Categoría: Tribuna Roja N° 65, Bogotá; abril 23 de 1996

Por Libardo Botero

Colombia tuvo en marzo el dudoso honor de ser anfitriona de un certamen continental: el Foro Empresarial y Segunda Cumbre de los Ministros de Comercio Exterior de 34 países americanos, realizado en Cartagena. Su propósito, dar pasos firmes encaminados a crear el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, para el año 2005.

Desde 1989, la Iniciativa para las Américas, de Bush, contemplaba la plena liberalización tanto del comercio como del movimiento de capitales desde Alaska a la Patagonia. La administración demócrata de Clinton, en demostración fehaciente de su total identidad con los republicanos en asunto tan crucial para la supervivencia del imperio, no sólo se ha volcado a ratificar la estrategia, sino que decidió convertirla en programa común para la mayoría de los gobiernos americanos, a los que a finales de 1994 invitó a la Cumbre de Presidentes de Miami. Fue allí donde se acordó establecer el ALCA en un plazo de diez años.

El ALCA no es otra cosa que un nombre nuevo para el viejo sueño estadinense de crear un solo bloque económico en las tres Américas bajo su égida exclusiva, proyecto que le es indispensable a Estados Unidos en la actual disputa con las demás potencias imperialistas por un nuevo reparto de las zonas de influencia. El ALCA vuelve a poner en la mira, con un grado mayor de sometimiento, lo que ellos han considerados tradicional patio trasero. De allí que sea Norteamérica no sólo el creador sino también el principal motor del proceso iniciado en Miami.

La nutrida delegación gringa trajo a la cita de Cartagena unos propósitos bien definidos. Se destacaba el de crear cuatro nuevos grupos de trabajo -además de los ya acordados en Denver hace un año, durante la primera cumbre ministerial-, sobre aspectos de su exclusivo interés como las compras del sector público, los servicios, los derechos de propiedad intelectual y las políticas de competencia. De acuerdo con algunos analistas, en dichos temas tienen puestos sus ojos el gobierno y las trasnacionales estadinenses, por las voluminosas ganancias que se juegan. Los cuatro hacen parte de tópicos que no pudieron ser incluidos en la OMC, por la cerrada oposición de muchos países a las pretensiones de Estados Unidos. De ahí que sus voceros aspiraban a incorporarlos en el ALCA. Uno de los “logros” de la Cumbre fue justamente el de satisfacer esta exigencia gringa.

Pese a la hegemonía yanqui en el foro, no dejaron de traslucirse controversias que de alguna manera reflejan las profundas contradicciones que enfrenta la metrópoli con las naciones y pueblos que sojuzga. La insistencia norteamericana en imponer estándares laborales y ambientales, con el soterrado propósito de poder luego cerrar sus puertas a incontables productos de América Latina, tropezó en la Cumbre con fuerte resistencia. Este mismo punto había sido uno de los más conflictivos en las conversaciones del Nafta con México.

Los voceros gringos, además, se negaron de plano a examinar insistentes propuestas latinoamericanas que les pedían reducir los crecidos subsidios agrícolas vigentes en Estados Unidos. Aquí ya no se oyeron los cantos de sirena sobre los beneficios de una zona económica sin fronteras.

No dejó de tener la reunión uno que otro episodio bufo, lleno de grotesca ironía. Hacía apenas dos semanas se había producido la descarada descertificación del gobierno de Clinton a Colombia. El presidente Samper, al instalar la Cumbre, rehusó condenar tan grosero intervencionismo. Se limitó a calificarlo, en un típico arranque de humor flojo, como una de esas desavenencias conyugales que deben ser resueltas en la alcoba, y que no concernía al resto de países. Casi en el acto, Ronald Brown, secretario de Comercio norteamericano, expresó que el ALCA tenía que ser acompañado de acciones firmes contra el narcotráfico y la corrupción, línea de conducta que debía ser común a todos los gobiernos participantes. Y dejó en claro que Estados Unidos seguiría arrogándose el derecho a descertificar a quien quisiera. La sumisión, en vez de apaciguar al tirano, termina alebrestándolo.

No podía finalizar tan ominoso evento sin que el pueblo cartagenero manifestara su repudio profundo al intervencionismo yanqui. El mismo día de la clausura, frente al Centro de Convenciones, centenares de manifestantes, presididos por el senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, quemaron la bandera norteamericana y ratificaron su indeclinable voluntad de enfrentar la agresión y defender la soberanía.

Por Iván Toro López

A las 11 de la mañana del 20 de febrero las computadoras se apagaron, las cajas y bóvedas se cerraron y los 8.250 trabajadores suspendieron labores. Era su respuesta a la decisión del gobierno de continuar el proceso de marchitamiento de la entidad, hasta su liquidación definitiva. A esa hora en la oficina principal de la Avenida Jiménez se desarrollaba una rueda de prensa en la que Jesús Bernal, presidente de Sintracreditario, le anunciaba al país que daba comienzo una histórica huelga en el sector financiero. Aunque el motivo del conflicto era la negociación del pliego, en realidad se trataba de la lucha por la supervivencia de la Caja, amenazada de muerte por la política imperialista de desmantelar las entidades que han prestado algún apoyo a la producción nacional, de manera que ésta sea fácil presa de la ofensiva propiciada por la apertura.

Para este antinacional propósito Samper designó-como presidente de la Caja a Carlos Gustavo Cano, quien durante varios años estuviera al frente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Desde las primeras de cambio de su gestión, Cano mostró cuáles eran sus intenciones. Lanzó a los cuatro vientos calumniosas especies tratando de inculpar a los trabajadores de los peculados cometidos por altos funcionarios y acerca de los supuestamente astronómicos costos laborales. Con la colaboración de María Sol Navia, ministra de Trabajo, montó un expediente que le permitiera despedir a la directiva sindical al primer conato de pelea, y sin haberse presentado el pliego procedió a implementar un plan de contingencia con el cual pretendía conjurar el paro.

Con el caballito de batalla de que la causa de las dificultades de la Caja era “la convención más fabulosa del mundo”, la presentación de las peticiones sindicales fue respondida con la denuncia de 93 de los 108 puntos de que constaba la convención colectiva.

De nada valieron las profusas explicaciones acerca de las verdaderas razones de la calamitosa situación de la entidad que, como lo demostró el sindicato, se ubicaban en la cuantiosa deuda acumulada por el Estado, del orden de 650 mil millones de pesos; el desmonte de las inversiones forzosas de parte de las demás entidades financieras y de los impuestos CIF` a las importaciones; la eliminación de las ventajas en materia de encaje y provisión de cartera, por cuenta de la Ley 45 de 1990; el desangre económico derivado de operaciones fraudulentas con la complicidad de altos directivos y de préstamos cuantiosos nunca cubiertos, otorgados a conspicuos personajes de la vida nacional y las pérdidas generadas en la venta de activos durante la administración Gaviria, entre otras. Detrás de todo estaba la determinación de liquidar uno de los últimos vestigios del crédito de fomento, ahondar la ruina de la producción agraria y entregar totalmente al campesinado en garras del sector financiero, para lo cual el paso inmediato sería la conformación de un nuevo organismo, controlado por el capital extranjero y regentado por los magnates del agro.

Una vigorosa lucha de masas
Terminadas las etapas legales de negociación, la ofensiva arreció con propuestas engañosas oportunamente desnudadas por el sindicato, y la amenaza perentoria de que si estallaba la huelga se procedería a liquidar la entidad. En tal sentido se manifestaron el propio Cano y la ministra de Agricultura. La réplica no se hizo esperar y más de 95% de los empleados votó a favor del cese. Ante la inminencia del conflicto y en un acto inusual, Samper se pronunció por escrito, en respuesta a una petición del sindicato, reiterando que “si sus aspiraciones laborales no se ajustan a las posibilidades de la Caja, el gobierno nacional se vería obligado a liquidarla para atender los compromisos financieros ya adquiridos”. La altanera actitud del Ejecutivo fue respondida con una declaración de todos los sectores del movimiento obrero, brindando su irrestricto respaldo a la lucha de los creditarios, en la que se anunciaba incluso un paro nacional del sindicalismo bancario.

Estas cartas estaban sobre la mesa al iniciarse la contienda. La participación y beligerancia de las bases fue de tal magnitud que el primer día del conflicto sólo reportaron operaciones dieciséis de las 846 oficinas de todo el país, echando por tierra el meticuloso plan de contingencia que le había costado a la institución más de tres mil millones de pesos. En los días siguientes la parálisis fue total. No hubo un solo sindicato de importancia que no expresara su compromiso con la batalla que se libraba entre Sintracreditario, bastión del sindicalismo colombiano, y los voceros del imperialismo liderados por Ernesto Samper. En especial se destacaron las organizaciones de la rama financiera ACEB. UNEB y Fenasibancol, las cuales en medio de la refriega adelantaron un paro de medio día, como prueba de que el movimiento nacional no era una mera expectativa. También jugó importante papel el respaldo de la USO, Sittelecom, Sindess, Sinucom y Fenaltrase. Más de cuarenta parlamentarios, encabezados por Jorge Santos Núñez, firmaron una carta exigiendo una solución que garantizara la permanencia de la Caja y el respeto a los derechos adquiridos.

Carlos Gustavo Cano, con el apoyo de los conglomerados económicos, presionó insistentemente la ¡legalización de la huelga y la convocatoria del tribunal de arbitramento. Orlando Obregón, recién ungido ministro de Trabajo, no dio curso a esas exigencias, lo cual motivó un agudo enfrentamiento entre estos dos funcionarios del régimen samperista, que culminó con la renuncia del presidente de la Caja, derrotado por la combatividad de los trabajadores y la solidaridad del sindicalismo y el campesinado. Que el movimiento no hubiera sido puesto al margen de la ley es un precedente que servirá a todos los trabajadores bancarios.

Ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos inicialmente trazados por la administración, el alto gobierno se vio obligado, después de cinco días de inactividad, a un replanteamiento, entrando a negociar. A tal determinación también contribuyeron los anuncios de que para la segunda semana de parálisis se gestaban paros cívicos en numerosos municipios donde la Caja es la única institución bancaria y la realización de marchas campesinas en varios departamentos. De esa manera el conflicto hubiera remontado el marco laboral convirtiéndose en una expresión de lucha del pueblo contra la política neoliberal continuada por Ernesto Samper.

Parte de victoria
Liberada la mesa de negociación de las obstrucciones de Cano, todavía persistían los voceros gubernamentales, reforzados por Antonio Hernández Gamarra, asesor de la presidencia, en la pretensión de recortar las conquistas de los asalariados. Sin embargo, después de intensos diálogos se llegó a un acuerdo que garantiza la continuidad de todos los derechos para los empleados actualmente vinculados y el incremento de los salarios y demás prestaciones en un monto igual a la inflación causada. En cuanto al porvenir de la institución, principal preocupación sindical, se conformó una comisión tripartita que en un plazo de tres meses elabore un diagnóstico y formule propuestas tendientes a su fortalecimiento. A ese escenario concurre el sindicato continuando la batalla para que la Caja recupere su papel de banco de fomento agrario, con base en una legislación especial y el manejo de los recursos oficiales en sus agencias y sucursales en todo el país, entre otras medidas indispensables para su futuro.

Firmados los acuerdos en Caja Agraria y Ecopetrol, donde se lograron resguardar reivindicaciones alcanzadas en décadas de lucha y se impidió el desmonte de estas empresas, se ha desatado una virulenta campaña con el cínico argumento de que el país está siendo entregado a la voracidad de los asalariados. Rudolf Hommes, El Tiempo y los dirigentes gremiales Juan Manuel Ospin (SAC), Jaime A. Cabal (Acopi), y César González (Asobancaria), encabezaron la vocinglería de quienes quieren entregar la riqueza petrolera y el sudor de los campesinos, los recursos naturales y el trabajo de los colombianos, a los verdaderamente insaciables apetitos de los pulpos imperialistas. Lo que no soportan es que las luchas proletarias detengan el avance de la recolonización norteamericana. Mientras ciertos sectores se retuercen desesperados ante las victorias populares, el MOIR las exalta como ejemplo en la defensa de la soberanía económica de la nación.

Por Gustavo Triana

El año pasado, el gobierno había decidido aplicar a partir del 1° de enero de 1996 una reestructuración de Ecopetrol conducente a establecer cuatro negocios con autonomía financiera y administrativa, lo cual buscaba acabar con la operación integral de la empresa, preparando así su entrega a los monopolios privados. Una ventaja clave de la estatal petrolera es que maneja de manera conjunta los renglones de exploración, explotación, refinación, petroquímica, transporte y gas, con lo cual logra un equilibrio entre las actividades de riesgo y las que son seguras o estables, para al final lograr un balance positivo de más de 200 mil millones de pesos anuales de utilidades y transferencias a la nación superiores a 1.2 billones de pesos.

El 6 de diciembre de 1995, los trabajadores petroleros realizaron un paro total de la producción para rechazar el desmembramiento de la entidad. El gobierno se vio obligado entonces a sentarse en mesa de negociaciones con representantes de la USO, mientras las bases sindicales continuaban, mediante distintas formas de presión, entre ellas la aprobación de paro general indefinido, reforzando lo que sus dirigentes defendían frente a los voceros de Ecopetrol y del Ministerio de Minas. Finalmente, la unidad monolítica de los trabajadores y el respaldo del movimiento obrero y del pueblo abrieron el camino al acuerdo firmado entre las partes el día 23 de febrero de 1996.

Los puntos esenciales alcanzados fueron:

• Ecopetrol no será privatizada. En consecuencia, conservará su integralidad, su unidad jurídica como empresa industrial y comercial del Estado, su contabilidad unificada a nivel central y sus actividades estratégicas de exploración, producción, refinación, petroquímica, transporte, comercialización, investigación y desarrollo, promoviendo así la gestión especializada.

• Se realizarán los estudios conducentes a respaldar el pasivo pensional de la empresa mediante la constitución de un fondo especial, cuyos aportes graduales no representen peligro de descapitalización para Ecopetrol.

• El sindicato y la administración reiteran la conveniencia del diálogo permanente en lo relacionado con el manejo de los asuntos laborales. En ese espíritu, la administración se compromete a no denunciar la actual convención colectiva de trabajo.

• El Instituto Colombiano del Petróleo continuará como parte integral de la empresa, con la función de apoyar científica y tecnológicamente sus actividades estratégicas, para lo cual contará con un presupuesto estable y suficiente.

• Se creará la función de Investigación de Mercados, la cual se encargará de buscar nuevas alianzas y diversificación del mercado, mejorando las condiciones de negociación y competitividad.

• El Comité de Exploración y Contratación de Ecopetrol se fortalecerá, para cumplir con el papel de recomendar a la junta directiva de la empresa la asignación de las áreas geográficas del país con posibles yacimientos de hidrocarburos y para buscar dentro de los lineamientos fijados por el Ministerio de Minas y Energía mantener para la estatal petrolera las áreas con reservas probables más promisorias.

• El acuerdo estipula que continuarán las discusiones sobre aspectos de política petrolera tales como: importación de combustibles; creación de una Vicepresidencia del Gas para que esta importante rama no sea entregada al sector privado; autoabastecimiento de combustible y reversión de las lesivas modificaciones hechas en 1995 a los contratos de asociación, que favorecen desmedidamente a las multinacionales.

Respaldo a proyecto de ley petrolera
Para complementar la batalla anterior por una política petrolera nacionalista, se adelantará en el Senado el debate para sacar adelante la Ley Nacional del Petróleo que la Unión Sindical Obrera elaboró en conjunto con los sectores más progresistas de la sociedad en foros, congresos y conferencias realizados en los últimos años, entre los cuales vale la pena citar los convocados por los concejos municipales de Cúcuta, Bucaramanga, Yopal, Tibú y Barrancabermeja, y por las Universidades de Caldas, Industrial de Santander y Cooperativa de Colombia.

El proyecto de ley respectivo, respaldado con un millón doscientas mil firmas de colombianos, fue presentado al Congreso por los senadores Jorge Santos Núñez, Hernán Motta, Carlos Corsi, Lorenzo Muelas, Gabriel Muyuy, Jaime Dussán, Samuel Moreno, José D. González, Omar Flórez, Juan Martín Caicedo y otros.

El proyecto presentado propone una legislación de hidrocarburos que permita el desarrollo y fortalecimiento de Ecopetrol, reglas de juego claras y favorables para la nación en los contratos con las multinacionales y que la destinación de la renta petrolera sea orientada al desarrollo industrial y agrario del país.

El empeño de los trabajadores petroleros bajo la dirección de la Unión Sindical Obrera, USO, merece el reconocimiento y el apoyo de todos los demócratas y patriotas de la sociedad colombiana. Los militantes y activistas del MOIR debemos ocupar posición de vanguardia en el impulso a estas luchas.

Por Fabio Arias

El 5 de marzo los dos sindicatos existentes en el SENA firmaron con la entidad y con el Ministerio del Trabajo un acuerdo que garantiza la estabilidad para los 8.600 empleados, mantiene el servicio médico a los familiares, no incrementa la jornada de los docentes y configura un sistema salarial de ascensos que empezará a regir en 1997.

Se consiguió asimismo una reasignación de las funciones, que permite 15% adicional al 17% impuesto por el Pacto Social, suma que desde luego no resuelve el atraso histórico que en materia salarial vive el Servicio Nacional de Aprendizaje.

Este importante acuerdo se logró utilizando como instrumento de lucha el anuncio de la movilización de los asalariados.

En efecto, para el 6 de marzo, coincidiendo con la jornada nacional de protesta convocada por la CUT y la CGTD, se tenía previsto realizar un paro en el SENA, en el que tomarían parte alumnos y docentes., lo cual comprueba una vez más, como ocurrió en Ecopetrol y la Caja Agraria, que el arma principal con que cuentan los trabajadores es el combate unificado.

Todavía, sin embargo, queda un largo camino por recorrer. El Consejo Directivo del SENA dejó pasar el plazo que la Ley 119 de 1994 le otorgaba hasta el pasado 24 de marzo para fortalecer la institución. Respaldado por los .gremios, el gobierno de Samper decidió congelar la planta de personal, contrariando incluso las recomendaciones de los expertos que señalaban la necesidad de aumentarla por lo menos a once mil personas.

Trabajadores y alumnos de la entidad, con el apoyo solidario de amplios sectores patrióticos, lograron derogar el privatizador decreto 2149 de 1992, dictado por el régimen gavirista. Pero las amenazas siguen en pie. Por lo cual, el Comité Prodefensa habrá de continuar oponiéndose al cambio de naturaleza del SENA, especialmente al proyecto ya en marcha de abandonar la educación para el trabajo a nivel del aprendizaje, es decir, de calificar trabajadores, que lo ha caracterizado en sus 38 años.

Asimismo, el Comité Prodefensa rechaza el sistema de contratistas para labores permanentes de formación, dado que golpea la calidad de la enseñanza, como también los derechos laborales.

No hay otra alternativa, entonces, que los trabajadores continúen movilizándose a exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos el pasado 5 de marzo y sigan empeñados en la defensa del Servicio Nacional de Aprendizaje como patrimonio de la nación y encargada de la formación para el trabajo.

Por Leila Delgado Almanza

Policarpa Salavarrieta, oriunda de Guaduas, es la heroína por antonomasia de la gesta libertadora. Al celebrarse en 1995 el bicentenario de su nacimiento, todos los patriotas que están luchando sin descanso por conquistar la Segunda Independencia de Colombia exaltaron la memoria de esta mujer bizarra, quien ofrendó su vida muy joven en aras de la libertad.

En el año 1817, durante el régimen del terror instaurado en Santafé por el Pacificador Morillo, la Pola debió buscar refugio en la casa de doña Andrea Ricaurte de Lozano, esposa de don Judas Tadeo Lozano. Desde allí estableció contacto permanente con los ejércitos patriotas del Casanare, recibiendo mensajes, comprando material de guerra y convenciendo a los jóvenes de enrolarse en sus filas. Al caer apresada en la misma casa que le servía de escondite, fue condenada a muerte con ocho de sus compañeros -entre ellos su prometido, Alejo Zabaraín- y fusilada el 14 de noviembre de ese mismo año.

“¡Pueblo indolente! -dijo antes de morir-. ¡Cuán distinta sería vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad! Ved que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más”.

Con las letras de su nombre se compuso en su lápida este anagrama: “Yace por salvar la patria”.

Aurora Hernández, bogotana raizal de 65 años, sabe muy bien por qué la capital se ha vuelto, con Antanas, una “ciudad coqueta”. Damnificada por la bomba del DAS en Paloquemao, debió instalar su ventorrillo sobre la Calle 26. Una aciaga mañana, no más al apearse del bus, vio con indignación cómo la fuerza pública le había levantado su pequeña caseta. Hoy doña Aurora ajusta meses sin que en ninguna parte la dejen laborar; y ésta es la hora en que el Distrito continúa reacio a devolverle sus pobres pertenencias.

Por idéntica situación pasan millares de personas de todas las edades, a quienes Mockus notificó recientemente que los arrojará sin compasión de sus modestos sitios de trabajo para que no le sigan afeando la cara a la ciudad.

“La amenaza de desalojo es general -explica Manuel Alfredo Rubiano, presidente de Sinucom, el sindicato de los venteros-. Mockus ha desafiado que de este año no pasamos, y que él dizque sí va a limpiar a Bogotá de elementos indeseables. Nosotros no pensamos lo mismo; resistiremos a punta de combite. No existe otro camino”.

La brutal orden del alcalde pende sobre 365 vendedores del barrio Venecia, asentados desde hace cinco años bajo el puente de la Autopista Sur; sobre los 465 del barrio Restrepo, reubicados en el Centro Comercial Social; sobre los miles de personas que desde el año 1961 derivan su sustento del quehacer mercantil en las hacinadas Galerías Nariño de San Victorino, condenadas a desaparecer para dar sitio a una supertienda de lujo; sobre los vendedores de Kennedy y sobre los del 20 de Julio.

No se trata de simples baladronadas. Cientos y cientos de vendedores, pese a tener vigente el permiso, han sido echados de sus puestos a golpes de bolillo, como ocurrió el año pasado en el mercado de las pulgas de la Avenida Tercera, en Patiobonito y en el barrio Siete de Agosto. En este último sector, Mockus envió contra la gente un pie de fuerza de dos mil policías, apoyados por lanzagases y tanquetas blindadas.

En este hecho represivo cometido contra 250 laboriosos ciudadanos, cuyas casetas siguen decomisadas, el despótico burgomaestre desconoció olímpicamente al Comité de Concertación, integrado por Sinucom, representantes de las Juntas Administradoras Locales, comerciantes, y delegados de la alcaldía menor y la personería.

La misma incertidumbre padecen los venteros de Puente Aranda que laboran sobre la carrera 38. Después de que trescientos de ellos fueran expulsados del sitio, no ha sido posible que la administración les restituya las 150 casetas de metal, arrumadas en un potrero.

Sinucom ha emprendido una intensa campaña de afiliaciones, buscando defender el derecho a la subsistencia. Tal como lo señala el compañero Rubiano, “la actual lucha es básicamente por conservar el puesto y la caseta que cada uno tiene en la calle”.

Las movilizaciones han sido permanentes. Así lo confirman el gran desfile de protesta contra Mockus realizado en abril de 1995, el Primero de Mayo, la marcha de los polvoreros, la memorable manifestación del 14 de septiembre en la Plaza de Bolívar y las recientes jornadas patrióticas contra el imperialismo, en las que se quemaron numerosas banderas de Estados Unidos.

Sinucom ha impartido también la consigna de hacer concentraciones frente a las alcaldías menores que ordenen desalojos, como la acometida con éxito, el 30 de enero, frente a la de Los Mártires, donde se condenó además el descarado intervencionismo yanqui en los asuntos internos de Colombia.

Miles de vendedores se encuentran todavía sin organizarse y el gremio se halla dividido. Pero esta dispersión tiende a superarse. El comité intersindical, creado hace unos meses, está luchando por compactar al sector y ha llamado a enfrentar como un solo hombre la arremetida infame del alcalde payaso.

La gente, aunque le quiten la caseta, no puede dejar de laborar, porque la alternativa sería el hambre. Jugando al gato y al ratón con la fuerza pública, y en medio de la diaria zozobra que significa el decomiso de las exiguas mercancías, cientos de mujeres y hombres se las ingenian sin descanso para ganarse el pan. “Somos un gremio -dijo una compañera- que tiene en contra suya la Constitución, la ley, el presidente, el alcalde y la policía. Y sin embargo, véanos aquí: nadie va a lograr impedirnos que trabajemos en las calles, sin licencia o con licencia.

“Cuando Mockus venga a decirme a mí que le respete el espacio público, yo voy a contestarle: ¡Y usted, señor, respete la comida de mis hijos!”

Por José Fernando Ocampo

Hace diez meses la Ley 200 derogó el régimen disciplinario del Estatuto Docente. Desde entonces se le viene aplicando al magisterio el régimen único disciplinario, de tinte fascistoide, consagrado en esa norma.

Boris Montes en la dirección de Fecode no ha tomado una sola medida para defender la integridad del Estatuto Docente. Por el contrario, negoció con la ministra de Educación el decreto 1726, que incorpora las Juntas de Escalafón a la Ley 200. Peor aún, permitió que se aprobara en la Comisión Primera del Senado el proyecto de ley 119, para que se le apliquen al magisterio las dos normas a la vez, es decir, el régimen disciplinario del Estatuto y el régimen único disciplinario, haciéndole creer al gremio que lo estaban exceptuando.

Además, el gobierno ha puesto en marcha el programa nacional de incentivos, dirigido a evaluar el desempeño de los maestros con el señuelo de premiar un educador por núcleo. La dirección de Fecode, confabulada con la ministra María Emma Mejía, le ha dado el visto bueno a este plan, diseñado con el propósito de excluir docentes que no se ajusten a los 28 deberes y 33 prohibiciones de la Ley 200. Desde Tribuna Roja les decimos a los maestros que se abstengan de contestar el formulario y que no se dejen atrapar por esta atracción fatal. A esto se añade el recorte de las vacaciones en el calendario académico.

Como si esto fuera poco, el plan decenal impulsado por el gobierno le asesta un golpe a la reforma educativa de 1994 con su énfasis en la escuela nueva, el año cero, los subsidios escolares, el refuerzo a las ONG, la ausencia de alternativas para el programa de madres comunitarias y la tendencia desescolarizante y privatizadora. Entre tanto, el Ministerio hace y deshace con la evaluación académica, con la imposición ilegal de la promoción automática, con atropellos permanentes a la autonomía escolar, con la tarea caótica de los supervisores y, en general, con un ataque frontal a la esencia de la Ley General de Educación.

El MOIR ha defendido que la única salida es un paro indefinido para restaurar el Estatuto Docente, para que se respete el artículo 6° de la Ley 60 de 1993 que lo eleva a norma orgánica, para hacer valer la reforma educativa, para desmontar la evaluación disfrazada del plan de incentivos y para contrarrestar el plan decenal de educación.

Por Francisco Cabrera

Las grandes ciudades vienen cobrando mayor importancia dentro de la nueva división internacional del trabajo en tiempos del hegemonismo norteamericano. Con la apertura de los mercados en el otrora llamado Tercer Mundo, el imperio atiza la desintegración estimulando todos los elementos que socavan la unidad de las naciones. Mockus en Bogotá representa esta nefasta tendencia. Con el propósito de realizar las obras que conviertan la capital en ciudad “coqueta” frente a las multinacionales, el profesor Antanas le juega al federalismo y azota a los bogotanos con más impuestos y un mayor endeudamiento de las finanzas distritales.

Llenar las arcas exprimiendo al pueblo
Escondidos tras el “diciembre zanahorio”, la prohibición de la pólvora y el espectáculo circense de su boda, el profesor Mockus presentó al Concejo varios proyectos de acuerdo que fueron aprobados sin mayores contratiempos: las valorizaciones por beneficio local para 40 obras y 30 zonas de Bogotá, la reforma tributaria distrital y el nuevo cupo de endeudamiento por $248 mil millones. Los nuevos tributos y el alza de los existentes se suman a la sobretasa a la gasolina, cuyo cobro comenzó a partir de enero.

Además se ha iniciado el proceso de modificación de los estratos, cuyo procedimiento revela las negras intenciones de lograr, por ese medio, el aumento adicional en el recaudo de impuestos como el predial y una elevación de las tarifas de los servicios por encima de los escandalosos incrementos decretados por las Juntas de Regulación. Continúa así la tendencia de la administración Castro, que busca llevar la ciudad hacia el “federalismo fiscal”, ingrediente de la descentralización impulsada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para atomizar a las naciones en su ofensiva de recolonización imperialista.

De capital de la República a “barrio del mundo”
A lo anterior obedece el interés de independizar las finanzas del Distrito de las de la nación. Al presentar el proyecto de presupuesto para 1996, argumentó: “la financiación del desarrollo de la ciudad dependerá del esfuerzo propio de las fuerzas vivas de la ciudad (sic) antes que de la generosidad sin respaldo financiero (del gobierno nacional)”. Su secretaria de Hacienda, Carmenza Saldías, llegó al extremo de plantear ante el Cabildo, en la discusión sobre el cupo de endeudamiento, que la actual crisis política del país antes que perjudicar al Distrito lo favorece pues, en la búsqueda de créditos de la banca internacional, “en la medida que la Nación se pueda ver afectada, dejaría en los entes territoriales la posibilidad.” Después de la descertificación del gobierno de Estados Unidos planteó: “En la medida en que se haga una diferenciación entre el Estado y los entes territoriales, el voto de la nación norteamericana puede llegar a ser pasivo”.

¡Apátridas! es la calificación para quienes tienen semejantes actitudes. Querer sacar partido de las dificultades de la nación para acceder al crédito de la banca internacional, muestra claramente las consecuencias disolventes de la descentralización en los términos en los que la conciben los aperturistas.

La independencia de Bogotá en relación con el gobierno central les urge para venderla con mayor facilidad al capital extranjero. Lo que exige privatizar sus activos más rentables en las empresas de servicios y hacer cuantiosas inversiones en infraestructura que se sufragan sometiendo al pueblo a una sobrecarga tributaria y a la ciudad al endeudamiento. Se crea así un círculo vicioso en el que sólo se puede obtener más crédito aumentando los impuestos. Si se suma el cupo solicitado para este año con el endeudamiento contratado en 1995, nos estaríamos acercando a la colosal cifra de $500 mil millones, superior a todos los recaudos tributarios del año anterior. Mockus ha llevado esta política a límites obsesivos, con el engaño delirante de presentarse como el Mesías de cuya mano los bogotanos avanzaremos gozosos hacia el nuevo milenio.

Ningún mandatario anterior había contado con tantos recursos como el alcalde filósofo. Él dice estar dispuesto a usarlos para convertir la capital en una “ciudad coqueta”, con las multinacionales y los especuladores, se sobreentiende, beneficiarios de obras como la descontaminación del río Bogotá y la infraestructura vial y de servicios que se construyen en el occidente. Allí se desarrollan la zona franca y los parques industriales con los que se quiere atraer el capital extranjero. así como la realización de grandes proyectos urbanísticos. Allí también se ha iniciado la persecución y el desalojo de miles de familias humildes que habitan a lo largo de la ribera del río. Sirviendo a antipatrióticos intereses, asestando golpes al pueblo y a la unidad nacional y disfrazándolo todo con el espectáculo decadente, Mockus prepara su incursión en las lides presidenciales del futuro.

El alcalde no escatima esfuerzos para aplicar las reaccionarias teorías foráneas que hablan de las “ciudades Estado”, cuyo objetivo es disgregar a las naciones en provincias que concentren los mercados y la mano de obra barata. Mockus ve a Bogotá como un “barrio del mundo ligado a la circulación global de capitales” según su respuesta en entrevista televisada. Personajes como él representan el instrumento ideal para unos carteles imperialistas ávidos por derribar todos los obstáculos, empezando por el más grande de todos: la existencia del Estado nacional.

La “antipolítica” y su razón de ser
Mockus hizo su campaña a la alcaldía presentándose como “antipolítico”, acérrimo enemigo de la corrupción. Un calculado enfrentamiento con en concejo y el sistemático desprestigio de esa corporación a la que culpa de encarnar los vicios de la vieja política le han permitido mantener tal imagen ante la opinión pública. Entre tanto, monta su propia maquinaria de archititulados, másteres y consultores del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, quienes parlotean contra la corrupción, mientras juegan a Wall Street con las finanzas del distrito, y pretenden mostrarnos el auge del capital extranjero a expensas de la ruina de nuestro aparato productivo como paradigma de desarrollo.

Posan de incontaminados ante el tradicional manejo de los asuntos mediante los acuerdos políticos, pero se venden al mejor postor en el mercado internacional. La nueva elite no se encuentra ligada a la producción ni a ningún interés nacional concreto, y como su máxima aspiración es llegar a obtener unos puestos en organismos multilaterales, sus actos se encaminan a seguir al pie de la letra las orientaciones que aquellos trazan para bien de los grandes consorcios. Allí se encuentra la explicación a fenómenos como la “antipolítica”, representada de maravilla en el ex rector de la Universidad Nacional.

La hipócrita cantinela contra la corrupción y la “antipolítica” vienen siendo utilizadas para destruir a los partidos y todas las instituciones que de alguna manera representen elementos cohesionadores de la Nación. Para ello se aprovechan de los justos anhelos de cambio de las masas.

La falsa democracia
Descentralización y “democracia participativa” son dos procesos que marchan de la mano y constituyen herramientas claves de la desintegración en marcha. Su significado se pone en evidencia con el procedimiento para la aprobación de los Planes de Desarrollo en las localidades de la capital: 1) El Estatuto Orgánico le quitó las facultades administrativas al Concejo y las concentró en el Ejecutivo, por lo cual, aquél no puede aprobar un Plan de Desarrollo distinto al del alcalde; 2) la inmensa mayoría de los $5,1 billones del Plan Formar Ciudad, se destinan a las obras de infraestructura para “internacionalizar” o vender la urbe, mientras las necesidades más sentidas por sus habitantes siguen desatendidas; 3) al poner a discutir al pueblo y a sus dirigentes sobre las pequeñas soluciones, la descentralización los sustrae el debate sobre los grandes problemas de la ciudad y el país: que “vean el árbol, más no el bosque”; 4) se hace burla del pueblo al ponerlo a discutir sobre lo divino y lo humano cuando las decisiones ya están tomadas y 5) la democracia participativa reduce a las comunidades al papel de veedurías sobre las chichiguas de la descentralización; en cambio sí las obliga a aportar de su bolsillo para solventar los apremios de las escuelas, los puestos de salud, los reparcheos, los parques, y en fin, del cúmulo de necesidades que agobian a las barriadas.

“Los deseos no preña”
Nuestro desaparecido dirigente Francisco Mosquera, al hacer el agudo análisis de las regresivas disposiciones de la Constitución de 1991, advirtió sobre los peligros del federalismo: “Entre las normas aprobadas cabe mencionarse las relativas a la división territorial, un federalismo disfrazado, que se enruta a darles acceso a los grandes consorcios, a que las regiones posean la atribución de allanarles la vía a las inversiones a través de requisitos fáciles y rápidos.”

En la actualidad, tanto la política urbana del Salto Social, la Ley 191 de 1995, o Ley de Fronteras y el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que cursa en el Congreso, apuntan a culminar la tarea de despresamiento de Colombia. Por supuesto que no basta con trazar unas políticas, promulgar unas leyes y contar con un puñado de tecnócratas advenedizos, para acabar con más de 150 años de república unitaria. Como dicen los campesinos de la Costa, “los deseos no preñan”. Colombia tiene una industria propia que proteger y unas instituciones y cultura nacionales que han garantizado su unidad. Contra ellas chocan las pretensiones recolonizadoras del imperialismo norteamericano.

El pueblo terminará calando lo que esconden los espectáculos con los que hoy se le avasalla a través de omnipotentes medios de comunicación, y el papel que en la escena representan personajes “antipolíticos” como el señor Mockus.

EL PUEBLO DEFIENDE SU PATRIMONIO
Por Edgar Piñeros
En todo el país se viene librando el debate contra la política aperturista de subastar las empresas públicas de servicios a los monopolios privados, proceso que en varias localidades ya se ha consumado. Mockus, por ejemplo, anunció la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y gestiona la privatización de los activos de generación eléctrica del Distrito, de los cuales hace parte El Guavio. El hecho ha despertado la lucha resuelta de organizaciones populares, sindicales y políticas en pro de que los municipios conserven la propiedad de unos bienes, producto del esfuerzo de generaciones enteras. La experiencia de algunas ciudades ilustra este panorama.

Van a rifar las empresas públicas antioqueñas
En Medellín el proyecto de acuerdo que presentó el alcalde ante el Concejo generó la inmediata oposición de la comunidad, especialmente de consumidores, centrales obreras, sindicatos, educadores y algunos concejales. El plan oficial busca desmembrar las Empresas Públicas en dos entes de economía mixta: uno que aglutine el servicio de acueducto, alcantarillado y generación y distribución de energía eléctrica, en el cual participará el sector privado; y otro que agrupe los servicios de larga distancia nacional e internacional y telefonía rural móvil, en la cual los derechos privados serían superiores al 50%. La Empresa de Servicios Varios, que atiende entre otros la recolección de basuras, correría la misma suerte.

El pueblo paisa ha respondido con la creación de un Comité Pro Defensa de las EPM, conocedor del papel estratégico de éstas en el desarrollo de Antioquia, y de su eficiencia, una de las más altas del país. En efecto, la red de acueducto llega a más de dos millones de habitantes de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Copacabana, con una cobertura de 98.2% en acueducto y de 94.2% en alcantarillado. El fluido eléctrico satisface el 90% de las necesidades del departamento y su expansión llega a la zona agroindustrial de Urabá. Diez municipios se benefician de las telecomunicaciones con 785 mil líneas y hay en proyecto la instalación de 319 mil más. Con sus propios recursos lleva los servicios a los barrios marginales, algo que nunca harán los propietarios privados.

La rentabilidad de las EPM permite presentarlas en el segundo lugar en ventas después de Telecom; con utilidades de $175 mil millones y con una contribución de 18,1% al presupuesto de Medellín. Tales logros ponen al descubierto que las intenciones oficiales de crear un fondo de inversión social con el producto de la venta de los activos, sería ruinoso para la ciudad, pues estos dineros siempre se destinan a la especulación o son convertidos en títulos o bonos beneficiando en últimas al sector financiero.

Barrios y sindicatos protestan en Santander
En Bucaramanga el Concejo aprobó en diciembre de 1995 la liquidación de las Empresas Públicas, que prestaban los servicios de matadero, aseo, plazas de mercado y telefonía, para dar lugar a una nueva institución de capital mixto. Las consecuencias no se hicieron esperar; los trabajadores fueron despedidos y las tarifas se elevaron, atropello que tuvo el apoyo de Isaías Tristancho, dirigente de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, Usitrans.

El alcalde de Barrancabermeja, Mario Evan, impuso la fusión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado con las Empresas Varias que atienden los servicios de aseo, matadero y plazas de mercado, con la finalidad de dar carácter privado a estos dos últimos. Como sucede con proyectos de esta naturaleza, el designio oficial es recibir a los empleados con un nuevo contrato de trabajo para desconocer los avances consagrados en las convenciones colectivas. La nueva estratificación, que también allí se quiere elaborar, es otra determinación del FMI y del Banco Mundial sobre la legislación de servicios públicos para crear la base sobre la cual se dictará el alza de tarifas.

Pero fiel a su tradición de lucha, la comunidad ha resistido para conservar unos bienes cuya creación fue fruto de varios paros cívicos, y agrupó en la Coordinadora Popular a sindicatos y comités de barrios para organizar la denuncia pública. En diciembre último se hizo la primera votación en el Concejo para decidir la suerte de las empresas: con la participación del concejal del MOIR, compañero Luis Rodríguez, se logró la derrota del proyecto por diez votos contra ocho. Sin embargo, en febrero de este año, por una ligera mayoría, el cabildo expidió el acuerdo que privatiza buena parte de los servicios.

También Suroccidente rechaza privatizaciones
En Cali la propuesta del gobierno local es transformar Emcali en un ente corporativo como empresa industrial y comercial del Estado, y cinco sociedades anónimas con 100% de capital público que operarían los servicios de telecomunicaciones, energía y generación eléctrica, acueducto y alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales. Por su parte Emsirva, la otra empresa municipal, se convertiría en sociedad anónima de economía mixta. El empeño del capital privado es presentar las entidades existentes, que han contribuido a la industrialización del Valle, como fortines burocráticos y organismos de baja eficiencia, forma encubierta para justificar su transformación en sociedades de economía mixta y luego llevarse la parte del león. Por ello los trabajadores han advertido el riesgo que se origina y la pérdida de sus derechos, que sobrevendrá con el cambio de dueños. En respuesta a los planes neoliberales, el pueblo caleño ha creado el Comité Municipal de Organizaciones Sindicales, Gremiales y Sociales.

Las Empresas Públicas de Pereira, con una trayectoria de más de 50 años de ejercicio, ofrecen a los consumidores uno de los costos tarifarios más baratos del país. Para ejecutar el Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo, las EPP solicitaron financiación al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el cual sujetó el crédito a la privatización de la entidad y de la reforestación de cuencas hidrográficas, al alza de tarifas y a que los estudios del proyecto se hagan conforme a procedimientos aceptados por el banco, llegando al extremo de imponer la revisión del proyecto de acuerdo que habría de someterse al Concejo.

El diputado del MOIR, camarada Aurelio Suárez, desenmascaró las rapaces condiciones, y los pereiranos, enardecidos, han realizado nutridas manifestaciones y un cabildo abierto en contra de un programa que hará más gravosas sus cargas.

Ofensiva contra Telecom
Telecom, que durante los dos últimos gobiernos ha sido objeto de una furiosa arremetida, fue fundada en 1948 justamente por la necesidad de que el país fuera soberano en la esfera de las telecomunicaciones, pues hasta ese momento el servicio estaba en manos de dos firmas norteamericanas. Su desarrollo permitió la instalación de una red que cubre todo el país y está digitalizada en 90%; dispone de sistema satelital y cable interoceánico, y actualmente proyecta la interconexión de 26 ciudades con cable de fibra óptica. Además participa en la telefonía local, directamente o a través de teleasociadas. La solidez económica adquirida por Telecom le ha permitido autofinanciarse y aun aportar cuantiosas sumas al Estado. En 1994 su utilidad neta fue de $130 mil millones.

El primer zarpazo que sufrieron, tanto la empresa nacional como las operadoras municipales, en 1990, fue impedirles la prestación del servicio básico de telefonía móvil celular, el cual fue entregado a monopolios nacionales como Santodomingo y Sarmiento Angulo, e internacionales como AT&T, Telefónica de España, Bell Canadá y Cable and Wireless. Luego se expidió la Resolución 28 de 1995, de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, conforme a la cual Telecom tendrá que competir antes de un año en larga distancia nacional e internacional con los gigantes mundiales, los cuales recibirán concesiones por diez años, prorrogables otro tanto. En dichos contratos se permite al concesionario el uso y explotación de la red nacional y del espacio electromagnético, y de ñapa se les da patente de corso para imponer tarifas.

Los resultados desoladores de esta política son previsibles, pues Telecom se fragmentará y debilitará hasta el colapso, y las telefónicas regionales serán vendidas o languidecerán al despojarlas también de uno de los negocios más prósperos del planeta, la larga distancia.

Ante este desafío, resultan ejemplares la decisión del pueblo uruguayo que detuvo en un referendo la privatización de su empresa nacional de telecomunicaciones, y la del pueblo ecuatoriano, que en el plebiscito de noviembre de 1995 derrotó una reforma constitucional de corte antipopular.

La lucha será intensa y prolongada
Ahora que arrecia la tempestad, pues la Ley 142 de 1994 da plazo hasta el próximo 11 de julio para que las empresas se transformen, conviene tener presente la experiencia de otras naciones donde el producto de la venta de este patrimonio no se aplicó a la inversión social sino al pago de la deuda externa; que su enajenación, además de disparar los costos al consumidor, aislará a los municipios con menos recursos y afectará a los trabajadores porque los nuevos contratos cercenan las garantías conquistadas en décadas de lucha. Los hechos nos convocan a una lucha intensa y prolongada que decidirá el destino de una infraestructura forjada en muchos años y valiosa para el pueblo colombiano. De ahí la importancia de que las ciudades permanezcan dueñas de estos bienes, garanticen su autonomía financiera y administrativa y las preserven de los linces del capital privado; es imperioso que se multipliquen las organizaciones de defensa de las empresas y sus usuarios.

Estas bregas han de educar al pueblo laborioso en la ley universal de que ninguna sociedad ha alcanzado el desarrollo ni garantizado su independencia entregando a manos extranjeras el trabajo y la riqueza nacionales.

Por Jorge Enrique Robledo Castillo
Luego de que el entrevistado se quejara por el trato que le dan, el periodista preguntó: “¿Se siente usted como el embajador de una finca de Bill Clinton?” Y, después de un breve silencio, Carlos Lleras de la Fuente respondió: “No. Me siento como el embajador de una colonia del antiguo imperio turco” (Caracol, “6 am-9 am”, febrero 29 de 1996).

López Michelsen escribió un largo artículo sobre el intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos internos de varios países, incluido el nuestro (El Tiempo, 25 de febrero de 1995).

En dos editoriales del periódico de los Santos sobre las relaciones de Colombia con la Casa Blanca se mencionó “la inconveniente intromisión norteamericana”, se dijo que “la suya es una posición flagrantemente violatoria de las normas de Derecho que regulan las relaciones internacionales”, se afirmó que desde que la ONU validó las acciones gringas se “vulneraron las soberanías en un proceso creciente y manifiesto” y, “ver para creer”, se calificó a la potencia del Norte como un “imperialismo” que “manda y se aprovecha”, aunque el editorialista intentó suavizar sus propios análisis calificándolo de “muy tolerante” (El Tiempo, octubre 7 y diciembre 20 de 1995).

Y luego de la descertificación abundan los reclamos de conocidos colombianos, o de gentes del común, repudiando un enjuiciamiento que sólo lo valida la forzuda arbitrariedad de quien lo ejecuta.

Estos hechos, los “tercos hechos”, exigen retomar el hilo de un debate que en cierta medida se había perdido hace un poco más de un lustro, cuando, sustituyendo los argumentos con las frases altisonantes, se quiso impedir que se mencionaran siquiera soberanía nacional, respeto a la autodeterminación de las naciones, relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y el beneficio recíproco y todos los demás principios que el desarrollo de la civilización ha señalado como las normas que debieran regir las relaciones entre los países. Y si no se podían mencionar los anteriores principios, ¡ay de aquel que se atreviera a hablar de imperialismo! Al instante le llovían acusaciones de “dogmático”, “ser del pasado”, “ciego ante el progreso”, “no entiende que el mundo cambió”, etc., etc. Con tal de no ceder el punto, hasta hechos tan brutales como la invasión a Panamá y el secuestro de su presidente se justificaron con análisis alcahuetas.

De ahí que haya que recordar que el cabal ejercicio de la soberanía nacional sirve para mucho más que impedir que se ofendan los muy lícitos sentimientos patrios o para asegurar que se pueda sufrir envueltos en el tricolor y cantando el himno nacional cuando juega la Selección Colombia. El problema de la soberanía también tiene que ver con si se desarrollan o no la industria y el agro, con la rapidez y la lentitud con la que se acumula la riqueza en el país y con el avance o el estancamiento tecnológico, es decir, con los niveles salariales, la tasa de desempleo, los índices de pobreza y las muchas lacras propias del subdesarrollo.

Puede demostrarse que los países auténticamente desarrollados han tenido, y tienen, como palanca fundamental de su progreso material y cultural, el manejo autónomo de su economía y su política. Y puede demostrarse que a los países atrasados les ha ocurrido, y les ocurre, lo contrario.

Hubiera sido mejor que las relaciones económicas internacionales de jinete y caballo hubieran quedado relegadas a las definiciones de los arcaísmos en los diccionarios. Sin embargo, ello no es así y tampoco lo será en un plazo previsible.

Por tanto, nación que no tome atenta nota de esta realidad y no actúe en consecuencia, se mantendrá en la misma condición de los camarones que se duermen: seguirá viendo cómo la brecha entre ella y las potencias continuará ampliándose, tal y como viene ocurriendo desde hace décadas.