está amarrada a los acuerdos internacionales. Tengo en mi poder el documento del Fondo Monetario Internacional, el que suscribió Colombia, donde consta que el ALCA es un compromiso explícito. También en el Plan Colombia se dice que el ALCA es un compromiso de nuestro país. Y en su respuesta, señor ministro, usted me reconoce que una de las condiciones del APTA, o Apdea, como se llama ahora, es que seamos juiciosos y mansos en el ALCA, porque si no es así nos quitan las preferencias del Apdea. Esto es un claro chantaje, señor ministro. ¿Cómo acepta esto el gobierno? Parece que hubiera unos intereses especiales involucrados en el Apdea, tanto que el gobierno está dispuesto a sacrificar el resto de los intereses nacionales en aras de ese acuerdo de preferencias. Es que hay un par de negocios que favorecen a algún tipo de sectores. Queda claro que estamos negociando el ALCA sometidos al Fondo Monetario Internacional y a los acuerdos previos impuestos por el gobierno de Estados Unidos. Con el ALCA nos pasa lo que con la junta directiva del Banco de la República: se jactan de ser independientes hasta del presidente de la República. Es una autonomía constitucional que los pone por encima de todo, pero por debajo del FMI. Lo demuestra lo ocurrido con las tasas de interés: todos en Colombia dijeron que no se podían aumentar, pero cuando el FMI dijo que se subieran el Banco de la República corrió a hacerlo.

Lo mismo ocurre con la negociación del ALCA. Es un proceso lleno de condiciones. Aquí copié una cita del doctor Luis Carlos Villegas, el presidente de la ANDI, otro de nuestros linces, en la que él se opone a las peticiones sobre el ALCA que hizo Cano en su momento. ¿Se acuerdan del caso tristemente famoso sobre el tope de los aranceles de la Comunidad Andina de Naciones, y el reversazo al que fue obligado el gobierno nacional para vergüenza de Colombia? Pues Luis Carlos Villegas salió alarmado días antes a pedirle al gobierno que se echara atrás, pues una posición como la planteada por Cano “podría poner en peligro el roll over para el crédito externo de nuestro país, y no podría interpretarse como un gesto de amistosa reciprocidad hacia los Estados Unidos que el país responda a la reciente aprobación del ATPA, con un incremento en los aranceles para las materias primas exportadas en su inmensa mayoría por ese país”. Para contrastar posiciones, unas arrodilladas, otras dignas, aquí tengo documentos de Asinfar, la agremiación de la producción farmacéutica nacional, en la que le piden al gobierno impedir la presencia de los abogados de las trasnacionales en las reuniones donde Colombia fija su posición frente el ALCA. Es que a las reuniones confidenciales en las que nuestro país decide cómo debe negociar el ALCA asisten los abogados de las trasnacionales formando parte de la delegación colombiana. Ya esto raya con lo increíble. Si esto no es cierto, señor ministro, yo le pido que lo refute en público, porque son acusaciones supremamente graves. Usted, en su respuesta, en vez de dejar sentado que el gobierno les prohibirá a las trasnacio­nales de aquí en adelante asistir a dichas reuniones, se limita simplemente a alegar que pueden asistir “todos los particulares”.

Hay otros testimonios fehacientes sobre la existencia de presiones indebidas. La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, en carta al ministro Botero, afirma: “No sobra recordar cómo el señor ministro de Hacienda indicó que de querer garantizar recursos de financiamiento externo por parte de las entidades internacionales como el FMI, el Banco Mundial y BID, se requería desmontar la protección al sector agropecuario, ante la fuerte presión de estos organismos al respecto”.

El siguiente comentario se lo dirijo principalmente a los dirigentes gremiales y a las gentes del campo y, por supuesto, a la SAC y a Salvación Agropecuaria. Abrigo un temor muy grande en que quienes estamos del lado del sector agrope­cuario caigamos en posiciones de ingenuidad. Está claro que la política del gobierno nacional consiste en entregar la producción rural. Tal dirección se ve muy bien en el Plan de Desarrollo; con todas las letras. No existe un solo punto que proteja de verdad al agro. Pero veo al gobierno nacional dedicado a masajear a los gremios, a crearles falsas expectativas y a ilusionarlos con que las cosas se les van a arreglar. No se hagan ilusiones, señores de los gremios. Los gringos ya lo han dicho, ahí están los documentos. El gobierno de Bush no va a bajar los subsidios a su producción agropecuaria. Nosotros suprimimos ya los subsidios y vamos a bajar a cero los aranceles, pero ellos no eliminarán los subsidios. Y la explicación es fácil de entender, y la ha hecho pública la señora Ann Veneman, secretaria de Agricultura de Estados Unidos. Ella dice que no pueden bajar los subsidios porque, si lo hacen, los europeos los inundan de comida. Es que en medio de este lío también está metido el viejo continente. ¿En qué radica la contradicción? Entre Canadá y Estados Unidos, que es la misma cosa, exportan 100 mil millones de dólares al año en comida. Pero los ocho primeros países europeos exportan 178 mil millones de dólares, muy por encima. Entonces, si los gringos bajan los subsidios, Europa los inunda mediante un sistema de triangulación. En una palabra, no pueden bajar sus subsidios; lo han dicho en todos los tonos. Claro, es posible que hagan demagogia y traten de despistar incautos, pero no hay que perder de vista lo que se está moviendo.

También con toda franqueza andan los gringos diciendo lo que piensan del ALCA. Según Zoellick, el representante de la oficina comercial de Estados Unidos, “El ALCA abrirá los mercados de América Latina y el Caribe a las empresas y agricultores de Estados Unidos, al eliminar las barreras al comercio, a las inversiones y los servicios y reducirá los aranceles impuestos a las exportaciones de Estados Unidos, que en esos mercados son mucho más elevados que los que aplica Estados Unidos”. Colin Powell, el prepotente secretario de Estado, a quien, después de lo de Irak algunos llaman el ministro de Colonias de Estados Unidos, ha declarado: “Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va desde el Polo Ártico hasta la Antártica, libre acceso, sin ningún obstáculo ni dificultad para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”. Más claro no canta un gallo. Insisto, no podemos caer en la ingenuidad de no creerles a los gringos que lo que ellos persiguen es la dominación total del continente.

Hay un debate más de fondo que no quiero dejar de mencionar. El gran argumento del neoliberalismo y de la globa­lización neoliberal es que los países se desarrollan exportando. Eso no es así, y voy a explicar por qué. Cuando la tecnocracia afirma que un país pobre se desarrolla es exportando, lo que está sugiriendo implícitamente es que lo hace sacrificando el mercado interno. Es como si afirmaran: olvidémonos de la capacidad de compra de los colombianos, de lo que los colombianos puedan comprar, pues vamos a dedicarnos es a invadir el mercado mundial con nuestros productos. O sea, vámonos al Japón a ofrecer pitayas y dejemos que sean los gringos quienes vendan el maíz de las arepas y el arroz de la bandeja que consumen a diario los colombianos. Esa es la lógica de la globalización.

Aclaremos entonces con cifras en donde está el problema. Como aspecto predominante, exportar para avanzar más rápido por el camino del progreso no resulta tan cierto en el caso de EU y Japón, porque, proporcionalmente hablando, ellos exportan sólo la mitad de lo que nosotros exportamos. Con relación al PIB, Estados Unidos y Japón exportan la mitad de lo que exporta Colombia.

Vean el contraste. Entre todos los países del planeta, ¿cuáles son los mejores exportadores? Los africanos, que son a la vez los más pobres. Colombia exporta 16% de su PIB, Estados Unidos sólo 7.29%, Japón sólo 9.7%. Pero ustedes encuentran en África países como Gambia con 59%, Angola con 93%, Guinea Ecuatorial con 97%. Luego es falso que con sólo exportar uno se desarrolle. También hay países exportadores, más que EU: Alemania con 30% y Francia con 24%. Entonces se tiene que llegar a una conclusión: exportar sí tiene importancia, no lo voy a negar; pero no es la panacea que nos quieren mostrar los neoliberales. Lo que realmente distingue a los países desarrollados de los atrasados, es que los primeros –todos, sin excepción, llámense Estados Unidos, Alemania, Francia o Japón— han logrado crear un vigorosísimo mercado interno estimulando la capacidad de compra de sus nacionales. Pero a pesar de que los ciudadanos norteamericanos consumen mucho, los monopolios producen en tanta cantidad que ya su gente no es capaz de comprarles todo lo que producen. Lo que exportan entonces son sus excedentes. En nuestro país sucede lo contrario: se nos dice que exportemos en vez de fortalecer la capacidad de compra de los nacionales, y esto es supremamente grave.

Los contradictores replican que aquí no existe tal mercado interno. Y yo les digo: logremos que cada uno de esos 30 millones de colombianos que hoy se están muriendo de hambre se tome un vaso de leche al día, y así resolveremos el problema de la leche; consigamos que los pobres de Colombia en vez de heredar las camisas de sus padres se compren cada uno una camisa al año, y con eso disparamos la producción de algodón, la textil y la de las confecciones. Y lo mismo pasa con el resto de los renglones productivos. El mercado está ahí. Hay 40 millones de colombianos, lo que ya es un mercado potencial bastante importante. Pero tenemos 30 millones de colombianos que no están consumiendo, y ese es nuestro gran reto. Un reto democrático que une al capital con el trabajo, un reto que privilegia el interés nacional frente al extranjero, un reto que es amable con su pueblo, con las grandes mayorías de la población. Por el contrario, la estrategia exportadora consiste, en últimas, en crear una franja minúscula de colombianos ensamblados con el mercado internacional, que pertenezcan a la modernidad y que más o menos coman, se vistan y se recreen, mientras el resto queda como un país de parias. Es la faceta retardataria, antidemo­crática y empobrecedora de dicha estrategia.

¿Cuál es el problema político implícito en el mandato imperial del arancel cero, la apertura y el ALCA? Usted da la clave en su respuesta, señor ministro, citando a Álvaro Balcázar, y me cae de perlas. Dice textualmente: “Ese mismo documento, el de Agro-visión 2025, pone de relieve un elemento básico de cualquier política económica: ella no es neutra, ninguna política económica es neutra, siempre hay ganadores, es decir, los beneficiarios de la política, y perdedores, los que quedan marginados de ella”. ¡Exacto, señor ministro, totalmente de acuerdo! Hay ganadores y perdedores. Esta es la almendra del asunto. Lo que ustedes defienden no es una política de gana-gana, sino de suma cero. Lo que unos ganan, otros lo pierden Aquí el debate crucial es entonces quién pierde de entrada: aquí el que pierde es el interés nacional, que, entre otras cosas, verá desaparecer el sector agropecuario y lo poco que de él quede. Es, en síntesis, una contradicción entre el interés nacional y el interés extranjero.

Es lo que explica la teoría de la inevitabilidad del ALCA. En Colombia se volvió común oír decir a los neoliberales que el ALCA es inevitable. Es la gran carta de la tecnocracia que impulsa el Tratado. ¿De dónde salió la teoría? Obvio que es la posición oficial del gobierno de Estados Unidos. ¡Y cómo no va a serlo, si los que salen ganando son ellos!

Mi pregunta es: ¿por qué se volvió teoría oficial también en Colombia? Lo que voy a decir quizá moleste a muchos, pero alguien tiene que atreverse: en Colombia hay 400 trasnacionales poderosísimas cuyos ejecutivos sostienen que el ALCA es inevitable y cuyos empleados –les pagan para eso– repiten como loros que el ALCA es inevitable. Los importa­dores de comida remachan como papagayos que el ALCA es inevitable. Los banqueros que inter­median deuda externa cacarean que el ALCA es inevitable. La tecnocracia neoliberal, los hommes y junguitos, así lo recitan–porque, además, si no lo hacen no los llevan después a los altos cargos en el FMI y el Banco Mundial, la burocracia internacional de alto nivel. Las agencias de publicidad y las que pautan en los grandes medios de comunicación son todas trasnacionales, y vociferan como loritos que el ALCA es inevitable.

En suma, la posición de la inevitabilidad, que es la del gobierno de Bush, se transmite aquí merced al inmenso poder que Estados Unidos ha adquirido en Colombia. Los exporta­do­res también hablan medrosos de inevitabilidad, porque temen que los gringos les corten las exportaciones. Uno oye a los empresarios de las flores afirmando que, así se quiebren muchos y se arruine el país, lo único que importa es que a ellos los gringos les compren las flores.

Entonces hago aquí una pregunta que nadie me ha contestado: ¿se trata de un chantaje? ¿Si no entramos al ALCA, los gringos no nos compran el café, no nos compran las flores? ¿No es eso una extorsión? Si queremos vender café en Estados Unidos, que los gringos no pueden producir, ¿estamos obligados a importar de Estados Unidos el arroz que sí podemos producir en nuestro territorio? ¿Para vender las flores en Miami el día de San Valentín, tenemos que acabar con la leche en la Sabana de Bogotá y en el valle del Magdalena? Ellos nos exigen que importemos arroz, maíz, trigo, a costa de destruir el agro nacional, y a cambio nos permiten que les exportemos lo que los enriquece a ellos, puesto que el gran negocio del café en el mundo, por ejemplo, es para los intermediarios, no para los productores. En la industria de café gana más el gobierno de Estados Unidos por los impuestos que cobra que los países productores, los países pobres de la tierra. Ellos, por los impuestos, reciben 27% del precio final; nosotros, por nuestra producción, recibimos menos de 10% de ese precio.

Finalmente, la teoría de la inevitabilidad también la repiten los desinfor­mados y los temerosos, que saben que lo dicho aquí es cierto pero piensan que desafiar a Estados Unidos es empresa demasiado difícil.

Colombianos que me escuchan: tenemos que decirle valerosamente ¡No al ALCA! Primero, para saber qué van a decir los gringos y cuál es la amenaza. Yo no dudo que sean capaces de amenazarnos, pero que el país sepa que nos llevan es a la brava; que si quieren echarnos al foso de los leones, no iremos cantando sino resistiendo. Vamos a dar esta batalla, una batalla que no pueden librarla sino aquellos patriotas colombianos que hayan atado su suerte personal a la suerte de los pobres, a la suerte de las capas medias y a la suerte de la nación. El doctor Fabio Echeverri Correa, ahora asesor de Uribe, tenía una frase que se hizo famosa cuando fue presidente de la ANDI. Decía: “A la economía le va bien, pero al país le va mal”. ¿Cómo se traduce eso? A unos les iba bien y a los demás les iba mal.

¿A quiénes les iba bien? A quienes habían separado su suerte personal de la suerte de la nación. Ese es el mismo lío que tenemos ahora. Seguimos gobernados por quienes han logrado separar su suerte personal de la suerte de la nación. A ellos les va bien, aun cuando al país le vaya mal. Peor aún. Les va mejor cuanto peor le vaya al país.

Pero en Colombia hay otros que decidimos un día atar nuestra suerte personal a la suerte de los pobres y de las capas media y del progreso de Colombia. Y no nos va a ir bien mientras a la nación colombiana le vaya mal. Es el gran pleito que tenemos que resolver, porque si no, Colombia seguirá siendo un país de pacotilla. Por lo demás, es una batalla que podemos ganar. Somos 44 millones de colombianos, en un millón de kilómetros cuadrados, y tenemos cómo dar la batalla. ¡Librémosla! Que si hay negociaciones de comercio internacional, se hagan en posición de fuerza y no de sumisión. Que la nación colombiana esté bien representada. Que si nos van a extorsionar, le digamos no a la extorsión.

Vuelvo a hacer otra pregunta y se la formulo directamente al presidente de la República: ¿cómo así que es mala la extorsión que todos condenamos entre los individuos, y no es mala la extorsión entre los países? Son posiciones de principio. Porque si los países no actúan guiados por principios, no tendrán ningún futuro ni posibilidad alguna de desarrollarse.

A mis amigos y a las gentes del sector agropecuario les recuerdo: el ALCA debe ser aprobada por el Congreso de la República en el año 2005. Lo reconoce el mismo ministro en su documento. ¡Y que no nos salgan mañana los neoliberales con que un Tratado de tales dimensiones no lo debe aprobar el Congreso! El llamado que estoy haciendo a todas las gentes del campo y a todos los colombianos es a montar una verdadera presión sobre los congresistas de Colombia para que voten como deben, en contra, porque creo que el ALCA va a ser tan mala como yo aquí lo estoy diciendo, y tal vez peor. Además, hago una propuesta expresa y oficial al gobierno nacional, porque vamos en camino de perder la Comunidad Andina de Naciones. Usted lo dice, señor ministro. La CAN es el único sitio donde medio vendemos manufacturas, pues lo que exportamos a EU es muy poco. Pero la CAN se acabará con el ALCA. Hasta eso lo vamos a perder. Quizá, si mucho, dure cinco años más.

¿Cuál es entonces la propuesta que le hago al gobierno? Que este tema del ALCA se someta a consulta popular. No que el Congreso lo apruebe, sino que los colombianos salgamos a votar sí o no al ALCA. Sería un plebiscito, para que hagamos un inmenso debate, y que sea la democracia la que decida. A mí me parece el colmo que un tema de tanta gravedad, que va a cambiar la historia del continente por los próximos cien años, o quinientos o mil, lo definamos 260 congresistas sin haberles consultado a los colombianos.

Prevengo por último a las gentes del campo: ¡Vienen por lo de ustedes, compatriotas, y vienen por ustedes, campesinos, empresarios, indígenas, jornaleros! Vienen por la lana, por el telar y por la que teje, vienen por todo. Y solo será posible impedirlo si conformamos un gran movimiento de resistencia civil, y enfatizo, de Resistencia Civil. Tenemos que movilizarnos. Para ello, los invito desde ya a todos ustedes, colegas del Senado, y al pueblo de Colombia, a una inmensa movilización el 12 de agosto. Llenaremos la Plaza de Bolívar de Bogotá como nadie nunca la haya llenado, de campesinos, de indígenas, de jornaleros, de empresarios, incluidos los más encopetados, todos. Se trata de unir a la nación entera. La batalla será entre quienes vamos a defender la producción nacional, el agro, la patria, la nación, y quienes han decido seguir pegando este carro al de los monopolios norteamericanos y al imperialismo. Lo que se está decidiendo es nada menos que la suerte de la nación colombiana.

CRÍTICA AL ALCA, EL NUEVO LIBRO DE AURELIO SUÁREZ, MANUAL DE LUCHA PARA LOS PATRIOTAS DE AMÉRICA LATINA

Se publican apartes de la Presentación

La casi segura implantación del Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, tendrá repercusiones trascendentales en el porvenir de cientos de millones de personas. Es menester sentar desde ahora una posición crítica sobre un tratado internacional que desembocará en un marcado retroceso para todos los países, salvo para el proponente, gestor y principal propulsor, Estados Unidos. Lo anterior es tan cierto, que en cada una de las naciones débiles los defensores de esa zona franca tan solo atinan a argüir que ante tal acontecimiento, al que califican como inevitable, la única opción para los pueblos es prepararse para recoger del suelo la mayor cantidad posible de las migajas que caigan de la mesa del Tío Sam, bien por el camino de un conjunto o bien por el del atajo todavía más sinuoso de un tratado bilateral.

Este libro se propone ir demostrando –desde el primer capítulo, relativo al marco teórico que está ligado a la evolución histórica del capitalismo desde la libre competencia hasta el monopolio—, cómo el ALCA corresponde a la característica principal del devenir contemporáneo, que es la fase imperialista: la política de expansión imperial de los Estados Unidos por todo el globo terráqueo y, con mayor razón, por su patio trasero. A Latinoa­mérica le viene montando un acorralamiento tal, que en cada minuto avanza en el inconfesable designio de recolonizarla. Y, precisamente, el ALCA le sirve de contrafuerte en una tarea en la que hasta ahora esgrime como arma principal las amañadas leyes del mercado.

Sin que quepa ninguna duda, en América es absolutamente preponderante el papel estadounidense como primer productor, con setenta de cada cien dólares producidos de todos los que al año se generan en el hemisferio; y también como primer consumidor, exportador e importador. Por tal razón, lo que el Tratado va a reafirmar es el esquema de comercio exterior estadounidense que busca incorporar como proveedores de recursos naturales y ensambladores de bienes de consumo final a los treinta y un países pobres, que apenas llegan entre todos al diez por ciento de la producción total.

Se destaca asimismo como antecedente obligado el destino corrido por México en los casi diez años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las negativas experiencias padecidas en carne propia por el pueblo mexicano han despertado el más vasto movimiento agrario de conformidad en la historia reciente de la tierra de Morelos, Juárez y Zapata.

Se adelanta una investigación detallada sobre el proceso de construcción y negociación del Tratado. Se parte de las Cumbres de las Américas, ese arreo que el imperio ha escogido para ir poniéndole los arneses a la otra América. Es allí donde se han fraguado los grilletes y, uno grande, el ALCA, salió de la forja en Miami, en diciembre de 1994. El mandato emanado desde La Florida fue terminante. Fue de los Foros de Inversión y Comercio, manipulados por rábulas y tecnócratas de los consorcios empresariales imperia­listas, de donde salió la orientación para el fárrago de documentos que habrá de sellar por mucho tiempo la suerte de centenares de millones de pobladores.

Se refutan implacablemente los axiomas teóricos del ALCA: la ventaja comparativa, el comercio exterior infinito, la “cobardía” del capital, la “inevitabi­lidad”, estribillos con los cuales el canto de sirena de Robert Zoellick aturde los oídos de los ávidos “empresarios emprendedores” del continente.

Se pasa revista a cada uno de los nueve documentos en el actual estado del arte, en segundo borrador, publicados en Quito en noviembre de 2002. Allí se destaca cómo los diversos materiales no son compartimientos estancos, sino que se hallan relacionados entre sí.

La maquila, en las más odiosas manifestaciones, la especulación, con los más terríficos efectos sobre la estabilidad macroeconómica, la rapiña por la priva­tización de hasta el último nicho de inversión posible en el área de servicios, la busca de cualquier contrato público atractivo y el control de la soberanía ali­mentaria de las naciones a manos de las multinacionales del comercio agrícola, son algunos de los más relevantes objetivos. La estrategia de largo alcance apunta claramente a consolidar la dominación de los Estados Unidos.

Tales propósitos se facilitan al tenor de los manipulados reglamentos que le permiten al monopolio, así suene contradictorio, la libre concurrencia. Como aquellas normas que perpetúan las subvenciones a los géneros agropecuarios norteamericanos o les enciman a las trasna­cionales el lucro que proviene del ícono de la propiedad intelectual. Todo lo anterior será elevado a la categoría de tratado internacional, irreversible, obligatorio y controlado por comités supranacio­nales, dentro de una nueva juridicidad: la de la justicia privada del arbitraje, que pasará por encima de las Constituciones y la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

En ayuda de las conclusiones acudió la agresión a la nación iraquí. La anexión territorial descarada y abierta, haciendo oídos sordos a las voces de cientos de millones de personas en todo el mundo; la masacre de la población inerme; el saqueo del petróleo como fuente de energía, de materia prima y de poder global; las imposiciones políticas; en suma, la opresión imperial en las modalidades más abominables, le recordaron al mundo en cuál período de la historia se encuentra.

La fértil y antiquísima Mesopotamia, cuna de la civilización, esclareció con sin igual claridad el fin último del ALCA, porque de la agresión imperial tampoco se encuentra exento el Continente de siete colores, como lo llamara Germán Arciniegas. Las demás son consideraciones atinentes que permiten, a modo de síntesis, extraer los aspectos específicos del Acuerdo, no por particulares menos ominosos, ya que son, al fin y al cabo, los medios por los cuales se concretará el siniestro. […]

En América urge que la verdad verdadera sobre el ALCA, o, mejor, contra el ALCA, también se difunda desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y apremia que esta verdad se transforme en fuerza.

De todos modos, si el proyecto colonizador logra cristalizar, como cirstalizó la toma de Irak y la de Afganistán, no será el final sino el inicio de enconados combates por la prosperidad y la libertad. América no está dispuesta a perder la condición histórica de continente libre que le dieron las Guerras de Independencia, ni desea ser coto de explotación de ningún imperio.

ANTE LA INVASIÓN A IRAK SE IMPONE LA RESISTENCIA MUNDIAL

Por Francisco Valderrama Mutis

El ataque que el ejército norteamericano con ayuda de tropas británicas desató contra Irak concluyó con la ocupación del país y el derrocamiento de Sadam Husein. Se trató de una criminal invasión perpetrada a mansalva y sobre seguro, pues luego del bloqueo económico de más de doce años, los permanentes bombardeos durante este mismo período y la prohibición, bajo la rigurosa supervisión de los inspectores de la ONU, de fabricar armas o adquirirlas, la nación iraquí se hallaba en condiciones de gran debilidad económica y militar. Fue un desigual enfrentamiento entre un país reducido a la postración y el mayor poder imperialista de la historia. Sin embargo, el pueblo iraquí, en la medida de sus posibilidades, presentó resistencia y solamente sucumbió a la bárbara arremetida cuando las fuerzas de ocupación, en medio del indiscriminado bombardeo, sitiaron por hambre ciudades y pueblos, destruyeron las fuentes de agua potable, suprimieron las de energía y asolaron sus viviendas y construcciones civiles.

Las declaraciones previas de los funcionarios de Washington señalando que las tropas norteamericanas iban a ser saludadas como liberadoras, sufrieron el más rotundo mentís cuando la población las rechazó como invasoras. Hoy en Irak las masas populares exigen públicamente y en diversas formas el retiro de la fuerza militar de ocupación. En Kerbala las consignas que agitaron los centenares de miles de chiítas en gigantesca manifestación fueron: «No al colonialismo, no a la ocupación, no al imperialismo» y “Contra la ocupación y el colonialismo”. En otras ciudades ni siquiera la masacre de los manifestantes por parte de los marines ha aplacado el repudio generalizado a su presencia.

El montaje de la guerra

La guerra de Irak, como la de Afga­nistán, forma parte de la ofensiva norteamericana para asegurar la supremacía mundial. Hacia el logro de este objetivo y en el marco de la lucha contra el terrorismo que proclamó después del atentado a las Torres Gemelas, Bush formuló desde la Academia Militar de West Point la nueva doctrina de seguridad nacional, la cual, como lo denunciara el senador demócrata Robert Byrd, corresponde a “aquella idea de que Estados Unidos u otra nación puede atacar legítimamente a otra que no la amenaza de manera inminente pero que podría amenazarla en el futuro”, agregando que “marca un giro radical en la idea tradicional de la autodefensa y contraviene la leyes internacionales y la Carta de las Naciones Unidas”. Es obvio que las guerras preventivas anunciadas por Bush serán utilizadas por EU para tener bajo su control distintas regiones del mundo. Los argumentos que sirven de sustento a su accionar se aplicarán arbitrariamente a los países que no se sometan a sus designios, en tanto quienes los acaten serán premiados con la omisión del cumplimiento de toda exigencia en materia de armas, de respeto a los derechos humanos o de implantación de gobiernos democráticos, destacados pilares formales de estas guerras.

Con la aplicación de esta doctrina, EU ha avanzado en el apuntalamiento de sus posiciones estratégicas en dos regiones claves del “tablero mundial”: Asia Central y el Golfo Pérsico. Ambas se caracterizan por su riqueza en petróleo y otros recursos naturales. Sólo Irak posee las segundas reservas probadas del mundo, con 120 mil millones de barriles, mientras que la región del Mar Caspio, en el Asia Central, tiene reservas probadas de 60 mil millones de barriles y las mayores reservas de gas natural del mundo. Un somero examen a los antecedentes de la disputa sobre ellas revela cómo se ha llegado a la actual situación.

Desde el derrumbe de la Unión Soviética en 1989, Washington lanzó una campaña de acercamiento con las naciones del Asia Central, mediante programas de ayuda y multimillonarias inversiones en petróleo y oleoductos, buscando socavar las viejas relaciones y la dependencia del oleoducto ruso para la exportación de sus productos. Su injerencia en Azerbaiján, Georgia y los demás países de la región, se acrecentó a lo largo de la década de los noventas, al mismo tiempo que continuaba con su apoyo soterrado a la sangrienta insurrección de Chechenia, subpro­ducto del respaldo norteamericano a las fuerzas islámicas de Afganistán contra la dominación de la Unión Soviética.

En la nueva situación las contradicciones con los talibanes, sus viejos aliados, se profundizaron y culminaron con su negativa a aceptar la exigencia norteamericana de entregar a Bin Laden y su organización Al Qaeda, señalados como los autores de la masacre de las Torres Gemelas. Declarada la guerra, EU hizo acuerdos con la Alianza del Norte, que venía de estar coligada con los soviéticos, y asoló a Afganistán, derrocó al gobierno teocrático y lo sometió a su ocupación. Aprovechó además la contienda para establecer bases militares en Uzbekistán y Kazajstán, estrechando sus posiciones alrededor de Rusia y China.

En el Golfo Pérsico, la historia es más escandalosa. Derrocado el Sha de Irán en 1979, EU pierde su gendarme en la región. Entonces, con el apoyo de todos los países petroleros de la zona, alienta a Sadam Husein para que le declare la guerra a Irán gobernado ahora por los Ayatolas. Esta sangrienta guerra de ocho años (1980-1988) deja a Irak en la quiebra y pone en evidencia el doble juego de la Casa Blanca. Mientras daba su apoyo al gobierno de Bagdad y le suministraba fotografías satelitales y apoyo de radar para identificar blancos militares, también colaboraba con el régimen iraní suministrándole armas por medio de la operación encubierta “Irán-Contras”. Kissinger fue quien mejor expresó el verdadero carácter de la política nortea­mericana en esta guerra, cuando declaró que ojalá todos se mataran entre sí.

Veinte días después de firmado el cese al fuego entre Irán e Irak el 20 de agosto de 1988, Estados Unidos acusa al régimen de Sadam de haber utilizado gas venenoso para reprimir a su propia población, acusación que las mismas organizaciones de inteligencia norteamericanas han desmentido radicalmente. El Senado estadounidense aprobó entonces con rapidez inusitada sanciones económicas y políticas contra Irak con miras a debilitar su fortaleza militar y económica. Este proceso culminó con la guerra del Golfo de 1991 y cumplió su propósito de destruir la infraestructura económica y civil del país, abatir una parte importante del ejército y socavar su capacidad militar.

Pero el régimen de Husein sobrevivió a la embestida. Ni los reveses militares, ni los levantamientos de los kurdos en el norte y de los chiítas en el sur, instigados por Washington, habían podido derrotarlo. Entonces, Estados Unidos, cuidándose de contar, al igual que en la guerra, con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, decretó un criminal bloqueo económico contra Irak, sólo comparable con el que sufre Cuba desde hace 40 años. La próspera nación iraquí de los años setentas fue demolida por las guerras y por el cerco económico. El ingreso per cápita, que en 1980 era de 4.083 dólares, cayó a 485 en 1993 y continuó deteriorándose a lo largo de toda la década. Una faceta de esta dramática situación es la muerte de millón y medio de niños por desnutrición, cuando no por enfermedades causadas por los misiles y bombas de uranio empobrecido.

A finales de 2002, Bush y su camarilla de fascistas ligados a los negocios del petróleo lanzaron su ofensiva política final sobre Irak y exigieron la reanudación de las inspecciones para asegurar la destrucción de las armas químicas, biológicas y atómicas, denominadas armas de destrucción masiva (ADM), que supuestamente todavía poseía. Lograron la aprobación de la Resolución 1441 en el Consejo de Seguridad de la ONU, que restableció dichas inspecciones y en la cual se advertía que Irak “de seguir infringiendo sus obligaciones, se expondrá a graves consecuencias”. EU elaboró una interpretación particular de la misma para exigir ya no solamente la rendición incondicional de Husein, sino su exilio, so pena de ser derrocado por las armas de una coalición de “países voluntarios” encabezada por Norteamérica.

Las exhaustivas indagaciones de los inspectores de la ONU daban resultados negativos y EU empezó a exasperarse. Con un grupo de inteligencia y desinfor­mación creado por Rumsfeld en la Secretaría de Defensa, y constituido por 8 ó 9 neoconservadores fundamentalistas, al cual tienen que rendir informes las demás agencias de inteligencia, el gobierno norteamericano amañó las pruebas y presentó su caso nuevamente al Consejo de Seguridad para obtener una nueva resolución que legalizara su decisión unilateral de invadir a Irak. Colin Powell hizo la presentación recurriendo a aseveraciones mentirosas, algunas ya reconocidas cínicamente en Washington como tales, basado en diagramas manufacturados, fotografías retocadas e informaciones espurias.

Ante el mundo volvió a aparecer la inescapable verdad: las agencias de inteligencia gringas son expertas en fabricar pruebas falsas. En particular fueron recordados dos episodios de la historia reciente. En 1964, urgido por los descalabros militares de su guerra en Indochina, Washington denunció que cañoneras de Vietnam del Norte habían atacado al destructor Maddox en el Golfo de Tomkin, y con esa excusa dio inicio a los bombardeos contra ese país. Años después EU tuvo que reconocer que ese incidente había sido montado por su gobierno y que nunca había tenido lugar.

En 1991, necesitado de un pretexto para atacar a Irak, el gobierno de Bush padre preparó fotografías satelitales que demostraban que Irak tenía en la frontera con Arabia Saudita un ejército de 250 mil hombres dispuesto a invadirla. Pocos días después de iniciada la llamada Tormenta del Desierto, fotos de satélites rusos y franceses demostraron que las norteamericanas habían sido retocadas para simular la presencia de tropas iraquíes. En ambos casos los medios de comunicación difundieron la gran mentira, la opinión internacional fue engañada y el gobierno norteamericano procedió con sus designios.

Desenmascaradas las intenciones imperialistas de EU, las contradicciones salieron a flote. Francia, Alemania, Rusia y China encabezaron un bloque mayoritario que se opuso decididamente a la intervención militar. Los pueblos del mundo acrecentaron su presencia en las calles repudiando la guerra. Y aun dentro de EU, movimientos y fuerzas provenientes de diversas vertientes la rechazaron en multitudinarios actos que no se veían desde la oposición a la guerra contra Vietnam.

A pesar de todo, las fuerzas norteamericanas y británicas invadieron a Irak, apoyadas débilmente por una minoría de países, algunos de los cuales tienen gobiernos que, entre ilusos y serviles, esperan a cambio “favores” comerciales, políticos o militares de EU. Tal fue el caso del de Uribe Vélez en Colombia (Ver Recuadro).

Nuevamente un Bush desde la Casa Blanca sometió a Irak a una tragedia inconmensurable. A la desmembración y muertes de millares de civiles y soldados iraquíes, siguió la destrucción de las principales instituciones culturales. Contando con la monstruosa complacencia del secretario de Defensa Rumsfeld, los altos mandos de los marines se dedicaron a preservar los campos petroleros y a hacerse a la valiosa información del Ministerio de Petróleos, mientras asistían impasibles al saqueo del Museo de Bagdad, que atesoraba una de las mayores riquezas arqueológicas del mundo, y a la destrucción de las bibliotecas del país, de la misma manera que los mongoles en el siglo XIII destruyeron sistemáticamente la riqueza cultural acumulada por la dinastía de los abasidas. Las hordas bárbaras de antaño y los ejecutivos de las multinacionales petroleras de hoy se identifican en su ciega avaricia por las riquezas de Irak.

La guerra no finaliza

En la plataforma del portaviones USS Lincoln, el pasado 1º de mayo, Bush declaró: “Las principales operaciones de combate han terminado en Irak”. Soslayaba así la declaración de finalización de la guerra, que le implicaría a EU someterse a las leyes internacionales; por ejemplo, en cuanto al tratamiento a los prisioneros de guerra. Contra toda evidencia insistió en las falaces argumentaciones con las que justificó la atroz decisión de destruir a Irak, violentar su soberanía nacional y el derecho a la libre autodeterminación de su pueblo. Machacó que esa guerra estaba inscrita en el contexto de su cruzada contra el terrorismo emprendida después del 11 de septiembre. Afirmó tajantemente que ésta continuaba, y que si bien terminaría algún día no se podía precisar cuándo. Insistió, además, en que el pueblo iraquí había recibido con alegría a los soldados invasores, a contrapelo de lo que se percata todo el mundo no obstante los manipulados medios de comunicación.

Analistas independientes plantean que el contenido de este discurso tiene que ver con la necesidad acuciante de presentarse a las elecciones del próximo año como un presidente para la guerra y la seguridad interna, tratando de evitar que el debate electoral se centre en la situación de la economía norteamericana, cada vez más deteriorada. Si bien es indudable que este aspecto pesa en lo que, disfrazado de piloto, expresó desde ese escenario bélico, hay otros aún más importantes relacionados con la situación internacional.

En primer lugar, la necesidad de mantener una presión constante sobre los países del Golfo Pérsico para “solucionar” los temas pendientes en la región y asegurar la sumisión de los gobiernos. Para ello ha intensificado sus demandas a Siria y ha presentado un plan de paz para resolver el problema palestino, además de ofrecer la firma de un tratado de libre comercio para la región: de nuevo el garrote y la zanahoria, aunque ésta, el tratado, sea en últimas otro garrote.

Después de acusar a Siria de refugiar a funcionarios iraquíes y de poseer ADM, pasándole la cuenta de cobro por haber mantenido una valiente posición de apoyo a Irak durante la guerra, le exigieron por intermedio del mismo Powell que tenía que finalizar su respaldo al Hezbollah, la fuerza guerrillera libanesa que lucha contra Israel, retirar sus tropas del Líbano (desplegadas a petición de EU cuando este salió con el rabo entre las piernas de ese país) y someterse a las especificaciones del plan de paz palestino-israelí.

Mientras tanto, en Palestina y en detrimento de Arafat, forzaron la elección de un nuevo primer ministro y piden el sometimiento total de su pueblo, al tiempo que silencian las atroces masacres que Sharon comete en las poblaciones de Gaza y Cisjordania, convertidas en verdaderos ghetos del siglo XXI. El pueblo palestino enfrenta una negociación desigual, en la que los que tienen en su poder las armas de destrucción masiva, AMD, empezando por Israel, van a imponer todas las condiciones, con lo cual lo que se espera es una lucha de resistencia permanente contra las fuerzas agresoras.

En segundo lugar, la conclusión sacada por la mayoría de los países del mundo a partir del resultado de la guerra contra Irak ha sido contraria a la esperada por Bush y su pandilla de derechistas iluminados. En vez de amilanarse, Corea del Norte declaró que lo que corroboraba esa experiencia era la inutilidad de desarmarse y plegarse a las exigencias inadmisibles de EU; Francia y Alemania plantean ahora la necesidad de fortalecer su aparato militar y declaran que es la única manera de hacerse oír en el concierto internacional y aunque su concreción en un aumento considerable del presupuesto militar no está clara, la manipulación de EU sobre los países de Europa Oriental, quienes necesitan la integración económica con Europa pero requieren la ayuda norteamericana, plantea un reto que la alianza franco-alemana tiene que resolver; y Rusia y China continúan firmes en su oposición a la agresión norteamericana, que sin duda pone en peligro sus intereses geoestratégicos.

Por otra parte, el mensaje de Bush trata de resolver la incómoda situación en que quedó, pues no ha podido demostrar ninguna de las razones esgrimidas como justificación para la guerra. Sin que aparezca ninguna prueba al respecto, sigue proclamando que existen vínculos terroristas entre Husein y Al Qaeda. Los científicos iraquíes, interrogados con su país ya ocupado, han coincidido en señalar que Irak no tenía programa alguno de desarrollo de armas químicas y biológicas, y menos uno de armas atómicas, pues lo había abandonado desde hacía mucho tiempo por las restricciones internacionales.

Desesperado por este fracaso Bush tiene que señalar que con seguridad los depósitos de estas armas van a ser encontrados, pero magnifica las dificultades de su inútil búsqueda describiendo la extensión y complejidad del territorio. Francia, Alemania, Rusia y China han señalado que cualquier descubrimiento en este sentido tendría que ser avalado por los inspectores de la ONU, que han sido desconocidos por EU, y se han negado a permitir el levantamiento de las sanciones hasta tanto no exista la certificación oficial de estos inspectores de que dicho país está libre de AMD.

Quedan las verdaderas causas de la guerra: controlar el petróleo de Irak y los contratos de exploración y explotación, regular su suministro a las demás potencias económicas, impedir que le compitan en este terreno, meter una cuña en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, asegurar el dominio sobre los países del Golfo y sentar una cabeza de playa para la contienda por la supremacía global.

Estas acciones entrañan antagonismos llamados a desarrollarse incesantemente durante los próximos años. Habrá períodos de intensificación de la lucha y períodos de aparente calma, pero lo cierto es que la tendencia principal es a la agudización de las contradicciones tanto en el escenario del Medio Oriente como a escala mundial.

La política de recolonización global emprendida por EU enfrentará inexorablemente la resistencia de las naciones y pueblos del mundo que se opondrán a ser sometidos al vasallaje. En cada país que invada surgirá en mayor medida la resistencia, como sucede ya en Afganistán e Irak. Las multitudinarias manifestaciones que brotaron por todo el planeta rechazando la guerra son apenas el anuncio de la gigantesca confluencia de fuerzas que se dará. La política imperialista ha venido creando entre los pueblos un lenguaje común en contra de la globalización colonialista y la pérdida en sus naciones de la indispensable soberanía económica, política y cultural. Hoy se aprecia que ese lenguaje vendrá acompañado de un combate común.

HAY UN GRITO ESCONDIDO

Alberto Arévalo, Hay un grito escondido (Bogotá, Arango Editores, 2003), lanzado al público en la reciente Feria Internacional del Libro, es una reflexión sobre la vida contemplada desde un momento extremo, pero que llama al optimismo y a la solidaridad.

Hay un grito escondido se suma a los siguientes poemarios ya publicados por el autor: Andamos formando un amanecer, Habanera y Estaciones.

Guillermo Alberto Arévalo es redactor de Tribuna Roja desde la fundación del periódico, en 1971, y, además, crítico literario y profesor de literatura en la Universidad Pedagógica Nacional.

Caballos en el cosmos

La cabeza que pintas,

de un caballito de redondo carrusel

o del fondo del mar,

brilla en la oscuridad

del universo,

en la mitad de las

constelaciones,

apenas salpicada de

estrellitas,

de planetas,

y soles

que

ya

no.

AFRENDOSO RESPALDO DE URIBE A EMBESTIDA NORTEAMERICANA CONTRA IRAK

Dócilmente, el gobierno de Álvaro Uribe se sumó en nombre de Colombia a la coalición que acuadrilló Estados Unidos para invadir a Irak en contra de la voluntad de la gran mayoría de pueblos y gobiernos del planeta. Al alcahuetear esa embestida bélica, Uribe intentó curarse en salud pontificando que “la acción internacional debe proteger a los civiles y respetar los derechos democráticos del pueblo de Irak”.

El cinismo que rezuma esta declaración es cada día más oprobioso: cuando el mundo se escandaliza frente a la asolación y las masacres perpetradas contra la nación iraquí por las invasoras tropas gringas, Uribe, complacido, calla ante ellas y, cómplice, las aplaude.

Mas el respaldo fue aún más ignominioso cuando, aduciendo maliciosos argumentos respecto al nefasto terrorismo interno que azota al país, procedió a pedir, en contraprestación, una “cooperación internacional” basada en “apoyo político, buenos oficios y además en acción militar directa”, lo cual raya en la traición nacional, puesto que equivale a impetrar, consentir y avalar una intervención norteamericana en nuestro suelo similar a la que se viene cometiendo contra Irak. Por ahora, para agraciar al pedigón, ya se anunció en Washington un “adelanto” de 105 millones de dólares.

Luego, para que no cupieran dudas sobre la inaudita petición, Francisco Santos, quien funge de vicepresidente, la reforzó con exultación: “Semejante despliegue para Irak, que apoyamos, nos hace preguntarnos cuándo veremos una acción igual de la comunidad internacional para ayudar a la democracia colombiana”. Si tal fuera el caso, y como el horizonte de la lucha política es tan variopinto como anchuroso, tanto él como su jefe podrán presenciar otra acción: el inexorable despliegue de la resistencia antiimperialista de la nación que ayudará a instaurar la nueva democracia colombiana.

IMPONENTE PRIMERO DE MAYO CONTRA URIBE Y EL IMPERIALISMO

El Primero de Mayo de 2003 será recordado como uno de los más multitudinarios y combativos de los últimos lustros. En Bogotá, una gigantesca manifestación sobrecopó la Plaza de Bolívar con delegaciones de las Centrales Obreras, centenares de sindicatos, partidos políticos y entusiastas grupos culturales, juveniles y sociales. Durante todo el día se corearon consignas anti­gu­ber­namentales y de rechazo a la recolonización estadounidense, y a su criminal invasión a Irak.

La multitud protestó contra la ofensiva inmisericorde a que la administración Uribe Vélez ha sometido a los asalariados, a la mayoría de los productores y, en general, a 99% de la población colombiana, la cual se agravará con las reformas laboral, pensional y tributaria y el Plan de Desarrollo ya impuestos en el Congreso, y las amenazas del Referendo, la reforma política y el ALCA, exigidos por el FMI para salvaguardar los intereses impe­rialistas.

Esto fue denunciado con firmeza por el Manifiesto del Primero de Mayo, publicado por las Centrales Obreras y la Gran Coalición Democrática: “Conmemoramos los 117 años del sacrificio de los héroes de Chicago, en la más prolongada y profunda crisis de nuestra historia republicana. La docena o más años de aplicación del perverso modelo neoliberal impuesto para beneficio del interés foráneo y la penosa ruina de nuestra producción, arrasó con la riqueza nacional, el empleo y el nivel de vida de la población.”

La desembozada censura que a los actos del Primero de Mayo impusieron los medios de comunicación, no logró ocultar la magnitud del repudio que la política oficial despierta en la ciudadanía, así como la organización y beligerancia que caracterizaron la jornada. La efeméride proletaria por excelencia se conmemoró con igual despliegue en otras ciudades como Medellín, Manizales, Bucara­manga, Barranquilla, Barranca­ y Cartagena. Un indicio de que la materialización de esta conciencia antineoliberal abrirá el camino definitivo para derrotar al más sanguinario imperio de la historia de la humanidad, a sus acólitos y a los sectores proclives a la conciliación y a la entrega. Debemos prepararnos para más amplias y vibrantes jornadas.

PLAN DE DESARROLLO: HACIA UN ESTADO COMUNITARIO DE RUINA Y SOMETIMIENTO

Por Alejandro Torres y Alfonso Hernández

En un ambiente cargado de cortapisas al debate, el Congreso acaba de aprobar el “Plan de Desarrollo, 2002-2006, hacia un Estado comunitario”, impuesto por el gobierno de Álvaro Uribe. El Plan, retazos de temas y reglamentaciones de distinta monta sin mayor orden, no hace cosa distinta que enconar los quebrantos nacionales, adoptando, una vez más, la mortífera receta del Fondo Monetario Internacional. El legislativo, con muy pocas pero honrosas excepciones, como la del senador Jorge Enrique Robledo, aclamó todo sin discutir ni un tema sustantivo, sino que se entregó a un regateo mezquino para obtener boronas como pago por su obediencia. Claro que el trámite en las Cámaras es un puro formalismo, pues el artículo 341 de la Constitución dispone: «Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley», y agrega que la «inclusión de proyectos de inversión […] requerirá el visto bueno del gobierno nacional». Se trata de otro de los casos en los que tras los supuestos procedimientos democráticos se oculta el despotismo.

Estado comunitario: “honrar” la deuda y mantener el atraso

Con el lema gobiernista de “construir un Estado Comunitario”, se condena a la nación a un mayor desangre económico y a padecer una creciente represión política, con los solos propósitos de garantizar “la sostenibilidad de la deuda pública y un adecuado acceso de la economía colombiana en los mercados financieros y de bienes y servicios internacionales”.

“Sostenibilidad”. La palabreja es cabal, pues no se trata de redimir la deuda, sino de que ésta sea “sostenible”: ¡nunca incumplida, jamás cancelada! Tanto que entre las metas del Plan figura que su monto pasará de representar 50% del Producto Interno Bruto, PIB, en 2002, a 51,4%, en 2006. Es porque a través de los empréstitos, los financistas no sólo extraen al trabajo y a la riqueza una rentabilidad usurera, sino que mandan, desmandan y chantajean a las pobres repúblicas hipotecadas. Hay que ver cómo todas las metas macroeconómicas se sujetan a la cartilla desalmada que dicta el FMI. El déficit fiscal debe mantenerse a raya para evitar el incumplimiento de los abonos; por ello, el gasto público tiene que restringirse sin parar mientes en cerrar hospitales o apretujar 40 ó 60 estudiantes en un aula –y que ellos mismos se las arreglen para “aprender a aprender”. El crecimiento económico ha de sacrificarse para que la gente no se coma ni se gaste en salud o educación los recursos por los cuales los financistas languidecen. En fin, el déficit de cuenta corriente y las tasas de inflación y de cambio tienen que ajustarse al objetivo supremo de avalar las acreen­cias.

La inversión para el cuatrienio, que el Plan estima en $112 billones, es exigua, más si se tiene en cuenta que la mitad corresponde a las transferencias y que se calcula que el sector privado invertirá $20 billones de los 112. Lo que significa que el gobierno central gastaría cerca de 34 billones (8 billones y medio anuales), siempre y cuando el FMI no ordene una reducción adicional. Con harta razón Eduardo Sarmiento, en su columna del 6 de abril, en El Espectador, señaló que para 2006, Colombia completará una década de cero crecimiento, que él le atribuye a que las prioridades del Plan sean reducir el déficit fiscal y pagar la deuda.

El Plan y todo el paquete de medidas oficiales constriñen cualquier posibilidad de progreso de la economía. La reforma tributaria amplió la base de contribuyentes del IVA, abarcó nuevos bienes de la canasta familiar y elevó las tarifas; agregó una sobretasa al impuesto de renta y, por conmoción interior, se estableció un impuesto al patrimonio. La reforma laboral alargó la jornada ordinaria, redujo los pagos por dominicales y festivos y la indemnización por despido. A esto hay que sumarle que las facultades otorgadas al gobierno dejarán cesantes a decenas de miles de empleados públicos y que con el referendo se pretende congelar salarios y pensiones y clausurar aún más entidades estatales. Aparte de todo, el FMI, en su memorando de enero, ordenó poner fin al «regresivo» incremento del salario mínimo. En un país en el que los empresarios señalan como principal problema el de la baja demanda, toda la orientación de la economía consiste en restringir más y más la capacidad adquisitiva, reduciendo los salarios y aumentando los impuestos. Con esto queda claro que dicha orientación no se traza en beneficio de los industriales ni de los agricultores colombianos ni mucho menos de las masas laboriosas.

La farsa de la planificación neocolonial

Una característica de esta clase de “planes de desarrollo”, consiste en que las metas macroeconómicas, aun siendo menos que modestas, ni siquiera se cumplen, ya que el Estado no cuenta con empresas poderosas, pues casi todas las ha subastado, tampoco dispone de mayores recursos, ya que el grueso de los ingresos tributarios está comprometido con las amortizaciones de los empréstitos, y ha renunciado a planificar de veras la economía. El mismo texto oficial dice que las metas «Constituyen el marco de referencia para la determinación del entorno sobre el cual se diseña e implementa el Plan de Desarrollo 2002 –2006. No obstante, por tratarse de proyecciones, estos estimativos no son jurídicamente vinculantes y no podrá derivarse, bajo ninguna circunstancia, ni en virtud de ninguna modalidad jurídica, responsabilidad alguna al Estado colombiano». De tal manera que de Plan no tiene sino el nombre. Todas las proyecciones dependen de si los inver­sionistas foráneos encuentran mayores chisgas aquí o en otras latitudes, de si deciden comprar o no, de si se les antoja especular con el peso colombiano o con el argentino. Lo que se llama planificación es el ejercicio servil de competir con otras naciones pobres para complacer todos los deseos expresos de los agiotistas y adivinar los tácitos.

Los verdaderos planes de desarrollo exigen movilizar, con la mira puesta en el progreso, la masa de los recursos y las voluntades de una nación. La Unión Soviética con unos pocos planes quinque­nales, bajo la dirección del tan vilipendiado José Stalin, enfrentando el cerco del mundo capitalista, sin casi ningún acceso a “los mercados financieros y de bienes y servicios internacionales” pasó de ser una nación atrasada a convertirse en una potencia agrícola e industrial. Acabó la explotación capitalista y construyó el socialismo. Se electrificó, creo una sólida industria siderúrgica y puso fin al desempleo, al hambre, a la insalubridad y al analfabetismo. Se hizo una república respetable que le aportó a la humanidad los mayores sacrificios y hazañas para derrotar el fascismo. Destruida por la guerra, logró reconstruirse con rapidez gracias a la decisión del Partido y de la clase obrera. Otro tanto se podría señalar de la China de Mao.

Por el contrario, nuestras sucesivas caricaturas de planes han llevado al franco abatimiento a una economía que por décadas estuvo en el marasmo. El de Uribe prevé un crecimiento del PIB de 2% para 2003 y 3,9% para el 2006. Pero la Contra­loría General de la República dice que ni siquiera esas metas ridículas podrán cumplirse, pues calcula que sólo llegarán a 1,3% y 0,8% en los años mencionados. La inflación, que para todo 2003 se estima en 5,5%, ya va en 4,5% en los cuatro primeros meses del año. Los doctos economistas de Harvard no aciertan una. Es posible predecir que Sarmiento y la Contraloría tendrán razón, la economía se mantendrá estancada o declinará. La verdad es que Colombia se encuentra en un atasco a causa de la apertura económica, que postró granjas e industrias, de los impuestos crecientes y los salarios menguados. Añádase a lo anterior que en los años venideros no se va a dar ni siquiera un crecimiento engañoso, como aquel que ocurriera en los primeros años de la década de los noventas, cuando los capitales foráneos ingresaron a comprar las empresas estatales en subasta, a explotar campos petroleros enormes, a hacer empréstitos a granel, y el consumo de mercaderías extranjeras se incrementó. Hoy, el endeudamiento no deja margen, la pobreza prolifera, y, por ende, el mercado interno se estrecha. Luego de la crisis asiática hasta la inversión extranjera se muestra remo­lona de venir a Latinoamérica; vivimos un momento en el cual son mayores los caudales que salen de los países pobres hacia los ricos que los que hacen la ruta inversa. No obstante, con posterioridad a la invasión de Irak, se ha presentado un repentino auge de ingreso de capitales especulativos a todo el subcontinente que ha generado una tendencia revaluacionista, esto, más temprano que tarde, se revertirá y con el vuelo de las golondrinas más bien se profundizará la tendencia señalada. En los propios Estados Unidos caen las bolsas de valores, cuyo frenesí de la década pasada se ha trocado en pertinaz declive, que se agrava al conocerse la forma con la que los ejecutivos de las compañías desplumaron a millones de pequeños y medianos inversionistas. De tal manera que no se ve de dónde puedan provenir las inversiones que espera Uribe.

Con el pretexto de “garantizar […] un adecuado acceso de la economía colombiana en los mercados internacionales” se propone franquear el asalto a lo poco que queda de la economía nacional, sometiendo el país al ALCA o a un acuerdo bilateral de libre comercio con los Estados Unidos. Productos como el arroz, que aún cuenta con una cierta protección arancelaria, o las drogas genéricas, dejarán su lugar a productos importados.

Sin mayores disimulos, el Plan favorece a los consorcios extranjeros mientras que exacciona a la a la nación. Vienen al caso las disposiciones sobre hidrocarburos, en las que se propende a generalizar los llamados contratos de producción incremental con las multinacionales, para que estas exploten los pozos hasta el agotamiento, como en el caso del gas de la Guajira, lo cual acaba las posibilidades de que los yacimientos reviertan a la Nación, lo poco que le quedaba a Ecopetrol para operar. Además, se entregan al sector privado los proyectos más promi­sorios, como el Plan Maestro de Carta­gena, consistente en modernizar la refinería. Para hacer más rentables tales negocios se da un nuevo impulso al «desmonte de los subsidios a la gasolina y al ACPM», y se plantea tener como referencia «las señales de precio internacional», lo cual redundará en una fuerte escalada alcista.

Más apertura y privatizaciones

El Plan es enfático en expresar que el Gobierno seguirá adelante con las privatizaciones de las empresas de servicios públicos, las concesiones en la construcción, operación y mantenimiento de carreteras e instalaciones de servicios, y en que se promoverá el ingreso de inversionistas a sectores aún no privatizados, como el Sistema de Transmisión Nacional, lo que pone en la mira a ISA. Se anuncian distintas argucias para elevar las tarifas, como la «normalización» de redes; el ajuste del «esquema tarifario y de subsidios» para permitir la «recuperación de los costos».

Como hasta para los asesores de Uribe es evidente que las exportaciones no serán el eje de la reactivación, aunque sigan perorando sobre ellas para justificar la apertura, se propone que la construcción de vivienda desempeñe ese papel y que sea el motor de la generación de empleo, como se intentó en la Administración de Misael Pastrana. En realidad se busca engordar los bancos y las corporaciones de vivienda las cuales han venido despojando a miles de familias que intentaron adquirir un techo. Las altas tasas de interés y el sistema UPAC, cuyas características principales se mantienen con otro nombre, les confiscaron sus viviendas después de que habían pagado un valor muy superior al pactado y al comercial del inmueble. Pero ¿se puede pensar que se va a dar un auge en la construcción cuando las directrices de la economía conducen a disminuir el consumo y la inversión, tanto públicos como privados, y el Banco de la República ha comenzado de nuevo a subir las tasas de interés?

El Plan habla de crear dos millones de empleos mediante la reducción de los aportes parafiscales destinados al Sena, Icbf y las cajas de compensación, y las otras disposiciones laborales mencionadas. Pero está bien claro que esa clase de reformas contrae la demanda y postra la economía, y que a pesar de que se envilezcan los salarios no se va a producir el prometido auge exportador. Lo demás son propuestas hilarantes como las del «reconocimiento técnico» de las artesanas, «las bolsas virtuales de empleo», «el desarrollo de los Cultivos Hidropónicos, como garantía de seguridad alimentaria» para mayores de 50 años que no tengan ingresos. En tanto la masa de desem­pleados sigue aumentando y su angustia no mueve al gobierno a nada distinto que a los refritos demagógicos sobre micros y pymes.

“Focalización” contra los trabajadores

La llamada equidad social consiste, fundamentalmente, en conculcarles los derechos a los trabajadores de las áreas «sociales» del Estado, privatizar y desmejorar la calidad de la educación y la salud. Con la colaboración de Jaime Dussán y Luis Carlos Avellaneda, el gobierno logró birlarles a los maestros nuevos los derechos conquistados. Estos se someterán a un régimen idéntico al de la Ley 100 y al establecido en la reforma pensional, Ley 797 de 2003. Con ello se aumenta la edad de pensión, se incre­mentan los aportes a maestros nuevos y antiguos y se reducen los beneficios. Alarma que tales senadores, elegidos con una caudalosa votación de maestros y quienes mantienen amplia influencia en la dirección de Fecode, sean quienes se presten para dar vía libre a las reformas que el FMI impone en detrimento de las prestaciones básicas y más que justas de los educadores. Ya Jaime Dussán había sido ponente de la nefasta Ley 715, posiciones que pretende justificar alegando que él no va al Congreso a dejar constancias, sino a legislar, es decir, a dar el visto bueno a las medidas oficiales y a desmovilizar y engañar a los educadores.

A la universidad pública, por su parte, se le empezará a someter al chantaje de los indicadores de gestión para asignarle los escasos recursos. Así pues, se le obligará a empeorar los planes de estudio, a desmejorar las condiciones de docentes y trabajadores y a abolir cualquier programa supérstite de bienestar estudiantil.

En cuanto a salud, el Plan se centra en la «progresiva» transformación de los subsidios de oferta en subsidios a la demanda y en la «reestructuración y capitalización de hospitales». Lo cual se traducirá en la fusión o cierre de hospitales «no competentes», «no rentables» o «excedentes» (!); en el despido de más de 38% de la planta actual, es decir, unos 30 mil funcionarios; y en una desmejora atroz de la calidad con falacias como la de la «medicación pertinente», o sea, formular placebos y menjurjes “alternativos”. Los «mecanismos de acreditación del recurso humano de salud en ejercicio» son otra forma de enmascarar los despidos, como sucede con las mal llamadas evaluaciones al magisterio. El panorama es desolador si se le suman los efectos que ya han tenido sobre estos servicios el Acto legislativo 01 y la ley 715 de 2001.

El PND contempla la entrega de recursos y funciones del ICBF a los municipios, con lo cual se apunta al desmonte de esta entidad. Se abre también la posibilidad de que se contraten con el sector privado actividades que hoy desarrolla ese instituto, como la atención a la infancia, la tercera edad y la juventud. Además, bajo los criterios de «focalización» o «depuración de las bases», se pretende reformar el Sisben para negar hasta este deficiente servicio a miles de personas sin recursos.

El llamado manejo social del campo se centra en una serie de planteamientos demagógicos sobre reforma agraria, que entre otras cosas, reviven las viejas políticas fracasadas y rechazadas por los campesinos, como las de no entregarles títulos efectivos de propiedad; así queda contemplado en el contrato de asignación o tenencia provisional, que ofrece entregar la tierra hasta después de cinco años «siempre que acrediten haber establecido en ellas empresas agropecuarias competitivas y sostenibles» (!). Por otra parte, se le ofrece al agro «una protección razonable para la producción nacional», pero «en un marco de libre comercio y dentro de los acuerdos de la OMC». Es decir, continúa el arrasamiento. Es tan cierta esta afirmación que el gobierno rechazó un artículo, elaborado por la SAC y Salvación Agropecuaria, que proponía que se contrarrestasen los subsidios de los países desarrollados con medidas arancelarias nacionales.

Se amenaza también con la expedición de un régimen, colmado de sanciones, para que los entes territoriales tengan que «mejorar su gestión tributaria»; actualizar el catastro y estratificar nuevamente los conglomerados de viviendas con más de 4 mil habitantes. A los entes territoriales también se les da vía libre para implantar nuevos gravámenes o contribuciones destinados a financiar proyectos de infraestructura vial y transporte.

Más represión

El otro elemento, tan pregonado, es la «seguridad democrática», no otra cosa que el auge del despotismo y la demagogia. Más que el control de la desaforada violencia, lo que campea es un tratamiento de orden público a las protestas populares y la derogatoria de los más elementales derechos, puesto que las Fuerzas Militares quedarán autorizadas para allanar, detener y atropellar. Todo se agrava con el reclutamiento de un millón de coope­rantes, que conducirá a una cacería de brujas sin antecedentes. De acuerdo con las exigencias de gobierno norteamericano, Uribe ha procedido a fumigar en diversas regiones, sin importarle destruir labranzas ni envenenar el ambiente. Hay que ver cómo la «seguridad democrática» ha hecho llover glifosato sobre los campesinos, que privados de la rentabilidad de sus pequeñas parcelas han tenido que refugiarse en el cultivo de coca u otros de la misma índole.

En cuanto a la justicia vale la pena resaltar la importancia que se les da a los «mecanismos alternativos y extraju­diciales de solución de conflictos», que conducen a su privatización y a hacerla menos accesible a los sectores populares, mientras que el aparato jurisdiccional se concentra en garantizar la «seguridad jurídica» de los opulentos. Igualmente, aparece como prioritario entregarle al capital privado otra de las pocas áreas que quedan en manos del Estado, nos referimos aquí al sistema penitenciario. El PND contempla cederles a los particulares el diseño, construcción y adecuación de las cárceles, e incluso la prestación de los servicios dentro de ellas, así como “la resocialización de los internos”, lo que abre las compuertas para convertir los penales en campos de concentración de esclavos.

Un Presidente y un Congreso que imponen un Plan semejante a un país que agoniza, que se colma de gentes que carecen de techo, de pan y de empleo, en el que a los miles de desplazados por la violencia política se suman los millones a los cuales las medidas oficiales han dina­mitado sus puestos de trabajo, entenebrecido sus horizontes y arrojado a una existencia miserable, desnudan hasta qué punto han llegado en el servilismo y en la indolencia los mandamases del país. A ellos hay que responderles con un espíritu aguerrido de lucha, unir a millones y millones de compatriotas, hacer gigantescas movilizaciones como las del Primero de Mayo y cerrar el paso a la claudicación para que la ira y rebeldía, tan justas, se encaucen hacia la liberación de la patria y el bienestar del pueblo trabajador.

POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA DEMOCRACIA

Por Gonzalo Arango J.

El 1° de abril, en medio de masivas protestas, fue designado Marco Palacios como rector de la Universidad Nacional, la más importante institución educativa del país. La comunidad universitaria exigía al Consejo Superior el respeto por los resultados de la “consulta” y la valoración de las calidades académicas, en los que descolló, con significativa ventaja, el doctor Víctor Manuel Moncayo, rector en los últimos dos períodos.

Los reclamos en procura de financiación estatal para la universidad pública, la defensa de la autonomía, las críticas al modelo neoliberal de la educación superior, entre otras posiciones, hicieron del rector Moncayo un personaje indeseable para el gobierno, pues podría entorpecer las políticas del Ministerio de Educación dentro de la actual oleada de reformas y ajustes. Desacatándolo por inconstitucional, el doctor Moncayo se atrevió a enfrentar el decreto 2912 del 31 de diciembre de 2001 que establecía un nuevo régimen salarial y prestacional para los docentes universitarios. Esta fue una muestra clara de su talante, que no pasó inadvertida por el nuevo gobierno.

Por ello Uribe Vélez impuso al historiador Palacios, de ingrata recordación en su paso por la rectoría entre 1984 y 1988. Aunque se alega la legalidad del hecho, el nombramiento de Palacios fue una clara afrenta contra la comunidad universitaria cuya opinión fue burlada, dejando al descubierto el carácter arbitrario y autoritario que se esconde tras la fachada de la “democracia participativa”.

Esta decisión del gobierno del “Estado comunitario” y la “seguridad democrática” hace parte de la política contra la educación pública, condenada a muerte por los requerimientos del Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, en cuyo marco se adelantan las negociaciones de los “servicios de enseñanza”. En medio de la alharaca efectista de los “consejos comunitarios” y la demagógica ampliación de la cobertura consignada en la “revolución educativa”, Uribe Vélez y su ministra de Educación avanzan en el acondicionamiento del sistema de educación superior y de ésta, en su forma y contenido, a la nueva condición de bien transable, de mercancía. Su tarea la llevan a cabo mediante la imposición de reformas “estimuladas” por los recursos que el Banco Mundial asigna, como préstamos al gobierno nacional, condicionados a la implantación de sus recomendaciones en política educativa.

Mediante la puesta en marcha del decreto 808 de 2002 se “establece el crédito académico como mecanismo de evaluación de la calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional”, y el rediseño curricular de los programas, orientado a disminuir la duración de los pregrados, de cinco años a cuatro, adecuando los formatos de los “paquetes de formación” a los estándares del sistema americano de los colleges. Al tiempo, su contenido se impone con los “exámenes de calidad de la educación superior” -CAES- mecanismos de evaluación de “las competencias” que los egresados deben acreditar, y con los “estándares de calidad”, exigidos para cada carrera por los decretos respectivos. Esta normalización de los productos, en su forma y contenido, es un requisito indispensable para que puedan ingresar y circular las ofertas educativas extranjeras.

Otro aspecto es la intensificación de la política privatizadora, al financiar la “ampliación de la cobertura con calidad” con créditos del Icetex y de las universidades públicas para cancelar el valor de las matrículas. En las universidades del Estado aparece la oferta de programas académicos en “jornadas especiales”, con regímenes de matrículas que superan en algunos casos los costos de universidades privadas. Con las facilidades de acceso a los créditos y un subsidio equivalente a 25% de la matrícula, para los estudiantes de los estratos uno y dos, se trata de camuflar la privatización. Es el comienzo del fin de la educación superior pública. El subsidio y la financiación de la demanda les permiten el acceso al mercado nacional a quienes tengan ofertas educativas extrajeras, aprovechando incluso los recursos que asigna el Estado “en condiciones no menos favorables que para los oferentes nacionales”,

Las reestructuraciones administrativas para disminuir los costos de la educación estatal, son inducidas por los “convenios de viabilidad y desempeño”, con los que se premia con recursos adicionales a las instituciones de mayores logros en estándares de desempeño, como número de estudiantes por docente y de empleados administrativos por estudiante, costo por estudiante, porcentaje del presupuesto financiado con matrículas y venta de servicios, entre otros. A ello se suma la reducción paulatina del personal de planta y su reemplazo por trabajadores, empleados y profesores contratados temporalmente, en algunos casos a destajo. Se busca “racionalizar el uso de los recursos”. El Plan de Desarrollo aprobó la asignación de hasta 12% del presupuesto con arreglo a los resultados de los indicadores de gestión, entre los que se destacan los relativos al incremento de la cobertura.

Esto ha conducido al deterioro de las condiciones de trabajo en las universidades estatales y a la desmejora ostensible en la calidad de la educación impartida. El hacinamiento en los salones, la carencia de equipos en laboratorios y talleres para atender la creciente población estudiantil, la casi inexistencia de programas asistenciales de bienestar para los estudiantes de escasos recursos, son el escenario predominante en las universidades públicas.

Con las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso al Ejecutivo para reformar el gobierno central, se adelanta la reforma del Ministerio de Educación y la del sistema de educación superior, adecuándolo a las nuevas funciones que demanda el nuevo escenario: procedimientos de autorización y regulación de proveedores extranjeros; aseguramiento de la calidad y acreditación de los servicios importados y exportados; sistema de reconocimiento de títulos y transferencia de créditos; esquemas de financiación (concesiones de operación, subsidios, préstamos, becas). Una de las funciones del nuevo Viceministerio de Educación Superior será entonces el “aseguramiento de la calidad”; la otra será el “apoyo y monitoreo” de las instituciones en procura de las metas de mejoramiento de su eficiencia con el cumplimiento de los “indicadores de referencia”.

En este contexto se presenta la ofensiva del gobierno de Uribe Vélez contra la democracia y la autonomía en la Universidad Nacional. Es importante anotar que el zarpazo a la Rectoría estuvo precedido por una andanada de sindicaciones a las universidades públicas como los espacios de reclutamiento y adiestramiento de cuadros para los grupos insurgentes. Esta estigmatización no es ajena a la necesidad de imponer un gobierno universitario autoritario y represivo, que coarte las manifestaciones de descontento y resistencia a la agresión académica, política y financiera que marcan el camino hacia el naufragio definitivo de la educación pública en las aguas del ALCA.

Estudiantes, profesores, trabajadores y la población en general deberemos encarar esta política, organizar la resistencia y la movilización en defensa de este patrimonio nacional, y sumar nuestro contingente a los demás sectores de la sociedad que enfrentan la recoloniza­ción de América por parte de Estados Unidos.