RÉGIMEN URIBISTA PRETENDE REMATAR PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES

Ramón Barrios Iriarte

El sector de las telecomunicaciones comenzó a cambiar aceleradamente primero a finales del gobierno de Barco, pero en lo fundamental con el gobierno de Gaviria, quien aceleró el proceso de apertura y abrió a la competencia la telefonía local, fomentó las redes privadas, entregó a operadores particulares la telefonía celular, intentó vender a Telecom, expidió una legislación para la apertura de la larga distancia, imponiendo dos competidores en la telefonía de larga distancia, y liberalizó el servicio portador de datos, creando así la posibilidad de redes privadas alterna a las de Telecom.

El acuerdo sobre telecomunicaciones de la Organización Mundial del Comercio, OMC, suscrito en Ginebra en febrero de 1997, benefició sobre todo a Estados Unidos y a las multinacionales de dicho país, al punto que Clinton lo catalogó como un «acuerdo histórico», que repercutiría en la creación de casi un millón de empleos en la potencia del Norte, ya que en dicho acuerdo se autorizó a todas las empresas con matriz en un determinado país a adquirir un paquete accionario mayoritario en la empresa telefónica de otra nación.

Telecom, en el periodo 1986-1996, tuvo rentabilidad nominal promedio anual de 71.2% constituyéndose en un importante soporte del presupuesto nacional a través de las transferencias de la mayor parte de sus utilidades, con indicadores importantes de eficiencia y rentabilidad social, con apoyo en las participaciones a las telefónicas locales, inversión en telefonía social y rural, transferencias al gobierno nacional y pagos de impuestos a la renta, considerado como un importante aporte a la sociedad.

La eliminación de los subsidios a los servicios públicos está llevando a un incremento general de las tarifas, como ha sucedido con el aumento enorme de las tarifas de telefonía local desde la imposición de la apertura en 1998. Desde entonces, millones de usuarios de estratos bajos están subsidiando a unos cientos, que son los que utilizan los servicios de larga distancia internacional, LDI. La implantación de la Ley 142 y la competencia también han contribuido a incrementar las tarifas, porque se introdujo, además de los costos operacionales, el oneroso margen de utilidad del operador, como también los enormes gastos en publicidad y propaganda para inducir un comportamiento entre los consumidores y la recuperación de la inversión.

El gobierno neoliberal de Uribe Vélez no ceja en la aplicación de la política diseñada por Washington para garantizar la rentabilidad e intereses del capital financiero, buscar allegar fondos para cubrir el déficit presupuestal y así pagar deudas e intereses a los usureros de los organismos de créditos y los bancos internacionales y, además, financiar la política de militarización y seguridad que se esta implantando. Después de difundir cifras falsas sobre los estados financieros de Telecom y con el mendaz argumento de la inviabilidad de la empresa debido a los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, el gobierno se lanzó a justificar su intención perversa de liquidar a la empresa estatal de telecomunicaciones. Conforme a los principios neoliberales establecidos por el artículo 209 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, las facultades permanentes que el ejecutivo tiene desarrollados en la Ley 489 de 1998, el llamado Programa de Renovación de la Administración Pública previsto en la Ley 790 de 2002, el pasado 12 de junio Uribe Vélez expidió el decreto 1615 que liquida de un plumazo a Telecom, enviando a la calle a 6.974 trabajadores.

Con los decretos del 1603 al 1614, el gobierno de Uribe liquidó las empresas teleasociadas Telemaicao, Telecalarca, Telenariño, Telesantarosa, Telecartagena, Telbuenaventura, Telearmenia, Teletolima, Teleupar, Telehuila y Telecaquetá, dejando sin empleo a mas de 1.200 trabajadores de estas asociadas.

Con el decreto 1616 de la misma fecha se creó la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, paso definitivo en corto tiempo hacia la privatización total de las telecomunicaciones y hacia el avance en la explotación de mano de obra barata, por cuanto los que ingresen a trabajar a esta última empresa lo harán bajo condiciones oprobiosas, sin estabilidad y con derechos mínimos salariales y prestacionales.

La decisión fue precedida por determinaciones unilaterales del alto gobierno plasmadas en los documentos Conpes 3145 de 2001 y 3184 de 2002, que, entre otros aspectos, establecían claramente la constitución de una matriz (privatización de toda la telefonía local de Telecom y las Teleasociadas). Ambos documentos pignoraban 1.6 millones de líneas como garantía de un préstamo internacional de 600 millones de dólares para pagarle la exorbitante deuda que están cobrando las multinacionales Alcatel, Nortel, Ericcson, Siemens, Itochu y Nec en por unos leoninos contratos de joint venture. Estas multinacionales hoy están exigiendo abusivamente el pago de más de 1.800 millones de dólares, los cuales se les agregarían a los 1.150 millones de dólares que ya han recibido por facturación y por aportes de Telecom.

Además, en dichos documentos el régimen exigía que fueran eliminados derechos fundamentales para los trabajadores como la estabilidad, los salarios y las prestaciones convencionales, intento este que fue derrotado por la movilizacion de los trabajadores de Telecom y las Teleasociadas en el primer semestre de 2002.

Como si lo anterior no fuera suficiente, en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado, se reafirma la política del gobierno de continuar profundizando el proceso de privatización y entrega del estratégico sector a las multinacionales y, como paso previo, eliminar los derechos adquiridos de los trabajadores plasmados en las convenciones colectivas.

Uribe dejó en claro que impondrá dicha política contra la voluntad de los trabajadores reprimiendo violentamente a los que se opongan. Así sucedió con los trabajadores de las telecomunicaciones y petroleros, quienes fuimos reprimidos brutalmente por las fuerzas policivas del régimen desde el 10 de junio, fecha en que nos declaramos en lucha permanente por la defensa del patrimonio público de los colombianos y la soberanía económica.

Y como para que no queden dudas de que el régimen uribista tiene la decisión de entregar el rentable sector a las multinacionales, en el proyecto de ley marco de telecomunicaciones que presentará próximamente la Ministra de Comunicaciones al Congreso se permite con mayor facilidad a los inversionistas extranjeros adueñarse del mercado nacional, ya que en él se consigna que, para ofrecer los servicios de larga distancia nacional e internacional, ya no será necesario obtener licencias o firmar un contrato con el Estado. Con ello se les abren aún más las puertas a las trasnacionales foráneas y se le quita cualquier impedimento al ingreso de nuevos operadores.

Hoy más que nunca, todos los trabajadores precisamos de un cabal conocimiento del contenido y los fines de las políticas de globalización. La apertura, y ahora el ALCA, acaban con la producción y el trabajo nacionales. El imperio viene por todo, y en primer lugar, por recursos estratégicos como los hidrocarburos y el sector de las telecomunicaciones.

Junto con las organizaciones de usuarios de los servicios públicos, los trabajadores, las organizaciones populares, las juntas comunales, las agremiaciones de productores y el resto de la población, los trabajadores debemos librar una lucha a fondo de resistencia contra la arremetida de recolonización.

El Paro Cívico Nacional del 12 de agosto será una altiva respuesta contra un gobierno que se apresta a gravar con impuestos las pensiones y a congelar los salarios y las prestaciones, y que ha lanzado al desempleo a decenas de miles de trabajadores. ¡Preparemos nuevos combates por la reconquista de nuestros derechos!

NEFASTO PASO HACIA EL DESMONTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La red nacional de 37 clínicas y 204 Centros de Atención Ambulatoria con que el Seguro Social venía atendiendo a sus millones de afiliados empieza a ser desmontada por pedazos, al ser convertida por Uribe en siete Empresas Sociales del Estado obligadas a subsistir con sus propios ingresos. De los 14 mil funcionarios, 13.700 quedaron como empleados públicos, sin derecho a los beneficios de la convención colectiva y a la jubilación convencional, y sometidos al régimen de libre remoción. Este otro rudo golpe a la salud pública merece ser repudiado enérgicamente por los miles de trabajadores del sector y por sus sindicatos.

ALCA y TLC, EL ESPEJISMO DEL LIBRE COMERCIO

El 13 y 14 de junio, en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, se realizó el Foro ALCA y TLC, el espejismo del libre comercio. El certamen reunió a prestigiosos economistas, políticos y líderes nacionales y extranjeros, así como a representantes de la Iglesia Católica, los gremios, sindicatos y varias ONG. El coordinador general fue Enrique Daza, director de Cedetrabajo y de la revista Deslinde. Entre los principales expositores estuvieron Alberto Arroyo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México; Víctor Quintana, vocero del movimiento El Campo No Aguanta Más, de México; Cecilia Cherez, de la Acción Ecológica del Ecuador; Myrta Levy, secretaria ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas; Raúl Fernández, profesor de la Universidad de California; Jorge Enrique Robledo, senador de Unidad Cívica y Agraria-MOIR; Amylkar Acosta, presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas; Eduardo Sarmiento Palacio, ex presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; Emilio Sardi, vicepresidente de Tecnoquímicas y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Industrias Farmacéuticas; Ángel María Caballero, presidente de la Asociación por la Salvación Agropecuaria; Germán Holguín Zamorano, director de Misión Salud; Andrés Espinosa, consultor internacional; Fernando Barbieri, especialista en comercio internacional; Beethoven Herrera, profesor emérito de la Universidad Nacional; y Darío Restrepo, profesor de la misma Universidad.

Negociaciones a puerta cerrada

Emilio Sardi

Emilio Sardi es vicepresidente de Termoquímicas S.A. y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Industrias Farmacéuticas, Asinfar.

Por más de diez años prácticamente todos los acuerdos comerciales han sido suscritos tras negociaciones a puerta cerrada, en las que no ha participado efectivamente ni la sociedad civil ni los empresarios y sectores directamente perjudicados por ellos.

¡Ni qué hablar de las concesiones unilaterales! Iniciando la década pasada, Colombia hizo la desgravación más agresiva en Suramérica y bajó su nivel promedio de protección arancelaria de 83% a 7%, mientras que, por ejemplo, Argentina lo había bajado de 28% a 15%. Igual hizo con las barreras paraarancelarias. Argentina las había bajado de una cobertura del universo arancelario de 32% a 8%, Brasil de 35% a 10%. Colombia las redujo de 73% a 1%. ¡Todo esto a cambio de nada! Sólo para jugar a la globalización, sin un estudio previo sobre las posibles consecuencias de esos actos ni un control posterior de sus resultados.

Estados Unidos no negociará sus gigantescos subsidios agrícolas en el marco del Área de Libre Comercio de las Américas y mucho menos a nivel bilateral. Ante esta posición, Colombia tiene solo una opción: no debe negociar y comprometer la sostenibilidad de su agro, a cambio de la posibilidad teórica de acceso a unos mercados en los que ni siquiera sabe si podrá competir exitosamente.

(De la ponencia: Colombia frente al ALCA o al Tratado Bilateral con Estados Unidos, TLC).

Apertura, un fiasco

Eduardo Sarmiento Palacio

Eduardo Sarmiento Palacio, ex presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas.

Luego de más de una década de apertura económica estamos ante un monumental fiasco. En los últimos 13 años el valor agregado de las exportaciones creció por debajo del producto nacional. La pérdida del mercado interno ocasionada por la entrada de importaciones no tuvo mayor compensación por el lado de las ventas externas, y le propinó una herida de muerte al sistema. La economía perdió la tercera parte del área agrícola y la cuarta parte del empleo industrial, quedó expuesta a un déficit en cuenta corriente que llevó a un endeudamiento insostenible, y el producto nacional dejó de crecer.

Es necesario reconocer que el país no va a progresar especializándose en productos tropicales y en el ensamble industrial e intercambiándolos en los mercados internacionales por bienes complejos. Hay que entrar en razón y aceptar que el desarrollo lo tenemos que realizar con nuestras propias empresas y trabajadores. No se trata de volver a la vieja industrialización, fundamentada exclusivamente en la protección que se torna insostenible. Se plantea, más bien, una industrialización basada en grandes inversiones en áreas críticas, la copia tecnológica y la conversión de la mano de obra calificada en el aprendizaje en el oficio.

(De la ponencia: Incidencia del ALCA en Colombia).

La propiedad intelectual como arma de control

Myrta Levi

Myrta Levi es secretaria ejecutiva de la Asociación Latinoamericana

¿Qué problema tienen estos acuerdos de libre comercio? Que no protegen la propiedad intelectual como una herramienta de desarrollo, de política industrial para nuestros países. Simplemente la utilizan como herramienta de control y, en lo posible, de eliminación de la competencia. No son instrumentos que favorezcan el desarrollo ni la industrialización sino que, por el contrario, pretenden eliminar toda clase de competencia y eliminar, en consecuencia, todo tipo posible de transferencia tecnológica.

(De la ponencia: El ALCA y la propiedad intelectual).

Crecimiento con TLC en México: 0,25

Alberto Arroyo Picard

Alberto Arroyo es maestro en sociología de la Universidad Autónoma de México. Miembro del equipo coordinador de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, RMALC.

El hecho es que la tasa promedio de crecimiento del PIB, es decir, de la producción nacional por habitante, fue de 0,94% durante el periodo del TLC, es decir, no creció. Si analizamos todo el periodo neoliberal de apertura, que en México tiene veinte años, la tasa media de crecimiento de la economía fue 0,25; la economía sólo creció un cuarto de punto porcentual. Veinte años de esta estrategia y ocho en que se volvió ley supranacional, han dado por resultado un exiguo crecimiento de 6% de la economía en 20 años.

(De la ponencia: La inversión extranjera en los tratados de libre comercio).

Alca y universidad pública

Gonzalo Arango J.

Profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios.

El mayor exportador de servicios educativos en el mundo es Estados Unidos, US$ 10.280 millones en 2000. Se explica entonces que los monopolios del aprendizaje norteamericano manden el zarpazo para primero apropiarse de lo que denominan el ‘mercado educativo’, o sea, los estudiantes matriculados en instituciones de educación superior de origen nacional, y segundo eliminar la competencia, aniquilándolas. De todo este negocio le quedaría a Colombia el exterminio de su sistema de educación pública, contenidos y líneas de investigación –si existen–, un país educándose para ser mano de obra barata ocupada en las maquilas, una mayor dependencia tecnológica, un mayor atraso económico y las peores condiciones sociales de vida.

(De la ponencia: La ALCAlización de la educación superior es la muerte de la universidad pública).

ALCA, anexión de América Latina a EU

Raúl Fernández

PhD, profesor de la Universidad de California.

Para Estados Unidos la época fácil de la liberalización ha pasado. Lo que era fácil de privatizar ya se privatizó. Se acabó la época de los grandes flujos de capitales que iban y venían. Los milagros económicos de países como México o Malasia, se acabaron.

A largo plazo, el despliegue norteamericano es muy diciente. En los últimos seis años ha construido nuevas bases militares en Turkmenistán, Tayikistán, Afganistán, Quatar, Arabia Saudita, Kuwait, Kosovo, Filipinas, Rumania, Polonia, Bulgaria y África Occidental; la lista es larga. Casi todas se establecen en zonas estratégicas de extracción y transporte de hidrocarburos o sirven para rodear militarmente a posibles contrincantes económicos.

El ALCA forma parte de ese conjunto global de políticas económicas llevadas a cabo por parte de Estados Unidos en su afán por profundizar su imperio.

La agricultura más protegida del mundo es la estadounidense, y este año se ha aumentado la protección a través de la llamada ley agrícola. EU consume la mayor parte de todo lo que produce su agricultura. Es el mercado interno agrícola más grande del mundo. Pero también es el productor de los mayores excedentes: de cada tres hectáreas cultivadas, una es para la exportación. El ALCA es el complemento de la política exterior e interna de protección agrícola que tiene Estados Unidos. ALCA es la extensión y profundización del TLCAN a todo el continente. ALCA es exprimir la última gota en aras de sacar a Europa o a cualquier otra potencia de la zona para consolidar la posición económica global de EU. ALCA será la anexión económica de América Latina a Estados Unidos.

(De la ponencia: Significado del ALCA en la política exterior norteamericana).

Otra América Latina es posible

Víctor Quintana

Vocero oficial del Movimiento El Campo No Aguanta Más.

El combate que El Campo no Aguanta Más dio en México es el combate que están dando ustedes aquí, compañeros. Es el combate de Salvación Agropecuaria para rescatar nuestra alimentación, para rescatar la vida digna en el campo. Estamos en pie de lucha, pero no únicamente los campesinos y las campesinas mexicanas. Creo que no es sólo el campo mexicano el que no aguanta más; nuestro continente ya no aguanta más neoliberalismo; ya no aguanta más devastación de los recursos naturales; ya no aguanta más despojo de la mano de obra; no aguanta más maquilas; no aguanta más comida chatarra. Nuestro continente tiene una agricultura, una industria, una cultura propias. Este continente hermoso que se llama América Latina, no aguanta más, porque otra América Latina sí es posible.

(De la ponencia: El campo no aguanta más).

La salud, gravemente afectada por el ALCA

Germán Holguín Zamorano

El doctor Holguín es director general de la Fundación Misión Salud.

El ALCA, en el marco de referencia de la agenda norteamericana, es altamente perjudicial para la economía nacional y constituye una grave amenaza para el acceso a medicamentos, la salud pública y el bienestar de la población.

La salud es uno de los derechos más afectados por esta estrategia norteamericana, pues la protección a ultranza de la propiedad intelectual que se ven obligados a otorgar los países en desarrollo acaba con la producción nacional de medicamentos de marca y genéricos de bajo precio, dejando a la mayor parte de la población sin acceso a estos bienes esenciales, lo cual, teniendo en cuenta la finalidad de estos productos, es lo más injusto y recesivo que se pueda concebir.

Invito a todos ustedes a unirnos en un plan de movilización ciudadana que asuma el compromiso, haciendo causa común con los países latinoamericanos, de evitarle esta tragedia a Colombia. De lo contrario el 1º de enero de 2006 despertaremos anexados a los intereses económicos del Norte.

(De la ponencia: ALCA y TLC: los verdaderos efectos sobre el acceso a la salud).

El ALCA, de doble vía

Amylkar Acosta Medina

Presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas, ex ministro de Estado y ex senador de la República.

El ALCA es de doble vía, es decir, que de la misma manera que los demás socios de aventura abren sus mercados, a nosotros también nos corresponde hacer lo propio en una lucha feral de todos contra todos por capturar la demanda ampliada y allí, desde luego, el pez grande termina engulléndose al pez chico, inexorablemente. Dejemos de pensar con el deseo, pues como lo dejó bien en claro recientemente Condoleezza Rice, consejera de Seguridad del gobierno de Bush, ‘Estados Unidos deben partir del suelo firme de sus intereses nacionales y olvidarse de los intereses de una comunidad internacional ilusoria’.

En el trasfondo del ALCA se ve un marcado interés para que nuestras economías se comporten simple y llanamente como satélites de la economía de la gran metrópoli, convertida en la locomotora de este proceso y nuestros países en furgón de cola.

La mayor liberalización de nuestro comercio trae aparejada la profundización de las llamadas reformas estructurales: las reformas laboral, del régimen pensional, el ajuste fiscal, en fin, hay que seguir todas las estipulaciones del FMI, entre ellas las de seguir la trilla del ALCA, como también lo exige el Atpdea.

(De: ¿ALCA…QUÉ? Del proteccionismo al protectorado)

ENRIQUE DAZA AL INSTALAR EL FORO SOBRE EL ALCA: EL ESPEJISMO DEL LIBRE COMERCIO

Hace cuatro meses comenzamos la organización de este Foro con la finalidad de unificar en un propósito común a diversos sectores críticos del ALCA. La idea surgió al observar que durante el año pasado y lo corrido del presente se realizaron numerosos eventos sobre el tema, los cuales a pesar de sus indudables méritos tuvieron un limitado alcance: se circunscribieron a la órbita de las organizaciones promotoras, no fueron producto de un plan único. Las posiciones críticas al ALCA no han resonado con la suficiente intensidad y la población colombiana, en su gran mayoría, está sumida en la ignorancia y la pasividad en esta materia.

Tal situación tiene causas objetivas. El gobierno ha mantenido en secreto las conversaciones conducentes al ALCA, no se ha consultado a los sectores interesados y se actúa de espaldas a los afectados. El problema no ha sido solamente de procedimiento. El gobierno en las negociaciones no ha defendido los intereses de la nación, concierta con las multinacionales y no con los ciudadanos y actúa bajo la presión norteamericana, la cual, a través de figuras como el Atpdea o los acuerdos con el FMI, ha condicionado todo el manejo económico de la nación.

Hemos visto con preocupación cómo importantes sectores de la producción, del mundo académico e incluso del movimiento popular se han mantenido indiferentes ante el peligro que representa el ALCA y justo en estos momentos nos avecinamos a la toma de decisiones cruciales que afectarán durante décadas el desarrollo del país. El Foro representa un esfuerzo por unir en el empeño crítico a sectores empresariales, al movimiento sindical, campesino y popular, a un sector importante de ONG y a destacados intelectuales y académicos. También nos han apoyado un pequeño pero cualificado núcleo de parlamentarios como Carlos Gaviria, Piedad Córdoba, Gerardo Jumí y Jorge Enrique Robledo, para no enumerar los más de 16 que nos apoyan. Hemos mantenido informada a la Iglesia Católica y sentimos su sombra protectora.

Lo hemos denominado El ALCA y los tratados bilaterales de libre comercio: el espejismo del libre comercio, los verdaderos efectos sobre la sociedad, porque pensamos que el ALCA no es lo que aparenta. No es un camino para el desarrollo, ni una propuesta mutuamente beneficiosa de integración económica y ni siquiera su esencia es el comercio, sino asuntos tan espinosos como la inversión, la propiedad intelectual, las compras estatales, la política macroeconómica y muchos otros.

Con el ALCA se pretende que aspectos medulares del porvenir económico del país sean definidos, no por la libre determinación de los ciudadanos, sino mediante convenios internacionales. La débil industria colombiana quedará desprotegida y se cerrará definitivamente cualquier esfuerzo de ampliación del mercado interno. El Estado perderá su capacidad de intervención en la economía y toda posibilidad de moldear el desarrollo. La agricultura se reducirá al cultivo de unos cuantos productos tropicales y se perderá definitivamente cualquier soberanía alimentaria. Las áreas de servicios quedarán definitivamente mercantilizadas, sometidas a los intereses comerciales de las trasnacionales, y la educación y salud serán un negocio con ánimo de lucro, no un derecho de los colombianos. La investigación científica quedará supeditada a lo que definan los que tienen cómo hacerla y se verá coartada por los sistemas de propiedad intelectual y de patentes. Las trasnacionales tendrán más derechos que el Estado; los flujos de capital especulativo deformarán el desarrollo y la justicia colombiana perderá jurisdicción sobre los pleitos económicos más importantes.

Las negociaciones se aproximan a un momento de definiciones. A pesar de las súplicas gubernamentales para Bush abra la negociación de un tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos, el cual sería aún más nocivo, la potencia del Norte dictaminó que Colombia debería servirle de agente para promover la participación de la Comunidad Andina en el ALCA y que se deberían hacer más reformas hacia la profundización de la apertura y la liberalización.

Ahora se nos impone que las lesivas políticas contenidas en el ALCA no solamente se negocien bilateral y multilateralmente, sino que el país debe adoptarlas unilateralmente, de tal forma que se entregue el mercado interno y el patrimonio nacional a cambio de un eventual e incierto acceso al mercado estadounidense, exportando unos cuantos productos básicos con escaso valor agregado y por medio de la utilización de una mano de obra superexplotada.

Esto no se le ha dicho a la opinión pública y en el Foro vamos a plantearlo.

(Se publican apartes).

ALCA ARRASA CON LA SOBERANIA

Jorge Enrique Robledo, senador

El ALCA es la misma política de apertura que iniciaron Barco y Gaviria, que continuaron sus sucesores y que tiene al país como lo tiene, pero llevada a la enésima potencia.

Es importante que conozcamos lo de México, porque es una prueba a la mano de cuál es la auténtica realidad de la política que nos están imponiendo. En la lógica neoliberal, el país tercermundista mejor localizado en el mundo para salir bien librado con el ALCA sería México, que tiene al lado, en la frontera, al país con el mayor mercado del mundo. Resulta fácil entender que si a México le ha ido tan mal con el proceso neoliberal de veinte años, como se ha señalado aquí, siempre tendrá que irles peor a otros países que estamos bastante más lejos de ese mercado y que vamos a tropezar con mayores dificultades para acceder a él, repito, en la lógica falsa de la gran felicidad que nos ofrece el neoliberalismo.

Mi ponencia versa sobre el ALCA y la soberanía, pero voy a hacer algunas reflexiones que me ayuden a enmarcar el tema. ¿Qué pasó en Colombia? Ya se ha dicho: se dispararon las importaciones. Lo de las importaciones agropecuarias es suficientemente conocido, pero aquí voy a destacar un hecho que se conoce menos: está demostrado estadísticamente que peor que al agro le ha ido a la industria.

Las cifras entre el 93 y el 99, los años claves del hundimiento de la economía como producto directo del neoliberalismo, nos revelan que en esos años el agro creció un poco más de 7%, o sea, un crecimiento del 1% anual, pésimo. Bueno, en esos mismos años la industria decreció casi 6%, es decir –0,84% anual. La diferencia entre el crecimiento del agro y el de la industria en ese periodo (que, repito, son los años claves) es de 13%.

A la industria le fue bastante peor que al agro. Si se conoce poco no es porque no sea una cruda y ostensible realidad, sino porque mientras en el sector agropecuario ha habido quienes con alguna fuerza hemos podido denunciar el desastre y oponer resistencia, la verdad es que en la industria quienes eran los principales llamados a denunciar la gravedad de la situación lo han ocultado cuidadosamente, por cualquier razón que sea.

El ALCA, en síntesis, va a profundizar la apertura que se iniciara en 1990. La mejor definición que he escuchado del ALCA se la oí a un campesino de la zona cafetera. Decía que ALCA significa: ALCA…ído, caerle. Nos desbarataron la economía en esta década y ya ahora, que nos ven en el piso, nos van a levantar a las patadas.¿Qué pasará en lo político? No puede haber un proceso de concentración de la riqueza, de antidemocracia económica, que no conduzca a un proceso de antidemocracia política. Lo que está pasando en Colombia no es casual. No es casual que haya un Poder Legislativo absolutamente avasallado por el Ejecutivo. No es casual que el gobierno pisotee la Rama Judicial y viole uno de los principios cardinales de la democracia burguesa, cual es el de la separación de los poderes. No es casual el autoritarismo. Cuanto más antidemocracia económica, más antidemocracia política.

No estamos entonces ante un proceso de integración, sino ante un proceso de anexión. Lo que estamos presenciando es un proceso de recolonización. Lo anticipó Francisco Mosquera por allá en 1992.

En estas pujas antagónicas que son las relaciones económicas internacionales, el peor presidente de la República ¿cuál es? No el más bobo, ni el más corrupto, ni el más ignorante, ni el más vago. El peor presidente de la República es el que ha sido contratado bajo mano para trabajar día y noche y sin descanso al servicio de la nación con la cual se está compitiendo. El peor presidente de la República es el que juega en el bando enemigo, asesorado por un grupo de expertos que también juegan en el bando enemigo. Un presidente que es un traidor a la patria y que en últimas tiene como negocio principal vender a su país a los intereses extranjeros.

No creo que el ALCA tenga arreglo, de la misma manera que no creo que los neoliberales tengan arreglo. A los hommes y a los junguitos no hay que convencerlos, hay que derrotarlos.

A los más pesimistas, a quienes crean que no podemos derrotar al imperio, les dejo esta reflexión: el deber de los patriotas, el deber de los seres humanos en nuestro paso por esta Tierra es hacer un esfuerzo por dejarles un mundo mejor a nuestros hijos. En esa lucha por dejarles un mundo mejor a nuestros hijos no estamos obligados a ganar, pero sí a librar la batalla.

(De la ponencia: El ALCA arrasa con la soberanía de Colombia).

EL CAMPO NO AGUANTA MÁS

(Por Víctor M. Quintana S., profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, y vocero oficial del movimiento gremial El Campo No Aguanta Más)

Desde mitad de los años 30 hasta finales de los 60, el campo mexicano fue un campo próspero; produjo alimentos baratos para la ciudad y materias primas para la industria en continua expansión. A pesar de que los precios rurales se sacrificaban en favor del territorio industrial, la agricultura mexicana conoció tasas de crecimiento anuales que ya quisiera el presidente Fox para engalanar sus mejores promesas; eso fue hasta finales de los 60.

En 1982 se inició lo que hemos llamado la guerra contra el campo mexicano. La primera etapa comenzó en 1982 con la imposición, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro estadounidense y el Consenso de Washington, del primer paquete de ajuste estructural, uno de los primeros que se da en el mundo. Y vino la primera generación de medidas de ajuste en el campo mexicano. Se liberaron los precios de los insumos agrícolas, de los energéticos, fertilizantes y maquinaria, se controlaron los precios internos de garantía de los productos agrícolas, se empezó a reducir la inversión y el gasto del Estado en apoyos, inversión e investigación agrícolas.

En la segunda, iniciada con el gobierno de Salinas en 1988–89, la ofensiva se desató con furia. Se abrió con una declaración de uno de los representantes de Salinas, quien dijo: en el campo mexicano hay 25 millones de personas, el 25% de la población mexicana, y sin embargo, produce únicamente el 7% del Producto Interno Bruto. Luego sobran 18 millones de personas en el campo mexicano. Necesitamos desplazar del campo mexicano a 18 millones de personas.

Y comenzó una operación que, si estuviéramos en Yugoslavia, la llamaríamos de purificación étnica. Fue una operación, digamos, de limpieza: barrer el campo mexicano de campesinos. Según los tecnócratas de Salinas, de Cedillo e incluso de Fox, sobran varios millones de personas que hay que mandar rápido a la ciudad o a Estados Unidos. Y Salinas empleó para tal fin dos instrumentos privilegiados: primero, la contrarreforma agraria de 1992, que privatizó las tierras agrícolas en manos de los ejidatarios y las comunidades indígenas. Y segundo, se empezó a negociar con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor el primer día de 1994.

La desproporción entre México y Estados Unidos es palmaria. Les voy a dar unos datos, sin incluir a Canadá. En Estados Unidos hay 59 hectáreas de tierra por trabajador agrícola; en México 3. En Estados Unidos hay 7 hectáreas irrigadas por trabajador agrícola; en México diez veces menos, o sea 0,7 hectáreas. En Estados Unidos disponen de 79 hectáreas de pastizal por trabajador agrícola; en México de 9. En Estados Unidos cuentan con 58 hectáreas de bosque por trabajador agrícola; en México con 2,8 hectáreas. En Estados Unidos hay 1,6 tractores por trabajador agrícola; en México 2 por cada 100. En Estados Unidos se producen 8 toneladas 400 kilos de maíz por hectárea; en México 2 toneladas 400 kilos. En fríjol, una tonelada 800 kilos en Estados Unidos; en México 600 kilos. En arroz, 6 toneladas 800 kilos en Estados Unidos.; en México, ahí no estamos tan desequilibrados, 400.

Las diferencias de productividad se deben, claro está, a la enorme diferencia de dotación de recursos naturales: tres cuartas partes del territorio mexicano son tierras áridas o semiáridas; salvo en algunas cuantas regiones del norte, tenemos a veces nieve en invierno. En Estados Unidos, casi en todo el país tiene nieve en invierno y hay lluvias abundantes en verano. Tienen el valle del Mississippi que es una de las llanuras de aluvión más importantes del mundo. Nosotros no tenemos esas condiciones agroclimáticas tan privilegiadas.

Sin embargo, lo más importante es el desequilibrio entre las políticas de fomento. En Estados Unidos, los apoyos que reciben los agricultores representaron en 2001 el 47% de la producción agropecuaria, mientras que los recibidos por los agricultores mexicanos representaron solo el 24%.

México tenía 9 años de plazo para prepararse para la desgravación casi total de 2003. Bueno, ¿qué hizo el gobierno mexicano en esos 9 años?

En 1994, al iniciarse el Tratado, el presupuesto agrícola del gobierno mexicano, como proporción del gasto programable, era de 8,8%. En 2002 descendió a 3,5%. Como proporción del presupuesto para el campo en el Producto Interno Bruto, en 1994 fue de 1,5% y en 2002 de 0,6%. ¿Qué quiere esto decir? Que el gobierno mexicano, en lugar de preparar al sector agropecuario para que se pusiera en condiciones menos asimétricas de competencia, disminuyó drásticamente por mitad las inversiones. Pero no únicamente eso; teniendo México derecho a proteger sus sectores maicero y frijolero con aranceles y con cuotas, el gobierno mexicano dejó de cobrar durante esos 8 años US$ 2.800 millones en aranceles para importaciones de maíz y US$ 77 millones para importaciones de fríjol. Y permitió la entrada de 14 millones de toneladas de granos básicos por encima de la cuota establecida sin cobrar un centavo de arancel.

Así nos preparó el gobierno para el Tratado de Libre Comercio. ¿Y cómo se preparó Estados Unidos? ¿Qué hizo el gobierno norteamericano? Todo, menos libre comercio. Al contrario de lo que había acordado en la OMC, incrementó los subsidios a la agricultura y nos inundó con exportaciones de alimentos a precios de dumping; es el caso de los cárnicos y de los lácteos, por ejemplo.

Hace dos años, en el Frente Democrático Campesino realizamos una experiencia pedagógica: nos fuimos y tomamos el puente internacional Ciudad Juárez-El Paso, no por donde pasan los peatones o los automovilistas, sino por donde se pasan los contenedores. Lo que hicimos fue detener todos los contenedores que venían de Estados Unidos con productos agropecuarios. Y a que no se imaginan ustedes qué encontramos. El primer contenedor que detuvimos traía un polvo amarillo con manchas negras, hecho plasta. Era maíz. Y nuestros productores se dieron cuenta de inmediato, sin necesidad de irse hasta Harvard, lo que significaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Decían: tenemos millones de toneladas de maíz blanco de alto contenido proteico sin poder vender en nuestras bodegas y estamos importando maíz que ni los puercos son capaces de comer.

Unos contenedores después lo que detuvimos fue un trailer completo de 30-40 toneladas de pollo congelado, creo que desde el Jurásico. El siguiente trailer, hasta da vergüenza decirlo, venía completamente lleno de colitas de pavo. Lo que desperdician los norteamericanos, lo más grasoso, lo más tóxico, nos lo envían a nosotros.

En vez de rebajar los subsidios, EU los elevó. De 1994 a 2000 pasaron de US$ 5 mil millones anuales a US$ 32 mil millones anuales.

Pero todavía más. Con la nueva ley agrícola de mayo de 2002, Estados Unidos incrementó hasta US$ 180 mil millones los subsidios a su agricultura por un periodo de 10 años. Así, el apoyo por hectárea en Estados Unidos será en estos años de 125 dólares. El subsidio promedio por agricultor del gobierno norteamericano es de 21 mil dólares; en México de solo 700. Estados Unidos tiene un presupuesto para su agricultura 30 veces mayor que el vigente en México, y la agricultura norteamericana es 6 veces mayor que la mexicana.

Bueno, ¿cómo nos fue con esta excelente preparación del gobierno mexicano para competir con la agricultura de Estados Unidos? Para el sector agropecuario mexicano el TLCAN significó sobre todo importaciones. En los primero 8 años del Tratado las importaciones de la agricultura y la ganadería mexicanas casi duplicaron su valor: pasaron de US$ 2.900 millones a US$ 4.200 millones. De 1994 a 2001, México elevó sus compras de productos agropecuarios y agroalimentarios extranjeros en 44% e incrementó sus exportaciones sólo 8%.

Otra comparación. En 1995, durante la bonanza del sector agroalimentario, México importaba de Estados Unidos US$ 3.254 millones, pero alcanzaba a exportar US$ 3.800 millones; es decir, tenía 600 millones de superávit en la balanza agroalimentaria. Seis años más tarde, México había más que duplicado las importaciones agroalimentarias, que subieron a US$ 7.415 millones. Pero las exportaciones solo aumentaron a US$ 5.267 millones. La balanza agroalimentaria se hizo deficitaria en US$ 2.400 millones.

En 1990, el promedio de importación de los 10 cultivos básicos de México procedentes de Estados Unidos ascendía a 8,7 millones de toneladas. Diez años después era de 18 y medio millones de toneladas, un incremento de 112%. Nosotros presumimos de que el maíz es parte de la identidad mexicana. Antes del Tratado lo que más llegamos a importar fueron 2 millones y medio de toneladas anuales. Ahora ya andamos importando 6 millones de toneladas anuales. Y los defensores a ultranza del Tratado nos preguntan: ¿pero para qué cultivamos maíz si nos sale más barato comprarlo en Estados Unidos? Les respondemos: sí, pero el maíz es el principal alimento de los mexicanos. Un asunto de vida o muerte, una cuestión de seguridad nacional.

La otrora orgullosa agricultura mexicana se ha derrumbado. Es triste decirlo, pero ya no produce alimentos para la nación. Importamos el 95% de las oleaginosas, el 40% de la carne, el 30% del maíz, el 50% del arroz.

¿Cómo ha repercutido esto? El Tratado ha sido para México de importación; ha sido de pérdida de la soberanía, de pérdida de la seguridad alimentaria. Se derrumbó la rentabilidad en la agricultura nacional.

(Apartes de la ponencia El campo no aguanta más).

«SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCTOS SENSIBLES Y CONVERTIBILIDAD DEL AGRO A PRODUCTOS TROPICALES»

Ponencia presentada por Ángel María Caballero, presidente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, en el Foro ALCA y TLC, el espejismo del libre comercio.

Ángel María Caballero

Comencemos por definir seguridad alimentaria como el derecho que tienen las naciones a producir sus alimentos para no verse condenadas a una hambruna o a tener que importarlos al precio que exijan las multinacionales de la comercialización. Colombia perdió esta seguridad en soya, maíz, sorgo, cebada y algodón en la década pasada, y la del trigo en los sesentas.

Para los neoliberales, por el contrario, seguridad alimentaria es el derecho del que gozan los consumidores a obtener alimentos «baratos» donde sea. Pero lo de barato es relativo, porque, por ejemplo, la soya y el trigo que dejamos de producir nos toca importarlos cada vez más caros, y hoy tienen un precio 40% y 12% más alto que el año pasado; lo mismo ocurre con el algodón. Amén de las divisas que hay que invertir para comprarlos, generando empleo pero para los agricultores de los países que los producen. Y, por otro lado, los precios bajos con los que la leche fue importada masivamente en el año 2001, nunca les fueron trasladados a los consumidores, que debieron seguirla pagando cara a pesar de ser un alimento de primerísima necesidad.

En las negociaciones del ALCA es muy común oír el término sector sensible. Hace referencia a los productos del campo que forman el componente más importante de la dieta básica y, por ello, son responsables de la seguridad alimentaria de Colombia. Estos productos se verían afectados con el ALCA, a tal punto que podrían ser llevados hasta la extinción.

Lo cierto es que en el agro colombiano no hay producto que no sea sensible: lácteos, cereales, oleaginosas, papa, panela, azúcar, plátano, frutas, hortalizas, fríjol, carnes. Hasta el algodón industrial lo es. Pero esa sensibilidad de nada les sirvió a los gobiernos neoliberales. En el decenio pasado entregaron nuestro mercado con la apertura de los noventas, bajando aranceles. Simultáneamente desaparecieron el Idema y con él los precios de sustentación, se debilitó casi hasta la extinción al ICA, con Corpoica se marchitó la investigación en las ciencias agropecuarias, y los créditos de fomento se acabaron al eliminar la Caja Agraria. Es decir, se hizo todo lo que no se debía hacer. Mientras tanto, Estados Unidos desarrolló la ingeniería genética y exige que les abramos nuestras fronteras a sus productos y capitales, a la vez que incrementa los subsidios a sus agricultores. Para los próximos siete años, estos pasan de 100.000 millones a 180.000 millones de dólares. Y al ver que la apertura era tan buen negocio, y después de acabar con nuestro trigo y nuestro maíz, les dio por profundizarla, creando el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, para inundarnos de lo que ellos producen en abundancia con tecnología de punta y altos subsidios. Lo que nuestros gobernantes olvidan, o esconden, es que estos productos representan para Colombia más de 4 millones de empleos agrícolas y la subsistencia de 11.5 millones de compatriotas que viven en los 1.050 municipios de nuestra geografía.

Uribe y sus asesores se han empeñado en alegar que los agricultores colombianos somos latifundistas, como lo alega Hommes, actual asesor del presidente Uribe. No les tiembla la voz para mentir, porque ellos muy bien saben que el trigo y el maíz y el fríjol han sido sembrados fundamentalmente por pequeños productores. Y también conocen, tienen que conocerlo, que en la producción arrocera somos 28 mil cultivadores, de los cuales 85% tienen explotaciones por debajo de 20 hectáreas. Para Hommes y sus amigos, estos son latifundistas. Pero no lo son los arroceros gringos, con grandes empresas de miles de hectáreas y que reciben todo el apoyo del gobierno más rico de la tierra. Es el mundo al revés. Para los gobernantes de Colombia, que venden la nación, su labor mercenaria es digna de alabanza, mientras califican de zánganos y pechugones a los productores nacionales que viven los riesgos de empresas amenazadas por la competencia extranjera, el abandono oficial y la violencia sanguinaria. Es el absurdo entronizado.

Arguyen sin ningún empacho, recordémoslo, que el pan en Colombia es el segundo más caro de América y que por ello –¡oh, lógica sublime!– deben ser arrasados los pocos cultivos de trigo que sobreviven en Nariño o en Boyacá. Pero ocultan que 95% del trigo que se consume en nuestro país es importado, precisamente porque acabaron con la producción triguera nacional en los años sesentas utilizando el mismo argumento de ahora: que sale más barato importarlo que producirlo y que lo que ellos anhelan es proteger al consumidor. Mentira. Nos vuelven a mentir. Y repiten sin ninguna vergüenza que los habitantes de la ciudad tienen derecho a alimentos más baratos, así sean importados, que no se debe subsidiar nuestra producción y que nuestras tierras deben dedicarse a cultivar especies tropicales, que no se dan en los países que nos proponen el Tratado del ALCA. Y el gobierno, ahí sí, ofrece préstamos para cultivar pitayas, uchuvas, feijoas y otras frutas exóticas.

Son argumentos deleznables, porque «lo más caro para un país es lo que no es capaz de producir», como agitamos en la bandera de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Al ATPA, o Atpdea, que entre otras cosas compensaba en su origen la eliminación de los cultivos ilícitos, la ponen ahora los gringos como señuelo para que el gobierno apruebe el ALCA, lo cual, desde luego, tiene tufo de chantaje. Y, además, no presenta ninguna relación favorable costo-beneficio para el país, porque en los últimos ocho años el incremento en las exportaciones del ATPA no pasó de 1.2 billones de pesos y de 45 mil nuevos empleos. Pero lo que está en juego es todo el mercado interno de Colombia, que pasa de 20 billones de pesos y que genera 4 millones de empleos seguros. Lo que ofrecen los gringos con el ATPA es incierto y nos toca competirlo con países más pobres que el nuestro; es parcial, pues solo se aplica a unos cuantos productos, y es temporal pues termina en el año 2006 cuando empiece a aplicarse el ALCA, mientras que lo que nos van a imponer con el Área de Libre Comercio de las Américas será permanente, cada vez más fuerte y aplicado sin excepción a todas las mercancías y servicios.

Los mismos cultivos tropicales nos han dejado experiencias negativas. El café y el banano son cultivos tropicales y, aunque se producen bien entre nosotros, nos toca pelearnos el mercado con los demás países productores. Las trasnacionales que controlan el comercio fomentan las siembras para que haya superproducción y así poder pagarles a los arruinados cultivadores lo que ellas tengan a bien. Para los productos tropicales hay nichos de mercado relativamente pequeños y que se saturan rápidamente, pues la humanidad no se alimenta propiamente de ellos, sino de los once productos de la dieta básica, esos sí producidos y subsidiados por las grandes potencias mundiales.

Debe quedar en claro que no nos oponemos a la siembra de especies tropicales. Pero lo que no aceptamos es que al país se lo restrinja a los cultivos tropicales, de rentabilidad y mercado inciertos, mientras se entrega la producción nacional de alimentos básicos y se permite el aumento desbordado del desempleo rural. Desde este punto de vista, nos oponemos a la convertibilidad, o sea, al cambio masivo de cultivos tradicionales y transitorios por especies tropicales y exóticas. Un ejemplo claro es el café orgánico, que tiene un pequeño nicho de mercado que se debe desarrollar, pero no sobre la base de sustituir las 600 mil hectáreas de café convencional, las cuales debemos tecnificar exigiendo para ello el apoyo del Estado y el de la Federación de Cafeteros.

Retomando el tema inicial de los cultivos sensibles, tomemos el caso del arroz. Su precio promedio en el mercado nacional puesto FOB es de 400 dólares y en el mercado internacional de 180 dólares; es un cultivo muy sensible que desaparecerá con el ALCA. El arroz colombiano es poco competitivo, pero no por culpa de los agricultores; los insumos valen en Colombia hasta tres veces más que en los países competidores del ALCA, y el gobierno la única explicación que da es la de «riesgo país», sin mencionar el tema de los subsidios, que en Colombia se reducen al incentivo al almacenamiento en época de sobreproducción, y pare de contar. De Ecuador hay importaciones cada año de 150 mil toneladas por Pacto Andino, y entra arroz triangulado por Venezuela. Sin embargo, el sector subsiste, pero porque no ha empezado el ALCA. Con el ALCA, será otra la situación.

Más sensible aún que el arroz es la leche. A la lechería le tocó recoger la tierra de cafeteros, trigueros, maiceros, algodoneros y todos los quebrados y, además, tiene excedentes exportables que deberían ser subsidiados por el Estado.

¿Qué hacer? La solución no está en la convertibilidad ni en la desgravación gradual a 10 años, pues la competitividad es con dinero y ese no es propiamente el caso de Colombia. Tampoco creemos que, por sensible que sea el producto, el gobierno vaya a tener consideración. La lucha no puede ser por sectores. Debemos estar unidos. Todos. La SAC y las demás organizaciones, porque por bien que le vaya a un renglón en las negociaciones, lo más que logra es demorar el momento de la quiebra. Unos tendrán 5 años de vida, otros 10 si les va mejor, pero seguramente la ruina total llegará antes que el arancel baje a cero.

Estados Unidos ha manifestado repetidamente que no negocia los subsidios en el ALCA. Pero no podemos ceder. Nuestra posición es que si ellos no eliminan los subsidios, no habrá negociación. Sin olvidar que incluso eliminando ellos los subsidios, quedaremos en desventaja, pues nos ganan en adelantos tecnológicos, en costos de los insumos, en seguridad y en todos los estímulos a la producción. El Estado colombiano, al contrario, cada vez recorta más su apoyo al campo, como está ocurriendo por ejemplo con el ICR, el incentivo a la capitalización rural.

La única solución es la unión de todos los sensibles contra los insensatos, y rechazar y combatir la orquesta que todos los días disuena, y cada vez más fuerte, contra la producción nacional. No hay otra consigna posible: ¡Defendamos la producción y el trabajo nacionales! ¡Repudiemos el ALCA!

«EN LA CALLE TRABAJAREMOS EN LA CALLE NOS QUEDAMOS»

Por Albeiro Osorio Vargas

Sólo fue que en enero de 2001 le dieran posesión como alcaldesa a la señorita Martha Elena Bedoya, ficha política de la senadora uribista María Isabel Mejía, para que se iniciara la más violenta persecución contra los vendedores ambulantes de Pereira. Arrancó la ofensiva con perros salvajemente adiestrados que, acompañados de elementos de una agencia contratista llamada Seguridad Atlas, mordían en feroz cacería a los trabajadores de la calle; luego vinieron los bastones eléctricos, mucho más efectivos, porque el vendedor a quien le aplicaban la descarga caía desmayado.

Para tan inhumana campaña de «limpieza social» se requería una persona despótica y con odio arraigado por los pobres, y entonces la alcaldesa nombró a Martha Cecilia Correa como secretaria de Gobierno.

La nueva secretaria se inventó una acción de compromiso que concluyó en el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Pereira: «El derecho al trabajo es un derecho individual y no puede estar por encima del derecho del colectivo al disfrute del espacio público». Aprestándose para hacer frente a la ofensiva de las autoridades, los comerciantes informales independientes conformaron el Comité de Vendedores Ambulantes de Pereira, que coordinó la Resistencia Civil. El gobierno municipal arremetió en diciembre con gases lacrimógenos, tanquetas, policía antimotines y amenazas a los dirigentes, empeñado en destruir las casetas con retroexcavadoras y en decomisar las mercancías. Las marchas pacíficas fueron atacadas con bolillo y decenas de mujeres y hombres quedaron detenidos. Fue una sombría Navidad para miles de colombianos desempleados y para sus familias, a quienes el gobierno se halla obstinado en negarles hasta la más mínima posibilidad de subsistencia.

Asesinatos

El gobierno de la señorita Bedoya, que ha fracasado en todo lo demás, solo ha resultado eficiente en materia de represión. Hasta la fecha han sido asesinados en oscuras circunstancias seis vendedores ambulantes. Pero el crimen que ha causado mayor indignación entre la ciudadanía es el de John Alirio Carmona, padre de tres pequeños niños y muerto a golpes por la fuerza pública. John Alirio falleció el 24 de junio en el Hospital Universitario San Jorge, víctima de un severo trauma en la región cervical que le fue propinado mientras se encontraba bajo la custodia de la Policía.

Los hechos sucedieron así: el viernes 18 de junio, a eso de las cinco y media de la tarde, en la calle 18 con carrera 6, John Alirio fue obligado por el agente de policía de apellido González, identificado con la placa 98630, a subir a uno de los vehículos dispuestos por la Alcaldía para los operativos que adelantan a diario unos individuos pertenecientes a la Fundación Ecológica Universal, quienes desde noviembre, por contrato con la Secretaría de Gobierno, se han convertido en los amos y señores del espacio público. Al día siguiente, 19, John Alirio fue ingresado al Hospital Universitario con lesiones tan severas, que quedó cuadrapléjico y falleció cinco días después.

La gravedad del hecho no puede ser ocultada por las explicaciones ligeras y mendaces ofrecidas en rueda de prensa y en declaraciones a los medios por la alcaldesa y por su secretaria de Gobierno, quienes se limitaron a indicar que tomarán «los correctivos para evitar que se repitan los accidentes». No. Tendrán que responder ellas mismas ante la justicia penal, como también todos los directamente comprometidos en este execrable crimen.

Más de tres mil comerciantes informales, muchos de ellos mujeres cabeza de hogar, llevan más de siete meses resistiendo diariamente, y al fragor de la lucha lograron constituir la seccional del Sindicato Nacional de Vendedores Informales, Ambulantes y Estacionarios, Sindevendedores, con 315 afiliados fundadores, entre ellos, John Alirio Carmona. El presidente de la junta directiva es Julio César Grajales.

Economía del rebusque

Esa forma de ganarse el sustento del día que los colombianos conocemos con el nombre de rebusque es una vieja práctica común a los pueblos que padecen de graves desigualdades sociales. En Colombia, azotada desde sus comienzos por múltiples formas de violencia y grandes depresiones económicas, el comercio informal ha sido, más que una constante, una forma de economía paralela.

En Pereira hay más de tres mil hogares cuyas cabezas de familia se medio ganan el sustento ofreciendo a los transeúntes mercancías baratas, aquellas a las que tienen acceso las empobrecidas masas de trabajadores, pobladores de los barrios populares y capas medias arruinadas por la crisis económica a la que ha sido conducido el país por la aplicación del recetario neoliberal.

La lucha continúa. Sindevendores, a la cabeza de los demás sindicatos, ha llevado a cabo múltiples manifestaciones, protestas y mitines. Cada intento de decomiso se convierte en una nueva batalla. Se bloquean las vías y se agitan consignas. El 11 de julio reaparecieron los gases lacrimógenos y en varias ocasiones los policías han hecho disparos al aire, lo que siembra el pánico entre los transeúntes. Varios columnistas de la prensa regional y nacional han escrito artículos de apoyo a las justas movilizaciones de los vendedores. También prestigiosos dirigentes políticos como el senador Jorge Enrique Robledo y el diputado risaraldense, Carlos Alfredo Crosthwaite, quienes acompañaron a los directivos de Sindevendedores a una entrevista con el Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes. La Defensoría se comprometió a realizar una Audiencia Pública en Pereira.

Aun cuando ha habido más de 30 heridos y fracturados en las distintas refriegas, la Resistencia Civil sigue creciendo. Todos los compañeros han asimilado la frase que dice: «La única lucha que se pierde es la que se abandona».

LA «SOCIEDAD CIVIL» Y EL ALCA

Salvación Agropecuaria asiste a reunión en Brasil

Por Aurelio Suárez Montoya

Dentro de un aparente programa masivo de difusión del ALCA, se celebró en Sao Paulo, Brasil, una reunión llamada «De los representantes gubernamentales con la sociedad civil», para abordar el Capítulo de Agricultura en este Tratado. Es la primera de varias que se realizarán sobre distintos tópicos; la próxima, en Chile, será en septiembre sobre los servicios.

Resulta extraño que después de ocho años de negociaciones y de más de siete foros empresariales, dominados por los consorcios multinacionales, cuyas propuestas se han convertido en letra sagrada del Acuerdo, se convoque con carácter de «convidados de piedra» a quienes jamás han sido escuchados y que precisamente habían sido excluidos en todo el proceso. Es claro que con estos intercambios de ideas, que en nada se atienden, se pretende subsanar formalmente el secreto y la privacidad que han regido al ALCA durante casi una década.

La asistencia de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, ANSA, invitada para la ocasión por organizaciones sociales del Brasil, ayudó a conocer de primera mano algunos asuntos deformados aquí por los voceros oficiales o por ciertos medios interesados en confundir a la opinión. El más importante de ellos: la posición norteamericana, que entre nosotros es presentada como magnánima. En la intervención de los voceros gringos, Bob Stallman –presidente de la mayor federación de productores agrícolas de ese país–, John Hardy, de la porcicultura, y una representante de la industria estadounidense de alimentos y bebidas, no se vio evidencia alguna sobre los presumibles beneficios que recibirá América Latina, como dicen con tanta ceremonia los neoliberales.

El primero de los mencionados, al reclamar la reducción de los aranceles en los demás países del Continente, destacó que Estados Unidos no debería disminuirlos más porque ya los tenía muy bajos. Advirtió Stallman que los subsidios oficiales, de los que disfrutan él, sus asociados y las firmas exportadoras gringas, no se eliminarán en el ALCA. Notificó a los presentes que los subsidios sólo serán fruto de negociación en el seno de la OMC, e invitó al resto a acudir con su concurso a este último Foro para enfrentar a los europeos en dicha materia. Al terminar su exposición, Stallman reiteró la importancia del ALCA para los países del Sur, pues el Acuerdo de Libre Comercio les facilitará adquirir la «comida barata» producida en Norteamérica. Una extraña coincidencia con los argumentos en favor del ALCA del consejero presidencial de Colombia, Rudolf Hommes.

Míster Hardy, el segundo de los voceros gringos, conminó que el sector que representaba no cedería en el mantenimiento de los controles sanitarios y fitosanitarios para toda importación de cárnicos hacia su país. Y la representante de la agroindustria de Estados Unidos exigió perentoriamente acceso para sus productos con valor agregado. Al igual que Stallman, la dirigente gremial denunció con altanería los excesivos aranceles de los demás países y, concretamente, demandó que sean suprimidos cuanto antes los mecanismos de franjas de precios (como los aplicados por la Comunidad Andina), con lo cual también coincidió con el asesor Hommes y sus estudios de cabecera, quien califica tal instrumento como defensa de los «ineficientes» y los «pechugones». Curiosamente, la vocera de los monopolios terminó su intervención halagando a los brasileros, al insinuarles que «desearía ver el azúcar del Brasil en Estados Unidos».

Y, precisamente, el sector agropecuario brasileño estuvo dividido en torno al ALCA en la reunión de Sao Paulo. Por un lado, los movimientos campesinos, encabezados por «Los sin Tierra», que han entendido que el ALCA atenta contra la soberanía alimentaria de las naciones latinoamericanas sometidas a competencia desigual en cereales, avicultura, aceites vegetales, granos, lácteos y arroz, entre varios géneros indispensables de la dieta básica. Así lo consignaron «Los sin Tierra» en una constancia que suscribieron doce agremiaciones, entre ellas Salvación Agropecuaria de Colombia, y en la consulta social en la cual diez millones de brasileños dijeron sin ambages: ¡NO al ALCA!

Del otro lado estuvieron en Sao Paulo los representantes de los grandes productores de frutos tropicales (azúcar, café y soja). Éstos se declararon fervientes partidarios del ALCA, demandaron celeridad en las negociaciones y llamaron a olvidarse del tema de los subsidios agrícolas. «Tengo 150 mil corteros de caña y quiero 300 mil», exclamó un vocero del sector azucarero de Pernambuco. Los grandes industriales estaban representados por los ministros de Agricultura y Comercio de Lula, de quien, dicho sea de paso, la prensa brasilera registró que, como resultado de su reciente visita a Washington, se comprometió con Bush a aceptar el inicio del ALCA para 2005.

En medio de tales pugnas fue triste escuchar al delegado de los campesinos de Nicaragua anunciando que a ese país ya se le declaró «competitivo» en teja de barro y estropajo, que el ingreso mensual de los hogares rurales es de 15 dólares y que las importaciones principales son allí, ante todo, mercancías usadas, las que él llamó «basura».

El gobierno de Uribe, otra vez en contravía –como en lo de Irak– a los de la mayoría de países de América Latina, no se hizo presente. ¿Por qué razón? Quizás Uribe Vélez y su flamante asesor, Rudolf Hommes, se sintieran representados por la delegación de Estados Unidos. Al fin y al cabo, como se vio, Stallman, Hardy y la señora delegada coincidieron en todo con las tesis de Hommes, el consultor privado que ejerce como cabeza visible del equipo oficial de Colombia para el ALCA.

AVANZA LA RESISTENCIA DEL PUEBLO IRAQUÍ POR LA LIBERACIÓN NACIONAL

Por Francisco Valderrama Mutis

La recolonización

Determinado a mantener fuera de Irak a las potencias que no se plegaron a su voluntad, Estados Unidos asumió su papel de amo colonial con todas las consecuencias. Nombró un virrey, Paul Bremen, e instaló un Consejo de Gobierno en el cual se codean literalmente todos los colaboracionistas, desde Chalabi, el banquero acusado de fraude en Jordania, los chiítas y los jefes kurdos, hasta Hamid Mousa, dirigente del Partido Comunista iraquí. Adjudicó a las multinacionales norteamericanas, cuyo puesto en el escalafón se mide por la calidad de los aportes hechos a la campaña presidencial de Bush y por la participación que en ellas posean los miembros más cercanos de su gobierno, las obras de reconstrucción de la infraestructura básica, destruida sistemáticamente a la medida de los contratos, exceptuando cuidadosamente toda la industria petrolera, la que aspira a poner en óptimo funcionamiento lo más pronto posible, para cumplir con uno de los objetivos no declarados de su guerra de agresión. Entre las compañías beneficiadas por el reparto del botín se destaca la compañía Enron, famosa porque sus ejecutivos inflaron los balances y estafaron a sus empleados y accionistas.

Después de la toma de Bagdad, y ante el desplome de la organización de la sociedad iraquí, los marines norteamericanos tuvieron que asumir el papel de policía colonial. Tres meses después su moral está por el suelo. Se sienten blancos móviles en la mira de una resistencia que expresa la ira del pueblo contra la ocupación de su territorio y la angustia por su futuro con una administración incapaz de restaurar los servicios básicos. El desempleo es casi absoluto y lo único que florece, como en Afganistán, es el tráfico de drogas y el contrabando. Como en todos los países del Tercer Mundo, progreso para la administración Bush significa grandes ingresos para las multinacionales y los colaboracionistas, y pobreza e indigencia para la inmensa mayoría de la población.

Para completar el cuadro, en las afueras del aeropuerto de Bagdad, las fuerzas coloniales instalaron un precario campo de concentración donde hacinan a todos los iraquíes que caen en su poder. El tratamiento a los prisioneros rivaliza ventajosamente con el dado por los nazis a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y se equipara con el dispensado a los talibanes afganos en el famoso Campo X de la Base gringa de Guantánamo. Los gobiernos norteamericanos que se autonombraron adalides de la defensa de los derechos humanos, con el fin de poder intervenir y coaccionar a naciones y gobiernos no respetan, en «el nombre de Dios» y la «humanidad», el más mínimo derecho democrático de quienes obstaculizan su dominación. Las torturas, las vejaciones, las humillaciones, los golpes y los asesinatos son los instrumentos de sus campos de concentración.

El escándalo de las causas de la guerra

Bush decidió velar los verdaderos fines de la guerra, considerando que era más fácil conseguir el apoyo del pueblo norteamericano y de las naciones del mundo con unas cuantas mentiras que con la confesión de sus objetivos estratégicos. Ocultó entonces que se trataba de derrocar el gobierno de Sadam Hussein, mediante una verdadera masacre que ha causado 10 mil bajas civiles y 20 mil soldados iraquíes, con el fin de dar una lección a los países árabes y convencerlos de que estaba dispuesto a asumir el costo de las bajas norteamericanas con tal de disuadirlos de seguir prestándole apoyo a grupos como Al Qaeda y otros fundamentalistas islámicos; que las multinacionales norteamericanas del petróleo no podían seguir por fuera de un negocio que puede en muy poco tiempo redituar ganancias por 60 mil millones de dólares al año (el costo de la reconstrucción se calcula apenas en 100 mil millones, pero por una sola vez, y lo utilizan como otro negocio) y garantizar el suministro estratégico de la principal fuente de energía; que necesitaba demoler toda la infraestructura económica de Irak, con el fin de que las empresas norteamericanas pudieran construir un modelo de país árabe con una economía totalmente privatizada desde sus cimientos; que necesitaba garantizar, pasando por encima de las instituciones internacionales, que la posición hegemónica de EU permaneciera indiscutida; en fin, que era necesario adelantar sus bases militares con el fin de cercar a los potenciales enemigos del futuro, restándole espacio a la competencia de otras potencias económicas.

El escándalo que se venía gestando por el persistente fracaso en descubrir las armas de destrucción masiva, ADM, y probar los supuestos vínculos con Bin Laden, estalló cuando se comprobó la falsedad de la acusación a Sadam Husein de negociar la compra de óxido de uranio en África, incluida en el discurso de Bush sobre el Estado de la Unión, el pasado 18 enero. La irresponsabilidad de mentirle al Congreso y a la nación en pleno, desembocó en un cruce de acusaciones entre Bush, la CIA y la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice. Ante un público atónito quedó demostrado que Bush es un mentiroso, que la CIA es incapaz, que la asesora es una irresponsable que no leyó convenientemente los memorandos que la CIA le envió y que el conciliábulo neoconservador que rodea a Bush acomodó a su antojo los datos de inteligencia para justificar la guerra. Finalmente Bush tuvo que reconocer su responsabilidad y, de paso, desmintió a Blair, cuya situación se agravó con el suicidio (?) del científico que le aportó a la BBC las pruebas del engaño.

Dificultades de Bush y avances de la resistencia

Estados Unidos logró hacer aprobar en el Consejo de Seguridad, con la ausencia de Siria, la resolución 1483 de mayo 22 de 2003, mediante la cual consiguió levantar las sanciones que pesaban sobre Irak, legalizar la venta de petróleo y manejar todos los recursos provenientes de su comercio, protegiéndolos de cualquier reclamación, así como la aprobación retroactiva de sus actos de agresión y la exclusión de los inspectores de armas de la ONU de cualquier pesquisa en Irak. Las demás potencias reconocen que el imperialismo norteamericano triunfó en su guerra de agresión, demostrando que no podía ser detenido por la comunidad internacional. Pero se niegan a colaborar con tropas y financiamiento y exigen una nueva resolución que les permita compartir el gobierno del enclave colonial. Hubert Védrine, ex canciller francés, dijo: «Necesitamos asumir una actitud positiva…Pero al mismo tiempo, no podemos simplemente mandar nuestros hombres a Irak a apoyar una política, que en mi opinión no vemos. Sumar tropas a las norteamericanas ¿para hacer qué?» Y Chirac dijo en un discurso en Malasia: «No podemos aceptar más la simple ley del más fuerte» (The New York Times, 29 de julio de 2003).

En la difícil situación, Estados Unidos necesita camuflarse detrás de una administración de la ONU que concluya su «legalización». Hasta ahora solamente ha conseguido el apoyo de las potencias que lo acompañaron en la aventura bélica y el de algunas «repúblicas bananeras» como El Salvador, Honduras, Azerbaiyán, Estonia, Filipinas o Lituania, entre otras. Pero, a la vez, no suelta la presa que tiene entre las fauces.

La situación económica de Estados Unidos se deteriora, a pesar del leve repunte obtenido artificialmente por medio de los gigantescos gastos militares del Estado. El déficit anual saltó de 300 mil a 500 mil millones de dólares, el desempleo aumenta, las ventas de automóviles caen y los gastos multimillonarios para sostener una fuerza permanente en Irak y Afganistán, que llegan ya a US$5.800 millones de dólares mensuales, pronto se tornarán insostenibles para un presidente acuciado por la necesidad de presentar resultados con vista a la carrera por la reelección el próximo año, enturbiada desde ya por lo que se empieza a llamar el «irakgate», parodiando el escándalo que tumbó a Nixon de la Presidencia.

En el frente iraquí, no obstante que Bush declaró terminada la guerra de agresión contra Irak el 1º de mayo pasado, es notorio el empantanamiento de las fuerzas norteamericanas. El desarrollo de una guerra de guerrillas cada vez más sofisticada y agresiva, impensable para el mando norteamericano, que causa 10 soldados muertos por semana en promedio (la creciente y abultada cifra de heridos nunca se menciona), obligó a reconocer su existencia y la ausencia de planes para enfrentarla. El leve respiro obtenido con la muerte de los dos hijos de Sadam no se tradujo en una disminución de los ataques a las fuerzas norteamericanas. Hasta los policías nativos reclutados exigen para desarrollar su trabajo que los marines se retiren de sus cuarteles.

La inclusión de una mayoría chiíta en el Consejo de Gobierno títere y las negociaciones con Irán, apuntan a impedir que a la resistencia guerrillera se le sume una intifada del sur iraquí. Forzado y a regañadientes, Bush le tuvo que bajar el tono a las amenazas contra Siria, Irán y Corea del Norte, esperando que sus fuerzas salgan del compromiso en que se encuentran maniatadas, con el fin de hacer el próximo envite en su objetivo de mantener la hegemonía mundial.

Hegemonía que será combatida por la lucha de los pueblos y naciones agredidos, por la oposición de las potencias afectadas y por los trabajadores y los pueblos del mundo que repudiamos todo intervencionismo y nos solidarizamos con las fuerzas de resistencia y su lucha por la liberación nacional.