CRECE LA RESISTENCIA ESTUDIANTIL

Por Elías Fonseca

La consigna «¡Fuera Marco Palacios de la Universidad Nacional de Colombia!» resume el rechazo total que ha recibido por parte de todos los estamentos su designación como nuevo rector; decisión tomada por el Consejo Superior, desconociendo la voluntad mayoritaria de la consulta para elegir la terna de candidatos a la rectoría, en la cual Víctor Manuel Moncayo obtuvo una victoria contundente. Las sedes de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira se declararon en asambleas permanentes y cese de actividades exigiendo la renuncia de Palacios, lo cual fue ratificado en multitudinarias marchas de protestas.

Las razones expuestas son contra la descarada violación de la democracia y como rechazo a la imposición que desde la Presidencia de la República se ejerció sobre los miembros de CSU para poner una ficha uribista al frente de la institución académica más importante del país con el fin de implementar las políticas neoliberales y privatizadoras de la educación superior.

Los estudiantes de las universidades del Valle, los Llanos, el Atlántico y Tunja también han librado recias batallas contra el alza de las matrículas, la eliminación del bienestar estudiantil y los recortes de los programas académicos. Estas acciones son un mensaje alentador para el resto del movimiento estudiantil.

Esa resistencia va igualmente contra la intención de meter a Colombia en el Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, lo cual tendrá fuertes impli­caciones en la educación pública amenazada por la mal llamada “revolución educativa” aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo. Estudiantes y profesores se movilizan en defensa de la democracia reivindicando la elección directa, conquistada en históricas luchas en las últimas décadas del siglo pasado, y rechazan la farsa de la democracia par­ticipativa en la que las decisiones son tomadas por quienes tienen el poder.

LA DEFENSA DE ECOPETROL, UN DEBER NACIONAL

Los hidrocarburos son recursos estratégicos y de seguridad nacional, tanto que cubren 70% del consumo de energía mundial. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón y demás potencias, que consumen 65% de la demanda mundial de energía, centran sus esfuerzos en controlar las fuentes de hidrocarburos, estructurando políticas para incidir en las legislaciones de los países productores, a fin de asegurar el suministro de energía fósil, sin importar que para ello tengan que lanzar guerras de agresión o intervenir militarmente en los países donde se encuentran las reservas de petróleo y gas. La invasión de Estados Unidos e Inglaterra contra Irak da prueba fehaciente de ello.

El petróleo ha sido un bien que nos prodigó la naturaleza en cantidad y calidad, pero que no suficientemente explotado ni desarrollado en beneficio de los intereses nacionales. Desde 1918, se han extraído siete mil millones de barriles de petróleo, concentrados en las cuencas del Alto y Medio Magdalena, los Llanos Orientales, Putumayo y los yacimientos gasíferos de La Guajira, quedando 80% del resto del país sin estudio exploratorio. Solo se conoce una quinta parte de la geología de nuestras cuencas sedimentarias.

Lo anterior ha ocurrido por la ausencia de una política de Estado y por la pérdida absoluta de la soberanía. Los colombianos crearon con gran esfuerzo una empresa nacional de petróleos, Ecopetrol. A las reservas que recibió en 1951, fue posible adicionarle en cinco décadas una producción acumulada de cuatro mil millones de barriles explotados. Hoy, aun en medio de la política de recorte, marchitamiento y ahogo a que la somete el gobierno, mantiene reservas de 1.687 millones de barriles; produce 578 mil barriles de petróleo por día, de los cuales sólo 110 son directos de Ecopetrol; refina 300 mil barriles de crudo; transporta en sus 14 mil kilómetros de sistema de oleoductos, poliductos y gasoductos la producción nacional de combustibles que demanda el país y exporta los excedentes. Desarrolla el mercado interno de productos y derivados del petróleo.

Ecopetrol debe ser estatal

Ecopetrol es el mayor contribuyente al fisco nacional. Constituye el mayor factor de desarrollo para varias economías regionales, gracias a la demanda y oferta de bienes y servicios, así como al consumo que efectúan sus trabajadores.

Una empresa cuyos activos ascienden a 24 billones de pesos, que genera 9,8 billones de ingresos anuales y transfiere cinco billones de pesos al fisco nacional, que constituye la mayor fuente de divisas representadas en las exportaciones y aporta siete mil empleos directos y más de 100 mil indirectos con capacidad importante en la demanda interna, merece ser reconocida y mantenida como factor clave de la economía nacional. No hay ninguna razón para que sea privatizada ni para que su actividad de empresa petrolera se vea disminuida. Por el contrario, se le deben otorgar las herramientas necesarias, a efecto de desarrollar sus actividades explo­ra­torias y extractivas con recursos directos para buscar hidrocarburos en las áreas geológicas de mayor prospecti­vidad, cuyo conocimiento le permita obtener ventajas a la hora de negociar con las trasnacionales y firmar contratos que beneficien el interés nacional y una renta recíproca al asociado.

La primera empresa del país está seriamente amenazada por una política oficial contraria al interés nacional, que sólo le permitió perforar cuatro pozos explo­ratorios en los últimos cuatro años, cuando el Plan Quinquenal (1998-2003) proyectó la perforación de 200. Las asociadas respondieron bajando el ritmo de perforación exploratorio, para presionar cambios en el contrato de asociación, como en efecto ocurrió, obteniendo más participación y menos pago por regalías a las regiones. La exploración ha caído y la directa de Ecopetrol es marginal, porque 95% del presupuesto de exploración está destinado a desarrollar los campos de producción de los asociados, situación que pone al país en alto riesgo de convertirse en importador, ya que las reservas propias, que son del orden de 325 millones de barriles, se están agotando y no hay perspectivas de nuevos hallazgos y, con el nivel de consumo actual, aproximadamente en cinco años perderemos la condición de autosuficiencia.

Sobre refinación, el gobierno está empecinado en abrirle competencia a Eco­petrol, a través de refinerías privadas o estimulando importación de combustibles, a la vez que deja las refinerías de Barranca y Cartagena operando en estado de obsolescencia y con muy poco mantenimiento, lo que afecta el margen de rendimiento, alejando cada vez más la refinación de Ecopetrol de los estándares internacionales. Cuando el país y en particular la Costa Atlántica esperaban con entusiasmo la aplicación del Plan Maestro para ampliar la refinería de Carta­gena, el proyecto se puso en duda porque el Confis y Planeación Nacional, con el ardid de que no hay recursos para que Ecopetrol lo ejecute directamente, van a proponer que lo haga el capital privado. La privatización se extiende a los oleoductos y poliductos, sobre los que pesa la decisión de entregarlos a las multinacionales, para que los distribuidores mayoristas, hoy controlados por la Texas, Esso-Mobil y Shell, monopolicen el mer­cado y saquen del negocio a los minoristas, casi todos de capital colombiano.

Igual situación vive el Instituto Colombiano de Petróleo, fundamental para la apropiación y generación del conocimiento científico nacional. Su permanencia en Ecope­trol debe ser defendida resueltamente.

Ecopetrol es rentable y aporta al desarrollo de la nación

Ecopetrol continúa generando utilidad y rentabilidad y sirviéndole de soporte al fisco nacional. Entre 2001 y 2002 la empresa generó ingresos por 18 billones 551 mil millones de pesos, transfirió 11,1 billones de pesos y tuvo utilidades ope­racionales por 3 billones 985 mil millones. A diciembre 31 de 2002, su balanza comercial fue favorable en US$1.600 millones, en las exportaciones colombianas pasó de 35% y, en síntesis, la contribución del sector petrolero a las finanzas públicas de la nación es fundamental. De no existir Ecopetrol, se agravaría el déficit fiscal, la inversión social sería precaria y se afectaría notoriamente la economía regional. Como quiera que las refinerías le compran a la industria nacional 100 mil millones de pesos al año, 62% de los ingresos de la empresa provienen del mercado interno. Si Ecopetrol se convierte en empresa privada, el fisco solo recibiría el impuesto de renta de 38%, no las transferencias de 60% de los ingresos que hoy percibe de la empresa estatal. Es decir, la nación perdería 22% de los ingresos que hoy obtiene por ser una empresa del Estado la que maneja los hidrocarburos. Esto lo demuestra el hecho de que el nivel de impuestos que pagan las multinacionales es muy inferior al de Ecopetrol, a pesar de que ellas dominan 83% de la producción nacional de crudo, 100% del mercado mayorista de los combustibles y 50% del sistema de transporte por oleoductos.

El gobierno y el actual presidente de Ecopetrol, tienen como preocupación fundamental promover la inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera. No les interesa que Ecopetrol maneje la industria petrolera. Todos sus esfuerzos están dedicados a convertirla en una administradora de los contratos de asociación. Piensan que Ecopetrol puede ser reemplazada por una fiducia, desconociendo lo estratégico que es controlar un recurso como el petróleo en beneficio de la economía del país.

Frente Patriótico por la Salvación de Ecopetrol

A estas intenciones de privatización se viene oponiendo la USO. Por ello quieren liquidarla. Se esgrime como argumento su inviabi­lidad a causa de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, una mañosa falsedad que encubre intenciones perversas. Si se analizan los estados financieros, se observará que los salarios y prestaciones tan solo representan 4,5% de los ingresos de la empresa, y que existe un fondo de pensiones de más de 4 billones de pesos, fondeado por ley de la República, que junto con sus rendimientos financieros garantiza el pago de pensiones para los jubilados, los actuales y futuros trabajadores de Ecope­trol.

Las reformas laboral y pensional, que golpearon duramente a los trabajadores, y el contrapliego que presentó Isaac Yanovich tienen el propósito de establecer un régimen despótico en la empresa, a efecto de eliminar cualquier foco de resistencia contra dicha política.

Jamás en las relaciones obrero-patronales había recibido el sindicato tantas agresiones y actos de provocación: han despedido dirigentes sindicales y trabajadores; han procesado por control disciplinario y judicialmente a un sin número de afiliados al sindicato, violando el libre ejercicio de la actividad sindical, y actualmente está privado de la libertad el ex presidente nacional del sindicato, Hernando Hernández, y se impide el derecho al trabajo bajo el pretexto de rescatar la gobernabilidad.

Así mismo, se le entrega el gas de La Guajira nuevamente a la multinacional ChevronTexaco y se responde al pliego de peticiones con un contrapliego que acaba con la contratación colectiva. Todos estos actos demuestran que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez es el responsable de la huelga en Ecopetrol, sin tener en cuenta los altos costos políticos y económicos para la nación.

Para que Ecopetrol continúe siendo patrimonio de los colombianos, y siga contribuyendo al desarrollo nacional y al progreso del pueblo, todos debemos asumir con fervor de patria la defensa de la empresa estatal, vital para la soberanía económica y el desarrollo nacional.

A SALVAR ECOPETROL, LLAMÓ JORGE ENRIQUE ROBLEDO

Debate hecho por Jorge Enrique Robledo en la Comisión V del Senado, el 17 de febrero de 2003, al ministro de Minas y al presidente de Ecopetrol.

La política de petróleo y gas que se aplica desde hace años, siguiendo las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, ha fracasado de manera rotunda y no responde al interés nacional. Según el Plan Nacional de Desarrollo, el país está cerca, apenas a dos años, de tener que comprarles a las multinacionales el crudo necesario para cargar las refinerías de Ecopetrol. Y, lo que sería peor, poco tiempo después habría que importar el petróleo o la propia gasolina que requieren los colombianos. Amenazas de suma gravedad por el impacto que le causaría a la balanza de pagos y a las finanzas públicas.

¿Por qué fracasó la política petrolera? Porque se supone que hay que encontrar y explotar petróleo y gas. Pero, por el contrario, el aumento del consumo y la exportación no están siendo compensados con nuevos yacimientos, bien sean estos encontrados por Ecopetrol o por las trasnacionales. Si el país careciera de prospectos petroleros no habría qué censurar, pero sus reservas potenciales de petróleo ascienden a 47 mil millones de barriles, lo que hace obvio que si el petróleo se busca se tiene que encontrar. ¿Por qué no aparece? Por la sencilla razón de que, incluso desde antes de 1990, y a contrapelo con las necesidades y los intereses de la nación, hay una política orientada a debilitar las finanzas de Eco­petrol y a dejarles ese negocio a las trasnacionales.

Las cifras demuestran lo anterior. De la producción total de petróleo del país, 81% lo extraen las trasnacionales y apenas 19% lo hace Ecopetrol. Y la parte de la petrolera estatal no tiene su principal origen en que haya explorado y hallado los yacimientos, sino en las reversiones de algunos contratos firmados con las multinacionales, reversiones que desde la de la Concesión de Mares se han hecho por las presiones de la USO, porque siempre los monopolios extranjeros, con la alcahuetería de los gobiernos, han intentado que esos contratos no le reviertan a Ecopetrol, buscando prorrogarlos hasta el agotamiento de los pozos.

El caso del gas es peor: 97% de la producción es extraída por las trasna­cionales y controlada por la ChevronTexaco, que lleva 20 años sin hacer ni una sola exploración en el territorio nacional, según lo denunció Hugo Serrano Gómez. Es la norma en la relación entre Ecopetrol y las trasna­cio­nales: para ellas el lomo y para Ecopetrol el hueso; para ellas las ganancias y para Ecopetrol las pérdidas; mientras ellas se ganan las flores, a la empresa estatal le caen las acusaciones, y particularmente a sus trabajadores, a quienes siempre han tratado de presentar como unos mantenidos, enemigos del progreso.

La actividad exploratoria es insignificante. En 2001 se perforaron sólo 14 pozos. ¿Por qué no se explora? Como parte de una política deliberada, el presupuesto de exploración de Ecope­trol es muy pequeño y las trasnacionales no lo hacen, no porque no tengan recursos suficientes sino porque no les interesa. Probablemente, porque están ganando más en otros países o porque así presionan para que Colombia les siga haciendo concesiones. Pero el hecho objetivo es que el capital extranjero no busca el petróleo que, según las teorías dominantes, debiera estar buscando, lo que sin duda significa un fracaso en los propios términos de quienes arguyen que el hidrocarburo lo van a encontrar las multinacionales.

Quienes han dirigido a Colombia llevan casi un siglo echando el cuento de que al país lo va a salvar el capital extranjero, es decir, el imperialismo norteamericano, el mismo que en este momento está masacrando a los iraquíes en beneficio de sus monopolios petroleros. Como si no fuera absolutamente demostrable que los monopolios, a los que representa ese imperio, tienen unos intereses que no son idénticos a los nacionales y que incluso pueden ser contradictorios y hasta antagónicos. Ilustrémoslo de esta manera: si Colombia tiene que importar petróleo para cargar las refinerías de Ecopetrol, ello sería un desastre nacional de grandes proporciones. ¿Por qué sufrirían las trasna­cionales, si habría que comprárselo a ellas, que lo producirían en otra parte? Es obvio que no puede prohibirse hacer negocios con las trasna­cionales, pero sí se debe exigir que sean de beneficio mutuo, no como los que venimos denunciando, en los cuales el interés estratégico de la nación colombiana resulta vulnerado.

Se dice que Ecopetrol no tiene recursos con qué explorar y explotar. Lo cierto es que sus transferencias al gobierno son muy altas. A la compañía estatal la vienen ordeñando de manera excesiva. En 1997 le trasfirió al Estado 2.5 billones de pesos; 2.1 billones en 1998; 2.7 billones en 1999; 5.2 billones en 2000; y 5.4 billones de pesos en el año 2001: en los últimos seis años Ecopetrol le entregó al gobierno 23.3 billones de pesos en trasferencias. Por ello no tiene con qué emprender las actividades que debiera acometer, porque la exprimen hasta su agotamiento. Que sea porque el gobierno, como dice, prefiere utilizar esos recursos en el “gasto social”, o que ocurra para justificarles los negocios a las trasnacionales en acatamiento de las políticas del FMI, es un debate clave. Personalmente me inclino a que es porque mientras más le saquen a Ecopetrol más se beneficia el capital extranjero, pues es fácil entender que nadie que sea serio en los negocios dejaría de reinvertir en uno que es rentable por sustraerle más de lo que debe sacarle. ¿Qué tal que a Julio Mario Santodomingo le hubiera dado por distribuir en dividendos todo lo que ha sido la acumulación de recursos en Bavaria? Constituye el abecé del capitalismo que en los negocios rentables hay que reinvertir para que las utilidades aumenten, y que es muy mala política comerse la gallina de los huevos de oro.

Privatización y Plan de Desarrollo

Estos razonamientos sobre la política de hidrocarburos del país son reafirmados en el Plan de Desarrollo del gobierno de Uribe. Allí se dice que en cuanto a la Refinería de Cartagena “se avanzará en la implementación del plan maestro con la mayor participación privada posible”. Claro: se trata de invertir en el lomo, que venga la plata del capital extranjero, y que las partes malas del negocio de refinar, que por supuesto las asuma Ecopetrol. Está cantada la privatización de por lo menos una parte de esta actividad.

En el Plan se afirma también que “Se ejecutarán las inversiones requeridas para garantizar el libre acceso a las redes de transporte, almacenamiento e importación de los derivados del petróleo” de Ecopetrol, es decir, aplicarle la misma política que a Telecom, y esta empresa está agonizando, en buena medida porque tuvo que arrendarles a menosprecio sus redes a sus competidores para que terminaran quebrándola. Y el presidente de Ecopetrol, so pretexto de promover la eficiencia, señaló que iba a romper el monopolio de la refinación, dejando claro que se va a abrir el camino a la importación de gasolina. En síntesis, no sólo no dejan operar bien a Ecopetrol en lo que debieran ser dos de sus principales actividades: explorar y explotar, sino que apuntan a quebrarle también el espinazo en almacenamiento, transporte y refinación.

Otro punto del Plan señala: “Se va a evaluar la posibilidad de extender la duración de los contratos de asociación hasta que se agote la vida económica de los yacimientos”, lo que equivale a una poderosa bomba contra Eco­petrol, porque lo poco que hoy explota esa empresa son las reversiones a la Nación de esa clase de contratos, los cuales siempre han sido leoninos, pero han tenido el gancho de que pasan a ser de propiedad de Ecopetrol antes del agotamiento de los yacimientos. Ahora, al no revertir a la nación, quedaría la compañía estatal por fuera de la explotación del petróleo nacional.

Si Ecopetrol no explora ni le revierten los pozos, ¿cuál será su futuro? Si además le van a sonsacar el transporte y el almacenamiento y hasta la refinación, ¿en qué quedará convertida? Y si esto se ata a la nueva teoría sobre la producción incre­mental aplicada en el contrato Catalina sobre el gas de La Guajira, que también podrían aplicar al petróleo, salta a la vista que le están abriendo el camino no sólo a que los nuevos pozos sean explotados por las trasnacionales hasta el agotamiento, sino al propio desmonte del traspaso a Ecopetrol de los grandes campos ligados a contratos de asociación. Sería un desastre, porque implicaría la priva­tización de todo el sector, y la conversión de Ecopetrol en una especie de Dian del petróleo, limitándose a recaudar las regalías que pagarían las trasnacio­nales.

La privatización también ha avanzado en otros sectores. Todo el negocio del gas se ha hecho en contravía del interés nacional. Su distribución domiciliaria se le entregó al capital privado, cuando hubiera debido ser parte de las actividades de Ecopetrol. El ex senador Amylkar Acosta ha denunciado las recientes y escandalosas alzas en los precios del gas al consumidor, que se relacionan con los enormes aumentos en el precio en boca de pozo, en beneficio de la Texaco y la British, que ha llegado a 1,61 dólares por millar de pies cúbicos, cuando producirlos cuesta 0,14 dólares. Y las recientes alzas en el precio del transporte del gas también son desproporcionadas, entre 363% y 627%.

Para completar el cuadro de los privilegios, ahí están las protestas de los propietarios de expen­dios de gasolina al menudeo, asociados en Fendipetrol, quienes han denunciado que las trasnacionales se están quedando también con ese negocio, pues ya poseen 170 estaciones, además de controlar la distribución al por mayor, jugoso negocio que nunca perdieron, ni siquiera cuando se creó Ecopetrol, lo que sin duda hubiera ocurrido en un país gobernado con concepciones patrióticas.

El presidente de Ecopetrol ha dicho que Uribe Vélez se comprometió a no priva­tizarla; y es posible que no privatice 100% de la empresa, porque la privatización es un proceso que se desarrolla en el tiempo, ante las resistencias que debe derrotar.

El contrato Catalina

El gobierno decidió suscribir el nuevo contrato de Catalina, una especie de prórroga en favor de la ChevronTexaco para la explotación de la Plataforma Chuchupa B del gas de La Guajira, el cual, por vencer el 31 de diciembre de 2004, iba a poner en manos de Ecopetrol toda la producción del yacimiento. Pero el uribismo determinó que ese negocio se hiciera bajo la forma de producción de gas incremental, peor en términos del reparto de la riqueza que el de asociación anterior, porque, además, se hace dentro de la nueva legislación que deterioró los beneficios que le corresponden a la Nación.

Sobre la explotación del gas de La Guajira, el senador Hugo Serrano denunció que una de las primeras anomalías se dio en el contrato para que Texaco perforara seis pozos mediante la Plataforma Chu­chupa B, pero que sólo perforó tres, lo que ha debido conducir al gobierno a exigir la revisión, ya que la Tasa Interna de Retorno pactada con la trasnacional, de 15%, debió dispararse en su favor al perforar la mitad de lo supuesto.

Y no es cierto, como ha afirmado el ministro para defender el contrato Catalina, que la Chevronva a seguir sacando el gas que hay allí sin que Ecopetrol tenga que poner un solo peso, porque por la plataforma que está operando, y sin la cual no puede extraerse el hidrocarburo, Ecope­trol está pagando un arriendo que hasta 2016 alcanza la suma de 336,9 millones de dólares, para no mencionar que el yacimiento le pertenece a Colombia, pues hace parte del subsuelo de la nación.

Las denuncias sobre el carácter leonino del contrato Catalina fueron confirmadas por la Contraloría, que conceptuó que con gas a US$0,98, precio inferior a las cuentas oficiales, la ChevronTexaco obtendría una utilidad (Tasa Interna de Retorno) de 26%, porcentaje escandaloso si se tiene en cuenta que Empresas Públicas de Medellín tiene 4%, las refinerías 2%, el conjunto del sector eléctrico de Colombia 1% y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos 2,84%. Aun más: con gas a 2,22 dólares, precio que podría no ser desproporcionado dependiendo de los desarrollos de la agresión contra Irak, la ganancia para la trasnacional sería de 115%, un evidente asalto al patrimonio nacional.

La Contraloría también calculó que si la operación la hace directamente Eco­petrol, las utilidades para la empresa, dependiendo de los supuestos del precio, estarían entre 51 y 314 millones de dólares a Valor Presente Neto, una especie de tecnicismo que crea confusión porque da la apariencia de que se trata de cifras menores, ya que los seres humanos no piensan en dólares presentes netos sino en dólares o en pesos corrientes. Además, afirma la entidad de control que lo convenido con la ChevronTexaco da unas pérdidas, o unos ingresos menores para Colombia, entre 24 y 217 millones de dólares en Valor Presente Neto. Por tanto, la diferencia entre si el negocio lo hace la trasnacional o Ecopetrol es enorme..

También con el propósito de apuntalar un contrato que no tiene defensa, se introducen los socorridos “factores de riesgo”, uno de los viejos cuentos con los que el capital extranjero esquilma a los colombianos. La Contraloría también los desenmascara, pues afirma que no existe riesgo comercial, porque aun si el gas a extraer disminuyera en 49,94%, la Tasa Interna de Retorno para la Texaco sería de 12,28%, que sigue siendo bien atractiva. Y dice que tampoco hay riesgo tecnológico pues no se hará inversión en tecnología de punta y porque el yacimiento será operado por la Guajira Gas Service, de acuerdo con el contrato leonino vigente.

Tampoco hay riesgo jurídico, señala la Contraloría. Uno de los aspectos más impactantes de las explicaciones enviadas por el ministro de Minas a la Comisión V del Senado es su argumentación sobre la existencia de un gran riesgo jurídico. Explica el ministro que la Texaco, aprovechándose de que ella es la actual operadora de la Plataforma B, podría llenar al país de demandas para impedir que Ecopetrol haga por sí sola el negocio. Son dos páginas que impresionan, porque si la ChevronTexaco es capaz de hacer siquiera 1% de lo que el ministro dice que podría hacer, no se debiera hacer negocios con esa empresa, pues lo que describe es un catálogo de manipulaciones inauditas. El único argumento serio para defender el contrato es que si no se suscribe con la Texaco, ésta extorsionaría a Colombia “legalmente”. Y bien se sabe que buena parte del negocio del capital extranjero en el mundo no es la ingeniería, ni el petróleo, sino la contratación de manadas de rábulas para que litiguen contra los Estados de los países pobres, con la tranquilidad de que usualmente ganan los pleitos. Es un deber no aceptarle extorsiones a nadie, incluidas las multinacionales, por poderosas que sean.

Queda el problema de si Ecopetrol tiene o no recursos para efectuar la inversión por su cuenta y riesgo. Con sólo una parte de lo que tiene la empresa en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP, que asciende a 1,05 billones de pesos, o sea, unos 300 millones de dólares, se podría acometer dicha explotación. Es conveniente sacar esos recursos del FAEP para invertirlos en un negocio muy rentable, porque esa suma está en bancos en Nueva York recibiendo intereses de apenas 1,75% anual, que mucho contrastan con los costos superiores a 10% con los que Colombia contrata su deuda externa con la misma banca en la que tiene depositadas sus reservas.

¿Qué tan cierto es que con el contrato Catalina lo que se va a extraer es gas incre­mental? Los especialistas sostienen que, según la definición de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo (la organización internacional más prestigiosa en el tema), en este caso no cabe ese criterio. La UIS conceptuó en el mismo sentido. Una simple lectura del Decreto 1895, de la Ley 756 y del Decreto Reglamentario 3176, indica que ahí no hay extracción de gas incre­mental. En el mismo sentido se pronunció la Contraloría General.

Se habla de extracción incremental cuando en un yacimiento se logra una producción por encima de la normal. Este concepto apareció porque en el mundo había muchos campos al borde de agotarse o en su fase final de producción, y se crearon nuevas tecnologías basadas en introducir energía en esos pozos para extraer unos hidrocarburos que de otra manera no podrían obtenerse. Y en el campo del cual se viene hablando esto de ninguna manera se cumple, porque ese gas está ahí, y se sabe en qué cantidades y que puede extraerse sin usar nuevas tecnologías. Incluso en la Plataforma B están los huecos para los tres pozos que deben perforarse. ¿Con qué argumento válido sostienen que se trata de gas incremental? Pero aún más: el propio gobierno sabe de la debilidad de sus argumentos. Ante el estallido del escándalo sobre el contrato Catalina, decidió aplazar el finiquito del contrato con la Chevron para hacerle una consulta al Consejo de Estado.

Sobre Gibraltar

En el caso del pozo Gibraltar, es irrefutable que el ministro de Minas y el presidente de Ecopetrol mintieron al afirmar que había 200 millones de barriles de petróleo, lo cual no podía saberse en esa fecha y tampoco se sabe ahora porque tanto el gas como el petróleo son volúmenes, y es imposible que con la perforación de un solo pozo se pueda saber cuánto hidrocarburo hay en un yacimiento, así como tampoco hay pruebas suficientes para saber la calidad del hallazgo. Ojalá allí hubiera más de lo que sostuvieron los funcionarios y que fuera de la mejor calidad, porque eso sería una confirmación de la capacidad técnica de los especialistas y trabajadores de Ecopetrol, en la cual ellos no creen. Lo indiscutible es que faltaron a la verdad, y que su afirmación fue para intentar tender una cortina de humo sobre el contrato Catalina y las contradicciones con la USO en su pliego.

La USO y la defensa del interés nacional

Es inminente una huelga en Ecopetrol. A esta situación se llegó porque el gobierno, irresponsable, presentó un contra­pliego con el cual quiere quitarles a los trabajadores lo que tienen como derechos convencionales. Con mucha ligereza se dice que los trabajadores tienen que ceder en sus pensiones, salarios y estabilidad. ¿Qué dirían los propietarios de fincas si el gobierno les dijera que tienen que entregar 20% de sus tierras, desconociéndoles sus escrituras? ¿Por qué en el caso de los trabajadores de Ecopetrol se pretende arrebatarles derechos obtenidos legalmente? Lo que persigue la cúpula oficial, al provocar el enfrentamiento, es tratar de destruir la USO. Altos funcionarios del Estado calculan que si bien una huelga produciría grandes pérdidas, también representaría la oportunidad para quitarse de encima la organización sindical, principal obstáculo a la política de la casta neoliberal.

A los obreros les quieren arrebatar su estabilidad porque sin ella no hay sindicatos y quedarían sometidos al arbitrio de cualquier funcionario. Por ello, este es un debate que va mucho más allá de los salarios. Se está definiendo si frente a la conspiración de los privati­zadores estará la fuerza social encarnada en los obreros de Ecopetrol, que ponga piso firme a las posiciones que respecto a la explotación soberana de nuestros recursos comparten con otros sectores patrióticos del Parlamento, la Iglesia, la Academia, y que son opuestas a las sumisas de los sucesivos gobernantes, a quienes sólo los mueve cumplir con las órdenes del FMI.

Colombia tiene una deuda de gratitud con los trabajadores de Ecopetrol. Incluso a quienes les parezca que ganan mucho, habría que recordarles que la petrolera estatal existe porque los trabajadores del petróleo en Barrancabermeja, de la Tropical Oil en esos días, se jugaron la vida para que la reversión se diera y se creara Ecopetrol. Y recordarles que si la política petrolera del país no es peor, es porque la Unión Sindical Obrera, USO, ha significado en sus ochenta años de existencia una fuerza que les ha combatido a los gobiernos sus políticas petroleras antina­cionales, lucha en la que han sido respaldados por los patriotas de Colombia. Es un deber acompañar a los trabajadores, porque de su resistencia depende la suerte de los hidrocarburos.

En resumen, viene avanzando una política supremamente dañina para el interés nacional. Los hechos y las cifras son escalofriantes. Estamos al borde de empezar a importar petróleo, si es que las refinerías se mantienen en poder de la Nación. Es claro además que el Ministerio de Minas y el presidente de Ecopetrol les han mentido a los colombianos en el caso de Gibraltar. Aún no se sabe qué hay ahí ni en qué cantidad. Mintieron cuando afirmaron que el contrato Catalina debía firmarse porque la entrada de Ecopetrol a ese negocio costaba 143 millones de dólares y no 43 millones. Manipularon al afirmar que sobre el contrato Catalina ya no había nada que hacer, porque ya estaba firmado, como lo remarcó el ministro de Minas durante el debate que sostuvimos en la FM. Stéreo, y ahora, presionados también por el concepto de la Contraloría, el mismo funcionario dice que hace falta una resolución y que le van a consultar al Consejo de Estado.

Colombia necesita gobiernos que por lo menos tengan el valor civil de decir la verdad, porque si de algo estamos urgidos es de que la población entienda lo que pasa, para que estos debates dejen de ser discusiones de iniciados y se vuelvan controversias democráticas.

Por último, en el campo de los hidrocarburos Uribe Vélez no defiende el interés nacional. Por el contrario, juega abiertamente en el bando de las trasnacionales, en el equipo de quienes creen que la salvación de Colombia está en adorar al capital extranjero, en postrarse ante los designios del imperio norteamericano.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO EN EL SENADO

Contra la Reforma Política

Los senadores abajo firmantes dejamos la siguiente constancia, en la que explicamos las razones fundamentales por las que votamos negativamente la reforma política aprobada por el Senado de la República en el día de hoy.

Como lo dijo uno de los ponentes en la plenaria de la Corporación, el propósito principal de la reforma es corregir “el efecto demoledor de las reformas” políti­cas aprobadas en la década pasada, las cuales tuvieron como uno de los aspectos fundamentales el haberles permitido a sectores diferentes a los partidos tradicionales y a grupos minoritarios dentro de dichos partidos llegar al Congreso de la República.

Por ello es que la reforma aprobada establece el umbral y la cifra repartidora como talanqueras en las elecciones legislativas, de forma que se nos haga más difícil o imposible a las fuerzas independientes y minoritarias acceder al Congreso, a las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales.

También hay que denunciar que esta reforma, en lo que tiene ver con el umbral y la cifra repartidora, es una evidente “clonación” de un artículo del Referendo que se pondrá a consideración de los colombianos, referendo que también busca la reducción del Congreso en el 20%, un obvio ataque a las minorías políticas. Y a este “clon” se le dio vida a pesar de la demagogia del gobierno y del uribismo acerca de que la “clonación” había desaparecido de la reforma política.

Y tampoco podemos estar de acuerdo con la decisión tomada en esta reforma de iniciar una auténtica ofensiva para quitarle la personería jurídica a las organizaciones políticas independientes y minoritarias.

Bogota, 5 de mayo de 2003.

Jorge Enrique Robledo

Bernardo Hoyos Montoya

Luis Carlos Avellaneda

Francisco Rojas Birry

Jesús Bernal Amorocho

No a la descapitalización del sector solidario

El senador Jorge Enrique Robledo exigió echar atrás el decreto 790 de 2003, que descapitaliza en más de 100 mil millones de pesos a las cooperativas de ahorro y crédito, los fondos de empleados y las asociaciones mutualistas.

El decreto 790, expedido por el gobierno el 31 de marzo, le ordena al sector solidario de la economía que el 10% de sus exigibilidades le sea entregado a la banca comercial para que constituya con él los llamados Fondos de Liquidez. Dicho porcentaje equivale hoy a más de cien mil millones de pesos.

No hay tal riesgo de iliquidez. Los fondos de empleados se nutren de los aportes de sus socios, descontados por nómina. Los dineros se prestan a los mismos trabajadores con intereses blandos o se invierten en proyectos que los benefician, y en cada crédito actúan como fiadores otros asalariados, por lo que la seguridad de las acreencias está garantizada.

“Con este duro golpe que acaba de asestarle el gobierno al sector cooperativo y mutualista ¿en qué queda el tan cacareado Estado Comunitario del que se habla en el Plan Nacional de Desarrollo?”

Contra el Plan de Desarrollo

Ante la facultad presidencial de dictar por decreto el Plan Nacional de Desarrollo, las mayorías del Congreso se aprestan a aprobarlo, para poder influir, así sea mínimamente, en lo correspondiente al Plan de Inversiones, en lugar de adoptar una actitud vertical frente a la propuesta del Ejecutivo, que no consigna ninguna medida que coadyuve al progreso nacional. La aprobación del Plan en estas condiciones demuestra el lánguido papel al que ha sido reducido el Legislativo, en cuanto a la atención de los problemas principales de Colombia.

Como sucede con las demás medidas adoptadas por el gobierno de Uribe, el Plan no hace otra cosa que consignar las variadas exigencias del FMI. De un lado, las de concentrar los esfuerzos del país en garantizar el pago cumplido de la abultada deuda externa, para lo cual toda la política debe orientarse a reducir el déficit fiscal; y de otro, las orientadas a aprestar el país para su vinculación al ALCA.

El Plan, merecidamente llamado de subdesarrollo, no contempla en ninguno de sus apartes ni una sola propuesta seria que conduzca a impulsar las actividades industriales o agrícolas y en general las del sector real de la economía. Por el contrario, su principal estrategia consiste en revivir la fórmula fallida de cifrar el progreso en la construcción de vivienda que, como se demostró en las últimas décadas, es, antes que un acicate de la producción, una enorme veta para la especulación financiera. Estrategia aún menos efectiva hoy, cuando ha caído la capacidad de compra y las cifras indican que se está demandando cada vez menos vivienda de la llamada de interés social. En cuanto a la otra fuente de supuesta reanimación, las exportaciones, el gobierno pretende desconocer que las ventas externas vienen cayendo en términos reales y que los géneros con los que podemos competir en el exterior, cada vez más pocos y exóticos, no permiten siquiera pensar en que se convertirán en fuente de avance económico. En lo que sí es absolutamente claro el proyecto del gobierno es en que abrirá las fronteras a los productos y capitales extranjeros, principalmente de EU, impulsando a rajatabla la anexión del país al ALCA, o en su defecto, a un acuerdo bilateral con la potencia del Norte.

Otras propuestas, presentes a lo largo de todo el proyecto, cuales son las de llenar aún más de gabelas a los monopolios internacionales, facilitándoles adueñarse de sectores estratégicos aún en manos del Estado, como las redes de transmisión eléctrica y algunas entidades financieras; las mayores ventajas que se les conceden para el saqueo de los recursos naturales, como en el caso de los hidrocarburos; o las nuevas garantías en materia fiscal y tributaria para que hagan sus inversiones,, antes que redundar en pujanza del país, han estado entre las causas principales de nuestro atraso.

Por lo anterior, a pesar de que las propias cifras del Plan sobre el crecimiento en el cuatrienio por sí solas demostrarían la postración a la que está sometida Colombia, lo peor es que ni siquiera podrán cumplirse. Por el contrario, todo apunta a que lo que tendremos al final del gobierno es la ratificación del total estancamiento económico del país. No sólo por lo antes señalado, sino porque la conjunción de las demás normas dictadas desde el 7 de agosto no pueden conducir a cosa distinta. ¿Cómo puede pensarse que el país logre prosperar cuando el grueso de las medidas oficiales, incluidas las reformas laboral, pensional, tributaria, administrativa y el propio referendo apuntan a reducir hasta el mínimo la demanda? ¿Cómo se propulsará el mercado interior, base del desarrollo, si los 40 millones de colombianos quedarán exánimes con esas políticas?

Por otra parte, la llamada “política social” del gobierno no puede sino corresponder a los anteriores presupuestos. La educación y la salud sufrirán una nueva arremetida que, como viene sucediendo desde los inicios de la apertura, tendrá como ejes el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y la privatización, hasta hacer cada vez menos accesibles y de menor calidad estos servicios esenciales. Del sector de la salud serán sacados alrededor de 30 mil trabajadores; a los nuevos educadores se les contratará negándoles los mínimos derechos adquiridos por el magisterio; el presupuesto de las universidades públicas empezará a escamotearse.

Otros sectores y programas del Estado también serán recortados o se propiciará su eliminación. So pretexto de modificar las “bases” del Sisben, se anuncia que una gran cantidad de colombianos serán sacados del programa. El ICBF, será sometido a una nueva “reestructuración”, que significará el despido de más funcionarios y el traslado de parte de sus funciones a particulares o a los entes territoriales, en su mayoría arruinados. Otro aspecto en que se profundizará la penuria que vienen sufriendo los más vastos sectores de la población, es el de las tarifas de los servicios públicos, en lo cual el Plan es pródigo en medidas para elevarlas.

En fin, el plan cuatrienal sólo agudizará los males que padece el país, hipotecará más su soberanía económica, acabará de arruinar los sectores productivos y llevará a extremos insoportables la vida de las masas. Por lo anterior, los senadores firmantes dejamos constancia de nuestro voto negativo y llamamos a todos los afectados que constituyen más del 90% de la población a movilizarse contra sus nefastas implica­ciones.

Bogotá, 6 de mayo de 2003

Jorge Enrique Robledo

Carlos Gaviria Díaz

Francisco Rojas Birry

ANGEL MARIA CABALLERO, PRESIDENTE DE SALVACION AGROPECUARIA: RECLAMAMOS CONSULTA POPULAR SOBRE EL ALCA

Ángel María Caballero, presidente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria apoyó la propuesta que hiciera en el Congreso el senador Jorge Enrique Robledo para que el ingreso o repudio de Colombia al ALCA se decida mediante consulta popular.

Para el dirigente de Salvación Agrope­cuaria, el ALCA afectará la producción del campo por la drástica baja de los aranceles a las importaciones, hasta llegar a cero en menos de diez años, lo que terminará de arrasar nuestros cultivos. Las multinacionales monopolizarán la propiedad intelectual de agroquímicos y materiales transgénicos. Los cultivadores nacionales no podrán sembrar sus propias semillas, y serán obligados a utilizar los híbridos y variedades de marca.

«El ALCA también contempla medidas sanitarias y fitosanitarias, facilidades para la inversión extranjera, compras del sector público, políticas de competencia y solución de diferencias».

«Por la presión de las grandes multinacionales farmacéuticas, Colombia puede perder en el sector de los medicamentos más de 770 millones de dólares anuales en forma de sobreprecios si no se les permite a los colombianos usar genéricos de fabricación nacional», denuncia Caballero citando a Emilio Sardi, gerente de la empresa nacional Tecnoquímicas.

El presidente de Salvación Agrope­cuaria señaló que el ALCA le hará perder a nuestro país más de cinco mil millones de dólares anuales al eliminar la producción de la dieta básica de la nación. «Lo grave es que se pierde no solo al dejar de producirla, sino también al tener que importar lo que requiere la población para alimentarse. Claro que para el ministro de Comercio Exterior, Jorge Humberto Botero, esto parece no ser importante. En el debate que hiciera el doctor Robledo en la Comisión V del Senado, el ministro no tuvo empacho en decir que la producción rural sólo representa 12% del PIB nacional y la población rural es apenas 25%. Para él son insignificantes los cuatro millones 500 mil empleos que genera el campo colombiano».

Caballero le recordó al ministro que su ejemplo sobre el pan, del que dijo Botero que es el más caro de América después del de Brasil, confirma precisamente lo que Salvación Agropecuaria ha planteado: que el gobierno es corto­placista, pues sus funcionarios y asesores, como ocurre con Hommes, piden importar alimentos porque son más baratos en el exterior, olvidando que cuando nuestra producción quiebra las multinacionales hacen y deshacen con los precios. «En su sesgo contra los agricultores de Colombia, el ministro Botero olvidó que 96% del trigo con el que se fabrica el pan es importado desde hace muchos años. Con el mismo argumento de que era más barato importar el trigo que producirlo en el país, en la década de los sesentas desaparecieron 180 mil hectáreas, con todo lo que ello implicó de quiebra para los productores, desempleo para los trabajadores, máquinas abandonadas, disminución de negocios para comerciantes y transportadores, gasto de divisas para traer el trigo del exterior».

Denunció que lo que hace cuatro décadas se hizo con el trigo, y a partir de los setentas con el maíz, es lo que han pretendido hacer con el arroz, lo cual no han podido completar por la lucha radical de la organización que él dirige y la masiva movilización de arroceros y agricultores. Sin embargo, dice Caballero, con el ALCA «la ofensiva será más grave contra este cultivo», convirtiéndose en uno de los renglones más amenazados.

«Producir en Colombia una tonelada de arroz blanco y llevarla a puerto vale 400 dólares; producirla en Estados Unidos y ponerla en el mercado internacional vale de 180 a 200 dólares, pues los productores tienen todo el apoyo estatal y subsidios multimillonarios. Lo mismo sucede con la papa, carnes, leche y todos los productos de la canasta familiar; en el caso específico de la papa, producir una tonelada en Colombia vale 117 dólares, y en Estados Unidos, 80. Pero cuando hay excedentes, como el año pasado, cuando le sobraron más de dos millones de toneladas, la vendieron a 40 dólares. Sin duda, por los abundantes yu generosos subsidios. No hay producto que sobreviva con el ALCA. Por eso cuando el arancel para el arroz baje de 100% nos inundarán de este cereal, y quedará arrasada la producción. Lo mismo con el maíz: producirlo en Colombia vale 154 dólares la tonelada, mientras en el mercado internacional cuesta de 80 a 100 dólares. Pero esta situación es parecida para cualquier cereal, las carnes, los aceites o las hortalizas. Como dijo el senador Jorge Enrique Robledo en el debate en mención, pueden programar la quiebra de los distintos sectores: unos en el año 2006, otros en 2008, y así sucesivamente hasta llegar al año 2015».

Para continuar y profundizar la lucha por la defensa del campo colombiano, Caballero manifestó que Salvación Agro­pecuaria está participando activamente en la preparación del Foro Internacional sobre el ALCA, a efectuarse los días 13 y 14 de junio en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, en el que conferencistas como Víctor Quintana, representante del movimiento mexicano El campo no aguanta más, homólogo de Salvación Agropecuaria, contará de viva voz la experiencia de México después de nueve años en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y las consecuencias nefastas para el sector agrope­cuario de México, donde la producción de maíz y frijol, entre otras, han ido en franco descenso. Y, finalizó Ángel María Caballero, el 12 de agosto los agricultores de Colombia llenaremos la Plaza de Bolívar en Bogotá, para decirle al presidente Álvaro Uribe que los productores, campesinos, indígenas y trabajadores del campo «no queremos que se firme ese tratado, mal llamado de libre comercio de las Américas.»

GRAN FORO CONTRA EL ALCA Y EL TLC. EL ESPEJISMO DEL LIBRE COMERCIO. EFECTOS SOBRE COLOMBIA. 13 Y 14 DE JUNIO DE 2003.

El Foro busca congregar un número importante de dirigentes de diferentes sectores sociales, académicos, gremiales y todos aquellos interesados en debatir los peligros que significa para Colombia el acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas y un tratado bilateral de comercio con Estados Unidos.

Algunas de las intervenciones son:

1. Balance de los efectos del TLCAN sobre México. Alberto Arroyo, investigador Universidad Autónoma Metropolitana de México y dirigente de la Alianza Social Continental, ASC. 2. Experiencia del agro mexicano en el TLCAN. Víctor Quintana, ex diputado federal de México y vocero del movimiento El campo no aguanta más. 3. El ALCA y la política exterior norteamericana. Raúl Fernández, profesor Universidad de California en Irvine. 4. Impacto del ALCA sobre los trabajadores. Víctor Báez, secretario ejecutivo ORIT. 5. Colombia frente al ALCA. Jorge Enrique Robledo, senador de la República de Colombia. 6. El ALCA y la propiedad intelectual. Myrta Levy, secretaria ejecutiva Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, Alifar. 7. Impacto del ALCA en Colombia. Eduardo Sarmiento Palacio, ex presidente Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 8. El ALCA en Brasil. Rafael Freire, secretario de Relaciones Internacionales CUT de Brasil. 9. La industria colombiana y el ALCA. Emilio Sardi, vicepresidente Cámara Farmacéutica de la ANDI.

Quienes deseen participar como convocantes, adherentes a la convocatoria o asistentes, pueden comunicarse con:

CUT. Teléfono 3237550. informal@cut.org.co, secretaríageneral@cut.org.co, financiero@cut.org.co.

ILSA. Teléfonos 2884437-2884772. ilsa@epm.net.co

Cedetrabajo. Teléfonos: 2443516-2686686. revista@deslinde.org.co

EL CAMPO Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMERICA: ¿QUIÉN PIERDE Y QUIÉN GANA?

Apartes del artículo de Ecoportal, febrero de 2003, sobre la situación del campo mexicano y las consecuencias del TLC. Editado por TR.

Por Gustavo Castro Soto

En México, más de 80% de los pobres vive en el campo y más de dos millones son agricultores de maíz; 70% de la población rural vive en la pobreza y, de ella, 36% en pobreza extrema. El Banco Mundial reconoce que la indigencia en el campo es mayor que hace 10 años. La conclusión es obvia, el campo está en la ruina.

Desde 1994, cuando entró en vigor el TLC, los precios al consumidor se han incrementado en más de 200%. Por tanto, que los productos entren con precios más bajos por el subsidio del gobierno de EU, no significa que se beneficie el consumidor. Según el Departamento de Agricultura de EU, durante 2003 se incrementó en ocho millones el número de pobres en México, lo que representa dos veces la población total del estado de Chiapas. Esta población es potencialmente migrante, en búsqueda del “sueño americano”.

Desde que entró en vigor el TLC, México cubre 40% de su demanda con importaciones de Canadá y Estados Unidos, profundizando su dependencia y la pérdida de la soberanía. Se pronostica que al final del periodo presidencial de Vicente Fox, en el año 2006, las importaciones cubrirán 70% de la demanda interna.

En 1995 importamos de EU US$3.254 millones y exportamos US$3.835 millones. Sin embargo, en 2001 la balanza agroalimentaria fue negativa, ya que compramos US$2.148 millones más de lo que exportamos. El monto total del déficit en la balanza comercial agro­pecuaria ampliada (que incluye alimentos procesados y bebidas) es de US$9.500 millones de 1994 a 2002.

De los productos que México compra al extranjero, 40% son alimentos; y 70% de los productos que venden los grandes centros comerciales, como WalMart, son importados. Así, de lo que se consume en México, hoy se importa 58.5% del arroz, 43% del sorgo, 25% del maíz, 49% del trigo, 40% de la carne y casi toda la soya. Tan solo en el año 2001 México gastó US$7.415 millones en productos agroali­mentarios mientras que solo exportó US$5.267 millones.

La importación de productos bovinos de EU causó la pérdida de 440 mil empleos entre 1995 y 1998, y redujo a la mitad la producción de ganado en el último año. Desde 1996, la importación de carne de bovino se incrementó en 300%. En el año 2001 se importaron 539.823 toneladas. Entre 1994 y 2001, el porcentaje de carne de res proveniente del extranjero pasó de 17% a 37%, por lo que los ganaderos gringos ganaron más de US$1.500 millones de dólares exportando a México. En esta perspectiva, el sector ganadero seguirá perdiendo y no será competitivo con la producción subsidiada de EU. Tampoco son viables los créditos a la producción de ganado para la exportación ya que siempre se competirá en desventaja. De hecho, en Chiapas hay muchas familias indígenas que han abandonado el campo con el fin de conseguir otros empleos y pagar el proyecto fracasado de ganado.

Entre 1998 y 2000, México compró anualmente 5 millones 369 mil toneladas de maíz a las empresas trasnacionales norteamericanas. Para 2000, el promedio anual de importación a México de los diez cultivos básicos (maíz, fríjol, trigo, sorgo, arroz, etc.) llegó a 18.5 millones de toneladas, lo que significó un 112% de incremento con respecto a 1990. De maíz lo más que México importó antes del TLC fueron 2.5 millones de t, pero en 2001 ya se importaban 6 millones 148 mil t.

El “nuevo gobierno democrático” de Fox permitió en 2001-2002 la entrada de 3 millones 725 mil toneladas de maíz a México sin pagar impuestos, por lo que el gobierno perdió más de 479 millones de dólares. Por si fuera poco, hasta 2002 el gobierno federal no había cobrado impuestos por 367 mil 867 millones de pesos debido a que los banqueros no pagan sus tributos y las grandes empresas logran que Hacienda les haga devoluciones millonarias. Esto equivale a 50% de los ingresos tributarios en el año 2002.

Los impuestos millonarios que no pagan las grandes transnacionales se suman a los que no pagan otras empresas por la entrada de cientos y cientos de productos de todo tipo. Para recuperarlos y cubrir las necesidades del país y del pago de la deuda externa, el gobierno aumenta los impuestos a los mexicanos, con reformas fiscales, disminuyendo los presupuestos, eliminando los subsidios al agua y la energía eléctrica, privatizando más empresas, disminuyendo el gasto social, despidiendo a los trabajadores al servicio del Estado o endeudando más el país.

El TLC estableció que hasta 50 mil toneladas de fríjol entraran a México sin pagar aranceles. Esto se incrementaría en 3% anualmente. Sin embargo, entre 1996 a 1998, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial autorizó compras externas por 238.946 t sin pago de arancel, afectando a los productores de Zacatecas, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Del café dependen 3 millones de mexicanos en 280 mil unidades agrícolas, 92% de las cuales tienen menos de 5 hectáreas y aportan cerca de 50% de la producción. El Banco Mundial sabe perfectamente que apoyando a los productores asiáticos para inundar el mercado mundial del café, se provoca en América Latina una estampida de campesinos e indígenas que abandonarán sus tierras ante la crisis cafetalera por los bajos precios del aromático, muchos de ellos ubicados en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), mientras las multinacionales se benefician comprando café a bajos precios.

México es el cuarto productor mundial de huevo y el sexto de pollo y es el tercer mercado de exportación para el sector avícola de EU. En 2002, México produjo 2.3 millones de toneladas de carne de pollo. Los principales estados productores son Jalisco, Veracruz, Querétaro, Puebla, Guanajuato, Aguasca­lientes, Durango y Coahuila, y solo tres empresas concentran 52% de esa producción: Tyson, Bachoco y Pilgrims México. Siete empresas concentran 40% de la producción de huevo. En 2002, los productores se redujeron de 3.500 a cerca de 800. Recordemos que los costos de producción en EU son 68% menores que en México. Productores mexicanos de pollo confirman que perderán 30 mil empleos en un año, y los porci­cultores señalan que 70% de los 300 mil empleos que generan estarán en riesgo.

El arancel al pollo en 2000 fue de 98% y bajó al 49% en 2002, lo que aumentó la importación a cerca de 130 millones de dólares. Pero los productores estadounidenses se ofrecieron a pagar nuevamente aranceles de 98% el próximo año, e ir bajándolos hasta cero para 2008, si México no continua con la investigación sobre las ventas de pollos enfermos.

Según José J. Femat, líder de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, «Con los 20 y 30 centavos que nos dan por el kilo de naranja, no podemos sobrevivir». Los trabajadores reciben un ingreso anual promedio de 10 mil pesos (aproximadamente 27 pesos diarios o 2.7 dólares). Así, ni la naranja ni la piña pueden competir con el subsidio extranjero.

Esta innegable crisis en el campo ha llevado a las organizaciones indígenas y campesinas a conformar el movimiento El campo no aguanta más. Y no solo el campo mexicano, sino los pueblos de América Latina ya no aguantan más. En Guatemala, El Salvador, Colombia, Argentina se levantan movimientos de resistencia contra las políticas neolibe­rales que están matando de hambre a la población; en Paraguay hay protestas y en Bolivia luchan contra la privatización del agua; en Chile contra la construcción de presas hidroeléctricas y en Republica Dominicana contra la represión; en Haití contra las privatizaciones de lo poco que les queda y en todo el mundo como rechazo a la guerra de Bush contra el pueblo de Irak.

¿Quién se beneficia con el TLC?

Bimbo, por ejemplo, se benefició con importaciones subsidiadas de trigo de Estados Unidos. En 2001 tuvo ventas de 33 mil 855 millones. También están Pulsar y Savia, de Alfonso Romo Garza, el “padre de los transgénicos”, que comercializa y produce semillas, frutas y hortalizas y que en 2001 tuvo US$1.200 millones de dólares en ventas. El Grupo Gruma, dueño de Maseca, el productor más grande de harina de maíz y tortillas del mundo, que en 2001 hizo ventas por 12 mil 216 millones de pesos y utilidades 50% superiores al año anterior. Maseca controla 70% del mercado de harina de maíz en México, 80% de Centroamérica y 34% de Venezuela. También se han beneficiado los importadores de granos (maíz y sorgo, sobre todo) para producir leche y carne, entre ellos el Grupo Bachoco, beneficiado con la importación de maíz amarillo transgénico y de sorgo para la producción avícola, sin pagar aranceles. Bachoco es el principal productor de huevo y pollo. Sus ventas en 2001 fueron por más de nueve mil millones de pesos.

Entre los exportadores de frutas se destacan Chiquita y Del Monte. Pilgrims Pride tiene ventas anuales de US$270 millones . Cargill, la mayor comer­cializadora de granos del mundo, sigue a la vanguardia en ventas. Dupont vendió US$515 millones en el primer semestre de 2002.

Cargill y Conagra no solo han exportado granos a México, ahora podrán exportar todo tipo de animales procesados. En EU cuatro empresas controlan 50% del mercado de cerdo: Smithfield, Tyson (IBP Inc.), Conagra (Swift) y Cargill (Excel). Tyson Foods, Gold Kist, Pilgrim’s Pride y ConAgra controlan 50% del comercio de aves rostizadas. Y cuatro controlan 79% del empaque de res: Tyson (IBP Inc.), Conagra Beef Companies, Cargill (Excel Corporation), Farmland National Beef Pkg. Co. (Ana de Ita). ¿Podrán competir nuestros productores?

Otras empresas transnacionales favorecidas con el TLC son Sigma, Campbell Soup, PepsiCo, Kraft Foods, Raltson, Purina, Nestle, General Mils, Monsanto, Expogranos, Femsa Coca Cola, Wal-Mart, Vecafisa-Volcafe, American Produce, Lee Shipely, entre otras.

Si con los Tratados de Libre Comercio Estados Unidos subyuga a otros países para controlar los alimentos, el ALCA es la expresión continental de esta subordinación hemisférica, como lo es la Organización Mundial del Comercio en beneficio de las grandes trasnacionales estadounidenses y europeas. Estos son los instrumentos con los que se obliga al Tercer Mundo a abrir sus mercados a los productos agropecuarios de los países desarrollados altamente subsidiados.

Está en juego la autonomía y soberanía de los países y de sus pueblos. Es por ello que esto se ha convertido en campo de batalla de la sociedad civil planetaria. Hoy, millones de ciudadanos llevan a cabo una consulta sobre el ALCA y otros millones se organizan para movilizarse en sus respectivos países o en Cancún, México, para la reunión ministerial de la OMC, del 10 al 14 de septiembre del 2003. Detener el ALCA y la OMC deben ser dos pilares fundamentales de la movilización social mundial. Pobres, medianos y hasta grandes productores agropecuarios tienen que hacer alianzas y entender que este proyecto arrasará con todos si no lo detenemos a tiempo.

CRECE RESISTENCIA CONTRA DESMONTE DEL ICBF Y DE SUS PROGRAMAS

Por María Victoria Forero, presidenta de Sintrabienestar

El actual gobierno sigue empeñado en el propósito de arrebatarles al ICBF y al SENA sus recursos, así no tengan origen estatal dado que los empresarios y trabajadores son quienes históricamente han sostenido ambas instituciones. La pretensión de Uribe se hizo aún más evidente cuando incluyó en las reforma laboral y pensional, así como en el Plan Nacional de Desarrollo, una serie de puntos que exoneran a las empresas de pagar los aportes parafiscales.

La lucha de los trabajadores, los usuarios y las comunidades –liderada por Sintrabienestar y acompañada de algunas posturas patrióticas en el seno del Congreso– evitó que la reforma laboral aprobara la mayor parte de los aspectos más lesivos contemplados en el proyecto original, entre ellos trasferirles a las cajas de compensación familiar los recursos y las funciones del SENA y del ICBF.

Empero, la obstinación de Uribe por desmontar el ICBF es insaciable. Como no consiguió salirse del todo con las suyas en la reforma laboral, intentó hacerlo con el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 75 del proyecto inicial incluía una nueva reestructuración del Bienestar Familiar distinta a la sufrida en el mes de enero, la cual menguó la nómina en 652 cargos. Con ánimo descentralista, trasfería además a los municipios los recursos y las funciones de la institución. Asimismo, el artículo 77 ordenaba acreditar a las operadoras del servicio y el artículo 82 encargaba exclusivamente al Ministerio de Protección Social determinar la política para la infancia, reduciendo al ICBF a simple promotor. La lucha sindical y popular logró, una vez más, defender efectivamente los derechos de los trabajadores y de la población en general, dejando por fuera del Plan los mencionados artículos 75 y 77 del proyecto inicial de Plan de Desarrollo.

¿Adónde quieren arrastrar al ICBF?

En celoso ejercicio de su orientación neoliberal, la actual directora del ICBF, Beatriz Londoño, ha llenado de falsas expectativas a los usuarios hablándoles de un incremento en la cobertura de servicios y beneficiarios que, de acuerdo con el denominado “proceso de focalización estratégica”, sería de 10%. Lo anterior se intenta lograr creando las fatídicas “cooperativas de trabajo asociado” para las madres comunitarias, lo que supone la desaparición progresiva de los Hogares Comunitarios para convertirlos en restaurantes y desayunos infantiles, donde se sacrificarían por completo las exiguas condiciones laborales de las madres comunitarias, en radical desmedro de la atención al menor. Es decir, demagógi­camente se pretende atender con menos recursos un mayor número de usuarios, sin importar que ni siquiera las actuales funciones de los trabajadores del ICBF aciertan a cumplirse por las enormes carencias presupuestales.

El marchitamiento será paulatino pero inexorable. En esta poda inmisericorde, seguirán abaratando costos a expensas de la atención a los usuarios y de las garantías laborales de los trabajadores, sobresaliendo en este período la masacre laboral de quienes prestan sus servicios en los Hogares Infantiles. No nos equivocamos al afirmar que si no media la resistencia a la postre se impondrá la privatización de los programas, reduciendo la política del ICBF a subsidiar a los particulares hasta lograr que la atención de la niñez y demás funciones le sean enajenadas por completo al Instituto.

Por fortuna, las diversas organizaciones sindicales relacionadas con el ICBF y sus programas, y un buen número de personalidades de orden nacional y regional, conformaron el Frente por la Salvación del ICBF, que ha protagonizado múltiples movilizaciones en todo el país y ha trabajado con empeño para facilitar la comprensión entre las comunidades, sectores sindicales, académicos, el clero y la ciudadanía en general, sobre el aniquilamiento a que el gobierno viene sometiendo al ICBF. La bandera levantada por este Frente es la de defender el patrimonio público, representado por el ICBF, para evitar así que se le arrebate a la sociedad un recurso vital para los necesitados, quienes constituyen la inmensa mayoría de la depau­perada población.

GLOBALIZACIÓN MERCANTILIZA LA SALUD DE LOS COLOMBIANOS

Por Marcela Vélez

Después de entronizar la Ley 100 en 1993, poniendo en manos del sector financiero la salud de los colombianos, el país se ha convertido en ejemplo internacional de las consecuencias que ocasiona abrir este sector a las reglas del mercado. El aumento en los costos de los servicios, el despido de trabajadores, la disminución de salarios, el cierre de hospitales y el incremento de la enfermedad hacen parte de los estragos ocasionados por la aplicación del modelo neoliberal a este vital servicio. En Estados Unidos y varios países latinoamericanos donde los servicios de salud se han convertido en negocio, principalmente durante la última década, se constata el declive de accesibilidad a la salud y, a la vez, mayores tasas de ganancia del capital financiero a costa de la enfermedad de un mayor número de pobladores.

La política de salud es definida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Banco Mundial (BM). El FMI impone la reducción del gasto público en salud, el BM traza las políticas de pri­vatización de los sistemas de salud pública y la OMC elimina las barreras comerciales e introduce a las multinacionales de salud gringas en la competencia contra los ya languidecidos sistemas nacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también juega su papel en la mercantilización de la enfermedad, dirigiendo sus políticas más a favorecer los intereses de los monopolios que a desarrollar iniciativas de salud pública e, incluso, promoviendo políticas de priva­tización al defender las “sociedades público-privadas”. Los gastos del BM en proyectos de salud son tres veces mayores que el presupuesto total de la OMS y muchos argumentan que la OMC se ha convertido en la agencia internacional con mayor impacto en la salud.

El interés mostrado por estas instituciones en el sector sólo se explica por lo jugoso del negocio de la enfermedad. El gasto en salud en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los más desarrollados económicamente del mundo, superó los US $3 billones anuales en el año 2000 (Secretaría de la OMC, Health and Social Services, 2000). El cuidado de la salud es el mayor sector de la economía estadounidense: más de un billón de dólares de servicios relacionados con ella son vendidos anualmente, proviniendo el 46 por ciento de programas de aseguramiento gubernamental. Y, sin embargo, 43% de la población no tiene acceso a la salud o está mal cubierta. (The New England Journal of Medicine, 2000: “The American Health Care System: Health Insurance Coverage” y “The Commercialization of Prepaid Group Health Care”; The Economist, 2001: “Health Care: Thirty-Six Places to Go”.)

En Europa y Estados Unidos los gobiernos buscan expandir el mercado de servicios de salud para facilitar el éxito de sus economías y –con el respaldo de poderosas casas farmacéuticas, aseguradoras y corporaciones de servicios– llegan a privatizar servicios que tradicionalmente han sido públicos.

Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, México y Venezuela se han convertido en los países ejemplo para promover las supuestas bondades de privatizar el cuidado de la salud, en nombre de las reformas promovidas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y economistas nacionales entrenados en Estados Unidos y por las multinacionales de la salud gringas.

Por todo ello el ALCA pone la salud en la mira. El sector financiero internacional intenta asestar el zarpazo final a lo que nos queda del sistema de salud público, apropiarse del aseguramiento en salud, de los hospitales, de los medicamentos, del saneamiento ambiental y hasta de los esfuerzos de trabajadores, enfermeras, médicos, odontólogos y veterinarios. En consecuencia, la pelea contra el ALCA es también la pelea contra la enfermedad; contra las muertes por diarrea, desnutrición, tuberculosis y SIDA; contra las enfermedades de transmisión sexual, las producidas por deficiencias sanitarias y las transmitidas por vectores. La lucha contra el ALCA es la lucha por el derecho de todas las personas a tener acceso a los avances de la ciencia y la tecnología en salud.

¡ABAJO LA RUTINA!

Intervención en el homenaje a Felipe Mora, en el 4° aniversario de su muerte, y a Froylán Peláez, en el primer aniversario de su desaparición. Medellín, 22 de abril de 2003.

Por Jorge Gómez Gallego
La vida de un ser humano puede ser un ciclo bastante simple. Algo así como nacer, crecer, hacer parte del entorno social, productivo, cultural o familiar, y finalmente morir, sin pena ni gloria.

No es este el caso de Felipe, cuya memoria, junto con la de Froylán Peláez, nos convocan hoy en esta sencilla pero emotiva conmemoración. Felipe fue exactamente la negación de la rutina, la ruptura con la sumisión y la condescendencia. Y a esa característica quiero referirme hoy, cuatro años después que cesaran su acción y su pensamiento, porque la considero uno de sus legados más relevantes, y que de ser entendida y asimilada por la militancia del Partido, enriquecería en mucho nuestro accionar político.

El Diccionario de la lengua dice que rutina es el “hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y sin razonarlas”.

Contra ese hábito declaró su rebeldía y resistencia Felipe en el momento mismo en que decidió acompañar a Mosquera en lo que parecía, hacia 1965, una descabellada aventura: fundar un partido de la clase obrera que dirigiera la lucha por construir una patria soberana y próspera, en marcha al socialismo.

Significaba esto un verdadero desafío a todo lo que aparentemente aconsejaban la razón y la sensatez. Por aquella época, en la opinión común de los colombianos no había comprensión alguna acerca de la decisiva importancia que tenía la dominación imperialista en nuestra reconocida pobreza y atraso. Y como si fuera poco, entre el reducido círculo de intelectuales y dirigentes obreros que sabían de lo pernicioso de esa dominación para nuestro progreso y bienestar, estaban bien arraigadas las concepciones revisionistas esparcidas por el planeta desde el Kremlim, con su quin­taesencia de conciliación de clases, o las que surgiendo como la contra de éstas, trasladaban mecánicamente las experiencias cubana y china a las condiciones particulares del Colombia.

Iniciar el camino de la atrevida decisión constructora librando una batalla sin cuartel contra los oportunistas de “izquierda” y de derecha, amos y señores de la escasa oposición a la minoría oligárquica y proimperialista, es algo aún más valeroso y desafiante.

De ahí en adelante la vida de Felipe fue un permanente e indeclinable desafío a la rutina. Su profundo desprecio por las tendencias surgidas en las filas del Partido, y que además de su naturaleza oportunista han tenido también en común la pretensión de acartonar la política moirista, de despojarla de su dinámica y de su permanente espíritu de lucha y de transformación, de convertir a esta vanguardia obrera en una organización consagrada al “hábito de hacer las cosas por mera práctica y sin razonarlas”, fue proverbial.

De los varios iscariotes que en el MOIR han sido, ninguno guardó en vida, ni guarda hoy después de muerto, especial devoción por Felipe. Y es explicable. Fue Felipe un auténtico cirirí para ellos. Los fusti­gaba permanentemente, les increpaba su burocratismo, su abulia, su displicencia.

Recuerdo que en el Comité Regional de Antioquia, antes de la salida de la fracción que hoy aúpa los atropellos uribistas contra la nación y el pueblo, existió una confrontación con la mayoría de ese entonces, porque Felipe exigía que se rindiera cuenta de la ejecución de las tareas acordadas, mientras que en el otro bando se procuraba exactamente lo contrario, llegando a la absurda rutina de acordar tareas, no realizarlas, para en la siguiente reunión pretextar cualquier tontería para tratar de explicar por qué no se habían cumplido, y una vez más ponerlas como tareas, en una suerte de “tela de Penélope”, deshaciendo de noche lo que se fabricaba de día. Lo recuerdo muy bien, porque quien hoy funge como jefe de esa fracción, repetía en cada reunión: «¡No me acosés, Felipe!».

Y Felipe nunca dejó de acosar. Ni a sus detractores, ni a sus adeptos dentro del Partido. Los que tuvimos la fortuna de militar a su lado recordamos que después de una voz suya de estímulo, siempre venía otra en la que indicaba que no era suficiente: “¡Muy bien, perfecto. Pero tú puedes dar más!”.

Felipe era insaciable, como insaciables debemos ser los revolucionarios colombianos si queremos ver coronada con éxito esta gesta, que, como dijera Mosquera, es tarea de titanes, y que consiste en transformar a nuestra nación en una patria digna y soberana.

La tarea es doble para los moiristas. No se trata solamente de luchar por derrotar a la pandilla de comisionistas que hoy encabeza Uribe Vélez, y que pelechan bajo la dominación imperialista, y prosperan por vender y mancillar la patria. Se trata de hacerlo combatiendo a brazo partido con las tendencias oportunistas que brotan cual maleza en el trópico, y aprendiendo a trabajar con sus voceros sin permitir que nos aíslen. Se trata de hacer válidos los principios generales del marxismo-leninismo en la tierra de la astucia, la trampa y la rutina, en la nación en la que han hecho una perversa simbiosis el oportunismo de derecha y los oportunistas de “izquierda”.

Precisamente por saber a qué nos ateníamos los verdaderos comunistas colombianos, Felipe siempre se rebeló contra la actitud de bonzo, que no es otra cosa que un sacerdote budista cuya vida transcurre entre rezar día tras día las mismas oraciones y hacer sonar una campana.

En este aspecto de la vida, las enseñanzas de Felipe son de una riqueza incomparable. Vigía constante, permanente, para que el Partido no fuera inferior a la vivacidad de la lucha de clases. No era un rebelde sin causa ni era un ser hiperactivo. Sencillamente, tenía una clara comprensión de esa realidad dinámica, en constante movimiento, que es la lucha de clases en la que estamos inmersos, y no podía contemplar pasivo que el movimiento real desbordara al Partido, con el gran riesgo de quedarnos a la vera del camino, cual fotógrafos, registrando el desfile sin participar de él, o viendo los frutos caer sin posibilidad alguna de recogerlos y darles el uso apropiado.

Tenemos la fortuna de vivir en una sociedad en crisis, en una sociedad en la que todos los días pasa algo nuevo que deja perplejos a muchos observadores, y que nos entrega el escenario perfecto para no anquilosarnos, para ejer­citar permanentemente el músculo, para entrenarnos con miras a la gran final. El campo está servido para nuestra acción.

Juntemos esa ventura con la de tener el ejemplo dejado por un comunista como Felipe, quien no aceptó pasar por la vida como uno más, sino que decidió hacer de su vida un ejemplo, una guía, y mientras tuvo aliento labró y moldeó gran parte de lo que es nuestro presente y de lo que será nuestro futuro.

Hoy, cuatro años y quince días después de la partida de Felipe, aprovechemos la ocasión para renovar nuestro respeto a su memoria, pero de manera viva, combatiendo la rutina, para que este Partido pueda desplegar toda la inmensa capacidad que va incluida en el hecho de contar entre sus filas con los mejores hombres y mujeres del proletariado y el pueblo colombianos.

Estoy seguro de que si Felipe estuviera hoy aquí con nosotros, sería el primero en corear la consigna

¡Abajo la rutina!