ALFREDO CAMELO BOGOTÁ

Tras repentina y dolorosa enfermedad, el pasado 16 de febrero falleció en Bogotá el camarada Pedro Alfredo Camelo Bogotá.

Desde su época de estudiante en la Universidad de Bogotá estuvo vinculado al MOIR, contribuyendo en diferentes frentes y actividades y manteniendo su lealtad al Partido en sus distintos combates y periodos, rechazando sin titubeos a los detractores que han pretendido alejarlo de su senda revolucionaria. En sus últimos años fue miembro de Cedetrabajo e integró el Comité de Redacción de la revista Deslinde, en la cual concibió y siempre redactó la columna “Sucesos & Tendencias”, en la que recogía de manera ágil y corta diversas noticias y hechos del acontecer nacional y mundial, escribiendo asimismo múltiples artículos a lo largo de la existencia de la publicación.

El camarada Camelo dedicó toda su vida a escudriñar desde una perspectiva revolucionaria diferentes campos del conocimiento humano: filosofía, historia, política, arte y cultura. Escribió varios libros, entre los cuales sobresalen Los Samper, un libro abierto; Aguachica, historia de un camino; Lecturas de Historia de Colombia, y Carlos Federici Casa, navegante del océano de los números, última obra en la cual participó recogiendo con otros colaboradores los aportes científicos de Federici. Descolló igualmente como poeta, destacándose La vida eterna de Ho Chi Minh, poema con el que rindió tributo a la victoria de la revolución vietnamita, y con el cual recibió el Premio Nacional Universitario de Poesía en 1976.

Como profesor de numerosos colegios públicos, contribuyó a formar la juventud con riguroso celo científico y firme compromiso para con los intereses del pueblo y sus luchas contra los gobiernos antipo­pulares y antinacionales, aunando siempre sus esfuerzos a los realizados por las organizaciones gremiales del magisterio colombiano.

Falleció el presidente de la USO-Orito: SENTIDA PÉRDIDA PARA SINDICATO Y TRABAJADORES

El viernes 21 de enero, en la clínica Santa Fe de la ciudad de Bogotá, murió el compañero Pedro Tobías Prado Ortiz después de librar dura batalla contra una inesperada enfermedad. Había sido remitido de Orito por una infección renal, que posteriormente le invadió otros órganos y le provocó la muerte. En el infortunado insuceso le cabe responsabilidad a la negligente actitud de la administración de Ecopetrol, que no lo remitió oportunamente a Bogotá, pues desde el 5 de enero nuestro compañero se había presentado a la División Médica de Orito, y solo hasta el miércoles 11 fue trasladado.

Pedro Tobías se desempeñaba como presidente de la subdirectiva de Orito y estuvo en distintas responsabilidades sindicales: negociador, delegado de la Asamblea Nacional, integrante del Comité de Base, y miembro de la Junta Seccional durante siete años. Desde su ingreso a Ecopetrol en 1988 mostró consecuencia con los intereses de los obreros y de la nación, y estuvo siempre orgulloso de haber abrazado la vida de militante revolucionario. Nuestro querido compañero nació en la ciudad de Tuma­co el 16 de octubre de 1962.

Dirigentes de la USO Nacional y de la Subdirectiva de Orito, trabajadores, representantes de la población y familiares le acompañaron masivamente en las honras fúnebres que se efectuaron en Tumaco, con previo homenaje en Orito, Putumayo, su sede de trabajo.

El féretro envuelto en las banderas de la USO y de su partido el MOIR, hicieron homenaje a su orgullosa vida de luchador popular y le dieron cobijo hasta su tumba. El camarada Julio Díaz dirigente nacional de la USO y miembro del Regional del MOIR en el Putumayo llevo la palabra en el funeral para hacer reconocimiento a su memoria y expresarle a familiares y amigos nuestras condolencias.

Declaración del MOIR: URIBE DEBE RESPETAR LA SOBERANÍA DE LAS NACIONES

Héctor Valencia H., Secretario general del MOIR, enero 20 de 2005

Quebrantando elementales normas que rigen las relaciones civilizadas entre las naciones y pasando por encima de la fraternidad que históricamente han atesorado los pueblos de Colombia y Venezuela, el gobierno que preside Álvaro Uribe Vélez puso en marcha a finales del año pasado un oscuro operativo no exento de ribetes delincuenciales que se extendió hasta Caracas y que llevó a la aprehensión de Rodrigo Granda, declarado miembro de las FARC, todo lo cual terminó por desatar un agudo conflicto entre ambos países.

La primera y necesaria aclaración es que tal proceder, señalado con eufemismo por los editorialistas de renombrados periódicos como una apelación a métodos poco ortodoxos, no obedece a la casualidad de lo que coloquialmente se conoce como “una metida de pata”, ni su gravedad radica en el desaforado tratamiento que se le ha dado. El problema hunde sus raíces en que un gobierno como el de Uribe, que tiene en tan baja estima la soberanía nacional de Colombia, la misma que en todos los órdenes entrega a diario ante los poderosos intereses imperialistas de Estados Unidos, ningún empacho puede tener en irrespetar la de las otras naciones, en este caso la de Venezuela.

Ya de por sí, la política de recompensas, como parte del proyecto gubernamental de Uribe, no puede eludir, en aras de que está dirigida contra el aciago terrorismo que abruma a la población colombiana, su carácter discutible al fomentar la arbitrariedad y reemplazar la acción legítima del Estado por la de los cazadores de fortuna. Pero llevada a tener efecto más allá de nuestras fronteras, es una aberración que conspira contra la autonomía de los otros pueblos y su convivencia con el nuestro.

La natural alarma que los hechos hasta ahora conocidos han producido tiene que ver con que aparecen evidentemente anclados en la concepción política que pregona y aplica Estados Unidos en su cruzada contra el terrorismo a escala planetaria. Se trata del intervencionismo, con su violencia bélica y sus métodos atroces, adoptado de manera unilateral como “medida preventiva” contra otras naciones y pueblos, sin ningún miramiento por leyes o tratados internacionales.

Dentro de semejante concepción el secuestro es un expediente contra la libertad de las personas que, en la actual exaltación del libre comercio, resulta apenas natural que se compre y se venda como una mercancía. El que se realizó en el mencionado operativo no escapa a esta condición. Al condenarlo, debe reafirmarse que cualesquiera sean los motivos que para cometerlo se aduzcan y los ámbitos en los que se ejecute, es una práctica propia de la barbarie en las relaciones sociales y políticas que no puede ser aceptada por los pueblos en ninguna parte del mundo. Ningún sumario judicial o político de un nacional puede servir de base para conferirle al Estado una patente de corso para someterlo a un tratamiento por fuera de las leyes.

De allí el carácter cavernario del llamado del vicepresidente Pacho Santos cuando invita a los cazarrecompensas —mercenarios que expelen la hez de los ejércitos y los estamentos sociales más envilecidos de los diferentes países— a que acudan a Colombia y desplieguen sus sucios métodos y astucias para hacer fortuna:”la plata está ahí para ellos y las recompensas son bastante buenas”. Ese carácter es aún más escandaloso cuando el presidente Uribe ­­­—en ridículo rol de remedar en pequeño las tropelías que en grande perpetra Bush— considera la política de recompensas que sustenta tal invitación como “un instrumento legítimo de los estados que ayuda en el proceso de derrotar el terrorismo”.

No es de extrañar entonces que esas actuaciones del gobierno de Uribe sean saludadas por el embajador norteamericano William Wood como de “importancia trascendental no sólo para Colombia sino para la lucha antiterrorista en la región andina.” Ni que Condoleezza Rice, próxima a ser confirmada en Washington como nueva secretaria de Estado no obstante sus cuestionadas credibilidad e integridad, se haya apresurado a elogiar a Uribe como “un buen socio” y a “sus políticas duras” como exitosas.

Luego de la cabal aclaración de todos los hechos y el indispensable y pronto restablecimiento de una relación de colaboración y respeto entre ambos Estados, lo que más allá de la politiquería uribista debe ser debatido y precisado a fondo, tanto aquí como en la comunidad de naciones, es que, por el mero hecho de enmarcarlos en la lucha contra el terrorismo, episodios de intervención como el que se discute con Venezuela no adquieren legitimidad en las relaciones internacionales de Colombia, empezando por las que tiene con los países hermanos de América Latina.

En cuestión de tanta monta para la fisonomía política de la nación, el MOIR rechaza lo actuado por el gobierno de Uribe y denuncia la justificación que se le quiere atribuir.

Comité Ejecutivo Central del MOIR
Héctor Valencia, Secretario General
Bogotá, enero 20 de 2005

RESONANTE TRIUNFO DE LA USO: REINTEGRADOS 105 DESPEDIDOS DE LA PATRIÓTICA HUELGA

A las 6 a. m. del jueves 24 de febrero, los obreros de la refinería de Barrancabermeja recibieron con un multitudinario mitin y calle de honor a los primeros 20 compañeros reintegrados por el fallo del tribunal de arbitramento voluntario, saboreando los resultados de persistir en la lucha y apoyarse en la unidad y la solidaridad. Yanovich y Uribe recibían así una contundente derrota.

Para poner término a la huelga que se había iniciado el 22de abril de 2004, la USO y la CUT, Ecopetrol, los Ministerios de Minas y de Seguridad Social, con el acompañamiento de la Iglesia Católica y el Concejo de Barranca, firmaron el 26 de mayo de 2004 el Acta de Acuerdo que, además de consignar puntos conducentes a impedir la privatización de la empresa, estipulaba la instalación de un tribunal de arbitramento voluntario ad-hoc, para tramitar la solicitud de reintegro de los 162 compañeros despedidos. De los 248 huelguistas despedidos, el acuerdo consignó la pensión para 82, pensiones que se concedieron inmediatamente después de finalizar el movimiento.

La administración Yanovich se propuso desde entonces sabotear el funcionamiento del tribunal, empezando por la escogencia del quinto árbitro, pues la USO tuvo que aceptar el propuesto por la Cámara de Comercio de Bogota, ya que Yanovich no aceptó ninguno de los sugeridos por la Iglesia. Además, se negó a pagar los honorarios de los árbitros escogidos por el sindicato y los demás gastos de instalación y funcionamiento del tribunal, que debía sufragarlos la empresa. La USO debió pagar por ese concepto 400 millones de pesos.

El abogado de Ecopetrol ante el tribunal, López Guerra, reconocido enemigo de los trabajadores, intentó por todos los medios sabotear su funcionamiento e inducir un fallo adverso al sindicato y los ministros involucrados hicieron llamadas para presionar a los miembros del tribunal. Solo la entereza y profesionalismo de los mismos permitió que con actuaciones en derecho se enmendaran en parte las arbitrariedades cometidas durante el conflicto por Uribe, Yanovich, Mejía y Palacios.

El 21 de febrero se pronunció el tribunal, dentro de los seis meses convenidos para su funcionamiento, y ordenó el reintegro de 105 trabajadores, la indemnización de 23 compañeros temporales y ratificó el despido de 34. Debemos recordar que en la huelga participaron de manera ejemplar los temporales contratistas y aprendices del SENA, y por eso la mención de indemnización que tiene el fallo. La USO estuvo representada ante el tribunal por el abogado Adalberto Carvajal, y como árbitros de los trabajadores actuaron los abogados Armando Novoa y Jaime Moreno, equipo que puso toda su experiencia al servicio de la causa de los compañeros despedidos.

A pesar de que contra la decisión del tribunal no cabía recurso alguno, Yanovich interpuso un incidente constitucional de nulidad, que fue negado por el tribunal. La CUT, y las otras centrales obreras y de pensionados, y un grupo de doce parlamentarios encabezados por Carlos Gaviria Díaz, Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Javier Peñalosa, Wilson Borja y los demás integrantes de Alternativa Democrática, exigieron el cumplimiento de los acuerdos y el respeto al fallo del tribunal .

Finalmente el gobierno y la administración tuvieron que acatar la decisión unánime de los cinco árbitros. El resultado es un triunfo indiscutible de la USO y de los sectores de la clase obrera que se mantienen en resistencia contra el imperialismo norteamericano y el gobierno de Uribe.

Alternativa Democrática: AUDAZ PROPUESTA UNITARIA

En reunión de su dirección nacional, realizada en Villeta los días 12 y 13 de febrero, Alternativa Democrática decidió hacerle al Polo Democrático Independiente, PDI, una audaz propuesta unitaria de cuatro puntos: un programa que defienda los intereses nacionales y populares; un candidato, garante de de dicho programa, y normas organizativas que permitan adelantar unitariamente la campaña electoral de 2006, tanto en las justas parlamentarias como en la elección presidencial. Para tal fin, Alternativa Democrática aprobó las bases programáticas que publicamos en las páginas 3 y 4 de esta misma edición, y rati­ficó la precandidatura presidencial del doctor Carlos Gaviria Diaz, la cual será presentada al PDI y a las demás fuerzas, sectores y personalidades democráticas como carta aglutinante para oponerle a la anti­popular y antinacional candidatura reelec­cionista de Uribe Vélez, o cualquiera otra que con distinto ropaje represente los intereses del capital financiero internacional y las grandes trasnacionales que saquean la nación y oprimen a los colombianos.

En la reunión de Villeta, Alternativa Democrática definió también sus compro­misarios para las conversaciones de unidad: los senadores Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda y Antonio Javier Peñalosa, los representantes Wilson Borja, Alexander López y Venus Albeiro Silva y los compañeros Jorge Gantiva, Carlos Naranjo, Jaime Caicedo, Tiberio Trespalacios, Daniel Libreros, William Fuentes y Hugo Neisa, y la compañera Gloria Cuartas, como voceros de las organizaciones políticas integrantes de la coalición.

Carlos Gaviria reinicia actividad electoral
En Barrancabermeja, nuestro importante centro petrolero, reanudó el precandidato de Alternativa Democrática sus eventos de agitación. El 24 de febrero en el Club Infantas de Ecopetrol, más de mil personas escucharon sus planteamientos sobre la necesidad de un verdadero cambio de gobierno en Colombia. Estuvo acompañado por los doctores Jorge Enrique Robledo y Wilson Borja, congresistas de Alternativa Democrática; Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista; Jorge Gamboa, presidente de la USO; Juan Carlos Galvis, presidente de la CUT-Barrancabermeja, el Comité Ejecutivo Nacional de la USO y destacados dirigentes de los partidos que integran la coalición. Hernando Hernández, ex presidente de la USO y dirigente de Dignidad Obrera, instaló el acto electoral y respaldó la precandidatura de Carlos Gaviria Díaz, a quien presentó como un garante de la unidad entre las fuerzas patrióticas y democráticas.

Gaviria eligió a Barrancabermeja para reiniciar actividades en el presente año, por ser «el símbolo de la resistencia y la democracia», según lo expresó ese día en su discurso ante los trabajadores petroleros.
En las próximas semanas el doctor Gaviria estará en Pasto, Santa Marta, Armenia, Pereira, Montería, Sincelejo, Ibagué y Tunja y visitará varias de las localidades de Bogotá.

Grupos temáticos de apoyo a la campaña

Bajo la dirección general del doctor Orlando Fals Borda, y conformados por importantes personalidades de la academia, la ciencia, la cultura, organizaciones de masas, se han venido instalando los siguientes grupos de apoyo a la actividad electoral de la precandidatura de Carlos Gaviria, para facilitarle a este información analítica, datos, hechos y sugerencias sobre el campo de conocimiento y experiencia de los miembros de cada grupo:

Grupo 1. Política nacional y Estado constitucional.
Grupo 2. Guerra y paz. Problemas rurales y urbanos.
Grupo 3. Asuntos culturales y artístico.
Grupo 4. Modelos económicos alternativos y planificación.
Grupo 5. Globalización, relaciones internacionales e integración hemisférica.
Grupo 6. Derechos humanos y de los pueblos.
Grupo 7. Comunicación, propaganda y prensa.
Grupo 8. Asuntos sindicales.
Grupo 9. Educación popular, básica y superior.
Grupo 10. Asuntos territoriales, ambientales y agrarios.
Grupo 11. Ética y diálogo interreligioso.
Grupo 12. Mujeres en diálogo de saberes.
Grupo 13. Salud pública y seguridad social.
Grupo 14. Movimientos de juventudes.
Grupo 15. Niñez y familia.
Grupo 16. Diversidad sexual.
Grupo 17. Grupos y culturas étnicas (afrocolombianos, indígenas, rom y otros).

CON GRAN ÁNIMO UNITARIO AVANZA ORGANIZACIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Por Oscar Gutiérrez Reyes

Urgidas por la idea y la necesidad de construir una organización nacional de usuarios de servicios públicos, diversas organizaciones del sector vienen trabajando desde hace varios meses para encontrar los lineamientos básicos de un acuerdo que permita aglutinar, en una coordinadora nacional, la mayor cantidad de ligas, comités, asociaciones, sindicatos, ONG y centros de investigación, que defiendan los intereses de los usuarios de servicios públicos.

En búsqueda de este objetivo, los usuarios, las asociaciones, las ligas, las organizaciones sindicales y las ONG que persiguen la unidad, han realizado varios eventos en los que, por un lado, se han presentado los análisis y puntos de vista de las diferentes fuerzas sobre los problemas del sector y, por el otro, se han acordado tareas y acciones de resistencia que promuevan la lucha unificada.

Respecto del análisis de la situación de los usuarios, en el encuentro Lucha Popular y Servicios Públicos, realizado en Medellín a mediados de octubre del año pasado, se concluyó que «la implantación del modelo neoliberal produjo lesivas consecuencias para el pueblo colombiano, entre ellas el empobrecimiento, la miseria y el desempleo», y que, en consecuencia con ese modelo, la Ley 142 de 1994 trasformó el régimen de prestación de servicios públicos, convirtiendo estos en negocios, las empresas estatales en monopolios privados y las tarifas en una infame forma de exacción contra los colombianos.

En ese evento también se dijo que «la garantía de que los colombianos dispongan de estos servicios elementales se perdió, por la política de privatización de los mismos» y que «la aplicación del plan nacional de desarrollo del gobierno de Uribe y la negociación de un Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos, no son más que la continuación de la entrega de los recursos naturales, la propiedad colectiva y la nación a los monopolios nacionales e internacionales».

En relación con las acciones de resistencia, el encuentro de Medellín definió un plan de trabajo para lo que restaba del año y llevar a cabo en febrero de 2005 el día nacional de protesta de los usuarios.

Mes y medio después, en Cali, durante el Foro Servicios públicos domiciliarios: una década de miseria y exclusión, las diversas organizaciones reafirmaron la necesidad de construir una organización nacional de los usuarios y acordaron un plan de acción para el actual año, el 2005. En el marco de ese plan, el pasado 15 de enero, el Comité Pro-Coordinadora Nacional de Usuarios, reunido en Manizales, acordó ratificar la jornada nacional de protesta que se cumplió el pasado 23 de febrero; efectuar un seminario nacional de dirigentes del sector el 11 y 12 de marzo, al que, además de las ligas, comités y asociaciones y ONG asistirán miembros de la CUT, la Gran Coalición Democrática y la Federación Nacional Comunal; promover encuentros regionales y departamentales durante los meses de marzo, abril, mayo y junio; y continuar la preparación del Congreso Nacional que se llevará a cabo el 21 y 22 de julio, en Bogotá.

El éxito de la jornada nacional de protesta del 23 de febrero, en la que hubo marchas, mítines, plantones, apagones y fogatas en más de 16 departamentos y cincuenta municipios del país, y que contó con la participación de miles de usuarios, anuncia que los esfuerzos de unidad y lucha de las organizaciones comienzan a dar sus primeros frutos.

El respaldo expresado por la Gran Coalición Democrática y los partidos políticos que integran Alternativa Democrática, y la participación del Polo Democrático y de importantes sectores del Partido Liberal, en varias regiones del país, e incluso de uribistas desencantados por las últimas medidas del gobierno nacional en contra de los usuarios, perfilan la constitución de la más amplia organización.

Sin embargo, la tarea de unir y movilizar a los usuarios para definir el programa de lucha, las normas de funcionamiento y los métodos de acción, que permitan la conformación de un amplio frente que aglutine a la gran mayoría de organizaciones en el país, requiere aún de muchos esfuerzos. La realización de foros, seminarios, encuentros municipales y departamentales y del Congreso Nacional, marcan una ruta hacia la consolidación del proceso de unidad en que están empeñadas.

A once años de expedición de la Ley 142, la situación de los usuarios no puede ser más desastrosa, pero, paradójicamente, más alentadora también. Como lo señalara la declaración expedida por las ligas de usuarios el pasado 23 de febrero, «las marchas por las calles de Colombia que realizarán miles de usuarios son la primera manifestación nacional de una lucha que debe culminar en la derogatoria de la Ley 142 y en la consolidación de los servicios públicos como derechos fundamentales de los colombianos. Las fogatas y teas que encenderemos los usuarios en medio del apagón de protesta del próximo 23 de febrero, alumbrarán la resistencia de miles de compatriotas que, cansados de soportar los efectos de las políticas impuestas por el imperio, han decidido expresarse».

POR LA UNIDAD TOTAL DE LA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA

Carta de respuesta de Carlos Gaviria Díaz, coordinador de Alternativa Democrática, al Polo Democrático Independiente

Bogotá, DC, 14 de febrero de 2005

Senador
Samuel Moreno Rojas
Presidente del Polo Democrático Independiente
Daniel García-Peña y Rosalba Gómez
Vicepresidentes

Apreciados amigos:

En nombre de la coalición Alternativa Democrática, de la cual soy coordinador, de sus directivas y demás miembros y simpatizantes, reciban un cálido saludo.

La comunicación que me han dirigido en nombre de su partido, es un documento de una importancia política extraordinaria que plantea temas de singular alcance (unidad programática y candidato único a la Presidencia de la República) no sólo para nuestras colectividades sino para el futuro del país.

Celebro vivamente que hayan percibido en su auténtica dimensión el proceso que se ha venido cumpliendo en torno a mi precandidatura. Mi empeño, compartido y estimulado por directivas, militantes y simpatizantes de Alternativa Democrática, ha consistido esencialmente en convocar a todos los sectores de la izquierda democrática colombiana, de diversos orígenes y matices, a un proceso de unidad, cuyo logro, estoy seguro, ustedes y nosotros compartimos, y mostrar ante todos los más diversos sectores de opinión la pertinencia de una propuesta política alternativa a la del actual gobierno, en busca de una sociedad más justa, presupuesto indispensable para alcanzar una paz duradera, tan anhelada por todas las personas decentes que conforman la nación colombiana.

La urgencia de una izquierda democrática unida, en la presente coyuntura, tal como ustedes lo afirman, la compartimos sin reservas y juzgamos, como ustedes, que siendo más las cosas que nos unen que las que nos separan, debatibles éstas en un ambiente tranquilo y razonable, no hay motivo para que no trabajemos juntos en busca de los propósitos esenciales que nos son comunes.

En una reunión de dirigentes muy representativos de Alternativa Democrática, que tuvo lugar en Villeta el pasado fin de semana, se analizó la propuesta del PDI, y la recepción positiva fue unánime. Creo que así pudieron percibirlo los doctores Daniel García Peña y Álvaro Argote, quienes verbalmente, y con gran claridad, reiteraron la propuesta del PDI ante la reunión nuestra.

Fruto del análisis al que me he referido, es la propuesta de unidad que, recogiendo los propósitos que informan la formulada a Alternativa Democrática por el PDI., nos permitimos hacerles, y que comprende los siguientes aspectos:

1. Unidad programática
2. Unidad Organizativa
3. Selección de un candidato único de nuestras fuerzas a la Presidencia de la República.
4. Conformación de listas únicas.

Como pueden ustedes apreciar, lo que les proponemos es una unidad total, que para ser sólida y estable requiere un diálogo cuidadoso sobre cada uno de los ítems, que debería comenzar en el término más breve posible a través de los compro­mi­sarios designados por ambas partes para tal efecto.

Un acuerdo entre el PDI y AD tendría que ser, además, un punto de partida para convocar a otros sectores políticos y de opi­nión, con propósitos afines a los nuestros, a que converjan a la tarea inaplazable que nos proponemos, en beneficio del país. Cordialmente,

Carlos Gaviria Díaz
Senador y coordinador de AD

“SOMOS CONSCIENTES DE LO QUE VOTAMOS”: INDÍGENAS DEL CAUCA

Tomado de El Tiempo, 9 de marzo de 2005 pág. 1-3

Feliciano Valencia, vocero del Mandato Indígena y Popular, explica la masiva votación de seis municipios caucanos contra el Tratado de Libre Comercio (51.330 votos). Importante si se compara con los 39.900 votos que sumaron los de elecciones para alcaldes.

¿Cómo interpreta lo que pasó?

Celebramos una fiesta democrática entre indígenas, campesinos y afroco­lombianos. La gente salió libremente a las urnas y dio su opinión contra el TLC.

¿En qué los afecta el TLC?

En la territorialidad, la cultura y la autonomía. Si se firma el TLC, las multinacionales allanan el camino para la explotación de recursos naturales, la mayoría en nuestros territorios; la invasión de trasgénicos se fortalece suplantando las semillas tradicionales de maíz, fríjol, arracacha, habichuela y tomate; y la privatización de ríos y páramos se afianza por parte de los consorcios.

¿Cuál es el efecto de la consulta?

Hay municipios que están dispuestos a hacerla y han venido aquí para enterase de este ejercicio. El presidente ya debe de haberse enterado y estamos dispuestos a dar el debate de cara al pueblo colombiano.

¿Los indígenas saben lo que votaron?

De eso somos absolutamente conscientes.

¿Quiénes los han ilustrado?

Tenemos relación de trabajo con la Red Colombiana de Lucha contra el ALCA, Recalca, la Gran Coalición Democrática y el Movimiento de Salvación Agropecuaria.

¿Cómo se prepararon?

Fue un ejercicio de socialización. Nos apoyamos en académicos del Valle y de la Universidad Nacional.

¿Ahora qué sigue?

Que el resto de colombianos y de organizaciones sociales se contagien de este ejercicio democrático y lo repliquen. A partir del 14 de marzo nos vamos a Ecuador a ayudar al proceso de recolección de firmas para que se convoque una consulta frente al TLC.

POR UN ESTADO SOBERANO Y DEMOCRÁTICO: BASES PROGRAMÁTICAS DE ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA

Soberanía nacional y relaciones internacionales

Expresamos nuestra indeclinable decisión de defender la soberanía y la independencia de la nación de todo tipo de dominación extranjera y en especial de la que en lo económico, político, militar, territorial, ambiental y cultural ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre nuestra patria.

Rechazamos la globalización neolibe­ral que en nuestro país tiene su expresión en los Tratados de Libre Comercio, como el que actualmente se negocia con Estados Unidos, al igual que en las imposiciones del capital financiero a través de las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Apoyamos los procesos de resistencia y las luchas que a nivel mundial adelantan los movimientos antigloba­lización
.
La deuda pública es utilizada por las instituciones financieras internacionales como instrumentos de chantaje y saqueo contra el país. Hoy, sumadas la deuda interna y la externa, representan cerca de 40% de la ejecución anual del presupuesto. Este es el aspecto determinante de la crisis fiscal crónica que ha padecido el Estado colombiano desde hace años y que el FMI y el gobierno de Álvaro Uribe la descargan sobre el conjunto de la población mediante reformas tributarias regresivas y planes estructurales de ajuste. Por ello Alternativa Democrática propiciará una solución drástica a este flagelo.

Para la construcción de un Estado democrático e independiente consideramos imperioso restablecer la soberanía monetaria, cambiaria y crediticia, mediante una reforma constitucional que permita el control social sobre el Banco de la República, las decisiones acerca del precio del dinero y la recuperación del control de cambios.

Mantendremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo, en pie de igualdad, con respeto mutuo y beneficio recíproco. Estrecharemos lazos con todos los pueblos que luchan contra la opresión extranjera y consolidaremos una auténtica cooperación e integración de los pueblos latinoamericanos, con miras a constituir un bloque de naciones capaz de defender nuestras riquezas naturales, económicas y la identidad étnica, histórica y cultural y conseguir el desarrollo social de nuestros países.

Compartimos los deseos y esperanzas de la humanidad por la paz mundial y la prevalencia del respeto a la autodeterminación del los pueblos. Por tanto, Alternativa Democrática considera oportuno expresar su desacuerdo con la política unilateral del presidente George W. Bush y su estrategia de «Guerra Preventiva», como nueva forma de intervencionismo en los asuntos de otras naciones.Ç

Nos pronunciamos en favor de la búsqueda de soluciones alternativas de fondo a la crisis mundial, con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Internacional Democrático basado en la vigencia del derecho internacional, la protección y respeto de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos.

En concordancia con lo antes expuesto, para Alternativa Democrática es imperioso desmontar las bases militares de EEUU en Colombia, disponer la salida de las tropas extranjeras y mercenarios de nuestro territorio y suspender las políticas intervencionistas representadas en el Plan Colombia y en otros planes que, con el pretexto de combatir la insurgencia y el narco­tráfico, atropellan la población civil y con­culcan las libertades democráticas y los derechos civiles.

Los mecanismos de cooperación entre Colombia y otros Estados en materia de administración de justicia deben desarrollarse sobre la base del respeto pleno a la soberanía nacional y a los tratados internacionales suscritos por el Estado. El mecanismo de la extradición como herramienta útil, sólo será excepcional para la persecución de los delitos, siempre y cuando sea aplicado a los nacionales por conductas cometidas materialmente fuera del territorio nacional y sin que sean sancionados con penas más gravosas a las previstas en el ordenamiento jurídico colombiano.

Estado y régimen político

Abogamos por un régimen político que sustente un Estado Social de Derecho, entendido como un Estado soberano, pluralista y democrático, que garantice la deliberación pública, la participación ciudadana y la soberanía popular; respete y haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población, los de protesta, organización, reunión y huelga de los trabajadores, tanto privados como estatales, así como la acción de tutela y las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución de 1991. Este Estado será administrado bajo el principio de la independencia de los poderes públicos.

Trabajaremos por un nuevo ordenamiento territorial del país que consulte las realidades económicas, sociales y culturales de las poblaciones, particularmente de las comunidades indígenas y afro colombianas, salvaguardando la unidad y la integridad territorial de la nación.

Reforma a la justicia. Abogamos por una administración de justicia imparcial, independiente, gratuita y eficaz, al servicio de todos los habitantes del territorio nacional y en especial dirigida a reivindicar los derechos de los menos favorecidos. Creemos en la necesidad de una jurisdicción especial para asegurar la justiciabilidad de los derechos sociales y descongestionar la acción de tutela. Igualmente, consideramos necesario fortalecer y ampliar los mecanismos judiciales dirigidos a dar vigencia tanto a los derechos individuales como a los sociales, económicos, culturales y demás derechos colectivos.

Impulsaremos una reforma política democrática que asegure el voto libre y soberano y elecciones ajenas a la corrupción, el clientelismo y el saqueo de los dineros públicos, para lo cual pugnaremos por la completa financiación estatal de las campañas en condiciones de igualdad y los derechos de la oposición y el acceso democrático de los partidos y movimientos políticos a los medios de comunicación.

Lucharemos por suprimir las medidas represivas que se aplican contra la población. Garantizaremos la libertad de pensamiento y expresión, mediante un estatuto de la oposición democráticamente concertado.

Régimen económico

El propósito de Alternativa Democrática es construir un Estado capaz de desarrollar una economía próspera y soberana; que se oponga a las políticas del FMI, el BM y demás instituciones financieras internacionales; e intervenga para ejercer el control sobre los sectores estratégicos fundamentales de la actividad económica, al tiempo que amparará las formas solidarias de producción y respeto a la economía campesina, y la libre iniciativa privada, exigiendo el cumplimiento de su función social, sin permitir las prácticas monopolistas y el abuso y usurpación de los derechos de los trabajadores.

El mercado interno será protegido frente a las políticas aperturistas que favorecen las grandes empresas multinacionales y serán controladas las importaciones que lesionen la producción del país, como forma principal de garantizar trabajo y empleo digno a los colombianos.

El Estado intervendrá para fortalecer la producción interna industrial, manufacturera, artesanal, agropecuaria y acuícola y la prestación de servicios por parte de los colombianos, mediante políticas estatales crediticias de fomento, investigación científica, desarrollo tecnológico e inversión en infraestructura vial.

Se recuperará la soberanía en el manejo del endeudamiento público, la banca central, la hacienda pública, la fijación de aranceles y la definición concertada de sueldos y salarios justos.

Serán suspendidas las privatizacio­nes y promoveremos la propiedad del Estado sobre las empresas estratégicas para el desarrollo económico nacional, tales como las del petróleo, la minería y la energía eléctrica, las telecomunicaciones y el espectro electromagnético, la plataforma submarina, los bosques, la fauna, los recursos marinos y los recursos naturales en general, las vías, puertos y el transporte marítimo, terrestre y fluvial.

La soberanía y la producción alimentaría del país serán reestablecidas. Se apoyará a los campesinos en sus luchas democráticas en contra de la concentración de la tierra, y a las comunidades indígenas y afro descendientes se les respetarán sus derechos históricos y sus costumbres ances­trales.

El desplazamiento forzado será drás­ticamente penalizado y se propiciará el retorno de los desplazados a sus territorios, con plenas garantías de tierra, seguridad y respaldo para su desarrollo económico y social.

En los proyectos productivos rurales se acabarán las exigencias abusivas, como las de obligar a los agricultores a utilizar semillas transgénicas e insumos predeterminados, que los supeditan a las cadenas productivas al servicio de las trasnacio­nales.

Se establecerá un sistema fiscal basado en impuestos directos y progresivos. Lucharemos contra los impuestos injustos que afectan el consumo y la canasta familiar; así mismo, nos opondremos a los privilegios tributarios de los grandes monopolios nacionales y extranjeros. Se castigará a los evasores, los contrabandistas, los especuladores y los defraudadores de los recursos y bienes del Estado.

Se restablecerá el crédito de fomento para las inversiones públicas prioritarias y el fortalecimiento de los servicios públicos de educación, salud y vivienda.

Defenderemos la participación y deliberación pública para la definición de las políticas económicas y sociales.

Fomentaremos la investigación científica, el desarrollo tecnológico y las actividades culturales que sirvan al desarrollo social y económico de la nación.

Derechos sociales, económicos y culturales

Dedicaremos nuestros mayores esfuerzos a la construcción de un Estado cuya visión esté dirigida a sentar las bases materiales, sociales, culturales y políticas para lograr en el futuro una Colombia socialmente justa, bajo el principio de que el gasto público social tendrá prioridad sobre el pago de la deuda externa, el presupuesto militar y los gastos de funcionamiento, para lo cual se efectuarán las inversiones y se adoptarán las determinaciones necesarias, fundamentalmente en los siguientes aspectos:

a. Condiciones laborales, sueldos y salarios. Propugnamos una política laboral democrática que promueva la capacidad adquisitiva de la población. Serán aumentados sueldos y salarios, de tal manera que se eleve la capacidad adquisitiva de la población. Se hará una reforma laboral democrática que restituya los derechos concul­cados a los trabajadores por la con­trarre­forma neoliberal. Lucharemos por mejores condiciones de vida y de trabajo; estableceremos un sistema de control real de precios de los artículos de primera necesidad, así como de las tarifas del transporte y de los servicios públicos.

b. Servicios públicos domiciliarios. Haremos una reforma integral al régimen especial de los servicios públicos domiciliarios estipulados en las leyes 142 y 143 de 1994 y en la Constitución Política. Este proceso replanteará las políticas sectoriales y su implementación conforme con los principios de la equidad social, redistri­bución del ingreso, solidaridad, defensa y fortalecimiento del patrimonio público estatal en el marco de la función social del Estado, bajo una propuesta económica y ambien­talmente sostenible, regulada por una activa participación ciudadana.

c. Salud pública. En el propósito de considerar la salud un derecho fundamental y no una mercancía, lucharemos por derogar la ley 100 de 1993 y expediremos otra sobre la base de garantizar la cobertura total a la población. Será respetada la autonomía médica en el diagnóstico y el tratamiento. Serán defendidas y fortalecidas la salud pública y la red pública hospitalaria y se rechazará la privatización de hospitales y centros de salud. Se recuperará la capacidad operativa del ISS. Será eliminada la intermediación del capital financiero en la prestación de los servicios de salud. Serán garantizadas condiciones dignas de trabajo para los profesionales y trabajadores del sector.

d. Educación, ciencia, cultura, recreación y deportes. La educación pública será universal, de calidad, gratuita y obligatoria en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, así como en formación técnica laboral y en educación superior. Restableceremos los derechos laborales, salariales y profesionales con­culcados al magisterio. Fomentaremos la investigación científica, el desarrollo tecnológico y las actividades culturales que sirvan al desarrollo social y económico de la nación. Impulsaremos el deporte masivo y la recreación gratuita.

e. Vivienda. Se eliminará la interme­diación financiera en la vivienda de interés social, y se aumentarán los recursos públicos para adelantar planes que faciliten a las personas la adquisición de vivienda digan. Adoptar medidas que acaben con la especulación en el suelo urbano y que resuelvan a favor de los deudores los procesos judiciales y las acciones encaminadas a despojarlos de sus viviendas por parte de las instituciones financieras. Modificar profundamente el actual sistema UVR (UPAC) en beneficio de los colombianos.

f. Pensiones. Los fondos privados de pensiones serán eliminados y se restituirán los derechos de los pensionados, con­cul­cados por los gobiernos neoliberales. Estableceremos programas especiales de atención en salud, capacitación, recreación y deportes para los pensionados del país.

g. Población vulnerable. Daremos atención especial a los menores y a las personas de la tercera edad. Habrá respeto, protección y programas especiales de ocupación laboral, capacitación, recreación y deportes para hombres y mujeres cabeza de familia, adultos mayores, discapacitados, multiimpedidos, indigentes y adictos.

h. Mujer. Garantizaremos la igualdad de derechos para la mujer. Aseguraremos las mismas oportunidades en el acceso a los cargos públicos y al mundo del trabajo, y defenderemos el precepto de «igual trabajo, igual salario». Rechazaremos las expresiones sexistas, la violencia pública y privada contra las mujeres. Nos opondremos a la utilización del cuerpo como botín de guerra.

i. Diversidad sexual. Se reconocerá el libre desarrollo de la personalidad. Impulsaremos políticas que promuevan derechos plenos de la comunidad de homosexuales, bisexuales y transgeneristas.

Medio ambiente y desarrollo sostenible

En el marco de políticas de desarrollo sostenible y de protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad, se permitirá la explotación del subsuelo y de los recursos naturales renovables y no renovables del país, protegiéndolos de la voracidad de las multinacionales y sus megaproyectos. Esa explotación se hará según las necesidades internas de la nación, y se estimulará la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones al respecto. Impediremos la privatización de la naturaleza y el saqueo de nuestra biodiversidad con la utilización y apropiación transnacional del genoma de plantas y animales a través de las patentes y las normas de propiedad intelectual

Paz y derechos humanos

Alternativa Democrática aboga por una salida política al conflicto armado que hoy desangra a Colombia y por acuerdos humanitarios entre el Estado y la insurgencia, que pongan fin al sufrimiento de las personas que están privadas de su libertad por causa del conflicto.

Nos pronunciamos por la legitimidad democrática del Estado en todas las esferas de la sociedad y que preserve para sí el monopolio de la utilización de las armas. Se deberán desmontar todas las formas de uso del terror por parte del Estado, del genocidio político, las masacres de la población civil, la desaparición, el desplazamiento forzado y en especial las estructuras paramilitares, garantizando un verdadero proceso de verdad, justicia y reparación integral a las víctimas y a la sociedad en general.

Alternativa Democrática repudia todas las formas de terror; en particular, el atentado personal, el secuestro, la extorsión, las acciones armadas contra la población civil, que en modo alguno son formas legítimas de la lucha de los pueblos, por lo que condenamos todo acto de esta naturaleza. En el contexto de la dominación imperial, nos oponemos a la concepción de «lucha antiterrorista» que los gobiernos norteamericano y colombiano utilizan como pretexto para perseguir las expresiones de lucha popular que se oponen a la política imperante.

Conquistaremos la vigencia y el respeto de los derechos humanos en su inte­gralidad, logrando que las instituciones y las estructuras del poder hagan viable su realización, para superar la grave crisis huma­­nitaria que atraviesa el país.

En el marco general de las anteriores bases programáticas, Alternativa Democrática apoya e impulsa las protestas de la ciudadanía, las movilizaciones populares, las luchas cívicas y las distintas expresiones de descontento contra las políticas impuestas por el capitalismo internacional y, en la actualidad, contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su intento de reelección. Propugnamos, en consecuencia, un proceso de convergencia y unidad para construir una alternativa de poder.

Alternativa Democrática

Senadores de la República:

Carlos Gaviria Díaz, coordinador nacional y precandidato presidencial de Alternativa Democrática.

Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Peñaloza, Efrén Tarapués.

Representantes a la Cámara:
Wilson Borja, Alexander López, Venus Albeiro Silva, Ermínsul Sinisterra.

Movimientos y partidos políticos:
Partido Unidad Democrática, MOIR, Frente Social y Político, Movimiento Ciudadano, Partido Comunitario Opción Siete, Autoridades Indígenas de Colombia AICO.

Comité Ejecutivo:
Jorge Gantiva Silva, Carlos Naranjo, Daniel Libreros, Tiberio Trespalacios, Saúl Reyes, José Arnulfo Bayona, Francisco Valderrama, Nixon Padilla, Ricardo López, Diego Isaías-Peña.

IRÁN Y COREA RESISTEN LA AGRESIÓN NORTEAMERICANA

Por Francisco Valderrama Mutis

Mientras la situación de sus fuerzas de ocupación en Irak se ve cada vez más comprometida ante los embates de la resistencia, Estados Unidos prosigue su incesante ofensiva política y diplomática en busca de consolidar su hegemonía global. Bush, quien para su segundo período en la presidencia ha remozado con los más recalcitrantes neoconservadores las posiciones gubernamentales en Washington, ha tomado los resultados de las manipuladas elecciones en Irak como un «mandato» para seguir adelante con sus planes de expansión y pretende comprometer las fuerzas norteamericanas y las de sus aliados en nuevas aventuras contra las naciones que no se someten a sus designios. Sabe que para poder realizar sus sueños imperia­listas debe impedir todo asomo de resistencia. Cualquier nación que en ejercicio de su soberanía decida desarrollar planes nucleares que lleven a la potencial obtención de armas de ese tipo es calificada por Washington de «villana» y señalada como objetivo militar. Y aquí es donde encajan las presiones y acosos contra Irán y la República Democrática Popular de Corea, RDPC.

Estados Unidos ha convertido la legítima aspiración de los pueblos de establecer un Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, TNP —cuya vigencia se inició en marzo 5 de 1970 y que hoy cuenta con la firma de 187 países del mundo— e un arma de intervención y agresión. Esta política justa de no proliferación se vuelve hegemónica si no está acompañada de la exigencia a las potencias nucleares actuales de la destrucción de sus propios arsenales, como ha sido denunciado ampliamente por los pueblos y por gentes consecuentes de todo el mundo. Porque se configura una situación desigual en la que una inmensa mayoría de naciones queda sometida a las amenazas de una superpotencia como Estados Unidos, armada nuclearmente hasta los dientes. La misma que con sus ucases imperiales exige a los países que manifiestan autonomía e independencia que no desarrollen programas para la utilización pacífica de la energía atómica ni para la construcción de armas, mientras permite complaciente que aliados, como Israel o Paquistán, lo hagan. Israel inició desde 1950 el desarrollo de este tipo de armas, robando la tecnología a su propio aliado, Estados Unidos. Hoy cuenta con varios centenares de cabezas nucleares y submarinos misileros capaces de hacer blanco en cualquier lugar del Medio Oriente. Pakistán desarrolló armas nucleares y durante más de una década permitió que sus científicos establecieran un mercado negro de tecnología atómica. Al mismo tiempo, Washington adelanta un plan intensivo para el desarrollo de minibombas atómicas que, sofisticando el devastador efecto de las actuales, puedan ser lanzadas contra los países que resistan su dominación.

Frente a la desventaja estratégica que generan todos estos diversos elementos de la política imperialista, países como Irán y la RPDC decidieron desarrollar sus propios programas nucleares, a sabiendas de que un país con un inmenso arsenal nuclear puede ser disuadido si se posee un mínimo armamento de la misma naturaleza y, sobre todo, la capacidad y los medios para utilizarlo en su legítima defensa.

La República Democrática Popular de Corea

El pasado 10 de febrero la RPDC declaró que posee armas atómicas y que suspendía su participación en las negociaciones que se venían realizando en conjunto con Corea del Sur, China, Japón, Rusia y Estados Unidos. Con esta declaración, las autoridades coreanas respondían los ataques de Condoleezza Rice, nueva Secretaria de Estado de los Estados Unidos, quien en las audiencias de aprobación de su nombramiento ante el Senado, volvió a calificar al gobierno de la RDPC como un «puesto avanzado de la tiranía». Respondían también a la aprobación por unanimidad en ambas cámaras del congreso norteamericano de la Ley de Derechos Humanos para Corea del Norte (North Korea Human Rights Act), en el mes de octubre de 2004, que le da vía libre al gobierno de Bush para que amplíe su intervención utilizando todos los medios a su alcance, inclusive el uso de frecuencias de radio y TV, siguiendo el modelo de «Europa Oriental» para socavar y desestabilizar el régimen norcoreano.

El gobierno norcoreano ha insistido reiteradamente en que su único interés en desarrollar armas atómicas es el de contener las agresiones del gobierno norteamericano, que se ha negado a cumplir con la exigencia de garantizarle la seguridad sobre la base de la coexistencia pacífica de las dos naciones. La pretensión del gobierno norteamericano no es tan sólo que se desmonte el programa de armas nucleares, sino que se limite la investigación para los usos civiles de la energía atómica e incluso que el ejército norcoreano cumpla unas exigencias en cuanto a su armamento convencional. A cambio de eso, ofrece convertir la tregua que rige desde los años cincuenta del siglo pasado en un tratado de paz y en suministrar combustóleo para la producción de energía y ayuda alimentaria. En síntesis, pretende que la RDPC quede inerme ante sus garras militares y en condiciones para una futura colonización.

Estados Unidos ha tratado de manipular a los otros cuatro países que lo acompañan en la mesa de negociación con el fin de que ejerzan presión sobre Pyongyang para que acceda a sus demandas. Pero se ha tropezado con posiciones independientes y con prevenciones de algunas de las otras naciones. China, por ejemplo, que a su vez está rodeada por bases norteamericanas en Taiwán, en Japón, en Corea del Sur y en los países del Asia central, no puede ver con buenos ojos esta política. Y Corea del Sur ha manifestado una y otra vez su desacuerdo con la política norteamericana del «garrote», pues parece inclinada a propiciar una solución política negociada que permita una salida pacífica a las justas exigencias de una península coreana desnuclearizada.

De hecho, los países del mundo han visto que una pequeña nación, en medio del aislamiento y el acoso, ha logrado disuadir la agresión del gobierno de Washington, ha sentado a sus funcionarios en la mesa de negociación y ha enarbolado sus justas demandas de seguridad, coexistencia pacífica entre las dos naciones y respeto a su libre autodeterminación e independencia.

Irán

Irán en la actualidad se siente sitiado por los Estados Unidos. Hay decenas de miles de tropas norteamericanas en Afga­nistán y en Irak, y se conocen los planes para la construcción de doce bases permanentes en éste último país, que reemplazarían las que tenía en Arabia Saudita, además de las existentes en Kuwait y otros países del Golfo Pérsico. El ejército norteamericano ha desarrollado ejercicios militares en el Mar Caspio con los países del Asia Central, ahora bajo su control neoco­lonial. A esto le tenemos que sumar las declaraciones del Vicepresidente Dick Cheney en una entrevista radial recogida por The Washington Post, el 19 de febrero pasado, en las cuales acusó a Irán de ser una máxima amenaza para la paz mundial por su supuesto patrocinio al terrorismo en el Oriente Medio y porque tiene un nuevo y potente programa de desarrollo nuclear. Afirmó que «dado el hecho de que Irán ha adoptado una política cuyo objetivo es la destrucción de Israel, los israelitas podrían muy bien decidirse a actuar primero y dejar que el resto del mundo se preocupe por limpiar el desorden diplomático después». Para terminar insinuando ladinamente que «nosotros no queremos una guerra en el Medio oriente, si podemos evitarla».

El siguiente 2 de febrero en el discurso sobre el Estado de la Unión, Bush destacó el tema de Irán y señaló a su gobierno como «el principal patrocinador de terrorismo en el mundo (que) procura obtener armas nucleares a la vez que priva a sus ciudadanos de la libertad que anhelan y merecen». Y, en el colmo del cinismo, remató: «Al pueblo de Irán le digo esta noche: En su busca de su propia libertad, Estados Unidos está de su lado».

Inequívocamente, Washington desarrolla una guerra psicológica de ambientación para dar un zarpazo a las instalaciones nucleares de Irán, como lo han señalado diversos comentaristas norteamericanos. El antecedente de la destrucción por parte de los israelitas en 1981 del reactor nuclear que había construido Irak en Osirak, para lo cual contaron con el beneplácito norteamericano, sirve para enfatizar que la posibilidad de un nuevo ataque de esta naturaleza es real. En la reciente gira europea, Bush desechó la idea como absurda, pero después de una breve pausa, terminó diciendo que «habiendo dicho esto, todas las opciones están sobre la mesa».

El gobierno iraní ha respondido reivindicando el derecho de su nación soberana a desarrollar la tecnología atómica para usos civiles y ha firmado acuerdos de asistencia con Rusia. Además, ha enfatizado que responderá con firmeza cualquier ataque que se realice sobre su territorio. La camarilla de Bush sueña con poder controlar todo el petróleo del Oriente Medio y del Asia Central si logra derrotar a Irán o por lo menos desestabilizar su gobierno para lograr un «cambio de régimen», lo cual calcula como un subproducto del mencionado ataque. El apoyo de los disidentes internos parece sin embargo tan ilusorio como el recibimiento con flores que auguraba en Irak.

La resistencia que los pueblos y gobiernos de Irán y la RDPC le oponen a la política imperialista del gobierno de Bush requiere hoy la solidaridad de todos los trabajadores y los pueblos del mundo.