EL CONCURSO DOCENTE Y LA TÁCTICA DEL BOICOT

Raúl Arroyave, ejecutivo de Fecode

El 12 agosto de 2004 la Junta Nacional de Fecode tomó la determinación de impulsar la táctica del boicot al concurso para docentes y directivos, convocado por el Ministerio de Educación Nacional y los entes territoriales, pocos entendieron en verdad las dimensiones de la tarea y sus verdaderas implicaciones. Se trataba, en el fondo, de la primera gran batalla que debería librar el magisterio colombiano contra el decreto 1278 o nuevo Estatuto Docente, teniendo en cuenta que esta norma había sido expedida por el gobierno desde mediados del año 2002.

No se trataba de una tarea rutinaria, del éxito o fracaso del boicot dependería, en última instancia, que el gobierno pudiera conformar o no las listas de elegibles, primer paso en la supresión definitiva de los derechos laborales para 60 mil docentes que pretendía enganchar.

No era una tarea fácil, por el contrario, demandaba de las organizaciones y dirigentes del magisterio una labor enorme de explicación, persuasión y propaganda, para lograr la más alta presencia de los estamentos de la comunidad educativa en esta gigantesca tarea de masas.

Con diversos grados de comprensión del problema, la táctica del boicot al concurso fue aprobada y echada andar. Encontramos filiales de Fecode que con entusiasmo y disciplina asumieron su ardua preparación, otras vacilantes que tildándola de descabellada y aventurera se opusieron a su adecuada implementación, pasando por sectores que en el colmo del oportunismo se lanzaron a impulsar las capacitaciones para el concurso, con lo cual no sólo montaban a costillas del empobrecido magisterio provisional un pingüe negocio, sino que contribuían desvergon­zadamente a quebrar la táctica del boicot.

La convocatoria oficial al concurso

El concurso fue convocado por el decreto 3238 del 6 de octubre. Sin lugar a equívocos, fue la respuesta del gobierno a la determinación de la Junta Nacional de septiembre de no hacer el Paro Nacional Indefinido del magisterio y sustituirlo por una jornada de 24 horas para el 12 de octubre.

Aunque el Ministerio de Educación expidió la norma marco que oficializaba la convocatoria al concurso, cada uno de los entes territoriales certificados debería, en uso de su autonomía, convocarlo para su respectiva entidad. Así lo hicieron todos a una a partir del 20 de octubre, incluidos los llamados gobiernos sociales, con lo cual la confrontación entre concurso y boicot quedaba planteada.

A partir de entonces, las tareas de agitación y propaganda del boicot como única salida contra el concurso tramposo y amañado del régimen uribista, mejoraron en intensidad y calidad. Hubo dos jornadas nacionales que mostraban crecimiento en la comprensión de la tarea y un aumento del estado de ánimo del magisterio. La más importante de estas jornadas tuvo lugar el 24 de noviembre, tanto que la gran prensa tuvo que registrar la movilización de más de 50 mil personas en Bogotá.

En esté marco de ascenso en la preparación del boicot para el 4 de diciembre, la Corte Constitucional expidió la sentencia 1169 de noviembre 23 en virtud de la cual se declaraba inexequible el artículo 7° del decreto 1278 o nuevo Estatuto Docente.

La embriaguez jurídica

A partir de entonces, el énfasis se desvió de la preparación del boicot hacia las más disparatadas especulaciones jurídicas. En todos los mentideros del magisterio se dio casi por un hecho que el concurso se caía y que era imposible que el gobierno lo hiciera a la luz de lo dispuesto en la sen­tencia de marras.

Hasta vivas a la Corte Constitucional se produjeron en eventos del magisterio, aupados por los interesados en reemplazar la lucha de las masas por especulaciones sobre lo jurídico, cuando estaba claro que la susodicha sentencia no declaraba inexequible todo el nuevo estatuto, ni siquiera taponaba la vía de acceso al nuevo sistema y, al contrario, junto a la ine­xequibilidad del artículo 7° se declaraba la exequibilidad de otros artículos demandados, dando por legal el asalto a los derechos de escalafón y carrera del magisterio provisional, ganados legítimamente bajo los parámetros del 2277.

El aplazamiento del concurso

A pesar de todo, se produjo una pequeña crisis, los gobiernos de varios entes territoriales suspendieron el concurso pidiéndole claridad al Ministerio de Educación Nacional, y este a pesar de haber declarado una y otra vez que con la sentencia no había problema alguno, tomó la determinación de aplazarlo, primero para el 18 y 19 de diciembre de 2004 y luego para el 15 y 16 de enero de 2005.

En el interregno, el gobierno introdujo modificaciones a la luz de la sentencia que blindaran el concurso contra futuras demandas. Para proseguir en la intentona, acude a los artículos 116 y 118 de la ley general de educación; homologa el título de tecnólogo en educación al de Normalista Superior; establece que la formación pedagógica de los profesionales sin título docente convocados al concurso puede ser obtenida durante el año de período de prueba; da tiempo a que se instale la Comisión del Servicio Civil; introduce modificaciones secundarias en los parámetros valorativos del concurso, rebajándole unos puntos a la prueba escrita y subiéndoselos a la entrevista, lo que, de paso sea dicho, alebresta las aspiraciones del clientelismo y el tráfico que se ve venir en la realización de las mismas; unifica para la nueva convocatoria a todos los gobiernos de los entes territoriales, incluidos los denominados sociales, y convoca el concurso bajo la férula de las bayonetas para una época en la cual los colegios del calendario A se encontraban en vacaciones; es decir, mejor imposible ¡Qué más podía pedir!

El día D

Y llegó la hora fijada. En medio de un operativo policiaco sin precedentes, el Ministerio de Educación Nacional y todos los gobiernos de los entes territoriales quisieron imponer el concurso, como era de esperarse, a sangre y fuego. Escuadrones antimotines se dedicaron desde la madrugada del 16 de enero a amedrentar a los educadores, y estos en muchas partes decidieron enfrentar la fuerza con la fuerza, y así en vez de concurso en muchos sitios del país se vivió fue una verdadera batalla campal en la que se destacaron por su combatividad y arrojo los maestros de Cartagena, Valledupar, Aguachica, Santa Marta, Córdoba, Sogamoso, Villavicencio y algunos sectores de Bucaramanga, Ibagué, Buga, Cali y Florencia, entre otros.

La información del gobierno dice que se presentaron 130 mil concursantes de los 196 mil inscritos, y que 42% de ellos aprobaron la prueba. A partir de entonces han aflorado todas las irregularidades que acompañaron ese tramposo concurso, empezando por los atropellos y agresiones de la fuerza pública, continuando con el transporte en tanquetas de concursantes hacia los cuarteles de policía y siguiendo con los cambios de sedes y horarios; la solución en grupo de las pruebas; la circulación de las mismas públicamente en Medellín, Sincelejo y San José del Guaviare; la entrega de formatos de respuesta correspondientes a personas diferentes a los concursantes, y muchas anomalías más, que han sido objeto de miles de querellas y tutelas interpuestas por los afectados en todo el país.

Conclusión

El balance nos demuestra que la táctica del boicot fue correcta, como única forma de defender consecuentemente la estabilidad de los educadores provisionales y de exigir la negociación con Fecode de un concurso que salvaguardara derechos adquiridos y diera garantías. En las regiones donde se entendió el significado del boicot y se trabajó a conciencia por su implementación, el resultado fue exitoso y a la postre el gobierno no puede continuar con los pasos siguientes del concurso. Y se comprobó que el tramposo concurso no era sino un parapeto que el gobierno necesitaba para justificar de manera “legal” el desenganche de más de 60 mil maestros provisionales, y lograr de una vez por todas la implementación del oprobioso régimen laboral del Nuevo Estatuto Docente a quienes, paradójicamente, logren ganarlo.

No sobra señalar que la estructura de la prueba en sí, que merecería análisis aparte, configura el más craso ejemplo de las arbitrarias evaluaciones por competencias con las que el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y los organismos multi­laterales vienen avasallando toda la educación pública en América Latina, para adecuarla a los designios del capítulo de servicios en el TLC.

La lucha por el boicot al Concurso del 16 de enero fue la primera gran batalla contra el nuevo Estatuto Docente, o decreto ley 1278 de 2002. De hecho se convirtió en una especie de bautizo en las luchas callejeras para la sangre nueva del magisterio colombiano. Sin duda, empieza un camino proceloso que tendrá que recorrerse a partir de ahora en medio de agudas confrontaciones para derrotar definitivamente este esperpento y lograr un Estatuto que realmente salvaguarde derechos laborales inalienables y las garantías necesarias para que efectivamente la situación laboral del magisterio sea un factor decisivo en el impulso de la calidad de la educación que necesita nuestro pueblo.

EXITOSO SEMINARIO DE LA GRAN COALICIÓN DEMOCRÁTICA

Durante los días 4 y 5 de marzo, la Gran Coalición Democrática realizó en el Hotel del Parque de Bogotá su primer seminario nacional de construcción pro­gramática, con la asistencia de más de más de trescientos dirigentes de las distintas organizaciones que la conforman.

El seminario, instalado por el compañero Carlos Rodríguez, presidente de la CUT, tuvo comienzo con un interesante pánel sobre la coyuntura política nacional, y en el cual intervinieron los doctores Horacio Serpa Uribe, dirigente del Partido Liberal, Samuel Moreno Rojas, presidente del Polo Democrático Independiente, y Carlos Gaviria Díaz, coordinador y precan­didato presidencial de Alternativa Democrática. También participó en este pánel la senadora Piedad Córdoba, quien les planteó sendas preguntas a los tres dirigentes políticos.

En la tarde del viernes 4 y el sábado 5, el seminario se adelantó con el trabajo de las siguientes comisiones:

1. Reelección: Estrategia política y campaña nacional. Responsable: Fabio Arias (Central Unitaria de Trabajadores).

2. Agenda legislativa: Análisis de los proyectos de ley de mayor importancia y posición política a asumir frente a ellos. Responsable: Arnulfo Bayona (Unidad Democrática)

3. TLC: Efectos sobre el empleo y su calidad; sobre los servicios públicos domiciliarios y la privatización de las empresas que los prestan; sobre la soberanía nacional, la educación, los recursos naturales. Propuesta de Referendo contra el TLC y propuesta de integración regional sudamericana con comercio justo. Responsable: Alfredo Holguín (PC-Frente Social y Político).

4. Estado Social de Derecho: defensa de la tutela, de las libertades públicas y de la institucionalidad democrática. Responsables: Carlos Ordóñez (Acción Liberal).

5. Negociación política del conflicto armado y acuerdos humanitarios. Responsable: Nelson Berrío (Asamblea Permanente de la Sociedad Civil).

6. Política Social. Política nacional de lucha contra el hambre y la pobreza, salud y educación; empleo, ingresos y distribución del ingreso; servicios públicos domiciliarios y vivienda. Responsable: Alberto Orgulloso (Viva la Ciudadanía)

7. Deuda pública y crisis fiscal: Responsables: José Fernando Ocampo (MOIR) y Ricardo López (Dignidad Obrera).

8. Tierras y problema agrario. Análisis de la actual situación del campo colombiano, proceso de mayor concentración de la tierra; efectos de la política de apertura sobre los productores agrarios y amenazas del TLC. Responsable: Carlos Naranjo (MOIR).

El seminario ratificó también el apoyo a las propuestas de movilización social en contra del TLC y en defensa de la salud y la educación públicas, que han venido programando las Centrales Obreras y la Gran Coalición Democrática.

GANEMOS CON LA LUCHA LA DEROGATORIA DE LA LEY 100

Carta abierta del senador Jorge Enrique Robledo, en la que pasa revista a la situación de la salud pública en Colombia y llama a conformar un gran frente de lucha para salvarla.

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República

Como han tenido que reconocerlo hasta connotados voceros del establecimiento, son tantos los sufrimientos que genera el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia, que incluso constituye una escandalosa vergüenza nacional.

Entre las calamidades que origina este sistema sobresalen las siguientes:

¨Alrededor de 25 millones de hombres, mujeres, niños y ancianos no tienen ningún derecho en salud, porque por su falta de empleo formal o su pobreza no pueden pagarse la afiliación al régimen contributivo de las EPS o porque el Estado no ofrece los cupos suficientes en el régimen subsidiado de las ARS, los dos sistemas en los que, según la demagogia que se empleó para aprobar la Ley 100 de 1993, en este momento debía estar inscrito cada habitante del país;
¨La conversión de los insuficientes carnés del Sisben en un enorme instrumento de extorsión clientelista por parte de los mismos politiqueros que sostienen un sistema que excluye a más de la mitad de los colombianos;
¨La existencia de dos planes de atención a los enfermos según el tipo de intermediario de los recursos al que estén afiliados (los llamados POS): el de las EPS, de reconocida mediocridad, y el de las ARS, más deficiente aún, los cuales, en realidad, en su aplicación son peores que lo que dicen las normas que los rigen;
¨El escandaloso cierre de varios de los más importantes hospitales públicos, como el San Juan de Dios en Bogotá, el de Cartagena y el de Caldas, así como la grave crisis del resto de la Red Pública Hospitalaria, la cual funciona en medio de innumerables carencias y ha sido sentenciada a desaparecer o a acabar de convertirse en una caricatura de lo que debiera ser, a pesar de que en esos hospitales debe atenderse más del cincuenta por ciento de los colombianos que no se encuentran afiliados a las empresas que se enriquecen interme­diando la plata del sector;
¨El cada vez peor servicio que se les brinda a los pacientes en las clínicas del Instituto de Seguros Sociales (ISS), instituciones que podrían terminar por desaparecer;
¨El recrudecimiento de las enfermedades que como la tuberculosis y la fiebre amarilla llegaron a estar bajo control, reavivamiento que tiene como causas principales el empobrecimiento de los colombianos y la alarmante disminución de las medidas que previenen las enfermedades (incluidas las campañas de vacunación), a pesar de que la prevención es el fundamento de cualquier sistema de salud digno de ese nombre;
¨Y el establecimiento de la trampa como recurso de uso común de los intermediarios financieros (EPS y ARS) en las relaciones con sus afiliados y sus trabajadores, al igual que con las IPS públicas y privadas con las que, mediante acuerdos leoninos, contratan servicios hospitalarios y de laboratorio, entre otros.

También conspiran contra la salud de los colombianos las condiciones de trabajo que se vienen estableciendo en el sector, a partir de las retenciones de salarios y los despidos masivos en el ISS, las cajas y la red pública hospitalaria, así como la imposición en todas partes de un sistema de intermediarios con el que se oculta a los verdaderos patrones y se imponen los contratos a término fijo, el trabajo a destajo, la sobrecarga laboral, las bajas remuneraciones y la ausencia de prestaciones sociales, prácticas que les niegan a médicos, enfermeras y demás trabajadores del sector sus derechos laborales democráticos e incluso los presionan para que actúen en contra de los principios éticos que como profesionales de la salud juraron cumplir.

Las causas

Estas vergüenzas no ocurren porque sean insuficientes los dineros destinados a costear lo que podría ser la debida atención de la salud de los colombianos. No. Nunca en la historia del país había habido mayores recursos públicos y privados para atenderla. En efecto, tanto por las transferencias del presupuesto nacional, como por el incremento de los aportes de patrones y trabajadores –incluidas las cuotas moderadoras y los copagos que en la práctica les arrebatan los derechos de atención a muchos–, el gasto total en salud creció en términos reales en 39 por ciento entre 1994 y 2000 (Conpes 3204). Y la cobertura, que se usó de manera demagógica para embellecer en su momento la Ley 100, la norma que le dio origen al horror que se padece, es igual o menor ahora que antes de su vigencia, como lo muestran las cifras si se comparan sin astucias y no como suelen hacerlo quienes se benefician con lo que ocurre.

La explicación principal de por qué aumentaron los recursos y no mejoraron ni la cobertura ni la calidad del servicio carece de misterio. Antes de la Ley 100, cada centavo de origen público o privado que el país gastaba en salud (exceptuando la atención particular y la medicina prepagada) debía ir a médicos y otros especialistas, drogas y exámenes, hospitalizaciones y administración de los recursos. Pero con las normas neoliberales apareció un quinto costo que no existía: el privilegio que se le otorgó al capital financiero (EPS, ARS y ARP) para echarse al bolsillo, como utilidades y so pretexto de la administración de la plata, una suma enorme de dinero que se constituye en una especie de peaje que se le impone al sector y que de manera evidente hace falta para atender las necesidades nacionales en salud. Es tal el calibre del negocio creado, que se conoce el caso de una EPS que en diez años aumentó sus activos de 2.500 millones a 237 mil millones de pesos. Con razón, hace un lustro, los dirigentes de Fasecolda, la poderosa agremiación de las compañías de seguros, se relamían comentando que el negocio de la salud pasaría de representar el 2,5 al 39,2 por ciento en el total de sus ingresos.

La conversión del derecho a la salud de los colombianos en el negocio de unos cuantos que se lucran con el control monopolístico de lo que convirtieron en una vulgar mercancía que, como todas, tiene que venderse por más de lo que cuesta producirla, también explica el apare­cimiento de otras dos situaciones indeseables. Por un lado, el sinfín de prácticas maliciosas con las que EPS, ARS y ARP, fieles a la máxima de que mientras menos gasten más ganan, aumentan sus utilidades a costa del bienestar y la vida de los colombianos y de la propia estabilidad de las IPS que no les pertenecen, y, por el otro, unas condiciones laborales inicuas para quienes trabajan en el sector, condiciones que también imposibilitan la buena calidad de la atención a los enfermos.

La gravísima crisis en que se debaten las clínicas del ISS también puede explicarse sin dificultades. Es obvio que el negocio de la salud que se decidió montarle al capital financiero solo era viable si se golpeaba al ISS, arrebatándole sus cotizantes y, ojalá, dejándole iguales o incremen­tándole sus costos, de manera que se quebrara, realidades que con todo descaro se fueron definiendo desde la propia dirección del Estado. Por ejemplo, y cuando ya se conocen hasta los nombres de algunos de los corruptos que facilitaron el desastre, durante tres años y medio se le prohibió al Seguro hacer afiliaciones, mientras que simultáneamente se orquestó en su contra una campaña de desprestigio que facilitó que los intermediarios de la salud le sonsacaran buena parte de sus afiliados. Y en el colmo de la mala fe, al mismo tiempo se impuso una selección adversa de los afiliados, es decir, se organizaron las cosas para que la casi totalidad de los pacientes que padecen enfermedades de alto costo quedaran a cargo del Instituto.

La red pública hospitalaria hizo crisis porque el Estado le ha transferido al negocio de las ARS que manejan el Sisben recursos que ha debido trasladarle a dicha red y porque no les ha pagado a sus hospitales todos los costos que tienen por atender a los llamados «vinculado», como califican a los millones de colombianos que no están vinculados ni al régimen contributivo ni al subsidiado. Sus problemas también se explican porque ha sido víctima de las maniobras de las EPS y ARS en su contra, tanto porque no le cancelan como debieran los servicios que le contratan, como porque le contratan cada vez menos en la medida en que éstas se dotan de su propia infraestructura, integrándose verticalmente, lo que también afecta negativamente a las IPS privadas que no son de propiedad del capital financiero. Son tales las ambiciones de integración vertical de estos monopolios, que ya hay EPS que anunciaron su interés en crear su propias facultades de medicina. Y también cuenta en la tragedia de los hospitales públicos la decisión oficial, que retrata de cuerpo entero al uribismo, de tener billones de pesos del Fosyga invertidos en TES y CDT.

En conclusión, puede demostrarse que mueren más colombianos por causa de la Ley 100, que por todas las violencias que nos martirizan.

¿Qué hacer?

Ante el innegable deterioro de las condiciones de salud impuestas por el sistema vigente, hoy se contraponen dos posiciones principales. La que defiende el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien fuera ponente en el Senado de la Ley 100 hace una década, y que por representar los intereses de los intermediarios considera que la crisis debe aprovecharse para retocar las normas actuales en el sentido de profundizar la privatización y aumentar la concentración del negocio en manos del capital financiero, muy de acuerdo con las aspiraciones de las trasnacionales que operan en el sector y con una política que pretenden convertir en inmodificable mediante el TLC con Estados Unidos, acuerdo en el que, además, se pactarían normas contrarias a la producción de buenos y más baratos medicamentos genéricos. Y la que con cada vez mayor claridad venimos expresando los sectores democráticos del país, y en especial los trabajadores de la salud, que propone un cambio de fondo que debiera empezar por consagrar en la Constitución que la salud es un derecho fundamental, tal y como lo ha planteado la Federación Médica Colombiana.

De este cambio de fondo debiera derivarse que no podrá haber parasitismo financiero obteniendo ganancias de los aportes públicos y privados que hoy manejan EPS, ARS y ARP. Esa transformación implicaría, además, la derogatoria de la Ley 100 y su sustitución por otra que, entre otras cosas, garantice un sistema nacional de salud de cubrimiento universal y alta calidad, la defensa del ISS, de la Red Pública Hospitalaria y de las demás instituciones públicas que requiere el buen funcionamiento del sector, y que sus trabajadores tengan condiciones dignas de vida y de trabajo.

¿Cómo hacerlo?

Pero no es posible ninguna transformación positiva en este aspecto si no se empieza por entender que ella no podrá ser el producto de la simple presentación de un excelente proyecto de ley o de acto legislativo por parte de los parlamentarios progresistas. Porque no hay ni la menor posibilidad de que las mayorías en el Congreso, que son, de lejos, bien uribis­tas, vayan a someterse con toda mansedumbre a decidir en contra de los intereses que representa su jefe, que, se sabe, son los del capital financiero que se lucra a reventar con el negocio del que disfruta. Una propuesta legislativa que no se respalde con una enorme movilización ciudadana, tan grande que sea capaz de derrotar a los neoliberales en este caso, podrá servir para «hacer política», pero no para modificar a fondo el sistema de salud, que es a lo que debe apuntarse.

Mi invitación cordial, entonces, apreciados médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud, es que ustedes, a través de sus organizaciones, nos convoquen a una gran unidad de todos los demócratas de Colombia (sindicatos, agremiaciones, academias, organizaciones de pacientes, sectores políticos democráticos, congresistas, etc.) para llegar a acuerdos en, por lo menos, dos aspectos fundamentales cuyos términos habría que especificar. Primero: que de lo que se trata es de lograr un cambio de fondo, estructural, en las normas que rigen la salud en el país. Y segundo: que para lograr esa transformación profunda trabajaremos con la paciencia y persistencia que sean del caso para crear la organización y la fuerza social necesarias para derrotar, mediante la lucha civilizada y democrática, pero mediante la lucha al fin y al cabo, a quienes también en este aspecto representan intereses contrarios al progreso de la Nación.

Ya hay suficiente experiencia para entender que la Ley 100 se aprobó para montarle un negocio a un puñado a costa de la salud y la vida de los colombianos. Y ya se sabe también que las buenas ideas que no se respaldan con la suficiente fuerza social y política no pueden convertirse en normas legales en ninguna sociedad.

DE CONCESIÓN EN CONCESIÓN HACIA LA ENTREGA Y LA CAPITULACIÓN FINAL

Por Aurelio Suárez Montoya, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria

En los últimos meses de trámite de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos han surgido nuevas expresiones de resistencia y de crítica frente a los estropicios cada vez mayores a múltiples intereses nacionales en las distintas mesas, las cuales a pesar del coro de numerosas voces disidentes, avanzan hacia el «cierre». El asunto está tomando connotaciones tan dramáticas que, cuando se anuncian con algazara «los avances» en las negociaciones, nuevos grupos sociales o económicos reciben la noticia con manifestaciones agridulces que develan mayores costos para la nación a medida que se aproxima el trato final. Una encuesta reciente del diario Portafolio reseñaba lacónicamente que «crece el nerviosismo y la cautela empresarial por el TLC con EU», que «es mayor la incertidumbre por los efectos que este nuevo escenario comercial le plantea al país, que el optimismo» y que «al consultárseles a 1.075 empresarios de las doce principales ciudades del país, sobre qué tan optimistas son frente al TLC, la respuesta deja prácticamente ‘en rojo’ a este proceso».1

El lunes 14 de febrero, más de 40 representantes de gremios, de organizaciones cam­pesinas e indígenas y de profesionales, estudiantes y trabajadores vinculados a la producción agropecuaria nacional en una audiencia en el Senado de la República, promovida por los senadores Jorge Robledo y Luis Humberto Gómez Gallo sobre «El balance del agro en las negociaciones del TLC», dejaron en evidencia que en esa materia Estados Unidos ha impuesto todos sus criterios comerciales, incluidos los ilegítimos, y Colombia los ha aceptado, agregando la total desprotección a los frutos del campo y conduciendo así a 12 millones de habitantes desde la peor crisis de su historia, que se vive actualmente, a un estado de descomposición y de caos. Se denunció la burda entrega de los cereales, las olea­ginosas y la avicultura, entre otros, y que el ansiado acceso al mercado norteamericano, con el que supuestamente se compensarían las pérdidas, no pasará de ser un espejismo, obstaculizado con toda suerte de artimañas y tecnicismos, o, cuando se cristalice, no llegará a ser más que la participación en la competencia voraz entre países tropicales, alentada por la superpotencia, para proveerse a la barata de tales bienes, como puede comprobarse con la experiencia del café.

Personas nunca tenidas como enemigos del «libre comercio», como el presidente de Acopi o el ex ministro Pizano de Nar­váez, han expuesto objeciones al curso de las negociaciones y descubierto irregularidades que son auténticas piedras de escándalo que en cualquier latitud suscitarían amplio debate y pondrían en entredicho este tipo de tratados. El primero de ellos advirtió sobre «pactos secretos» entre los negociadores para viabilizar la importación de «usados», «introduciendo criterios poco éticos en el mercado y el consumo» y el segundo afirmó que «por falta de claridad en el equipo negociador colombiano, el TLC en materia de telecomunicaciones va camino de convertirse en un documento de adhesión de nuestro país a los Estados Unidos (…) hasta ahora Colombia no ha conseguido nada en la negociación, pero sí lo está entregando todo (…) Si desaparece la plata para financiar los subsidios, las tarifas de los más pobres acabarán subiendo (…) El equipo colombiano ni siquiera ha presionado para que los operadores estadounidenses canalicen esas llamadas hacia nuestros operadores legales, lo cual demuestra que no hay voluntad clara y fuerte para defender los intereses nacionales».2

Y también personas cuyo oficio no ha sido propiamente el análisis de los temas institucionales, jurídicos y económicos, como el cineasta y columnista Lisandro Duque, al describir el método «risueño» de la negociadora gringa Regina Vargo, sentenció: «Cada vez que nos arranca un pedazo de país para echárselo a las fauces de los empresarios estadounidenses, o cuando embarca a los negociadores nuestros en dilemas sin solución (…) falsos dilemas todos, provocaciones apuradas al sentido de la ética y falta de seriedad. Eso es el TLC. Cualquier directriz que salga de esas reuniones, en las que ni se delibera sino que se obedece, será inaceptable».3

Comunidades colombianas tan representativas, como las de los habitantes, indígenas y campesinos, de los municipios del oriente del Cauca, prevalidos de su propia legitimidad derivada de sus tradiciones, autonomía y desde su particular visión del mundo, la naturaleza y la sociedad encuentran inadmisible «La forma autoritaria, distorsionada y oculta en la que el Gobierno Nacional viene negociando la soberanía, la vida y el futuro del país» y por ello convocan al «establecimiento de un mecanismo popular de soberanía y resistencia», como en efecto lo es la Consulta Ciudadana que escucha la opinión de sus conglomerados en torno a la firma del TLC y alrededor de la cual citan al resto de la nación en minga.4

Y ni hablar del bochornoso incidente propiciado por el negociador de la mesa de Propiedad Intelectual, Luis Ángel Madrid, quien fue «cabeza de turco» de lo que el ministro Jorge Humberto Botero calificó como «error técnico y de procedimiento». Cabe preguntar si la entrega del texto que prorrogaba, por más años de lo convenido con el ministerio de Protección Social y al parecer con el sector farmacéutico nacional, la protección de los datos de prueba de las invenciones en medicamentos a las multinacionales norteamericanas, fue iniciativa personal de Madrid o fue una instrucción venida de más arriba. Con este afrentoso episodio brota la incertidumbre acerca de cuántos asuntos, en los cuales el equipo negociador no ha quedado en flagrancia, se ha actuado de esa manera torticera. En este tema «quedamos a tres cuartas de los peores acuerdos comerciales», dijo el representante de Misión Salud, Germán Holguín. Y Recalca, la Red Colombiana frente al Libre Comercio y al ALCA, agregó al respecto: «La propuesta de todas maneras ya fue formalizada ante Estados Unidos y se suma a las muchas concesiones, entregas y claudicaciones que ha hecho el equipo colombiano y el gobierno en las mesas y fuera de ellas y revela nuevamente que el ministerio de Comercio actúa en complicidad con las exigencias norteamericanas».5

Todos los anteriores pronunciamientos, reprobatorios de la conducción oficial de las negociaciones del TLC y que abarcan un amplio espectro de la sociedad colombiana, luego de realizadas siete rondas, tienen pleno fundamento. Los aspectos lesivos al progreso y a la estabilidad de la nación emergen por montones en tanto se van eliminando corchetes (la forma como inicialmente se marcaban las diferencias entre las partes en los distintos textos) del tratado y se va configurando la redacción final. Sólo puede causar indignación, por ejemplo, conocer que las multinacionales yanquis tendrán acceso libre a nuestras redes, sistemas y mercados de comunicaciones sin contraprestación alguna, que disfrutarán de ellos sin invertir nada, que implantarán un sistema de libre usufructo que inclusive allá fue revisado y que así acabarán con casi todas las empresas colombianas en ese campo.

Estudios oficiales recientes, como el elaborado por Claudia Patricia Marín y Juan Mauricio Ramírez por encargo del Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación, «El impacto económico de un acuerdo parcial de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos», que hace una evaluación cuantitativa de los posibles efectos del TLC sobre la economía colombiana, concluye que los resultados «dependen críticamente del grado en el cual se logren afectar las barreras no arancelarias vigentes en EU (…) Un TLC que mantenga las barrearas no arancelarias sobre el sector agrícola en Estados Unidos tendrá efectos negativos sobre los ingresos y el consumo de los hogares rurales y en general sobre el sector agrícola colombiano». Y también, Ramírez y Marín aseveran que la balanza comercial con Estados Unidos será más negativa, que el ahorro no crecerá, que las importaciones de la agricultura se triplicarán, que el empleo que puede beneficiarse será el informal y, que en el mejor de los casos, el costo fiscal para el país será de 400 millones de dólares que, si no se financian con casi imposibles crecimientos anuales de la inversión del orden de 10%, requerirán nuevas cargas tributarias sobre la población y la economía. Este análisis, en cuyas conclusiones no se evalúan las secuelas de los flujos de capital, que pueden ahondar la revalorización del peso frente al dólar, ni de los inicuos reglamentos de Propiedad Intelectual ni del capítulo de Compras Estatales que obliga a ofer­tarlas a las empresas y firmas estadounidenses como si fueran nacionales, es de noviembre de 2004, cuando ya se habían adelantado cinco rondas de conversaciones.6

En contra de tan amplia gama de voces contrarios de los análisis citados, Colombia retiró para siempre de la mesa el sistema de franjas de precios con el cual se amparaba lo que queda de la producción de géneros básicos para la alimentación de nuestro pueblo y que a cambio se sometió al sistema comercial de dumping que Estados Unidos ha decidido imponer y , ala vez, propaga como gran logro, junto con el presidente de la ANDI, el acceso libre para el 99% de las mercancías industriales colombianas al mercado estadounidense. Esta conquista está ensombrecida porque no se ha extendido a las ramas que, según las previsiones, podrían gozar de cierto beneficio como los textiles y porque, como prestación a tal garantía, también se ha otorgado al 66% de las mercaderías norteamericanas en el mercado nacional. Un examen objetivo y cuidadoso de dicho intercambio, por cantidad y variedad, resulta negativo. Nadie se entusiasma cuando se dan avisos como éstos o cuando se informa que cuando arrecie el diluvio de artículos estadounidenses las ramas afectadas no podrán imponer medidas de salvaguardia sino bajo muy estrictas limitaciones y máximo por cuatro años. Ni tampoco cuando, verbigracia, se informa que se ha permitido importar volúmenes de leche en polvo y fresca a cambio de exportaciones desde Colombia de «quesos de búfalo» y «bebidas achoco­lata­das». ¡Una genuina vergüenz
a!
El gobierno notifica como un éxito que la mesa sobre Comercio Electrónico, calificada desde las negociaciones del ALCA por el anterior secretario de Comercio de Estados Unidos, Donald Evans, como «pieza clave», está a punto de concluir y que igual sucede con las de Servicios Transfron­te­rizos, otra de las «claves», y la de Políticas de Competencia que eleva a norma constitucional los prejuicios contra todo tipo de empresa estatal y propende por la privatización completa de todos los órdenes de la vida nacional. Cuando se escuchan tales datos no sabe a ciencia cierta a qué bando, en realidad, pertenecen los directores negociadores del gobierno de Colombia.

Las pretensiones norteamericanas van todavía más allá. En servicios culturales se preparan para una ofensiva que no respetará siquiera «las reservas de pantalla» para creaciones nacionales en la programación de la televisión, atentado contra la identidad cultural y cumpliendo con un propósito oculto: la homogenización continental del pensamiento y las ideologías. Ni siquiera los compromisos contraídos con quienes les sirvan de agentes comerciales para sus negocios y productos serán debidamente resguardados al ser eliminada, a instancias de los gringos, la Cesantía Comercial o sea la indemnización al representante comercial cuando cesa en sus labores de intermediación. Y, como prueba inicial de lo que viene, el gobernador de Florida y hermano del presidente norteamericano, Jebb Bush, vino a Colombia con una concurrida misión de «vendedores» de productos y servicios, con énfasis en las áreas de salud y tecnología, cuando los ilusos esperaban una misión de «compradores».

Se perora asimismo sobre 37 proyectos de cooperación que, al tenor del pacto, se adelantarán con el gobierno norteamericano. Una revisión de los objetos de tales proyectos lleva a concluir con facilidad que serán áreas donde el Imperio en forma de «cooperación» va a incidir para adecuarlas a su provecho en el marco del TLC. Allí están comprendidos temas como las aduanas, donde se recibirán recomendaciones acerca de la clase de equipos que Colombia debe adquirir para «agilizarlas» y cumplir con lo convenios de despacho de embarques en 48 horas, o en la evaluación de impactos del TLC sobre las pequeñas y medianas empresas o sobre la asistencia técnica para un «cinturón fitosa­ni­tario» para la sabana de Bogotá, en particular para los sectores de hortalizas y flores. Aquí «no hay puntada sin dedal».

Diversos analistas hablan de la proximidad del fin de las negociaciones técnicas y el comienzo de la fase final de ellas, lo que se conoce como la etapa política. Consiste en que el gobierno, con el Presidente Uribe a la cabeza, oficiará la liturgia de la pleitesía total. Se fraguará el tétrico cuadro de la rendición donde se pasará de las concesiones a pedazos a la escena final de la genuflexión. El negociador colombiano, Hernando José Gómez Restrepo, ya ha dado algunas luces de cómo se llevará a cabo tan infausto suceso, con «fórmulas inteligentes y creativas», en juegos de «toma y dame», y dejando sentado de antemano que «se harán algunas concesiones».7 De ahí que no es arbitrario pensar que lo «ingenioso» e «inteligente» está en cómo engañar a la mayoría de los colombianos.

El artículo mencionado de Lisandro Duque brinda luces sobre esos juegos de «toma y dame» de los que habla Gómez Restrepo: «¿Quieren conservar intactas las empresas estatales para la telefonía? Pues entonces suspendan sus ayudas a la agricultura. Así de sencillo (…) ¿Quieren seguir con eso de los medicamentos genéricos? Vale, pero a cambio les vendemos nuestra ropa usada (…) ¿No se aguantan un incremento de horas de televisión nuestra en sus canales? Pues paguen más aranceles por las flores que les compramos (…) ¿No quieren nuestros perniles de pollo? Olvídense entonces de su sistema de derechos de autor».8

Este estilo artero, está acompañado del de mantener sin ventajas hasta el final de las negociaciones a los productos que más les interesa exportar a los respectivos países como textiles a Colombia, atún a Ecuador y espárragos a Perú. Este método que se denomina «poner como rehenes» a estos artículos, es una forma de negociar utilizada desde antaño por Estados Unidos. Para rescatarlos, las naciones signatarias deberán resignar todas sus aspiraciones y acatar los dictados imperiales. Esto será parte de la negociación política donde, al final, las coronas de laurel serán los carnadas y señuelos afectando a muchos y «salvando» a unos pocos.

Nada de lo que ha pasado se ha salido de la partitura inicial que el imperialismo desde sus propias legislaciones comerciales tiene fijado. Aparte de las ilusiones, los engaños y demás argucias para confundir a los más incautos todo está ceñido al formato que está predeterminado por el Congreso estadounidense en sus leyes comerciales en particular de la más reciente conocida como Ley de Promoción del Comercio de 2002 que rige los tratados comerciales bilaterales. En el Senado y la Cámara de Representantes en Washington es donde de verdad se hace la negociación.

Todos los elementos, que conducen a suscribir en el texto del TLC el documento de colonización de Colombia y a consagrarlo sin límite en el tiempo, están dados. El deber las fuerzas democráticas, patrióticas, que defienden el patrimonio, la cultura, la producción, el territorio, los recursos naturales y el trabajo nacionales y la soberanía económica y política es oponerse con todo denuedo a la realización de ese proyecto y para ello deben formar la más amplia unidad de acción, incluyendo a todos aquellos que estén dispuestos a contribuir en la exigencia al gobierno de cesar la entrega impudorosa de la nación, que se levante de la mesa de negociaciones. La hora exige echar atrás e impedir la capitulación y la rendición que el gobierno de Uribe se propone a ejecutar de hinojos ante Tío Sam y que retrocederá a Colombia a estadios de atraso y de subordinación superiores a los actuales.

Notas

1. Portafolio, febrero 18 de 2005, p.1 y p. 7.
2. Declaraciones entregadas a Colprensa y publicadas por el diario El País, febrero 11, vía Internet, 10.20. a. m.
3. Duque Lisandro. 2005. El Espectador, domingo 30 de enero de 2005, vía Internet.
4. La proclama indígena, llamando a la Minga, puede verse en www.nasacin.net
5. Recalca. 2005. “El chivo expiatorio”, pronunciamiento, www.recalca.org.co, marzo 1 de 2005.
6. DNP/Banco de la República. 2004. «El impacto económico de un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos». Marín C. y Ramírez J. M., noviembre 25 de 2004.
7. El País, febrero 27, 2005. «El TLC creará 500.000 empleos». Entrevista a Hernando José Gómez por Alfredo García, vía Internet.
8. Duque Lisandro, op. cit.

MÁS DEL 98% DIJO ¡NO AL TLC! EN CONSULTA INDÍGENA EN EL CAUCA

Por Mario Alejandro Valencia

Hablan los hechos y caminamos la palabra. El pueblo de los 6 municipios del Cauca, acudió masivamente a las urnas y en una elección sin precedentes por su transparencia, organización impecable, contenido y participación, decidió que rechaza la negociación y firma del tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos.
De la excepcional jornada del domingo 6 de marzo, convocada por las organizaciones populares que conforman el Congreso Itinerante de los Pueblos en el Oriente Caucano debe resaltarse:

1. Votaron 51,330 personas en los municipios de Inzá, Páez, Silvia, Caldono, Jambaló y Toribío. Sobre la base de una población electoral máxima registrada de 68.448 personas en los 6 municipios, se esperaba, en los cálculos más optimistas, que votaran unas 40 mil, lo cual habría estado por encima de la participación electoral histórica en estos municipios. La votación en las elecciones para los actuales alcaldes fue de 39.900 personas, después de costosas y largas campañas.

2. El 89,51% de quienes votaron eran mayores de 18 años, para un total de 45,943 votos. 5.387 jóvenes entre 14 y 17 años votaron en urnas separadas, es decir un 10,49% de participación.

3. CONSOLIDADO:
Población total: 171.942.
Población electoral: 68.448.
Votos por el NO al TLC: 50.305.
Votos por el SÍ: 691.
Total de votos: 51.330.

4. La transparencia y legitimidad de este proceso de consulta diseñado por las organizaciones campesinas e indígenas fue verificada por veedores nacionales e internacionales de los más diversos sectores: representantes de la Iglesia, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, movimientos sociales, organizaciones de mujeres y am­bientalistas, sindicatos, académicos e investigadores, periodistas, Senadores y Representantes a la Cámara. Además de verificar todo el proceso de votación y escrutinio, los veedores firmaron las actas finales certificando la veracidad y transparencia de los resultados.

El pueblo del oriente del Cauca ha decidido que no quiere el TLC con Estados Unidos. Queda planteada desde esta palabra de los pueblos indígenas la consulta al resto de los colombianos para que responda si está de acuerdo o no con el Tratado de Libre Comercio.

LA RONDA ALTERNA CONTRA EL TLC

Por Enrique Daza G.

Las actividades realizadas en Cartagena y las movilizaciones en esa ciudad y en otras muchas contra el TLC demuestran la creciente conciencia de la población sobre los peligros de ese tratado y la seriedad y profundidad de los planteamientos críticos contra él.

Centenares de ciudadanos se agruparon en los eventos coordinados por la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca, los cuales fueron promovidos por un importante número de organizaciones sociales. El primero de ellos fue una mesa redonda sobre “Propiedad intelectual y salud”, moderada por Pablo Solón de la Campaña Boliviana de Lucha contra el TLC y el ALCA, en la que el doctor Germán Holguín Zamorano, de Misión Salud; Erika Dueñas, de Bolivia, especialista en propiedad intelectual; Juana Ramos, presidente de Asociación Latinoamericana Farmacéutica de Ecuador; Francisco Javier Sancho, de Médicos sin Fronteras, y Roberto López, de Acción Internacional por la Salud, denunciaron, la debilidad de los gobiernos andinos ante las pretensiones norteamericanas y las amenazas del TLC para la salud pública y llamaron a los pobladores de estos países a fortalecer la resistencia civil contra esa política recolonizadora. La Federación Nacional de Profesores Universitarios, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y el Movimiento Nacional por la Educación participaron en un concurrido panel en el cual se examinaron los efectos adversos del Tratado sobre la educación.

Recalca organizó un taller sobre TLC y los medios de comunicación, al cual asistieron cerca de 50 periodistas y se hizo un debate sobre los peligros del TLC, en el cual intervinieron Jorge Pulecio, asesor, de la Alcaldía de Bogotá, Alberto Orgulloso, de Viva la Ciudadanía, Enrique Daza, de Recalca, Daniela Otero, del Centro de Estudios Latinoamericanos de Bolivia, y Feliciano Valencia, del Consejo Regional Indígena del Cauca, quien explicó la iniciativa indígena de convocar para el 6 de marzo una consulta ciudadana sobre el TLC en seis municipios de ese departamento.

El doctor Germán Umaña Mendoza, en una conferencia realizada en el Sindicato de Educadores de Bolívar, con nutrida asistencia, presentó una matriz que establece un balance detallado de lo acordado y de la cual concluyó que el saldo de la negociación favorece inmensamente los intereses norteamericanos y perjudica a Colombia.

También se adelantó un importante Foro en el cual Javier Díez Canseco, congresista peruano, Jorge Enrique Robledo, senador del MOIR, y Eduardo Delgado, dirigente de la campaña Ecuador Decide, analizaron detalladamente las graves implicaciones del Tratado y las luchas que libran los pueblos de sus respectivos países para impedir su suscripción o ratificación de tal política recolonizadora.

El jueves hubo una gran manifestación en Cartagena, con cerca de 15 mil personas, encabezada por dirigentes populares, representantes de organizaciones sociales andinas y tres de los ochenta congresistas que se hicieron presentes en Cartagena durante la Ronda: Wilson Borja, Luis Carlos Avellaneda y Jorge Enrique Robledo. Simultáneamente se hicieron grandes manifestaciones en muchas ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Neiva, Popayán e Ibagué, en las cuales miles de colombianos reiteraron su rechazo al TLC.

Igualmente, se realizó un taller acerca del impacto del TLC sobre las mujeres, el cual contó con gran asistencia femenina y la participación de expositoras como Liana Cisneros, de Oxfam GB, María Eugenia Ramírez, de ILSA, Aleida Barreto, de Anmucic, Dunia León Fajardo, de Funsarep, y Pilar López, de la Mesa Mujeres y Economía de Colombia.

El viernes 11, el Consejo Regional Indígena del Cauca hizo el lanzamiento de la consulta ciudadana, que se llevará a cabo por iniciativa de los cabildos indígenas en seis municipios del Cauca y que contrasta y pone una vez más de relieve la forma antidemocrática e inconsulta como se está negociando y pretende aprobarse este Tratado.

La semana de eventos alternativos concluyó con un seminario sobre el TLC y la cultura, en el cual intervinieron Álvaro Restrepo, reconocido bailarín y director de la Corporación Colegio del Cuerpo, Bernardo Jaramillo, dirigente de la Coalición por la Diversidad Cultural, Feliciano Valencia del CRIC, y Carlos Díaz Acevedo, del movimiento afrocolombiano, quienes manifestaron su preocupación sobre la pérdida de la identidad cultural y la necesidad de defender el patrimonio artístico propio, amenazado por este Tratado. Dichas voces se suman a la de los libretistas de televisión que alertan sobre la pérdida del patrimonio cultural y la invasión de la industria estadounidense del entretenimiento.

Finalmente, tuvo lugar una reunión andina de organizaciones sociales, que examinó las perspectivas de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, TLC, y las dificultades de los gobiernos para suscribirlo rápidamente, y formuló un plan de acción andino para los próximos meses.

Murió Olgher Forero: UN INQUEBRANTABLE ESPÍRITU SOLIDARIO

Por Gustavo Triana

Nos hemos dado cita para rendir un sentido y respetuoso homenaje a la trayectoria de militante revolucionario que caracterizó la vida de Olgher Forero.

Dicha trayectoria se inició en 1971, cuando el camarada Olgher, como estudiante de la Universidad Nacional y trabajador de la jornada nocturna del Banco Ganadero, se vincula a la Juventud Patriótica. Participó en las luchas estudiantiles que avivaron el hervor revolucionario prevaleciente durante ese período, las mismas que marcaron definidamente su concepción revolucionaria y antiimperialista. En 1973, inicia una sobresaliente carrera en el movimiento sindical comprometiéndose con la unidad de los trabajadores y el combate contra las posiciones oportunistas y conci­liacionistas, que tanto han estorbado el desarrollo de las luchas sindicales y políticas de los trabajadores en Colombia. Tal índole unitaria y combativa es un ejemplar rasgo que conserva hasta su muerte.

Olgher convierte su sindicato, la Asociación de Empleados Bancarios, en la trinchera desde donde batalla con denodado ahínco por la soberanía de Colombia y la emancipación de los trabajadores.

Fue un entusiasta activista del trabajo obrero del Partido. Sin reducir su quehacer a las bases del sector bancario, se esmeró por extender sus esfuerzos y aportes revolucionarios a la organización y consolidación de otros sectores laborales, dentro de los que se cuentan los mineros del carbón de Guachetá, los trabajadores de Prota­baco, Coca Cola, la Universidad Libre, y los vendedores ambulantes. Durante su vida partidaria siempre estuvo presente en las luchas sociales y políticas que emprendió el MOIR y su ligazón con los sectores populares fue una clara manifestación de su inquebrantable espíritu solidario.

La práctica revolucionaria que le demandaban las ingentes tareas nunca fue obstáculo para profundizar en el estudio de problemas del país, como la contratación colectiva, la deuda externa, la historia de la banca colombiana y el análisis del capital financiero. Siempre adelantó estas actividades teóricas con actitud modesta, abierto al aprendizaje y dispuesto a recibir observaciones y consejos. Y la adquisición de conocimientos sobre tan diversos temas tenían un propósito original que le imprimían un sello de clase: transmitirlos a los trabajadores.

Para enseñanza del Partido, Olgher fue un militante serio, consecuente y firme en la aplicación de la línea política del MOIR. Supo trabajar de manera persuasiva y flexible en las organizaciones de masas y no le temió a ir contra la corriente y a trabajar en minoría en los sindicatos. Y se atuvo siempre a la democracia y el centralismo que rige el funcionamiento de los organismos partidarios. Todas estas son cualidades que los moiristas debemos emular para poder jalonar la resistencia contra las políticas del imperialismo y sus agentes. Máxime en momentos en que la recolonización del país por parte de los Estados Unidos alcanza grados nunca vistos y cuando debemos redoblar esfuerzos en el propósito de unificar a todas las corrientes que se oponen al imperialismo y a Uribe, y levantar a la inmensa mayoría de la población colombiana en resistencia.

Hoy, despedimos al camarada que durante más de 30 años permaneció leal y activo en las filas del MOIR. Que ante las principales divisiones y deserciones del Partido, se aferró a nuestra posición obrera, desechando el pesimismo y mirando siempre con esperanza el futuro de la revolución colombiana. Su muerte tiene la dignidad que corresponde a los militantes del Partido de Francisco Mosquera: que acaezca en medio del cumplimiento de las tareas revolucionarias.

ALFREDO CAMELO BOGOTÁ

Tras repentina y dolorosa enfermedad, el pasado 16 de febrero falleció en Bogotá el camarada Pedro Alfredo Camelo Bogotá.

Desde su época de estudiante en la Universidad de Bogotá estuvo vinculado al MOIR, contribuyendo en diferentes frentes y actividades y manteniendo su lealtad al Partido en sus distintos combates y periodos, rechazando sin titubeos a los detractores que han pretendido alejarlo de su senda revolucionaria. En sus últimos años fue miembro de Cedetrabajo e integró el Comité de Redacción de la revista Deslinde, en la cual concibió y siempre redactó la columna “Sucesos & Tendencias”, en la que recogía de manera ágil y corta diversas noticias y hechos del acontecer nacional y mundial, escribiendo asimismo múltiples artículos a lo largo de la existencia de la publicación.

El camarada Camelo dedicó toda su vida a escudriñar desde una perspectiva revolucionaria diferentes campos del conocimiento humano: filosofía, historia, política, arte y cultura. Escribió varios libros, entre los cuales sobresalen Los Samper, un libro abierto; Aguachica, historia de un camino; Lecturas de Historia de Colombia, y Carlos Federici Casa, navegante del océano de los números, última obra en la cual participó recogiendo con otros colaboradores los aportes científicos de Federici. Descolló igualmente como poeta, destacándose La vida eterna de Ho Chi Minh, poema con el que rindió tributo a la victoria de la revolución vietnamita, y con el cual recibió el Premio Nacional Universitario de Poesía en 1976.

Como profesor de numerosos colegios públicos, contribuyó a formar la juventud con riguroso celo científico y firme compromiso para con los intereses del pueblo y sus luchas contra los gobiernos antipo­pulares y antinacionales, aunando siempre sus esfuerzos a los realizados por las organizaciones gremiales del magisterio colombiano.

Falleció el presidente de la USO-Orito: SENTIDA PÉRDIDA PARA SINDICATO Y TRABAJADORES

El viernes 21 de enero, en la clínica Santa Fe de la ciudad de Bogotá, murió el compañero Pedro Tobías Prado Ortiz después de librar dura batalla contra una inesperada enfermedad. Había sido remitido de Orito por una infección renal, que posteriormente le invadió otros órganos y le provocó la muerte. En el infortunado insuceso le cabe responsabilidad a la negligente actitud de la administración de Ecopetrol, que no lo remitió oportunamente a Bogotá, pues desde el 5 de enero nuestro compañero se había presentado a la División Médica de Orito, y solo hasta el miércoles 11 fue trasladado.

Pedro Tobías se desempeñaba como presidente de la subdirectiva de Orito y estuvo en distintas responsabilidades sindicales: negociador, delegado de la Asamblea Nacional, integrante del Comité de Base, y miembro de la Junta Seccional durante siete años. Desde su ingreso a Ecopetrol en 1988 mostró consecuencia con los intereses de los obreros y de la nación, y estuvo siempre orgulloso de haber abrazado la vida de militante revolucionario. Nuestro querido compañero nació en la ciudad de Tuma­co el 16 de octubre de 1962.

Dirigentes de la USO Nacional y de la Subdirectiva de Orito, trabajadores, representantes de la población y familiares le acompañaron masivamente en las honras fúnebres que se efectuaron en Tumaco, con previo homenaje en Orito, Putumayo, su sede de trabajo.

El féretro envuelto en las banderas de la USO y de su partido el MOIR, hicieron homenaje a su orgullosa vida de luchador popular y le dieron cobijo hasta su tumba. El camarada Julio Díaz dirigente nacional de la USO y miembro del Regional del MOIR en el Putumayo llevo la palabra en el funeral para hacer reconocimiento a su memoria y expresarle a familiares y amigos nuestras condolencias.

Declaración del MOIR: URIBE DEBE RESPETAR LA SOBERANÍA DE LAS NACIONES

Héctor Valencia H., Secretario general del MOIR, enero 20 de 2005

Quebrantando elementales normas que rigen las relaciones civilizadas entre las naciones y pasando por encima de la fraternidad que históricamente han atesorado los pueblos de Colombia y Venezuela, el gobierno que preside Álvaro Uribe Vélez puso en marcha a finales del año pasado un oscuro operativo no exento de ribetes delincuenciales que se extendió hasta Caracas y que llevó a la aprehensión de Rodrigo Granda, declarado miembro de las FARC, todo lo cual terminó por desatar un agudo conflicto entre ambos países.

La primera y necesaria aclaración es que tal proceder, señalado con eufemismo por los editorialistas de renombrados periódicos como una apelación a métodos poco ortodoxos, no obedece a la casualidad de lo que coloquialmente se conoce como “una metida de pata”, ni su gravedad radica en el desaforado tratamiento que se le ha dado. El problema hunde sus raíces en que un gobierno como el de Uribe, que tiene en tan baja estima la soberanía nacional de Colombia, la misma que en todos los órdenes entrega a diario ante los poderosos intereses imperialistas de Estados Unidos, ningún empacho puede tener en irrespetar la de las otras naciones, en este caso la de Venezuela.

Ya de por sí, la política de recompensas, como parte del proyecto gubernamental de Uribe, no puede eludir, en aras de que está dirigida contra el aciago terrorismo que abruma a la población colombiana, su carácter discutible al fomentar la arbitrariedad y reemplazar la acción legítima del Estado por la de los cazadores de fortuna. Pero llevada a tener efecto más allá de nuestras fronteras, es una aberración que conspira contra la autonomía de los otros pueblos y su convivencia con el nuestro.

La natural alarma que los hechos hasta ahora conocidos han producido tiene que ver con que aparecen evidentemente anclados en la concepción política que pregona y aplica Estados Unidos en su cruzada contra el terrorismo a escala planetaria. Se trata del intervencionismo, con su violencia bélica y sus métodos atroces, adoptado de manera unilateral como “medida preventiva” contra otras naciones y pueblos, sin ningún miramiento por leyes o tratados internacionales.

Dentro de semejante concepción el secuestro es un expediente contra la libertad de las personas que, en la actual exaltación del libre comercio, resulta apenas natural que se compre y se venda como una mercancía. El que se realizó en el mencionado operativo no escapa a esta condición. Al condenarlo, debe reafirmarse que cualesquiera sean los motivos que para cometerlo se aduzcan y los ámbitos en los que se ejecute, es una práctica propia de la barbarie en las relaciones sociales y políticas que no puede ser aceptada por los pueblos en ninguna parte del mundo. Ningún sumario judicial o político de un nacional puede servir de base para conferirle al Estado una patente de corso para someterlo a un tratamiento por fuera de las leyes.

De allí el carácter cavernario del llamado del vicepresidente Pacho Santos cuando invita a los cazarrecompensas —mercenarios que expelen la hez de los ejércitos y los estamentos sociales más envilecidos de los diferentes países— a que acudan a Colombia y desplieguen sus sucios métodos y astucias para hacer fortuna:”la plata está ahí para ellos y las recompensas son bastante buenas”. Ese carácter es aún más escandaloso cuando el presidente Uribe ­­­—en ridículo rol de remedar en pequeño las tropelías que en grande perpetra Bush— considera la política de recompensas que sustenta tal invitación como “un instrumento legítimo de los estados que ayuda en el proceso de derrotar el terrorismo”.

No es de extrañar entonces que esas actuaciones del gobierno de Uribe sean saludadas por el embajador norteamericano William Wood como de “importancia trascendental no sólo para Colombia sino para la lucha antiterrorista en la región andina.” Ni que Condoleezza Rice, próxima a ser confirmada en Washington como nueva secretaria de Estado no obstante sus cuestionadas credibilidad e integridad, se haya apresurado a elogiar a Uribe como “un buen socio” y a “sus políticas duras” como exitosas.

Luego de la cabal aclaración de todos los hechos y el indispensable y pronto restablecimiento de una relación de colaboración y respeto entre ambos Estados, lo que más allá de la politiquería uribista debe ser debatido y precisado a fondo, tanto aquí como en la comunidad de naciones, es que, por el mero hecho de enmarcarlos en la lucha contra el terrorismo, episodios de intervención como el que se discute con Venezuela no adquieren legitimidad en las relaciones internacionales de Colombia, empezando por las que tiene con los países hermanos de América Latina.

En cuestión de tanta monta para la fisonomía política de la nación, el MOIR rechaza lo actuado por el gobierno de Uribe y denuncia la justificación que se le quiere atribuir.

Comité Ejecutivo Central del MOIR
Héctor Valencia, Secretario General
Bogotá, enero 20 de 2005