Marchas campesinas en el sur de Colombia: ÚNICA SALIDA: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NACIONAL

Por Alfonso Hernández

Desde mediados de julio la movilización campesina se extendió por todo el sur de Colombia. Comenzó en El Guaviare el día 15, cuando más de diez mil labriegos se congregaron en El Retorno dispuestos a marchar a San José, y cerca de 20 mil ocuparon la pista del aeropuerto de Miraflores. Se extendió luego al Putumayo, donde unos 60 mil agricultores tomaron los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito, La Hormiga, Villagarzón y la inspección de El Tigre. Abarcó al Caquetá, departamento en el que cerca de 45 mil personas, que proceden de Itarca, San Vicente del Caguán, Doncello, Paujil, Puerto Manrique y otros, luchan por llegar a la capital, Florencia. Incluyó también varias localidades del Meta y Cauca y posteriormente otras regiones como Norte de Santander y Bolívar.

Navegando en canoas los tormentosos ríos amazónicos, caminando durante semanas por trochas, en pequeños grupos o en grandes concentraciones, a pesar del hostigamiento militar, el hambre, las enfermedades y el cansancio, han llegado a los cascos urbanos y mantienen una protesta que dura ya casi dos meses.

Los transportes aéreos, fluviales y terrestres quedaron paralizados. Igualmente el comercio y la actividad bancaria; la producción petrolera y el bombeo por el Oleoducto Transandino fueron suspendidos. La magnitud del movimiento hizo que gobernadores y alcaldes se desplazaran a Bogotá en demanda de soluciones al gobierno central.

Los manifestantes reclaman vías de penetración, servicio de energía eléctrica, acueductos, escuelas y, principalmente, políticas que propicien la producción agrícola, sin las cuales no es factible sustituir los cultivos ilícitos. Se oponen vigorosamente a la fumigación de las plantaciones de coca que amenaza con dejarlos en la indigencia. Denuncian además que la aspersión aérea de herbicidas está destruyendo los sembrados de pancoger, contaminando los ríos y la selva y afectando la salud de los moradores.

Agenda de Frechette: a sangre y fuego
Samper, quien ha aceptado todas las humillaciones de Estados Unidos con actitud sumisa, afanándose por cumplir la agenda de disposiciones del señor Frechette, declaró al Guaviare zona especial de orden público y se prepara para fumigar las selvas y los cultivos campesinos con venenos más poderosos que el glifosato. En la lista que el gobierno norteamericano entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes figuran compuestos cuya base es la hexazinona, químico extremadamente tóxico y que, según la Red de Acción de Plaguicidas de Palmira, Rapalmira, puede tener graves efectos sobre el ambiente acuático. Otros estudios afirman que está relacionado con desordenes en el sistema nervioso central. Las organizaciones Environmental Working Group y Physicians for Social Responsibility, PSR, le pidieron a la agencia de protección ambiental, EPA, y al Departamento de Agricultura de Estados Unidos suspender el uso de las triazinas, grupo del cual hace parte la hexazinona.

Pero lo más grave de todo es que el gobierno de la apertura con corazón ha abierto fuego en repetidas ocasiones contra los inermes campesinos. La opinión pública se ha estremecido ante las imágenes de niños asfixiados por los gases lacrimógenos y de hombres del campo que caen en los barrizales con el pecho ensangrentado. Más de diez muertos y aproximadamente cien heridos es el saldo de la acción gubernamental encaminada a aplastar estas movilizaciones. El ejército no ha vacilado en disparar fusiles y ametralladoras, utilizar tanques de guerra, destruir carreteras y cambuches y electrificar los puentes.

En un vano intento por justificarla despiadada represión, los ministros y otros funcionarios muestran a los campesinos como delincuentes y afirman que la colonización de la Amazonía es producto del narcotráfico. Por ello el fiscal Valdivieso se empeña en darle un trato judicial a la protesta.

Por qué se regó la coca
La verdad es otra. En algunos casos el propio gobierno fomentó la colonización. Hace un cuarto de siglo, impulsados por las llamadas políticas de ampliación de la frontera agrícola, llegaron al actual municipio de El Retorno cientos de hombres con sus familias, transportados muchos de ellos en aviones de la FAC. Hoy en día son expulsados de la tierra prometida, la cual, por arte de birlibirloque, ha sido declarada reserva forestal. Veinticinco años atrás los padres de estos campesinos huían de la miseria: unos habían sido despojados violentamente de sus parcelas, otros eran víctimas del desempleo urbano. La esperanza común era que en aquellas soledades podrían alimentar a los suyos.

Abrieron trochas, descuajaron selva, desafiaron las enfermedades y los peligros, y sembraron. Muchos sucumbieron; a quienes perseveraron, la tierra les fue pródiga. Las casas, los bares, la iglesia, no fueron bodegas suficientes para almacenar las enormes cosechas de arroz y maíz. No hubo quien comprara. El INA, actual Idema, que ya por entonces importaba excedentes agrícolas norteamericanos, tampoco adquirió cantidades significativas. La abundancia se había trocado en ruina para aquellos esforzados colonos.

Quien recorre el valle del Guamués sabe que allí entraron hace treinta años colonos de Nariño, principalmente de la provincia de Obando, y se dedicaron a la explotación de las maderas y a sembrar maíz y yuca, palma africana y arroz. Luego, inducidos por funcionarios del Estado y de las Naciones Unidas, plantaron soya. La falta de vías y las políticas de las entidades oficiales dieron al traste con todos sus esfuerzos. En mucha ocasiones, los costos del transporte superaron el valor de los productos. El Idema exigía que la soya y el maíz se le entregaran secos, en una región lluviosa y en la que nunca el Estado financió sistemas de secado. Estos factores y la demora en los pagos a los campesinos, terminaron por desalentar del todo la producción. Hoy, las abandonadas bodegas del Idema en La Hormiga sirven como enormes y mudos testigos de la ruinosa política oficial pata el campo.

Pero la proliferación de cultivos de coca no obedece Solamente a las dificultades que se viven en dichas zonas, sino a la quiebra generalizada de las actividades agropecuarias, agudizada por la apertura económica. Téngase en cuenta que en 1990 las importaciones agrícolas ascendían a 876 mil toneladas y en 1994 llegaron a casi tres millones. El área de cultivos transitorios bajó en cuatrocientas mil hectáreas y la desocupación en el agro es generalizada. Las supuestas ventajas de los mal denominados mercados abiertos enfrentan a nuestra débil y desprotegida agricultura con la subsidiada y poderosa norteamericana.

No es exagerado decir que buena parte del fracaso oficial en la erradicación de los cultivos ilícitos se debe al éxito en su política de erradicar los cultivos lícitos.

Por ello no es extraño encontrar el día domingo en Hong Kong, embarcadero de Puerto Asís, a antiguos recolectores de café, trabajadores madereros del Pacífico, paperos de Nariño, cosecheros de algodón y obreros de los cañaduzales convertidos en jornaleros de los plantíos de coca.

La política de descentralización que traslada a las regiones las cargas de la financiación de los servicios públicos y exige que éstas cofinancien las carreteras, los caminos y toda otra obra, hace aún más grave la situación de la agricultura, en particular de las provincias apartadas. Agréguense a lo anterior las medidas de reducción del gasto público, dictadas por el Fondo Monetario Internacional, que son talanqueras para la inversión gubernamental en la solución de problemas como el que venimos mencionando.

En síntesis, las reivindicaciones de los habitantes de estos territorios chocan directamente con los planes impuestos por Estados Unidos a Colombia. Por eso el régimen burló los acuerdos que permitieron el levantamiento del paro del año pasado en el Putumayo, que lo comprometían a emprender importantes proyectos de infraestructura y bienestar social.

Las llamadas políticas sociales de Samper son un absoluto fracaso. Su anuncio de reducir el desempleo ha resultado en una escandalosa trepada de la cifra de desocupados. Y el anunciado Plante, que mereció el rechazo de los campesinos, ha otorgado un número ínfimo de préstamos en el Guaviare, cerca de cien.

Ante el empuje de la movilización campesina, el ejecutivo ha tenido que llegar a convenios con los dirigentes de la protesta campesina. Estos pactos obligan a la financiación estatal para erradicar los sembrados de coca y a impulsar los cultivos de alimentos, la ganadería y la piscicultura. Centenares de miles de labriegos se mantendrán vigilantes para que tales políticas se lleven a cabo. Colombia debe estimular los renglones productivos para que miles de compatriotas laboriosos no tengan que subsistir de las plantaciones perniciosas. La represión y el arrasamiento no lograrán sino agravar el problema. Es necesario satisfacer las demandas hechas por los pobladores de las zonas cocaleras en el marco de una política de celosa defensa de la soberanía e integridad territoriales de Colombia.

PERSECUCIÓN CONTRA DIRIGENTES DEL MOIR

Coordinados por el Comité Intergremial por la Defensa de la Economía y el Desarrollo Regional del Caquetá, los pobladores de Florencia adelantaron el 23 de agosto una vigorosa protesta para reclamar medidas de alivio a la agobiada economía local. A ésta se sumaron la Asamblea, concejales, ganaderos, comerciantes, sectores educativos y otras fuerzas sindicales. El gobierno respondió presentando denuncias penales contra los dirigentes políticos y populares, bajo la pérfida acusación de “instigación al terrorismo”. Entre los líderes perseguidos figuran Alonso Orozco, presidente de la Unión de Usuarios de los Servicios Públicos, Omar Varón, diputado elegido por el Movimiento Caquetá es Colombia, la destacada abogada liberal Lucrecia Murcia y Claudio Pabón, secretario de la Asociación de Institutores del Caquetá. El rechazo a tal atropello ha sido generalizado en la región. También el senador del MOIR, Jorge Santos, se pronunció condenando la persecución.

ASESINADO HARRY FÚNEME, CONCEJAL MOIRISTA DE CHAPARRAL

Con la muerte de Harry Fúneme, en la alta noche del 27 de agosto, nuestro Partido pierde una de sus más grandes reservas juveniles. Su vida aún en flor estaba ya marcada por el sello de la grandeza.

Harry, que el 6 de marzo había cumplido los 24 años, resumía en sí mismo lo mejor de la juventud actual de nuestra patria, sobre todo la de provincias, que ha de esforzarse por vencer las condiciones más adversas. Desde el principio asimiló con entusiasmo la política del MOIR. Es a jóvenes de este temple a quienes hace referencia nuestro máximo guía y fundador, Francisco Mosquera, cuando subraya lo imperioso de ir conformando paso a paso un numeroso destacamento de dirigentes nuevos que sepan continuar la causa inextinguible de la revolución.

Son cuadros como Harry los que refuerzan la confianza en el futuro de Colombia. Un país que sea capaz de dar a estos hombres jamás se dejará arrodillar por los poderes tenebrosos de la opresión.

Poseía las cualidades del verdadero dirigente revolucionario: visión de clase y fuerza de carácter; dedicación constante y absoluta a la defensa de los desposeídos; alegría optimista, que le ganó las simpatías de la gente sencilla; afán de estudio y superación; capacidad e iniciativa.

No había un solo instante de su jornada diaria que no estuviera dedicado a las tareas organizativas: impulsó los consejos estudiantiles y, hace unos meses, tocando puerta a puerta, consiguió reunir el financiamiento para enviar a dos delegados de los colegios chaparral unos a un congreso nacional realizado en Cartagena. Cuando lo sorprendió la muerte en forma aleve, se hallaba conformando en cada barrio incipientes ligas de usuarios, para oponerse a la privatización de los servicios y las altas tarifas. Vinculado también a la Unidad Cafetera Nacional, logró llevar diez buses a la reciente Marcha de Armenia. Aprovechando su ascendiente entre la muchachada, se encontraba empeñado, como objetivo a corto plazo, en engrosar el número de la también naciente Juventud Patriótica de Chaparral. Elegido concejal en 1994, encabezó las luchas de los obreros del municipio, como asimismo las de los vendedores ambulantes y el pequeño comercio. Persona seria y estudiosa, a él le cabe el mérito, que comparte con otros influyentes voceros de la comunidad local, de haber llevado a Chaparral la Universidad del Tolima; él mismo hacía estudios a distancia en la carrera de administración. Combatiente ejemplar, estaba a punto de marchar a Medellín a recibir un curso de política en la Escuela de Cuadros del MOIR en Antioquia. Los dos periódicos en que participaba los diagramaba y escribía también él mismo, a máquina y a mano, en un lento y penoso aprendizaje, quizás artesanal pero no menos eficaz.

El 13 de julio, durante la visita que el presidente Samper hizo a Chaparral, Harry Fúneme rasgó en medio de la concentración la aborrecida bandera gringa, erguido acto que acompañó con vibrantes lemas en favor de la resistencia.

Dirigente de masas, no hubo en estos dos años pelea alguna en Chaparral que no estuviera presidida por nuestro camarada. Pese a sus cortos años de activismo, no se dejó ganar jamás por aventuras y locuras de extremaizquierda. Nadie podrá endilgarle a Harry un solo crimen, ni siquiera el más mínimo desliz en este resbaloso terreno. Las tenebrosas fuerzas que segaron su vida, cuando se dirigía solo en bicicleta hacia su residencia, tras salir de una prolongada sesión en el concejo, derramaron la sangre nueva que había de infundirle a nuestro Partido una mística renaciente.

El nutrido sepelio, que recorrió las calles entre banderas rojas y coronas de flores, fue la emotiva ofrenda que le rinden las masas a sus jefes.

Julio Henríquez, secretario regional del MOIR en el Tolima, lo exaltó como modelo de militante y hombre íntegro. Evelio Medina, líder de la Unidad Cafetera en el municipio, remarcó su personalidad aguerrida y sus enormes capacidades. Héctor Mario Álvarez, dirigente local del MOIR y quien pasa a reemplazar en el concejo al líder desaparecido, prometió seguir fielmente el ejemplo de tan querido compañero.

“Por la expresión que le quedó en el rostro -dice Claudia, su hermana-, yo estoy segura de que Harry murió con la satisfacción del deber cumplido”.

Camarada Harry Fúneme: ¡Tu pueblo y tu Partido se encargarán de perpetuar tu nombre y tu memoria!

LA USO RECHAZA LA MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO CON LA BRITISH PETROLEUM COMPANY

De manera reiterativa distintos presidentes de la República, ministros de Minas y personajes de la vida nacional, han defendido la tradición del país de ser cumplidor de las condiciones pactadas, de no cambiar las reglas del juego estipuladas en los contratos y negocios realizados con los socios extranjeros.

Estos pronunciamientos se esgrimieron siempre que diversos sectores de la sociedad reclamamos revisarlos Contratos de Asociación Petrolera en beneficio de Ecopetrol y la nación.

La British Petroleum Company firmó con Ecopetrol contratos de asociación para los bloques denominados Pauto, Támara y Sácama en el Piedemonte Llaneros, contratos que unificó en uno solo en marzo de 1992, para un área de 287 mil hectáreas, y respetando las condiciones estipuladas de progresividad de la distribución del crudo en favor de Ecopetrol, según el Decreto 2782 de 1989.

El Decreto 2782 estipula que en los yacimientos con reservas superiores a 300 millones de barriles, la producción se repartirá 70% para Ecopetrol y 30% para el asociado, después de regalías.

En el contrato arriba mencionado, la BP descubrió los campos de Volcanera, Floreña y Pauto, cuyas reservas se estiman en más de 300 millones de barriles, característica que obliga a una distribución de acuerdo con el decreto 2782, estipulado en los respectivos contratos.

Los bienes y derechos de la nación han sido declarados reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado como imprescriptibles, irrenunciables e instransferibles, a diferencia de los bienes particulares. La participación del 70% de Ecopetrol en estos yacimientos es un derecho adquirido e irrenunciable y de interés nacional.

No aceptamos que mientras se plantean reajustes fiscales, se recortan los presupuestos de salud, educación, SENA, Cajas de Compensación, etc., se le regalen cifras multimillonarias a las trasnacionales.

El presidente Ernesto Samper y el ministro Rodrigo Villamizar cometerán una traición a la patria si ceden a semejantes presiones de las multinacionales, principalmente de la BP.

Del 22 al 27 de octubre: ELECCIONES EN LA CUT

Jesús Bernal A., miembro del comité ejecutivo de la CUT

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en cumplimiento del mandato de su Congreso en noviembre de 1995 y como fruto de los acuerdos de las diferentes fuerzas que componen su dirección, ha convocado, del 22 al 27 de octubre de 1996, elecciones generales para escoger la composición de sus organismos de dirección. Estas elecciones serán por el sistema de voto directo de sus afiliados, mediante tarjetón y combinando una circunscripción nacional para la elección del comité ejecutivo con circunscripciones departamentales para la escogencia de la junta directiva nacional.

Las fuerzas sindicales y políticas que en la CUT hemos defendido una posición vertical en defensa de la soberanía nacional y de condena a la creciente intervención norteamericana en el país; que desde 1990 hemos señalado tajantemente el carácter antinacional del programa neoliberal de apertura económica y llamado a conformar el más amplio frente de resistencia contra sus medidas; que caracterizamos al gobierno de Samper como continuista de la política neoliberal y sumiso frente a las exigencias e imposiciones norteamericanas; que denunciamos el contenido del “pacto social” y luchamos porque ninguna central obrera comprometiera a los trabajadores colombianos con la firma de este atropello, presentaremos listas de candidatos y agitaremos en la campaña electoral nuestro compromiso con los trabajadores alrededor de las tesis que nos han caracterizado.

Los estatutos de la CUT, aprobados mayoritariamente en el Congreso de 1995 sin nuestro voto, colocan limitantes a los directivos actuales de federaciones, seccionales y sindicatos para ocupar simultáneamente esos cargos y el de miembros del comité ejecutivo de la Central. Esa situación ha sido tenida en cuenta para la elaboración de las listas de candidatos.

El MOIR llama a los trabajadores afiliados a la. CUT a participar activamente en el debate electoral, a que esas elecciones ayuden a la conformación del más amplio frente contra la intromisión norteamericana y la aplicación de las políticas neoliberales por parte del gobierno de Samper, a apoyar con su voto las siguientes listas conformadas por dirigentes sindicales de diferentes organizaciones, con amplia trayectoria en la defensa de los intereses de los trabajadores:

Comité Ejecutivo
1. Fabio Arias Giraldo, Sindesena
2. José Fernando Ocampo, Fecode
3. Orlando Osorio, Sintracreditario
4. Gustavo Triana, USO
5. Enrique Ortegón, Sindesena
6: Alfonso Lorza, Sintraiss
7. Alvaro Morales, Fecode
8. Edilberto Ramos, Sintracreditario
9. Miguel Pardo, ADE
10. Rodolfo Gutiérrez, USO 11. Cecilia Vargas, Sindesena
12. Julio Martín Ríos, Sintracreditario

Junta nacional
Por Bogotá y Cundinamarca
1. Jesús Bernal Amorocho, Sintracreditario
2. Jaime Eduardo Paz Uribe, Sintracreditario
3. Stella Olaya, ADE
4. Henry Sarabia, ADEC
5. Hernando Chávez, USO
6. Alonso Gaitán, Sindessena
7. Alcibíades García
8. Bonel Henao Girado, Sintracreditario

Por Antioquia:
Alonso Berrío, Adida

Por Atlántico:
Odulfo Zambrano, Sintraelecol

Por Bolívar:
Luis Carlos Fuentes Pérez, Sudeb

Por Caldas:
Gilberto de Jesús Bedoya, Educal

Por Magdalena:
Stefanel Cadena, Sintracreditario

Por Santander:
1. Roberto Smalbach, USO
2. Eduardo Enríquez Suaréz, Sindessena

Por Quindío:
Gerardo Rubio, Suteq

Por el Valle:
Otoniel Dávila, Sintracreditario

Dice Rafael Baldovino, dirigente de Sittelecom: “EL ACUERDO LE SIRVE A LA NACIÓN”

“Lo sustancial del reciente acuerdo reside en impedir que a Telecom se la privatice mediante la figura de abrirle `competencia’. Se aprobó por lo tanto debatir el proceso de apertura, para mirar su conveniencia o inconveniencia desde el punto de vista técnico, económico y social; crear un comité bilateral que, con la participación de los trabajadores, tome a su cargo hacer el seguimiento de los dineros invertidos y formular alternativas al plan de desarrollo de la empresa; y efectuar un estudio a fondo sobre el futuro de Telecom, cuyas primeras conclusiones serán examinadas por un Gran Foro Nacional que deberá realizarse antes de agosto de 1997. Nuestra organización aspira a demostrar con pruebas concluyentes que la presencia de las trasnacionales y de los grupos financieros locales en servicios como larga distancia no es necesaria, y menos conveniente, para los intereses estratégicos de la nación.

“A lo largo de esforzados decenios, el país ha alcanzado un importante desarrollo en el sector, hoy en manos de Telecom. Las perspectivas lucen a corto plazo aún mejores. Colombia, por su privilegiada situación geográfica, cuenta con tres recursos inmensos con los cuales quieren quedarse los consorcios foráneos: la órbita geoestacionaria, clave en las comunicaciones por satélite; el cable submarino de fibra óptica, en el que ya posee la nación un paquete accionario muy significativo, y la Sierra Nevada de Santa Marta, la mayor altura en el mundo a orillas del mar, desde donde se pueden controlar las comunicaciones comerciales y militares en el Caribe. Por todo lo anterior, Colombia es un país de los llamados concentradores.

“Si a Telecom se le permite aprovechar los tres recursos mencionados, es muy probable que en menos de diez años alcance a convertirse en una de las realidades empresariales más pujantes de América Latina. Salta a la vista lo que esto significa para el progreso del país. Pero si se le cortan las alas, no se podrá siquiera preservar lo ya hecho, por ejemplo, en el campo de la telefonía rural.

“La puja interesada de los conglomerados extranjeros, que siguen presionando la apertura, no persigue otra cosa que ir tomando trincheras en el mercado colombiano, porque saben de sus enormes posibilidades. Éste, según cálculos realistas, subirá en pocos años a decenas de miles de millones de dólares.

“No es una simple coincidencia el que el señor Frechette se haya mostrado descontento con el pacto convencional en Telecom o, en sus mismas palabras, ‘desilusionado’. El sí conoce lo que está en juego. Desde luego: también los trabajadores lo sabemos.

“En medio de tanta genuflexión como el gobierno ha estado mostrando frente a Estados Unidos, es obvio que no desea reforzar el papel estratégico del Estado en el vital sector de las telecomunicaciones. Ya se escuchan algunas voces oficiales que llaman a violar el acuerdo.

“Los trabajadores vamos a defenderlo, porque le sirve al país, le sirve a Telecom, nos sirve todos”.

TRABAJADORES IMPIDEN QUE LAS TRANSNACIONALES ENTREN A SACO EN EL ESTRATÉGICO SECTOR

Por Eberto López, presidente de Sittelecom y miembro del comité ejecutivo de la CGTD

Tras cuatro meses de firme batallar en defensa del patrimonio público y la soberanía nacional, los 8.300 asalariados de Telecom firmamos el pasado 7 de agosto la nueva Convención Colectiva que, al igual que en abril de 1992, impidió subastar, como lo pretendía el gobierno, el rentable servicio de la larga distancia a las trasnacionales y a los consorcios financieros privados. Se derrota así por segunda vez la llamada apertura en este sector, vital para el pleno ejercicio de la soberanía. Con su patriótica posición, los trabajadores vuelven a comprobar que el único camino posible contra las políticas privatizadoras impuestas por Estados Unidos es el del combate frontal y sin vacilaciones.

El creciente auge que va cobrando la pelea antimperialista del pueblo colombiano, de la cual el reciente conflicto hacía parte; el generalizado repudio a una apertura económica que sólo ruina y malestar le ha traído al país, a su industria, a su agricultura, a las masas laboriosas; y la debilidad de Samper, derivada de su posición obsecuente y sumisa ante los cada vez más exigentes mandatos del imperio, configuran los tres factores que sirvieron de marco al movimiento y permitieron la victoria.

Fue sobre esa base como los hombres y mujeres de Telecom decidieron fijar como objetivo cardinal del pliego petitorio el mantener para Colombia los estratégicos servicios de larga distancia, ambicionados por poderosos monopolios.

El pliego presentado constaba de 48 puntos. Pero el aspecto básico no fueron esta vez los capítulos meramente económicos o reivindicativos, sino los que aspiraban a defender la soberanía y el patrimonio público, o, como los trabajadores los acabaron bautizando, la parte política.

No ceder ante la ofensiva del gobierno era para nosotros un deber. Tal había sido el mandato de nuestros afiliados. Y fue así como logramos superar el primer obstáculo, con la consigna de que el pliego debía discutirse según el orden en el que estaba elaborado: primero las políticas, es decir, el porvenir de Telecom y sus servicios, como pilar y garantía para el resto de puntos, que hoy pasan a integrar nuestra Convención. El argumento era bien sólido: si Telecom quedaba destruida por el voraz turbión privatizador, ¿de qué nos servirían después las reivindicaciones meramente económicas?

Finiquitada esta primera fase, nos tropezamos con decenas de propuestas sobre el punto de larga distancia, a cuál más lesiva para los intereses nacionales. El sindicato había tomado la firme decisión de empeñar a sus dirigentes y activistas en el combate denodado por alcanzar la meta propuesta. Lo clave, finalmente, fue el respaldo entusiasta de la gran masa de los trabajadores cuando se dio la orden, el 1° de agosto, de iniciar en todo el país la asamblea permanente. Una vez más se puso en claro, como lo había sido ya en la huelga gloriosa de 1992, que la intentona privatizadora sí puede conjurarse con las armas invencibles de la unidad, la lucha y la solidaridad.

En materia económica, merecen destacarse el punto que mejora la estabilidad, el que unifica el sistema salarial-prestacional y los avances en materia de auxilios y bienestar. Se firmó un incremento de 19.5 % para 1996 y del IPC nacional causado para 1997. La política oficial que apuntaba a ligar la productividad al aumento de los sueldos no pudo prosperar.

En lo interno, desechando lo secundario, debemos mantener la unidad con los compañeros del sindicato de industria ATT y desplegar esfuerzos en torno al objetivo central, que es la defensa de la soberanía en el sector de las telecomunicaciones. Hay que poner en práctica la meta aún pendiente que acordaran la ATT y Sittelecom el 5 de marzo de 1996: dotar de un solo organismo sindical a los trabajadores de la empresa.

La firma del acuerdo levantó una oleada de furiosas protestas entre los Grupos financieros – principalmente El Tiempo, quizá el más directamente interesado en el negocio- y entre reconocidos voceros de los consorcios multinacionales, que incluso anuncian que van a demandarla Convención. No hay día en que su prensa no saque a relucir las intenciones revanchistas. La amenaza de violar el acuerdo convencional, hasta ahora velada, parece estar cobrando fuerza en ciertos medios oficiales.

Para impedirlo, aprestémonos a defender y desarrollar el Capítulo Segundo de la Convención Colectiva. Hay que abrir un debate nacional sobre la inconveniencia de la apertura en una arteria tan vital para el progreso del país. Se nos impone como tarea urgente adelantar contactos con centrales obreras, dirigentes políticos patriotas, académicos de prestigio, cuerpos legislativos, gremios económicos, entidades representativas de la comunidad, administraciones departamentales y municipales, en fin, con todos los sectores sociales, para poder ir deslindando campos entre quienes se hallan dispuestos a defender resueltamente el interés de la nación y quienes lo traicionan. Debemos asimismo preparar los distintos foros en los que habrán de pulsarse las posturas patrióticas con las entreguistas.

Y frente a la ofensiva de las trasnacionales, nuestra línea sigue siendo la misma: salvar a Telecom como patrimonio del Estado y ejercer cabalmente la soberanía.

HUECO FISCAL SE LLENA VACIANDO LOS BOLSILLOS DE LOS TRABAJADORES

De los 29.5 billones de pesos proyectados como Presupuesto General para 1997, el gobierno indicó no hace mucho un faltante que pasaba de dos billones. Esto le dio el pretexto al FMI para saltar al ruedo sin tardanza: en una prueba más de intervencionismo, no sólo le enmendó la plana a Samper sosteniendo que dicho déficit subía a 3.3 billones, sino que le ha ordenado poner en marcha un plan de ajuste.

El ministro de Hacienda y el director de Planeación han corrido obedientes a anunciar para el año entrante un recorte del gasto público en 1.2 billones de pesos, lo que prácticamente dejará paralizada la inversión estatal; y se proponen privatizar a Carbocol, eliminar los aportes a los fondos de Solidaridad y Garantía en Salud y al de Solidaridad Pensional, disminuir las transferencias a los municipios, debilitar al SENA y a las Cajas de Compensación, e imponerles a los trabajadores un mísero aumento salarial de 13%.

Es tan drástico el menoscabo, que a las Cajas se les dejará de aportar el año entrante 250 mil millones y al SENA 88 mil millones. A los municipios se les girarán 95 mil millones de pesos menos. El raponazo a los Cajas dejaría en la quiebra el 90% de las que se hallan funcionando, mientras que al SENA lo siguen sometiendo a una lenta agonía.

El gobierno busca también acabar con las conquistas que en materia de cesantías rigen hasta la fecha en Ecopetrol, Telecom, la Caja Agraria y el magisterio; desmontar el Fondo Nacional del Ahorro y el Fondo de los Educadores, que serán entregados a la banca privada; y fusionar o suprimir algunas entidades, trasladándoles sus funciones a los ya alicaídos municipios.

El irrisorio 13% de incremento en salario supondrá para los empleados del sector estatal una mengua de 379 mil millones de pesos en sus ingresos. Frente a los índices de inflación, calculados para este año en 20%, la suma ofrecida para 1997 significará el desfalco de otro 7%, adicional al 7.03% ya perdido por los dos pactos sociales anteriores.

El descenso en la producción industrial, estimado en 2.8%, y el bajón en las ventas de 2.3%, aparejados a un creciente desempleo, están indicando a las claras las consecuencias de la apertura.

El FMI le exige al gobierno privatizar las actividades más productivas como la petrolera y la telefonía de larga distancia, bajar los aranceles y todo tipo de impuestos a las multinacionales, a la vez que lo conmina a reducir el déficit fiscal. Por ello al pueblo, como también a la agobiada industria y la quebrada agricultura, se les recarga con crecientes gravámenes. Lo que pretende el organismo multilateral es que el Estado no juegue ningún papel favorable en la producción.

Las medidas adoptadas por Samper sólo buscan entonces satisfacer las exigencias del FMI y del gobierno norteamericano para garantizar el pago de la deuda, reforzar la apertura, asegurar la rentabilidad para sus inversiones y preservar una mano de obra barata y abundante.

Los males del país, que se han vuelto crónicos, sólo se remediarán suprimiendo el modelo neoliberal y aplicando una política soberana.

“DERROTAR LA LEY 100, TAREA INAPLAZABLE”

(Es el mismo modelo de inseguridad que les está imponiendo el Banco Mundial a todos los países de América Latina, aplicado en Colombia por Gaviria y Samper)

Aldo Cadena presidente del sindicato de la Salud y la Seguridad Social, Sindess, y miembro del comité ejecutivo de la CGTD, llamó a las centrales obreras, acciones comunales y demás organizaciones a conformar un movimiento amplio que logre echar atrás la nefasta Ley 100 de 1993. El siguiente es el texto de la entrevista que concedió a TRIBUNA ROJA.

TR. ¿Cuál es la situación después de tres años de vigencia de la Ley 100?

Aldo Cadena. Lo único que ha dejado la Ley 100 son estragos irreparables a la salud del pueblo. Es el mismo modelo de inseguridad social que les está imponiendo el Banco Mundial a todos los países de América Latina, avalado en Colombia por la Constitución del 91 y aplicado por Gaviria y Samper: entregar paulatinamente la prestación de este servicio a monopolios particulares, desprestigiar al ISS, acabar con las Cajas de Previsión, descargar en la gente la responsabilidad que únicamente le compete al Estado en materia de salud pública y recortar aún más los derechos de los trabajadores.

¿Qué ha resultado de todo esto? Un completo caos. La bancarrota es tan palmaria, que Ecosalud, la mayor entidad aportante, se halla casi en liquidación. Hay un creciente déficit en los centros hospitalarios de municipios y departamentos, y hasta el ISS, al que de un modo alegre se le multiplicó por tres la cobertura sin dotarlo de los recursos para garantizarla, enfrenta ingentes dificultades.

TR. La privatización ¿cómo-se ha venido aplicando?
Aldo Cadena. Primero, se les da vía libre a las llamadas Empresas Promotoras de Salud, EPS, casi todas en manos de grupos financieros y a las cuales deberán afiliarse los colombianos. En segundo lugar, se somete a los hospitales o entidades prestadoras de salud a venderles a aquéllas sus servicios y a cambiar su naturaleza jurídica, pasando a convertirse en Empresas Sociales del Estado, ESE, para facilitar la contratación. De esta manera queda la infraestructura hospitalaria a la entera disposición de las EPS: tanto la dotación, los equipos y el parque automotor, como el recurso humano técnica y científicamente capacitado durante años.

¿Cómo se van a financiar los hospitales? Muy sencillo: por venta de servicios y rebajando los salarios de sus mismos trabajadores. Aquí salta a la vista que el espíritu de la Ley 100 estriba en negociar con la salud del pueblo. Así, lo que en sentido estricto debe ser un servicio gratuito liara la población no asalariada, termina convirtiéndose en un viacrucis más.

TR. Existen en Colombia más de mil municipios. ¿Pueden atender la salud?
Aldo Cadena. Por exigencia perentoria del Banco Mundial, la Ley 60 de 1993 le abrió las puertas a la llamada descentralización. Son ahora los municipios los que tienen que responder por el fomento de la salud y prevenir la enfermedad; prestar los servicios en el primer nivel de atención y, en asocio con los departamentos, en el segundo y tercer nivel; financiar la dotación, construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento de los centros hospitalarios, hoy convertidos en Empresas Sociales del Estado; garantizar agua potable, aseo urbano, alcantarillado, disposición de excretas y saneamiento ambiental; vigilar y controlar las plazas de mercado, los centros de acopio y los mataderos; promover programas de vivienda, y, en fin, otorgar subsidios para asistencia técnica en desarrollo rural.

Para ello el gobierno les ha anunciado toda clase de abundantísimos recursos, que a la hora de la verdad no se han visto por parte alguna.

La cuerda se está rompiendo por la parte más débil. Hay ya muchos alcaldes que se niegan a recibir los onerosos compromisos que pretende el gobierno descargarles encima. Entre ellos no se escuchan sino voces de alarma, porque dicen que es inminente el alzamiento de las comunidades.

Y es cierto. Por todas partes, casi siempre en forma dispersa, la gente está saliendo a las calles a combatir el atropello y a defender lo poco que aún queda del sistema de salud pública. Está el caso de Bogotá, donde vastos sectores se siguen oponiendo a que los hospitales del Distrito acaben siendo empresas sociales del Estado, lo que en esencia entraña privatizarlos. Sólo falta que estas protestas, también de contenido antimperialista, se unifiquen y coordinen, tal cual lo vienen planteando Sindess y la CGTD.

TR. ¿La gente del común, la que no ha estado nunca cobijada por el ISS, ya no tiene derecho en absoluto a la atención médica?
Aldo Cadena. Hacia el futuro los hospitales sólo van a atender a quienes se hallen afiliados a una EPS. Se trata de un servicio costoso que no va a ser siquiera integral, pues tropieza con las rígidas limitaciones establecidas por las mismas empresas. El tratamiento médico, por ejemplo, no será el que se infiera del diagnóstico; dependerá tan sólo de la capacidad de pago del paciente. Si usted quiere curarse por completo, métase primero la mano al bolsillo.

La sola afiliación a la EPS no resuelve el problema. Lo que está funcionando es el nefasto plan obligatorio de salud o POS. Si para la atención, tratamiento, recuperación y rehabilitación de cualquier enfermedad, los costos superan lo fijado en el plan, el paciente deberá cancelar el excedente de su propio peculio. Es a esto a lo que llama la ley cuotas moderadoras y copagos. Tal es la situación aberrante de los asalariados que se encuentran en el régimen contributivo; mucho peor para los del régimen subsidiado, pues no tienen ninguna posibilidad de acceso a una atención de alta complejidad. Tal como están las cosas, en cada clínica debería colgarse en letras gruesas un aviso bien grande, para que el público sepa a qué atenerse; “Nuestra meta es el lucro, la rentabilidad y la ganancia”.

TR. Usted denunció que se ha lanzado una ofensiva contra los propios trabajadores de la salud. ¿En qué consiste?
Aldo Cadena. Las leyes 60 y 100 les arrebatan a los trabajadores de la salud la retroactividad en las cesantías. Y los han sometido al plan obligatorio de salud, POS.

Nuestras cesantías irán a parar, querámoslo o no, a un ente privado. Las prestaciones y la estabilidad desaparecen al imponerse la modalidad de la contratación civil de todos los servicios.

¿Cuál ha de ser entonces la consigna? Defender la salud pública y salir en defensa de los derechos conculcados. Los trabajadores y el pueblo nos hallamos en mora de lanzar una lucha coordinada en procura de estas dos metas.

Tal es el llamamiento combativo que seguimos haciendo Sindess y la CGTD.

Ley Helms-Burton: ESTADOS UNIDOS DESAFÍA AL MUNDO

Edgar piñeros

La corriente de la historia es incontenible, a mayor tiranía del imperio crece la resistencia que le ofrecen los pueblos. Tal es la paradoja de la ley Helms-Burton que, al arrogarse Estados Unidos la facultad de sancionar a cualquier empresa que invierta en Cuba, levantó el franco rechazo del continente americano, de la Unión Europea y de muchos otros Estados del mundo.

La decisión autoriza a las compañías norteamericanas para promover acciones judiciales contra personas y entidades que comercien con propiedades confiscadas por la revolución cubana. Las normas prohiben, además, a los nacionales de Estados Unidos, a los extranjeros residentes y a cualquier agencia norteamericana hacer préstamos a terceros para ser destinados a transacciones sobre propiedades confiscadas en la Isla y que sean reclamadas por algún ciudadano de la superpotencia.

Otras medidas son condicionar el apoyo a las antiguas repúblicas que integraron la URSS a que su comercio con la Isla se haga a precios del mercado; la oposición a que Cuba sea admitida en instituciones financieras internacionales y la reducción de ayuda a la entidad que apruebe créditos en su favor. Se pretende asimismo convertir en ley permanente los decretos y reglamentos que existen sobre el embargo para impedir que sean levantados por el presidente, y se solicita a éste que adelante en la ON U un bloqueo más amplio contra el Estado caribeño.

En el terreno político se da patente de corso a la Casa Blanca en su intento por implantar en Cuba un gobierno sumiso a los intereses de Washington. Para lograr este objetivo se financiará a grupos disidentes y será retirada la actual dirigencia, el Partido Comunista tendrá que ser ¡legalizado y se constriñe a la OEA a crear un fondo de US 5 millones con el fin de destacar en el país inspectores de derechos humanos. El nuevo gobierno convocará a elecciones y su administración será vigilada por Estados Unidos. Sería el regreso a la abominable época de la Enmienda Platt.

La arrogancia imperialista
Las disposiciones, decretadas por el Congreso y aprobadas por Clinton el pasado 12 de marzo, buscan intensificar el asedio norteamericano contra Cuba, iniciado desde 1960. El cerco a las naciones, que en el caso cubano ha significado prolongados sacrificios, ha sido siempre un arma del imperialismo para abrirles las puertas a las trasnacionales. La soberanía de las repúblicas es un estorbo para los piratas del gran capital, cuya supervivencia depende justamente del saqueo. Estados Unidos afianzó su prepotencia gracias a la extinción de la URSS a comienzos de los años noventa, y así pudo expedir en octubre de 1992 la Ley Torricelli, que impone sanciones a otros países y a las empresas gringas que hagan negocios con Cuba.

Panamá y Haití fueron encerradas militarmente, ocupadas y obligadas a aceptar gobiernos impuestos por la gran potencia; en ambos casos el ejército fue disuelto, un medió previsto en los planes hegemónicos para debilitar la defensa de las naciones. Por supuesto, todo esto cuenta con la bendición y las enseñas de la ONU y la OEA.

Resulta claro que la recolonización fraguada por Washington va más allá del mar Caribe, puesto que no reconoce fronteras en ningún país del continente. Si en el siglo pasado azuzaron la consigna ¡Cuba está en venta!, hoy la conjura es aplicarla a toda América Latina.

Pugna por el hegemonismo
Pero el capital norteamericano se ha enzarzado con rivales que le disputan la supremacía en el mercado mundial, la Unión Europea y Japón. El 5 de agosto de 1996 Clinton había firmado la Ley D’Amato, por la cual el imperio se reserva la facultad de sancionar a cualquier empresa del planeta que tenga intereses en el gas o el petróleo de Irán o Libia, siempre que la inversión fuera superior a US 40 millones en el año. La Unión Europea, que tiene compromisos comerciales con ambos países, denunció las normas como extraterritoriales y contestó con un reglamento antibloqueo. Éste les reconoce a los empresarios europeos el derecho de acudir ante los tribunales de la Comunidad parta reclamar cualquier suma que otra compañía haya obtenido por sentencia de la justicia yanqui. El presidente norteamericano fue notificado por los europeos de las medidas que pueden tomar contra los capitalistas de ese país, como la congelación de fondos y la cancelación de visas.

En el caso de la Helms-Burton, la Unión Europea expidió un cuerpo de normas para proteger a las firmas de la Comunidad que desoigan a Estados Unidos. Canadá ofrecerá a sus empresas que sean condenadas una acción recíproca para llevar ante la jurisdicción canadiense a las compañías estadounidenses que se lucraron con la Helms-Burton. La respuesta hizo que Clinton aplazara la entrada en vigor de las disposiciones hasta el 1° de febrero de 1997.

Hacia el futuro la pugna por el dominio del comercio mundial será más encarnizada, pues cada vez que Estados Unidos aísla a un país sus rivales acuden a hacerle competencia. Y frente a lo anterior, la gran potencia se ve forzada a colocarles barreras a unos y otros, violando para eso los mismos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y del Tratado de Libre Comercio (Nafta).

Cuba y la inversión del capital internacional
Con el hundimiento de la Unión Soviética, se acabó la financiación que recibía el gobierno de Castro como contraprestación a su papel de condotiero. La “ayuda” soviética mantuvo a la Isla en el atraso y la dependencia, y ahora el cerco norteamericano pretende acentuar tan difícil situación.

La Constitución cubana fue reformada en agosto de 1992 con el objeto de permitir que los particulares, nacionales y extranjeros, desarrollen actividades económicas antes reservadas al Estado y facilitar la formación de empresas mixtas y sociedades comerciales. Ahora el Estado sólo es propietario de los medios fundamentales de producción, se abandona la planificación centralizada y se crean empresas oficiales de autogestión. Sobre esta base, en septiembre de 1995, el gobierno expidió la Ley de Inversión Extranjera.

Esta última autoriza también el funcionamiento de empresas de capital totalmente extranjero y reconoce los contratos de asociación económica internacional. Se permite la inversión privada en todos los renglones de la economía, salvo en educación, salud y defensa, pudiéndose adquirir la propiedad sobre inmuebles o invertir en ellos. En el caso de empresas extranjeras, los trabajadores son contratados a través del Estado, que asume la seguridad social y las prestaciones. La eficiencia económica se consagra como guía de la acción empresarial. Se institucionalizan las zonas francas y los parques industriales, y se legaliza el trabajo por cuenta propia en algunos servicios, lo mismo que la tenencia de dólares. Se gravan con impuestos los servicios públicos. En el sector agrario ya se había restablecido el “mercado campesino”, sujeto a la oferta y la demanda, y ahora se crean las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, empresas no estatales en las que se entrega en usufructo la tierra a los trabajadores y el producto queda como propiedad de la cooperativa.

En la actualidad los sectores de la economía donde hay mayor inversión foránea son turismo -70% del cual es de capital extranjero- petróleo, níquel, telecomunicaciones y agricultura, con dineros de Canadá, España, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y México, en un volumen total cercano a los US 2.000 millones. En la actualidad funcionan más de 500 trasnacionales.

Estos hechos demuestran cómo se ha venido aplicando la apertura de Cuba al capital extranjero.

La lucha contra el neocolonialismo
La patria de Martí inicia el siglo XX convertida en neocolonia de Estados Unidos, luego de que el imperio, en 1901, la sometiera con la Enmienda Platt, que desconocía su autodeterminación, y se apropiara de su producción económica. El movimiento independentista había culminado su gesta con la derrota del ejército español en 1898, pero la potencia recién nacida usurpó el triunfo, ocupó la Isla y le impuso un gobernador militar. De este modo, la creciente penetración del capital yanqui tuvo allanado su camino hasta la llegada misma del movimiento revolucionario.

El panorama económico de Cuba en los años que precedieron al triunfo del Movimiento 26 de Julio era de un absoluto predominio del capital gringo. Controlaba energía, ferrocarriles, teléfonos y refinación de petróleos; monopolizaba la explotación de manganeso, hierro, cobre y níquel y acaparaba el comercio y la hotelería. El 47.5 de las tierras dedicadas al cultivo de azúcar eran propiedad de firmas norteamericanas.

Pero el 1° de enero de 1959 Cuba derrotó al imperialismo y tomó medidas para consolidar el gobierno revolucionario. En mayo la Ley de Reforma Agraria puso límites a la propiedad rural, con lo cual se afectaron los intereses extranjeros y de la burguesía cubana, y se traspasó al dominio del Estado 40% del área agrícola. Para 1963 sólo eran privadas las extensiones menores de 67 hectáreas.

En julio de 1960 fueron confiscadas las propiedades de la Texas, la Esso y la Shell, a lo cual Eisenhower replicó con la terminación de las importaciones de azúcar. En octubre del mismo año el gobierno cubano nacionalizó 382 empresas, entre las cuales estaban incluidas entidades bancarias, refinerías, molinos de azúcar, hoteles y aseguradoras, y firmas como Sears, General Electric, Coca Cola y Remington Rand.

En enero de 1961 se produce la ruptura de relaciones diplomáticas. El imperio, que había amasado grandes fortunas con el sudor del pueblo cubano, ahora las perdía irremediablemente.

De ahí para acá la agresión norteamericana ha sido permanente en la búsqueda de recuperar sus inversiones. Para ello pone sitio no sólo a Cuba sino a todos los países de América, pues su suerte es expoliar para sobrevivir. He ahí el secreto de la Helms-Burton.

Este atropello es una prueba para la defensa de la autodeterminación de las naciones de América Latina. Y si no la hacen los gobiernos, la harán los pueblos.