LOS AFANES DEL PRESIDENTE

Criado en Estados Unidos, el presidente Sánchez se graduó en la Universidad de Chicago. Como ministro de Planeación de Bolivia, y asociado con un economista de Harvard, aplicó a mediados de 1980 una terapia de choque rebajando aranceles, regulaciones y subsidios. En su mira privatizadora ya están compañías estatales claves: transporte aéreo, teléfonos, petróleo, ferrocarriles y la empresa de fundición de estaño.

En este país de siete millones de habitantes, 74% de la entrada de divisas está representada en un par de productos: estaño y gas natural. La miseria en que los monopolios extranjeros la han sumido se confirma en las cifras más crudas del Continente: 95% de la población rural está en la miseria, 46% de niños, subnutridos y la mortalidad infantil en 1985 era de 213 por cada mil nacidos vivos. En las zonas rurales sólo 7% de las viviendas tiene electricidad, apenas 10% cuentan con agua potable y 93% carecen de servicios sanitarios básicos. Junto con Haití tiene el más bajo Producto Nacional Bruto y la menor esperanza de vida, 53 años.

A los mandatarios neoliberales, claro está, otros afanes los desvelan. Entrevistado por una revista norteamericana, el Presidente dijo: “Queremos a la gente participando en la privatización… Queremos a la gente boliviana leyendo a Forbes, no a Karl Marx”. Huelgas, marchas, bloqueos, y todas las formas de resistencia civil en marcha, presagian que, a pesar de los cipayescos gustos del Ejecutivo, Marx tendrá millones de ávidos lectores también en los sagrados altiplanos de Bolivia.

EL MAGISTERIO EN PARO POR SALARIO PROFESIONAL

Por José Fernando Ocampo

El 8 de mayo doscientos cincuenta mil educadores entraron al paro indefinido para obtener un salario profesional. Las multitudinarias concentraciones y marchas dan muestra de cuán urgente es la mejora sustancial de la paga de los maestros. Es la primera vez en 35 años que la Federación Colombiana de Educadores declara un cese en procura de aumentos. Los anteriores apuntaron a la obtención del Estatuto Docente, del régimen prestacional y de la reforma educativa, o al cumplimiento de los sueldos y primas, pero nunca al incremento de la remuneración.

Hoy el país reconoce que la retribución de los maestros es irrisoria y no se compadece con la trascendencia de la labor de educar a la niñez y la juventud. Un docente normalista recién egresado apenas gana poco más de un salario mínimo, y el promedio del sector no alcanza los tres. Los profesores con título universitario y catorce años de experiencia devengan 550 mil pesos mensuales, ingreso muy inferior al de la mayoría de los países latinoamericanos.

La respuesta del gobierno de Samper ha sido tramposa y demagógica. Durante la campaña electoral empeñó su palabra en que mejoraría las condiciones de vida de los educadores. Después, los hechos han desmentido todas sus promesas.

En lugar de salarios, el gobierno basa su propuesta en incentivos. Es decir, no se aumenta la remuneración del docente, sino que se le obliga a competir por incrementos transitorios cuyas condiciones no dependen de su trabajo, asignados arbitrariamente por alcaldes o autoridades educativas.

El caso de la jornada única es muy diciente. Desde 1968 Lleras estableció la doble jornada diurna para aumentar la cobertura sin invertir en construcción de planteles, lo que rebajó la calidad de la educación pública. Hoy el gobierno ofrece incentivos a los educadores que amplíen el tiempo de enseñanza. Sin embargo, para establecer la jornada única, como lo ordena la Ley General de Educación, se requiere aumentar en una tercera parte la planta física nacional.

Los demás incentivos, o le dan vía libre al clientelismo al asignarles a las autoridades locales la distribución de los premios, o colocan a los docentes en la posición de pelear migajas con sus colegas y con los directivos para mejorar un poco sus ingresos. Se trata de un arma para manipular al magisterio. En esencia, el gobierno aquí aplica también el “pacto social” de productividad, precios y salarios. Queda al descubierto el carácter neoliberal de la política educativa de Samper, cuyo fundamento reside en concebir la educación como una mercancía, sujeta a la ley de la máxima ganancia.

Contra esta engañosa oferta, Fecode lanzó el paro nacional indefinido. Por la presión, el ministro de Educación, Sarabia Better, aceptó pasar de 300 mil a 800 mil millones de pesos, para distribuirlos en tres años, pero mantuvo el mayor porcentaje para los incentivos, en contra de las mejoras salariales. Solamente la mitad se asignaría a las mensualidades, pero sin aplicarles a los: porcentajes de aumento el índice de inflación. En estos términos el incremento con miras al salario profesional llegaría en tres años apenas a casi un 16% para 1998, o sea, 4.5% en el primer año, 6.5% en el segundo y un poco más de 4% en el tercero.

Mantener una propuesta de incentivos contra salarios significa una burla para el magisterio. El Ministro ha esgrimido el argumento de que la calidad de la educación depende de los incentivos y que el alza de salarios no la garantiza. Sin embargo, mientras predica la calidad se excusa de su propia responsabilidad, para descargársela a los educadores. La infraestructura y la dotación no dependen de los maestros, sino del gobierno. La jornada doble no fue invento del magisterio. El número de alumnos por docente no puede duplicarse para ampliar la cobertura en detrimento de la calidad.

Al mismo tiempo que predica sobre la calidad, el gobierno fomenta programas que atentan contra ella. En el plan de desarrollo asignó doscientos mil millones de pesos para subsidiar la educación privada del más bajo nivel académico, y solamente una suma igual para la construcción de planteles, condición indispensable para restablecer la jornada única diurna en todas las instituciones. Dedica más de un billón de pesos a los hogares comunitarios, que colocan la infancia en manos de “madres comunitarias” sin ninguna formación pedagógica, sin capacidad alguna para el cuidado de los niños y en condiciones denigrantes.

El magisterio se ha comprometido con la reforma educativa que defendió con el paro de 1993. Su propósito fundamental consiste en mejorar la calidad científica de la educación. Ningún maestro duda sobre las bondades del restablecimiento de una sola jornada diurna. La autonomía escolar exige una consagración mayor al trabajo pedagógico. En esa dirección apunta la Ley General de Educación cuando establece un sistema de evaluación de los educadores acorde con el Estatuto Docente. Acusar a los cientos de miles de educadores que batallaron por la reforma, y a Fecode, de que no tienen compromiso con la calidad de la educación es erróneo e injusto.

Derrotar la propuesta de incentivos significa un golpe al criterio de productividad aplicado al aumento de salario de los trabajadores, ala demagogia del “salto educativo”, a la ínfima oferta de incremento para los docentes y al “pacto social” en el corazón mismo. En este sentido el paro del magisterio va más allá de la pelea por salarios. Implica un rechazo a la política económica y salarial de Samper.

Al mismo tiempo, entraña la defensa de la Ley General de Educación, amenazada por el Ministerio del ramo. Porque el segundo objetivo del movimiento es la derogatoria del decreto 2886 de 1994, que pretende revivir la municipalización, derrotada por el paro de 1993. El decreto resucita la Ley 29 de 1989, que tantos males le ha causado a la educación colombiana. El Ministerio ha desatado por todo el país una campaña contra la reforma educativa en el campo pedagógico, tratando de volver al currículo obligatorio e imponiendo la metodología constructivista, de carácter idealista. Por esa razón el paro también se propone obligar al gobierno a negociar con Fecode la reglamentación de toda la reforma educativa.

Lo que el paro desnuda es la esencia neoliberal y proimperialista del régimen del salto social y, en particular, de su política educativa. La lucha por un mejor salario es una condición para elevar la calidad de la enseñanza. Y la batalla por la reglamentación de la reforma significa la continuación del histórico movimiento del magisterio colombiano por una educación científica, nacional y al servicio del pueblo.

MOCKUS ARREMETE CONTRA LOS VENDEDORES AMBULANTES DE BOGOTÁ

Desde la madrugada del 20 de abril, dos mil agentes de la policía iniciaron el desalojo de doscientas familias de vendedores ambulantes del Siete de Agosto. Tal despliegue de unidades, de la magnitud de una ofensiva militar, no se había visto en Bogotá desde hace mucho tiempo. Esta es la verdadera imagen de Antanas Mockus, la que no muestra la prensa oficialista.

De nada valieron los esfuerzos de los sindicatos del gremio para lograr un arreglo con el gobierno. La brutalidad con la que actuó la fuerza pública, maltratando a humildes familias y levantando sus casetas, revivieron los peores procederes del fascismo.

Antanas Mockus reveló así lo que entiende por “recuperación del espacio público”, lema planteado en su campaña electoral y plasmado en el Plan de Desarrollo que actualmente cursa en el Concejo.
Haciendo causa común con los pequeños comerciantes, el senador del MOIR, Jorge Santos, y el concejal de Bogotá, Francisco Pareja, se hicieron presentes durante el bárbaro desalojo y sufrieron también maltratos. Francisco Pareja ha venido librando desde el cabildo una importa lucha en defensa del derecho al trabajo procurando frenar la arremetida iniciada por la administración Mockus, que amenaza a los vendedores de San Victorino y demás importantes zonas comerciales.

Pareja ha señalado que el problema de las ventas ambulantes se origina en la falta de desarrollo industrial y en la ruina de la producción agropecuaria. Esta última ha traído migraciones masivas y un creciente desempleo, agravado por la apertura. Paradójicamente, los vendedores ambulantes son el último eslabón en la comercialización de las mercaderías que proliferan desde que esta política se está aplicando. Como los desalojos han comenzado en otras áreas de Bogotá, los vendedores hacen esfuerzos por unir sus organizaciones para enfrentar las agresivas medidas. Y han entendido que, teniendo al frente a Mockus y a Samper, la otra cara de la demagogia es siempre la más desnuda represión.

CONTINÚA LA RESISTENCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

Alentados por el exitoso paro del 14 y 15 de marzo, los asalariados de la salud, con Sindess a la cabeza, llevaron acabo una nueva jornada de protesta, esta vez de 72 horas, a partir del 1° de Mayo. Ante la necesidad de superar viejas rencillas y la dispersión imperante, las organizaciones se reunieron en Medellín los días 20 y 21 de abril. Allí se ratificó la voluntad de enfrentar la liquidación de la salud pública, la privatización de la seguridad social y la política de salarios de hambre del régimen.

Asistieron la Asociación Médica Sindical, la Asociación de Enfermeras de Colombia, la Asociación Colombiana de Nutricionistas, la Asociación de Bacteriólogos Sindicalizados, la Asociación de Enfermeras Certificadas, la Asociación Sindical de Trabajadores del Hospital La Samaritana, varias seccionales de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, y los intergremiales de la salud de Antioquia, Santander, Caldas, Bogotá y Cundinamarca, entre otras organizaciones. Dicho evento, coordinado por el presidente nacional de Sindess, Aldo Cadena, y respaldado por Utradec y la CGTD, aprobó publicar el 23 de abril un comunicado en el que notifican al gobierno la creación del Comité Nacional Intergremial de la Salud y la Seguridad Social, la unificación de todas las aspiraciones salariales y prestacionales en un solo pliego nacional, así como la realización del segundo paro en lo que va corrido del año.

Para esta nueva batalla se alistaron los profesionales y trabajadores de base de diecinueve departamentos, incluidas las seccionales de Anthoc en Tolima, Bolívar, Bogotá, Risaralda y Antioquia, departamento en el que sumó también Sintraiss. Sin embargo, la actitud oficial ha sido desconocer la protesta y confundir a la opinión difundiendo la especie de que el movimiento persigue sólo reivindicaciones económicas y salariales. Lo que busca es limitar la lucha al ámbito de los trabajadores y distanciar a éstos del conjunto de la población afectada por el esquema privatizador que alienta la ley 100 de 1993. Pero la aparente indiferencia oficial ha sido superada por los hechos, al punto que el gobierno se vio obligado a convocar al Intergremial, después del reciente paro, aceptando nuevas negociaciones con base en el pliego unificado. De todas formas, la anormalidad continúa y en varias regiones se adelantan los preparativos con miras al paro indefinido, cuya realización será propuesta por Sindess al Comité Intergremial en los próximos días. En el curso de las conversaciones, el Ministro ha persistido en su intento de dividir a los trabajadores con toda clase de estratagemas.

“Salto social” para liquidar la salud pública
Lo que está en juego no es simplemente el futuro económico de los funcionarios de la salud, sino su estabilidad laboral y la permanencia de las instituciones públicas del sector. El propósito imperialista, agenciado por Gaviria y ahora por Samper, de descargar al Ministerio de sus responsabilidades, ha venido siendo alcanzado desde cuando la ley 10 de 1990 y otros decretos endosaron el vital servicio a los municipios y la comunidad. Como éstos no han podido asumir la carga, con la ley 60 de 1993 se les chantajea mediante el no giro del situado fiscal y se les amenaza con plazos perentorios.

El puntillazo final corre por cuenta de la ley 100 que implanta un esquema obligatorio de medicina prepagada, al que tendrán que someterse gradualmente todos los colombianos. Para ello se requiere desarticular el antiguo Sistema Nacional de Salud y su red sanitaria, convirtiendo los hospitales estatales en Empresas Sociales del Estado, con autonomía jurídica, financiera y administrativa, de manera que actúen sobre la base de la rentabilidad y no del servicio social. El objetivo es poner a depender económicamente a los hospitales no del presupuesto nacional, sino de la venta de servicios, otra forma de privatización. Los recursos estatales anteriormente destinados a la financiación de esas instituciones serán fuertemente recortados y asignados en la indignante forma de subsidios para unos cuantos menesterosos.

El gobierno busca deshacerse de la responsabilidad de atender la salud del pueblo, puesto que financieramente la descarga en los hombros de los trabajadores. En efecto, de los aportes de 12% que deben éstos cancelar, un punto va directamente a los fondos de subsidios. Para su propia atención sólo se destinará una suma fija anual, la Unidad por Capacitación, UPC. El excedente también irá a las arcas del Estado, convirtiéndose en un gravamen sobre el salario.

El porvenir de este modelo será dejar en manos de los monopolios privados todos los servicios de salud. La discusión que se adelantó acerca del monto de la UPC dejó al descubierto que sólo aquellas Empresas Promotoras de Salud, EPS, que logren capturar grandes cantidades de afiliados podrán sostenerse diluyendo los riesgos en una gran masa de usuarios. De las catorce empresas autorizadas para cumplir esta función, cuatro son propiedad de reconocidos grupos monopólicos nacionales y una pertenece mayoritariamente a una multinacional. De los trece millones de usuarios potenciales, el ISS recoge más de diez. O sea, que la batalla que se vislumbra es por sonsacarle a esta institución oficial sus afiliados para engrosar las utilidades de los pulpos, que pueden transitoriamente incluso trabajar a pérdida y ofrecer atractivos adicionales mientras marchitan al ISS y a las cajas de previsión, y se comen a los peces chicos: algunas cajas de compensación, el sector cooperativo y uno que otro iluso.

Con el “novísimo” sistema, los costos de los servicios de salud se incrementarán por encima del promedio de la inflación, “hoyo negro” que sólo podrá ser subsanado si se eleva el porcentaje de cotización, se reducen los servicios o ambas cosas a la vez. Esto se agudizará en cuanto los monopolios particulares se apoderen del mercado, alcancen la privatización total e impongan sus condiciones al conjunto de la nación.

En síntesis, el desmonte de la salud pública, mediante la transformación de los hospitales en empresas autónomas sujetas a la ley del lucro y la ganancia, no sólo afecta la calidad de los servicios a la población, sino que desmejora las condiciones laborales de los servidores del Estado, cuya lucha unificada y el respaldo del resto del pueblo constituye el camino para derrotar tan nefastos propósitos. A esas políticas antinacionales y antipopulares debemos responder, como el MOIR lo señala, ampliando la resistencia civil.

LA CONVENCIÓN DE LA USO, UNA VICTORIA SOBRE EL “PACTO SOCIAL”

Por Gustavo Triana

Tras cuatro meses de luchas, la USO acordó con Ecopetrol la convención colectiva para el período 1995-1997. Definida como una negociación contra el “pacto social”, los intentos privatizadores del gobierno y por la estabilidad de la USO, los trabajadores arrancaron finalmente un aumento salarial de 22.5 %, con retroactividad al 1° de enero de 1995, rebasando la anterior vigencia, que se cumplía el 1° de marzo. Además, consiguieron significativos avances en materia de política petrolera y conquistaron nuevos logros en prestaciones.

Importantes avances en política petrolera
El punto convencional relativo a política petrolera se resume en el fortalecimiento y defensa de Ecopetrol. La USO obtuvo del gobierno una serie de compromisos concretos que frenan el proceso privatizador, y señaló su desacuerdo con el proyecto oficial que busca dividir la empresa.

Gracias a la firmeza de los trabajadores, será directamente Ecopetrol la que explore y explote el promisorio campo de Coporo, situado entre los departamentos de Meta, Casanare y Cundinamarca. Los estudios de superficie pronostican un yacimiento similar a los de Cusiana y Caño Limón, superior a los mil millones de barriles, riqueza que triplicará las reservas de la estatal petrolera. Fue una conquista de gran valor estratégico, pues ya Samper había anunciado que también este pozo se entregaría a las multinacionales.

La convención logró el compromiso de construir en Barranca una planta de refinación con capacidad de carga de 50 mil barriles diarios de crudo, que permitirá disminuir las importaciones de gasolina. La inversión ascenderá a más de 160 millones de dólares.

Se suscribió el compromiso de ampliar las plantas de polietileno y productos aromáticos de la actual refinería, y que Ecopetrol operará la Concesión Río Zulia, en Norte de Santander, antes en manos de la Chevron y del Grupo Santodomingo, que revirtió al Estado el 24 de abril, como fruto de otra importante batalla de la Unión Sindical Obrera. Cuando la ministra del Medio Ambiente, maniobrando en favor de la multinacional y el grupo financiero, alegó problemas de contaminación y ordenó cerrar los trabajos, los veinticinco obreros y técnicos que allí laboran se tomaron el campo, borraron los letreros del Grupo Santodomingo y pintaron los de Ecopetrol. Con la convención colectiva, este personal quedó integrado a la nómina de la empresa estatal.

Como una forma de frenar la reducción de la nómina se destaca que 158 trabajadores temporales serán enganchados con contrato a término indefinido.

Contra los propósitos gubernamentales de desmonte paulatino de la empresa, los trabajadores hicieron que quedara consignada la decisión de reponer los equipos necesarios para el mantenimiento de los pozos. Además, Ecopetrol operará directamente el Nuevo Oleoducto Central de los Llanos, que también se pretendía ceder a las trasnacionales.

La USO continuará exigiendo que sea Ecopetrol la que lo administre.

Reivindicaciones económicas y estabilidad sindical
En materia económica se lograron incrementos hasta de 40% en las partidas de educación y en los subsidios de transporte, alimentación y arriendo. Se aprobaron 800 préstamos para mejoramiento de vivienda y 2.580 para adquisición de computadores personales. Los aprendices del SENA se verán también beneficiados.

Con respecto a la estabilidad de la USO, ésta ha exigido una pronta solución para los dirigentes detenidos y las órdenes de captura que pesan todavía contra algunos trabajadores y dirigentes. En cuanto a las sanciones disciplinarias y levantamientos de fueros, se convino que no habrá despidos y las sanciones se reducen sustancialmente.

Es digno de resaltar que los triunfos obtenidos en esta negociación fueron posibles por la extraordinaria unidad que reinó en la Unión Sindical Obrera y entre los negociadores elegidos, así como por el apoyo de la CGTD y de las fuerzas consecuentes de la CUT, lo cual debe servir de ejemplo para futuros combates de los trabajadores colombianos.

El proletariado petrolero acaba de escribir una nueva página triunfal en su ya largo batallar. En esta ocasión, Samper y los demás subastadores de la riqueza nacional no lograron imponer el pacto social y encontraron freno a sus propósitos de engullirse la primera empresa nacional.

EN URABÁ, EL SECTOR BANANERO SE ASFIXIA

Por Gabriel Fonnegra

Aun cuando el régimen se empeña en disfrazar la crisis, la situación se ha hecho dramática en las casi 350 fincas que se extienden por 30 mil hectáreas en la hermosa región del Urabá antioqueño.

Hay decenas de predios en completo abandono. El área de cultivos embargados por la banca sigue en franco aumento. Una de las comercializadoras, Banacol, ha entrado en concordato. Numerosas empresas no han podido siquiera consignar cesantías ni cancelar las prestaciones del año pasado. Son cientos los obreros a quienes les han sido devueltos hasta cinco y más cheques de nómina. Están vencidos los aportes al ISS, al SENA y a las Cajas.

Las deudas de los cultivadores ascienden a 56 mil millones de pesos, buena parte de ellas contraídas con bancos oficiales, “tan implacables como los privados a la hora de embargar y estrujar”, en opinión de un empresario. Los créditos baratos son un simple recuerdo. El reciente plan samperista de refinanciación no ha hecho más que incrementar las obligaciones.

Las plantaciones, en franco deterioro por la aplicación insuficiente de plaguicidas y fertilizantes, y por la desmejora en las labores culturales y ayudas agronómicas, no rinden como antes. La productividad anual por hectárea, en lugar de crecer, cayó de 2.400 cajas a 1.796 en los últimos años.

Samper se ha limitado a continuar la obra destructora de Gaviria. Con la revaluación oficial, que ha provocado pérdidas por 187 millones de dólares, los empresarios han sido encaminados a una sin salida.

Juan Diego Vélez Maya, presidente de Augura, denunciaba con ironía las secuelas ruinosas de la apertura: “Aunque contáramos con un Ministerio de Agricultura fuerte con claras políticas de fomento y defensa del sector, con claridad sobre el papel social de la agricultura y su importancia para el pueblo, y sin los efectos nefastos de la competencia desigual que resulta de realizar una apertura con países de agriculturas subsidiadas, no es posible desarrollar el campo colombiano”.

Subsidios como el CAT y los CERT han caído desde 15%, en los ochenta, hasta 2.5% en los meses recientes, porcentaje que en la práctica se reduce a 1.59%. Acaba de establecerse un CERT de 5% sobre las exportaciones, pero tan sólo por dos meses, lo que no garantiza a nadie la permanencia de la ayuda oficial. La pomposa medida equivale apenas a 5.1 millones de dólares, cuando el problema, como se ha visto, supera los 187 millones.

Ante la ola incontenible de secuestros, la mayoría de los dueños ni siquiera puede hacer acto de presencia en sus fincas, lo que afecta severamente la gestión administrativa.

La guerrilla se adueña de los campos. Nadie revela ya extrañeza cuando a la vera de los ríos aparecen a diario trabajadores ultimados a tiros, o administradores, o dirigentes sindicales. Ante tan asfixiante clima de anarquía, el gobierno se sigue resistiendo a ofrecer garantías serias a la vida y los bienes de las personas.

La iliquidez es absoluta. “El problema de bulto que nos afecta a todos es la carencia de efectivo – sostuvo un empresario-. Antes lo había hasta para atender a la vacuna; hoy no hay plata siquiera para pagar salarios”.

En medio de este caos, el país se ha enterado con sorpresa de que varias trasnacionales gringas aparecen ahora como dueñas directas de una porción inmensa del área explotada -que podría abarcar más de 25% del total-, resueltas a barrer con las tres principales comercializadoras nacionales, Uniban, Proban y Banacol.

Adquiriendo las tierras a precio de remate, por conducto de testaferros, ha hecho su irrupción la Chiquita Brands. “¿Por qué se resolvieron a volver en calidad de productores directos y comercializadores -se pregunta Enrique Molinares-, si el orden público continúa alterado? Su táctica, mantenida en reserva desde 1987, la hemos venido a descifrar apenas ahora: es la muy conocida del caballo de Troya. Las compañías gringas preveían desde hace años el acuerdo marco entre Latinoamérica y la Unión Europea. Sucede que en los demás países del área del dólar -Ecuador, Panamá, Honduras y Guatemala-, la Chiquita, la Standard y la Del Monte dominan por completo la producción. En Costa Rica, en cambio, al igual que en Colombia, el capital nacional venía ganando fuerza. De manera que a las transnacionales les faltan Costa Rica y Colombia para armar por completo el rompecabezas. Aquí han llegado, pues, como en tiempos de la United Fruit, a buscar el absoluto predominio. Su objetivo estratégico se ha puesto al descubierto: se proponen ser ellas las mayores beneficiarias de los acuerdos bananeros de América Latina con la Unión Europea”.

En contraste con la penosa situación que abate a los finqueros, la de las multinacionales es boyante. “Banadex es la única que está al día en los pagos -señala un empresario-. En Urabá corre la voz de que se encuentra a paz y salvo inclusive con la guerrilla. Hasta en esto le va mejor que a los cultivadores nacionales”.

Otros beneficiarios de la crisis han sido los seis o siete grupos financieros. Como en el resto del país, también aquí la banca se ha enriquecido aprovechando las afugias del sector productivo.

Mercado internacional desfavorable
La actual crisis se comenzó a agravar en 1992, cuando los productores del área del dólar, los del Caribe anglo-francés y los de las antiguas colonias africanas, incrementaron fuertemente las siembras pensando en explotar las posibilidades abiertas por la Unión Europea. En sólo dos años, la zona bananera de Urabá se amplió de 18 a 32 mil hectáreas, y la del Magdalena, de 4 a 15 mil.

Al presentarse en 1994 una sobreoferta mundial, la UE resolvió estatuir barreras a las importaciones de la América Hispana, imponiéndoles una cuota anual de 2.2 millones de toneladas. Días más tarde decidió recargarlas con fuertes aranceles y excluyó a Proban, Banacol y Uniban de la comercialización directa en puertos europeos. Dichas disposiciones iban en beneficio de las antiguas colonias, como también de España, Grecia y Portugal, productores directos de la fruta.

Las comercializadoras colombianas se lanzaron entonces a abrir mercados en Europa del Este y a incrementar los de Norteamérica. El fugaz éxito resultó opacado por la caída de los precios y por el pernicioso neoliberalismo de las dos últimas administraciones.

También a Costa Rica la están perjudicando los flujos y reflujos del mercado internacional. La enorme diferencia es que allí los gobiernos se han volcado a apoyar la actividad; aquí los de Gaviria y Samper, en cambio, no han hecho más que causarle daños. Que las medidas oficiales son factor principal de la imparable bancarrota lo revela el siguiente hecho: a partir de 1992, el precio para el productor, por caja de fruta, es en promedio de 4.25 dólares, el más alto en los 110 años de historia bananera en nuestro país. Y aun así, la quiebra del sector es inminente.

Como Uniban, Proban y Banacol habían obtenido, en el marco del acuerdo suscrito con Europa, que de los 2.2 millones de toneladas, el 21 % le correspondiera a Colombia, Clinton salió a apoyar las pretensiones de la Chiquita Brands y otros consorcios, en su exigencia de que a nuestro país le fuera recortado el porcentaje. Las multinacionales nos exigen ceder un monto sustancial, en provecho de Panamá, Ecuador y Centroamérica, donde el negocio se encuentra dominado por ellas.

Clinton amenaza a Colombia con aplicarle la super ley 301 de 1974 si insiste en defender su cuota de 21%. Autoridades gringas han dejado muy claro que podrían tomarse severas represalias contra el café, las flores y las manufacturas. De llevarse a la práctica tal chantaje, la industria bananera de Colombia sufriría un nuevo revés, ya que 51% del total de su producción va destinado a Norteamérica.

La oposición de Estados Unidos al acuerdo firmado por Europa con las naciones de América Latina hace parte de la aguda confrontación que mantienen estos dos grandes bloques mundiales. Costa Rica y Colombia han sido cogidas entre dos fuegos.

Llevando la vocería, no de los empresarios nacionales sino del capital norteamericano, el gobierno ha informado que obligará a Proban, Banacol y Uniban a renunciar a porcentajes de sus ventas en pro de las trasnacionales gringas que operan en Colombia. Samper, en síntesis, está dispuesto a arrodillarse… para variar. Tal es la claudicante fórmula que el ministro de Comercio Exterior le transmitió al representante de Comercio míster Kantor.

Sombríos nubarrones se ciernen sobre la ya maltrecha zona de Urabá. Para salirle al paso a tan nefasta conspiración, un foro reunido no hace mucho en Apartadó propuso un frente amplio y unitario, con participación de todos los estamentos sociales, incluidos los empresarios nacionales, el defensa de la soberanía económica y la producción nacional.

Albeiro Franco, presidente de Utradiban-CGTD, ha señalado: ” Si no luchamos, el gobierno de Samper terminará por dejarle la solución de la crisis a las llamada leyes del mercado, que son las de los monopolios. Las tierras comercializadoras colombianas acabarán por cambiar de dueño.

Es la política del ¡sálvese quien pueda! “

EL GOBIERNO NO CUMPLE, LOS AGRICULTORES YA NO TIENEN PACIENCIA

No hay renglón que se salve. Los cereales disminuyen año por año, condenados a la desaparición por causa de la política y la presión de las grandes comercializadoras mundiales. El banano, que sobrevivió a la crisis de los sesentas mediante el esfuerzo y la dedicación de los productores y las compañías nacionales, sufre nuevamente la voracidad de las multinacionales. Las flores se marchitan por los golpes simultáneos del proteccionismo norteamericano y la apertura gavisamperista. La fruticultura no sale del cascarón y no parece tener perspectivas frente a la falta de créditos de fomento, la carencia de paquetes tecnológicos y el raquitismo de nuestros sistemas de mercadeo. Los cafeteros, ayer comedidos y respetuosos baluartes de los gobiernos de turno, no vacilan ya en tomarse las calles y plazas de las ciudades y pueblos de la zona cafetera con enérgicas protestas y anuncian formas más altas de presión si el gobierno y la Federación no les presentan soluciones reales a sus problemas.

Como los gobernantes no escuchan las voces de descontento, su sordera conseguirá indefectiblemente que los tímidos requerimientos se vayan convirtiendo en reclamos cada vez más airados.

Arroz, paro en remojo
Claro ejemplo de lo anotado es el proceso vivido por los cultivadores colombianos de arroz. En julio de 1991, los arroceros del Llano denunciaban: “Cuando al país todo se le tiene atosigado con la propaganda aperturista y a los agricultores se les desafía a que salgan inermes y desprotegidos a competir con los productores altamente subsidiados de las grandes potencias, ocurre ahora que el gobierno ordena el cierre de las exportaciones de arroz impidiéndonos obtener los beneficios de un precio internacional del grano especialmente alto. Esto nos hace pensar que la apertura es de una sola vía: para que entren las mercancías y productos extranjeros, dominen nuestros mercados y quiebren a nuestros empresarios”.

En julio de 1993, el ministro de Agricultura de Colombia, José Antonio Ocampo, actual jefe de Planeación Nacional, en aras de “mantener la integración con Venezuela” y de “ordenar el mercado arrocero binacional”, se puso de acuerdo con su homólogo venezolano para conceder al vecino país una cuota fija de exportación de 38 mil toneladas en 1993 y de 60 mil en 1994. Arroz que al entrar a Colombia, y sumado a los otros miles de toneladas de grano de contrabando que inundaron nuestro mercado, son causa fundamental de las graves dificultades que hoy soporta la industria arrocera nacional.

En el segundo semestre de 1994, y esperanzados en las promesas de Samper durante su campaña electoral, los cultivadores solicitaron insistentemente al gobierno una enérgica acción contra el contrabando del grano, el restablecimiento de 30% en el arancel para importaciones desde terceros países y la aplicación de la cláusula de salvaguardia andina para frenar el ingreso de arroces por triangulación a través de Ecuador y Venezuela. El ministro Hernández Gamarra, como es común a los altos funcionarios de este gobierno, sólo respondió con evasivas y con las mismas promesas incumplidas.

Agotados los trámites en su larga peregrinación ante las instancias oficiales, con pérdidas acumuladas por más de 5.000 millones de pesos y 30.000 hectáreas menos de siembras en lo que va corrido de 1995, los arroceros fijaron el 18 de mayo como plazo final que dan al gobierno para que responda positiva y efectivamente a sus peticiones. De no darse esa respuesta, los agricultores saldrán con camionetas, combinadas, tractores y camperos a bloquear las carreteras y a hacer sentir su fuerza y la firme decisión de luchar por sus intereses.

Independientemente de lo aprobado en las asambleas del 18 de mayo, lo cierto es que los cultivadores de arroz en Colombia tendrán que prepararse para frecuentes enfrentamientos con el gobierno. La política que el imperio norteamericano les impone con la apertura a las administraciones lacayas, ¡y la de nuestro país sí que lo es!, no es otra que la de eliminar paulatinamente la producción nacional que pueda impedir la entrada masiva de los productos gringos.

Con la apertura se pone seriamente en peligro la industria arrocera colombiana, después de que en el período 1960-1990 logró ampliar sus áreas de siembra, elevar su productividad, introducir nuevas técnicas, abastecer el consumo interno y alcanzar en varias regiones rendimientos (en toneladas por hectárea) más altos que en algunos países de vanguardia en la producción arrocera mundial.

Los problemas de nuestros empresarios no residen en la falta de eficiencia como cacarean los pregoneros de la apertura. Dado que las exportaciones mundiales de arroz suman apenas 10 millones de toneladas, la ampliación en 2 millones, que es la demanda interna colombiana, se convierte en un bocado apetecible. Para quedarse con ese segmento, las comercializadoras internacionales tienen que quebrar la producción nacional de arroz, como ya lo hicieron con el trigo, la cebada y el maíz.

Frente al entreguismo que caracteriza a nuestros gobernantes y que facilita la labor de los grandes pulpos, no queda más alternativa que la acción unificada de los agricultores, a quienes ya no les queda ni paciencia.

NUEVA BATALLA POR LA SALVACIÓN DE LA CAJA AGRARIA Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Desde que se puso en marcha la apertura, uno de sus objetivos ha consistido en arruinar la producción agropecuaria para acentuar la dependencia del país de los excedentes agrícolas norteamericanos.

La primera parte del plan fue el derrumbe de toda restricción al ingreso de estas mercaderías. La segunda es el desmonte de las instituciones oficiales que, a pesar de sus deficiencias, cumplen un papel de apoyo al campo. Gaviria debilitó a la Caja Agraria al liquidar 420 agropuntos, el área de seguros y la producción de semillas mejoradas. En su gobierno, la planta se redujo de 15 a 8 mil trabajadores, y la reforma financiera acabó con el crédito de fomento. Quedaban todavía pendientes mayores tragedias para la institución, delegadas al nuevo gobernante, el del “tiempo de la gente”.

La liquidación de la Caja, una política oficial
La política oficial ha estado orientada a golpear a la Caja y, por lo tanto, al sector agropecuario.

No obstante el papel social que debe jugar la entidad, se le aplica un tratamiento discriminatorio frente a la banca privada en el manejo de sus captaciones. La cartera de la Caja se ubica en las operaciones más riesgosas y menos rentables, pero sus esfuerzos no se ven recompensados con aportes del presupuesto nacional. Los anuncios reiterados acerca de su recapitalización son meras ficciones contables.

Aparte de ello se le incrementó el encaje sobre las cuentas corrientes oficiales; se desmontó el cupo del Banco de la República que proveía recursos sin costo financiero; se eliminó la sobretasa de impuestos a las importaciones, otra fuente de ingresos; la aplicación de los ajustes para inflación afectó negativamente los resultados de cada ejercicio; se aumentaron las provisiones para protección de cartera, y, para completar la ofensiva, se implantaron planes de retiro arguyendo exceso de personal y de costo laboral, sin que el Estado aportara un solo peso como lo había prometido.

Las penurias de la Caja no provienen de su carga prestacional y salarial, sino de las políticas oficiales que vienen desangrándola. En lo corrido del actual mandato, la atención de los problemas fronterizos con Venezuela, de las crisis agrícolas en el Cesar y Huila, y la “generosidad” de la primera dama en Santa María, Boyacá, le han costado a la Caja la bicoca de $ 72.400 millones. Las altísimas deudas de diversas entidades públicas, y las de personajes de alta alcurnia a quienes la Caja no ejecuta, constituyen la mayor contribución de los gobernantes al marchitamiento de la entidad.

Como se puede ver, no son los empleados creditarios ni los campesinos los culpables del difícil momento que atraviesa la institución, ni mucho menos pueden ser ellos quienes paguen los platos rotos. Más aún cuando la reducción de personal en los cargos operativos, con la consiguiente recarga en el trabajo, viene acompañada del desproporcionado incremento de la cúpula directiva y de sus sueldos, que no se compadecen con los balances deficitarios publicados. Esto ha llevado a que hoy la Caja sea la entidad financiera con menos trabajadores por oficina, 9.31, en tanto que el promedio en las demás instituciones fluctúa entre 27 y 37 funcionarios por sucursal.

El “salto social”, puntillazo final
Después de haber prometido en medio del carnaval electoral que fortalecería a la Caja y le otorgaría recursos para respaldar las labores productivas en el agro, la actitud de Samper Pizano ha sido la contraria. Lo que plantea ahora es el cierre total o parcial de 400 agencias, de las cuales 162 serían clausuradas en el segundo semestre del presente año, sin tener en cuenta que éstas son el único recurso para atender los asuntos crediticios en las poblaciones apartadas. Elaboró además un proyecto de ley mediante el cual propone desmembrar la entidad en cinco o seis “bancos sociales de desarrollo agropecuario”, con participación del sector privado y de las entidades territoriales, que se encuentran arruinadas.

La Junta Nacional de Sintracreditario, reunida del 17 al 22 de abril, acordó convocar a una huelga nacional indefinida que sea la columna vertebral de un amplio movimiento de resistencia para salvaguardar a la Caja Agraria, sobre la base de exigir que el gobierno pague sus deudas; cargue al presupuesto nacional los recursos de la Caja que se utilicen para las emergencias y catástrofes; retire el proyecto de ley y discuta con los interesados una legislación especial; anule la decisión del cierre de agencias; cobre las acreencias a los grandes deudores y racionalice la nómina, disminuyendo planta ejecutiva, llenando vacantes operativas en las agencias y ubicando a quienes estén pendientes. La hora cero del paro será definida oportunamente por el sindicato.

MOTIVOS INCONFESABLES TRAS LA “MORALIZACIÓN” DEL CONGRESO

(Texto de las palabras de Jorge Santos, senador del MOIR, en la sesión plenaria del 10 de mayo de 1995)

Días atrás, desde Cartagena, Samper lanzó sus propuestas sobre los partidos, las campañas electorales, la actividad política en general y el Congreso. Al afirmar que “hoy la sociedad civil ha desbordado el sistema representativo” y que “la política se está haciendo no sólo por fuera de los partidos sino al margen y en contra suyo”, enmarcó sus planteamientos en esa jerga que la Constituyente de 1991 desparramó hasta el abuso sobre los colombianos.

Tal lenguaje, puesto en boga por el gobierno de Gaviria y retomado por Samper, repite las tesis de una reaccionaria politología, especialmente gringa, que difundió la forma institucional del neoliberalismo en el mundo, conocida como “democracia participativa”, contrapone falazmente la democracia directa y la representativa y enfila sus baterías contra las corporaciones públicas y de modo principal contra el Congreso.

Presión norteamericana, origen del enjuiciamiento
La integración de una comisión para la reforma de los partidos se produce cuando intempestivamente se ha puesto de nuevo sobre el tapete la moralidad de los parlamentarios y sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Nada de ello obedece a una dinámica espontánea, libre y propia del desenvolvimiento de la política nacional. La nueva ofensiva contra el Congreso es tan “repentina” como las investigaciones ordenadas por el Fiscal.

Lo que sucede es el producto de una inaudita y continuada presión foránea, la de Estados Unidos, como hemos venido denunciándolo.

Samper se propone eliminar del código de procedimiento penal toda garantía democrática
El fondo reside en que el presidente, en vez de defender enérgicamente la dignidad y la soberanía nacional ante las pretensiones de la intrusión gringa, ha escogido transitar el afrentoso e injustificable camino del servilismo ante la superpotencia extranjera y postrar a los pies de la misma los supremos intereses de la nación. Cree él que la mejor manera de escapar a la sombra de la sospecha que el imperial superpoder ha arrojado sobre su elección a raíz del episodio de los narcocasetes es accediendo en todo y por todo a las exigencias del gobierno estadinense. Hoy por hoy es éste el principal y más grave rasgo de la situación del país.

Por instrucciones de Washington ha consentido en proseguir el grave quebrantamiento de los procedimientos democráticos, reafirmando abominaciones tales como la justicia encapuchada, la supresión del jurado y la inversión de la carga de la prueba. Se propone ahora presionar al Congreso para que mutile del código de procedimiento penal toda garantía democrática y, para hacer méritos ante la Casa Blanca, elevar a canon constitucional la prohibición del consumo de estupefacientes.

Para guardar apariencias
¿Cómo explicar que el presidente de un sedicente país soberano no diga ni pío sobre el tránsito y la permanencia de tropas, naves y aeronaves norteamericanas a lo largo y ancho del territorio nacional, así como de los operativos de la legión de la DEA en Colombia? Ni el Senado ni el Consejo de Estado han tenido arte ni parte en esto, pero el gobierno lo autoriza a espaldas del país. Las observaciones que el canciller Pardo tartamudeó al embajador Frechette, hechas para guardar las apariencias al cabo de un sinfín de intromisiones del representante gringo, ni puso los puntos sobre las íes ni convencen a nadie.

Ilustración elocuente de la situación de desamparo y humillación de los intereses nacionales es el hecho de que a las comercializadoras colombianas de banano les tocó reducir “voluntariamente” parte de su cuota en el mercado europeo en favor de las multinacionales gringas. Y ni aun así recibieron aceptación de Kantor, el representante comercial norteamericano. Infortunios de un país para cuyo gobierno nada significan soberanía, decoro patrio ni defensa de la producción nacional.

Reprimir el delito sin injerencia externa
Reafirmamos que el Estado debe reprimir el delito y coordinar acciones con las demás naciones para que las fronteras no sirvan de amparo a la impunidad, pero ello en ningún caso justifica que la lucha contra el narcotráfico se torne en instrumento de sujeción económica foránea, de intromisión en los asuntos internos de los países, y del quebrantamiento de procedimientos y principios democráticos establecidos.

El Congreso, chivo expiatorio del Presidente
En aras de obtener la absolución gringa, para preservar su jefatura de gobierno, Samper prohija la cacería de brujas desatada por el Fiscal y está dispuesto a arrojar al grueso de liberalismo al escarnio público y a la misma cárcel. Ni patria ni partido importan al primer mandatario, sólo sobreaguar al precio que sea, entregando lo que sea y a quien sea. Como el criterio oficial norteamericano sobre el Congreso colombiano es que éste alberga bandidos y traficantes, entonces e Presidente, para que quede bien clara y bien probada su fidelísima adhesión a los fines del imperio, llevará al altar del sacrificio su chivo expiatorio, directa y abiertamente o con subterfugios.

La propuesta de “congreso unicameral” es su manera elíptica de buscar el nuevo cierre del parlamento, mientras se distrae a tirios y troyanos en bizantinas discusiones. Cuando dijo que “el régimen unicameral requeriría de una reforma constitucional, y veremos si se puede hacer a través del Congreso o a la apelación directa”, puso sobre la mesa el plebiscito constitucional, la vía más expedita para lograrlo. Y la más “colombiana”, ya que aquí la disolución del Congreso a culatazos, el fujimorazo, no ha sido necesario puesto que puede hacerse a punta de decretos, como lo probó Gaviria.

El Congreso no ha estado exento de pecados, ni mucho menos. No es el menor de ellos el haber cumplido invariablemente el papel de dócil colaborador de los mandatarios, que han gobernado contra la nación y contra el pueblo. Pero la propaganda oficial difundida desde el gobierno de Gaviria contra las corporaciones públicas representativas, que identifica a éstas como la fuente principal de todos los males de Colombia, no va al fondo de las cosas, sino que lo encubre. Detrás de la “campaña moralizadora” contra el Congreso, y para disolverlo, tanto en el gobierno de Gaviria como en el de Samper, hubo y hay motivos inconfesables. Gaviria con ello le abrió el camino a la institucionalidad de la apertura económica, al “nuevo país”, y lo hizo presa fácil de las multinacionales y los grandes grupos financieros. Samper cumple un cometido peor: busca congraciarse con la Casa Blanca, cumplir los deseos gringos a rajatabla, y eliminar toda barrera que quedara para el control norteamericano sobre la nación. El Tío Sam ha señalado los obstáculos y Samper los remueve con diligencia. Innoble menester si lo hay. Tanta genuflexión no elimina la sombra de la invasión gringa.

Llamamiento a los colombianos
A los obreros no nos es indiferente una u otra variedad del régimen democrático-burgués. Al contrario, en cierto sentido, es a la clase obrera a quien más conviene la realización consecuente y plena de la democracia burguesa, porque así se amplía y se aclara nuestra lucha. Y es por ello que el movimiento obrero es la vanguardia en la lucha por la democracia.

No ignoramos que en el Tercer Mundo lo que mejor se acopla al modelo aperturista son los regímenes represivos, de tinte fascistoide, en los que las restricciones a los derechos democráticos de los trabajadores y el pueblo es la norma, como en Corea del Sur, Singapur, Bolivia y el mismo Chile, cuya dictadura militar fue pionera del neoliberalismo en América. La campaña por el cierre del Congreso, instigada por un gobierno que actúa subordinado a las conveniencias de un poder foráneo, por más que agite la bandera contra la corrupción, no nos engaña.

No colaboremos con semejante encargo antidemocrático y antinacional, ni a la peruana ni a la colombiana. A los parlamentarios, dirigentes, partidos políticos y ciudadanos rasos que de buena fe rechazan la corrupción en las corporaciones públicas y pugnan honestamente por reformas democráticas les pedimos que reflexionen por qué el gobierno de Estados Unidos, el de Samper y los medios masivos de comunicación de los grupos financieros han formado una santa alianza contra el Congreso. Si buscan la verdad en los hechos y no cierran los ojos ante la amenaza que se cierne sobre Colombia, no se prestarán para nuevos desafueros y podremos juntar valiosas fuerzas para defender la patria en peligro.

Como senador del MOIR hago extensivo a todos los parlamentarios la invitación formulada en el comunicado del Comité Ejecutivo Central de mi Partido, firmado por su Secretario General, Héctor Valencia, y publicado en El Espectador el 30 de abril, donde se plantea la integración de un vasto frente único en defensa de la soberanía y la independencia de la nación.

Editorial: ¡RESISTENCIA CONTRA LA INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA!

“Cada una de estas intimaciones tiene por fin hacer que el gobierno se pliegue a las exigencias norteamericanas y, como hemos dicho, no tanto y no sólo para que se cumpla su voluntad en la represión del narcotráfico, sino para asegurarse de que el gobierno samperista observe rigurosamente sus decisiones para la apertura y allane el camino a un intervencionismo político y militar mayor del que hoy existe.

Si bien la brutal coacción de Washington ya de por sí implica un grave peligro, Colombia se encuentra en una situación doblemente comprometida cuando, como lo ha observado atónita la nación, el gobierno se pliega”.

Al precipitarse el derrumbe de la Unión Soviética, lo cual puso término a las contiendas de la “guerra fría”, Estados Unidos, en una demostración de la “guerra caliente” que estaba dispuesto a emprender con el fin de consolidar su supremacía, invadió a mansalva Panamá e infestó bestialmente el Golfo Pérsico. Con tales hazañas bélicas aún frescas y blandiendo su gran garrote, proclamó que iba a instaurar en el mundo un Nuevo Orden y procedió a formular su Iniciativa para las Américas, un plan destinado a convertir nuestro hemisferio en coto donde rijan sus ucases económicos y comerciales.
En Colombia, desde el gobierno de Barco, pero principalmente en el de Gaviria y ahora en el de Samper, la política central que se ha adoptado, conocida con el eufemismo de apertura económica, corresponde a la aplicación fiel y mansa de las prescripciones norteamericanas para la recolonización del continente. Para llevarla a cabo se ha sometido al país a una refacción institucional, política y jurídica con la argucia de que ésta es necesaria para ingresar a un futuro de modernización, internacionalización económica y avances democráticos. Mas la verdad es que todas y cada una de las reformas que se han introducido en nuestra organización social y política en los últimos años han tenido como propósito acondicionar el país al sistema y prácticas que en su interés impone el gran capital financiero internacional con el argumento de que fuera de ellas no hay desarrollo, progreso, ni salvación posibles. Este fin último de la política nacional, llámesele con la expresión barata de revolcón o con la demagógica de salto social, ha desatado un acelerado proceso de conversión del país en una pieza del engranaje económico y político norteamericano. Tanto nuestra política externa como la interna las ajustan los gobiernos a los patrones imperialistas de los Estados Unidos.

En consecuencia, el país gira en torno a las variaciones de su moneda y a sus dictámenes para el manejo de la nuestra, debiendo mantener una banca central que, sobre cualquier otra prioridad nacional, siga las premisas del “libre mercado”. Está supeditado a sus medidas proteccionistas y a las imposiciones comerciales sobre nuestros productos. Depende de sus préstamos, o de su aprobación para que las entidades de crédito internacionales la concedan, siempre sometido a la usura y al condicionamiento político que los acompañan. Debe dar facilidades para el libre ingreso y alta rentabilidad de sus capitales y para la libre circulación de sus mercancías en nuestro mercado doméstico. Tiene que sujetarse a su exigencia de que el Estado no puede subsidiar a los sectores productivos en dificultades ni aliviar las cargas de los sectores sociales afectados. Debe estar a su arbitrio respecto a los términos y acuerdos de nuestro comercio con terceros. Y, por supuesto, dar curso permanente a la privatización de las empresas públicas, para permitir la entrada a saco de sus capitales -solos o en asocio con el Estado y con la media docena de grupos financieros que se enseñorean del país- en entidades que son patrimonio de la nación.

Esta política económica imperial no puede implantarse sin un profundo quebrantamiento de nuestra independencia y de la organización social, jurídica y política que con base en ella nos hemos dado desde 1821. La supeditación económica crea las bases para la dependencia política y sobre ambas se erige la subordinación ideológica. Si ya los últimos gobiernos no sólo consintieron sino que coadyuvaron a que Estados Unidos impusiese un manejo de la economía que le permita la conquista de nuestro mercado y la expoliación de nuestros recursos, ahorro y trabajo, es natural que se haya llegado al actual proceso de avasallamiento generalizado en el que la nación ve violentada su autonomía política, hollado su territorio y atropellados sus valores y manifestaciones culturales. De allí que previendo estas graves consecuencias, el MOIR emitiera el Primero de Mayo de 1992 la consigna “¡Por la soberanía económica, resistencia civil!”, consigna que cada día cobra mayor vigencia para la inmensa mayoría de nuestros compatriotas que más allá de banderías y creencias tienen arraigo en la nación, su historia y sus intereses sagrados.

II

Los hechos, como siempre, contradiciendo por igual las tergiversaciones de los maliciosos y las falsas ilusiones de los ingenuos, prueban a diario que es en el mencionado contexto y por las razones señaladas que Washington, con la aquiescencia del gobierno nacional, coloca en las dependencias oficiales agentes que ejercen un novísimo espionaje sin disfraz bajo el mote de asesoría; interfiere nuestras rutas marítimas, como lo hizo en 1984, y bloquea por mar a Colombia, como en 1990; establece bases militares en nuestro territorio y sus naves vuelan y sobrevuelan en nuestro espacio aéreo, todo a su antojo y con el debido permiso de quienes residen el Ministerio de Defensa, y planta -así mil hombres de la DEA entre nuestras fuerzas armadas, especialmente las policiales, para que participen en sus operativos.

También con la complacencia del gobierno el embajador de Washington, Miles Frechette, se comporta como procónsul con derecho a inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Ya no es extraño verlo andando como Pedro por su casa en despachos gubernamentales de todos los niveles y oírlo dictaminando y conminando, rechazando o aplaudiendo las medidas y las conductas de los funcionarios. Esta grosera intromisión alcanzó recientemente tal descaro que diversas personalidades, a quienes nadie puede acusar de antiyanquis, levantaron con entereza ejemplar su voz para exigir que se le declarara persona no grata.

Desde Washington se nos expone, primero, al vituperio mundial presentándonos como un país de maleantes y se descalifican las disposiciones y tratamiento respecto al narcotráfico, y, luego, se pasa al ejercicio del chantaje mediante amenazas de aplicar sanciones económicas y recurrir a operaciones militares directas que empezarían por el archipiélago de San Andrés y Providencia. Cada una de estas intimaciones tiene por fin hacer que el gobierno se pliegue a las exigencias norteamericanas y, como hemos dicho, no tanto y no sólo para que se cumpla su voluntad en la represión del narcotráfico, sino para asegurarse de que el gobierno samperista observe rigurosamente sus decisiones para la apertura y allane el camino a un intervencionismo político y militar mayor del que hoy existe. Si bien la brutal coacción de Washington ya de por sí implica un grave peligro, Colombia se encuentra en una situación doblemente comprometida cuando, como lo ha observado atónita la nación, el gobierno se pliega.

En efecto, desde su elección presidencial Ernesto Samper no cesa de dar explicaciones y de aceptar los requerimientos de Estados Unidos. A medida que éste, siempre insatisfecho, eleva insolentemente el número y el tono de sus exigencias, Samper da fe de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico y promete hasta imposibles. Lo hizo aquí y en el exterior como presidente electo, lo consignó en su carta al Congreso norteamericano y en su discurso de posesión, lo reiteró cuando en Washington corrió la voz de que se le iba a negar a Colombia la “certificación de buena conducta” y lo continúa haciendo en las ruedas de prensa que apresuradamente convoca cuando aumenta la presión yanqui. Esto explica por qué en la exposición de motivos del proyecto de ley que presentó en el Senado de los Estados Unidos, el congresista Helms puede hacer énfasis en que no está diciendo nada nuevo ni original y que las condiciones allí asignadas a Colombia para que las cumpla antes del 6 de febrero de 1996, “fueron anunciadas por el presidente Samper como su propio programa antidrogas en su carta al Congreso de Estados Unidos del 15 de julio de 1994 y en sus discurso del 6 de febrero de 1995”. A esta conducta lamentable del presidente se suma el tragicómico peregrinaje de los ministros, con la compañía y el aval de funcionarios fiables en Washington como son los jefes de la Fiscalía y la Policía, ensayando, por los pasillos y recintos menores de la Casa Blanca y el Congreso, un anodino cabildeo convertido en jeremiada ante la soberbia de quienes se molestaron en recibirlos.

Comentando esta escandalosa realidad, uno de los periodistas a quien, insólitamente, parece que no lo amordazan los intereses creados, ha expresado con razón que frente a la arremetida de los Estados Unidos contra Colombia, nuestros actuales mandatarios han carecido de dignidad, es decir, según la definición del diccionario, de esa “cualidad de las personas por la que son sensibles a las ofensas, desprecios, humillaciones o faltas de consideración”. Es obvio que la referencia no es a una nueva virtud cardinal, sino a la dignidad política, propia de demócratas y patriotas, que impide actitudes ambiguas y de genuflexión cuando se quebrantan los intereses nacionales. Si se tiene en cuenta que ésa es una cualidad que la gran mayoría de los colombianos nunca ha perdido, surge aquí una diferencia sustancial entre el pueblo y sus gobernantes. Diferencia que tiene la misma naturaleza, bien vale recordarlo hoy, de la marcada por Hernando Durán Dussán frente al actual enviado de Estados Unidos en la OEA, César Gaviria, cuando expresó en 1990 desde Miami, sin desechar su arraigo nacional en aras de la contienda presidencial en la que estaba comprometido, que el bloqueo marítimo ordenado contra Colombia por el gobierno norteamericano era un ostensible intento de invasión “que no estamos dispuestos a aceptar” y sostuvo, ante el alud de agravios proferidos desde Estados Unidos, que Colombia no admitiría “ningún tipo de imperialismo”.

III
La intervención norteamericana contra el país va en avance. En diferente grado, quienes ya son colaboracionistas confesos, aquellos que por unos dólares más o por pendejos, tienen ante ella actitud permisiva o se prestan para que la superpotencia norteamericana en su plan de recolonización socave nuestra soberanía, independencia y autodeterminación nacionales, tendrán que responder ante nuestro pueblo y ante la historia tanto por las concesiones que ya le han hecho como por las tropelías que en el futuro pueda cometer contra la nación. De nada les servirá argumentar que su postración obedece a las necesidades de la lucha contra el narcotráfico ni al cumplimiento de una presunta cruzada moral, pues los criterios que prevalecerán para calificarlos tendrán fundamento en lo expuesto hace cinco años por nuestro desaparecido líder, Francisco Mosquera:

“¿Prosperaría acaso el filón de la coca sin la complicidad de los vasos comunicantes del sistema bancario mundial que, entre sus múltiples servicios, proporciona a sus clientes el del lavado de dólares? ¿No serán capaces los Estados Unidos, recurriendo a su inmenso poder, de acabar con la venta de estupefacientes dentro de sus fronteras? Sí pueden, mas no se lo proponen. La cruzada antidrogas sostenida por Bush, que se realiza cueste lo que cueste, aun pasando por encima de las estipulaciones del derecho internacional, es un mero subterfugio para abrirle las puertas en América Latina a la intromisión extranjera, romper el ordenamiento jurídico de los países sometidos y suplantar a los productores nacionales con los magnates de los monopolios imperialistas. ¿No se congeniaba en Estados Unidos con Noriega cuando éste era un agente de la CIA? Pero además, ningún cometido, por humanitario que fuese, habilita a los poderosos del orbe para desconocer las libertades de los pueblos débiles y aplastarlos impunemente. Que se extermine el narcotráfico, sin demoras ni titubeos, mas no a costa de la independencia de las naciones, ni del trato respetuoso entre ellas. Que cada Estado solucione los problemas, particulares o generales, conforme a su voluntad soberana”.

IV
Frente a la presente situación de riesgo en que se ha sumergido a la nación, surgen dos posiciones antagónicas, cuyos contenidos se traslucen en sendos editoriales de los periódicos liberales El Tiempo y El Espectador. En el primero, correspondiente a su edición del 6 de febrero, se pide a los colombianos que no se apasionen ante las presiones del gobierno norteamericano, ya que esto podría llevar a la desaprobación de empréstitos en el exterior; que cierren “ese diccionario donde sobran las palabras imperialismo, yugo y garrote frío” y traten de entender la posición de Estados Unidos, así éstos “aparezcan injustos”; que tengan en cuenta que a países más poderosos que el nuestro no les ha ido bien enfrentándolos; que en vez de culpar al embajador Frechette no se ignore “la parte buena de sus palabras” y se digieran sus “muy cariñosos elogios al país”, pues “puede ser nuestro mejor abogado en este pleito”. Agrega que la mejor contribución es “conservar una suave mordaza” ante las expresiones agresivas que se nos lanzan, pide que los análisis se hagan “poniendo un pie en Estados Unidos y otro en Colombia” y recomienda “no olvidar que al coloso del Norte hay que pasarle la mano, no tirarle la cola”. Termina el periódico del Grupo de los Santos suspirando por “volver a ver el resplandeciente sol de unas amistades que sólo beneficios le producen a Colombia”. Ante el servilismo que rezuma este editorial, todo colombiano que se precie de serlo y en cuyo espíritu aliente el patriotismo, sólo puede responder con un contundente ¡Nunca jamás! Y, junto al categórico repudio, asumir la defensa de nuestra nacionalidad como la más enaltecedora pasión.

En el segundo, aparecido el 2 de abril, se manifiesta la posición contrapuesta. Allí se hace una descripción objetiva de las torcidas intenciones que se tienen contra el país: “Todo nos hace prever que en algunos círculos estatales de los Estados Unidos se está gestando una peligrosa política de intervencionismo armado contra la soberanía colombiana. Así como ya se invadió a Granada y se hizo igual cosa con Panamá y se tomó a mano armada Haití, ahora el pretexto del narcotráfico con los lineamientos ya conocidos se viene invocando para intervenir agresivamente en la política interna de Colombia. (…) Después de los hechos de Juanchaco y de las amenazas que se han dejado caer sobre San Andrés y Providencia, no se había dado el caso de una tan descarada incitación encaminada al sometimiento de nuestra soberanía nacional”. Concluye luego el editorialista de El Espectador haciendo un claro y altivo llamamiento: “El pueblo colombiano debe mantenerse alerta frente a esta situación y se hace indispensable la culminación de un gran movimiento patriótico que convoque a todos los colombianos en defensa de su dignidad y su independencia como pueblo. Los partidos políticos, las fuerzas armadas, el Congreso de la República, el Órgano Judicial del Poder Público, el clero en su apostolado, las universidades con sus profesores y estudiantes, deben formar la gran vanguardia que llame a la unión sagrada del país en busca del mantenimiento de la integridad nacional y los valores jurídicos y morales que le sirven de soporte”.

El MOIR y la clase obrera no pueden menos que saludar y acoger este llamado. Sumaremos fuerzas, marchando al frente, con las organizaciones y personas de todos los sectores sociales dispuestos a forjar un gran movimiento de resistencia contra la intervención norteamericana. Esta ha sido siempre nuestra indeclinable posición. Y la reafirmamos hoy con mayor firmeza frente a la embestida que sobre todos los órdenes de la vida nacional ha desatado el gobierno de Estados Unidos, a quien más le valdría, al cumplirse veinte años de la derrota sufrida a manos del pueblo vietnamita, escuchar a un promotor y adalid de esa guerra de intervención, su Secretario de Defensa de ese entonces, Robert McNamara, cuando ahora, luego de expresar que se siente avergonzado por la conducta de Norteamérica y que “estábamos equivocados, terriblemente equivocados”, considera que ese país “todavía no ha aprendido las lecciones” y le advierte sobre los peligros de despreciar el nacionalismo que alienta entre los pueblos.

V
El Primero de Mayo es el día internacional de pausa en la explotación conquistado por los obreros para rememorar y festejar sus pasadas y gloriosas luchas, pero también, y con prioridad, para proclamar que están en pie para librar con alegría combativa las del presente. Consecuentes, los trabajadores colombianos lo celebrarán dirigiendo su acción contra el “pacto social” que en desarrollo de la política de apertura impone el gobierno de Samper Pizano, a sabiendas de que éste constituye un instrumento clave en la nueva colonización de Colombia emprendida por el gobierno norteamericano. Se confunde en esta forma su lucha de clases con la lucha nacional. Que no quepa pues duda: ¡junto a todos los buenos hijos de Colombia cumpliremos con nuestros deberes de patriotas involucrados hoy en nuestros deberes de clase!

Bogotá, abril 30 de 1995
Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR)
Comité Ejecutivo Central Héctor Valencia Secretario General