Categoría: Tribuna Roja N° 36, Bogotá; febrero-marzo de 1980

El 1 de enero de este año, en el lugar denominado Talauta, del municipio de El Peñón, Cundinamarca, fue asesinado Leonidas Bustos, activista del MOIR.

Nuestro camarada se hallaba en compañía de su hermano Nelson, quien a su vez recibió graves heridas, cuando fue abatido por dos balazos a quemarropa, disparados por un ex policía al cual, no obstante haber sido reconocido y denunciado, las autoridades le facilitaron la fuga.

El MOIR condena el execrable asesinato de Leonidas Bustos y honra su memoria exaltando, como lo hizo un comunicado del Comité Local de nuestro Partido en Pacho, «su sencillez, su modestia, su abnegación y espíritu de sacrificio, el amistoso tratamiento con sus compañeros y su espíritu revolucionario».

El 23 de octubre del año pasado, más de 150 familias invadieron terrenos oficiales ubicados en la población de La Gabarra, corregimiento del municipio de Tibú, que está a orillas del río Catatumbo, en Norte de Santander. Inmediatamente el ejército cercó a los necesitados campesinos, los amenazó descerrajando varias ráfagas al aire e hirió a un cacique motilón que se había unido a la toma de la tierra. La actitud valerosa de hombres y mujeres echó atrás las pretensiones intimidatorias de los uniformados.

Obligado por la firme determinación de los ocupantes del lote, el alcalde se comprometió a respetar los ranchos a cambio de que invasores contrataran los servicios de un topógrafo profesional para organizar el loteo del predio. Con el apoyo del Comité Regional Intersindical del Norte de Santander, los combativos indigentes consiguieron la ayuda de un topógrafo, sin costo alguno. La superación de este obstáculo exacerbó al alcalde y al personero, quienes tenían intereses particulares en el terreno. Un hermano del personero, por ejemplo, gamonal conservador de la zona y concejal de Tibú, había cercado la mejor parte del predio, apropiándosela arbitrariamente, en las narices del ejército y sin que éste se hubiera dado por notificado. Este abuso descubrió a la población las verdaderas intenciones de las autoridades, las que habían argumentado que allí se iba a edificar una escuela pública. A golpe de rula, los colonos, los indígenas y los pequeños comerciantes hicieron saltar las grapas que sostenía las alambradas tendidas por el codicioso concejal. Con diversas argucias y amenazas, las autoridades han querido desalojar a los invasores. Pero “la vida ha comprobado que sólo la voluntad inquebrantable de actuar con intrepidez frente a la situación es lo que le ha dado hasta ahora la victoria los compañeros de “La Gabarra”. Estamos seguros de que así seguirá siendo en el futuro”, dice un comunicado de solidaridad firmado por el Frente por la Unidad del Pueblo, FUP, de Cúcuta, y por los dirigentes estudiantiles de aquella ciudad, Waldo Moreno Calixto y Álvaro Cáceres.

Cerca de 10.000 personas se congregaron en el parque Berrío en Medellín, el 22 de febrero, durante la manifestación convocada por el Frente por la Unidad del Pueblo, FUP, hicieron uso de la palabra Libardo Ramírez y Jaime Zuluaga, candidatos para el concejo de Medellín; Otto Ñañez, de la dirección Nacional del MOIR, y Jaime Piedrahita y Enrique Molinares, cabeza de lista para la Asamblea Departamental. También se leyó en el acto un homenaje de respaldo de la liga marxista-leninista al FUP.

En una emocionada celebración se convirtió el encuentro que realizaron, a finales del año pasado, en Puerto Asís, Putumayo, los integrantes de la Liga Campesina del Sur, subdirectiva de ese municipio, y los delegados del Frente Sindical Autónomo de Antioquia, Sintracreditario de Pasto y Sinaltratexas de Orito. Jesús Hernández, dirigente del Frente, se dirigió a los campesinos para expresar la alegría de haberlos podido visitar, los felicitó por su decisión de organizarse de una manera independiente del gobierno y los alentó en su lucha por la tierra. Al finalizar la intervención, Hernández hizo entrega a la liga de una motosierra, señalando que se trataba de una modesta retribución de los trabajadores del Frente Sindical Autónomo de Antioquia por los denodados esfuerzo y fatigas de los pobres del campo.

Ezequiel Alvarado, presidente de la Junta Directiva provisional de la Liga, expresó su agradecimiento y su satisfacción por la visita de los líderes sindicales. Agregó que ellos nunca olvidaban que las miras fundamentales del pueblo colombiano no serán posibles mientras no se haga realidad la alianza del campesinado y la clase obrera.

La organización campesina de Puerto Asís agrupa a los invasores que, en junio de 1977, arrebataron a los terratenientes de los latifundios “Santa María de las Misiones” y “Sociedad Terecay” un pedazo de tierra que hoy se conoce como “La comuna”. Setenta y cinco familias que allí viven y trabajan, han resistido en diversas oportunidades los violentos embates de la policía y de lo soldados de la base militar de la región, así como las provocaciones de agentes de los cuerpos secretos.

El 13 de octubre de 1979 los habitantes de “La Comuna”crearon en Puerto Asís una subdirectiva de la Liga Campesina del Sur, asociación de las gentes sin tierra que se ha extendido por varios municipios del departamento de Nariño. Apoyándose en sus propios esfuerzos y contando con la solidaridad proletaria, los miembros de “La Comuna” construyen ellos mismos caminos, empalizadas pozos, puentes, escuelas y las obras que necesitan para su progreso.

En Orito, Putumayo, centro petrolero ubicado en la frontera con el Ecuador, 32 delegados de pequeños cultivadores de distintas veredas constituyeron también otra filial de la Liga Campesina del Sur, el 10 de octubre del año pasado.

Allí los campesinos han denunciado repetidamente a la Texas Petroleum Company – empresa yanqui que saquea el subsuelo de aquella región – por la contaminación de los caños y riachuelos, lo que ha ocasionado graves perjuicios para la agricultura y la ganadería.

Haciendo uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 8ª de 1979, el Presidente de la República expidió el 22 de enero del presente año los decretos leyes números 80, 81 y 82, sobre Reforma Universitaria y reorgánicos de la Universidad Nacional y del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES.

Con los mencionados decretos se consolida un régimen antidemocrático en las universidades oficiales, se elimina por completo cualquier rescoldo de autonomía en ellas, se suprime la libertad de cátedra y, por lo tanto, se coarta la investigación y el desarrollo científico, y se reprime, a estudiantes, profesores y trabajadores. De esta manera logra el mandato turbayista lo que durante los últimos veinte años y por todos los medios trataron de imponer los gobiernos de turno; una reforma inspirada por el imperialismo norteamericano antipopular, antinacional y represiva.

Orígenes de la reforma
La legislación sobre la educación post-secundaria o superior no es otra cosa que la aplicación más acabada de todas las recomendaciones de la Misión de la Universidad de California de 1966, de la Misión de la Unesco de 1971, del Plan Decenal de Educación de la Alianza para el Progreso y del Programa del País PNUD–Unesco. Es la materialización de toda una política trazada y financiada por las agencias imperialistas desde principios de la década del sesenta, que parte del informe Atcon, sigue con la alianza para el Progreso y el Seminario de El Paso (Texas), de los cuales surge el Plan Básico de la Educación Superior. Este último, que sirve de fundamento de la reforma, fue financiado por la AID, agencia gubernamental de los Estados Unidos para la América, y contó con la asesoría de la Universidad de California.

Entre los puntos más importantes tratados por los rectores de las universidades oficiales colombianas, quienes se reunieron en la de California, invitados por la AID, tenemos los siguientes: el exceso de universidades; la tecnificación de la administración universitaria y la selección cuidadosa del personal directivo y docente para controlar la subversión estudiantil; el establecimiento de un sistema de educación superior con dos tipos de instituciones, uno para carreras intermedias y otro para carreras universitarias, coordinado por un solo organismo de planeación. ICFES. La Educación superior en Colombia. Documentos Básicos para su Planteamiento

En el mismo documento sostienen los sectores: “De poco valdrán todos los esfuerzos que se hagan para perfeccionar la educación superior si, por una parte, el estudiantado colombiano no reacciona contra las minorías extremistas… y por otra parte, el gobierno, las autoridades universitarias y los líderes de la sociedad no rechazan con mayor firmeza las actitudes débiles o complacientes hacia el desorden y el desacato de los reglamentos y las leyes.

Estas han sido, entre otras, las pautas que han orientado la legislación sobre la educación superior y que quedan plasmadas en los Decretos Leyes 80, 81 y 82 de 1980.

Como el Plan Básico careciera de una base institucional, el Ministro de Educación del gobierno de Pastrana, Luis Carlos Galán, presentó en 1971 a consideración del Congreso su plan de reforma universitaria. Esta fracasó como resultado del vigoroso movimiento estudiantil que se levantara ese año contra toda la política educativa y que a su vez conquistara el gobierno en las Universidades Nacional y de Antioquia. Pero esta corta etapa de reivindicaciones democráticas, adquiridas por la movilización masiva de los estamentos universitarios, fue cortada por Pastrana Borrero en 1972 utilizando el estado de sitio. Se inicia, entonces, una época marcadamente represiva, con la generalización de los llamados muy apropiadamente “rectores policías”.

Posteriormente, en el mandato de López, y después del efímero “experimento marxista” de la rectoría de Luis Carlos Pérez en la Nacional, viene la militarización permanente de los establecimientos educativos y la expulsión de profesores y estudiantes con los pretextos más baladíes.

Institucionalización de la autocracia
Los pocos vestigios de autonomía universitaria que aún quedaban fueron eliminados por la reforma de enero. Las universidades pierden todas las posibilidades de que sus determinaciones académicas sean tomadas democráticamente por los estamentos básicos.

El Decreto Ley número 82, reorgánico del ICFES, determina que este establecimiento público es el auxiliar del gobierno y del Presidente para la dirección, reglamentación, inspección y vigilancia de la educación superior, y le da amplios poderes para llevar a cabo dichas funciones.

De acuerdo con el artículo segundo del mencionado decreto, le corresponde a este organismo, entre otras cosas, evaluar las instituciones de educación superior y los programas de las diferentes modalidades educativas; elaborar y proponer proyectos de normas reglamentarias; suspender o cancelar los programas y determinar los contenidos mínimos de ellos, y fijar los niveles requeridos para el ingreso a las universidades, mediante “exámenes de estado” obligatorios.

Por otra parte, tenemos la estructura de dirección en los centros docentes, hecha de tal manera que le permite al mandatario de turno ejercer un estricto control sobre ellos. El rector, quien es el representante directo del Presidente de la República, queda con poderes autocráticos y domina los consejos académico y directivo.

Lo anterior le permite al Estado tener injerencia total en las actividades de los centros universitarios. Ni siquiera les deja a estos expedir autónomamente su Estatuto General, pues aunque elaborado por el respectivo Consejo Superior, debe contar para su vigencia con la aprobación del Gobierno Nacional.

Así, pese a que la palabra “autonomía” es incorporada a la legislación, lo cierto es que en la práctica desaparece por completo.

Investidos de omnímodos poderes, los rectores poseen entre las más significativas de sus funciones, las de nombrar, remover, evaluar y sancionar al personal docente y presentar ternas de candidatos para la elección de los decanos.

Antidemocrática y anticientífica
El carácter colegiado del Consejo Superior, aunque se mantiene en los decretos, y que podría significar un elemento de democracia, no pasa de ser una ilusión. El gobierno impone allí una mayoría de cinco representantes directos e indirectos suyos, contra un profesor y un estudiante.

Además de dejar a la universidad sin ningún asomo de autonomía y darle una dirección autocrática, se busca reducir a sus estamentos básicos a una situación de impotencia que les impida disentir y oponerse al asalto ideológico que en favor de los monopolios y las clases dominantes ha emprendido el mandato continuista de Turbay.

El principal instrumento para realizar esa política consiste en la clasificación de los profesores como empleados públicos de “régimen especial”, que los cataloga de dependientes de confianza, de libre nombramiento y remoción por parte del rector. Los profesores de cátedra, que constituyen la gran mayoría, no son ni trabajadores oficiales ni empleados públicos. La relación laboral de los profesores de cátedra se hace mediante “un contrato administrativo de prestación de servicios”, a término fijo, que extiende a la universidad pública la inestabilidad y la explotación propias de las universidades privadas-. El artículo 99 del Decreto 80 deja abierta la posibilidad de aplicar el mismo sistema a los de tiempo completo. Estos últimos podrán, también, verse obligados a distribuir su jornada laboral entre dos o más instituciones. Se crea la figura del traslado (utilizada en otros tiempos para perseguir al magisterio) como un factor adicional de represión y se eleva a la calificación de abandono del cargo, si dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se les comunicó el traslado, el educador no ha asumido el nuevo.

Todo lo anterior hace imposible la libertad de cátedra, una de las condiciones para el desarrollo de la ciencia. Una universidad bajo la férula del Estado, donde se ha establecido una rígida jerarquía interna independiente de un funcionario del gobierno; sin autonomía académica y con un profesorado recargado de trabajo y amenazado por la inestabilidad, no puede ser científica ni estar al servicio del país y del pueblo. El personal docente, sometido de esa manera, carece de las mínimas garantías para una libre expresión. Es por eso que la reforma ha sufrido el más amplio rechazo. Desde cuando se conocieran los anteproyectos, estudiantes y profesores, especialmente la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, y la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, se han pronunciado en diferentes oportunidades contra ella, señalando tanto su carácter antinacional, represivo y antidemocrático, como su papel de obstrucción a cualquier manifestación y avance científicos.

Todo el pueblo colombiano debe apoyar a estudiantes y profesores en su lucha contra la actual política educativa y en defensa de la autonomía universitaria; por la financiación total y adecuada de las universidades por parte del Estado; por la libertad de cátedra y de investigación; por la reivindicación del derecho de los profesores y estudiantes a participar decisoria y mayoritariamente en la dirección de los planteles docentes; por el derecho de organización, movilización y huelga de profesores y trabajadores, así como por el reconocimiento de los derechos democráticos de los estudiantes, y en defensa del derecho de elaborar autónomamente el Estatuto Docente y el Reglamento Estudiantil.

Más de un centenar de delegados constituyeron en el caserío de Betoyes, municipio de Tame, la Organización Campesina Intendencial de Arauca, OCIDA. Al importante acto asistieron además representantes del Sindicato Nacional de la Caja Agraria, de la Juventud Tameña y de la Organización Campesina del Casanare.

Marcos Pulgarín, Pedro Herrera y Bernabé Betancourt, reconocidos dirigentes agrarios de la región, hicieron uso de la palabra para resaltar el hecho de que, por primera vez en la intendencia del Arauca, se conforma una organización campesina independiente del tutelaje del gobierno y de los dos partidos tradicionales, y basada en sus propios esfuerzos. También se dirigió a los concurrentes el compañero José Daniel Rodríguez, presidente de la Organización Campesina del Casanare, quien ofreció pleno y revolucionario respaldo a la nueva entidad de agricultores de Arauca.

En la asamblea se condenó igualmente el embotellamiento que sufre la región por falta de carreteras adecuadas que la comuniquen con el centro del país, y se aprobó luchar por precios justos para los productos agrícolas, por crédito oportuno y a largo plazo, en cuantías suficientes, con bajo interés y libre inversión. Con entusiasmo, los asistentes agitaron la consigna de «la tierra para el que la trabaja» y reclamaron sus derechos a la educación y a la salud.

Un centenar de afiliados firmó el acta de fundación de OCIDA, entre jornaleros, cosecheros, aserradores, pequeños y medianos propietarios y colonos. La junta Directiva quedó integrada así: Pedro Herrera, presidente; Marcos Pulgarín, vicepresidente; Jaime Castro, secretario; David mora, tesorero; Jesús Melón, fiscal; y Paulo Eslava, fiscal suplente.

El llamado del FUP a conformar un frente de lucha contra el despotismo y el oportunismo ha encontrado eco en amplios sectores populares y revolucionarios. Muestra elocuente de lo anterior son los distintos acuerdos alcanzados por el Frente por la Unidad del Pueblo con otras fuerzas independientes y el caudal de amplios destacamentos que han entrado a engrosar sus filas.

En Casanare
El Movimiento Guadalupe Salcedo decidió, desde julio del año pasado, integrarse al FUP, “porque es el único Frente que defiende un programa que consagra los derechos de más del 90% de la población colombiana, lucha por la liberación de Colombia del yugo imperialista y sostiene la conservación de la soberanía nacional una vez ésta sea alcanzada”. El comunicado expedido en Villanueva y firmado por Camilo Amaya y Roberto Martínez señala en uno de sus apartes: “Además, en el FUP, nuestra fuerza tiene voz y voto en todas las decisiones.

En Antioquia
El 10 de noviembre último, el Movimiento de Unidad Liberal, a cuya cabeza se encuentra el dirigente Enrique Molinares, concejal de Apartadó, decidió vincularse al FUP. El MUL es una organización política independiente que tiene su asiento principal en la zona de Urabá. Al acto de formalización del ingreso de este valioso destacamento se hicieron presentes, además de Enrique Molinares, los dirigentes regionales del FUP y el MOIR de Antioquia, entre quienes se encontraban el compañero William Estrada; Francisco Mosquera, secretario general del MOIR y Jaime Piedrahíta Cardona, dirigente nacional y máximo vocero del FUP.

En Bolívar
La convención Departamental del FUP, realizada el 15 de diciembre del pasado año en Cartagena, significó todo un triunfo en el empeño por hacer del Frente un amplio y consecuente vocero de los intereses populares y nacionales. Con la asistencia de más de 300 delegados de todas partes del departamento, de líderes campesinos de Zambrano, Carmen de Bolívar, Marialabaja, Achí y muchos otros lugares más, y acompañados por Antonio Caballero, jefe del Movimiento de Izquierda Liberal y por los concejales del MOIR en Magangué, del FUP en Achí y Pinillos y la Democracia Popular en San Martín de Loba, se selló el acuerdo que hizo efectivo el ingreso del Movimiento de Insurgencia Liberal y de Enrique Hernández al Frente por la Unidad del Pueblo. Se encontraban presentes, también, en tan importante convención, Germán López de ANAPO, Andrés Pérez Batista del Movimiento Progresista Liberal, Orlando Ambrad y Avelino Niño del MOIR, Miguel Gamboa de la DP y el dirigente nacional del FUP, Jaime Piedrahíta Cardona. En su intervención, el veterano dirigente Enrique Hernández, vocero del Movimiento de Insurgencia, ratificó su decisión unitaria: “Aquí hemos venido con nuestras fuerzas a unirnos con toda firmeza al FUP, a tomar con ustedes el camino revolucionario del pueblo colombiano”. En la respectiva declaración política el Movimiento explica que entró el Frente por que éste es “el más amplio bloque de fuerzas opuestas al régimen que se haya conocido en la región”. Señala, además, que luchará por el Programa Nacional y Democrático del FUP y que adhiere a las normas democráticas de funcionamiento y a los principios del no alineamiento.

En Norte de Santander
El 7 de febrero, la Alianza Nacional Popular y el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, emitieron una declaración política conjunta que expresa la decisión de ambas organizaciones de aunar esfuerzos “para ofrecer una batalla conjunta contra el imperialismo norteamericano y la gran oligarquía liberal-conservadora, en defensa de los intereses de la nación y el pueblo colombiano”.

La declaración, que suscribe el programa nacional y democrático del FUP, las normas mínimas de funcionamiento y el no alineamiento, señala en uno de sus apartes que esta batalla se libra “descartando el engaño, la demagogia, el juego de ilusiones reformistas en que hoy se empeñan no pocas organizaciones denominadas de ´izquierda´”. Firman el acuerdo: por la ANAPO, Tarcisio Santafé, coordinador, y, Rodolfo Ortiz, vicepresidente, y quienes encabezan la lista del FUP para el Concejo de Cúcuta y por el MOIR, Álvaro Concha, secretario regional y Rafael Espinel.

En las cabeceras del río Cimitarra, sobre las márgenes de su afluente, el río Ité, jurisdicción del municipio de Yondó, se ha enseñoreado la violencia feudal. Once campesinos han sido asesinados, todo un caserío incendiado, 32 familias desalojadas de sus parcelas. En un artículo del médico Jaime Restrepo, publicado recientemente en el periódico El Mundo, de Medellín, se relata que a mediados de 1976 un pequeño grupo de desposeídos levantó en terrenos baldíos, de la margen derecha del Ité, un caserío que llamaron “Los Cámbulos”. Desde entonces se iniciaron las arremetidas del terrateniente y de sus matones, quienes arrasaron los cultivos y arrancaron de los ranchos las banderas colombianas que en ellos habían izado los colonos. Una banda de pistoleros a sueldo, al grito de “¡O entregan la tierra o se mueren!”, sembró el terror en la zona y los más aguerridos de los campesinos fueron desaparecidos o desterrados. Ni las promesas del Incora se cumplieron, ni se adelantaron las investigaciones que el alcalde ordenó. Para acorralar aún más los labriegos, el gobierno clausuró la única escuela que allí existía e instaló una guarnición militar. Por ahora, los habitantes de “Los Cámbulos” han tenido que refugiarse en las montañas, dispuestos a regresar algún día en pos de la tierra y de la vindicación de sus muertos.

Una multitudinaria asamblea que el 27 de enero congregó a siete mil trabajadores, aprobó por mayoría abrumadora el cese de actividades en la Compañía Colombiana de Tejidos, “Coltejer”, la textilera más importante del país, controlada por el monopolio Ardila Lulle. La decisión de huelga fue ratificada una semana más tarde por 106 delegatarios del sindicato de base, contra sólo dos votos en favor del arbitramento, y puesta en práctica el viernes 15 de febrero a las dos de la tarde, cuando más de 10.200 hombres conformaron poderosas barreras frente a las factorías de la empresa en Itagüí, Medellín y Envigado. Hace unos pocos meses dos subsidiarias de Coltejer – Polímeros y Furesa- fueron también paralizadas por los trabajadores.

Las conversaciones en la etapa de arreglo directo habían comenzado el 19 de noviembre y terminaron el 25 de enero, al romperse la conciliación. En el curso de estos 75 días, Coltejer sólo aceptó cinco o seis puntos secundarios, loa relativos a las becas y a primas de aguinaldo, nacimiento, aborto y muerte.

El 7 de febrero, mientras discurría la prehuelga, el Ministerio del Trabajo citó a la capital del país a los negociadores. El acceder al diálogo con los voceros de la compañía, el comité de huelga, integrado por César Ortiz, Gabriel Sánchez y Manuel Mejía, Jesús Carmona y Fernando Rodríguez, dejó expresa constancia de que viajaba a Bogotá “siempre y cuando hubiera ofertas concretas”. Estos contactos fracasaron el 15 de febrero y los negociadores del sindicato regresaron a Medellín, donde esa misma tarde se decidió anunciar la hora cero, acatada al instante por los trabajadores de todas las instalaciones de la empresa: Sedeco, Doña María, Coltehilos y Planta de Acabados, en Itagüí, Coltefábrica, en Medellín y Rosellón en Envigado.

Es esta la tercera huelga en la historia de Coltejer. En 1962 los obreros de Rosellón efectuaron un primer paro de trece días y en 1967 los de Sedeco lograron resistir siete semanas.

Desde noviembre del año pasado el Teatro Libre de Bogotá está presentando su montaje de El Rey Lear, de William Shakespeare, que constituye una de las realizaciones más notables en la historia del arte dramático en Colombia. Dirigidos por Ricardo Camacho y Germán Moure, los 22 actores del grupo y 5 músicos del conjunto “Son del Pueblo” acometieron, desde mediados de 1978, la ardua tarea de llevar a escena esta célebre tragedia del poeta de Straford, poniendo todo su empeño y sus capacidades en cada uno de los detalles, desde la traducción realizada por Jorge Plata, Alberto Salom y Esteban Navajas, hasta la utilería. Vincularon a Enrique Grau, reconocido artista plástico, como diseñador de la escenografía y el vestuario; encomendaron la confección de las telas a Marlene Hoffman; contaron con la colaboración del compositor Eduardo Carrizosa y del director Mauricio Rodríguez en la parte musical, y con la de Jorge Enrique Viloria en la coordinación de las escenas de combate, conformando un verdadero equipo profesional de trabajo cuya exitosa labor artística ha sido ampliamente reconocida.

Como la presentación de El Rey Lear, del TLB fue todo un acontecimiento cultural en Bogotá y sus realizadores han recibido toda clase de elogios, Tribuna Roja quiso conocer las opiniones de los compañeros del grupo sobre el particular:

“Un paso más de cualificación”
Este montaje ha significado, según lo declaran todos los que en él participaron, un perfeccionamiento de sus capacidades escénicas, un aprendizaje desde el punto de vista de la dramaturgia y la elaboración de personajes, y un estímulo a su labor de investigación y conocimiento de la historia. Tal elevación del nivel artístico y cultural, agregan, tiene como fin la consolidación del propósito que anima al grupo desde su fundación, hace siete años, construir un arte que recoja fiel y hermosamente la impetuosa lucha del pueblo colombiano por labrar su propio destino, y ser un digno destacamento de la nueva cultura.

No obstante este empeño, que ha caracterizado toda la trayectoria del Teatro Libre, los voceros oficiosos de la reacción en el campo del arte se han apresurado a proclamar, con mal disimulada alegría, que el montaje de EL Rey Lear significa una ruptura del grupo con lo que llaman “teatro panfletario”, y que “Shakespeare sí es arte”. Otros comentaristas se han atrevido a señalar que en las obras que recogen la vida de las masas populares de nuestro país y exaltan sus gestas históricas, ha prevalecido “una concepción maniqueísta de la política sobre las posibilidades pluridimensionales del arte”, y otras aseveraciones del mismo tenor. ¿Existe en verdad un tal cambio de rumbo?. Los propios integrantes del TLB contestan a esa pregunta.

Germán Moure, codirector del Lear, es enfático en su respuesta: “Nunca hemos hecho arte de panfleto, eso es una calumnia. Lo que hemos hecho es teatro realista, de manera que este montaje no significa una ruptura de ninguna especie, sino un paso más en el camino de nuestro estilo”. Los actores Héctor Bayona y Humberto Dorado, miembros del TLB desde 1973, lo secundan y se muestran orgullosos de que de las 16 obras que han llevado a escena 13 han sido escritas por dramaturgos del grupo, tratan sobre las luchas populares en nuestro país y han sido presentadas en giras nacionales “durante las cuales, dice Bayona, nos vinculamos con las gentes del pueblo”. “Lo que sucede, agrega Dorado, es que después de la experiencia del montaje de esta obra clásica nuestras creaciones serán mejores, más ricas y más efectivas en cuanto al objetivo de hacer un arte que ayude a despertar, unir y educar a las amplias mayorías”.

“El pueblo se merece lo mejor”
Los integrantes del grupo concuerdan unánimemente en este aspecto. Jorge Plata, quien encarna a Lear en la tragedia de Shakespeare, manifiesta: “Este trabajo nos ayudó a manejar mucho mejor las herramientas del quehacer teatral, y creo que ahora podremos lograr representar en forma más compleja y viva los personajes sacados de la vida de las masas, labor ésta de la mayor importancia para la dramaturgia nacional”. La actriz Livia Ester Jiménez explica que “en esta obra aprendimos la importancia de estudiar y reflexionar sobre los ademanes, características, gestos y costumbres de gentes del pasado. Anteriormente quizá nos limitábamos a la observación inmediata de los caracteres populares; ahora, uniendo el contacto con las masas y esta dimensión de estudio y trabajo de los personajes, seguramente produciremos caracterizaciones mejor logradas en nuestras propias obras”.

De la misma manera Esteban Navajas, autor de La agonía del difunto, sin duda la más destacada obra revolucionaria del repertorio del Teatro Libre, relieva las enseñanzas que le dejó el contacto con Shakespeare en cuanto a la utilización del lenguaje y el manejo de la trama, entre otros aspectos. Y Bruno Díaz, miembro del “Son del Pueblo”, cuenta que en su trabajo al lado de los actores, el conjunto se vio obligado a profundizar en el estudio de la música y a aprender el manejo de instrumentos que antes no dominaba. “El pueblo se merece lo mejor, concluye, y por lo tanto la música que cante sus luchas y su vida debe ser de la mejor calidad posible”.

Aprender del pasado para que sirva al presente
Por su parte Ricardo Camacho, director general del TLB, ratifica lo manifestado por actores, músicos y dramaturgos acerca de la cualificación cultural y artística que con este trabajo se buscó, y declara: “Tuvimos diversas dificultades para el montaje; en primer lugar, las traducciones existentes de la obra usaban el español empolvado y retórico, y tuvimos que recuperar el espíritu del original, su alternación entre el verso y la prosa y la fuerza de su lenguaje, bello pero también directo y accesible al público. En segundo término, los problemas propios del grupo, fruto de las condiciones en que se desenvuelve nuestro teatro, sin tradición ni secuelas de formación. Aquí se aprende haciendo, y de ahí se derivan los desniveles que se pueden ver en la actuación, pero la participación en el montaje y el mismo desarrollo de éste a lo largo de las fundaciones procura subsanarlos. A ello hay que agregar la poca desenvoltura de la mayoría de las actrices, lo cual motivó que vinculáramos a las siete compañeras del TLB para sólo 3 papeles femeninos. A medida que la pieza se presente, con seguridad adquirirán mejor nivel.

Respecto de los comentarios de la prensa de la oligarquía sobre un pretendido abandono del “teatro político”, Camacho expresa: “Por supuesto que en relación con el teatro que nosotros hemos hecho y seguiremos haciendo, nacional y popular, Shakespeare es un autor al que debemos asimilar críticamente. Si bien sus obras dramáticas reflejan de manera genial las condiciones de la Inglaterra de su época, mostrando la corrupción y decadencia de la aristocracia feudal, y recogen las aspiraciones de la burguesía de entonces, también es cierto que él fue un cantor de la Corte, consentido de la reina Isabel y del rey Jacobo I, quienes le pagaban para que los divirtiera. Era una expresión de su época, si se quiere auténtica e inigualable, pero precisamente por ello limitada históricamente. Por lo tanto, la visión de Shakespeare sobre la sociedad resulta, en nuestros días, radicalmente diferente de la que tienen los sectores revolucionarios”.

El director del Teatro Libre, pone de presente refiriéndose en concreto a la obra: “En el caso específico de El Rey Lear es necesario aclarar algunos aspectos. Shakespeare vivió la época de los monarcas absolutos, y esta tragedia ocurre mucho antes, en tiempos de la gestación de la monarquía inglesa, cuando los reyes aún no tenían un poder unificado y precisamente luchaban por lograrlo. Sin embargo, Lear no tipifica esta tendencia centralizadora, sino que está colocado a contrapelo de la historia, pues decide repartir sus dominios, lo que se constituye en fuente de sus desgracias. Por otra parte, esta pieza exalta valores francamente regresivos; por ejemplo, respecto de la justicia de los poderosos o de las “bondades” del servilismo, expuestos desde el punto de vista de las clases dominantes y opuestos a las concepciones revolucionarias de las masas. De manera que, para nosotros, la enseñanza de Shakespeare proviene de sus aportes al arte dramático y en consecuencia montamos el ‘Lear’ tal y como fue concebido, sin tratar de aprovechar elementos como la visión de la lucha por el Poder o de la disolución de la familia feudal para hacer referencias ‘de actualidad’”.

Finalmente, Camacho precisó los objetivos de los camaradas del frente cultural respecto del montaje de El Rey Lear y también de su trabajo futuro: “Buscamos dar a conocer a Shakespeare, como motivo de elevación cultural para los sectores avanzados del pueblo y de superación de nuestro propio nivel, con el fin de aprender de los artistas del pasado y seguir poniendo nuestras capacidades al servicio de lo nuevo”.