AVANZA LA RESISTENCIA DEL PUEBLO IRAQUÍ POR LA LIBERACIÓN NACIONAL

Por Francisco Valderrama Mutis

La recolonización

Determinado a mantener fuera de Irak a las potencias que no se plegaron a su voluntad, Estados Unidos asumió su papel de amo colonial con todas las consecuencias. Nombró un virrey, Paul Bremen, e instaló un Consejo de Gobierno en el cual se codean literalmente todos los colaboracionistas, desde Chalabi, el banquero acusado de fraude en Jordania, los chiítas y los jefes kurdos, hasta Hamid Mousa, dirigente del Partido Comunista iraquí. Adjudicó a las multinacionales norteamericanas, cuyo puesto en el escalafón se mide por la calidad de los aportes hechos a la campaña presidencial de Bush y por la participación que en ellas posean los miembros más cercanos de su gobierno, las obras de reconstrucción de la infraestructura básica, destruida sistemáticamente a la medida de los contratos, exceptuando cuidadosamente toda la industria petrolera, la que aspira a poner en óptimo funcionamiento lo más pronto posible, para cumplir con uno de los objetivos no declarados de su guerra de agresión. Entre las compañías beneficiadas por el reparto del botín se destaca la compañía Enron, famosa porque sus ejecutivos inflaron los balances y estafaron a sus empleados y accionistas.

Después de la toma de Bagdad, y ante el desplome de la organización de la sociedad iraquí, los marines norteamericanos tuvieron que asumir el papel de policía colonial. Tres meses después su moral está por el suelo. Se sienten blancos móviles en la mira de una resistencia que expresa la ira del pueblo contra la ocupación de su territorio y la angustia por su futuro con una administración incapaz de restaurar los servicios básicos. El desempleo es casi absoluto y lo único que florece, como en Afganistán, es el tráfico de drogas y el contrabando. Como en todos los países del Tercer Mundo, progreso para la administración Bush significa grandes ingresos para las multinacionales y los colaboracionistas, y pobreza e indigencia para la inmensa mayoría de la población.

Para completar el cuadro, en las afueras del aeropuerto de Bagdad, las fuerzas coloniales instalaron un precario campo de concentración donde hacinan a todos los iraquíes que caen en su poder. El tratamiento a los prisioneros rivaliza ventajosamente con el dado por los nazis a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y se equipara con el dispensado a los talibanes afganos en el famoso Campo X de la Base gringa de Guantánamo. Los gobiernos norteamericanos que se autonombraron adalides de la defensa de los derechos humanos, con el fin de poder intervenir y coaccionar a naciones y gobiernos no respetan, en «el nombre de Dios» y la «humanidad», el más mínimo derecho democrático de quienes obstaculizan su dominación. Las torturas, las vejaciones, las humillaciones, los golpes y los asesinatos son los instrumentos de sus campos de concentración.

El escándalo de las causas de la guerra

Bush decidió velar los verdaderos fines de la guerra, considerando que era más fácil conseguir el apoyo del pueblo norteamericano y de las naciones del mundo con unas cuantas mentiras que con la confesión de sus objetivos estratégicos. Ocultó entonces que se trataba de derrocar el gobierno de Sadam Hussein, mediante una verdadera masacre que ha causado 10 mil bajas civiles y 20 mil soldados iraquíes, con el fin de dar una lección a los países árabes y convencerlos de que estaba dispuesto a asumir el costo de las bajas norteamericanas con tal de disuadirlos de seguir prestándole apoyo a grupos como Al Qaeda y otros fundamentalistas islámicos; que las multinacionales norteamericanas del petróleo no podían seguir por fuera de un negocio que puede en muy poco tiempo redituar ganancias por 60 mil millones de dólares al año (el costo de la reconstrucción se calcula apenas en 100 mil millones, pero por una sola vez, y lo utilizan como otro negocio) y garantizar el suministro estratégico de la principal fuente de energía; que necesitaba demoler toda la infraestructura económica de Irak, con el fin de que las empresas norteamericanas pudieran construir un modelo de país árabe con una economía totalmente privatizada desde sus cimientos; que necesitaba garantizar, pasando por encima de las instituciones internacionales, que la posición hegemónica de EU permaneciera indiscutida; en fin, que era necesario adelantar sus bases militares con el fin de cercar a los potenciales enemigos del futuro, restándole espacio a la competencia de otras potencias económicas.

El escándalo que se venía gestando por el persistente fracaso en descubrir las armas de destrucción masiva, ADM, y probar los supuestos vínculos con Bin Laden, estalló cuando se comprobó la falsedad de la acusación a Sadam Husein de negociar la compra de óxido de uranio en África, incluida en el discurso de Bush sobre el Estado de la Unión, el pasado 18 enero. La irresponsabilidad de mentirle al Congreso y a la nación en pleno, desembocó en un cruce de acusaciones entre Bush, la CIA y la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice. Ante un público atónito quedó demostrado que Bush es un mentiroso, que la CIA es incapaz, que la asesora es una irresponsable que no leyó convenientemente los memorandos que la CIA le envió y que el conciliábulo neoconservador que rodea a Bush acomodó a su antojo los datos de inteligencia para justificar la guerra. Finalmente Bush tuvo que reconocer su responsabilidad y, de paso, desmintió a Blair, cuya situación se agravó con el suicidio (?) del científico que le aportó a la BBC las pruebas del engaño.

Dificultades de Bush y avances de la resistencia

Estados Unidos logró hacer aprobar en el Consejo de Seguridad, con la ausencia de Siria, la resolución 1483 de mayo 22 de 2003, mediante la cual consiguió levantar las sanciones que pesaban sobre Irak, legalizar la venta de petróleo y manejar todos los recursos provenientes de su comercio, protegiéndolos de cualquier reclamación, así como la aprobación retroactiva de sus actos de agresión y la exclusión de los inspectores de armas de la ONU de cualquier pesquisa en Irak. Las demás potencias reconocen que el imperialismo norteamericano triunfó en su guerra de agresión, demostrando que no podía ser detenido por la comunidad internacional. Pero se niegan a colaborar con tropas y financiamiento y exigen una nueva resolución que les permita compartir el gobierno del enclave colonial. Hubert Védrine, ex canciller francés, dijo: «Necesitamos asumir una actitud positiva…Pero al mismo tiempo, no podemos simplemente mandar nuestros hombres a Irak a apoyar una política, que en mi opinión no vemos. Sumar tropas a las norteamericanas ¿para hacer qué?» Y Chirac dijo en un discurso en Malasia: «No podemos aceptar más la simple ley del más fuerte» (The New York Times, 29 de julio de 2003).

En la difícil situación, Estados Unidos necesita camuflarse detrás de una administración de la ONU que concluya su «legalización». Hasta ahora solamente ha conseguido el apoyo de las potencias que lo acompañaron en la aventura bélica y el de algunas «repúblicas bananeras» como El Salvador, Honduras, Azerbaiyán, Estonia, Filipinas o Lituania, entre otras. Pero, a la vez, no suelta la presa que tiene entre las fauces.

La situación económica de Estados Unidos se deteriora, a pesar del leve repunte obtenido artificialmente por medio de los gigantescos gastos militares del Estado. El déficit anual saltó de 300 mil a 500 mil millones de dólares, el desempleo aumenta, las ventas de automóviles caen y los gastos multimillonarios para sostener una fuerza permanente en Irak y Afganistán, que llegan ya a US$5.800 millones de dólares mensuales, pronto se tornarán insostenibles para un presidente acuciado por la necesidad de presentar resultados con vista a la carrera por la reelección el próximo año, enturbiada desde ya por lo que se empieza a llamar el «irakgate», parodiando el escándalo que tumbó a Nixon de la Presidencia.

En el frente iraquí, no obstante que Bush declaró terminada la guerra de agresión contra Irak el 1º de mayo pasado, es notorio el empantanamiento de las fuerzas norteamericanas. El desarrollo de una guerra de guerrillas cada vez más sofisticada y agresiva, impensable para el mando norteamericano, que causa 10 soldados muertos por semana en promedio (la creciente y abultada cifra de heridos nunca se menciona), obligó a reconocer su existencia y la ausencia de planes para enfrentarla. El leve respiro obtenido con la muerte de los dos hijos de Sadam no se tradujo en una disminución de los ataques a las fuerzas norteamericanas. Hasta los policías nativos reclutados exigen para desarrollar su trabajo que los marines se retiren de sus cuarteles.

La inclusión de una mayoría chiíta en el Consejo de Gobierno títere y las negociaciones con Irán, apuntan a impedir que a la resistencia guerrillera se le sume una intifada del sur iraquí. Forzado y a regañadientes, Bush le tuvo que bajar el tono a las amenazas contra Siria, Irán y Corea del Norte, esperando que sus fuerzas salgan del compromiso en que se encuentran maniatadas, con el fin de hacer el próximo envite en su objetivo de mantener la hegemonía mundial.

Hegemonía que será combatida por la lucha de los pueblos y naciones agredidos, por la oposición de las potencias afectadas y por los trabajadores y los pueblos del mundo que repudiamos todo intervencionismo y nos solidarizamos con las fuerzas de resistencia y su lucha por la liberación nacional.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO REFUTA ENCUESTA SOBRE «ALTA POPULARIDAD» DE URIBE VÉLEZ

Robledo demuestra que, en vez de dar respaldo mayoritario al presidente Uribe, 62 por ciento de los colombianos desaprueban la política de empleo del gobierno y 77 por ciento rechazan el Referendo.

En carta dirigida el 23 de julio a Enrique y Rafael Santos, directores de El Tiempo, el senador Jorge Enrique Robledo, de la coalición Unidad Cívica y Agraria-MOIR, señaló que la supuesta «alta popularidad» del presidente Uribe es producto de encuestas amañadas y comprobó con detallado análisis que la mayoría de los colombianos repudia las dos principales políticas del gobierno: la económica, que se traduce en un desempleo galopante, y el Referendo antidemocrático.

El texto de la carta es el siguiente:

«En la primera lectura del titular de El Tiempo de hoy Con Uribe, salvo la economía, todo va bien, pensé que era una ironía. Pero con el subtítulo de la misma noticia Presidente tiene una favorabilidad del 70 por ciento, quedó claro que se tituló en serio. De otro lado, en la encuesta a la que me refiero por ninguna parte aparece la mencionada favorabilidad del 70 por ciento; lo que más se le puede parecer a esa cifra es el 64 por ciento de opinión favorable a ‘la forma’ como está gobernando el Presidente. ¿Cómo se explica esa notable diferencia del 6 por ciento?

«¿Cómo así que ‘salvo la economía, todo va bien’? ¿No hubiera sido más consecuente con el sufrimiento de tantos titular 62 por ciento de los colombianos desaprueba la política de empleo de Uribe Vélez, que es lo que también dice el resultado de la encuesta? ¿Por qué minimizar el inmenso horror de pobreza, miseria y hambre, más la falta de acceso a la salud, la educación y la vivienda que hay detrás de esta respuesta? ¿Por qué no se incluyó una pregunta sobre cuál consideran los colombianos es el principal problema del país, si cada vez que se pregunta al respecto, como es obvio, gana el desempleo?

«¿Y tampoco es digno de introducir en la interpretación con la que se titula el resultado de la encuesta la caída del 41 al 23 por ciento de los que, ‘definitivamente’, sí van a votar el Referendo? ¿No pone en entredicho la supuesta favorabilidad del 70 por ciento de Uribe que el 77 por ciento estemos en contra de su principal política?

«Con titulares e interpretaciones como los que les comento se puede entender por qué es que se mantiene, según se dice, ‘la alta popularidad’ de Uribe Vélez.»

Condena reeleccionismo de Uribe

El senador Robledo condenó en forma categórica la anunciada propuesta que apunta a permitir que el presidente Uribe sea reelegido en 2006. «Equivale a romper en materia muy grave las más elementales reglas del juego de la democracia», dijo Robledo, al rechazar la iniciativa que vienen promoviendo algunos gremios económicos y reconocidos dirigentes de la bancada mayoritaria en el Congreso.

El senador Robledo calificó al uribismo como «bonapartista en lo del Referendo y autoritario en lo de la reelección». Recordó cómo todos los dictadores llegaron al poder con un gran respaldo popular, generalmente «impusieron referendos para a nombre de la democracia torcerle el cuello a la democracia», se hicieron reelegir por mayorías manipuladas y, al final del camino, no hallaron otra cosa que el repudio del pueblo, «inexorable suerte de todo aquel que utiliza el poder para intentar perpetuarse, en asocio de unos cuantos inescrupulosos, en la dirección del Estado». Ahí está el caso de Fujimori, añadió el senador.

Robledo Castillo llamó a patriotas y demócratas a repudiar sin timideces el proyecto reeleccionista.

Umbral y cifra repartidora, guadañas contra fuerzas minoritarias

«La reforma política, al igual que el resto de normas adoptadas por el régimen, es profundamente antidemocrática», denunció el Senador de Unidad Cívica y Agraria-MOIR. «La reacción cuenta con un par de nuevas herramientas, el umbral y la cifra repartidora, dos filosas guadañas diseñadas para sacar del ruedo a los partidos pequeños, a todo nuevo movimiento y a las fuerzas minoritarias de los partidos Liberal y Conservador».

Para tener derecho al umbral, el aspirante al Senado deberá sacar como mínimo en las próximas elecciones el 2% de los votos depositados, es decir, más de 200 mil. Robledo denunció: «Con este tipo de maniobras —recomendadas hace un tiempo por la Misión Alesina y por la Universidad de Yorktown, en la lógica de la ‘gobernabilidad’—, la rosca atrincherada en el Poder aspira a contar con un Congreso más de bolsillo y más adocenado que el actual».

«En la vida de la nación se vienen imponiendo criterios que rayan con el despotismo. Todo apunta a cercenar libertades tan básicas de los ciudadanos como el derecho a organizarse en partidos y en sindicatos».

Al pueblo se le va a pedir que apruebe en el Referendo el umbral y la cifra repartidora, ya aprobadas en el acto legislativo de la reforma política.

Editorial: CONTRA EL ABSOLUTISMO DE URIBE VÉLEZ

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

A cien años del asalto imperialista que despojó a Colombia de Panamá, es evidente que el esforzado recorrido histórico de varias generaciones de colombianos en busca del desarrollo material y espiritual que haga más satisfactoria su residencia en la tierra, ha estado bloqueado por las políticas sucesivamente impuestas por la oligarquía pro-imperialista de turno. Aunque para ese estancamiento económico y democrático ésta siempre contó con los partidos liberal y conservador como instrumentos principales, el hecho de que ellos conservaran ascendencia en considerables sectores sociales y todavía tuvieran algunos escasos miramientos respecto al patriotismo y la democracia que alienta en la población, constituía un estorbo para la aplicación más expedita de la política de recolonización imperialista emprendida en las últimas décadas del siglo pasado por Estados Unidos, política a la cual estaba subordinada la dominación que la oligarquía, ahora embebida en el capital financiero, tenía sobre el Estado. Recurrieron entonces, imperialismo y oligarquía, a desplazar a esos partidos de su consuetudinario papel y para ello impulsaron el montaje de agrupaciones, movimientos o partidos disidentes encabezados por personajes cuyas características más apropiadas para el servilismo que precisaban ambos fuesen la mediocridad y la pusilanimidad.

El propósito era otro despojo, no ya de un pedazo de su territorio como hace un siglo, sino de la nación entera, de su soberanía, de los frutos de la producción y el trabajo, de su comercio y de sus valores culturales. Y en la procesión de gobernantes con la mencionada caracterización, que han venido acondicionando a la nación como una republiqueta de fácil abordaje para ese avasallamiento, el turno le correspondió a Álvaro Uribe Vélez. Tiene plena lógica, entonces, que sus actos de gobierno durante el año que lleva en la Presidencia hayan quebrantado tan gravemente la autonomía y consistencia del país y acogotado tan intensamente a la mayoría de los compatriotas, conduciéndolos a la mayor encrucijada de su historia.

Aunque siempre indispensable, la cuestión hoy no radica en registrar los numerosos hechos oficiales que a diario corroboran esa riesgosa situación del país, sino en dilucidar sus causas principales a fin de poder enfrentar eficazmente la tenaz embestida de Uribe y el imperialismo. Aunque por lo que se vive, nadie debería llamarse a engaño sobre los funestos alcances que tienen esos obsesivos empeños, no sobran para la tan necesaria como inevitable lid unas cuantas precisiones.

La resistencia en ascenso contra los planes de recolonización puestos en ejecución por los de Estados Unidos, similares en su naturaleza a los tramados para el resto de países de América Latina, así como contra los métodos que se utilizan para imponerla, es la forma concreta que ha adquirido en los últimos tres lustros la moderna lucha de clases en Colombia. El encumbramiento de Uribe Vélez a la jefatura del gobierno obedece a las circunstancias generadas por esa lucha. Igualmente, las que hoy sigue generando permiten calibrar el sentido y alcance de cada uno de sus actos de gobierno. Al ser un presidente cuyo mandato y cuya gestión son “ocasionados” por tales circunstancias, la crítica y oposición a Uribe, para ser verdaderas y acertadas, no se pueden desligar de los intereses imperialistas y oligárquicos que él representa en la lucha de clases.

De allí que la táctica de la resistencia civil contra la política del gobierno uribista deba determinarse con base en este criterio. Porque si bien es natural que esa ligazón sea maliciosamente callada, cuando no negada u ocultada, por los neoliberales en defensa de esos intereses, cual lo hacen, por ejemplo, dirigentes de los gremios económicos como el peripatético presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, y el no menos estrafalario directivo de Fenalco, Sabas Pretel, no se entendería que hicieran otro tanto dirigentes de izquierda e independientes, que para merecer tal título deben defender intereses de la población antagónicos con aquellos, o, en una actitud política vergonzante, eludieran entre chascarrillos e ideas necias señalar nítidamente la relación entre la políticas de Washington y Bogotá, y soslayaran explicar pacientemente a las gentes que la política encarnada por Uribe Vélez cae como rayo abrasador sobre la nación por gestarse en el convulsionado cielo que crean a diario las imposiciones imperialistas y que su dañino efecto, aunque históricamente fugaz, durará tanto cuanto duren éstas. Por todo esto, quienes crean ilusiones –por ilusos ellos mismos, por encantados o por tener recónditas apetencias– de que se pueden amortiguar, o incluso suprimir los males que causa esa política, sin dirigir su crítica y su acción contra las negras nubes imperiales que los generan, enturbian con su conducta la solución más segura hacia una patria con plena soberanía y nueva democracia.

Entre las execrables acciones gubernamentales se destacan las dirigidas a debilitar a los trabajadores y golpear vastos sectores populares. Mediante la liquidación o el cambio de naturaleza de las empresas públicas, patrimonios de la nación creados con el ahorro al que contribuyeron durante décadas sus trabajadores y todos los colombianos, barre de un plumazo con derechos laborales y conquistas salariales estipulados en leyes y convenciones. Su propósito es limpiarlas de obstáculos financieros, disolver sus organizaciones sindicales y socavar la voluntad de lucha de los trabajadores, para así poder proceder a entregarlas como trofeo al gran capital privado, preferentemente el financiero y foráneo. Con igual fin, y como sórdida alternativa, en otras empresas se chantajea a los sindicatos para que, previo cambio de su espíritu de combate por un lamentable animo de “concertación”, cedan voluntariamente sus conquistas, en cuyos casos, como se ha visto, la vergonzosa entrega es aprovechada por el gobierno para presentarla ante los trabajadores y la opinión pública como paradigma de sensatez y patriotismo.

A grandes núcleos de la población ciudadana, incluidos los de clase media que Uribe considera su base social y política, aún carentes de la organización que los capacite para dar respuestas colectivas y vigorosas, se les estropea su frágil nivel de vida abrumándolos con abultadas cargas impositivas, costos usureros de los servicios públicos, alto desempleo, carencia de servicios médicos y hospitalarios, negación del acceso a una educación ya de por sí sometida a la constante baja de su calidad y cuya degradación va de la mano con la bazofia que so capa de información y cultura trasmiten los medios de comunicación en manos de los monopolios domésticos y extranjeros. Mientras todos estos atentados arrojan implacablemente a sectores de la pequeña burguesía a la proletarización, Uribe alucina a grupos de proletarios alienados para que se titulen como pequeños propietarios burgueses invirtiendo las prestaciones y pensiones que se les adeudan, más parte de los flacos y congelados salarios que en adelante reciban, en capital que salve a las empresas de la quiebra provocada por la desidia y la corrupción estatal y privada. Como en la obra del Dante, unos y otros ambulan entre los círculos del mismo infierno que les crea Uribe con su política neoliberal.

Si se parte de que el cumplimiento efectivo de su política tiene como necesario resultado los daños que inflige al país y las desgracias que le ocasiona a la población, tienen abundantes pruebas los áulicos de Uribe para atribuirle dotes de incansable estadista por el éxito obtenido en su primer año de gobierno. Pero lo más seguro es que en este caso la pleitesía de sus favoritos corresponda a planes debidamente acordados con las grandes empresarios en busca de darle pie al mandatario para protagonizar un grotesco coqueteo con su reelección, salpicado de picardías que van desde las veladas negativas hasta las claras insinuaciones de que al final cederá a la tentación y no le negará sus fatales favores al país. Y para redondear la trama, simultáneamente se publican las mil veces manipuladas encuestas en donde el emperador recibe altos índices de aceptación, no obstante su tétrica desnudez de causante de todos los actuales estragos sociales y económicos. Pareciera que estas, precedidas de la abrumadora y altisonante figuración de Uribe en los grandes medios de comunicación, midieran no opiniones sino sonidos, pues como dice el refrán “la lata vacía es la que hace más ruido”.

Nadie ha formulado y aplicado una política de entrega de la soberanía colombiana a los Estados Unidos más desaforadamente que Uribe. Con siniestra actitud sigue aprovechando los hastíos y afanes de la población respecto a las prácticas terroristas que asolan al país como excusa para avalarle a Bush su pertinaz intervencionismo en todos los terrenos de la vida nacional. Ambos pretenden que el quebrantamiento de la autonomía, a fuerza de perpetrarse, sea aceptado por los colombianos como normal y necesario. No lo lograrán. Porque es creciente la resistencia que suscita, a pesar de que la continuada tropelía es consentida, cuando no saludada, por encumbrados dirigentes políticos y sociales, silenciada o excusada por los poderosos órganos de opinión y admitida por instituciones públicas y representativas. Las gentes de bien repudian las múltiples manifestaciones de intervención de Estados Unidos en nuestro país: la presencia y actividades de su camada de mercenarios y agentes de inteligencia; las funciones de sus asesores e instructores militares; su alcahueteada y determinante intromisión en las actividades y organización de la Fiscalía, el DAS y las fuerzas militares y policiales, así como su arbitraria política de extradición de nacionales para ser arrojados en manos del sistema judicial y policial norteamericano que, con el atroz trato dado a los reos hacinados en la ergástula de Guantánamo sin importarle un higo la opinión mundial, evidenció poseer rasgos que pertenecen más al salvajismo que a la civilización.

Está en marcha una avalancha de reformas destinadas a revestir de carácter constitucional y legal el absolutismo uribista. Si junto al del referendo se examina el contenido de las ya aprobadas por un Congreso con mayorías cómplices y el de la cascada de proyectos para otras nuevas que se han puesto a consideración de la actual legislatura, se tendrá el cuadro casi acabado de un Estado y un sistema político ajustados para el ejercicio de la dictadura. De hecho, ya estamos asistiendo a sus primeras manifestaciones. No otra cosa es arrasar con derechos civiles y reprimir con medidas militares y policíacas las libertades individuales y los derechos laborales; atosigar con insoportables cargas impositivas a los sectores más necesitados; promover, en buena liga con el tan impasible como desapacible Fiscal, Camilo Osorio, una justicia parcializada que a discreción estigmatiza, persigue y castiga con mano férrea a todo tipo de opositores del gobierno, mientras con gran corazón tolera y absuelve a sus más vehementes adictos; arrojar a la calle sin miramiento alguno a empleados y trabajadores oficiales y arrinconar a los que ya están en ella tratando de sobrevivir; involucrar a la población civil en el conflicto armado reclutando campesinos a montón para que sirvan de guardias en el campo y creando redes de insidiosos informantes dentro de pacíficos núcleos ciudadanos, y denigrar de jueces y fallos cuando sus pronunciamientos son adversos al gobierno.

En cuanto a las reformas propuestas en el referendo –el esperpento que sirve como muestra de la tendencia de Uribe hacia el bonapartismo, más el de Luis, el pequeño, por supuesto, que el de Napoleón–, una digresión del Procurador General, consignada en el documento donde le hizo una rigurosa disección jurídica para pedirle a la Corte Constitucional que declarara inexequibles 15 de los 19 artículos que lo componían, viene al caso para señalar, aunque no fuese esa expresamente la intención del funcionario, lo que pretende Uribe: “más que la aprobación o derogación de una norma, lo que se busca por parte del gobernante que lo promueve, es que se avale una política determinada, y en muchos eventos, su propia legitimación. Por ello, algunos doctrinantes afirman que el plebiscito puede tornase en un mecanismo dictatorial aprobado por el pueblo”. Que esta es precisamente la cuestión, lo corrobora la denuncia de quien ocupa el más alto cargo del poder judicial al rechazar la reforma de la justicia propuesta por Uribe a través de su escudero Londoño Hoyos. En efecto, expresa el presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre: “…todo va tras un modelo de Estado diferente…El ministro quiere una monarquía. Quiere un Estado sin controles reales…esta reforma significa un retroceso de más de cien años en la administración de justicia”.

Basta observar algunas de las conductas de Uribe como jefe del gobierno –sus sumisas peregrinaciones a Washington, el celoso otorgamiento de salvaguardias y ventajas al capital monopolista norteamericano, su labor de zapa respecto a las actitudes que mal que bien ensayan otras naciones latinoamericanas frente a las imposiciones estadounidenses, y su afrentoso respaldo al criminal asalto que luego de mil infundios y patrañas perpetró contra Irak el gobierno de Bush burlándose de la ONU y violando tratados y normas internacionales—para comprobar que si en algún sentido es un gobernante que cumple lo que promete, es por acatar con fidelidad primero que todo el mandato del imperio, resumido cínica y perentoriamente por su secretario de Comercio Zoellick (a quien, de visita por estos días, le rendirá cuentas Uribe), al advertir que “el libre comercio con los Estados Unidos no es un derecho, tiene que ser ganado” y al precisar que entre la docena de criterios de lealtad que sus socios comerciales deben cumplir está el de “la cooperación, o algo más que eso, en política extranjera y política de seguridad”. Es evidente la obsesión de Uribe por hacerse con ese triste derecho llevando a su colmo la entrega de la soberanía económica a través del ALCA, el expediente que constituye hoy el mayor peligro para la nación, así como su enfermiza propensión a dar, obsequioso, mucho más de lo que le piden para satisfacer los requisitos que lo titulen como leal socio político y comercial de la potencia imperialista.

Cual iluminado, Uribe, soberbio ante el país y manso ante Estados Unidos, ha puesto en marcha una política de entrega de los valores e intereses nacionales y de agostamiento del trabajo y la producción, al tiempo que arrasa con derechos democráticos, esparce penurias económicas y agobia con medidas represivas. Qué duda cabe que con ella le ha lanzado un provocador reto a la nación. Reto que las organizaciones democráticas y progresistas no pueden menos que aceptar sin vacilaciones ni esguinces, de acuerdo con el sentir y la voluntad de la mayoría de la población que rechaza con altiva dignidad cualquier imposición foránea y repudia con ardor el autoritarismo, la intolerancia y toda forma de opresión y discriminación en los diversos campos de la vida social.

En particular, las fuerzas con diversas concepciones situadas en el borde izquierdo del espectro político, están llamadas a adoptar en estos momentos cruciales para el destino autónomo y democrático de la nación, una posición radical frente al gobierno de Uribe Vélez. Posición que, exenta del sentido peyorativo que le atribuye la reacción para denigrar de sus contrarios, significa ir a las raíces de la política uribista para no correr el riesgo de reducirse a revoletear entre sus síntomas proponiendo vanas enmiendas y recogiendo sus “aspectos positivos”, esas sobras que luego del banquete de imposiciones van quedando esparcidas en las llamadas mesas de concertación. Una actitud radical frente al uribismo significa desnudar su servicio y defensa de los intereses del imperialismo y la oligarquía financiera cuando acepta las imposiciones del ALCA; criticar a fondo el contenido antidemocrático que tiene el referendo y su servil apartado para satisfacer exigencias económicas y monetarias del Fondo Monetario Internacional; denunciar el populismo al detal de las intervenciones presidenciales, como el envuelto en su grotescas charlas “comunitarias” de cada semana; rechazar de plano el carácter antipopular y antinacional de la cascada de reformas legislativas y las medidas de militarización del país que, so capa de combatir las infaustas acciones terroristas y eludiendo la búsqueda de una solución política con quienes han recurrido a la violencia de las armas, sumirán a toda la sociedad en un mar de sangre y fuego.

Tal actitud radical entraña el rotundo y concreto NO a todas y cada una de las políticas que lanza el gobierno norteamericano en su plan de recolonización y las que el de Colombia aplica en su papel de infatigable coadyuvante. Esa negación no es un vacío o esquemático rechazo; es la proposición de mayor valor, pues contiene en sí, negado, todo lo afirmado por el imperialismo y Uribe. En esencia, constituye en su desarrollo la más integral y significativa propuesta de las fuerzas democráticas y patrióticas. Además, la naturaleza de esta actitud es la misma que en todo el mundo y a través de la historia han asumido los pueblos y sus organizaciones al rebelarse, con razones acompañadas de las consecuentes acciones, contra la injusticia y la opresión, aportando así su decisiva y valiosa cuota al progreso y civilización de la sociedad humana. La que presidió la gesta de independencia de los pueblos de América, incluido el combativo e industrioso pueblo norteamericano. La única que, asida firmemente y puesta en práctica por los millones de compatriotas inmersos en la producción y el trabajo nacionales –obreros, empresarios, empleados, campesinos, intelectuales, indígenas — podrá sacar a Colombia de la difícil y comprometida situación en que la han sumido los enemigos de su progreso económico, político y cultural.

El MOIR, dentro de su estrategia de transformar realmente la sociedad en todos sus aspectos, hará causa común con quienes comparten ese propósito de salvación nacional y, para culminarlo, perseverará en la indispensable creación y consolidación de una gran unión de fuerzas democráticas y patrióticas.

ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES, OCE EXIGE QUE POLICIA SE RETIRE DE LA UTP

Que se dé inmediata solución al justo pliego de estudiantes y profesores, pide también la OCE.

La Universidad Tecnológica de Pereira amaneció tomada por la policía el martes 29 de julio, y el acceso de estudiantes y profesores fue negado rotundamente, no existiendo razón alguna para este proceder arbitrario, que se suma al ya característico estilo del gobierno de Uribe Vélez: el autoritarismo y la antidemocracia, para imponer medidas que atentan contra las mayorías populares y que en la Tecnológica de Pereira, el rector Luis Enrique Arango aplica obsecuentemente.

Los estudiantes y profesores presentaron ante la rectoría un pliego de peticiones que contempla reivindicaciones mínimas en defensa de la educación pública, y, entre ellas, el rechazo al cobro de matricula en los programas nocturnos, que se intentan privatizar; el rechazo al sistema de liquidación de matrículas a los estudiantes de la jornada diurna, incrementadas en más de 300%; y otras peticiones encaminadas a garantizar condiciones mínimas para la permanencia de los estudiantes. El pliego fue respaldado por miles de firmas y por masivas asambleas.

La rectoría y la mayoría del Consejo Superior Universitario rechazaron las peticiones de estudiantes y profesores y ratificaron su respaldo a la política definida por el Plan de Desarrollo y en la mal llamada «revolución educativa» en consonancia con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional de estrangular la financiación estatal y acondicionar la educación superior al Área de Libre Comercio para las Américas, que la convertirá en un jugoso negocio para el capital privado, especialmente el extranjero. Ante la intransigencia del rector, la reclamación se intensificó y las movilizaciones masivas de estudiantes fueron la nota predominante en los días siguientes.

La Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, rechaza y denuncia la militarización de la UTP. Convoca al estudiantado colombiano a brindar su solidaridad a esta justa lucha y exige de la rectoría y el CSU la pronta solución al pliego de peticiones. Alentamos a los estamentos universitarios para que continúen en la batalla por la defensa de la educación superior.

¡TODOS AL PARO CIVICO NACIONAL!

(Manifiesto del Comando Nacional Unitario)

Bogotá, 15 de julio de 2003

Quizás con una amplitud, intensidad y contundencia nunca vistas, los trabajadores, los productores, las organizaciones sociales y el conjunto de la población colombiana venimos enfrentando una ofensiva brutal contra nuestros intereses, derechos y organizaciones. En el agro, la industria y el comercio; en la salud y la educación, en las comunicaciones, los transportes y los servicios públicos domiciliarios, recibimos el despiadado impacto de leyes y decretos de diversa índole que tienen como común denominador incrementar el despojo al pueblo, saquear los recursos de la nación, seguir abatiendo la producción y acabar o debilitar los sindicatos, partidos y diversas colectividades de defensa del pueblo. Es el balance de la docena o más años de aplicación del perverso modelo neoliberal impuesto para beneficio de las multinacionales y del gran capital financiero, y para garantizar el pago de la onerosa deuda externa.

En el último año, cuando amplios sectores se hacían ilusiones con la nueva administración, el gobierno de Uribe, lejos de rectificar el rumbo y prevalido del resultado electoral que lo llevó a la presidencia, ha procedido «sin Dios ni ley» contra la nación y el pueblo. Las llamadas reformas de «segunda generación» -laboral, pensional, tributaria, política y del Estado-, la ley que contiene el Plan Nacional de Desarrollo, la vinculación del país al ALCA o a un tratado bilateral de libre comercio con EU, los golpes contra el ISS y Telecom y la división de Ecopetrol, cumplen compromisos adquiridos en los sucesivos acuerdos con el FMI. Sepulta así cualquier posibilidad de reactivación económica, empobrece aún más la población y deprime el aparato productivo.

Multiplican tarifas e impuestos, incrementan el IVA y permiten el aumento desmedido de los servicios públicos, reducen los salarios y pensiones y graban estas ultimas. Dicen controlar los precios con importaciones masivas de alimentos en defensa de los consumidores, pero no se controlan ni los precios ni la calidad de los insumos agrícolas, mientras se frena el mercado de genéricos. Eliminan el subsidio a la gasolina y aumentan sobretasas y peajes, pero los transportadores son dejados a su propia suerte y los desplazan con transmilenios construidos con dineros oficiales para enriquecer roscas privadas. Los grandes almacenes extranjeros se apoderan del mercado nacional, y los alcaldes bufones les entregan el espacio público quitándoles a los desesperados vendedores estacionarios y ambulantes sus escasas mercaderías. Se ensañan en los débiles, y se doblegan reverentes ante los poderosos. El capital financiero y las transnacionales no tienen límite en su voracidad, los altos funcionarios no escatiman mañas en su afán de favorecerlos expoliando al pueblo.

Y la Seguridad Democrática, otro pilar del andamiaje oficial, no ha traído al país el cese de la violencia generalizada que la nación requiere para unirse y adelantar soberanamente los cambios políticos y las transformaciones económicas y sociales que la gravedad de la hora exigen. En cambio ha recortado las libertades y los derechos con el vano propósito de apagar la resistencia de millones de colombianos que no nos resignamos a la miseria y el atraso ni a la desintegración de la nación ni al baño de sangre ni a la ocupación militar extranjera.

El presidente Uribe, apuntalado por los principales medios masivos de comunicación, pretende que los colombianos aprobemos con el Referendo, aunque disminuido éste en sus pretensiones por el fallo de la Corte Constitucional, un severo complemento al ajuste fiscal con la congelación de salarios y el despido masivo de trabajadores estatales; y también el recorte a la democracia en el ejercicio político y, principalmente, el respaldo plebiscitario a su gestión para afianzar una supuesta legitimidad que le permita continuar su abyecta política.

Para responder a este cúmulo de atropellos, los trabajadores, los productores y el pueblo de Colombia saldremos a sentar nuestra voz de protesta el próximo 12 de agosto con el Paro Cívico Nacional y la Marcha Agropecuaria a Bogotá. En la Plaza de Bolívar de la capital y en las de centenares de ciudades y poblaciones a lo largo y ancho del país, en calles y carreteras, en los barrios y en los caseríos, en fábricas y almacenes, en universidades y colegios, se oirá el vibrante grito de protesta de todos los sectores saqueados, oprimidos y explotados. Nos integraremos al nuevo ascenso de la lucha de masas que se levanta contra la globalización imperialista en América Latina y el mundo.

Decenios de oprobio muestran que los neoliberales y sus agentes criollos no tienen respuestas para las angustias de millones de seres que reclaman pan, trabajo y libertad. Aprovechemos sus dificultades y hagamos que soplen nuevos vientos. Recordemos que detrás de cada conquista, de cada reafirmación de la soberanía, de cada derecho laboral, hay una estela de lucha y sacrificio que los hicieron posibles. Defendamos los que aún quedan, preparémonos para reconquistar los perdidos.

Llamamos a respaldar, apoyar y participar activamente en todas las jornadas y paros de protesta sectoriales, preparatorias del paro cívico, como los del SENA, el ISS, Fecode, la USO, de Barrancabermeja y las valerosas protestas de los vendedores ambulantes y los usuarios de los servicios públicos.

SOBERANIA ¡SÍ! ALCA ¡NO!

Marcha Nacional Agropecuaria

Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria
Para imponer la apertura total tanto de los mercados de capitales como del comercio de los productos agrícolas e industriales, desde l995 el gobierno de EU viene chantajeando a las naciones latinoamericanas para que establezcan el ALCA. Cumple así su mandato a favor del capital financiero y las empresas multinacionales, cuyos intereses representa. A semejanza de esos países hermanos, en Colombia la política norteamericana contenida en el ALCA, o en un acuerdo bilateral equivalente, opción por la que sumisamente aboga el gobierno de Uribe, llevará al extremo la expoliación del trabajo que soportan los campesinos, obreros e indígenas, y sumirá en la ruina a los empresarios nacionales dedicados a la producción agrícola, ganadera e industrial, Tal destino para la nación y sus gentes laboriosas ya fue captado por la sabiduría popular al afirmar que la sigla de ese proyecto fue sacada de la expresión ALCAído… caerle.

Ni en las negociaciones adelantadas ni en los documentos discutidos hay cosa alguna que sirva al progreso nacional y, menos aún, al sector agropecuario. Por el contrario, se profundizan los males que en los últimos 12 años han llevado la producción rural colombiana a situaciones desastrosas. Productos que todavía cuentan con algún nivel de protección como el arroz, la papa, el azúcar, la carne de pollo, de res y de cerdo, el huevo, la leche y algunas variedades del maíz serán los nuevos sectores que desaparecerán, como ya pasó con el trigo, la soya, el algodón, la cebada y otros cultivos. Para los frutos tropicales, como el café, el banano, la palma africana y la caña de azúcar, cuya conversión en panela es pagada a sus productores muy por debajo de su precio comercial, las condiciones serán peores. Con el ALCA se desatará la más agresiva competencia comercial entre los países del Hemisferio que los elaboran y de la cual sólo saldrán gananciosas las comercializadoras internacionales que así podrán comprarlos cada vez a menos precio. Que casi todos los gremios agropecuarios hayan solicitado ser excluidos del ALCA o, al menos, ser escuchados en ese proceso adelantado a espaldas del país, revela la noción que tienen sobre los peligros que acechan sus intereses.

Como un hecho de suma gravedad denunciamos que en las actuales negociaciones, definitivas dentro del objetivo de que el ALCA empiece a regir en 2006, el gobierno ha incluido todos los géneros agropecuarios para llevarlos, tras una desgravación paulatina, a la total apertura comercial, sin exigir para semejante concesión ninguna reciprocidad, ni tampoco la más mínima condición frente a los cuantiosos subsidios que Washington otorga a sus poderosos sectores agrícolas. A este paso, dentro de poco Uribe y su equipo de gobierno concretarán la abyecta entrega de los mercados internos para que sean inundados por los productos extranjeros, mientras propalan a los cuatro vientos que, como única alternativa con futuro, el trabajo rural colombiano debe especializarse en productos tropicales, como si estos, empezando por el café, tropical como ninguno, no estuvieran viviendo ya la peor crisis de su historia.

Al final, los subsidios de los países poderosos, la sobreproducción, los bajos salarios, los varios orígenes y calidades, altamente sustitutos entre sí, presagian que se va a presentar una hecatombe económica y social tanto en los cultivos permanentes como en los semestrales, en los tropicales y en los que son comunes a los distintos climas, así como en la producción ganadera y avícola. Sin importarle la insoportable situación que sobrevendrá para los millones de colombianos, el gobierno de Álvaro Uribe, obedeciendo a los mandatos del gobierno de Bush y orientado por Hommes, el nefasto personaje que impulsó hace más de una década los primeros grandes daños económicos de la apertura y que ahora es su primer asesor, conduce el ingreso de Colombia al ALCA en sentido contrario a los intereses nacionales. No otra cosa significa privar así al país de la capacidad para nutrir a su población y ponerlo a depender de las importaciones de alimentos, con lo que se consagra la pérdida total de la soberanía alimentaria nacional. Esto implica para Colombia una grave debilidad estratégica que la convertirá en fácil presa de la voracidad recolonizadora imperialista.

Para abonarle el terreno al establecimiento del ALCA, el gobierno de Uribe ha decretado la liquidación de Telecom y la división de Ecopetrol y del Seguro Social, disposiciones conducentes al marchitamiento de estas empresas públicas que son clave para el desarrollo nacional y para la vida de todos los colombianos que tanto en el campo como en las ciudades se verán aún más afligidos por la ruina económica, el desempleo, la miseria y el hambre. Todas estas son potísimas razones para que la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria unifique sus esfuerzos con el Paro Cívico Nacional convocado por las Centrales Obreras y otras organizaciones populares para el 12 de agosto próximo. La Marcha hacia Bogotá que realizaremos ese día será nuestro firme y consecuente aporte a tan indispensable manifestación de rechazo a la política imperialista y uribista y constituirá la primera de las jornadas de Resistencia Civil que Salvación Agropecuaria cumplirá por defender la soberanía y la producción agraria nacionales, amenazadas hoy como nunca por el ALCA.

Ángel María Caballero
Presidente

Aurelio Suárez
Director Ejecutivo

SECTORES SOCIALES Y POLíTICOS RATIFICAN CAMPAÑA DE ABSTENCIóN ACTIVA CONTRA EL REFERENDO, RESPALDAN REALIZACIÓN DEL PARO CÍVICO

Agosto 1 de 2003

Amplios sectores de colombianos, organizados en partidos políticos y movimientos sociales, preocupados por el agravamiento de la situación nacional, hemos convenido desplegar un proceso de acción política conjunta, en torno a la campaña nacional de ABSTENCIÓN ACTIVA contra el referendo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez; respaldar y participar en el PARO CÍVICO NACIONAL y la MARCHA AGROPECUARIA del 12 de agosto; ampliar la movilización social por la defensa del patrimonio público en educación, salud, servicios públicos y recursos naturales; defender la soberanía nacional ante el creciente intervencionismo norteamericano y rechazar la imposición del ALCA; explorar posibilidades de convergencia en la próxima contienda electoral del 26 de octubre de 2003; y reafirmar nuestra declaratoria de oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Las medidas económicas y políticas que el gobierno nacional ha aplicado, golpean dramáticamente el nivel de vida de la gente y conducen a la ruina de la nación. Sus manifestaciones centrales son los alarmantes niveles de desempleo, pobreza y descomposición social; la destrucción de los sindicatos y la eliminación de las garantías laborales; la imposición del paquetazo de las reformas laboral, tributaria y pensional; la profundización del proceso de privatizaciones y eliminación de la función social del Estado con las medidas tomadas contra Telecom, la Caja Agraria y las entidades del sector agrario, Ecopetrol, el ISS, la educación pública, el SENA, el sector eléctrico, Cajanal, Caprecom, empresas de servicios públicos y otras entidades del Estado. El gobierno nacional sigue empeñado, por otra parte, en su política de represión y penalización de la protesta social en el contexto del desmonte sistemático del precario Estado Social de Derecho.

Paralelo a este proceso, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha instaurado un régimen autoritario sin precedentes en la historia de Colombia. Auspiciado por el poder mediático y el apoyo de los Estados Unidos, ha desencadenado una política agresiva contra la nación, el pueblo y los trabajadores, conculcando sistemáticamente las libertades y los derechos civiles y democráticos y violando de manera flagrante los derechos humanos. En este ambiente de polarización y generalización de la guerra, seguiremos persistiendo en la búsqueda de la paz y la solución política negociada al conflicto armado.

A lo anterior, se suma la imposición de una reforma política cuyo eje central es la exclusión de las alternativas políticas democráticas, la cual busca recomponer el caduco bipartidismo liberal y conservador. Sin importarles un ápice los alcances de la democracia política, sus autores han pisoteado los derechos de las fuerzas de la oposición, estimulando la polarización de la sociedad, la persecución política y la represión a la ciudadanía.

La convocatoria del referendo uribista – un día antes de las elecciones -, constituye una maniobra del gobierno para imponer su política autoritaria y antisocial en cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI.

Ante la magnitud de estos desafíos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha lanzado al movimiento democrático y social, ratificamos nuestra voluntad de lucha por la defensa de la soberanía nacional, el patrimonio público y la democracia. En este sentido, reafirmamos nuestra convocatoria de oposición política al gobierno de Uribe Vélez. Con esta iniciativa de diálogos y acercamientos aspiramos a fortalecer los procesos unitarios de convergencia y deliberación pública hacia la búsqueda de las verdaderas alternativas políticas al régimen imperante.

Hacemos un llamado al conjunto de los trabajadores, mujeres, movimientos de paz, indígenas, jóvenes y organizaciones sociales y políticas a respaldar la campaña de ABSTENCION ACTIVA CONTRA EL REFERENDO, realizar el PARO CIVICO NACIONAL y a fortalecer estos procesos por el bien de la patria y de los colombianos.

Fraternalmente,

Senadores de la República
LUIS CARLOS AVELLANEDA
CARLOS GAVIRIA
JORGE ENRIQUE ROBLEDO
ANTONIO JAVIER PEÑALOZA
JESÚS BERNAL

Representantes a la Cámara
WILSON BORJA
ALEX LOPEZ
ERMINSUL SINISTERRA
VENUS ALVEIRO SILVA

Dirigentes de las Centrales Obreras
CARLOS RODRIGUEZ, Presidente CUT
APECIDES ALVIS, Presidente CTC
TARSICIO MORA, Fiscal CUT
JORGE ALBIN ANAYA, Tesorero CUT
MIGUEL MORANTES, Secretario General CTC
FABIO ARIAS, Segundo Vicepresidente CUT
CARLOS TORRES, CTC
GLORIA INES RAMIREZ, CUT
GUSTAVO TRIANA, CUT
WILSON ARIAS, CUT
MIGUEL ANTONIO CARO, CUT
TARSICIO RIVERA, CUT
ALFONSO VELASQUEZ, CUT

Dirigentes de FECODE
WITNEY CHAVEZ, Secretario General
DOMINGO AYALA, Fiscal
IVAN LUIS BELTRAN, Sec. Asuntos Jurídicos
BERTHA REY C., TESORERA
RAUL ARROYAVE
MEDARDO HERNANDEZ
ELIAS FONSECA

Dirigentes de SINALTRABAVARIA
HEVER MARADIAGO, ORLANDO QUIROGA, JAIRO TRIVIÑO, LUIS GARCIA

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS

Partido Unidad Democrática
JORGE GANTIVA SILVA, ARNULFO BAYONA, MIGUEL ANTONIO LASSO, LUZ MARINA TURGA

Partido del Trabajo de Colombia
MARCELO TORRES, YEZID GARCIA, JORGE SANTOS, EBERTO LOPEZ, ALDO CADENA

Frente Social y Político
ORLANDO FALS BORDA, GLORIA CUARTAS, JAIME CAICEDO, RODRIGO ACOSTA, MIGUEL EDUARDO CARDENAS, HECTOR BERMUDEZ, BERTINA CALDERON, MANUEL TELLEZ, JORGE GALINDO, JAIME AREVALO

UNAMONOS
PEDRO CONTRERAS, CARLOS RAMIREZ, HERMAN REDONDO, OSWALDO SIERRA, CAMILO HERRERA

Dignidad Educativa
AMANDA RINCON, CARLOS MEDINA

MOIR
CARLOS NARANJO, FRANCISCO VALDERRAMA, JOSE FERNANDO OCAMPO

Nueva Opción
CARMENZA TRUJILLO, LUIS ALFREDO LEGUIZAMON

Poder Social
MARIO GIRALDO, JAIME CHAVARRO

Partido Comunitario Opción 7
FABIO DIAZ., RICARDO RIVERA.

Bogotá, D.C., 1 de agosto de 2003

LA USO EN LA DEFENSA DEL INTERÉS NACIONAL

Conflicto laboral en Ecopetrol

Roberto Schmalbach

Ha sido tan apátrida la posición de Uribe que, desde el mismo inicio, el conflicto laboral en Ecopetrol se convirtió para la USO en una verdadera batalla política por la defensa de la soberanía y el interés de la nación.

Transcurridos ya más de nueve meses desde cuando se presentara el pliego petitorio, no ha sido posible firmar un solo punto. Por el contrario, los ocho mil trabajadores de la hasta ahora estatal petrolera enfrentan la amenaza de un regresivo contrapliego que, de imponerse, arrasará con la mitad de la actual convención colectiva de trabajo.

Yanovich, el presidente de Ecopetrol, adobó el contrapliego con el despido de once trabajadores de la refinería de Mamonal, en Cartagena, siete de ellos dirigentes sindicales, lo que dejó desmantelada la subdirectiva. Ante las multitudinarias protestas en Cartagena, Barranca y otros centros de producción, Yanovich prohibió el ingreso a las instalaciones, restricción que mantuvo hasta el 20 de diciembre, cuando la USO, en la primera reunión con el presidente Uribe, consiguió levantar el veto y establecer las condiciones para instalar la negociación. La USO dejó en claro que no aceptaba el contrapliego y que se proponía defender el carácter estatal de Ecopetrol, como también la convención y los derechos sindicales.

Acatando la directriz lanzada por la USO, miles y miles de afiliados adelantaron el 19 de febrero una jornada nacional de baja de producción. Yanovich reviró el 21 volviendo a prohibir a dirigentes y activistas el ingreso a las refinerías. Los operarios de Barrancabermeja, el mismo día, hicieron una marcha pacífica por las instalaciones, que la tropa disolvió a gas y perdigones, en una zona industrial donde hay emisiones de gases inflamables y tóxicos que reaccionan con otros elementos y altas temperaturas. La agresión fue respondida de inmediato por los trabajadores, que apagaron las plantas, ante lo cual, Yanovich amenazó con despedir a 48 activistas de Barrancabermeja y Orito. Cesó el enfrentamiento cuando el gobierno suspendió los descargos y ordenó levantar el veto. Fue despedido el mecánico Ricardo Roa, en quien el presidente de la empresa quiso aplicar, para escarmiento, su torcido principio de autoridad.

El conflicto se fue agravando. Visto que Uribe y Yanovich mantenían su empecinada negativa a propiciar acercamientos, el sindicato emprendió una amplia campaña de divulgación promoviendo encuentros, conferencias y foros por todo el país. En ellos, diecisiete en total, se constituyó el Frente Patriótico por la Defensa de Ecopetrol. Tanto en el Congreso de la República, como en las asambleas y concejos se organizaron sendos debates en los cuales la USO denunció la entrega del petróleo y el gas a las trasnacionales y el tratamiento de guerra que se le viene dando al conflicto. Esta activa labor le ha permitido al sindicato contar con diversas manifestaciones de respaldo y contrarrestar la intensa campaña que en su contra ha desatado el régimen.

La declaración suscrita por un grupo de senadores y representantes, en que rechazan las pretensiones privatizadoras y ofrecen su presencia en las movilizaciones en Barrancabermeja da una muestra de la simpatía que la USO se ha granjeado. Jorge Enrique Robledo, Piedad Córdoba, Carlos Gaviria, Bernardo Hoyos, Hugo Serrano, Jesús Bernal, Luis Carlos Avellaneda, Wilson Borja y Alexander López, entre otros, manifestaron que están dispuestos a acompañar a los trabajadores en las movilizaciones y foros.

Cuando el régimen convocó el tribunal de arbitramento el 26 de marzo, la USO declaró en forma categórica que ni acudiría a él ni aceptaría el contrapliego. Planteó además que cualquier solución deberá ser producto de la negociación directa.

Severo golpe contra Ecopetrol y el interés nacional

Tras seis meses de infructuosos intentos por abrirle el camino a un arreglo justo, la USO comenzó a prepararse para la huelga, que veía inminente ante las pretensiones oficiales de golpear la estructura estatal de Ecopetrol, información que se filtró por algún medio. Fue así como el Sindicato conoció de antemano los decretos que convertían a Ecopetrol en una empresa de composición accionaria y que liquidaban los contratos de trabajo y eliminaban de un plumazo la convención. Previamente, de manera harto sospechosa, la administración lanzó otro veto el 6 de junio, con el pretexto de poner en entredicho a los trabajadores y activistas acusándolos de presuntos sabotajes que ni ella misma tenía claros, pues las inspecciones realizadas pudieron establecer que las parálisis obedecieron a la falta de mantenimiento de equipos y de plantas, tal como lo denunciaron los senadores Jorge Enrique Robledo y Hugo Serrano Gómez.

El 20 de junio, cuando se supo que el gobierno se disponía a promulgar los decretos de reestructuración del Estado, entre ellos uno que escindía a Ecopetrol y transformaba su naturaleza, la USO alertó a la opinión pública y a la comunidad del puerto petrolero para que repudiaran la medida. Apelando a la represión como único recurso, el gobierno duplicó el pie de fuerza en la refinería de Barrancabermeja y prohibió de nuevo el ingreso de los trabajadores, veto que extendió a Cartagena, a varias estaciones del oleoducto y a algunos campos de producción como Orito, Apiay, Cantagallo y Provincia. El 26 de junio, con los fusiles como escudo, Uribe se apresuró a expedir el decreto 1760, que le quita a Ecopetrol el manejo de los hidrocarburos, la convierte en una sociedad anónima y crea una promotora de energía, dejando a la otrora empresa estatal en un estado de debilidad tal que su futuro ha quedado sumido en la incertidumbre. Sin embargo, como producto de la presión que adelantaron los trabajadores, el decreto 1760 no solo no liquidó a Ecopetrol, sino que dio continuidad a los contratos de trabajo y a la convención colectiva.

Ante tan agresiva arremetida, la USO respondió declarándose en Asamblea Nacional Permanente, alzando frente a la Refinería la Carpa de la Resistencia Patriótica y llevando a cabo las más grandes y combativas marchas que se hayan registrado en Barrancabermeja en los últimos tiempos.

La USO ha librado en el último mes una dura batalla contra la desinformación con que los grandes medios saturan cada día al país, como también contra las amenazas de despido y el descarado esquirolaje que ha venido impulsando Yanovich. El sindicato ratificó además que rechaza el tribunal de arbitramento y anunció que si queda instalado en firme, declarará la huelga en todo el país.

La USO rehusó negociar mientras se mantuviera el veto para ingresar a las instalaciones. Una vez que el gobierno levantó la prohibición, el 9 de julio, el sindicato se sentó a discutir el pliego, así como el futuro de la empresa y la estabilidad del sindicato.

Iglesia, mujeres y juventud se solidarizan

El 24 de julio, en Barrancabermeja, la resuelta participación de la Iglesia, las mujeres y la juventud en la Jornada Cívica de Protesta, por la defensa de Ecopetrol y el patrimonio público colmó de entusiasmo a los trabajadores, quienes sintieron que no se hallaban solos en la lucha por la defensa de los más caros intereses de la nación. A la multitudinariay exitosa jornada promovida por la USO se sumaron el Foro Social del Magdalena Medio, Mujeres por la Defensa de Ecopetrol (Mudec) y Juventud por la Defensa de Ecopetrol (Judec), organizaciones que le imprimen nuevos bríos a la batalla por la soberanía y los derechos democráticos.

La Iglesia, con monseñor Jaime Prieto Amaya a la cabeza, quien ha puesto su convicción y su influencia al servicio de la causa del pueblo, fue decisiva para el buen éxito de la movilización. La patriótica jornada del 24 de julio constituye un ejemplo para todo el país.

RÉGIMEN URIBISTA PRETENDE REMATAR PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES

Ramón Barrios Iriarte

El sector de las telecomunicaciones comenzó a cambiar aceleradamente primero a finales del gobierno de Barco, pero en lo fundamental con el gobierno de Gaviria, quien aceleró el proceso de apertura y abrió a la competencia la telefonía local, fomentó las redes privadas, entregó a operadores particulares la telefonía celular, intentó vender a Telecom, expidió una legislación para la apertura de la larga distancia, imponiendo dos competidores en la telefonía de larga distancia, y liberalizó el servicio portador de datos, creando así la posibilidad de redes privadas alterna a las de Telecom.

El acuerdo sobre telecomunicaciones de la Organización Mundial del Comercio, OMC, suscrito en Ginebra en febrero de 1997, benefició sobre todo a Estados Unidos y a las multinacionales de dicho país, al punto que Clinton lo catalogó como un «acuerdo histórico», que repercutiría en la creación de casi un millón de empleos en la potencia del Norte, ya que en dicho acuerdo se autorizó a todas las empresas con matriz en un determinado país a adquirir un paquete accionario mayoritario en la empresa telefónica de otra nación.

Telecom, en el periodo 1986-1996, tuvo rentabilidad nominal promedio anual de 71.2% constituyéndose en un importante soporte del presupuesto nacional a través de las transferencias de la mayor parte de sus utilidades, con indicadores importantes de eficiencia y rentabilidad social, con apoyo en las participaciones a las telefónicas locales, inversión en telefonía social y rural, transferencias al gobierno nacional y pagos de impuestos a la renta, considerado como un importante aporte a la sociedad.

La eliminación de los subsidios a los servicios públicos está llevando a un incremento general de las tarifas, como ha sucedido con el aumento enorme de las tarifas de telefonía local desde la imposición de la apertura en 1998. Desde entonces, millones de usuarios de estratos bajos están subsidiando a unos cientos, que son los que utilizan los servicios de larga distancia internacional, LDI. La implantación de la Ley 142 y la competencia también han contribuido a incrementar las tarifas, porque se introdujo, además de los costos operacionales, el oneroso margen de utilidad del operador, como también los enormes gastos en publicidad y propaganda para inducir un comportamiento entre los consumidores y la recuperación de la inversión.

El gobierno neoliberal de Uribe Vélez no ceja en la aplicación de la política diseñada por Washington para garantizar la rentabilidad e intereses del capital financiero, buscar allegar fondos para cubrir el déficit presupuestal y así pagar deudas e intereses a los usureros de los organismos de créditos y los bancos internacionales y, además, financiar la política de militarización y seguridad que se esta implantando. Después de difundir cifras falsas sobre los estados financieros de Telecom y con el mendaz argumento de la inviabilidad de la empresa debido a los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, el gobierno se lanzó a justificar su intención perversa de liquidar a la empresa estatal de telecomunicaciones. Conforme a los principios neoliberales establecidos por el artículo 209 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, las facultades permanentes que el ejecutivo tiene desarrollados en la Ley 489 de 1998, el llamado Programa de Renovación de la Administración Pública previsto en la Ley 790 de 2002, el pasado 12 de junio Uribe Vélez expidió el decreto 1615 que liquida de un plumazo a Telecom, enviando a la calle a 6.974 trabajadores.

Con los decretos del 1603 al 1614, el gobierno de Uribe liquidó las empresas teleasociadas Telemaicao, Telecalarca, Telenariño, Telesantarosa, Telecartagena, Telbuenaventura, Telearmenia, Teletolima, Teleupar, Telehuila y Telecaquetá, dejando sin empleo a mas de 1.200 trabajadores de estas asociadas.

Con el decreto 1616 de la misma fecha se creó la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, paso definitivo en corto tiempo hacia la privatización total de las telecomunicaciones y hacia el avance en la explotación de mano de obra barata, por cuanto los que ingresen a trabajar a esta última empresa lo harán bajo condiciones oprobiosas, sin estabilidad y con derechos mínimos salariales y prestacionales.

La decisión fue precedida por determinaciones unilaterales del alto gobierno plasmadas en los documentos Conpes 3145 de 2001 y 3184 de 2002, que, entre otros aspectos, establecían claramente la constitución de una matriz (privatización de toda la telefonía local de Telecom y las Teleasociadas). Ambos documentos pignoraban 1.6 millones de líneas como garantía de un préstamo internacional de 600 millones de dólares para pagarle la exorbitante deuda que están cobrando las multinacionales Alcatel, Nortel, Ericcson, Siemens, Itochu y Nec en por unos leoninos contratos de joint venture. Estas multinacionales hoy están exigiendo abusivamente el pago de más de 1.800 millones de dólares, los cuales se les agregarían a los 1.150 millones de dólares que ya han recibido por facturación y por aportes de Telecom.

Además, en dichos documentos el régimen exigía que fueran eliminados derechos fundamentales para los trabajadores como la estabilidad, los salarios y las prestaciones convencionales, intento este que fue derrotado por la movilizacion de los trabajadores de Telecom y las Teleasociadas en el primer semestre de 2002.

Como si lo anterior no fuera suficiente, en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado, se reafirma la política del gobierno de continuar profundizando el proceso de privatización y entrega del estratégico sector a las multinacionales y, como paso previo, eliminar los derechos adquiridos de los trabajadores plasmados en las convenciones colectivas.

Uribe dejó en claro que impondrá dicha política contra la voluntad de los trabajadores reprimiendo violentamente a los que se opongan. Así sucedió con los trabajadores de las telecomunicaciones y petroleros, quienes fuimos reprimidos brutalmente por las fuerzas policivas del régimen desde el 10 de junio, fecha en que nos declaramos en lucha permanente por la defensa del patrimonio público de los colombianos y la soberanía económica.

Y como para que no queden dudas de que el régimen uribista tiene la decisión de entregar el rentable sector a las multinacionales, en el proyecto de ley marco de telecomunicaciones que presentará próximamente la Ministra de Comunicaciones al Congreso se permite con mayor facilidad a los inversionistas extranjeros adueñarse del mercado nacional, ya que en él se consigna que, para ofrecer los servicios de larga distancia nacional e internacional, ya no será necesario obtener licencias o firmar un contrato con el Estado. Con ello se les abren aún más las puertas a las trasnacionales foráneas y se le quita cualquier impedimento al ingreso de nuevos operadores.

Hoy más que nunca, todos los trabajadores precisamos de un cabal conocimiento del contenido y los fines de las políticas de globalización. La apertura, y ahora el ALCA, acaban con la producción y el trabajo nacionales. El imperio viene por todo, y en primer lugar, por recursos estratégicos como los hidrocarburos y el sector de las telecomunicaciones.

Junto con las organizaciones de usuarios de los servicios públicos, los trabajadores, las organizaciones populares, las juntas comunales, las agremiaciones de productores y el resto de la población, los trabajadores debemos librar una lucha a fondo de resistencia contra la arremetida de recolonización.

El Paro Cívico Nacional del 12 de agosto será una altiva respuesta contra un gobierno que se apresta a gravar con impuestos las pensiones y a congelar los salarios y las prestaciones, y que ha lanzado al desempleo a decenas de miles de trabajadores. ¡Preparemos nuevos combates por la reconquista de nuestros derechos!

NEFASTO PASO HACIA EL DESMONTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La red nacional de 37 clínicas y 204 Centros de Atención Ambulatoria con que el Seguro Social venía atendiendo a sus millones de afiliados empieza a ser desmontada por pedazos, al ser convertida por Uribe en siete Empresas Sociales del Estado obligadas a subsistir con sus propios ingresos. De los 14 mil funcionarios, 13.700 quedaron como empleados públicos, sin derecho a los beneficios de la convención colectiva y a la jubilación convencional, y sometidos al régimen de libre remoción. Este otro rudo golpe a la salud pública merece ser repudiado enérgicamente por los miles de trabajadores del sector y por sus sindicatos.