ALCA ARRASA CON LA SOBERANIA

Jorge Enrique Robledo, senador

El ALCA es la misma política de apertura que iniciaron Barco y Gaviria, que continuaron sus sucesores y que tiene al país como lo tiene, pero llevada a la enésima potencia.

Es importante que conozcamos lo de México, porque es una prueba a la mano de cuál es la auténtica realidad de la política que nos están imponiendo. En la lógica neoliberal, el país tercermundista mejor localizado en el mundo para salir bien librado con el ALCA sería México, que tiene al lado, en la frontera, al país con el mayor mercado del mundo. Resulta fácil entender que si a México le ha ido tan mal con el proceso neoliberal de veinte años, como se ha señalado aquí, siempre tendrá que irles peor a otros países que estamos bastante más lejos de ese mercado y que vamos a tropezar con mayores dificultades para acceder a él, repito, en la lógica falsa de la gran felicidad que nos ofrece el neoliberalismo.

Mi ponencia versa sobre el ALCA y la soberanía, pero voy a hacer algunas reflexiones que me ayuden a enmarcar el tema. ¿Qué pasó en Colombia? Ya se ha dicho: se dispararon las importaciones. Lo de las importaciones agropecuarias es suficientemente conocido, pero aquí voy a destacar un hecho que se conoce menos: está demostrado estadísticamente que peor que al agro le ha ido a la industria.

Las cifras entre el 93 y el 99, los años claves del hundimiento de la economía como producto directo del neoliberalismo, nos revelan que en esos años el agro creció un poco más de 7%, o sea, un crecimiento del 1% anual, pésimo. Bueno, en esos mismos años la industria decreció casi 6%, es decir –0,84% anual. La diferencia entre el crecimiento del agro y el de la industria en ese periodo (que, repito, son los años claves) es de 13%.

A la industria le fue bastante peor que al agro. Si se conoce poco no es porque no sea una cruda y ostensible realidad, sino porque mientras en el sector agropecuario ha habido quienes con alguna fuerza hemos podido denunciar el desastre y oponer resistencia, la verdad es que en la industria quienes eran los principales llamados a denunciar la gravedad de la situación lo han ocultado cuidadosamente, por cualquier razón que sea.

El ALCA, en síntesis, va a profundizar la apertura que se iniciara en 1990. La mejor definición que he escuchado del ALCA se la oí a un campesino de la zona cafetera. Decía que ALCA significa: ALCA…ído, caerle. Nos desbarataron la economía en esta década y ya ahora, que nos ven en el piso, nos van a levantar a las patadas.¿Qué pasará en lo político? No puede haber un proceso de concentración de la riqueza, de antidemocracia económica, que no conduzca a un proceso de antidemocracia política. Lo que está pasando en Colombia no es casual. No es casual que haya un Poder Legislativo absolutamente avasallado por el Ejecutivo. No es casual que el gobierno pisotee la Rama Judicial y viole uno de los principios cardinales de la democracia burguesa, cual es el de la separación de los poderes. No es casual el autoritarismo. Cuanto más antidemocracia económica, más antidemocracia política.

No estamos entonces ante un proceso de integración, sino ante un proceso de anexión. Lo que estamos presenciando es un proceso de recolonización. Lo anticipó Francisco Mosquera por allá en 1992.

En estas pujas antagónicas que son las relaciones económicas internacionales, el peor presidente de la República ¿cuál es? No el más bobo, ni el más corrupto, ni el más ignorante, ni el más vago. El peor presidente de la República es el que ha sido contratado bajo mano para trabajar día y noche y sin descanso al servicio de la nación con la cual se está compitiendo. El peor presidente de la República es el que juega en el bando enemigo, asesorado por un grupo de expertos que también juegan en el bando enemigo. Un presidente que es un traidor a la patria y que en últimas tiene como negocio principal vender a su país a los intereses extranjeros.

No creo que el ALCA tenga arreglo, de la misma manera que no creo que los neoliberales tengan arreglo. A los hommes y a los junguitos no hay que convencerlos, hay que derrotarlos.

A los más pesimistas, a quienes crean que no podemos derrotar al imperio, les dejo esta reflexión: el deber de los patriotas, el deber de los seres humanos en nuestro paso por esta Tierra es hacer un esfuerzo por dejarles un mundo mejor a nuestros hijos. En esa lucha por dejarles un mundo mejor a nuestros hijos no estamos obligados a ganar, pero sí a librar la batalla.

(De la ponencia: El ALCA arrasa con la soberanía de Colombia).

EL CAMPO NO AGUANTA MÁS

(Por Víctor M. Quintana S., profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, y vocero oficial del movimiento gremial El Campo No Aguanta Más)

Desde mitad de los años 30 hasta finales de los 60, el campo mexicano fue un campo próspero; produjo alimentos baratos para la ciudad y materias primas para la industria en continua expansión. A pesar de que los precios rurales se sacrificaban en favor del territorio industrial, la agricultura mexicana conoció tasas de crecimiento anuales que ya quisiera el presidente Fox para engalanar sus mejores promesas; eso fue hasta finales de los 60.

En 1982 se inició lo que hemos llamado la guerra contra el campo mexicano. La primera etapa comenzó en 1982 con la imposición, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro estadounidense y el Consenso de Washington, del primer paquete de ajuste estructural, uno de los primeros que se da en el mundo. Y vino la primera generación de medidas de ajuste en el campo mexicano. Se liberaron los precios de los insumos agrícolas, de los energéticos, fertilizantes y maquinaria, se controlaron los precios internos de garantía de los productos agrícolas, se empezó a reducir la inversión y el gasto del Estado en apoyos, inversión e investigación agrícolas.

En la segunda, iniciada con el gobierno de Salinas en 1988–89, la ofensiva se desató con furia. Se abrió con una declaración de uno de los representantes de Salinas, quien dijo: en el campo mexicano hay 25 millones de personas, el 25% de la población mexicana, y sin embargo, produce únicamente el 7% del Producto Interno Bruto. Luego sobran 18 millones de personas en el campo mexicano. Necesitamos desplazar del campo mexicano a 18 millones de personas.

Y comenzó una operación que, si estuviéramos en Yugoslavia, la llamaríamos de purificación étnica. Fue una operación, digamos, de limpieza: barrer el campo mexicano de campesinos. Según los tecnócratas de Salinas, de Cedillo e incluso de Fox, sobran varios millones de personas que hay que mandar rápido a la ciudad o a Estados Unidos. Y Salinas empleó para tal fin dos instrumentos privilegiados: primero, la contrarreforma agraria de 1992, que privatizó las tierras agrícolas en manos de los ejidatarios y las comunidades indígenas. Y segundo, se empezó a negociar con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor el primer día de 1994.

La desproporción entre México y Estados Unidos es palmaria. Les voy a dar unos datos, sin incluir a Canadá. En Estados Unidos hay 59 hectáreas de tierra por trabajador agrícola; en México 3. En Estados Unidos hay 7 hectáreas irrigadas por trabajador agrícola; en México diez veces menos, o sea 0,7 hectáreas. En Estados Unidos disponen de 79 hectáreas de pastizal por trabajador agrícola; en México de 9. En Estados Unidos cuentan con 58 hectáreas de bosque por trabajador agrícola; en México con 2,8 hectáreas. En Estados Unidos hay 1,6 tractores por trabajador agrícola; en México 2 por cada 100. En Estados Unidos se producen 8 toneladas 400 kilos de maíz por hectárea; en México 2 toneladas 400 kilos. En fríjol, una tonelada 800 kilos en Estados Unidos; en México 600 kilos. En arroz, 6 toneladas 800 kilos en Estados Unidos.; en México, ahí no estamos tan desequilibrados, 400.

Las diferencias de productividad se deben, claro está, a la enorme diferencia de dotación de recursos naturales: tres cuartas partes del territorio mexicano son tierras áridas o semiáridas; salvo en algunas cuantas regiones del norte, tenemos a veces nieve en invierno. En Estados Unidos, casi en todo el país tiene nieve en invierno y hay lluvias abundantes en verano. Tienen el valle del Mississippi que es una de las llanuras de aluvión más importantes del mundo. Nosotros no tenemos esas condiciones agroclimáticas tan privilegiadas.

Sin embargo, lo más importante es el desequilibrio entre las políticas de fomento. En Estados Unidos, los apoyos que reciben los agricultores representaron en 2001 el 47% de la producción agropecuaria, mientras que los recibidos por los agricultores mexicanos representaron solo el 24%.

México tenía 9 años de plazo para prepararse para la desgravación casi total de 2003. Bueno, ¿qué hizo el gobierno mexicano en esos 9 años?

En 1994, al iniciarse el Tratado, el presupuesto agrícola del gobierno mexicano, como proporción del gasto programable, era de 8,8%. En 2002 descendió a 3,5%. Como proporción del presupuesto para el campo en el Producto Interno Bruto, en 1994 fue de 1,5% y en 2002 de 0,6%. ¿Qué quiere esto decir? Que el gobierno mexicano, en lugar de preparar al sector agropecuario para que se pusiera en condiciones menos asimétricas de competencia, disminuyó drásticamente por mitad las inversiones. Pero no únicamente eso; teniendo México derecho a proteger sus sectores maicero y frijolero con aranceles y con cuotas, el gobierno mexicano dejó de cobrar durante esos 8 años US$ 2.800 millones en aranceles para importaciones de maíz y US$ 77 millones para importaciones de fríjol. Y permitió la entrada de 14 millones de toneladas de granos básicos por encima de la cuota establecida sin cobrar un centavo de arancel.

Así nos preparó el gobierno para el Tratado de Libre Comercio. ¿Y cómo se preparó Estados Unidos? ¿Qué hizo el gobierno norteamericano? Todo, menos libre comercio. Al contrario de lo que había acordado en la OMC, incrementó los subsidios a la agricultura y nos inundó con exportaciones de alimentos a precios de dumping; es el caso de los cárnicos y de los lácteos, por ejemplo.

Hace dos años, en el Frente Democrático Campesino realizamos una experiencia pedagógica: nos fuimos y tomamos el puente internacional Ciudad Juárez-El Paso, no por donde pasan los peatones o los automovilistas, sino por donde se pasan los contenedores. Lo que hicimos fue detener todos los contenedores que venían de Estados Unidos con productos agropecuarios. Y a que no se imaginan ustedes qué encontramos. El primer contenedor que detuvimos traía un polvo amarillo con manchas negras, hecho plasta. Era maíz. Y nuestros productores se dieron cuenta de inmediato, sin necesidad de irse hasta Harvard, lo que significaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Decían: tenemos millones de toneladas de maíz blanco de alto contenido proteico sin poder vender en nuestras bodegas y estamos importando maíz que ni los puercos son capaces de comer.

Unos contenedores después lo que detuvimos fue un trailer completo de 30-40 toneladas de pollo congelado, creo que desde el Jurásico. El siguiente trailer, hasta da vergüenza decirlo, venía completamente lleno de colitas de pavo. Lo que desperdician los norteamericanos, lo más grasoso, lo más tóxico, nos lo envían a nosotros.

En vez de rebajar los subsidios, EU los elevó. De 1994 a 2000 pasaron de US$ 5 mil millones anuales a US$ 32 mil millones anuales.

Pero todavía más. Con la nueva ley agrícola de mayo de 2002, Estados Unidos incrementó hasta US$ 180 mil millones los subsidios a su agricultura por un periodo de 10 años. Así, el apoyo por hectárea en Estados Unidos será en estos años de 125 dólares. El subsidio promedio por agricultor del gobierno norteamericano es de 21 mil dólares; en México de solo 700. Estados Unidos tiene un presupuesto para su agricultura 30 veces mayor que el vigente en México, y la agricultura norteamericana es 6 veces mayor que la mexicana.

Bueno, ¿cómo nos fue con esta excelente preparación del gobierno mexicano para competir con la agricultura de Estados Unidos? Para el sector agropecuario mexicano el TLCAN significó sobre todo importaciones. En los primero 8 años del Tratado las importaciones de la agricultura y la ganadería mexicanas casi duplicaron su valor: pasaron de US$ 2.900 millones a US$ 4.200 millones. De 1994 a 2001, México elevó sus compras de productos agropecuarios y agroalimentarios extranjeros en 44% e incrementó sus exportaciones sólo 8%.

Otra comparación. En 1995, durante la bonanza del sector agroalimentario, México importaba de Estados Unidos US$ 3.254 millones, pero alcanzaba a exportar US$ 3.800 millones; es decir, tenía 600 millones de superávit en la balanza agroalimentaria. Seis años más tarde, México había más que duplicado las importaciones agroalimentarias, que subieron a US$ 7.415 millones. Pero las exportaciones solo aumentaron a US$ 5.267 millones. La balanza agroalimentaria se hizo deficitaria en US$ 2.400 millones.

En 1990, el promedio de importación de los 10 cultivos básicos de México procedentes de Estados Unidos ascendía a 8,7 millones de toneladas. Diez años después era de 18 y medio millones de toneladas, un incremento de 112%. Nosotros presumimos de que el maíz es parte de la identidad mexicana. Antes del Tratado lo que más llegamos a importar fueron 2 millones y medio de toneladas anuales. Ahora ya andamos importando 6 millones de toneladas anuales. Y los defensores a ultranza del Tratado nos preguntan: ¿pero para qué cultivamos maíz si nos sale más barato comprarlo en Estados Unidos? Les respondemos: sí, pero el maíz es el principal alimento de los mexicanos. Un asunto de vida o muerte, una cuestión de seguridad nacional.

La otrora orgullosa agricultura mexicana se ha derrumbado. Es triste decirlo, pero ya no produce alimentos para la nación. Importamos el 95% de las oleaginosas, el 40% de la carne, el 30% del maíz, el 50% del arroz.

¿Cómo ha repercutido esto? El Tratado ha sido para México de importación; ha sido de pérdida de la soberanía, de pérdida de la seguridad alimentaria. Se derrumbó la rentabilidad en la agricultura nacional.

(Apartes de la ponencia El campo no aguanta más).

«SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCTOS SENSIBLES Y CONVERTIBILIDAD DEL AGRO A PRODUCTOS TROPICALES»

Ponencia presentada por Ángel María Caballero, presidente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, en el Foro ALCA y TLC, el espejismo del libre comercio.

Ángel María Caballero

Comencemos por definir seguridad alimentaria como el derecho que tienen las naciones a producir sus alimentos para no verse condenadas a una hambruna o a tener que importarlos al precio que exijan las multinacionales de la comercialización. Colombia perdió esta seguridad en soya, maíz, sorgo, cebada y algodón en la década pasada, y la del trigo en los sesentas.

Para los neoliberales, por el contrario, seguridad alimentaria es el derecho del que gozan los consumidores a obtener alimentos «baratos» donde sea. Pero lo de barato es relativo, porque, por ejemplo, la soya y el trigo que dejamos de producir nos toca importarlos cada vez más caros, y hoy tienen un precio 40% y 12% más alto que el año pasado; lo mismo ocurre con el algodón. Amén de las divisas que hay que invertir para comprarlos, generando empleo pero para los agricultores de los países que los producen. Y, por otro lado, los precios bajos con los que la leche fue importada masivamente en el año 2001, nunca les fueron trasladados a los consumidores, que debieron seguirla pagando cara a pesar de ser un alimento de primerísima necesidad.

En las negociaciones del ALCA es muy común oír el término sector sensible. Hace referencia a los productos del campo que forman el componente más importante de la dieta básica y, por ello, son responsables de la seguridad alimentaria de Colombia. Estos productos se verían afectados con el ALCA, a tal punto que podrían ser llevados hasta la extinción.

Lo cierto es que en el agro colombiano no hay producto que no sea sensible: lácteos, cereales, oleaginosas, papa, panela, azúcar, plátano, frutas, hortalizas, fríjol, carnes. Hasta el algodón industrial lo es. Pero esa sensibilidad de nada les sirvió a los gobiernos neoliberales. En el decenio pasado entregaron nuestro mercado con la apertura de los noventas, bajando aranceles. Simultáneamente desaparecieron el Idema y con él los precios de sustentación, se debilitó casi hasta la extinción al ICA, con Corpoica se marchitó la investigación en las ciencias agropecuarias, y los créditos de fomento se acabaron al eliminar la Caja Agraria. Es decir, se hizo todo lo que no se debía hacer. Mientras tanto, Estados Unidos desarrolló la ingeniería genética y exige que les abramos nuestras fronteras a sus productos y capitales, a la vez que incrementa los subsidios a sus agricultores. Para los próximos siete años, estos pasan de 100.000 millones a 180.000 millones de dólares. Y al ver que la apertura era tan buen negocio, y después de acabar con nuestro trigo y nuestro maíz, les dio por profundizarla, creando el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, para inundarnos de lo que ellos producen en abundancia con tecnología de punta y altos subsidios. Lo que nuestros gobernantes olvidan, o esconden, es que estos productos representan para Colombia más de 4 millones de empleos agrícolas y la subsistencia de 11.5 millones de compatriotas que viven en los 1.050 municipios de nuestra geografía.

Uribe y sus asesores se han empeñado en alegar que los agricultores colombianos somos latifundistas, como lo alega Hommes, actual asesor del presidente Uribe. No les tiembla la voz para mentir, porque ellos muy bien saben que el trigo y el maíz y el fríjol han sido sembrados fundamentalmente por pequeños productores. Y también conocen, tienen que conocerlo, que en la producción arrocera somos 28 mil cultivadores, de los cuales 85% tienen explotaciones por debajo de 20 hectáreas. Para Hommes y sus amigos, estos son latifundistas. Pero no lo son los arroceros gringos, con grandes empresas de miles de hectáreas y que reciben todo el apoyo del gobierno más rico de la tierra. Es el mundo al revés. Para los gobernantes de Colombia, que venden la nación, su labor mercenaria es digna de alabanza, mientras califican de zánganos y pechugones a los productores nacionales que viven los riesgos de empresas amenazadas por la competencia extranjera, el abandono oficial y la violencia sanguinaria. Es el absurdo entronizado.

Arguyen sin ningún empacho, recordémoslo, que el pan en Colombia es el segundo más caro de América y que por ello –¡oh, lógica sublime!– deben ser arrasados los pocos cultivos de trigo que sobreviven en Nariño o en Boyacá. Pero ocultan que 95% del trigo que se consume en nuestro país es importado, precisamente porque acabaron con la producción triguera nacional en los años sesentas utilizando el mismo argumento de ahora: que sale más barato importarlo que producirlo y que lo que ellos anhelan es proteger al consumidor. Mentira. Nos vuelven a mentir. Y repiten sin ninguna vergüenza que los habitantes de la ciudad tienen derecho a alimentos más baratos, así sean importados, que no se debe subsidiar nuestra producción y que nuestras tierras deben dedicarse a cultivar especies tropicales, que no se dan en los países que nos proponen el Tratado del ALCA. Y el gobierno, ahí sí, ofrece préstamos para cultivar pitayas, uchuvas, feijoas y otras frutas exóticas.

Son argumentos deleznables, porque «lo más caro para un país es lo que no es capaz de producir», como agitamos en la bandera de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Al ATPA, o Atpdea, que entre otras cosas compensaba en su origen la eliminación de los cultivos ilícitos, la ponen ahora los gringos como señuelo para que el gobierno apruebe el ALCA, lo cual, desde luego, tiene tufo de chantaje. Y, además, no presenta ninguna relación favorable costo-beneficio para el país, porque en los últimos ocho años el incremento en las exportaciones del ATPA no pasó de 1.2 billones de pesos y de 45 mil nuevos empleos. Pero lo que está en juego es todo el mercado interno de Colombia, que pasa de 20 billones de pesos y que genera 4 millones de empleos seguros. Lo que ofrecen los gringos con el ATPA es incierto y nos toca competirlo con países más pobres que el nuestro; es parcial, pues solo se aplica a unos cuantos productos, y es temporal pues termina en el año 2006 cuando empiece a aplicarse el ALCA, mientras que lo que nos van a imponer con el Área de Libre Comercio de las Américas será permanente, cada vez más fuerte y aplicado sin excepción a todas las mercancías y servicios.

Los mismos cultivos tropicales nos han dejado experiencias negativas. El café y el banano son cultivos tropicales y, aunque se producen bien entre nosotros, nos toca pelearnos el mercado con los demás países productores. Las trasnacionales que controlan el comercio fomentan las siembras para que haya superproducción y así poder pagarles a los arruinados cultivadores lo que ellas tengan a bien. Para los productos tropicales hay nichos de mercado relativamente pequeños y que se saturan rápidamente, pues la humanidad no se alimenta propiamente de ellos, sino de los once productos de la dieta básica, esos sí producidos y subsidiados por las grandes potencias mundiales.

Debe quedar en claro que no nos oponemos a la siembra de especies tropicales. Pero lo que no aceptamos es que al país se lo restrinja a los cultivos tropicales, de rentabilidad y mercado inciertos, mientras se entrega la producción nacional de alimentos básicos y se permite el aumento desbordado del desempleo rural. Desde este punto de vista, nos oponemos a la convertibilidad, o sea, al cambio masivo de cultivos tradicionales y transitorios por especies tropicales y exóticas. Un ejemplo claro es el café orgánico, que tiene un pequeño nicho de mercado que se debe desarrollar, pero no sobre la base de sustituir las 600 mil hectáreas de café convencional, las cuales debemos tecnificar exigiendo para ello el apoyo del Estado y el de la Federación de Cafeteros.

Retomando el tema inicial de los cultivos sensibles, tomemos el caso del arroz. Su precio promedio en el mercado nacional puesto FOB es de 400 dólares y en el mercado internacional de 180 dólares; es un cultivo muy sensible que desaparecerá con el ALCA. El arroz colombiano es poco competitivo, pero no por culpa de los agricultores; los insumos valen en Colombia hasta tres veces más que en los países competidores del ALCA, y el gobierno la única explicación que da es la de «riesgo país», sin mencionar el tema de los subsidios, que en Colombia se reducen al incentivo al almacenamiento en época de sobreproducción, y pare de contar. De Ecuador hay importaciones cada año de 150 mil toneladas por Pacto Andino, y entra arroz triangulado por Venezuela. Sin embargo, el sector subsiste, pero porque no ha empezado el ALCA. Con el ALCA, será otra la situación.

Más sensible aún que el arroz es la leche. A la lechería le tocó recoger la tierra de cafeteros, trigueros, maiceros, algodoneros y todos los quebrados y, además, tiene excedentes exportables que deberían ser subsidiados por el Estado.

¿Qué hacer? La solución no está en la convertibilidad ni en la desgravación gradual a 10 años, pues la competitividad es con dinero y ese no es propiamente el caso de Colombia. Tampoco creemos que, por sensible que sea el producto, el gobierno vaya a tener consideración. La lucha no puede ser por sectores. Debemos estar unidos. Todos. La SAC y las demás organizaciones, porque por bien que le vaya a un renglón en las negociaciones, lo más que logra es demorar el momento de la quiebra. Unos tendrán 5 años de vida, otros 10 si les va mejor, pero seguramente la ruina total llegará antes que el arancel baje a cero.

Estados Unidos ha manifestado repetidamente que no negocia los subsidios en el ALCA. Pero no podemos ceder. Nuestra posición es que si ellos no eliminan los subsidios, no habrá negociación. Sin olvidar que incluso eliminando ellos los subsidios, quedaremos en desventaja, pues nos ganan en adelantos tecnológicos, en costos de los insumos, en seguridad y en todos los estímulos a la producción. El Estado colombiano, al contrario, cada vez recorta más su apoyo al campo, como está ocurriendo por ejemplo con el ICR, el incentivo a la capitalización rural.

La única solución es la unión de todos los sensibles contra los insensatos, y rechazar y combatir la orquesta que todos los días disuena, y cada vez más fuerte, contra la producción nacional. No hay otra consigna posible: ¡Defendamos la producción y el trabajo nacionales! ¡Repudiemos el ALCA!

«EN LA CALLE TRABAJAREMOS EN LA CALLE NOS QUEDAMOS»

Por Albeiro Osorio Vargas

Sólo fue que en enero de 2001 le dieran posesión como alcaldesa a la señorita Martha Elena Bedoya, ficha política de la senadora uribista María Isabel Mejía, para que se iniciara la más violenta persecución contra los vendedores ambulantes de Pereira. Arrancó la ofensiva con perros salvajemente adiestrados que, acompañados de elementos de una agencia contratista llamada Seguridad Atlas, mordían en feroz cacería a los trabajadores de la calle; luego vinieron los bastones eléctricos, mucho más efectivos, porque el vendedor a quien le aplicaban la descarga caía desmayado.

Para tan inhumana campaña de «limpieza social» se requería una persona despótica y con odio arraigado por los pobres, y entonces la alcaldesa nombró a Martha Cecilia Correa como secretaria de Gobierno.

La nueva secretaria se inventó una acción de compromiso que concluyó en el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Pereira: «El derecho al trabajo es un derecho individual y no puede estar por encima del derecho del colectivo al disfrute del espacio público». Aprestándose para hacer frente a la ofensiva de las autoridades, los comerciantes informales independientes conformaron el Comité de Vendedores Ambulantes de Pereira, que coordinó la Resistencia Civil. El gobierno municipal arremetió en diciembre con gases lacrimógenos, tanquetas, policía antimotines y amenazas a los dirigentes, empeñado en destruir las casetas con retroexcavadoras y en decomisar las mercancías. Las marchas pacíficas fueron atacadas con bolillo y decenas de mujeres y hombres quedaron detenidos. Fue una sombría Navidad para miles de colombianos desempleados y para sus familias, a quienes el gobierno se halla obstinado en negarles hasta la más mínima posibilidad de subsistencia.

Asesinatos

El gobierno de la señorita Bedoya, que ha fracasado en todo lo demás, solo ha resultado eficiente en materia de represión. Hasta la fecha han sido asesinados en oscuras circunstancias seis vendedores ambulantes. Pero el crimen que ha causado mayor indignación entre la ciudadanía es el de John Alirio Carmona, padre de tres pequeños niños y muerto a golpes por la fuerza pública. John Alirio falleció el 24 de junio en el Hospital Universitario San Jorge, víctima de un severo trauma en la región cervical que le fue propinado mientras se encontraba bajo la custodia de la Policía.

Los hechos sucedieron así: el viernes 18 de junio, a eso de las cinco y media de la tarde, en la calle 18 con carrera 6, John Alirio fue obligado por el agente de policía de apellido González, identificado con la placa 98630, a subir a uno de los vehículos dispuestos por la Alcaldía para los operativos que adelantan a diario unos individuos pertenecientes a la Fundación Ecológica Universal, quienes desde noviembre, por contrato con la Secretaría de Gobierno, se han convertido en los amos y señores del espacio público. Al día siguiente, 19, John Alirio fue ingresado al Hospital Universitario con lesiones tan severas, que quedó cuadrapléjico y falleció cinco días después.

La gravedad del hecho no puede ser ocultada por las explicaciones ligeras y mendaces ofrecidas en rueda de prensa y en declaraciones a los medios por la alcaldesa y por su secretaria de Gobierno, quienes se limitaron a indicar que tomarán «los correctivos para evitar que se repitan los accidentes». No. Tendrán que responder ellas mismas ante la justicia penal, como también todos los directamente comprometidos en este execrable crimen.

Más de tres mil comerciantes informales, muchos de ellos mujeres cabeza de hogar, llevan más de siete meses resistiendo diariamente, y al fragor de la lucha lograron constituir la seccional del Sindicato Nacional de Vendedores Informales, Ambulantes y Estacionarios, Sindevendedores, con 315 afiliados fundadores, entre ellos, John Alirio Carmona. El presidente de la junta directiva es Julio César Grajales.

Economía del rebusque

Esa forma de ganarse el sustento del día que los colombianos conocemos con el nombre de rebusque es una vieja práctica común a los pueblos que padecen de graves desigualdades sociales. En Colombia, azotada desde sus comienzos por múltiples formas de violencia y grandes depresiones económicas, el comercio informal ha sido, más que una constante, una forma de economía paralela.

En Pereira hay más de tres mil hogares cuyas cabezas de familia se medio ganan el sustento ofreciendo a los transeúntes mercancías baratas, aquellas a las que tienen acceso las empobrecidas masas de trabajadores, pobladores de los barrios populares y capas medias arruinadas por la crisis económica a la que ha sido conducido el país por la aplicación del recetario neoliberal.

La lucha continúa. Sindevendores, a la cabeza de los demás sindicatos, ha llevado a cabo múltiples manifestaciones, protestas y mitines. Cada intento de decomiso se convierte en una nueva batalla. Se bloquean las vías y se agitan consignas. El 11 de julio reaparecieron los gases lacrimógenos y en varias ocasiones los policías han hecho disparos al aire, lo que siembra el pánico entre los transeúntes. Varios columnistas de la prensa regional y nacional han escrito artículos de apoyo a las justas movilizaciones de los vendedores. También prestigiosos dirigentes políticos como el senador Jorge Enrique Robledo y el diputado risaraldense, Carlos Alfredo Crosthwaite, quienes acompañaron a los directivos de Sindevendedores a una entrevista con el Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes. La Defensoría se comprometió a realizar una Audiencia Pública en Pereira.

Aun cuando ha habido más de 30 heridos y fracturados en las distintas refriegas, la Resistencia Civil sigue creciendo. Todos los compañeros han asimilado la frase que dice: «La única lucha que se pierde es la que se abandona».

LA «SOCIEDAD CIVIL» Y EL ALCA

Salvación Agropecuaria asiste a reunión en Brasil

Por Aurelio Suárez Montoya

Dentro de un aparente programa masivo de difusión del ALCA, se celebró en Sao Paulo, Brasil, una reunión llamada «De los representantes gubernamentales con la sociedad civil», para abordar el Capítulo de Agricultura en este Tratado. Es la primera de varias que se realizarán sobre distintos tópicos; la próxima, en Chile, será en septiembre sobre los servicios.

Resulta extraño que después de ocho años de negociaciones y de más de siete foros empresariales, dominados por los consorcios multinacionales, cuyas propuestas se han convertido en letra sagrada del Acuerdo, se convoque con carácter de «convidados de piedra» a quienes jamás han sido escuchados y que precisamente habían sido excluidos en todo el proceso. Es claro que con estos intercambios de ideas, que en nada se atienden, se pretende subsanar formalmente el secreto y la privacidad que han regido al ALCA durante casi una década.

La asistencia de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, ANSA, invitada para la ocasión por organizaciones sociales del Brasil, ayudó a conocer de primera mano algunos asuntos deformados aquí por los voceros oficiales o por ciertos medios interesados en confundir a la opinión. El más importante de ellos: la posición norteamericana, que entre nosotros es presentada como magnánima. En la intervención de los voceros gringos, Bob Stallman –presidente de la mayor federación de productores agrícolas de ese país–, John Hardy, de la porcicultura, y una representante de la industria estadounidense de alimentos y bebidas, no se vio evidencia alguna sobre los presumibles beneficios que recibirá América Latina, como dicen con tanta ceremonia los neoliberales.

El primero de los mencionados, al reclamar la reducción de los aranceles en los demás países del Continente, destacó que Estados Unidos no debería disminuirlos más porque ya los tenía muy bajos. Advirtió Stallman que los subsidios oficiales, de los que disfrutan él, sus asociados y las firmas exportadoras gringas, no se eliminarán en el ALCA. Notificó a los presentes que los subsidios sólo serán fruto de negociación en el seno de la OMC, e invitó al resto a acudir con su concurso a este último Foro para enfrentar a los europeos en dicha materia. Al terminar su exposición, Stallman reiteró la importancia del ALCA para los países del Sur, pues el Acuerdo de Libre Comercio les facilitará adquirir la «comida barata» producida en Norteamérica. Una extraña coincidencia con los argumentos en favor del ALCA del consejero presidencial de Colombia, Rudolf Hommes.

Míster Hardy, el segundo de los voceros gringos, conminó que el sector que representaba no cedería en el mantenimiento de los controles sanitarios y fitosanitarios para toda importación de cárnicos hacia su país. Y la representante de la agroindustria de Estados Unidos exigió perentoriamente acceso para sus productos con valor agregado. Al igual que Stallman, la dirigente gremial denunció con altanería los excesivos aranceles de los demás países y, concretamente, demandó que sean suprimidos cuanto antes los mecanismos de franjas de precios (como los aplicados por la Comunidad Andina), con lo cual también coincidió con el asesor Hommes y sus estudios de cabecera, quien califica tal instrumento como defensa de los «ineficientes» y los «pechugones». Curiosamente, la vocera de los monopolios terminó su intervención halagando a los brasileros, al insinuarles que «desearía ver el azúcar del Brasil en Estados Unidos».

Y, precisamente, el sector agropecuario brasileño estuvo dividido en torno al ALCA en la reunión de Sao Paulo. Por un lado, los movimientos campesinos, encabezados por «Los sin Tierra», que han entendido que el ALCA atenta contra la soberanía alimentaria de las naciones latinoamericanas sometidas a competencia desigual en cereales, avicultura, aceites vegetales, granos, lácteos y arroz, entre varios géneros indispensables de la dieta básica. Así lo consignaron «Los sin Tierra» en una constancia que suscribieron doce agremiaciones, entre ellas Salvación Agropecuaria de Colombia, y en la consulta social en la cual diez millones de brasileños dijeron sin ambages: ¡NO al ALCA!

Del otro lado estuvieron en Sao Paulo los representantes de los grandes productores de frutos tropicales (azúcar, café y soja). Éstos se declararon fervientes partidarios del ALCA, demandaron celeridad en las negociaciones y llamaron a olvidarse del tema de los subsidios agrícolas. «Tengo 150 mil corteros de caña y quiero 300 mil», exclamó un vocero del sector azucarero de Pernambuco. Los grandes industriales estaban representados por los ministros de Agricultura y Comercio de Lula, de quien, dicho sea de paso, la prensa brasilera registró que, como resultado de su reciente visita a Washington, se comprometió con Bush a aceptar el inicio del ALCA para 2005.

En medio de tales pugnas fue triste escuchar al delegado de los campesinos de Nicaragua anunciando que a ese país ya se le declaró «competitivo» en teja de barro y estropajo, que el ingreso mensual de los hogares rurales es de 15 dólares y que las importaciones principales son allí, ante todo, mercancías usadas, las que él llamó «basura».

El gobierno de Uribe, otra vez en contravía –como en lo de Irak– a los de la mayoría de países de América Latina, no se hizo presente. ¿Por qué razón? Quizás Uribe Vélez y su flamante asesor, Rudolf Hommes, se sintieran representados por la delegación de Estados Unidos. Al fin y al cabo, como se vio, Stallman, Hardy y la señora delegada coincidieron en todo con las tesis de Hommes, el consultor privado que ejerce como cabeza visible del equipo oficial de Colombia para el ALCA.

AVANZA LA RESISTENCIA DEL PUEBLO IRAQUÍ POR LA LIBERACIÓN NACIONAL

Por Francisco Valderrama Mutis

La recolonización

Determinado a mantener fuera de Irak a las potencias que no se plegaron a su voluntad, Estados Unidos asumió su papel de amo colonial con todas las consecuencias. Nombró un virrey, Paul Bremen, e instaló un Consejo de Gobierno en el cual se codean literalmente todos los colaboracionistas, desde Chalabi, el banquero acusado de fraude en Jordania, los chiítas y los jefes kurdos, hasta Hamid Mousa, dirigente del Partido Comunista iraquí. Adjudicó a las multinacionales norteamericanas, cuyo puesto en el escalafón se mide por la calidad de los aportes hechos a la campaña presidencial de Bush y por la participación que en ellas posean los miembros más cercanos de su gobierno, las obras de reconstrucción de la infraestructura básica, destruida sistemáticamente a la medida de los contratos, exceptuando cuidadosamente toda la industria petrolera, la que aspira a poner en óptimo funcionamiento lo más pronto posible, para cumplir con uno de los objetivos no declarados de su guerra de agresión. Entre las compañías beneficiadas por el reparto del botín se destaca la compañía Enron, famosa porque sus ejecutivos inflaron los balances y estafaron a sus empleados y accionistas.

Después de la toma de Bagdad, y ante el desplome de la organización de la sociedad iraquí, los marines norteamericanos tuvieron que asumir el papel de policía colonial. Tres meses después su moral está por el suelo. Se sienten blancos móviles en la mira de una resistencia que expresa la ira del pueblo contra la ocupación de su territorio y la angustia por su futuro con una administración incapaz de restaurar los servicios básicos. El desempleo es casi absoluto y lo único que florece, como en Afganistán, es el tráfico de drogas y el contrabando. Como en todos los países del Tercer Mundo, progreso para la administración Bush significa grandes ingresos para las multinacionales y los colaboracionistas, y pobreza e indigencia para la inmensa mayoría de la población.

Para completar el cuadro, en las afueras del aeropuerto de Bagdad, las fuerzas coloniales instalaron un precario campo de concentración donde hacinan a todos los iraquíes que caen en su poder. El tratamiento a los prisioneros rivaliza ventajosamente con el dado por los nazis a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y se equipara con el dispensado a los talibanes afganos en el famoso Campo X de la Base gringa de Guantánamo. Los gobiernos norteamericanos que se autonombraron adalides de la defensa de los derechos humanos, con el fin de poder intervenir y coaccionar a naciones y gobiernos no respetan, en «el nombre de Dios» y la «humanidad», el más mínimo derecho democrático de quienes obstaculizan su dominación. Las torturas, las vejaciones, las humillaciones, los golpes y los asesinatos son los instrumentos de sus campos de concentración.

El escándalo de las causas de la guerra

Bush decidió velar los verdaderos fines de la guerra, considerando que era más fácil conseguir el apoyo del pueblo norteamericano y de las naciones del mundo con unas cuantas mentiras que con la confesión de sus objetivos estratégicos. Ocultó entonces que se trataba de derrocar el gobierno de Sadam Hussein, mediante una verdadera masacre que ha causado 10 mil bajas civiles y 20 mil soldados iraquíes, con el fin de dar una lección a los países árabes y convencerlos de que estaba dispuesto a asumir el costo de las bajas norteamericanas con tal de disuadirlos de seguir prestándole apoyo a grupos como Al Qaeda y otros fundamentalistas islámicos; que las multinacionales norteamericanas del petróleo no podían seguir por fuera de un negocio que puede en muy poco tiempo redituar ganancias por 60 mil millones de dólares al año (el costo de la reconstrucción se calcula apenas en 100 mil millones, pero por una sola vez, y lo utilizan como otro negocio) y garantizar el suministro estratégico de la principal fuente de energía; que necesitaba demoler toda la infraestructura económica de Irak, con el fin de que las empresas norteamericanas pudieran construir un modelo de país árabe con una economía totalmente privatizada desde sus cimientos; que necesitaba garantizar, pasando por encima de las instituciones internacionales, que la posición hegemónica de EU permaneciera indiscutida; en fin, que era necesario adelantar sus bases militares con el fin de cercar a los potenciales enemigos del futuro, restándole espacio a la competencia de otras potencias económicas.

El escándalo que se venía gestando por el persistente fracaso en descubrir las armas de destrucción masiva, ADM, y probar los supuestos vínculos con Bin Laden, estalló cuando se comprobó la falsedad de la acusación a Sadam Husein de negociar la compra de óxido de uranio en África, incluida en el discurso de Bush sobre el Estado de la Unión, el pasado 18 enero. La irresponsabilidad de mentirle al Congreso y a la nación en pleno, desembocó en un cruce de acusaciones entre Bush, la CIA y la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice. Ante un público atónito quedó demostrado que Bush es un mentiroso, que la CIA es incapaz, que la asesora es una irresponsable que no leyó convenientemente los memorandos que la CIA le envió y que el conciliábulo neoconservador que rodea a Bush acomodó a su antojo los datos de inteligencia para justificar la guerra. Finalmente Bush tuvo que reconocer su responsabilidad y, de paso, desmintió a Blair, cuya situación se agravó con el suicidio (?) del científico que le aportó a la BBC las pruebas del engaño.

Dificultades de Bush y avances de la resistencia

Estados Unidos logró hacer aprobar en el Consejo de Seguridad, con la ausencia de Siria, la resolución 1483 de mayo 22 de 2003, mediante la cual consiguió levantar las sanciones que pesaban sobre Irak, legalizar la venta de petróleo y manejar todos los recursos provenientes de su comercio, protegiéndolos de cualquier reclamación, así como la aprobación retroactiva de sus actos de agresión y la exclusión de los inspectores de armas de la ONU de cualquier pesquisa en Irak. Las demás potencias reconocen que el imperialismo norteamericano triunfó en su guerra de agresión, demostrando que no podía ser detenido por la comunidad internacional. Pero se niegan a colaborar con tropas y financiamiento y exigen una nueva resolución que les permita compartir el gobierno del enclave colonial. Hubert Védrine, ex canciller francés, dijo: «Necesitamos asumir una actitud positiva…Pero al mismo tiempo, no podemos simplemente mandar nuestros hombres a Irak a apoyar una política, que en mi opinión no vemos. Sumar tropas a las norteamericanas ¿para hacer qué?» Y Chirac dijo en un discurso en Malasia: «No podemos aceptar más la simple ley del más fuerte» (The New York Times, 29 de julio de 2003).

En la difícil situación, Estados Unidos necesita camuflarse detrás de una administración de la ONU que concluya su «legalización». Hasta ahora solamente ha conseguido el apoyo de las potencias que lo acompañaron en la aventura bélica y el de algunas «repúblicas bananeras» como El Salvador, Honduras, Azerbaiyán, Estonia, Filipinas o Lituania, entre otras. Pero, a la vez, no suelta la presa que tiene entre las fauces.

La situación económica de Estados Unidos se deteriora, a pesar del leve repunte obtenido artificialmente por medio de los gigantescos gastos militares del Estado. El déficit anual saltó de 300 mil a 500 mil millones de dólares, el desempleo aumenta, las ventas de automóviles caen y los gastos multimillonarios para sostener una fuerza permanente en Irak y Afganistán, que llegan ya a US$5.800 millones de dólares mensuales, pronto se tornarán insostenibles para un presidente acuciado por la necesidad de presentar resultados con vista a la carrera por la reelección el próximo año, enturbiada desde ya por lo que se empieza a llamar el «irakgate», parodiando el escándalo que tumbó a Nixon de la Presidencia.

En el frente iraquí, no obstante que Bush declaró terminada la guerra de agresión contra Irak el 1º de mayo pasado, es notorio el empantanamiento de las fuerzas norteamericanas. El desarrollo de una guerra de guerrillas cada vez más sofisticada y agresiva, impensable para el mando norteamericano, que causa 10 soldados muertos por semana en promedio (la creciente y abultada cifra de heridos nunca se menciona), obligó a reconocer su existencia y la ausencia de planes para enfrentarla. El leve respiro obtenido con la muerte de los dos hijos de Sadam no se tradujo en una disminución de los ataques a las fuerzas norteamericanas. Hasta los policías nativos reclutados exigen para desarrollar su trabajo que los marines se retiren de sus cuarteles.

La inclusión de una mayoría chiíta en el Consejo de Gobierno títere y las negociaciones con Irán, apuntan a impedir que a la resistencia guerrillera se le sume una intifada del sur iraquí. Forzado y a regañadientes, Bush le tuvo que bajar el tono a las amenazas contra Siria, Irán y Corea del Norte, esperando que sus fuerzas salgan del compromiso en que se encuentran maniatadas, con el fin de hacer el próximo envite en su objetivo de mantener la hegemonía mundial.

Hegemonía que será combatida por la lucha de los pueblos y naciones agredidos, por la oposición de las potencias afectadas y por los trabajadores y los pueblos del mundo que repudiamos todo intervencionismo y nos solidarizamos con las fuerzas de resistencia y su lucha por la liberación nacional.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO REFUTA ENCUESTA SOBRE «ALTA POPULARIDAD» DE URIBE VÉLEZ

Robledo demuestra que, en vez de dar respaldo mayoritario al presidente Uribe, 62 por ciento de los colombianos desaprueban la política de empleo del gobierno y 77 por ciento rechazan el Referendo.

En carta dirigida el 23 de julio a Enrique y Rafael Santos, directores de El Tiempo, el senador Jorge Enrique Robledo, de la coalición Unidad Cívica y Agraria-MOIR, señaló que la supuesta «alta popularidad» del presidente Uribe es producto de encuestas amañadas y comprobó con detallado análisis que la mayoría de los colombianos repudia las dos principales políticas del gobierno: la económica, que se traduce en un desempleo galopante, y el Referendo antidemocrático.

El texto de la carta es el siguiente:

«En la primera lectura del titular de El Tiempo de hoy Con Uribe, salvo la economía, todo va bien, pensé que era una ironía. Pero con el subtítulo de la misma noticia Presidente tiene una favorabilidad del 70 por ciento, quedó claro que se tituló en serio. De otro lado, en la encuesta a la que me refiero por ninguna parte aparece la mencionada favorabilidad del 70 por ciento; lo que más se le puede parecer a esa cifra es el 64 por ciento de opinión favorable a ‘la forma’ como está gobernando el Presidente. ¿Cómo se explica esa notable diferencia del 6 por ciento?

«¿Cómo así que ‘salvo la economía, todo va bien’? ¿No hubiera sido más consecuente con el sufrimiento de tantos titular 62 por ciento de los colombianos desaprueba la política de empleo de Uribe Vélez, que es lo que también dice el resultado de la encuesta? ¿Por qué minimizar el inmenso horror de pobreza, miseria y hambre, más la falta de acceso a la salud, la educación y la vivienda que hay detrás de esta respuesta? ¿Por qué no se incluyó una pregunta sobre cuál consideran los colombianos es el principal problema del país, si cada vez que se pregunta al respecto, como es obvio, gana el desempleo?

«¿Y tampoco es digno de introducir en la interpretación con la que se titula el resultado de la encuesta la caída del 41 al 23 por ciento de los que, ‘definitivamente’, sí van a votar el Referendo? ¿No pone en entredicho la supuesta favorabilidad del 70 por ciento de Uribe que el 77 por ciento estemos en contra de su principal política?

«Con titulares e interpretaciones como los que les comento se puede entender por qué es que se mantiene, según se dice, ‘la alta popularidad’ de Uribe Vélez.»

Condena reeleccionismo de Uribe

El senador Robledo condenó en forma categórica la anunciada propuesta que apunta a permitir que el presidente Uribe sea reelegido en 2006. «Equivale a romper en materia muy grave las más elementales reglas del juego de la democracia», dijo Robledo, al rechazar la iniciativa que vienen promoviendo algunos gremios económicos y reconocidos dirigentes de la bancada mayoritaria en el Congreso.

El senador Robledo calificó al uribismo como «bonapartista en lo del Referendo y autoritario en lo de la reelección». Recordó cómo todos los dictadores llegaron al poder con un gran respaldo popular, generalmente «impusieron referendos para a nombre de la democracia torcerle el cuello a la democracia», se hicieron reelegir por mayorías manipuladas y, al final del camino, no hallaron otra cosa que el repudio del pueblo, «inexorable suerte de todo aquel que utiliza el poder para intentar perpetuarse, en asocio de unos cuantos inescrupulosos, en la dirección del Estado». Ahí está el caso de Fujimori, añadió el senador.

Robledo Castillo llamó a patriotas y demócratas a repudiar sin timideces el proyecto reeleccionista.

Umbral y cifra repartidora, guadañas contra fuerzas minoritarias

«La reforma política, al igual que el resto de normas adoptadas por el régimen, es profundamente antidemocrática», denunció el Senador de Unidad Cívica y Agraria-MOIR. «La reacción cuenta con un par de nuevas herramientas, el umbral y la cifra repartidora, dos filosas guadañas diseñadas para sacar del ruedo a los partidos pequeños, a todo nuevo movimiento y a las fuerzas minoritarias de los partidos Liberal y Conservador».

Para tener derecho al umbral, el aspirante al Senado deberá sacar como mínimo en las próximas elecciones el 2% de los votos depositados, es decir, más de 200 mil. Robledo denunció: «Con este tipo de maniobras —recomendadas hace un tiempo por la Misión Alesina y por la Universidad de Yorktown, en la lógica de la ‘gobernabilidad’—, la rosca atrincherada en el Poder aspira a contar con un Congreso más de bolsillo y más adocenado que el actual».

«En la vida de la nación se vienen imponiendo criterios que rayan con el despotismo. Todo apunta a cercenar libertades tan básicas de los ciudadanos como el derecho a organizarse en partidos y en sindicatos».

Al pueblo se le va a pedir que apruebe en el Referendo el umbral y la cifra repartidora, ya aprobadas en el acto legislativo de la reforma política.

Editorial: CONTRA EL ABSOLUTISMO DE URIBE VÉLEZ

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

A cien años del asalto imperialista que despojó a Colombia de Panamá, es evidente que el esforzado recorrido histórico de varias generaciones de colombianos en busca del desarrollo material y espiritual que haga más satisfactoria su residencia en la tierra, ha estado bloqueado por las políticas sucesivamente impuestas por la oligarquía pro-imperialista de turno. Aunque para ese estancamiento económico y democrático ésta siempre contó con los partidos liberal y conservador como instrumentos principales, el hecho de que ellos conservaran ascendencia en considerables sectores sociales y todavía tuvieran algunos escasos miramientos respecto al patriotismo y la democracia que alienta en la población, constituía un estorbo para la aplicación más expedita de la política de recolonización imperialista emprendida en las últimas décadas del siglo pasado por Estados Unidos, política a la cual estaba subordinada la dominación que la oligarquía, ahora embebida en el capital financiero, tenía sobre el Estado. Recurrieron entonces, imperialismo y oligarquía, a desplazar a esos partidos de su consuetudinario papel y para ello impulsaron el montaje de agrupaciones, movimientos o partidos disidentes encabezados por personajes cuyas características más apropiadas para el servilismo que precisaban ambos fuesen la mediocridad y la pusilanimidad.

El propósito era otro despojo, no ya de un pedazo de su territorio como hace un siglo, sino de la nación entera, de su soberanía, de los frutos de la producción y el trabajo, de su comercio y de sus valores culturales. Y en la procesión de gobernantes con la mencionada caracterización, que han venido acondicionando a la nación como una republiqueta de fácil abordaje para ese avasallamiento, el turno le correspondió a Álvaro Uribe Vélez. Tiene plena lógica, entonces, que sus actos de gobierno durante el año que lleva en la Presidencia hayan quebrantado tan gravemente la autonomía y consistencia del país y acogotado tan intensamente a la mayoría de los compatriotas, conduciéndolos a la mayor encrucijada de su historia.

Aunque siempre indispensable, la cuestión hoy no radica en registrar los numerosos hechos oficiales que a diario corroboran esa riesgosa situación del país, sino en dilucidar sus causas principales a fin de poder enfrentar eficazmente la tenaz embestida de Uribe y el imperialismo. Aunque por lo que se vive, nadie debería llamarse a engaño sobre los funestos alcances que tienen esos obsesivos empeños, no sobran para la tan necesaria como inevitable lid unas cuantas precisiones.

La resistencia en ascenso contra los planes de recolonización puestos en ejecución por los de Estados Unidos, similares en su naturaleza a los tramados para el resto de países de América Latina, así como contra los métodos que se utilizan para imponerla, es la forma concreta que ha adquirido en los últimos tres lustros la moderna lucha de clases en Colombia. El encumbramiento de Uribe Vélez a la jefatura del gobierno obedece a las circunstancias generadas por esa lucha. Igualmente, las que hoy sigue generando permiten calibrar el sentido y alcance de cada uno de sus actos de gobierno. Al ser un presidente cuyo mandato y cuya gestión son “ocasionados” por tales circunstancias, la crítica y oposición a Uribe, para ser verdaderas y acertadas, no se pueden desligar de los intereses imperialistas y oligárquicos que él representa en la lucha de clases.

De allí que la táctica de la resistencia civil contra la política del gobierno uribista deba determinarse con base en este criterio. Porque si bien es natural que esa ligazón sea maliciosamente callada, cuando no negada u ocultada, por los neoliberales en defensa de esos intereses, cual lo hacen, por ejemplo, dirigentes de los gremios económicos como el peripatético presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, y el no menos estrafalario directivo de Fenalco, Sabas Pretel, no se entendería que hicieran otro tanto dirigentes de izquierda e independientes, que para merecer tal título deben defender intereses de la población antagónicos con aquellos, o, en una actitud política vergonzante, eludieran entre chascarrillos e ideas necias señalar nítidamente la relación entre la políticas de Washington y Bogotá, y soslayaran explicar pacientemente a las gentes que la política encarnada por Uribe Vélez cae como rayo abrasador sobre la nación por gestarse en el convulsionado cielo que crean a diario las imposiciones imperialistas y que su dañino efecto, aunque históricamente fugaz, durará tanto cuanto duren éstas. Por todo esto, quienes crean ilusiones –por ilusos ellos mismos, por encantados o por tener recónditas apetencias– de que se pueden amortiguar, o incluso suprimir los males que causa esa política, sin dirigir su crítica y su acción contra las negras nubes imperiales que los generan, enturbian con su conducta la solución más segura hacia una patria con plena soberanía y nueva democracia.

Entre las execrables acciones gubernamentales se destacan las dirigidas a debilitar a los trabajadores y golpear vastos sectores populares. Mediante la liquidación o el cambio de naturaleza de las empresas públicas, patrimonios de la nación creados con el ahorro al que contribuyeron durante décadas sus trabajadores y todos los colombianos, barre de un plumazo con derechos laborales y conquistas salariales estipulados en leyes y convenciones. Su propósito es limpiarlas de obstáculos financieros, disolver sus organizaciones sindicales y socavar la voluntad de lucha de los trabajadores, para así poder proceder a entregarlas como trofeo al gran capital privado, preferentemente el financiero y foráneo. Con igual fin, y como sórdida alternativa, en otras empresas se chantajea a los sindicatos para que, previo cambio de su espíritu de combate por un lamentable animo de “concertación”, cedan voluntariamente sus conquistas, en cuyos casos, como se ha visto, la vergonzosa entrega es aprovechada por el gobierno para presentarla ante los trabajadores y la opinión pública como paradigma de sensatez y patriotismo.

A grandes núcleos de la población ciudadana, incluidos los de clase media que Uribe considera su base social y política, aún carentes de la organización que los capacite para dar respuestas colectivas y vigorosas, se les estropea su frágil nivel de vida abrumándolos con abultadas cargas impositivas, costos usureros de los servicios públicos, alto desempleo, carencia de servicios médicos y hospitalarios, negación del acceso a una educación ya de por sí sometida a la constante baja de su calidad y cuya degradación va de la mano con la bazofia que so capa de información y cultura trasmiten los medios de comunicación en manos de los monopolios domésticos y extranjeros. Mientras todos estos atentados arrojan implacablemente a sectores de la pequeña burguesía a la proletarización, Uribe alucina a grupos de proletarios alienados para que se titulen como pequeños propietarios burgueses invirtiendo las prestaciones y pensiones que se les adeudan, más parte de los flacos y congelados salarios que en adelante reciban, en capital que salve a las empresas de la quiebra provocada por la desidia y la corrupción estatal y privada. Como en la obra del Dante, unos y otros ambulan entre los círculos del mismo infierno que les crea Uribe con su política neoliberal.

Si se parte de que el cumplimiento efectivo de su política tiene como necesario resultado los daños que inflige al país y las desgracias que le ocasiona a la población, tienen abundantes pruebas los áulicos de Uribe para atribuirle dotes de incansable estadista por el éxito obtenido en su primer año de gobierno. Pero lo más seguro es que en este caso la pleitesía de sus favoritos corresponda a planes debidamente acordados con las grandes empresarios en busca de darle pie al mandatario para protagonizar un grotesco coqueteo con su reelección, salpicado de picardías que van desde las veladas negativas hasta las claras insinuaciones de que al final cederá a la tentación y no le negará sus fatales favores al país. Y para redondear la trama, simultáneamente se publican las mil veces manipuladas encuestas en donde el emperador recibe altos índices de aceptación, no obstante su tétrica desnudez de causante de todos los actuales estragos sociales y económicos. Pareciera que estas, precedidas de la abrumadora y altisonante figuración de Uribe en los grandes medios de comunicación, midieran no opiniones sino sonidos, pues como dice el refrán “la lata vacía es la que hace más ruido”.

Nadie ha formulado y aplicado una política de entrega de la soberanía colombiana a los Estados Unidos más desaforadamente que Uribe. Con siniestra actitud sigue aprovechando los hastíos y afanes de la población respecto a las prácticas terroristas que asolan al país como excusa para avalarle a Bush su pertinaz intervencionismo en todos los terrenos de la vida nacional. Ambos pretenden que el quebrantamiento de la autonomía, a fuerza de perpetrarse, sea aceptado por los colombianos como normal y necesario. No lo lograrán. Porque es creciente la resistencia que suscita, a pesar de que la continuada tropelía es consentida, cuando no saludada, por encumbrados dirigentes políticos y sociales, silenciada o excusada por los poderosos órganos de opinión y admitida por instituciones públicas y representativas. Las gentes de bien repudian las múltiples manifestaciones de intervención de Estados Unidos en nuestro país: la presencia y actividades de su camada de mercenarios y agentes de inteligencia; las funciones de sus asesores e instructores militares; su alcahueteada y determinante intromisión en las actividades y organización de la Fiscalía, el DAS y las fuerzas militares y policiales, así como su arbitraria política de extradición de nacionales para ser arrojados en manos del sistema judicial y policial norteamericano que, con el atroz trato dado a los reos hacinados en la ergástula de Guantánamo sin importarle un higo la opinión mundial, evidenció poseer rasgos que pertenecen más al salvajismo que a la civilización.

Está en marcha una avalancha de reformas destinadas a revestir de carácter constitucional y legal el absolutismo uribista. Si junto al del referendo se examina el contenido de las ya aprobadas por un Congreso con mayorías cómplices y el de la cascada de proyectos para otras nuevas que se han puesto a consideración de la actual legislatura, se tendrá el cuadro casi acabado de un Estado y un sistema político ajustados para el ejercicio de la dictadura. De hecho, ya estamos asistiendo a sus primeras manifestaciones. No otra cosa es arrasar con derechos civiles y reprimir con medidas militares y policíacas las libertades individuales y los derechos laborales; atosigar con insoportables cargas impositivas a los sectores más necesitados; promover, en buena liga con el tan impasible como desapacible Fiscal, Camilo Osorio, una justicia parcializada que a discreción estigmatiza, persigue y castiga con mano férrea a todo tipo de opositores del gobierno, mientras con gran corazón tolera y absuelve a sus más vehementes adictos; arrojar a la calle sin miramiento alguno a empleados y trabajadores oficiales y arrinconar a los que ya están en ella tratando de sobrevivir; involucrar a la población civil en el conflicto armado reclutando campesinos a montón para que sirvan de guardias en el campo y creando redes de insidiosos informantes dentro de pacíficos núcleos ciudadanos, y denigrar de jueces y fallos cuando sus pronunciamientos son adversos al gobierno.

En cuanto a las reformas propuestas en el referendo –el esperpento que sirve como muestra de la tendencia de Uribe hacia el bonapartismo, más el de Luis, el pequeño, por supuesto, que el de Napoleón–, una digresión del Procurador General, consignada en el documento donde le hizo una rigurosa disección jurídica para pedirle a la Corte Constitucional que declarara inexequibles 15 de los 19 artículos que lo componían, viene al caso para señalar, aunque no fuese esa expresamente la intención del funcionario, lo que pretende Uribe: “más que la aprobación o derogación de una norma, lo que se busca por parte del gobernante que lo promueve, es que se avale una política determinada, y en muchos eventos, su propia legitimación. Por ello, algunos doctrinantes afirman que el plebiscito puede tornase en un mecanismo dictatorial aprobado por el pueblo”. Que esta es precisamente la cuestión, lo corrobora la denuncia de quien ocupa el más alto cargo del poder judicial al rechazar la reforma de la justicia propuesta por Uribe a través de su escudero Londoño Hoyos. En efecto, expresa el presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre: “…todo va tras un modelo de Estado diferente…El ministro quiere una monarquía. Quiere un Estado sin controles reales…esta reforma significa un retroceso de más de cien años en la administración de justicia”.

Basta observar algunas de las conductas de Uribe como jefe del gobierno –sus sumisas peregrinaciones a Washington, el celoso otorgamiento de salvaguardias y ventajas al capital monopolista norteamericano, su labor de zapa respecto a las actitudes que mal que bien ensayan otras naciones latinoamericanas frente a las imposiciones estadounidenses, y su afrentoso respaldo al criminal asalto que luego de mil infundios y patrañas perpetró contra Irak el gobierno de Bush burlándose de la ONU y violando tratados y normas internacionales—para comprobar que si en algún sentido es un gobernante que cumple lo que promete, es por acatar con fidelidad primero que todo el mandato del imperio, resumido cínica y perentoriamente por su secretario de Comercio Zoellick (a quien, de visita por estos días, le rendirá cuentas Uribe), al advertir que “el libre comercio con los Estados Unidos no es un derecho, tiene que ser ganado” y al precisar que entre la docena de criterios de lealtad que sus socios comerciales deben cumplir está el de “la cooperación, o algo más que eso, en política extranjera y política de seguridad”. Es evidente la obsesión de Uribe por hacerse con ese triste derecho llevando a su colmo la entrega de la soberanía económica a través del ALCA, el expediente que constituye hoy el mayor peligro para la nación, así como su enfermiza propensión a dar, obsequioso, mucho más de lo que le piden para satisfacer los requisitos que lo titulen como leal socio político y comercial de la potencia imperialista.

Cual iluminado, Uribe, soberbio ante el país y manso ante Estados Unidos, ha puesto en marcha una política de entrega de los valores e intereses nacionales y de agostamiento del trabajo y la producción, al tiempo que arrasa con derechos democráticos, esparce penurias económicas y agobia con medidas represivas. Qué duda cabe que con ella le ha lanzado un provocador reto a la nación. Reto que las organizaciones democráticas y progresistas no pueden menos que aceptar sin vacilaciones ni esguinces, de acuerdo con el sentir y la voluntad de la mayoría de la población que rechaza con altiva dignidad cualquier imposición foránea y repudia con ardor el autoritarismo, la intolerancia y toda forma de opresión y discriminación en los diversos campos de la vida social.

En particular, las fuerzas con diversas concepciones situadas en el borde izquierdo del espectro político, están llamadas a adoptar en estos momentos cruciales para el destino autónomo y democrático de la nación, una posición radical frente al gobierno de Uribe Vélez. Posición que, exenta del sentido peyorativo que le atribuye la reacción para denigrar de sus contrarios, significa ir a las raíces de la política uribista para no correr el riesgo de reducirse a revoletear entre sus síntomas proponiendo vanas enmiendas y recogiendo sus “aspectos positivos”, esas sobras que luego del banquete de imposiciones van quedando esparcidas en las llamadas mesas de concertación. Una actitud radical frente al uribismo significa desnudar su servicio y defensa de los intereses del imperialismo y la oligarquía financiera cuando acepta las imposiciones del ALCA; criticar a fondo el contenido antidemocrático que tiene el referendo y su servil apartado para satisfacer exigencias económicas y monetarias del Fondo Monetario Internacional; denunciar el populismo al detal de las intervenciones presidenciales, como el envuelto en su grotescas charlas “comunitarias” de cada semana; rechazar de plano el carácter antipopular y antinacional de la cascada de reformas legislativas y las medidas de militarización del país que, so capa de combatir las infaustas acciones terroristas y eludiendo la búsqueda de una solución política con quienes han recurrido a la violencia de las armas, sumirán a toda la sociedad en un mar de sangre y fuego.

Tal actitud radical entraña el rotundo y concreto NO a todas y cada una de las políticas que lanza el gobierno norteamericano en su plan de recolonización y las que el de Colombia aplica en su papel de infatigable coadyuvante. Esa negación no es un vacío o esquemático rechazo; es la proposición de mayor valor, pues contiene en sí, negado, todo lo afirmado por el imperialismo y Uribe. En esencia, constituye en su desarrollo la más integral y significativa propuesta de las fuerzas democráticas y patrióticas. Además, la naturaleza de esta actitud es la misma que en todo el mundo y a través de la historia han asumido los pueblos y sus organizaciones al rebelarse, con razones acompañadas de las consecuentes acciones, contra la injusticia y la opresión, aportando así su decisiva y valiosa cuota al progreso y civilización de la sociedad humana. La que presidió la gesta de independencia de los pueblos de América, incluido el combativo e industrioso pueblo norteamericano. La única que, asida firmemente y puesta en práctica por los millones de compatriotas inmersos en la producción y el trabajo nacionales –obreros, empresarios, empleados, campesinos, intelectuales, indígenas — podrá sacar a Colombia de la difícil y comprometida situación en que la han sumido los enemigos de su progreso económico, político y cultural.

El MOIR, dentro de su estrategia de transformar realmente la sociedad en todos sus aspectos, hará causa común con quienes comparten ese propósito de salvación nacional y, para culminarlo, perseverará en la indispensable creación y consolidación de una gran unión de fuerzas democráticas y patrióticas.

ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES, OCE EXIGE QUE POLICIA SE RETIRE DE LA UTP

Que se dé inmediata solución al justo pliego de estudiantes y profesores, pide también la OCE.

La Universidad Tecnológica de Pereira amaneció tomada por la policía el martes 29 de julio, y el acceso de estudiantes y profesores fue negado rotundamente, no existiendo razón alguna para este proceder arbitrario, que se suma al ya característico estilo del gobierno de Uribe Vélez: el autoritarismo y la antidemocracia, para imponer medidas que atentan contra las mayorías populares y que en la Tecnológica de Pereira, el rector Luis Enrique Arango aplica obsecuentemente.

Los estudiantes y profesores presentaron ante la rectoría un pliego de peticiones que contempla reivindicaciones mínimas en defensa de la educación pública, y, entre ellas, el rechazo al cobro de matricula en los programas nocturnos, que se intentan privatizar; el rechazo al sistema de liquidación de matrículas a los estudiantes de la jornada diurna, incrementadas en más de 300%; y otras peticiones encaminadas a garantizar condiciones mínimas para la permanencia de los estudiantes. El pliego fue respaldado por miles de firmas y por masivas asambleas.

La rectoría y la mayoría del Consejo Superior Universitario rechazaron las peticiones de estudiantes y profesores y ratificaron su respaldo a la política definida por el Plan de Desarrollo y en la mal llamada «revolución educativa» en consonancia con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional de estrangular la financiación estatal y acondicionar la educación superior al Área de Libre Comercio para las Américas, que la convertirá en un jugoso negocio para el capital privado, especialmente el extranjero. Ante la intransigencia del rector, la reclamación se intensificó y las movilizaciones masivas de estudiantes fueron la nota predominante en los días siguientes.

La Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, rechaza y denuncia la militarización de la UTP. Convoca al estudiantado colombiano a brindar su solidaridad a esta justa lucha y exige de la rectoría y el CSU la pronta solución al pliego de peticiones. Alentamos a los estamentos universitarios para que continúen en la batalla por la defensa de la educación superior.

¡TODOS AL PARO CIVICO NACIONAL!

(Manifiesto del Comando Nacional Unitario)

Bogotá, 15 de julio de 2003

Quizás con una amplitud, intensidad y contundencia nunca vistas, los trabajadores, los productores, las organizaciones sociales y el conjunto de la población colombiana venimos enfrentando una ofensiva brutal contra nuestros intereses, derechos y organizaciones. En el agro, la industria y el comercio; en la salud y la educación, en las comunicaciones, los transportes y los servicios públicos domiciliarios, recibimos el despiadado impacto de leyes y decretos de diversa índole que tienen como común denominador incrementar el despojo al pueblo, saquear los recursos de la nación, seguir abatiendo la producción y acabar o debilitar los sindicatos, partidos y diversas colectividades de defensa del pueblo. Es el balance de la docena o más años de aplicación del perverso modelo neoliberal impuesto para beneficio de las multinacionales y del gran capital financiero, y para garantizar el pago de la onerosa deuda externa.

En el último año, cuando amplios sectores se hacían ilusiones con la nueva administración, el gobierno de Uribe, lejos de rectificar el rumbo y prevalido del resultado electoral que lo llevó a la presidencia, ha procedido «sin Dios ni ley» contra la nación y el pueblo. Las llamadas reformas de «segunda generación» -laboral, pensional, tributaria, política y del Estado-, la ley que contiene el Plan Nacional de Desarrollo, la vinculación del país al ALCA o a un tratado bilateral de libre comercio con EU, los golpes contra el ISS y Telecom y la división de Ecopetrol, cumplen compromisos adquiridos en los sucesivos acuerdos con el FMI. Sepulta así cualquier posibilidad de reactivación económica, empobrece aún más la población y deprime el aparato productivo.

Multiplican tarifas e impuestos, incrementan el IVA y permiten el aumento desmedido de los servicios públicos, reducen los salarios y pensiones y graban estas ultimas. Dicen controlar los precios con importaciones masivas de alimentos en defensa de los consumidores, pero no se controlan ni los precios ni la calidad de los insumos agrícolas, mientras se frena el mercado de genéricos. Eliminan el subsidio a la gasolina y aumentan sobretasas y peajes, pero los transportadores son dejados a su propia suerte y los desplazan con transmilenios construidos con dineros oficiales para enriquecer roscas privadas. Los grandes almacenes extranjeros se apoderan del mercado nacional, y los alcaldes bufones les entregan el espacio público quitándoles a los desesperados vendedores estacionarios y ambulantes sus escasas mercaderías. Se ensañan en los débiles, y se doblegan reverentes ante los poderosos. El capital financiero y las transnacionales no tienen límite en su voracidad, los altos funcionarios no escatiman mañas en su afán de favorecerlos expoliando al pueblo.

Y la Seguridad Democrática, otro pilar del andamiaje oficial, no ha traído al país el cese de la violencia generalizada que la nación requiere para unirse y adelantar soberanamente los cambios políticos y las transformaciones económicas y sociales que la gravedad de la hora exigen. En cambio ha recortado las libertades y los derechos con el vano propósito de apagar la resistencia de millones de colombianos que no nos resignamos a la miseria y el atraso ni a la desintegración de la nación ni al baño de sangre ni a la ocupación militar extranjera.

El presidente Uribe, apuntalado por los principales medios masivos de comunicación, pretende que los colombianos aprobemos con el Referendo, aunque disminuido éste en sus pretensiones por el fallo de la Corte Constitucional, un severo complemento al ajuste fiscal con la congelación de salarios y el despido masivo de trabajadores estatales; y también el recorte a la democracia en el ejercicio político y, principalmente, el respaldo plebiscitario a su gestión para afianzar una supuesta legitimidad que le permita continuar su abyecta política.

Para responder a este cúmulo de atropellos, los trabajadores, los productores y el pueblo de Colombia saldremos a sentar nuestra voz de protesta el próximo 12 de agosto con el Paro Cívico Nacional y la Marcha Agropecuaria a Bogotá. En la Plaza de Bolívar de la capital y en las de centenares de ciudades y poblaciones a lo largo y ancho del país, en calles y carreteras, en los barrios y en los caseríos, en fábricas y almacenes, en universidades y colegios, se oirá el vibrante grito de protesta de todos los sectores saqueados, oprimidos y explotados. Nos integraremos al nuevo ascenso de la lucha de masas que se levanta contra la globalización imperialista en América Latina y el mundo.

Decenios de oprobio muestran que los neoliberales y sus agentes criollos no tienen respuestas para las angustias de millones de seres que reclaman pan, trabajo y libertad. Aprovechemos sus dificultades y hagamos que soplen nuevos vientos. Recordemos que detrás de cada conquista, de cada reafirmación de la soberanía, de cada derecho laboral, hay una estela de lucha y sacrificio que los hicieron posibles. Defendamos los que aún quedan, preparémonos para reconquistar los perdidos.

Llamamos a respaldar, apoyar y participar activamente en todas las jornadas y paros de protesta sectoriales, preparatorias del paro cívico, como los del SENA, el ISS, Fecode, la USO, de Barrancabermeja y las valerosas protestas de los vendedores ambulantes y los usuarios de los servicios públicos.