Categoría: Tribuna Roja N° 65, Bogotá; abril 23 de 1996

Comunicado del Comité Ejecutivo Central del MOIR, de marzo 14, en el cual se condena la injerencia norteamericana y el indignante mecanismo de la desertificación, al cual recurrió Estados Unidos acompañándolo de insultantes calificativos contra nuestro país

En una escalada de su continuado intervencionismo, el gobierno de los Estados Unidos, país que presenta el mayor consumo de narcóticos y obtiene el mayor lucro de su tráfico, recurrió de nuevo al instrumento que ilegítimamente se autoconcedió de calificar a Colombia, así como a otros países, por el tratamiento que han dado al narcotráfico. Semejante procedimiento, sin importar el signo positivo o negativo de su dictamen, es de por sí una tropelía en las relaciones internacionales que merece el rechazo de todos los que propugnan el trato en pie de igualdad entre las naciones, tal como lo expresara el gobierno mexicano.

El propósito del Estado norteamericano es intensificar el cerco político, económico y financiero sobre la nación y de paso exponernos ante la comunidad internacional como nación degradada. Esto consolida a la potencia del Norte como actor decisivo en el eventual derrumbe del gobierno de Ernesto Samper y en la selección de su reemplazo; apuntala la quinta columna con que cuenta en Colombia conformada por el fiscal Valdivieso, a quien no se cansa de encomiar, y por algunos funcionarios judiciales y policivos, precandidatos, ex funcionarios gaviristas, dirigentes gremiales y periodistas; monta con sus certificaciones nuevos mecanismos de chantaje permanente para incidir en las principales decisiones nacionales, en fin, crea las condiciones propicias para avanzar en su plan de recolonización política y económica. Por ello el repudio que merece de los colombianos debe ser categórico e inequívoco.

Al igual que los actos de intervención norteamericana perpetrados gracias al colaboracionismo de César Gaviria, éste de ahora, facilitado por la obsecuencia de Ernesto Samper, corrobora, como hemos expresado, que el ignominioso tratamiento del imperialismo gringo es aquí correlativo con el servilismo que manifiestan sus gobernantes. El gobierno samperista, lejos de rechazar la práctica colonial de la certificación, ha optado durante su mandato por someterse a los dictados y el chantaje de la Casa Blanca. Tanta complacencia de nada le ha servido, pues el imperialismo, inflexible ante sus gestos de apaciguamiento, estrecha el cerco a la nación y sigue en pos de su cabeza. Ambas cuestiones, no obstante, deben ser rechazadas, sin duda alguna y contundentemente.

La nación enfrenta hoy el peligro real e inmediato de que el cambio de gobierno y, eventualmente, de la legislación política estatal, sean impuestos como el resultado de complots, manipulaciones y chantajes montados en Washington, de los cuales la espuria desertificación es típica y avanzada muestra. Esto equivaldría a una pérdida de independencia política sin precedentes, que tendría cono base despojar a la población de su derecho primario y fundamental a la autodeterminación, sin la cual no es posible ningún otro derecho ni propósito social.

Demostrando sabiduría para comprender este riesgo y valor para enfrentarlo, son muchos los episodios de 1ucha que a través de la historia ha desplegado el pueblo colombiano por su independencia. Es necesario recoger esta altiva tradición, puesto que los actuales conflictos sociales, entre ellos los que se manifiestan en los debates y litigios respecto a la corrupción y los delitos relacionados con el tráfico de narcóticos, y en especial el proceso que la Fiscalía ha incoado contra el presidente Samper, están atravesados por los diversos aspectos del gran conflicto que contrapone a Colombia con la política que se dicta en Washington. Ignorar e conduce a desatinadas actitudes antipatrióticas o inconsecuentes, nacidas de desconocer que cualquier desenlace positivo para los intereses nacionales sólo es posible si se suprimen todas las interferencias norteamericanas.

La condición absolutamente necesaria para la solución de los conflictos que hoy abruman a Colombia radica en la vigencia y ejercicio plenos de la soberanía nacional. Esta gran verdad está en armonía con lo que históricamente ha proclamado la clase obrera y va siendo desentrañado cada día, en medio de la crisis, por un mayor número de colombianos. ¡Excelente resultado para nuestro destino como nación!

Consecuente, el MOIR llama a todos los compatriotas a ponerse en pie de resistencia para:

• Poner fin a todo compromiso de carácter militar, judicial y policivo con Estados Unidos que constituya una injerencia en nuestros asuntos o la facilite, socave las instituciones y quebrante las leyes y normas vigentes. El constante rechazo popular a la presencia de tropas, agentes policiales y espías norteamericanos en nuestro suelo, debe traducirse en la salida del virrey Frechette y del personal de la DEA, la CIA y el FBI, los siniestros organismos cuya misión confesa es hoy más que nunca reprimir, espiar y conspirar, mientras, entre elogio y elogio a sus favoritos envuelven y determinan las principales actividades de la Fiscalía y la Policía Nacional.

• Desechar la política neoliberal de apertura, lo cual en primera instancia entraña resguardar la producción y el mercado nacionales. Suspender las privatizaciones y las medidas que impliquen desguazar las empresas estatales. Recuperar y estimular la economía agraria. Exigir condiciones justas para nuestro comercio exterior y hacer que la inversión extranjera beneficie prioritariamente nuestro desarrollo económico. Renunciar a toda cooperación económica o técnica condicionada a satisfacer pretensiones extrañas al interés nacional.

• Suspender las medidas y políticas que deterioran la vida del pueblo, como las continuas alzas en los bienes, servicios e impuestos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el irrespeto a los derechos democráticos y el desconocimiento a las reivindicaciones de las masas laboriosas.

En torno a estos puntos se viene produciendo una división en la sociedad colombiana, pues constituyen una línea de separación entre quienes secundan, alcahuetean o consienten el continuo intervencionismo de Estados Unidos y quienes le oponen resistencia, lo rechazan y lo denuncian. Sobre esa misma base se gesta entre la mayoría de compatriotas una gran unidad. Los hechos harán cada día más evidente que ambas, división y gran unidad, son indispensables para salvar a la nación.

La continuidad de la actual política de sumisión nacional del gobierno obstaculiza la más amplia unidad nacional. El país reclama una política que defienda su independencia y soberanía.

Sin duda alguna todos los colombianos de bien, entre quienes alienta un espíritu patriótico y democrático, desplegarán su resistencia contra la recolonización emprendida por Estados Unidos y harán que prevalezca la soberanía de Colombia.

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario
(MOIR)

Comité Ejecutivo Central
Héctor Valencia, Secretario General

Por Jorge Enrique Robledo
La historia la contó La Patria con oportunidad y detalle. Hace cinco años, dos multinacionales, una sueca y otra española, decidieron repartirse la producción mundial de fósforos. El grupo español Fierro se encargó de engullirse el mercado latinoamericano. Con ese propósito compró la Compañía Fosforera Colombiana, que pertenecía a inversionistas suecos, y montó una nueva fábrica en Sopó, Cundinamarca. Luego, les ofreció compra a todas las fosforeras del país. Primero cayeron ante el asedio Iris y Cienfuegos. Después, mediante una promoción de «pague una caja y lleve dos», liquidó a El Viejo, Vulcano y Póker, las tres localizadas en Manizales. Y para finalizar la ofensiva, con la oferta de «tres cajas por una», siguió vendiendo a pérdida, pero rindió a El Rey, su última competidora manizaleña y nacional. En conclusión, perdieron sus empleos 827 personas, muchas de ellas mujeres, y los nuevos dueños destruyeron las máquinas de las empresas que adquirieron y que habían funcionado en conjunto durante más de 141 años. Es cosa de esperar para ver a cómo venderá el agresivo monopolio, ahora sí, sus cerillas.

Cuando ya no había nada que hacer, la Superintendencia de Industria y Comercio empezó una de esas investigaciones que suelen anunciarse en el país, pero hasta la inició recordando que en la era de la apertura esas cosas pueden suceder porque, al fin y al cabo, se trata de confrontar diversos grados de «eficiencia» empresarial.

Con lo sucedido se comprueban varias advertencias: en la apertura, la industria del país, salvo la monopolista -y hasta eso habrá que verlo-, poco o nada tiene que hacer frente a los monopolios foráneos; las trasnacionales se reparten el mercado mundial mediante acuerdos o mediante confrontaciones según sean sus conveniencias; la competencia se hace como siempre recurriendo a prácticas leales y desleales; se concentrará la propiedad, disminuirá el empleo industrial, bajarán los salarios y el trabajo nacional acumulará el capital en el exterior y no en Colombia.

Y nadie debe sorprenderse por lo ocurrido, conocida la lógica que impulsa las orientaciones de la banca internacional: la llamada «globalización» quiere decir que el mercado mundial debe ser uno solo, para que los capitales y las mercancías puedan pasearse por él sin cortapisas. Esto presupone, obviamente, la creación de negocios apropiados para los poseedores de capitales, así estén en parte traducidos en tecnologías de envergadura universal. Su ideal es que todo en el mundo se haga con las características propias del poder de un puñado de grupos financieros descomunales. Entonces, recriminar a un productor nacional porque no es «eficiente» frente a una trasnacional riquísima que, como prueba aplastante de ello, puede vender a pérdida por lapsos prolongados, no pasa de ser una exigencia que carece de asidero con la realidad, y hasta resulta cruel.

Que el rumbo que se persigue está claro, lo ilustran los preparativos de los magnates del orbe. Por ejemplo, los mil mayores monopolios de la Comunidad Europea realizaron 622 fusiones en 1990. Nestlé adquirió empresas por 13.200 millones de dólares entre 1985 y 1994 y sólo en junio pasado hubo tres uniones bancarias valoradas en más de 13 mil millones de dólares en Estados Unidos, país donde se puso al orden del día el dilema de «comprar o ser comprado».

De insistirse en renunciar al empleo de la soberanía, en desmedro de los productores nacionales, en Colombia apenas podrán resistir alas asechanzas extranjeras unas pocas inversiones en situaciones especiales. No obstante, con el paso del tiempo, a esos sectores también les deberán llegar los sufrimientos.

Por Alfonso Hernández
El pasado 1° de marzo el gobierno de Clinton anunció su condena a la gestión antidrogas de Colombia durante 1995. Su actitud hostil demuestra, una vez más, que la Casa Blanca está urdiendo un plan perverso contra nuestra nación.

Aunque desde hace tiempo se viene adelantando una campaña difamatoria, la descertificación causó cierta sorpresa. Carlos Lleras, embajador en Washington, consideró insólito que en el año en que el país ha presentado el mejor desempeño, Estados Unidos haya decidido colocarlo en el nivel más bajo. Por ejemplo, fueron capturados los principales sindicados de ser miembros de la cúpula del Cartel de Cali. Se erradicaron, mediante aspersión aérea de venenos como el glifosato, 24 mil hectáreas de cultivos ilícitos, cifra que supera las 20 mil exigidas por Norteamérica para 1995, y se aprobaron y pusieron en marcha disposiciones contra el lavado de dólares.

Lo anterior le costó a nuestra paupérrima nación la enorme suma de 984 millones de dólares, cerca de un billón de pesos, más del doble del gasto público total en educación superior durante 1995. Todo para reducirles a los gringos su adicción a la cocaína.

En diversas ocasiones los mismos funcionarios del Norte elogiaron los triunfos de la política antidrogas del gobierno de Colombia. Tanto los sacrificios como los logros fueron superiores a las metas impuestas. ¿Por qué, entonces, la descertificación?

El Departamento de Estado pretexta: «No se realizaron acciones efectivas para enjuiciar y sentenciar a los líderes del Cartel de Cali. (…) No se aprobó una legislación que incrementara las condenas por narcotráfico. (…) No se logró un acuerdo bilateral con Estados Unidos para combatir el tráfico en las zonas marítimas. (… )Bajo la ley actual las propiedades sólo son confiscadas si el individuo es condenado por un crimen. (…) La corrupción permanece impune pese al esfuerzo de algunos dedicados colombianos por erradicarla. (…) Los esfuerzos anticorrupción del fiscal fueron atacados por miembros de la administración Samper, que públicamente criticaron su esfuerzo por hacer cumplir las leyes y trataron de ponerle un límite a su período como fiscal». Junto con el aplauso al general Serrano, director de la Policía, aparece también la acusación contra el Congreso por discutir la necesidad de mantener algunas garantías procesales. En pocas palabras, toda nuestra legislación e instituciones son puestas en entredicho. Reclaman juicios sumarios, confiscar los bienes a quien no se le ha demostrado culpa y se arrogan el derecho de decidir qué puede discutir el Congreso y de señalar quiénes son los buenos y quienes los malos.

Estas actitudes abusivas de Washington socavan la necesaria cooperación internacional contra el delito en vez de impulsarla. Días antes el ex presidente López pidió que «se establezca de una vez por todas la globalización de la lucha contra el narcotráfico, en bien de la humanidad entera, pero que no se busquen chivos expiatorios para justificar la intervención norteamericana». Y señaló que Estados Unidos con 40 millones de adictos juzga a Colombia por dos o tres mil narcotraficantes. Samper, quien aceptó desde el comienzo el humillante proceso de certificación y se afanó por satisfacer los apremios del Tío Sam a costa de descuidar las urgencias patrias, tuvo que reconocer que Estados Unidos efectúa una injerencia inaceptable en los asuntos internos de Colombia.

Rechazo unánime
El editorial de El Tiempo, del 3 de marzo, manifestó que como contrapeso del poderío norteamericano, «añoramos, quién lo creyera, el fin del imperio comunista». En la misma fecha El Espectador editorializa censurando con sobrada razón la falta de dignidad mostrada por nuestros gobernantes y culpa del hecho a Gaviria y a Samper, al fiscal, al director de la Policía y a los representantes de los gremios económicos.

Muchas personalidades han expresado su indignación ante la astracanada gringa. El representante Guillermo Gaviria, dijo que «el embajador Frechette le ha hecho mucho daño a nuestro país». El parlamentario Alfonso Angarita señaló: «Este hecho nos debe convocar a una gran reconciliación nacional no sólo para defender la soberanía, y legítimos derechos, sino para impulsar el progreso y desarrollo del país». Darío Martínez, representante liberal, consideró que se trata de una nueva versión del dominio capitalista sobre los países pobres. Luis Fernando Jaramillo, presidente de la Dirección Nacional Liberal, anotó: «Colombia no se inventó el narcotráfico y mucho menos e culpable de que esa sociedad se haya convertido en una nación de narcoadictos».

Las centrales obreras se pronunciaron airadamente. Yezid García, secretario general adjunto de la CGTD, manifestó que ninguna nación de América Latina «debe ser sometida a un examen por un profesor que no tiene ninguna autoridad moral para hablar de ese tema ni sobre ningún otro que tenga que ver con las libertades públicas». El Partido Comunista expidió una declaración en la que denuncia que el régimen yanqui se tomó la atribución de pisotear a los pueblos.

Sólo un grupito de desvergonzados partidarios del tutelaje foráneo justificó el atropello. El más abyecto, el señor Valdivieso, excitado por la zalamería gringa, abandonó por un momento su carácter taimado para decir que antes de él nadie había hecho nada contra el narcotráfico.

Quienes alborotan presentando a los yanquis como defensores de la moral y como un poder intocable ante el cual lo mejor es poner la otra mejilla, y claman porque no se yerga el patriotismo ante los ultrajes que cotidianamente recibe Colombia, acolitan la confabulación colonialista en marcha. ¿En verdad la descertificación se debe a la corruptela? ¿Acaso si el gobierno no fuera corrupto, los Estados Unidos dejarían de inmiscuirse en nuestros asuntos? Al respecto vale la pena recordar que la actitud intervencionista de éstos no es nueva, está ligada a sus intereses de potencia imperialista. Pero los drásticos cambios ocurridos en la situación mundial a finales de los ochenta determinan que sea mucho más arrogante y que sus apetitos lo lleven a devorar un botín cada vez mayor, menguando incluso la ración que correspondía a sus antiguos aliados, las oligarquías latinoamericanas. Ahora busca de manera abierta la disolución de las demás naciones.

Negar a los demás la soberanía
El 17 de marzo, El Espectador recuerda que «los empresarios del poder metropolitano pregonan a todos los vientos la desaparición de las soberanías nacionales y pretenden encajonar dentro de la teoría de la aldea universal la desaparición de fronteras patrias en beneficio de la imposición de su gran poder universal». Que la afirmación del editorialista del diario capitalino es certera lo comprueba el ataque que hace Estados Unidos a todos los elementos constitutivos de nuestros países. Frechette llegó hasta sermonear en la Escuela Superior de Guerra sobre la obsolescencia de la soberanía.

De años atrás las políticas arteramente llamadas de libre comercio vienen demoliendo el primer fundamento de la nación, el mercado interior. Cada día un mayor número de empresarios ve cómo sus negocios sucumben ante la acometida de las poderosas multinacionales. Con razón Fabio Echeverri sostiene que la apertura le ha hecho más daño a la economía que la crisis política. Los que buscan crear el pánico con la afirmación de que la follisca alrededor del ingreso de dineros calientes en las campañas políticas va a ahuyentar la inversión extranjera, saben que ésta crece cada día y que los augurios de catástrofe son aprovechados por los pulpos foráneos para comprar más baratos nuestros activos. El embajador norteamericano, a la vez que amenaza con pegar con el garrote más duro y da órdenes terminantes a los gremios, no puede disimular la gula que a sus representados les producen nuestras riquezas. A La República le dijo: Colombia «es muy importante por tener enormes ventajas: su posición geográfica, la posibilidad de instalarse compañías para surtir a toda la región andina, mano de obra muy calificada, hombres de negocios reconocidos en la región como los mejores. Es decir, ustedes tienen un futuro brillante; quisiéramos trabajar conjuntamente para desarrollarlo». Además fue enfático en el interés por los bosques y el petróleo, renglón en el cual reclama todavía mayores prerrogativas para los monopolios. La amenaza, pues, no proviene del supuesto éxodo del capital extranjero, sino de su ánimo de despojarnos de lo nuestro.

La propia integridad territorial está en peligro. Los elogios de Frechette a nuestra ubicación geográfica confirman las denuncias que se han venido haciendo acerca de que los Estados Unidos se proponen separar a la ubérrima región de Urabá para armar allí una republiqueta que les permita construir y manejar un nuevo canal interoceánico y hacer suyo el Tapón del Darién. En esa región varios consorcios norteamericanos controlan ya un alto porcentaje de la producción bananera.

Los ataques a los partidos, a la denominada clase política y al Congreso tienen idénticos móviles. Frechette dijo hace unas semanas a Portafolio: «La Comisión de Acusaciones no tiene credibilidad alguna en el exterior, ni en Europa ni en Estados Unidos y aquí tampoco. El rating más bajo lo tiene la clase política». Tales declaraciones llevaron al Parlamento colombiano a pedir la salida del embajador imperial.

Ellos, que apalean a diario en su territorio a negros y a latinos, con el pretexto de la defensa de los derechos humanos atacan a los ejércitos latinoamericanos y les imponen la merma de sus efectivos. Sobre este punto el general Manuel Bonett comentó a Cambio 16: «Deberían reducir primero el suyo, que cada día es mayor. Quizá los Estados Unidos buscan reducir nuestras fuerzas militares para intervenir con más libertad en nuestros territorios».

Como si fueran la personificación de las virtudes, califican a los demás en materia de derechos humanos, de leyes y códigos, de lucha contra el narcotráfico, de protección del medio ambiente, de seguridad aérea.

Crear una situación caótica, azuzar a unos contra otros, alebrestar a toda clase de arribistas y, principalmente, someter a un profundo desprestigio interno y externo a todo aquello que pueda contribuir al mantenimiento de la unidad nacional, tal es la táctica con la cual los filibusteros yanquis preparan el despresamiento de Colombia.

Los pronunciamientos de distintos personajes de la vida nacional arriba citados, la mayoría de ellos a salvo de cualquier acusación de sentimientos antinorteamericanos, y la indignación popular, corroboran la imperiosa necesidad de poner dique a la altanería de la superpotencia. Tarea que sólo puede ser fruto del esfuerzo conjunto de todos los patriotas.

El 6 de abril falleció en Medellín, víctima de un accidente, el camarada Humberto Hernández, de 45 años de edad, quien fuera miembro de la Comisión Obrera Regional del MOIR y dirigente de Sittelecom.

El camarada Hernández hizo parte de la dirección nacional del sindicato en la gran huelga de 1992. Ocupó después la presidencia durante los seis meses en los que el camarada Eberto López hubo de permanecer oculto y evadiendo una orden de captura dictada por el fiscal De Greiff. Al siguiente año, Humberto debió regresarse a su ciudad natal.

Contador de profesión, ex alumno de la UPB, el camarada había ingresado en 1981 a los cuadros de la dirección partidaria, en los que siempre desempeñó un papel destacado. En la reciente huelga de la Caja Agraria, el Partido le confió la misión de respaldar el movimiento en Antioquia, tarea que atendió con lucidez las veinticuatro horas de cada día. Manteniendo la posición de que lo principal es la política, logró consolidar el organismo de Partido entre los creditarios.

De su matrimonio con Margarita Valencia, igualmente trabajadora de Telecom, quedan dos hijos: Juan Sebastián, de 17, y Gabriel Jaime, de 14.

Emel Vergara
El 21 de noviembre de 1995, y después de prolongada enfermedad, murió también en Medellín el camarada Emel Vergara, de 45 años, integrante de la comisión de Tribuna Roja en Antioquia y asimismo dirigente de Sittelecom.

Había nacido en Cali el 17 de febrero de 1950. Se vinculó a nuestro Partido en 1969. Al momento de fallecer, el camarada hacía parte de la comisión de corresponsales de Tribuna Roja que tuvo a su cargo la edición del libro No perder la marea alta, publicado el año pasado con una selección de escritos de Francisco Mosquera.

Casado con la camarada Nancy Ruiz, Emel deja cinco hijos: Rocío, Mónica, Paola, Camilo y Alejandro.

En pleno Senado de la República, el dirigente nacional del MOIR, Jorge Santos, acompañado por decenas de nuestros militantes y en medio de los gritos de «¡Fuera gringos de Colombia!», prendió fuego el 7 de agosto a la bandera de Estados Unidos. «La patria debe ponerse de pie», dijo a los periodistas el senador revolucionario, cuya iniciativa sacudió al país y fue en seguida registrada por las agencias internacionales de noticias.

El hecho nunca había ocurrido en el recinto del Congreso. Ni siquiera a raíz de la separación de Panamá, instigada por Washington, que provocó a lo largo y ancho de Colombia una oleada de descontento popular, comparable a la que hoy se levanta en rechazo a la descertificación.

Mientras que el senador Guillermo Ocampo quiso impedir la quema y el Directorio Nacional Conservador presentó una moción para que se persiga penalmente a Jorge Santos, un grupo de parlamentarios, entre ellos Jaime Dussán, salió en defensa suya. El periódico Voz, del Partido Comunista, dio realce también al acto de la quema en su edición de la semana siguiente.
Al tiempo que el MOIR llamaba a los patriotas a convertir en un erguido y multitudinario movimiento de masas la protesta contra el imperialismo, el gobierno de Samper, en declaración divulgada horas después, se conformó con exhortar a que «el natural descontento ciudadano se canalice en forma respetuosa y serena».

La consigna de incendiar cientos de banderas y rechazar con ira el intervencionismo yanqui ha sido acogida con entusiasmo en decenas de mítines y marchas. El 6 de marzo, en el curso de la jornada convocada por la CUT y la CGTD contra la política laboral de Samper, se procedió en todo el país a prender fuego a la insignia de las barras y estrellas, símbolo de la expoliación imperial. En La Dorada, por ejemplo, cientos de maestros que se hallaban en paro exigieron respeto a la soberanía de Colombia.

En Santa Marta, el 15 de marzo, tres mil manifestantes reclamaron que sean expulsados de Colombia el «virrey» Frechette, así como la DEA y la CIA. En la concentración llevaron la palabra Jorge Santos, el presidente del Concejo Rubén Darío Cardona, el diputado Trino Luna y los dirigentes Marcos Mejía y Adalberto Díaz. Un acto similar se cumplió en Cartagena, el 21 de marzo, en el cual intervino, además del senador del MOIR, el presidente seccional de CGTD y ACEB, Arquímedes Barrios.

Concejales, diputados y dirigentes de todos los partidos se han mostrado dispuestos a secundar estas protestas. Ahora más que nunca, tal como lo señala el reciente Comunicado del MOIR, se torna necesario recoger la altiva tradición de lucha y unidad desplegada por la nación colombiana en aras de su sagrada independencia.

(Apartes del documento escrito por Francisco Mosquera bajo, el título «El 27de mayo, otro 11 de marzo», publicado en El Tiempo el 25 de mayo de 1990, y en el cual anunció que el MOIR se abstenía de concurrir a los comicios que le dieron el triunfo a César Gaviria)

Podemos decir que Estados Unidos recuperó en buena parte la iniciativa perdida dentro del ámbito de los negocios internacionales, mientras la Unión Soviética, en la recta final de su involución capitalista, ve disminuir aceleradamente la suya. Una variación de ciento ochenta grados en el curso de las contradicciones a nivel mundial. La humanidad se precipita hacia una guerra económica de extensión y proporciones no observadas desde los tiempos en que el trabajo forjó sobre la Tierra las primeras mercancías y el primer intercambio de éstas; unas colosales disputas que cobijarán a todos los continentes y a todas las razas, pero cuyos principales autores no serán ya exclusivamente las dos grandes naciones nombradas, sino que contarán también con la activa presencia de Europa y el Japón. El mundo dividido por dos se ha dividido por cuatro, y quizás se partiría en cinco, si China, con más de mil millones de seres, se acercara por su cuenta y riesgo al teatro de unos enfrentamientos hasta el presente «pacíficos», pero que cualquier desajuste en el complicado equilibrio bien podría encenderlos. Los planteamientos de que, para salir del atraso y la pobreza, Colombia debe tomar parte resueltamente en el actual proceso de internacionalización de la economía, y sobre los cuales tanto se especula, son apenas ecos ideológicos de las agrias contiendas que libran las metrópolis por el control de los mercados. A la par que pregonan la apertura para los países que giran en su órbita, los bloques imperialistas practican entre ellos el proteccionismo. Y ésta es la doble conducta que mantienen los consorcios estadinenses en sus relaciones con nosotros y el resto de Latinoamérica.

Siempre hemos insistido en la necesidad de efectuar rectificaciones en la conducción de la economía del país, algunas incluso de fondo. Jamás hemos sido partidarios de escudarnos en el aislamiento nacional como una forma de proteger nuestra incipiente industria. En suma, no creemos que haya fórmulas simples o fáciles en el intento titánico de propugnar el desarrollo. Pero de ahí a dejarnos arrastrar de la ternilla, o compartir la ingenua convicción de que basta con introducirnos en la retorta del comercio mundial para salir fortalecidos con la prueba de la competencia, hay un abismo muy considerable. A quienes les cuelan estos cuentos, o no son listos, o no son independientes. Cuando alguien se refiere a la apertura económica se entiende que habla de una política global, concreta y definida, la que en Fondo Internacional les está imponiendo a los países endeudados, con el propósito de convertirlos exclusiva y totalmente en feudatarios o tributarios de las economías de las repúblicas de los prestamistas del planeta, y en nuestro caso, de la norteamericana. Obviamente aquel enunciado no atañe a los esfuerzos que emprendan los exportadores o los comerciantes de un determinado pueblo tras el cometido de vender en el exterior los productos de éste e impulsar su progreso, contra lo cual ningún patriota consecuente habría de pronunciarse. La apertura que venimos reseñando y combatiendo implica no la modernización de las estructuras productivas de Colombia sino la quiebra de algunas de sus ramas industriales más antiguas, más sólidas y de mayor afluencia del capital nacional. El torrente de medidas económicas que, desde el segundo semestre de 1989, ha puesto precipitadamente en práctica el actual gobierno, ya en la penumbra de su decadencia, levantaron múltiples reclamos de los gremios industriales, las organizaciones sindicales y los frentes investigativos. Se derrumban las escasas barreras de protección e iníciase el alud indiscriminado de los productos extranjeros; el Estado pone en venta sus participaciones en las actividades productivas y se tramita la privatización de los servicios públicos; los créditos de fomento sufren drásticos recortes y los intereses bancarios llegan a índices realmente confiscatorios; los organismos de la planificación estudian el desmonte del control de cambios y el dólar continúa desplazando al peso en las transacciones internas. En fin, con sus reformas en los más variados campos, las autoridades colombianas alientan el proceso de colonización o apertura económica, que es lo mismo.

Mucho tememos que todo este revuelo armado en torno a la enmienda de la Constitución a través de la vía excepcional de un referendo y de una asamblea extraparlamentaria, obedezca a insistencias de Washington para que se efectúen cuanto antes los amoldamientos jurídicos sin los cuales no sería posible la santa misión de liberalizar a los países infieles de la época. La tormenta reformista que se ha desatado representaría entonces un gigantesco retroceso y no una innovación, cual lo proclaman los constitucionalistas del sistema. Estaríamos ante una conjura contra el país, que vería comprometido su futuro y aplastadas sus mejores tradiciones. Todo indica que es así, desafortunadamente.

Los ejecutores del peligroso proyecto se aprovecharán hasta de los anhelos de cambio de las masas. Cualquier factor puede servir: la deficiencia de los jueces, el anquilosamiento de las cámaras legislativas, la lucha sin cuartel contra el narcotráfico, la candidez virginal de los universitarios, el oportunismo de la extremaizquierda, los cálculos ilusos y egoístas de la burguesía, la división permanente de la clase obrera, los realinderamientos a escala internacional, el temor de las gentes y, sobre todo, la indiferencia política de vastos segmentos de la población que da pábulo a la labor diversionista del Ejecutivo, cuando casi todos los meses se escuchan desconcertantes noticias o rumores de que naves norteamericanas han vulnerado las aguas y los cielos de Colombia; incidentes gravísimos, frente a los cuales el presidente de la República ni siquiera se pronuncia. Y el día que por tal motivo llegó a salir un comunicado de alguna agencia gubernamental, fue para justificar las expediciones yanquis, por lo general fraguadas desde territorio panameño, convertido de hecho en el 52 estado de la Unión, luego del asalto de diciembre, con que se depuso a Noriega y se le secuestró.

Otro tanto ha acontecido con la muerte violenta de Rodríguez Gacha, alias El Mejicano. Voceros del Pentágono y del Congreso estadinense involucraron a agentes de la DEA en dicha operación, llevada a cabo en nuestra Costa Atlántica. La Cancillería colombiana les restó trascendencia a semejantes declaraciones que eran, o un infundio, o una infidencia, materia delicada en ambas eventualidades. Las ofensas contra la dignidad nacional ya no reciben ni el tratamiento reservado a las infracciones de inspección de policía. Si en el cuatrienio que concluye ha sido notoria esta tendencia, particularmente durante el último tramo, cuando se desnuda casi siempre el pleito de la sucesión presidencial, ¿qué puede esperar el pueblo colombiano de César Gaviria, ungido prácticamente desde el 11 de marzo, cuya buena estrella se la debe a Barco y a quien viene acompañando, sin interregnos ni deslealtades, aun antes del 7 de agosto de 1986?

El decreto con que se autoriza la consulta sobre la citación de una «Asamblea Constitucional» está redactado de tal modo que, en definitiva, se trata de un cheque en blanco girado a favor del próximo mandatario. Los partidos menores, e inclusive las fuerzas con raigambre electoral pero que no gozan de las simpatías del estrecho círculo dominante, al promover el referendo y la constituyente como los métodos democráticos jamás descubiertos; y creyendo, desde luego, que así cristalizan sus aspiraciones políticas, acabarán engañándose a sí mismos y de paso al pueblo. No en vano Rodrigo Lloreda insistió sobre la conveniencia de definir antes que nada tres aspectos consustanciales a la susodicha asamblea: la convocatoria, la composición y el temario; valga decir, quién la cita, quiénes la integran y sobre qué asuntos versa. Como ninguno de estos puntos se ha tocado, ni discutido, ni hay dónde hacerlo, ni con quién, pues el objetivo prioritario consiste en arrumbar el Congreso y la Corte, se supone que las decisiones fundamentales quedarán en manos del Ejecutivo. Y únicamente a los monopolios extranjeros, que se alampan por establecerse en tierras pródigas, pobladas por gentes que trabajen mucho y cobren poco, les interesa entenderse con una sola persona, o con un pequeño grupo de personas que no deban rendirle cuentas a nadie.

Éstos son los cambios planteados en la actualidad al pueblo colombiano, con el sarcástico aliciente de que conquistarán con ellos el reino de la democracia participativa. En razón a que habrá tantos derechos restringidos o conculcados, es de esperarse que avance más rápida y eficazmente el movimiento unitario por la salvación nacional, propuesto por el MOIR y por otros destacamentos patrióticos y democráticos.

Ante la descarada intromisión de Estados Unidos en nuestros asuntos, varios columnistas, así como algunos caricaturistas y grafiteros han manifestado su repudio. Tribuna Roja recoge unas pocas muestras de tales expresiones.

D’ARTAGNAN:

No se pega con el garrote, pero se enseña. Se exhibe en forma amenazante. Tanto que la actitud del embajador ha dado pie para que en un editorial titulado «Añoranzas diplomáticas», el director de El Tiempo -a quien no exactamente podría endilgársele el calificativo de antiyanqui- dijera el jueves pasado, a propósito del mencionado -y malhadado- reportaje: «No estuvo afortunado, ni discreto, ni cordial, ni justo el señor Frechette. Hasta sacó a relucir el pesado garrote que evoca la figura de Roosevelt, el malo. (…)
(«Intromisiones de Frechette», El Tiempo, 31 de marzo de 1996, Pág. 5A).

GENERAL (R) ALVARO VALENCIA TOVAR:

Si a comienzos del siglo el Presidente de la nación hacía versos mientras Teodoro Roosevelt aprestaba el gran garrote y declaraba que si Colombia no negociaba lo haría con Panamá, noventa y dos años después el Estado colombiano no ha podido hacer de Urabá una región próspera, organizada, pacífica, progresista, civilizada. A Panamá la desangró la guerra civil de los Mil Días. A Urabá la contienda brutal que empezó hace cincuenta años. Extraño paralelismo entre dos regiones con similar potencial de navegación interoceánica y parecidas circunstancias de abandono e inconciencia, que abrieron camino al desmembramiento allá, a una preocupante incógnita acá. ¿Qué será de Urabá en el inmediato futuro?
(El Tiempo, 12 de abril de 1996, Pág. 5A)

EL ESPECTADOR.

Este de la no certificación no es un desenlace fatal sino triste, vergonzoso. Y no por el hecho de cuanto pudiere llegar a desprenderse de su negativa, sino por las circunstancias que lo rodearon y la poca dignidad demostrada por nuestros gobernantes.

Se ha dejado pisotear el prestigio de Colombia dentro de un sometimiento deliberado a la jactancia del poder unipolar de los Estados Unidos. Y a ese degradante concurso concurrieron por igual desde el primer momento el presidente de la República, sus ministros, el fiscal de la Nación, el director de la Policía y, en último término, los representantes de los gremios económicos, sin descontar las promesas de acierto de nuestro embajador en Washington.
(Editorial, 3 de marzo de 1996, Pág. 2A).
Primero nos atacaban porque teníamos la guerrilla y el comunismo en casa, luego fue por el narcotráfico; cuando acabaron el Cartel de Medellín, resolvieron que ése no era el importante, que debíamos acabar con el de Cali. (…)
Es que lo que ellos quieren es quedarse con la región de Urabá y construir su propio canal para reemplazar el que pronto tendrán que devolver.
(Ana María Busquets de Cano, «Que nos invadan pero», 4 de abril de 1996, Pág. 4A).
Lo más importante fue que los campesinos reunidos en asamblea quisieron expresarle al presidente, fieles a la línea de su pensamiento, que no querían seguir viviendo la humillación de que un gobierno extranjero interviniera en forma tan abierta en los asuntos de nuestro país. No quieren que la soberanía nacional se vea menoscabada por hechos que, a su juicio, repugnan a la conciencia ciudadana y que no habían recibido de nuestros personeros en el poder una respuesta afirmativa, consecuente con nuestra condición de país libre y soberano.
(Editorial, 1° de abril de 1996, Pág. 2A).

El Congreso de la República ha registrado con gran extrañeza y profunda preocupación las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en Colombia, señor Myles Frechette. (…) El Congreso considera que tal posición del alto funcionario es una clara, muy grave, indebida e inadmisible injerencia en los asuntos internos del país. (…) En consecuencia, el Congreso recomienda al gobierno que de manera urgente envíe nota de protesta y reclamo a los Estados Unidos de Norteamérica, recomendando, a la vez, cambio de embajador de la misma nación ante nuestro país.

(Apartes de la Proposición No. 156, presentada por el senador Jaime Ortiz Hurtado y aprobada por el Senado el 27 de marzo).

En medio de la crisis política que vive el país ha sucedido una cosa singular. El presidente Samper ha querido, de manera demagógica, advertir que los ataques en su contra hacen parte de una ofensiva de sectores interesados en bombardear su programa de gobierno, por el contenido social dirigido a favorecer a los sectores desprotegidos. Sugirió inclusive que se realizara una consulta popular destinada a confirmar o rechazar dicho programa, contenido en el Plan de Desarrollo del Salto Social.

Sus contradictores no tardaron en responderle que de manera alguna era eso lo que buscaban; que también ellos consideraban necesario ese toque social en la actualidad; que además tal programa era ya ley de la república, por lo cual obligaba a todos, incluido al probable sucesor del primer mandatario, y que no podía ser ésa entonces la disputa de fondo con el cuestionado presidente. El mismísimo Gaviria, junto con los demás ex presidentes liberales, así lo aseveró. Y hasta Rudolf Hommes se empeñó en buscar las raíces sociales en la administración anterior. Semejantes coincidencias, en medio de tan aguda controversia, no dejan de tener fundamento.

Un “nuevo” modelo de desarrollo
Cuando las agencias financieras imperialistas empezaron a imponer la estrategia aperturista en Latinoamérica, hablaron de que el modelo de desarrollo hacia adentro, basado en el proteccionismo y en la intervención estatal, supuestamente imperantes entre nosotros por décadas, había entrado en bancarrota. En su reemplazo era necesario, decían, entronizar el «modelo de desarrollo hacia afuera», inspirado en la drástica reducción de la injerencia estatal, la eliminación tajante del proteccionismo y la erección del libre mercado como fuente y razón del progreso de nuestros países.

Es la política aperturista, aupada por las especulaciones neoliberales, reedición, en las postrimerías del siglo XX, del más rancio y avinagrado pensamiento burgués de los siglos XVIII y XIX, con el avieso propósito de servir a la cruzada de reconquista económica y política del hemisferio por parte de Estados Unidos, en fiera disputa por un nuevo reparto del orbe con las demás potencias imperialistas.

Los gobiernos de Barco y Gaviria se ampararon en tales elucubraciones como cortina de humo cara ambientar la nefasta estrategia de “internacionalización” en Colombia. Pero le huían como a la peste al reconocimiento de su estirpe neoliberal. Gaviria mismo lo negaba contra toda evidencia, en prueba fehaciente de que el pecado es cobarde.

Para el actual Plan de Desarrollo, denominado el Salto Social, que no es más que otro capítulo de la apertura, Samper arguye que no se trata de resucitar el viejo modelo proteccionista ni tampoco de reforzar el neoliberal. Su «modelo alternativo» es el «neoestructuralismo», una especie de neoliberalismo vergonzante, consistente en pregonar una apertura gradual a deshoras, comoquiera que llevamos más de cinco años por ese camino sin que haya hoy nada que graduar. ¿Qué le queda entonces? Seguir el curso trazado, ahondándolo, pero con algunos aderezos «sociales» para guardar las apariencias. Ni alternativo ni de desarrollo: el de Samper es el mismo y trillado modelo de pauperización impuesto por sus antecesores inmediatos con un mote elegante, y nada más.

El Salto Social consolida la apertura
El Plan samperista alaba desde un principio la reforma política realizada por la Constitución de 1991 y la reforma económica de los últimos años: «La presente administración tiene, por lo tanto, la doble tarea de consolidar las positivas reformas económicas y políticas de los últimos años, garantizando al mismo tiempo que sus beneficios se extiendan al conjunto de la sociedad». Y reitera: «El gobierno no sólo mantendrá el proceso de apertura sino que lo consolidará a través de una más agresiva estrategia de internacionalización».

No hay en el Salto Social una sola propuesta de echar atrás ninguna de las reformas del pasado inmediato. La libertad comercial externa persistirá sin modificación, lo mismo que la libertad cambiaria y financiera y las reformas destinadas a reducir los salarios de los trabajadores, como lo establecen las leyes 50 y 100. Las medidas «alternativas» consisten en meros retoques o herramientas destinadas a lograr que aquéllas operen sin dificultades.

Dentro de la estrategia de apertura, para referirnos a una de las cruciales, el Plan hace suyos los lineamientos de la política norteamericana de fomentar tratados de integración que contribuyan a crear en América una zona de libre comercio bajo su égida, tal como Clinton propuso y logró que se aprobara en Miami a fines de 1994. en la Cumbre de Presidentes del Hemisferio, siguiendo los derroteros que la Iniciativa para las Américas de Bush había trazado a finales de los ochenta. En tal sentido, Samper refrendó el G-3, auspicia los demás acuerdos regionales en que Colombia ha sido involucrada, y aspira y suspira por un cupo en el Nafta. El Plan lo confirma sin lugar a dudas: «La integración hemisférica es, obviamente, la fase final del dinámico proceso de acuerdos subregionales que viene experimentando el continente. El gobierno apoyará, por lo tanto, un proceso de análisis y discusión nacional en torno a la integración hemisférica y la posible adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte».

¿Y qué decir de la privatización? La administración Gaviria creó todo el marco constitucional y legal necesario para poner en venta los bienes públicos esenciales, pero sólo pudo rematar unas pocas entidades. A Samper le corresponderá, y así lo tiene previsto en su Plan, cumplir la deshonrosa tarea de entregar a los monopolios extranjeros y nacionales la mayor parte posible del patrimonio estatal. Bancos, corporaciones financieras, obras públicas, empresas de servicios domiciliarios, aeropuertos, telecomunicaciones, yacimientos de hidrocarburos, peajes, el sistema de salud, el cobro de las rentas departamentales y un sinfín de instituciones y servicios están en subasta.

Colombia está abocada a un bazar sin precedentes, por cuenta de los propósitos «sociales» del régimen samperista. La misma estrategia antinacional que se inició en México desde finales de los ochentas, durante el gobierno de Salinas de Gortari, y que en su momento fuera agudamente analizada por Francisco Mosquera, al señalar cómo aquel figurón feriaba los bienes estatales para luego ir a los poblados más humildes a llevarles cualquier baratija a sus moradores.

Hoy estamos viviendo la misma patraña en nuestro medio. Es un maquiavelismo a la moderna: la supuesta nobleza de los fines perseguidos justifica los medios más antinacionales. Malbaratar el patrimonio público para fomentar la caridad pública.

Lo social, simples limosnas
Llegamos entonces al meollo del Plan samperista: su declarada intención de darle un toque social o «ponerle corazón» a la apertura. ‘Lo que nos conduce de entrada a formular varios interrogantes: ¿se sale esta retórica de la neoliberal de los últimos años y la contradice? ¿A qué circunstancias obedece el énfasis reciente en el tema? En últimas, ¿son compatibles la apertura y el Salto Social y por qué?
Como siempre, si ahondamos en el estudio de la cuestión, encontramos que no hay nada nuevo bajo el sol. México, que en estos asuntos es pionero, viene desde hace buen tiempo adelantando una política de apertura con hondo «contenido social». El pacto social y las redes de solidaridad llevan años aplicándose en su suelo. El Banco Mundial ha recomendado recientemente que se atienda a los fenómenos recurrentes de pobreza en el Tercer Mundo. Las Naciones Unidas realizaron hace menos de un año la conferencia mundial de Copenhague dedicada a examinar la situación de crecientes desigualdades económicas y sociales en el orbe.

¿Pero qué hay detrás de esa reiterada prédica alrededor de la miseria que azota a miles de millones de seres? ¿Será la sana intención de sacarlos de tan lamentable estado? De ninguna manera. Porque no se pretende ni mucho menos eliminar las estructuras económicas, sociales y políticas que dan origen a la explotación de las masas pauperizadas ni de las naciones subyugadas. Y porque sería un contrasentido pensar que es posible aplicar una política de apertura que no genere mayor miseria, desempleo, ruina de la producción doméstica.

Más bien se buscan otros fines. En especial, impedir que las nefastas secuelas de la apertura generen situaciones que desestabilicen el sistema o que creen tropiezos graves a la continuada aplicación de tal estrategia. Se quiere atender áreas críticas, «focalizando» el gasto público en aquellos sectores de la población considerados «vulnerables» o de «alto riesgo», procurando evitar que se puedan convertir en detonantes de explosiones sociales y políticas incontrolables contra el régimen. Vana ilusión, de todos modos. Mientras perduren las condiciones de explotación y opresión vigentes no habrá política «social» que ataje el levantamiento de los pueblos y la lucha contra las causas de sus desventuras.

Aún peor: el Estado, bajo la coyunda neoliberal, tiende a entregar a la explotación privada de monopolios nativos y foráneos los servicios de la más diversa índole: la salud y la seguridad social, la educación, la provisión de vivienda, los servicios públicos domiciliarios. Como sustentación, se ha ideado la tesis de que es necesario suprimir los «subsidios a la oferta» para sustituirlos por los «subsidios a la demanda». La estrategia de hacer hincapié en lo social es una simple mampara, consistente en que el Estado deja de prestar tales servicios y los entrega a los buitres privados, encubriendo esta felonía con el otorgamiento de unas migajas a los más indigentes. Conceder esas limosnas, motejadas de «subsidios a la demanda», es el fondo de la política social neoliberal: apenas una rueda más del engranaje de privatización en marcha.

El gobierno ha dejado de construir vivienda para las capas más necesitadas, desde cuando en la administración de Gaviria se aprobó la reforma urbana propuesta por su ministro de Desarrollo, Ernesto Samper. De allí en adelante, otorgan subsidios a los más pobres, pagando -como lo explicaba gráficamente Francisco Mosquera- a los grandes pulpos financieros y constructores la cuota inicial de las viviendas de «interés social».

La Ley 100, de seguridad social, entrega también a los monopolios financieros nacionales, asociados con los extranjeros, la explotación de la salud y los recursos del sistema pensional, a la vez que recorta drásticamente los beneficios conquistados por los trabajadores. Pero tiene también su alcance «social»: los más indigentes tendrán magros subsidios en sus aportes para pensiones o en su vinculación al sistema de salud.

Claro que es una «solidaridad» muy singular: en lo fundamental, se trata de aportes obligados de los trabajadores mismos.

Y así por el estilo en otras áreas. El Plan determina que la «reforma agraria» será un simple negocio de compraventa de tierras, dentro del cual el Estado cumplirá la «función social» de subsidiar a un ínfimo número de campesinos la adquisición de una parcela, pagándoles la cuota inicial a los terratenientes.

O en la educación, donde persiste la tendencia a su privatización acelerada, pero acompañada de un sentido «social»: el otorgamiento de becas o la donación de textos a reducidos grupos de familias paupérrimas.

La oprobiosa política neocolonialista de apertura, revestida de «sentido social»: he ahí el verdadero fondo del cacareado modelo «alternativo» de desarrollo del gobierno de Samper.

Por Fernando Guerra

Desde Barco y Gaviria la apertura ha sido planteada como la receta mágica que nos salvaría del lastre del subdesarrollo y la pobreza; sin embargo, son día a día más evidentes sus nocivos efectos sobre la producción nacional y el nivel de vida de los trabajadores. Contrariamente a lo que prometieron sus voceros, la economía colombiana ha adquirido un sesgo antiexportador. Cada vez importamos más de lo que exportamos. Con un déficit de 3.897 millones de dólares en la balanza comercial terminó 1995 y sé, prevé uno mayor para este año.

Si a ello se sumó el auge del contrabando, la cruzada neoliberal de las privatizaciones de empresas del Estado y el cierre de importantes factorías, la incidencia de la apertura sobre la industria y el empleo no puede ser más lesiva: 56 empresas entraron en concordato el año pasado, entre ellas Acerías Paz del Río y varias del sector textilero. El desempleo – incluso según las mentirosas cifras del DANE- se disparó en las principales ciudades del país: Bogotá 7.7%, ‘Medellín 11.8%, Cali 11.1%, Manizales 11.9%, Ibagué 13.4%, Montería 13.9%, para un promedio nacional de 9.5%, el más alto del lustro.

Nadie le cree al ministro de Hacienda, Guillermo Perry, quien proclama que la economía creció 5.5%. Todos los indicadores, especialmente en el último semestre de 1995, muestran una clara tendencia regresiva.

La apertura arruinó el campo. Se siguen importando más de tres millones de toneladas de alimentos, y el actual gobierno no ha corregido las causas de tan prolongada agonía. Altos funcionarios han tenido que reconocer que la situación viene de mal en peor. La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, afirmó recientemente que es tal el nivel de pobreza en el campo, que el país ha retrocedido cuarenta años.

Los indicadores de pobreza se resisten a ceder y, por el contrario, se ha acentuado la disparidad en los ingresos. Hoy en día Colombia es una nación de desnutridos en donde el gobierno no garantiza la alimentación básica de sus habitantes. Esta cruda realidad basta por sí sola para demostrar la debacle de la apertura.

El grueso de la carga producida por la industria, como también lo que se importa, se moviliza por carretera, a lo largo y ancho de la insegura geografía nacional. Son vías diseñadas para un país rural y sobrecargadas en volumen a causa de la liberación comercial. Esta infraestructura ha entrado en colapso, con la caída de importantes puentes y, según Invías, se hallan en riesgo inminente por lo menos otros 91. En los países avanzados, la red vial es un complemento de los grandes medios masivos, como lo son los ferrocarriles y el transporte fluvial. En Colombia éstos simplemente han dejado de existir, y el río Magdalena, vertiente por donde penetró la civilización, es hoy una inmensa cloaca portadora de toda clase de epidemias.

Después de cinco años de apertura, el desolador panorama les está dando la razón a quienes, como Francisco Mosquera, advirtieron desde un comienzo sobre la naturaleza neocolonial de la misma y sobre el daño que causaría al aparato productivo nacional.

La apertura no va a convertir a Biafra en Suiza. Por el contrario, como lo muestran los hechos, nos hunde más en nuestra actual condición de pobreza y marginalidad en el concierto mundial.

Por Libardo Botero

Colombia tuvo en marzo el dudoso honor de ser anfitriona de un certamen continental: el Foro Empresarial y Segunda Cumbre de los Ministros de Comercio Exterior de 34 países americanos, realizado en Cartagena. Su propósito, dar pasos firmes encaminados a crear el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, para el año 2005.

Desde 1989, la Iniciativa para las Américas, de Bush, contemplaba la plena liberalización tanto del comercio como del movimiento de capitales desde Alaska a la Patagonia. La administración demócrata de Clinton, en demostración fehaciente de su total identidad con los republicanos en asunto tan crucial para la supervivencia del imperio, no sólo se ha volcado a ratificar la estrategia, sino que decidió convertirla en programa común para la mayoría de los gobiernos americanos, a los que a finales de 1994 invitó a la Cumbre de Presidentes de Miami. Fue allí donde se acordó establecer el ALCA en un plazo de diez años.

El ALCA no es otra cosa que un nombre nuevo para el viejo sueño estadinense de crear un solo bloque económico en las tres Américas bajo su égida exclusiva, proyecto que le es indispensable a Estados Unidos en la actual disputa con las demás potencias imperialistas por un nuevo reparto de las zonas de influencia. El ALCA vuelve a poner en la mira, con un grado mayor de sometimiento, lo que ellos han considerados tradicional patio trasero. De allí que sea Norteamérica no sólo el creador sino también el principal motor del proceso iniciado en Miami.

La nutrida delegación gringa trajo a la cita de Cartagena unos propósitos bien definidos. Se destacaba el de crear cuatro nuevos grupos de trabajo -además de los ya acordados en Denver hace un año, durante la primera cumbre ministerial-, sobre aspectos de su exclusivo interés como las compras del sector público, los servicios, los derechos de propiedad intelectual y las políticas de competencia. De acuerdo con algunos analistas, en dichos temas tienen puestos sus ojos el gobierno y las trasnacionales estadinenses, por las voluminosas ganancias que se juegan. Los cuatro hacen parte de tópicos que no pudieron ser incluidos en la OMC, por la cerrada oposición de muchos países a las pretensiones de Estados Unidos. De ahí que sus voceros aspiraban a incorporarlos en el ALCA. Uno de los «logros» de la Cumbre fue justamente el de satisfacer esta exigencia gringa.

Pese a la hegemonía yanqui en el foro, no dejaron de traslucirse controversias que de alguna manera reflejan las profundas contradicciones que enfrenta la metrópoli con las naciones y pueblos que sojuzga. La insistencia norteamericana en imponer estándares laborales y ambientales, con el soterrado propósito de poder luego cerrar sus puertas a incontables productos de América Latina, tropezó en la Cumbre con fuerte resistencia. Este mismo punto había sido uno de los más conflictivos en las conversaciones del Nafta con México.

Los voceros gringos, además, se negaron de plano a examinar insistentes propuestas latinoamericanas que les pedían reducir los crecidos subsidios agrícolas vigentes en Estados Unidos. Aquí ya no se oyeron los cantos de sirena sobre los beneficios de una zona económica sin fronteras.

No dejó de tener la reunión uno que otro episodio bufo, lleno de grotesca ironía. Hacía apenas dos semanas se había producido la descarada descertificación del gobierno de Clinton a Colombia. El presidente Samper, al instalar la Cumbre, rehusó condenar tan grosero intervencionismo. Se limitó a calificarlo, en un típico arranque de humor flojo, como una de esas desavenencias conyugales que deben ser resueltas en la alcoba, y que no concernía al resto de países. Casi en el acto, Ronald Brown, secretario de Comercio norteamericano, expresó que el ALCA tenía que ser acompañado de acciones firmes contra el narcotráfico y la corrupción, línea de conducta que debía ser común a todos los gobiernos participantes. Y dejó en claro que Estados Unidos seguiría arrogándose el derecho a descertificar a quien quisiera. La sumisión, en vez de apaciguar al tirano, termina alebrestándolo.

No podía finalizar tan ominoso evento sin que el pueblo cartagenero manifestara su repudio profundo al intervencionismo yanqui. El mismo día de la clausura, frente al Centro de Convenciones, centenares de manifestantes, presididos por el senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, quemaron la bandera norteamericana y ratificaron su indeclinable voluntad de enfrentar la agresión y defender la soberanía.