LA APERTURA PARA ADELANTE, LA INDUSTRIA PARA ATRÁS

Por Libardo Botero

A medida que la apertura sigue haciendo su agosto, la industria nacional se resiente más. No pueden ocultarlo las cifras amañadas del gobierno saliente ni la demagogia del actual. El panorama se prevé día a día más crítico para la producción nativa, tras cinco años de feroz ofensiva de la competencia foránea.

No sólo el ritmo de crecimiento se ha debilitado en el último lustro, sino que los escasos avances se registran en sectores vinculados a una actividad tan especulativa como la construcción, acicateada por dineros de diversa procedencia, entre los cuales se cuenta el capital extranjero. O se fincan en ramas conectadas con la importación de ciertas materias primas o equipos, o con la entrada masiva de automotores.

Eduardo Sarmiento vislumbra un fenómeno preocupante: la progresiva transformación de importantes renglones manufactureros en meras actividades de ensamblaje o de comercio internacional. Y aún peor, las industrias más representativas del país viven una decadencia sin precedentes.

Las importaciones continúan su arrollador avance, como lo indica la balanza comercial. Sólo en el primer trimestre de este año Colombia tuvo un déficit de 1.154 millones de dólares.

Los textiles, de un hilo
Las manufacturas textiles están entre las más afectadas. Los gremios del sector estiman que durante la apertura se ha perdido entre 30% y 40% del mercado nacional a manos de los géneros foráneos. Se estima que el ingreso fraudulento de telas en 1994 se incrementó entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Si en 1991 las importaciones legales eran de 88 millones de dólares, en 1993 alcanzaron a ser más de 260 millones. En los primeros diez meses de 1994 esta cifra se vio incrementada en 10.7%.

Las principales textileras antioqueñas no repartieron utilidades en efectivo, pese a que presentaron ligeros aumentos en sus balances de 1994. Estos no son atribuibles al desarrollo productivo, ya que todas acusan rebajas reales de las ventas, salvo Coltejer, que logró realizar en el mercado 126 millones de metros, lo mismo que el año anterior, pero con el doble de esfuerzos y sacrificando el precio real. Las exportaciones de telas antioqueñas a Estados Unidos bajaron el último año 66.3%, a Venezuela 24.3% y a Chile 29.2%. Para enjugar las pérdidas continúan feriando sus activos, sean los terrenos que se reservaban para ensanches, como Tejicóndor y Vicuña: o edificaciones en donde laboraban miles de obreros, caso de Rosellón y Coltefábrica; o enajenando factorías en pleno funcionamiento, como Polímeros Colombianos.

La crisis no es ajena a otras regiones. Federales, una nueva y promisoria compañía del Cesar, entró hace varios meses en concordato. Fibratolima, que se ufana de tener a todo su personal en ley 50, perdió 3.700 millones de pesos el año pasado. Las pequeñas constituyen el grueso de las empresas que acaban de entrar en concordato, entre ellas, El Cedro, Textiles Nylon, Textiles Papagayo y Cuatro en Textiles. Las inversiones en modernización, que algunos ilusos veían como la salida eficaz frente a la apertura y que alcanzaron cierta magnitud en los últimos años, hoy se han reducido drásticamente.

No menos graves han sido las secuelas para los trabajadores. Los empresarios, aupados por el gobierno, han lanzado una ofensiva buscando rebajar los salarios y puestos de trabajo. A juicio de Acoltex, entre 1990 y 1993 se redujeron en 25% los empleos directos en toda la rama, lo que equivale a 25 mil trabajadores. Aún hoy se tramitan solicitudes de despidos colectivos, que se presentan como grandes logros administrativos y de productividad ante las asambleas de accionistas: 600 en Tejicóndor, 600 en Tejidos Única, 430 en Fabricato. Dirigentes empresariales afirman que todavía sobran 2.800 operarios entre Coltejer, Fabricato y Tejicóndor.

Los contrapliegos volvieron a las mesas de negociaciones, esta vez para arrebatar las últimas prerrogativas laborales. Los sindicatos textileros orientados por la CGTD, a la par que vienen combatiendo con vigor las estrategias patronales, han propuesto a los capitalistas enfrentar de una manera unificada la apertura, verdadera causa del retroceso industrial, en vez de descargar sus efectos en las espaldas del proletariado. Pese a sus inconsecuencias, los gremios económicos claman al gobierno por medidas que permitan salvar la industria. Las adoptadas o anunciadas por Samper son enteramente inocuas, sin que se vislumbre mejoría alguna para tan decaída actividad.

La confección en harapos, el calzado en cueros
No es menos grave la tragedia de la confección, el cuero y el calzado. En Santander, la producción ha descendido al punto más crítico de toda su existencia. En la zona de Chimitá, entre Girón y Bucaramanga, se han cerrado 18 de 21 factorías de cuero y calzado, dejando cesantes a más de cinco mil obreros. Según Cornical, el gremio que reúne a los empresarios del calzado, en 1994 descendieron en más de 10% las exportaciones, sobretodo a Estados Unidos, nuestro principal comprador.

También en Santander, durante 1994, de alrededor de 1.200 empresas de confección, medianas y pequeñas, quebraron 120, y 1.200 obreros quedaron en la calle. Hasta las mismas maquilas, dedicadas a confeccionar por encargo para consorcios internacionales -como sucede con las ensambladoras de Donmatías, Antioquia-, pasan por un duro momento. Allí funcionan alrededor de 125 pequeñas empresas, encargadas de coser bluyines para firmas foráneas. La producción se ha reducido en más de 40%. El desempleo se dispara y la situación social es delicada. El ingreso promedio de las operarias, pues la mayoría del personal es femenino, no llega ni al salario mínimo. En el departamento, la exportación de confecciones a Estados Unidos bajó en 16.8% y a Venezuela en 21.8%. El total nacional empezó a declinar con la apertura a un ritmo de 1.5% al año, pero en meses recientes se ha acelerado.

Un pequeño empresario hizo una patética narración de cómo los dragones asiáticos compiten con sus confecciones en el mercado internacional. Reclutan a miles de mujeres, las hacinan en fábricas flotantes -hasta trescientas por barco-, y parten con ellas en largas travesías. Luego van tocando en los distintos puertos, donde venden a precios irrisorios sus mercaderías.

El hierro y el acero se doblegan
A este sector se le arrebató en los últimos dos años alrededor de 30% del mercado, también por la subfacturación, el dumping, el contrabando, la revaluación y el lavado de dólares. Lo cual, en cifras redondas, equivale a la pérdida de 287 mil toneladas de acero en 1994. En lo que va de 1995 se han importado 26.715 toneladas de alambrón, 51% más que en el mismo período de 1994. Esto le causó pérdidas a Paz del Río por 49.267 millones de pesos en el ejercicio anterior, y por 327 millones a Simesa, pese a que para modernizarse las principales firmas han invertido más de 250 millones de dólares. Ante la vertical caída, Fedemetal pidió cambiar la política de apertura y aplazar el ingreso de Colombia al G3.

Holasa, productora colombo-japonesa que funciona en Medellín, ha interpuesto una serie de demandas contra el dumping en la importación de láminas de acero desde EU, Gran Bretaña y España. La apertura descarga sobre los directamente afectados la obligación de protegerse del contrabando y demás prácticas desleales.

El caso de Acerías Paz del Río, primera siderúrgica del país, hoy en concordato, es bien aleccionador. Su desangre no se detiene. Buscando sobreaguar, se recurrió a vender los mejores activos, entre ellos un gran paquete de acciones de la cementera, subastado en 59 millones de dólares. De los cuales, 42 millones se dedicaron a pagar parte de la deuda externa, que asciende a 140 millones de dólares. Coronar esta operación costó la friolera de 12 millones de dólares, entre comisiones, mordidas y otros desfalcos. Este año se aprestan a vender el 42% restante de las acciones de la cementera y otros importantes activos.

La segunda estrategia patronal ha sido la de golpear a los asalariados, despidiéndolos o tratando de reducir sus ingresos y prestaciones, a lo cual éstos han opuesto firme resistencia, tal como lo constata la huelga de 1994.

Si por allá llueve…
Los papeleros no han logrado superar las nefastas secuelas de la revaluación y la ineficiencia aduanera. En 1994 anunciaron que las exportaciones de papel y cartón se reducirán de manera drástica. Las importaciones de papel, en cambio, subieron ese mismo año a 288 mil toneladas.

Mientras los registros oficiales dan cuenta de la importación de sólo 260 kilos de papel higiénico, los gremios abrigan la certeza de que las entradas ilegales de este artículo no fueron menores a tres mil toneladas en 1993.

Ni qué decir de los tabacaleros. Los cultivadores están en la inopia por la práctica desaparición de sus cultivos, no sólo por la caída en las exportaciones -que en 1994 bajaron en más de 70%-sino por la radical reducción de la demanda interna. Esta última se ve inundada por cigarrillos de contrabando. La mayor parte del mercado ha sido copado por firmas extranjeras, principalmente norteamericanas.

Coltabaco, que llegó a tener siete factorías, se ha reducido a dos. En 1993 declaró pérdidas operativas por más de 10 mil millones de pesos. Los trabajadores despedidos suman más de cien. Para mantenerse a flote, al igual que muchas otras empresas, Coltabaco ha optado por dedicarse a otras actividades, como la construcción.

Debe reiterarse que los grandes damnificados han sido los obreros que, o bien han quedado cesantes, o han visto deterioradas gravemente sus condiciones laborales. La nueva ministra de Trabajo reveló con cinismo que, como resultado encomiable de la ley 50, la contratación a término indefinido había disminuido en 8.4%, mientras que la de término fijo había crecido en 18.7 ciento.

FRANCISCO MOSQUERA

Por Juan Leonel Giraldo

A los seis meses de su intempestiva muerte, ha comenzado a circular el libro póstumo de Francisco Mosquera, Resistencia Civil, que recopila casi todos los escritos de sus últimos años de batallar político. Fueron pocos los detalles de la edición de este libro que no alcanzaron a ser previstos por el autor, en su perenne afán porque su pensamiento quedara consignado de la mejor manera posible. «La verdad más bella de la humanidad, impresa en un papel sucio, no existe», solía decir.

Mosquera escogió el formato del libro, la fotografía de la cubierta, integró las comisiones de los correctores de estilo y de pruebas, eligió al diseñador gráfico y él mismo recogió entre sus seguidores y amigos, dentro y fuera de su Partido, hasta el último peso para sufragar el costo de la edición. Nadie más que él integró y orientó la comisión encargada de manejar los asuntos del libro, sustrayéndola de cualquier injerencia distinta a la suya. Se trataba, al fin y al cabo, de consignar sus ideas políticas, que tuvo que sacar avante la mayoría de las veces contra la voluntad de desembozados y encubiertos contradictores. A lo largo de más de treinta años, Mosquera prefirió enfilar la proa de sus naves de velas rojas hacia las tempestades que hacia los mares de calma chicha. Privilegiaba la polémica al beneplácito y nunca temió estar en minoría. Sabía que las ideas nuevas y correctas son siempre en su germen la bandera de unos pocos.

Aceptaba el combate cuando comprometía la voluntad de los miles y no de los pocos y se garantizaban las condiciones para obtener la victoria. Por ello, y a pesar de haber realizado en su juventud el consabido peregrinar para recibir aleccionamiento guerrillerista en Cuba, polemizó en el Moec contra el aventurerismo armado y fundó un partido del mismo estilo del que Lenin formó con sus bolcheviques. Mosquera fue sagaz e ingenioso en el arte de la conversación y, por sobre todas las cosas, se revistió de una soberana paciencia, santa virtud necesaria para poder triunfar en política. Vivía de tal manera para el futuro que ningún revés era capaz de abochornarle el presente. «Los obreros van de derrota en derrota hasta la victoria final», dijo alguna vez.

Le gustaba escribir y lo hacía con pasión. Pensaba que nadie podía ser dirigente político si no empuñaba con destreza la pluma para imponer sus ideas. Los jefes de los pueblos debían ser semejantes a Néstor, el sabio rey de Pylos, hábiles en la palabra y la espada. Mosquera parecía escribir con la ayuda de una brújula y de una balanza. Conocía el peso de las acepciones y matices de cada palabra que utilizaba, y si los ignoraba no descansaba hasta saberlo.
Le preocupaba el efecto y hasta las menores consecuencias de lo que escribía. Entendía que la carga de calificativos debilitaba cualquier argumento. Jamás leía ni escribía sin considerarlo una misión para aprender o enseñar algo y sin tener a mano un buen diccionario, aunque permanentemente renegaba de sus definiciones acartonadas. Creía que escribir era una ciencia y asiduamente consultaba gramáticas y sintaxis, discutía sus reglas y las acataba o impugnaba. Releía a Shakespeare, Balzac, Walter Scott, Marx, Barba Jacob y Guillermo Valencia, de quien solía repetir la sentencia «sacrificar un mundo / para pulir un verso». Comulgaba con firmeza en lo dicho por Buffon, «el estilo es el hombre», y en que la única propiedad individual es la forma.

Y para quienes no lo conocieron, ahí está su libro final para afirmarlo.

* Escrito con motivo del lanzamiento del libro póstumo de Francisco Mosquera, tomado de Lecturas Dominicales de El Tiempo, marzo 12 de 1995.

BOLIVIANOS DENUNCIAN ARREMETIDA IMPERIALISTA

Por Nelson Osorio Ramírez

Con marchas, mítines y bloqueos, la clase obrera boliviana desafió en los últimos meses la receta neoliberal impuesta por el presidente Carlos Sánchez de Lozada. Las privatizaciones, los despidos masivos de trabajadores, la desmejora en las condiciones laborales y la persecución a los campesinos fueron, entre otros, los motivos de la protesta.

Una huelga de maestros, a comienzos de marzo, desató el amplio movimiento de masas que puso en jaque durante dos meses al gobierno aperturista. Los educadores rechazaron una ley contraria a sus intereses y exigieron mejor salario. Las reivindicaciones de los campesinos y de los cocaleros, que por siglos han comerciado con la hoja, entraron a hacer parte del conflicto, y junto con las de otros sectores de la producción fueron peticiones agitadas por los obreros.

Campesinos por la dignidad nacional

En la zona tropical del Chapare, el 13 de julio de 1994, la DEA adelantó la operación «Nuevo Amanecer» para erradicar los sembrados. Miles de bolivianos ripostaron con marchas reclamando créditos y ayuda estatal para la sustitución de cultivos. Algunos recorrieron cientos de kilómetros desde Santa Cruz de la Sierra hasta el Palacio Quemado, sede del régimen, pidiendo respeto para su trabajo y sus tradiciones. Denunciaron hasta la saciedad que, so pretexto de combatir la droga, la invasión de los organismos secretos, la aviación y los mandos militares gringos, que pululan por la geografía de Bolivia, responde al plan de colonización económica, política y militar diseñado por la Casa Blanca.

Aquéllas fueron movilizaciones de un definido carácter antiimperialista. Se presentaron choques con la policía y los funcionarios, y los arrestos y detenciones se multiplicaron. Pero ni la persecución ni las amenazas lograron detenerlos.

En este marco rebelde la Central Obrera Boliviana, COB, decretó el pasado mes de abril la huelga general indefinida en apoyo a la lucha del magisterio y al pliego presentado al gobierno.

El asalto a la sede de los sindicalistas

La represión se desató. El 18 de abril, en las horas de la noche, las autoridades decretaron el estado de sitio que, según la Constitución, puede prolongarse durante 90 días. Los esbirros de Sánchez rodearon el edificio donde se adelantaba una asamblea popular y apresaron a los dirigentes, a quienes trasladaron al aeropuerto, confinaron y aislaron en distintas guarniciones militares, a miles de kilómetros de sus hogares y en sitios inhóspitos. Fueron casi cuatrocientos líderes obreros, comunales, campesinos, educadores, estudiantes, tras quienes se abatió la furia del enemigo. Sellaron las sedes, prohibieron las marchas y «todas las reuniones de grupos políticos, sindicales, sociales y cívicos del país».

La medida tenía el mismo amargo sabor de las dictaduras militares que ha padecido Bolivia, apoyadas y financiadas por los Estados Unidos.

Iglesia y gremios rechazan intervención extranjera
Las reacciones nacionales e internacionales fueron inmediatas. La Iglesia boliviana, luego de condenar los atropellos, afirmó que «el estado de sitio no puede ocultar las lacerantes situaciones inhumanas que tocamos por doquier. Sólo atacando las causas de estos fenómenos, con el concurso de todos, seremos fuertes para impedir que Bolivia se sumerja cada vez más en imposiciones foráneas, ideológicas y económicas».

En abierto desafío a las medidas, los periodistas agrupados en la Federación de Trabajadores de la Prensa, FTPB, decretaron una jornada nacional de lucha, coordinada por los sindicatos de los nueve departamentos, con bloqueos y movilizaciones. Varios periodistas fueron detenidos.

La Confederación de Trabajadores Fabriles, por su parte, decretó el 24 una huelga en apoyo de la COB. En la región del Chapare, un centenar de campesinos resultaron arrestados En Cochabamba y otras ciudades, los estudiantes salieron a las calles.

Sólo hasta el 29 de abril se firmó el levantamiento del paro, que durante siete semanas había conmocionado a Bolivia.

En Colombia, la CGTD respalda al pueblo boliviano
En acto de solidaridad de clara estirpe internacionalista, la Confederación General de Trabajadores Democráticos de Colombia, CGTD, llevó a cabo el martes 24 de abril, ante la Embajada de Bolivia en Bogotá, un combativo mitin que exigió la inmediata liberación de los patriotas encarcelados y repudió las medidas fascistas que aplicó el gobierno de Sánchez de Lozada. Decenas de telegramas condenando la represión fueron enviados por los sindicatos del país.

La Junta Nacional del Sindicato de la Caja Agraria afirmó en comunicado el 21 de abril: (…) «Solidarizarnos con la Central Obrera Boliviana, COB, respaldar su enérgica lucha contra la dominación imperialista, y contra el gobierno de Carlos Sánchez de Lozada. Saludar el aguerrido ejemplo de nuestros hermanos de Bolivia y enaltecerlo como el camino de resistencia que los proletarios de América Latina debemos emular contra la recolonización imperialista gringa».

Como parte inconfundible que es del combate continental por su liberación definitiva y contra la apertura económica impuesta por el enemigo común de la humanidad, la erguida protesta de las masas bolivianas ha recibido del pueblo de Colombia y de sus destacamentos proletarios la más cálida voz de aliento de respaldo.

LOS AFANES DEL PRESIDENTE

Criado en Estados Unidos, el presidente Sánchez se graduó en la Universidad de Chicago. Como ministro de Planeación de Bolivia, y asociado con un economista de Harvard, aplicó a mediados de 1980 una terapia de choque rebajando aranceles, regulaciones y subsidios. En su mira privatizadora ya están compañías estatales claves: transporte aéreo, teléfonos, petróleo, ferrocarriles y la empresa de fundición de estaño.

En este país de siete millones de habitantes, 74% de la entrada de divisas está representada en un par de productos: estaño y gas natural. La miseria en que los monopolios extranjeros la han sumido se confirma en las cifras más crudas del Continente: 95% de la población rural está en la miseria, 46% de niños, subnutridos y la mortalidad infantil en 1985 era de 213 por cada mil nacidos vivos. En las zonas rurales sólo 7% de las viviendas tiene electricidad, apenas 10% cuentan con agua potable y 93% carecen de servicios sanitarios básicos. Junto con Haití tiene el más bajo Producto Nacional Bruto y la menor esperanza de vida, 53 años.

A los mandatarios neoliberales, claro está, otros afanes los desvelan. Entrevistado por una revista norteamericana, el Presidente dijo: «Queremos a la gente participando en la privatización… Queremos a la gente boliviana leyendo a Forbes, no a Karl Marx». Huelgas, marchas, bloqueos, y todas las formas de resistencia civil en marcha, presagian que, a pesar de los cipayescos gustos del Ejecutivo, Marx tendrá millones de ávidos lectores también en los sagrados altiplanos de Bolivia.

EL MAGISTERIO EN PARO POR SALARIO PROFESIONAL

Por José Fernando Ocampo

El 8 de mayo doscientos cincuenta mil educadores entraron al paro indefinido para obtener un salario profesional. Las multitudinarias concentraciones y marchas dan muestra de cuán urgente es la mejora sustancial de la paga de los maestros. Es la primera vez en 35 años que la Federación Colombiana de Educadores declara un cese en procura de aumentos. Los anteriores apuntaron a la obtención del Estatuto Docente, del régimen prestacional y de la reforma educativa, o al cumplimiento de los sueldos y primas, pero nunca al incremento de la remuneración.

Hoy el país reconoce que la retribución de los maestros es irrisoria y no se compadece con la trascendencia de la labor de educar a la niñez y la juventud. Un docente normalista recién egresado apenas gana poco más de un salario mínimo, y el promedio del sector no alcanza los tres. Los profesores con título universitario y catorce años de experiencia devengan 550 mil pesos mensuales, ingreso muy inferior al de la mayoría de los países latinoamericanos.

La respuesta del gobierno de Samper ha sido tramposa y demagógica. Durante la campaña electoral empeñó su palabra en que mejoraría las condiciones de vida de los educadores. Después, los hechos han desmentido todas sus promesas.

En lugar de salarios, el gobierno basa su propuesta en incentivos. Es decir, no se aumenta la remuneración del docente, sino que se le obliga a competir por incrementos transitorios cuyas condiciones no dependen de su trabajo, asignados arbitrariamente por alcaldes o autoridades educativas.

El caso de la jornada única es muy diciente. Desde 1968 Lleras estableció la doble jornada diurna para aumentar la cobertura sin invertir en construcción de planteles, lo que rebajó la calidad de la educación pública. Hoy el gobierno ofrece incentivos a los educadores que amplíen el tiempo de enseñanza. Sin embargo, para establecer la jornada única, como lo ordena la Ley General de Educación, se requiere aumentar en una tercera parte la planta física nacional.

Los demás incentivos, o le dan vía libre al clientelismo al asignarles a las autoridades locales la distribución de los premios, o colocan a los docentes en la posición de pelear migajas con sus colegas y con los directivos para mejorar un poco sus ingresos. Se trata de un arma para manipular al magisterio. En esencia, el gobierno aquí aplica también el “pacto social” de productividad, precios y salarios. Queda al descubierto el carácter neoliberal de la política educativa de Samper, cuyo fundamento reside en concebir la educación como una mercancía, sujeta a la ley de la máxima ganancia.

Contra esta engañosa oferta, Fecode lanzó el paro nacional indefinido. Por la presión, el ministro de Educación, Sarabia Better, aceptó pasar de 300 mil a 800 mil millones de pesos, para distribuirlos en tres años, pero mantuvo el mayor porcentaje para los incentivos, en contra de las mejoras salariales. Solamente la mitad se asignaría a las mensualidades, pero sin aplicarles a los: porcentajes de aumento el índice de inflación. En estos términos el incremento con miras al salario profesional llegaría en tres años apenas a casi un 16% para 1998, o sea, 4.5% en el primer año, 6.5% en el segundo y un poco más de 4% en el tercero.

Mantener una propuesta de incentivos contra salarios significa una burla para el magisterio. El Ministro ha esgrimido el argumento de que la calidad de la educación depende de los incentivos y que el alza de salarios no la garantiza. Sin embargo, mientras predica la calidad se excusa de su propia responsabilidad, para descargársela a los educadores. La infraestructura y la dotación no dependen de los maestros, sino del gobierno. La jornada doble no fue invento del magisterio. El número de alumnos por docente no puede duplicarse para ampliar la cobertura en detrimento de la calidad.

Al mismo tiempo que predica sobre la calidad, el gobierno fomenta programas que atentan contra ella. En el plan de desarrollo asignó doscientos mil millones de pesos para subsidiar la educación privada del más bajo nivel académico, y solamente una suma igual para la construcción de planteles, condición indispensable para restablecer la jornada única diurna en todas las instituciones. Dedica más de un billón de pesos a los hogares comunitarios, que colocan la infancia en manos de «madres comunitarias» sin ninguna formación pedagógica, sin capacidad alguna para el cuidado de los niños y en condiciones denigrantes.

El magisterio se ha comprometido con la reforma educativa que defendió con el paro de 1993. Su propósito fundamental consiste en mejorar la calidad científica de la educación. Ningún maestro duda sobre las bondades del restablecimiento de una sola jornada diurna. La autonomía escolar exige una consagración mayor al trabajo pedagógico. En esa dirección apunta la Ley General de Educación cuando establece un sistema de evaluación de los educadores acorde con el Estatuto Docente. Acusar a los cientos de miles de educadores que batallaron por la reforma, y a Fecode, de que no tienen compromiso con la calidad de la educación es erróneo e injusto.

Derrotar la propuesta de incentivos significa un golpe al criterio de productividad aplicado al aumento de salario de los trabajadores, ala demagogia del «salto educativo», a la ínfima oferta de incremento para los docentes y al «pacto social» en el corazón mismo. En este sentido el paro del magisterio va más allá de la pelea por salarios. Implica un rechazo a la política económica y salarial de Samper.

Al mismo tiempo, entraña la defensa de la Ley General de Educación, amenazada por el Ministerio del ramo. Porque el segundo objetivo del movimiento es la derogatoria del decreto 2886 de 1994, que pretende revivir la municipalización, derrotada por el paro de 1993. El decreto resucita la Ley 29 de 1989, que tantos males le ha causado a la educación colombiana. El Ministerio ha desatado por todo el país una campaña contra la reforma educativa en el campo pedagógico, tratando de volver al currículo obligatorio e imponiendo la metodología constructivista, de carácter idealista. Por esa razón el paro también se propone obligar al gobierno a negociar con Fecode la reglamentación de toda la reforma educativa.

Lo que el paro desnuda es la esencia neoliberal y proimperialista del régimen del salto social y, en particular, de su política educativa. La lucha por un mejor salario es una condición para elevar la calidad de la enseñanza. Y la batalla por la reglamentación de la reforma significa la continuación del histórico movimiento del magisterio colombiano por una educación científica, nacional y al servicio del pueblo.

MOCKUS ARREMETE CONTRA LOS VENDEDORES AMBULANTES DE BOGOTÁ

Desde la madrugada del 20 de abril, dos mil agentes de la policía iniciaron el desalojo de doscientas familias de vendedores ambulantes del Siete de Agosto. Tal despliegue de unidades, de la magnitud de una ofensiva militar, no se había visto en Bogotá desde hace mucho tiempo. Esta es la verdadera imagen de Antanas Mockus, la que no muestra la prensa oficialista.

De nada valieron los esfuerzos de los sindicatos del gremio para lograr un arreglo con el gobierno. La brutalidad con la que actuó la fuerza pública, maltratando a humildes familias y levantando sus casetas, revivieron los peores procederes del fascismo.

Antanas Mockus reveló así lo que entiende por «recuperación del espacio público», lema planteado en su campaña electoral y plasmado en el Plan de Desarrollo que actualmente cursa en el Concejo.
Haciendo causa común con los pequeños comerciantes, el senador del MOIR, Jorge Santos, y el concejal de Bogotá, Francisco Pareja, se hicieron presentes durante el bárbaro desalojo y sufrieron también maltratos. Francisco Pareja ha venido librando desde el cabildo una importa lucha en defensa del derecho al trabajo procurando frenar la arremetida iniciada por la administración Mockus, que amenaza a los vendedores de San Victorino y demás importantes zonas comerciales.

Pareja ha señalado que el problema de las ventas ambulantes se origina en la falta de desarrollo industrial y en la ruina de la producción agropecuaria. Esta última ha traído migraciones masivas y un creciente desempleo, agravado por la apertura. Paradójicamente, los vendedores ambulantes son el último eslabón en la comercialización de las mercaderías que proliferan desde que esta política se está aplicando. Como los desalojos han comenzado en otras áreas de Bogotá, los vendedores hacen esfuerzos por unir sus organizaciones para enfrentar las agresivas medidas. Y han entendido que, teniendo al frente a Mockus y a Samper, la otra cara de la demagogia es siempre la más desnuda represión.

CONTINÚA LA RESISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

Alentados por el exitoso paro del 14 y 15 de marzo, los asalariados de la salud, con Sindess a la cabeza, llevaron acabo una nueva jornada de protesta, esta vez de 72 horas, a partir del 1° de Mayo. Ante la necesidad de superar viejas rencillas y la dispersión imperante, las organizaciones se reunieron en Medellín los días 20 y 21 de abril. Allí se ratificó la voluntad de enfrentar la liquidación de la salud pública, la privatización de la seguridad social y la política de salarios de hambre del régimen.

Asistieron la Asociación Médica Sindical, la Asociación de Enfermeras de Colombia, la Asociación Colombiana de Nutricionistas, la Asociación de Bacteriólogos Sindicalizados, la Asociación de Enfermeras Certificadas, la Asociación Sindical de Trabajadores del Hospital La Samaritana, varias seccionales de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, y los intergremiales de la salud de Antioquia, Santander, Caldas, Bogotá y Cundinamarca, entre otras organizaciones. Dicho evento, coordinado por el presidente nacional de Sindess, Aldo Cadena, y respaldado por Utradec y la CGTD, aprobó publicar el 23 de abril un comunicado en el que notifican al gobierno la creación del Comité Nacional Intergremial de la Salud y la Seguridad Social, la unificación de todas las aspiraciones salariales y prestacionales en un solo pliego nacional, así como la realización del segundo paro en lo que va corrido del año.

Para esta nueva batalla se alistaron los profesionales y trabajadores de base de diecinueve departamentos, incluidas las seccionales de Anthoc en Tolima, Bolívar, Bogotá, Risaralda y Antioquia, departamento en el que sumó también Sintraiss. Sin embargo, la actitud oficial ha sido desconocer la protesta y confundir a la opinión difundiendo la especie de que el movimiento persigue sólo reivindicaciones económicas y salariales. Lo que busca es limitar la lucha al ámbito de los trabajadores y distanciar a éstos del conjunto de la población afectada por el esquema privatizador que alienta la ley 100 de 1993. Pero la aparente indiferencia oficial ha sido superada por los hechos, al punto que el gobierno se vio obligado a convocar al Intergremial, después del reciente paro, aceptando nuevas negociaciones con base en el pliego unificado. De todas formas, la anormalidad continúa y en varias regiones se adelantan los preparativos con miras al paro indefinido, cuya realización será propuesta por Sindess al Comité Intergremial en los próximos días. En el curso de las conversaciones, el Ministro ha persistido en su intento de dividir a los trabajadores con toda clase de estratagemas.

«Salto social» para liquidar la salud pública
Lo que está en juego no es simplemente el futuro económico de los funcionarios de la salud, sino su estabilidad laboral y la permanencia de las instituciones públicas del sector. El propósito imperialista, agenciado por Gaviria y ahora por Samper, de descargar al Ministerio de sus responsabilidades, ha venido siendo alcanzado desde cuando la ley 10 de 1990 y otros decretos endosaron el vital servicio a los municipios y la comunidad. Como éstos no han podido asumir la carga, con la ley 60 de 1993 se les chantajea mediante el no giro del situado fiscal y se les amenaza con plazos perentorios.

El puntillazo final corre por cuenta de la ley 100 que implanta un esquema obligatorio de medicina prepagada, al que tendrán que someterse gradualmente todos los colombianos. Para ello se requiere desarticular el antiguo Sistema Nacional de Salud y su red sanitaria, convirtiendo los hospitales estatales en Empresas Sociales del Estado, con autonomía jurídica, financiera y administrativa, de manera que actúen sobre la base de la rentabilidad y no del servicio social. El objetivo es poner a depender económicamente a los hospitales no del presupuesto nacional, sino de la venta de servicios, otra forma de privatización. Los recursos estatales anteriormente destinados a la financiación de esas instituciones serán fuertemente recortados y asignados en la indignante forma de subsidios para unos cuantos menesterosos.

El gobierno busca deshacerse de la responsabilidad de atender la salud del pueblo, puesto que financieramente la descarga en los hombros de los trabajadores. En efecto, de los aportes de 12% que deben éstos cancelar, un punto va directamente a los fondos de subsidios. Para su propia atención sólo se destinará una suma fija anual, la Unidad por Capacitación, UPC. El excedente también irá a las arcas del Estado, convirtiéndose en un gravamen sobre el salario.

El porvenir de este modelo será dejar en manos de los monopolios privados todos los servicios de salud. La discusión que se adelantó acerca del monto de la UPC dejó al descubierto que sólo aquellas Empresas Promotoras de Salud, EPS, que logren capturar grandes cantidades de afiliados podrán sostenerse diluyendo los riesgos en una gran masa de usuarios. De las catorce empresas autorizadas para cumplir esta función, cuatro son propiedad de reconocidos grupos monopólicos nacionales y una pertenece mayoritariamente a una multinacional. De los trece millones de usuarios potenciales, el ISS recoge más de diez. O sea, que la batalla que se vislumbra es por sonsacarle a esta institución oficial sus afiliados para engrosar las utilidades de los pulpos, que pueden transitoriamente incluso trabajar a pérdida y ofrecer atractivos adicionales mientras marchitan al ISS y a las cajas de previsión, y se comen a los peces chicos: algunas cajas de compensación, el sector cooperativo y uno que otro iluso.

Con el «novísimo» sistema, los costos de los servicios de salud se incrementarán por encima del promedio de la inflación, «hoyo negro» que sólo podrá ser subsanado si se eleva el porcentaje de cotización, se reducen los servicios o ambas cosas a la vez. Esto se agudizará en cuanto los monopolios particulares se apoderen del mercado, alcancen la privatización total e impongan sus condiciones al conjunto de la nación.

En síntesis, el desmonte de la salud pública, mediante la transformación de los hospitales en empresas autónomas sujetas a la ley del lucro y la ganancia, no sólo afecta la calidad de los servicios a la población, sino que desmejora las condiciones laborales de los servidores del Estado, cuya lucha unificada y el respaldo del resto del pueblo constituye el camino para derrotar tan nefastos propósitos. A esas políticas antinacionales y antipopulares debemos responder, como el MOIR lo señala, ampliando la resistencia civil.

LA CONVENCIÓN DE LA USO, UNA VICTORIA SOBRE EL «PACTO SOCIAL»

Por Gustavo Triana

Tras cuatro meses de luchas, la USO acordó con Ecopetrol la convención colectiva para el período 1995-1997. Definida como una negociación contra el «pacto social», los intentos privatizadores del gobierno y por la estabilidad de la USO, los trabajadores arrancaron finalmente un aumento salarial de 22.5 %, con retroactividad al 1° de enero de 1995, rebasando la anterior vigencia, que se cumplía el 1° de marzo. Además, consiguieron significativos avances en materia de política petrolera y conquistaron nuevos logros en prestaciones.

Importantes avances en política petrolera
El punto convencional relativo a política petrolera se resume en el fortalecimiento y defensa de Ecopetrol. La USO obtuvo del gobierno una serie de compromisos concretos que frenan el proceso privatizador, y señaló su desacuerdo con el proyecto oficial que busca dividir la empresa.

Gracias a la firmeza de los trabajadores, será directamente Ecopetrol la que explore y explote el promisorio campo de Coporo, situado entre los departamentos de Meta, Casanare y Cundinamarca. Los estudios de superficie pronostican un yacimiento similar a los de Cusiana y Caño Limón, superior a los mil millones de barriles, riqueza que triplicará las reservas de la estatal petrolera. Fue una conquista de gran valor estratégico, pues ya Samper había anunciado que también este pozo se entregaría a las multinacionales.

La convención logró el compromiso de construir en Barranca una planta de refinación con capacidad de carga de 50 mil barriles diarios de crudo, que permitirá disminuir las importaciones de gasolina. La inversión ascenderá a más de 160 millones de dólares.

Se suscribió el compromiso de ampliar las plantas de polietileno y productos aromáticos de la actual refinería, y que Ecopetrol operará la Concesión Río Zulia, en Norte de Santander, antes en manos de la Chevron y del Grupo Santodomingo, que revirtió al Estado el 24 de abril, como fruto de otra importante batalla de la Unión Sindical Obrera. Cuando la ministra del Medio Ambiente, maniobrando en favor de la multinacional y el grupo financiero, alegó problemas de contaminación y ordenó cerrar los trabajos, los veinticinco obreros y técnicos que allí laboran se tomaron el campo, borraron los letreros del Grupo Santodomingo y pintaron los de Ecopetrol. Con la convención colectiva, este personal quedó integrado a la nómina de la empresa estatal.

Como una forma de frenar la reducción de la nómina se destaca que 158 trabajadores temporales serán enganchados con contrato a término indefinido.

Contra los propósitos gubernamentales de desmonte paulatino de la empresa, los trabajadores hicieron que quedara consignada la decisión de reponer los equipos necesarios para el mantenimiento de los pozos. Además, Ecopetrol operará directamente el Nuevo Oleoducto Central de los Llanos, que también se pretendía ceder a las trasnacionales.

La USO continuará exigiendo que sea Ecopetrol la que lo administre.

Reivindicaciones económicas y estabilidad sindical
En materia económica se lograron incrementos hasta de 40% en las partidas de educación y en los subsidios de transporte, alimentación y arriendo. Se aprobaron 800 préstamos para mejoramiento de vivienda y 2.580 para adquisición de computadores personales. Los aprendices del SENA se verán también beneficiados.

Con respecto a la estabilidad de la USO, ésta ha exigido una pronta solución para los dirigentes detenidos y las órdenes de captura que pesan todavía contra algunos trabajadores y dirigentes. En cuanto a las sanciones disciplinarias y levantamientos de fueros, se convino que no habrá despidos y las sanciones se reducen sustancialmente.

Es digno de resaltar que los triunfos obtenidos en esta negociación fueron posibles por la extraordinaria unidad que reinó en la Unión Sindical Obrera y entre los negociadores elegidos, así como por el apoyo de la CGTD y de las fuerzas consecuentes de la CUT, lo cual debe servir de ejemplo para futuros combates de los trabajadores colombianos.

El proletariado petrolero acaba de escribir una nueva página triunfal en su ya largo batallar. En esta ocasión, Samper y los demás subastadores de la riqueza nacional no lograron imponer el pacto social y encontraron freno a sus propósitos de engullirse la primera empresa nacional.

EN URABÁ, EL SECTOR BANANERO SE ASFIXIA

Por Gabriel Fonnegra

Aun cuando el régimen se empeña en disfrazar la crisis, la situación se ha hecho dramática en las casi 350 fincas que se extienden por 30 mil hectáreas en la hermosa región del Urabá antioqueño.

Hay decenas de predios en completo abandono. El área de cultivos embargados por la banca sigue en franco aumento. Una de las comercializadoras, Banacol, ha entrado en concordato. Numerosas empresas no han podido siquiera consignar cesantías ni cancelar las prestaciones del año pasado. Son cientos los obreros a quienes les han sido devueltos hasta cinco y más cheques de nómina. Están vencidos los aportes al ISS, al SENA y a las Cajas.

Las deudas de los cultivadores ascienden a 56 mil millones de pesos, buena parte de ellas contraídas con bancos oficiales, «tan implacables como los privados a la hora de embargar y estrujar», en opinión de un empresario. Los créditos baratos son un simple recuerdo. El reciente plan samperista de refinanciación no ha hecho más que incrementar las obligaciones.

Las plantaciones, en franco deterioro por la aplicación insuficiente de plaguicidas y fertilizantes, y por la desmejora en las labores culturales y ayudas agronómicas, no rinden como antes. La productividad anual por hectárea, en lugar de crecer, cayó de 2.400 cajas a 1.796 en los últimos años.

Samper se ha limitado a continuar la obra destructora de Gaviria. Con la revaluación oficial, que ha provocado pérdidas por 187 millones de dólares, los empresarios han sido encaminados a una sin salida.

Juan Diego Vélez Maya, presidente de Augura, denunciaba con ironía las secuelas ruinosas de la apertura: «Aunque contáramos con un Ministerio de Agricultura fuerte con claras políticas de fomento y defensa del sector, con claridad sobre el papel social de la agricultura y su importancia para el pueblo, y sin los efectos nefastos de la competencia desigual que resulta de realizar una apertura con países de agriculturas subsidiadas, no es posible desarrollar el campo colombiano».

Subsidios como el CAT y los CERT han caído desde 15%, en los ochenta, hasta 2.5% en los meses recientes, porcentaje que en la práctica se reduce a 1.59%. Acaba de establecerse un CERT de 5% sobre las exportaciones, pero tan sólo por dos meses, lo que no garantiza a nadie la permanencia de la ayuda oficial. La pomposa medida equivale apenas a 5.1 millones de dólares, cuando el problema, como se ha visto, supera los 187 millones.

Ante la ola incontenible de secuestros, la mayoría de los dueños ni siquiera puede hacer acto de presencia en sus fincas, lo que afecta severamente la gestión administrativa.

La guerrilla se adueña de los campos. Nadie revela ya extrañeza cuando a la vera de los ríos aparecen a diario trabajadores ultimados a tiros, o administradores, o dirigentes sindicales. Ante tan asfixiante clima de anarquía, el gobierno se sigue resistiendo a ofrecer garantías serias a la vida y los bienes de las personas.

La iliquidez es absoluta. «El problema de bulto que nos afecta a todos es la carencia de efectivo – sostuvo un empresario-. Antes lo había hasta para atender a la vacuna; hoy no hay plata siquiera para pagar salarios».

En medio de este caos, el país se ha enterado con sorpresa de que varias trasnacionales gringas aparecen ahora como dueñas directas de una porción inmensa del área explotada -que podría abarcar más de 25% del total-, resueltas a barrer con las tres principales comercializadoras nacionales, Uniban, Proban y Banacol.

Adquiriendo las tierras a precio de remate, por conducto de testaferros, ha hecho su irrupción la Chiquita Brands. «¿Por qué se resolvieron a volver en calidad de productores directos y comercializadores -se pregunta Enrique Molinares-, si el orden público continúa alterado? Su táctica, mantenida en reserva desde 1987, la hemos venido a descifrar apenas ahora: es la muy conocida del caballo de Troya. Las compañías gringas preveían desde hace años el acuerdo marco entre Latinoamérica y la Unión Europea. Sucede que en los demás países del área del dólar -Ecuador, Panamá, Honduras y Guatemala-, la Chiquita, la Standard y la Del Monte dominan por completo la producción. En Costa Rica, en cambio, al igual que en Colombia, el capital nacional venía ganando fuerza. De manera que a las transnacionales les faltan Costa Rica y Colombia para armar por completo el rompecabezas. Aquí han llegado, pues, como en tiempos de la United Fruit, a buscar el absoluto predominio. Su objetivo estratégico se ha puesto al descubierto: se proponen ser ellas las mayores beneficiarias de los acuerdos bananeros de América Latina con la Unión Europea».

En contraste con la penosa situación que abate a los finqueros, la de las multinacionales es boyante. «Banadex es la única que está al día en los pagos -señala un empresario-. En Urabá corre la voz de que se encuentra a paz y salvo inclusive con la guerrilla. Hasta en esto le va mejor que a los cultivadores nacionales».

Otros beneficiarios de la crisis han sido los seis o siete grupos financieros. Como en el resto del país, también aquí la banca se ha enriquecido aprovechando las afugias del sector productivo.

Mercado internacional desfavorable
La actual crisis se comenzó a agravar en 1992, cuando los productores del área del dólar, los del Caribe anglo-francés y los de las antiguas colonias africanas, incrementaron fuertemente las siembras pensando en explotar las posibilidades abiertas por la Unión Europea. En sólo dos años, la zona bananera de Urabá se amplió de 18 a 32 mil hectáreas, y la del Magdalena, de 4 a 15 mil.

Al presentarse en 1994 una sobreoferta mundial, la UE resolvió estatuir barreras a las importaciones de la América Hispana, imponiéndoles una cuota anual de 2.2 millones de toneladas. Días más tarde decidió recargarlas con fuertes aranceles y excluyó a Proban, Banacol y Uniban de la comercialización directa en puertos europeos. Dichas disposiciones iban en beneficio de las antiguas colonias, como también de España, Grecia y Portugal, productores directos de la fruta.

Las comercializadoras colombianas se lanzaron entonces a abrir mercados en Europa del Este y a incrementar los de Norteamérica. El fugaz éxito resultó opacado por la caída de los precios y por el pernicioso neoliberalismo de las dos últimas administraciones.

También a Costa Rica la están perjudicando los flujos y reflujos del mercado internacional. La enorme diferencia es que allí los gobiernos se han volcado a apoyar la actividad; aquí los de Gaviria y Samper, en cambio, no han hecho más que causarle daños. Que las medidas oficiales son factor principal de la imparable bancarrota lo revela el siguiente hecho: a partir de 1992, el precio para el productor, por caja de fruta, es en promedio de 4.25 dólares, el más alto en los 110 años de historia bananera en nuestro país. Y aun así, la quiebra del sector es inminente.

Como Uniban, Proban y Banacol habían obtenido, en el marco del acuerdo suscrito con Europa, que de los 2.2 millones de toneladas, el 21 % le correspondiera a Colombia, Clinton salió a apoyar las pretensiones de la Chiquita Brands y otros consorcios, en su exigencia de que a nuestro país le fuera recortado el porcentaje. Las multinacionales nos exigen ceder un monto sustancial, en provecho de Panamá, Ecuador y Centroamérica, donde el negocio se encuentra dominado por ellas.

Clinton amenaza a Colombia con aplicarle la super ley 301 de 1974 si insiste en defender su cuota de 21%. Autoridades gringas han dejado muy claro que podrían tomarse severas represalias contra el café, las flores y las manufacturas. De llevarse a la práctica tal chantaje, la industria bananera de Colombia sufriría un nuevo revés, ya que 51% del total de su producción va destinado a Norteamérica.

La oposición de Estados Unidos al acuerdo firmado por Europa con las naciones de América Latina hace parte de la aguda confrontación que mantienen estos dos grandes bloques mundiales. Costa Rica y Colombia han sido cogidas entre dos fuegos.

Llevando la vocería, no de los empresarios nacionales sino del capital norteamericano, el gobierno ha informado que obligará a Proban, Banacol y Uniban a renunciar a porcentajes de sus ventas en pro de las trasnacionales gringas que operan en Colombia. Samper, en síntesis, está dispuesto a arrodillarse… para variar. Tal es la claudicante fórmula que el ministro de Comercio Exterior le transmitió al representante de Comercio míster Kantor.

Sombríos nubarrones se ciernen sobre la ya maltrecha zona de Urabá. Para salirle al paso a tan nefasta conspiración, un foro reunido no hace mucho en Apartadó propuso un frente amplio y unitario, con participación de todos los estamentos sociales, incluidos los empresarios nacionales, el defensa de la soberanía económica y la producción nacional.

Albeiro Franco, presidente de Utradiban-CGTD, ha señalado: » Si no luchamos, el gobierno de Samper terminará por dejarle la solución de la crisis a las llamada leyes del mercado, que son las de los monopolios. Las tierras comercializadoras colombianas acabarán por cambiar de dueño.

Es la política del ¡sálvese quien pueda! «

EL GOBIERNO NO CUMPLE, LOS AGRICULTORES YA NO TIENEN PACIENCIA

No hay renglón que se salve. Los cereales disminuyen año por año, condenados a la desaparición por causa de la política y la presión de las grandes comercializadoras mundiales. El banano, que sobrevivió a la crisis de los sesentas mediante el esfuerzo y la dedicación de los productores y las compañías nacionales, sufre nuevamente la voracidad de las multinacionales. Las flores se marchitan por los golpes simultáneos del proteccionismo norteamericano y la apertura gavisamperista. La fruticultura no sale del cascarón y no parece tener perspectivas frente a la falta de créditos de fomento, la carencia de paquetes tecnológicos y el raquitismo de nuestros sistemas de mercadeo. Los cafeteros, ayer comedidos y respetuosos baluartes de los gobiernos de turno, no vacilan ya en tomarse las calles y plazas de las ciudades y pueblos de la zona cafetera con enérgicas protestas y anuncian formas más altas de presión si el gobierno y la Federación no les presentan soluciones reales a sus problemas.

Como los gobernantes no escuchan las voces de descontento, su sordera conseguirá indefectiblemente que los tímidos requerimientos se vayan convirtiendo en reclamos cada vez más airados.

Arroz, paro en remojo
Claro ejemplo de lo anotado es el proceso vivido por los cultivadores colombianos de arroz. En julio de 1991, los arroceros del Llano denunciaban: «Cuando al país todo se le tiene atosigado con la propaganda aperturista y a los agricultores se les desafía a que salgan inermes y desprotegidos a competir con los productores altamente subsidiados de las grandes potencias, ocurre ahora que el gobierno ordena el cierre de las exportaciones de arroz impidiéndonos obtener los beneficios de un precio internacional del grano especialmente alto. Esto nos hace pensar que la apertura es de una sola vía: para que entren las mercancías y productos extranjeros, dominen nuestros mercados y quiebren a nuestros empresarios».

En julio de 1993, el ministro de Agricultura de Colombia, José Antonio Ocampo, actual jefe de Planeación Nacional, en aras de «mantener la integración con Venezuela» y de «ordenar el mercado arrocero binacional», se puso de acuerdo con su homólogo venezolano para conceder al vecino país una cuota fija de exportación de 38 mil toneladas en 1993 y de 60 mil en 1994. Arroz que al entrar a Colombia, y sumado a los otros miles de toneladas de grano de contrabando que inundaron nuestro mercado, son causa fundamental de las graves dificultades que hoy soporta la industria arrocera nacional.

En el segundo semestre de 1994, y esperanzados en las promesas de Samper durante su campaña electoral, los cultivadores solicitaron insistentemente al gobierno una enérgica acción contra el contrabando del grano, el restablecimiento de 30% en el arancel para importaciones desde terceros países y la aplicación de la cláusula de salvaguardia andina para frenar el ingreso de arroces por triangulación a través de Ecuador y Venezuela. El ministro Hernández Gamarra, como es común a los altos funcionarios de este gobierno, sólo respondió con evasivas y con las mismas promesas incumplidas.

Agotados los trámites en su larga peregrinación ante las instancias oficiales, con pérdidas acumuladas por más de 5.000 millones de pesos y 30.000 hectáreas menos de siembras en lo que va corrido de 1995, los arroceros fijaron el 18 de mayo como plazo final que dan al gobierno para que responda positiva y efectivamente a sus peticiones. De no darse esa respuesta, los agricultores saldrán con camionetas, combinadas, tractores y camperos a bloquear las carreteras y a hacer sentir su fuerza y la firme decisión de luchar por sus intereses.

Independientemente de lo aprobado en las asambleas del 18 de mayo, lo cierto es que los cultivadores de arroz en Colombia tendrán que prepararse para frecuentes enfrentamientos con el gobierno. La política que el imperio norteamericano les impone con la apertura a las administraciones lacayas, ¡y la de nuestro país sí que lo es!, no es otra que la de eliminar paulatinamente la producción nacional que pueda impedir la entrada masiva de los productos gringos.

Con la apertura se pone seriamente en peligro la industria arrocera colombiana, después de que en el período 1960-1990 logró ampliar sus áreas de siembra, elevar su productividad, introducir nuevas técnicas, abastecer el consumo interno y alcanzar en varias regiones rendimientos (en toneladas por hectárea) más altos que en algunos países de vanguardia en la producción arrocera mundial.

Los problemas de nuestros empresarios no residen en la falta de eficiencia como cacarean los pregoneros de la apertura. Dado que las exportaciones mundiales de arroz suman apenas 10 millones de toneladas, la ampliación en 2 millones, que es la demanda interna colombiana, se convierte en un bocado apetecible. Para quedarse con ese segmento, las comercializadoras internacionales tienen que quebrar la producción nacional de arroz, como ya lo hicieron con el trigo, la cebada y el maíz.

Frente al entreguismo que caracteriza a nuestros gobernantes y que facilita la labor de los grandes pulpos, no queda más alternativa que la acción unificada de los agricultores, a quienes ya no les queda ni paciencia.