Categoría: Tribuna Roja N° 65, Bogotá; abril 23 de 1996

Por Fabio Arias

El 5 de marzo los dos sindicatos existentes en el SENA firmaron con la entidad y con el Ministerio del Trabajo un acuerdo que garantiza la estabilidad para los 8.600 empleados, mantiene el servicio médico a los familiares, no incrementa la jornada de los docentes y configura un sistema salarial de ascensos que empezará a regir en 1997.

Se consiguió asimismo una reasignación de las funciones, que permite 15% adicional al 17% impuesto por el Pacto Social, suma que desde luego no resuelve el atraso histórico que en materia salarial vive el Servicio Nacional de Aprendizaje.

Este importante acuerdo se logró utilizando como instrumento de lucha el anuncio de la movilización de los asalariados.

En efecto, para el 6 de marzo, coincidiendo con la jornada nacional de protesta convocada por la CUT y la CGTD, se tenía previsto realizar un paro en el SENA, en el que tomarían parte alumnos y docentes., lo cual comprueba una vez más, como ocurrió en Ecopetrol y la Caja Agraria, que el arma principal con que cuentan los trabajadores es el combate unificado.

Todavía, sin embargo, queda un largo camino por recorrer. El Consejo Directivo del SENA dejó pasar el plazo que la Ley 119 de 1994 le otorgaba hasta el pasado 24 de marzo para fortalecer la institución. Respaldado por los .gremios, el gobierno de Samper decidió congelar la planta de personal, contrariando incluso las recomendaciones de los expertos que señalaban la necesidad de aumentarla por lo menos a once mil personas.

Trabajadores y alumnos de la entidad, con el apoyo solidario de amplios sectores patrióticos, lograron derogar el privatizador decreto 2149 de 1992, dictado por el régimen gavirista. Pero las amenazas siguen en pie. Por lo cual, el Comité Prodefensa habrá de continuar oponiéndose al cambio de naturaleza del SENA, especialmente al proyecto ya en marcha de abandonar la educación para el trabajo a nivel del aprendizaje, es decir, de calificar trabajadores, que lo ha caracterizado en sus 38 años.

Asimismo, el Comité Prodefensa rechaza el sistema de contratistas para labores permanentes de formación, dado que golpea la calidad de la enseñanza, como también los derechos laborales.

No hay otra alternativa, entonces, que los trabajadores continúen movilizándose a exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos el pasado 5 de marzo y sigan empeñados en la defensa del Servicio Nacional de Aprendizaje como patrimonio de la nación y encargada de la formación para el trabajo.

Por Leila Delgado Almanza

Policarpa Salavarrieta, oriunda de Guaduas, es la heroína por antonomasia de la gesta libertadora. Al celebrarse en 1995 el bicentenario de su nacimiento, todos los patriotas que están luchando sin descanso por conquistar la Segunda Independencia de Colombia exaltaron la memoria de esta mujer bizarra, quien ofrendó su vida muy joven en aras de la libertad.

En el año 1817, durante el régimen del terror instaurado en Santafé por el Pacificador Morillo, la Pola debió buscar refugio en la casa de doña Andrea Ricaurte de Lozano, esposa de don Judas Tadeo Lozano. Desde allí estableció contacto permanente con los ejércitos patriotas del Casanare, recibiendo mensajes, comprando material de guerra y convenciendo a los jóvenes de enrolarse en sus filas. Al caer apresada en la misma casa que le servía de escondite, fue condenada a muerte con ocho de sus compañeros -entre ellos su prometido, Alejo Zabaraín- y fusilada el 14 de noviembre de ese mismo año.

«¡Pueblo indolente! -dijo antes de morir-. ¡Cuán distinta sería vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad! Ved que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más».

Con las letras de su nombre se compuso en su lápida este anagrama: «Yace por salvar la patria».

Aurora Hernández, bogotana raizal de 65 años, sabe muy bien por qué la capital se ha vuelto, con Antanas, una «ciudad coqueta». Damnificada por la bomba del DAS en Paloquemao, debió instalar su ventorrillo sobre la Calle 26. Una aciaga mañana, no más al apearse del bus, vio con indignación cómo la fuerza pública le había levantado su pequeña caseta. Hoy doña Aurora ajusta meses sin que en ninguna parte la dejen laborar; y ésta es la hora en que el Distrito continúa reacio a devolverle sus pobres pertenencias.

Por idéntica situación pasan millares de personas de todas las edades, a quienes Mockus notificó recientemente que los arrojará sin compasión de sus modestos sitios de trabajo para que no le sigan afeando la cara a la ciudad.

«La amenaza de desalojo es general -explica Manuel Alfredo Rubiano, presidente de Sinucom, el sindicato de los venteros-. Mockus ha desafiado que de este año no pasamos, y que él dizque sí va a limpiar a Bogotá de elementos indeseables. Nosotros no pensamos lo mismo; resistiremos a punta de combite. No existe otro camino».

La brutal orden del alcalde pende sobre 365 vendedores del barrio Venecia, asentados desde hace cinco años bajo el puente de la Autopista Sur; sobre los 465 del barrio Restrepo, reubicados en el Centro Comercial Social; sobre los miles de personas que desde el año 1961 derivan su sustento del quehacer mercantil en las hacinadas Galerías Nariño de San Victorino, condenadas a desaparecer para dar sitio a una supertienda de lujo; sobre los vendedores de Kennedy y sobre los del 20 de Julio.

No se trata de simples baladronadas. Cientos y cientos de vendedores, pese a tener vigente el permiso, han sido echados de sus puestos a golpes de bolillo, como ocurrió el año pasado en el mercado de las pulgas de la Avenida Tercera, en Patiobonito y en el barrio Siete de Agosto. En este último sector, Mockus envió contra la gente un pie de fuerza de dos mil policías, apoyados por lanzagases y tanquetas blindadas.

En este hecho represivo cometido contra 250 laboriosos ciudadanos, cuyas casetas siguen decomisadas, el despótico burgomaestre desconoció olímpicamente al Comité de Concertación, integrado por Sinucom, representantes de las Juntas Administradoras Locales, comerciantes, y delegados de la alcaldía menor y la personería.

La misma incertidumbre padecen los venteros de Puente Aranda que laboran sobre la carrera 38. Después de que trescientos de ellos fueran expulsados del sitio, no ha sido posible que la administración les restituya las 150 casetas de metal, arrumadas en un potrero.

Sinucom ha emprendido una intensa campaña de afiliaciones, buscando defender el derecho a la subsistencia. Tal como lo señala el compañero Rubiano, «la actual lucha es básicamente por conservar el puesto y la caseta que cada uno tiene en la calle».

Las movilizaciones han sido permanentes. Así lo confirman el gran desfile de protesta contra Mockus realizado en abril de 1995, el Primero de Mayo, la marcha de los polvoreros, la memorable manifestación del 14 de septiembre en la Plaza de Bolívar y las recientes jornadas patrióticas contra el imperialismo, en las que se quemaron numerosas banderas de Estados Unidos.

Sinucom ha impartido también la consigna de hacer concentraciones frente a las alcaldías menores que ordenen desalojos, como la acometida con éxito, el 30 de enero, frente a la de Los Mártires, donde se condenó además el descarado intervencionismo yanqui en los asuntos internos de Colombia.

Miles de vendedores se encuentran todavía sin organizarse y el gremio se halla dividido. Pero esta dispersión tiende a superarse. El comité intersindical, creado hace unos meses, está luchando por compactar al sector y ha llamado a enfrentar como un solo hombre la arremetida infame del alcalde payaso.

La gente, aunque le quiten la caseta, no puede dejar de laborar, porque la alternativa sería el hambre. Jugando al gato y al ratón con la fuerza pública, y en medio de la diaria zozobra que significa el decomiso de las exiguas mercancías, cientos de mujeres y hombres se las ingenian sin descanso para ganarse el pan. «Somos un gremio -dijo una compañera- que tiene en contra suya la Constitución, la ley, el presidente, el alcalde y la policía. Y sin embargo, véanos aquí: nadie va a lograr impedirnos que trabajemos en las calles, sin licencia o con licencia.

«Cuando Mockus venga a decirme a mí que le respete el espacio público, yo voy a contestarle: ¡Y usted, señor, respete la comida de mis hijos!»

Por José Fernando Ocampo

Hace diez meses la Ley 200 derogó el régimen disciplinario del Estatuto Docente. Desde entonces se le viene aplicando al magisterio el régimen único disciplinario, de tinte fascistoide, consagrado en esa norma.

Boris Montes en la dirección de Fecode no ha tomado una sola medida para defender la integridad del Estatuto Docente. Por el contrario, negoció con la ministra de Educación el decreto 1726, que incorpora las Juntas de Escalafón a la Ley 200. Peor aún, permitió que se aprobara en la Comisión Primera del Senado el proyecto de ley 119, para que se le apliquen al magisterio las dos normas a la vez, es decir, el régimen disciplinario del Estatuto y el régimen único disciplinario, haciéndole creer al gremio que lo estaban exceptuando.

Además, el gobierno ha puesto en marcha el programa nacional de incentivos, dirigido a evaluar el desempeño de los maestros con el señuelo de premiar un educador por núcleo. La dirección de Fecode, confabulada con la ministra María Emma Mejía, le ha dado el visto bueno a este plan, diseñado con el propósito de excluir docentes que no se ajusten a los 28 deberes y 33 prohibiciones de la Ley 200. Desde Tribuna Roja les decimos a los maestros que se abstengan de contestar el formulario y que no se dejen atrapar por esta atracción fatal. A esto se añade el recorte de las vacaciones en el calendario académico.

Como si esto fuera poco, el plan decenal impulsado por el gobierno le asesta un golpe a la reforma educativa de 1994 con su énfasis en la escuela nueva, el año cero, los subsidios escolares, el refuerzo a las ONG, la ausencia de alternativas para el programa de madres comunitarias y la tendencia desescolarizante y privatizadora. Entre tanto, el Ministerio hace y deshace con la evaluación académica, con la imposición ilegal de la promoción automática, con atropellos permanentes a la autonomía escolar, con la tarea caótica de los supervisores y, en general, con un ataque frontal a la esencia de la Ley General de Educación.

El MOIR ha defendido que la única salida es un paro indefinido para restaurar el Estatuto Docente, para que se respete el artículo 6° de la Ley 60 de 1993 que lo eleva a norma orgánica, para hacer valer la reforma educativa, para desmontar la evaluación disfrazada del plan de incentivos y para contrarrestar el plan decenal de educación.

Por Francisco Cabrera

Las grandes ciudades vienen cobrando mayor importancia dentro de la nueva división internacional del trabajo en tiempos del hegemonismo norteamericano. Con la apertura de los mercados en el otrora llamado Tercer Mundo, el imperio atiza la desintegración estimulando todos los elementos que socavan la unidad de las naciones. Mockus en Bogotá representa esta nefasta tendencia. Con el propósito de realizar las obras que conviertan la capital en ciudad «coqueta» frente a las multinacionales, el profesor Antanas le juega al federalismo y azota a los bogotanos con más impuestos y un mayor endeudamiento de las finanzas distritales.

Llenar las arcas exprimiendo al pueblo
Escondidos tras el «diciembre zanahorio», la prohibición de la pólvora y el espectáculo circense de su boda, el profesor Mockus presentó al Concejo varios proyectos de acuerdo que fueron aprobados sin mayores contratiempos: las valorizaciones por beneficio local para 40 obras y 30 zonas de Bogotá, la reforma tributaria distrital y el nuevo cupo de endeudamiento por $248 mil millones. Los nuevos tributos y el alza de los existentes se suman a la sobretasa a la gasolina, cuyo cobro comenzó a partir de enero.

Además se ha iniciado el proceso de modificación de los estratos, cuyo procedimiento revela las negras intenciones de lograr, por ese medio, el aumento adicional en el recaudo de impuestos como el predial y una elevación de las tarifas de los servicios por encima de los escandalosos incrementos decretados por las Juntas de Regulación. Continúa así la tendencia de la administración Castro, que busca llevar la ciudad hacia el «federalismo fiscal», ingrediente de la descentralización impulsada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para atomizar a las naciones en su ofensiva de recolonización imperialista.

De capital de la República a «barrio del mundo»
A lo anterior obedece el interés de independizar las finanzas del Distrito de las de la nación. Al presentar el proyecto de presupuesto para 1996, argumentó: «la financiación del desarrollo de la ciudad dependerá del esfuerzo propio de las fuerzas vivas de la ciudad (sic) antes que de la generosidad sin respaldo financiero (del gobierno nacional)». Su secretaria de Hacienda, Carmenza Saldías, llegó al extremo de plantear ante el Cabildo, en la discusión sobre el cupo de endeudamiento, que la actual crisis política del país antes que perjudicar al Distrito lo favorece pues, en la búsqueda de créditos de la banca internacional, «en la medida que la Nación se pueda ver afectada, dejaría en los entes territoriales la posibilidad.» Después de la descertificación del gobierno de Estados Unidos planteó: «En la medida en que se haga una diferenciación entre el Estado y los entes territoriales, el voto de la nación norteamericana puede llegar a ser pasivo».

¡Apátridas! es la calificación para quienes tienen semejantes actitudes. Querer sacar partido de las dificultades de la nación para acceder al crédito de la banca internacional, muestra claramente las consecuencias disolventes de la descentralización en los términos en los que la conciben los aperturistas.

La independencia de Bogotá en relación con el gobierno central les urge para venderla con mayor facilidad al capital extranjero. Lo que exige privatizar sus activos más rentables en las empresas de servicios y hacer cuantiosas inversiones en infraestructura que se sufragan sometiendo al pueblo a una sobrecarga tributaria y a la ciudad al endeudamiento. Se crea así un círculo vicioso en el que sólo se puede obtener más crédito aumentando los impuestos. Si se suma el cupo solicitado para este año con el endeudamiento contratado en 1995, nos estaríamos acercando a la colosal cifra de $500 mil millones, superior a todos los recaudos tributarios del año anterior. Mockus ha llevado esta política a límites obsesivos, con el engaño delirante de presentarse como el Mesías de cuya mano los bogotanos avanzaremos gozosos hacia el nuevo milenio.

Ningún mandatario anterior había contado con tantos recursos como el alcalde filósofo. Él dice estar dispuesto a usarlos para convertir la capital en una «ciudad coqueta», con las multinacionales y los especuladores, se sobreentiende, beneficiarios de obras como la descontaminación del río Bogotá y la infraestructura vial y de servicios que se construyen en el occidente. Allí se desarrollan la zona franca y los parques industriales con los que se quiere atraer el capital extranjero. así como la realización de grandes proyectos urbanísticos. Allí también se ha iniciado la persecución y el desalojo de miles de familias humildes que habitan a lo largo de la ribera del río. Sirviendo a antipatrióticos intereses, asestando golpes al pueblo y a la unidad nacional y disfrazándolo todo con el espectáculo decadente, Mockus prepara su incursión en las lides presidenciales del futuro.

El alcalde no escatima esfuerzos para aplicar las reaccionarias teorías foráneas que hablan de las «ciudades Estado», cuyo objetivo es disgregar a las naciones en provincias que concentren los mercados y la mano de obra barata. Mockus ve a Bogotá como un «barrio del mundo ligado a la circulación global de capitales» según su respuesta en entrevista televisada. Personajes como él representan el instrumento ideal para unos carteles imperialistas ávidos por derribar todos los obstáculos, empezando por el más grande de todos: la existencia del Estado nacional.

La «antipolítica» y su razón de ser
Mockus hizo su campaña a la alcaldía presentándose como «antipolítico», acérrimo enemigo de la corrupción. Un calculado enfrentamiento con en concejo y el sistemático desprestigio de esa corporación a la que culpa de encarnar los vicios de la vieja política le han permitido mantener tal imagen ante la opinión pública. Entre tanto, monta su propia maquinaria de archititulados, másteres y consultores del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, quienes parlotean contra la corrupción, mientras juegan a Wall Street con las finanzas del distrito, y pretenden mostrarnos el auge del capital extranjero a expensas de la ruina de nuestro aparato productivo como paradigma de desarrollo.

Posan de incontaminados ante el tradicional manejo de los asuntos mediante los acuerdos políticos, pero se venden al mejor postor en el mercado internacional. La nueva elite no se encuentra ligada a la producción ni a ningún interés nacional concreto, y como su máxima aspiración es llegar a obtener unos puestos en organismos multilaterales, sus actos se encaminan a seguir al pie de la letra las orientaciones que aquellos trazan para bien de los grandes consorcios. Allí se encuentra la explicación a fenómenos como la «antipolítica», representada de maravilla en el ex rector de la Universidad Nacional.

La hipócrita cantinela contra la corrupción y la «antipolítica» vienen siendo utilizadas para destruir a los partidos y todas las instituciones que de alguna manera representen elementos cohesionadores de la Nación. Para ello se aprovechan de los justos anhelos de cambio de las masas.

La falsa democracia
Descentralización y «democracia participativa» son dos procesos que marchan de la mano y constituyen herramientas claves de la desintegración en marcha. Su significado se pone en evidencia con el procedimiento para la aprobación de los Planes de Desarrollo en las localidades de la capital: 1) El Estatuto Orgánico le quitó las facultades administrativas al Concejo y las concentró en el Ejecutivo, por lo cual, aquél no puede aprobar un Plan de Desarrollo distinto al del alcalde; 2) la inmensa mayoría de los $5,1 billones del Plan Formar Ciudad, se destinan a las obras de infraestructura para «internacionalizar» o vender la urbe, mientras las necesidades más sentidas por sus habitantes siguen desatendidas; 3) al poner a discutir al pueblo y a sus dirigentes sobre las pequeñas soluciones, la descentralización los sustrae el debate sobre los grandes problemas de la ciudad y el país: que «vean el árbol, más no el bosque»; 4) se hace burla del pueblo al ponerlo a discutir sobre lo divino y lo humano cuando las decisiones ya están tomadas y 5) la democracia participativa reduce a las comunidades al papel de veedurías sobre las chichiguas de la descentralización; en cambio sí las obliga a aportar de su bolsillo para solventar los apremios de las escuelas, los puestos de salud, los reparcheos, los parques, y en fin, del cúmulo de necesidades que agobian a las barriadas.

«Los deseos no preña”
Nuestro desaparecido dirigente Francisco Mosquera, al hacer el agudo análisis de las regresivas disposiciones de la Constitución de 1991, advirtió sobre los peligros del federalismo: «Entre las normas aprobadas cabe mencionarse las relativas a la división territorial, un federalismo disfrazado, que se enruta a darles acceso a los grandes consorcios, a que las regiones posean la atribución de allanarles la vía a las inversiones a través de requisitos fáciles y rápidos.»

En la actualidad, tanto la política urbana del Salto Social, la Ley 191 de 1995, o Ley de Fronteras y el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que cursa en el Congreso, apuntan a culminar la tarea de despresamiento de Colombia. Por supuesto que no basta con trazar unas políticas, promulgar unas leyes y contar con un puñado de tecnócratas advenedizos, para acabar con más de 150 años de república unitaria. Como dicen los campesinos de la Costa, «los deseos no preñan». Colombia tiene una industria propia que proteger y unas instituciones y cultura nacionales que han garantizado su unidad. Contra ellas chocan las pretensiones recolonizadoras del imperialismo norteamericano.

El pueblo terminará calando lo que esconden los espectáculos con los que hoy se le avasalla a través de omnipotentes medios de comunicación, y el papel que en la escena representan personajes “antipolíticos” como el señor Mockus.

EL PUEBLO DEFIENDE SU PATRIMONIO
Por Edgar Piñeros
En todo el país se viene librando el debate contra la política aperturista de subastar las empresas públicas de servicios a los monopolios privados, proceso que en varias localidades ya se ha consumado. Mockus, por ejemplo, anunció la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y gestiona la privatización de los activos de generación eléctrica del Distrito, de los cuales hace parte El Guavio. El hecho ha despertado la lucha resuelta de organizaciones populares, sindicales y políticas en pro de que los municipios conserven la propiedad de unos bienes, producto del esfuerzo de generaciones enteras. La experiencia de algunas ciudades ilustra este panorama.

Van a rifar las empresas públicas antioqueñas
En Medellín el proyecto de acuerdo que presentó el alcalde ante el Concejo generó la inmediata oposición de la comunidad, especialmente de consumidores, centrales obreras, sindicatos, educadores y algunos concejales. El plan oficial busca desmembrar las Empresas Públicas en dos entes de economía mixta: uno que aglutine el servicio de acueducto, alcantarillado y generación y distribución de energía eléctrica, en el cual participará el sector privado; y otro que agrupe los servicios de larga distancia nacional e internacional y telefonía rural móvil, en la cual los derechos privados serían superiores al 50%. La Empresa de Servicios Varios, que atiende entre otros la recolección de basuras, correría la misma suerte.

El pueblo paisa ha respondido con la creación de un Comité Pro Defensa de las EPM, conocedor del papel estratégico de éstas en el desarrollo de Antioquia, y de su eficiencia, una de las más altas del país. En efecto, la red de acueducto llega a más de dos millones de habitantes de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Copacabana, con una cobertura de 98.2% en acueducto y de 94.2% en alcantarillado. El fluido eléctrico satisface el 90% de las necesidades del departamento y su expansión llega a la zona agroindustrial de Urabá. Diez municipios se benefician de las telecomunicaciones con 785 mil líneas y hay en proyecto la instalación de 319 mil más. Con sus propios recursos lleva los servicios a los barrios marginales, algo que nunca harán los propietarios privados.

La rentabilidad de las EPM permite presentarlas en el segundo lugar en ventas después de Telecom; con utilidades de $175 mil millones y con una contribución de 18,1% al presupuesto de Medellín. Tales logros ponen al descubierto que las intenciones oficiales de crear un fondo de inversión social con el producto de la venta de los activos, sería ruinoso para la ciudad, pues estos dineros siempre se destinan a la especulación o son convertidos en títulos o bonos beneficiando en últimas al sector financiero.

Barrios y sindicatos protestan en Santander
En Bucaramanga el Concejo aprobó en diciembre de 1995 la liquidación de las Empresas Públicas, que prestaban los servicios de matadero, aseo, plazas de mercado y telefonía, para dar lugar a una nueva institución de capital mixto. Las consecuencias no se hicieron esperar; los trabajadores fueron despedidos y las tarifas se elevaron, atropello que tuvo el apoyo de Isaías Tristancho, dirigente de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, Usitrans.

El alcalde de Barrancabermeja, Mario Evan, impuso la fusión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado con las Empresas Varias que atienden los servicios de aseo, matadero y plazas de mercado, con la finalidad de dar carácter privado a estos dos últimos. Como sucede con proyectos de esta naturaleza, el designio oficial es recibir a los empleados con un nuevo contrato de trabajo para desconocer los avances consagrados en las convenciones colectivas. La nueva estratificación, que también allí se quiere elaborar, es otra determinación del FMI y del Banco Mundial sobre la legislación de servicios públicos para crear la base sobre la cual se dictará el alza de tarifas.

Pero fiel a su tradición de lucha, la comunidad ha resistido para conservar unos bienes cuya creación fue fruto de varios paros cívicos, y agrupó en la Coordinadora Popular a sindicatos y comités de barrios para organizar la denuncia pública. En diciembre último se hizo la primera votación en el Concejo para decidir la suerte de las empresas: con la participación del concejal del MOIR, compañero Luis Rodríguez, se logró la derrota del proyecto por diez votos contra ocho. Sin embargo, en febrero de este año, por una ligera mayoría, el cabildo expidió el acuerdo que privatiza buena parte de los servicios.

También Suroccidente rechaza privatizaciones
En Cali la propuesta del gobierno local es transformar Emcali en un ente corporativo como empresa industrial y comercial del Estado, y cinco sociedades anónimas con 100% de capital público que operarían los servicios de telecomunicaciones, energía y generación eléctrica, acueducto y alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales. Por su parte Emsirva, la otra empresa municipal, se convertiría en sociedad anónima de economía mixta. El empeño del capital privado es presentar las entidades existentes, que han contribuido a la industrialización del Valle, como fortines burocráticos y organismos de baja eficiencia, forma encubierta para justificar su transformación en sociedades de economía mixta y luego llevarse la parte del león. Por ello los trabajadores han advertido el riesgo que se origina y la pérdida de sus derechos, que sobrevendrá con el cambio de dueños. En respuesta a los planes neoliberales, el pueblo caleño ha creado el Comité Municipal de Organizaciones Sindicales, Gremiales y Sociales.

Las Empresas Públicas de Pereira, con una trayectoria de más de 50 años de ejercicio, ofrecen a los consumidores uno de los costos tarifarios más baratos del país. Para ejecutar el Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo, las EPP solicitaron financiación al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el cual sujetó el crédito a la privatización de la entidad y de la reforestación de cuencas hidrográficas, al alza de tarifas y a que los estudios del proyecto se hagan conforme a procedimientos aceptados por el banco, llegando al extremo de imponer la revisión del proyecto de acuerdo que habría de someterse al Concejo.

El diputado del MOIR, camarada Aurelio Suárez, desenmascaró las rapaces condiciones, y los pereiranos, enardecidos, han realizado nutridas manifestaciones y un cabildo abierto en contra de un programa que hará más gravosas sus cargas.

Ofensiva contra Telecom
Telecom, que durante los dos últimos gobiernos ha sido objeto de una furiosa arremetida, fue fundada en 1948 justamente por la necesidad de que el país fuera soberano en la esfera de las telecomunicaciones, pues hasta ese momento el servicio estaba en manos de dos firmas norteamericanas. Su desarrollo permitió la instalación de una red que cubre todo el país y está digitalizada en 90%; dispone de sistema satelital y cable interoceánico, y actualmente proyecta la interconexión de 26 ciudades con cable de fibra óptica. Además participa en la telefonía local, directamente o a través de teleasociadas. La solidez económica adquirida por Telecom le ha permitido autofinanciarse y aun aportar cuantiosas sumas al Estado. En 1994 su utilidad neta fue de $130 mil millones.

El primer zarpazo que sufrieron, tanto la empresa nacional como las operadoras municipales, en 1990, fue impedirles la prestación del servicio básico de telefonía móvil celular, el cual fue entregado a monopolios nacionales como Santodomingo y Sarmiento Angulo, e internacionales como AT&T, Telefónica de España, Bell Canadá y Cable and Wireless. Luego se expidió la Resolución 28 de 1995, de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, conforme a la cual Telecom tendrá que competir antes de un año en larga distancia nacional e internacional con los gigantes mundiales, los cuales recibirán concesiones por diez años, prorrogables otro tanto. En dichos contratos se permite al concesionario el uso y explotación de la red nacional y del espacio electromagnético, y de ñapa se les da patente de corso para imponer tarifas.

Los resultados desoladores de esta política son previsibles, pues Telecom se fragmentará y debilitará hasta el colapso, y las telefónicas regionales serán vendidas o languidecerán al despojarlas también de uno de los negocios más prósperos del planeta, la larga distancia.

Ante este desafío, resultan ejemplares la decisión del pueblo uruguayo que detuvo en un referendo la privatización de su empresa nacional de telecomunicaciones, y la del pueblo ecuatoriano, que en el plebiscito de noviembre de 1995 derrotó una reforma constitucional de corte antipopular.

La lucha será intensa y prolongada
Ahora que arrecia la tempestad, pues la Ley 142 de 1994 da plazo hasta el próximo 11 de julio para que las empresas se transformen, conviene tener presente la experiencia de otras naciones donde el producto de la venta de este patrimonio no se aplicó a la inversión social sino al pago de la deuda externa; que su enajenación, además de disparar los costos al consumidor, aislará a los municipios con menos recursos y afectará a los trabajadores porque los nuevos contratos cercenan las garantías conquistadas en décadas de lucha. Los hechos nos convocan a una lucha intensa y prolongada que decidirá el destino de una infraestructura forjada en muchos años y valiosa para el pueblo colombiano. De ahí la importancia de que las ciudades permanezcan dueñas de estos bienes, garanticen su autonomía financiera y administrativa y las preserven de los linces del capital privado; es imperioso que se multipliquen las organizaciones de defensa de las empresas y sus usuarios.

Estas bregas han de educar al pueblo laborioso en la ley universal de que ninguna sociedad ha alcanzado el desarrollo ni garantizado su independencia entregando a manos extranjeras el trabajo y la riqueza nacionales.

Por Jorge Enrique Robledo Castillo
Luego de que el entrevistado se quejara por el trato que le dan, el periodista preguntó: «¿Se siente usted como el embajador de una finca de Bill Clinton?» Y, después de un breve silencio, Carlos Lleras de la Fuente respondió: «No. Me siento como el embajador de una colonia del antiguo imperio turco» (Caracol, «6 am-9 am», febrero 29 de 1996).

López Michelsen escribió un largo artículo sobre el intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos internos de varios países, incluido el nuestro (El Tiempo, 25 de febrero de 1995).

En dos editoriales del periódico de los Santos sobre las relaciones de Colombia con la Casa Blanca se mencionó «la inconveniente intromisión norteamericana», se dijo que «la suya es una posición flagrantemente violatoria de las normas de Derecho que regulan las relaciones internacionales», se afirmó que desde que la ONU validó las acciones gringas se «vulneraron las soberanías en un proceso creciente y manifiesto» y, «ver para creer», se calificó a la potencia del Norte como un «imperialismo» que «manda y se aprovecha», aunque el editorialista intentó suavizar sus propios análisis calificándolo de «muy tolerante» (El Tiempo, octubre 7 y diciembre 20 de 1995).

Y luego de la descertificación abundan los reclamos de conocidos colombianos, o de gentes del común, repudiando un enjuiciamiento que sólo lo valida la forzuda arbitrariedad de quien lo ejecuta.

Estos hechos, los «tercos hechos», exigen retomar el hilo de un debate que en cierta medida se había perdido hace un poco más de un lustro, cuando, sustituyendo los argumentos con las frases altisonantes, se quiso impedir que se mencionaran siquiera soberanía nacional, respeto a la autodeterminación de las naciones, relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y el beneficio recíproco y todos los demás principios que el desarrollo de la civilización ha señalado como las normas que debieran regir las relaciones entre los países. Y si no se podían mencionar los anteriores principios, ¡ay de aquel que se atreviera a hablar de imperialismo! Al instante le llovían acusaciones de «dogmático», «ser del pasado», «ciego ante el progreso», «no entiende que el mundo cambió», etc., etc. Con tal de no ceder el punto, hasta hechos tan brutales como la invasión a Panamá y el secuestro de su presidente se justificaron con análisis alcahuetas.

De ahí que haya que recordar que el cabal ejercicio de la soberanía nacional sirve para mucho más que impedir que se ofendan los muy lícitos sentimientos patrios o para asegurar que se pueda sufrir envueltos en el tricolor y cantando el himno nacional cuando juega la Selección Colombia. El problema de la soberanía también tiene que ver con si se desarrollan o no la industria y el agro, con la rapidez y la lentitud con la que se acumula la riqueza en el país y con el avance o el estancamiento tecnológico, es decir, con los niveles salariales, la tasa de desempleo, los índices de pobreza y las muchas lacras propias del subdesarrollo.

Puede demostrarse que los países auténticamente desarrollados han tenido, y tienen, como palanca fundamental de su progreso material y cultural, el manejo autónomo de su economía y su política. Y puede demostrarse que a los países atrasados les ha ocurrido, y les ocurre, lo contrario.

Hubiera sido mejor que las relaciones económicas internacionales de jinete y caballo hubieran quedado relegadas a las definiciones de los arcaísmos en los diccionarios. Sin embargo, ello no es así y tampoco lo será en un plazo previsible.

Por tanto, nación que no tome atenta nota de esta realidad y no actúe en consecuencia, se mantendrá en la misma condición de los camarones que se duermen: seguirá viendo cómo la brecha entre ella y las potencias continuará ampliándose, tal y como viene ocurriendo desde hace décadas.

Comunicado del Comité Ejecutivo Central del MOIR, de marzo 14, en el cual se condena la injerencia norteamericana y el indignante mecanismo de la desertificación, al cual recurrió Estados Unidos acompañándolo de insultantes calificativos contra nuestro país

En una escalada de su continuado intervencionismo, el gobierno de los Estados Unidos, país que presenta el mayor consumo de narcóticos y obtiene el mayor lucro de su tráfico, recurrió de nuevo al instrumento que ilegítimamente se autoconcedió de calificar a Colombia, así como a otros países, por el tratamiento que han dado al narcotráfico. Semejante procedimiento, sin importar el signo positivo o negativo de su dictamen, es de por sí una tropelía en las relaciones internacionales que merece el rechazo de todos los que propugnan el trato en pie de igualdad entre las naciones, tal como lo expresara el gobierno mexicano.

El propósito del Estado norteamericano es intensificar el cerco político, económico y financiero sobre la nación y de paso exponernos ante la comunidad internacional como nación degradada. Esto consolida a la potencia del Norte como actor decisivo en el eventual derrumbe del gobierno de Ernesto Samper y en la selección de su reemplazo; apuntala la quinta columna con que cuenta en Colombia conformada por el fiscal Valdivieso, a quien no se cansa de encomiar, y por algunos funcionarios judiciales y policivos, precandidatos, ex funcionarios gaviristas, dirigentes gremiales y periodistas; monta con sus certificaciones nuevos mecanismos de chantaje permanente para incidir en las principales decisiones nacionales, en fin, crea las condiciones propicias para avanzar en su plan de recolonización política y económica. Por ello el repudio que merece de los colombianos debe ser categórico e inequívoco.

Al igual que los actos de intervención norteamericana perpetrados gracias al colaboracionismo de César Gaviria, éste de ahora, facilitado por la obsecuencia de Ernesto Samper, corrobora, como hemos expresado, que el ignominioso tratamiento del imperialismo gringo es aquí correlativo con el servilismo que manifiestan sus gobernantes. El gobierno samperista, lejos de rechazar la práctica colonial de la certificación, ha optado durante su mandato por someterse a los dictados y el chantaje de la Casa Blanca. Tanta complacencia de nada le ha servido, pues el imperialismo, inflexible ante sus gestos de apaciguamiento, estrecha el cerco a la nación y sigue en pos de su cabeza. Ambas cuestiones, no obstante, deben ser rechazadas, sin duda alguna y contundentemente.

La nación enfrenta hoy el peligro real e inmediato de que el cambio de gobierno y, eventualmente, de la legislación política estatal, sean impuestos como el resultado de complots, manipulaciones y chantajes montados en Washington, de los cuales la espuria desertificación es típica y avanzada muestra. Esto equivaldría a una pérdida de independencia política sin precedentes, que tendría cono base despojar a la población de su derecho primario y fundamental a la autodeterminación, sin la cual no es posible ningún otro derecho ni propósito social.

Demostrando sabiduría para comprender este riesgo y valor para enfrentarlo, son muchos los episodios de 1ucha que a través de la historia ha desplegado el pueblo colombiano por su independencia. Es necesario recoger esta altiva tradición, puesto que los actuales conflictos sociales, entre ellos los que se manifiestan en los debates y litigios respecto a la corrupción y los delitos relacionados con el tráfico de narcóticos, y en especial el proceso que la Fiscalía ha incoado contra el presidente Samper, están atravesados por los diversos aspectos del gran conflicto que contrapone a Colombia con la política que se dicta en Washington. Ignorar e conduce a desatinadas actitudes antipatrióticas o inconsecuentes, nacidas de desconocer que cualquier desenlace positivo para los intereses nacionales sólo es posible si se suprimen todas las interferencias norteamericanas.

La condición absolutamente necesaria para la solución de los conflictos que hoy abruman a Colombia radica en la vigencia y ejercicio plenos de la soberanía nacional. Esta gran verdad está en armonía con lo que históricamente ha proclamado la clase obrera y va siendo desentrañado cada día, en medio de la crisis, por un mayor número de colombianos. ¡Excelente resultado para nuestro destino como nación!

Consecuente, el MOIR llama a todos los compatriotas a ponerse en pie de resistencia para:

• Poner fin a todo compromiso de carácter militar, judicial y policivo con Estados Unidos que constituya una injerencia en nuestros asuntos o la facilite, socave las instituciones y quebrante las leyes y normas vigentes. El constante rechazo popular a la presencia de tropas, agentes policiales y espías norteamericanos en nuestro suelo, debe traducirse en la salida del virrey Frechette y del personal de la DEA, la CIA y el FBI, los siniestros organismos cuya misión confesa es hoy más que nunca reprimir, espiar y conspirar, mientras, entre elogio y elogio a sus favoritos envuelven y determinan las principales actividades de la Fiscalía y la Policía Nacional.

• Desechar la política neoliberal de apertura, lo cual en primera instancia entraña resguardar la producción y el mercado nacionales. Suspender las privatizaciones y las medidas que impliquen desguazar las empresas estatales. Recuperar y estimular la economía agraria. Exigir condiciones justas para nuestro comercio exterior y hacer que la inversión extranjera beneficie prioritariamente nuestro desarrollo económico. Renunciar a toda cooperación económica o técnica condicionada a satisfacer pretensiones extrañas al interés nacional.

• Suspender las medidas y políticas que deterioran la vida del pueblo, como las continuas alzas en los bienes, servicios e impuestos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el irrespeto a los derechos democráticos y el desconocimiento a las reivindicaciones de las masas laboriosas.

En torno a estos puntos se viene produciendo una división en la sociedad colombiana, pues constituyen una línea de separación entre quienes secundan, alcahuetean o consienten el continuo intervencionismo de Estados Unidos y quienes le oponen resistencia, lo rechazan y lo denuncian. Sobre esa misma base se gesta entre la mayoría de compatriotas una gran unidad. Los hechos harán cada día más evidente que ambas, división y gran unidad, son indispensables para salvar a la nación.

La continuidad de la actual política de sumisión nacional del gobierno obstaculiza la más amplia unidad nacional. El país reclama una política que defienda su independencia y soberanía.

Sin duda alguna todos los colombianos de bien, entre quienes alienta un espíritu patriótico y democrático, desplegarán su resistencia contra la recolonización emprendida por Estados Unidos y harán que prevalezca la soberanía de Colombia.

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario
(MOIR)

Comité Ejecutivo Central
Héctor Valencia, Secretario General

Por Jorge Enrique Robledo
La historia la contó La Patria con oportunidad y detalle. Hace cinco años, dos multinacionales, una sueca y otra española, decidieron repartirse la producción mundial de fósforos. El grupo español Fierro se encargó de engullirse el mercado latinoamericano. Con ese propósito compró la Compañía Fosforera Colombiana, que pertenecía a inversionistas suecos, y montó una nueva fábrica en Sopó, Cundinamarca. Luego, les ofreció compra a todas las fosforeras del país. Primero cayeron ante el asedio Iris y Cienfuegos. Después, mediante una promoción de «pague una caja y lleve dos», liquidó a El Viejo, Vulcano y Póker, las tres localizadas en Manizales. Y para finalizar la ofensiva, con la oferta de «tres cajas por una», siguió vendiendo a pérdida, pero rindió a El Rey, su última competidora manizaleña y nacional. En conclusión, perdieron sus empleos 827 personas, muchas de ellas mujeres, y los nuevos dueños destruyeron las máquinas de las empresas que adquirieron y que habían funcionado en conjunto durante más de 141 años. Es cosa de esperar para ver a cómo venderá el agresivo monopolio, ahora sí, sus cerillas.

Cuando ya no había nada que hacer, la Superintendencia de Industria y Comercio empezó una de esas investigaciones que suelen anunciarse en el país, pero hasta la inició recordando que en la era de la apertura esas cosas pueden suceder porque, al fin y al cabo, se trata de confrontar diversos grados de «eficiencia» empresarial.

Con lo sucedido se comprueban varias advertencias: en la apertura, la industria del país, salvo la monopolista -y hasta eso habrá que verlo-, poco o nada tiene que hacer frente a los monopolios foráneos; las trasnacionales se reparten el mercado mundial mediante acuerdos o mediante confrontaciones según sean sus conveniencias; la competencia se hace como siempre recurriendo a prácticas leales y desleales; se concentrará la propiedad, disminuirá el empleo industrial, bajarán los salarios y el trabajo nacional acumulará el capital en el exterior y no en Colombia.

Y nadie debe sorprenderse por lo ocurrido, conocida la lógica que impulsa las orientaciones de la banca internacional: la llamada «globalización» quiere decir que el mercado mundial debe ser uno solo, para que los capitales y las mercancías puedan pasearse por él sin cortapisas. Esto presupone, obviamente, la creación de negocios apropiados para los poseedores de capitales, así estén en parte traducidos en tecnologías de envergadura universal. Su ideal es que todo en el mundo se haga con las características propias del poder de un puñado de grupos financieros descomunales. Entonces, recriminar a un productor nacional porque no es «eficiente» frente a una trasnacional riquísima que, como prueba aplastante de ello, puede vender a pérdida por lapsos prolongados, no pasa de ser una exigencia que carece de asidero con la realidad, y hasta resulta cruel.

Que el rumbo que se persigue está claro, lo ilustran los preparativos de los magnates del orbe. Por ejemplo, los mil mayores monopolios de la Comunidad Europea realizaron 622 fusiones en 1990. Nestlé adquirió empresas por 13.200 millones de dólares entre 1985 y 1994 y sólo en junio pasado hubo tres uniones bancarias valoradas en más de 13 mil millones de dólares en Estados Unidos, país donde se puso al orden del día el dilema de «comprar o ser comprado».

De insistirse en renunciar al empleo de la soberanía, en desmedro de los productores nacionales, en Colombia apenas podrán resistir alas asechanzas extranjeras unas pocas inversiones en situaciones especiales. No obstante, con el paso del tiempo, a esos sectores también les deberán llegar los sufrimientos.

Por Alfonso Hernández
El pasado 1° de marzo el gobierno de Clinton anunció su condena a la gestión antidrogas de Colombia durante 1995. Su actitud hostil demuestra, una vez más, que la Casa Blanca está urdiendo un plan perverso contra nuestra nación.

Aunque desde hace tiempo se viene adelantando una campaña difamatoria, la descertificación causó cierta sorpresa. Carlos Lleras, embajador en Washington, consideró insólito que en el año en que el país ha presentado el mejor desempeño, Estados Unidos haya decidido colocarlo en el nivel más bajo. Por ejemplo, fueron capturados los principales sindicados de ser miembros de la cúpula del Cartel de Cali. Se erradicaron, mediante aspersión aérea de venenos como el glifosato, 24 mil hectáreas de cultivos ilícitos, cifra que supera las 20 mil exigidas por Norteamérica para 1995, y se aprobaron y pusieron en marcha disposiciones contra el lavado de dólares.

Lo anterior le costó a nuestra paupérrima nación la enorme suma de 984 millones de dólares, cerca de un billón de pesos, más del doble del gasto público total en educación superior durante 1995. Todo para reducirles a los gringos su adicción a la cocaína.

En diversas ocasiones los mismos funcionarios del Norte elogiaron los triunfos de la política antidrogas del gobierno de Colombia. Tanto los sacrificios como los logros fueron superiores a las metas impuestas. ¿Por qué, entonces, la descertificación?

El Departamento de Estado pretexta: «No se realizaron acciones efectivas para enjuiciar y sentenciar a los líderes del Cartel de Cali. (…) No se aprobó una legislación que incrementara las condenas por narcotráfico. (…) No se logró un acuerdo bilateral con Estados Unidos para combatir el tráfico en las zonas marítimas. (… )Bajo la ley actual las propiedades sólo son confiscadas si el individuo es condenado por un crimen. (…) La corrupción permanece impune pese al esfuerzo de algunos dedicados colombianos por erradicarla. (…) Los esfuerzos anticorrupción del fiscal fueron atacados por miembros de la administración Samper, que públicamente criticaron su esfuerzo por hacer cumplir las leyes y trataron de ponerle un límite a su período como fiscal». Junto con el aplauso al general Serrano, director de la Policía, aparece también la acusación contra el Congreso por discutir la necesidad de mantener algunas garantías procesales. En pocas palabras, toda nuestra legislación e instituciones son puestas en entredicho. Reclaman juicios sumarios, confiscar los bienes a quien no se le ha demostrado culpa y se arrogan el derecho de decidir qué puede discutir el Congreso y de señalar quiénes son los buenos y quienes los malos.

Estas actitudes abusivas de Washington socavan la necesaria cooperación internacional contra el delito en vez de impulsarla. Días antes el ex presidente López pidió que «se establezca de una vez por todas la globalización de la lucha contra el narcotráfico, en bien de la humanidad entera, pero que no se busquen chivos expiatorios para justificar la intervención norteamericana». Y señaló que Estados Unidos con 40 millones de adictos juzga a Colombia por dos o tres mil narcotraficantes. Samper, quien aceptó desde el comienzo el humillante proceso de certificación y se afanó por satisfacer los apremios del Tío Sam a costa de descuidar las urgencias patrias, tuvo que reconocer que Estados Unidos efectúa una injerencia inaceptable en los asuntos internos de Colombia.

Rechazo unánime
El editorial de El Tiempo, del 3 de marzo, manifestó que como contrapeso del poderío norteamericano, «añoramos, quién lo creyera, el fin del imperio comunista». En la misma fecha El Espectador editorializa censurando con sobrada razón la falta de dignidad mostrada por nuestros gobernantes y culpa del hecho a Gaviria y a Samper, al fiscal, al director de la Policía y a los representantes de los gremios económicos.

Muchas personalidades han expresado su indignación ante la astracanada gringa. El representante Guillermo Gaviria, dijo que «el embajador Frechette le ha hecho mucho daño a nuestro país». El parlamentario Alfonso Angarita señaló: «Este hecho nos debe convocar a una gran reconciliación nacional no sólo para defender la soberanía, y legítimos derechos, sino para impulsar el progreso y desarrollo del país». Darío Martínez, representante liberal, consideró que se trata de una nueva versión del dominio capitalista sobre los países pobres. Luis Fernando Jaramillo, presidente de la Dirección Nacional Liberal, anotó: «Colombia no se inventó el narcotráfico y mucho menos e culpable de que esa sociedad se haya convertido en una nación de narcoadictos».

Las centrales obreras se pronunciaron airadamente. Yezid García, secretario general adjunto de la CGTD, manifestó que ninguna nación de América Latina «debe ser sometida a un examen por un profesor que no tiene ninguna autoridad moral para hablar de ese tema ni sobre ningún otro que tenga que ver con las libertades públicas». El Partido Comunista expidió una declaración en la que denuncia que el régimen yanqui se tomó la atribución de pisotear a los pueblos.

Sólo un grupito de desvergonzados partidarios del tutelaje foráneo justificó el atropello. El más abyecto, el señor Valdivieso, excitado por la zalamería gringa, abandonó por un momento su carácter taimado para decir que antes de él nadie había hecho nada contra el narcotráfico.

Quienes alborotan presentando a los yanquis como defensores de la moral y como un poder intocable ante el cual lo mejor es poner la otra mejilla, y claman porque no se yerga el patriotismo ante los ultrajes que cotidianamente recibe Colombia, acolitan la confabulación colonialista en marcha. ¿En verdad la descertificación se debe a la corruptela? ¿Acaso si el gobierno no fuera corrupto, los Estados Unidos dejarían de inmiscuirse en nuestros asuntos? Al respecto vale la pena recordar que la actitud intervencionista de éstos no es nueva, está ligada a sus intereses de potencia imperialista. Pero los drásticos cambios ocurridos en la situación mundial a finales de los ochenta determinan que sea mucho más arrogante y que sus apetitos lo lleven a devorar un botín cada vez mayor, menguando incluso la ración que correspondía a sus antiguos aliados, las oligarquías latinoamericanas. Ahora busca de manera abierta la disolución de las demás naciones.

Negar a los demás la soberanía
El 17 de marzo, El Espectador recuerda que «los empresarios del poder metropolitano pregonan a todos los vientos la desaparición de las soberanías nacionales y pretenden encajonar dentro de la teoría de la aldea universal la desaparición de fronteras patrias en beneficio de la imposición de su gran poder universal». Que la afirmación del editorialista del diario capitalino es certera lo comprueba el ataque que hace Estados Unidos a todos los elementos constitutivos de nuestros países. Frechette llegó hasta sermonear en la Escuela Superior de Guerra sobre la obsolescencia de la soberanía.

De años atrás las políticas arteramente llamadas de libre comercio vienen demoliendo el primer fundamento de la nación, el mercado interior. Cada día un mayor número de empresarios ve cómo sus negocios sucumben ante la acometida de las poderosas multinacionales. Con razón Fabio Echeverri sostiene que la apertura le ha hecho más daño a la economía que la crisis política. Los que buscan crear el pánico con la afirmación de que la follisca alrededor del ingreso de dineros calientes en las campañas políticas va a ahuyentar la inversión extranjera, saben que ésta crece cada día y que los augurios de catástrofe son aprovechados por los pulpos foráneos para comprar más baratos nuestros activos. El embajador norteamericano, a la vez que amenaza con pegar con el garrote más duro y da órdenes terminantes a los gremios, no puede disimular la gula que a sus representados les producen nuestras riquezas. A La República le dijo: Colombia «es muy importante por tener enormes ventajas: su posición geográfica, la posibilidad de instalarse compañías para surtir a toda la región andina, mano de obra muy calificada, hombres de negocios reconocidos en la región como los mejores. Es decir, ustedes tienen un futuro brillante; quisiéramos trabajar conjuntamente para desarrollarlo». Además fue enfático en el interés por los bosques y el petróleo, renglón en el cual reclama todavía mayores prerrogativas para los monopolios. La amenaza, pues, no proviene del supuesto éxodo del capital extranjero, sino de su ánimo de despojarnos de lo nuestro.

La propia integridad territorial está en peligro. Los elogios de Frechette a nuestra ubicación geográfica confirman las denuncias que se han venido haciendo acerca de que los Estados Unidos se proponen separar a la ubérrima región de Urabá para armar allí una republiqueta que les permita construir y manejar un nuevo canal interoceánico y hacer suyo el Tapón del Darién. En esa región varios consorcios norteamericanos controlan ya un alto porcentaje de la producción bananera.

Los ataques a los partidos, a la denominada clase política y al Congreso tienen idénticos móviles. Frechette dijo hace unas semanas a Portafolio: «La Comisión de Acusaciones no tiene credibilidad alguna en el exterior, ni en Europa ni en Estados Unidos y aquí tampoco. El rating más bajo lo tiene la clase política». Tales declaraciones llevaron al Parlamento colombiano a pedir la salida del embajador imperial.

Ellos, que apalean a diario en su territorio a negros y a latinos, con el pretexto de la defensa de los derechos humanos atacan a los ejércitos latinoamericanos y les imponen la merma de sus efectivos. Sobre este punto el general Manuel Bonett comentó a Cambio 16: «Deberían reducir primero el suyo, que cada día es mayor. Quizá los Estados Unidos buscan reducir nuestras fuerzas militares para intervenir con más libertad en nuestros territorios».

Como si fueran la personificación de las virtudes, califican a los demás en materia de derechos humanos, de leyes y códigos, de lucha contra el narcotráfico, de protección del medio ambiente, de seguridad aérea.

Crear una situación caótica, azuzar a unos contra otros, alebrestar a toda clase de arribistas y, principalmente, someter a un profundo desprestigio interno y externo a todo aquello que pueda contribuir al mantenimiento de la unidad nacional, tal es la táctica con la cual los filibusteros yanquis preparan el despresamiento de Colombia.

Los pronunciamientos de distintos personajes de la vida nacional arriba citados, la mayoría de ellos a salvo de cualquier acusación de sentimientos antinorteamericanos, y la indignación popular, corroboran la imperiosa necesidad de poner dique a la altanería de la superpotencia. Tarea que sólo puede ser fruto del esfuerzo conjunto de todos los patriotas.