MOCKUS EN EL JUEGO DE LA DESINTEGRACIÓN NACIONAL

Por Francisco Cabrera

Las grandes ciudades vienen cobrando mayor importancia dentro de la nueva división internacional del trabajo en tiempos del hegemonismo norteamericano. Con la apertura de los mercados en el otrora llamado Tercer Mundo, el imperio atiza la desintegración estimulando todos los elementos que socavan la unidad de las naciones. Mockus en Bogotá representa esta nefasta tendencia. Con el propósito de realizar las obras que conviertan la capital en ciudad “coqueta” frente a las multinacionales, el profesor Antanas le juega al federalismo y azota a los bogotanos con más impuestos y un mayor endeudamiento de las finanzas distritales.

Llenar las arcas exprimiendo al pueblo
Escondidos tras el “diciembre zanahorio”, la prohibición de la pólvora y el espectáculo circense de su boda, el profesor Mockus presentó al Concejo varios proyectos de acuerdo que fueron aprobados sin mayores contratiempos: las valorizaciones por beneficio local para 40 obras y 30 zonas de Bogotá, la reforma tributaria distrital y el nuevo cupo de endeudamiento por $248 mil millones. Los nuevos tributos y el alza de los existentes se suman a la sobretasa a la gasolina, cuyo cobro comenzó a partir de enero.

Además se ha iniciado el proceso de modificación de los estratos, cuyo procedimiento revela las negras intenciones de lograr, por ese medio, el aumento adicional en el recaudo de impuestos como el predial y una elevación de las tarifas de los servicios por encima de los escandalosos incrementos decretados por las Juntas de Regulación. Continúa así la tendencia de la administración Castro, que busca llevar la ciudad hacia el “federalismo fiscal”, ingrediente de la descentralización impulsada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para atomizar a las naciones en su ofensiva de recolonización imperialista.

De capital de la República a “barrio del mundo”
A lo anterior obedece el interés de independizar las finanzas del Distrito de las de la nación. Al presentar el proyecto de presupuesto para 1996, argumentó: “la financiación del desarrollo de la ciudad dependerá del esfuerzo propio de las fuerzas vivas de la ciudad (sic) antes que de la generosidad sin respaldo financiero (del gobierno nacional)”. Su secretaria de Hacienda, Carmenza Saldías, llegó al extremo de plantear ante el Cabildo, en la discusión sobre el cupo de endeudamiento, que la actual crisis política del país antes que perjudicar al Distrito lo favorece pues, en la búsqueda de créditos de la banca internacional, “en la medida que la Nación se pueda ver afectada, dejaría en los entes territoriales la posibilidad.” Después de la descertificación del gobierno de Estados Unidos planteó: “En la medida en que se haga una diferenciación entre el Estado y los entes territoriales, el voto de la nación norteamericana puede llegar a ser pasivo”.

¡Apátridas! es la calificación para quienes tienen semejantes actitudes. Querer sacar partido de las dificultades de la nación para acceder al crédito de la banca internacional, muestra claramente las consecuencias disolventes de la descentralización en los términos en los que la conciben los aperturistas.

La independencia de Bogotá en relación con el gobierno central les urge para venderla con mayor facilidad al capital extranjero. Lo que exige privatizar sus activos más rentables en las empresas de servicios y hacer cuantiosas inversiones en infraestructura que se sufragan sometiendo al pueblo a una sobrecarga tributaria y a la ciudad al endeudamiento. Se crea así un círculo vicioso en el que sólo se puede obtener más crédito aumentando los impuestos. Si se suma el cupo solicitado para este año con el endeudamiento contratado en 1995, nos estaríamos acercando a la colosal cifra de $500 mil millones, superior a todos los recaudos tributarios del año anterior. Mockus ha llevado esta política a límites obsesivos, con el engaño delirante de presentarse como el Mesías de cuya mano los bogotanos avanzaremos gozosos hacia el nuevo milenio.

Ningún mandatario anterior había contado con tantos recursos como el alcalde filósofo. Él dice estar dispuesto a usarlos para convertir la capital en una “ciudad coqueta”, con las multinacionales y los especuladores, se sobreentiende, beneficiarios de obras como la descontaminación del río Bogotá y la infraestructura vial y de servicios que se construyen en el occidente. Allí se desarrollan la zona franca y los parques industriales con los que se quiere atraer el capital extranjero. así como la realización de grandes proyectos urbanísticos. Allí también se ha iniciado la persecución y el desalojo de miles de familias humildes que habitan a lo largo de la ribera del río. Sirviendo a antipatrióticos intereses, asestando golpes al pueblo y a la unidad nacional y disfrazándolo todo con el espectáculo decadente, Mockus prepara su incursión en las lides presidenciales del futuro.

El alcalde no escatima esfuerzos para aplicar las reaccionarias teorías foráneas que hablan de las “ciudades Estado”, cuyo objetivo es disgregar a las naciones en provincias que concentren los mercados y la mano de obra barata. Mockus ve a Bogotá como un “barrio del mundo ligado a la circulación global de capitales” según su respuesta en entrevista televisada. Personajes como él representan el instrumento ideal para unos carteles imperialistas ávidos por derribar todos los obstáculos, empezando por el más grande de todos: la existencia del Estado nacional.

La “antipolítica” y su razón de ser
Mockus hizo su campaña a la alcaldía presentándose como “antipolítico”, acérrimo enemigo de la corrupción. Un calculado enfrentamiento con en concejo y el sistemático desprestigio de esa corporación a la que culpa de encarnar los vicios de la vieja política le han permitido mantener tal imagen ante la opinión pública. Entre tanto, monta su propia maquinaria de archititulados, másteres y consultores del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, quienes parlotean contra la corrupción, mientras juegan a Wall Street con las finanzas del distrito, y pretenden mostrarnos el auge del capital extranjero a expensas de la ruina de nuestro aparato productivo como paradigma de desarrollo.

Posan de incontaminados ante el tradicional manejo de los asuntos mediante los acuerdos políticos, pero se venden al mejor postor en el mercado internacional. La nueva elite no se encuentra ligada a la producción ni a ningún interés nacional concreto, y como su máxima aspiración es llegar a obtener unos puestos en organismos multilaterales, sus actos se encaminan a seguir al pie de la letra las orientaciones que aquellos trazan para bien de los grandes consorcios. Allí se encuentra la explicación a fenómenos como la “antipolítica”, representada de maravilla en el ex rector de la Universidad Nacional.

La hipócrita cantinela contra la corrupción y la “antipolítica” vienen siendo utilizadas para destruir a los partidos y todas las instituciones que de alguna manera representen elementos cohesionadores de la Nación. Para ello se aprovechan de los justos anhelos de cambio de las masas.

La falsa democracia
Descentralización y “democracia participativa” son dos procesos que marchan de la mano y constituyen herramientas claves de la desintegración en marcha. Su significado se pone en evidencia con el procedimiento para la aprobación de los Planes de Desarrollo en las localidades de la capital: 1) El Estatuto Orgánico le quitó las facultades administrativas al Concejo y las concentró en el Ejecutivo, por lo cual, aquél no puede aprobar un Plan de Desarrollo distinto al del alcalde; 2) la inmensa mayoría de los $5,1 billones del Plan Formar Ciudad, se destinan a las obras de infraestructura para “internacionalizar” o vender la urbe, mientras las necesidades más sentidas por sus habitantes siguen desatendidas; 3) al poner a discutir al pueblo y a sus dirigentes sobre las pequeñas soluciones, la descentralización los sustrae el debate sobre los grandes problemas de la ciudad y el país: que “vean el árbol, más no el bosque”; 4) se hace burla del pueblo al ponerlo a discutir sobre lo divino y lo humano cuando las decisiones ya están tomadas y 5) la democracia participativa reduce a las comunidades al papel de veedurías sobre las chichiguas de la descentralización; en cambio sí las obliga a aportar de su bolsillo para solventar los apremios de las escuelas, los puestos de salud, los reparcheos, los parques, y en fin, del cúmulo de necesidades que agobian a las barriadas.

“Los deseos no preña”
Nuestro desaparecido dirigente Francisco Mosquera, al hacer el agudo análisis de las regresivas disposiciones de la Constitución de 1991, advirtió sobre los peligros del federalismo: “Entre las normas aprobadas cabe mencionarse las relativas a la división territorial, un federalismo disfrazado, que se enruta a darles acceso a los grandes consorcios, a que las regiones posean la atribución de allanarles la vía a las inversiones a través de requisitos fáciles y rápidos.”

En la actualidad, tanto la política urbana del Salto Social, la Ley 191 de 1995, o Ley de Fronteras y el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que cursa en el Congreso, apuntan a culminar la tarea de despresamiento de Colombia. Por supuesto que no basta con trazar unas políticas, promulgar unas leyes y contar con un puñado de tecnócratas advenedizos, para acabar con más de 150 años de república unitaria. Como dicen los campesinos de la Costa, “los deseos no preñan”. Colombia tiene una industria propia que proteger y unas instituciones y cultura nacionales que han garantizado su unidad. Contra ellas chocan las pretensiones recolonizadoras del imperialismo norteamericano.

El pueblo terminará calando lo que esconden los espectáculos con los que hoy se le avasalla a través de omnipotentes medios de comunicación, y el papel que en la escena representan personajes “antipolíticos” como el señor Mockus.

Privatización de las empresas públicas: EL PUEBLO DEFIENDE SU PATRIMONIO

EL PUEBLO DEFIENDE SU PATRIMONIO
Por Edgar Piñeros
En todo el país se viene librando el debate contra la política aperturista de subastar las empresas públicas de servicios a los monopolios privados, proceso que en varias localidades ya se ha consumado. Mockus, por ejemplo, anunció la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y gestiona la privatización de los activos de generación eléctrica del Distrito, de los cuales hace parte El Guavio. El hecho ha despertado la lucha resuelta de organizaciones populares, sindicales y políticas en pro de que los municipios conserven la propiedad de unos bienes, producto del esfuerzo de generaciones enteras. La experiencia de algunas ciudades ilustra este panorama.

Van a rifar las empresas públicas antioqueñas
En Medellín el proyecto de acuerdo que presentó el alcalde ante el Concejo generó la inmediata oposición de la comunidad, especialmente de consumidores, centrales obreras, sindicatos, educadores y algunos concejales. El plan oficial busca desmembrar las Empresas Públicas en dos entes de economía mixta: uno que aglutine el servicio de acueducto, alcantarillado y generación y distribución de energía eléctrica, en el cual participará el sector privado; y otro que agrupe los servicios de larga distancia nacional e internacional y telefonía rural móvil, en la cual los derechos privados serían superiores al 50%. La Empresa de Servicios Varios, que atiende entre otros la recolección de basuras, correría la misma suerte.

El pueblo paisa ha respondido con la creación de un Comité Pro Defensa de las EPM, conocedor del papel estratégico de éstas en el desarrollo de Antioquia, y de su eficiencia, una de las más altas del país. En efecto, la red de acueducto llega a más de dos millones de habitantes de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Copacabana, con una cobertura de 98.2% en acueducto y de 94.2% en alcantarillado. El fluido eléctrico satisface el 90% de las necesidades del departamento y su expansión llega a la zona agroindustrial de Urabá. Diez municipios se benefician de las telecomunicaciones con 785 mil líneas y hay en proyecto la instalación de 319 mil más. Con sus propios recursos lleva los servicios a los barrios marginales, algo que nunca harán los propietarios privados.

La rentabilidad de las EPM permite presentarlas en el segundo lugar en ventas después de Telecom; con utilidades de $175 mil millones y con una contribución de 18,1% al presupuesto de Medellín. Tales logros ponen al descubierto que las intenciones oficiales de crear un fondo de inversión social con el producto de la venta de los activos, sería ruinoso para la ciudad, pues estos dineros siempre se destinan a la especulación o son convertidos en títulos o bonos beneficiando en últimas al sector financiero.

Barrios y sindicatos protestan en Santander
En Bucaramanga el Concejo aprobó en diciembre de 1995 la liquidación de las Empresas Públicas, que prestaban los servicios de matadero, aseo, plazas de mercado y telefonía, para dar lugar a una nueva institución de capital mixto. Las consecuencias no se hicieron esperar; los trabajadores fueron despedidos y las tarifas se elevaron, atropello que tuvo el apoyo de Isaías Tristancho, dirigente de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, Usitrans.

El alcalde de Barrancabermeja, Mario Evan, impuso la fusión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado con las Empresas Varias que atienden los servicios de aseo, matadero y plazas de mercado, con la finalidad de dar carácter privado a estos dos últimos. Como sucede con proyectos de esta naturaleza, el designio oficial es recibir a los empleados con un nuevo contrato de trabajo para desconocer los avances consagrados en las convenciones colectivas. La nueva estratificación, que también allí se quiere elaborar, es otra determinación del FMI y del Banco Mundial sobre la legislación de servicios públicos para crear la base sobre la cual se dictará el alza de tarifas.

Pero fiel a su tradición de lucha, la comunidad ha resistido para conservar unos bienes cuya creación fue fruto de varios paros cívicos, y agrupó en la Coordinadora Popular a sindicatos y comités de barrios para organizar la denuncia pública. En diciembre último se hizo la primera votación en el Concejo para decidir la suerte de las empresas: con la participación del concejal del MOIR, compañero Luis Rodríguez, se logró la derrota del proyecto por diez votos contra ocho. Sin embargo, en febrero de este año, por una ligera mayoría, el cabildo expidió el acuerdo que privatiza buena parte de los servicios.

También Suroccidente rechaza privatizaciones
En Cali la propuesta del gobierno local es transformar Emcali en un ente corporativo como empresa industrial y comercial del Estado, y cinco sociedades anónimas con 100% de capital público que operarían los servicios de telecomunicaciones, energía y generación eléctrica, acueducto y alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales. Por su parte Emsirva, la otra empresa municipal, se convertiría en sociedad anónima de economía mixta. El empeño del capital privado es presentar las entidades existentes, que han contribuido a la industrialización del Valle, como fortines burocráticos y organismos de baja eficiencia, forma encubierta para justificar su transformación en sociedades de economía mixta y luego llevarse la parte del león. Por ello los trabajadores han advertido el riesgo que se origina y la pérdida de sus derechos, que sobrevendrá con el cambio de dueños. En respuesta a los planes neoliberales, el pueblo caleño ha creado el Comité Municipal de Organizaciones Sindicales, Gremiales y Sociales.

Las Empresas Públicas de Pereira, con una trayectoria de más de 50 años de ejercicio, ofrecen a los consumidores uno de los costos tarifarios más baratos del país. Para ejecutar el Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo, las EPP solicitaron financiación al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el cual sujetó el crédito a la privatización de la entidad y de la reforestación de cuencas hidrográficas, al alza de tarifas y a que los estudios del proyecto se hagan conforme a procedimientos aceptados por el banco, llegando al extremo de imponer la revisión del proyecto de acuerdo que habría de someterse al Concejo.

El diputado del MOIR, camarada Aurelio Suárez, desenmascaró las rapaces condiciones, y los pereiranos, enardecidos, han realizado nutridas manifestaciones y un cabildo abierto en contra de un programa que hará más gravosas sus cargas.

Ofensiva contra Telecom
Telecom, que durante los dos últimos gobiernos ha sido objeto de una furiosa arremetida, fue fundada en 1948 justamente por la necesidad de que el país fuera soberano en la esfera de las telecomunicaciones, pues hasta ese momento el servicio estaba en manos de dos firmas norteamericanas. Su desarrollo permitió la instalación de una red que cubre todo el país y está digitalizada en 90%; dispone de sistema satelital y cable interoceánico, y actualmente proyecta la interconexión de 26 ciudades con cable de fibra óptica. Además participa en la telefonía local, directamente o a través de teleasociadas. La solidez económica adquirida por Telecom le ha permitido autofinanciarse y aun aportar cuantiosas sumas al Estado. En 1994 su utilidad neta fue de $130 mil millones.

El primer zarpazo que sufrieron, tanto la empresa nacional como las operadoras municipales, en 1990, fue impedirles la prestación del servicio básico de telefonía móvil celular, el cual fue entregado a monopolios nacionales como Santodomingo y Sarmiento Angulo, e internacionales como AT&T, Telefónica de España, Bell Canadá y Cable and Wireless. Luego se expidió la Resolución 28 de 1995, de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, conforme a la cual Telecom tendrá que competir antes de un año en larga distancia nacional e internacional con los gigantes mundiales, los cuales recibirán concesiones por diez años, prorrogables otro tanto. En dichos contratos se permite al concesionario el uso y explotación de la red nacional y del espacio electromagnético, y de ñapa se les da patente de corso para imponer tarifas.

Los resultados desoladores de esta política son previsibles, pues Telecom se fragmentará y debilitará hasta el colapso, y las telefónicas regionales serán vendidas o languidecerán al despojarlas también de uno de los negocios más prósperos del planeta, la larga distancia.

Ante este desafío, resultan ejemplares la decisión del pueblo uruguayo que detuvo en un referendo la privatización de su empresa nacional de telecomunicaciones, y la del pueblo ecuatoriano, que en el plebiscito de noviembre de 1995 derrotó una reforma constitucional de corte antipopular.

La lucha será intensa y prolongada
Ahora que arrecia la tempestad, pues la Ley 142 de 1994 da plazo hasta el próximo 11 de julio para que las empresas se transformen, conviene tener presente la experiencia de otras naciones donde el producto de la venta de este patrimonio no se aplicó a la inversión social sino al pago de la deuda externa; que su enajenación, además de disparar los costos al consumidor, aislará a los municipios con menos recursos y afectará a los trabajadores porque los nuevos contratos cercenan las garantías conquistadas en décadas de lucha. Los hechos nos convocan a una lucha intensa y prolongada que decidirá el destino de una infraestructura forjada en muchos años y valiosa para el pueblo colombiano. De ahí la importancia de que las ciudades permanezcan dueñas de estos bienes, garanticen su autonomía financiera y administrativa y las preserven de los linces del capital privado; es imperioso que se multipliquen las organizaciones de defensa de las empresas y sus usuarios.

Estas bregas han de educar al pueblo laborioso en la ley universal de que ninguna sociedad ha alcanzado el desarrollo ni garantizado su independencia entregando a manos extranjeras el trabajo y la riqueza nacionales.

Y RESUCITÓ DE ENTRE LOS VIVOS

Por Jorge Enrique Robledo Castillo
Luego de que el entrevistado se quejara por el trato que le dan, el periodista preguntó: “¿Se siente usted como el embajador de una finca de Bill Clinton?” Y, después de un breve silencio, Carlos Lleras de la Fuente respondió: “No. Me siento como el embajador de una colonia del antiguo imperio turco” (Caracol, “6 am-9 am”, febrero 29 de 1996).

López Michelsen escribió un largo artículo sobre el intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos internos de varios países, incluido el nuestro (El Tiempo, 25 de febrero de 1995).

En dos editoriales del periódico de los Santos sobre las relaciones de Colombia con la Casa Blanca se mencionó “la inconveniente intromisión norteamericana”, se dijo que “la suya es una posición flagrantemente violatoria de las normas de Derecho que regulan las relaciones internacionales”, se afirmó que desde que la ONU validó las acciones gringas se “vulneraron las soberanías en un proceso creciente y manifiesto” y, “ver para creer”, se calificó a la potencia del Norte como un “imperialismo” que “manda y se aprovecha”, aunque el editorialista intentó suavizar sus propios análisis calificándolo de “muy tolerante” (El Tiempo, octubre 7 y diciembre 20 de 1995).

Y luego de la descertificación abundan los reclamos de conocidos colombianos, o de gentes del común, repudiando un enjuiciamiento que sólo lo valida la forzuda arbitrariedad de quien lo ejecuta.

Estos hechos, los “tercos hechos”, exigen retomar el hilo de un debate que en cierta medida se había perdido hace un poco más de un lustro, cuando, sustituyendo los argumentos con las frases altisonantes, se quiso impedir que se mencionaran siquiera soberanía nacional, respeto a la autodeterminación de las naciones, relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y el beneficio recíproco y todos los demás principios que el desarrollo de la civilización ha señalado como las normas que debieran regir las relaciones entre los países. Y si no se podían mencionar los anteriores principios, ¡ay de aquel que se atreviera a hablar de imperialismo! Al instante le llovían acusaciones de “dogmático”, “ser del pasado”, “ciego ante el progreso”, “no entiende que el mundo cambió”, etc., etc. Con tal de no ceder el punto, hasta hechos tan brutales como la invasión a Panamá y el secuestro de su presidente se justificaron con análisis alcahuetas.

De ahí que haya que recordar que el cabal ejercicio de la soberanía nacional sirve para mucho más que impedir que se ofendan los muy lícitos sentimientos patrios o para asegurar que se pueda sufrir envueltos en el tricolor y cantando el himno nacional cuando juega la Selección Colombia. El problema de la soberanía también tiene que ver con si se desarrollan o no la industria y el agro, con la rapidez y la lentitud con la que se acumula la riqueza en el país y con el avance o el estancamiento tecnológico, es decir, con los niveles salariales, la tasa de desempleo, los índices de pobreza y las muchas lacras propias del subdesarrollo.

Puede demostrarse que los países auténticamente desarrollados han tenido, y tienen, como palanca fundamental de su progreso material y cultural, el manejo autónomo de su economía y su política. Y puede demostrarse que a los países atrasados les ha ocurrido, y les ocurre, lo contrario.

Hubiera sido mejor que las relaciones económicas internacionales de jinete y caballo hubieran quedado relegadas a las definiciones de los arcaísmos en los diccionarios. Sin embargo, ello no es así y tampoco lo será en un plazo previsible.

Por tanto, nación que no tome atenta nota de esta realidad y no actúe en consecuencia, se mantendrá en la misma condición de los camarones que se duermen: seguirá viendo cómo la brecha entre ella y las potencias continuará ampliándose, tal y como viene ocurriendo desde hace décadas.

¡VIVA LA SOBERANÍA NACIONAL DE COLOMBIA!

Comunicado del Comité Ejecutivo Central del MOIR, de marzo 14, en el cual se condena la injerencia norteamericana y el indignante mecanismo de la desertificación, al cual recurrió Estados Unidos acompañándolo de insultantes calificativos contra nuestro país

En una escalada de su continuado intervencionismo, el gobierno de los Estados Unidos, país que presenta el mayor consumo de narcóticos y obtiene el mayor lucro de su tráfico, recurrió de nuevo al instrumento que ilegítimamente se autoconcedió de calificar a Colombia, así como a otros países, por el tratamiento que han dado al narcotráfico. Semejante procedimiento, sin importar el signo positivo o negativo de su dictamen, es de por sí una tropelía en las relaciones internacionales que merece el rechazo de todos los que propugnan el trato en pie de igualdad entre las naciones, tal como lo expresara el gobierno mexicano.

El propósito del Estado norteamericano es intensificar el cerco político, económico y financiero sobre la nación y de paso exponernos ante la comunidad internacional como nación degradada. Esto consolida a la potencia del Norte como actor decisivo en el eventual derrumbe del gobierno de Ernesto Samper y en la selección de su reemplazo; apuntala la quinta columna con que cuenta en Colombia conformada por el fiscal Valdivieso, a quien no se cansa de encomiar, y por algunos funcionarios judiciales y policivos, precandidatos, ex funcionarios gaviristas, dirigentes gremiales y periodistas; monta con sus certificaciones nuevos mecanismos de chantaje permanente para incidir en las principales decisiones nacionales, en fin, crea las condiciones propicias para avanzar en su plan de recolonización política y económica. Por ello el repudio que merece de los colombianos debe ser categórico e inequívoco.

Al igual que los actos de intervención norteamericana perpetrados gracias al colaboracionismo de César Gaviria, éste de ahora, facilitado por la obsecuencia de Ernesto Samper, corrobora, como hemos expresado, que el ignominioso tratamiento del imperialismo gringo es aquí correlativo con el servilismo que manifiestan sus gobernantes. El gobierno samperista, lejos de rechazar la práctica colonial de la certificación, ha optado durante su mandato por someterse a los dictados y el chantaje de la Casa Blanca. Tanta complacencia de nada le ha servido, pues el imperialismo, inflexible ante sus gestos de apaciguamiento, estrecha el cerco a la nación y sigue en pos de su cabeza. Ambas cuestiones, no obstante, deben ser rechazadas, sin duda alguna y contundentemente.

La nación enfrenta hoy el peligro real e inmediato de que el cambio de gobierno y, eventualmente, de la legislación política estatal, sean impuestos como el resultado de complots, manipulaciones y chantajes montados en Washington, de los cuales la espuria desertificación es típica y avanzada muestra. Esto equivaldría a una pérdida de independencia política sin precedentes, que tendría cono base despojar a la población de su derecho primario y fundamental a la autodeterminación, sin la cual no es posible ningún otro derecho ni propósito social.

Demostrando sabiduría para comprender este riesgo y valor para enfrentarlo, son muchos los episodios de 1ucha que a través de la historia ha desplegado el pueblo colombiano por su independencia. Es necesario recoger esta altiva tradición, puesto que los actuales conflictos sociales, entre ellos los que se manifiestan en los debates y litigios respecto a la corrupción y los delitos relacionados con el tráfico de narcóticos, y en especial el proceso que la Fiscalía ha incoado contra el presidente Samper, están atravesados por los diversos aspectos del gran conflicto que contrapone a Colombia con la política que se dicta en Washington. Ignorar e conduce a desatinadas actitudes antipatrióticas o inconsecuentes, nacidas de desconocer que cualquier desenlace positivo para los intereses nacionales sólo es posible si se suprimen todas las interferencias norteamericanas.

La condición absolutamente necesaria para la solución de los conflictos que hoy abruman a Colombia radica en la vigencia y ejercicio plenos de la soberanía nacional. Esta gran verdad está en armonía con lo que históricamente ha proclamado la clase obrera y va siendo desentrañado cada día, en medio de la crisis, por un mayor número de colombianos. ¡Excelente resultado para nuestro destino como nación!

Consecuente, el MOIR llama a todos los compatriotas a ponerse en pie de resistencia para:

• Poner fin a todo compromiso de carácter militar, judicial y policivo con Estados Unidos que constituya una injerencia en nuestros asuntos o la facilite, socave las instituciones y quebrante las leyes y normas vigentes. El constante rechazo popular a la presencia de tropas, agentes policiales y espías norteamericanos en nuestro suelo, debe traducirse en la salida del virrey Frechette y del personal de la DEA, la CIA y el FBI, los siniestros organismos cuya misión confesa es hoy más que nunca reprimir, espiar y conspirar, mientras, entre elogio y elogio a sus favoritos envuelven y determinan las principales actividades de la Fiscalía y la Policía Nacional.

• Desechar la política neoliberal de apertura, lo cual en primera instancia entraña resguardar la producción y el mercado nacionales. Suspender las privatizaciones y las medidas que impliquen desguazar las empresas estatales. Recuperar y estimular la economía agraria. Exigir condiciones justas para nuestro comercio exterior y hacer que la inversión extranjera beneficie prioritariamente nuestro desarrollo económico. Renunciar a toda cooperación económica o técnica condicionada a satisfacer pretensiones extrañas al interés nacional.

• Suspender las medidas y políticas que deterioran la vida del pueblo, como las continuas alzas en los bienes, servicios e impuestos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el irrespeto a los derechos democráticos y el desconocimiento a las reivindicaciones de las masas laboriosas.

En torno a estos puntos se viene produciendo una división en la sociedad colombiana, pues constituyen una línea de separación entre quienes secundan, alcahuetean o consienten el continuo intervencionismo de Estados Unidos y quienes le oponen resistencia, lo rechazan y lo denuncian. Sobre esa misma base se gesta entre la mayoría de compatriotas una gran unidad. Los hechos harán cada día más evidente que ambas, división y gran unidad, son indispensables para salvar a la nación.

La continuidad de la actual política de sumisión nacional del gobierno obstaculiza la más amplia unidad nacional. El país reclama una política que defienda su independencia y soberanía.

Sin duda alguna todos los colombianos de bien, entre quienes alienta un espíritu patriótico y democrático, desplegarán su resistencia contra la recolonización emprendida por Estados Unidos y harán que prevalezca la soberanía de Colombia.

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario
(MOIR)

Comité Ejecutivo Central
Héctor Valencia, Secretario General

POR QUÉ PERDIERON LA CABEZA

Por Jorge Enrique Robledo
La historia la contó La Patria con oportunidad y detalle. Hace cinco años, dos multinacionales, una sueca y otra española, decidieron repartirse la producción mundial de fósforos. El grupo español Fierro se encargó de engullirse el mercado latinoamericano. Con ese propósito compró la Compañía Fosforera Colombiana, que pertenecía a inversionistas suecos, y montó una nueva fábrica en Sopó, Cundinamarca. Luego, les ofreció compra a todas las fosforeras del país. Primero cayeron ante el asedio Iris y Cienfuegos. Después, mediante una promoción de “pague una caja y lleve dos”, liquidó a El Viejo, Vulcano y Póker, las tres localizadas en Manizales. Y para finalizar la ofensiva, con la oferta de “tres cajas por una”, siguió vendiendo a pérdida, pero rindió a El Rey, su última competidora manizaleña y nacional. En conclusión, perdieron sus empleos 827 personas, muchas de ellas mujeres, y los nuevos dueños destruyeron las máquinas de las empresas que adquirieron y que habían funcionado en conjunto durante más de 141 años. Es cosa de esperar para ver a cómo venderá el agresivo monopolio, ahora sí, sus cerillas.

Cuando ya no había nada que hacer, la Superintendencia de Industria y Comercio empezó una de esas investigaciones que suelen anunciarse en el país, pero hasta la inició recordando que en la era de la apertura esas cosas pueden suceder porque, al fin y al cabo, se trata de confrontar diversos grados de “eficiencia” empresarial.

Con lo sucedido se comprueban varias advertencias: en la apertura, la industria del país, salvo la monopolista -y hasta eso habrá que verlo-, poco o nada tiene que hacer frente a los monopolios foráneos; las trasnacionales se reparten el mercado mundial mediante acuerdos o mediante confrontaciones según sean sus conveniencias; la competencia se hace como siempre recurriendo a prácticas leales y desleales; se concentrará la propiedad, disminuirá el empleo industrial, bajarán los salarios y el trabajo nacional acumulará el capital en el exterior y no en Colombia.

Y nadie debe sorprenderse por lo ocurrido, conocida la lógica que impulsa las orientaciones de la banca internacional: la llamada “globalización” quiere decir que el mercado mundial debe ser uno solo, para que los capitales y las mercancías puedan pasearse por él sin cortapisas. Esto presupone, obviamente, la creación de negocios apropiados para los poseedores de capitales, así estén en parte traducidos en tecnologías de envergadura universal. Su ideal es que todo en el mundo se haga con las características propias del poder de un puñado de grupos financieros descomunales. Entonces, recriminar a un productor nacional porque no es “eficiente” frente a una trasnacional riquísima que, como prueba aplastante de ello, puede vender a pérdida por lapsos prolongados, no pasa de ser una exigencia que carece de asidero con la realidad, y hasta resulta cruel.

Que el rumbo que se persigue está claro, lo ilustran los preparativos de los magnates del orbe. Por ejemplo, los mil mayores monopolios de la Comunidad Europea realizaron 622 fusiones en 1990. Nestlé adquirió empresas por 13.200 millones de dólares entre 1985 y 1994 y sólo en junio pasado hubo tres uniones bancarias valoradas en más de 13 mil millones de dólares en Estados Unidos, país donde se puso al orden del día el dilema de “comprar o ser comprado”.

De insistirse en renunciar al empleo de la soberanía, en desmedro de los productores nacionales, en Colombia apenas podrán resistir alas asechanzas extranjeras unas pocas inversiones en situaciones especiales. No obstante, con el paso del tiempo, a esos sectores también les deberán llegar los sufrimientos.

ESTADOS UNIDOS BLANDE EL GARROTE CONTRA COLOMBIA

Por Alfonso Hernández
El pasado 1° de marzo el gobierno de Clinton anunció su condena a la gestión antidrogas de Colombia durante 1995. Su actitud hostil demuestra, una vez más, que la Casa Blanca está urdiendo un plan perverso contra nuestra nación.

Aunque desde hace tiempo se viene adelantando una campaña difamatoria, la descertificación causó cierta sorpresa. Carlos Lleras, embajador en Washington, consideró insólito que en el año en que el país ha presentado el mejor desempeño, Estados Unidos haya decidido colocarlo en el nivel más bajo. Por ejemplo, fueron capturados los principales sindicados de ser miembros de la cúpula del Cartel de Cali. Se erradicaron, mediante aspersión aérea de venenos como el glifosato, 24 mil hectáreas de cultivos ilícitos, cifra que supera las 20 mil exigidas por Norteamérica para 1995, y se aprobaron y pusieron en marcha disposiciones contra el lavado de dólares.

Lo anterior le costó a nuestra paupérrima nación la enorme suma de 984 millones de dólares, cerca de un billón de pesos, más del doble del gasto público total en educación superior durante 1995. Todo para reducirles a los gringos su adicción a la cocaína.

En diversas ocasiones los mismos funcionarios del Norte elogiaron los triunfos de la política antidrogas del gobierno de Colombia. Tanto los sacrificios como los logros fueron superiores a las metas impuestas. ¿Por qué, entonces, la descertificación?

El Departamento de Estado pretexta: “No se realizaron acciones efectivas para enjuiciar y sentenciar a los líderes del Cartel de Cali. (…) No se aprobó una legislación que incrementara las condenas por narcotráfico. (…) No se logró un acuerdo bilateral con Estados Unidos para combatir el tráfico en las zonas marítimas. (… )Bajo la ley actual las propiedades sólo son confiscadas si el individuo es condenado por un crimen. (…) La corrupción permanece impune pese al esfuerzo de algunos dedicados colombianos por erradicarla. (…) Los esfuerzos anticorrupción del fiscal fueron atacados por miembros de la administración Samper, que públicamente criticaron su esfuerzo por hacer cumplir las leyes y trataron de ponerle un límite a su período como fiscal”. Junto con el aplauso al general Serrano, director de la Policía, aparece también la acusación contra el Congreso por discutir la necesidad de mantener algunas garantías procesales. En pocas palabras, toda nuestra legislación e instituciones son puestas en entredicho. Reclaman juicios sumarios, confiscar los bienes a quien no se le ha demostrado culpa y se arrogan el derecho de decidir qué puede discutir el Congreso y de señalar quiénes son los buenos y quienes los malos.

Estas actitudes abusivas de Washington socavan la necesaria cooperación internacional contra el delito en vez de impulsarla. Días antes el ex presidente López pidió que “se establezca de una vez por todas la globalización de la lucha contra el narcotráfico, en bien de la humanidad entera, pero que no se busquen chivos expiatorios para justificar la intervención norteamericana”. Y señaló que Estados Unidos con 40 millones de adictos juzga a Colombia por dos o tres mil narcotraficantes. Samper, quien aceptó desde el comienzo el humillante proceso de certificación y se afanó por satisfacer los apremios del Tío Sam a costa de descuidar las urgencias patrias, tuvo que reconocer que Estados Unidos efectúa una injerencia inaceptable en los asuntos internos de Colombia.

Rechazo unánime
El editorial de El Tiempo, del 3 de marzo, manifestó que como contrapeso del poderío norteamericano, “añoramos, quién lo creyera, el fin del imperio comunista”. En la misma fecha El Espectador editorializa censurando con sobrada razón la falta de dignidad mostrada por nuestros gobernantes y culpa del hecho a Gaviria y a Samper, al fiscal, al director de la Policía y a los representantes de los gremios económicos.

Muchas personalidades han expresado su indignación ante la astracanada gringa. El representante Guillermo Gaviria, dijo que “el embajador Frechette le ha hecho mucho daño a nuestro país”. El parlamentario Alfonso Angarita señaló: “Este hecho nos debe convocar a una gran reconciliación nacional no sólo para defender la soberanía, y legítimos derechos, sino para impulsar el progreso y desarrollo del país”. Darío Martínez, representante liberal, consideró que se trata de una nueva versión del dominio capitalista sobre los países pobres. Luis Fernando Jaramillo, presidente de la Dirección Nacional Liberal, anotó: “Colombia no se inventó el narcotráfico y mucho menos e culpable de que esa sociedad se haya convertido en una nación de narcoadictos”.

Las centrales obreras se pronunciaron airadamente. Yezid García, secretario general adjunto de la CGTD, manifestó que ninguna nación de América Latina “debe ser sometida a un examen por un profesor que no tiene ninguna autoridad moral para hablar de ese tema ni sobre ningún otro que tenga que ver con las libertades públicas”. El Partido Comunista expidió una declaración en la que denuncia que el régimen yanqui se tomó la atribución de pisotear a los pueblos.

Sólo un grupito de desvergonzados partidarios del tutelaje foráneo justificó el atropello. El más abyecto, el señor Valdivieso, excitado por la zalamería gringa, abandonó por un momento su carácter taimado para decir que antes de él nadie había hecho nada contra el narcotráfico.

Quienes alborotan presentando a los yanquis como defensores de la moral y como un poder intocable ante el cual lo mejor es poner la otra mejilla, y claman porque no se yerga el patriotismo ante los ultrajes que cotidianamente recibe Colombia, acolitan la confabulación colonialista en marcha. ¿En verdad la descertificación se debe a la corruptela? ¿Acaso si el gobierno no fuera corrupto, los Estados Unidos dejarían de inmiscuirse en nuestros asuntos? Al respecto vale la pena recordar que la actitud intervencionista de éstos no es nueva, está ligada a sus intereses de potencia imperialista. Pero los drásticos cambios ocurridos en la situación mundial a finales de los ochenta determinan que sea mucho más arrogante y que sus apetitos lo lleven a devorar un botín cada vez mayor, menguando incluso la ración que correspondía a sus antiguos aliados, las oligarquías latinoamericanas. Ahora busca de manera abierta la disolución de las demás naciones.

Negar a los demás la soberanía
El 17 de marzo, El Espectador recuerda que “los empresarios del poder metropolitano pregonan a todos los vientos la desaparición de las soberanías nacionales y pretenden encajonar dentro de la teoría de la aldea universal la desaparición de fronteras patrias en beneficio de la imposición de su gran poder universal”. Que la afirmación del editorialista del diario capitalino es certera lo comprueba el ataque que hace Estados Unidos a todos los elementos constitutivos de nuestros países. Frechette llegó hasta sermonear en la Escuela Superior de Guerra sobre la obsolescencia de la soberanía.

De años atrás las políticas arteramente llamadas de libre comercio vienen demoliendo el primer fundamento de la nación, el mercado interior. Cada día un mayor número de empresarios ve cómo sus negocios sucumben ante la acometida de las poderosas multinacionales. Con razón Fabio Echeverri sostiene que la apertura le ha hecho más daño a la economía que la crisis política. Los que buscan crear el pánico con la afirmación de que la follisca alrededor del ingreso de dineros calientes en las campañas políticas va a ahuyentar la inversión extranjera, saben que ésta crece cada día y que los augurios de catástrofe son aprovechados por los pulpos foráneos para comprar más baratos nuestros activos. El embajador norteamericano, a la vez que amenaza con pegar con el garrote más duro y da órdenes terminantes a los gremios, no puede disimular la gula que a sus representados les producen nuestras riquezas. A La República le dijo: Colombia “es muy importante por tener enormes ventajas: su posición geográfica, la posibilidad de instalarse compañías para surtir a toda la región andina, mano de obra muy calificada, hombres de negocios reconocidos en la región como los mejores. Es decir, ustedes tienen un futuro brillante; quisiéramos trabajar conjuntamente para desarrollarlo”. Además fue enfático en el interés por los bosques y el petróleo, renglón en el cual reclama todavía mayores prerrogativas para los monopolios. La amenaza, pues, no proviene del supuesto éxodo del capital extranjero, sino de su ánimo de despojarnos de lo nuestro.

La propia integridad territorial está en peligro. Los elogios de Frechette a nuestra ubicación geográfica confirman las denuncias que se han venido haciendo acerca de que los Estados Unidos se proponen separar a la ubérrima región de Urabá para armar allí una republiqueta que les permita construir y manejar un nuevo canal interoceánico y hacer suyo el Tapón del Darién. En esa región varios consorcios norteamericanos controlan ya un alto porcentaje de la producción bananera.

Los ataques a los partidos, a la denominada clase política y al Congreso tienen idénticos móviles. Frechette dijo hace unas semanas a Portafolio: “La Comisión de Acusaciones no tiene credibilidad alguna en el exterior, ni en Europa ni en Estados Unidos y aquí tampoco. El rating más bajo lo tiene la clase política”. Tales declaraciones llevaron al Parlamento colombiano a pedir la salida del embajador imperial.

Ellos, que apalean a diario en su territorio a negros y a latinos, con el pretexto de la defensa de los derechos humanos atacan a los ejércitos latinoamericanos y les imponen la merma de sus efectivos. Sobre este punto el general Manuel Bonett comentó a Cambio 16: “Deberían reducir primero el suyo, que cada día es mayor. Quizá los Estados Unidos buscan reducir nuestras fuerzas militares para intervenir con más libertad en nuestros territorios”.

Como si fueran la personificación de las virtudes, califican a los demás en materia de derechos humanos, de leyes y códigos, de lucha contra el narcotráfico, de protección del medio ambiente, de seguridad aérea.

Crear una situación caótica, azuzar a unos contra otros, alebrestar a toda clase de arribistas y, principalmente, someter a un profundo desprestigio interno y externo a todo aquello que pueda contribuir al mantenimiento de la unidad nacional, tal es la táctica con la cual los filibusteros yanquis preparan el despresamiento de Colombia.

Los pronunciamientos de distintos personajes de la vida nacional arriba citados, la mayoría de ellos a salvo de cualquier acusación de sentimientos antinorteamericanos, y la indignación popular, corroboran la imperiosa necesidad de poner dique a la altanería de la superpotencia. Tarea que sólo puede ser fruto del esfuerzo conjunto de todos los patriotas.

FALLECEN DOS DIRIGENTES DEL MOIR EN SITTELECOM

El 6 de abril falleció en Medellín, víctima de un accidente, el camarada Humberto Hernández, de 45 años de edad, quien fuera miembro de la Comisión Obrera Regional del MOIR y dirigente de Sittelecom.

El camarada Hernández hizo parte de la dirección nacional del sindicato en la gran huelga de 1992. Ocupó después la presidencia durante los seis meses en los que el camarada Eberto López hubo de permanecer oculto y evadiendo una orden de captura dictada por el fiscal De Greiff. Al siguiente año, Humberto debió regresarse a su ciudad natal.

Contador de profesión, ex alumno de la UPB, el camarada había ingresado en 1981 a los cuadros de la dirección partidaria, en los que siempre desempeñó un papel destacado. En la reciente huelga de la Caja Agraria, el Partido le confió la misión de respaldar el movimiento en Antioquia, tarea que atendió con lucidez las veinticuatro horas de cada día. Manteniendo la posición de que lo principal es la política, logró consolidar el organismo de Partido entre los creditarios.

De su matrimonio con Margarita Valencia, igualmente trabajadora de Telecom, quedan dos hijos: Juan Sebastián, de 17, y Gabriel Jaime, de 14.

Emel Vergara
El 21 de noviembre de 1995, y después de prolongada enfermedad, murió también en Medellín el camarada Emel Vergara, de 45 años, integrante de la comisión de Tribuna Roja en Antioquia y asimismo dirigente de Sittelecom.

Había nacido en Cali el 17 de febrero de 1950. Se vinculó a nuestro Partido en 1969. Al momento de fallecer, el camarada hacía parte de la comisión de corresponsales de Tribuna Roja que tuvo a su cargo la edición del libro No perder la marea alta, publicado el año pasado con una selección de escritos de Francisco Mosquera.

Casado con la camarada Nancy Ruiz, Emel deja cinco hijos: Rocío, Mónica, Paola, Camilo y Alejandro.

LA PATRIA DEBE PONERSE DE PIE

En pleno Senado de la República, el dirigente nacional del MOIR, Jorge Santos, acompañado por decenas de nuestros militantes y en medio de los gritos de “¡Fuera gringos de Colombia!”, prendió fuego el 7 de agosto a la bandera de Estados Unidos. “La patria debe ponerse de pie”, dijo a los periodistas el senador revolucionario, cuya iniciativa sacudió al país y fue en seguida registrada por las agencias internacionales de noticias.

El hecho nunca había ocurrido en el recinto del Congreso. Ni siquiera a raíz de la separación de Panamá, instigada por Washington, que provocó a lo largo y ancho de Colombia una oleada de descontento popular, comparable a la que hoy se levanta en rechazo a la descertificación.

Mientras que el senador Guillermo Ocampo quiso impedir la quema y el Directorio Nacional Conservador presentó una moción para que se persiga penalmente a Jorge Santos, un grupo de parlamentarios, entre ellos Jaime Dussán, salió en defensa suya. El periódico Voz, del Partido Comunista, dio realce también al acto de la quema en su edición de la semana siguiente.
Al tiempo que el MOIR llamaba a los patriotas a convertir en un erguido y multitudinario movimiento de masas la protesta contra el imperialismo, el gobierno de Samper, en declaración divulgada horas después, se conformó con exhortar a que “el natural descontento ciudadano se canalice en forma respetuosa y serena”.

La consigna de incendiar cientos de banderas y rechazar con ira el intervencionismo yanqui ha sido acogida con entusiasmo en decenas de mítines y marchas. El 6 de marzo, en el curso de la jornada convocada por la CUT y la CGTD contra la política laboral de Samper, se procedió en todo el país a prender fuego a la insignia de las barras y estrellas, símbolo de la expoliación imperial. En La Dorada, por ejemplo, cientos de maestros que se hallaban en paro exigieron respeto a la soberanía de Colombia.

En Santa Marta, el 15 de marzo, tres mil manifestantes reclamaron que sean expulsados de Colombia el “virrey” Frechette, así como la DEA y la CIA. En la concentración llevaron la palabra Jorge Santos, el presidente del Concejo Rubén Darío Cardona, el diputado Trino Luna y los dirigentes Marcos Mejía y Adalberto Díaz. Un acto similar se cumplió en Cartagena, el 21 de marzo, en el cual intervino, además del senador del MOIR, el presidente seccional de CGTD y ACEB, Arquímedes Barrios.

Concejales, diputados y dirigentes de todos los partidos se han mostrado dispuestos a secundar estas protestas. Ahora más que nunca, tal como lo señala el reciente Comunicado del MOIR, se torna necesario recoger la altiva tradición de lucha y unidad desplegada por la nación colombiana en aras de su sagrada independencia.

Del legado de Mosquera: SE APROVECHAN HASTA DE LOS ANHELOS DE CAMBIO

(Apartes del documento escrito por Francisco Mosquera bajo, el título “El 27de mayo, otro 11 de marzo”, publicado en El Tiempo el 25 de mayo de 1990, y en el cual anunció que el MOIR se abstenía de concurrir a los comicios que le dieron el triunfo a César Gaviria)

Podemos decir que Estados Unidos recuperó en buena parte la iniciativa perdida dentro del ámbito de los negocios internacionales, mientras la Unión Soviética, en la recta final de su involución capitalista, ve disminuir aceleradamente la suya. Una variación de ciento ochenta grados en el curso de las contradicciones a nivel mundial. La humanidad se precipita hacia una guerra económica de extensión y proporciones no observadas desde los tiempos en que el trabajo forjó sobre la Tierra las primeras mercancías y el primer intercambio de éstas; unas colosales disputas que cobijarán a todos los continentes y a todas las razas, pero cuyos principales autores no serán ya exclusivamente las dos grandes naciones nombradas, sino que contarán también con la activa presencia de Europa y el Japón. El mundo dividido por dos se ha dividido por cuatro, y quizás se partiría en cinco, si China, con más de mil millones de seres, se acercara por su cuenta y riesgo al teatro de unos enfrentamientos hasta el presente “pacíficos”, pero que cualquier desajuste en el complicado equilibrio bien podría encenderlos. Los planteamientos de que, para salir del atraso y la pobreza, Colombia debe tomar parte resueltamente en el actual proceso de internacionalización de la economía, y sobre los cuales tanto se especula, son apenas ecos ideológicos de las agrias contiendas que libran las metrópolis por el control de los mercados. A la par que pregonan la apertura para los países que giran en su órbita, los bloques imperialistas practican entre ellos el proteccionismo. Y ésta es la doble conducta que mantienen los consorcios estadinenses en sus relaciones con nosotros y el resto de Latinoamérica.

Siempre hemos insistido en la necesidad de efectuar rectificaciones en la conducción de la economía del país, algunas incluso de fondo. Jamás hemos sido partidarios de escudarnos en el aislamiento nacional como una forma de proteger nuestra incipiente industria. En suma, no creemos que haya fórmulas simples o fáciles en el intento titánico de propugnar el desarrollo. Pero de ahí a dejarnos arrastrar de la ternilla, o compartir la ingenua convicción de que basta con introducirnos en la retorta del comercio mundial para salir fortalecidos con la prueba de la competencia, hay un abismo muy considerable. A quienes les cuelan estos cuentos, o no son listos, o no son independientes. Cuando alguien se refiere a la apertura económica se entiende que habla de una política global, concreta y definida, la que en Fondo Internacional les está imponiendo a los países endeudados, con el propósito de convertirlos exclusiva y totalmente en feudatarios o tributarios de las economías de las repúblicas de los prestamistas del planeta, y en nuestro caso, de la norteamericana. Obviamente aquel enunciado no atañe a los esfuerzos que emprendan los exportadores o los comerciantes de un determinado pueblo tras el cometido de vender en el exterior los productos de éste e impulsar su progreso, contra lo cual ningún patriota consecuente habría de pronunciarse. La apertura que venimos reseñando y combatiendo implica no la modernización de las estructuras productivas de Colombia sino la quiebra de algunas de sus ramas industriales más antiguas, más sólidas y de mayor afluencia del capital nacional. El torrente de medidas económicas que, desde el segundo semestre de 1989, ha puesto precipitadamente en práctica el actual gobierno, ya en la penumbra de su decadencia, levantaron múltiples reclamos de los gremios industriales, las organizaciones sindicales y los frentes investigativos. Se derrumban las escasas barreras de protección e iníciase el alud indiscriminado de los productos extranjeros; el Estado pone en venta sus participaciones en las actividades productivas y se tramita la privatización de los servicios públicos; los créditos de fomento sufren drásticos recortes y los intereses bancarios llegan a índices realmente confiscatorios; los organismos de la planificación estudian el desmonte del control de cambios y el dólar continúa desplazando al peso en las transacciones internas. En fin, con sus reformas en los más variados campos, las autoridades colombianas alientan el proceso de colonización o apertura económica, que es lo mismo.

Mucho tememos que todo este revuelo armado en torno a la enmienda de la Constitución a través de la vía excepcional de un referendo y de una asamblea extraparlamentaria, obedezca a insistencias de Washington para que se efectúen cuanto antes los amoldamientos jurídicos sin los cuales no sería posible la santa misión de liberalizar a los países infieles de la época. La tormenta reformista que se ha desatado representaría entonces un gigantesco retroceso y no una innovación, cual lo proclaman los constitucionalistas del sistema. Estaríamos ante una conjura contra el país, que vería comprometido su futuro y aplastadas sus mejores tradiciones. Todo indica que es así, desafortunadamente.

Los ejecutores del peligroso proyecto se aprovecharán hasta de los anhelos de cambio de las masas. Cualquier factor puede servir: la deficiencia de los jueces, el anquilosamiento de las cámaras legislativas, la lucha sin cuartel contra el narcotráfico, la candidez virginal de los universitarios, el oportunismo de la extremaizquierda, los cálculos ilusos y egoístas de la burguesía, la división permanente de la clase obrera, los realinderamientos a escala internacional, el temor de las gentes y, sobre todo, la indiferencia política de vastos segmentos de la población que da pábulo a la labor diversionista del Ejecutivo, cuando casi todos los meses se escuchan desconcertantes noticias o rumores de que naves norteamericanas han vulnerado las aguas y los cielos de Colombia; incidentes gravísimos, frente a los cuales el presidente de la República ni siquiera se pronuncia. Y el día que por tal motivo llegó a salir un comunicado de alguna agencia gubernamental, fue para justificar las expediciones yanquis, por lo general fraguadas desde territorio panameño, convertido de hecho en el 52 estado de la Unión, luego del asalto de diciembre, con que se depuso a Noriega y se le secuestró.

Otro tanto ha acontecido con la muerte violenta de Rodríguez Gacha, alias El Mejicano. Voceros del Pentágono y del Congreso estadinense involucraron a agentes de la DEA en dicha operación, llevada a cabo en nuestra Costa Atlántica. La Cancillería colombiana les restó trascendencia a semejantes declaraciones que eran, o un infundio, o una infidencia, materia delicada en ambas eventualidades. Las ofensas contra la dignidad nacional ya no reciben ni el tratamiento reservado a las infracciones de inspección de policía. Si en el cuatrienio que concluye ha sido notoria esta tendencia, particularmente durante el último tramo, cuando se desnuda casi siempre el pleito de la sucesión presidencial, ¿qué puede esperar el pueblo colombiano de César Gaviria, ungido prácticamente desde el 11 de marzo, cuya buena estrella se la debe a Barco y a quien viene acompañando, sin interregnos ni deslealtades, aun antes del 7 de agosto de 1986?

El decreto con que se autoriza la consulta sobre la citación de una “Asamblea Constitucional” está redactado de tal modo que, en definitiva, se trata de un cheque en blanco girado a favor del próximo mandatario. Los partidos menores, e inclusive las fuerzas con raigambre electoral pero que no gozan de las simpatías del estrecho círculo dominante, al promover el referendo y la constituyente como los métodos democráticos jamás descubiertos; y creyendo, desde luego, que así cristalizan sus aspiraciones políticas, acabarán engañándose a sí mismos y de paso al pueblo. No en vano Rodrigo Lloreda insistió sobre la conveniencia de definir antes que nada tres aspectos consustanciales a la susodicha asamblea: la convocatoria, la composición y el temario; valga decir, quién la cita, quiénes la integran y sobre qué asuntos versa. Como ninguno de estos puntos se ha tocado, ni discutido, ni hay dónde hacerlo, ni con quién, pues el objetivo prioritario consiste en arrumbar el Congreso y la Corte, se supone que las decisiones fundamentales quedarán en manos del Ejecutivo. Y únicamente a los monopolios extranjeros, que se alampan por establecerse en tierras pródigas, pobladas por gentes que trabajen mucho y cobren poco, les interesa entenderse con una sola persona, o con un pequeño grupo de personas que no deban rendirle cuentas a nadie.

Éstos son los cambios planteados en la actualidad al pueblo colombiano, con el sarcástico aliciente de que conquistarán con ellos el reino de la democracia participativa. En razón a que habrá tantos derechos restringidos o conculcados, es de esperarse que avance más rápida y eficazmente el movimiento unitario por la salvación nacional, propuesto por el MOIR y por otros destacamentos patrióticos y democráticos.

EL PAÍS SE PRONUNCIA

Ante la descarada intromisión de Estados Unidos en nuestros asuntos, varios columnistas, así como algunos caricaturistas y grafiteros han manifestado su repudio. Tribuna Roja recoge unas pocas muestras de tales expresiones.

D’ARTAGNAN:

No se pega con el garrote, pero se enseña. Se exhibe en forma amenazante. Tanto que la actitud del embajador ha dado pie para que en un editorial titulado “Añoranzas diplomáticas”, el director de El Tiempo -a quien no exactamente podría endilgársele el calificativo de antiyanqui- dijera el jueves pasado, a propósito del mencionado -y malhadado- reportaje: “No estuvo afortunado, ni discreto, ni cordial, ni justo el señor Frechette. Hasta sacó a relucir el pesado garrote que evoca la figura de Roosevelt, el malo. (…)
(“Intromisiones de Frechette”, El Tiempo, 31 de marzo de 1996, Pág. 5A).

GENERAL (R) ALVARO VALENCIA TOVAR:

Si a comienzos del siglo el Presidente de la nación hacía versos mientras Teodoro Roosevelt aprestaba el gran garrote y declaraba que si Colombia no negociaba lo haría con Panamá, noventa y dos años después el Estado colombiano no ha podido hacer de Urabá una región próspera, organizada, pacífica, progresista, civilizada. A Panamá la desangró la guerra civil de los Mil Días. A Urabá la contienda brutal que empezó hace cincuenta años. Extraño paralelismo entre dos regiones con similar potencial de navegación interoceánica y parecidas circunstancias de abandono e inconciencia, que abrieron camino al desmembramiento allá, a una preocupante incógnita acá. ¿Qué será de Urabá en el inmediato futuro?
(El Tiempo, 12 de abril de 1996, Pág. 5A)

EL ESPECTADOR.

Este de la no certificación no es un desenlace fatal sino triste, vergonzoso. Y no por el hecho de cuanto pudiere llegar a desprenderse de su negativa, sino por las circunstancias que lo rodearon y la poca dignidad demostrada por nuestros gobernantes.

Se ha dejado pisotear el prestigio de Colombia dentro de un sometimiento deliberado a la jactancia del poder unipolar de los Estados Unidos. Y a ese degradante concurso concurrieron por igual desde el primer momento el presidente de la República, sus ministros, el fiscal de la Nación, el director de la Policía y, en último término, los representantes de los gremios económicos, sin descontar las promesas de acierto de nuestro embajador en Washington.
(Editorial, 3 de marzo de 1996, Pág. 2A).
Primero nos atacaban porque teníamos la guerrilla y el comunismo en casa, luego fue por el narcotráfico; cuando acabaron el Cartel de Medellín, resolvieron que ése no era el importante, que debíamos acabar con el de Cali. (…)
Es que lo que ellos quieren es quedarse con la región de Urabá y construir su propio canal para reemplazar el que pronto tendrán que devolver.
(Ana María Busquets de Cano, “Que nos invadan pero”, 4 de abril de 1996, Pág. 4A).
Lo más importante fue que los campesinos reunidos en asamblea quisieron expresarle al presidente, fieles a la línea de su pensamiento, que no querían seguir viviendo la humillación de que un gobierno extranjero interviniera en forma tan abierta en los asuntos de nuestro país. No quieren que la soberanía nacional se vea menoscabada por hechos que, a su juicio, repugnan a la conciencia ciudadana y que no habían recibido de nuestros personeros en el poder una respuesta afirmativa, consecuente con nuestra condición de país libre y soberano.
(Editorial, 1° de abril de 1996, Pág. 2A).

El Congreso de la República ha registrado con gran extrañeza y profunda preocupación las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en Colombia, señor Myles Frechette. (…) El Congreso considera que tal posición del alto funcionario es una clara, muy grave, indebida e inadmisible injerencia en los asuntos internos del país. (…) En consecuencia, el Congreso recomienda al gobierno que de manera urgente envíe nota de protesta y reclamo a los Estados Unidos de Norteamérica, recomendando, a la vez, cambio de embajador de la misma nación ante nuestro país.

(Apartes de la Proposición No. 156, presentada por el senador Jaime Ortiz Hurtado y aprobada por el Senado el 27 de marzo).