Del 22 al 27 de octubre: ELECCIONES EN LA CUT

Jesús Bernal A., miembro del comité ejecutivo de la CUT

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en cumplimiento del mandato de su Congreso en noviembre de 1995 y como fruto de los acuerdos de las diferentes fuerzas que componen su dirección, ha convocado, del 22 al 27 de octubre de 1996, elecciones generales para escoger la composición de sus organismos de dirección. Estas elecciones serán por el sistema de voto directo de sus afiliados, mediante tarjetón y combinando una circunscripción nacional para la elección del comité ejecutivo con circunscripciones departamentales para la escogencia de la junta directiva nacional.

Las fuerzas sindicales y políticas que en la CUT hemos defendido una posición vertical en defensa de la soberanía nacional y de condena a la creciente intervención norteamericana en el país; que desde 1990 hemos señalado tajantemente el carácter antinacional del programa neoliberal de apertura económica y llamado a conformar el más amplio frente de resistencia contra sus medidas; que caracterizamos al gobierno de Samper como continuista de la política neoliberal y sumiso frente a las exigencias e imposiciones norteamericanas; que denunciamos el contenido del “pacto social” y luchamos porque ninguna central obrera comprometiera a los trabajadores colombianos con la firma de este atropello, presentaremos listas de candidatos y agitaremos en la campaña electoral nuestro compromiso con los trabajadores alrededor de las tesis que nos han caracterizado.

Los estatutos de la CUT, aprobados mayoritariamente en el Congreso de 1995 sin nuestro voto, colocan limitantes a los directivos actuales de federaciones, seccionales y sindicatos para ocupar simultáneamente esos cargos y el de miembros del comité ejecutivo de la Central. Esa situación ha sido tenida en cuenta para la elaboración de las listas de candidatos.

El MOIR llama a los trabajadores afiliados a la. CUT a participar activamente en el debate electoral, a que esas elecciones ayuden a la conformación del más amplio frente contra la intromisión norteamericana y la aplicación de las políticas neoliberales por parte del gobierno de Samper, a apoyar con su voto las siguientes listas conformadas por dirigentes sindicales de diferentes organizaciones, con amplia trayectoria en la defensa de los intereses de los trabajadores:

Comité Ejecutivo
1. Fabio Arias Giraldo, Sindesena
2. José Fernando Ocampo, Fecode
3. Orlando Osorio, Sintracreditario
4. Gustavo Triana, USO
5. Enrique Ortegón, Sindesena
6: Alfonso Lorza, Sintraiss
7. Alvaro Morales, Fecode
8. Edilberto Ramos, Sintracreditario
9. Miguel Pardo, ADE
10. Rodolfo Gutiérrez, USO 11. Cecilia Vargas, Sindesena
12. Julio Martín Ríos, Sintracreditario

Junta nacional
Por Bogotá y Cundinamarca
1. Jesús Bernal Amorocho, Sintracreditario
2. Jaime Eduardo Paz Uribe, Sintracreditario
3. Stella Olaya, ADE
4. Henry Sarabia, ADEC
5. Hernando Chávez, USO
6. Alonso Gaitán, Sindessena
7. Alcibíades García
8. Bonel Henao Girado, Sintracreditario

Por Antioquia:
Alonso Berrío, Adida

Por Atlántico:
Odulfo Zambrano, Sintraelecol

Por Bolívar:
Luis Carlos Fuentes Pérez, Sudeb

Por Caldas:
Gilberto de Jesús Bedoya, Educal

Por Magdalena:
Stefanel Cadena, Sintracreditario

Por Santander:
1. Roberto Smalbach, USO
2. Eduardo Enríquez Suaréz, Sindessena

Por Quindío:
Gerardo Rubio, Suteq

Por el Valle:
Otoniel Dávila, Sintracreditario

Dice Rafael Baldovino, dirigente de Sittelecom: “EL ACUERDO LE SIRVE A LA NACIÓN”

“Lo sustancial del reciente acuerdo reside en impedir que a Telecom se la privatice mediante la figura de abrirle `competencia’. Se aprobó por lo tanto debatir el proceso de apertura, para mirar su conveniencia o inconveniencia desde el punto de vista técnico, económico y social; crear un comité bilateral que, con la participación de los trabajadores, tome a su cargo hacer el seguimiento de los dineros invertidos y formular alternativas al plan de desarrollo de la empresa; y efectuar un estudio a fondo sobre el futuro de Telecom, cuyas primeras conclusiones serán examinadas por un Gran Foro Nacional que deberá realizarse antes de agosto de 1997. Nuestra organización aspira a demostrar con pruebas concluyentes que la presencia de las trasnacionales y de los grupos financieros locales en servicios como larga distancia no es necesaria, y menos conveniente, para los intereses estratégicos de la nación.

“A lo largo de esforzados decenios, el país ha alcanzado un importante desarrollo en el sector, hoy en manos de Telecom. Las perspectivas lucen a corto plazo aún mejores. Colombia, por su privilegiada situación geográfica, cuenta con tres recursos inmensos con los cuales quieren quedarse los consorcios foráneos: la órbita geoestacionaria, clave en las comunicaciones por satélite; el cable submarino de fibra óptica, en el que ya posee la nación un paquete accionario muy significativo, y la Sierra Nevada de Santa Marta, la mayor altura en el mundo a orillas del mar, desde donde se pueden controlar las comunicaciones comerciales y militares en el Caribe. Por todo lo anterior, Colombia es un país de los llamados concentradores.

“Si a Telecom se le permite aprovechar los tres recursos mencionados, es muy probable que en menos de diez años alcance a convertirse en una de las realidades empresariales más pujantes de América Latina. Salta a la vista lo que esto significa para el progreso del país. Pero si se le cortan las alas, no se podrá siquiera preservar lo ya hecho, por ejemplo, en el campo de la telefonía rural.

“La puja interesada de los conglomerados extranjeros, que siguen presionando la apertura, no persigue otra cosa que ir tomando trincheras en el mercado colombiano, porque saben de sus enormes posibilidades. Éste, según cálculos realistas, subirá en pocos años a decenas de miles de millones de dólares.

“No es una simple coincidencia el que el señor Frechette se haya mostrado descontento con el pacto convencional en Telecom o, en sus mismas palabras, ‘desilusionado’. El sí conoce lo que está en juego. Desde luego: también los trabajadores lo sabemos.

“En medio de tanta genuflexión como el gobierno ha estado mostrando frente a Estados Unidos, es obvio que no desea reforzar el papel estratégico del Estado en el vital sector de las telecomunicaciones. Ya se escuchan algunas voces oficiales que llaman a violar el acuerdo.

“Los trabajadores vamos a defenderlo, porque le sirve al país, le sirve a Telecom, nos sirve todos”.

TRABAJADORES IMPIDEN QUE LAS TRANSNACIONALES ENTREN A SACO EN EL ESTRATÉGICO SECTOR

Por Eberto López, presidente de Sittelecom y miembro del comité ejecutivo de la CGTD

Tras cuatro meses de firme batallar en defensa del patrimonio público y la soberanía nacional, los 8.300 asalariados de Telecom firmamos el pasado 7 de agosto la nueva Convención Colectiva que, al igual que en abril de 1992, impidió subastar, como lo pretendía el gobierno, el rentable servicio de la larga distancia a las trasnacionales y a los consorcios financieros privados. Se derrota así por segunda vez la llamada apertura en este sector, vital para el pleno ejercicio de la soberanía. Con su patriótica posición, los trabajadores vuelven a comprobar que el único camino posible contra las políticas privatizadoras impuestas por Estados Unidos es el del combate frontal y sin vacilaciones.

El creciente auge que va cobrando la pelea antimperialista del pueblo colombiano, de la cual el reciente conflicto hacía parte; el generalizado repudio a una apertura económica que sólo ruina y malestar le ha traído al país, a su industria, a su agricultura, a las masas laboriosas; y la debilidad de Samper, derivada de su posición obsecuente y sumisa ante los cada vez más exigentes mandatos del imperio, configuran los tres factores que sirvieron de marco al movimiento y permitieron la victoria.

Fue sobre esa base como los hombres y mujeres de Telecom decidieron fijar como objetivo cardinal del pliego petitorio el mantener para Colombia los estratégicos servicios de larga distancia, ambicionados por poderosos monopolios.

El pliego presentado constaba de 48 puntos. Pero el aspecto básico no fueron esta vez los capítulos meramente económicos o reivindicativos, sino los que aspiraban a defender la soberanía y el patrimonio público, o, como los trabajadores los acabaron bautizando, la parte política.

No ceder ante la ofensiva del gobierno era para nosotros un deber. Tal había sido el mandato de nuestros afiliados. Y fue así como logramos superar el primer obstáculo, con la consigna de que el pliego debía discutirse según el orden en el que estaba elaborado: primero las políticas, es decir, el porvenir de Telecom y sus servicios, como pilar y garantía para el resto de puntos, que hoy pasan a integrar nuestra Convención. El argumento era bien sólido: si Telecom quedaba destruida por el voraz turbión privatizador, ¿de qué nos servirían después las reivindicaciones meramente económicas?

Finiquitada esta primera fase, nos tropezamos con decenas de propuestas sobre el punto de larga distancia, a cuál más lesiva para los intereses nacionales. El sindicato había tomado la firme decisión de empeñar a sus dirigentes y activistas en el combate denodado por alcanzar la meta propuesta. Lo clave, finalmente, fue el respaldo entusiasta de la gran masa de los trabajadores cuando se dio la orden, el 1° de agosto, de iniciar en todo el país la asamblea permanente. Una vez más se puso en claro, como lo había sido ya en la huelga gloriosa de 1992, que la intentona privatizadora sí puede conjurarse con las armas invencibles de la unidad, la lucha y la solidaridad.

En materia económica, merecen destacarse el punto que mejora la estabilidad, el que unifica el sistema salarial-prestacional y los avances en materia de auxilios y bienestar. Se firmó un incremento de 19.5 % para 1996 y del IPC nacional causado para 1997. La política oficial que apuntaba a ligar la productividad al aumento de los sueldos no pudo prosperar.

En lo interno, desechando lo secundario, debemos mantener la unidad con los compañeros del sindicato de industria ATT y desplegar esfuerzos en torno al objetivo central, que es la defensa de la soberanía en el sector de las telecomunicaciones. Hay que poner en práctica la meta aún pendiente que acordaran la ATT y Sittelecom el 5 de marzo de 1996: dotar de un solo organismo sindical a los trabajadores de la empresa.

La firma del acuerdo levantó una oleada de furiosas protestas entre los Grupos financieros – principalmente El Tiempo, quizá el más directamente interesado en el negocio- y entre reconocidos voceros de los consorcios multinacionales, que incluso anuncian que van a demandarla Convención. No hay día en que su prensa no saque a relucir las intenciones revanchistas. La amenaza de violar el acuerdo convencional, hasta ahora velada, parece estar cobrando fuerza en ciertos medios oficiales.

Para impedirlo, aprestémonos a defender y desarrollar el Capítulo Segundo de la Convención Colectiva. Hay que abrir un debate nacional sobre la inconveniencia de la apertura en una arteria tan vital para el progreso del país. Se nos impone como tarea urgente adelantar contactos con centrales obreras, dirigentes políticos patriotas, académicos de prestigio, cuerpos legislativos, gremios económicos, entidades representativas de la comunidad, administraciones departamentales y municipales, en fin, con todos los sectores sociales, para poder ir deslindando campos entre quienes se hallan dispuestos a defender resueltamente el interés de la nación y quienes lo traicionan. Debemos asimismo preparar los distintos foros en los que habrán de pulsarse las posturas patrióticas con las entreguistas.

Y frente a la ofensiva de las trasnacionales, nuestra línea sigue siendo la misma: salvar a Telecom como patrimonio del Estado y ejercer cabalmente la soberanía.

HUECO FISCAL SE LLENA VACIANDO LOS BOLSILLOS DE LOS TRABAJADORES

De los 29.5 billones de pesos proyectados como Presupuesto General para 1997, el gobierno indicó no hace mucho un faltante que pasaba de dos billones. Esto le dio el pretexto al FMI para saltar al ruedo sin tardanza: en una prueba más de intervencionismo, no sólo le enmendó la plana a Samper sosteniendo que dicho déficit subía a 3.3 billones, sino que le ha ordenado poner en marcha un plan de ajuste.

El ministro de Hacienda y el director de Planeación han corrido obedientes a anunciar para el año entrante un recorte del gasto público en 1.2 billones de pesos, lo que prácticamente dejará paralizada la inversión estatal; y se proponen privatizar a Carbocol, eliminar los aportes a los fondos de Solidaridad y Garantía en Salud y al de Solidaridad Pensional, disminuir las transferencias a los municipios, debilitar al SENA y a las Cajas de Compensación, e imponerles a los trabajadores un mísero aumento salarial de 13%.

Es tan drástico el menoscabo, que a las Cajas se les dejará de aportar el año entrante 250 mil millones y al SENA 88 mil millones. A los municipios se les girarán 95 mil millones de pesos menos. El raponazo a los Cajas dejaría en la quiebra el 90% de las que se hallan funcionando, mientras que al SENA lo siguen sometiendo a una lenta agonía.

El gobierno busca también acabar con las conquistas que en materia de cesantías rigen hasta la fecha en Ecopetrol, Telecom, la Caja Agraria y el magisterio; desmontar el Fondo Nacional del Ahorro y el Fondo de los Educadores, que serán entregados a la banca privada; y fusionar o suprimir algunas entidades, trasladándoles sus funciones a los ya alicaídos municipios.

El irrisorio 13% de incremento en salario supondrá para los empleados del sector estatal una mengua de 379 mil millones de pesos en sus ingresos. Frente a los índices de inflación, calculados para este año en 20%, la suma ofrecida para 1997 significará el desfalco de otro 7%, adicional al 7.03% ya perdido por los dos pactos sociales anteriores.

El descenso en la producción industrial, estimado en 2.8%, y el bajón en las ventas de 2.3%, aparejados a un creciente desempleo, están indicando a las claras las consecuencias de la apertura.

El FMI le exige al gobierno privatizar las actividades más productivas como la petrolera y la telefonía de larga distancia, bajar los aranceles y todo tipo de impuestos a las multinacionales, a la vez que lo conmina a reducir el déficit fiscal. Por ello al pueblo, como también a la agobiada industria y la quebrada agricultura, se les recarga con crecientes gravámenes. Lo que pretende el organismo multilateral es que el Estado no juegue ningún papel favorable en la producción.

Las medidas adoptadas por Samper sólo buscan entonces satisfacer las exigencias del FMI y del gobierno norteamericano para garantizar el pago de la deuda, reforzar la apertura, asegurar la rentabilidad para sus inversiones y preservar una mano de obra barata y abundante.

Los males del país, que se han vuelto crónicos, sólo se remediarán suprimiendo el modelo neoliberal y aplicando una política soberana.

“DERROTAR LA LEY 100, TAREA INAPLAZABLE”

(Es el mismo modelo de inseguridad que les está imponiendo el Banco Mundial a todos los países de América Latina, aplicado en Colombia por Gaviria y Samper)

Aldo Cadena presidente del sindicato de la Salud y la Seguridad Social, Sindess, y miembro del comité ejecutivo de la CGTD, llamó a las centrales obreras, acciones comunales y demás organizaciones a conformar un movimiento amplio que logre echar atrás la nefasta Ley 100 de 1993. El siguiente es el texto de la entrevista que concedió a TRIBUNA ROJA.

TR. ¿Cuál es la situación después de tres años de vigencia de la Ley 100?

Aldo Cadena. Lo único que ha dejado la Ley 100 son estragos irreparables a la salud del pueblo. Es el mismo modelo de inseguridad social que les está imponiendo el Banco Mundial a todos los países de América Latina, avalado en Colombia por la Constitución del 91 y aplicado por Gaviria y Samper: entregar paulatinamente la prestación de este servicio a monopolios particulares, desprestigiar al ISS, acabar con las Cajas de Previsión, descargar en la gente la responsabilidad que únicamente le compete al Estado en materia de salud pública y recortar aún más los derechos de los trabajadores.

¿Qué ha resultado de todo esto? Un completo caos. La bancarrota es tan palmaria, que Ecosalud, la mayor entidad aportante, se halla casi en liquidación. Hay un creciente déficit en los centros hospitalarios de municipios y departamentos, y hasta el ISS, al que de un modo alegre se le multiplicó por tres la cobertura sin dotarlo de los recursos para garantizarla, enfrenta ingentes dificultades.

TR. La privatización ¿cómo-se ha venido aplicando?
Aldo Cadena. Primero, se les da vía libre a las llamadas Empresas Promotoras de Salud, EPS, casi todas en manos de grupos financieros y a las cuales deberán afiliarse los colombianos. En segundo lugar, se somete a los hospitales o entidades prestadoras de salud a venderles a aquéllas sus servicios y a cambiar su naturaleza jurídica, pasando a convertirse en Empresas Sociales del Estado, ESE, para facilitar la contratación. De esta manera queda la infraestructura hospitalaria a la entera disposición de las EPS: tanto la dotación, los equipos y el parque automotor, como el recurso humano técnica y científicamente capacitado durante años.

¿Cómo se van a financiar los hospitales? Muy sencillo: por venta de servicios y rebajando los salarios de sus mismos trabajadores. Aquí salta a la vista que el espíritu de la Ley 100 estriba en negociar con la salud del pueblo. Así, lo que en sentido estricto debe ser un servicio gratuito liara la población no asalariada, termina convirtiéndose en un viacrucis más.

TR. Existen en Colombia más de mil municipios. ¿Pueden atender la salud?
Aldo Cadena. Por exigencia perentoria del Banco Mundial, la Ley 60 de 1993 le abrió las puertas a la llamada descentralización. Son ahora los municipios los que tienen que responder por el fomento de la salud y prevenir la enfermedad; prestar los servicios en el primer nivel de atención y, en asocio con los departamentos, en el segundo y tercer nivel; financiar la dotación, construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento de los centros hospitalarios, hoy convertidos en Empresas Sociales del Estado; garantizar agua potable, aseo urbano, alcantarillado, disposición de excretas y saneamiento ambiental; vigilar y controlar las plazas de mercado, los centros de acopio y los mataderos; promover programas de vivienda, y, en fin, otorgar subsidios para asistencia técnica en desarrollo rural.

Para ello el gobierno les ha anunciado toda clase de abundantísimos recursos, que a la hora de la verdad no se han visto por parte alguna.

La cuerda se está rompiendo por la parte más débil. Hay ya muchos alcaldes que se niegan a recibir los onerosos compromisos que pretende el gobierno descargarles encima. Entre ellos no se escuchan sino voces de alarma, porque dicen que es inminente el alzamiento de las comunidades.

Y es cierto. Por todas partes, casi siempre en forma dispersa, la gente está saliendo a las calles a combatir el atropello y a defender lo poco que aún queda del sistema de salud pública. Está el caso de Bogotá, donde vastos sectores se siguen oponiendo a que los hospitales del Distrito acaben siendo empresas sociales del Estado, lo que en esencia entraña privatizarlos. Sólo falta que estas protestas, también de contenido antimperialista, se unifiquen y coordinen, tal cual lo vienen planteando Sindess y la CGTD.

TR. ¿La gente del común, la que no ha estado nunca cobijada por el ISS, ya no tiene derecho en absoluto a la atención médica?
Aldo Cadena. Hacia el futuro los hospitales sólo van a atender a quienes se hallen afiliados a una EPS. Se trata de un servicio costoso que no va a ser siquiera integral, pues tropieza con las rígidas limitaciones establecidas por las mismas empresas. El tratamiento médico, por ejemplo, no será el que se infiera del diagnóstico; dependerá tan sólo de la capacidad de pago del paciente. Si usted quiere curarse por completo, métase primero la mano al bolsillo.

La sola afiliación a la EPS no resuelve el problema. Lo que está funcionando es el nefasto plan obligatorio de salud o POS. Si para la atención, tratamiento, recuperación y rehabilitación de cualquier enfermedad, los costos superan lo fijado en el plan, el paciente deberá cancelar el excedente de su propio peculio. Es a esto a lo que llama la ley cuotas moderadoras y copagos. Tal es la situación aberrante de los asalariados que se encuentran en el régimen contributivo; mucho peor para los del régimen subsidiado, pues no tienen ninguna posibilidad de acceso a una atención de alta complejidad. Tal como están las cosas, en cada clínica debería colgarse en letras gruesas un aviso bien grande, para que el público sepa a qué atenerse; “Nuestra meta es el lucro, la rentabilidad y la ganancia”.

TR. Usted denunció que se ha lanzado una ofensiva contra los propios trabajadores de la salud. ¿En qué consiste?
Aldo Cadena. Las leyes 60 y 100 les arrebatan a los trabajadores de la salud la retroactividad en las cesantías. Y los han sometido al plan obligatorio de salud, POS.

Nuestras cesantías irán a parar, querámoslo o no, a un ente privado. Las prestaciones y la estabilidad desaparecen al imponerse la modalidad de la contratación civil de todos los servicios.

¿Cuál ha de ser entonces la consigna? Defender la salud pública y salir en defensa de los derechos conculcados. Los trabajadores y el pueblo nos hallamos en mora de lanzar una lucha coordinada en procura de estas dos metas.

Tal es el llamamiento combativo que seguimos haciendo Sindess y la CGTD.

Ley Helms-Burton: ESTADOS UNIDOS DESAFÍA AL MUNDO

Edgar piñeros

La corriente de la historia es incontenible, a mayor tiranía del imperio crece la resistencia que le ofrecen los pueblos. Tal es la paradoja de la ley Helms-Burton que, al arrogarse Estados Unidos la facultad de sancionar a cualquier empresa que invierta en Cuba, levantó el franco rechazo del continente americano, de la Unión Europea y de muchos otros Estados del mundo.

La decisión autoriza a las compañías norteamericanas para promover acciones judiciales contra personas y entidades que comercien con propiedades confiscadas por la revolución cubana. Las normas prohiben, además, a los nacionales de Estados Unidos, a los extranjeros residentes y a cualquier agencia norteamericana hacer préstamos a terceros para ser destinados a transacciones sobre propiedades confiscadas en la Isla y que sean reclamadas por algún ciudadano de la superpotencia.

Otras medidas son condicionar el apoyo a las antiguas repúblicas que integraron la URSS a que su comercio con la Isla se haga a precios del mercado; la oposición a que Cuba sea admitida en instituciones financieras internacionales y la reducción de ayuda a la entidad que apruebe créditos en su favor. Se pretende asimismo convertir en ley permanente los decretos y reglamentos que existen sobre el embargo para impedir que sean levantados por el presidente, y se solicita a éste que adelante en la ON U un bloqueo más amplio contra el Estado caribeño.

En el terreno político se da patente de corso a la Casa Blanca en su intento por implantar en Cuba un gobierno sumiso a los intereses de Washington. Para lograr este objetivo se financiará a grupos disidentes y será retirada la actual dirigencia, el Partido Comunista tendrá que ser ¡legalizado y se constriñe a la OEA a crear un fondo de US 5 millones con el fin de destacar en el país inspectores de derechos humanos. El nuevo gobierno convocará a elecciones y su administración será vigilada por Estados Unidos. Sería el regreso a la abominable época de la Enmienda Platt.

La arrogancia imperialista
Las disposiciones, decretadas por el Congreso y aprobadas por Clinton el pasado 12 de marzo, buscan intensificar el asedio norteamericano contra Cuba, iniciado desde 1960. El cerco a las naciones, que en el caso cubano ha significado prolongados sacrificios, ha sido siempre un arma del imperialismo para abrirles las puertas a las trasnacionales. La soberanía de las repúblicas es un estorbo para los piratas del gran capital, cuya supervivencia depende justamente del saqueo. Estados Unidos afianzó su prepotencia gracias a la extinción de la URSS a comienzos de los años noventa, y así pudo expedir en octubre de 1992 la Ley Torricelli, que impone sanciones a otros países y a las empresas gringas que hagan negocios con Cuba.

Panamá y Haití fueron encerradas militarmente, ocupadas y obligadas a aceptar gobiernos impuestos por la gran potencia; en ambos casos el ejército fue disuelto, un medió previsto en los planes hegemónicos para debilitar la defensa de las naciones. Por supuesto, todo esto cuenta con la bendición y las enseñas de la ONU y la OEA.

Resulta claro que la recolonización fraguada por Washington va más allá del mar Caribe, puesto que no reconoce fronteras en ningún país del continente. Si en el siglo pasado azuzaron la consigna ¡Cuba está en venta!, hoy la conjura es aplicarla a toda América Latina.

Pugna por el hegemonismo
Pero el capital norteamericano se ha enzarzado con rivales que le disputan la supremacía en el mercado mundial, la Unión Europea y Japón. El 5 de agosto de 1996 Clinton había firmado la Ley D’Amato, por la cual el imperio se reserva la facultad de sancionar a cualquier empresa del planeta que tenga intereses en el gas o el petróleo de Irán o Libia, siempre que la inversión fuera superior a US 40 millones en el año. La Unión Europea, que tiene compromisos comerciales con ambos países, denunció las normas como extraterritoriales y contestó con un reglamento antibloqueo. Éste les reconoce a los empresarios europeos el derecho de acudir ante los tribunales de la Comunidad parta reclamar cualquier suma que otra compañía haya obtenido por sentencia de la justicia yanqui. El presidente norteamericano fue notificado por los europeos de las medidas que pueden tomar contra los capitalistas de ese país, como la congelación de fondos y la cancelación de visas.

En el caso de la Helms-Burton, la Unión Europea expidió un cuerpo de normas para proteger a las firmas de la Comunidad que desoigan a Estados Unidos. Canadá ofrecerá a sus empresas que sean condenadas una acción recíproca para llevar ante la jurisdicción canadiense a las compañías estadounidenses que se lucraron con la Helms-Burton. La respuesta hizo que Clinton aplazara la entrada en vigor de las disposiciones hasta el 1° de febrero de 1997.

Hacia el futuro la pugna por el dominio del comercio mundial será más encarnizada, pues cada vez que Estados Unidos aísla a un país sus rivales acuden a hacerle competencia. Y frente a lo anterior, la gran potencia se ve forzada a colocarles barreras a unos y otros, violando para eso los mismos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y del Tratado de Libre Comercio (Nafta).

Cuba y la inversión del capital internacional
Con el hundimiento de la Unión Soviética, se acabó la financiación que recibía el gobierno de Castro como contraprestación a su papel de condotiero. La “ayuda” soviética mantuvo a la Isla en el atraso y la dependencia, y ahora el cerco norteamericano pretende acentuar tan difícil situación.

La Constitución cubana fue reformada en agosto de 1992 con el objeto de permitir que los particulares, nacionales y extranjeros, desarrollen actividades económicas antes reservadas al Estado y facilitar la formación de empresas mixtas y sociedades comerciales. Ahora el Estado sólo es propietario de los medios fundamentales de producción, se abandona la planificación centralizada y se crean empresas oficiales de autogestión. Sobre esta base, en septiembre de 1995, el gobierno expidió la Ley de Inversión Extranjera.

Esta última autoriza también el funcionamiento de empresas de capital totalmente extranjero y reconoce los contratos de asociación económica internacional. Se permite la inversión privada en todos los renglones de la economía, salvo en educación, salud y defensa, pudiéndose adquirir la propiedad sobre inmuebles o invertir en ellos. En el caso de empresas extranjeras, los trabajadores son contratados a través del Estado, que asume la seguridad social y las prestaciones. La eficiencia económica se consagra como guía de la acción empresarial. Se institucionalizan las zonas francas y los parques industriales, y se legaliza el trabajo por cuenta propia en algunos servicios, lo mismo que la tenencia de dólares. Se gravan con impuestos los servicios públicos. En el sector agrario ya se había restablecido el “mercado campesino”, sujeto a la oferta y la demanda, y ahora se crean las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, empresas no estatales en las que se entrega en usufructo la tierra a los trabajadores y el producto queda como propiedad de la cooperativa.

En la actualidad los sectores de la economía donde hay mayor inversión foránea son turismo -70% del cual es de capital extranjero- petróleo, níquel, telecomunicaciones y agricultura, con dineros de Canadá, España, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y México, en un volumen total cercano a los US 2.000 millones. En la actualidad funcionan más de 500 trasnacionales.

Estos hechos demuestran cómo se ha venido aplicando la apertura de Cuba al capital extranjero.

La lucha contra el neocolonialismo
La patria de Martí inicia el siglo XX convertida en neocolonia de Estados Unidos, luego de que el imperio, en 1901, la sometiera con la Enmienda Platt, que desconocía su autodeterminación, y se apropiara de su producción económica. El movimiento independentista había culminado su gesta con la derrota del ejército español en 1898, pero la potencia recién nacida usurpó el triunfo, ocupó la Isla y le impuso un gobernador militar. De este modo, la creciente penetración del capital yanqui tuvo allanado su camino hasta la llegada misma del movimiento revolucionario.

El panorama económico de Cuba en los años que precedieron al triunfo del Movimiento 26 de Julio era de un absoluto predominio del capital gringo. Controlaba energía, ferrocarriles, teléfonos y refinación de petróleos; monopolizaba la explotación de manganeso, hierro, cobre y níquel y acaparaba el comercio y la hotelería. El 47.5 de las tierras dedicadas al cultivo de azúcar eran propiedad de firmas norteamericanas.

Pero el 1° de enero de 1959 Cuba derrotó al imperialismo y tomó medidas para consolidar el gobierno revolucionario. En mayo la Ley de Reforma Agraria puso límites a la propiedad rural, con lo cual se afectaron los intereses extranjeros y de la burguesía cubana, y se traspasó al dominio del Estado 40% del área agrícola. Para 1963 sólo eran privadas las extensiones menores de 67 hectáreas.

En julio de 1960 fueron confiscadas las propiedades de la Texas, la Esso y la Shell, a lo cual Eisenhower replicó con la terminación de las importaciones de azúcar. En octubre del mismo año el gobierno cubano nacionalizó 382 empresas, entre las cuales estaban incluidas entidades bancarias, refinerías, molinos de azúcar, hoteles y aseguradoras, y firmas como Sears, General Electric, Coca Cola y Remington Rand.

En enero de 1961 se produce la ruptura de relaciones diplomáticas. El imperio, que había amasado grandes fortunas con el sudor del pueblo cubano, ahora las perdía irremediablemente.

De ahí para acá la agresión norteamericana ha sido permanente en la búsqueda de recuperar sus inversiones. Para ello pone sitio no sólo a Cuba sino a todos los países de América, pues su suerte es expoliar para sobrevivir. He ahí el secreto de la Helms-Burton.

Este atropello es una prueba para la defensa de la autodeterminación de las naciones de América Latina. Y si no la hacen los gobiernos, la harán los pueblos.

LA SOBERANÍA NACIONAL A FINALES DE SIGLO

Enrique Daza

Con este tema se llevaron a efecto, entre el 23 y el 26 de agosto, sendos foros en Bogotá, Cartagena y Medellín.

Para la organización de tales eventos, y bajo la coordinación del Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo, participaron además la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia; la Universidad de Antioquia; la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana; la Universidad Cooperativa de Colombia; la Academia de Ciencias Económicas; la Federación de Ingenieros Agrónomos de Colombia y la Universidad del Atlántico.

Los foros fueron instalados, en Bogotá, por el padre Javier Sanín, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Javeriana, y por Enrique Daza, director de Cedetrabajo y de la revista Deslinde; en Medellín, por el rector de !&Universidad de Antioquia, Jaime Restrepo, y en Cartagena, por el vicerrector de la Universidad del Atlántico, Enrique Mesa, y por Fernando Guerra, coordinador de Cedetrabajo en Cartagena

El ponente Manfred Bienefeld, PhD de la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá, se refirió al deterioro de la soberanía nacional a raíz de los programas de ajuste estructural impuestos por las entidades multilaterales de crédito.

James M. Cypher, PhD y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de California en Fresno, Estados Unidos, habló sobre los estragos del neoliberalismo en los países del Tercer Mundo.

Raúl Fernández, PhD de la Universidad de California, detalló la nueva política militar norteamericana que busca desarticular los ejércitos de América Latina.

Nicanor León Copayo, periodista y catedrático de la Universidad de la Habana, se refirió a los atropellos cometidos por Estados Unidos en aplicación de la Ley Helms Burton.

Y José Fernando Ocampo, PhD, profesor universitario e investigador de Cedetrabajo, hizo un recuento histórico de la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Colombia.

Las siguientes son las palabras de Enrique Daza, director de Cedetrabajo, al instalare! foro en Bogotá el 23 de agosto:

“Ante la ininterrumpida intervención norteamericana en los asuntos internos de Colombia, surgió la idea de realizar el presente foro.

“Mirando un poco hacia atrás, cabe recordar que el nacionalismo en su versión moderna fue la llama que durante el siglo pasado avivó la creación de los Estados europeos y que en Norteamérica sentó las bases de lo que hoy es Estados Unidos. La llamada “primavera de las naciones” liquidó en el terreno político al oscuro medioevo y sustituyó, las más de las veces, la autocracia por las repúblicas parlamentarias.

“En el siglo XX, el nacionalismo de los países desarrollados los llevó al devastador enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial. Y la defensa de sus intereses nacionales, más allá de sus fronteras, los convirtió en imperios y sumió a los países atrasados en la opresión colonial y el neocolonialismo.

“De esta forma, los estandartes, idiomas y modos de vida ingleses, franceses y norteamericanos, entre otros, se diseminaron por doquier, en lo que constituyó la reafirmación de las potencias y el menoscabo de los territorios hoy llamados del Tercer Mundo.

“Sin embargo, en medio de miles de peripecias y de grandes transformaciones sociales se constituyeron la inmensa mayoría de las naciones de Asia y África. De esto hace apenas unos cincuenta años.

“Estados Unidos, ayer y hoy, ha sido un vigoroso defensor de sus propósitos nacionales. En nombre de los intereses norteamericanos en peligro, en busca de la protección de sus ciudadanos amenazados, o simplemente en procura de acrecentar su fuerza nacional, ha intervenido política, económica y militarmente a lo largo y ancho del planeta. Varias leyes de protección para sus negocios han sido impuestas acerbamente, aun en territorios distantes. Hoy legisla no sólo para sus ciudadanos sino para que todos acaten sus disposiciones en cualquier lugar del mundo.

“Cuando se habla de la decadencia del nacionalismo, de la desaparición de la soberanía dentro de un mundo globalizado, nadie habla de la desaparición del nacionalismo norteamericano, hoy más agresivo que nunca.

“Se insiste en la decadencia del nacionalismo de los pobres, y se olvida el afán nacionalista en Francia, que estalla bombas atómicas en las barbas del Tío Sam. Se aplasta al nacionalismo serbio y se ataca como pasado de moda el de los países africanos, mientras se elogia el esfuerzo japonés para que su nación tenga una importancia política acorde con su fuerza económica.

“En el mundo actual, tan globalizado como fragmentado, el campeón de la lucha contra la soberanía de los países pobres es Estados Unidos. Quiere un mercado homogéneo, sistemas políticos y económicos atados al suyo, la facultad de hacer y deshacer. Pero como la humanidad de hecho está agrupada, desde Washington se procura que las formas de asociación sean pequeñas, “descentralizadas”, “autónomas” y manejables. Su nación se reserva el derecho a la fortaleza y a la iniciativa a escala mundial.

“El nacionalismo norteamericano, o si se quiere, en el término que ha recobrado vigencia, el imperialismo norteamericano, pretende imponer una forma de vida y de economía que no ha proporcionado felicidad ni dignidad siquiera a sus propios habitantes. Para esto vale todo: intervención militar, guerra contra las drogas, campañas contra la corrupción, defensa del ambiente, generalización de programas de ajuste y mil cosas más. Lo único que no le sirve a la superpotencia es que los países pobres aúnen esfuerzos, desarrollen sus economías, caminen en sus propios pies, escojan libremente su destino, no se sometan a una división desigual del trabajo y hagan valer los precios de sus productos. Si todas las naciones adoptaran una política de igualdad y fraternidad como la que debe regir las relaciones entre las personas, ésta sería la verdadera vía hacia la paz y el desarrollo. La imposición, la arrogancia, el chantaje y la sumisión, sólo pueden ser motivo de nuevas y mayores contradicciones.

El contexto de esta problemática y su incidencia en Colombia, es el propósito de este Foro. Cedetrabajo quiere, al instalarlo, agradecer a todas las personas que lo hicieron posible, especialmente al padre Javier Sanín, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, y a los doctores Germán Umaña, decano de Economía de la Universidad Nacional, Jaime Restrepo, rector de la Universidad de Antioquia, Raúl Alameda, secretario de la Academia de Ciencias Económicas, Tobías Correa, presidente de la FIAC, y a Raúl Fernández, de la Universidad de California, quien desde Estados Unidos coordinó la visita de los distinguidos profesores visitantes. Y a muchos otros que sería largo enumerar.

NUEVA AGRESIÓN YANQUI A IRAK

Los días 2 y 3 de septiembre el gobierno de Clinton, aduciendo mentirosamente una resolución de la ONU y sin tomar consentimiento a sus aliados, bombardeó alevemente el sur de Irak para destruir su defensa antiaérea. El ataque causó decenas de víctimas. La nueva expedición realza las profundas contradicciones en que se debate el Tío Sam y ha recibido el repudio de la comunidad internacional. Francia, China y Rusia rechazaron enfáticamente la acción estadinense. El conjunto de los países árabes se opuso. Sólo la aprobaron Inglaterra, su adlátere europeo; y Japón y Canadá.

La agresión pretende justificarse por una supuesta violación de Bagdad a la resolución 688 de 1991 del Consejo de Seguridad, mediante la cual se conminaba a Irak a “cesar la represión contra los civiles kurdos y chiítas”. Al amparo de dicha resolución los aliados limitaron la soberanía iraquí sobre prácticamente dos tercios de su territorio, al crear las “zonas de exclusión militar” al norte y sur del país. Con base en esto Estados Unidos creó en las tres provincias norteñas, habitadas por kurdos, una parodia de Estado.

Pero a Washington le fue imposible mantener bajo su alero a los secesionistas Partido Democrático del Kurdistán y Unión Patriótica del Kurdistán. El primero llegó a tácitos acuerdos con el gobierno central y empezó a controlar la región, mientras el segundo entró en entendederas con Irán, el otro archienemigo de los gringos.

Y en el frente aliado, la unanimidad alcanzada para arrasar al país petrolero a comienzos de 1991 se fue minando por la misma razón por la que se forjó: el negocio. Los 112 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo y los 214 mil millones probables, fueron razón más que suficiente. A las gigantes francesas del petróleo Total y Elf Aquitaine y a compañías rusas se les ofreció la posibilidad de explotar grandes yacimientos tras el levantamiento eventual de las sanciones. París y Moscú se dieron a presionar el levantamiento del embargo que ellas mismas contribuyeran a establecer.

Al prohibirse a Irak la venta de su petróleo, se lo dejaba sin los fondos necesarios para comprar alimentos y medicinas. El hambre se esparció. Aun así, las potencias idearon condiciones ominosas para levantar el bloqueo. Tal es el caso de la resolución 986 de la ONU, que con el anzuelo de permitirle vender el equivalente a US $ 2.000 millones en petróleo cada seis meses, para comprar comida y drogas, impelía a la nación árabe a aceptar su desintegración territorial, ya que la obligaba a destinar parte sustancial de esos ingresos a las provincias kurdas segregadas.

Finalmente la resolución se modificó declarando que las medidas de control solo eran temporales y que la ONU se comprometía con la integridad territorial del país. A pesar de Washington, se pactó que en este septiembre empezaría a fluir de nuevo crudo iraquí al mercado mundial.

Las quemantes arenas del Medio Oriente estaban dejando de ser propicias antes de lo pensado para la gran potencia, de ahí que optara una vez más por su método bastardo de la agresión militar. Promovió la secesión kurda, dentro de su lógica de romper la unidad de las naciones, pero sus protegidos terminaron acogidos al regazo de Bagdad. Instauraron normas draconianas contra la nación vejada, como lo hacen a lo largo y ancho del mundo, pero esas mismas normas acabaron por convertirse en oportunidades preciosas para sus competidores, un fenómeno que también se generaliza.

En fin, desde una perspectiva histórica y frente a los poderes que empiezan a unirse contra el imperialismo yanqui, la “tormenta del desierto” hoy evoca apenas una granizada. Y eso que los pueblos del mundo aún están por pronunciarse.

POR TRABAJO Y PAN, MILLONES DE ARGENTINOS AL PARO

El 8 de agosto, Argentina amaneció semiparalizada a causa de una huelga de 24 horas convocada por la Confederación General de Trabajadores, CGT, contra la política económica aperturista del gobierno de Carlos Saúl Menem, quien asumió el poder en 1989. Se sumaron al llamado el Congreso de Trabajadores Argentinos, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, la Iglesia, pensionados, comerciantes, pequeños y medianos industriales, agricultores y un pueblo empobrecido que reclama sus más elementales derechos: trabajo y pan.

De tiempo atrás los argentinos han librado importantes luchas, pero es la primera vez que el movimiento obrero unificado se pone a la cabeza de una protesta de tanta envergadura nacional.

Desastroso balance
Como Chile y Brasil, Argentina bajo la dictadura militar empezó a aplicar las políticas neoliberales. En 1976 abrió sus mercados a la competencia extranjera; decretó libertad de precios y de intereses bancarios, que se ubicaron más de diez puntos por encima de los internacionales, una tasa imposible de aguantar por los sectores productivos; eliminó subsidios, facilitó aún más la repatriación de capitales a las metrópolis y arrebató importantes conquistas laborales.

Las consecuencias no se hicieron esperar. En 1981 la economía decreció en 6.1%, se quebraron 1.886 empresas de capital nacional, la producción agrícola y ganadera se redujo a sus más bajos niveles, la balanza comercial registró un saldo en rojo de 3.500 millones de dólares, la tasa de desempleo se disparó.

En 1983, después de siete años de dictadura militar, fue elegido Raúl Alfonsín. La situación económica era caótica, la inflación comenzó a desbordarse y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impusieron nuevos gravámenes que desestimularon la industria y el agro, congelaron los salarios, elevaron las tasas de interés y reemplazaron el peso por el austral. La inversión se redujo, los precios no dejaron de subir y el país entró en recesión.

En 1989, con una inflación de 5.000%, subió al poder un extravagante personaje: Carlos Saúl Menem. Al igual que sus homólogos Gaviria y Fujimori, adecuó las leyes a los dictados imperiales. So pretexto de llevar la inflación a cero, dolarizó la economía, con la consecuente congelación de los salarios, el incremento desproporcionado de las importaciones, la supresión de los subsidios y de toda medida estatal destinada a estimular la producción. En la actualidad, Menem y su recién nombrado ministro de Economía, Roque Fernández, pretenden reemplazar los acuerdos colectivos por el pago a destajo, eliminar la jornada de ocho horas, abolir las pensiones de privilegio, en fin, lo que cínicamente han llamado “flexibilización” y “modernización” laborales. Ya se privatizaron las empresas que quedaban en manos del gobierno; sólo faltan las hidroeléctricas y las plantas nucleares.

Las reformas en el país austral hacen parte de la estrategia de las trasnacionales encaminada a integrar a toda América Latina en un solo mercado. Ya crearon a Mercosur, con 200 millones de consumidores. Y proyectan el Safta, esto es, Área de Libre Comercio de Surámerica. Son pasos del plan norteamericano de recolonización, que abarca desde México hasta la Patagonia. La revista Time del 26 de agosto de este año lo describió gráficamente: “Para qué enviar manufacturas y productos a Nueva York y a los Países Bajos, cuando hay listo un mercado a sólo unos cientos de kilómetros”.

Primer estallido
La protesta del pasado 8 de agosto se hizo sentir a lo largo y ancho del país. Hubo marchas y concentraciones en todas partes. En dos de las más importantes capitales de provincia, Córdoba y Mendoza, el paro fue un éxito. En la primera, que ya había sido testigo de violentos disturbios cuando sus pobladores se levantaron para rechazar las “políticas de ajuste” adelantadas por Menem y su anterior ministro de Economía, Domingo Cavallo, el cese de actividades fue total. En Mendoza los sindicatos, los gremios, los comerciantes, los industriales más afectados por las últimas medidas, paralizaron la ciudad.

Buenos Aires, cuya población sobrepasa los once millones de habitantes, vivió una histórica jornada. Cuando los manifestantes trataban de organizar las ollas populares en cuatro de las principales plazas de la-capital, la policía federal arremetió contra ellos. Atropelló incluso a mujeres, ancianos y niños, y detuvo a varios de sus dirigentes, pero no logró acallar la protesta.

El miércoles 7, casi un millón de personas se congregaron en la capital para rezarle a San Cayetano, patrono del trabajo, y pedirle lo que el gobierno les niega: empleo. La Iglesia, que respalda las manifestaciones, afirmó a través del obispo Antonio Quarracino, que la desocupación trae hambre, amargura y desórdenes, y que atenta contra la dignidad del ser humano.

El paro fue la respuesta a las últimas disposiciones tomadas por Cavallo, a quien Menem había destituido días antes tratando de apaciguar el creciente descontento. Este nuevo paquete de medidas incluyó mayores impuestos, redujo las asignaciones familiares, al ser gravados los tickets que forman parte del salario y permiten la compra de alimentos y otros productos de primera necesidad; eliminó los subsidios para los pensionados en las tarifas de servicios, transporte y arrendamientos, y disminuyó en 20% el presupuesto de salud para los mismos.

Roque Fernández, ex presidente del Banco Central, quien reemplazó a Cavallo en el Ministerio de Economía, se reunió unos días antes del paro con los asesores del FMI, para garantizarles la continuidad del modelo neoliberal y aperturista.

Durante las negociaciones, el FMI exigió reducir la evasión fiscal e incrementar el impuesto a los combustibles, ampliar el gravamen del IVA, elevar el transporte, envilecer aún más el precio de la mano de obra, gravar los salarios y disminuir el costo pensional aumentando la edad de jubilación de las mujeres a 65 años para igualarla con la de los hombres.

A las provincias que, por disposiciones vigentes, debieron asumir el mayor peso de los costos de infraestructura, educación, salud y servicios públicos con el señuelo de otorgarles mayores transferencias del presupuesto nacional, ahora se les pretende negar lo que les correspondería de los ingresos provenientes de la mencionada reforma. Esto ahonda las contradicciones entre las provincias y el gobierno central, fomentando tendencias separatistas.

Tales políticas acentuarán la recesión, provocando el despido masivo, en un país en el cual el desempleo bordea la escandalosa cifra del 20%, y pauperizarán en mayor medida a las masas laboriosas.

Al reciente paro le seguirán muchos más. La CGT anunció una nueva batalla, para la cual sólo falta concretar la fecha, porque la capacidad de maniobra de Menem y la paciencia del pueblo se agotan. En Argentina, que en la década de los veinte, junto con Ucrania, fue el mayor abastecedor de cereales del mundo y actualmente es el cuarto productor de carne, se ven escenas dantescas como la de humildes familias comiendo gatos para no morir de hambre, y a desempleados y jubilados en la concentración de Buenos Aires, disputándose con los perros la comida, cuando la policía cargó contra la multitud y arrojó al suelo las ollas populares. Tal es el grado de miseria al que Menem ha conducido al pueblo argentino.

La nación gaucha, al igual que el resto de sus hermanos de América Latina, sólo alcanzará la plena soberanía y el bienestar derrotando al imperialismo y sus políticas neoliberales al calor de batallas como las que se libraron en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán y las ciudades de la pampa el pasado 8 de agosto.

DESPIDOS EN EL BANCO GANADERO, SÍMBOLO DE LA PRIVATIZACIÓN

Olger Forero
Por 300 millones de dólares, y en martillo de venta realizado el 27 de agosto, el Banco Bilbao Vizcaya de España se quedó con el 40% del Banco Ganadero. Como nuevo presidente de la junta directiva fue designado el español José María Ayala, en representación del sector mayoritario, que será en adelante el que defina el rumbo.

Según la Reforma Financiera o Ley 45 de 1990, que autorizó privatizar la banca oficial, ya los conglomerados foráneos pueden comprar el ciento por ciento del capital accionario de cualquier entidad del sector financiero.

El Bilbao Vizcaya, resultado de la fusión en 1988 de los dos bancos más importantes de España, y al que se unió después el Grupo Banesto, tiene activos por 6 billones de pesetas (60 billones de pesos, aproximadamente) y cuenta con, tres mil oficinas, dos mil cajeros automáticos y filiales en Puerto Rico, Portugal, Bélgica y Marruecos. Acaba de comprar al Grupo Probursa, de México, y al Banco Continental del Perú, y ha anunciado que está dispuesto a invertir dos mil millones de dólares para hacerse al control de importantes bancos en México, Brasil, Argentina y Chile.

En la alegre subasta del sector financiero colombiano puesta en marcha por Gaviria y Samper se hallan dispuestos a participar, además del capital español, fuertes consorcios de Estados Unidos y el Grupo Luis Carlos Sarmiento. Entre los bancos oficiales de Colombia que van a ser privatizados, se encuentran ya en lista de espera el Popular, el Central Hipotecario y la Caja Agraria.

¿Qué es el Banco Ganadero? Fundado en el gobierno de Rojas, estuvo en un principio orientado al fomento exclusivo de la ganadería.

Pero con la Reforma Financiera, el viraje hacia la banca comercial. Es en la actualidad el primer banco del país en activos, y cuenta con 150 oficinas, 6200 empleados, y sucursales en Miami y Panamá.

Para abrir sus actividades en el país, los nuevos dueños comenzaron por recargar labores y reducir el personal en varias dependencias. No se secaba aun la tinta del convenio cuando ya una docena de empleados perdía su trabajo y una veintena más quedaba en capilla.

Las palabras mágicas son ahora reestructuración, nuevo modelo de oficina, módulos de trabajo, que traducidas a la cruda realidad significan destituciones colectivas, expoliación sin freno e incertidumbre laboral.

Con razón se ha afirmado que no hay símbolo más patente de las políticas neoliberales y privatizadoras que los miles y miles de personas que pasan a engrosar día a día el ejército de reserva.