Categoría: Tribuna Roja Nº 25, febrero de 1977

El departamento del Cauca ha sido tradicionalmente y es aún hoy uno de los más atrasados y miserables de nuestro país. Una región en donde 80% de la población depende de las labores agrícolas, en donde más de 150.000 indígenas apenas logran subsistir arañando las laderas de escarpadas montañas en 50 resguardos minúsculos, en donde 62% de las fincas son menores de 5 hectáreas y ocupan el 8.7% de la superficie total, mientras un puñado de grandes terratenientes con el 2% de las fincas acapara más de 45% de la tierra, en donde predominan las formas señoriales de explotación del campesino, que se ve reducido a la condición de siervo, terrajero o aparcero, en donde al indígena se le arrebatan sus tierras, se le reprime y se le asesina, en donde los destinos de las gentes son manejados a su antojo por unas cuantas familias de gamonales tradicionales. Un departamento aislado y sin vías de comunicación, porque según el terrateniente y jefe liberal Víctor Mosquera Chaux, “las carreteras dañan al campesino”. En fin, un departamento aletargado por los rezagos del feudalismo ancestral.

Al noreste y centro del Cauca, más de 20.000 familias campesinas pobres e indígenas paeces, guambianos y coconucos se dedican al cultivo del fique como única o principal fuente de subsistencia, en Caldono, Pueblo Nuevo, Totoró, Paniquitá, Quinchaya, Jambaló, El Tambo, Santander de Quilichao y otros municipios, veredas y resguardos. Sembrando los colinos, trasplantándolos, cortando la hoja de la mata, desespinando, desfibrando, lavando y secando la cabuya estos miles de productores extraen de sus reducidas parcelas la materia prima para la fabricación de millones de empaques de fique.

Desde el primer semestre de 1976, las 100 mil personas que dependen de la siembra de la cabuya en el Cauca se han visto abocadas a una desesperada situación: las empresas procesadoras de la fibra suspendieron o disminuyeron considerablemente las compras a productores e intermediarios.

“Siembre fique y viva en paz”

Esta leyenda y otras tales como “El fique, un cultivo de ascenso” o “Siembre fique y gane pesos”, que se ven por doquier en grandes vallas y afiches, hoy son cínicas provocaciones a los famélicos campesinos que no tienen a quien vender una arroba de cabuya. Por irónico que parezca, así comenzó el problema hace unos diez años cuando la Caja Agraria, el Incora, la Federación de Cafeteros, la Compañía de Empaques de Medellín y la Empresa de Empaques del Cauca emprendieron una gigantesca promoción del cultivo de fique. El gobierno promesero ilusionó al campesino con préstamos semillas, asistencia técnica, máquinas desfibradoras, fertilizantes y, lo más importante, lo halagó con un mercado amplio y permanente para el producto. En un folleto de divulgación se lee: “Las perspectivas para la siembra del fique son excelentes en vista de que el aumento de la producción agrícola en el país traerá como consecuencia una mayor demanda de sacos para empacarla y por tanto las empresas fabricantes necesitarán más cabuya para cubrir las necesidades”.

Ante “el milagro de la cabuya”, miles de minifundistas se dedicaron a sembrar cuantas plazas pudieron con la mata que, según se les dijo, los sacaría de la pobreza.

“… y todos nos regamos a sembrar cabuya”

Hasta donde se pierde la vista, en planadas y laderas, a la orilla de caminos y riachuelos sólo se aprecia un paisaje erizado con las largas y espinosas pencas del fique. Hay zonas como pueblo Nuevo, Paniquitá, Caldono y Totoró donde los campesinos apenas si producen algo diferente. Como lo anota un cultivador de Paniquitá: “la gente de por aquí arrancó toda la comida y todos nos regamos a sembrar cabuya. Eso no quedó ni café, ni maíz, ni nada. Solo la cabuya”. Un indígena de Pueblo Nuevo, donde las parcelas del resguardo están sembradas “de lo mismo”, nos dijo: “hoy día la comida no la tenemos en nuestras tierras. Hay que ir afuera a conseguirla más cara”.

Según la evaluación hecha por el Comité de Producción Agrícola del Cauca, de la Caja Agraria, el área cultivada de fique en ese departamento alcanzó más de 9.000 hectáreas en 1976. La producción total entre enero y agosto de ese año fue de 11.200 toneladas de fibra. El número de hectáreas plantadas y la cantidad de familias cultivadoras dan una idea del tamaño promedio de las parcelas cabuyeras, que en muchos casos son menores de una plaza o fanegada.

Una vez sembrada la mata, ésta puede tardar de tres a cuatro años para entrar en producción, lo que implica un largo período de improductividad para el campesino. Sin embargo, es posible cultivar simultáneamente otros productos, pero solo durante dos o tres años, ya que después es imposible porque “las raíces de la cabuya se extienden y se tejen y no se da nada que no sea monte”. Por otra parte, el cultivo intensivo del fique agota y empobrece la tierra, a menos que se emplee gran cantidad de abonos y fertilizantes, elementos que están fuera del alcance del pequeño productor. En 1976 apenas 2.7% del área plantada recibió asistencia técnica y un mínimo de fincas consumió productos agroquímicos.

Ruina de la producción nacional

Promover cultivos, endeudar a pequeños y medianos productores para luego, en medio del auge y las grandes cosechas, hacer importaciones masivas provenientes fundamentalmente de los Estados Unidos: tal ha sido la antinacional política de los gobiernos del Frente Nacional, política que ha conducido a la ruina a una gran cantidad de agricultores colombianos en los últimos años. El “mandato de hambre”, haciendo honor a su sobrenombre, ha continuado con particular entusiasmo la abominable práctica de sus antecesores, de favorecer las importaciones de numerosos productos agrícolas que se cultivan en el país. Con el fique ha ocurrido algo similar. En medio de la promoción de la mata, y cuando comenzaba a desarrollarse la producción y el mercado de la fibra, el gobierno autorizó a entidades oficiales y semioficiales considerables importaciones de empaques de polipropileno y yute que entraron a competir ventajosamente con los sacos colombianos. Durante 1974 y 1975 el Idema, la Federación de Cafeteros y Monómeros Colombo-Venezolanos trajeron al país cinco millones de dichos empaques. A comienzos del año pasado llegaron procedentes de Corea otros tres millones comprados por el Idema con destino al almacenamiento y transporte del trigo y demás cereales igualmente importados para los cuales se venían utilizando costales de cabuya.

Las fábricas colombianas de empaques redujeron paulatinamente sus compras de materia prima hasta el punto que de las dos empresas que consumen el fique del Cauca, una, empaques de Medellín, escasamente adquiere 10 ó 15% de lo que compraba, y la otra, Empaques del Cauca, llegó a suspender temporalmente las compras. A su vez, el organismo usurero del Estado, la Caja Agraria, cómplice de la crisis, redujo el crédito para los cultivos, al tiempo que voceros suyos afirman que “el futuro de la cabuya es incierto”. No contento con esto, el régimen no sólo no atendió las solicitudes de exportación de los productores, sino que las entorpeció.

Una denuncia sin eco

Ante la alarmante situación que comenzó a vivirse en todas las zonas fiqueras del Cauca y otros departamentos, varias organizaciones gremiales de trabajadores vinculados a la producción y procesamiento de la cabuya emitieron el 21 de agosto pasado un comunicado a la opinión pública denunciando el gravísimo problema. El documento señala que “esta situación radica fundamentalmente en la irresponsabilidad de la política económica del gobierno proimperialista que fuera de la completa falta de planificación ha permitido la entrada de productos que tienden a arruinar la industria nacional del fique”. Firman el Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Empaques de Medellín, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Empaques del Cauca, el Comité de Fiqueros del Oriente de Antioquia, la Cooperativa Agropecuaria de Paniquitá, el Sindicato Agrario de Campoalegre (Cauca) y el Consejo Regional Indígena del Cauca.

Después del encuentro de fiqueros realizado en El Peñol (Antioquia) el 28 y 29 de agosto, viajó a Bogotá una delegación a entrevistarse con el Presidente y el ministro Agricultura. Ninguno de los dos personajes se dignó recibir a los trabajadores. Según nos relató uno de los integrantes de la comitiva, después de hacernos esperar como una hora en el despacho del ministro, salió el viceministro a decirnos dizque el doctor estaba resfriado, que no nos podía atender, que él después le contaba lo que nosotros le dijéramos. ¡Pero hasta ahora no se ha visto nada!

Miseria en medio de la riqueza

“No hay porque no se vende y no se vende porque no hay”. Esta frase, expresada por un minifundista, sintetiza la dramática situación en que se encuentra toda la actividad económica de la zona fiquera del Cauca desde que se inició la crisis. Un pequeño comerciante de Siberia nos indicaba: “Antes los mercaditos de por aquí eran buenos; se vendía la cabuya y entonces la gente compraba. Ahora ya no paga ni el viaje a los pueblos”.

La ruina de los productores los ha hecho regresar años atrás, a la antiquísima costumbre del trueque de una mercancía por otra, lo que los indígenas llaman “cambiar por remesa”, “Como ya casi no nos compran – decía un agricultor de Pueblo Nuevo, desfibramos por ahí una o dos arrobas de cabuya para cambiarla por la sal o la panela”. Algunos campesinos anotan: “A medida que uno tenga como vivir, uno va destruyendo la cabuya”. Otros, simplemente dejan enmalezar los cabuyales.

La sustitución del cultivo se enfrenta a un obstáculo insalvable: las enormes dificultades que implica desarraigar las matas de fique una vez crecidas. Un campesino de Totoró explicaba: “Como las raíces de la cabuya se tejen y se meten tan hondo, a falta de máquinas nos tocaría a punta de barretón. En un día una o dos matas. Eso no lo puede hacer nadie. Lo mejor es cortar, quemar las matas y esperar a que se pudran las raíces. Eso son como cuatro o cinco años”. Es por esa razón que el espectáculo de cabuyales abandonados o destruidos es hoy muy frecuente. Postrados, hambrientos y enfermos, hombres, mujeres y niños esperan impotentes en medio de una riqueza muerta el día en que llegue el comprador… o se pudran los cultivos.

Pero lo único que acosa al campesino no es la asfixia del mercado. La Caja Agraria está exigiendo el pago inmediato de los préstamos con sus intereses. Sobre los miles de minifundistas fiqueros pesa la amenaza inminente de los embargos y, si llega el caso, la pérdida de sus parcelas. Para estos labradores olvidados no va a haber ningún crédito de contingencia, como sí lo hubo para los pulpos textileros cuando tuvieron algunos problemas en el mercado internacional.

Lo poco que logran vender los productores directamente a las fábricas lo hacen en las peores condiciones: al fiado a 40 y hasta 90 días sin contar el precio del transporte. Un indígena de Caldono, el municipio más productor del Cauca, nos relata: “Como la compañía (Empaques de Medellín) retiró todas las oficinas de por aquí, nos ha tocado irnos a Popayán o Santander y amanecernos esperando a ver si vendemos algo aunque sea de fiado”. Muchos han tenido que hacer el viaje de regreso a pie. Los intermediarios compran la arroba desde $80 hasta $40, lo cual significa una pérdida notable para el cultivador si se tiene en cuenta que el precio oficial es de $130. No obstante, las compañías están clasificando toda la fibra como de tercera clase, cuyo precio es apenas de $100.

Si por el Cauca llueve …

En el resto del país no escampa. En Covarachía, municipio del norte de Boyacá y gran productor de fique, 2.000 familias soportan desde hace meses las presiones de la Caja Agraria y la negativa de las empresas a comprarles la cabuya. En una comunicación enviada en agosto del año pasado al ministro Pardo Vuelvas, los dirigentes cívicos, el cura párroco, el alcalde, el personero y el presidente del Concejo de esta localidad, manifiestan: “La producción anual de nuestra fibra estadísticamente alcanza el volumen de 1.500 toneladas, debido a la campaña adelantada por el gobierno nacional a través de la Caja Agraria y de las mismas compañías para incrementar el cultivo del fique, ilusionando a los agricultores con un mejor porvenir en este sentido”.

Según datos oficiales, existen en Colombia 32.000 hectáreas cultivadas de cabuya que en 1976 produjeron 64.000 toneladas en Cauca, Antioquia, Boyacá, Nariño y Santander. Apenas tres años antes, la producción nacional era de 40.000 toneladas; 90.000 familias campesinas y 4.500 obreros dependen directamente del fique y su procesamiento, el cual se hace en cuatro factorías: La Compañía de Empaques S.A. de Medellín, Hilanderías del Fonce de Santander, Empaques del Cauca y Empaques y Textiles del Atlántico. En la primera de estas empresas se produjeron más de 100 despidos de trabajadores durante 1976.

Las medidas del gobierno

En un mensaje enviado al Presidente de la República, el 2 de diciembre último, el Comité Cívico Empresarial del Cauca afirma: “Hasta el momento no existe medida gubernamental ni de otra índole que garantice la solución inmediata del problema actualmente planteado”.

Con gran bombo se anunció la compra por parte del Idema de dos millones de sacos de fique a las empresas con la condición de que éstas empleen ese dinero en compras de cabuya a los productores. ¿Qué significan dos millones de empaques frente a las enormes existencias acumuladas más la producción anual de 51.5 millones?

La segunda medida ofrecida por el gobierno lopista consiste en obligar a los molineros a empacar sus productos en sacos de fique. Según el gerente de Empaques del Cauca “el trigo ya está siendo empacado en esa forma desde hace mucho tiempo; en cambio lentejas, garbanzos, arvejas y maíz llegan a puerto en sacos de yute”. (El Liberal, Popayán; dic. 11/76; p.8).

La tercera gran iniciativa, como las anteriores, se caracteriza por su cinismo: ¡Que los campesinos cambien de cultivos! ¡Que diversifiquen! ¡Que el gobierno fomentará cultivos tradicionales y la crianza de animales de corral! ¿Y mientras tanto, qué? Pues más préstamos, nuevas deudas, o quizás, tal vez la promoción de otro “milagro”.

“Ya nos endeudaron hasta la coronilla – decía un agricultor de Caldono. El cambio de la cabuya por otro cultivo no se puede así no más; se necesitan máquinas y jornaleros. La solución inmediata para nuestro problema es que se asegura el mercadeo del fique, que se asegure la compra de nuestro producto. Porque el gobierno fue el que nos metió en este lío”.

Para los desventurados campesinos minifundistas del Cauca y otros departamentos como Boyacá y Santander, López Michelsen y los monopolios financieros norteamericanos ya tienen preparado otro obsequio: el Desarrollo Rural Integrado (DRI), cuyo campo de experimentación será precisamente el Cauca.
En esta época el gobierno, fiel a los dictados de su amo imperialista, hace cuantiosas importaciones de arroz, sorgo y otros productos en momentos en que los agricultores colombianos se disponen a llevar al mercado sus cosechas.

Por su larga y rica experiencia el campesinado colombiano ya sabe a qué atenerse en cuanto a las políticas agrícolas de los sucesivos regímenes proimperialistas y antipopulares que han gobernado este país. Cada plan, cada proyecto, cada promoción oficial sólo redunda en beneficio de un puñado de grandes especuladores e intermediarios, lacayos del imperialismo, y en desmedro de las amplias masas de campesinos que día tras día ven cómo jamás les es permitido disfrutar la riqueza que producen con su trabajo y el de sus familias.

Solo en una Colombia nueva, gobernada por obreros, campesinos y capas medias de la población será posible desarrollar una economía planificada en beneficio de quienes trabajan la tierra y generan la riqueza social.

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR; Enero 27 de 1977
El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, saluda con alborozo el primer Encuentro Nacional de Solidaridad con la lucha de los trabajadores petroleros.

Las justas aspiraciones de los obreros de Ecopetrol, resumidas en su pliego de peticiones y tendientes a defender la contratación colectiva, la estabilidad y por mejores salarios y prestaciones y para lograr el reintegro de los obreros despedidos en 1971, han sido respondidas por la empresa y el gobierno con un nocivo contrapliego que tiene como propósito fundamental acabar con los derechos sindicales adquiridos por la USO, generalizar la contratación a término fijo y el sistema de contratistas, eliminar importantes prestaciones sociales, y escamotear el reajuste salarial exigido por los trabajadores.

La empresa y el gobierno pretenden justificar este desafuero con el cínico argumento de que la actual convención colectiva y los derechos de la USO llevan a Ecopetrol a una crisis inminente, y han emprendido una campaña antiobrera para justificar su intransigencia en la negociación y aislar e intimidar a los obreros petroleros hasta el punto de realizar provocadoras ocupaciones militares de los sitios de trabajo y nombrar un represivo alcalde militar en Barrancabermeja.

Lejos de amedrentarse, el proletariado petrolero se dispone a derrotar el nefasto contrapliego, defender sus derechos democráticos y unirse al resto de la clase obrera y el pueblo, para combatir la reaccionaria y represiva política del gobierno lopista, y señalar al imperialismo norteamericano como el responsable de la difícil situación petrolera de nuestro país.

Desde principios de siglo, los gobiernos de la oligarquía liberal-conservadora han concedido toda clase de privilegios a los monopolios petroleros extranjeros para que exploten a su antojo el petróleo y los demás recursos naturales.

El gobierno de López, más obsequioso que los anteriores, hizo nuevas y valiosas concesiones a los monopolios yanquis, como la entrega de los ricos yacimientos de Gas a la Guajira a la Texas Petroleum. Bajo el manto de una supuesta nacionalización, López ha aplicado la habilidosa política de “asociación”, que consagra todas las concesiones tributarias a las compañías extranjeras. Ha aprobado nuevas medidas, más atractivas para el capital yanqui, tales como la elevación del precio interno del petróleo y el pago por parte de Ecopetrol de la mitad de los gastos de exploración y explotación de los nuevos pozos usufructuados también por los pulpos foráneos, ahorrándoles inversiones y riesgos mientras desangra económicamente a la empresa estatal.

Esta política antinacional perjudica a Ecopetrol, que se encuentra prácticamente hipotecada a las organizaciones prestamistas yanquis, y tiene que gastar fabulosas sumas en comprar a las compañías extranjeras el petróleo, extraído de nuestro suelo, a elevados precios internacionales.

Lo anterior explica las razones por las cuales el gobierno busca recortar las modestas conquistas de los trabajadores petroleros y del resto de la clase obrera colombiana, para cumplir las exigencias de extorsión y pillaje de los monopolios imperialistas. Y por ello también la clase obrera, más que ninguna otra fuerza de la sociedad colombiana, está obligada a mirar no sólo sus propios intereses reivindicativos inmediatos, sino los supremos designios de la nación y del pueblo, que reclaman una revolución de independencia nacional, única forma de resolver los grandes problemas económicos del país y obtener el bienestar de las masas. Pero para conquistar la independencia nacional y hacer la revolución se requiere de la más estrecha alianza de todas las clases y fuerzas revolucionarias en un poderoso frente único antiimperialista, capaz de derrotar y derrocar a los usurpadores y bandidos de la minoría oligárquica.

Esperamos con vivo entusiasmo que los obreros petroleros, que han mantenido una tradición de lucha en defensa de nuestros recursos e intereses nacionales, que en 1948 recuperaron en gloriosa huelga la concesión explotada por la Tropical Oil Company, y que defienden con ardor la consigna de la nacionalización del petróleo, empuñen la bandera de la unidad de las clases y fuerzas revolucionarias en un gran frente único antiimperialista y se pongan al frente de las grandes batallas por la revolución colombiana.

El MOIR respalda incondicionalmente la justa lucha del proletariado petrolero y llama a todas las fuerzas revolucionarias, a la clase obrera y al pueblo, a unirse estrechamente en la más efectiva solidaridad con este nuevo combate contra el “Mandato de hambre”.

¡Atrás el contrapliego patronal!

¡Por la nacionalización sin indemnización del petróleo y demás recursos naturales!

¡Viva la justa lucha de los obreros petroleros!

¡Viva la unidad de todas las clases y fuerzas revolucionarias por la liberación nacional!

Unos despóticos Comités de Evaluación compuestos por cuatro funcionarios del gobierno y tan sólo un maestro, decidirán en los departamentos, intendencias, comisarías, y en el Distrito Especial, las sanciones que aplicarán al magisterio colombiano si consideran que determinado profesor carece de “formación moral” o de “consagración” o si les parece que tiene “voz bitonal o nasal”, defectos físicos, fallas de la vista y el oído, o “neurosis de cualquier índole”. Los comités sancionarán, con penas que van desde la suspensión temporal hasta la pérdida del empleo, “faltas de conducta” que comprenden, entre otras, “la desorganización familiar o económica” en la vida personal, y todos los derechos políticos y sociales tales como “intervención militante en política de partido, conferencias y propaganda periodística”, así como la participación en huelgas y paros.

Tal es el resumen de apenas uno de los ocho capítulos del “Estatuto del personal docente de enseñanza primaria y secundaria a cargo de la Nación”, dictado el pasado 20 de enero mediante decreto número 128 de 1977, y firmado por Hernando Durán Dussán, entonces ministro de Educación, quien así demostró hasta el final de su ejercicio del cargo su odio por el estudiantado y el magisterio colombianos.

Al dejar la cartera, Durán declaró: “Me voy con nostalgia, pero estoy seguro de que los maestros y los estudiantes van a sentir un gran alivio”.

Empleados públicos

El primer artículo del Estatuto docente declara “empleados públicos” a los maestros, con lo cual les arrebata los derechos democráticos de asociación, presentación de pliegos de peticiones, firma de convenciones colectivas, fuero sindical, expresión, movilización y huelga.

Serán entonces funcionarios de libre nombramiento y remoción, sujetos a un verdadero código de policía y sin ninguna estabilidad laboral. Todos los educadores quedaron en interinidad, y deberán inscribirse de nuevo ante las Juntas Regionales de Escalafón, organismos que por otra parte perdieron su capacidad decisoria, ya que la autoridad educativa quedó en manos de los gobernadores y alcaldes. Como si ello fuera poco, el Ministerio de Educación se arrogó el derecho de trasladar a cualquier maestro de un rincón al otro del país, intempestivamente y sin permitirle protesta alguna, con el agravante que aquellos destinados a zonas rurales ya no contarán con la prima de clima y demás bonificaciones conquistadas por la lucha del magisterio. Por el contrario, serán relegados a las últimas categorías, con los peores niveles de salario.

Pero eso no es todo. El escalafón que determina el Estatuto anula el nivel actual de cada educador, y establece que los profesores que aún no hayan obtenido el título, muchos de ellos con largos años de servicio, regresarán a la categoría más baja. Al desconocer los sindicatos del magisterio, el decreto también deja los organismos educativos, como los Comités de Evaluación y Juntas de Escalafón, en manos de supuestos “representantes de la comunidad”, politiqueros que designará el Presidente de la República. Tan absurda es la reglamentación lopista, que un maestro deberá trabajar y capacitarse durante más de medio siglo para ascender a la primera categoría.

Finalmente, el estatuto derogó las ya de por sí precarias normas que protegían la carrera docente abriendo el campo de la enseñanza a cualquier catedrático improvisado. Y quiere obligar a los educadores que ocupen los cargos de rectores, directores y supervisores de las escuelas, a cumplir funciones policivas sobre sus compañeros, so pena de descender en grado y en salario, ya que cada dos años serán investigados por los comités oficiales.

Inspirado en Ospina

El Estatuto parece materializar la exigencia que hace un año expresara Mariano Ospina, cuando clamaba contra la libertad de cátedra afirmando que “todos los maestros son comunistas”. Es evidente, en efecto, que el propósito central del Decreto 128 es liquidar las organizaciones sindicales del magisterio, que tantas luchas han librado en defensa de los derechos democráticos de los trabajadores colombianos y por una cultura nacional y científica al servicio del pueblo, pero ya la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, que agrupa a más de 150 mil maestros, está preparando las batallas contra el Estatuto Docente. En Antioquia y Valle se han realizado manifestaciones, y durante el 11 y 12 de este mes sesionará en Bogotá una reunión nacional que coordinará las luchas contra este atropello a sus más elementales derechos. El magisterio ya derrotó una arbitrariedad similar bajo el gobierno de Pastrana, y por ello sabe que solamente su lucha unificada y decidida, logrará echar atrás la nueva tropelía del “Mandato de hambre” de López. Y en esta confrontación los educadores contarán con el apoyo de la clase obrera, del estudiantado y de todos los auténticos patriotas de nuestro país.

En los tres días del Encuentro, las organizaciones asistentes, en forma reiterada, hicieron cordiales, sinceros y vehementes llamamientos a la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia CSTC para que coordinen los esfuerzos y planifiquen la solidaridad dentro del Comité Nacional con la USO y Fecode.

Pese a este llamamiento y a pesar de lo expresado en las conclusiones del V Pleno de la CSTC, el cual aprobó un mensaje dirigido a la UTC, CTC, CGT y sectores independientes, en el cual dicen textualmente:..»Seguimos considerando que ningún sector sindical por fuerte que parezca, puede en forma individual y aislada hacerle frente con posibilidades de éxito a la ofensiva de los patronos, los monopolios extranjeros y el gobierno contra los intereses populares. Si los trabajadores y especialmente los dirigentes entendemos este asunto e interpretamos fiel y consecuentemente los anhelos de unidad de las bases sindicales, no existe mejor camino que iniciar el acercamiento y propiciar un diálogo franco, sincero y respetuoso sobre bases que nos conduzcan a la elaboración de un programa común de acción así sea mínimo, pero que interese y movilice a todos los trabajadores en defensa de sus derechos y por la solución de sus problemas más apremiantes sin distingos de posiciones ideológicas, políticas o de afiliación sindical». A pesar de estas palabras, repetimos, los delegados de la CSTC, encabezados por su presidente, se negaron reiteradamente y sin ninguna explicación satisfactoria a participar en el Comité de Solidaridad elegido.

Declaramos también que no obstante la contradicción demostrada entre las palabras y los hechos, nosotros deseamos unificar y coordinar todas las fuerzas posibles, a todos lo niveles, para dirigir con posibilidades de éxito los importantes combates que se avecinan.

En respuesta al decreto distrital 1397 del 5 de enero de 1977, mediante el cual se contemplan desalojos a los vendedores ambulantes de los centros comerciales, convertir a San Victorino en parque turístico y acabar con las ventas de comestibles, el gremio de los vendedores ambulantes y estacionarios realizó el 28 de enero su Primer Encuentro Distrital en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, con la asistencia de más de tres mil personas. El local estaba engalanado con pancartas de saludo al encuentro, con la bandera de los Comités Democráticos Populares Revolucionarios y con un gran lema detrás de la tribuna que decía: “Solamente unidos defenderemos nuestros sitios de trabajo”. Después de cantar La Internacional hicieron uso de la palabra el compañero Justo Pastor Murcia a nombre del Comité Pro-Reapertura del Hospital San Juan de Dios, los compañeros Ligia Villamil, Arcadio Torres y Alfredo Rubiano a nombre de los vendedores, el presidente del Sindicato Nacional de Unidad de Comerciantes Menores, Jorge Pedraza, y el compañero Avelino Niño de los Comités Democráticos Populares Revolucionarios.

En sus intervenciones, los compañeros explicaron que han tenido que recurrir a la venta ambulante por haber sido lanzados de las fábricas y del campo y no haber encontrado otra forma de subsistencia. En respuesta a la acusación del alcalde Gaitán Mahecha, declararon: “El gobierno nos dice traficantes y hampones cuando es él el que trafica con la vida del pueblo colombiano”.

Para finalizar el acto se dio lectura a un pliego de peticiones en el cual los vendedores ambulantes reclaman el derecho al trabajo, garantías gremiales y sociales y libertades democráticas para su gremio. El pliego fue aprobado por unanimidad.

En un ambiente muy combativo se clausuró la asamblea. Los vendedores ambulantes salieron decididos a no dejarse desalojar de sus puestos por la policía, a luchar por sus derechos y a integrar a los 45.000 vendedores ambulantes de Bogotá en un sindicato único.

Ante la intransigencia patronal, quinientos obreros de Hilanderías del Fonce, de Chimitá y Bucaramanga, iniciaron la huelga el 29 de noviembre del año pasado. Un comunicado del sindicato, filial de Utrasan, denunció que la empresa fiquera se niega a aumentar en 14 pesos los actuales salarios de hambre y amenaza con traficar con sus influencias en el gobierno para imponer el tribunal de arbitramento.

El grito de ¡Viva la huelga! resonó en los socavones de la mina de Villa Diana a las 3 de la tarde del 14 de enero. De inmediato, 320 trabajadores de Industrial Hullera de Amagá (Antioquia) paralizaron la extracción en los tajos e inmovilizaron bandas, vagonetas y malacates. Luego sellaron la bocamina con candados y cadenas. Al igual que nueve años antes, los mineros del carbón ratificaron su decisión de lucha en defensa de elementales derechos y reivindicaciones.

Tradición combativa

Industria Hullera alimenta de carbón las calderas de Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, Cementos el Cairo y otros monopolios. Aunque el volumen de extracción de las minas, unas 700 toneladas diarias, es el mayor del país, las condiciones de trabajo siguen siendo insalubres y peligrosas, los socavones, repletos de gases venenosos y carentes de un sistema adecuado de ventilación, son escenario de frecuentes explosiones y derrumbes, en los cuales casi siempre los mineros perecen o quedan inválidos de por vida.

Desde 1967, época en la que el sindicato se zafó de las garras utecistas, los trabajadores han librado una guerra sin cuartel contra los atropellos de la empresa de los monopolios de la industria antioqueña. Fruto de su fidelidad a los intereses de clase fue la huelga de 1968, dirigida por el camarada Francisco Mosquera, en aquella época presidente del Bloque Sindical Independiente de Antioquia.

Reencuentro con los mineros
El camarada Francisco Mosquera, secretario general del MOIR, se hizo presente en Amagá el 22 de enero. Cuando arribó a Villa Diana a las 4:30 de la tarde, centenares de mineros salieron a su encuentro y entre abrazos y aclamaciones lo condujeron a la carpa. “La visita de nuestros dirigentes nos anima a continuar la huelga todavía con mayor firmeza”, dijo un trabajador. “Pacho no se olvida de nosotros”.

A las 10 de la noche, el camarada Mosquera partió a pie hacia la antigua bocamina de El Silencio, a una hora de camino. En la carpa de El Silencio, donde un grupo de trabajadores cumplía turno de vigilancia, Francisco Mosquera confraternizó con viejos dirigentes de la huelga de 1968, que llegaron allí para saludarlo apenas se enteraron de su presencia en Amagá. El camarada Mosquera permaneció luego en la carpa principal de Villa Diana hasta las 7 de la mañana del 23 de enero.

Palabras de Francisco Mosquera
Junto con el máximo dirigente del MOIR estuvieron en Amagá los miembros del Comité Regional de nuestro Partido, el escultor Rodrigo Arenas Betancur, así como directivos y trabajadores de diferentes sindicatos. En su intervención ante los huelguistas, que coreaban consignas entusiastas y combativas, el camarada Francisco Mosquera dijo:

“He venido a acompañarlos, a hacer guardia una noche en la carpa de huelga. Al igual que hace nueve años, los mineros de Amagá les están pregonando a los millones de oprimidos de Colombia, con su altiva actitud e indomable valentía, que los derechos no se mendigan sino que se conquistan en la lucha contra el enemigo explotador.

Los múltiples combates que hoy se efectúan en el país por parte de los trabajadores, como esta heroica huelga de Amagá, o las que se anuncian, como la de los petroleros y maestros, son los preludios necesarios de la transformación que demandamos. Y los proletarios no están solos en esta gigantesca empresa. Ahí están los campesinos que padecen también las consecuencias de la expoliación de la oligarquía vendepatria. Con ellos, en estrecha alianza, el proletariado formará un poderoso e invencible frente unido del pueblo que rescate el país de la garra de los opresores extranjeros y colombianos.

Me place ver cómo la llama de la rebeldía se mantiene viva y esplendorosa en Amagá. Reciban mi solidaridad y la de mi Partido, quienes los acompañamos de todo corazón en ésta y en las otras batallas”.

El combativo paro de los trabajadores de la salud se levantó el 26 de octubre una vez que el presidente López aceptó públicamente la prórroga de los contratos a término fijo, la vigencia de las convenciones colectivas y el reintegro del personal destituido y prometió no tomar represalias.

A pesar de ello hay más de 80 compañeros destituidos, entre directivos y trabajadores. Muchos ni siquiera conocen los falsos cargos que se les imputan y a otros se les acusa del robo de medicinas de sitios donde nunca las ha habido.

A los que fueron destituidos a causa del paro aún no se les ha cancelado ni prestaciones ni salarios y muchos de ellos han sido trasladados a puestos diferentes de los que antes ocupaban.

En el Valle circula una lista negra con los nombres de los destituidos, tanto médicos como personal de base, para que no se les de trabajo.

Los trabajadores de la salud son conscientes de que su lucha apenas comienza. Así lo declara Eduardo Arévalo Burgos, presidente de Asmedas: “Nos estamos reorganizando y haciendo claridad sobre las medidas del gobierno para politizar a los trabajadores de la salud y prepararnos para las batallas que se avecinan en defensa de nuestros intereses y los del pueblo colombiano.

Trabajando en profundos socavones mal ventilados y mal iluminados, sin ningún tipo de seguridad industrial, 250 obreros arriesgan su salud y su vida en la mina de azufre de Industrias Puracé, de propiedad de Celanese, en el Cauca. Después de 95 días de huelga y de ocupación de las instalaciones, motivada por la pretensión de la empresa de despedir a 100 trabajadores, el sindicato conquistó en 1976 importantes reivindicaciones económicas y sociales.

Hoy día los obreros se aprestan a enfrentar un nuevo problema: el incendio que estalló en uno de los túneles y que desde hace meses envenena y contamina el ambiente, no sólo de la mina sino de la región entera que se ha convertido en un verdadero erial por las emanaciones del azufre. La empresa se ha negado sistemáticamente a tomar las medidas para eliminar tal peligro.

El alevoso asesinato perpetrado en la persona del presidente del Concejo de Cimitarra y militante del Partido Comunista, compañero Josué Cavanzo, es un hecho execrable que promueve la repulsa encendida de las organizaciones y partidos democráticos y revolucionarios contra la reacción oficializada que se halla dispuesta a imponerle al país una solución de fuerza.

De meses atrás y de público conocimiento ha sido la abierta represión desatada por el régimen lopista en la población de Cimitarra, buscando acallar a viejos luchadores populares que han mantenido viva la resistencia a las medidas antinacionales y despóticas de los gobiernos liberal-conservadores, intimidaciones, encarcelamientos masivos, consejos de guerra y atentados, constituyen los métodos favoritos de los amos del poder para tratar a los martirizados pobladores de la ladera del Magdalena y del resto del territorio patrio. La muerte del compañero Cavanzo se convierte así en un eslabón de la larga cadena de crímenes de la minoría oligárquica contra el pueblo colombiano. Y es una demostración más de que los actuales mandatarios, a pesar de que hablan de democracia, de prosperidad y de paz social, están dispuestos a sacar de en medio y violentamente a sus contradictores o a quienes simplemente expresan la inconformidad por el hambre, el abandono de las poblaciones apartadas, la corrupción del aparato estatal y el porvenir incierto de la juventud. Colombia está montada en una inmensa farsa y marcha a pasos acelerados hacia un gran conflicto. La voracidad de los monopolios imperialistas y de sus testaferros criollos ha precipitado la nación al peor caos de su historia, y fríamente calculan la manera de prolongar su reinado a como dé lugar. Las fuerzas revolucionarias a su turno deben analizar con suma responsabilidad la situación y ponerle toda la atención a las luchas de las masas populares que cada día toman mayor envergadura y consistencia. Y la mejor preparación para los conflictos sociales y políticos que se vislumbran en el horizonte del país, será permitir y facilitar la unidad de todas las clases y destacamentos democráticos de los enemigos del pueblo colombiano. El MOIR llama a honrar la memoria de los mártires de la causa popular promoviendo la unión de los oprimidos contra los opresores.