En el V aniversario de su muerte: EL PENSAMIENTO DE MOSQUERA GUÍA LA LUCHA REVOLUCIONARIA

Camaradas y amigos:

El 1º. de agosto de cada año, desde 1994, nos hemos venido reuniendo en este sitio, la tumba del camarada Francisco Mosquera, para rendir homenaje a su memoria y reafirmar nuestra fidelidad al revolucionario marxista más importante de nuestra nación.

El Comité Ejecutivo Central del Partido me ha encomendado la tarea de llevar su vocería en este V Aniversario de su muerte.

La ocasión es propicia para reafirmar dos aspectos de la grandiosa obra del camarada Mosquera, que él desarrolló con el rigor propio de los grandes maestros del proletariado.

El primero es la construcción del MOIR, un partido marxista-leninista, que a su muerte dejó extendido a nivel nacional, dotado de una base teórica sobre los problemas de la revolución colombiana, estatutos, programa y centenares de cuadros fuertemente imbuidos de su posición que practican los métodos que él aplicó y enseñó. El segundo, es la caracterización precisa que hizo del período de recolonización que sobre los pueblos de América Latina y los países pobres del mundo adelanta en las últimas décadas del Siglo XX el imperialismo norteamericano. El análisis y síntesis de este período es el aporte más importante hecho al marxismo por un revolucionario de nuestra patria.

Construir este Partido fue la realización práctica fundamental de su vida y una obra titánica si se examinan todas las tendencias que hubo de derrotar en ese propósito. De allí que la lucha por mantener el rumbo proletario del Partido deba ser la principal preocupación de los legítimos herederos de Mosquera. Este empeño lo hemos mantenido desde su temprana muerte. Junto a la imposición de las políticas neoliberales, el imperialismo norteamericano, ha traído consigo una ofensiva en lo ideológico, que condena el marxismo, descalifica la lucha de clases y, el concepto de soberanía y autodeterminación. Además, utiliza una profusa propaganda negra que distorsiona las experiencias socialistas al meterlas en el mismo saco con las traiciones revisionistas. Todo con el fin de infundir pesimismo, desgano y resignación en los revolucionarios y patriotas.

Sin duda las deserciones que desde la muerte de Francisco Mosquera ha sufrido nuestro Partido son debidas a la influencia de estas nefastas ideas. Prueba de ello es el relajamiento respecto a los preceptos leninistas que rigen en el Partido: la violación de los estatutos y la disciplina, y el disgusto por el centralismo democrático. El mismo origen tiene el reclamo de las fracciones pidiendo que se les admita su presencia como grupos dentro del Partido o la novedosa teoría de que el centralismo no es el sometimiento de la minoría a la mayoría sino el lograr que las tareas y políticas se adelanten con base en el consenso y los acuerdos. Estas prácticas burocráticas y liberales se tornan en nicho apropiado para posiciones derechistas. La conciliación, el pesimismo ante el combate y la resignación ante la ofensiva imperialista, que hoy algunos dirigentes quieren hacer prevalecer en importantes sectores del movimiento sindical, tienen su explicación en el abandono y rechazo de los criterios leninistas.

Ponernos al frente de las distintas batallas que la población libra contra el imperialismo demanda cualificación de los cuadros y de la militancia. Como lo señalara Mosquera desde 1990 y como lo ha ratificado el actual Comité Ejecutivo Central, con el camarada Héctor Valencia a la cabeza, es perentorio rectificar el estilo de trabajo, apegarnos al funcionamiento con el centralismo democrático como eje, asimilar las tradiciones revolucionarias, en fin, observar con rigor los estatutos, el programa y la disciplina. Eso nos permitirá crecer y extender nuestra influencia para imprimirle una dirección acertada a los brotes de rebeldía de las masas, conducirlas por el sendero de la resistencia a la recolonización imperialista. Sólo así se logrará la liberación nacional y el avance de la revolución en Colombia.

En cuanto al segundo aspecto, el camarada Mosquera caracterizó magistralmente el período posterior a la caída de la Unión Soviética como el de la recolonización gringa. Sin este esclarecedor concepto que caracteriza los designios del imperio norteamericano en lo económico, político, militar e ideológico, los marxistas y revolucionarios de todo el mundo no podremos acertar en la conducción de la revolución y las batallas no sobrepasarán el marco economicista. El asunto es entender que la recolonización es la nueva forma que toma la dominación imperialista, todavía más brutal y expoliadora que las anteriores y que el problema sólo lo resuelve una revolución de nueva democracia.

En el discurso de apoyo del MOIR a la candidatura del desaparecido dirigente liberal, Durán Dussán, Mosquera señaló, refiriéndose a la apertura económica, ¿y qué pretenden los monopolios norteamericanos con la promoción de todo este desbarajuste? Evidentemente sentar los reales en Latinoamérica, su retaguardia, en cuyos límites y opulentos espacios piensan definir la supremacía del mundo, una guerra más endiablada que las de sangre y fuego. Van tras el mercado, tras los recursos básicos, pero fundamentalmente van tras la mano de obra barata, el arma secreta que decidirá esta guerra. Definió así de manera preclara la envergadura de la batalla y la responsabilidad principal de la clase obrera para librarla. Este asunto es de vital importancia, porque la corriente conciliadora en boga -buscando que el movimiento obrero y los sindicatos se desatiendan de sus deberes de clase – se desmonta por las orejas diciendo que la defensa del patrimonio estatal es deber de todos los colombianos, que la Caja Agraria la debieron salvar los usuarios, que el costo de la reforma laboral lo cargarán las organizaciones sindicales si se retiran de las mesas de concertación, que Paz del Río no lo liquidan porque los hornos se dañan si los apagan. Son sandeces, declaraciones bobaliconas y posiciones blandengues ante la política agresiva y desaforada de los Estados Unidos. La ofensiva imperialista exige de los dirigentes una postura consecuente de denuncia y confrontación que arme ideológicamente a las masas y las oriente hacia la lucha general.

Pensar que el asunto se resuelve sólo o principalmente, con memoriales, foros, firmas de parlamentarios, declaraciones de personalidades, plebiscitos, etc., es una desviación derechista. Toda conducta que desprecie o deseche las huelgas y los paros, sectoriales o generales, será un atentado contra los derechos de los trabajadores y la soberanía de la nación. Los ejemplos a seguir – que han mantenido en alto la moral de la población – son, entre otros, la huelga de Telecom de 1992 que salvaguardó temporalmente la empresa, los consecutivos paros de Fecode y la USO que han menguado la privatización de la educación pública y el petróleo, los recientes paros de los trabajadores estatales y la batalla de los productores del campo, liderada por la Asociación por la Salvación Agropecuaria.

No podemos ser ingenuos. Las imposiciones del FMI son categóricas y la docilidad de Pastrana es evidente. ¿Acaso alguien puede creer la declaración del Presidente de la República rechazando la intervención militar norteamericana, mientras en el Putumayo se rescataban los restos de los militares gringos muertos en el accidente de un moderno avión de guerra y espionaje que rondaba la región oriental del país con el visto bueno de los altos mandos civiles y militares de Colombia? Como de esa misma laya son sus declaraciones de concertación y respeto de los derechos adquiridos de los trabajadores, ¿qué razón habría para tener expectativas en los resultados de las Mesas Permanentes de Concertación? El asunto es crucial: el movimiento sindical pelea o lo arrasan. No combatir y ser golpeado traería graves repercusiones sobre la moral del resto de la sociedad para librar la batalla contra el imperialismo. Y, al contrario, la lucha erguida movilizaría inmensas fuerzas hoy dormidas en las fábricas, parcelas y barrios populares de nuestra patria.

Mosquera señaló con respecto a la calidad de la lucha a librar: Si los colombianos anhelan preservar lo suyo, sus carreteras, puertos, plantaciones, hatos, pozos petroleros, minas, factorías, medios de comunicación y de transporte, firmas constructoras y de ingeniería, todo cuanto han cimentado generación tras generación; y si en procura de un brillante porvenir, simultáneamente aspiran a ejercer el control soberano sobre su economía, han de darle mayores proyecciones a la resistencia iniciada contra las nuevas modalidades del vandalismo de la metrópoli americana, empezando por cohesionar la ciudadanía entera, o al menos a sus contingentes mayoritarios y decisorios que protestan con denuedo pero en forma todavía dispersa. Tenemos a la orden del día los pleitos más decisivos en el movimiento sindical y en el sector agropecuario, pleitos que cada vez serán de mayor intensidad, amplitud y calidad, y el Partido ha de emplearse a fondo en ellos. El comportamiento que requerimos de la militancia es de verdaderos comunistas; el liberalismo y el burocratismo y la conciliación son un impedimento para cumplir nuestras obligaciones. !Desterrémoslos de nuestras filas y pongámonos más exigentes respecto a los deberes y métodos revolucionarios propios del Partido¡

La situación está a nuestro favor. El intervencionismo de los Estados Unidos, su ofensiva económica y la descarada injerencia en los asuntos de la paz han hecho brotar la resistencia en diversos sectores sociales. Poder contar con un Partido construido y educado por Mosquera será fundamental para la ampliación, avance y triunfo de esa resistencia. Actuemos entonces en consecuencia.

Camarada Francisco Mosquera: hoy, a cinco años de tu desaparición, los moiristas nos comprometemos una vez más a no escatimar esfuerzos para continuar tu obra.

“GRANDE POR SU HONESTIDAD INTELECTUAL, POR SU SABER POLÍTICO, POR SU GENEROSO ESPÍRITU REVOLUCIONARIO”

Así como en un principio no vacilé en marchar en las filas del anapismo revolucionario, disuelto este importante capital político del país apoyé al Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, que sigue siendo el de mis convicciones y que me llevó en el año de 1978 a ser su candidato presidencial bajo las banderas del que allí se formó con el nombre de Frente por la Unidad del Pueblo, FUP. Desde aquí rindo mi más caluroso tributo de afecto, de agradecimiento y de admiración a todos los hombres y mujeres que me acompañaron, me estimularon, me enseñaron y de quienes aprendí a no retroceder en estas lides tremendas en que desfallece tanto corazón que se creía invencible en el encuentro con la vida. Suya es la presea que hoy me entrega el Congreso, y yo se la dedico a ellos con toda el alma. Entre ellos, hay uno, el primero, grande por su honestidad intelectual, por su saber político, por su generoso espíritu revolucionario, desaparecido tempranamente, cuando el país aún no había asimilado los grandes frutos que podría recibir de su vida fecunda: me refiero al inolvidable Francisco Mosquera.

Ninguno como él alcanza sus dimensiones de apóstol y místico, de adelantado de una causa, hombre de luz y de batalla; su jornada de conductor polémico no solamente lo residencia en la egregia categoría de los fundadores de partido, sino que lo proyecta armoniosamente sobre la vida universal, de la lucha y del pensamiento. Qué jornada tan inmarcesible, qué poder de adivinación, qué espíritu procero, que cálido corazón envuelto en llamas. Y qué esplendorosas sus dos facetas de fortaleza y de dulzura. Nuestro fascinante Rubén Darío dijo una vez sobre Antonio Machado esto que yo repito sobre Francisco Mosquera: «Fuera pastor de mil leones y de corderos a la vez, conduciría tempestades o traería un panal de miel». Así lo he concebido siempre, en ese armonioso choque espiritual.

Una gran satisfacción siento en esta hora: haber luchado por lo que amé, haberlo hecho siempre sin desmayo, no haber traicionado nunca mis convicciones y sentimientos, haber mantenido una sola línea de pensamiento y de acción, a toda costa, desafiando la discriminación, el prejuicio, el halago, la retaliación. Hoy, al final de esta jornada llena de incidencias y de encrucijadas, puedo proclamar que siempre fui fiel a mis primeras emociones, a mis primeros sueños, a mis primeros ídolos, a esos valores sagrados que enarbolé y proclamé en las ebriedades intelectuales de la primera juventud, al lado de los grandes amigos como Hernando Olano Cruz, del gran maestro Antonio García, de José Jaramillo Giraldo y de Mario Montoya Hernández, y al lado de los grandes talentos que el destino puso en mi primera senda y en compañía de los cuales encendí los primeros fuegos de mi vocación. Esta fidelidad, esta coherencia, esta consecuencia entre mis principios y mis actos es el mensaje que yo quiero rescatar con la venia de ustedes como síntesis de mi trayectoria política y de mi vida.

El presidente de la CUT afirma: LA AGENDA EU-PASTRANA: AJUSTE ECONÓMICO, NARCOTRÁFICO Y PAZ

Tribuna Roja tuvo la oportunidad de entrevistar a Luis Eduardo Garzón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, para conocer su opinión sobre los más palpitantes problemas de la actualidad nacional.

Tribuna Roja. En su criterio, ¿está ya en marcha la intervención norteamericana en el país?

Luis Eduardo Garzón. Participé en una serie de seminarios sobre el tema de la paz con altos funcionarios del Departamento de Estado y del Banco Mundial. El primero de ellos fue el llamado Proyecto Houston. Ellos, muy hábilmente, nos advirtieron a los participantes que no se querían meter en nada; sólo deseaban conocer. Todo en la perspectiva de una solución política negociada al conflicto. Del Proyecto Houston salió un segundo encuentro, la Reunión de Cartagena. Después vinieron la discusión de Boston, en que participaron los Cacaos, y la de Villa de Leyva. Se trataba, decían, de crear escenarios posibles.

Desde hace dos años, el país se ha ido acostumbrando a la intervención norteamericana. Ya se ve como natural que nos visite un día el general Wilhelm, al siguiente McCaffrey y después los altos voceros del Departamento de Estado. Antes, un Juanchaco producía reacciones de fondo. Ahora pocos se mosquean. Se habla hasta de intervenciones «humanitarias».

TR. No hace mucho se anunció el acuerdo del régimen de Pastrana con el FMI. ¿Qué implicaciones tiene en el tema de la Reforma Laboral?

LEG. El gobierno necesita alargar las jornadas de trabajo, con salarios más bajos y con gente más joven o, en otras palabras, cobrarles a todos los colombianos, y no solamente a los trabajadores, el costo de lo social. ¿Cómo ha tratado de concretarlo? En cinco proyectos básicos. Uno, el de la flexibilización; dos, el de la seguridad social, con aumento de la edad de pensión y las cotizaciones; tres, el de las transferencias a municipios y departamentos; cuatro, el del proyecto 219, que niega la contratación colectiva en el sector público y elimina la retroactividad de las cesantías, y cinco, el que recorta la contratación colectiva en el sector privado. Los cinco proyectos, claro está, en función de la apertura económica, como política central, con todas sus secuelas: quiebra de la producción nacional y deterioro enorme de los ingresos de los colombianos. Aumenta el endeudamiento, que ya se come 36% del presupuesto, se incrementa el servicio de la deuda y el sector financiero entra a pelearse los enormes recursos de la seguridad social. Se mantiene el alto nivel de importaciones y el desempleo se dispara por encima del 20%.

TR. En las negociaciones que las centrales están adelantando con el gobierno, ¿qué posibilidades hay de frenar esta arremetida?

LEG. Ninguna. Cada uno está preparando su salida, procurando que los costos políticos sean mínimos. En la Comisión de Concertación lo único que ha hecho el gobierno es presentar un pliego contra los trabajadores. A los asalariados les piden todo, incluso que abandonen sus conquistas históricas, como la contratación colectiva, la jornada máxima de trabajo y la indemnización por despido injusto. El gobierno ha exigido incluso desmontar los aportes al Sena y a las Cajas de Compensación. ¿Y de salarios? Cero. De manera que aquí no hay nada. Mientras el gobierno sigue empeñado en que hay que disminuir el gasto público por la vía de reducir los ingresos de los colombianos, nosotros señalamos que lo único que resuelve el problema es que se modifique sustancialmente la apertura económica. Hay en la mesa dos posiciones antagónicas que no permiten negociación alguna.

TR. ¿Se puede hablar entonces de una ofensiva que apunta a liquidar al movimiento obrero?

LEG. Aclaremos: al movimiento obrero no lo van a poder liquidar jamás. Siempre habrá clase obrera, siempre habrá huelgas, siempre habrá formas asociativas. Lo que Pastrana busca liquidar es la estructura sindical. Cuando intenta imponer la ley de la selva y que sean las nuevas formas de contratación laboral, completamente desregularizadas, las que generen sus propias normas, sin convenciones colectivas y con jornadas hasta de 18 horas, lo que persigue en últimas es acabar con la interlocución de los sindicatos. Las centrales obreras entraríamos en una etapa muy grave de crisis.

TR. Mucho peor si a lo anterior se suma el cierre de entidades como la Caja Agraria. ¿Qué opina usted de eso?

LEG. Ahí está resumida la política de privatizaciones y apertura. Primero, por la forma como se hizo, sin respetar ningún derecho adquirido ni espacio alguno de negociación, y desconociendo por completo al campesinado. No le importó al gobierno que quedaran por fuera del sistema casi trescientos municipios. Y, lo segundo, porque tampoco les importó que se vieran perjudicados ocho mil trabajadores y miles de cuentahabientes. Es de todas modos una enorme lección para el movimiento sindical. En esos coletazos del dragón, la posibilidad de negociar con el gobierno siempre ha de darse sobre la base de profundizar al máximo la protesta.

P. Pasando a otro tema, ¿qué posición tiene usted sobre la política de paz de Pastrana?

R. El gobierno trabaja cuatro agendas: una, la del Caguán; otra, la del Fondo Monetario Internacional; otra, la del Congreso, y la última, la del movimiento social. El gobierno las desarrolla dependiendo de sus necesidades. Pero resulta que la del Fondo es la prioritaria. Al aplicarla, Pastrana reproduce el comportamiento de Belisario Betancur: lleva a cabo un ajuste drástico, pero cuidando al mismo tiempo de dar ante el país la impresión de que está propiciando espacios de diálogo. A ello se le agrega el interés de este gobierno en acatar la agenda antinarcóticos de Estados Unidos.

Yo les resumiría entonces las prioridades del gobierno con estas tres palabras: ajuste, droga y paz. Hay de por medio, además, los compromisos con los grupos financieros nacionales, desde luego, con los más fuertes. De esta manera, la política de paz de largo plazo se convierte en política de un día, pues depende en buena medida de las presiones que se ejercen sobre el gobierno.

Pero hay un hecho evidente: la actual política de paz pone en grave peligro la soberanía de la nación. La tendencia es a balcanizar el país. Nosotros le apostamos a la solución política del conflicto armado, siempre que no destruya la unidad nacional y mientras respete la soberanía. Y, además, mientras no se convierta en un elemento de distracción frente a los problemas fundamentales de la sociedad.

De ahí que en las mesas de negociación, vamos a presentar nuestras propias propuestas. Pedimos, en resumen, que se respete la autonomía del movimiento sindical.

P. ¿Qué diferencias ve usted entre el Paro Cívico librado por el pueblo contra López, en septiembre de 1977, y el que ustedes promueven?

R. La pelea es ahora de una dimensión mucho mayor, pues rechaza todo un modelo económico y su base social es más amplia. No es sólo el movimiento sindical el que está amenazado; son la industria, la producción agropecuaria, la vivienda, atenazada por el Upac, la educación y la salud públicas, en medio de la más grande recesión que haya vivido el país en muchas décadas.

Otro hecho de bulto es que en este momento libramos la pelea social en medio del creciente intervencionismo gringo y de un conflicto armado cada vez más intenso.

TR. ¿Cuáles son los objetivos del paro?

LEG.El pliego por sector podría ser interminable. Pero hemos dicho que debe haber un aglutinante central. Lo que estamos exigiendo es que el gobierno modifique sustancialmente su modelo económico de apertura, en especial los procesos de ajuste, que implican una drástica reducción de los ingresos, el desmonte de los derechos adquiridos, la quiebra de la producción nacional y la privatización de lo poco que queda por privatizar. Ahí está la esencia del problema. Es el tema central alrededor del cual debe empezar cualquier negociación.

TR. ¿Qué duración tienen prevista ustedes para este movimiento?

LEG. El paro va más allá del 31 de agosto. Lo que pueda durar, dependerá de la profundidad de la protesta.


Luis E. Garzón:

“El Frente Político y Social, hacia una gran confluencia democrática”

TR. ¿Cuál es la idea, compañero Garzón, del Frente Político y Social que usted viene promoviendo?

LEG. Hay tres temas que en nuestra opinión pueden convocar un movimiento alternativo. Uno, el de la paz. Un proceso de paz que parta del respeto a la soberanía y a la unidad territorial y que sea capaz de confrontar métodos como los del secuestro y la pesca milagrosa, a más de la campante impunidad, el magnicidio y el genocidio. El segundo tema es el rechazo al modelo neoliberal. Y el tercero, el repudio a la Reforma Política y, a la vez, el planteamiento de nuevas formas de mirar la política.

Le estamos haciendo al país una propuesta que tiene en su forma organizativa cuatro elementos integrantes: uno, cada organización política sigue funcionando como tal, es decir, no tiene que desarticularse; dos, lo mismo ocurre con los movimientos sociales, que conservan su identidad; tres, se respeta la enorme dinámica de los movimientos regionales, y cuatro, las personalidades democráticas, que tienen su propio acumulado, como dirigentes políticos o gremiales, académicos, dirigentes empresariales, intelectuales y profesionales, gozarán de su propio espacio.

Éste no es un proceso sólo para hacer análisis de coyuntura, sino que incluye la participación política y, obviamente, la perspectiva electoral.

Hay ya consenso sobre los temas fundamentales y una primera confluencia de sectores, como el de la Asamblea Ciudadana por la Paz, que dirige Rosemberg Pabón; el de la Corriente de Renovación Socialista; el MOIR; el de quienes se mueven en el campo social, como es el caso de las centrales, y el del Foro Alternativo, que aglutina a la izquierda tradicional, además de otros, que aunque no hacen aún parte integral del Frente, se han estado acercando.

¡TODOS AL PARO GENERAL EL 31 DE AGOSTO!

A un año del gobierno de la «Alianza para el Cambio» el país continúa su rumbo al abismo, lo cual obliga a los patriotas, en medio de la violencia generalizada que vivimos, a defender un programa que salve a Colombia, pues desde el 7 de agosto de 1990 los asalariados, a través del movimiento sindical, advertimos la suerte que le esperaba al país a partir de la apertura económica.

Los afectados: obreros, campesinos e indígenas; trabajadores informales, empresarios de la ciudad y el campo, desempleados, pensionados, transportadores, viviendistas, mujeres y jóvenes, intelectuales, profesionales, personalidades, organizados o no en sindicatos, gremios, asociaciones cívicas, comunales y movimientos o partidos políticos, que son la esencia de la nación, en ejercicio de los derechos democráticos de movilización y protesta, hemos acordado la realización de un Paro General a partir del próximo 31 de agosto de 1999.

Razones y objetivos del paro

Servirá para explicar al país las razones de nuestra lucha y su objetivo central será el rechazo al presupuesto que se pretende imponer al país, por mandato del Fondo Monetario Internacional, para favorecer la política económica neoliberal al servicio de los grandes monopolios, fundamentalmente norteamericanos.

Las medidas tomadas y los proyectos que promueve el gobierno de Andrés Pastrana servirán para profundizar la pérdida de la soberanía nacional y acrecentar la ruina del país.

Para los trabajadores es definitivo el desarrollo y consolidación de un verdadero proceso de paz, que se fundamente en la justicia social. Reiteramos nuestra posición de lograr una solución política del conflicto armado y el rechazo a todas las formas de violencia, a los secuestros, las masacres, las desapariciones forzadas, los atentados, los genocidios, abogando porque los actores de la guerra respeten a la población civil y acaten las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Exigencias democráticas del pueblo colombiano

Hechas trizas las esperanzas de paz y de trabajo que abrigaron millones de colombianos en la administración de Pastrana, en medio de la sorpresa e indignación causada por la intromisión cada vez mayor de la Casa Blanca en los asuntos internos del país, al punto que sobrevuelan nuestros cielos aviones de guerra comandados por militares gringos, crece hoy en nuestra patria la más amplia unidad de los colombianos para levantar exigencias democráticas ante el gobierno y su parlamento, las cuales han sido planteadas y defendidas por el movimiento sindical en representación de todos los inconformes, en la Comisión Constitucional de Concertación Laboral.

Ellas se resumen en un cambio de la política presupuestal y económica oficial que permita:

1. Una moratoria de la deuda pública interna y externa, mientras se exige su condonación, para aumentar la inversión presupuestal en las áreas de seguridad social y en recursos para los entes territoriales e inversión en las zonas rurales.

2. Control a toda clase de importaciones que lesionan la producción agropecuaria y la industria nacional y estímulo a los pequeños y medianos propietarios, incluyendo a los transportadores y a empresas estratégicas, como Acerías Paz del Río, entre otras.

3. Reestructuración del Banco de la República para devolver al Estado el control de la política monetaria, crediticia y cambiaria, y recuperar el control sobre el régimen de inversión extranjera que favorezca al país.

4. El retiro de todos los proyectos como el de Reforma Laboral, a la Seguridad Social, el 219 y otros que atentan contra la paz laboral y social, que recortan derechos adquiridos de los trabajadores y la estabilidad de los funcionarios públicos.

5. La suspensión de todo proyecto de privatización, liquidación, fusión o reestructuración de empresas o entidades del Estado como el ISS, SENA, Ecopetrol, Telecom, ETB, Emcali, EPPM-Medellín, Acueducto de Bogotá, Bienestar Familiar, Banco Central Hipotecario, licoreras, aeropuertos, Dirección Nacional de Equidad para la Mujer, y la restauración de los derechos a los campesinos y a los trabajadores afectados por el cierre de la Caja Agraria.

6. La congelación de tarifas de los servicios públicos y del precio de los combustibles y restablecimiento de los subsidios para los servicios domiciliarios.

7. Aumentos salariales por encima de la inflación e implementación de planes de vivienda que terminen con la especulación del UPAC y que estén al alcance de los viviendistas.

8. Suspender cualquier acción encaminada a debilitar las Cajas de Compensación Familiar, el SENA y Bienestar Familiar como se pretende con la reducción de los aportes parafiscales, entidades que prestan servicios sociales a millones de colombianos.

9. Refinanciación del sector educativo, descongelación del situado fiscal, refinanciación del Fondo de Prestaciones del Magisterio, derogatoria de los convenios de desempeño impuestos por el Ministerio de Hacienda a los departamentos y municipios, y respeto a los derechos adquiridos de los educadores.

10. Garantías democráticas para ejercer el derecho de organización, protesta, movilización y la defensa de los dirigentes sindicales y populares.

Organización y duración del paro

En todo el territorio nacional, desde las veredas y barrios, en pueblos y ciudades, comunas y fábricas, sindicatos y gremios, centros educativos y culturales, con la más amplia participación de todos los sectores, se vienen constituyendo los comandos de paro, que estarán al frente de la lucha, coordinados por los comandos departamentales y el comando nacional.

La duración del paro depende de la intransigencia que mantenga el gobierno en la Comisión de Concertación y en el Parlamento, para dar respuesta a las peticiones democráticas de los que aspiran a una patria próspera, soberana y en paz.

31 de agosto: un paro por la dignidad nacional

Convocan:

Comando Nacional de Paro

Organizaciones sindicales

CUT: Luis Eduardo Garzón, presidente, y Héctor Fajardo Abril, secretario general. CGTD: Julio Roberto Gómez Esguerra, secretario general, y Percy Oyola Paloma, vicepresidente. CTC: Apecides Alvis Hernández, presidente, y Miguel Morantes, secretario general. CPC: Jesús Ernesto Mendoza, presidente, y Fortunato Lozano, secretario general. Fecode, Fenaltrase, Utradec, Fenasibancol, UNEB, Sintracreditario, Sintraiss, Anthoc, Asmedas, Sindes, Anec, Asdoas, Andec, Asemil, USO, Sittelecom, ATT, Sintraelecol, Sindesena, Sinaltrabavaria, Asonal Judicial, Asdecol, Sintrabienestar, Sintraunicol, Sintraemsdes, Sintrateléfonos, Sintracueducto, Sintraemcali, Ascopro, Sintrabecólicas, Sintracueaemponal, Sintracihobi,

Organizaciones sociales

Asociación por la Salvación Agropecuaria (Ángel María Caballero, presidente, Jorge Robledo, secretario), Asociación Colombiana de Camioneros, Apetrans, Sindicato Nacional de Choferes de Colombia, Coordinadora del Transporte Aéreo, Coordinador Nacional Agrario, Federación de Profesores Universitarios, Coordinadora de Organizaciones Estudiantiles, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres, Confederación de Cooperativas de Colombia, Coordinadora Nacional de Organizaciones Cívicas y Comunales, Consejo Nacional Campesino, Acción Campesina Colombiana, Acuss.

Lo que enseña el cierre pastranista de la Caja Agraria: APRESTARSE SIEMPRE A LA LUCHA CONTRA LAS POLÍTICAS IMPERIALISTAS

El viernes 25 de junio de 1999, las instalaciones de la Caja Agraria amanecieron cerradas y militarizadas, lo que patentizaba la muerte jurídica e institucional que le había decretado el gobierno de Andrés Pastrana. Se anunció que a partir de esa fecha en lugar de la extinta entidad de fomento agrario entraría a funcionar un establecimiento comercial que, bajo el nombre de Banco Agrario de Colombia S.A., atendería los negocios del capital financiero en las empobrecidas zonas rurales del país. Para semejante cometido el gobierno procedió a rajatabla: violentó derechos sindicales y estipulaciones constitucionales y, con siniestro estilo fascista, despidió a ocho mil trabajadores.

Este atentado fue fruto del sórdido plan, no exento de mediocres engañifas, que tramó durante meses una comisión gubernamental encabezada por los ministros de Hacienda y Agricultura y el presidente de la Caja, Juan B. Pérez, y asesorada por funcionarios del Fondo Monetario Internacional, como lo reveló el propio jefe de la reciente misión del Fondo. El plan involucró la contratación de equipos de expertos que redactaron los decretos pertinentes y prepararon en distintas áreas la estructura del nuevo banco. Así, luego de suprimir todo lo que constituía la Caja Agraria, Pastrana pudo con gran cinismo aprovechar la convención de la Asociación Bancaria el 26 de junio para inaugurar la entidad que tan maliciosa y dolosamente había engendrado.

Tradición de lucha

A mediados de los años 70, los trabajadores de la Caja Agraria, orientados por el MOIR, barrieron de sus filas a los dirigentes de la UTC y abrieron cauces en su organización para las ideas revolucionarias y antiimperialistas. Desde entonces, en medio de memorables batallas libradas bajo la guía de políticas y tácticas correctas, se fue consolidando un combativo destacamento sindical.

En la última década se presentaron los enfrentamientos más cruciales. Con miras a su definitiva liquidación, el gobierno de Gaviria dio inició a un tortuoso proceso de marchitamiento de la Caja Agraria. Cuando luego de expedir el decreto 2138 procedió a despedir a más de 1.200 trabajadores, el sindicato respondió con una histórica huelga que frenó las reaccionarias pretensiones. El gobierno de Samper, a través de Carlos Gustavo Cano, tuvo similares propósitos y arremetió contra la convención colectiva. Los trabajadores recurrieron al paro e impidieron el desmonte de los derechos que habían conquistado. En octubre de 1998, siempre persistiendo en asir su eficaz arma, la huelga, libraron durante 21 días la ardua batalla que, en el marco del paro nacional estatal, impidió al régimen pastranista cumplir en ese instante con el siniestro propósito de arrasar la entidad. Tal tradición de lucha de los trabajadores creditarios les forjó un sitio de avanzada en el movimiento sindical.

La táctica que desarmó a los trabajadores

Entre el cúmulo de mentiras que Pastrana le espetó al país durante la pasada campaña electoral figura la de que no cerraría la Caja Agraria. A los pocos días de su posesión, ya sin enmascarar mucho sus reales intenciones, anunció que la sometería a una «cirugía a fondo» y procedería a su «reestructuración». Otros funcionarios, dirigentes políticos y personalidades emitieron sus opiniones y algunos de ellos, como López Michelsen, también hablaron de reestructurarla como alternativa a su eventual liquidación. Hasta que el pasado 20 de abril el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, disipó cualquier duda que se hubiera podido crear sobre las intenciones del gobierno: en una sesión de la Comisión Quinta del Senado le notificó de manera tajante a la dirección sindical allí presente que la tan mentada reestructuración consistía en liquidar la Caja Agraria y despedir a sus trabajadores.

Se corroboraban así los amenazantes anuncios que se venían lanzando contra esta empresa estatal y que habían llevado a que ya el 24 de febrero de 1999 se planteara abiertamente en reunión del Comité Ejecutivo que dirige al sindicato el debate sobre el camino a seguir. ¿Qué táctica adoptar? El MOIR, por conducto de sus dos únicos militantes que integran dicho Comité, insistió en que debían darse de inmediato pasos concretos en preparación para el inminente enfrentamiento, empezando por alertar a los trabajadores y ponerlos en pie de lucha. Por el contrario, la mayoría de dicho Comité Ejecutivo, siguiendo a su presidente, Jesús Bernal Amorocho, y a pesar de conocer los nefastos alcances de los anuncios gubernamentales, optó por una táctica que sumía en la pasividad a los trabajadores al no advertirlos plenamente sobre lo que el gobierno estaba tramando y rehuir la movilización. Y pese a que la Junta Directiva Nacional, reunida en abril de 1999, aprobó una táctica de movilización, ésta nunca se impulsó consecuentemente por parte de la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional.

Todo esto obedecía a que el sector mayoritario del sindicato sacó del baúl de los desechos la idea de privilegiar la «concertación» como el medio fundamental al que debían atenerse los trabajadores, al tiempo que, renunciando al espíritu de lucha que durante años los ha guiado, descartaba el recurso de la huelga. Para sustentar tan absurda conducta, dicho sector amasó una serie de rebuscados argumentos y los difundió por todo el país en labios del mismo Bernal: que la Caja no sería cerrada porque Pastrana se encontraba en dificultades debido al hundimiento de la Reforma Política; que una sentencia de la Corte Constitucional, a raíz de la reestructuración en Codensa, prohibía los despidos; que existían contradicciones entre los ministros Restrepo y Murgas, y que Pastrana carecía de facultades para crear una nueva empresa. Con estas endebles razones se hizo toda una campaña que adormeció, desconcertó y desmovilizó a los trabajadores.

Mientras Juan B. Pérez anunciaba en todos los tonos la «reestructuración», es decir, la liquidación de la Caja, la mayoría de la dirección sindical afirmaba que «aquí no va a pasar nada», que «en el alto gobierno no se ha definido nada todavía», que «el ministro de Agricultura está porque se mantenga la Caja y sólo se la reestructure, mientras que el de Hacienda está porque se liquide», y que «los instructivos de plan de migración y cierre de oficinas son un chantaje de Juan B. Pérez».

En escritos y declaraciones de prensa, en numerosas reuniones de los trabajadores y en intervenciones públicas, el presidente del sindicato no se cansaba de machacar estas encantadoras consideraciones. El 20 de abril ante la Comisión Quinta del Senado, Bernal pronunció un discurso cuyo meollo conoció el país entero cuando la prensa nacional reprodujo una de sus aseveraciones: «Insólito, estoy peleando porque en la Caja Agraria no haya huelga». Y en verdad que era insólito. El presidente del sindicato se erigía como el principal obstáculo a la lucha. Para Sintracreditario y el movimiento sindical, esta expresa confesión del viraje político dado por alguien que había pertenecido al MOIR significó un revés imprevisto. Los trabajadores, consternados, constataron que carecían en su dirección de la organización esclarecida y fiel a sus intereses que en el pasado había garantizado la correcta orientación de sus batallas.

La traición de que fueron objeto los miles de trabajadores de la Caja, con la consiguiente lesión que eso le asestó al conjunto del movimiento sindical, procede de una práctica que hunde sus raíces en el liberalismo que invadió a Jesús Bernal y a la mayoría de los dirigentes de Sintracreditario. Eso los condujo, primero, a retirarse del MOIR y, luego, a desarmar a los trabajadores siguiendo la desatinada táctica que les dictó el comité donde anidan sus nuevos mentores políticos.

Argucias para justificar la inconsecuencia

Bernal y sus asesores, queriendo tapar el sol con las manos, recurren a una explicación que tiene más de argucia que de argumento. Alegan que lo correcto y positivo de su táctica fue que el costo político del cierre de la Caja recayó sobre el gobierno de Pastrana y no sobre el sindicato, como hubiera ocurrido si éste lanza a los trabajadores a la huelga.

Los aspectos de esta novedosa tesis exigen un análisis concreto que los confronte con los hechos. Aunque el gobierno había anunciado desde agosto de 1998 la liquidación de la Caja y el ministro de Hacienda había reiterado en abril ese propósito y anunciado la creación de un nuevo banco, el sector mayoritario del sindicato se abstuvo irresponsablemente de hacer algún preparativo serio para la huelga. Para ellos, sólo el 24 de junio de 1999 «los hechos permitieron concluir que ya el gobierno y la administración de la Caja Agraria habían ‘dado los pasos concretos para producir el cierre a partir del viernes 25 de junio’ (el cierre del balance semestral programado para esa fecha, la destrucción de las chequeras, la centralización de la información y de los documentos financieros y contables en sedes alternas, y la orden de retirar los avisos institucionales de las fachadas de las oficinas)». Entonces, y sólo entonces, «el sindicato decidió el lanzamiento de la huelga».*

Es decir, cuando el gobierno estaba asegurando los cerrojos de la empresa estatal, estos avisados dirigentes concluyeron que se iba a producir el cierre. A esa hora de nona se decidieron a lanzar la huelga. Hacerlo antes hubiera sido, según sus propias palabras, «declarar una huelga prematura», le hubiera dado «al gobierno pretexto… para ilegalizar la huelga y decretar la liquidación de la Caja» y hubiera significado «una salida en falso». Rematan diciendo que los contradictores de su táctica de espantada los hubieran hecho responsables del cierre de la Caja «por haber desencadenado una huelga sin medir las consecuencias».

Decir esto luego de que la huelga así declarada no pudo efectuarse porque esos dirigentes, en lugar de movilizar a los trabajadores, se dedicaron a «buscar una negociación» y a darle curso a su enfoque de que «la mejor forma de preparar la pelea entre los trabajadores radicaba en demostrarles» que el golpe definitivo a la Caja no se debía a «la intransigencia del sindicato» sino a «una decisión política del gobierno», no pasa de ser una estulticia. Como si los trabajadores creditarios no supieran, después de las múltiples batallas libradas y sin necesidad de ninguna demostración, que la embestida contra esa institución era fruto de una determinación política del gobierno; como si no supiesen que a su sindicato siempre le atribuyeron intransigencia sus enemigos, lo cual es natural, y los conciliadores de todas las horas, lo que no es extraño. Esa dirección se dedicó a una especie de pacifismo ante los desafueros de Pastrana, a los «hechos concretos» de la negociación, con la excusa de demostrarles a los trabajadores algo que ellos siempre han sabido, la arbitrariedad gubernamental. ¿Puede el movimiento sindical aceptar semejante ordinariez como «la mejor forma de preparar la pelea»?

La tardía huelga debía iniciarse el viernes 25 de junio a las 11 A. M. Pero ese día los trabajadores supieron que el gobierno llevaba tiempo urdiendo su zarpazo y les había madrugado a las astucias de la dirección: encontraron cerradas las dependencias de la Caja, por lo que no contaron con los escenarios en dónde desarrollar la huelga tan extemporáneamente decretada. Ocho mil trabajadores se preguntan: si ya se sabía que la Caja iba a ser clausurada, ¿por qué los dirigentes sindicales presididos por Bernal le dejaron la iniciativa a Pastrana, quien no dudó en proceder contra la institución y los trabajadores corriendo naturalmente con todos los costos políticos reaccionarios, mientras ellos cayeron en la pusilanimidad y se encogieron sin correr con los costos políticos progresistas y democráticos de la lucha sindical, y mucho menos con los costos políticos revolucionarios de la lucha obrera? La cuestión no era si el gobierno quería, según Bernal y compañía, «escurrirle el bulto al costo político que la decisión significaba y arrojarlo sobre los trabajadores y el sindicato». Seguramente ésa era su querencia. Pero aquí lo que se tiene que responder es por qué la dirección del sindicato, ante la decisión gubernamental de liquidar la Caja Agraria, manifestada en ingentes hechos y declaraciones, le escurrió el bulto a la preparación y realización oportunas de la huelga. Máxime cuando con esa actitud medrosa incurrió en un costo político mayor e irreparable: dejar a los trabajadores inermes ante los embates de sus enemigos.

Si en el movimiento obrero se admitiera la oportunista tesis del costo político, que parece trasladada desde un texto económico neoliberal y que ellos esgrimen por doquier como queriendo exorcizar el demonio de la entrega, jamás los trabajadores tendrían arrestos para librar los inevitables combates, ni nunca recurrirían a la huelga. Aparte de que por su naturaleza el costo político es uno para la reacción y otro radicalmente distinto para los trabajadores, con ese argumento a los asalariados se les invalidaría de antemano cualquier tipo de lucha que se propusieran, pues ¿qué batalla, impuesta o no, está a priori exenta de costos políticos? A lo aberrante de su encogimiento ante la lucha en defensa de la Caja Agraria, ahora Jesús Bernal y sus mentores sindicales y políticos suman los intentos de eximirse de cualquier responsabilidad recurriendo a una tesis que el movimiento obrero no dudará en rechazar por su esencia derechista.

Lastimosa actitud extraña a los trabajadores

Sumidos en la perplejidad que les producía la irresolución de sus dirigentes, los trabajadores experimentaron los golpes a mansalva que les propinaba Pastrana. Asimilaron su situación y se aprestaron para la resistencia. Las tomas de oficinas, los mítines y las marchas para rechazar el atropello fueron acciones de dignidad y valor admirables. En ese momento, cuando el gobierno ya había procedido a la liquidación de la Caja y a la creación del nuevo banco y cuando los trabajadores habían emprendido manifestaciones de denuncia y protesta, la dirección sindical se avivó a «ponerse al frente» de una resistencia que ella nunca quiso alentar ni preparar, pues su enfoque «siempre consistió en que se trataba de una confrontación desventajosa e impuesta» y de allí dedujo que alistarse para la huelga y efectuarla era «aceptar la provocación pastranista» y una «salida en falso» por la que pugnaban los «radicales de última hora». Ese «ponerse al frente» fue un gesto vano y grotesco por cuanto el desarrollo de la resistencia carecía de condiciones: estaba menoscabada por las incitaciones que durante meses se les hicieron a los trabajadores para que se desatendieran de la huelga. Y los dirigentes carecían de legitimidad: se habían entregado a la conciliación con los funcionarios del Estado, lo que utilizaron como soporte para difundir falsas esperanzas.

Con tales precedentes, y si se tiene en cuenta su decadencia, es muy comprensible que en un acto que suspendía la protesta frente a la oficina principal de la Caja en Bogotá, este lastimoso grupo de dirigentes y sus mayorales políticos, ¡que no los trabajadores!, sólo hayan tenido lágrimas de impotencia. Como miembros de un partido proletario siempre nos regocijaremos cuando en cualquier lugar de la tierra se cante La Internacional. Pero el más categórico repudio nos produce que, como se hizo en esa ocasión, este himno de lucha de la clase obrera se entone para enmascarar el hecho de haber rehuido el combate.

Con el «palo porque no bogas» la clase obrera ejerce su crítica

Como ya se ha referido aquí, el ministro Restrepo habló clara y contundentemente el 20 de abril sobre el designio pastranista para la Caja. Mas lo cierto es que estos dirigentes, preñados de ilusiones, siguieron lelos y nunca pudieron discernir las nítidas señales del equipo de gobierno. La confusión que los aquejaba fue reconocida después por ellos mismos: «Aunque el propio ministro de Hacienda había declarado en la Comisión Quinta del Senado que la decisión del gobierno era la de liquidar la Caja y crear un nuevo banco para el agro, declaraciones posteriores de otros altos funcionarios de la administración Pastrana, incluido el presidente de la República, expresaron ambigüedades al respecto». Lo que aquí llaman ambigüedades son las diversas formas que adoptó la engañifa del gobierno, las mismas que durante los dos meses posteriores a esa fecha les sirvieron para tratar de justificar la táctica de conciliación y pasividad que llevó a dejar a los trabajadores expuestos ante las arbitrarias medidas del gobierno.

Ahora, cual si quisieran aliviarse de algún complejo de culpa por haber sido inferiores a su condición de dirigentes sindicales, como sus jefes lo fueron en el plano político, Jesús Bernal y sus amigos presumen que, de haber combatido, los enemigos políticos de su dirección sindical también los estarían criticando y que en tal caso les estarían aplicando «el adagio de ‘palo porque bogas y palo porque no bogas’». Esto no pasa de ser otra escurrida. Si ahora hay palo, y en el futuro indudablemente lo recibirán de parte de todos los trabajadores, es por no bogar. Lo que sí puede servirles de tétrico consuelo es que, al haber adoptado ante el desmantelamiento de la Caja la que siguen considerando «justa táctica» de rehuir la lucha, se han puesto definitivamente a cubierto de que les den palo por bogar.

Antipastranismo de fachada

Al juicio de que la Caja Agraria fue cerrada como producto del fascismo proimperialista de Pastrana, se le debe agregar que el gobierno aprovechó a plenitud la táctica errónea de los mencionados dirigentes del sindicato. Cuestión lógica si se tiene en cuenta que su presidente, al igual que quienes lo orientan, demostró que ignora todo sobre el Estado. Como imaginaban agudas contradicciones entre los ministros de Hacienda y Agricultura –las que luego en sus discursos hacían aparecer cual si fuesen realidades– todavía deben andar preguntando por ellas luego de que el 25 de junio las medidas de cierre se las disiparon. Desde tiempos inmemoriales los gobiernos han utilizado presuntas discrepancias entre sus funcionarios para engañar a los candorosos, por lo que lo único nuevo por saber cuando recurren a esa artimaña es si existen incautos que caigan en ese garlito. Quienes caigan, como es el caso de todos aquellos que fraguaron la dañina táctica, no merecen ser dirigentes de los trabajadores.

A todos los hechos desatinados que se cometieron en Caja Agraria, se suman los incongruentes argumentos que se exponen en un documento en el que han colocado su firma siete integrantes del Comité Ejecutivo de Sintracreditario y su presidente Bernal. En efecto, quienes se guardaron, sacando miles de razones para no combatir, ahora piden que los trabajadores del país libren la «pelea a campo abierto»; quienes reivindican como un mérito «comprender que la situación exigía buscar una negociación», ahora descubren que «el gobierno no contempla la negociación de cuestiones sustanciales con los trabajadores»; a quienes firmaron la aseveración de que el antipastranismo, no el antimperialismo, «es hoy la piedra de toque de la unidad nacional colombiana» y se desgañitaron proclamando que alentarían «todas las manifestaciones de oposición» para «enfrentar al nuevo gobierno», les dio julepe y no atinaron a lanzar una huelga contra el tan señalado blanco pastranista.

Dedicarse al cabildeo con funcionarios y políticos mientras se golpeaba a los dirigentes sindicales que reclamaban consecuencia condujo a que se resquebrajara la necesaria unidad de los trabajadores. Esta situación, y el hecho de que ella derivaba de la táctica de conciliación en que se empecinó el Comité Ejecutivo de Sintracreditario, era algo conocido en las filas del movimiento sindical y suscitó justas críticas. Con todo, las más importantes organizaciones sindicales fueron solidarias cada vez que los creditarios actuaron guiados por una táctica de lucha. Mas ese mismo Comité Ejecutivo, exactamente ocho de sus miembros, como si de la cortedad sólo les brotase soberbia, dicen ahora que ante el atropello las centrales obreras deberían haber convocado «para presentarle al gobierno una respuesta general, masiva y contundente» que «desafortunadamente no se dio». Y agregan que el «movimiento sindical no ha respondido en la proporción correspondiente a la magnitud» de ese atropello. ¿Habrá desfachatez igual?

Precisemos: en el movimiento sindical se deben corregir de manera radical las fallas respecto a proporcionar con denuncias, pero principalmente con hechos, la solidaridad con todas y cada una de las luchas de los trabajadores y el pueblo. Pero quienes atascaron la lucha de los trabajadores entre vanos regateos y falsas esperanzas con la burocracia gubernamental, no tienen autoridad para ningún reclamo o crítica. Reclamar solidaridad presupone la lucha propia.

La lucha es la base para una política amplia

Al presidente del sindicato y algunos de sus amigos políticos se les motejó de serpistas, porque en aras de señalar el nefasto servilismo de Pastrana ante la política de Washington, cuestión necesaria y justa, defendieron y hasta votaron por Serpa excusándole tres años de actos de gobierno que no sólo no atenuaron el avance de la recolonización del país por parte del imperialismo norteamericano sino que lo propiciaron en lo fundamental. Pero hoy, si se compara el comportamiento pasivo de ellos ante el ataque de Pastrana contra la Caja y sus trabajadores y el comportamiento de Serpa justificando y respaldando la decisión de Pastrana de someterse a los dictados del FMI, debe admitirse que ese mote no los descalifica, simplemente los define.

Aquí es necesario aclarar que fueron correctas y necesarias las conversaciones y actividades con personajes como López Michelsen y Serpa, y las gestiones para que ellos y otros dirigentes políticos, así como parlamentarios, autoridades religiosas, funcionarios y legisladores de municipios y departamentos, líderes gremiales y agrarios, dieran su apoyo a la defensa de la Caja Agraria. Buscar el respaldo más amplio posible para sacar avante los intereses de los trabajadores es una tarea ineludible. Pero todo ello debe partir de que sólo su lucha crea una base firme y confiable sobre la cual pueden ser eficaces las eventuales manifestaciones de apoyo. Sin promover esa lucha, como aquí sucedió, los contactos y tratos con todos los mencionados dirigentes y personalidades se convierten en vanidosas y costosas relaciones públicas, como lo sabe el Comité Ejecutivo de Sintracreditario. De allí que las expresiones de respaldo que se dieron no tuvieran un impacto más contundente pues se carecía de una condición necesaria: una política de lucha de masas, ese factor primordial de todo progreso y cambio social.

Lucha antimperialista continúa

A las grandes lecciones que se desprenden de las batallas acometidas durante décadas por los trabajadores de la Caja Agraria, se suman las importantes y muy oportunas que arroja el análisis de este reciente pulso que echaron con el gobierno de Pastrana. Los cuadros políticos y activistas sindicales que las asimilaron por experiencia propia y conservan su consecuencia revolucionaria son hoy puntales y semillas del movimiento obrero. En consecuencia, se unirán con todas las clases y personalidades revolucionarias, democráticas y patrióticas que estén en disposición de defender la soberanía y la unidad de la nación colombiana, rechazar el intervencionismo de Estados Unidos, proteger y promover la producción industrial y agraria de la nación, y luchar por las libertades democráticas y el bienestar del pueblo. Proseguirán, entonces, combatiendo la política de recolonización imperialista que en Colombia ejecuta el gobierno de Andrés Pastrana, en particular la que hoy corresponde a los dictados económicos del Fondo Monetario Internacional. En las combativas luchas que se avecinan, empezando por el Paro Cívico Nacional el 31 de agosto, ocuparán su puesto de avanzada todos los trabajadores de probada firmeza revolucionaria pertenecientes a Sintracreditario.

Orlando Osorio y Luis Horacio Eslava, dirigentes del MOIR y miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Sintracreditario.

Firman también los responsables del trabajo en los siguientes departamentos: Marta Ligia Restrepo (Antioquia), Carmelo Medina (Bolívar), Lucy Marina Sánchez (Chocó), Gonzalo Cuesta (Caldas), Pedro Ceballos (Córdoba), Alcibiades García (Cundinamarca), Roberto Acosta (Quindío), Óscar René Estrada (Risaralda), Otoniel Dávila (Valle), Esmeralda Vargas (Santander), Édison Martínez (Norte de Santander), Osvaldo Gazabón (Sucre).

34 BLOQUEOS EN VÍAS PRINCIPALES EN EL PARO AGRARIO DEL 28 Y 29 DE JULIO

Tribuna Roja. Doctor Ángel María, cuéntenos cómo ha sido el proceso de creación del movimiento que usted dirige.

Ángel María Caballero. El nacimiento fue bien curioso. Éste es un movimiento que surgió de base arrocera, en protesta por las importaciones del año pasado. Ya anunciadas por el gobierno, hicimos una reunión con el ministro el 26 de enero, en El Espinal. El funcionario dijo allí que a partir de este año «el Ecuador y Venezuela serían departamentos de Colombia». Y desde ahí advertimos lo que se nos venía encima. En ese momento los insumos habían subido 32% y el arroz bajado 16%, mientras los molineros nos anunciaban que este año el arroz no iba a subir porque iba a haber un elevado tonelaje de importaciones. ¡Y llega el ministro y nos mata con esa exposición! No había de otra: arrancamos con Salvación Agropecuaria. Claro que todavía no se llamaba así.

El movimiento comenzó siendo impulsado por Fedearroz. Pero era una protesta sin tiraje social. Y entonces yo planteé que debíamos crear una asociación que defendiera a todo el agro colombiano. Llamé a David Loayza, de las comunidades indígenas del Tolima. Y Fedearroz, al ver el sesgo que tomaba el asunto, comunicó que ya no nos seguía acompañando.

Logré después hacer contacto con el doctor Jorge Enrique Robledo, mi amigo de infancia, pues me había gustado mucho una columna suya, publicada en La Patria con el título «En Colombia había…» Había trigo, había sorgo, había maíz, había algodón. Y él me dijo: «Ángel María, que no vayamos de pronto a tener que decir también que había arroz, y que había Colombia, y que había patria». Y nos pusimos a organizar las distintas asociaciones del sector agroempresarial y campesino. Ahí entraron Unidad Cafetera, Agameta, los distritos de riego, los ganaderos del Magdalena Medio, la Asociación Agropecuaria del Huila, los indígenas, los paneleros y algunos bananeros de la Costa. El 9 y 10 de junio hicimos un foro en Ibagué con quince agremiaciones con delegados plenos y otras 93 con delegados observadores. Hemos llevado a cabo tres paros, uno el 21 de abril, otro el 7 de julio y el último el 28 y 29 de julio, que fue como la entrada en sociedad, la presentación a todo el país del movimiento de Salvación Agropecuaria. Finalmente, el 7 de agosto la junta directiva de Salvación Agropecuaria determinó sumarse al Paro Cívico del 31 de agosto.

TR. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen del paro realizado el 28 y 29 de julio?

AMC. El paro consolidó la asociación. Hay ahora más sentido de pertenencia, incluso entre el sector indígena del Tolima. Se agrandó la base social, un avance que para mí es de enorme trascendencia. Hubo 34 bloqueos y una parálisis total en muchas carreteras principales de diez departamentos.

TR. ¿Cuál es la perspectiva de Salvación Agropecuaria?

AMC. La meta a corto plazo es incluir a nuevos sectores, llegar a otras partes del territorio nacional y divulgar los siete puntos del programa que hemos expuesto en materia de política agropecuaria. Y sobre todo, consolidar lo ya ganado y afianzar la unidad interna. Hemos preferido ir ganando en representatividad, así no negociemos mayor cosa por el momento con el gobierno nacional. Es que hasta ahora los gremios han ido cada uno por separado a negociar con los altos poderes sobre la base de ganarse unos cuantos gajes para el propio sector. Nosotros no hemos estado de acuerdo con eso. Tal como están las cosas, si no nos unimos, el campo colombiano no se salva. La actividad agropecuaria se halla en peligro de desaparecer.

TR. En este plan que ustedes tienen de ir acercando a otros gremios, ¿qué posibilidades hay de que se sumen las grandes federaciones?

AMC. Escasas, es la verdad. Nos hemos dado cuenta de que muchas de ellas no son más que cascarones políticos interesados en buscar nexos en los despachos oficiales, con una enorme burocracia y grandes privilegios. Se olvidaron por completo de la función social que ha de cumplir toda agremiación. Algunas, por ejemplo, acaban de negociar con el gobierno varios miles de millones de pesos; la contraprestación que se les pidió fue que salieran a atacar a Salvación Agropecuaria. Por eso cuando nosotros los oíamos hacer declaraciones en la radio contra el paro del 28 de julio, nos limitábamos a responder: «Es mala educación hablar con la boca llena». Y eso sí que le ha dado risa a la gente. Decíamos también: «No es lo mismo vivir de la agricultura, que vivir de los agricultores». Pese a las divergencias, seguiremos procurando con ellas cualquier acercamiento.

TR. ¿Qué los llevó a vincularse al Paro Cívico Nacional del 31 de agosto?

AMC. Fue una decisión algo difícil, por una razón muy evidente: la base social de Salvación Agropecuaria es algo heterogénea. Hay sectores empresariales y hay campesinos, todos con distintas posiciones políticas. Se advierte alguna prevención contra el sindicalismo. Entonces hubo que explicar que existe una orquestada campaña de desprestigio por parte del gobierno. Y lo segundo que hubo de esclarecerse es que para sacar avante los siete puntos de Salvación Agropecuaria tenemos que cuajar una férrea unión con los demás sectores damnificados de la sociedad colombiana, sean ellos de la empresa privada o del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es asunto de poca monta. Y aquí valga una anécdota. Estaba yo una vez reunido con el ministro y él me dijo: «Doctor, este pliego que usted me trae más bien parece un programa de gobierno». Me tocó replicarle: «Ministro, eso es precisamente lo que le ha estado haciendo falta a este país».

TR. ¿Cómo fue entonces la acogida que le dio la junta directiva de Salvación Agropecuaria a su propuesta ?

AMC. Casi unánime. Con las observaciones que yo tuve oportunidad de formularle a Luis Eduardo Garzón, expresando las inquietudes que hubo entre algunos gremios que allí participaron. Que no fuera a salir al otro día la noticia de que arreglaron las centrales obreras con el gobierno y nos dejaron a nosotros «colgados de la brocha». Las prevenciones eran muchas. Hasta hubo un directivo que en esa junta se puso a aconsejarme: «Angel María, ¿qué necesidad tiene usted de meterse a un paro de ésos? Lo que usted debe hacer es recorrer todo el país, vereda por vereda, explicando los siete puntos de Salvación Agropecuaria». Hombre, pensaba yo para mis adentros, mientras lo oía hablar: ¿sí sacaría usted el tiempo, doctor, para viajar conmigo vereda por vereda? Porque es muy bueno hacer propuestas cuando el realizarlas corre por cuenta de otros. Es que en definitiva, y desde luego, acatando la democracia que debe haber en este tipo de asociaciones, uno respeta más, a la hora de votar cualquier decisión, aquellos movimientos que cuentan con un mayor caudal de seguidores, producto de su esfuerzo y de su trabajo. Porque son ellos los que en últimas entran a definir.

TR. ¿Ha habido algún proceso de negociación con el Ministerio de Agricultura?

AMC. Hace algún tiempo el ministro se comprometió con los arroceros a darnos para la cosecha un incentivo de almacenamiento. Pero fue una inversión exigua. Miren no más las cifras. Con el Idema perdían, según ellos, 150 mil millones de pesos al año; y el incentivo que aprobaron el año pasado fue de apenas seis mil millones, más o menos, y hasta julio no lo habían terminado de pagar.

Hemos pedido acuerdos para que se rebaje el precio de los insumos, ¿y dónde están? La agroindustria de este país enfrenta desventajas macroeconómicas mayúsculas, incluso frente a vecinos subdesarrollados como Ecuador. ¿Qué está haciendo el gobierno para contrapesar esos factores negativos? Absolutamente nada.

La ministra de Comercio Exterior afirmaba hace unos días que el problema del agro es sólo la inseguridad, no la apertura. Quieren tapar el sol con las manos, porque el gobierno está obligado a abrir fronteras, mas no para ayudar a las exportaciones colombianas, sino porque el señor Pastrana está empeñando cada vez más al país con la banca internacional, y esos empréstitos vienen atados a las importaciones masivas de toda clase de productos, incluidos los alimentos.


Salvación Agropecuaria al Paro Cívico Nacional

(Apartes de la declaración aprobada en Ibagué por la junta nacional de Salvación Agropecuaria, reunida el 7 de agosto).

Teniendo en cuenta:

Que las políticas neoliberales de apertura y privatización están destruyendo la producción agropecuaria nacional y empobreciendo y arruinando a campesinos, empresarios e indígenas.

Que a pesar de que está demostrado el fracaso de las políticas neoliberales, el gobierno nacional se empeña en mantenerlas.

Que el gobierno nacional no ha dado respuestas positivas a las peticiones expresadas por la Asociación por la Salvación Agropecuaria, a pesar de las grandes movilizaciones realizadas.

Resuelve:

Aprobar la participación de la Asociación por la Salvación Agropecuaria en el Paro Cívico Nacional del 31 de agosto.

Anunciarle a todo el sector agropecuario colombiano que la Asociación por la Salvación Agropecuaria participará en el Paro Cívico Nacional del 31 de agosto en procura de lograr respuestas positivas a los siete puntos del programa de nuestra organización y en defensa de toda la producción nacional.


En defensa de la ganadería, amenazada por las importaciones de leche

En la vasta llanura que se extiende entre el río Guarinó y el río Purnio surgió hace muchas décadas la cría ganadera en La Dorada. Según lo ha reseñado Benjamín Ángel Maya en sus amenas notas periodísticas, fue hacia 1920 cuando pioneros como don Heriberto Londoño dieron impulso a las primeras fundaciones. Aquéllos eran hombres, rememora el cronista, a quienes «no se les veía caer el rejo al suelo».

El río Purnio vio el nacimiento de la ganadería en la región. Y el 28 de julio, en el marco del gran paro nacional agropecuario, el mismo río vio a decenas de ganaderos en pie de lucha para que no perezca.

Fue allí donde se hizo, durante casi treinta horas, uno de los bloqueos más intensos de la crucial jornada. En un hecho quizá sin precedentes, todo el tráfico automotor de la estratégica autopista Bogotá-Medellín se vio paralizado por varios comités ganaderos, que confluyeron con sus tractores y vehículos a la entrada del puente: los de Dorada y Honda, Puerto Salgar, Caparrapí, Puerto Triunfo y Yacopí.

Con las notas del himno nacional, seguidas en el altoparlante por las del himno ganadero, madrugó la protesta desde las cuatro de la mañana. Una inmensa pancarta blanca, iluminada por las luces de las antorchas y farolas, presidía la ceremonia: «¡No a las importaciones de alimentos!» Allí estaban los directivos y afiliados de la Federación de Ganaderos del Magdalena Medio, Fedemedio, entre ellos Marta Liliana Gualteros, Alfonso Ángel, Juan Rueda, Sixto Osorio, Ramiro Camacho, Alberto Barrios, Guillermo Merino, Eliécer Pardo, Antonio Ramírez, Fidel Vergel y muchos más.

Hacia las ocho se procedió a brindar el desayuno a las más de 300 personas reunidas. La víspera habían sido sacrificados cuatro reses y un búfalo.

A las once se hizo presente la Banda Juvenil del Politécnico, dirigida por Henry Barragán e integrada por una treintena de muchachas y muchachos entre los siete y quince años, que interpretaron una ronda de papayera hasta pasado el mediodía.

En la tarde visitó la caseta del bloqueo el alcalde de La Dorada, Orlando Echeverri, para felicitar al comité organizador. 200 activistas del magisterio y el Intersindical se acercaron también, a media tarde, a hacer llegar su apoyo solidario.

Con parte de victoria, el bloqueo de La Dorada se levantó el jueves 29.

APOYAMOS RESUELTAMENTE EL PARO CÍVIVO NACIONAL

En un año escaso de gobierno, Andrés Pastrana ha desatado una gigantesca ofensiva contra la nación y el pueblo colombianos. Él mismo se proclama continuador de las políticas aperturistas que han desembocado en la crisis actual. Las importaciones masivas de alimentos han llevado a la quiebra generalizada de la producción agropecuaria, a la que agobia además el desmonte de todos los organismos estatales que le prestaban algún apoyo. La industria, víctima también del ingreso de toda suerte de mercaderías extranjeras, vive la caída de la producción y el cierre de numerosas plantas. De la debacle no han escapado el comercio ni algunas entidades financieras, víctimas de la insolvencia de los deudores y de la política que busca concentrar el capital en un puñado de grupos financieros nacionales y extranjeros.

La obediencia del régimen a los dictados de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, que ha arruinado las actividades productivas, tiene sumida a la población en una creciente miseria. Las tasas de desempleo reconocidas por la amañada estadística oficial, superan el 20%, y se cuentan por miles las familias que perdieron sus ahorros y sus viviendas, asfixiadas por los préstamos confiscatorios.

La llamada globalización de la economía ha sumado a las formas de saqueo la manipulación de las monedas nacionales por parte de los linces de las finanzas. El peso colombiano se revaluó durante varios años, con lo que los productos autóctonos, desprotegidos arancelariamente, se vieron en enormes apuros para competir y fueron desplazados por las importaciones. Con el pretexto de mantener el valor de la moneda, el Banco de la República impuso unas exorbitantes tasas de interés que se convirtieron en otra pesada carga sobre agricultores e industriales. En el último año, de la misma manera que lo han hecho en los países del Sudeste Asiático, y en Rusia y Brasil, para sólo citar unos casos, han lanzado continuas arremetidas contra el peso, produciendo una devaluación con la que esquilman las reservas internacionales del país, aprietan el dogal de la deuda externa pública y privada, que hoy alcanza un monto de 35 mil millones de dólares y permite a los caimacanes de los monopolios comprar a precio de feria las empresas aún por privatizar. La devaluación en marcha envilece los salarios, eleva las tarifas de los servicios públicos, dispara el precio de los combustibles y, en general, el del costo de la vida.

Las disposiciones lesivas al interés nacional tomadas por Andrés Pastrana, marioneta de la Casa Blanca, no se limitan a los asuntos económicos. Su abyección es tal que la política de paz, bandera principal de su gobierno, la ha sometido a consulta a Washington, por lo que tal proceso se ha convertido en un nuevo campo de intervención del imperio. El dominio norteamericano sobre Colombia, ya casi centenario, ha significado nuestra peor calamidad; nada bueno podemos esperar si persiste su tutelaje sobre asunto tan crucial.

La naturaleza fascistoide del régimen se ha mostrado en su arrogante conducta antiobrera y antipopular y en su inapelable decisión de arrancarles a los trabajadores hasta el último derecho que aún tengan. El proletariado colombiano ha recogido el guante con altivez. A sólo dos meses de posesionada la nueva rosca gubernamental, tuvo que sostener su primer pulso con los empleados estatales, quienes libraron un paro de 21 días, el más largo, el de mayor amplitud y combatividad que se haya realizado por este sector. La lucha no se centró en los problemas salariales, sino en el rechazo a las medidas pastranistas de continuación de la apertura económica, entre ellas, la de mayor «flexibilización» de las relaciones laborales; la fusión, liquidación y privatización de empresas y un incremento de los salarios para 1999 inferior a la inflación.

Los principales logros de este combate inicial consistieron en la denuncia de los atropellos imperialistas, en el desenmascaramiento del lacayismo del jefe de la Casa de Nariño y en la derrota de la pretensión oficial de arrasar con el sindicalismo colombiano. El magisterio, los trabajadores de la Caja Agraria, la salud, las contralorías, los petroleros, los de Telecom, estuvieron a la vanguardia del combativo movimiento, dirigidos todos por el Comando Nacional de Paro integrado por los comités ejecutivos de la CUT, la CGTD y la CTC, más las direcciones de los sindicatos nacionales.

El 25 de febrero de este año se desató de nuevo la protesta nacional. El gobierno había añadido nuevos atropellos a las funestas disposiciones que desataron la huelga de octubre. Con el pomposo nombre de «Cambio para construir la paz», la camarilla palaciega disponía la venta al malbarato de lo que queda de Colombia; la entrega a la especulación financiera de empresas, recursos naturales, infraestructura y servicios públicos; el recargo de gravámenes a municipios y regiones para que más del 30% del presupuesto se pueda concentrar en el pago del servicio de la deuda externa. El plan pastranista, en su afán por atraer el capital extranjero, no vacila tampoco en dar renovados bríos a la política que conducirá a desmembrar el país, después de más de 170 años de ser una república unitaria.

El batallar infatigable de los asalariados colombianos se hizo patente de nuevo en abril. Los maestros, respaldados por padres de familia y estudiantes y, posteriormente, los trabajadores de la salud y otros sectores sociales, colmaron calles y plazas de Colombia en defensa de la educación y la salud públicas. Los maestros, que pusieron el punto más alto en la batalla, hoy se encuentran en desobediencia civil contra las disposiciones en materia educativa del Plan Nacional de Desarrollo y, en particular, contra los nefastos convenios de desempeño y la evaluación-destitución.

Siguiendo el ejemplo de los asalariados, cada vez más amplios sectores de la población se vinculan al combate. Ahí están para probarlo los paros cívicos contra los peajes en Chinchiná y los municipios de la Sabana de Bogotá y las protestas en ascenso de los pequeños y medianos industriales liderados por el comité de la Acopi de Santander. En el panorama de las luchas populares destacan las movilizaciones y los encuentros de los agricultores: el 8 y 9 de julio pasado los arroceros del Tolima, el Huila, los Llanos Orientales y el Cesar bloquearon con sus paros varias carreteras principales; el nacimiento de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, en el encuentro de Ibagué del 9 y 10 de junio, y el paro programado por ésta para el próximo 28 de julio, anuncian que las luchas agrarias están alcanzando grandes proporciones.

En el colmo de la desfachatez, Pastrana pretende obtener el aval del sindicalismo colombiano para la más nefasta reforma laboral. Busca generalizar el contrato a destajo, acabando así incluso con el mísero salario mínimo vigente; arrasar con las convenciones colectivas de trabajo mediante la argucia de someterlas a una espuria revisión judicial y a los parámetros del Confis; establecer tribunales de arbitramento permanentes para negar el derecho de huelga; acabar con el pago extra de dominicales y festivos; y, como un dictador de novela latinoamericana, se le ocurrió también prolongar el día hasta las ocho de la noche, con el fin de birlar el pago del recargo nocturno, y cambiar los contratos de aprendizaje para que la juventud regale su fuerza de trabajo mientras supuestamente se capacita.

Con el pretexto de reducir el déficit fiscal se propone acabar con el régimen pensional y de salud de Ecopetrol, el Magisterio, Telecom y la Fuerzas Militares y eliminar la retroactividad de las cesantías para los trabajadores del Estado que aún tienen ese derecho. Asimismo extendió por varios meses sus facultades para reformar las instituciones estatales, lo cual anuncia despidos en masa de trabajadores oficiales, tal como los efectuados con la liquidación de la Caja Agraria, acto en el cual fueron destituidos más de ocho mil trabajadores, violando todas las normas legales. Anunció que los salarios en el año 2000 no subirán más de 6 ó 7%. Como si fuera poco, tiene lista otra reforma tributaria cuyo eje será la reducción de las transferencias de los recursos ordinarios de la nación y de las regalías a municipios y departamentos, asignándoles simultáneamente más responsabilidades, que deberán cubrir con el “esfuerzo fiscal propio”.

El despótico gobernante está profundamente desacreditado y entre el pueblo crecen la resistencia y la indignación. El régimen ha lanzado el más grande desafío a los colombianos. Ningún compatriota puede esperar mantener siquiera un nivel de vida digno si no se logra derrotar las medidas antipopulares aplicadas y frenar las que se anuncian en cascada. La política gubernamental muestra claramente que no habrá “concertación” ni negociación posibles, mucho menos, después del reciente acuerdo de Pastrana y el FMI, en virtud del cual, a cambio del desembolso a cuentagotas de tres mil millones de dólares, se intensificará la hipoteca del país al imperialismo, el pueblo será más esquilmado y a la clase obrera se le recortarán todavía más las reivindicaciones arrancadas al régimen en decenios de heroicas luchas.

Las imposiciones del FMI no son otra cosa que la negación de cualquier posibilidad de acuerdo con los sectores laborales y productivos de Colombia. Los intereses nacionales y los del imperialismo son antagónicos. Todos los sectores han de comprender la urgencia de la lucha. Hoy más que nunca debemos combatir por la soberanía económica y desplegar la más amplia resistencia civil contra el imperialismo norteamericano y el servil gobierno de Pastrana.

Los llamados de los voceros oficiales a concertar las medidas antipopulares son una trampa para provocar la desmovilización. En realidad, el gobierno tiene listos los proyectos de ley, que aprobará sin mayores objeciones a través de sus mayorías obsecuentes en el Congreso. En las condiciones actuales, la concertación o cualquier posibilidad de negociación con el gobierno pastranista es imposible. Sin pérdida de tiempo, la clase obrera y el sindicalismo deben compendiar un programa que contenga los múltiples reclamos de los afectados por la apertura y el modelo neoliberal y ponerse al frente de la inconformidad generalizada.

Por lo anterior, respaldamos la decisión de realizar un paro cívico nacional. Los dirigentes del MOIR en la central planteamos a la CUT que enarbole el siguiente programa:

1. Reivindicación de la soberanía económica de Colombia, mediante la profundización de la denuncia y el rechazo contra el modelo aperturista neoliberal impuesto por los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, FMI.

2. Defensa de la soberanía nacional y la unidad territorial contra la injerencia norteamericana.

3. Rechazo a la reforma laboral y a la conculcación de los derechos democráticos de movilización, contratación y huelga. Defensa de los regímenes pensionales especiales de los empleados públicos.

4. Defensa de la producción nacional y solidaridad con las exigencias de los sectores industrial y agropecuario.

5. Solidaridad con las protestas cívicas y populares, con las luchas de los vendedores ambulantes y de todos los trabajadores informales, con los paros cívicos y demás expresiones de resistencia y desobediencia civil.

6. Rechazo al incremento de los impuestos, a la elevación de las tarifas de los servicios públicos, las reestratificaciones rurales y urbanas, el cobro de peajes y valorización, las alzas de los combustibles y el transporte.

7. Solidaridad con las luchas que libran los trabajadores y los pueblos latinoamericanos contra las políticas del FMI, en particular con las protestas recientemente libradas por el pueblo ecuatoriano.

¡Abajo la recolonización imperialista!
¡Abajo la política económica, social y laboral de Pastrana!
¡Viva la unidad combativa del movimiento obrero!
¡Viva el Paro Cívico Nacional!


Junta Directiva Nacional de la CUT:
Luis Fuentes, Roberto Schmalbach, Alfonso Berrío, Elías Fonseca, Gerardo Rubio.

Federación Colombiana de Educadores, Fecode:
Raúl Arroyave, Álvaro Morales, Alberto Villalobos.

Unión Sindical Obrera, USO:

Rodolfo Gutiérrez, Germán Osman, Gustavo Triana, Gerardo García.

Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB:
Martha Bermúdez (Comité de Empresa Banco Ganadero).

Sindicato de Empleados del Sena:
Silverio Sánchez.

Sintracreditario:
Horacio Eslava, Orlando Osorio

Subdirectivas de la CUT:

Santander: Alfredo Muñoz, Enrique Guarín. Barrancabermeja: Antonino Galán, Luis Umaña. Boyacá: Víctor Dávila. Córdoba: Jorge Nisperuza F. Cesar: Victoria Avendaño, Francisco Rinaldi. Bolívar: Luis Alberto Mendoza. Valle: Otoniel Dávila (Comisión Solidaridad).

POSICIÓN DEL MOIR ANTE EL ANUNCIO DE LIQUIDAR ACERÍAS PAZ DEL RÍO

Siguiendo las recomendaciones del estudio de Achury Gasca Consultores Asociados, contratado por el IFI, la dirección de Acerías Paz del Río, APR, con la aprobación de los dos representantes de los trabajadores, tomó la determinación de vender la siderúrgica en funcionamiento, y, con el producto de la venta, constituir el fondo pensional, liquidar a todos los trabajadores activos y cancelar las deudas. Se trata de «una fórmula que permita continuar con la operación mas no con la actual empresa, (…) algo así como lo que se hizo con la Caja Agraria», para decirlo con las palabras de Rafael Santamaría en reciente reunión de junta directiva. Según el estudio, dentro de los posibles compradores de APR se encuentran las brasileras, Usiminas, la Compañía Siderúrgica Nacional y el grupo Gerdau, el conglomerado Techint dueño de Siderar en Argentina, Ispat de la India y Siderperú.

¡He ahí el cuadro completo de las dramáticas consecuencias de la apertura para la producción nacional y para la clase obrera! Tras diez años de la nefasta política, el país está en ruinas, desindustrializado, sin producción agropecuaria y con aterradoras tasas de desempleo. Y ahora, los mismos sabihondos que nos llevaron al despeñadero nos salen con el cuento de que son los asalariados los culpables de la crisis de las empresas y que, para conservar algunos puestos de trabajo, éstas deben comenzar “cero kilómetros”, es decir, sin convención colectiva, sin carga pensional y sin sindicato.

Las multinacionales se vienen adueñando de los servicios públicos y renglones estratégicos como el minero, la química básica y los hidrocarburos. Las importaciones arruinan industrias como la siderúrgica, la textil y las de confecciones y calzado para mencionar unas pocas. La experiencia de Paz del Río es patética. La riqueza que genera pasará a manos del capital extranjero. En adelante lo que produzca no estará determinado por las cadenas productivas que han surgido a su alrededor y por las necesidades del desarrollo de Colombia, sino por los intereses de los consorcios que demandan productos de acero, por los monopolios mundiales del negocio siderúrgico y por el capital especulativo internacional.

La verdadera historia

Un resumen de la historia de Acerías nos permite ver el contraste entre proteger o no una actividad económica.

En medio de la Segunda Guerra Mundial el gobierno tomó la decisión de crear una siderúrgica integrada y Acerías comenzó actividades en 1954 con un fuerte respaldo del Estado. El error inicial fue su inmediata privatización. Sin embargo, en sólo diez años las importaciones de acero se redujeron drásticamente de 97% del consumo nacional al 36%, hasta bajar en 1991 a sólo el 11%. La empresa llegó a generar ocho mil empleos directos. Además, permitió el surgimiento de una verdadera cadena productiva y el florecimiento del corredor industrial entre Tunja y Sogamoso. La crisis actual data de 1992 cuando el gavirismo permitió el ingreso masivo de aceros provenientes de Europa del Este, Venezuela, Brasil y Trinidad. En 1998, las importaciones se habían tomado 38% del mercado. Hoy el panorama de la economía boyacense es desolador.

El caso de Paz del Río es también una demostración de a dónde puede conducir el afán de la rentabilidad en la gestión privada de una empresa estratégica, y demuestra por qué el Estado debe mantener el control de renglones claves para el conjunto de la producción, así en determinado momento éstos no resulten rentables. El Grupo Antioqueño, haciendo a un lado la importancia de Acerías para la economía colombiana, exprimió sus ganancias, cuando las tuvo, y desvió sus posibilidades de crédito hacia la construcción de una cementera, lo que impidió las inversiones en tecnologías como la metalurgia en cuchara y la colada continua, indispensables para su modernización. Cuando vino el concordato, el conglomerado posó de mártir y comenzó a despojar a los trabajadores de sus conquistas y a birlar a los municipios de la región los ingresos que les correspondían por concepto de impuestos. Su papel fue el de preparar el escenario para la entrega de la empresa al capital extranjero.

Los anteriores son hechos protuberantes que hoy se pretende ocultar achacándoles la crisis a los salarios y pensiones.

A quienes desde una posición parroquial nos increpan que la empresa seguirá en funcionamiento y se conservarán algunos puestos de trabajo, el MOIR les responde: no es lo mismo que la riqueza generada por el trabajo nacional se quede aquí sirviéndole al progreso de la patria, a que vaya a parar a la bolsa de los magnates de las trasnacionales. Aceptan sumisamente la esclavitud quienes permiten que la supuesta salvación de las empresas se haga a costa de una regresión en las condiciones de contratación de la mano de obra. Detengámonos en estas dos ideas:

Industria nacional o capital extranjero

La primera, tiene que ver con las tendencias mundiales. En la actualidad en el mundo hay una superproducción de acero. Los grandes monopolios norteamericanos, asiáticos y europeos se fusionan para crear empresas de dimensiones colosales a las que les interesa explotar mano de obra barata en cualquier lugar del mundo siempre que puedan maximizar utilidades. Mientras a las naciones pobres se les exige abrir los mercados, en la guerra entre los monopolios el proteccionismo se vuelve un arma válida. En Estados Unidos se levantaron fuertes medidas para proteger al sector, que se quejaba por la entrada masiva de aceros baratos provenientes de Asia, Brasil y Rusia.

En América Latina la apertura y la privatización de las siderúrgicas estatales vienen facilitando una participación cada vez mayor de capital norteamericano en esas compañías y una concentración de la propiedad en las acereras brasileñas, mexicanas y argentinas. En 1997, por ejemplo, Venezuela privatizó la Siderúrgica del Orinoco, Sidor, productora de 3 millones 600 mil toneladas, la cual pasó a manos de un conglomerado constituido por Usiminas (Brasil), Hylsamex y Tamsa (México), Siderar (Argentina) y Sivensa (Venezuela). Si observamos con detenimiento veremos que algunos de estos grupos aparecen como los posibles compradores de APR. Para el imperialismo el negocio es redondo pues sus gigantescas firmas automotrices vienen instalando plantas, sobre todo en Brasil y México. Allí no solamente adquieren aceros a bajo costo, sino que obtienen toda clase de incentivos fiscales y gabelas de los gobiernos.

En adelante la suerte de Paz del Río será la de peón del capital trasnacional, que decidirá cuáles líneas de producción se cierran y cuáles se mantienen. Debido a una tendencia a la escasez mundial de carbón coquizable, existe especial interés en que la región de Boyacá produzca coque para la exportación. En un documento titulado «Proyecto nueva empresa siderúrgica», la compañía plantea «montar una nueva Coquería». El terreno ya fue allanado, pues durante la crisis se cerraron las minas de la Chapa y Samacá, y actualmente Acerías se abastece del carbón de los pequeños mineros a los que compra el mineral a precios miserables.

Nuestra posición es clara: ¡Jamás secundaremos ninguna medida que debilite la producción nacional y facilite el designio imperialista de recolonizar a Colombia!

El camino es la lucha, no la conciliación

La segunda idea tiene que ver con la tendencia a envilecer los salarios. «Sin mano de obra barata no hay neoliberalismo que valga», vaticinó Mosquera. La forma como se liquidó la Caja Agraria, repetida en la fórmula planteada para “salvar” a Paz del Río, y las propuestas de reforma laboral del pastranismo, profundizan una política frente a la cual no cabe la menor conciliación del movimiento obrero. ¿De qué sirvió que la mayoría del sindicato de Acerías cediera una a una las conquistas de la convención colectiva? ¿De qué han valido los continuos recortes en la planta de personal reducida durante la crisis a 2.500 trabajadores? ¿No fue una solemne estupidez entregar 40% de las cesantías con la compra de unas acciones cuyo valor se evaporó al poco tiempo? ¿Vino la “salvación” aceptando que los obreros fueran sometidos a extenuantes jornadas a fin de elevar la productividad? ¿No fue acaso bajo semejante régimen como la empresa obtuvo la cifra récord de 270 mil toneladas en 1997, sin que ello significara la tan anhelada “salvación”? ¿Cree la dirigencia sindical que contribuye a salvar a Boyacá permitiendo la liquidación de la compañía y el despido de otros 500 trabajadores para que el capital extranjero se lucre con la contratación de una mano de obra experta a bajos costos?

De entrega en entrega el sindicato terminó renunciando hasta a su propia existencia.

Nuestra posición es clara: ¡Jamás secundaremos ninguna medida que, so pretexto de “salvar” las empresas o defender los puestos de trabajo, desmejore las condiciones de los trabajadores e intensifique la explotación de la mano de obra.

¿Es viable Acerías Paz del Río? Sí. No nos cansaremos de repetir que éste es un asunto que concierne al interés de la nación de proteger su vital industria siderúrgica. Una verdadera salvación de la acerera exige que el Estado establezca severas restricciones al ingreso al país de aceros bajo cualquier modalidad, y, si es el caso, subsidie la producción nacional. Lo ideal sería que la empresa fuese definitivamente estatal. ¡Una salida así, exige que se revierta la apertura!

A la clase obrera y todos los patriotas que perseveran en la defensa de Colombia no nos queda otro camino que disponer las fuerzas para la batalla. Por eso, el llamado del MOIR es a que nos vinculemos con decisión al Paro Cívico Nacional programado por las centrales obreras y otras organizaciones sociales para el próximo 31 de agosto.

TRABAJADORES PETROLEROS DE NUEVO EN PIE DE LUCHA.

En asambleas regionales, los trabajadores de Ecopetrol afiliados a la USO han aprobado realizar la huelga general. La decisión fue tomada contra las medidas del gobierno de Pastrana que le dan vía a la privatización de la empresa y contra los proyectos de ley de la denominada flexibilización laboral. Esta declaratoria está enfilada contra dos anuncios de claro contenido imperialista. El uno, que favorece a las multinacionales del petróleo, y el otro que da cumplimiento a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, tendientes a abaratar la mano de obra.

El proyecto de ley 219 o de reordenamiento del gasto público, les arrebata a los trabajadores del Estado la retroactividad de las cesantías y los regímenes especiales de salud y pensiones y al mismo tiempo elimina el derecho a la contratación colectiva, pues las convenciones quedan, para su cumplimiento, sujetas a aprobación del Confis, las asambleas departamentales y los concejos municipales. Este proyecto de ley abre la posibilidad de que el gobierno entre a demandar las convenciones colectivas de los trabajadores estatales.

Las reformas a la política petrolera oficial aumentaron la participación de las multinacionales en los contratos de asociación de 50 a 70% y bajaron el pago de regalías desde 20 hasta 5%, en detrimento de los erarios de la nación, los departamentos y los municipios. Dicha reforma permite la participación del capital privado nacional y extranjero en los campos que están bajo la operación directa de Ecopetrol. Para ello, el gobierno habilitó los llamados «contratos de producción incremental» mediante los cuales, a cambio de inversión en tecnología, se les otorga un alto porcentaje de la producción. Hasta hoy, Ecopetrol es dueña del ciento por ciento de dicha producción.

Los dirigentes de la USO adelantan entonces los preparativos para vincularse al Paro Cívico Nacional del 31 de agosto, a la vez que disponen todo lo concerniente a la organización de la huelga general en Ecopetrol. La reforma laboral, las modificaciones a la política petrolera oficial, la disminución de la nómina de trabajadores directos, entre otros, debilitan seriamente la empresa, facilitan el saqueo imperialista de los hidrocarburos y aniquilan al sindicato.

La USO está librando su lucha en el marco de la resistencia en la que está empeñada la nación colombiana contra la recolonización gringa.

EL MAGISTERIO CON LA DESOBEDIENCIA CIVIL.

En la peor crisis de la historia contemporánea de Colombia, el magisterio está listo para la desobediencia civil, en defensa de la educación pública, de sus derechos y de sus prestaciones. Para los maestros es difícil encontrar en su historia una situación más grave que la actual: se privatiza la educación, se arremete contra todas sus conquistas, se amenaza con liquidar el Fondo de Prestaciones, se pone en marcha un plan atentatorio contra la calidad de la educación y pende contra su estabilidad una espada de Damocles, con el examen de evaluación.

La consigna que el magisterio ha adoptado es la de «sí a la evaluación, no al examen de destitución». Es que Fecode no se opone a que los docentes sean evaluados. En realidad, hoy se desarrollan diferentes sistemas de evaluación educativa: en las instituciones se hace cada año y para vincular nuevos maestros se abre un concurso que califica a los candidatos. Pero la Federación sí está contra el examen de conocimientos y pedagogía dirigido a disminuir la planta de personal, introducido por el gobierno en la Ley 508 de 1999. Es allí donde reside el quid de la cuestión. No tiene ningún fundamento argüir que la prueba está orientada al mejoramiento de la calidad de la educación, porque todas las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo, como la del Nuevo Colegio, la de la privatización de la educación media, la jornada complementaria, conspiran contra de la excelencia educativa.

Por orden del Fondo Monetario Internacional, toda la política del gobierno de Pastrana apunta a «racionalizar» el gasto público. Estados Unidos viene presionando la garantía de que se le pague la inmensa deuda externa, para cuya cuota del año entrante exige que se dedique 40% del presupuesto nacional. Destituir cinco mil maestros cada dos años, despedir a los cuarenta mil pensionados en ejercicio, chantajear a los profesores con traslados inaceptables para obligarlos a renunciar, anular la planta departamental de personal sin reemplazarla con plazas del situado fiscal, todo ello se convierte en una exigencia para disminuir la nómina estatal. Por esa razón, el examen de evaluación es la forma utilizada por el gobierno para eliminar puestos de trabajo y “ahorrar” más recursos. La Ley 508 les exige a los gobernadores la firma de un convenio de desempeño que obliga a drásticos recortes de maestros.

No presentar el examen, no llenar los formularios para abrirles camino a los convenios de desempeño, no aceptar los cursos de capacitación para las pruebas, no permitir la reubicación arbitraria, no consentir la imposición de 30 ó 35 estudiantes por profesor, no modificar la duración de las clases a 60 minutos, son las protestas por medio de las cuales se expresa la desobediencia civil. Pero ya se propone también que no se cobre matrícula a los estudiantes y que no se paguen los servicios públicos en las instituciones educativas.

La desobediencia civil hace parte de la resistencia del pueblo colombiano contra la cada vez más descarada intervención del imperialismo estadounidense en nuestra patria. El gobierno de Pastrana intensifica la explotación de los trabajadores, poniéndose al servicio de Estados Unidos, que en su insaciable voracidad de conquista y dominación busca doblegar al país. La rebeldía del magisterio se enmarca así en la lucha de toda la nación, lo mismo que el Paro Cívico Nacional del 31 de agosto.