Alternativa Democrática: AUDAZ PROPUESTA UNITARIA

En reunión de su dirección nacional, realizada en Villeta los días 12 y 13 de febrero, Alternativa Democrática decidió hacerle al Polo Democrático Independiente, PDI, una audaz propuesta unitaria de cuatro puntos: un programa que defienda los intereses nacionales y populares; un candidato, garante de de dicho programa, y normas organizativas que permitan adelantar unitariamente la campaña electoral de 2006, tanto en las justas parlamentarias como en la elección presidencial. Para tal fin, Alternativa Democrática aprobó las bases programáticas que publicamos en las páginas 3 y 4 de esta misma edición, y rati­ficó la precandidatura presidencial del doctor Carlos Gaviria Diaz, la cual será presentada al PDI y a las demás fuerzas, sectores y personalidades democráticas como carta aglutinante para oponerle a la anti­popular y antinacional candidatura reelec­cionista de Uribe Vélez, o cualquiera otra que con distinto ropaje represente los intereses del capital financiero internacional y las grandes trasnacionales que saquean la nación y oprimen a los colombianos.

En la reunión de Villeta, Alternativa Democrática definió también sus compro­misarios para las conversaciones de unidad: los senadores Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda y Antonio Javier Peñalosa, los representantes Wilson Borja, Alexander López y Venus Albeiro Silva y los compañeros Jorge Gantiva, Carlos Naranjo, Jaime Caicedo, Tiberio Trespalacios, Daniel Libreros, William Fuentes y Hugo Neisa, y la compañera Gloria Cuartas, como voceros de las organizaciones políticas integrantes de la coalición.

Carlos Gaviria reinicia actividad electoral
En Barrancabermeja, nuestro importante centro petrolero, reanudó el precandidato de Alternativa Democrática sus eventos de agitación. El 24 de febrero en el Club Infantas de Ecopetrol, más de mil personas escucharon sus planteamientos sobre la necesidad de un verdadero cambio de gobierno en Colombia. Estuvo acompañado por los doctores Jorge Enrique Robledo y Wilson Borja, congresistas de Alternativa Democrática; Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista; Jorge Gamboa, presidente de la USO; Juan Carlos Galvis, presidente de la CUT-Barrancabermeja, el Comité Ejecutivo Nacional de la USO y destacados dirigentes de los partidos que integran la coalición. Hernando Hernández, ex presidente de la USO y dirigente de Dignidad Obrera, instaló el acto electoral y respaldó la precandidatura de Carlos Gaviria Díaz, a quien presentó como un garante de la unidad entre las fuerzas patrióticas y democráticas.

Gaviria eligió a Barrancabermeja para reiniciar actividades en el presente año, por ser «el símbolo de la resistencia y la democracia», según lo expresó ese día en su discurso ante los trabajadores petroleros.
En las próximas semanas el doctor Gaviria estará en Pasto, Santa Marta, Armenia, Pereira, Montería, Sincelejo, Ibagué y Tunja y visitará varias de las localidades de Bogotá.

Grupos temáticos de apoyo a la campaña

Bajo la dirección general del doctor Orlando Fals Borda, y conformados por importantes personalidades de la academia, la ciencia, la cultura, organizaciones de masas, se han venido instalando los siguientes grupos de apoyo a la actividad electoral de la precandidatura de Carlos Gaviria, para facilitarle a este información analítica, datos, hechos y sugerencias sobre el campo de conocimiento y experiencia de los miembros de cada grupo:

Grupo 1. Política nacional y Estado constitucional.
Grupo 2. Guerra y paz. Problemas rurales y urbanos.
Grupo 3. Asuntos culturales y artístico.
Grupo 4. Modelos económicos alternativos y planificación.
Grupo 5. Globalización, relaciones internacionales e integración hemisférica.
Grupo 6. Derechos humanos y de los pueblos.
Grupo 7. Comunicación, propaganda y prensa.
Grupo 8. Asuntos sindicales.
Grupo 9. Educación popular, básica y superior.
Grupo 10. Asuntos territoriales, ambientales y agrarios.
Grupo 11. Ética y diálogo interreligioso.
Grupo 12. Mujeres en diálogo de saberes.
Grupo 13. Salud pública y seguridad social.
Grupo 14. Movimientos de juventudes.
Grupo 15. Niñez y familia.
Grupo 16. Diversidad sexual.
Grupo 17. Grupos y culturas étnicas (afrocolombianos, indígenas, rom y otros).

CON GRAN ÁNIMO UNITARIO AVANZA ORGANIZACIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Por Oscar Gutiérrez Reyes

Urgidas por la idea y la necesidad de construir una organización nacional de usuarios de servicios públicos, diversas organizaciones del sector vienen trabajando desde hace varios meses para encontrar los lineamientos básicos de un acuerdo que permita aglutinar, en una coordinadora nacional, la mayor cantidad de ligas, comités, asociaciones, sindicatos, ONG y centros de investigación, que defiendan los intereses de los usuarios de servicios públicos.

En búsqueda de este objetivo, los usuarios, las asociaciones, las ligas, las organizaciones sindicales y las ONG que persiguen la unidad, han realizado varios eventos en los que, por un lado, se han presentado los análisis y puntos de vista de las diferentes fuerzas sobre los problemas del sector y, por el otro, se han acordado tareas y acciones de resistencia que promuevan la lucha unificada.

Respecto del análisis de la situación de los usuarios, en el encuentro Lucha Popular y Servicios Públicos, realizado en Medellín a mediados de octubre del año pasado, se concluyó que «la implantación del modelo neoliberal produjo lesivas consecuencias para el pueblo colombiano, entre ellas el empobrecimiento, la miseria y el desempleo», y que, en consecuencia con ese modelo, la Ley 142 de 1994 trasformó el régimen de prestación de servicios públicos, convirtiendo estos en negocios, las empresas estatales en monopolios privados y las tarifas en una infame forma de exacción contra los colombianos.

En ese evento también se dijo que «la garantía de que los colombianos dispongan de estos servicios elementales se perdió, por la política de privatización de los mismos» y que «la aplicación del plan nacional de desarrollo del gobierno de Uribe y la negociación de un Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos, no son más que la continuación de la entrega de los recursos naturales, la propiedad colectiva y la nación a los monopolios nacionales e internacionales».

En relación con las acciones de resistencia, el encuentro de Medellín definió un plan de trabajo para lo que restaba del año y llevar a cabo en febrero de 2005 el día nacional de protesta de los usuarios.

Mes y medio después, en Cali, durante el Foro Servicios públicos domiciliarios: una década de miseria y exclusión, las diversas organizaciones reafirmaron la necesidad de construir una organización nacional de los usuarios y acordaron un plan de acción para el actual año, el 2005. En el marco de ese plan, el pasado 15 de enero, el Comité Pro-Coordinadora Nacional de Usuarios, reunido en Manizales, acordó ratificar la jornada nacional de protesta que se cumplió el pasado 23 de febrero; efectuar un seminario nacional de dirigentes del sector el 11 y 12 de marzo, al que, además de las ligas, comités y asociaciones y ONG asistirán miembros de la CUT, la Gran Coalición Democrática y la Federación Nacional Comunal; promover encuentros regionales y departamentales durante los meses de marzo, abril, mayo y junio; y continuar la preparación del Congreso Nacional que se llevará a cabo el 21 y 22 de julio, en Bogotá.

El éxito de la jornada nacional de protesta del 23 de febrero, en la que hubo marchas, mítines, plantones, apagones y fogatas en más de 16 departamentos y cincuenta municipios del país, y que contó con la participación de miles de usuarios, anuncia que los esfuerzos de unidad y lucha de las organizaciones comienzan a dar sus primeros frutos.

El respaldo expresado por la Gran Coalición Democrática y los partidos políticos que integran Alternativa Democrática, y la participación del Polo Democrático y de importantes sectores del Partido Liberal, en varias regiones del país, e incluso de uribistas desencantados por las últimas medidas del gobierno nacional en contra de los usuarios, perfilan la constitución de la más amplia organización.

Sin embargo, la tarea de unir y movilizar a los usuarios para definir el programa de lucha, las normas de funcionamiento y los métodos de acción, que permitan la conformación de un amplio frente que aglutine a la gran mayoría de organizaciones en el país, requiere aún de muchos esfuerzos. La realización de foros, seminarios, encuentros municipales y departamentales y del Congreso Nacional, marcan una ruta hacia la consolidación del proceso de unidad en que están empeñadas.

A once años de expedición de la Ley 142, la situación de los usuarios no puede ser más desastrosa, pero, paradójicamente, más alentadora también. Como lo señalara la declaración expedida por las ligas de usuarios el pasado 23 de febrero, «las marchas por las calles de Colombia que realizarán miles de usuarios son la primera manifestación nacional de una lucha que debe culminar en la derogatoria de la Ley 142 y en la consolidación de los servicios públicos como derechos fundamentales de los colombianos. Las fogatas y teas que encenderemos los usuarios en medio del apagón de protesta del próximo 23 de febrero, alumbrarán la resistencia de miles de compatriotas que, cansados de soportar los efectos de las políticas impuestas por el imperio, han decidido expresarse».

POR LA UNIDAD TOTAL DE LA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA

Carta de respuesta de Carlos Gaviria Díaz, coordinador de Alternativa Democrática, al Polo Democrático Independiente

Bogotá, DC, 14 de febrero de 2005

Senador
Samuel Moreno Rojas
Presidente del Polo Democrático Independiente
Daniel García-Peña y Rosalba Gómez
Vicepresidentes

Apreciados amigos:

En nombre de la coalición Alternativa Democrática, de la cual soy coordinador, de sus directivas y demás miembros y simpatizantes, reciban un cálido saludo.

La comunicación que me han dirigido en nombre de su partido, es un documento de una importancia política extraordinaria que plantea temas de singular alcance (unidad programática y candidato único a la Presidencia de la República) no sólo para nuestras colectividades sino para el futuro del país.

Celebro vivamente que hayan percibido en su auténtica dimensión el proceso que se ha venido cumpliendo en torno a mi precandidatura. Mi empeño, compartido y estimulado por directivas, militantes y simpatizantes de Alternativa Democrática, ha consistido esencialmente en convocar a todos los sectores de la izquierda democrática colombiana, de diversos orígenes y matices, a un proceso de unidad, cuyo logro, estoy seguro, ustedes y nosotros compartimos, y mostrar ante todos los más diversos sectores de opinión la pertinencia de una propuesta política alternativa a la del actual gobierno, en busca de una sociedad más justa, presupuesto indispensable para alcanzar una paz duradera, tan anhelada por todas las personas decentes que conforman la nación colombiana.

La urgencia de una izquierda democrática unida, en la presente coyuntura, tal como ustedes lo afirman, la compartimos sin reservas y juzgamos, como ustedes, que siendo más las cosas que nos unen que las que nos separan, debatibles éstas en un ambiente tranquilo y razonable, no hay motivo para que no trabajemos juntos en busca de los propósitos esenciales que nos son comunes.

En una reunión de dirigentes muy representativos de Alternativa Democrática, que tuvo lugar en Villeta el pasado fin de semana, se analizó la propuesta del PDI, y la recepción positiva fue unánime. Creo que así pudieron percibirlo los doctores Daniel García Peña y Álvaro Argote, quienes verbalmente, y con gran claridad, reiteraron la propuesta del PDI ante la reunión nuestra.

Fruto del análisis al que me he referido, es la propuesta de unidad que, recogiendo los propósitos que informan la formulada a Alternativa Democrática por el PDI., nos permitimos hacerles, y que comprende los siguientes aspectos:

1. Unidad programática
2. Unidad Organizativa
3. Selección de un candidato único de nuestras fuerzas a la Presidencia de la República.
4. Conformación de listas únicas.

Como pueden ustedes apreciar, lo que les proponemos es una unidad total, que para ser sólida y estable requiere un diálogo cuidadoso sobre cada uno de los ítems, que debería comenzar en el término más breve posible a través de los compro­mi­sarios designados por ambas partes para tal efecto.

Un acuerdo entre el PDI y AD tendría que ser, además, un punto de partida para convocar a otros sectores políticos y de opi­nión, con propósitos afines a los nuestros, a que converjan a la tarea inaplazable que nos proponemos, en beneficio del país. Cordialmente,

Carlos Gaviria Díaz
Senador y coordinador de AD

«SOMOS CONSCIENTES DE LO QUE VOTAMOS»: INDÍGENAS DEL CAUCA

Tomado de El Tiempo, 9 de marzo de 2005 pág. 1-3

Feliciano Valencia, vocero del Mandato Indígena y Popular, explica la masiva votación de seis municipios caucanos contra el Tratado de Libre Comercio (51.330 votos). Importante si se compara con los 39.900 votos que sumaron los de elecciones para alcaldes.

¿Cómo interpreta lo que pasó?

Celebramos una fiesta democrática entre indígenas, campesinos y afroco­lombianos. La gente salió libremente a las urnas y dio su opinión contra el TLC.

¿En qué los afecta el TLC?

En la territorialidad, la cultura y la autonomía. Si se firma el TLC, las multinacionales allanan el camino para la explotación de recursos naturales, la mayoría en nuestros territorios; la invasión de trasgénicos se fortalece suplantando las semillas tradicionales de maíz, fríjol, arracacha, habichuela y tomate; y la privatización de ríos y páramos se afianza por parte de los consorcios.

¿Cuál es el efecto de la consulta?

Hay municipios que están dispuestos a hacerla y han venido aquí para enterase de este ejercicio. El presidente ya debe de haberse enterado y estamos dispuestos a dar el debate de cara al pueblo colombiano.

¿Los indígenas saben lo que votaron?

De eso somos absolutamente conscientes.

¿Quiénes los han ilustrado?

Tenemos relación de trabajo con la Red Colombiana de Lucha contra el ALCA, Recalca, la Gran Coalición Democrática y el Movimiento de Salvación Agropecuaria.

¿Cómo se prepararon?

Fue un ejercicio de socialización. Nos apoyamos en académicos del Valle y de la Universidad Nacional.

¿Ahora qué sigue?

Que el resto de colombianos y de organizaciones sociales se contagien de este ejercicio democrático y lo repliquen. A partir del 14 de marzo nos vamos a Ecuador a ayudar al proceso de recolección de firmas para que se convoque una consulta frente al TLC.

POR UN ESTADO SOBERANO Y DEMOCRÁTICO: BASES PROGRAMÁTICAS DE ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA

Soberanía nacional y relaciones internacionales

Expresamos nuestra indeclinable decisión de defender la soberanía y la independencia de la nación de todo tipo de dominación extranjera y en especial de la que en lo económico, político, militar, territorial, ambiental y cultural ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre nuestra patria.

Rechazamos la globalización neolibe­ral que en nuestro país tiene su expresión en los Tratados de Libre Comercio, como el que actualmente se negocia con Estados Unidos, al igual que en las imposiciones del capital financiero a través de las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Apoyamos los procesos de resistencia y las luchas que a nivel mundial adelantan los movimientos antigloba­lización
.
La deuda pública es utilizada por las instituciones financieras internacionales como instrumentos de chantaje y saqueo contra el país. Hoy, sumadas la deuda interna y la externa, representan cerca de 40% de la ejecución anual del presupuesto. Este es el aspecto determinante de la crisis fiscal crónica que ha padecido el Estado colombiano desde hace años y que el FMI y el gobierno de Álvaro Uribe la descargan sobre el conjunto de la población mediante reformas tributarias regresivas y planes estructurales de ajuste. Por ello Alternativa Democrática propiciará una solución drástica a este flagelo.

Para la construcción de un Estado democrático e independiente consideramos imperioso restablecer la soberanía monetaria, cambiaria y crediticia, mediante una reforma constitucional que permita el control social sobre el Banco de la República, las decisiones acerca del precio del dinero y la recuperación del control de cambios.

Mantendremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo, en pie de igualdad, con respeto mutuo y beneficio recíproco. Estrecharemos lazos con todos los pueblos que luchan contra la opresión extranjera y consolidaremos una auténtica cooperación e integración de los pueblos latinoamericanos, con miras a constituir un bloque de naciones capaz de defender nuestras riquezas naturales, económicas y la identidad étnica, histórica y cultural y conseguir el desarrollo social de nuestros países.

Compartimos los deseos y esperanzas de la humanidad por la paz mundial y la prevalencia del respeto a la autodeterminación del los pueblos. Por tanto, Alternativa Democrática considera oportuno expresar su desacuerdo con la política unilateral del presidente George W. Bush y su estrategia de «Guerra Preventiva», como nueva forma de intervencionismo en los asuntos de otras naciones.Ç

Nos pronunciamos en favor de la búsqueda de soluciones alternativas de fondo a la crisis mundial, con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Internacional Democrático basado en la vigencia del derecho internacional, la protección y respeto de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos.

En concordancia con lo antes expuesto, para Alternativa Democrática es imperioso desmontar las bases militares de EEUU en Colombia, disponer la salida de las tropas extranjeras y mercenarios de nuestro territorio y suspender las políticas intervencionistas representadas en el Plan Colombia y en otros planes que, con el pretexto de combatir la insurgencia y el narco­tráfico, atropellan la población civil y con­culcan las libertades democráticas y los derechos civiles.

Los mecanismos de cooperación entre Colombia y otros Estados en materia de administración de justicia deben desarrollarse sobre la base del respeto pleno a la soberanía nacional y a los tratados internacionales suscritos por el Estado. El mecanismo de la extradición como herramienta útil, sólo será excepcional para la persecución de los delitos, siempre y cuando sea aplicado a los nacionales por conductas cometidas materialmente fuera del territorio nacional y sin que sean sancionados con penas más gravosas a las previstas en el ordenamiento jurídico colombiano.

Estado y régimen político

Abogamos por un régimen político que sustente un Estado Social de Derecho, entendido como un Estado soberano, pluralista y democrático, que garantice la deliberación pública, la participación ciudadana y la soberanía popular; respete y haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población, los de protesta, organización, reunión y huelga de los trabajadores, tanto privados como estatales, así como la acción de tutela y las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución de 1991. Este Estado será administrado bajo el principio de la independencia de los poderes públicos.

Trabajaremos por un nuevo ordenamiento territorial del país que consulte las realidades económicas, sociales y culturales de las poblaciones, particularmente de las comunidades indígenas y afro colombianas, salvaguardando la unidad y la integridad territorial de la nación.

Reforma a la justicia. Abogamos por una administración de justicia imparcial, independiente, gratuita y eficaz, al servicio de todos los habitantes del territorio nacional y en especial dirigida a reivindicar los derechos de los menos favorecidos. Creemos en la necesidad de una jurisdicción especial para asegurar la justiciabilidad de los derechos sociales y descongestionar la acción de tutela. Igualmente, consideramos necesario fortalecer y ampliar los mecanismos judiciales dirigidos a dar vigencia tanto a los derechos individuales como a los sociales, económicos, culturales y demás derechos colectivos.

Impulsaremos una reforma política democrática que asegure el voto libre y soberano y elecciones ajenas a la corrupción, el clientelismo y el saqueo de los dineros públicos, para lo cual pugnaremos por la completa financiación estatal de las campañas en condiciones de igualdad y los derechos de la oposición y el acceso democrático de los partidos y movimientos políticos a los medios de comunicación.

Lucharemos por suprimir las medidas represivas que se aplican contra la población. Garantizaremos la libertad de pensamiento y expresión, mediante un estatuto de la oposición democráticamente concertado.

Régimen económico

El propósito de Alternativa Democrática es construir un Estado capaz de desarrollar una economía próspera y soberana; que se oponga a las políticas del FMI, el BM y demás instituciones financieras internacionales; e intervenga para ejercer el control sobre los sectores estratégicos fundamentales de la actividad económica, al tiempo que amparará las formas solidarias de producción y respeto a la economía campesina, y la libre iniciativa privada, exigiendo el cumplimiento de su función social, sin permitir las prácticas monopolistas y el abuso y usurpación de los derechos de los trabajadores.

El mercado interno será protegido frente a las políticas aperturistas que favorecen las grandes empresas multinacionales y serán controladas las importaciones que lesionen la producción del país, como forma principal de garantizar trabajo y empleo digno a los colombianos.

El Estado intervendrá para fortalecer la producción interna industrial, manufacturera, artesanal, agropecuaria y acuícola y la prestación de servicios por parte de los colombianos, mediante políticas estatales crediticias de fomento, investigación científica, desarrollo tecnológico e inversión en infraestructura vial.

Se recuperará la soberanía en el manejo del endeudamiento público, la banca central, la hacienda pública, la fijación de aranceles y la definición concertada de sueldos y salarios justos.

Serán suspendidas las privatizacio­nes y promoveremos la propiedad del Estado sobre las empresas estratégicas para el desarrollo económico nacional, tales como las del petróleo, la minería y la energía eléctrica, las telecomunicaciones y el espectro electromagnético, la plataforma submarina, los bosques, la fauna, los recursos marinos y los recursos naturales en general, las vías, puertos y el transporte marítimo, terrestre y fluvial.

La soberanía y la producción alimentaría del país serán reestablecidas. Se apoyará a los campesinos en sus luchas democráticas en contra de la concentración de la tierra, y a las comunidades indígenas y afro descendientes se les respetarán sus derechos históricos y sus costumbres ances­trales.

El desplazamiento forzado será drás­ticamente penalizado y se propiciará el retorno de los desplazados a sus territorios, con plenas garantías de tierra, seguridad y respaldo para su desarrollo económico y social.

En los proyectos productivos rurales se acabarán las exigencias abusivas, como las de obligar a los agricultores a utilizar semillas transgénicas e insumos predeterminados, que los supeditan a las cadenas productivas al servicio de las trasnacio­nales.

Se establecerá un sistema fiscal basado en impuestos directos y progresivos. Lucharemos contra los impuestos injustos que afectan el consumo y la canasta familiar; así mismo, nos opondremos a los privilegios tributarios de los grandes monopolios nacionales y extranjeros. Se castigará a los evasores, los contrabandistas, los especuladores y los defraudadores de los recursos y bienes del Estado.

Se restablecerá el crédito de fomento para las inversiones públicas prioritarias y el fortalecimiento de los servicios públicos de educación, salud y vivienda.

Defenderemos la participación y deliberación pública para la definición de las políticas económicas y sociales.

Fomentaremos la investigación científica, el desarrollo tecnológico y las actividades culturales que sirvan al desarrollo social y económico de la nación.

Derechos sociales, económicos y culturales

Dedicaremos nuestros mayores esfuerzos a la construcción de un Estado cuya visión esté dirigida a sentar las bases materiales, sociales, culturales y políticas para lograr en el futuro una Colombia socialmente justa, bajo el principio de que el gasto público social tendrá prioridad sobre el pago de la deuda externa, el presupuesto militar y los gastos de funcionamiento, para lo cual se efectuarán las inversiones y se adoptarán las determinaciones necesarias, fundamentalmente en los siguientes aspectos:

a. Condiciones laborales, sueldos y salarios. Propugnamos una política laboral democrática que promueva la capacidad adquisitiva de la población. Serán aumentados sueldos y salarios, de tal manera que se eleve la capacidad adquisitiva de la población. Se hará una reforma laboral democrática que restituya los derechos concul­cados a los trabajadores por la con­trarre­forma neoliberal. Lucharemos por mejores condiciones de vida y de trabajo; estableceremos un sistema de control real de precios de los artículos de primera necesidad, así como de las tarifas del transporte y de los servicios públicos.

b. Servicios públicos domiciliarios. Haremos una reforma integral al régimen especial de los servicios públicos domiciliarios estipulados en las leyes 142 y 143 de 1994 y en la Constitución Política. Este proceso replanteará las políticas sectoriales y su implementación conforme con los principios de la equidad social, redistri­bución del ingreso, solidaridad, defensa y fortalecimiento del patrimonio público estatal en el marco de la función social del Estado, bajo una propuesta económica y ambien­talmente sostenible, regulada por una activa participación ciudadana.

c. Salud pública. En el propósito de considerar la salud un derecho fundamental y no una mercancía, lucharemos por derogar la ley 100 de 1993 y expediremos otra sobre la base de garantizar la cobertura total a la población. Será respetada la autonomía médica en el diagnóstico y el tratamiento. Serán defendidas y fortalecidas la salud pública y la red pública hospitalaria y se rechazará la privatización de hospitales y centros de salud. Se recuperará la capacidad operativa del ISS. Será eliminada la intermediación del capital financiero en la prestación de los servicios de salud. Serán garantizadas condiciones dignas de trabajo para los profesionales y trabajadores del sector.

d. Educación, ciencia, cultura, recreación y deportes. La educación pública será universal, de calidad, gratuita y obligatoria en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, así como en formación técnica laboral y en educación superior. Restableceremos los derechos laborales, salariales y profesionales con­culcados al magisterio. Fomentaremos la investigación científica, el desarrollo tecnológico y las actividades culturales que sirvan al desarrollo social y económico de la nación. Impulsaremos el deporte masivo y la recreación gratuita.

e. Vivienda. Se eliminará la interme­diación financiera en la vivienda de interés social, y se aumentarán los recursos públicos para adelantar planes que faciliten a las personas la adquisición de vivienda digan. Adoptar medidas que acaben con la especulación en el suelo urbano y que resuelvan a favor de los deudores los procesos judiciales y las acciones encaminadas a despojarlos de sus viviendas por parte de las instituciones financieras. Modificar profundamente el actual sistema UVR (UPAC) en beneficio de los colombianos.

f. Pensiones. Los fondos privados de pensiones serán eliminados y se restituirán los derechos de los pensionados, con­cul­cados por los gobiernos neoliberales. Estableceremos programas especiales de atención en salud, capacitación, recreación y deportes para los pensionados del país.

g. Población vulnerable. Daremos atención especial a los menores y a las personas de la tercera edad. Habrá respeto, protección y programas especiales de ocupación laboral, capacitación, recreación y deportes para hombres y mujeres cabeza de familia, adultos mayores, discapacitados, multiimpedidos, indigentes y adictos.

h. Mujer. Garantizaremos la igualdad de derechos para la mujer. Aseguraremos las mismas oportunidades en el acceso a los cargos públicos y al mundo del trabajo, y defenderemos el precepto de «igual trabajo, igual salario». Rechazaremos las expresiones sexistas, la violencia pública y privada contra las mujeres. Nos opondremos a la utilización del cuerpo como botín de guerra.

i. Diversidad sexual. Se reconocerá el libre desarrollo de la personalidad. Impulsaremos políticas que promuevan derechos plenos de la comunidad de homosexuales, bisexuales y transgeneristas.

Medio ambiente y desarrollo sostenible

En el marco de políticas de desarrollo sostenible y de protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad, se permitirá la explotación del subsuelo y de los recursos naturales renovables y no renovables del país, protegiéndolos de la voracidad de las multinacionales y sus megaproyectos. Esa explotación se hará según las necesidades internas de la nación, y se estimulará la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones al respecto. Impediremos la privatización de la naturaleza y el saqueo de nuestra biodiversidad con la utilización y apropiación transnacional del genoma de plantas y animales a través de las patentes y las normas de propiedad intelectual

Paz y derechos humanos

Alternativa Democrática aboga por una salida política al conflicto armado que hoy desangra a Colombia y por acuerdos humanitarios entre el Estado y la insurgencia, que pongan fin al sufrimiento de las personas que están privadas de su libertad por causa del conflicto.

Nos pronunciamos por la legitimidad democrática del Estado en todas las esferas de la sociedad y que preserve para sí el monopolio de la utilización de las armas. Se deberán desmontar todas las formas de uso del terror por parte del Estado, del genocidio político, las masacres de la población civil, la desaparición, el desplazamiento forzado y en especial las estructuras paramilitares, garantizando un verdadero proceso de verdad, justicia y reparación integral a las víctimas y a la sociedad en general.

Alternativa Democrática repudia todas las formas de terror; en particular, el atentado personal, el secuestro, la extorsión, las acciones armadas contra la población civil, que en modo alguno son formas legítimas de la lucha de los pueblos, por lo que condenamos todo acto de esta naturaleza. En el contexto de la dominación imperial, nos oponemos a la concepción de «lucha antiterrorista» que los gobiernos norteamericano y colombiano utilizan como pretexto para perseguir las expresiones de lucha popular que se oponen a la política imperante.

Conquistaremos la vigencia y el respeto de los derechos humanos en su inte­gralidad, logrando que las instituciones y las estructuras del poder hagan viable su realización, para superar la grave crisis huma­­nitaria que atraviesa el país.

En el marco general de las anteriores bases programáticas, Alternativa Democrática apoya e impulsa las protestas de la ciudadanía, las movilizaciones populares, las luchas cívicas y las distintas expresiones de descontento contra las políticas impuestas por el capitalismo internacional y, en la actualidad, contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su intento de reelección. Propugnamos, en consecuencia, un proceso de convergencia y unidad para construir una alternativa de poder.

Alternativa Democrática

Senadores de la República:

Carlos Gaviria Díaz, coordinador nacional y precandidato presidencial de Alternativa Democrática.

Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda, Antonio Peñaloza, Efrén Tarapués.

Representantes a la Cámara:
Wilson Borja, Alexander López, Venus Albeiro Silva, Ermínsul Sinisterra.

Movimientos y partidos políticos:
Partido Unidad Democrática, MOIR, Frente Social y Político, Movimiento Ciudadano, Partido Comunitario Opción Siete, Autoridades Indígenas de Colombia AICO.

Comité Ejecutivo:
Jorge Gantiva Silva, Carlos Naranjo, Daniel Libreros, Tiberio Trespalacios, Saúl Reyes, José Arnulfo Bayona, Francisco Valderrama, Nixon Padilla, Ricardo López, Diego Isaías-Peña.

IRÁN Y COREA RESISTEN LA AGRESIÓN NORTEAMERICANA

Por Francisco Valderrama Mutis

Mientras la situación de sus fuerzas de ocupación en Irak se ve cada vez más comprometida ante los embates de la resistencia, Estados Unidos prosigue su incesante ofensiva política y diplomática en busca de consolidar su hegemonía global. Bush, quien para su segundo período en la presidencia ha remozado con los más recalcitrantes neoconservadores las posiciones gubernamentales en Washington, ha tomado los resultados de las manipuladas elecciones en Irak como un «mandato» para seguir adelante con sus planes de expansión y pretende comprometer las fuerzas norteamericanas y las de sus aliados en nuevas aventuras contra las naciones que no se someten a sus designios. Sabe que para poder realizar sus sueños imperia­listas debe impedir todo asomo de resistencia. Cualquier nación que en ejercicio de su soberanía decida desarrollar planes nucleares que lleven a la potencial obtención de armas de ese tipo es calificada por Washington de «villana» y señalada como objetivo militar. Y aquí es donde encajan las presiones y acosos contra Irán y la República Democrática Popular de Corea, RDPC.

Estados Unidos ha convertido la legítima aspiración de los pueblos de establecer un Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, TNP —cuya vigencia se inició en marzo 5 de 1970 y que hoy cuenta con la firma de 187 países del mundo— e un arma de intervención y agresión. Esta política justa de no proliferación se vuelve hegemónica si no está acompañada de la exigencia a las potencias nucleares actuales de la destrucción de sus propios arsenales, como ha sido denunciado ampliamente por los pueblos y por gentes consecuentes de todo el mundo. Porque se configura una situación desigual en la que una inmensa mayoría de naciones queda sometida a las amenazas de una superpotencia como Estados Unidos, armada nuclearmente hasta los dientes. La misma que con sus ucases imperiales exige a los países que manifiestan autonomía e independencia que no desarrollen programas para la utilización pacífica de la energía atómica ni para la construcción de armas, mientras permite complaciente que aliados, como Israel o Paquistán, lo hagan. Israel inició desde 1950 el desarrollo de este tipo de armas, robando la tecnología a su propio aliado, Estados Unidos. Hoy cuenta con varios centenares de cabezas nucleares y submarinos misileros capaces de hacer blanco en cualquier lugar del Medio Oriente. Pakistán desarrolló armas nucleares y durante más de una década permitió que sus científicos establecieran un mercado negro de tecnología atómica. Al mismo tiempo, Washington adelanta un plan intensivo para el desarrollo de minibombas atómicas que, sofisticando el devastador efecto de las actuales, puedan ser lanzadas contra los países que resistan su dominación.

Frente a la desventaja estratégica que generan todos estos diversos elementos de la política imperialista, países como Irán y la RPDC decidieron desarrollar sus propios programas nucleares, a sabiendas de que un país con un inmenso arsenal nuclear puede ser disuadido si se posee un mínimo armamento de la misma naturaleza y, sobre todo, la capacidad y los medios para utilizarlo en su legítima defensa.

La República Democrática Popular de Corea

El pasado 10 de febrero la RPDC declaró que posee armas atómicas y que suspendía su participación en las negociaciones que se venían realizando en conjunto con Corea del Sur, China, Japón, Rusia y Estados Unidos. Con esta declaración, las autoridades coreanas respondían los ataques de Condoleezza Rice, nueva Secretaria de Estado de los Estados Unidos, quien en las audiencias de aprobación de su nombramiento ante el Senado, volvió a calificar al gobierno de la RDPC como un «puesto avanzado de la tiranía». Respondían también a la aprobación por unanimidad en ambas cámaras del congreso norteamericano de la Ley de Derechos Humanos para Corea del Norte (North Korea Human Rights Act), en el mes de octubre de 2004, que le da vía libre al gobierno de Bush para que amplíe su intervención utilizando todos los medios a su alcance, inclusive el uso de frecuencias de radio y TV, siguiendo el modelo de «Europa Oriental» para socavar y desestabilizar el régimen norcoreano.

El gobierno norcoreano ha insistido reiteradamente en que su único interés en desarrollar armas atómicas es el de contener las agresiones del gobierno norteamericano, que se ha negado a cumplir con la exigencia de garantizarle la seguridad sobre la base de la coexistencia pacífica de las dos naciones. La pretensión del gobierno norteamericano no es tan sólo que se desmonte el programa de armas nucleares, sino que se limite la investigación para los usos civiles de la energía atómica e incluso que el ejército norcoreano cumpla unas exigencias en cuanto a su armamento convencional. A cambio de eso, ofrece convertir la tregua que rige desde los años cincuenta del siglo pasado en un tratado de paz y en suministrar combustóleo para la producción de energía y ayuda alimentaria. En síntesis, pretende que la RDPC quede inerme ante sus garras militares y en condiciones para una futura colonización.

Estados Unidos ha tratado de manipular a los otros cuatro países que lo acompañan en la mesa de negociación con el fin de que ejerzan presión sobre Pyongyang para que acceda a sus demandas. Pero se ha tropezado con posiciones independientes y con prevenciones de algunas de las otras naciones. China, por ejemplo, que a su vez está rodeada por bases norteamericanas en Taiwán, en Japón, en Corea del Sur y en los países del Asia central, no puede ver con buenos ojos esta política. Y Corea del Sur ha manifestado una y otra vez su desacuerdo con la política norteamericana del «garrote», pues parece inclinada a propiciar una solución política negociada que permita una salida pacífica a las justas exigencias de una península coreana desnuclearizada.

De hecho, los países del mundo han visto que una pequeña nación, en medio del aislamiento y el acoso, ha logrado disuadir la agresión del gobierno de Washington, ha sentado a sus funcionarios en la mesa de negociación y ha enarbolado sus justas demandas de seguridad, coexistencia pacífica entre las dos naciones y respeto a su libre autodeterminación e independencia.

Irán

Irán en la actualidad se siente sitiado por los Estados Unidos. Hay decenas de miles de tropas norteamericanas en Afga­nistán y en Irak, y se conocen los planes para la construcción de doce bases permanentes en éste último país, que reemplazarían las que tenía en Arabia Saudita, además de las existentes en Kuwait y otros países del Golfo Pérsico. El ejército norteamericano ha desarrollado ejercicios militares en el Mar Caspio con los países del Asia Central, ahora bajo su control neoco­lonial. A esto le tenemos que sumar las declaraciones del Vicepresidente Dick Cheney en una entrevista radial recogida por The Washington Post, el 19 de febrero pasado, en las cuales acusó a Irán de ser una máxima amenaza para la paz mundial por su supuesto patrocinio al terrorismo en el Oriente Medio y porque tiene un nuevo y potente programa de desarrollo nuclear. Afirmó que «dado el hecho de que Irán ha adoptado una política cuyo objetivo es la destrucción de Israel, los israelitas podrían muy bien decidirse a actuar primero y dejar que el resto del mundo se preocupe por limpiar el desorden diplomático después». Para terminar insinuando ladinamente que «nosotros no queremos una guerra en el Medio oriente, si podemos evitarla».

El siguiente 2 de febrero en el discurso sobre el Estado de la Unión, Bush destacó el tema de Irán y señaló a su gobierno como «el principal patrocinador de terrorismo en el mundo (que) procura obtener armas nucleares a la vez que priva a sus ciudadanos de la libertad que anhelan y merecen». Y, en el colmo del cinismo, remató: «Al pueblo de Irán le digo esta noche: En su busca de su propia libertad, Estados Unidos está de su lado».

Inequívocamente, Washington desarrolla una guerra psicológica de ambientación para dar un zarpazo a las instalaciones nucleares de Irán, como lo han señalado diversos comentaristas norteamericanos. El antecedente de la destrucción por parte de los israelitas en 1981 del reactor nuclear que había construido Irak en Osirak, para lo cual contaron con el beneplácito norteamericano, sirve para enfatizar que la posibilidad de un nuevo ataque de esta naturaleza es real. En la reciente gira europea, Bush desechó la idea como absurda, pero después de una breve pausa, terminó diciendo que «habiendo dicho esto, todas las opciones están sobre la mesa».

El gobierno iraní ha respondido reivindicando el derecho de su nación soberana a desarrollar la tecnología atómica para usos civiles y ha firmado acuerdos de asistencia con Rusia. Además, ha enfatizado que responderá con firmeza cualquier ataque que se realice sobre su territorio. La camarilla de Bush sueña con poder controlar todo el petróleo del Oriente Medio y del Asia Central si logra derrotar a Irán o por lo menos desestabilizar su gobierno para lograr un «cambio de régimen», lo cual calcula como un subproducto del mencionado ataque. El apoyo de los disidentes internos parece sin embargo tan ilusorio como el recibimiento con flores que auguraba en Irak.

La resistencia que los pueblos y gobiernos de Irán y la RDPC le oponen a la política imperialista del gobierno de Bush requiere hoy la solidaridad de todos los trabajadores y los pueblos del mundo.

Carta de apoyo a Carlos Gaviria: UNA HONESTIDAD SIN FISURAS

La siguiente carta, firmada por más de 500 destacadas personalidades colombianas del arte y la cultura, exalta las especiales cualidades de patriota, humanista y demócrata del precandidato de Alternativa Democrática.

El país vive un momento histórico que no admite la apatía. A la situación económica y al estado de derecho violentado y casi anulado, se suma una suerte de nata de escepticismo creado por tantas falsas expectativas de un gobierno mesiánico y mediático, que centra buena parte de sus esfuerzos en anular o estigmatizar cualquier tipo de oposición calificándola como antipatriota.

Este país de una sola vía resulta asfixiante para la gran mayoría de colombianos por fuera de las encuestas, una dudosa práctica con la que se maneja la realidad basada en un territorio de espejismos. Nunca antes hemos tenido un gobierno que confunda de manera más flagrante lo autocrítico con lo autocrático.

Hay que volver a poner como epicentro de la vida nacional el estado social de derecho, el libre ejercicio de disentir, el diálogo entre la sociedad y el Estado que ahora vemos confiscado, la práctica de la política en su expresión más clásica, asuntos que sólo pueden ser estimulados por un humanista, por alguien que esté libre de toda sospecha de manipulación y corrupción política, alguien que mire el conjunto de la sociedad sin exclusiones y que no se pliegue a los designios dictados por tratados comerciales, como el TLC y el ALCA, que enajenan algo mas que nuestros bienes materiales y culturales. Por el agujero negro de dichos acuerdos se van también la dignidad de la nación y nuestra soberanía económica y política.

No queremos un gobierno en el que, al final de su mandato, solo exista un Ministerio: el de Defensa, pues la mayor parte del presupuesto va a parar al oscuro negocio de la guerra, ni tampoco un Estado que privilegie a los victimarios por encima de las víctimas.

Por todo esto creemos los firmantes de este documento que Carlos Gaviria Díaz es el único candidato a la presidencia de la república que nos representa y que representa también lo que ponemos de manifiesto. Es un humanista, un constitucio­nalista que viene de la Academia, que comporta una actitud democrática y abierta precisamente contraria a la actual, a la de un gobierno que ha hecho de una política de bolsillo un tráfico de conciencias. No vemos otro candidato que en verdad represente la otra cara de la moneda. Una moneda que no tenga por los dos lados el sello de la soberbia o la cara del engaño.

Carlos Gaviria Díaz, lo hemos podido cotejar, tiene además a su favor el hecho de ser un hombre de gran cultura política y filosófica, al contrario de la mayoría de la habitual clase política colombiana, que lejos de estar en extinción se refuerza para embarcarnos en una espuria reelección.

Algunos de quienes suscribimos este documento no habíamos acudido al ejercicio electoral, en un país donde la democracia ocurre, supuestamente, cada cuatro años. No habíamos encontrado un candidato a prueba de fidelidad a sí mismo, a una ética personal, a una historia de honestidad sin fisuras como lo encarna Carlos Gaviria Díaz.

Otros muchos de los firmantes, los sin partido, antiguos militantes de todas las tendencias políticas, los excluidos del discurso mediático que intenta imponer una «única verdad patriótica», artistas, intelectuales, académicos, científicos, reafirmamos el deseo de un cambio que haga mejor nuestro país, un país independiente de los designios del Norte, más dialogante y de ninguna forma dirigido por los señores de la guerra.

Con Carlos Gaviria Díaz estaría más cercana la posibilidad de una paz justa, mediante una solución política negociada para poner punto final a la guerra de varias décadas que enluta y empobrece al pueblo colombiano.

Juan Manuel Roca, poeta; Laura Restrepo, escritora; R. H. Moreno Durán, escritor; Oscar Collazos, escritor; Orlando Fals Borda, profesor universitario; Antonio Samudio, pintor; Jorge Enrique Botero, periodista; Ricardo Cano Gaviria, escritor; Rafael Gutiérrez Girardot, crítico; Augusto Rendón, grabador; Lisandro Duque Naranjo, director de cine; Samuel Vásquez, dramaturgo; Pepe Sánchez, director de televisión; Santiago García, director de teatro; Víctor Gaviria, director de cine; Carlos Mayolo, director de cine; Patricia Ariza, directora de teatro; Felipe Aljure, director de cine; Carlos Granada, pintor; Rogelio Echavarría, poeta; Mario Rivero, poeta; Nicanor Vélez, ensayista; Rómulo Bustos, poeta; Luis Fayad, escritor; Jesús Abad Colorado, fotógrafo; Nicolás Suescún, poeta; Margarita Garrido, historiadora; Carlos Vidales, historiador; Carlos A. Lozano Guillén, periodista; Felipe Escobar, editor; Aristarco Perea Copete (Arista), músico; Arlés Herrera (Calarcá), caricaturista; Santiago Mutis, poeta; Álvaro Medina, historiador de arte; Fernando Rendón, poeta; Iván Darío Álvarez, titiritero; Gabriel Jaime Franco, poeta; Saín Castro, actor; Felipe Arango, pintor; Rodrigo Saldarriaga, director de teatro; Jaime Caycedo, profesor universitario; Álvaro Vásquez del Real, abogado; Reinaldo Spitaletta, periodista; William Agudelo, poeta; Carlos Naranjo, arquitecto; Álvaro Camacho Guizado, columnista de opinión; Ilse de Greiff, musicóloga; Arturo Alape, escritor; Mario Yepes, director de teatro; Julián Malatesta, poeta; Patricia Castaño, productora de televisión; Omar Ortiz, poeta; Clara Riascos, documentalista; Juan Felipe Robledo, poeta; Ugo Barti, caricaturista; Samuel Jaramillo, poeta; Jorge Mario Múnera, fotógrafo; Miguel Iriarte, poeta; Bibiana Vélez pintora; Pedro Badrán Padauí, escritor; Jaime Aljure, poeta; Naum Montt, escritor; Jotamario Arbeláez, poeta; Jaime Echeverri, escritor; Armando Romero, poeta; Ramón Cote, poeta; Jorge Iván Grisales, actor; Alonso Aristizábal, escritor y periodista; Ignacio Ramírez Pinzón, periodista; Gabriel Jaime Arango, filósofo; Edmundo Perry, poeta; Liuba Hleap, productora de televisión; Ana Milena Puerta, poeta; Alberto Acevedo Vásquez, periodista; Carlos Sánchez Ramos, fotógrafo, profesor universitario; Nelson Fajardo, profesor universitario; César Badillo, actor; Fernando Peñuela, actor; Luis Fernando Afanador, poeta; Rafael Giraldo, actor; William Fortich, director de teatro; Cadir Abdel Rajhin, director de teatro; Carlos Parad, director de teatro; José Ramón Llanos, profesor universitario; Harold Trujillo (Chócolo), caricaturista; Ruderico Salazar, actor; María Soledad Londoño, pintora; Omaira Rivera Chamorro, musicóloga; Omaira Rodríguez, actriz; Andrés Moure García, actor; Gabriel Restrepo, escultor; Federico Villegas Barrientos, poeta; Ramiro Rojo Londoño, actor; David Jiménez Panesso, poeta; Patricia Hoher, editora; Felipe Agudelo Tenorio, poeta; Alejandro Gómez Roa, poeta; Gloria Inés Ramírez, educadora; Germán Cobo, arquitecto; Jorge Ardila, diseñador; Gilma Suárez, fotógrafa; Claudia Antonia Arcila, periodista; Horacio Benavides, poeta; Vito Apshana, poeta; Freddy Chicangana, poeta; Gladis Yagarí, cantante; Darío Villegas, artista plástico; Iván Cepeda, filosofo; Claudia de Cepeda, sicóloga; Eugenia de Antequera, abogada; Armando Orozco, poeta; Guillermo Restrepo, profesor universitario; Luz Helena Cordero, poeta; José Ignacio Cadena, pintor; Fernando Linero, poeta; Mabel Pizarro, directora de teatro; Darío Moreau, director de teatro; Aníbal Tobón, teatrista; Octavio Arbeláez, gestor cultural; Armando Rodríguez Ballesteros, poeta; Carlos Nicolás Hernández, editor; Carlos Barriga, cineasta; Rosalba Rugeles, pintora; Fernando Ayala Poveda, escritor; Gloria Eraso, jurista; Héctor Álvarez, músico; Enrique Lalinde, pintor; Andrea Cote, poeta; Billy Echeverri, cantante; Juan Fernando Ospina, fotógrafo; Lucía Estrada, poeta; Carlos Andrés Velázquez, productor de televisión; Pablo Montoya, narrador; Humberto Jarrín, poeta; Winston Morales, poeta; Andrea Roca, periodista; Luz Mery Giraldo, poeta; Mariela Agudelo, diseñadora gráfica; Samuel Serrano, poeta; Leopoldo Múnera, politólogo; Hernán Darío Correa, sociólogo; Clara Arango, lingüista; Miguel González, abogado; Carlos Mario Henao, historiador; Beatriz Caballero, escritora; Harold Kremer, narrador; Consuelo Triviño, escritora; Isaías Peña Gutiérrez, escritor; Rafael Patiño, poeta; Jineth Ardila, escritora; Gloria Chvatal, pintora; Manuel Ruiz, historiador; Hernando Gómez, sociólogo; Alfonso Conde, ingeniero químico; Ligia de Jiménez, médica; Carlos Jiménez, médico; Mónica Jiménez, lingüista; María Eugenia Benavides, enfermera; Socorro Ramírez, agrónoma; Ana Romano, música; Tallulah Flores, poeta; Eduardo Márceles, escritor; Nubia Medina, pintora; Carlos Patiño, poeta; Francisco Ordóñez, documen­talista; Luis Felipe Orozco, arquitecto; Carlos Alberto Uribe, pintor; Gloria Posada, poeta; Robinson Quintero Ossa, poeta; Fabio Martínez, escritor; Guillermo Alberto Arévalo, poeta; Antonio Mora Vélez, narrador; Edgar Bastidas Urresty, escritor; Luis Eduardo Rendón, poeta; Diego Leandro Marín Ossa, actor; Milcíades Arévalo, escritor; Pedro Arturo Estrada, poeta; Orinzon Perdomo, poeta; Yolanda Díaz, ecologista; Yvan Marín, historiador; Arturo Cifuentes, antropólogo; Dorian Mejía, actor; Gustavo Tatis Guerra, poeta; Luis Rincón Lersundy, pintor; Alberto Hoyos Gómez, poeta; Elkin Rivera Gómez, comunicador; Diego Alejandro Gómez, artista plástico; Clemencia Botero, periodista; Diego Álvarez, periodista; Germán Camilo Perdomo, presentador de televisión; Silvia Catalina Cabrera, pintora; Pedro Ramírez, pintor; Ángela García, poeta; Sonia Truque, narradora; Francisco Velásquez, periodista; Juan Diego Tamayo, poeta; Isaías Tobasura, escritor; Víctor López Rache, poeta; María del Rosario Escobar, periodista; Alfredo Vanin, poeta; Martín Salas, poeta; Eduardo Barros, poeta; Juliana Martínez, profesora universitaria; César Figueroa, pintor; Nelson Romero, poeta; Hernando Morales, compositor; Guillermo Linero, pintor, y siguen más firmas.

MI ADHESIÓN A LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE CARLOS GAVIRIA DÍAZ

¿Hasta cuándo Catilina abusarás de nuestra paciencia? Con esta famosa frase de Cicerón se puede caracterizar el talante actual de la sociedad colombiana. ¿Hasta cuándo seguirá la destrucción del Estado democrático, la agudización de los conflictos sociales, el derrumbamiento de la soberanía nacional, bajo el manto de la seguridad militar que no puede convertirse en el estado permanente y que va abriendo el camino a una dictadura? La esperanza de que se reedifique democrática y socialmente el amodorrado país fundamenta la candidatura de Carlos Gaviria Díaz a la presidencia de Colombia desde 2006.

Carlos Gaviria Díaz es un sereno hombre de Estado, ejemplar jurista, humanista, cuya figura ha dado de nuevo valor y brillo al nombre de patriota, desgastado por tanto Catilina anterior. Hay que esperar que la juventud colombiana se decida a apoyar su candidatura, es decir, a divisar su más noble futuro.

EL CONCURSO DOCENTE Y LA TÁCTICA DEL BOICOT

Raúl Arroyave, ejecutivo de Fecode

El 12 agosto de 2004 la Junta Nacional de Fecode tomó la determinación de impulsar la táctica del boicot al concurso para docentes y directivos, convocado por el Ministerio de Educación Nacional y los entes territoriales, pocos entendieron en verdad las dimensiones de la tarea y sus verdaderas implicaciones. Se trataba, en el fondo, de la primera gran batalla que debería librar el magisterio colombiano contra el decreto 1278 o nuevo Estatuto Docente, teniendo en cuenta que esta norma había sido expedida por el gobierno desde mediados del año 2002.

No se trataba de una tarea rutinaria, del éxito o fracaso del boicot dependería, en última instancia, que el gobierno pudiera conformar o no las listas de elegibles, primer paso en la supresión definitiva de los derechos laborales para 60 mil docentes que pretendía enganchar.

No era una tarea fácil, por el contrario, demandaba de las organizaciones y dirigentes del magisterio una labor enorme de explicación, persuasión y propaganda, para lograr la más alta presencia de los estamentos de la comunidad educativa en esta gigantesca tarea de masas.

Con diversos grados de comprensión del problema, la táctica del boicot al concurso fue aprobada y echada andar. Encontramos filiales de Fecode que con entusiasmo y disciplina asumieron su ardua preparación, otras vacilantes que tildándola de descabellada y aventurera se opusieron a su adecuada implementación, pasando por sectores que en el colmo del oportunismo se lanzaron a impulsar las capacitaciones para el concurso, con lo cual no sólo montaban a costillas del empobrecido magisterio provisional un pingüe negocio, sino que contribuían desvergon­zadamente a quebrar la táctica del boicot.

La convocatoria oficial al concurso

El concurso fue convocado por el decreto 3238 del 6 de octubre. Sin lugar a equívocos, fue la respuesta del gobierno a la determinación de la Junta Nacional de septiembre de no hacer el Paro Nacional Indefinido del magisterio y sustituirlo por una jornada de 24 horas para el 12 de octubre.

Aunque el Ministerio de Educación expidió la norma marco que oficializaba la convocatoria al concurso, cada uno de los entes territoriales certificados debería, en uso de su autonomía, convocarlo para su respectiva entidad. Así lo hicieron todos a una a partir del 20 de octubre, incluidos los llamados gobiernos sociales, con lo cual la confrontación entre concurso y boicot quedaba planteada.

A partir de entonces, las tareas de agitación y propaganda del boicot como única salida contra el concurso tramposo y amañado del régimen uribista, mejoraron en intensidad y calidad. Hubo dos jornadas nacionales que mostraban crecimiento en la comprensión de la tarea y un aumento del estado de ánimo del magisterio. La más importante de estas jornadas tuvo lugar el 24 de noviembre, tanto que la gran prensa tuvo que registrar la movilización de más de 50 mil personas en Bogotá.

En esté marco de ascenso en la preparación del boicot para el 4 de diciembre, la Corte Constitucional expidió la sentencia 1169 de noviembre 23 en virtud de la cual se declaraba inexequible el artículo 7° del decreto 1278 o nuevo Estatuto Docente.

La embriaguez jurídica

A partir de entonces, el énfasis se desvió de la preparación del boicot hacia las más disparatadas especulaciones jurídicas. En todos los mentideros del magisterio se dio casi por un hecho que el concurso se caía y que era imposible que el gobierno lo hiciera a la luz de lo dispuesto en la sen­tencia de marras.

Hasta vivas a la Corte Constitucional se produjeron en eventos del magisterio, aupados por los interesados en reemplazar la lucha de las masas por especulaciones sobre lo jurídico, cuando estaba claro que la susodicha sentencia no declaraba inexequible todo el nuevo estatuto, ni siquiera taponaba la vía de acceso al nuevo sistema y, al contrario, junto a la ine­xequibilidad del artículo 7° se declaraba la exequibilidad de otros artículos demandados, dando por legal el asalto a los derechos de escalafón y carrera del magisterio provisional, ganados legítimamente bajo los parámetros del 2277.

El aplazamiento del concurso

A pesar de todo, se produjo una pequeña crisis, los gobiernos de varios entes territoriales suspendieron el concurso pidiéndole claridad al Ministerio de Educación Nacional, y este a pesar de haber declarado una y otra vez que con la sentencia no había problema alguno, tomó la determinación de aplazarlo, primero para el 18 y 19 de diciembre de 2004 y luego para el 15 y 16 de enero de 2005.

En el interregno, el gobierno introdujo modificaciones a la luz de la sentencia que blindaran el concurso contra futuras demandas. Para proseguir en la intentona, acude a los artículos 116 y 118 de la ley general de educación; homologa el título de tecnólogo en educación al de Normalista Superior; establece que la formación pedagógica de los profesionales sin título docente convocados al concurso puede ser obtenida durante el año de período de prueba; da tiempo a que se instale la Comisión del Servicio Civil; introduce modificaciones secundarias en los parámetros valorativos del concurso, rebajándole unos puntos a la prueba escrita y subiéndoselos a la entrevista, lo que, de paso sea dicho, alebresta las aspiraciones del clientelismo y el tráfico que se ve venir en la realización de las mismas; unifica para la nueva convocatoria a todos los gobiernos de los entes territoriales, incluidos los denominados sociales, y convoca el concurso bajo la férula de las bayonetas para una época en la cual los colegios del calendario A se encontraban en vacaciones; es decir, mejor imposible ¡Qué más podía pedir!

El día D

Y llegó la hora fijada. En medio de un operativo policiaco sin precedentes, el Ministerio de Educación Nacional y todos los gobiernos de los entes territoriales quisieron imponer el concurso, como era de esperarse, a sangre y fuego. Escuadrones antimotines se dedicaron desde la madrugada del 16 de enero a amedrentar a los educadores, y estos en muchas partes decidieron enfrentar la fuerza con la fuerza, y así en vez de concurso en muchos sitios del país se vivió fue una verdadera batalla campal en la que se destacaron por su combatividad y arrojo los maestros de Cartagena, Valledupar, Aguachica, Santa Marta, Córdoba, Sogamoso, Villavicencio y algunos sectores de Bucaramanga, Ibagué, Buga, Cali y Florencia, entre otros.

La información del gobierno dice que se presentaron 130 mil concursantes de los 196 mil inscritos, y que 42% de ellos aprobaron la prueba. A partir de entonces han aflorado todas las irregularidades que acompañaron ese tramposo concurso, empezando por los atropellos y agresiones de la fuerza pública, continuando con el transporte en tanquetas de concursantes hacia los cuarteles de policía y siguiendo con los cambios de sedes y horarios; la solución en grupo de las pruebas; la circulación de las mismas públicamente en Medellín, Sincelejo y San José del Guaviare; la entrega de formatos de respuesta correspondientes a personas diferentes a los concursantes, y muchas anomalías más, que han sido objeto de miles de querellas y tutelas interpuestas por los afectados en todo el país.

Conclusión

El balance nos demuestra que la táctica del boicot fue correcta, como única forma de defender consecuentemente la estabilidad de los educadores provisionales y de exigir la negociación con Fecode de un concurso que salvaguardara derechos adquiridos y diera garantías. En las regiones donde se entendió el significado del boicot y se trabajó a conciencia por su implementación, el resultado fue exitoso y a la postre el gobierno no puede continuar con los pasos siguientes del concurso. Y se comprobó que el tramposo concurso no era sino un parapeto que el gobierno necesitaba para justificar de manera “legal” el desenganche de más de 60 mil maestros provisionales, y lograr de una vez por todas la implementación del oprobioso régimen laboral del Nuevo Estatuto Docente a quienes, paradójicamente, logren ganarlo.

No sobra señalar que la estructura de la prueba en sí, que merecería análisis aparte, configura el más craso ejemplo de las arbitrarias evaluaciones por competencias con las que el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y los organismos multi­laterales vienen avasallando toda la educación pública en América Latina, para adecuarla a los designios del capítulo de servicios en el TLC.

La lucha por el boicot al Concurso del 16 de enero fue la primera gran batalla contra el nuevo Estatuto Docente, o decreto ley 1278 de 2002. De hecho se convirtió en una especie de bautizo en las luchas callejeras para la sangre nueva del magisterio colombiano. Sin duda, empieza un camino proceloso que tendrá que recorrerse a partir de ahora en medio de agudas confrontaciones para derrotar definitivamente este esperpento y lograr un Estatuto que realmente salvaguarde derechos laborales inalienables y las garantías necesarias para que efectivamente la situación laboral del magisterio sea un factor decisivo en el impulso de la calidad de la educación que necesita nuestro pueblo.

EXITOSO SEMINARIO DE LA GRAN COALICIÓN DEMOCRÁTICA

Durante los días 4 y 5 de marzo, la Gran Coalición Democrática realizó en el Hotel del Parque de Bogotá su primer seminario nacional de construcción pro­gramática, con la asistencia de más de más de trescientos dirigentes de las distintas organizaciones que la conforman.

El seminario, instalado por el compañero Carlos Rodríguez, presidente de la CUT, tuvo comienzo con un interesante pánel sobre la coyuntura política nacional, y en el cual intervinieron los doctores Horacio Serpa Uribe, dirigente del Partido Liberal, Samuel Moreno Rojas, presidente del Polo Democrático Independiente, y Carlos Gaviria Díaz, coordinador y precan­didato presidencial de Alternativa Democrática. También participó en este pánel la senadora Piedad Córdoba, quien les planteó sendas preguntas a los tres dirigentes políticos.

En la tarde del viernes 4 y el sábado 5, el seminario se adelantó con el trabajo de las siguientes comisiones:

1. Reelección: Estrategia política y campaña nacional. Responsable: Fabio Arias (Central Unitaria de Trabajadores).

2. Agenda legislativa: Análisis de los proyectos de ley de mayor importancia y posición política a asumir frente a ellos. Responsable: Arnulfo Bayona (Unidad Democrática)

3. TLC: Efectos sobre el empleo y su calidad; sobre los servicios públicos domiciliarios y la privatización de las empresas que los prestan; sobre la soberanía nacional, la educación, los recursos naturales. Propuesta de Referendo contra el TLC y propuesta de integración regional sudamericana con comercio justo. Responsable: Alfredo Holguín (PC-Frente Social y Político).

4. Estado Social de Derecho: defensa de la tutela, de las libertades públicas y de la institucionalidad democrática. Responsables: Carlos Ordóñez (Acción Liberal).

5. Negociación política del conflicto armado y acuerdos humanitarios. Responsable: Nelson Berrío (Asamblea Permanente de la Sociedad Civil).

6. Política Social. Política nacional de lucha contra el hambre y la pobreza, salud y educación; empleo, ingresos y distribución del ingreso; servicios públicos domiciliarios y vivienda. Responsable: Alberto Orgulloso (Viva la Ciudadanía)

7. Deuda pública y crisis fiscal: Responsables: José Fernando Ocampo (MOIR) y Ricardo López (Dignidad Obrera).

8. Tierras y problema agrario. Análisis de la actual situación del campo colombiano, proceso de mayor concentración de la tierra; efectos de la política de apertura sobre los productores agrarios y amenazas del TLC. Responsable: Carlos Naranjo (MOIR).

El seminario ratificó también el apoyo a las propuestas de movilización social en contra del TLC y en defensa de la salud y la educación públicas, que han venido programando las Centrales Obreras y la Gran Coalición Democrática.